La jueza da la razón al policía nacional que perdió una pierna y tendrá que ser readmitido
El policía nacional Rafa Prieto le ha ganado la batalla al Estado. Al menos, por ahora. La magistrada del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, Emilia Peraile, le ha dado la razón al joven cordobés en el litigio que seguía contra la resolución de noviembre de 2017 de la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) a través de la cual Prieto pasó a ser un funcionario jubilado. Ahora, la jueza ha anulado dicha resolución y ha incoado la realización de un nuevo expediente que determine la actividad que puede desarrollar Prieto dentro del Cuerpo dadas sus capacidades.
En el fallo, la magistrada dictamina que la resolución del pasado noviembre, fruto del tribunal médico que examinó al policía por segunda vez, no está ajustada a derecho al no barajar en ningún momento el artículo 46.2 de la a Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. En dicho artículo, la norma recoge que “los policías nacionales podrán permanecer en activo hasta alcanzar la edad de jubilación. No obstante, los que experimenten una disminución de sus condiciones psicofísicas cuyas intensidad les impida el normal cumplimiento de sus funciones, pero no comporten el pase a la situación de jubilación o de la segunda actividad, pasarán a realizar actividades adecuadas a dichas condiciones psicofísicas”.
Además, la jueza sostiene que dicha resolución tampoco está “argumentada” ni explica por qué Prieto no puede desempeñar su trabajo dentro del Cuerpo. Ésta ha sido una de las cuestiones que han sacado a relucir tanto el joven como su abogada, Enriqueta Tapiador, que siempre han aducido la falta de motivación de la resolución.
Asimismo, la magistrada considera probado que el joven “tiene capacidad para desempeñar funciones recogidas en la Orden Ministerial de 1998”, que recoge más de una decena de puestos de trabajo. A pesar de ello, el abogado del Estado aseguró que “no existen puestos de trabajo a desarrollar” por el policía.
Durante la vista, Prieto presentó varios informes que certifican su alta capacidad para seguir trabajando, como un estudio bipodal -realizado por el profesional Manuel Carpio González- que señala que el joven puede realizar una vida normal, e incluso correr, y otros dos más de una clínica de ortopedia y del Hospital San Juan de Dios. Todos estos documentos avalan que el policía no sufre menoscabo alguno tras perder su pierna izquierda ya que la prótesis biónica suple todas sus necesidades.
En definitiva, y según la jueza, “nos encontramos ante un policía que puede desarrollar numerosas funciones y que no es merecedor del pase a la situación de jubilado”. Por ello, incoa “el inicio de un expediente a fin de determinar la actividad” que Prieto “pueda desarrollar de acuerdo a sus capacidades”. Previo a este informe, el policía tendrá que ser sometido de nuevo a un informe del servicio sanitario de la DGPN, tribunal que “tendrá que tener en cuenta toda la documentación médica” aportada durante la vista.
Aunque cabe todavía cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días, el joven y su abogada han mostrado su satisfacción y su alegría no sólo por la resolución favorable sino por lo estricto y lo motivado que se encuentra el fallo. “Deja meridianamente claro que Rafa puede trabajar. Hay muchos puestos en Córdoba muy aptos para él, de eso no cabe duda”, sentencia la abogada.
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