Fiscalía y acusación retiran un delito contra Sandokán y rebajan la pena a 40 años

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han rebajado la petición de pena a Rafael Gómez, alias Sandokán, y sus cuatro hijos, por un error material de transcripción sobre hechos presuntamente cometidos en la empresa Arenal 2000 de Inversiones, acerca del pago del impuesto de sociedades en el año 2005. Esto supone que ahora se acusa a Gómez de diez delitos en lugar de los once iniciales y a cada uno de sus cuatro hijos se les acusa de siete delitos en lugar de ocho, según han expresado las dos partes en la cuarta sesión del juicio, que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Así, la petición de cárcel para Gómez se reduce de 44 años a 40 y para cada hijo, a los que se pedía 22 años de prisión, se les reduce en dos años y nueve meses a cada uno y, por tanto, se enfrentan a 19 años y tres meses de privación de libertad. Igualmente, el presunto fraude cometido sobre la Hacienda Pública por el que se les juzga pasa ahora, de los 58,1 millones iniciales a 52,3 millones de euros, al rebajarse en los 5,8 millones de euros que correspondían al delito que se ha retirado de la acusación.

En esta cuarta sesión del juicio han declarado ocho peritos: tres inspectores de Hacienda de la Agencia Tributaria y una técnico de Hacienda llamados por las acusaciones, un inspector de Hacienda más de la Agencia Tributaria designado judicialmente, y tres peritos más (un abogado, un catedrático emérito de derecho financiero y tributario, y un economista auditor), llamados por la defensa. Precisamente la defensa ha intentado que los cuatro peritos llamados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado no declarasen como tales al haber sido partícipes en la inspección fiscal llevada a Gómez y sus empresas desde la Agencia Tributaria y que ha terminado en este juicio, cuyos informes se recogen en el elaborado por un quinto perito designado por todas las partes. El juez se ha opuesto a esta petición y todos ellos han participado en la declaración conjunta a lo largo de la mañana.

La sesión del juicio ha comenzado a desgranar cada uno de los hechos por los que se acusa a Gómez y sus hijos, tanto por el impago de impuestos de sus empresas como del IRPF. En concreto, este lunes se han visto los supuestos delitos en el impuesto de sociedades de Grupo Inversor Arenal 2000 S.L. durante los ejercicios 2004 y 2006, por aplicar el régimen patrimonial de tributación en lugar del general.

Sobre este aspecto, los peritos han puesto de manifiesto que la empresa de Gómez “no cumplía las condiciones reales para tributar en el régimen de sociedades patrimoniales”, con el que buscaban pagar menos impuestos: “Con el objetivo de obtener un beneficio fiscal”, han concretado los expertos fiscales. Asimismo, según los expertos, se han puesto de relieve operaciones para deducir gastos en las empresa que no se ajustaban a la legalidad y ocultaciones de renta.

“Evidente conducta defraudatoria”

Los peritos de la Agencia Tributaria han ratificado que en las empresas de Gómez se producían “anomalías de gestión” en sus actividades, entre las que ha citado acciones “no soportadas en documentos contractuales”, deslocalizaciones de renta y patrimonio entre sociedades y también entre sociedades y los propios miembros de la familia como personas físicas.

Sobre ello han abundado en las “operaciones vinculadas” entre las distintas sociedades del grupo, sobre lo que el inspector de Hacienda que dirigió inicialmente la inspección a Gómez y sus empresas ha indicado que había “operaciones intergrupo (entre las distintas sociedades) que evidentemente ponen de manifiesto una conducta defraudatoria”. En ese sentido, se ha llegado a poner de manifiesto que “se utilizaba de forma torticera” el recurso a estas operaciones vinculadas entre las distintas empresas del constructor.

Asimismo, se ha llegado a apuntar directamente al empresario al señalarle como cabeza de la gestión del conglomerado de sus sociedades: “Nos parecía evidente que las decisiones las tomaba Rafael Gómez”, ha dicho el inspector que capitaneó la inspección fiscal al constructor y sus empresas.