El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para saber “si tiene previsto suspender o revisar la concesión de las subvenciones millonarias destinadas a la ampliación de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, dado que la Inspección de Trabajo y los tribunales han constatado infracciones legales y vulneraciones de derechos fundamentales en su gestión laboral”.

Junto a ello y según recoge en la iniciativa registrada, a la que ha accedido Europa Press, Santiago también espera respuesta escrita del Ejecutivo central “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”.

Además, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores, por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”, según ha informado CCOO, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo.

En relación con todo ello y en la exposición de motivos de la pregunta escrita presentada, Santiago ha señalado que “CCOO ha solicitado recientemente a la dirección de Hitachi Energy en Córdoba la retirada inmediata de las sanciones impuestas a su plantilla. Esta petición se fundamenta en las suspensiones cautelares que los Juzgados de lo Social están decretando respecto a dichas sanciones mientras se juzga su legalidad”.

Además, según ha aclarado Santiago, “la suspensión de las sanciones no solo implica la inmediata incorporación de los trabajadores afectados al trabajo, sino que también los tribunales están decretando el carácter retroactivo de la medida, lo que supone que los afectados tendrán que cobrar los salarios correspondientes a los días que han cumplido de sanción hasta el momento”.

La representación de CCOO en el comité de empresa, según ha asegurado el portavoz de IU en el Congreso, “pide un ejercicio de reflexión tras los distintos reveses judiciales” para Hitachi, “que están dejando claro que las actuaciones de la firma, hasta la fecha, están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, e infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

A pesar de todo esto, Santiago ha resaltado que “CCOO reitera su disposición a suspender el conflicto colectivo si se producen avances tangibles en la negociación del convenio”, a la vez que exige “la retirada de las sanciones para evitar una judicialización innecesaria que solo genera tensión”, opinando el sindicato que “los reiterados rechazos de la dirección a negociar podrían estar ocultando deficiencias en la gestión interna de la empresa”.

Junto a ello, según ha recordado Santiago, “se ha instado a la multinacional Hitachi Energy al cese inmediato de lo que se califica como 'represión sindical' y al cumplimiento estricto del marco constitucional y legal vigente” y, “ante el conflicto laboral derivado del bloqueo en la negociación del convenio colectivo, se ha advertido que se realizarán todas las gestiones necesarias para vincular la recepción de subvenciones públicas millonarias, destinadas a la ampliación de la factoría cordobesa, al respeto efectivo de los derechos laborales”.

Por eso, a juicio del diputado de Sumar por Córdoba, “se deben realizar las gestiones necesarias para que no se perciban ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

“Es fundamental --ha proseguido-- que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los Juzgados de lo Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último y antes de formular al Gobierno de España las preguntas ya indicadas, Santiago ha considerado que es “imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”.

Unido a ello, Santiago cree “urgente la necesidad de un plan de industrialización para Córdoba que revise las políticas actuales y apueste por inversiones productivas y suelo industrial en sectores estratégicos. La creación de empleo estable y de calidad resulta imprescindible para evitar la pérdida de población y ofrecer un futuro a los jóvenes de la provincia, garantizando que Córdoba cuente con una industria sólida que evite su deterioro económico y social”.

En agosto de 2023, la selección española de fútbol femenino ganó por primera vez la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Más allá del éxito deportivo, esta victoria se convirtió en el catalizador de un intenso debate público sobre la igualdad de género y el activismo de las deportistas. Poco después del torneo, dos acontecimientos pusieron estos temas en primer plano: el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que desencadenó protestas en todo el país bajo la etiqueta #SeAcabó, y una huelga de las jugadoras para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Si bien estos acontecimientos profundizaron el debate sobre el sexismo en el deporte, también revelaron fuertes divisiones ideológicas en la sociedad española.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba -David Moscoso, Sara Pasadas y Rodrigo Ramis- y del IESA-CSIC (Manuel Trujillo) han estudiado este hito, cuyos resultados se acaban de publicar en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living. El trabajo examina cómo percibieron los españoles estos acontecimientos y el activismo laboral de las jugadoras. A partir de los datos representativos a nivel nacional obtenidos por el Barómetro de Opinión Pública del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en octubre de 2023 (estudio nº 3423), mediante modelos de regresión logística binaria analizan esta relación y la influencia de factores sociodemográficos y políticos en estas actitudes.

Apoyo dividido según ideología

Los resultados muestran un amplio apoyo social a las reivindicaciones de las futbolistas, pero con marcadas divisiones ideológicas y de género. Los votantes de izquierdas expresan un mayor apoyo a las reivindicaciones de las jugadoras (Sumar y PSOE, con un 95% y un 91%, respectivamente), mientras que los votantes de derechas y extrema derecha (Vox y PP, con un 41% y un 64%, respectivamente) muestran menor apoyo. El estudio escudriña la posible relación de estos datos con los discursos de los líderes de los partidos políticos, analizando cómo aquellos pueden influir en la propia posición de su electorado y simpatizantes.

Al mismo tiempo, las posiciones individuales de las personas encuestadas cambian por el sexo, con independencia de su ideología y recuerdo de voto. En todas las preguntas planteadas, las mujeres muestran mucha más satisfacción por la victoria de la selección española femenina de fútbol y más apoyo a sus reivindicaciones que los hombres.  

Estos hallazgos ponen de relieve cómo el deporte, el género y la política se entrecruzan en la esfera pública contemporánea española y demuestran que el deporte femenino puede ser tanto un espacio de empoderamiento como un campo de disputa cultural y política, sirviendo para dirimir debates sociales más amplios sobre la igualdad, la identidad y la representación.

Izquierda Unida (IU), junto al diputado en el Congreso de los Diputados de Sumar, Enrique Santiago, ha conmemorado este miércoles el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco con un acto memorialista en el Cementerio de La Salud. La comparecencia, posterior a la ofrenda floral a los fallecidos por el régimen franquista, fue iniciada por Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, quien ha advertido de lo que calificó como “discursos de odio” que, a su juicio, intentan “restaurar privilegios del pasado”. Pérez ha defendido la ampliación de derechos y la protección de los servicios públicos, apelando a la “memoria y esperanza” de la ciudadanía cordobesa para mantener vivas las aspiraciones de justicia social.

Tras esta primera intervención, Enrique Santiago ha homenajeado a quienes resistieron a la dictadora y ha recordado que la democracia española “no llegó automáticamente”, sino tras décadas de movilización social. Santiago ha alertado de que la democracia “está amenazada” y ha citado encuestas en las que una parte del electorado del PP y Vox “no es crítica con una dictadura”. Además, ha puesto el foco en la situación de las fosas comunes en España, país que, según naciones Unidas, es el segundo del mundo en número de personas desaparecidas en enterramientos de este tipo. Es por ello que el dirigente ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en los trabajos de identificación.

Problemas en Córdoba: falta de recursos y un único banco de ADN

La coordinadora local de IU, Irene Ruiz, ha analizado la situación en la provincia y ha denunciado que la falta de medios provoca que algunas fosas “se abran y se vuelvan a cerrar sin completar los procesos de identificación”. Ruiz ha señalado que existe un único banco de ADN operativo, lo que genera “un cuello de botella” que ralentiza la devolución de los restos a las familias. La formación ha apoyado la hoja de ruta propuesta por el Foro por la Memoria y otros colectivos memorialistas, que reclama renovar convenios, garantizar que no se cierre ninguna fosa sin terminar el trabajo y ampliar los bancos de ADN. La responsable de la formación política en Córdoba ha explicado que “no habrá democracia real sin verdad, justicia y reparación”, y ha avanzado que la próxima semana se desarrollará una acción provincial relacionada con estas demandas.

En la parte final de la comparecencia, Santiago ha detallado las iniciativas parlamentarias impulsadas por su grupo, como el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y la retirada de símbolos franquistas. También se mostró “muy crítico” con la propuesta de resignificación del Valle de los Caídos, al considerar que un monumento funerario dedicado a un dictador es una “anomalía histórica” que “tendría que desaparecer”. Ha criticado, además, que el proyecto no haya contado con asociaciones de víctimas y que se haya asignado su gestión al Ministerio de Vivienda.

Una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, al Gobierno de España a través del Congreso parece haber zanjado definitivamente el debate sobre si el Ejecutivo va a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. La contundencia de la respuesta del Ejecutivo concluye que no.

Santiago lanzó una pregunta al Gobierno de España después del incendio de este pasado mes de agosto en una de las capillas de la Mezquita Catedral de Córdoba. Además de plantearle cuestiones sobre la investigación del fuego. La pregunta se formuló por escrito el pasado 15 de septiembre. Santiago, secretario general del PCE y uno de los principales líderes de Sumar, que comparte Gobierno con el PSOE, preguntó por el incendio, por el uso de una capilla como almacén de enseres y por si el Ejecutivo tenía previsto reclamar la titularidad pública del monumento.

La respuesta del Ejecutivo, firmada el pasado 16 de octubre, señala que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad del monumento”, según consta textualmente en el archivo del propio Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo argumenta su respuesta en que “las actuaciones que, como diligencias previas de investigación, se llevaron a cabo a raíz de la denuncia presentada por un particular alegando la usurpación por el Obispado de Córdoba” de la Mezquita concluyeron con que “no existían indicios de que el inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”, según un informe de la Abogacía General del Estado del 9 de abril de 2014, cuando el Gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy. El denunciante volvió a escribir al Ejecutivo y de nuevo la Abogacía del Estado ratificó su informe el 12 de mayo de 2014.

No obstante, al Gobierno llegaron otras dos denuncias más. Una, el 4 de agosto de 2014, y otra el 10 de enero de 2017. Por eso, el 12 de abril de 2017, aún con Rajoy en La Moncloa, la Abogacía del Estado hizo un nuevo informe que volvió a concluir lo mismo: “no se habían aportado elementos de juicio que permitiesen modificar el criterio anteriormente señalado, por lo que procedía su ratificación”.

Desde entonces, el Ejecutivo no ha vuelto a plantear litigio alguno. En 2018 se formalizó la moción de censura que llegó a Pedro Sánchez a La Moncloa, tras un pacto con Unidas Podemos. Tampoco se ha hecho en el segundo mandato, durante el cogobierno con Sumar. Y la respuesta indica que el Ejecutivo ni se plantea volver a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral.

Lo que sí que hizo el Gobierno en el año 2021, y tras muchas demandas, fue publicar la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia gracias a una ley hipotecaria que permitía a los obispos poner inmuebles a su nombre. La norma fue anulada por el propio Gobierno de Rajoy cuando saltó el escándalo de las inmatriculaciones y la Mezquita de Córdoba fue su caso más paradigmático.

No obstante, el Cabildo de Córdoba reaccionó a la publicación del listado señalando que el Gobierno reconocía que “la inmatriculación de la Mezquita se hizo conforme a la ley”. Y citaba dos documentos que considera clave: la sentencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba de junio de 2015 donde afirmaba que “la Mezquita-Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236 y, desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida”; y el informe de 2014 de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda que “la Mezquita Catedral de Córdoba nunca ha pertenecido al Estado y ha sido propiedad de la Iglesia católica desde 1236”.

La única puerta abierta que el Ejecutivo ha dejado para que la Mezquita sea titularidad del Estado es simple: declararla de dominio público. ¿Lo es la Mezquita? Según la comisión que creó el Ayuntamiento de Córdoba durante el pasado mandato y de la que formó parte la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sí que lo es. Según el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, también. Según un informe de 2014 de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, no lo es.

El Movimiento Sumar ha constituido su Asamblea Provincial en Córdoba tras un proceso abierto a toda la militancia, celebrado el pasado lunes 27 de octubre. La candidatura 'Córdoba Suma', encabezada por Lola Alcaide y Antonio Jesús Morel, fue elegida por unanimidad para dirigir la nueva estructura provincial del movimiento.

Junto a los coportavoces, el equipo estará formado por Elisa Luque, Javier Losada, Lola Martínez, David García y María Ángeles Merina. Con esta elección, Córdoba se convierte en la primera provincia andaluza en completar la constitución de su asamblea provincial, un paso más en el proceso de implantación territorial de Movimiento Sumar en Andalucía.

Este proceso de expansión comenzó con la elección de la diputada andaluza Esperanza Gómez y el referente granadino Raúl García como coordinadores autonómicos, a los que posteriormente se sumó la formación del Grupo Coordinador y la Ejecutiva andaluza.

“Una forma de hacer política más humana”

Tras su elección, Lola Alcaide destacó el carácter participativo y abierto del proceso, y subrayó que “Movimiento Sumar sigue creciendo en Andalucía. En Córdoba comenzamos esta nueva andadura con ilusión, conscientes del momento tan importante que estamos viviendo en nuestra comunidad. Creo en una forma de hacer política más humana, donde el diálogo, la cooperación y la justicia social sean el centro”, señaló.

Por su parte, Antonio Jesús Morel explicó que la candidatura “nace del deseo de escuchar, de unir y de construir soluciones reales”. El nuevo coportavoz afirmó creer “profundamente en el poder de la política municipal como herramienta para transformar nuestra vida cotidiana” y añadió que “cuando se hace con el corazón, puede cambiarlo todo”.

Las asignaciones del Estado que han recibido los municipios de las provincias de Córdoba (Hornachuelos y Fuente Obejuna) y de Sevilla (Alanís y Las Navas de la Concepción), por su cercanía al centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, suman casi 75 millones de euros, a lo largo de los últimos 35 años.

Así lo recoge la respuesta escrita que da el Gobierno, y a la que ha accedido Europa Press, a las preguntas que, a este respecto, le había planteado el pasado junio el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien quiso saber “¿cuál es la cantidad exacta de la indemnización que el Gobierno de España da a la Junta de Andalucía por albergar el cementerio nuclear de El Cabril?” en la comunidad autónoma andaluza.

También le preguntó Santiago al Gobierno si “¿tiene conocimiento de qué se hace o en que se invierte esa indemnización?”, por parte de la Junta de Andalucía y, de la misma manera, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso planteó “¿qué cantidad exacta en materia de indemnizaciones, en este concepto, han recibido los cuatro municipios limítrofes afectados?”, hasta el momento, por su cercanía física a El Cabril.

Ante ello, el Ejecutivo central ha señalado en su respuesta a Santiago que “el Gobierno no da indemnizaciones a la Junta de Andalucía por albergar la instalación nuclear de El Cabril”.

No obstante, el Gobierno ha aclarado que, “en cumplimiento de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Enresa”, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que gestiona El Cabril, sí que ha hecho pagos a la Junta de Andalucía.

En concreto “ha pagado, con cargo al Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad”, añadiendo que, “en cuanto a la aplicación de estos impuestos por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno no dispone de esta información”.

Por lo que respecta a los municipios del entorno de El Cabril, el Ejecutivo central ha indicado que, al margen del hecho de que “Enresa no da indemnizaciones por dicha instalación, cabe señalar que, desde 1989 y hasta diciembre de 2024, según lo dispuesto en las sucesivas órdenes ministeriales que han venido regulando las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, estos municipios han recibido 74.925.002 euros”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado en el grupo Sumar, Enrique Santiago, visitó Montilla para trasladar el respaldo firme de su organización a la Denominación de Origen Montilla-Moriles, que calificó como una prioridad estratégica tanto en el plano económico como en el cultural.

Santiago subrayó que “esta denominación de origen no solo es esencial para el desarrollo económico de la comarca y de toda la provincia, sino que constituye un patrimonio cultural reconocido internacionalmente que no puede perderse”.

El diputado recordó que Izquierda Unida lleva años denunciando la reducción progresiva de hectáreas de viñedo debido a la dificultad de mantener una producción rentable, situación agravada este año por la grave crisis del mildiu, enfermedad que ha afectado con dureza a los productores. “Desde Izquierda Unida actuamos de inmediato, desplazándonos al terreno y trabajando en programas que permitan compensar las pérdidas y evitar la sustitución de la vid por otros cultivos, como el olivar, que generan menos empleo”, explicó.

Asimismo, señaló que la prioridad de su organización es “defender el campo, frenar la despoblación y garantizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales”. En este sentido, alertó también sobre la presión que continúan ejerciendo los aranceles impuestos por la administración estadounidense durante el mandato de Donald Trump, medidas que siguen afectando a sectores claves de la provincia como el vino, el aceite, la producción láctea, porcina o el aluminio.

Santiago lamentó que “ni el Partido Popular, ni Vox, ni tampoco el Partido Socialista estén denunciando con contundencia estos ataques comerciales”. Frente a ello, aseguró que Izquierda Unida seguirá trabajando en todas las instituciones “para que no sean los productores quienes paguen las consecuencias de los aranceles”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación “qué medidas tomará para expulsar” de España “a los fondos de inversión que colaboran con el genocidio y la ocupación de territorios palestinos”.

Así lo ha planteado Santiago al Ejecutivo central en una pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y en cuya exposición de motivos ha señalado que, “en Andalucía, el fondo israelí KKR (Kohlberg Kravis Roberts), además de estar implicado en la educación privada”, su presencia “está diversificada en distintos y diversos sectores”, tales como “placas solares, hidrógeno verde y hasta muebles de cocina”.

En concreto, “en 2024, KKR se hacía con la multinacional Encanvis, especializada en energía eólica y solar, con más de 220 parques renovables repartidos por toda Europa. Actualmente, la empresa cuenta con varios proyectos de parques solares en funcionamiento o con una puesta en marcha próxima en el territorio andaluz”.

Estos parques, según ha precisado el portavoz de IU en el Congreso “se encuentran en Málaga (Archidona), Sevilla (Guillena y Dos Hermanas), Huelva (Chucena) y en Córdoba (Almodóvar)”, y “todos estos proyectos han sido aprobados por la Junta de Andalucía, y algunos tienen incluso consideración de estratégicos por parte del gobierno andaluz”.

En este punto, Santiago ha asegurado que “este fondo de inversión hace negocio gracias a la vulneración del derecho internacional y los derechos humanos”, pues, “tal y como recoge el 'Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967', Francesca Albanese, la violencia israelí sobre el pueblo palestino forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado, cuyo fin es provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos”.

Es por esto, según ha indicado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, “por lo que la relatora de Naciones Unidas pide la intervención de los estados miembros para evitar las atrocidades perpetradas por el Estado de Israel”, y “las empresas que operan en estos territorios ocupados son cooperadoras necesarias para el desplazamiento forzoso de población palestina y hacen negocio gracias a lo que la sentencia del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia califica como ocupación ilegal”.

Preguntas

Por todo ello, Santiago ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cómo valora la proliferación y extensión del fondo de inversión KKR en España, en sus distintos sectores?” y si “¿tiene previsto el Gobierno tomar medidas para evitar que fondos de inversión y empresas que tienen actividades en los territorios ocupados ilegalmente por el Estado de Israel hagan negocio en España?”.

Junto a ello, Santiago también ha preguntado al Ejecutivo centrral si “¿considerará, a través de la Fiscalía del Estado, denunciar en la Audiencia Nacional al fondo KKR, por colaborar en la ocupación de Palestina en Cisjordania?”, y también “¿qué otras medidas tomará el Gobierno para expulsar a los fondos de inversión que colaboran con el genocidio y la ocupación de territorios palestinos?”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cuál es la cantidad exacta de la indemnización que el Gobierno de España da a la Junta de Andalucía por albergar el cementerio nuclear de El Cabril?” en la comunidad autónoma andaluza.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago para que, también por escrito, le responda el Gobierno central, al que, igualmente, ha preguntado si “¿tiene conocimiento de qué se hace o en que se invierte esa indemnización?”, por parte de la Administración autonómica.

De la misma manera, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso ha preguntado al Gobierno de España “¿qué cantidad exacta en materia de indemnizaciones, en este concepto, han recibido los cuatro municipios limítrofes afectados?”, hasta el momento, por su cercanía física a El Cabril en las provincias de Córdoba y Sevilla, en concreto los municipios cordobeses de Hornachuelos y Fuente Obejuna, y los sevillanos de Alanís y las Navas de la Concepción.

En la exposición de montivos de la pregunta que ha registrado, Enrique Santiago ha recordado que El Cabril “es un centro de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos ubicado en la provincia de Córdoba”, precisando que “esta instalación nuclear dispone de autorización de explotación otorgada por Orden del Ministerio de Economía de 5 de octubre de 2001, lo cual le capacita para el almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad”.

En la instalación, según el relato del portavoz de IU en el Congreso, “se llevan a cabo operaciones de recepción, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento definitivo” de tales residuos radiactivos y, “tras la última autorización recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también se encargará de acoger, durante los próximos 50 años, los residuos de media y baja actividad de todas las centrales nucleares de España, que se tendrán que ir desmantelando de manera progresiva”.

Mas de 2.000 millones

De este modo, según ha señalado Santiago, El Cabril “seguirá funcionando, al menos, hasta el año 2073” y, “según informaciones periodísticas, hasta 2100, en torno a 2.000 millones de euros corresponderán a los gastos directos e indirectos de la gestión y mantenimiento del cementerio”, y “la Junta de Andalucía se quedará más de un tercio de esa cantidad, unos 730 millones de euros, según las previsiones del plan”.

Sin embargo, según ha destacado Santiago, los ayuntamientos de la zona de influencia de El Cabril, Hornachuelos, Fuente Obejuna, Alanís y las Navas de la Concepción, que, en realidad, “son los más afectados por la presencia de un basurero nuclear, se quedarán sólo con 175 millones de euros de ese total a lo largo de los próximos 80 años”.

En definitiva, según ha argumentado Santiago en su pregunta, “el Gobierno indemniza a la Junta por El Cabril, pero las inversiones no repercuten en la zona, ni en la provincia necesariamente, y esto se suma a que las indemnizaciones a los municipios limítrofes son muy inferiores a las adjudicadas al Gobierno autonómico” y, por eso, el portavoz de IU en el Congreso quiere saber “la cantidad exacta de la indemnización que el Gobierno de España da a la Junta” por albergar El Cabril en Andalucía, y también si sabe en qué invierte el Ejecutivo andaluz ese dinero.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha presentado un plan detallado que divide en tres grandes actuaciones la rehabilitación estructural de la Autovía del Sur (A-4) a su paso por la provincia de Córdoba, una infraestructura viaria crucial. Este esfuerzo busca dotar a la autovía de la capacidad estructural necesaria para soportar el tráfico previsto. La información ha sido proporcionada en respuesta a una pregunta escrita formulada en el Congreso por diputados del Grupo Sumar, incluyendo a Enrique Fernando Santiago, diputado por Córdoba.

El Ejecutivo reconoce que, si bien se realizan trabajos de reparación puntual, las cuantiosas precipitaciones registradas en el mes de marzo han incrementado notablemente el número de incidencias, lo que ha acelerado el deterioro y exige una atención continuada para resolverlas a la mayor brevedad posible.

La primera de las tres actuaciones identificadas por el Gobierno se corresponde con la “Rehabilitación y mejora del firme. Autovía A‐4. Puntos Kilométricos (PP.KK.) 347+550 al 374+000”. Este tramo abarca desde el límite de provincia con Jaén hasta la localidad de El Carpio. Según la respuesta oficial, esta obra se encuentra actualmente en ejecución y dispone de un presupuesto asignado que asciende a 23.017.086,30 euros.

La segunda fase de la reforma se centra en el tramo de la autovía entre El Carpio y la capital cordobesa. Denominada “Rehabilitación estructural de la autovía A-4 (E-5) del P.K. 374+000 al P.K. 399+000. Tramo: El Carpio - Córdoba. Provincia de Córdoba”, este proyecto fue licitado el pasado 3 de diciembre de 2024. A la espera de su adjudicación, el presupuesto destinado a esta actuación es significativo, alcanzando los 26.420.611,53 euros, IVA incluido.

La tercera y última gran actuación planificada aborda el tramo más al sur de la autovía en la provincia. Conocida como “Reconstrucción estructural del firme en la autovía A-4, P.K. 419+600 al 435+625. Tramo: Cuesta del Espino - L.P. Sevilla. Provincia de Córdoba”, este proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción. El presupuesto aproximado para esta intervención es de 14.583.794,61 euros, IVA incluido.

Estas tres actuaciones en su conjunto constituyen una rehabilitación estructural completa del firme de la autovía A-4 en los tramos especificados. Mientras se completan la redacción, licitación y ejecución de estos tres proyectos de gran envergadura, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa que se realizan trabajos de reparación puntual del firme con la mayor brevedad para mantener las condiciones de circulación.

No obstante, el Gobierno reconoce que la situación se ha visto complicada por las cuantiosas lluvias caídas en marzo, las cuales han multiplicado el número de incidencias en la autovía. Estas incidencias, consecuencia del deterioro acelerado por las precipitaciones, están siendo atendidas de forma continua para su pronta resolución.

Este viernes 16 de mayo se cumplen cinco años de la muerte de Julio Anguita, el líder de la izquierda en España que, aun después de su retirada de la primera fila política, fue faro hasta su fallecimiento para los partidos progresistas y consiguió auspiciar la unión de sus fuerzas en un frente común. Hoy, con la memoria de Anguita muy presente, se intenta invocar ese espíritu unificador, pero la izquierda se muestra fragmentada y dividida sin disimulo ante su propio espejo, dando muestras de ello en las últimas semanas en la toma de posiciones ante un nuevo ciclo electoral. 

Más allá de la admiración y el respeto mostrado siempre por las fuerzas de izquierda ante Anguita y sus opiniones, el que fuera líder del PCE y de IU, contribuyó a sembrar el germen de la unión de las fuerzas progresistas en distintos momentos y dejó que su figura fuera referente para lograrlo, además, varias veces en los últimos años. 

Ya en 2012 promovió la creación del Frente Cívico, basado en aglutinar a la mayoría social que sufría entonces las consecuencias de la crisis. “Asumo ser el referente de una operación política que intente hacer un cambio radical en este país”, dijo entonces prestándose a ser el referente para aglutinar a la izquierda en un objetivo común.  

Aquel movimiento, que sumó fuerzas a lo largo y ancho de toda España, aglutinó entonces con su mensaje a las distintas fuerzas de la izquierda. Así lo mostraba la foto de un acto de Frente Cívico celebrado en Córdoba en marzo de 2014, donde IU y Podemos se daban la mano junto a otras fuerzas como Los Verdes. Anguita fue el anfitrión de esa unión en la misma orilla que mostraron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Tania Sánchez, Juantxo López Uralde y Víctor Ríos, entre otros.

Aunar a la mayoría social frente a los poderes

Dos años después, en 2016, Julio Anguita reaparecía en un mitin electoral por la unidad de la izquierda. Fue también en Córdoba y también para mostrar la unión de las fuerzas de la izquierda: había cuajado la marca Unidos Podemos, donde IU y el partido morado confluyeron, y Anguita participó en el acto político público junto a Alberto Garzón y Antonio Maíllo por IU y Teresa Rodríguez por Podemos. 

El mensaje del histórico líder de la izquierda siempre fue el mismo: lograr aunar a la mayoría social, a la mayoría de ciudadanos, frente a los poderes. Y a esa tarea llamó a los partidos, a las fuerzas políticas. Varias veces fueron las veces en que quiso acompañar al líder de IU Alberto Garzón y dejarse ver también con Pablo Iglesias (Podemos) en los tiempos en que cuajó el denominado pacto del botellín que unió a las dos fuerzas en Unidos Podemos.

“Siempre Julio”: la confluencia tras su muerte

Ese espíritu unificador de Anguita se ha invocado en varias ocasiones tras su muerte el 16 de mayo de 2020, en plena pandemia. Y volvió a resurgir con las distintas marcas que la izquierda se ha presentado a elecciones posteriormente.

En 2022, en la carrera electoral andaluza, la marca Adelante Andalucía buscó de nuevo el aura del desaparecido líder de la izquierda. Y otra foto de esa unión quedó para la historia: Yolanda Díaz (Sumar) compartía escenario con Ione Belarra (Podemos), Enrique Santiago (PCE) e Inmaculada Nieto (IU). “Siempre Julio”, la izquierda se volvía a conjurar con el recuerdo de Anguita como pegamento.

Y la unidad de ese mitin para el electorado andaluz se proyectó a nivel estatal. En ese acto en Córdoba, Yolanda Díaz anunció que estaba dispuesta a dar un paso al frente para ser la líder de Sumar en las elecciones generales de 2023.

Tras las generales de 2023, la desunión

Los resultados electorales hicieron posible que la confluencia de las izquierdas en Sumar pudiera conformar parte del Gobierno. Pero antes de ello, comenzó a desgajarse la unidad. En las negociaciones internas para ser parte del Ejecutivo central, la negativa de Yolanda Díaz a que Irene Montero fuera ministra provocó que Podemos partiera el frente común y se reubicó como grupo propio en el Congreso de los Diputados.

Sumar, con IU dentro, firmó el acuerdo de Gobierno con el PSOE que se mantiene actualmente. Y el fraccionamiento con Podemos se vio también en las elecciones europeas, concurriendo por separado y donde el partido morado colocó a Irene Montero como eurodiputada.

Ahora, ante un nuevo ciclo electoral en el que tomar posiciones, advirtiendo de la ola neoliberal y el hostigamiento al Gobierno, las fuerzas de la izquierda se miran de nuevo ante el espejo, con esa división puesta sobre la mesa, pero planteando a la vez el discurso de unidad que Julio Anguita liderara.

En su memoria, Córdoba acogía esta semana un homenaje por el quinto aniversario de su muerte. Lo organizaba el Colectivo Prometeo, fundado por Anguita como espacio de pensamiento político y desde donde promovió su actividad en los últimos años. Y se celebró a pocos metros de la que fuera su casa, en la Facultad de Derecho. Estaba anunciada la participación de Irene Montero por Podemos y Antonio Maíllo como líder de IU -una puerta abierta a trabajar por la unidad-, además de otros líderes de partidos progresistas como Gabriel Rufián y Joan Tardá de ERC, Pernando Barrena de Bildu y Ana Miranda de BNG. Pero Podemos dio plantón al acto, a última hora, excusando la asistencia de Montero por un imprevisto y sin sustituirla en el evento en el que no participó nadie de Podemos.

Plantón, ultimátum y un nuevo ciclo electoral

Ese plantón se producía pocas horas después de que Podemos hubiera dado un ultimátum a IU y Sumar: o salen del Gobierno central o no habrá unidad en el nuevo ciclo electoral, que se avanza en Andalucía y donde ya hay movimientos de unas y otras fuerzas.  

Desde IU se ha puesto sobre la mesa desde hace meses la propuesta firme de reeditar la alianza de cara a las autonómicas andaluzas de 2026, como avanzadilla ante el nuevo ciclo electoral con las generales también en el horizonte. Su coordinador general, Antonio Maíllo (IU) ha llamado a la unidad, pero con un “método democrático” entre los distintos partidos y reivindicando la autonomía de su fuerza para garantizar que, si no hay unidad, IU se presentará a las elecciones por sí misma. De su lado, el PCA ha llegado a proponer primarias abiertas con un censo único para la lista de la unidad en Andalucía, donde la implantación territorial del partido comunista y de IU es clave frente a Podemos. 

La respuesta de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a ese órdago ha sido el ultimátum a IU y Sumar, poniendo en estas dos fuerzas la responsabilidad sobre futuras candidaturas conjuntas: “Quien tiene que tomar una decisión no es Podemos, son las fuerzas que forman parte del gobierno de la guerra y empujan un régimen de guerra”, ha dicho marcando las distancias.

Distancias que han hecho palpables en el acto celebrado como homenaje a Julio Anguita y que estaba organizado como una reunión de las fuerzas de la izquierda llamadas a entenderse y lograr la unidad ahora. Pero, el desgarro entre unos y otros se ha vuelto a poner sobre la mesa, huérfanos ahora del líder carismático que otrora auspiciara la unidad.

La coalición de izquierdas sigue fragmentada en España y así se ha vuelto a demostrar en Córdoba. El colectivo Prometeo organizó una mesa redonda en homenaje al histórico dirigente Julio Anguita que se denominaba: En la misma orilla. Este grupo quería mostrar que la tendencia progresista española podía unirse ante el movimiento de ultraderecha y es por ello que confirmó la asistencia de Irene Montero, número dos de Podemos y eurodiputada, y Antonio Maíllo, secretario general de Izquierda Unida (IU). Lo que parecía ser un acto de nexo en el que también estarían presentes el eurodiputado por Bildu, Pernando Barrena, y el miembro del Consejo Nacional de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá, fue una nueva muestra de la fragmentación de la izquierda.

Un acto que venía a luchar por la unión de la izquierda en España. Todo ello en homenaje a Julio Anguita, principal valedor de este movimiento. Sin embargo, todo se fue al traste a partir del ultimátum de la número uno de Podemos, Ione Belarra, a IU. Y es que este hecho hizo que Irene Montero, segunda cabeza visible de dicho partido político, invitada por el colectivo Prometeo en el evento organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO), anuló su presencia a las 15:00 de este mismo 14 de mayo. Sin explicaciones. Solo con un mensaje de texto por WhatsApp, tal y como dijo Juan Rivera en su introducción. “No queríamos engañaros. Esto nos ha pasado dos veces: la última hace dos años, cuando Yolanda Díaz se descolgó a dos días y medio del acto. Aquella vez sí que pudimos conseguir un recambio. Sin embargo, hoy no hemos podido”, ha explicado visiblemente enfadado.

La mesa redonda continuó sin problemas

Tras las explicaciones sobre la ausencia de Irene Montero, Antonio Maíllo tomó la palabra para referirse directamente a Julio Anguita, intentando esquivar la polémica surgida durante el día. El coordinador general de IU ha explicado que Anguita era un alcalde que “decía la verdad y convencía a la población”, por lo que su fallecimiento “conmovió de manera transversal”. Esto ha hecho unir su figura a la de José Mujica, recientemente fallecido. Por otro lado, Maíllo ha apuntado que la izquierda tiene que fijarse en los derechos que parecían irreversibles ahora sí que pueden desaparecer. “Si no sabemos leer ese momento histórico, es que estamos fuera de la realidad. Me gustaría estar ante una revolución socialista, pero la realidad no es así. Tenemos que combatir al capitalismo, a los autoritarios y al fascismo. No tenemos que asumir el campo abierto para el totalitarismo. El fascismo se combate con más libertad democrática”.

Más tarde, Pernando Barrena, eurodiputado de Bildu, también se ha referido a Julio Anguita como una persona con “aura” para tratar a la gente. “Eso es lo mejor que puede tener una persona”. Son tiempos de grandes cambios para Barrena, y “no son para bien”, sobre todo en lo que a la izquierda se refiere. “Hay un agotamiento del movimiento liberal que nos han vendido”. Asimismo, el eurodiputado de Bildu ha afirmado que Europa no tiene asegurado su lugar ante China y Estados Unidos, en un cuadrilátero en el que Rusia sí que se ha posicionado con la guerra de Ucrania en este poder. Además, esta pérdida de fuerza del continente europeo es gracias, en parte, a la proliferación de la ultraderecha. “Y es que esta tendencia no es europeísta y es peligroso porque ocasiona termina con el programa de integración europeo. Otorga el poder mundial a Estados Unidos”.

Entre la intervención de Barrena y Joan Tardá, Gabriel Rufián también ha sido partícipe del evento en un video compartido a la organización, explicando que Julio Anguita, junto a Tamudo y Allende, es uno de sus ídolos, engrandeciendo su figura. Aunque también ha introducido a un miembro de ERC que ha mantenido la línea de Maíllo y Parrena, pero también ha incidido en que tenemos que ser capaces de interpretar el mundo que tenemos encima. “Más de la mitad de la población activa en Cataluña en unos años será extranjera. Ese ascensor social no funciona. Los índices de pobreza suben. Estamos en un escenario donde la izquierda tiene que ser capaz de asumir que ahora estamos sufriendo un acelerón hacia atrás. Ya no vale la justificación. Los tiempos son difíciles y se trata de ser capaces de poner las cartas encima de la mesa”.

Una mesa redonda que terminó con las preguntas del público a los participantes. Aun así, todo estaba enturbiado por la incomparecencia de Irene Montero tras el ultimátum de Ione Belarra a IU durante la mañana. Así las cosas, el colectivo Prometeo se mostró profundamente consternado y altamente enfadado por esta decisión de la número dos de Podemos. Aun así, el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UCO estaba lleno para mostrar, además, el pertinente reconocimiento a la figura de Julio Anguita.

Movimiento Sumar Andalucía se ha reunido con la Asociación Educación Digital Responsable y con la vertiente andaluza del movimiento Adolescencia Libre de Móviles para abordar la preocupación de los padres por el uso de los smartphones en los centros educativos.

En la reunión, a la que asistieron la diputada andaluza y coordinadora de Movimiento Sumar en Andalucía, Esperanza Gómez, y el miembro del Grupo Coordinador estatal, Roberto del Tío, se recordó que existe una Instrucción de la Junta de Andalucía que “prohíbe el uso de móviles durante el horario lectivo, recreos, actividades complementarias y extraescolares”, salvo con fines didácticos y con criterios pedagógicos justificados.

Este partido ha alertado en una nota de que la Instrucción no se cumple en cuanto a la forma en que ha de retirarse el dispositivo al alumnado: de manera voluntaria por parte del estudiante, apagado y en presencia de dos miembros del equipo directivo.

La prohibición de uso del smartphone se extiende a todo el tiempo de horario lectivo, recreos y a actividades complementarias y extraescolares.

Los miembros de la Asociación Educación Digital Responsable y del movimiento andaluz plantean otra fórmula para evitar el uso indiscriminado de los smartphones por el alumnado y que sería aportar más información para la concienciación de las familias, que los padres y madres asuman más responsabilidad a través del pacto de familias para retrasar su uso y no dejando que sus hijas e hijos lleven los dispositivos a los centros educativos.

Movimiento Sumar ha apuntado que “las nuevas tecnologías contribuyen al progreso de las sociedades desarrolladas”, pero de igual forma ha querido “alertar de los peligros y los riesgos que conllevan su uso, especialmente el que se hace de ellos en edades tempranas”.

Ha esgrimido una recomendación de la Asociación Española de Pediatría (AEP) acerca de que hasta los 6 años no se usen pantallas, no más de 1 hora diaria entre 6 y 12 años y ha alertado del perjuicio de su uso en edades tempranas en áreas como el sueño, sistema cardiovascular, el volumen cerebral o la alimentación.

La Asociación Española de Pediatría alienta a gobiernos y sistemas educativos a tomar medidas urgentes sobre el uso de smartphones en centros escolares.

Movimiento que ha surgido en Centros Educativos de Córdoba

La Asociación Educación Digital Responsable y el movimiento Adolescencia Libre de Móviles Andalucía ha apostado por un compromiso por parte de las familias de colegios de infantil y primaria por el que acuerdan retrasar el uso de estos dispositivos hasta los 16 años.

El primer centro en poner en marcha la iniciativa fue el CEIP López Diéguez, ubicado en el barrio cordobés de 'El Realejo'.

Para llevarlo a cabo solicitaron ayuda de un miembro del equipo directivo y también de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y al mes de comenzarlo 12 colegios más de la capital cordobesa se sumaron al pacto. En estos momentos son 30 los centros implicados.

Estos pactos de familias también se acometen en otras provincias andaluzas como Sevilla, donde ya son 46 los centros educativos que han comenzado la gestión y otros tantos en Málaga.

Las familias andaluzas asociadas consideran la necesaria implicación de una Consejería como Salud para que los centros sanitarios, especialmente en las zonas donde los usuarios principales sean niños o adolescentes, “sean espacios libres de smartphone y fuente de concienciación acerca de los riesgos del mal uso para ellos y para padres y madres”.

La diputada Esperanza Gómez ha defendido que las reclamaciones del movimiento Adolescencia Libre de Móviles Andalucía y la Asociación Educación Digital Responsable son posible.

“Nos gusta que no sólo han puesto el foco en evidenciar que hay un problema, sino que plantean soluciones factibles y bien argumentadas”, ha manifestado en este sentido.

La parlamentaria autonómica ha afirmado que “el punto de partida para poder conseguirlo es la colaboración y la creación de una comunidad que trabaje unida por la consecución del objetivo de mantener a nuestras niñas, niños y adolescentes lo más alejados posible de los riesgos del uso de las nuevas tecnologías”.

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación por “qué acciones llevará a cabo para asegurarse de que no habrá reivindicaciones del falangismo ante la Torre de la Malmuerta contrarias a la Ley de Memoria Democrática”, ya que en un lateral del histórico monumento hay un inscripción dedicada al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

Así lo recoge Santiago en la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado este pasado lunes en el Congreso para su posterior respuesta escrita por el Ejecutivo central, al que también ha preguntado por “en qué plazo ejecutará dichas acciones” para evitar actos de homenaje a Primo de Rivera ante la Torre de la Malmuerta.

Igualmente, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso quiere saber si “contempla el Gobierno la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores, conforme al artículo 39 de la Ley de Memoria Democrática, contra aquellas administraciones que incumplan la obligación de retirada de vestigios franquistas y falangistas”.

Junto a ello, Santiago también pregunta al Gobierno de España “qué procedimientos está siguiendo la Dirección General de Memoria Democrática para completar el inventario de Lugares de Memoria Democrática”. También si “se plantea por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática elaborar algún tipo de reglamentación específica para agilizar el desarrollo del inventario”.

En relación con estas preguntas, en la exposición de motivos de su escrito, Santiago ha recordado que la Torre de la Malmuerta “es una torre albarrana de la ciudad de Córdoba, situada en el barrio de Santa Marina, junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba”, que fue edificada en el siglo XV “sobre una construcción islámica anterior”, y “se halla unida a la muralla a través de un arco de medio punto, bajo el que puede apreciarse una leyenda inscrita con datos alusivos a su construcción”.

“Esta torre, desafortunadamente, actualmente también presenta grabada en uno de sus laterales, en piedra, una inscripción en homenaje al falangista José Antonio Primo de Rivera”, según ha lamentado Santiago, quien ha subrayado que la “Ley de Memoria Democrática establece que la Administración General del Estado debe llevar a cabo acciones para restablecer la dignidad de las víctimas y difundir los hechos históricos mediante el diseño e instalación de lugares de memoria públicos, con perspectiva de reparación a las víctimas y profundización y consolidación de la memoria democrática”.

Además, según ha precisado, “el artículo 38 impone a las administraciones públicas la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta obligación, y el artículo 39 contempla sanciones para las administraciones que la incumplan”.

Por último, Santiago ha aludido también a que, “de acuerdo con el artículo 36, la Administración General del Estado confeccionará, en colaboración con el resto de las administraciones públicas ,un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los términos del artículo 35”.

El Gobierno de España ha respondido a una pregunta parlamentaria del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, reafirmando el papel de El Cabril como la única instalación en el país con la tecnología necesaria para la gestión responsable y segura de los residuos radiactivos de media y baja actividad (RBMA) y los residuos radiactivos de muy baja actividad (RBBA). En su respuesta, el Ejecutivo subraya que toda la producción de estos residuos en España se transporta a El Cabril cumpliendo estrictamente la normativa específica.

La respuesta gubernamental destaca la diversidad en la procedencia y tipología de los residuos radiactivos, que no solo provienen de la industria nucleoeléctrica, sino también de centros de investigación como el Ciemat, laboratorios universitarios e industriales, así como centros de producción y uso de radioisótopos con fines médicos, industriales, agrarios o educativos. Ante esta dispersión territorial, el Gobierno considera necesaria una gestión global y centralizada en una única instalación adecuada, como lo es El Cabril para su recepción, análisis, tratamiento, acondicionamiento, manejo y almacenamiento definitivo.

En relación con el transporte de estos materiales, el Gobierno enfatiza el cumplimiento de una serie de requisitos básicos reglamentados por los contenedores utilizados, asegurando la contención de los materiales radiactivos dentro del embalaje y el control de la radiación externa, lo que garantiza que no se producirá dispersión del material en caso de un suceso accidental. Además, se menciona la existencia de un Plan de Contingencias en el que participan el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Protección Civil y Enresa, para cubrir cualquier incidencia en los transportes de RBMA y asegurar la protección de las personas y el medio ambiente. El Ejecutivo resalta la experiencia de más de 30 años en el transporte de RBMA, con más de 6.000 expediciones y 4.700.000 kilómetros recorridos sin incidentes con implicaciones radiológicas.

El Gobierno también señala que El Cabril es la solución elegida en los vigentes y anteriores Planes Generales de Residuos Radiactivos (PGRR) para la gestión definitiva de los RBMA y los RBBA. La instalación, que opera con total seguridad desde 1992, reúne todas las condiciones técnicas y requisitos establecidos en la normativa vigente, consolidándose como una instalación madura. La reciente autorización de ampliación de su capacidad se refiere a la construcción de celdas para los RBMA, algo previsto en el anterior 6º PGRR, mientras que las cuatro celdas necesarias para los RBBA ya están autorizadas desde 2006.

Finalmente, la respuesta gubernamental hace referencia al Estudio Ambiental Estratégico del 7º PGRR, aprobado el 27 de diciembre de 2023, donde se concluyó que la alternativa más ventajosa es la continuidad de la operación de El Cabril para la gestión definitiva de RBMA y RBBA. En cuanto a la gestión de efluentes líquidos, se especifica que cualquier vertido al exterior debe cumplir con los límites del Real Decreto 3/2023. Para ello, la instalación cuenta con sistemas específicos de recogida y almacenamiento para controlar y reutilizar estos efluentes en la fabricación del mortero utilizado en el acondicionamiento de los residuos. Los análisis de seguridad de la instalación, que contemplan tanto la operación habitual como posibles accidentes, concluyen que no se necesitan medidas de protección más allá del límite del emplazamiento. Además, se lleva a cabo una vigilancia radiológica ambiental mediante muestreo y análisis, cuyos resultados son inspeccionados periódicamente por el CSN, verificando la eficacia de las medidas de protección ambiental.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha dicho esperar que el próximo mes de mayo, “coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento” del que fuera alcalde de Córdoba y líder del PCE e IU, Julio Anguita, “haya buenas noticias, que tendrá que dar el Ministerio de Transportes”, en cuanto a dar el nombre de 'Alcalde Julio Anguita' a la Estación de Córdoba.

En este sentido y en una entrevista en 7TV, recogida por Europa Press, Santiago ha destacado que la Estación de Córdoba tiene “mucho tránsito de pasajeros”, pues es “la puerta de Andalucía de la alta velocidad y no tiene nombre”, lo cual “es sorprendente”.

De ahí la importancia, según ha argumentado, de que, en su momento, fueran “colectivos ciudadanos los que recogieron firmas para que la Estación de Córdoba se denominara 'Alcalde Julio Anguita', siendo también un orgullo” que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, “sin ningún voto en contra”, demandara, igualmente, que se le diera el nombre de Anguita.

Para Santiago, ello implicaría, además, reconocer que “Julio Anguita, sin duda alguna, ha sido y es el mejor embajador de Córdoba ante todo nuestro país, y muy querido en Córdoba” y de forma general, pues “no olvidemos que llegaron notas de condolencia de más de 50 países”, cuando falleció.

Por eso, según ha subrayado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, “estamos trabajando con el Ministerio de Transportes para poder hacer realidad” que la estación ferroviaria tenga el nombre de Anguita, aclarando Santiago que eso “depende del Ministerio, pero hemos encontrado sensibilidad, y yo espero que, coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento de Julio, haya buenas noticias, que tendrá que dar el Ministerio de Transportes”.

“Pero, desde luego --ha concluido--, nuestro compromiso por esa campaña ciudadana es total. Hemos estado trabajando para que llegue a buen puerto, y nuestra expectativa es esa, que coincidiendo con el quinto aniversario de su fallecimiento vamos a tener buenas noticias”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha registrado una pregunta en el Congreso para saber si, por parte del Gobierno de la Nación, “se ha activado el protocolo de la Ley de Memoria Democrática para sancionar a los responsables” de difundir en Pozoblanco (Córdoba) un cartel “con una imagen falangista”, dedicado al 8M y que ha sido financiado por el propio Ayuntamiento pozoalbense, gobernado por el PP.

En esta línea y a través de una nota, el también portavoz adjunto de Sumar ha preguntado al Gobierno central “cuáles son los plazos que maneja el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática al respecto”, es decir, para adoptar medidas sancionadoras contra quienes han promovido la realización y difusión de dicho cartel.

Además, Santiago también quiere saber “qué medidas se van a tomar para que este tipo de carteles no puedan ser financiados con recursos del Plan Nacional contra la Violencia o de ningún ministerio implicado”, y también ha preguntado “si el Ministerio de Igualdad era consciente de la inclusión de sus logos en el cartel y qué mecanismos de control y supervisión se aplicarán en el futuro para evitar situaciones similares”.

Por su parte, la dirección provincial de IU en Córdoba ha criticado que el Ayuntamiento de Pozoblanco haya “empleado financiación pública para divulgar un cartel conmemorativo del 8M en el que, entre las imágenes ilustradas, aparece el logo de la Falange”, lo que “evidencia cómo ciertos sectores de la derecha continúan promoviendo la apología de un pasado oscuro para innumerables personas, en especial para las mujeres, quienes sufrieron las consecuencias de aquel régimen”.

IU Córdoba ha recordado que “el 8M es un día destinado a conmemorar la lucha contra la violencia de género y a reivindicar la igualdad, y considera inaceptable que se utilicen fondos públicos para difundir imágenes que evocan ideologías de odio y exclusión”, razón por la que la dirección provincial de la formación trasladará su postura “a las diversas administraciones públicas que han financiado la campaña del 8M” en Pozoblanco.

Por eso, IU ha exigido “la depuración de responsabilidades al Ayuntamiento de Pozoblanco, por incluir el logo de la Falange entre las imágenes ilustradas en el cartel”, considerando que “el uso de símbolos asociados a regímenes represivos en una fecha tan señalada como el 8M es una afrenta a la memoria histórica y a los valores democráticos”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación qué medidas adoptará “para impedir que armas fabricadas por empresas españolas o en España se utilicen por el ejército israelí en la comisión de crímenes internacionales, ya sea genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz o de agresión a terceros países”.

Además de ello y mediante el escrito que ha registrado este pasado jueves 13 de febrero en la Mesa del Congreso de los Diputados, al que ha accedido Europa Press, Santiago ha preguntado al Ejecutivo central qué hará para evitar “que lanzacohetes u otros sistemas de armas construidos en territorio español o por empresas españolas puedan acabar en poder de las fuerzas armadas de Israel, incumpliendo así las medidas cautelares adoptadas por la Corte Internacional de Justicia”, para procurar que las mismas se “empleen en la perpetuación del genocidio en Gaza”.

Junto a ello y de forma más concreta, Enrique Santiago ha preguntado al Gobierno de España “qué medidas va a adoptar para impedir que en España o por empresas españolas se utilice la clasificación de 'armas sometidas a pruebas de combate donde opera el ejército israelí' que publicita Escribano M&E u otras empresas”.

De esta forma y según ha recogido en la exposición de motivos de su escrito, Santiago se ha referido a como, “desde finales de 2024, funciona a las afueras de la ciudad de Córdoba la fábrica de la compañía armamentística Escribano M&E”, y que dicha compañía es “colaboradora de la empresa israelí Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas empleadas en el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina”.

De hecho, según recoge Santiago en su pregunta, la citada empresa con instalaciones en Córdoba “cuenta con un acuerdo” con la compañía israelí “para construir lanzacohetes con Sistema Lanzador de Alta Movilidad (Silam)”, resultando que “Escribano M&E publicita en su web que los Silam están constantemente sometidos a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras, en las zonas donde opera el ejército israelí”.

A juicio del diputado de Sumar por Córdoba, “esto no es otra cosa más que una forma de exclamar que son armas y material militar probado en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria, muy probablemente contra población civil” y, según ha resaltado Santiago, “cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia ordenó la adopción de varias medidas que incumben a Israel”.

De forma específica, es “una resolución de medidas cautelares de fecha 26 de enero de 2024, ampliada por resoluciones de fecha 28 de marzo y 24 de mayo de 2024, reafirmadas por la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas A/RES/Es-10/24”, y “los estados miembros tienen, al respecto, la obligación jurídica internacional de actuar para prevenir el genocidio en virtud de las leyes internacionales y en virtud del derecho consuetudinario”.

Además, según ha añadido Santiago en su pregunta, “el Tratado sobre el Comercio de Armas hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013 faculta a España para detener el envío de armas cuyo destino sea un lugar de conflicto, cuando puedan utilizarse para cometer una violación grave del derecho internacional. Esta prohibición consta igualmente en la Ley 53/2007 española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que autoriza a la retención del material militar”.

En base a todo ello, Santiago ha preguntado al Gobierno de la Nación que hará “para impedir que armas fabricadas por empresas españolas o en España se utilicen por el ejército israelí en la comisión de crímenes internacionales, ya sea genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz o de agresión a terceros países”.

El Pleno del Congreso ha elegido este martes al diputado de Izquierda Unida (IU) por Córdoba Enrique Santiago como nuevo representante de Sumar en la comisión que agrupa a los diputados autorizados para acceder a secretos oficiales y que también forman parte de la Comisión de Gastos Reservados que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La conocida como 'comisión de secretos oficiales' está formada por un representante de cada grupo parlamentario, siempre que sea autorizado por el Pleno del Congreso con un respaldo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara, que está fijada en 176.

Santiago ha recabado un voto más de los necesarios al reunir el apoyo del PSOE, Sumar y el grueso de sus socios parlamentarios. Además, se han registrado 131 votos en blanco y tres nulos en una votación en la que sólo han participado 311 de los 350 que integran el hemiciclo.

Esta tarea la suele asumir el portavoz de cada grupo, y Sumar empezó con Marta Lois, que dejó el Congreso para presentarse a las elecciones gallegas, y después continuó con Íñigo Errejón, que dimitió tras ser acusado de acoso sexual.

Pero esta vez Sumar no ha promovido a su nueva portavoz, Verónica Martínez, sino al portavoz parlamentario de IU y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), que también ejerce como portavoz del grupo en las comisiones de Justicia e Interior.

Decisión de consenso

“Nosotras somos revolucionarias hasta en las cuestiones formales”, ha comentado Martínez al ser preguntada sobre esta circunstancia. Según ha explicado, la decisión se ha adoptado “conjuntamente” al considerar que él es quien mejor puede representar al grupo en este órgano.

La designación de Santiago es una forma de reconocer el peso relevante de Izquierda Unida en el seno del grupo plurinacional y compensar la decisión que se tomó en su día de excluirles de las Portavocías adjuntas que se dieron a En Comú, Compromís y, por turno, la CHA y Mès.

Desde 2004 los diputados debían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) para formar parte de esa comisión. Pero ese listón exigía apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y en la anterior legislatura el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.

Se bajó el umbral para meter a los independendistas

Para salvar el bloqueo, que se prolongó durante dos años y medio de legislatura, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó rebajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022 cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa 'Pegasus', pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.

Según la legislación, la llamada Comisión de Gastos Reservados es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Desde diciembre de 2023 integran este órgano Miguel Tellado (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Aitor Esteban (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).

El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, acompañado por la secretaria general del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, y el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, han abordado este sábado la problemática laboral y social que afecta a las personas trabajadoras del campo en la provincia.

En una rueda de prensa celebrada en Castro del Río, Agustín Jiménez ha puesto el foco en la situación de extrema vulnerabilidad que viven muchos temporeros. “Estamos viendo cómo, en pleno siglo XXI y en un país de la Unión Europea, trabajadores duermen en la calle en algunos pueblos de Córdoba. Esto es consecuencia de un modelo laboral anclado en el pasado, reflejado en un convenio colectivo del campo que no responde a las necesidades actuales y que perpetúa condiciones indignas”, señaló. Según Jiménez, el convenio, calificado como el “peor de Andalucía”, requiere una reforma legislativa para garantizar derechos laborales y sociales básicos.

Por su parte, Enrique Santiago ha destacado el contraste entre el incremento previsto de un 80% en la cosecha de aceituna de este año y la falta de mejoras para los trabajadores. “Mientras se espera un aumento en la producción y las ventas, las subidas salariales recogidas en el convenio son mínimas y no se han eliminado los recortes en prestaciones por incapacidad temporal. A esto se suma la falta de cumplimiento del convenio en aspectos tan básicos como garantizar un alojamiento digno para los temporeros”, declaró. Santiago anunció la presentación de una iniciativa en el Congreso para que el Ministerio de Trabajo active recursos de la Inspección de Trabajo y aborde con urgencia estas problemáticas.

Enrique Santiago también destacó la necesidad de impulsar un cambio estructural en el modelo laboral del campo. Cruz Roja ha denunciado en localidades como Lucena, Rute y Baena situaciones en las que los trabajadores temporeros duermen en la calle o en condiciones indignas, a pesar de que el convenio obliga a los empresarios a proporcionar alojamiento. “No podemos permitir que un sector tan importante como el agrario, que es clave para la economía de nuestra provincia, siga funcionando bajo unas reglas que perpetúan la precariedad y la explotación. Es imprescindible que desde las administraciones se articule una estrategia integral que combine inspección, regulación y apoyo a los trabajadores, garantizando derechos básicos como un alojamiento digno, salarios justos y condiciones laborales seguras. Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad para el propio sector, que necesita atraer y retener a una mano de obra cualificada y respetada”, afirmó.

Marina Borrego, por su parte, criticó la postura de Asaja, acusándola de buscar mano de obra barata mientras ignora las condiciones necesarias para dignificar el trabajo en el campo. “Los empresarios buscan beneficios a costa de las personas trabajadoras, pero la riqueza generada debe ser repartida de forma equitativa. Hay trabajadores dispuestos a trabajar en el campo, pero lo que falta son condiciones laborales decentes”, afirmó.

CCOO e Izquierda Unida coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral más justo en el sector agrícola, que reconozca los derechos de los trabajadores y asegure su bienestar. “La mejora de la cosecha debe traducirse también en una mejora de las condiciones laborales y de vida de quienes la hacen posible”, concluyeron.