Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo día 22, la Secretaría de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba hace un llamamiento urgente para abordar las causas estructurales que mantienen a las mujeres cordobesas en una situación de desventaja económica permanente. Según el reciente informe publicado por CCOO Andalucía sobre la brecha salarial en nuestra comunidad autónoma, Córdoba presenta una realidad preocupante donde los avances hacia la igualdad real parecen haberse estancado.

Mientras que en el conjunto de Andalucía la brecha salarial ha experimentado un ligero descenso hasta situarse en el 25,9 %, en Córdoba la cifra se mantiene en un 24,7 %. En la capital cordobesa, el salario medio de los hombres es de 24.487 euros frente a los 20.855 € de las mujeres, lo que supone una brecha municipal del 17,4%. Algo más baja, aunque también importante, es la diferencia entre las pensiones masculinas y femeninas. En Córdoba ellos cobran algo más de 4.000 € anuales más que ellas, en concreto, 19.417 € frente a 15.159, lo que supone una diferencia del 13,6 %.

“La evolución histórica muestra una preocupante parálisis: en 2020 la brecha en Córdoba era del 24,2%, lo que significa que en los últimos cuatro años la desigualdad no solo no se ha reducido, sino que ha ido en aumento”, apunta la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler quien indica que “uno de los datos más reveladores y alarmantes para nuestra provincia es el impacto de la descendencia en el salario de las mujeres. Según los datos fiscales analizados (IECA), la brecha para mujeres sin hijos es del 19,2 %. Esta cifra se dispara al 29,8 % cuando tienen hijos menores de 3 años y alcanza su máximo, un 31,5 %, cuando los hijos e hijas son mayores de 3 años”.

Esta realidad en Córdoba supera la tendencia andaluza, donde la brecha media con hijos se sitúa en torno al 30%. “En nuestra provincia, el cuidado de los hijos e hijas sigue siendo un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres, que se ven obligadas a aceptar jornadas parciales teniendo una tasa de temporalidad en 2025 del 23,7 % frente al 19,2 % de los hombres. Asimismo, y en lo que respecta a la tasa de trabajo asalariado a tiempo parcial esta brecha se sitúa en un 19,7 %”, explica Soler.

La responsable sindical hace hincapié en que “la diferencia salarial entre hombres y mujeres es el resultado de un mercado de trabajo segregado donde el empleo a tiempo parcial tiene rostro femenino. Esta falta de condiciones de igualdad, sumada a la carga de los roles tradicionales, se traduce en una menor remuneración. Los sectores más afectados por esta brecha en nuestra provincia son aquellos con altos índices de temporalidad, destacando negativamente la agricultura, ganadería y silvicultura, con una brecha del 79,6 %, el sector servicios con una brecha del 46,5 % y el sector del comercio, reparaciones y transporte, con un 42,2 %”.

La Secretaría de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba afirma que “es necesario un cambio de modelo. No podemos permitir que la brecha salarial haya aumentado respecto a las cifras de 2020 y que estemos perpetuando un modelo que expulsa a las mujeres del mercado laboral y, con ello, las condena a la desigualdad”. Este 22 de febrero, CCOO Córdoba recuerda que la igualdad salarial no es solo una cuestión de justicia social, sino una necesidad económica para la sostenibilidad de nuestra provincia.

Ante esta situación, CCOO reclama políticas activas de conciliación corresponsable. “La igualdad no se alcanza únicamente apelando a la corresponsabilidad en el hogar; es imperativo transitar hacia un sistema público de cuidados de calidad. La falta de infraestructuras y servicios públicos para menores y personas dependientes obliga a miles de mujeres a aceptar jornadas parciales y 'vidas a medias'. No basta con repartir el cuidado si este sigue siendo precario; necesitamos una red de protección profesionalizada que garantice el derecho al cuidado sin que ello suponga el sacrificio de la trayectoria laboral de las trabajadoras”, subraya Cristina Soler quien también exige la consolidación de los planes de igualdad y mayor vigilancia de los registros retributivos para detectar discriminaciones indirectas.

Junto a lo anterior, el sindicato demanda una mayor lucha contra la parcialidad involuntaria, que afecta mayoritariamente a las mujeres, y el refuerzo y control de la Inspección de Trabajo para que las desigualdades se corrijan más rápidamente.

El diputado por Córdoba y portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Alberto Mayoral, ha defendido hoy la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como “una decisión política que mejora vidas y que vuelve a demostrar una verdad sencilla: cuando la gente trabajadora avanza, la derecha siempre vota en contra”.

“El PSOE pone en valor que más de 40.000 personas en la provincia de Córdoba se benefician de esta subida. Y el dato que lo deja aún más claro es éste: el 65,8% de las personas beneficiarias son mujeres. Hablamos de más de 26.000 cordobesas que ganan más. Esto es igualdad real: la que se cobra en la nómina”, ha señalado Mayoral.

El portavoz socialista ha acusado a PP y Vox de “hacer oposición contra el salario”: “Llevan años repitiendo el mismo patrón: se oponen, meten miedo y se colocan del lado de los de siempre. Nunca están cuando se suben sueldos, nunca están cuando se protegen derechos, nunca están cuando se combate la precariedad. Siempre en contra”.

Mayoral ha subrayado que la subida del SMI “no es un debate técnico: es un debate de modelo”: “Hay quien cree que Córdoba tiene que competir pagando poco. Nosotros decimos lo contrario: Córdoba avanza pagando mejor. Y eso empieza por poner un suelo digno y por frenar a quienes quieren convertir el salario mínimo en el salario habitual”.

“Que se retraten: o con más de 40.000 cordobeses y cordobesas, o con quienes quieren mano de obra barata. Nosotros lo tenemos claro: salarios dignos, derechos y Seguridad Social fuerte. La derecha también lo tiene claro: bloquear”, ha concluido Mayoral.

Los datos salariales de los alcaldes de la provincia de Córdoba reflejan diferencias muy notables entre municipios, tanto por tamaño como por tipo de dedicación. Según la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 y recogida por elDiario.es, los mayores sueldos municipales en 2024 se concentran en las ciudades con más población y alcaldías con dedicación exclusiva.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

Encabeza el ranking Lucena, cuyo alcalde percibió 63.399 euros, seguido de Montilla (60.999 €), Puente Genil (60.862 €) y Córdoba capital (59.338 €), todos ellos por encima de los 59.000 euros anuales. Completan el grupo de los diez alcaldes mejor remunerados Palma del Río (49.000 €), Montoro (47.930 €), Villafranca de Córdoba (47.856 €), La Rambla (47.671 €), Rute (46.920 €) y Villanueva de Córdoba (44.880 €). Se trata, en su mayoría, de municipios medianos o grandes dentro de la provincia, donde las responsabilidades de gestión y la dedicación exclusiva al cargo explican retribuciones más elevadas que la media provincial.

Sorprende, en cualquier caso, el salario del alcalde de la capital, que no solo no es el que más cobra de la provincia, sino que es el regidor con el salario más bajo de todas las capitales andaluzas.

En el extremo opuesto a nivel provincial se sitúan los alcaldes que menos cobraron en 2024, con cuantías que en algunos casos son meramente simbólicas. El sueldo más bajo corresponde a Doña Mencía, donde el alcalde no percibió retribución alguna (0 €). Le siguen Añora (1.315 €), Dos Torres (1.610 €) y La Granjuela (1.820 €), todos ellos municipios pequeños con dedicación parcial. También figuran entre los diez salarios más bajos Santa Eufemia (3.314 €), Cabra (5.839 €), Aguilar de la Frontera (5.900 €) y Cañete de las Torres (6.010 €).

Cierran este ranking de menores retribuciones Hinojosa del Duque (11.620 €) y Conquista (17.136 €), que, pese a superar los diez mil euros anuales, se sitúan muy por debajo de la media provincial.

No obstante, si se analiza el salario de los alcaldes en relación con la población de sus municipios —es decir, euros cobrados por habitante— el primer puesto destaca con mucha diferencia. Según este baremo, el alcalde que más cobra por habitante es el de Conquista, con un sueldo anual de 17.136 euros para un municipio de menos de 400 vecinos. A bastante distancia aparece Villafranca de Córdoba, cuyo alcalde percibe 47.856 euros, lo que equivale a casi 10 euros por habitante, una de las cifras más elevadas de la provincia en términos relativos.

Completan el top cinco de mayores salarios por habitante los alcaldes de Villanueva de Córdoba (44.880 euros, unos 5,36 €/hab), Montoro (47.930 euros, alrededor de 5,30 €/hab) y Rute (46.920 euros, cerca de 4,8 €/hab).

A nivel nacional, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona fueron los tres regidores mejor pagados de España en 2024, cobrando más de 100.000 euros anuales cada uno. José Luis Martínez-Almeida encabeza la lista, con 110.600 euros, seguido de Juan Maria Aburto con 105.000 y Jaume Collboni con 104.000.

Le siguen los alcaldes de Donostia, Vitoria, Sevilla, Málaga y Marbella, que ya superan la barrera de los 95.000 euros; y los de Burgos, Valencia, Getxo, Tenerife y Almería, que están por encima de los 90.000.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer los sueldos de los alcaldes de España en 2024. En este buscador puede conocer el sueldo de cada uno de los alcaldes de España. Para encontrar a los regidores de la provincia hay que escribir Córdoba en el buscador.

El listado está encabezado por el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, como el regidor mejor pagado de la provincia, con un salario de 63.400 euros al año. En segundo lugar está el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, con 61.000 euros. El tercer puesto es para el regidor de Puente Genil, Sergio Velasco, que cobra 60.900 euros. Ya el cuarto puesto es para el alcalde de Córdoba capital, José María Bellido, con un salario de 59.400 euros. Hay otros alcaldes de la provincia, como Fernando Priego, de Cabra, que percibe la mayoría de sus ingresos como senador. O el de Añora, Bartolomé Madrid, que es diputado en el Congreso.

El ranking establece un salto a partir del alcalde de Córdoba. El siguiente en la lista es el regidor de Villafranca, Francisco Palomares, con un salario anual de casi 48.000 euros, similar al que percibe el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez.

En esta segunda tabla aparecen los ayuntamientos que no han remitido información sobre los salarios de sus alcaldes o que lo han hecho con algún tipo de defecto de forma. Los municipios que no aparecen en ninguno de los dos es porque sus alcaldes tienen un salario de 0 euros en 2024. 

En la provincia hay seis ayuntamientos que por diversas circunstancias no han hecho público el salario anual de su alcalde o alcaldesa durante el 2024. Así,en esta lista está Priego de Córdoba, Palma del Río, Nueva Carteya, Almedinilla, Fuente Carreteros y Fuente Tójar.

CCOO ha celebrado en Córdoba una asamblea de delegados para poner en valor el papel de estos en las empresas, así como para analizar la situación económica, laboral y social que atraviesan la provincia cordobesa, Andalucía y el conjunto del país, y los retos que el sindicato se marca tras el reciente cierre del periodo congresual, habiendo previsto CCOO impulsar una ofensiva centrada en la subida salarial, la mejora del empleo y recuperar los servicios públicos.

En este sentido y durante el encuentro, según ha informado el sindicato en una nota, el secretario general del mismo, Unai Sordo, ha avisado que “la macroeconomía puede ir bien, pero hay millones de personas que siguen pasando dificultades”, y la causa de ello es que “ese crecimiento económico no se está trasladando de la macroeconomía a los salarios ni a la calidad del empleo, lo que está generando una creciente desigualdad”.

El líder de CCOO, que ha estado acompañado por la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, y por la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha argumentado a este respecto que “en España hay beneficios empresariales suficientes para subir los salarios y distribuir mejor la riqueza. Es hora de que ese crecimiento llegue también a las personas trabajadoras”.

En esa misma línea se ha manifestado Nuria López, quien ha dejado claro que “si el Gobierno andaluz dice que hay más dinero que nunca en los presupuestos, pero la realidad constata que también hay más problemas, es porque el modelo de gestión” del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), “no funciona”, especialmente en el ámbito de la sanidad pública, por lo que ha criticado los “regalitos fiscales” del Gobierno andaluz del PP.

“De nada nos sirven a los trabajadores --ha explicado-- ocho euros para ir al gimnasio, quien pueda ir, cuando tenemos serias dificultades para poder coger una cita en el médico, el deterioro evidente de muchas escuelas públicas, el que no se cubren las bajas del profesorado, que las universidades públicas no tienen una financiación suficiente, que la FP se ha convertido en un negocio o que las personas dependientes siguen falleciendo mientras están la lista de espera”.

En esa misma línea se ha manifestado Sordo, quien ha dicho que “la reducción de impuestos beneficia a los ricos y deteriora los servicios públicos” y el acceso a los mismos por las rentas medias y bajas. “En el medio plazo bajar impuestos significa quitarle rentas a las familias trabajadoras de este país”, ha asegurado.

Por último, la secretaria general andaluza ha afirmado en su intervención que “parece que el presidente de Andalucía está más preocupado en presentar un libro para lavar su imagen que en acabar con los problemas que tiene Andalucía, mientras arruina los servicios públicos y rompe un acuerdo prácticamente firmado que mejoraba las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos”.

El secretario general de CCOO también se ha referido a la situación política actual, de la que ha dicho que “convierte en una posibilidad remota que haya grandes leyes que beneficien a los trabajadores. El cambio de posición de Junts, que es un partido absolutamente de derechas, hace casi imposible sacar adelante normas progresistas, pero el sindicato tiene una herramienta y una palanca fundamental que es la negociación colectiva, y CCOO va a trabajar por el incremento de los salarios y una distribución justa de la riqueza”.

Según ha explicado, España puede alcanzar el pleno empleo en los próximos cinco años, “pero la realidad es que muchísimas personas han perdido poder adquisitivo por la evolución de los precios de la cesta de la compra, por los precios de la vivienda, ya sea alquiler o hipotecario, y porque se está extrayendo renta a través de los servicios públicos”.

De igual modo, el secretario general de CCOO ha dejado claro que “no vamos a tolerar que se quiera instaurar en nuestro país que el absentismo es consecuencia de que los trabajadores no quieren ir a trabajar y de que los médicos de cabecera son unos manirrotos dando bajas. Si se están incrementando en España las bajas por incapacidad temporal es debido al deterioro de la sanidad primaria y la sanidad especializada y a que la calidad de prevención de riesgos de la empresa suele ser lamentable”.

De hecho, según ha señalado el sindicato, muchas empresas no están cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y “el 36% de los accidentes mortales responden a causas no detectadas en los planes de prevención, por lo que es evidente que urge reforzar los recursos económicos y formativos para garantizar la seguridad en el trabajo”.

El Ayuntamiento de Córdoba celebrará el próximo viernes 31 de octubre un Pleno extraordinario en el que se prevé aprobar una subida salarial del 0,5% para los miembros de la Corporación municipal, asesores y órganos directivos, así como para el personal laboral y funcionario del Consistorio, según consta en el orden del día oficial de la sesión.

La propuesta, presentada por la teniente de alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral, responde a la aplicación del artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 4/2024, de 26 de junio, y de la resolución de 2 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Estas normas permiten un incremento adicional del 0,5% en las retribuciones del personal del sector público cuando la evolución del PIB nominal supera las previsiones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

El aumento afectará a todo el personal eventual (asesores y personal de confianza del gobierno municipal), a los órganos directivos (gerentes, coordinadores y responsables de área) y también al personal capitular, es decir, a los concejales del Pleno. En todos los casos, la subida se aplicará con efectos retroactivos sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023.

Además, en la misma sesión el Pleno abordará la aprobación del nuevo convenio colectivo del personal laboral y del acuerdo general del personal funcionario, documentos que regularán las condiciones laborales del conjunto de la plantilla municipal. Estas medidas forman parte de la actualización anual de las tablas retributivas y del proceso de homologación de condiciones dentro del Ayuntamiento.

El incremento salarial es similar al que se ha aplicado en otras administraciones públicas, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, la medida busca mantener la coherencia retributiva del personal municipal con los criterios fijados a nivel nacional, evitando que el Consistorio quede desfasado respecto a las demás administraciones.

‘Queremos Más’ o 'No me quites más pasta'. Esos son algunos de los lemas de la campaña con la que CCOO de Andalucía quiere denunciar la reduflación, una práctica cada vez más generalizada por parte de las empresas con el objetivo de seguir aumentando sus márgenes de beneficio, y que consiste en aumentar el precio de los productos cambiando los formatos de los envases, reduciendo la cantidad o vendiéndolos bajo la premisa de que es una fórmula mejorada.

Todo ello, mientras la población asalariada andaluza ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 4'8 puntos entre 2021 y 2023, los beneficios empresariales han experimentado un crecimiento entre 2022 y 2023 de un 9,7% a nivel andaluz. Mientras tanto, productos básicos como los huevos, la fruta, la pasta o incluso los lápices de colores son ejemplos de estas prácticas que dificultan, aún más, que las personas trabajadoras puedan llegar a fin de mes.

Aunque en teoría todas estas técnicas son legales si se precisa la nueva cantidad de producto, sin duda resultan engañosas y éticamente poco honestas; así como una práctica de inflación encubierta que es difícil de detectar por la ciudadanía. Es por ello que CCOO de Andalucía pone en marcha una campaña con la que pretende darle visibilidad a estas prácticas y denunciar también la pasividad de las administraciones para frenar un fenómeno que ya se ha extendido y generalizado en la actualidad para subir precios. 

En ese sentido, el sindicato ha denunciado que el Gobierno andaluz hace política de brazos caídos invisibilizando el problema y los efectos que tiene sobre la economía de muchos hogares y sobre los trabajadores y trabajadoras. CCOO ha reclamado a los grupos parlamentarios la aprobación normativa de manera urgente para frenar estas malas praxis de las empresas y al Gobierno central medidas de control de precios de los productos básicos de la cesta de la compra.

De igual modo, el sindicato ha exigido el Gobierno andaluz un análisis exhaustivo sobre estas prácticas y el impacto que tienen en la economía andaluza y en la pérdida del poder adquisitivo de las familias andaluzas. De igual modo, ha reclamado la creación de un canal de información a la ciudadanía donde se incluyan, de manera inequívoca, las marcas, empresas y productos que llevan a cabo prácticas engañosas de aumento de precios; así como medidas de control e inspección, sanciones a quienes lleven a cabo prácticas engañosas y un canal de denuncia específico donde la ciudadanía pueda comunicar los supuestos de encarecimiento de productos a través de la reduflación. 

CCOO de Andalucía ya dispone de un buzón en su página web www.andalucia.ccoo.es para que las personas trabajadoras y la ciudadanía en general pueda denunciar estas situaciones ante las que el sindicato ha dejado claro que emprenderá las medidas oportunas. 

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha mostrado en un comunicado su preocupación por “la mala gestión” del mítico restaurante El Caballo Rojo, un emblema de la restauración cordobesa cuya plantilla viene sufriendo desde hace más de un año constantes atrasos en el cobro de sus nóminas. De hecho, esta situación comenzó a producirse a raíz del cambio de dirección del establecimiento, cuando la actual gerente tomó las riendas del mismo a finales de 2023, según indica el sindicato.

Explica que, a fecha de hoy, los casi 30 trabajadores y trabajadoras del afamado restaurante no han cobrado la paga extra de junio y media nómina de julio. Ya el año pasado, la Gerencia del local se retrasó en el abono de esta paga, causando un perjuicio para la plantilla, que no pudo disponer en tiempo y forma de dicha paga.

Para CCOO, estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el conocidísimo “El Caballo Rojo”. Para el sindicato, es la “mala gestión de la actual gerente” la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal.

El sindicato considera qye “es una pena que un restaurante como este, que ha sido buque insignia de la hostelería cordobesa durante décadas, se esté dejando arrastrar por malas prácticas empresariales, unas malas prácticas que, por desgracia, están demasiado extendidas en la actualidad entre los hosteleros cordobeses, que basan su éxito empresarial no en un servicio cuidado y en un empleo digno y de calidad, sino en rebajar costes laborales a costa de los derechos de las personas trabajadoras”.

CCOO apunta que existía un compromiso por parte de la empresa de terminar con esta situación y la empresa sigue incumpliendo. La administradora debe acabar con los continuos atrasos en el abono de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores para no tener que adoptar medidas más contundentes que puedan enturbiar el buen nombre de un establecimiento al que le desea una larga vida.

“Extra congelada, robo a mano armada”. Así de claro han querido explicar enfermeros y fisioterapeutas lo que supone para ellos la congelación de las pagas extras que sufren desde hace 15 años y que, desde entonces, les ha supuesto alrededor de 11.000 euros menos de ingresos por profesional, según denuncia el sindicato Satse.

Convocados por este sindicato, varias decenas de enfermeros y fisioterapeutas han protestado ante el edificio principal del Hospital Reina Sofía por un “recorte” que viene de largo, desde 2010 y que no se ha revertido en todos estos años.

“Es mi sueldo, es mi derecho”, “Extras sin recortes” o “De mi extra, ni un euro” han sido alguno de los lemas coreados y que se podían ver en las pancartas de los profesionales que han acudido a la concentración. La lectura de un manifiesto con sus peticiones ha centrado también la protesta, en la que han señalado que “ni Zapatero, ni Rajoy ni Pedro Sánchez” han revertido el recorte y actualizado las pagas extras. “Siempre nos dicen que no hay dinero”.

En palabras del Manuel Díaz, secretario de acción sindical de Satse en Córdoba, este recorte supuso una disminución“de casi el 27% en las pagas extras, afectando tanto a los salarios como a los trienios”. “Es nuestro derecho”, han reiterado sobre las “treinta pagas no cobradas” en las que se traduce ese recorte.

La Junta de Andalucía ha rescindido otro contrato por impagos con la empresa Mabraser XI S.L., que primero dejó a más de un centenar de trabajadoras de la limpieza de institutos de Córdoba sin cobrar y, ahora, aún tenía el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del conjunto arqueológico de Medina Azahara, pero sin pagar a sus trabajadores.

Estos trabajadores -dos con jornada completa de lunes a viernes, otro de fin de semana y uno más está de baja actualmente-, comenzaron a tener problemas con la nómina en febrero, cuando Mabraser ya pagó tarde el salario correspondiente a ese mes. Luego, la empresa ya no les pagó la nómina de marzo y tampoco cobrarán la de abril. Estos empleados se encargan de las labores de jardinería y mantenimiento de zonas verdes, tanto en el museo como en el yacimiento de Medina Azahara.

Fuentes de la Junta han confirmado a Cordópolis que el contrato con Mabraser para prestar el servicio de jardinería en Medina Azahara ya está rescindido y este miércoles 30 de abril figura como último día del mismo. Ahora, se licitarán contratos menores para dar cobertura al servicio, condicionando a las empresas que presenten su oferta a que subroguen a los trabajadores que prestaban el servicio con Mabraser. Más adelante, la Junta tiene la intención de tramitar y sacar a concurso un nuevo contrato mayor para este servicio.

Sin cobrar las nóminas de marzo y abril

Los trabajadores que prestan el servicio de jardinería en Medina Azahara se pusieron en alerta al conocer en febrero los problemas de impagos que Mabraser tenía con las limpiadoras del instituto. Entonces, comenzaron a notar que no se les suministraba material de trabajo suficiente y, finalmente, tras la 'desaparición' del mapa de la compañía, les ha ocurrido lo mismo que a las limpiadoras: no han cobrado por su trabajo ni en marzo ni en abril.

En ese tiempo, los trabajadores han comunicado su situación en todo momento a la dirección de Medina Azahara que, al producirse el primer impago en marzo por parte de Mabraser, contactó con la empresa para conocer qué ocurría. La compañía adjudicataria del servicio contestó señalando que no iba a pagar las nóminas porque tenía las cuentas embargadas, después de los impagos y los procesos abiertos contra ella en el caso de las limpiadoras de instituto.

Ahora, a la espera de poder seguir con su trabajo en Medina Azahara con otra empresa, los trabajadores del servicio de jardinería del yacimiento arqueológico han comenzado ya el proceso para interponer las demandas de cantidad en los juzgados, para reclamar los pagos de los salarios que se les deben, de manera que por la vía judicial puedan recibir en un futuro el abono del dinero que se les debe por su trabajo.

El servicio que se ocupa del mantenimiento de jardines y zonas verdes en el museo y el conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba, está adjudicado por la Junta de Andalucía a la empresa Mabraser XI S.L y esta, al igual que hizo con más de un centenar de trabajadoras de la limpieza en institutos de la provincia, ha dejado de pagar las nóminas a los trabajadores que tiene en este servicio de Medina Azahara.

Estos empleados están, actualmente, yendo cada día a trabajar sin cobrar sus nóminas. Los problemas empezaron en febrero, cuando ya cobraron tarde el salario correspondiente a ese mes, explican los trabajadores a Cordópolis. Luego, Mabraser ya no les pagó la nómina de marzo y tampoco esperan cobrar la de de este mes de abril que está terminando.

En ese tiempo, Mabraser saltó a los focos por la situación de impagos en la que dejó a las limpiadoras de institutos. Tras varios meses, la Junta de Andalucía acabó por rescindir ese contrato y buscar con uno nuevo por la vía de urgencia que las trabajadoras de la limpieza se subrogaran y volvieran a trabajar bajo la cobertura y el abono de su salario por parte de nuevas compañías.

Durante esos meses, los trabajadores de Mabraser en el servicio de jardinería de Medina Azahara se pusieron en alerta al depender de la misma empresa. Cuentan que comenzaron a notar que no se les suministraba material de trabajo suficiente y, finalmente, tras la 'desaparición' del mapa de la compañía, les ha ocurrido lo mismo que a las limpiadoras: no cobran por su trabajo.

Actualmente, son cuatro los empleados afectados: dos con jornada completa de lunes a viernes, otro de fin de semana y uno más está de baja actualmente. Se encargan de las labores de jardinería y mantenimiento de zonas verdes, tanto en el museo como en el yacimiento de Medina Azahara, explican.

La Junta estudia la situación

Trabajan con Mabraser en este servicio desde otoño de 2023. Los empleados aseguran que han comunicado su situación en todo momento a la dirección del centro -según relatan- y esperan una solución a su situación: desplazarse cada día a Medina Azahara para trabajar, sabiendo que no van a cobrar el sueldo que les corresponde.

Consultada la Junta de Andalucía por este periódico sobre la situación de estos trabajadores y una posible solución, hasta el momento la administración autonómica señala que está “investigando” lo ocurrido con Mabraser en esta ocasión. Habrá que ver si en este caso cabe replicar lo que se hizo en el caso de las limpiadoras: rescindir el contrato con Mabraser por incumplimiento del mismo y buscar, con un contrato de urgencia, a una nueva empresa que se haga cargo del servicio y de los empleados en Medina Azahara.

Mientras, los trabajadores ya se han puesto en contacto con el sindicato CCOO, para seguir los pasos necesarios y formalizar las demandas de cantidad que deben interponer ante los juzgados para reclamar el dinero de sus nóminas impagadas y poder cobrarlo en un futuro.

Desde este sindicato confirman a este periódico la situación de los trabajadores de este servicio en Medina Azahara y reclaman que la Junta les dé una solución lo antes posible, además de toda la información sobre la situación.

Trabajadoras de la limpieza en institutos de Córdoba que sufrieron los impagos de varias nóminas por parte de la anterior adjudicataria del servicio, Mabraser XI S.L., han comenzado a acudir a los juzgados para interponer las correspondientes demandas de cantidad para poder cobrar en un futuro el dinero que no han recibido por su trabajo.

Las demandas de cantidad iniciales se interpusieron ya en diciembre, cuando Mabraser les dejó de abonar media paga de ese mes. Y, ahora, las demandas se están ampliando con las cantidades totales que cada trabajadora ha dejado de cobrar por parte de la empresa, según ha confirmado CCOO a este periódico. Este es el procedimiento para que, cuando resuelvan los juzgados, las trabajadoras puedan acabar recibiendo las nóminas que se les deben.

Desde el Sindicato Hábitat de CCOO, su responsable de acción sindical David Quintana, ha explicado que las demandas que se están interponiendo se dirigen contra la empresa que no les pagó, Mabraser XI S.L., así como contra la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía -que retuvo el dinero ante la falta de prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria-, y contra la nueva empresa que ahora se hace cargo del servicio, de manera que se dé total cobertura a las trabajadoras a la hora de reclamar los pagos.

El problema está ahora en el tiempo que tardarán en resolver los Juzgados de lo Social que, “con el colapso que tienen, se puede demorar un par de años como mínimo”, indican desde el sindicato. Los juzgados tendrán que resolver más de un centenar de demandas por este caso, una por cada trabajadora, ya que las demandas de cantidad deben interponerse individualmente.

Desde CCOO explican que, además de a sus afiliadas, también están dando cobertura a trabajadoras de este servicio que se encuentran en situación precaria, para guiarlas en la interposición de sus demandas.

Las limpiadoras de institutos volvieron a estar cubiertas con una nueva empresa para prestar el servicio desde este pasado Lunes de Pascua, tras la adjudicación del contrato por parte de la Junta a tres nuevas compañías, una por cada lote que anteriormente aunaba Mabraser. Con las nuevas empresas, se espera que, en los primeros días de mayo, puedan cobrar ya los días trabajados entre el 21 y el 30 de abril.

Los 31 institutos de Córdoba y provincia que estaban afectados por el impago de nóminas a sus trabajadoras por parte de la empresa que era adjudicataria del servicio -Mabraser XI S.L.- y que había dejado de prestar el servicio, lo recuperarán a partir del próximo lunes 21 de abril. Se harán cargo del servicio de limpieza tres nuevas empresas, a las que se subrogan las limpiadoras, que empezarán su tarea de nuevo en los centros educativos a la vuelta de la Semana Santa.

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha informado este miércoles de que ha rescindido los contratos correspondientes a tres lotes del servicio de limpieza que tenía adjudicados Mabraser. Lo ha hecho por incumplimiento de contrato, después de que haya dejado a deber varias nóminas a las empleadas y 'desapareciera', sin que la propia Junta pudiera establecer contacto con sus responsables.

Los tres lotes que tenía adjudicados dicha empresa han sido licitados por vía de urgencia ahora y adjudicados a tres compañías, una para cada lote. Son Lecos Multiservicios, Grupo Socel Servicios Generales y Aurum Servicios Integrales. Los distintos contratos por cada lote han sido adjudicados “a la empresa que ha ofrecido un mejor precio y ha cumplido con los requisitos de solvencia”, según ha explicado el delegado de Educación, Diego Copé.

La condición que tenían que cumplir las nuevas empresas era hacerse cargo de las trabajadoras que prestaban el servicio con Mabraser, afectadas por los impagos. Serán subrogadas para mantener su puesto de trabajo y empezarán a cobrar los salarios con las nuevas empresas a partir de su reincorporación en abril. Pero en estos nuevos contratos no se incluye que las empresas deban hacerse cargo de los salarios que se les deben a las trabajadoras. Eso, según Copé, se circunscribe a un “conflicto laboral entre una empresa y sus trabajadoras” y se deberá resolver en ese ámbito.

El delegado ha explicado que en ese conflicto el papel de la Junta “ha sido de mediación”. En paralelo, se ha tramitado esta licitación por vía de urgencia para los nuevos contratos y, además, ya se está trabajando en el nuevo contrato que deberá servir para prestar el servicio de todos los institutos a partir de 2026.

Copé ha mostrado su reconocimiento a “los centros educativos y equipos directivos que han sufrido esta situación” de falta de limpieza por los impagos a las trabajadoras del servicio, a quienes también ha querido enviar “un mensaje de empatía porque entendemos todo lo que han sufrido”.

La compra de una vivienda en la provincia de Córdoba exige dedicar casi cuatro años de sueldo íntegro, según constata el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2024, que pone en relación los datos de la provincia sobre los salarios medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta de Fotocasa.

De acuerdo a este análisis -consultado por este periódico-, los cordobeses deben emplear 3,9 años de sueldo bruto íntegro para comprar una vivienda media de segunda mano de 80 metros cuadrados. La media en España alcanza los 7,1 años de salario íntegro dedicado a la adquisición de una vivienda.

La provincia de Córdoba se encuentra entre las que menos años de sueldo requieren para hacerse con una vivienda. El estudio indica que las provincias en las que se dedica menos de cinco años a pagar una vivienda de 80 metros cuadrados son Ciudad Real (2,8 años), Jaén (3 años), Ávila (3,5 años) y Zamora (3,6 años). Tras ellas se sitúa Córdoba, con 3,9 años, de manera similar a Cáceres (3,9 años también).

Teruel (4 años), Ourense (4 años), León (4 años), Toledo (4 años), Almería (4 años), Castellón/Castelló (4,2 años), Badajoz (4,2 años), Albacete (4,3 años), Huelva (4,4 años), Murcia (4,4 años), Lleida (4,5 años), Soria (4,5 años), Lugo (4,7 años), Burgos (4,8 años), Palencia (4,9 años) y Huesca (4,9 años) completan la parte baja de esta tabla.

Por contra, según el salario medio de los españoles y el valor del metro cuadrado de las viviendas de segunda mano en 2024, se desprende del informe que los residentes en las provincias de Islas Baleares (13,5 años), Madrid (12,2 años), Málaga (10,6 años), Guipúzcoaa (10 años), Barcelona (9,1 años) y Vizcaya (9 años) son los que tardan más de nueve años (108 meses) en pagar una vivienda de 80 metros cuadrados. 

Más de un centenar de trabajadoras de la empresa Mabraser XI S.L., adjudicataria del servicio de limpieza en 31 institutos de Córdoba y provincia, llevan varios meses sin cobrar. La compañía no les abonó media paga de diciembre, ni otra paga de beneficios ni los meses de febrero y marzo. Ni las trabajadoras ni la propia Junta de Andalucía -responsable del servicio y el contrato-, pueden contactar ya con Mabraser, que ha 'desaparecido' dejando en una situación límite a las empleadas. Pero en la tramitación de la licitación de dicho contrato para la limpieza de los institutos de Córdoba, la administración autonómica ya advirtió que la oferta presentada por Mabraser era demasiado baja y cabía la posibilidad de que cubriera los salarios de las trabajadoras.

Así lo refleja el acta de la Mesa de Contratación de la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de 4 de septiembre de 2023 para la adjudicación del servicio de limpieza en diversos centros docentes públicos de la provincia de Córdoba para los cursos 2023/2024 y 2024/2025, documento al que ha tenido acceso este periódico. El órgano de contratación recibió las ofertas de doce empresas, entre ellas la de Mabraser, que concurrió para hacerse con los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en los que se había distribuido el servicio según los institutos.

La Mesa de Contratación “identifica que la oferta presentada por la empresa Servicios y Mantenimientos Mabraser XI S.L. se encuentra en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros objetivos establecidos (...) En concreto, la oferta presentada por la citada empresa se encuentra en posible oferta anormal o desproporcionada, por no cubrir los costes salariales estimados (...), existiendo además otros gastos necesarios para la prestación del servicio”, según consta en el acta.

Ante ello, se acuerda conceder a esta empresa un plazo de 5 días hábiles para que justifique la viabilidad de la oferta desglosando razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta mediante la presentación de aquella información y documentación que resulte pertinente a estos efectos (...) En concreto, deberá justificar todos los costes que conlleva la citada oferta, no solamente los laborales“, requiere la Mesa de Contratación.

Tras detectar esta anomalía, la Junta de Andalucía envió requerimientos a Mabraser para que aportara la documentación que justificara su baja oferta y la cobertura de los costes salariales y otros.

Coste hora por trabajador por debajo de lo estipulado

De hecho, en el acta de la segunda sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el 20 de septiembre de 2023, se señala a la empresa Mabraser, “que en su análisis presenta un coste hora total por trabajador por debajo del estipulado (...) para los lotes 1, 2 y 5”.

Pero, a continuación, se indica que, “visto el informe, la Mesa entiende justificado el valor anormal de sus ofertas, considerándose viables las mismas al permitir la ejecución normal del contrato, por lo que propone su admisión para los lotes 1, 2 y 5”.

Con la información aportada por la empresa, en la tercera sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el 9 de octubre de 2023, este órgano “comprueba que la documentación requerida a la licitadora que presentó la mejor oferta para el lote 1 es correcta, por lo que propone a la empresa Servicios y Mantenimientos Mabraser XI S.L. como adjudicataria”. Esta misma decisión se toma respecto al Lote 2 y al Lote 7, con los que esta empresa se hizo con tres contratos para la limpieza de institutos.

Mabraser ha estado desde entonces prestando este servicio en institutos de Córdoba y provincia, pero a las trabajadoras ya les debe varias nóminas y pagas. Además, las empleadas han denunciado que desde hace meses no les surtía del material de limpieza adecuado ni de los uniformes y equipos de protección individual para desarrollar su trabajo.

Sindicatos como CCOO, UGT y CTA han denunciado la situación en la que están las trabajadoras, algunas al límite económico, debiendo ya recibos de luz e hipoteca y acudiendo a Cáritas para obtener alimentos. Parte de las trabajadoras han secundado una huelga convocada por CTA y otras están de baja debido a la presión psicológica que le acarrea esta situación.

Junta y sindicatos han mantenido reuniones para encontrar una solución, que pasaría por que otra empresa se hiciera cargo del servicio. Pero Mabraser también ha dejado de pagar los seguros sociales y una nueva compañía no querría hacerse cargo de sus deudas. Así las cosas, el horizonte está en la licitación de nuevo del contrato del servicio de limpieza, si bien esto implica que la espera se alargue y las trabajadoras sumen meses sincobrar y sin una garantía en su puesto de trabajo.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha celebrado este miércoles el Día de Atención Primaria en Andalucía con un acto institucional para dar visibilidad a esta especialidad. Alfonso Carmona, presidente del CACM, ha pedido “seguir trabajando” en la Atención Primaria para “evitar la precariedad laboral, la baja remuneración de los especialistas y la carga burocrática” y ha insistido en el papel de la Pediatría en este nivel asistencial porque “proporciona una atención integral y continuada desde el nacimiento hasta los 14 años, abordando no sólo enfermedades, sino también la promoción de hábitos saludables y la prevención de problemas futuros.

Este modelo ha demostrado ser “altamente eficaz”, logrando mejores índices de salud, eficiencia en el uso de recursos y equidad en su distribución“, ha concluido Carmona.

Por su parte, Mercedes Ramblado, secretaria general del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, ha destacado la labor del Foro Andaluz de Médicos de Atención que “nace con el objetivo de identificar los problemas, pero sobre todo de plantear soluciones”. Por primera vez, las cinco sociedades científicas relacionadas con la Medicina de Familia y la pediatría de Atención Primaria en Andalucía y los colegios de Médicos se han reunido y trabajado juntas y el resultado ha sido un documento de consenso, de análisis y medidas destinadas a mejorar este nivel asistencial, según lo recogido por la CACM en una nota.

Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a los médicos jóvenes que próximamente elegirán su especialidad a los que ha transmitido que “ser médico de familia es una forma de ejercer la medicina muy completa, porque abarcamos toda la visión del paciente y todo lo que puede influir en el desarrollo y la resolución de la enfermedad. Es una forma de vida que engancha y apasiona. Por eso hay que darle valor al trabajo realizado por los médicos de familia y pediatras que trabajan en Atención Primaria que están agotados por la carga asistencial. Hay que hacer la medicina de familia atractiva para que sea elegida por las promociones más jóvenes de médicos”.

En el acto ha estado Manuel Molina, delegado territorial de Salud en Sevilla, que ha afirmado que desde la Administración se está trabajando “seriamente” para “mejorar y garantizar la estabilidad del médico de Atención Primaria”.

El Día de la Atención Primaria en Andalucía, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, tiene como objetivo destacar la labor de los médicos de esta especialidad, considerados “especialistas en personas”. Valores como la confianza, el acompañamiento, la proximidad y la prevención definen su trabajo, y todos ellos se reflejan en el manifiesto leído por la doctora Gloria López-Campos, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Sevilla, para finalizar el acto.

Las trabajadoras de la limpieza de la empresa Mabraser XI S.L. que presta el servicio en institutos de Córdoba y la provincia y les debe varias nóminas han llevado a la calle sus protestas este viernes en una manifestación desde Las Tendillas hasta las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba para pedir que la administración autonómica asuma el servicio y absorba a las trabajadoras para que puedan cobrar por su trabajo.

Un grupo de trabajadoras, llamadas a la huelga y a esta manifestación convocada por el sindicato CTA, han exigido el cobro de sus salarios y han expuesto la situación que viven: “Ya no podemos más, es insostenible”, han dicho sus representantes para contar cómo ya hay trabajadoras en situaciones económicas extremas, que deben varios meses de hipoteca, del recibo de la luz o que han tenido que acudir a Cáritas en busca de ayuda para alimentos.

Por eso, han reclamado una solución por parte de la Junta de Andalucía, de quien depende el servicio: “Que nos absorba la Junta u otra empresa”, han dicho a los medios Francisco Soro y Rafi Garrido, en representación del más de centenar de mujeres y tres hombres que están afectados por los impagos de Mabraser.

“Empresa desaparecida”

Por parte de CTA, su secretario general, Francisco Moro, ha expuesto que la Ley de Contratos del Estado permite que si una licitación se topa con “una empresa desaparecida” como es el caso de Mabraser -con la que ni la administración ni las trabajadoras pueden contactar- y la Junta se ve “desprovista de un servicio esencial” como la limpieza e higiene de los institutos, “las trabajadoras pueden ser absorbidas, pasando a ser indefinidas no fijas y teniendo la administración un plazo de tres años para sacar de nuevo la licitación” del contrato.

La búsqueda de una solución para que otra empresa asuma el servicio de Mabraser se topa con que ésta ha dejado de pagar también los seguros sociales de las trabajadoras, con lo que una nueva firma no se ofrecería a asumir también esas deudas y las nóminas impagadas.

En la negociación con la Junta, los representantes de las trabajadoras señalan que la administración les indica que deben esperar a dejar de cobrar tres meses para poder denunciar a Mabraser y que se pueda pasar el servicio a otra compañía, con lo que el horizonte que les dan para resolver su situación se va a “junio o julio”.

Advertencia por no cubrir los costes salariales

La situación de impagos que sufren las trabajadoras de limpiadoras de institutos de Córdoba ha sido llevada ya al Parlamento por el grupo de Por Andalucía y esta próxima semana volverá a plantearse en la cámara. De hecho, el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha denunciado que “la Junta ya sabía que estaba contratando a una empresa pirata”, en alusión a Mabraser. Sobre ello, ha expuesto que Mabraser ya habría dejado impagos a trabajadores en servicios prestados en San Fernando (Cádiz) y a una Oficina Comarcal Agraria (OCA) en 2021 y 2022, antes de hacerse con el contrato de la Junta en Córdoba para limpiar los institutos.

Pero, además, ha denunciado que en la tramitación de la licitación del contrato de limpieza de los institutos de Córdoba, la Junta ya advirtió que la oferta presentada por Mabraser era demasiado baja y podía no cubrir los salarios de las trabajadoras. De hecho, en la documentación aportada, se incluye un requerimiento de la Delegación de Desarrollo educativo en Córdoba dirigido a Mabraser en el que expone que “la proposición económica presentada (...) se encuentra en presunción de anormalidad”.

Sobre ello, el escrito precisa que se trata de una “posible oferta anormal o desproporcionada, por no cubrir los costes salariales estimados, existiendo además otros gastos necesarios para la prestación del servicio”. Por Andalucía denuncia que, ante esto, Mabraser presentó alegaciones y finalmente la Junta le concedió el contrato.

Los impagos de las nóminas a las trabajadoras se suman, además, a la falta de material de limpieza, vestuario y calzado que las empleadas han venido sufriendo desde hace meses, según han denunciado también.

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles la situación del transporte sanitario en el Sur de Córdoba, con “fallos” en dicho servicio que han tenido “consecuencias dramáticas” para usuarios que han fallecido esperando la llegada de una ambulancia, mientras que los trabajadores de la empresa adjudicataria de dicho servicio no cobran sus nóminas desde hace medio año, y de todo ello, según ha subrayado Nieto, debe dar explicaciones el Gobierno andaluz del PP.

Así lo ha dicho, en declaraciones a los periodistas, junto a familiares de los mencionados usuarios y representantes de los trabajadores de las ambulancias, ante la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, donde Nieto ha señalado que la Junta de Andalucía, que preside el popular Juanma Moreno, “tiene miles de millones de euros a su disposición y no puede seguir presumiendo del mejor presupuesto sanitario de la historia” mientras se dan situaciones como la descrita.

En este sentido, Nieto ha expresado su solidaridad con las familias afectadas por los problemas en el servicio de ambulancias y ha asegurado que “estamos aquí para tener un contacto personal y darles personalmente un abrazo a las familias que están sufriendo las consecuencias dramáticas de las fallas inasumibles que está teniendo el transporte sanitario”, que fueron denunciadas por el Defensor del Paciente, en nombre de dichas familias, ante la Fiscalía y que ésta ha archivado.

Precisamente, la portavoz parlamentaria ha defendido la necesidad de pedir cuentas sobre ello a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, pues, “con independencia de lo que haya decidido hacer la Fiscalía, la Junta debe una explicación, debe asumir una responsabilidad y dar la cara”, ha enfatizado.

Nieto ha señalado la gravedad de la situación, destacando el sufrimiento de las familias afectadas por la pérdida de algún familiar, y ha subrayado que “estamos hablando de familias que ahora se ven atravesadas por un dolor que nunca sabrán si hubiera sido evitable”.

En este contexto, Nieto ha criticado la gestión de los recursos públicos por parte del Gobierno andaluz del PP, al que, según ha afirmado, “se le están abriendo muchos boquetes” en la sanidad pública a causa del “dinero que está sacando” de la misma “para dárselo a ganar a empresas privadas de la salud”.

Un ejemplo de ello, a juicio de Nieto, es la situación de los trabajadores de las ambulancias del Sur de Córdoba, que “sufren unas condiciones laborales injustas, unos impagos insoportables”, para “sus casas y sus familias”.

Por eso, ha insistido en la necesidad de que las empresas concesionarias cumplan sus contratos, ya que “una empresa que firma un contrato con la Junta lo tiene que cumplir, y si no lo cumple, se le tiene que retirar” y, entre tanto, ha avisado que el Grupo Parlamentario de Por Andalucía no va a cesar en su labor de denuncia pública: “no vamos a levantar el pie con este tema. Se va a seguir hablando de la situación sanitaria de Córdoba”, ha asegurado.

Junto a ello, Inmaculada Nieto ha llamado a la movilización en defensa de la sanidad pública, y ha dicho esperar “que de Córdoba haya una muy nutrida presencia en la manifestación del próximo día 5 de abril, que va a llenar las calles de Sevilla de miles de andaluces y andaluzas”.

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López Losilla, ha destacado este miércoles que el incremento de las retribuciones para los miembros de las Fuerzas Armadas de España que ha aprobado el Consejo de Ministros “tendrá un impacto directo y positivo en los cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en Córdoba”.

Además, según ha resaltado la subdelegada en una nota, la nueva medida implica “un aumento lineal y consolidable de 200 euros mensuales del componente general del complemento específico”, y ello gracias a que “el Gobierno de España, dentro de la senda marcada para el crecimiento de nuestro país y nuestra economía, trabaja en la mejora de las condiciones laborales de nuestros militares, una de las piezas claves del ejército español”.

Junto a ello, López Losilla ha precisado que “se mantendrá, además, el pago de 100 euros mensuales para el personal de tropa y marinería que, como incentivo, se ha venido satisfaciendo durante 2024”, añadiendo que “nuestros militares, hombres y mujeres, son el mejor activo de nuestras Fuerzas Armadas”, y de ahí “el compromiso del Gobierno de España con unas mejoras salariales, que se suman a otras medidas, como las relativas a conciliación, alcanzadas en los últimos años.

López Losilla ha asegurado que esta nueva disposición “es clave y necesaria para que España cumpla con los compromisos internacionales en defensa y seguridad, además de ser una iniciativa imprescindible para una justa retribución de nuestros efectivos militares, que luchan en favor de la paz, de la entrega a los ciudadanos y la intervención en situaciones de emergencia” y, en este sentido, ha recordado la “inestimable labor que realizaron en las intervenciones llevadas a cabo tras la dana que asoló la Comunidad Valenciana”.

La modificación del reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, revisa el complemento específico de todos los empleos del personal militar, actuando sobre las cuantías del componente general, por estar asociado a la mayor responsabilidad que se adquiere en función del empleo que se ostenta, siguiendo un orden creciente en cada una de las escalas.

La situación de la empresa Servicios y Mantenimiento Mabraser XI S.L. y los impagos de nóminas a sus trabajadores afecta, además de a las empleadas que limpian 31 institutos de Córdoba -que lo vienen denunciando en las últimas semanas-, a los empleados del servicio de limpieza de espacios como el conjunto arqueológico de Medina Azahara, los cementerios de Córdoba capital o la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), según han confirmado a este periódico los sindicatos UGT y CCOO.

En total son casi 140 trabajadores los afectados por esta situación, indican, y recuerdan que desde hace semanas piden una solución para estos empleados y ha emprendido acciones al respecto.

Sobre esto, el secretario general provincial de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha explicado que desde este sindicato, todas las acciones emprendidas tanto legales como reivindicativas para que los trabajadores cobren las nóminas que se les adeuda “se han dirigido al conjunto del Grupo Mabraser, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadoras del grupo, no solo las de los institutos, que son las más numerosas. También tenemos gente limpiando en el conjunto arqueológico de Medina Azahara o limpiando los cementerios de Cecosam”, la empresa municipal de cementerios de Córdoba.

En ese sentido, el sindicato pide que se garanticen los derechos del conjunto de trabajadores que presta servicio de limpieza desde Mabraser. Para ello, si como se ha anunciado, se está buscando por parte de la administración una empresa sustituta que ocupe el servicio de esta y subrrogue a las trabajadoras, UGt reclama que se beneficien todos los trabajadores de la empresa.

Solución para el conjunto de los trabajadores

“Abanderamos que sea para todo el grupo, no que se desmenuce y se solucione el problema de unas trabajadoras y de otras no”, pide Martínez, que reitera que la situación afecta a muchos otros trabajadores que desempeñan el servicio de la empresa Mabraser en otros espacios además de los institutos.

En estos centros educativos, desde hace semanas, las trabajadoras y los sindicatos vienen difundiendo su situación, que les ha llevado a tener varias nóminas por cobrar y no tener contacto alguno con la empresa, además de no tener material para limpiar en determinados momentos.

Ante esta situación, el sindicato UGT ya anunció hace unas semanas que emprendería acciones en la vía judicial, además de solicitar a la Junta de Andalucía que diera una solución a las trabajadoras de la limpieza de institutos y que resuelva el contrato con Mabraser para que otra empresa se haga cargo del servicio y de las trabajadoras.

Por su parte, ya en diciembre, CCOO puso una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el impago de salarios, la falta de equipos de protección individual (EPIS), la falta de productos de limpieza y el incumplimiento del control horario que afectaba a las trabajadoras de la limpieza del servicio que presta Mabraser.

La empresa no se presenta al Sercla

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha lamentado que Mabraser no se haya personado este lunes en el Sercla para tratar de llegar a una solución al impago de nóminas a sus más de 130 trabajadoras y trabajadores.

La secretaria General del mencionado sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, explicó que, no obstante, “CCOO sigue buscando junto a la Delegación de Desarrollo Educativa y Formación Profesional soluciones legales que permitan solventar la situación lo más rápidamente posible y de la forma menos lesiva posible para las trabajadoras y trabajadores”.

Por ello, y respecto a la convocatoria de huelga de CTA, Sánchez señaló que “CCOO entiende que la huelga debe ser el último recurso, porque entendemos que las trabajadoras y trabajadores ya tienen bastante con no haber cobrado como para perder ingresos por secundar una huelga” y “por el momento, vamos a seguir buscando una solución negociada”.

Cabe recordar que ya en diciembre, CCOO ha puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el impago de salarios, la falta de equipos de protección individual (EPIS), la falta de productos de limpieza y el incumplimiento del control horario“ y, además, ”desde diciembre hemos interpuesto demandas de cantidad de manera individual a las trabajadoras afiliadas al sindicato“, apunta la responsable sindical.

Según la dirigente sindical, “Mabraser adeuda a su plantilla la mitad de la paga extra de Navidad y el salario del mes de febrero, lo que supone un enorme perjuicio para el personal, compuesto mayoritariamente por mujeres con contratos y sueldos precarios, muchas de las cuales no pueden permitirse el lujo de estar un mes sin cobrar”.

Ante esta situación, el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba se dirigió a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para trasladarle la problemática existente y reclamarles que tomaran de inmediato las medidas necesarias para hacer cumplir a Mabraser el pliego de condiciones de adjudicación del servicio y en concreto, el pago de las nóminas, una cuestión primordial. Desde entonces, CCOO ha estado buscando la fórmula legal para poder solvantar esta lamentable situación.

“Hasta ahora, las trabajadoras han realizado su trabajo con gran profesionalidad a pesar de que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, porque entienden que la limpieza es una cuestión fundamental en centros que acogen a cientos de niños y niñas, además del personal docente y administrativo, pero si la situación persiste, no dudaremos en tomar medidas más contundentes, porque se está sometiendo a estas trabajadoras a riesgos psicosociales y físicos que ponen en riesgo su salud y seguridad y no vamos a permitirlo”, apostilló la secretaria General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba.