La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la absolución de tres personas acusadas de un delito leve de usurpación por ocupar una vivienda propiedad de la Sareb en una barriada de la capital desde hace casi una década. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la entidad y ha avalado la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

En su resolución, la Audiencia ha considerado que los hechos no encajan en el delito de ocupación de inmuebles ajenos sin autorización por, entre otros motivos, la tolerancia prolongada de la propiedad, la mediación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba y las negociaciones para un alquiler social.

Los hechos probados recogen que la primera ocupante accedió a la vivienda antes de 2016 “sin el consentimiento ni conocimiento” de la Sareb, y que posteriormente se incorporaron otros dos miembros de la familia. Los tres continúan residiendo en el inmueble junto a menores de edad. Durante este tiempo, la Sareb inició un procedimiento de desahucio que quedó paralizado “gracias a la mediación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba”, al tiempo que se abrieron conversaciones para regularizar la situación mediante un alquiler social.

En consecuencia, la Audiencia ha explicado que estas circunstancias generan una “duda más que razonable sobre la situación de tolerancia con que la primera de las acusadas ha estado disfrutando de la vivienda con pleno conocimiento de la propiedad”, lo que obliga a respetar la presunción de inocencia.

Rechazo a convertir el derecho penal en un “instrumento espurio de presión”

El tribunal también ha rechazado de forma expresa el principal argumento de la Sareb, que denunciaba una incorrecta valoración de la prueba. El magistrado ha señalado que el juez de primera instancia realizó un análisis lógico y coherente del material probatorio y que no se aprecia “una inferencia de prueba absurda o irracional que merezca tan radical declaración” como la anulación del juicio.

En relación con el fondo del asunto, la sentencia ha subrayado que no puede afirmarse que los acusados actuaran con conciencia de estar cometiendo un delito, ya que “los propietarios del inmueble por ellos usado [la Sareb] les han dejado vivir durante años en la casa sin incomodarles lo más mínimo” y, posteriormente, “han entablado negociación para paralizar primero un procedimiento civil de desahucio”.

Además, el tribunal ha advertido de que la vía penal no es el cauce adecuado para resolver este tipo de conflictos, “convirtiendo el derecho penal en un instrumento espurio de presión en la negociación de dos partes con intereses enfrentados”. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

El Ministerio de Vivienda anunció el pasado verano que iba a crear una nueva empresa pública que se hiciese cargo de decenas de miles de viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', para ponerlas a disposición en alquileres asequibles -por debajo del 30% de los ingresos de las familias-. Ahora, gracias a la información obtenida por ElDiario.es se ha conocido que son un total de 45.218 las viviendas transferidas por la Sareb a la nueva empresa pública para alquiler asequible y dónde están ubicadas en cada provincia.

Así, en concreto, en la provincia de Córdoba estas viviendas se concentran en dos municipios: en la capital -donde están la mayoría- y en La Carlota. En Córdoba capital se contabilizan 79 viviendas transferidas por la Sareb a la nueva empresa estatal para alquiler asequible. Según la población de la ciudad, esto supone una tasa de viviendas transferidas al nuevo organismo del 24,47%. Mientras, en La Carlota se localizan otras dos viviendas, alcanzándose una tasa del 14% (viviendas por 100.000 habitantes).

Hay que recordar que la Sareb se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, aquellas viviendas que las entidades se habían quedado tras procesos de desahucio, a medio construir o sin vender tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El objetivo inicial de Sareb era dar salida a las casas —y suelos— que había ido asumiendo de las entidades bancarias, para devolver una deuda avalada por el Estado antes de 2027.

Pero aquellos activos estaban valorados muy por encima de su precio real de mercado, lo que ha hecho prácticamente inviable saldar esa deuda, que acabará teniendo que asumir el Estado, porque, los que han podido colocarse, se han vendido a precios más bajos de los estimados inicialmente. La entidad estima que ha ido deshaciéndose de unos 10.000 inmuebles al año.

Ahora, las 45.000 viviendas que ha transferido la Sareb a la nueva empresa pública son, por tanto, muchas de las que quedan de aquellos paquetes que fue asumiendo a partir de 2012. Pero no todas, porque el Ministerio de Vivienda ha procurado que sean inmuebles que puedan ponerse a disposición en poco tiempo y en alquiler asequible, por debajo del 30% de los ingresos de las familias.

En total, 14.548 viviendas se ubican en ciudades de entre 50.000 y 250.000 habitantes; 10.423 en municipios de entre 20.000 y 50.000; 8.806 con entre 1.000 y 10.000; 5.762 con entre 10.000 y 20.000; y 5.559 en 18 grandes ciudades, de más de 250.000 habitantes, como el caso de Córdoba capital. Toda la información y el mapa de las viviendas distribuidas por provincias puede consultarse en este enlace.

El Gobierno de España ha movilizado un total de 238 viviendas en la provincia de Córdoba, dentro del del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), que tiene como objetivo habilitar 184.000 viviendas a nivel nacional en régimen de en alquiler social o a precios asequibles. 

La cifra total a nivel nacional es de 80.745 viviendas en estos momentos, poco más de un año después de la puesta en marcha de este Plan, destacando el Programa para construir viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, que ha superado sus expectativas en más de un 20% sobre lo acordado con la Comisión Europea. 

El caso de Córdoba es paradójico: es la penúltima de Andalucía en número de viviendas adscritas a este plan, superada por provincias con menos población. En concreto, hasta la fecha, el Gobierno ha movilizado 238 viviendas de la provincia, de las que 140 corresponden al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y 98 al Plan de Recuperación.

La cuestión es que el Gobierno no ha movilizado en la provincia de momento ninguna vivienda de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ni tampoco alguna vinculada a acuerdos con entidades locales.

Datos Nacionales

A nivel nacional, el Ministerio ya tiene más de 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman las 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sareb y las 10.411 activadas por el Fondo Social. 

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lidera cinco programas para contribuir a alcanzar la meta de levantar unas 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda la geografía española. Cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social. 

En concreto, el objetivo inicial de MIVAU es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondos Europeos de Recuperación NextGenerationEU, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y acuerdos con entidades locales. 

Los programas impulsados por MIVAU incluyen el acuerdo con el Ministerio de Defensa para comprar ocho millones de m2 de terrenos en desuso a través de Sepes y levantar unas 20.000 viviendas; la nueva línea de préstamos ICO de 4.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación para la construcción y rehabilitación de hasta 43.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social, a la que se suma la línea de avales ICO a estos préstamos por valor de 2.000 M€; el Programa para construir viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, las ayudas a las CCAA del Plan Estatal de Vivienda y los acuerdos con entidades locales. 

Programa de construcción de viviendas de alquiler social

El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes planteaba como objetivo la construcción de 20.000 viviendas con una inversión de 1.000 millones de euros. 

El Gobierno de España ha formalizado con comunidades autónomas y entidades locales un total de 556 acuerdos para la construcción de 24.283 viviendas, con una inversión total de 966.184.614,57 €. 

Las 24.283 viviendas se han firmado con las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y se reparten de la siguiente manera: 3.743 en Andalucía, 790 en Aragón, 566 en Asturias, 1.054 en Canarias, 285 en Cantabria, 865 en 

Castilla-La Mancha, 1.241 en Castilla y León, 5.580 en Cataluña, 29 en Ceuta, 3.441 en la Comunidad de Madrid, 320 en Navarra, 2.041 en el caso de la Comunidad Valenciana, 477 en Extremadura, 1.140 en el País Vasco, 752 en Islas Baleares, 1.217 en Galicia, 125 en La Rioja, 569 en Murcia y 48 en Melilla. 

A través de este plan de ayudas, MIVAU pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública. Estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026. 

SEPES moviliza 16.780 viviendas

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el 9 de mayo de 2023 se aprobó destinar hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, se aprobó que MIVAU, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), adquiriese a Defensa estos suelos para construir, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla. 

La SEPES ha movilizado hasta ahora 16.780 de esas viviendas, incluyendo Campamento (Madrid), que supondrá la construcción de 10.700 viviendas, el 60% de ellas de públicas y cuyo proyecto de urbanización ya ha sido registrado en el Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo, SEPES también ha registrado en el Ayuntamiento de Málaga el proyecto de urbanización de los terrenos de la entidad en el barrio de Buenavista, para impulsar 1.400 viviendas asequibles, gracias a una actuación de casi 34 millones de euros. 

El Ministerio, a través de los diferentes programas que componen los Planes Estatales de Vivienda 2018-2021 y 2022-2025, ya ha puesto en marcha la construcción de más de 8.000 viviendas. 

Para su construcción, el Gobierno de España ha destinado más de 220 millones de euros de estos dos planes estatales a través de más de 300 acuerdos con las comunidades autónomas y entidades locales. 

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha puesto en marcha una nueva iniciativa para poner a disposición de los municipios una cartera de suelos para su uso con fines sociales. En concreto, la Sareb ha contactado con más de 520 ayuntamientos para ofrecerles la compra de un perímetro de 4.770 suelos en condiciones ventajosas. Los suelos seleccionados por Sareb proceden de las antiguas 24 cajas de ahorro que transfirieron sus activos a Sareb y están repartidos en municipios de distinto tamaño de 16 comunidades autónomas.

Según ha podido conocer este periódico, los consistorios cordobeses contactados han sido La Carlota, Lucena, Baena y Montoro. No obstante, fuentes de la entidad no han querido precisar a este medio cuántos metros cuadrados ha ofertado en estos municipois de Córdoba

Se trata de solares de distinta tipología y que pueden ser aprovechados para diferentes proyectos de interés público. Entre los posibles usos, figuran la construcción de equipamientos públicos como centros de salud, parques infantiles, zonas verdes o aparcamientos. En los casos en los que la normativa lo permita, los suelos también podrían destinarse a la construcción alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros.

Este acercamiento directo a los municipios se enmarca en el trabajo desarrollado por la Sareb para reforzar su colaboración con las administraciones públicas con las que la compañía tiene abiertas varias líneas de trabajo, como los convenios de cesión de vivienda para alquiler social y emergencia habitacional o la oferta de compra preferente de sus viviendas para incrementar el parque de alquiler social y asequible. Un proyecto alineado también con el desarrollo del principio de sostenibilidad y de utilidad social con el que fue enriquecido su mandato en 2022, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) se hizo con la mayoría del capital social de la compañía.

Sobre esta cuestión, la de la venta de viviendas de viviendas sociales, la Sareb ha confirmado que actualmente no hay ningún proceso abierto con el Ayuntamiento de Córdoba.

“Desde Hacemos Córdoba lamentamos que el gobierno municipal deje de proteger a 17 familias que no tienen una alternativa habitacional”. La confluencia de izquierdas ha reaccionado de esta manera a la información publicada por este periódico sobre la caducidad en este mes de mayo del convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Sareb para el alquiler social de estas viviendas. 

“Hablamos de un convenio, que se firmó en el mandato anterior, que parece el alcalde ha decidido no prorrogar, y eso que supuso que Sareb cediera 17 viviendas que el Consistorio destinó a alquiler social para familias vulnerables”, han denunciado a través de un comunicado, al tiempo que han señalado que “es curioso que durante cuatro años hayan mantenido un convenio que llegaron a asegurar que estaba al margen de la Ley”.

No obstante, este decisión de no prorrogarlo es “una muestra más de que este equipo de gobierno es insensible, sobre todo si tenemos en cuenta que estos cuatro años de mandato han estado marcados por la ausencia de políticas sociales y por la eliminación de recursos habitacionales”, han criticado. “Este Ayuntamiento del PP no mira a las personas, ni atiende ni se preocupa de sus necesidades”, han expresado. 

Así, han señalado “como ejemplos” que en su día “eliminaron el proyecto Housing First y la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, no han sido capaces de finalizar el Centro de Emergencias Habitacional y, ahora, deciden no prorrogar el convenio con Sareb, dejando a 17 familias a expensas de lo que quiera hacer dicho banco”.

En mayo de 2019, en el anterior mandato municipal, el Ayuntamiento de Córdoba a través de su empresa pública de vivienda, Vimcorsa -entonces en manos de Izquierda Unida (IU)-, firmó con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el 'banco malo', un convenio para la cesión de 17 viviendas que el Consistorio destinó a alquiler social para familias vunerables. Ahora, a punto de cumplirse en mayo los cuatro años de vigencia del convenio, este va a caducar sin prorrogarse.

Dicho convenio fue denunciado públicamente en octubre de 2019 por el actual equipo de gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) del Ayuntamiento, a los pocos meses de haberse firmado. El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), dijo entonces que el acuerdo con la Sareb estaba “firmado al margen de la ley”, que el convenio estaba rubricado por la que fuera su antecesora en la empresa municipal de vivienda cuando debiera haber sido firmado por la entonces alcaldesa y que se había hecho “a espaldas de todos los mecanismos de control existentes” en el Consistorio. Desde entonces, el gobierno no había dicho en qué situación quedaría el convenio y las familias que viven en esas viviendas. Ahora, preguntado por este periódico al respecto, no ha ofrecido respuesta hasta el momento. Pero desde la Sareb aseguran que el convenio caducará en mayo, tras cuatro años de vigencia y sin hacer uso de la posibilidad de prórroga que se contemplaba.

En ese sentido, fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria han explicado a Cordópolis que “el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba terminará en las próximas semanas”.

Dicho convenio incluía la cesión de 17 viviendas por parte del 'banco malo' para que las gestionara Vimcorsa. De ellas, al menos trece se encontraban ocupadas por familias que no tenían otra alternativa habitacional. Desde Servicios Sociales se constató entonces dicha situación y se realizaron los informes pertinentes sobre la vulnerabilidad de estas personas, requisito para acceder a estos inmuebles a través del alquiler social estipulado.

Esto permitió reconducir su situación de ocupación de las viviendas a ser arrendatarios, estabilizar su rol de inquilinos en dichos inmuebles, para los que se estableció un alquiler social de 125 euros al mes, que la Sareb giraba a Vimcorsa y la empresa municipal debía repercutir en las familias para ingresarlo posteriormente a cuenta de la Sareb.

¿Qué pasa ahora con esas viviendas y las familias que viven en ellas?

Pero, ¿qué pasará ahora con esas familias y las viviendas que habitan? La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria explica que “esas viviendas volverán a Sareb y nos encargaremos de la gestión de esas familias, que pasarán a formar parte del programa de Vivienda Social que Sareb puso en marcha en 2022”. Esto es, la Sareb gestionará directamente esas viviendas y, una a una, la situación de cada familia y su alquiler social, que podrán seguir viviendo en estos inmuebles si cumplen los requisitos.

Se trata de un programa en el que, a través de la labor de trabajadores sociales, se constatará que las familias siguen cumpliendo los criterios para acceder a un alquiler social, accediendo asimismo a un asesoramiento en la búsqueda de empleo si fuera necesario y a tramitar las ayudas a las que pueden optar de las distintas administraciones, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital. Incluso, pueden inscribirse en la bolsa de empleo puesta en marcha por la propia Sareb, que intermedia en la búsqueda de trabajo por parte de los inquilinos de sus viviendas en alquiler social.

Como en su día se hizo en Córdoba, la Sareb sigue trabajando con los ayuntamientos y comunidades autónomas que tienen firmados convenios con esta sociedad para la cesión de sus viviendas para alquileres sociales y, actualmente, tiene unas 2.000 inmuebles en esta situación en toda España. A ello se sumarán las 50.000 viviendas de la Sareb que el Consejo de Ministros ha aprobado movilizar para alquileres a precios asequibles, distribuidas en distintos puntos del país.

Este pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros de esta semana aprobaría la movilización para alquileres a precios asequibles de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el 'banco malo'. En Córdoba, hace años, ya se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Sareb para que esta cediera viviendas al Consistorio, que se gestionarían para alquileres sociales a familias vulnerables en riesgo de exclusión social.

Primero, la idea surgió en Córdoba en el anterior mandato municipal. En 2015, con un gobierno local conformado por PSOE e Izquierda Unida (IU), se creó la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda que, entre sus competencias, incluyó dar respuesta a familias que podían verse afectadas por casos de desahucios y sin un techo bajo el que vivir. El concejal responsable entonces al frente de esta oficina, Rafael del Castillo (IU), de hecho era miembro activo de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba.

Él mismo recuerda con Cordópolis que en aquel año se firmó un preacuerdo entre el Ayuntamiento y la Sareb. Hubo entonces unos meses de negociaciones para alcanzar ese principio de acuerdo, donde en un borrador se esbozó que el 'banco malo' cedería entre cinco y diez viviendas, con alquileres sociales de entre 75 y 150 euros. La gestión de los inmuebles se haría de manera directa por la Oficina Municipal de la Vivienda, que repercutiría el pago de alquiler en las familias. Estas deberían contar para ello con un informe de los Servicios Municipales que dieran fe de su situación de vulnerabilidad.

Pero en ese momento, la idea quedó solo en ese preacuerdo, recuerda Del Castillo. Y no se llegó a firmar el convenio que respaldara la iniciativa. Hubo desencuentros sobre quiénes y cómo se pagarían los costes de rehabilitar las viviendas que lo necesitaran, y si ahí ya debía entrar en juego otra entidad del Ayuntamiento, la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa.

Firma del convenio en 2019

Fue, finalmente, en los últimos meses de aquel mandato municipal, cuando sí se llegó a firmar dicho convenio para que la Sareb cediera sus viviendas y el Ayuntamiento de Córdoba las pudiera destinar a alquiler social. La iniciativa la encabezó entonces Vimcorsa, como empresa municipal de vivienda, en manos de IU. El convenio con la Sareb se firmó en mayo de 2019, al filo de las últimas elecciones municipales.

Dicho convenio incluía la cesión de 17 viviendas por parte del 'banco malo' para que las gestionara Vimcorsa. De ellas, al menos trece se encontraban ocupadas por familias que no tenían otra alternativa habitacional. Desde Servicios Sociales se constató dicha situación y se realizaron los informes pertinentes sobre la vulnerabilidad de estas personas, requisito para acceder a estos inmuebles a través del alquiler social estipulado.

Esto permitió reconducir su situación de ocupación de las viviendas a ser arrendatarios, previa colaboración de las familias con Servicios Sociales para estabilizar su rol de inquilinos en dichos inmuebles. Se estableció un alquiler social de 125 euros al mes, que la Sareb giraba a Vimcorsa y la empresa municipal repercutiría en las familias.

El convenio se firmó con una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórrogas por cuatro años más. Y, entonces, se veía con buena disposición al 'banco malo' para que, concluido el plazo del convenio, las viviendas pudieran ser ofertadas al Ayuntamiento a bajo precio.

Cambio de gobierno municipal

Pero eso no llegó a ocurrir. En octubre de 2019, cinco meses después de la llegada al gobierno municipal de PP y Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de Córdoba, los populares estaban al frente de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, y denunciaron el convenio con la Sareb por estar “firmado al margen de la ley”. Argumentaron, entre otras cosas, que el convenio estaba rubricado por la que fuera presidenta de Vimcorsa por IU, Alba Doblas, con “ausencia de representación legal” y debiera haberse firmado por la entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE). Informaron entonces de que se había hecho “a espaldas de todos los mecanismos de control existentes” en el Consistorio. Desde entonces, no se ha anunciado que este gobierno municipal vaya a reanudar el acuerdo con la Sareb.

Actualmente, la Sareb señala en su web sobre su oferta inmobiliaria que disponde de 58 viviendas en Córdoba capital, donde también tiene 10 obras en curso.

La idea de dar salida a las viviendas de la Sareb para dar respuesta a familias sin posibilidades de tener un techo ya fue propuesta también por el Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, que en 2016 pidió a la Junta y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Andalucía que firmaran acuerdos con el 'banco malo' para que muchas de estas viviendas fuesen asumidas por estas instituciones y se pusieran al servicio de las personas en situación de emergencia habitacional.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el banco malo, cuenta en Córdoba con hasta 89 viviendas que podría destinar a alquiler social o asequible, a partir de que este martes el Consejo de Ministros apruebe la salida al mercado del alquiler de hasta 50.000 viviendas de esta sociedad.

El anuncio lo ha hecho este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien todavía queda por clarificar cuántas viviendas pasan a ofrecerse al alquiler asequible, dónde y por cuánto. 

Lo que sí ofrece la Sareb son datos de su oferta inmobiliaria. Así, de las 89 viviendas de las que dispone en su web, 58 están en la capital cordobesa, donde también tiene 10 obras en curso.

El resto de viviendas se reparten entre La Carlota (21), Lucena (1), Fernán-Núñez (4), Guadalcázar (2), Puente Gentil (1), Villa del Río (1) y Villafranca (1).

No obstante, el número de viviendas que pueden pasar a alquiler asequible es todavía una incógnita. Según señala la Sareb en su web, los activos que muestra pueden encontrarse en diferentes situaciones (en comercialización, en proceso de adecuación, cedidos a administraciones públicas para alquileres sociales, con habitantes…). Además, el listado no incluye aquellos activos que no son propiedad de la compañía, como los inmuebles que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión por Sareb.

Una treintena de viviendas de la Sareb cedidas ya al Ayuntamiento

Por otra parte, el anuncio de Sánchez recoge una iniciativa que ya se inició en el anterior mandato en Córdoba, donde, la Delegación de Servicios, entonces en manos de IU, se reunió con los responsables de la Sareb para que cediera algunos inmuebles para para atender la emergencia habitacional en la ciudad. El Gobierno de PP y Cs también ha incorporado activos del ‘banco malo’ en el presente mandato.

En éste ámbito, en la capital, la Sareb ha cedido en la última década cerca de una veintena de viviendas al Ayuntamiento de Córdoba para que las gestione. Entre 2012 y 2019 sólo fueron una docena, según informó el Defensor del Pueblo en un informe. Con posterioridad, aumentaron hasta 17, cuando en ese mismo año se selló un convenio de cesión con la Sareb para destinarlos a alquiler social. De aquellas 17 viviendas, seis están en el distrito norte, otras seis en la periferia (una en Alcolea y cinco en Villarrubia) y cinco se ubican en el casco histórico.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida popularmente como el 'banco malo', cuenta con inmuebles en 18 municipios de la provincia de Córdoba una década después de su creación tras la crisis del ladrillo.

En total, el 'banco malo' tiene en la provincia cordobesa 234 propiedades inmuebles, entre viviendas, anejos, obras en curso, solares y suelos de uso terciario (comercial u otros). Más de la mitad de esos inmuebles se encuentran en Córdoba capital, con 123.

En la ciudad, la Sareb mantiene actualmente 38 viviendas, 11 anejos, 20 obras en curso, 33 solares y 21 suelos de uso terciario, según la estadística publicada en la página web del 'banco malo', consultada por este periódico.

En la capital, la Sareb ha cedido en la última década cerca de una treintena de viviendas al Ayuntamiento de Córdoba para que las gestione. Entre 2012 y 2019 sólo fueron una docena, según informó el Defensor del Pueblo en un expediente. Con posterioridad, aumentaron hasta 17, cuando en ese mismo año se selló un convenio de cesión con la Sareb para destinarlos a alquiler social. 

La Carlota, líder de la provincia en inmuebles de la Sareb

El segundo municipio cordobés que cuenta con más inmuebles en manos de la Sareb es La Carlota, que suma 51, entre 22 viviendas, nueve anejos, 18 solares y dos suelos de uso terciario. Le siguen Bujalance y Lucena, ambas localidades con 19 propiedades del 'banco malo'.

Tras ellos, ya de lejos, se encuentran las localidades de Fernán Núñez con cuatro viviendas, mientras que en Baena, Doña Mencía, Guadalcázar y Obejo con dos propiedades inmobiliarias de la Sareb.

Y completan el listado otras nueve localidades cordobesas en las que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria tiene un inmueble. Se trata de Belmez, Fuente Obejuna, Montilla, Montoro, Palma del Río, Puente Genil, Rute, Villa del Río y Villafranca de Córdoba.