La provincia de Córdoba se sitúa en el furgón de cola de España en la concesión de resoluciones de protección temporal para personas que piden asilo a través de este mecanismo de emergencia del Ministerio del Interior. Córdoba es, con diferencia, la provincia andaluza con un menor número de estos asilos temporales concedidos en el último año completo y, además, se ubica entre las diez provincias españolas con menos protecciones internacionales de este tipo.

La resolución de protección temporal del Ministerio del Interior es un mecanismo de emergencia en España que otorga residencia y acceso a servicios básicos de forma inmediata y temporal -prorrogable hasta tres años- a personas desplazadas masivamente, como ocurrió por ejemplo con la población de Ucrania, que no puede regresar a su país de origen, permitiéndoles vivir legalmente sin pasar por el proceso de asilo ordinario.

Según los datos del Anuario de Estadística del Ministerio del Interior, con referencia al ámbito de la protección internacional en el último año completo, 2024, en la provincia de Córdoba se concedieron 38 resoluciones de protección temporal. De ellas, 23 se otorgaron a hombres y 15 a mujeres.

Cinco protecciones en Zamora y 5.952 en Málaga

Esa cifra es casi la mitad de la siguiente provincia andaluza con menos protecciones de este tipo, que es Jaén con 75. El resto de las provincias de Andalucía superan con creces a Córdoba, como es el caso de Huelva (86 protecciones temporales), Sevilla con 110, Granada con 152, Almería con 282, Cádiz con 336 y, con mucha diferencia, Málaga es la provincia andaluza con una mayor de protecciones, con un total de 5.952.

En el conjunto de Andalucía, la cifra suma 7.031 resoluciones de protección internacional temporal. Y, en toda España, las resoluciones temporales de protección registradas en el año 2024 ascendieron a 36.737, repartidas casi por igual entre mujeres (18.414) y Hombres (18.323).

Por debajo de Córdoba, con un número aún menor de asilos temporales solo hay un puñado de provincias, ocho en concreto. Por orden de menor a mayor número de protecciones, se sitúan Zamora con 5, Soria con 8, Palencia con 18, Salamanca con 22, Ourense con 24, Badajoz con 26, Lugo con 29 y Cáceres con 30. La siguiente provincia, en el noveno puesto de ese furgón de cola, sería Córdoba, con 38 protecciones.

El Bulevar del Gran Capitán ha acogido este viernes por la mañana una fiesta de la diversidad con motivo de la conmemoración del Día de las Personas Refugiadas que se celebra el 20 de junio. Distintas entidades sociales que trabajan de forma coordinada durante todo el año en la atención, protección e inclusión de las personas refugiadas han llevado a cabo la acción, como son Accem, APIC, Benefip-Hop, Córdoba Acoge, Cruz Roja, Provivienda y El Mat.

Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, una fecha que debe servir par poner rostro y voz a quienes se han visto forzados a dejarlo todo atrás: su hogar, su familia, su historia. En Córdoba, más allá de estadísticas y cifras, hay historias reales, concretas y profundamente humanas. Hoy, desde Cordópolis le damos voz a Daniela, Musa y Mayya, tres personas refugiadas en Córdoba -los dos primeros, muy jóvenes- que están recibiendo el apoyo de la Universidad de Córdoba (UCO). Son originarios Colombia, Palestina y Ucrania, pero tienen en común un largo viaje lleno de incertidumbre, decisiones difíciles y una lucha diaria por salir adelante lejos de casa.

Daniela tiene 21 años y llegó a Córdoba en 2023 desde Colombia. Su intención era participar en un intercambio universitario, pero cuando eso no fue posible, decidió quedarse en la capital cordobesa intentarlo por su cuenta. Había invertido tiempo, dinero y muchas esperanzas en ese viaje. Podría haberse dado la vuelta. Pero no lo hizo. Sabe que la situación en su país es complicada, pero su decisión de abandonar su país respondió a su deseo de formarse y poder trabajar. En esa decisión, dejó a toda su familia en Colombia y viajó a Córdoba.

“Tenía claro que no quería regresar a Colombia. Tenía la ilusión de seguir estudiando, de tener otra vida, de formarme. Mis padres no tienen muchos recursos, y sabíamos que era una oportunidad única”, explica. Así que, con apenas 20 años, tomó la decisión de quedarse en Córdoba y tratar de encauzar su plan. Buscó cómo matricularse en la Universidad y logró entrar en Educación Social.

Camina por los pasillos de la Facultad de Educación de la UCO cargando una mochila que parece pesar más por las responsabilidades que por los libros. Estudia por la mañana el Grado de Educación Social, de 8:30 a 15:00, pero su jornada empieza mucho antes. De 6:00 a 8:00 trabaja limpiando gimnasios para poder pagar facturas y, al fin y al cabo, “sobrevivir”. Desde Colombia se trajo unos pocos ahorros, pero desde su llegada a Córdoba empezó a trabajar. Pudo obtener su condición de asilada política y así conseguir el permiso de trabajo. Desde hace apenas dos meses consiguió la residencia para poder estar legalmente en España.

Reconoce que el primer año estudiando Educación Social fue el que más le costó, tanto económica como académicamente. “Una parte de la matrícula la pagué con lo que me traje de Colombia y el resto, lo fraccioné. Pude afrontar esos gastos gracias a los trabajos que me salían. Gracias a que aprobó buena parte de las asignaturas, quedó exenta de pagar otras durante este segundo curso. Además, solicitó una beca para el pago de matrícula que ofrece la UCO dentro del plan UCO-Refugio y que le fue concedida.

Su futuro solo pasa por seguir en Córdoba. Desde que emigró a la capital no ha vuelto a ver físicamente a sus padres, quienes no quieren abandonar su país de origen. “Reconozco que me hace mucha falta mi familia, pero aquí tengo la oportunidad de salir adelante y de que mi carrera sea reconocida para poder trabajar, algo que no ocurre en Colombia”.

Como Daniela, Musa también llegó a Córdoba en busca de un futuro para el que es clave la formación y el estudio. Oriundo de Palestina, su primer aterrizaje en España fue Granada, en 2021. Allí se preparó la Selectividad y pudo entrar en el Grado de Ingeniería Eléctrica de la UCO en septiembre de 2022. También emprendió su viaje solo. Sus padres y sus hermanos viven en Jordania, después de que hayan tenido que abandonar Palestina ante el genocidio que está cometiendo Israel.

El recrudecimiento de la guerra hizo que Musa pidiera la condición de refugiado hace menos de un año pidió asilo debido “a las complejidades que conlleva la tarjeta de residencia, que se tiene que renovar continuamente, un proceso que, además, tarda”. En este caso, la UCO también lo ha apoyado a través de una beca para afrontar el pago de la matrícula. En un español que se le entiende a la perfección -ha asistido a clases desde que aterrizó en España-, explica que nunca ha experimentado racismo en Córdoba, pero sí ha sentido una cierta sensación de “abandono” cuando, al principio, no manejaba el idioma y no sabía relacionarse. Tres años después, Musa tiene amigos y una red de apoyo en su día a día, pero “siempre” echa de menos a su familia, quienes tampoco quieren abandonar Jordania.

Y el testimonio de Mayya sí está directamente relacionado con la guerra, en su caso, la de Ucrania. Cuando Rusia decidió invadir su país, ella era jefa de una cadena de restaurantes. Lo tenía todo y su situación económica era buena, pero la guerra lo aniquiló todo. Puso un pie en Córdoba en abril de 2022 porque su hija ya vivía en la ciudad antes del conflicto.

Hace muy poco que se ha enterado de que su marido ha muerto en Mariúpol. Durante semanas, ella y su hija no supieron nada de él. “Llamábamos muchas veces, pero no había conexión. Finalmente, una vecina que logró salir hacia Alemania nos contó que había muerto”, relata. Su hija, que regresó a Ucrania, tiene ahora una pareja luchando en el frente.

En Córdoba, le ha tocado empezar de nuevo. En Ucrania ya estaba jubilada dado que allí la edad está fijada en los 60 años. Pero sabe que en España debe ponerse a trabajar. Gracias a la organización Accem, que trabajar con personas refugiadas, aprendió español, participó en actividades comunitarias y buscó orientación para rehacer su vida. La UCO la ha becado para conseguir el nivel B2 de español a través de UCO Idiomas. “No pensaba quedarme. Quería volver a Ucrania, pero ahora no veo que sea posible”, lamenta amargamente esta mujer, que está en Córdoba gracias a una protección temporal que renueva continuamente hasta que le sea otorgada la condición de refugiada.

Daniela, Musa y Mayya son solo tres de los muchos rostros que encarnan el drama y la resiliencia del refugio. Jóvenes o mayores, solos o con familias rotas por la distancia y la guerra, todos ellos buscan reconstruir una vida digna en un lugar que no eligieron, pero que los ha acogido.

El Plan de la UCO para ayudar a los refugiados

El Plan UCO Refugio, aprobado el Consejo de Gobierno de la UCO, contempla tres grandes líneas de acción que se extenderán hasta 2030. La primera de ellas se centra en los servicios y apoyos que puede ofrecer la Universidad de Córdoba a personas refugiadas o solicitantes de asilo que ya sean estudiantes de la UCO. Es decir, está pensada sobre todo para quienes están en situación de refugio y también desean continuar o comenzar estudios universitarios.

Dentro de esta línea se ofrecen becas de grado y posgrado, así como asesoramiento especializado para el empleo y el emprendimiento. También se comunican todo tipo de programas y se resuelven dudas académicas. Además, existe una flexibilización en convocatorias y requisitos, ya que muchas veces estas personas no pueden presentar documentación por su situación, tal y como señala la directora del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, Mayte Hernández Merino.

La segunda línea está dirigida a personas refugiadas o solicitantes de asilo que no pueden acceder a la universidad, ya sea por no cumplir con los estudios requeridos o por no haber podido hacer la prueba de acceso a la Universidad.

Para ellas, la UCO ha puesto en marcha diferentes acciones, como la cesión de instalaciones deportivas una vez por semana, en colaboración con asociaciones de acogida de Córdoba, donde realizan actividades de ocio, integración y distracción. También se les facilita el acceso a cursos de formación, por ejemplo, en natación, que pueden realizar durante tres meses.

Estas personas también pueden recibir becas para formación en idiomas, tanto en español como en inglés, como ha sido el caso de Mayya. Aunque no estén matriculadas oficialmente como estudiantes de la UCO, se les orienta a través de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba para su inserción social y profesional.

La tercera y última línea del Plan es de sensibilización y concienciación dirigida a la comunidad universitaria. En este marco cuenta Hernández, se ha organizado una exposición fotográfica sobre Palestina en la Biblioteca Universitaria, y en redes sociales se difunden mensajes, actividades y cursos.

Según los datos ofrecidos por la directora del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, en cuanto al impacto actual del Plan, se han otorgado 13 becas este año, todas por valor de 1.000 euros, para que puedan ser usadas en formación, ya sea en estudios de grado o en cursos de idioma de la UCO. Actualmente, hay unas siete personas previstas para iniciar el curso de natación y en las actividades deportivas semanales participan entre 20 y 30 personas refugiadas.

Andalucía vuelve a ser en 2024 la segunda comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de protección internacional, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, según detalla la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual sobre las personas refugiadas en España y Europa basándose en los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Por provincias andaluzas, solo tres han experimentado un descenso en sus datos mientras que en el resto han subido, siendo Córdoba la que ha anotado el incremento más elevado en todo el territorio andaluz: hasta un 49,8% más de solicitantes de asilo que en 2023.

Según los datos consultados por este medio, en Andalucía, del 1 de enero al 31 de diciembre del pasado año se contabilizaron 25.538 solicitudes de protección internacional en la comunidad, muy cerca de las 25.948 del año anterior. Por provincias, Málaga vuelve a ser la provincia andaluza con más solicitudes (8.020), posicionándose también como la tercera a nivel estatal, por detrás de Madrid y Barcelona. A Málaga le siguen Almería (3.945), Sevilla (3.932), Cádiz (2.839), Córdoba (2.317), Huelva (1.936), Granada (1.554) y Jaén (995).

Si comparamos estos datos con los de 2023, vemos cómo Córdoba ha pasado de registrar 1.546 solicitudes de asilo a anotar 2.317, protagonizando el mayor aumento interanual de Andalucía. A ese crecimiento del 49,8% que ha experimentado la provincia cordobesa le siguen Almería (+29,9%), Cádiz (18,34%) y Huelva (8,15%). En el otro lado se encuentran las que han visto reducidos sus datos, como son Málaga (-23,79%), Jaén (-3,7%), Sevilla (-3,1%) y Granada (-1,7%).

Hasta 2023, el Ministerio del Interior desglosaba las peticiones de asilo en función de la nacionalidad. Entonces, el 60% de los solicitantes de protección en Córdoba procedían de Colombia (514) y Venezuela (419). En los datos de 2024, Interior no ha desglosado por provincias la nacionalidad de los solicitantes, pero sí ha establecido una enumeración de los países de origen de los que piden asilo en España.

Así, de los 167.366 solicitantes de protección en nuestro país durante 2024, 66.134 eran venezolanos, 40.140 colombianos; 10.673, malienses; 10.427, peruanos; 7.708, senegaleses; 4.248, marroquíes; 2.123, nicaragüenses; 1.904, hondureños; 1.890, mauritanos; y 1.657, ecuadoreños. Con el dato global, España fue el segundo país de la Unión Europea (UE) en recibir peticiones de asilo. Sin embargo, se sitúa nuevamente a la cola en cuanto a la tasa de reconocimiento, con un 18,5% de las resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea (46,6%).

El incremento de solicitudes en el conjunto del país alcanza el 2,5%, siendo las tres primeras nacionalidades solicitantes Venezuela, Colombia y Mali, que subió considerablemente debido al recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria. El Ministerio del Interior no ofrece la tasa de reconocimiento provincializada.

En enero de 2018, el Gobierno de la Junta de Andalucía -con el PSOE al frente entonces-, anunció que el refugio antiaéreo excavado bajo la Plaza de España de Villanueva de Córdoba durante la Guerra Civil sería declarado Lugar de Memoria Democrática. Seis años después, el refugio de Villanueva no aparece aún en el Mapa de Lugares de Memoria de Andalucía, algo sobre el que el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio al constatar que este plano sigue con las mismas 50 referencias con las que se abrió en el año 2017.

Así, en el Mapa de Lugares de Memoria Histórica en Andalucía, catalogado digitalmente en una página web puesta en marcha el 9 de mayo de 2017 con 50 referencias repartidas por las ocho provincias, no hay inscripción nueva alguna desde entonces, más de siete años después, ya con dos gobiernos del PP al frente de la Junta. “Continúan catalogadas las mismas 50 referencias”, constata en su actuación de oficio el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu. Y, con ello, no aparece identificado el refugio de Villanueva de Córdoba.

Desde que el PP gobierna en la Junta se han aprobado tres nuevos Lugares de Memoria, entre ellos el refugio antiaéreo de Villanueva, aunque la tramitación de su expediente se iniciara con el último gobierno del PSOE.

Se trata del refugio antibombardeos de la Guerra Civil mejor conservado de la provincia y que fue recuperado con el fin de que ese episodio oscuro de la historia no quedara en el olvido. Esta construcción se convirtió en plena contienda civil en uno de los mayores espacios para escudarse ante los bombardeos aéreos de la guerra, en las entrañas de la principal plaza de Villanueva de Córdoba. En poco más de ocho meses en el año 1938 se erigió este refugio, cuando el municipio duplicó su población con la afluencia de refugiados de otras partes de la provincia, especialmente del sur y de la Campiña.

Obra de ingeniería y recuperación

Ingenieros militares estuvieron al cargo de las obras, donde también participó personal civil en una edificación de peculiares características. Cinco accesos en las inmediaciones de la plaza servían para que los vecinos pudieran entrar rápidamente en el refugio llegando desde cualquier punto del pueblo. Unos accesos que en unos pocos metros formaban un recodo y cambiaban su dirección para evitar que la onda expansiva de una bomba -que se propaga en línea recta- alcanzara al resto del refugio.

Todos los accesos confluían en una amplia sala abovedada con una techumbre de gran fortaleza para el objetivo que perseguía, que era proteger de los ataques de la aviación a los civiles. Los historiadores del lugar calculan que, en el espacio de la sala principal y las decenas de metros de los túneles de acceso, el refugio antiaéreo fue capaz de albergar en su momento a unas 9.000 personas en una zona que no fue la más castigada por los bombardeos.

En 2008 se acometió una mejora integral de este espacio, se impermeabilizó todo el refugio y se instaló una bomba para evacuar el agua que el terreno mana naturalmente. Y, desde hace unos años para acá, el refugio se ha recuperado para la visita de curiosos, historiadores y turistas, tal y como hoy se puede ver en pleno centro de Villanueva de Córdoba.

Las artistas María Hames y Eli Campos llevan a escena este miércoles el espectáculo ¿Qué sueñan los nadie?, que se estrena en la Casa de la Juventud, dentro del programa Planneo Al Fresco, con una propuesta que fusiona danza contemporánea, circo y expresión corporal.

Según detalla la productora en una nota, ¿Qué sueñan los nadie? aborda temáticas profundas y actuales, tales como los olvidados, los desplazados, los masacrados y los refugiados.

Lo hace “a través de una estética poderosa”, que permite retratar los sueños y pesadillas de aquellos que, para el primer mundo, no tienen nombre ni identidad, pero que en realidad, lo único que tienen que perder es su vida.

“La obra es un homenaje a todos los que tienen la valentía de soñar con una vida mejor, a pesar de las adversidades”, explican sobre una obra dirigida por Ángel Vázquez.

Sobre el escenario, la bailarina y acróbata María Hames y la bailarina Eli Campos, encargas de llevar sobre sus cuerpos una obra que invita “a la reflexión y a la empatía”.

En 2006, Córdoba apenas registró 15 solicitudes de asilo. En 2023, la cifra ascendió a 1.544; un aumento del 10.193,3%. La mayoría de ellas las pidieron colombianos, venezolanos, nicaraguenses y pakistaníes. Pero, ¿cuántos refugiados hay en Córdoba? ¿Qué porcentaje de solicitudes son denegadas y admitidas? ¿Cuánto tiempo medio esperan hasta que estas se resuelven?

En el momento de escribir estas líneas ha sido imposible poder esbozar un mapa del refugiado que vive en Córdoba, así como un perfil sociodemográfico sobre este colectivo. Las asociaciones que trabajan con estas personas, que huyen de sus países por un motivo un otro, solo pueden ofrecer datos de los solicitantes de asilo a los que ayudan hasta que su petición es resuelta o hasta que se les acaba el plazo máximo de 18 meses dentro del sistema de acogida temporal.

Este jueves, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas; aquéllas que en los últimos años tanto víctimas de los bulos como de la artillería pesada de la extrema derecha. Y junto a todo ese racismo sobre el que se sustenta esa maraña de desinformación que se propaga, también ha florecido el racismo selectivo tras la guerra en Ucrania. Los miles de ucranianos que han huido tras el conflicto en su país han sido recibidos por España con los brazos abiertos, mientras que en “la valla de Melilla”, por ejemplo, estas mismas personas, pero procedentes de otros lugares, “reciben golpes, gases lacrimógenos y devoluciones en caliente”. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional, para quien el conflicto ucraniano puso sobre la mesa “el doble rasero de la política migratoria”.

Esta misma tesis sostienen organizaciones de Córdoba como Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem, tras una entrevista con Cordópolis. Sus portavoces lamentan el trato desigual que reciben los solicitantes de asilo que no proceden de Ucrania. De hecho, la guerra en este país del Este llevó a España a crear una “protección temporal” para los ucranianos que huían. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2023, el 12% de las resoluciones de protección internacional fueron favorables, es decir, unas 11.000. En este mismo año, un total de 33.928 personas desplazadas por la guerra en Ucrania recibieron protección temporal. Desde que en marzo de 2022 se activara este mecanismo de protección, España ha concedido protección temporal a más de 200.000 ciudadanos/as procedentes de Ucrania, según estima Accem en base a datos de Interior.

Mientras que las solicitudes son resueltas -o no-, estas personas son acogidas por centros dispuestos para ello. Si pasados esos 18 meses no obtienen respuesta, deben abandonar el centro. Si tienen redes de contacto, quizás tenga un techo donde dormir. Si no, acaban en situación de calle. En estos momentos, estas asociaciones tienen todas sus 189 plazas llenas.

En el Arroyo de San Lorenzo, desde hace más de un año, Córdoba Acoge da esperanza a jóvenes y hombres que son derivados a su centro de acogida. En este mismo barrio, la asociación cuenta con otro centro y un piso en los que son acogidos familias con niños y personas con problemas de salud mental. Hace apenas cuatro meses que Buknari llegó de Somalia. Tiene 19 años, pero su proceso migratorio empezó cuando era menor de edad.

Huyó de su país por cuestiones políticas y ser perseguido, no sin antes someterse a trabajos forzosos para conseguir recursos económicos con los que poder llegar a España. Toda su familia se encuentra en Somalia, a donde él nunca volverá. Si le es reconocida la condición de refugiado -en el caso de Somalia, se suele dar asilo por cuestiones políticas, señala la psicóloga de la asociación, Alba Aguilar-, jamás podrá regresar a su país.

Buknari estará en el centro de Córdoba Acoge un máximo de 18 meses, ya que se encuentra inmerso en la primera fase del Sistema Estatal de Acogida. Durante este tiempo, esta entidad le facilita alojamiento, atención social, apoyo psicológico, ayudas para formación y clases de idioma, y apoyo en la búsqueda de empleo. Cuando llegó a España fue derivado a Córdoba porque fue el lugar donde había plazas disponibles. Esta moneda echada al aire llega a provocar la separación física de las parejas, como es uno de los casos con los que actualmente está trabajando la asociación. Mientras que ella ha sido derivada a Córdoba, él, a Jaén.

Actualmente, esta asociación acoge en este centro a 34 jóvenes y hombres, y tiene otras seis plazas distribuidas para atender a solicitantes de asilo con problemas de salud mental y 22 para familias. Las edades de quienes viven en El patio, 19 -tal y como la entidad ha apodado a este centro- oscilan entre los 18 y los 60 años. En su mayoría son senegaleses, malienses y somalíes. Quienes acaban en centro de este tipo son personas sin recursos económicos y sin redes de apoyo o familiares con los que poder vivir mientras se soluciona su proceso administrativo, como le ocurre a Buknari.

Tras su llegada a Córdoba, los solicitantes deben pedir una cita en Extranjería para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional. Aquí obtienen lo que se denomina “el papel blanco”, que les da la posibilidad de solicitar una plaza de acogida, les protege frente a una expulsión y les permite estar identificado antes las autoridades. Ese “papel blanco”, asimismo, autoriza al solicitante a trabajar en España a partir del sexto mes de su emisión y debe ser renovada cada nueve meses mientras se resuelve la solicitud de asilo.

En este primer acto se le emplaza a una segunda cita para formalizar la solicitud a través de una entrevista en la Comisaría de Policía. Es aquí cuando estas personas entran en una espera que se eterniza en el tiempo dada las pocas citas que se ponen a disposición de los solicitantes. Mientras que esperan a esta segunda entrevista, estas personas pasan los 18 meses en centros como el de Córdoba Acoge, recibiendo una asistencia integral, aunque las barreras que deben sortear en el camino son aún más numerosas. Esta primera, la administrativa, deja en evidencia el colapso del sistema y “las preferencias por nacionalidades”, aseguran estas organizaciones. “En este centro hemos tenido solicitantes de asilo a quienes se les ha cumplido el plazo de 18 meses y no han obtenido respuesta. Sin embargo, personas ucranianas apenas han estado 24 horas”, lamentan.

La segunda barrera es la idiomática. Para ello, los solicitantes de asilo reciben clases de español, una verdadera herramienta para que, por ejemplo, puedan acceder a cursos formativos con vistas a poder trabajar. Estas personas siempre tienen las miras puestas en conseguir un empleo, señalan desde la asociación. La tercera barrera está en la creación y gestión de lazos de contacto; poder hacer amigos con los que relacionarse, un paso muy difícil para ellos. “Estos jóvenes no disfrutan del ocio que pueden tener los chicos de su edad, que van al cine, por ejemplo. Eso requiere una capacidad económica que no tienen”.

Otra barrera la encuentran también en el sistema sanitario. “Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, sobre la mutilación genital femenina y a Córdoba Acoge llegan chicas que han sufrido eso. Ocurre lo mismo con aquellas personas que han dado positivo en Mantoux”, apunta Julia Elvira Peinado Troyano, técnico de inserción laboral en la asociación. Se trata de una enfermedad parecida a la tuberculosis, pero en Somalia, “y de la que puedes dar positivo si la tienes, si has estado en contacto con alguien infectado o si te has vacunado”. Desde Córdoba Acoge denuncian la existencia de personal sanitario que, por ejemplo, rechaza atender a aquellos jóvenes y hombres que han dado positivo en esta enfermedad.

Mohamed es natural de Senegal y llegó a Córdoba hace poco más de un año, también por razones políticas, tras una travesía en cayuco donde no todas las personas que se montaron en aquel bote llegaron a tierra firme. Se está formando en sectores com la carpintería, la pintura y el mantenimiento de edificios, y no puede disimular su enorme sonrisa al preguntarle cómo se ve en un futuro. “Trabajando como mecánico aquí en Córdoba”, responde esperanzado quien quiere construir su vida en esta ciudad mientras su familia, con quien no tiene contacto, continúa en Senegal.

Si Mohamed y Buknari consiguen que les sea concedida su condición de refugiados, podrán acceder a la tercera y última fase del Sistema Estatal de Acogida, la de autonomía y facilitación para conseguir una vivienda de alquiler. Aquí se vuelven a abrir las dificultades, aseguran desde Córdoba Acoge, ya que las posibilidades de que algún propietario alquile vivienda a personas refugiadas “son mínimas”, apunta Jesús María Aranda López, otro técnico de esta entidad. Si adquieren este reconocimiento por razones humanitarias, deberán renovarlo cada año. Si lo consiguen por motivos políticos, el plazo de renovación aumenta hasta los cinco años.

Para concienciar sobre la realidad que viven decenas de refugiados, Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem han organizado para este jueves un flash-mob que partirá a las 10:00 del Bulevar del Gran Capitán. Lo protagonizarán los propios solicitantes de asilo, que bailarán y cantarán también en Las Tendillas y finalizarán en La Corredera.

Cruz Roja, otra entidad en Córdoba que atiende a solicitantes de asilo

Cruz Roja es otra entidad que en Córdoba atiende a solicitantes de asilo y a refugiados. Así, la entidad acoge a día de hoy en la provincia a 119 personas que esperan la resolución de su solicitud de asilo. Están repartidas entre la capital (47) y Puente Genil (72), y el perfil es muy diverso, aunque las nacionalidades mayoritarias son Marruecos, Senegal, Mali, Venezuela y Colombia. Entre ellos, hay además muchos menores, como demuestra el dato de los 27 que actualmente están acogidos en los centros de Cruz Roja.

Además de esas 119 personas, otras seis ya han conseguido su condición de refugiado, por lo que han pasado a la última fase del Sistema Estatal de Acogida. De este modo, viven ya en pisos y reciben ayudas económicas para el alquiler y otras necesidades básicas por parte de la organización. De esas seis, todas son de nacionalidad ucraniana: tres habitan en la capital y las tres restantes, en Lucena.

Vecinos de la barriada de Cerro Muriano escenificaron en la tarde del martes la huida que sus antepasados se vieron obligados a llevar a cabo, el 5 de septiembre de 1936, durante la Guerra Civil.

En la actividad, organizada por el Ayuntamiento de Obejo a través del Museo del Cobre de Cerro Muriano y Culturmedia, participaron componentes del grupo de teatro El Tenderete de Cerro Muriano y de los colectivos Divulga Historia y Todos somos refugiados, siendo recogida gráficamente por miembros de Enfoco.

Las fotografías de aquella huida del 36, de la que ayer se cumplieron 87 años, fueron realizadas por reporteros de la talla de Robert Capa, Gerda Taro, George Reisner o Namuth y forman parte de uno de los primeros reportajes de estas características en la historia del fotoperiodismo.

Junto a la actividad, que se llevó a cabo entre las cinco y media y las siete y media de la tarde, se ha celebrado un Taller de Fotografía con Cámara Reflex, impartido por Manuel Torres, así como una Exposición fotográfica que tendrá lugar en Cerro Muriano y que correrá a cargo de Enfoco.

Las actividades de la II Semana del Refugiado han sido promovidas por la Diputación de Córdoba, mediante la subvención de la Delegación de Memoria Democrática, y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Obejo.

Mantener la moral alta de los combatientes en una guerra abierta es un punto clave para no acabar desfalleciendo tras días y días de fuego cruzado. La situación que se vive desde hace ya más de un año en Ucrania sigue siendo crítica, por lo que toda ayuda que pueda seguir llegando hasta el frente de batalla sigue siendo bien recibida. Así surgió en Córdoba, España, la Asociación Ucranianos Córdoba. Y así acabaron llegando también los colores blanco y verde del Córdoba CF hasta los soldados ucranianos que siguen defendiéndose de la invasión por parte de Rusia.

Anna Kostuyk, miembro de la Asociación Ucranianos Córdoba, ucraniana y residente en España desde hace más de veinte años es la encargada de relatar a CORDÓPOLIS la historia. Kostuyk cuenta que, desde que comenzó la guerra, desde la asociación están haciendo “todo lo posible por hacer llegar ayuda humanitaria a Ucrania”. Ella misma reconoce que no se pueden quejar, ya que “Córdoba nos ayuda muchísimo, y nos aportan lo que pueden siempre que lo pedimos”. Así, tanto para cerciorarse que de los productos llegan a buen puerto, y para hacer ver a los contribuyentes que su ayuda acaba en el lugar deseado, desde la asociación, en cada uno de los envíos, adjuntan una carta en el que especifican que son de la Asociación Ucranianos en Córdoba, y piden a los destinatarios que avisen de la ciudad a la que ha llegado la ayuda.

Ha habido multitud de paquetes que han llegado hasta los lugares más recónditos de Ucrania. Anna recuerda algunas actividades que se han realizado en Córdoba para apoyar al pueblo ucraniano, como el mural por la paz que decora la rivera del Guadalquivir, el mercadillo solidario establecido en el Puente Romano previo al aniversario de la invasión rusa, o el envío de huevos Kínder a los orfanatos ucranianos, que alegraron el día a más de cinco mil niños. También se enviaron miles de velas cedidas por las cofradías cordobesas y que sirvieron para iluminar y calentar comida a miles y miles de ucranianos hace algunos meses.

Ahora, los colores blanco y verde, así como los del Sevilla FC, ondean en un batallón en el frente de batalla ucraniano. Anna relata que “uno de los paquetes llegó, y nos mandaron una carta en la que afirmaban que 'la ayuda había llegado donde más lo necesitaban', puesto que había llegado hasta primera línea de batalla, pero no podían desvelar ni la ciudad ni la ubicación por motivos de seguridad”. Se trata de un batallón del ejército ucraniano encargado de detectar minas enemigas sobre el terreno de batalla. Como motivo de agradecimiento por la ayuda enviada, mandaron de vuelta un obsequio: una bandera del batallón firmada por los propios combatientes.

Esto supuso el inicio de una pequeña amistad entre la asociación cordobesa de ucranianos y el mencionado batallón. Estaban en busca de drones, baterías y cargadores, y la asociación se puso manos a la obra. Además, les preguntaron si querían algún capricho de la ciudad para subir la moral, pensando en que la respuesta sería “un jamón, salchichón o algo así”. Sin embargo, se desvelaron como grandes fanáticos del fútbol, y pidieron una bandera del Córdoba CF, ya que recordaban el paso del equipo blanquiverde por Primera y Segunda División. Además, como el envío se realizaba conjuntamente con algunos refugiados en Sevilla, también pidieron una bufanda del equipo hispalense ya que les hacía mucha ilusión vestir con los colores de ambos equipos.

Los obsequios llegaron a buen puerto, así como un dron y algunas baterías y cargadores que pudieron obtenerse con la ayuda de los cordobeses. Sin embargo, la ilusión de Anna Kostuyk era que las bufandas llegasen firmadas por algún jugador, pero resultó imposible por incompatibilidades en el calendario. Sin embargo, esto ha podido subsanarse ya que, encuadrados en la última jornada de la IX Edición del Campus de Fútbol Alberto Toril, los futbolistas del Córdoba CF, Christian Carracedo y Antonio Casas, así como el exblanquiverde José Cruz, acudieron para hacer las delicias de los niños y, además, contribuir con la causa y firmar una serie de balones, pósteres y banderas que serán enviadas próximamente al frente de batalla de Ucrania. Además de ellos, también firmaron los balones otros participantes en el campus, como Álex Calvo, Roberto Fernández y Álvaro Medrán.

Así, estos tres futbolistas y Carracedo, Casas y José Cruz se encargaron de dejar su huella en unos obsequios que estarán incluidos en el pack que se mande hacia Ucrania próximamente. Anna también recuerda que “medicinas y comida en lata siempre se necesitan”, a la par que adelanta que “ya mismo se necesitará también ropa térmica”, ya que las temperaturas suelen ser extremas. “Siempre pedimos algo que no ocupa mucho, con excepciones ya que, por ejemplo, una silla de ruedas o unas muletas vienen siempre súper bien”, explica la ucraniana, que forma parte de las 73 ucranianas, entre voluntarias y refugiadas, que forman parte de la Asociación de Ucranianos en Córdoba, y que ahora, es más blanquiverde que nunca.

Más de 1.300 personas refugiadas pidieron asilo en la provincia de Córdoba durante el pasado año 2022. En concreto, según los datos aportados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los refugiados en Córdoba en ese año fueron un total de 1.329.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha cifrado en 11.722 los solicitantes de asilo en Andalucía durante el año pasado, lo que supone una concentración territorial de casi el 10% del país. Las solicitudes por provincias fueron repartidas entre Málaga, 3.418; Sevilla, 2.075; Almería, 1.634; Granada, 1.539; Córdoba, 1.329; Huelva, 781; Cádiz, 687, y Jaén, 259.

Asimismo, con la activación de la directiva 2001 de Protección Temporal tras el inicio de la guerra de Ucrania, las solicitudes de protección temporal ascendieron a 22.118 en Andalucía: Málaga, 13.404; Sevilla, 2.027; Almería, 1.766; Cádiz, 1.470; Granada, 1.459; Huelva, 865; Córdoba, 746, y Jaén, 381.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha reclamado un pacto social y político que blinde este derecho frente a “los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años”. Así lo señaló esta semana durante la presentación de su 'XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa' dentro de un paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio con el objetivo de mejorar la protección internacional y evitar que “la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio”.

En este sentido, señala que, entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma “legal y segura”, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo.

Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa “ambicioso y permanente” de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes.

La organización reclama poner fin a las deficiencias del sistema de cita previa para solicitar asilo, que actualmente “condena a un limbo legal a miles de personas que esperan una media de seis u ocho meses para poder formalizar su solicitud de protección internacional”, señala la coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas de CEAR en Andalucía Occidental, Lourdes Navarro.

Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, sin contabilizar las miles a las que “se invisibiliza” por no poder acceder a una cita. Fue un año más el

tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por detrás de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38%. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución, “la mayoría durante meses e incluso años, incumpliendo los plazos legales”.

Refuerzo del sistema de asilo

CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en

materia de asilo.

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) puedan transformarse en 'ventanillas únicas del asilo' para que todas los solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.

Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.

Respuesta a Ucrania y tragedia en Melilla

En su repaso a los acontecimientos del año, CEAR puso sobre la mesa la doble vara de medir en dos de los principales hitos que tuvieron lugar el año pasado. En la invasión rusa de Ucrania, los países europeos, incluido España, demostraron que con voluntad política se puede acoger y garantizar los derechos en tiempo récord.

Sin embargo, esa respuesta se vio empañada por la tragedia que tuvo

lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente, sin que de momento haya habido verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

El próximo 1 de julio España asume la Presidencia del Consejo de la UE. Según CEAR, “una oportunidad histórica para que España lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas”.

CEAR apuesta por blindar la función de salvamento de vidas en el mar y garantizar, en todos los casos, el desembarco seguro de las personas rescatadas. Además, la presidencia española debe promover medidas para “combatir actitudes y narrativas xenófobas, racistas y de odio”.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha lanzado una convocatoria de subvenciones dirigidas a personas refugiadas o solicitantes de asilo procedentes de Ucrania y que quieran realizar actividades formativas de la entidad académica o de servicios vinculados a la misma.

Los solicitantes deberán cumplir cuatro criterios. El primero, que su unidad familiar no supere los 720 euros al mes y, el segundo, tener, a fecha de fin de presentación de solicitudes, la condición de persona refugiada o solicitante de refugio o asilo temporal por ser personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Además, los solicitantes deberán haber estado vinculados a alguna universidad ucraniana en el momento del conflicto. La edad mínima para solicitar estas ayudas son los 18 años.

La cuantía total de la subvención es de 15.000 euros y cada persona no podrá superar los 1.500 euros concedidos. El número máximo de acciones formativas que se subvencionan por persona beneficiaria será de siete y la ayuda adjudicada deberá emplearse en gastos de matrícula, tasas universitarias y/o material necesario para la realización de actividades objeto de la subvención.

Esta convocatoria tendrá cuatro llamamientos, cuyas fechas de finalización son el 15 de junio, el 1 de julio, el 1 de septiembre y el 1 de octubre.

Criterios de selección

Por otro lado, los criterios de selección son la titulación o nivel académico, el currículum vitae, la motivación personal para seguir la formación universitaria, investigadora o profesional; el tipo de vinculación con algún departamento o servicio universitario en Ucrania y otras circunstancias socioeconómicas y afectivas sobre el estado de exclusión o vulnerabilidad de la persona solicitante y su familia.

Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad, se reservará un 2% de la cuantía concedida en la convocatoria a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, o equivalente.

Las solicitudes, junto con la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos, dirigidas a quien ostente la Dirección del Área de Cooperación y Solidaridad, se presentarán por la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba (https://sede.uco.es/) o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de no presentarse en el Registro General de la UCO, deberá enviar una copia escaneada de la solicitud presentada a area.cooperacion@uco.es.

Obligaciones de los beneficiarios

Entre las obligaciones señaladas por la UCO están la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención así como la presentación, en un plazo máximo de dos meses desde la finalización de los cursos realizados, el certificado correspondiente de superación.

En caso de que la persona beneficiaria de la ayuda no haya superado alguno de los cursos financiados, deberá pronunciarse sobre las causas de la falta de su aprovechamiento y la Comisión a la que hace referencia el artículo 7 de esta Convocatoria elevará a la persona que dirija el Vicerrectorado con competencias en Cooperación al Desarrollo un informe al respecto. La no superación podrá conllevar la suspensión de las ayudas concedidas e incluso su reintegro.

Esta convocatoria está financiada por el Ministerio de Universidades a través del Real Decreto 985/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en el ámbito del Plan de Acción Universidad-Refugio

El viaje que los artistas ucranianos Mikhail Korobkov y Olga Korobkova emprendieron en mayo hasta Córdoba ha culminado este lunes con la presentación del gran mural por la paz en homenaje a la maternidad y a las madres e hijos que sufren la guerra en su país de origen. Con los colores típicos de esta nación, el mural muestra a una madre con su hijo en brazos frente a la rivera del Guadalquivir a su paso por Córdoba.

De esta forma, arropados por otros artistas, como el presidente de la Fundación Artdecor, Fernando Vacas, y autoridades, han presentado este mural de grandes dimensiones que expone la protección de una madre a su hijo, un símbolo de fuerza ante el terror de los conflictos bélicos. La inauguración del mural ha corrido a cargo de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en funciones, Marian Aguilar.

Refugiados y artistas

Esta ha sido la segunda visita del matrimonio en la ciudad, ya que como contaron a este medio, al comienzo de la guerra Olga cruzó el continente y llegó en condición de refugiada. Su vuelta ha estado sufragada por una beca concedida por la Fundación Artdecor, que les ha permitido crear durante una de las residencias artísticas Córdoba Ciudad de las Ideas 2023.

El mural, que está ubicado junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV) en el centro histórico de la ciudad, se muestra en un edificio que se rehabilitará como hotel cultural y es propiedad de la empresa SmartRental Group, que ha firmado su cesión a la Fundación Artdecor. 

Poesía ucraniana y melodía cordobesa

En el momento de descubrir esta obra de arte, el coro de niños de la Escolanía Cajasur, dirigido por Auxiliadora Belmonte, ha interpretado un poema clásico del folclore ucraniano cuyo autor se considera uno de los fundadores de la literatura moderna ucraniana, Tarás Shevchenko. 

Además, el quinteto de viento dirigido por Rafael G. Martínez y el Ensemble de trombones de Córdoba han acompañado este espectáculo, que ha permitido unir la poesía ucraniana con la música cordobesa. 

Estos artistas becados cuentan con una amplia trayectoria como muralistas, enfocándose principalmente en paredes y grandes instalaciones. Ambos han participado en numerosas exposiciones en diferentes ciudades de Ucrania, como en el Instituto de Investigación de Arte Moderno de Ucrania en Kiev en 2019, en el caso de Mikhail, y Olga, en el Museo de Arte Moderno de Lviv, entre otros lugares.

Más de 200 personas refugiadas que residen en distintos municipios de la provincia de Córdoba se beneficiarán en los próximos meses de la alianza establecida entre el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba y Cruz Roja para ofrecer ayuda a este colectivo.

Tal y como ha indicado la institución humanitaria en una nota, el acuerdo, que está vigente desde finales del año pasado hasta diciembre de 2023, persigue cubrir las necesidades básicas y fomentar los lazos de apoyo de solicitantes de asilo repartidos por diferentes rincones de la provincia.

Así, el convenio suscrito entre ambas instituciones --que cuenta con un presupuesto de 25.000 euros-- contempla desde ayudas económicas para el pago de suministros, vivienda, vestuario o material educativo hasta el acompañamiento por parte del voluntariado de Cruz Roja en todas las gestiones necesarias para el acceso a los distintos recursos sociales, pasando por la organización de actividades de ocio, culturales y/o deportivas que faciliten a las personas refugiadas conocer a otras personas y estrechar vínculos con el entorno.

“Esas amistades, esa relación con el entorno, resultan básicas para favorecer la acogida e integración de todas aquellas familias y personas que se han visto obligadas a dejar sus países de origen porque corrían peligro sus vidas y empezar de cero en un entorno nuevo, en la mayoría de los casos, totalmente desconocido para ellas”, ha explicado Ana Rocío Rivero, trabajadora social del Programa de Refugiados de Cruz Roja.

Aunque es en la capital y en Puente Genil donde la institución humanitaria cuenta con plazas de acogida para personas solicitantes de protección internacional (50 en el primer caso y 83 en el segundo), para lograr los objetivos marcados en este proyecto la entidad se basará en la red de asambleas locales --hasta doce-- que tiene en funcionamiento en la provincia. Además de las dos localidades antes citadas, las ubicadas en Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Palma del Río, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo (de carácter comarcal), Baena, Montilla, Rute y Villanueva de Córdoba.

Cruz Roja Española es la entidad con mayor implantación territorial del Sistema Estatal de Acogida (con 47 provincias) y mayor volumen de plazas de acogida (aproximadamente un 30% del total). Forma parte desde hace más de 30 años de este sistema para dar apoyo integral y multidisciplinar a las personas solicitantes y beneficiarias para el reconocimiento del estatuto de apátrida.

Solo en la provincia de Córdoba, Cruz Roja ha atendido en el último lustro a más de 1.400 personas refugiadas o solicitantes de asilo. La intervención de la entidad consta de varias fases, que cubren desde la primera atención hasta la fase de preparación para la autonomía, con una duración de 18 a 24 meses.

Durante ese tiempo, se presta una atención integral e individualizada que incluye, entre otros, la primera acogida, la acogida temporal, la asistencia legal y psicológica, el aprendizaje del idioma, la traducción e interpretación, y todo ello, aplicando la perspectiva de género, pues las mujeres no se enfrentan a las mismas formas de persecución que los hombres y durante los desplazamientos son especialmente susceptibles de sufrir violencia o ser víctimas de la trata de personas.

La provincia de Córdoba cuenta con un total de 426 personas ucranianas refugiadas empadronadas tras el estallido de la guerra en su país por la invasión de Rusia. De ellas, entre las que la mayoría son mujeres y menores, casi medio centenar ha encontrado trabajo y se encuentra dadas de alta laboral en la Seguridad Social.

Esas más de 400 personas llegaron desde Ucrania entre marzo y diciembre de 2022, en distintas fases de acogida a refugiados que viajaron desde su país para huir de la guerra. Hasta ahora, solo 48 de esas personas han encontrado trabajo y están dados de alta en la Seguridad Social.

En el conjunto de Andalucía se contabilizan un total de 1.832 refugiados ucranianos dados de alta laboral en la Seguridad Social, según los datos aportador por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la reunión en Málaga de la Comisión Interadministrativa para la recepción y acogida de ciudadanos ucranianos.

Málaga es la provincia que mayor número de personas ucranianas en activo -1.106- desde que hace algo más de un año se iniciara la guerra en Ucrania. Por provincias, tras Málaga se sitúa Sevilla, con 184 en alta laboral; Almería, 165; Granada, 119; Huelva, 90; Cádiz, 73; Córdoba, 48 y, por último, Jaén, que presenta actualmente 47 ciudadanos ucranianos en activo. En total, Andalucía contabiliza 8.546 refugiados ucranianos afiliados a la Seguridad Social.

En el marco de la comisión, el delegado ha informado de que, por segmentos de actividad, un 17% están dedicadas a la información y comunicación, seguido de un 16% a la hostelería y otro porcentaje similar a la construcción, mientras que la Agricultura concentra un 7% de las personas protegidas y en alta. Además, 12.118 personas ucranianas disponen de tarjeta sanitaria, el 65% son mujeres.

Órdenes de protección

Málaga también es la provincia andaluza que mayor número de protecciones temporales ha tramitado desde que el Gobierno de España iniciara el proceso de acogida de ciudadanos que huía de las consecuencias de la invasión rusa.

“En Andalucía son ya 24.103 las órdenes de protección temporal que se han gestionado, de las que el 60% se han obtenido a través de las oficinas de extranjería y del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) localizado en Málaga, más de 14.460”, ha destacado Fernández.

Asimismo, ha valorado que “cómo desde un primer momento el Gobierno de España ha activado una respuesta humanitaria completa para todos los refugiados ucranianos que llegaban y continúan llegando a nuestro país, desde la asistencia de emergencia hasta la acogida en familias, la escolarización o la incorporación a un mercado laboral adecuado”.

Además, ha subrayado que “se está atendiendo en unas condiciones absolutamente óptimas y se está dando la respuesta a todas las necesidades que se plantean”.

En total, ha subrayado, “son 9,7 millones los distribuidos por el Gobierno en Andalucía, a través de la Junta de Andalucía, para afrontar gastos sociales extraordinarios de la comunidad (3,5 millones de euros) y, por otro lado, ayudar a las 2.317 familias ucranianas que residen en 198 municipios andaluces (6,1 millones).

“Estamos ante un claro ejemplo de cómo la cogobernanza y la adecuada colaboración entre administraciones hace posible atender a personas que se encuentran en una situación de emergencia sin dar pie al debate político”, ha señalado y ha reiterado la “sintonía, cooperación y colaboración que está permitiendo que prestemos el mejor servicio posible para cubrir las necesidades de estas personas que tuvieron que dejar su país como consecuencia del conflicto”.

De igual modo, ha indicado que dentro del colectivo joven, 3.390 personas ucranianas se han matriculado en estudios no universitarios, siendo en su mayoría estudiantes de Educación Prima (1.637), 1011 alumnos de la Eso y FP Básica y 598 estudiantes de Infantil.

Desde marzo hasta diciembre se han empadronado en Andalucía 9.776 personas proveniente de Ucrania, de los que 5.407 se localizan en la provincia malagueña, 1.014 en Almería, 847 en Cádiz, 837 en Sevilla, 713 en Granada, 426 en Córdoba, 332 empadronados en Huelva y 200 en Jaén.

Un total de 22.631 personas desplazadas por la guerra de Ucrania han solicitado protección temporal en Andalucía, donde la provincia de Málaga destaca con 14.160 acogidos, seguida de Sevilla, con 1.945, según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones acumulados hasta el 31 de enero de 2023, que contabiliza también 1.712 protecciones temporales en Almería, 1.456 en Granada, 1.430 en Cádiz, 930 en Huelva, 668 en Córdoba y 327 en Jaén.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha explicado a través de un comunicado que, a fecha 31 de diciembre 8.546 ucranianos estaban afiliados a la Seguridad Social, de los que un 58% son mujeres. Del total, 1.992 cuentan con autorización de residencia y trabajo por la directiva de protección temporal (desplazados por la guerra) y entre ellas un 57% son mujeres. Nuevamente Málaga es la provincia con mayor número de personas con protección y dados de alta en la Seguridad Social, el 61%.

Por segmentos de actividad, un 17% están dedicadas a la información y comunicación, seguido de un 16% a la hostelería y otro porcentaje similar a la construcción, mientras que la Agricultura concentra un 7% de las personas protegidas y en alta. Además, 12.118 personas ucranianas disponen de tarjeta sanitaria, el 65% son mujeres.

En cuanto al colectivo joven, 3.390 personas ucranianas se han matriculado en estudios no universitarios, siendo en su mayoría estudiantes de Educación Prima (1.637), 1011 alumnos de la Eso y FP Básica y 598 estudiantes de Infantil.

Por otro lado, desde marzo de 2022 hasta diciembre se han empadronado en Andalucía 9.776 personas ucranianas, 5.407en la provincia malagueña.

El mecanismo activado por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior, permite otorgar de manera ágil y sencilla la protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud.

El procedimiento se inicia en las comisarías de la Policía Nacional repartidas por todo el territorio nacional y en los centros de recepción habilitados, donde funcionarios de la Policía Nacional, apoyados por intérpretes, se encargan de tomar los datos identificativos a los ciudadanos ucranianos. Esta solicitud es posteriormente tramitada por la OAR del Ministerio Interior y resuelta en el plazo máximo de 24 horas.

Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir en España, al menos durante un año

La provincia de Córdoba acogió a casi 2.900 personas refugiadas en la última década. En concreto, se atendió a 2.869 refugiados,según se recoge en una respuesta del Gobierno a una pregunta registrada en el Congreso por el diputado de Unidas Podemos Pedro Antonio Honrubia sobre el número de refugiados acogidos en Andalucía en los últimos diez años.

Por nacionalidades, en la provincia de Córdoba, los grupos más numerosos de refugiados en la última década han procedido de Venezuela (315), Siria (314) y Colombia, de donde tenían nacionalidad otras 193 personas.

El conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía acogió a un total de 20.420 personas refugiadas en los últimos diez años, más de la mitad de ellas en las provincias de Sevilla (7.622) y Málaga (4.122), que suman 11.744 entre ambas.

De acuerdo a la información aportada por el Gobierno, la cifra total de refugiados acogidos en Andalucía en los últimos diez años ascendió a 20.420, de los que, por provincias, la mayor cantidad corresponde a Sevilla, con 7.622, seguida de Málaga, con 4.122, y Córdoba, con 2.869.

Por detrás de esas tres provincias se situaron Almería, con 1.708; Cádiz, con 1.636; Granada, con 1.432; Huelva, con 906, y Jaén, la que menos refugiados ha acogido en ese último decenio, un total de 125, según las cifras desglosadas en un anexo de esta respuesta parlamentaria.

A petición del citado diputado de Unidas Podemos, el Gobierno también precisa en su contestación las nacionalidades de estas personas refugiadas acogidas en Andalucía en dicho periodo de tiempo, y en esa variable destacan Venezuela, Siria y Colombia como los países de los que proceden mayores cantidades de estas personas; en concreto, 3.597, 2.117 y 1.917, respectivamente, el 37 por ciento del total de los 20.420 refugiados contabilizados en Andalucía.

Por nacionalidades en otras provincias

En el caso de Almería, las nacionalidades de las que proceden los grupos más numerosos de refugiados son las de Venezuela (350), Colombia (222), Siria (139) y Marruecos (101), los cuatro únicos países que aportan cada uno más de un centenar de personas en esta provincia.

Venezuela, con 280, y Colombia, con 187, son también los dos países de los que proceden más refugiados de los acogidos en los últimos diez años en la provincia de Cádiz, por delante de Siria, con 112; Mali, con 110, y Ucrania, país de origen de 102 de las 1.636 personas que llegaron al territorio gaditano en dicho periodo de tiempo.

Mientras, en Granada se da una situación similar a las de otras provincias, destacando los países de Venezuela, Colombia y Mali, por este orden, como los principales de origen entre los 1.432 refugiados acogidos, con 271, 168 y 115 cada uno, respectivamente.

En el caso de Huelva también son Venezuela, con 180 refugiados, y Colombia, con 115, los países que aportan un mayor número de personas, seguidos por Siria, aunque ya con una cifra por debajo del centenar; en concreto, 84. En la provincia de Jaén, que únicamente ha acogido a 125 refugiados en una década, según los datos del Gobierno, ninguna nacionalidad aporta por sí misma más de 100 personas, y la que presenta una cifra más alta es Venezuela, con 33, seguida de Rusia, con 23.

De los 4.122 refugiados acogidos en Málaga en el periodo de tiempo analizado, 879 procedían de Venezuela, 456 de Siria, 377 de Colombia y 229 de Mali, países estos cuatro que concentraron, así, al 47 por ciento del total de estas personas recibidas en la provincia; en concreto, 1.941.

Finalmente, también entre los refugiados acogidos en Sevilla destacan, por número, los procedentes de Venezuela, de donde eran originarios 1.289; Siria, con 906, y Colombia, con 638. Entre estos tres países están así tras la nacionalidad del 37 por ciento --un total de 2.833-- de las 7.622 personas atendidas en la provincia.

En Arroyo de San Lorenzo, 19, un centro puesto en marcha por la asociación Córdoba Acoge lleva medio año ofreciendo un hogar a las personas solicitantes de protección internacional, también llamadas refugiadas, que llegan a la provincia. Este sábado, la organización abrirá el centro a los vecinos del barrio para que conozcan qué se hace en el edificio y para fomentar la convivencia intercultural entre todos.

Este es uno de los dos centros que Córdoba Acoge tiene en la capital. Hasta el año pasado, la asociación hacía su actividad en Alcolea, pero decidió mudarse a este barrio de Córdoba para facilitar su trabajo. Además del ubicado en Arroyo de San Lorenzo, destinado a hombres y apodado como El patio, 19, la entidad tiene otro en la calle Escañuela en el que se alojan madres con menores.

Según explica Enrique Garcés, de Córdoba Acoge, el centro social es aún desconocido no solo por vecinos de San Lorenzo, sino por la población en general. Para romper con ello, la jornada de convivencia de este sábado ofrecerá a la ciudadanía una oportunidad parpa acercarse al centro ya que el segundo objetivo de la asociación es dotarlo de “contenido intercultural aprovechando la idiosincrasia de Córdoba”, donde el tejido asociativo es muy potente. El acto comenzará a las 13:00 y se elaborará una comida intercultural. Como acto simbólico, todo aquel que lo desee puede donar plantas o semillas con las que engalanar el patio, en consonancia con la tradición floral del barrio de San Lorenzo.

En El patio, 19 residen actualmente 33 hombres procedentes de cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. La ayuda que Córdoba Acoge les facilita pasa dos fases. La primera es ofrecerle un techo en el que vivir durante un año y medio. Una vez que la persona refugiada se ha adaptado a la ciudad, la asociación le ayuda a adquirir autonomía para encontrar viviendas de alquiler y un empleo.

Actualmente, las asociaciones que facilitan en Córdoba centros de acogida para refugiados son Córdoba Acoge, Cruz Roja, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC) y Asociación Católica Española de Inmigrantes (ACCEM).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado este martes a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a facilitar la estancia y finalización de la formación académica de 234 jóvenes ucranianos ya matriculados en las instituciones académicas públicas de la comunidad y que ya recibían apoyo económico para facilitar sus estudios universitarios. De ese total, 24 estudiantes ucranianos están matriculados en la Universidad de Córdoba, 23 en grado y uno en máster.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pachecho, con esta decisión la Junta materializa su compromiso solidario con los jóvenes procedentes de este país en guerra con el fin de que no vean paralizadas sus carreras universitarias, teniendo en cuenta las excepcionales condiciones de vida en las que están inmersas sus familias.

De los 234 alumnos procedentes de Ucrania en universidades andaluzas, 194 cursan titulaciones de grado, mientras que los 40 restantes realizan estudios de máster. De ese conjunto, son mayoritarias las mujeres (150), mientras que los hombres suman 84.

Distribución por universidades

Atendiendo a las instituciones académicas, la Universidad de Almería tiene registrados a 17 jóvenes, 15 en el apartado de enseñanzas de grado y otros dos en el capítulo de másteres. En la Universidad de Cádiz se identifican 19 estudiantes (12 de grado y 7 de máster), en la de Córdoba se encuentran matriculados 24 (23 de grado y 1 de máster), en la de Granada este colectivo es de 34 alumnos (28 de grado y 6 de máster) y en la de Huelva suman un total de 11 universitarios (9 de grado y 2 de máster).

Por su parte, la Universidad de Jaén contabiliza 9 jóvenes (6 de grado y 3 de máster), en la de Málaga son 86 (76 de grado y 10 de máster), en la Pablo de Olavide son 5 (3 de grado y 2 de máster) y en la de Sevilla ascienden a 29 (22 de grado y 7 de máster).

Para concretar las diferentes actuaciones a aplicar, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha comenzado a realizar una evaluación pormenorizada de la situación de dicho colectivo, con el fin de poder aplicar las acciones más adecuadas que, en cualquier caso, tienen por objeto aliviar el coste económico que implican los estudios universitarios.

Según la Junta, esta medida complementa el Plan de Acción Universidad-Refugio aprobado en el conjunto del territorio nacional, que tiene como finalidad financiar actuaciones de distinto tipo en el ámbito universitario para hacer frente a la acogida de estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios proveniente de Ucrania.

Se estima que han llegado a nuestro país 145.000 personas afectadas por la invasión de Ucrania. De ellas, más de 142.000 han obtenido protección temporal, cifra que sitúa a España como el quinto estado miembro de la Unión Europea en número de protecciones temporales concedidas. El 65% de las personas beneficiarias de protección temporal son mayores de edad.

Hace poco más de seis meses que comenzó la guerra en Ucrania y que los primeros refugiados empezaron a llegar a Córdoba. La mayoría mujeres con hijos o padres enfermos. Madres de familia que tuvieron que dejar a sus maridos, padres y hermanos en el país en guerra y que han decidido regresar.

En Córdoba, una buena parte se han vuelto a Ucrania, según ha contado a Cordópolis, Anna Kostyuk, una ucraniana asentada en Córdoba desde hace más de 20 años. Los que se quedan en la ciudad son pocos, y lo hacen “porque no tienen dónde quedarse en Ucrania”. El problema es, con independencia de la situación de cada una, hay lazos que se quedaron atados al país de origen.

Así, los familiares que la mayoría de las refugiadas tienen en su país son el billete de vuelta a su país. “Están volviendo poco a poco porque tienen familias, padres enfermos o maridos que necesitan su ayuda”, explica Kostyuk, una de las voluntarias más activas a la hora de acoger refugiados de Ucrania en Córdoba.

Y es que, como confirman los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno a este medio, la mayoría de refugiados que han solicitado la protección temporal en la provincia han sido mujeres. Con un porcentaje del 65% las mujeres superan a los hombres, que han sido, un 35%. Los hombres, claro, son quienes hacen la guerra. Las consecuencias, las pagan toda la población.

Estas mujeres han venido acompañadas de sus hijos, o algún familiar enfermo, según ha detallado Anna, y han sido alojadas en un hotel, lo cual no es la situación ideal para según qué núcleos familiares. “Vivir en un hotel es complicado para una madre con niños”, explica la voluntaria, que afirma que, aunque agradecen disponer de alojamiento y comida, la mayoría de estas mujeres carecen de ayudas económicas tampoco tienen “ningún tipo de ingresos”.

“Han pasado seis meses y no tienen para comprar un cepillo de dientes”, dice Kostyuk, que apunta a que esta situación es, también, la que les obliga a “intentar vivir su vida de antes pero bajo las balas”.

Porque, además, en caso hallar un trabajo, eso implicaría tener que salir del alojamiento facilitado. Según explica Anna: “Por poco que trabajes, te quitan del hotel, y si ganas 300 euros tampoco puedes irte a un piso porque no te llega para el alquiler”. Una situación que se agrava para quienes tienen hijos a su cargo. “Por mucho que encuentre un trabajo, para mantener una madre sola, por ejemplo, a tres hijos necesita un buen sueldo”, resume la voluntaria.

Por otro lado, aunque la siguen teniendo si lo reclaman, la ayuda por parte de la población no es tan continua como al principio. No obstante, Kostyuk defiende que los cordobeses se siguen volcando con ellas: “La gente si se le pide, ayuda con gusto”. Aunque esta ayuda no contrarresta la situación económica que están viviendo y la voluntaria reconoce que casi todas las semanas se produce un camino de vuelta.

En el caso de Anna no tiene a ningún familiar que haya tenido que pasar por esta situación porque todos se quedaron en su país. Lo único que conoce es a quienes abandonan Córdoba al despedirse. “Solo nos dicen adiós, gracias por todo pero nos vamos”. Un adiós que duele, pero que duele menos que regresar a un país de devastado pero en el que siguen vivos los lazos familiares y el recuerdo de la vida tal y como la conocían antes de febrero de 2022.

La provincia de Córdoba cuenta con un total de 165 menores de origen ucraniano escolarizados en centros educativos. Se trata de la segunda provincia andaluza con menor número de niños de Ucrania escolarizados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 30 de mayo de este año.

En el conjunto de Andalucía, esta estadística del INE refleja que hasta esa fecha la cifra era de 3.035 niños inscritos en centros escolares andaluces, una cifra que casi triplica los 1.038 del 7 de abril --primer registro del INE sobre este dato--. Por provincias, a 30 de mayo, destaca Málaga, con 1.119 menores escolarizados, a mucha diferencia de Cádiz (393), Sevilla (386), Granada (370) y Almería (310). Por detrás, se sitúan Huelva, con 197; seguida por Córdoba, con 165, y Jaén, con 95.

Empadronamientos

Un total de 6.613 ciudadanos de origen ucraniano se han empadronado en la comunidad autónoma de Andalucía entre los meses de marzo a junio, coincidiendo con que el pasado 24 de febrero se inició la guerra en Ucrania, de la que se cumplen cinco meses.

Según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el mes de marzo se inscribieron en Andalucía 2.135 personas de origen ucraniano, mientras que en abril se registraron 2.232 ciudadanos, 1.475 en mayo y 771 en junio,; datos que son significativamente muy superiores al dato de febrero, en el que, según este indicador, tan solo 54 personas se empadronaron.

Asimismo, esta misma estadística arroja que a 1 de enero de 2022 la comunidad contaba con una población de 17.933 personas de origen ucraniano. Se trata de una cifra ligeramente inferior a 2021 en la que se encontraban empadronados 17.414 ciudadanos de aquel país.

Por otro lado, el INE también recoge aquellas personas inscritas en la Seguridad Social. El último dato que recoge la estadística es del 30 de junio en el que figura que 8.624 ciudadanos ucranianos se encontraban afiliados y trabajando en Andalucía, lo que supone un incremento del 18,17 por ciento con respecto a enero, en la que se registraron 7.057 personas procedentes de este país.

Por otro lado, en los últimos meses el INE ha incluido como dato el paro registrado de personas de origen ucraniano. En el caso de la región, hasta el 30 de junio figuraban en la listas del SEPE 2.071 ciudadanos de aquel país.

Desde que se inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, el INE comenzó a realizar un seguimiento de las personas ucranianas que han decidido inscribirse en cualquier procedimiento administrativo del país. Esta nueva sección sobre ciudadanos de Ucrania se actualizará mensualmente con datos de distintas fuentes administrativas que se irán incorporando conforme estén disponibles.

En este sentido, desde la entidad se especifica que estos datos se recopilan en colaboración con los servicios estadísticos de los ministerios implicados.

Protección temporal a refugiados

Asimismo, cabe recordar que un total de 17.824 ucranianos habían tramitado hasta mediados de junio la protección temporal a refugiados en las oficinas de Extranjería, comisarías de Policía Nacional de Andalucía y en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) en Málaga, cifra que asciende a 124.000 en el conjunto del país, según datos divulgados por la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Desde marzo, los ciudadanos interesados en tramitar la protección temporal deben acudir a los puntos habilitados al respecto, donde son atendidos por funcionarios de la Policía Nacional con el apoyo de intérpretes de idiomas. En el mismo momento, los solicitantes cuentan con un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, en el que consta además un NIE asignado.

En un plazo máximo de 24 horas la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior resuelve el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo, que notifica de forma electrónica siempre que sea posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros. Además, quienes obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.