La mañana del 6 de agosto de 1936 el diario Guión amaneció con un titular a seis columnas. “La sensacional noticia de esta madrugada”, anunciaba en el antetítulo. “El tristemente famoso Dr. Romera y el exalcalde de Córdoba, Manuel Sánchez Badajoz, han sido detenidos a las tres de la mañana en la huerta Los Aldabones”, informaba el diario conservador, fundado meses antes del golpe de Estado.

Habían transcurrido 19 días desde el levantamiento militar y, en un reportaje profuso en detalles, Guión relató cómo había sido localizado el escondite del regidor democrático cordobés, junto con el “funesto personaje marxista” Vicente Martín Romera y los concejales Pedro León y Francisco Copado.

Los tres primeros fueron sorprendidos de madrugada en un dormitorio de la huerta cercana a la Ronda del Marrubial, propiedad del bombero José Díaz, mientras que el edil Copado fue detenido en el pozo. El periódico no ahorró en adjetivos para calificar a los representantes electos de la primera experiencia democrática en la historia de España. Los acusó de “envenenar a las masas con sus criminales predicaciones” y de ser los “causantes de la ruina moral y material de Córdoba”.

Con Vicente Martín Romera, prestigioso cirujano de la Beneficencia Provincial y conocido como médico de los pobres, se empleó con saña. “Romera tenía dinero por todas partes”, señaló el redactor de Guión. Y añadió: “El camarada que predicaba la hoz para el cuello de los ricos tenía una fortuna en dinero contante y sonante. En uno de los bolsillos de la americana tenía 400 pesetas”.

El doctor Romera fue multado con 125.000 pesetas por 'rojo', que abonó su viuda en 1941

El médico fue fusilado dos días después junto al alcalde y los concejales. La insistencia del periódico golpista en la situación económica del cirujano resultó premonitoria. El doctor diputado socialista por Córdoba no solo fue ejecutado sino que todos sus bienes fueron embargados y además sometido a una cuantiosa multa de 125.000 pesetas, a la que tuvo que hacer frente su viuda, Emilia Simón.

Su casa de la calle María Cristina fue desvalijada por milicianos falangistas, según afirma su sobrino bisnieto Pascual Martín Blanco, citando a un libro de memorias escritas por Carmelo Casaño en 1984. Y todo su material médico fue requisado días después por las nuevas autoridades, aunque disfrazado de “donación” de la viuda.

Así lo relata Pascual Martín Blanco en El médico de los pobres, la biografía del hermano de su bisabuelo publicada en el año 2019 por la editorial cordobesa Utopía. La donación “evidentemente forzada” se produjo el 19 de agosto al Hospital Militar. El inventario, según enumera Pascual Martín a Cordópolis, incluía un aparato de rayos X, un colposcopio, un tubo Coolidge, una mesa de operaciones y múltiples accesorios médicos muy avanzados para la época.

La propia viuda lo relató en una carta autógrafa aportada por el historiador Manuel Morente Díaz en su trabajo de investigación La mala semilla. “Disponiendo de muchos, modernos, costosos y en buen uso, que ya no han de tener por desgracia mía, aplicación efectiva en mi hogar deshecho por el infortunio...”, lamenta Emilia Simón. Su biblioteca particular también fue usurpada, “quizás destruida”, asegura Morente Díaz.

A la sangrienta represión franquista se le sumó el expolio económico que sufrieron las víctimas. Ya desde comienzos de la Guerra Civil, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes se apropiaba sistemáticamente de las pertenencias de los represaliados. A partir de febrero de 1939, con la Ley de Responsabilidades Políticas, los vencidos no solo fueron castigados por conductas anteriores a su promulgación sino que se sistematizó la represión patrimonial.

El historiador Antonio Barragán ha estudiado detalladamente sus devastadoras consecuencias en la provincia de Córdoba, donde afectó a unos 10.500 ciudadanos. “En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio y se les imponían multas simbólicas de 50 o 100 pesetas”, argumenta. “Sin embargo, desde el punto de vista del control social, sirvió para construir pueblo a pueblo un censo exhaustivo de rojos sometidos a vigilancia continua”.

En su libro Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945) despliega un análisis exhaustivo del sistema de incautaciones y multasen muchos casos extremadamente gravosas que se impusieron a los vencidos incluso después de fusilados. El doctor Vicente Martín Romera encabezó la sanción más alta aplicada en Córdoba: 125.000 pesetas. La cifra era verdaderamente astronómica si tenemos en cuenta que el salario medio de un maestro o un funcionario en 1936 no superaba las 400 pesetas al mes o que un piso céntrico costaba entonces poco más de 15.000 pesetas.

Las multas no se extinguían tras el fusilamiento de la víctima, sino que la deuda recaía sobre sus herederos. Emilia Simón tuvo que hacer frente a la disparatada cuantía que le impusieron las autoridades franquistas tras ejecutar a su marido. Natural de Zaragoza e hija del director del Banco de España en Córdoba, logró pagar la suma seis años después, según figura en el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de mayo de 1941.

En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio

Antonio Barragán — Historiador

La notificación confirmaba que había sido “satisfecha la cantidad de 125.000 pesetas” impuesta al doctor Romera y que, por consiguiente, se alzaban “cuantos embargos, trabas y medidas precautorias se hubieren adoptado contra sus bienes”. Se desconoce qué inmuebles o propiedades fueron desbloqueadas tras el pago de la onerosa sanción. Ni siquiera Pascual Martín dispone de ese dato. “Tenían el piso, pero no sé si era en propiedad. Y también la clínica”. Emilia Simón abandonó Córdoba de forma inmediata y se estableció en Linares, donde contaba con redes familiares. Falleció en 1976 en la localidad jiennense y fue enterrada en el panteón que la familia Simón mantiene en un cementerio cordobés.

La multa de Vicente Martín Romera fue la más alta impuesta en la provincia de Córdoba, según recoge Antonio Barragán en su trabajo de investigación. Casi triplicaba la sanción del exalcalde Rafael Baquerizo (50.000 pesetas) y superaba de largo la de Hilario Montoso (20.000 pesetas) y José Alcalde (15.000 pesetas). El listado de represaliados económicos es interminable. El expresidente de la República Niceto Alcalá Zamora recibió una multa extremadamente desmesurada (25 millones de pesetas), que fue rebajada posteriormente a 3 millones. Según certifica Barragán, sus herederos acabaron pagando 1,2 millones. El historiador no incluye a Alcalá Zamora en el listado de los cordobeses porque su proceso fue instruido por instancias superiores.

Antonio Barragán ha estudiado a fondo la Ley de Responsabilidades Políticas y la incautación de bienes. “El seguimiento es sumamente complejo porque la inmensa mayoría de los expedientes provinciales se han perdido, se destruyeron o están traspapelados en los juzgados”. El Foro Ciudadano de la Memoria Histórica de Córdoba recuperó y digitalizó muchos de estos documentos, algunos de los cuales se encontraban abandonados y deteriorados en archivos judiciales de la provincia. “Fue una operación intensa y laboriosa”, subraya su presidenta, María del Mar Téllez.

El historiador Arcángel Bedmar, aunque no ha trabajado de forma específica la incautación de bienes, conoce de primera mano muchos casos del sur de Córdoba, que es el ámbito que más ha investigado. “Lo primero, tras el golpe militar, fue la rapiña directa. Miles de personas salen huyendo de Baena, Montemayor, Montilla, Castro o Espejo y sus casas se quedan vacías”, explica en conversación desde Lucena.

En un primer momento, los expedientes de incautación los instruye un guardia civil. Tras la Ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939, todas las causas se judicializan. Y, en muchos casos, las víctimas o sus herederos pleitean para rebajar las elevadas multas y desbloquear la incautación de sus bienes en procesos que pueden durar años. Además del coste humano, por la pérdida de seres queridos, familias enteras son sometidas a un verdadero expolio económico. Es el caso de Emilia Simón, viuda del doctor Romera.

La Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba ha acogido este sábado un acto de reconocimiento y reparación a víctimas andaluzas de la represión franquista y de los campos de concentración nazis, donde los familiares de 21 víctimas han recogido el documento oficial de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que reconoce a estas personas. Estas son las imágenes del acto.

Imagine que un día abre el periódico de mayor tirada de España y se encuentra una fotografía de su abuelo. Suponga que descubre que el padre de su padre ha sido una pieza clave en el aparato de represión franquista. Que espió a cientos de exiliados españoles en Francia y que contribuyó decisivamente a su detención. Imagine que muchos de ellos acabaron ante el pelotón de fusilamiento. Por ejemplo, el ex presidente de la Generalitat de Catalunya. O el líder de la resistencia francesa.

Eso es exactamente lo que le sucedió a Loreto Urraca. Tenía 44 años cuando abrió las páginas de El País y se topó con un demoledor reportaje del Cazador de rojos. Pedro Urraca Rendueles. Su abuelo. Un implacable agente franquista que a punto estuvo de cazar al mismísimo Manuel Azaña cuando el ex presidente republicano extinguía sus últimos días de vida en un pequeño hotel de Montauban.

La catarsis emocional que desencadena un siniestro descubrimiento como este solo lo sabe la mujer que toma asiento frente a la grabadora. A Loreto Urraca le cambió la vida. Desde entonces, no ha hecho sino bucear en archivos y bibliotecas para reconstruir la biografía letal de su abuelo y resarcir a sus víctimas por crímenes que ella no cometió.

Son las 18.30 de la tarde en la cafetería del Centro de Visitantes de la Mezquita Catedral. Loreto Urraca acaba de llegar a Córdoba para participar en el V Ciclo de Cine y Memoria Democrática, que proyecta en la Filmoteca el documental Miradas Desobedientes, de Anna Solana y Julio de la Parra.

Lo que está a punto de relatar forma parte de la historia oculta de España. Justo por esa razón nuestra interlocutora ha convertido su vida en un camino de sanación personal y reparación de las miles de víctimas que dejó Pedro Urraca en la cuneta.

PREGUNTA (P). Usted conoce a su padre y a su abuelo con 18 años.

RESPUESTA (R). Efectivamente. Mi padre es medio francés y se ha criado toda su vida fuera de España, pero con 18 o 20 años es cuando vuelve. Entonces conoce a mi madre, tienen un noviazgo más o menos largo y se casan con la oposición de las dos familias.

A Azaña no consiguió detenerlo porque estaba protegido por la Embajada de México

P. ¿Su madre es española?

R. Sí. Ella tiene que renunciar a su trabajo por las leyes franquistas. Las mujeres que se casaban tenían que dejar de trabajar. Cuando yo tenía 4 años, mi padre no asume la responsabilidad de tener una familia y se va. Le estoy hablando del año 68 o 69. Entonces no había ni divorcio, ni separación, ni nada.

P. Eso era abandono de hogar.

R. Sí, pero en aquella época las leyes franquistas no iban a proteger a mi madre de ninguna manera. El caso es que mi padre desaparece de mi vida.

P. Usted tenía 4 años.

R. Yo no tengo recuerdos de él en esa época ni había conocido a mis abuelos paternos. Lo único que sabía era que vivían en Bruselas porque él trabajaba para la Embajada española. Más adelante intuí que no podía ser personal diplomático, puesto que los cargos diplomáticos van rotando. Si siempre estaba trabajando allí, solamente podía ser un funcionario franquista del Ministerio. Son cosas que fui atando mucho más adelante.

El día que cumplo 18 años estaba con mis amigos tomando algo. Llamo a mi madre para pedirle permiso y llegar un poquito más tarde a casa y me dice: “Ha llamado tu padre. Quería hablar contigo”. Aquello me cayó como un jarro de agua fría. Yo me decía: “¿Qué quiere esta persona ahora de mí?”.

P. Su padre dejó un teléfono para que usted lo llamara.

R. Exacto.

P. Él estaba en Madrid.

R. Después de dejar a mi madre pasó una temporada en diferentes ciudades de España, pero terminó regresando a Francia. Me llamaba desde allí. Y me comentó que tenía que viajar a Madrid para ver a sus padres, que habían regresado a España porque mi abuelo se había jubilado. Y me invitaba a que nos conociéramos. A mi padre y a mis abuelos.

P. En el mismo momento.

R. No sé cuándo se produjo aquel encuentro, pero el mismo día que yo conozco a mi padre, conozco también a mis abuelos.

P. ¿Y cómo recuerda aquel día?

R. Espantoso.

P. ¿Por qué?

R. Yo estaba muy tensa. Tenía 18 años apenas. Era una visita que a mí en el fondo no me apetecía hacer. Me sentía realmente obligada.

P. Perturbaba su vida.

R. Perturbaba totalmente mi vida. Me había criado sin mi padre y había tenido una infancia feliz. Y, de pronto, aparecía él y otras dos personas.

Me da rabia cómo nos han podido ocultar estas barbaridades

P. ¿Dónde quedaron?

R. En la casa de ellos. En Madrid, calle paralela a Sáinz de Baranda, cerca del Retiro. Fue una situación muy tensa y nada agradable. Mi abuelo estaba ya ciego totalmente. No me llegó a ver nunca. Mi abuela veía muy mal. Entré en aquel apartamento y me encuentro como encerrada en una covacha oscura que olía a cerrado, con esas dos personas que se me acercaban para palparme. Me sentía como atrapada. No había ni entrado todavía y veía dentro la oscuridad.

La primera impresión no fue agradable. Ellos también estaban muy distantes. Sentí que era mi padre el que había impuesto que yo los conociera. Había una tensión en el ambiente que no se hacía nada agradable. No recuerdo de qué hablamos. Me imagino que me preguntarían si estudiaba. A partir de ahí me llamaba de vez en cuando para que lo recogiera con un taxi y nos fuéramos a comer.

P. Su padre hizo por retomar su relación con usted.

R. Sí, pero tampoco con mucho convencimiento. Muchos años después pensé que, como era la única nieta, querían encargarme de la senectud de estas dos personas.

P. Usted cree que su padre la llamó por esa razón.

R. No sentía esas ganas que puede tener un familiar de conocer a alguien.

P. No percibió cariño.

R. Siempre han sido personas muy frías las tres. Pedro Urraca estuvo en coma mucho tiempo y murió en septiembre del 89. Yo ya no vivía en Madrid. En esos años de vez en cuando nos veíamos. Él nunca mencionó cuál era exactamente su labor en la Embajada y yo no tenía curiosidad. En el año 82 yo no estaba politizada, pero había una efervescencia en el ambiente. España quería entrar en la Unión Europea y todo avanzaba hacia el futuro. Yo quería terminar de estudiar, buscar trabajo y no me importaba nada del pasado. Solo percibía que era como un funcionario gris del régimen franquista.

P. Usted no sospechó nada.

R. Nunca llegué a sospechar la responsabilidad que había tenido en la represión del exilio.

P. Su madre tampoco.

R. Mi madre no. Yo también percibía que no le hacía mucha gracia que fuera a verlos. Muchas veces ni se lo decía.

P. ¿Qué sabía entonces de la Guerra Civil y la dictadura?

R. Poquísimo. Mi madre es de Córdoba, de Montilla, y su familia se fue a Madrid.

P. Su madre es de Montilla.

R. Sí. Mi madre es del 37 y yo creo que debió llegar a Madrid en el 40. Mi abuela tampoco contaba gran cosa. Eran una gran familia. Uno había acabado en Rusia y otro se había muerto, aunque no sabían en qué frente. No era un tema del que se hablara en casa.

P. Su abuelo acababa de regresar de Bélgica.

R. Después de Francia pasó por España unos pocos meses, pero inmediatamente lo mandan a Bélgica con otro nombre. El apellido Urraca desaparece. Al principio firma como Urraca Rendueles y llega un momento en que es Rendueles solamente. Todo eso lo he visto luego en archivos. Se jubiló de su función en Bélgica y volvió a España después de muchísimos años. A Francia llegó en noviembre del 39. Es la fecha de inicio de su puesto de agregado policial en la Embajada, aunque él debía pulular ya por Francia, porque en sus diarios hay entradas del 1 de abril del 39 donde está viajando hacia Madrid.

Me imagino que iba para el desfile de la victoria. Y tiene un accidente de coche. Está toda la Guerra Mundial allí y el mismo día que acaba, el 9 de mayo, sale del territorio francés. Todo eso lo he aprendido luego en archivos.

P. Pasan 26 años desde que se encontró con su padre y su abuelo en 1982 hasta que leyó un artículo de El País titulado El cazador de rojos. ¿Cómo recuerda ese día?

R. Otro jarro de agua fría. Era un domingo de septiembre. En aquella época comprábamos la prensa en casa y la leíamos los domingos por la mañana. Y es precisamente mi marido el que abre el periódico a dos hojas y me dice: “Oye, ¿este no es tu abuelo?”.

Pedro Urraca contribuyó a la muerte de muchas personas simplemente por tener ideas diferentes

P. ¿Él cómo lo reconoce? ¿Por el apellido?

R. Claro. Pedro Urraca Rendueles. Venían los dos apellidos. Y el titular: El cazador de rojos. Y una foto donde se parecía bastante al abuelo que yo había conocido. Luego he sabido que era una foto con la que las policías aliadas le buscaban en el año 45 o 46 cuando es condenado a muerte en Francia y hay una orden de busca y captura. Y resulta que el señor estaba en Bélgica, pero ya con inmunidad diplomática y con el nombre de Rendueles. Esa foto es la de la ficha de busca y captura, y ahí reconozco que es ese mismo señor. Por supuesto que era mi abuelo.

P. ¿Qué sintió?

R. Lo primero una grandísima sorpresa. El artículo hablaba del agregado policial encargado de la represión en el exilio. Y empiezan a aparecer nombres de personas a las que buscaba: Azaña, Companys, ministros como Zugazagoitia, Cruz Salido, Federica Montseny, Joan Peiró [salvo Azaña y Montseny, todos fueron delatados por Urraca, detenidos por la Gestapo y fusilados por Franco]. Nombres que yo incluso en aquella época tampoco los ubicaba mucho. Y te empiezas a dar cuenta de la monstruosidad de lo que está diciendo el artículo. Y cuando termino de leerlo lo que me entró fue una tremenda vergüenza. Pero ¿cómo puedo yo ser nieta de esta persona? No me lo podía creer. Lo que decía el artículo era tremendo. Además estaba haciendo una reseña de una tesis doctoral y citando a un profesor de Historia de la Universidad de Barcelona, Jordi Guixé. No podía ser para nada una exageración.

P. Había sido investigado por un especialista.

R. Claro. Me quedé bloqueada. Dos años después fui a la Universidad de Barcelona para leer la tesis, porque no estaba publicada todavía. En ese momento sentí, sobre todo, sorpresa y vergüenza.

P. Su padre vivía entonces.

R. Sí.

P. ¿Lo llamó?

R. No. Yo aproveché que me había ido de España y que había muerto Pedro Urraca para cortar lazos.

P. ¿Se enteró de que había muerto?

R. Sí.

P. ¿Quién la avisó?

R. Mi abuela. Y a ella ya no la volví a ver. Le sobrevivió 10 años.

P. ¿Habló con su madre cuando leyó el artículo?

R. Lo leyó ella en el mismo periódico que yo. También estaba muy sorprendida. Sorprendidísima. Yo creo que los había visto una vez solamente en su vida.

P. El artículo le impactó y empezó a investigar.

R. En el primer momento no. Simplemente pensé: “Vamos a dejarlo correr. Tampoco tengo yo nada que ver con esto”. Pero sí que intuí que por culpa del apellido alguien alguna vez me podía preguntar. Dos años después me llamó una periodista. Se estaban cumpliendo 70 años del fusilamiento de Companys. Yo estaba trabajando y se presenta como periodista de El Temps. Me dice: “¿Es usted la nieta de Pedro Urraca Rendueles?”. A bocajarro. Y le dije: “Pues sí”. Había conseguido mi número de teléfono haciendo una búsqueda en internet por el apellido. Se había puesto a llamar a todos los Urracas que había encontrado hasta que había topado conmigo.

Soy una nieta desobediente a mucha honra

P. ¿Usted dónde vivía entonces?

R. En ese momento yo había vuelto ya a España. La periodista me proponía que le diera mi testimonio de cómo recordaba yo a mi abuelo de pequeña. Qué cuentos me contaba y qué canciones me cantaba cuando me mecía en la cuna. Y le dije: “Mira, has topado con una familia totalmente desestructurada. Esos recuerdos que tú crees que yo tengo no han existido”. Pero me di cuenta de que me daba la oportunidad de expresar mi profundo rechazo a lo que había hecho Pedro Urraca.

P. Usted tenía ganas de posicionarse desde el punto de vista ético.

R. Claro. Me estaba ofreciendo esa ocasión de decir: “Este señor es mi abuelo, pero yo soy totalmente contraria a sus ideas, con una ética y unos valores diferentes”. Cuando publicó el reportaje yo sabía de mi abuelo estrictamente lo que ponía en el artículo del periódico. No más. Y pensé que podían venir otras personas a preguntarme más cosas. Entonces me vi con prisas de ir a Barcelona a leer la tesis.

P. ¿Tenía en ese momento conciencia política?

R. Qué va. Tampoco la tengo mucho ahora.

P. Pero ya ha estudiado y ha investigado. Tiene una posición política.

R. Esa posición la he ido adquiriendo según he visto la injusticia tan grande que se cometió, ya no solamente por parte de Pedro Urraca, sino de todo el sistema. La rabia que me da es haber ido descubriendo la historia de España que no nos han contado. Haberme sentido engañada incluso por los gobiernos democráticos. Yo me he ido posicionando en función de la magnitud de esas injusticias. Soy más bien de políticas sociales y de igualdad, pero me han ido viniendo poco a poco.

P. Usted se va a Barcelona para hablar con el autor de la tesis doctoral.

R. Tampoco. Lo conocí mucho después.

P. ¿Qué hizo en Barcelona?

R. Estuve una semana encerrada en la biblioteca de la Universidad leyendo el único ejemplar que había de esa tesis.

P. Esa tesis tendría muchos folios.

R. Eran tres tomos bastante gorditos. El tercero era solamente el aparato: bibliografía y todos los archivos que había consultado. Y entonces el último día, con un papel y un lápiz, fui escribiendo la lista de archivos. Por ejemplo: Archivos Nacionales Franceses. O el expediente judicial contra la familia Urraca por el que se le termina condenando a muerte. Fui sacando los expedientes de archivo y dónde estaban.

P. O sea, esa tesis la llevó a otros archivos.

R. En la tesis venía exactamente especificada en qué caja, en qué fondo y en qué archivo. Y es cuando empiezo mi investigación, que consistía simplemente en ir a ver las fuentes documentales del historiador.

P. ¿Qué es lo que más le impactó de aquella tesis?

R. La responsabilidad de Pedro Urraca en el exilio. No era un policía que trabajara solo y porque le daba la gana. Era todo un aparato represivo y él era el ejecutor o uno de los ejecutores. Y me decía: ¿cómo no hemos sabido nada de esto? ¿Cómo en el año 2010 todavía no sabemos nada del exilio? Y ahí fue cuando empecé a pensar que tenía que divulgarlo de alguna manera para llegar al gran público, porque me daba rabia cómo nos han podido ocultar estas barbaridades durante tantos años.

P. Pedro Urraca participó directamente en la detención del ex presidente de la Generalitat.

R. Hay fuentes que dicen que él estaba allí. Yo estoy convencida, por una serie de documentos, de que personalmente no estaba. Pero sí tenía la localización de donde vivía Companys. Esa trazabilidad la tenía.

Mi abuelo no merece perdón

P. O sea: él lo que hacía era localizarlo, ubicarlo y vigilarlo.

R. Él y otros muchos. En el verano del 40 Francia es ocupada por los nazis y esa parte cae bajo administración alemana.

P. Ahí es donde trabaja él.

R. Él trabaja en toda Francia porque o se apoya en la Gestapo o en el régimen de Vichy. Ya tenía muy buen contacto con la policía, incluso democrática, previa a la invasión de Alemania en Francia. En 1939 es la policía francesa la que cierra los locales donde los grupos políticos mantenían su actividad. Incluso la Diputación Permanente de las Cortes. Son locales que registra la policía francesa a petición de Pedro Urraca y de la Embajada española y se incautan de toda la documentación.

Pedro Urraca empieza a tener un montón de documentación donde va localizando a las personas que quiere perseguir. A Companys lo tienen un día o dos en esa zona y luego lo ingresan en la prisión de La Santé. Hay un informe de Pedro Urraca 10 días después donde dice: “Lo he visto mucho más desmejorado que la última vez”. Entonces no ha podido ser justo la semana anterior.

P. Él le hizo una foto a Companys.

R. Eso es cuando lo traslada de la prisión de La Santé hasta Hendaya, donde lo entrega a unos colegas de la Dirección General de Seguridad, que son los que conducen ya a Companys hacia Madrid.

P. El propósito suyo era identificar a todos esos exiliados y devolverlos a España para que fueran procesados o fusilados.

R. Eso es. Desde un sindicalista hasta el jefe del Estado.

P. ¿Qué personas más relevantes espió él directamente?

R. A Azaña no consiguió detenerlo porque estaba protegido por la Embajada de México en un hotel. Estaba muy enfermo y terminó muriendo de un ataque al corazón. En aquellos días había una guardia montada para ver si era mentira que estuviera tan enfermo. En ambulancia había escapado Azaña desde la zona de Burdeos a Montauban. Había un retén para ver si se podía arrestarlo en el momento en que saliera de la legación diplomática mexicana.

P. Él deja por escrito todos sus seguimientos.

R. Sí. Uno de los archivos que también consulté que me llamó mucho la atención fue un fondo de Falange Exterior que hay en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Allí hay una caja donde están los informes que Pedro Urraca enviaba a Madrid. Los que se conservan son los que dirige al jefe de Falange Exterior, pero en las cartas de acompañamiento suele decir: “Copia de este informe va dirigida a Finat”, que era el director de la Dirección General de Seguridad, es decir, su auténtico jefe.

Tuvo que haber en su momento una caja con copias de esos informes, si es que los conservaban o no se destruyeron durante todos los años del franquismo. En esa caja se conservan muchos informes del año 40 e incluso hasta el 41. Y ahí se ve su trabajo de campo. Por ejemplo: “A fulanito le hemos localizado en tal sitio” o “la policía francesa ha cerrado los locales del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles y todas las cajas de documentación las tenemos nosotros”. Todo su trabajo del día a día está reflejado en sus escritos.

P. ¿En cuántos operativos pudo haber trabajado Pedro Urraca?

R. Él debió llegar solo, pero al poco tiempo hubo otro policía que venía por encargo de Lequerica, que era un policía que estaba en Bilbao aunque no duró mucho tiempo allí. Pedro Urraca empieza a comprar a gente que le sirva de mirón o soplón. Debía tener unos cuantos. Y luego también estaba el personal de los consulados, que delataba a los refugiados.

P. Él espió o vigiló a decenas o cientos de personas.

R. Y miles.

P. ¿Miles?

R. Pero si es que fueron medio millón de españoles los que salieron en febrero del 39.

P. Claro, pero todos no le interesarían a él.

R. No, pero politizados había un montón. Si se habían exiliado es porque tenían alguna razón política para salir de España.

Vienen muy malos tiempos para la memoria democrática

P. ¿Él participó también en la detención de Jean Moulin?

R. Eso no está tan claro. Es una teoría que yo tengo porque en el expediente judicial que se inicia en Francia por el que se le condena a muerte lo inicia una mujer francesa que era inquilina en un apartamento que era propiedad de la suegra de Pedro Urraca. Está allí desde el año 34 y es judía. En junio del 40 huye de París. Pero resulta que esta mujer tenía una relación sentimental con Jean Moulin, que evidentemente en aquel momento todavía no era el líder de la resistencia. Ella acusa a la familia Urraca —es decir, a la suegra de Pedro Urraca, a su mujer y a él mismo— de que ellos la han denunciado a la Gestapo.

Está convencida de que no solamente la estaban buscando a ella, sino a Jean Moulin. No solo estaba el Gobierno franquista intentando capturar a cuantos más republicanos pudiera para ejecutarlos en España, sino que los nazis estaban también buscando a los de la resistencia y el Gobierno colaboracionista francés a sus enemigos. Son tres grupos que están siendo perseguidos por tres gobiernos represores. Las policías nazi y franquista firman en julio del 38 un acuerdo secreto por el que se comprometen a capturar al enemigo del otro incluso en territorios extranjeros. Y es lo que ocurre en el año 40. El Gobierno franquista le pide a la Gestapo que le capture a republicanos españoles. Lo mismo ocurre luego: los nazis y el Gobierno de Vichy le piden a Franco que le ayude a la captura de sus enemigos.

P. Pedro Urraca de manera indirecta es responsable de la muerte de muchas personas.

R. Esa es mi vergüenza. Que aunque sea indirectamente, su trabajo ha contribuido a que personas mueran simplemente por tener unas ideas políticas diferentes. Esa es mi vergüenza.

P. Él tenía una relación fluida con la Gestapo.

R.Totalmente fluida. En una de sus primeras cartas, en julio del 40, le está contando a su jefe: “Acaban de llegar los alemanes y tenemos una relación muy fluida. Las primeras tres cosas que vamos a hacer son esta, esta y esta”. Lo dice desde el primer momento.

P. ¿Por qué Pedro Urraca hizo todo esto? ¿Por convicción, por dinero o por rutina funcionarial?

R. No lo puedo saber exactamente, pero más bien intuyo que por trepar. Él era ya policía, pero opta a ese puesto. No se lo dan. Hay una oposición y él la gana.

P. ¿Qué nombre tenía ese puesto?

R. Agregado policial. Es verdad que tenía muchas papeletas. Estaba bien preparado. Se había casado con una francesa, conocía el país perfectamente, el idioma y tenía experiencia. Su destino estaba en Madrid y él opta a ese puesto. Siempre he pensado que lo que le interesaba era vivir bien fuera de un país que estaba totalmente destrozado. Desde su puesto podía comer bien y dormir caliente, cuando entonces por el Sena bajaban placas de hielo con gente muerta.

P. ¿Qué tipo de persona descubre en la lectura de todos esos informes?

R. Una persona totalmente egoísta que no empatiza para nada con el sufrimiento de la gente. Tampoco quería destacar sino vivir en la sombra y que le dejen tranquilito para vivir bien.

P. No tenía mala conciencia ni dudas éticas.

R. En sus escritos no. En los años que le conocí no sabía nada de él. Yo me he basado mucho para crear ese personaje en sus escritos oficiales que mandaba a Madrid y en sus propios diarios. Tengo el Urraca íntimo de los diarios y el Urraca oficial cuando escribe los informes. Y luego tengo las impresiones de gente que le ha perseguido a él. El personaje que a mí se me figura es una persona egoísta al extremo de pasar de todo y querer vivir bien. No me lo imagino como José Antonio Primo de Rivera, una persona que lucha por su ideal.

P. Él es condenado a muerte por colaborar con los nazis.

R. Sí.

P. Pero no lo detienen.

R. No, porque él ya estaba fuera de Francia. Lo condenan en rebeldía. La sentencia es de enero del 47 y él se fue de Francia el 9 de mayo del 45 cuando acaba la guerra. Luego intenta volver a Francia y le deniegan la entrada.

Mi madre era de Montilla y tenía una gran familia

P. ¿A él lo condenan con testimonios de sus víctimas?

R. La que inicia la demanda es Antoinette Sachs. Hay testigos, pero no son víctimas directas y ningún republicano, desde luego. Y también hay algún informe policial. Es ya una época donde el presidente De Gaulle necesita unificar el país, que ha estado prácticamente en una guerra civil. En Francia hubo un colaboracionismo con los nazis tremendo y el nuevo Gobierno necesitaba unificar el país. Había montones de juicios en los que condenaban a muerte a muchas personas. Y es muy fácil para policías que habían trabajado seguramente con Pedro Urraca dar testimonios de que era un colaborador, porque así yo también me limpio mi expediente.

P. ¿Y por qué se va a Bélgica?

R. El Gobierno franquista tiene que hacer algo con ese funcionario al que ya le impiden vivir en Francia. Y que además le es muy útil para seguir vigilando a los españoles en Bélgica.

P. O sea, él continúa con su misión.

R. Sigue haciendo su trabajo. De hecho, hay informes donde está localizando a miembros de ETA.

P. ¿De ETA?

R. Claro. Es que su carrera policial es muy extensa.

P. O sea, que llega hasta los años 60 y 70.

R. Claro. Él tiene dos cargos: el del Ministerio del Interior, que es su auténtico Ministerio, y el de Exteriores. De hecho, cobraba pensiones de los dos. Del Ministerio del Interior se jubila en su momento, pero en el consulado de Amberes, en Bélgica, mantiene durante años un puestecillo que acaba siendo a medio tiempo de canciller. Estoy hablando ya de los años del Gobierno socialista.

P. Que era desconocedor de su trayectoria.

R. No creo, porque Urraca tampoco era el único. Yo siempre he pensado que cuando llegó la democracia había un montón de funcionarios haciendo su trabajo y no podían echarlos a todos de la noche a la mañana. Algunos, a lo mejor, jugaban con la información que tenían y pensaron: “Vamos a arrinconarlos como un mueble viejo y los vamos jubilando”.

P. Usted se reunió con los sobrinos-nietos de Companys.

R. Con una sobrina-nieta. Después conocí a un bisnieto.

P. ¿Cómo fue ese encuentro?

R. Con respecto a otras víctimas de Pedro Urraca, el ex presidente Companys tuvo la suerte de que tiene todavía un partido político que mantiene viva su memoria. En Barcelona se iba a hacer un acto bastante politizado y habían invitado a Mariona Companys. Yo tenía ganas de encontrarme con la primera descendiente de una víctima. El acto se desconvocó y al final simplemente nos terminamos encontrando ella y yo más cuatro o seis personas donde se cree que fusilaron a Companys. Entre las dos le depositamos un ramo de flores.

P. ¿Qué sintió?

R. Para mí fue muy reparador. Estuve con una persona que tampoco venía reclamándome nada. Fue entrañable encontrarme con ella. Estábamos cómodas las dos. Luego me he encontrado con las nietas de Manuel Muñoz Martínez, el diputado gaditano que estuvo en las tres legislaturas de la República. ¿Sabe quién es?

P. No.

R. Manuel Muñoz Martínez era un militar africanista de los que se jubiló con la ley Azaña para quitar a gente de tan alto rango del Ejército. Era masón y diputado en las tres legislaturas.

Me sentía responsable de intentar lavar el apellido que Pedro Urraca había manchado

P. ¿Por qué partido?

R. No lo recuerdo ahora, pero sí sé que él terminó exiliado en Francia. Se había separado de la mujer, con la que tenía tres hijos, y empezó una relación con Araceli Zambrano.

P. La hermana de María Zambrano, la filósofa.

R. Exacto. Y cuando el Gobierno republicano en noviembre del 36 se traslada a Valencia, él se va allí pero detienen a toda su familia en Cádiz: su ex mujer, los tres hijos, sus padres y sus hermanas. El hijo mayor muere de tuberculosis en la prisión y él acaba exiliado en Francia con Araceli Zambrano. Dos años después, en 1942, lo detiene la Gestapo. Es otra víctima muy directa de Pedro Urraca. Lo traen a España, le hacen un juicio sumarísimo y lo fusilan en diciembre del 42. Han sido sus nietas las que han hecho todo lo posible para recuperar la memoria de su abuelo. El caso de Companys es todo lo contrario: fue el partido.

P. ¿Y cómo fue el encuentro con las nietas?

R. Fue a través de la Diputación de Cádiz, que montó unas primeras jornadas de memoria democrática hace tres o cuatro años. Hay un documental que se llama Urraca, cazador de rojos y lo estaban pasando por diferentes circuitos de la memoria democrática. En un evento de Navarra coincidió con otro documental sobre Manuel Muñoz Martínez que había hecho un periodista de la Diputación de Cádiz, David Doña. Cuando vio el de Urraca hizo inmediatamente la conexión, me contactaron y me invitaron a unas jornadas de Cádiz, donde estarían las nietas de Manuel Muñoz Martínez.

P. ¿Cómo fue la experiencia?

R. Fue realmente muy emotiva para mí. Y para las nietas también. Fue un acto muy poderoso porque estábamos las tres muy emocionadas. Al día siguiente había una manifestación por el derecho a morir dignamente y me fui con ellas. Nos hemos vuelto a ver. Que los descendientes de las víctimas puedan hablar abiertamente conmigo para mí es realmente reparador.

P. ¿Ha curado esa vergüenza que sentía?

R. No del todo. Y no me la curaré nunca. Pero por lo menos veo que todo el trabajo que he hecho de investigación, de escribir la novela, del documental sobre Urraca sirve de algo. Mi propósito era que se descubriera esa historia que nos habían ocultado y rescatar a todas esas víctimas de las que no se hablaba nada. El objetivo de divulgar y dar a conocer quien era Urraca lo he conseguido.

P. En 2013 abrió una página web con toda la documentación resultado de su investigación.

R. Sí. Como el Archivo General de la Administración no me permitió publicar todos esos informes, hice un cuadro excel con las personas que se citan en cada uno de los informes. Tú pones, por ejemplo, “Azaña” y te salen varias fechas. Entonces la gente me lo pide, yo lo convierto en PDF y lo envío.

P. En 2018 publica Entre hienas. ¿Qué fue aquel libro: una catarsis o un ajuste de cuentas?

R. Quería divulgar esa parte de la historia y contar quién era Pedro Urraca. Me sentía responsable de hacer algo con esa historia que me había tocado vivir. Lo que no me imaginaba era todo lo que iba a venir después del libro: el documental y que me contactaran desde Historias Desobedientes en Argentina.

P. Eso fue en 2021.

R. Exactamente.

P. ¿Cómo fue esa historia?

R. Gracias a la promoción de la novela llegó a oídos de Analía Kalinec en Argentina que yo había publicado ese libro. Y entonces recibo un messenger donde me dice: “Hola, soy Analía Kalinec, la hija desobediente de un condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad”. Cuando lees esa frase ya te entran escalofríos. Me contaba que ella también había escrito un libro donde había volcado ese malestar que sentía y que junto con otras personas habían formado un colectivo que se llamaba Historias Desobedientes. Me proponía hacer un encuentro virtual con tres mujeres de Argentina y otra de Chile, que estaba en París. Aquel encuentro fue como hallar a mi auténtica familia porque todo este trabajo de investigación, de escritura y de promoción lo había hecho sola. Y había recibido críticas del tipo “los trapos sucios se lavan en casa” o “a la familia no hay que deshonrarla”.

P. Y usted era una nieta desobediente.

R. Totalmente. Y a mucha honra.

P. ¿Ha tenido dudas en este largo viaje alguna vez?

R. No. En ningún momento. Esas críticas que recibía me reafirmaban en que era precisamente lo que tenía que hacer. Me sentía responsable de intentar lavar el apellido de alguna manera y de devolverle la dignidad que Pedro Urraca con su actuación había manchado.

Fue muy reparador para mí encontrarme con las víctimas de mi abuelo

P. ¿Su abuelo se merece perdón?

R. No. Por mi parte, desde luego, no. Si algún descendiente de víctimas lo quiere perdonar es su decisión. El perdón es algo muy personal. Él a mí tampoco me ha hecho nada realmente. Ni bueno ni malo.

P. El daño se lo ha hecho a la humanidad.

R. Exactamente. Luego me he dado cuenta de la suerte que he tenido por no haber ningún vínculo afectivo con esa persona. Mis compañeros de Historias Desobedientes en Argentina, Chile o Paraguay sí tenían un vínculo familiar intenso. Muchos eran padres ejemplares.

P. En esas circunstancias es muy difícil denunciar.

R. Dificilísimo.

P. Usted tenía una desafección originaria.

R. Ahora me doy cuenta de la suerte que he tenido de no haberle conocido y no haber tenido ni siquiera la oportunidad de que me cayera bien.

P. ¿Vienen malos tiempos para la memoria democrática?

R. Muy malos.

Cuando Franco aún firmaba sentencias de muerte y en el Ejército no se movía una hoja de papel, un jovencísimo piloto militar, miembro de una familia monárquica y católica, se entretenía mandando cartas subversivas a los oficiales de las Fuerzas Armadas. José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación, era un lobo solitario en medio de un océano franquista. Y cometió la temeridad de tomar conciencia democrática en un Ejército retrógrado hasta el tuétano.

En julio de 1975, cuatro meses antes de la muerte del dictador, fue uno de los diez oficiales procesados por un delito imperdonable: demandar un sistema de libertades. El Ejército nunca se lo perdonó. Y el primer Gobierno democrático desde la II República lo expulsó de las Fuerzas Armadas y lo excluyó de la amnistía que marcó el fin de la dictadura para abrir una página nueva en la historia de España.

Casi cincuenta años después, aquellos militares demócratas de la UMD siguen arrumbados en el negro desván de la Transición. Ninguno pudo completar su carrera militar y sus compañeros de armas aún hoy los vetan por razones sencillamente inconfesables.

José Ignacio Domínguez es militar, demócrata, pacifista y ecologista. Todo un cóctel explosivo. Son las 12 de la mañana en la Plaza de la Corredera. A las 17.30 presenta en la Filmoteca el documental Pasos perdidos, junto a su director José Antonio Torres, que reconstruye uno de los episodios más olvidados y lacerantes de aquellos años esperanzadores. El acto es presentado por el profesor Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO.

PREGUNTA. Usted nació en una prominente familia del régimen franquista vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas.

RESPUESTA. Sí. Mi tío Fernando, hermano de mi madre, fue presidente de la ACP. Sucedió al cardenal Ángel Herrera Oria en la presidencia, cuando este se fue al convento a finales de los años 30. Mi tío vivía en mi casa, en la planta baja, y yo vivía con mis padres en el primer piso. Estaba paralítico y le ayudábamos a todas sus necesidades. Ahora está en fase de canonización junto con Ángel Herrera Oria.

Detuvieron a muchos compañeros de la UMD pero a mí me pilló navegando en Turquía

P. O sea, usted se educó en valores tradicionales.

R. Sí. Totalmente. Educación con los jesuitas y luego en la academia militar. Yo vivía en una burbuja y no conocía la realidad porque no había posibilidad de saberla.

P. Usted ingresa en la Academia General del Aire en 1963.

R. Mi abuelo era coronel de artillería y fue también político: senador del partido de Cánovas en varias legislaturas y diputado por Segovia. Falleció antes de la Guerra Civil. Y mi tío negoció el Concordato con la Santa Sede porque conocía a Pío XII. Aunque oficialmente llevaban la negociación Martín Artajo y Ruiz-Giménez, él era el que hablaba con Pío XII.

P. Y usted dio un viraje ideológico muy joven.

R. Sí. Nada más salir de la academia. Como yo vivía en esa burbuja de los jesuitas y salí de mi familia a la academia militar, allí no había posibilidad de leer ni de saber nada de lo que había fuera porque estaba todo prohibido. No podía sintonizar Radio Pirenaica ni la BBC porque no sabía ni que existían. Y nada más irme de la academia, entrar en contacto con la sociedad y leer libros que hasta entonces estaban prohibidos, me di cuenta de que vivía en un engaño.

Los libros que yo leía eran de conservadores. Por ejemplo, de Hugh Thomas, que fue consejero de Margaret Thatcher. Y ese libro me lo secuestraron cuando vino la Guardia Civil a casa a detenerme. O el libro Los militares y la política en la España contemporánea, de Stanley Payne, que ahora es el adalid de la extrema derecha. Estaban todos prohibidos. No se podía leer nada.

P. ¿Qué le hizo a usted cuestionar el régimen y su marco ideológico y educacional?

R. Los libros, la lectura y la realidad. Yo me matriculé en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces pesaban los libros, sobre todo los libros, y también la realidad social. La sociedad estaba levantada. Las universidades estaban contra la dictadura desde finales de los años 60. En los puestos de trabajo había huelgas prohibidas e incluso había curas, entre otros un hermano mío, que se oponían al régimen. Hay que recordar que en aquellas fechas Franco creó una cárcel solo para curas, la prisión de Zamora, donde encerraba a los sacerdotes díscolos. Se llamaba la Cárcel Concordataria. En la historia no se conoce un régimen con una cárcel exclusiva para que los curas no se mezclaran con delincuentes comunes.

P. ¿Su familia comprendió su evolución ideológica?

R. Sí. Cuando se creó la Unión Militar Democrática (UMD), mi tío había fallecido, pero mi tía, que lo cuidaba, y mis padres, que eran monárquicos de siempre, lo entendieron todos muy bien. Toda la familia lo entendió porque lo que nosotros pretendíamos era lo que pretendía toda la sociedad: que viniese la democracia, una cosa que aceptaba todo el mundo, incluso la gente de derechas. En mi familia había gente de izquierdas y de derechas, y lo aceptaron todos perfectamente.

P. Usted emprendió una lucha en solitario dentro del Ejército con el envío de cartas firmadas a nombre de una ficticia Comisión de Capitanes.

R. Sí. Y de comandantes. Es que, como no había nadie en el Ejército, porque todos eran de extrema derecha, no podía hacer otra cosa. Luego ya me enteré, cuando se creó la UMD, de que en Barcelona había grupos de militares. Pero yo entonces estaba destinado en Morón de la Frontera, donde permanecí cuatro años, y no conocía a nadie asequible que aceptase los principios democráticos. Entonces hacía anónimos y cartas, tiradas de 500 ejemplares, bastante amplias, y las mandaba por correo. No las echaba en Morón porque el correo estaba controlado por la Policía y si veían muchos sobres iguales dirigidos a militares seguramente las interceptarían. Entonces iba a Madrid, me metía en una papelería a comprar sobres de colores y los iba echando de tres en tres, o de cuatro en cuatro, por distintos buzones. Escribir las señas era un trabajo tremendo.

P. ¿Qué decían esas cartas?

R. Denunciaban cuestiones de corrupción o religiosas. Recuerdo una tras celebrarse una asamblea de obispos y sacerdotes por aquella época en el año 1970 o 1971. Una de estas cartas se la mandaba a Jesús Ynfante a París, donde estaba exiliado. Y le decía: “Mira, he recibido esto, guárdalo por si acaso”. Esas cartas están ahora conservadas en una asociación de memoria histórica en un pueblo cerca de Algeciras. En esa carta venía a decir: “La Iglesia está evolucionando aquí, se han democratizado, están en contra de la dictadura y hay un aggiornamento después del Concilio Vaticano II que aquí en el Ejército no se ha dado. Aquí seguimos como en el 39, no solo a nivel ideológico sino técnico, porque seguimos con el mismo material de la Guerra Civil”. Eso es lo que venía a decir. En otras hablaba de corrupción.

P. Era usted un kamikaze.

R. Sí. Era un trabajo tremendo. Luego conocí a Miguel Bilbatúa, del Partido Comunista. Yo sabía que el Partido Comunista tenía una revistilla llamada Boletín Informativo para oficiales y suboficiales y pensé que, en vez de andar yo solo mandando cartas, podía hablar con Miguel Bilbatúa, que era compañero mío del colegio de los jesuitas. Y me facilitó muchísimo el trabajo, porque ya solo escribía los artículos incluso con correcciones. Cuando mandaba las cartas por mi cuenta tenía que hacerlas a ciclostil, con máquina de escribir y guantes para no dejar huellas. Y además sin equivocarte porque si no la impresión salía mal. A Bilbatúa le daba los artículos con tachones y todo, y él los imprimía y los distribuía.

Nos condenaron en el 77 por presiones de los generales franquistas

P. Los comunistas entonces eran el demonio con rabo.

R. Sí. Publiqué muchos artículos en ese boletín. En el archivo del PCE de la calle San Bernardo, en Madrid, están todos los boletines. Los he consultado y fotocopiado. Allí hice el primer chiste que luego me copió Jesús Ynfante, que era sobrino de Blas Infante y autor de Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. El chiste hablaba del portaaviones Dédalo que había comprado la Armada. Probaron los aviones Harrier con el Dédalo en pruebas clandestinas y vieron que no servía porque la cubierta se quemaba con los gases. A pesar de ello, compraron el Harrier y dijeron: “Como no sirve el Dédalo, hay que fabricar un nuevo portaaviones”. Le iban a poner inicialmente Almirante Carrero, pero luego le cambiaron el nombre a Príncipe de Asturias, que fue el buque insignia de la flota. Y yo escribí que los almirantes se empeñaban en llamarlo Almirante Carrero, e hice la broma de que sería el primer buque con aviones de despegue vertical en homenaje al marino español que efectuó un despegue vertical. Ese chiste me lo copió Ynfante en su libro.

P. Y un día se planta usted en casa del comandante Julio Busquets en Barcelona y pide el ingreso en la UMD.

R. Sí. Tendría 29 años. Me enteré de que se había creado la UMD. Un día como hoy, el 30 de septiembre de 1974, se fundó la UMD. Lo primero que hicieron fue hablar con dirigentes políticos, entre otros con Joaquín Ruiz-Giménez, que era amigo de mi familia y disidente de la ACP. Ruiz-Giménez sabía que existía la UMD. También lo sabía el hermano de un compañero de mi promoción, Martínez Alés, que trabajaba en Cuadernos para el Diálogo, y Altares. Me dijeron que existía una asociación militar. Al principio pensé: “Serán fachas, ¿no?”. Me dijeron: “No, está Julio Busquets”. Dije: “¡El que ha escrito El militar de carrera en España, al que arrestaron!”.

Cogí la guía de Barcelona, busqué Julio Busquets Bragulat, calle Las Forjas, y llamé por teléfono haciéndome pasar por el teniente de navío Bermejo, un oficial que existía. Seguro que después lo investigaron. Le dije que quería hablar con él. Quedamos un día a una hora, y como yo sabía de clandestinidad por llevar años haciendo panfletos, pensé que la Policía estaría en la puerta. Así que entré en el edificio dos horas antes y me senté en la escalera.

P. Usted cree que esa conversación fue intervenida.

R. Seguro. Tenían intervenido el teléfono seguro. Yo y Busquets. Me cansé de esperar y entré antes. A Busquets le sentó fatal que entrara antes, pero cuando le expliqué todo comprendió que sabía de clandestinidad. Le pedí ingresar en la UMD y me dijo que lo consultaría con los fundadores. Yo no era del PCE ni nada, pero el hecho de que tuviera contacto con el PCE no les gustaba. Lo consultó con sus compañeros, aceptaron mi ingreso y me dieron la dirección de Luis Otero en Madrid. Empecé a hablar con compañeros de mi promoción en Zaragoza, Sevilla, Valencia y Madrid. Mucha gente ya estaba cambiando de mentalidad y algunos aceptaban la democracia. A los que veía dudosos iba yo con el ideario de la UMD, que tenía cinco puntos nacionales y cinco militares.

P. ¿Consiguió a muchos militares?

R. Sí. De mi promoción conseguí reclutar a diez o doce compañeros. Y ellos ya contactaron con más gente.

P. En julio de 1975, cuatro meses antes de la muerte de Franco, el Gobierno ordena la detención de diez oficiales de la UMD, entre ellos usted, que estaba en París.

R. Sí. Me había ido de vacaciones. Años después escribí un libro titulado Cuando yo era un exiliado, porque me querían echar del Ejército por abandono de destino. No querían politizar el asunto porque ya era 1978, el año de la Constitución, y no querían echar a un militar del Ejército. Para echarme me tenían que juzgar. En ese libro cuento que salí huyendo por los Pirineos ayudado por los carlistas y eso no es verdad. Yo no tenía ni idea. La realidad es que me fui dos días antes de vacaciones a Esmirna (Turquía) para navegar con un compañero de la UMD en un velero de un amigo francés y no me enteré de las detenciones hasta mediados de agosto.

P. Se libró usted por accidente.

R. Por pura chiripa. Me planteé volver o no. Tenía dos meses de vacaciones. Mandé una carta diciendo que estaba enfermo. Consulté con la UMD y con Ruiz-Giménez, y me dijeron que no se me ocurriera volver porque ya se había destapado que era el autor del Boletín Informativo. Me dijeron: “Si vuelves te encerrarán con los demás, mientras que si te quedas fuera puedes hacer de portavoz para lo que queramos contar”. Me quedé de portavoz y me fui a Lisboa.

P. Se convirtió usted en el portavoz accidental de la UMD.

R. Sí. Estuve actuando como portavoz. Julio Busquets y el comandante Juan Barca, con el que enlazaba de forma clandestina, me mandaban lo que tenía que decir en las ruedas de prensa. Hice una rueda de prensa en París el 13 de octubre de 1975.

P. ¿Pero ellos no estaban en la cárcel?

R. Sí. Ellos estaban detenidos.

Los militares demócratas fuera del Ejército y los franquistas en la cúpula. Así ha sido siempre

P. ¿Y cómo contactaba con ellos?

R. A través de las familias y las mujeres. Los que dirigían la UMD no estaban detenidos. A Julio Busquets no lo detuvieron porque él estaba arrestado por unos sucesos anteriores de Barcelona. Él se encontraba precisamente en el Castillo del Hacho en Ceuta. Yo me fui a Lisboa y contacté con los militares del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) portugués, como, por ejemplo, Carlos Contreiras. Luego me enteré que era el representante de la Armada en el Consejo de la Revolución y tenía contactos con Jesús Martín Consuegra.

El Movimiento de Izquierda Socialista (MES) me acogió, me pagaban los viajes a París para las ruedas de prensa y me organizaron todo. En la rueda de prensa de París desmarqué a la UMD del modelo portugués porque el “verano caliente” de 1975 en Portugal no era un ejemplo que favoreciera la causa democrática en España.

P. En diciembre de 1977 fue usted condenado a siete años de prisión y expulsado del Ejército. La Transición democrática os abandonó.

R. Sí. Nos condenaron por presiones de los generales franquistas. Ya se había promulgado la Ley de Amnistía de 1977, pero nos excluyeron expresamente a los miembros de la UMD. A mí me juzgaron a finales del 77 y la sentencia salió en el 78. Los generales franquistas, que impusieron el artículo 8 de la Constitución, exigieron que no se nos reincorporara al Ejército porque no éramos un ejemplo a seguir y ellos pretendían controlar la Transición y que no se fuera de las manos. Por eso dejaron a un Ejército con todos los generales franquistas acérrimos salvo un par de ellos. Y por eso publicaron el artículo 8 de la Constitución con la misión de mantener el orden y pedir un golpe de Estado si el Gobierno no cumplía. Incluso la semana pasada alguno pedía que se fuera el rey. Alucinante.

P. ¿Usted cumplió esa condena?

R. No. Nada. A mí me juzgaron solamente para echarme del Ejército. Hay un artículo en la Ley de Amnistía dedicado solo a otro capitán y a mí. Yo tengo el honor de que me han dedicado tres normas de carácter general para perjudicarme. Dos leyes y una norma urbanística.

P. O sea, los militares demócratas fuera del Ejército y los franquistas en la cúpula.

R. Así ha sido siempre.

P. ¿Alguien entiende algo?

R. Mantuvieron al Ejército como guardia pretoriana para controlar las autonomías y que el proceso político no se iba a desmadrar. No se hizo un referéndum sobre Monarquía o República ni sobre el modelo de Estado.

P. En 1987 ustedes son readmitidos en el Ejército, pero sin destino.

R. Sí. Hasta 1987 éramos considerados delincuentes por haber pertenecido a la UMD. En 1987 nos amnistiaron. Narcís Serra, a quien me encontré en un avión cuando yo ya era piloto de Iberia, me dijo claramente: “No se les ocurra volver”. A mí no me iban a dejar volar aviones de caza y a los del Ejército de Tierra les dijeron que no les iban a dar un destino en unidades militares. De hecho, pedimos el pase a la reserva ante esas perspectivas. Yo ya estaba en Iberia y había perdido mi carrera después de tantos años fuera del Ejército. Los que volvieron pidieron el servicio activo y los tuvieron varios años sin destino.

P. En vez de condecorarlos por prestar un servicio a la democracia, los castigaron.

R. Eso es. Pasamos a ser personas honorables cuando nos condecoraron en 2010 con la ministra Chacón.

P. Pero usted es vetado por sus compañeros de armas en el 50º aniversario del F-86 en Morón.

R. Sí.

P. No le perdonan haber sido un militar demócrata.

R. No. Yo había volado el F-86 en Morón y en 2010 se organizó un evento para conmemorar la llegada del F-86 a Morón. Estaban invitados todos los pilotos que habíamos volado. En vísperas del evento, el teniente general Rubio Villamayor me mandó este correo [saca un papel del bolsillo, lo desdobla y lo lee]: “El organizador del evento de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista Gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la UMD, además de calificarlos como valientes, me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas”.

Era el año 2010. [Sigue leyendo] “Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía, que no coinciden con los del Gobierno y los que habéis recibido esa distinción, y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá”.

En 1987, me encontré a Narcis Serra en un avión y me dijo: "No se os ocurra volver al Ejército"

P. Y en 2023 lo vuelven a vetar en el 60º aniversario de la XIX promoción. ¿Dónde está la renovación democrática del Ejército?

R. Pues nada. Todo sigue igual. La XIX promoción se reunía los días 19 del mes, pero en 2023 lo cambiaron al día 20 para celebrar el aniversario de la muerte de Franco. La comida era en la residencia militar Alcázar, dependiente del Ministerio de Defensa. A mí me dijeron que ni se me ocurriera aparecer. Me vetaron. Le mandé una carta al jefe de gabinete de la ministra y al director de la residencia militar: “Oiga, que van a celebrar el 20 aniversario de la muerte de Franco”. Y me contestó: “No. Aquí la comida no es para celebrar nada. Simplemente es una cuestión particular de un grupo de amigos militares”.

Le dije: “Qué casualidad que sea el 20-N y que toda una promoción entera vaya”. Yo también le mandé un correo al director general de Memoria Democrática, que movió la cuestión y se dirigió a la ministra. Le dijo: “Esto no se puede celebrar”. Y entonces la ministra prohibió el acto.

P. Desde entonces, a usted le tienen más cariño todavía.

R. Sí. Me tienen más cariño. La XIX promoción es además la famosa que quería fusilar a 26 millones de españoles.

P. El famoso chat que salió a la luz.

R. Sí. El famoso chat del general Beca. Lo grave es que en 2020, el PP organizó una recogida de firmas por promociones de todos los militares retirados de los tres ejércitos para que se dirigieran al rey y pedirle la dimisión del presidente del Gobierno. Empiezan por mi promoción, que era la de la UMD, y firmaron un 70% de los miembros hablando en términos de extrema derecha. Casi el 100%, podríamos decir, porque a muchos no los localizaron. Que más del 70% pidan el fin de la democracia es un porcentaje muy alto.

P. Franco abandonó a los saharauis en 1975. Cincuenta años después los ha abandonado un Gobierno socialista. ¿Sabe usted por qué?

R. Sospecho cosas que no puedo decir porque me metería en una querella por calumnias. Lo que sí veo es que hay muchas personalidades que tienen propiedades o tratos en Marruecos y han cambiado de opinión. Por ejemplo, Felipe González, que llegó a estar en los campamentos saharauis prometiendo no abandonarlos y luego se pasó a Hassan II y a Mohamed VI. Ha habido un cambio y ellos sabrán por qué.

P. ¿La del Sáhara es una causa perdida?

R. No. Es una causa difícil. Marruecos utiliza una ofensiva diplomática basada en el soborno, como el Moroccogate o el Pegasus, y quiere legalizar la invasión del Sáhara con el apoyo de EE.UU. e Israel. Tiene mucha fuerza y está ganando voluntades a base de sobornos y chantajes. No porque tenga la razón, que no la tiene, porque evidentemente es una invasión en toda regla.

Los Acuerdos Tripartitos de Madrid que entregan la mitad norte del Sáhara a Marruecos y la mitad sur a Mauritania no tienen validez jurídica ninguna. La ONU no le reconoce validez. Tiene que haber un referéndum de autodeterminación porque si no se desmorona toda la normativa internacional y los principios de la Unión Africana.

P. Fue usted abogado de la acusación en el procedimiento contra El Algarrobico. Ha sido militar demócrata, pacifista y encima ecologista. Lo tiene usted todo.

R. De lo peor. Lo del hotel de El Algarrobico me ha dado un trabajo tremendo. Llevo más de 20 años de pleitos junto a Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y hemos ganado 14 sentencias en el Tribunal Supremo declarando que el hotel es ilegal. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras han jugado muy sucio durante dos décadas para defender el edificio. Recientemente, en julio, hemos conseguido la anulación definitiva de la licencia de obras, que es el paso fundamental para su demolición.

P. ¿Qué cambiaría usted de su biografía?

R. Lo he pensado muchas veces. No sé si me compensó ser de la UMD. Yo hubiese sido general. Era de los más jóvenes de mi promoción, piloto de caza y el número uno en notas de vuelo. Si no me hubiese metido en la UMD, habría tenido una vida más placentera.

Del Sáhara sospecho cosas que no puedo decir porque me metería en una querella por calumnias

P. ¿Ha merecido la pena?

R. No lo sé. La traición de los partidos políticos que nos dejaron en la estacada me sentó muy mal. Eso fue nefasto. Yo estaba muy confiado. En la UMD estaba feliz y contento, y estábamos apoyados por todos los partidos políticos. Y, cuando a la hora de la verdad nos tienen que dar ya la amnistía, nos marginan del proceso democrático.

P. ¿Se sigue sintiendo militar?

R. Sí.

P. ¿Con todo lo que ha sufrido y cómo lo ha tratado el Ejército?

R. Depende de qué Ejército. Yo me sigo sintiendo militar. Militar demócrata. Me sigue gustando. A mí me gustaban los aviones de caza y me gustaba mi profesión. Y sigo al tanto de toda la tecnología moderna que está surgiendo con los nuevos aviones, los misiles ultrasónicos y todo esto. Yo quería ser militar y piloto. Y no pude serlo por ser demócrata.

P. O sea, que militar y demócrata es incompatible.

R. En España sí. En otros países, no. Yo tengo un libro dedicado por el ministro de Defensa francés y dice: “Al capitán ciudadano, señor Domínguez”. Soy un capitán ciudadano. En Francia es normal. Aquí no. Aquí seguimos siendo súbditos.

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ha exigido que se elimine el nombre franquista del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, tal y como acordó su Consejo Escolar a finales de 2025 y lo solicitó al Ayuntamiento de Córdoba para que iniciara los trámites oportunos.

Las AMPAS recuerdan que el actual nombre del colegio “debería haber sido eliminado de oficio” al entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica, ya que el alcalde Rafael Jiménez Ruiz fue militante activo de Falange Española de las JONS y regidor recuperado por el régimen franquista para ostentar la vara de mando del Ayuntamiento de Córdoba entre 1941 y 1943, tras haber tenido ese puesto antes de la República, entre 1930 y 1031.

“La comunidad educativa ya lo ha aprobado con el 100% de los votos y lo ha pedido. Y, además, manteniendo ese nombre se está vulnerando la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, las dos”, advierten desde la plataforma de AMPAS.

Hay que recordar que la comunidad educativa del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba aprobó en septiembre de 2025 solicitar el cambio de nombre del centro para borrar el franquista actual por unanimidad y con el 100% de los votos a favor del Consejo Escolar. En octubre de ese año, este órgano propuso varias opciones de nombres nuevos y dio pie a la participación de toda la comunidad educativa en una votación celebrada en noviembre, de la que salió por mayoría la elección del nombre 'Maestro Julio Anguita'. En diciembre de 2025 elevó la petición al Ayuntamiento de Córdoba como propietario del edificio y, actualmente, aún espera respuesta y que tramite esta solicitud.

“Petición guardada en un cajón para evitar presiones de Vox”

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur ha reclamado al Ayuntamiento que, sin más tardanza, tramite la petición formulada por la comunidad educativa del colegio y dé traslado a la Junta de Andalucía de ello.

“Tenemos la teoría de que el PP, con su mayoría absoluta en el gobierno municipal del Ayuntamiento, tiene guardada la petición en un cajón” - sostiene la plataforma-, “para evitar presiones de Vox, para evitar ponérselo fácil en la campaña de las elecciones municipales que vienen”.

Pero, advierten, “más allá de que el PP se crea o no el cambio de nombre por la Ley de Memoria y que no sea una prioridad para ellos, si no se cambia el nombre están vulnerando la ley”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer el estado de esta petición y su tramitación, sin que hasta el momento haya ofrecido una respuesta. Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta señalan que, hasta ahora no tienen constancia de este asunto y que “es, por el momento, de ámbito municipal”.

La comunidad educativa del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba aprobó en 2025 solicitar el cambio de nombre del centro para borrar el actual –que es el de un integrante de la Falange y alcalde de la época franquista– y que el colegio pase a llamarse 'Maestro Julio Anguita', en recuerdo de la profesión que ejerciera el que también fuera alcalde de la capital cordobesa tras la recuperación de la democracia. Sin embargo, tras casi diez meses de aquella petición al Ayuntamiento, como propietario del edificio, la comunidad educativa sigue esperando una respuesta y que se tramite esta solicitud.

La iniciativa de cambiar el actual nombre franquista del colegio comenzó hace tiempo y, tras labores de investigación y documentación, el Consejo Escolar -integrado por representantes de la comunidad educativa del centro-, decidió en septiembre de 2025 por unanimidad y con el 100% de los votos a favor, llevar a cabo este cambio en cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Histórica y Democrática. En octubre de ese año, el Consejo Escolar propuso varias opciones de nombres nuevos y dio pie a la participación de toda la comunidad educativa en una votación celebrada en noviembre, de la que salió por mayoría la elección de Maestro Julio Anguita.

El escrito de petición para cambiar el nombre se remitió entonces al Ayuntamiento de Córdoba, concretamente el 4 de diciembre de 2025, y se hizo constar que el Consejo Escolar solicitaba “el cambio de nombre de nuestro colegio, 'CEIP Alcalde Jiménez Ruiz', por el de 'CEIP Maestro Julio Anguita', denominación votada por mayoría entre los miembros de la comunidad educativa en un acto público celebrado en el colegio y en el cual participó un gran número de familias y otros miembros de la comunidad, docentes y no docentes”.

Desde el AMPA, su presidenta, Francisca Valenzuela, recuerda que el alcalde Rafael Jiménez Ruiz fue regidor de la capital primero entre 1930-1931 antes de la II República y, después, fue recuperado por el régimen franquista para tomar de nuevo la vara de mando en el Ayuntamiento de Córdoba entre 1941-1943. “Para la comunidad educativa de nuestro centro escolar es un asunto de vital importancia, puesto que somos conocedoras y conocedores de la militancia activa en Falange Española de las JONS que mantenía Rafael Jiménez Ruiz, y también sabemos que, sólo por haber sido un alcalde de la época franquista, ya nos ampara la ley, que además es de obligado cumplimiento”, argumentan en su solicitud.

La presidenta del AMPA que representa a las familias destaca que el cambio de nombre fue votado y apoyado por unanimidad, tanto por los docentes como por padres y madres del alumnado. Y, luego, en una votación de todos estos integrantes de la comunidad educativa, se eligió entre varias opciones propuestas para el nuevo nombre del colegio y fue elegido por mayoría el de 'Maestro Julio Anguita' que ahora siguen reclamando.

Julio Anguita se dedicó a la docencia como profesión antes y después de su dedicación a la política en primera línea. El joven maestro Anguita, licenciado en Historia, estuvo en centros escolares de Montilla, Alicún de Ortega (Granada), Nueva Carteya y en Córdoba capital antes de iniciar su actividad política pública, que le separó veinte años de la docencia hasta que dejó el liderato de Izquierda Unida. Entonces, justamente también a comienzos de diciembre pero del año 2000, volvió a las aulas como profesor de enseñanza secundaria en el IES Blas Infante de la capital cordobesa, hasta su jubilación.

Sin respuesta de la administración

El proceso de petición de cambio del nombre del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz “se documentó y se puso por escrito, solicitando al Ayuntamiento este cambio de nombre aprobado por el Consejo Escolar”, señalan desde el AMPA. Pero, “hasta la fecha, no hay respuesta”. Por eso, de hecho, la pasada semana y con fecha 14 de septiembre, de nuevo han presentado un escrito ante el Ayuntamiento recordando su solicitud y reclamando que se informe del estado de tramitación de este expediente, así como pidiendo que se cumpla la Ley de Memoria Histórica.

La solicitud cursada también ha tenido su eco en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, donde el grupo municipal de Hacemos Córdoba elevó un ruego al gobierno local del PP este mes de septiembre para que diera respuesta a la comunidad educativa del centro y tramitara la solicitud de cambio del nombre, de manera que tras el informe municipal se dé traslado a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer el estado de esta petición y su tramitación, sin que hasta el momento haya ofrecido una respuesta. Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta señalan que, hasta ahora no tienen constancia de este asunto y que “es, por el momento, de ámbito municipal”.

La petición de la eliminación del nombre del alcalde franquista para este colegio no es nueva. Hace años, en 2018, ya se inició una campaña por parte del sindicato Ustea, el Foro por la Memoria y el Movimiento Andaluz por la Educación Pública, bajo el lema 'Por unos nombres que eduquen', para reclamar la adaptación de los nombres de los centros educativos de la provincia a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, lo que implicaba retirar el nombre de siete franquistas de otros tantos colegios cordobeses, incluido el Alcalde Jiménez Ruiz. En 2021, el sindicato CGT volvía a reclamar este cambio de nombre.

El Cementerio de la Salud ha acogido este sábado 13 de junio el acto conmemorativo del Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, dictado por la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática. El evento ha reunido a representantes políticos, acádemicos, familiares de víctimas y cuidadanía para rendir homenaje a quienes sufrieron la represión durante el franquismo.

Un homenaje que llega tras las críticas vertidas por las promesas recibidas “por activa y por pasiva” en los despachos del Ayuntamiento que después no se traducen en hechos prácticos. “Es una vergüenza que a día de hoy todavía tengamos fosas con personas desconocidas tanto en el cementerio de la Salud como en el de San Rafael, así como en las cunetas”, indicaba Carmen Sánchez, portavoz de la plataforma por la Comisión de la Verdad, el pasado jueves.

Además de este acto, en el que ha intervenido el Coro Euterpe y las asociaciones memorialistas de Córdoba, el programa de actividades se completará con la proyección del documental La columna minera este domingo 14 de junio a las 18:00 en la Facultad de Filosofía y Letras.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes la orden por la que la Consejería de Cultura y Deporte ha autorizado la apertura de una de las grandes fosas de la represión franquista en Córdoba y que está ubicada en Baena.

Según los historiadores Arcángel Bedmar y Francisco Moreno Gómez, así como el Foro Ciudadano por la Recuperación de la Memoria Histórica, la fosa se encuentra en el interior del cementerio de la localidad y habría enterradas 225 personas. No obstante, según estas fuentes, en este municipio hubo 253 víctimas fusiladas.

La resolución responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Baena el pasado 25 de febrero de 2026. El proceso se ha llevado a cabo bajo el amparo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece que cualquier actividad de localización, exhumación o identificación debe contar con la autorización de la Consejería competente.

Cabe destacar que ya en enero de 2018, el Comité Técnico de Coordinación había propuesto diversas actuaciones en la zona que incluyen no solo la localización y delimitación de las fosas, sino también estudios de exhumación, análisis antropológicos e identificación genética de los desaparecidos.

Según señala el BOJA, estas tareas deben seguir estrictamente los protocolos previstos por la ley para garantizar la coordinación y el reconocimiento institucional de las víctimas.

El parque infantil de la plaza de Gibraltar, en el barrio de Levante, ha amanecido lleno de pintadas y simbología de extrema derecha. Según han informado a este periódico algunos de los propios vecinos de la zona, este martes han visto cómo el equipamiento y el propio suelo de la zona infantil mostraban simbología nazi y franquista.

Concretamente, a lo largo del pequeño parque infantil se pueden apreciar tres esvásticas, una pintada de Viva Franco, y otra de J+J. Esta última puede ser dos opciones: o una firma de los presuntos autores o que estos han confundido JH (el acrónimo de Juventudes Hitlerianas) con JJ (Juventudes Jitlerianas).

La Policía Local no ha recibido por el momento ninguna denuncia por estas pintadas, mientras que la empresa municipal de residuos de Córdoba (Sadeco) ha procedido a la limpieza y borrado de la simbología ultra este mismo martes.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez ha exigido que se garantice la continuidad de las pruebas de ADN a los familiares de las víctimas del franquismo, en el marco del proceso de exhumaciones de las fosas comunes que se están ejecutando en la capital.

En una nota, Dobladez ha recriminado que “al no haberse realizado las contrataciones comprometidas, no se pueden realizar las pruebas”, por lo que insta a que se retomen de forma inmediata. Además, ha reclamado la reapertura de la oficina de atención a los familiares de las víctimas. Así mismo, el edil ha lamentado el retraso en la reanudación de los trabajos de exhumación en los cementerios de La Salud y San Rafael.

Según los socialistas, en la planificación del primer convenio se contemplaba la apertura de una oficina de atención a los de las víctimas con la contratación de personal específico, pero estas contrataciones nunca se llevaron a cabo y la atención quedó en manos de la empresa que realizaba las exhumaciones.

“Una vez concluido el contrato el pasado mes de diciembre, la oficina permanece cerrada, lo que dificulta la realización de pruebas de ADN para aquellos familiares que están interesados”, ha afeado Dobladez, que ha informado de que ante la pregunta realizada en el pleno por su partido, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, respondió que “los trabajos de exhumación se reanudarían en el mes de marzo”.

Según la respuesta del popular Ruiz Madruga, “se va a realizar un contrato menor y que se está preparando el contrato mayor más completo y amplio en cuanto a espacios de búsqueda, que permitiría continuar las actuaciones, pero su inicio depende de que se firme el nuevo convenio y de que el Gobierno central haga la modificación presupuestaria para aportar su partida de 150.000 euros”, ha detallado. Un proceso, que según ha apuntado, podría tardar uno o dos meses.

“El Gobierno de España aprobó su aportación para la primera anualidad del nuevo convenio el pasado mes de diciembre, y el retraso en el reintegro de los 275.000 euros no ejecutados en el primer convenio por parte del Ayuntamiento de Córdoba obliga a esa modificación presupuestaria” ha señalado Dobladez.

Desde el PSOE de Córdoba han incidido en que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros de 30 de septiembre su aportación de 150.000 euros, a través de un real decreto, que se enmarca en el II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028. El concejal socialista ha concretado que “desde que comenzaron el 23 de octubre de 2023, se han certificado como víctimas represaliadas los restos de 189 personas. Sabemos que puede haber más de 4.000 víctimas entre los dos cementerios”.

Por otra parte, los socialistas han advertido de que “la reducción de los presupuestos en la Diputación Provincial para los trabajos de exhumación en diversos puntos de la provincia conlleva la paralización de trabajos previstos para la recuperación de víctimas” y han considerado que “es importante continuar avanzando en nuestra calidad democrática, en todo lo relativo a la memoria, bajo los principios de verdad, justicia y reparación”.

Los socialistas cordobeses han reclamado mayor compromiso en este asunto al Partido Popular, ya que, según defienden, “Córdoba es una de las ciudades con mayor número de represaliados durante la dictadura franquista”, por lo que consideran “especialmente grave la falta de sensibilidad institucional hacia esta realidad”.

La jornada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia, cuyo ponente llamó “nido de buitres” y “carroñera” a la administración tributaria, recibió 15.000 euros de dinero público del Ayuntamiento de Córdoba para su organización y celebración. El beneficiario de la ayuda es el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi).

Según ha podido saber este periódico, el Coapi optó y fue beneficiario de una de las subvenciones de líneas de actuación desarrolladas por Entidades sin Ánimo de Lucro para el desarrollo socioeconómico 2025 que concede el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Además, no era la primera vez: en 2023, este mismo colegio profesional ya fue seleccionado y recibió otros 15.000 euros en la convocatoria de aquel año.

En el caso concreto de 2025, según la resolución definitiva del Imdeec, el Coapi habría recibido 15.000 euros, distribuidos entre distintos conceptos de gasto genéricos del proyecto. La mayor parte se destina a recursos humanos ajenos a la entidad (7.500 euros), seguidos de los gastos de divulgación del proyecto (4.550 euros). Además, la ayuda cubre parcialmente otros costes como alquileres (1.180 euros), servicios de software y herramientas TIC vinculadas al desarrollo del proyecto (1.475 euros) y catering o atenciones asociadas a las actividades (295 euros). El resto del presupuesto, hasta alcanzar los 25.423 euros totales del proyecto, es asumido directamente por la entidad beneficiaria.

En cuanto al salario del ponente, Francisco Marroquín Parra, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, según la resolución, no se habría cargado a la subvención y habría sido financiado íntegramente por la entidad organizadora e incluso tenía un límite máximo establecido de 3.500 euros.

Ha sido el grupo municipal Hacemos Córdoba el que ha denunciado precisamente la ponencia que dio Marroquín Parra, que no solo consideró públicamente que el 18 de julio, el día del levantamiento militar contra la República, era un “día patriótico”, sino que afirmó que la administración tributaria es “un nido de buitres, absolutamente injusto, desproporcionado, habitualmente anticonstitucional”. Todo ello en un acto que, paradójicamente, se financia con fondos públicos extraídos de tributos.

El Ayuntamiento lamenta las manifestaciones “inapropiadas”

La respuesta del Ayuntamiento llegó a última hora de la tarde. En un escrito, facilitado a este periódico, el Imdeec ha lamentado las manifestaciones “muy inapropiadas” realizadas por uno de los ponentes en unas jornadas formativas subvencionadas por este organismo municipal, en las que se cuestionaron las obligaciones tributarias y se hizo referencia a fechas vinculadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

El Imdeec ha solicitado formalmente información al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), entidad beneficiaria de la subvención, para que aclare el contenido de la jornada denominada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia.

Según consta en el requerimiento remitido por el instituto municipal, el proyecto subvencionado tenía como objetivo “fortalecer, fomentar e impulsar la mejora profesional en el sector inmobiliario, promocionar el tejido empresarial y mejorar el posicionamiento de este sector” mediante la celebración de varias jornadas formativas. No obstante, ha indicado que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Rector del Imdeec celebrada el pasado 30 de enero, el representante del grupo municipal Hacemos Córdoba trasladó que en una de esas actividades se produjeron afirmaciones que consideró contrarias a los valores democráticos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En ese contexto, el consejero suplente de Hacemos Córdoba llegó incluso a reproducir fragmentos de audios de la jornada, en los que, según se expuso, el ponente realizaba comentarios que cuestionaban el sistema tributario y ponían en valor una fecha históricamente asociada al inicio de la dictadura franquista.

Ante estos hechos, el Imdeec ha requerido al Coapi que remita, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre lo ocurrido durante dicha ponencia, con el objetivo de esclarecer si el contenido del acto se ajustó a las condiciones y finalidades de la subvención concedida.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido explicaciones al Ayuntamiento de Córdoba y al Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) tras conocerse el contenido de unas jornadas informativas subvencionadas por este organismo municipal en las que se vertieron manifestaciones que la coalición considera “lamentables e incompatibles con los valores democráticos y con el uso responsable del dinero público”.

Durante una de las conferencias, celebrada el pasado 16 de enero bajo el título Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia, la persona encargada de la ponencia, Francisco Marroquín Parra, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, comenzó su intervención con una proclama franquista afirmando: el “18 de julio, día patriótico donde los haya, día señalado”. Posteriormente, se presentó públicamente como un “ser antisocial y asocial” por ser “hombre, heterosexual, estoy casado, soy católico, soy fumador, soy cazador y progresista de derechas, agente de la propiedad y abogado, y por lo tanto mentiroso”.

Asimismo, durante su exposición manifestó que iba a “enseñar a nuestros clientes, a nuestros mandantes, a aquellas personas que les prestamos servicios, a escapar de las fauces agresivas y carroñeras de la administración tributaria, y lo digo así de claro y me da igual quién está presente en el salón”, llegando además a afirmar que la administración tributaria es “un nido de buitres, absolutamente injusto, desproporcionado, habitualmente anticonstitucional”.

La entidad beneficiaria de la subvención que ha permitido la celebración de este curso ha sido el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), que en su web indica que al curso se inscribieron 180 personas. El mismo colegio ya resultó beneficiario de una subvención de 15.000 euros en la Convocatoria de 2023.

Desde Hacemos Córdoba se considera “lamentable que una administración pública financie actividades en las que se lanzan mensajes de este tipo, que ponen en valor fechas vinculadas al golpe de Estado del 18 de julio y que trasladan discursos que pueden interpretarse como una invitación a defraudar a Hacienda o a cometer ilegalidades e irregularidades”.

La coalición ha recordado que “lo recaudado por la Hacienda pública permite sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, que son los únicos que garantizan el acceso a derechos fundamentales para toda la ciudadanía, independientemente de los recursos económicos de cada persona”.

Hacemos Córdoba ha anunciado que ya ha solicitado formalmente el expediente completo de la subvención concedida para la organización de estas jornadas y exige al equipo de gobierno municipal que dé explicaciones públicas sobre los criterios seguidos para financiar esta actividad.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que los recursos municipales se destinan a iniciativas que respeten los valores democráticos y el interés general. No es de recibo que dinero público termine financiando discursos que cuestionan el cumplimiento de las obligaciones fiscales o que blanquean episodios históricos vinculados a la dictadura”, han señalado desde la coalición.

Izquierda Unida (IU), junto al diputado en el Congreso de los Diputados de Sumar, Enrique Santiago, ha conmemorado este miércoles el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco con un acto memorialista en el Cementerio de La Salud. La comparecencia, posterior a la ofrenda floral a los fallecidos por el régimen franquista, fue iniciada por Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, quien ha advertido de lo que calificó como “discursos de odio” que, a su juicio, intentan “restaurar privilegios del pasado”. Pérez ha defendido la ampliación de derechos y la protección de los servicios públicos, apelando a la “memoria y esperanza” de la ciudadanía cordobesa para mantener vivas las aspiraciones de justicia social.

Tras esta primera intervención, Enrique Santiago ha homenajeado a quienes resistieron a la dictadora y ha recordado que la democracia española “no llegó automáticamente”, sino tras décadas de movilización social. Santiago ha alertado de que la democracia “está amenazada” y ha citado encuestas en las que una parte del electorado del PP y Vox “no es crítica con una dictadura”. Además, ha puesto el foco en la situación de las fosas comunes en España, país que, según naciones Unidas, es el segundo del mundo en número de personas desaparecidas en enterramientos de este tipo. Es por ello que el dirigente ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en los trabajos de identificación.

Problemas en Córdoba: falta de recursos y un único banco de ADN

La coordinadora local de IU, Irene Ruiz, ha analizado la situación en la provincia y ha denunciado que la falta de medios provoca que algunas fosas “se abran y se vuelvan a cerrar sin completar los procesos de identificación”. Ruiz ha señalado que existe un único banco de ADN operativo, lo que genera “un cuello de botella” que ralentiza la devolución de los restos a las familias. La formación ha apoyado la hoja de ruta propuesta por el Foro por la Memoria y otros colectivos memorialistas, que reclama renovar convenios, garantizar que no se cierre ninguna fosa sin terminar el trabajo y ampliar los bancos de ADN. La responsable de la formación política en Córdoba ha explicado que “no habrá democracia real sin verdad, justicia y reparación”, y ha avanzado que la próxima semana se desarrollará una acción provincial relacionada con estas demandas.

En la parte final de la comparecencia, Santiago ha detallado las iniciativas parlamentarias impulsadas por su grupo, como el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y la retirada de símbolos franquistas. También se mostró “muy crítico” con la propuesta de resignificación del Valle de los Caídos, al considerar que un monumento funerario dedicado a un dictador es una “anomalía histórica” que “tendría que desaparecer”. Ha criticado, además, que el proyecto no haya contado con asociaciones de víctimas y que se haya asignado su gestión al Ministerio de Vivienda.

Los días previos a la muerte del dictador Francisco Franco, el historiador cordobés Manuel García Parody, entonces profesor en Sevilla, andaba muy pendiente del delicadísimo estado de salud del caudillo. Pero, claro, no era una tarea fácil escudriñar la gravedad del enfermo a través de los partes médicos oficiales, cuya redacción —llena de términos clínicos, intervenciones sucesivas y un deterioro casi diario— generaba más dudas que certezas.

“Yo hablaba con amigos médicos para que me explicaran lo que significaban aquellos partes”, cuenta el historiador en una charla con Cordópolis a cuenta de sus memorias sobre el hecho histórico del que se cumplen este jueves 50 años. García Parody, como buen escritor, prefiere arrancar con el prólogo: “Cada vez que salía un parte nuevo, mis amigos médicos me decían que el cuerpo de Franco era un auténtico caos clínico, un organismo que se mantenía por pura inercia. Sabías que estaba entrando en las últimas horas, aunque el régimen intentara transmitir serenidad”.

Las últimas horas terminaron, según el relato oficial -pues leyendas hay varias- en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. En el Hospital de La Paz, en Madrid, el dictador moría tras intensas jornadas de intervenciones quirúrgicas y transfusiones en vano. Y en Córdoba, a cientos de kilómetros, la ciudad vivía entre el miedo, la incertidumbre y una expectación contenida que, según quién lo cuente, desembocó en lágrimas… o en brindis.

Herminio Trigo, entonces un joven profesor y militante antifranquista que años después sería alcalde de Córdoba, recuerda que días antes había vivido un momento incómodo en una casa de Cazorla junto a Julio Anguita. “En la televisión anunciaban que Franco estaba muy mal. Y la gente que allí había, empezó a quejarse y a lamentar la situación. Nosotros, nos miramos y guardamos silencio”.

La manifestación pro-Franco de octubre de 1975

Para cuando, unos días después, ya en su casa, la noticia era la muerte del dictador, Trigo tenía la botella de champán preparada, bien fría. “Todo el mundo sabía que iba a pasar de un día para otro”, recuerda sobre aquel momento en el que la televisión interrumpió la programación y la foto del dictador apareció en pantalla. El sonido de la botella de champán sonó como un disparo, pero no de los que, durante tanto tiempo, habían atemorizado a los españoles. “Habíamos sufrido persecución por reclamar libertad. Aquello fue quitar el tapón para desaguar la piscina de la dictadura”, recuerda.

Pero no todos los cordobeses celebraron la noticia. En muchos hogares de Córdoba hubo lágrimas y duelo. No solo en la zona noble, también en los barrios obreros. De hecho, apenas un mes antes del 25 de noviembre, miles de cordobeses habían abarrotado la plaza de Las Tendillas en apoyo al dictador, toda una demostración de fuerza en la que estuvo presente Antonio Alarcón Constant, el último regidor del régimen, que el mismo día de la muerte del Caudillo, había acudido a una entrega de premios, según recogen las imágenes del Archivo Municipal.

“Muchos españoles sintieron que se moría el hombre que había sido el centro de su vida”, recuerda García Parody. “Otros brindaron. Yo no hice ni una cosa ni otra. Lo único que pensé es que España tenía que ser distinta”. El historiador, que entonces daba clases en Sevilla, recuerda, eso sí, que la sensación dominante era la de estar viviendo un momento histórico irrepetible.

Cristina Bendala, que años después se convertiría en la primera concejala del Ayuntamiento de Córdoba en las elecciones democráticas de 1979, recuerda con una mezcla de emoción y vértigo el amanecer del 20 de noviembre. Reconoce que la memoria se le mezcla a veces con otros hitos —como la legalización del Partido Comunista— porque fueron años vividos “a una intensidad que hoy cuesta imaginar”. Pero el recuerdo de aquella madrugada se acaba imponiendo.

Celebraciones, pero de puertas adentro

“Mis amigos y yo llevábamos mucho tiempo preparados para ese momento”, cuenta. “Sabíamos que, en cuanto muriera, todo se paralizaría. Que habría un día sin trabajo, un día suspendido en el aire. Así que habíamos quedado en irnos todos a Cazalla de la Sierra, donde teníamos una casita perfecta. Allí nos juntábamos siempre, con los niños pequeños correteando por todas partes”.

Así que, cuando todo parecía listo para que saltara la noticia, ella y su marido cargaron el coche con botellas de champán y anís, como tantos otros españoles que vaciaron las estanterías de las tiendas esperando una celebración que llevaba años contenida. “Cuando llegamos era muy temprano, y el pueblo estaba extrañamente silencioso. Había mucha gente asustada. Había miedo, un miedo parecido al de cuando empezamos a ir a los pueblos con los mítines ya en democracia: se notaba en la mirada de la gente”, rememora sobre una jornada en la que ella y sus amigos se reunieron en un pequeño bar del pueblo, una casa vieja con vigas bajas donde solían desayunar.

“Era un sitio diminuto, casi clandestino. Allí metimos a todos los niños en una mesa, abrimos las botellas y estuvimos celebrándolo mientras escuchábamos la televisión, que estaba encendida en la barra. No puedo evitar emocionarme todavía cuando lo recuerdo”, comenta, antes de reconocer que la euforia tenía un reverso. “A todos nos daba coraje que Franco muriera en la cama, tan tranquilamente. Nos parecía injusto, como si faltara algo. Pero también sabíamos que aquello era imprescindible para que pudiera empezar una transición real”.

Lo más vívido para Bendala es el momento en que su cuñado se levantó y habló con los niños y les explicó lo que estaba pasando. “Les dijo que quizá no pasábamos tanto tiempo con ellos porque vivíamos volcados en ese proceso político. Pero que todo lo que hacíamos era por su futuro, para que ellos crecieran en un país distinto. Me emocionó muchísimo. Todos sentíamos de verdad que estábamos viviendo el principio de un cambio histórico”.

El statu quo

Los periódicos de la época, sin embargo, estaban forzosamente obligados a mostrar que el statu quo seguía vivo y coleando, pese a la muerte del todopoderoso líder. El Diario Córdoba del día siguiente a la muerte del dictador titulaba a toda plana: “La obra de Franco y su aliento en el corazón del pueblo”. En sus páginas, anunciaba honores militares, su entierro en el Valle de los Caídos y la proclamación inmediata del nuevo rey. Debajo, una gran fotografía de Arias Navarro, jefe del Gobierno, con aquella frase inolvidable: “Españoles… Franco ha muerto”.

Más ciego era el semanario El Egabrense, que abría su edición del día 22 con un solemne titular: “Réquiem”. Su editorial, firmado por José J. Delgado, apelaba a “los buenos españoles”, aseguraba que “el corazón de España ha quedado roto de dolor” y llamaba a “apretar filas en torno al Príncipe de España”, presentado como heredero natural del Caudillo. Era el tono oficial de aquellos días: liturgia, resignación y un mensaje político nítido.

Eso explica que, en Córdoba, las calles no estallaran en júbilo. “Yo no salí. Era de noche, tenía mis hijos pequeños en casa y, aunque Franco hubiera muerto, la dictadura seguía intacta”, explica Trigo. “No sabíamos quién iba a dar el siguiente paso, ni qué fuerza tenía cada bando. Había respeto… y miedo”.

Ese temor se palpaba en el ambiente. El aparato del régimen continuaba en pie: gobernadores civiles, policía, militares. Todo seguía funcionando como si la muerte del dictador fuera apenas un detalle biológico. “La policía del día siguiente era la misma que apaleaba a obreros y estudiantes”, señala García Parody. En el Ejército, añade, “la mayoría era franquista; el ruido de sables era real”. Esa convicción, la de que el poder de Franco era tan absoluto que nadie podía ocuparlo completamente, alimentó días de incertidumbre, pero al final se convirtió en la grieta por la que se coló la esperanza.

El día después: sonrisas y cautelas

Mientras tanto, la oposición democrática vivía asfixiada. “Ser acusado de pertenecer a un partido ilegal podía significar tortura y hasta veinte años de cárcel”, recuerda el historiador. “Moverse en la clandestinidad era heroico”. El sindicato Comisiones Obreras, infiltrado en el sindicato vertical, era el alma de la resistencia, especialmente en Córdoba, junto al ilegalizado Partido Comunista, en el que militaban Herminio Trigo y Julio Anguita.

De hecho, Trigo recuerda que, a la mañana siguiente al anuncio, los corrillos cordobeses estaban más aliviados que eufóricos: “Nos reunimos con sonrisas de oreja a oreja. Pero también con prudencia. Arias Navarro seguía al mando y no sabíamos hacia dónde iría el país”. Lo que sí se aceleró fue la efervescencia política en las calles. Manifestaciones, carreras delante de la policía, saltos de un punto a otro para esquivar las cargas.

“Había vacío de poder. Cada gobernador civil interpretaba la situación como quería. En Córdoba no fue tan brutal como en otros sitios, pero cuando había manifestación, mandaban la fuerza pública con la porra. Tenías que salir corriendo”, recuerda el expolítico.

En paralelo, en las aulas y los espacios culturales, la vigilancia seguía siendo estricta. García Parody narra un episodio que ilustra la atmósfera. No mucho antes de morir Franco, el estado de excepción había aumentado aún más la represión. Él daba clase en Sevilla, y el temario de aquel día era sobre movimientos obreros. “Les dije a mis alumnos que estudiaran el tema en el libro, que yo no lo explicaría. No quería que nadie dijera que estaba haciendo propaganda subversiva”. Años después, mientras andaba por la capital hispalense, un antiguo estudiante le abordó solo para recordarle aquella decisión. “Nos impresionó —recuerda que le dijo— porque no sabíamos hasta qué punto no se podía decir nada”.

Una ciudad partida entre dos emociones

Córdoba, como Andalucía y como España, vivió dividida esa madrugada y los meses venideros. Para unos, Franco era la figura paterna del régimen; para otros, el símbolo de la falta de libertad. Entre lágrimas y brindis, la ciudad amaneció el 25 de noviembre de 1975 envuelta en la sensación de haber cruzado un umbral histórico.

“Nadie sabía cómo iba a acabar —recuerda Trigo—. Pero sabíamos que el régimen debía desaparecer”. Lo que nadie esperaba era que el encargado de pilotar el cambio fuera el joven Adolfo Suárez, un falangista del que desconfiaban tanto los franquistas inmovilistas como la oposición. “La sorpresa fue enorme cuando empezó a desmontar el sistema franquista”, subraya el exalcalde.

Con la muerte de Franco comenzó un movimiento democrático que ahora se ve inexorable, pero que, en aquel momento, desataba más interrogantes que respuestas. En lo que todos coinciden es que se vivió con una ilusión que fue capaz de imponerse al miedo. Bendala, por ejemplo, recuerda que, al regresar a Córdoba, el teléfono no paró de sonar. Los amigos de Sevilla, la familia, los compañeros de militancia. Todos compartían la sensación de estar entrando en una época nueva.

Pero, con el paso de los años, Bendala ha terminado formulándose una pregunta incómoda: “Éramos jóvenes, y aquello nos absorbió tanto que quizá no lo supimos transmitir bien a nuestros hijos. Ellos lo vieron, claro, pero no lo entendieron como lo vivimos nosotros. Y hoy pienso que qué poco les hemos enseñado de aquellos tiempos. Nosotros fuimos protagonistas de un cambio histórico… y, sin embargo, no contamos lo suficiente cómo se vivió, cómo se peleó y lo que costó”.

Con esa reflexión, Bendala concluye: “Lo que pasó entonces no se explicó bien a las siguientes generaciones. Y eso se nota mejor que nunca hoy”. Y dice hoy remarcando la entonación. Dice hoy porque, 50 años después de la muerte de dictador, hay voces en la generación de los nietos de Bendala, García Parody y Trigo se atreven a decir en alto, desde la total ignorancia, que con Franco se vivía mejor.

La asociación memorialista Dejadnos Llorar, que reúne a familiares de víctimas represaliadas por el franquismo cuyos restos se buscan en las fosas de los cementerios de Córdoba, ha denunciado la “incertidumbre” en la que se encuentran al no tener información sobre si los trabajos de exhumación que se llevan a cabo actualmente en La Salud continuarán una vez que termine el contrato en vigor de los mismos a finales de diciembre. Y, en ese sentido, han acusado al gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba de “ignorar su compromiso” para que los trabajos continúen sin que se cubran las actuales excavaciones y se produzca un parón en las tareas.

Con motivo de la conmemoración este 31 de octubre del Día de las Víctimas del Franquismo en España, la asociación Dejadnos Llorar ha difundido un vídeo sobre el último gran acto realizado en junio pasado con familiares e instituciones junto a las fosas del cementerio de La Salud, vídeo donde se recuperan las palabras de compromiso de los representantes institucionales para continuar las exhumaciones.

“Reivindicamos la continuidad de las exhumaciones” -dicen, para añadir que el vídeo también se hace “para exigir a los responsables de las instituciones que cumplan sus compromisos y no se detenga el proceso de recuperar a las víctimas sepultadas en las fosas comunes de nuestra ciudad”. Sobre ello, abundan en que reproducen “sus propias declaraciones en el acto que celebramos el Día de las Víctimas de Andalucía para recordarles que se comprometieron públicamente delante de los familiares de las víctimas”.

“Sin información, invadidos por la incertidumbre”

En el vídeo aparece, en nombre del Ayuntamiento de Córdoba, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, que manifestó “nuestro compromiso por la continuación de los trabajos de las exhumaciones (...) Desde el gobierno municipal no escatimaremos esfuerzos para que ese convenio se pueda aprobar lo más rápidamente posible. Y esperamos que a principios del año que viene tener no solo firmado el convenio sino el contrato que continúe las exhumaciones”.

Tras esas declaraciones, desde Dejadnos Llorar señalan que “desgraciadamente, cuatro meses después de ese acto y ese compromiso, seguimos sin información, invadidos por la incertidumbre, conscientes de que el contrato vigente finaliza el 28 de diciembre y que, dos años después del inicio de los trabajos de exhumación en La Salud, estos no van a concluir satisfactoriamente y tampoco tenemos garantías de continuidad”.

“Nos preocupa que el concejal del ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga haya ignorado su compromiso y ni siquiera nos responda cuando le hemos solicitado información como responsable de los trámites legales y de que sigan adelante los trabajos de recuperación de las víctimas”, indica la asociación de familiares de personas represaliadas, para avanzar que, “ante su silencio, hemos solicitado una reunión con el alcalde, José María Bellido, pero tampoco hemos recibido respuesta”.

En el vídeo difundido también aparece el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que hizo público “el compromiso del Gobierno de España de seguir apoyando económicamente” las exhumaciones. A finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un decreto para conceder directamente al Ayuntamiento de Córdoba 150.000 euros para continuarlas.

Con todo ello, este 31 de octubre, Día de las Víctimas del Franquismo en España, aseguran que “seguiremos exigiendo que las instituciones cumplan las leyes que nos amparan en nuestro derecho a la recuperación de nuestras víctimas. Y desde luego lucharemos para evitar nuevas injusticias contra las víctimas y sus familiares”, concluyen, pidiendo una vez más “verdad, justicia y reparación”.

Más de 200 mujeres fusiladas, casi 500 desposeídas de sus bienes y 1.500 procesadas y encarceladas por el abominable delito de defender la legalidad constitucional. O simplemente por no encajar en el modelo de mujer católica y sumisa que el nuevo régimen franquista quería imponer a sangre y fuego. Muchas otras sufrieron el aislamiento social, la humillación pública y la persecución implacable tras la victoria de los sublevados.

A muchas de ellas les pone nombre y apellidos la historiadora Carmen Jiménez en un exhaustivo estudio publicado a cuenta de su tesis doctoral, bajo el título Horror para las vencidas. La represión de la mujer en Córdoba (1936-1950), dirigida por los profesores Antonio Barragán y Francisco Acosta, y presentada públicamente el pasado mes de julio.

La mayor parte fueron fusiladas en Córdoba capital. Muchas bajo la acusación de ser esposas, hermanas o madres de republicanos. Pero también por ser ellas mismas. Es decir: por ser sindicalistas y maestras o sencillamente mujeres que rompieron el molde tradicional. “En las zonas del sur controladas por los sublevados, se va instaurando el nuevo modelo de mujeres franquistas y se acaba con todo lo que supuso la experiencia republicana”, explica Carmen Jiménez, especialista en exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y miembro del consejo asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.

En el norte de la provincia, donde resistió la República hasta 1939, todavía se mantuvo el modelo de mujer republicana, que asumía responsabilidades públicas como alcaldesas y concejalas de algunos ayuntamientos, en el aparato de los partidos políticos y también como milicianas en el frente de batalla. “Y ese modelo de mujer activa y comprometida es penalizada por el franquismo y estará en el punto de mira de los tribunales militares que se van creando en cada plaza conquistada”, argumenta la historiadora.

La represión comienza muy pronto. A medida que van cayendo los pueblos en manos del Ejército rebelde y las milicias falangistas, las mujeres republicanas son vejadas con saña. En el mejor de los casos, son rapadas y obligadas a ingerir aceite de ricino. En el peor, violadas. “Se utiliza su cuerpo como botín de guerra”, afirma Carmen Jiménez citando al historiador Arcángel Bedmar.

Las tropas regulares del norte de Marruecos causaron estragos entre la población civil. “Cometieron auténticas salvajadas con mujeres y niñas”, subraya la investigadora. Existen abundantes testimonios orales de las víctimas y también documentación militar procedente de los consejos de guerra. “Muchas se quedan embarazadas y tienen hijos negritos. Imagine una chavala de 14 o 15 años hija de un rojo y además madre de un niño oscuro de piel”, remarca.

Otras son ejecutadas o ingresadas en prisión. “Y todas sufrieron el estigma de las mujeres rojas. Eso supuso el ostracismo total a nivel social y también económico”, agrega. La mayoría no tenía trabajo y vivía de la mendicidad. Cientos fueron sentadas en el banquillo ante un tribunal militar y sometidas a cárcel preventiva a la espera de sentencia. “Hay muchos casos de mujeres embarazadas que parían en la cárcel y otras que ingresaban ya son sus niños pequeños”, explica.

En los procesos, se les acusaba de delitos similares a los de los hombres republicanos, aunque también se les imputaba la agravante de comportamiento inmoral. “Por ejemplo, el hecho de que no fueran a misa, vivieran amancebadas u otro tipo de conductas que no eran propias de la mujer”, aclara Carmen Jiménez. Muchas piden clemencia al tribunal porque su marido ha sido fusilado y los hijos están solos en la calle. “Encontré el testimonio de una mujer de Peñarroya cuyo paradero se desconocía, el marido había sido ejecutado y las tres hijas se habían quedado deambulando por el pueblo”, asegura. “Hasta que un día subieron a un camión a un montón de niños y se los llevaron a un hospicio de Córdoba”.

Los niños pequeños solían compartir el “turismo carcelario” con sus madres. Lo mismo eran detenidas en Belmez, ingresadas en la prisión de Córdoba y trasladadas al penal de Gerona. “Pasaban unas penurias tremendas”, abunda la investigadora de la UCO. Hay testimonios desgarradores. “Algunos niños morían en la cárcel por hambre o enfermedades de las que no podían ser tratados. En prisión no tenían ni enfermería”, señala.

Carmen Jiménez ya había trabajado con el profesor Barragán en investigaciones relacionadas con la represión franquista. Colaboró con él en el estudio de la Ley de Responsabilidades Políticas, dictada por Franco en febrero de 1939, para procesar a los defensores de la legalidad constitucional por “subversión”. La norma franquista castigaba conductas que no eran delito antes de su promulgación, una aberración jurídica que violaba el principio de irretroactividad penal.

Esta ley reforzaba la represión económica ya iniciada en febrero de 1937 con la creación de las comisiones provinciales de incautación. “Era una rapiña. Un botín de guerra. Iban casa por casa y se llevaban todo. Desde una silla hasta un mueble. Y luego con las comisiones de incautación ya se apropian de olivares, tierras, propiedades, casas, cuentas corrientes y hasta dinero contante y sonante”, enumera la historiadora. ¿Con qué justificación? “Eran los enemigos del nuevo régimen”.

Todos estos bienes robados a los republicanos eran subastados, vendidos o sencillamente para uso personal de las autoridades franquistas. A partir de 1939, tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, a los expedientados que no tenían bienes, se les aplicaba una sanción económica. “Estamos hablando de 50 pesetas de la época, en un momento de escasez total. Si no la pagaban los acusados porque habían fallecido o estaban en prisión, los familiares heredaban la culpa y tenían que abonar la multa”.

Para la elaboración de su tesis, Carmen Jiménez se ha sumergido en los fondos del Tribunal Militar de Sevilla y el Tribunal de Responsabilidades Políticas. También se ha servido de testimonios orales de la represión y documentación de los registros civiles, libro de enterramientos, archivos militares y el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

El de Carmen Jiménez es el trabajo de investigación sobre la represión de la mujer más exhaustivo que se ha desarrollado en Córdoba. “Cuando te acercas a este tema te das cuenta de que la represión sobre la mujer es importante, no solo cuantitativa sino cualitativamente, y que además tiene características propias. Las mujeres son represaliadas por muchas cosas, pero también por el simple hecho de ser mujeres”, concluye.

El 21 de julio de 1970, tres trabajadores fueron asesinados en una carga policial contra una huelga de la construcción en Granada. Días después, la iglesia de la Compañía de Córdoba celebró una misa en homenaje a los fallecidos. El templo estaba abarrotado. La tensión rasgaba el aire. El cura celebró una liturgia con continuas referencias a los trágicos sucesos y se cantó a coro el célebre poema de Alberti Nunca fui a Granada, que en la voz rota de Paco Ibáñez se convirtió en un himno en aquellos años grises del tardofranquismo.

Muchos no creyentes se mostraron sorprendidos con el compromiso parroquial y el homenaje desafiante que se rindió a los trabajadores fallecidos en el interior de una iglesia. A la salida del templo, un conocido militante del PCE comenzó a cantar el Salve Madre. Muchos congregados le siguieron a capela. La sorprendente anécdota la cuenta el ex sacerdote Antonio Granadino en una cita recogida por el profesor de historia Miguel Ángel Peña en un artículo de investigación recién publicado por la revista Nuestra Historia.

Es uno de los innumerables episodios que jalonan la insólita alianza entre cristianos de base y comunistas ateos que caracterizó la lucha clandestina en aquella Córdoba predemocrática. ¿Cómo es posible que dos enemigos aparentemente irreconciliables pudieran trenzar una colaboración tan fructífera? Antonio Granadino lo tiene claro: “Si entiendes el Evangelio, lo principal es estar con los oprimidos. Y, si hay otros que están en ese camino pero no creen en Dios, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es la lucha conjunta por un objetivo común”, argumenta a través del teléfono a sus 84 años mientras trabaja en la huerta.

Así fue. Y así lo recoge el profesor Peña en Del antifranquismo al Ayuntamiento: relaciones entre comunistas y cristianos en Córdoba, un pequeño estudio de ocho páginas que examina aquella experiencia singular que arrancó pocos años después de la Guerra Civil. El historiador señala dos hitos cruciales para entender el proceso de confluencia. El primero ocurre en el Vaticano. Estamos en 1946. El nazismo alemán y el fascismo italiano han sucumbido con estrépito. Franco se tambalea. Y el Papa Pío XII comprende que la Iglesia debe modificar su relación con la clase obrera. “Hay un intento en España de crear la base de lo que podría ser una democracia cristiana como la italiana”, aduce Peña.

La Iglesia española da sus primeros pasos. Y crea la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Se producen ciertos movimientos de renovación en la interpretación bíblica, teológica y litúrgica que empiezan influir en el sector católico más social de la institución cristiana. “No tanto en la jerarquía como en las comunidades de base”, puntualiza el profesor del Instituto Averroes. Y se celebra el Concilio Vaticano II, clave en la apertura de la Iglesia católica al mundo contemporáneo.

Mientras, el PCE empieza a salir de las catacumbas tras la dura debacle del 39 y aprueba la tesis de la reconciliación nacional. Estamos en 1956. Y se está creando un caldo de cultivo propicio para el entendimiento de dos movimientos ideológicos que dos décadas antes se situaban en las antípodas y se combatían a muerte.

“Va emergiendo una corriente cristiana con un compromiso muy claro con la clase trabajadora y, en lo concreto, termina por coincidir con la militancia comunista”, explica Peña Muñoz. “Ese cristianismo va asumiendo el método marxista de análisis”, asegura en conversación telefónica con Cordópolis.

Va emergiendo una corriente cristiana comprometida con la clase trabajadora que asume el método marxista de análisis

Miguel Ángel Peña — Profesor de Historia del Instituto Averroes

El primer acercamiento entre el PCE y los cristianos catalogado por el historiador en Córdoba tiene como protagonista al sacerdote de Santa Marina, Martín de Arrizubieta. “Es un cura peculiar”, describe el profesor Peña. “Ha sido del PNV, pero también ha colaborado con el régimen franquista, incluso con los nazis, y aquí aparece ya como antifranquista”. El histórico dirigente comunista Rafael García Contreras, fallecido en 2021, citó algunos contactos con el párroco a finales de los años cincuenta.

Pero el episodio más notable en torno a Arrizubieta fue la publicación de la revista de pensamiento político Praxis, editada por el psiquiatra José Aumente, con la colaboración del sacerdote de Santa Marina, Carlos Castilla del Pino y el delineante Aristóteles Moreno Requena. La asfixiante censura franquista acabó provocando el cierre de la publicación tras cinco números editados entre 1960 y 1961.

Dos años después, un grupo de cristianos de base alumbran la que se convirtió a todas luces en la principal plataforma antifranquista de Córdoba fundada sobre el poderoso influjo de la encíclica Pacem in Terris. Hablamos del Círculo Cultural Juan XXIII, entre cuyos patrocinadores figuraban Pepe Aumente, Pilar García Entrecanales, Antonio Zurita, Fernando Álvarez, Salvador Linares, Fernando Atienza, Joaquín Martínez Bjorkman, Balbino Povedano, Soledad Cañizares y Rafael Sarazá.

Proliferaron los sacerdotes con sensibilidad social como Joaquín Canalejo, párroco de La Compañía; Agustín Molina, conocido como el Padre Ladrillo, de la barriada de El Naranjo; y Bartolomé Blanco. O directamente los curas obreros, citados en su artículo por el profesor Peña, como Laureano Mohedano, que llegó a ser presidente del comité de empresa en la Westinghouse; Manuel Varo y Manuel Gómez, empleados de la fábrica azucarera de Villarrubia; o el trabajador agrícola Domingo García.

Antonio Granadino se ordenó en 1967. Era miembro de los jóvenes de Acción Católica e ingresó en el seminario con 19 años. “En aquellos años lo social estaba muy diluido”, afirma. Nunca tuvo una parroquia a su cargo y trabajó en Colecor y Los Sánchez como repartidor. “Me buscaba la vida como podía aunque no me consideraba cura obrero”.

Granadino sitúa a Fernando del Rosal al frente de un grupo de curas obreros comprometidos en los años sesenta. “Ahí también estaba Domingo Ramírez, que le llegó a negar la comunión a una señora rica de su pueblo”, rememora el ex sacerdote. Años más tarde, se cimentó un nuevo colectivo de cristianos de base a raíz de unas declaraciones altisonantes y muy conservadoras pronunciadas por el obispo de Cuenca y procurador en las Cortes franquistas José Guerra Campos.

“Era un obispo muy fachoso. Nos juntamos diez amigos y organizamos una comunidad de base”, recuerda Granadino. En ese colectivo figuraba Rafael Sarazá, Luisa Jimena, Manuel Palencia, Marisa Aparicio y Toñi Pastor, entre otros. “Un día se presentó Antonio Luque y dijo: ‘He estado con Ernesto Caballero y me acabo de afiliar al PCE’”, señala Antonio Granadino como anécdota del acercamiento progresivo entre cristianos y comunistas en aquella Córdoba tardofranquista.

Granadino fue secretario sustituto durante un verano del obispo José María Cirarda, que estuvo al frente de la Diócesis cordobesa entre 1971 y 1978. Y fue testigo de dos episodios muy significativos. En el primero, Enrique Rodríguez Linares, dirigente del PCE provincial por entonces, apareció un día por el Obispado para hablar con monseñor Cirarda. Quería informar al prelado de una movilización sindical que se iba a producir en el sector de la banca. El obispo no lo recibió, pero quedó patente el intento del PCE de comprometer a la Iglesia en ciertas operaciones políticas del momento.

El segundo caso citado por Granadino fue más elocuente. “Un día se presentaron en el Obispado la esposa y la hermana de Ernesto Caballero”, indica el ex sacerdote. El dirigente comunista llevaba 20 meses en la cárcel y le acababan de imponer una fianza de 75.000 pesetas para salir en libertad condicional. Teodora Aperador y su cuñada se colaron en el despacho de Cirarda para implorarle ayuda. “Cirarda me dijo que escribiera una carta a Cáritas para pedirle el dinero prestado”, recuerda Granadino. “Luego cogió el teléfono y habló con la Asociación Católica de Propagandistas para que intervinieran y sacaran a Ernesto de la cárcel”.

¿Monseñor Cirarda era un obispo progre? Antonio Granadino no tiene una respuesta para esa cuestión. Sí puede decir que años después ordenó su destierro a Alhucemas, pese a su disconformidad manifiesta. Lo cierto es que, en su opinión, la colaboración entre la Iglesia y el PCE se produjo a escala personal y nunca en el orden institucional.

Carmen León, feminista y cristiana de base, se instaló en Cañero en mayo de 1969. Hija de guardia civil y esposa de policía nacional, aterrizó en el popular barrio de Córdoba con el objetivo de fundar una familia. Años antes, el movimiento vecinal había empezado a fraguarse en torno a la Asociación de Cabezas de Familia, la única permitida por el régimen, creada en respuesta al problema estructural de los tejados de las casas. “Poco a poco comienzan a unirse a esa lucha las fuerzas vecinales y también del PCE, que ya estaba fuerte en el barrio”, explica León al otro lado del teléfono.

Allí empezó a cimentarse su conciencia social. “Lo fui viviendo desde mi identidad cristiana y con la convicción de que el barrio era un espacio donde construir el bien común y las condiciones de vida para mis vecinos y mis vecinas, que eran gente trabajadora”, subraya. Las asociaciones de vecinos se convirtieron a principios de los setenta en instrumentos decisivos de acción reivindicativa y política. Y allí estaban trabajando coordinadamente cristianos y comunistas.

“Para mí, el barrio fue un regalo de Dios”, proclama Carmen León. “Allí me encontré con una parroquia y una asociación vecinal activas. Y ahí empieza mi proceso personal de conversión hacia el cristianismo comprometido y mis contactos con la gente de izquierdas”. Bajo su prisma, el acercamiento progresivo entre comunistas y cristianos se asienta sobre el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación. “Para anunciar el Evangelio, antes había que trabajar para que las personas tuvieran unas condiciones de vida dignas. Ese es el modelo que el Concilio Vaticano II nos trajo, que luego ha estado metido en los cajones de la Iglesia durante tantos años”.

La colaboración entre ateos y creyentes se estrecha a principios de los setenta. La huelga de Aucorsa por el incremento del precio del bus en 1973 pone a prueba la cooperación entre el PCE y la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Ese mismo año se publica la revista Libertad, coordinada por el dirigente comunista Pepe López Gavilán, y en su primer número aparece un artículo sobre Los cristianos y el pacto. López Gavilán le entrega un ejemplar al canónigo archivero, Manuel Nieto Cumplido. “En el archivo catedralicio debe de haber una colección completa del periódico comunista”, dijo después con sorna Gavilán.

Un año más tarde Nieto Cumplido rechaza integrarse en la Junta Democrática, tal como le ofrecieron Castilla del Pino y Rafael Sarazá. Quienes sí se incorporaron al frente de oposición fueron los sacerdotes Laureano Mohedano y Francisco Aguilera, además de Antonio Luque, Francisco Povedano Cáliz, Pepe Aumente y Joaquín Martínez Bjorkman.

En 1979 muchos curas pidieron el voto para el comunista Julio Anguita, primer alcalde rojo de una gran ciudad española desde la República. El PCE le ofrece al jesuita Jaime Loring un puesto en la lista electoral a las municipales. “Loring estaba entusiasmado”, según confiesa tiempo más tarde Ernesto Caballero. Pero la compañía se lo prohíbe.

Anguita ganó las elecciones, contra todo pronóstico, gracias, entre otros factores, a la convergencia entre los comunistas y los cristianos de base. El corazón ateo y anticlerical del PCE no levantó suspicacias entre los creyentes. “El objetivo común eran la libertad y la democracia”, sostiene Carmen León. “Eso nos unía a todos. Y, sobre todo, el compromiso por la justicia y un mundo mejor”.

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha celebrado este viernes un acto de entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las personas represaliadas sindicadas a UGT en Córdoba durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En declaraciones previas a los medios de comunicación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alertado del auge de la extrema derecha y ha apelado a defender la democracia “todos los días”.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado la importancia de la memoria histórica y democrática como un legado vivo que conecta pasado, presente y futuro. “Hoy hacemos un acto humilde, pero profundo y con gran sentimiento, para reconocer a compañeras y compañeros que lucharon por la democracia y las libertades. Muchos de ellos incluso murieron por esa causa. A través del Gobierno de España y de la entrega de certificados de reparación, damos voz a quienes durante años estuvieron silenciados”, ha explicado.

En su intervención, el sindicalista ha subrayado la necesidad de defender la democracia y los derechos laborales frente a las políticas de ultraderecha que se están extendiendo en distintas partes del mundo. “La democracia, las libertades y los valores democráticos se defienden todos los días, y lo hacen mujeres y hombres que son referentes para que este país no vuelva a épocas oscuras”, ha afirmado. Además, Martín ha destacado el papel cotidiano de los trabajadores y delegados sindicales “en la construcción de un país más justo y próspero”.

Por su parte, Montero ha agradecido a UGT su compromiso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores y la democracia, y “su impulso constante, clave para construir un país más justo, con igualdad de oportunidades y políticas públicas que protejan a quienes dependen de su trabajo para desarrollar su proyecto vital”.

Sobre las nuevas generaciones, Montero ha enfatizado en la importancia de transmitirles el valor de la democracia y la memoria histórica. “Es fundamental que quienes no vivieron la dictadura conozcan lo que significó represaliar a personas por sus ideas o militancia”, ha dicho la ministra a la vez que ha denunciado “la frivolización de la ultraderecha”. “Con ella, no se juega, porque nos jugamos la vida y, por tanto, porque tenemos que ser muy firmes a la hora de defender la capacidad de que cada hombre y cada mujer puedan decidir el destino de su pueblo”.

Al acto también han asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna; la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín; el secretario de Organización, Antonio Gallego; el secretario de Comunicación Política, Rafael Llamas, entre otros.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de 1.050.000 euros, destinados a la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la guerra civil española y la dictadura. En ese montante se incluye 150.000 euros para continuar los trabajos en los cementerios de Córdoba, donde actualmente se llevan a cabo localizaciones y exhumaciones de víctimas mediante un convenio que expira este año y por lo que familiares de represaliados urgen a que todas las administraciones garanticen ya la continuidad de las labores en 2026.

Desde hace meses, asociaciones memorialistas y familiares de víctimas vienen reclamando a las administraciones que cumplan su compromiso dado en palabras y no haya un parón en las exhumaciones. Ahora, con el paso dado por el Gobierno con la concesión directa de esos 150.000 euros para proseguir los trabajos, queda por delante que el Ayuntamiento de Córdoba, como propietario de los terrenos donde se ejecutan los trabajos y responsable de estos, dé luz verde a un nuevo contrato para las tareas de exhumación que quedarán pendientes aún cuando acabe este año.

En junio pasado, cuando el día 14 de ese mes los colectivos celebraron en el cementerio de La Salud con un acto el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, representantes de las distintas administraciones como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, se comprometían a proseguir los trabajos. El Gobierno ha dado ahora el paso de destinar 150.000 euros más y las asociaciones esperan que el Ayuntamiento siga los trámites necesarios de manera inminente.

Cumplir el compromiso

“Reclamamos que cumplan su compromiso y las exhumaciones sigan en 2026, sin que haya un parón”, señalan a este periódico desde la asociación de familiares Dejadnos Llorar. “Que no se eternice la promesa”, dicen sobre el tortuoso camino administrativo que siempre han tenido que recorrer sus peticiones de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Por ello, esperan en que pronto puedan tener noticias y el compromiso de todas las administraciones se haga realidad, de tal manera que los trabajos no queden paralizados cuando termine diciembre de 2025 sino que se continúen hasta su conclusión en 2026.

Actualmente, la localización y exhumación de los restos de víctimas de la represión franquista se está realizando en el cementerio de La Salud, donde se trabaja en distintos puntos, gracias a un convenio y a la aportación económica de las cuatro administraciones: Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno, con un 1,6 millones de euros en total.

Los trabajos en La Salud comenzaron en octubre de 2023 y, hasta el verano, ya habían recuperado los cuerpos de un total de 880 personas, de los que hasta ese momento se habían certificado como víctimas represaliadas los restos de 141 personas.

Años antes, los sondeos mostraron certeza sobre la realidad que documentos, testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael.

Prorrogar las tareas

De momento, el convenio y la financiación de las cuatro administraciones -Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba- señala que los trabajos llegarán hasta finales de 2025. Pero los especialistas ya advirtieron que la dimensión de las fosas de La Salud requerirá de prorrogar la tarea.

Mientras, en paralelo a la recuperación de los cuerpos de las fosas, los restos de cada individuo y los objetos que aparecen junto a ellos son analizados pormenorizadamente por antropólogos, arqueólogos y conservadores.

De los restos se extrae así el perfil biológico más ajustado posible de cada víctima -sexo, edad, estatura, enfermedades, etc-, así como de los detalles y objetos que dan información sobre esa persona.

Esa caracterización queda documentada y será complementaria para la prueba de ADN que, finalmente, se realice en el laboratorio encargado para ello en la Universidad de Granada y certifique la identificación de las víctimas en los casos que pueda comprobarse con sus familiares.

El Comité Técnico de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha emitido un informe en el que determina que el Ayuntamiento de Córdoba debe retirar el título de Hijo Predilecto otorgado en su día al general franquista Ciriaco Cascajo Ruiz, además de modificar el rótulo de la lápida en la que se alude a esta distinción y a su participación en el golpe de estado de 1936.

El informe -al que ha tenido acceso Cordópolis-, fue solicitado a la Junta por el Ayuntamiento de Córdoba en relación a los honores concedidos al general Ciríaco Cascajo Ruiz y sobre la inscripción en su lápida del cementerio de la Salud de Córdoba. Así, en base a las leyes de Memoria Histórica estatal y la de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el comité dicta que “el Ayuntamiento de Córdoba concedió al ya general Cascajo Ruiz la distinción de ”Hijo Predilecto“, distinción que a la vista de la ley 20/2022 de Memoria Histórica y en su aplicación debe ser retirada por el Ayuntamiento de Córdoba”.

Por otra parte, sobre la inscripción de la lápida y “teniendo en cuenta el hecho obvio de la retirada por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la distinción mencionada de ”Hijo Predilecto“, este cambio deberá reflejarse en la lápida que cierra el espacio sepulcral”. Por ello, realiza una reomendación sobre cómo debería quedar dicho rótulo: “Recomendamos que la inscripción actual quede reducida a la siguiente: 'Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. D. Ciriaco Cascajo y Ruiz, general de División N. 1878, F. 1953 RIP'”.

Actualmente, la inscripción objeto del informe reza: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”.

El informe recuerda en su exposición que, “el por entonces aún entonces coronel (durante el inicio de la Guerra Civil) Ciríaco Cascajo Ruiz fue un destacado dirigente de la sublevación en Córdoba y tuvo como objetivo el control de la misma capital, lo que, en una situación de violencia generalizada por parte de ambos bandos contendientes, pasaba por la represión del enemigo y por la neutralización de las posibles amenazas a la victoria final de la sublevación. Las cifras de represaliados en la capital se estiman, según diversas fuentes -que no están sostenidas en una contabilización exhaustiva caso a caso-, entre las 9.000 y las 30.000 víctimas. De ahí hacemos notar en el presente informe la conveniencia y necesidad de conocer con más exactitud el número de víctimas de la región”.

Asimismo, expone cómo la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía dice que “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. Las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

Tras diversas peticiones al Ayuntamiento de Córdoba para que retire los honores a Ciriaco Cascajo, el gobierno municipal abrió un expediente al respecto y solicitó en última instancia el informe a este órgano de la Junta de Andalucía que asesora en lo relativo a la Memoria Histórica y que ahora determina que el Consistorio debe retirar las distinciones al general franquista.