La Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un dictamen global desfavorable sobre la gestión que el Consistorio hace de una treintena de espacios o edificios municipales que tiene cedidos a terceros, ya sean empresas o asociaciones con o sin ánimo de lucro. El documento, el primero en el que el órgano fiscalizador se centra en este tipo de concesiones, analiza concretamente el ejercicio 2022, aunque poco ha cambiado desde entonces la situación en la mayoría de edificios que analiza.

A título general, el informe (de 175 páginas) es bastante duro, y advierte de que el Ayuntamiento sufre un claro perjuicio económico en 25 de los 30 expedientes analizados. Para la Intervención, la calidad de la gestión es mejorable en la mayoría de espacios propiedad del Ayuntamiento que gestionan otras empresas o asociaciones. El informe pasó por el último Pleno Ordinario. Una vez hecho público, se ha podido comprobar que, a juicio de este organismo, el Ayuntamiento o bien pierde o bien deja de generar ingresos en la inmensa mayoría de sus espacios públicos cedidos a empresas o asociaciones.

Se argumentan varios motivos. Entre ellos, el uso en precario de bienes municipales con el contrato caducado (lo que conlleva el cobro de rentas absolutamente desactualizadas), la ocupación directa sin ningún título jurídico (sin abonar cantidad alguna), los importantes retrasos en la liquidación y el cobro sin aplicar penalidades, y la falta absoluta de facturación de las rentas estipuladas.

El documento fiscalizador destapa situaciones de “ocupación irregular” -el término es literal- sumamente llamativas. Al ser de 2022, señala los casos de las Caballerizas Reales y el Estadio Municipal El Arcángel, en los que Córdoba Ecuestre y el Córdoba CF ejercían su actividad sin constancia de un título jurídico habilitante y sin pagar ningún canon o renta al Ayuntamiento. En el caso del estadio, esta “ocupación” ya se ha regularizado, mientras la situación en Caballerizas Reales, que data de hace 16 años, todavía puede tardar un tiempo en arreglarse.

Concesiones caducadas, pagos fuera de plazo

Por otro lado, la auditoría documenta una preocupante inacción municipal ante concesiones que caducaron hace años, pero que siguen operando con el consentimiento tácito del Ayuntamiento. Un claro ejemplo es el del quiosco en los Jardines de la Agricultura, conocido como Bar Playa, cuyo contrato expiró definitivamente en noviembre de 2014 tras agotar todas sus prórrogas, pero que el entonces adjudicatario sigue explotando a día de hoy en situación de precario.

En la misma situación de caducidad y continuidad en precario operan o han operado otros recintos como el Mirador del Río (que lleva una empresa a la que el Ayuntamiento intenta desalojar, de momento sin éxito) o el Bar Kamaleónika (a la que también se ha ordenado que desaloje).

Una buena parte de las irregularidades tienen que ver con retrasos en el cobro del canon o la renta por el uso de los espacios públicos cedidos. Es el caso del Mercado Victoria, un emblema de la gastronomía y el ocio en la capital y que, según refleja en su informe la Intervención, supone un claro perjuicio económico para el Ayuntamiento provocado por un cúmulo de irregularidades en su gestión.

Así, refleja el documento que, aunque durante las alegaciones se demostró que el Consistorio sí llegó a cobrar las doce mensualidades del canon correspondientes a 2022, se detecteó la falta de un acta de inicio formal de la actividad que determine los plazos exactos, la omisión en la repercusión del 21% de IVA exigible legalmente, deficiencias y falta de acuerdos expresos formales para la revisión de las cuotas, y el retraso sistemático en los pagos mensuales por parte del concesionario sin que el consistorio le aplique las penalizaciones de 2.000 euros estipuladas en el propio contrato.

Caos administrativo y falta de comunicación

En su análisis, la Intervención General evidencia la ausencia de un sistema de información centralizado para gestionar estas concesiones, advirtiendo de que los datos manejados por los distintos departamentos (Gestión Tributaria, Contratación y Patrimonio) resultan “incompletos, dispares e incluso contradictorios”. El informe expone que es una “práctica habitual” que el Ayuntamiento no levante actas de recepción o de entrega de llaves al finalizar los contratos, lo que fomenta que los empresarios prolonguen su estancia de forma irregular en los espacios de dominio público.

Además, se denuncia que los concesionarios acumulan retrasos de meses o incluso años en el pago de sus cánones sin que el Ayuntamiento ejecute las medidas correctivas, resuelva los contratos o imponga las penalizaciones que figuran por escrito en los propios pliegos.

Igualmente, cuando corresponde actualizar las rentas mediante el IPC u otros indicadores, en la inmensa mayoría de los casos el Ayuntamiento no realiza el trámite o lo hace de forma deficiente, cobrando cánones obsoletos y ajenos al valor de mercado.

Al final, la auditoría refleja que en aquel año, solo hubo cinco empresas u organizaciones que hicieron todo conforme al contrato. Son las siguientes: la Torre de La Calahorra, gestionada por la Fundación Paradigma, el Mercado Temático, los estacionamientos subterráneos de avenida del Aeropuerto, la tienda de recuerdos anexa a la Posada del Potro, y el Mercado de la Corredera.

Lo que comenzó como un trámite administrativo para incentivar el empleo y la recuperación del patrimonio arquitectónico de Córdoba se ha convertido en un follón tributario. Y es que el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido finalmente retirar del orden del día del Pleno ordinario de marzo la propuesta para conceder una bonificación fiscal a la entidad Obrador El Brillante, tras detectarse que la empresa mantiene una presunta deuda pendiente desde hace cinco años por el mismo impuesto que se le pretendía bonificar.

La documentación oficial, facilitada a este periódico por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, se retrotrae al año 2021, cuando se llevan a cabo a las obras de rehabilitación del edificio que albergaba la antigua Panadería del Brillante, situada en la avenida de la Arruzafa. Se trata de un inmueble de gran valor histórico, diseñado en 1954 por el arquitecto Rafael de la Hoz, referente de la arquitectura moderna.

Cuatro años después, en febrero de 2025, la empresa solicitó una ayuda fiscal basándose en la declaración de la obra como de “especial interés municipal” por el fomento del empleo, tras convertir el espacio en una cafetería (recientemente galardonada con un “Solete” de la Guía Repsol), un parking y la sede central del obrador. En la documentación, la empresa explica en su solicitud que la nueva actividad de cafetería y parking comenzó en los últimos meses de 2024, por lo que estaba dentro del plazo.

Hurtado, de hecho, recuerda que el alcalde, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, llegaron a visitar institucionalmente el obrador en el año 2024.

De ahí saltamos a febrero de este año. Los informes técnicos iniciales del Departamento de Gestión Tributaria eran favorables a la concesión de una bonificación del 20% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Aunque la empresa solicitó originalmente un descuento del 40% alegando la creación de entre ocho y diez puestos de trabajo, la inspección municipal solo pudo verificar la contratación indefinida de cuatro trabajadores afectos directamente a la actividad.

Así, según la Ordenanza Fiscal 305 de Córdoba, este nivel de contratación daba derecho a una reducción en el impuesto sobre un coste de ejecución material de la obra valorado en 657.826,77 euros.

La inspección detecta un impuesto impagado desde 2021

Sin embargo, de forma paralela a la tramitación de la ayuda, el Servicio de Inspección Fiscal realizó un hallazgo determinante. Según el documento de “Comunicación de inicio de actuaciones inspectoras”, quedó acreditado que la empresa constituyó el hecho imponible al iniciar las obras en 2021, pero “no procedió al abono de las cantidades” correspondientes a la autoliquidación del tributo en su momento.

Según el informe de inspección, la empresa solo realizó un ingreso a cuenta de 3.749,82 euros, dejando sin abonar el grueso de la cuota. Se le formuló una propuesta de liquidación para regularizar la situación de la panadería, reclamando una cuota diferencial de 18.879,42 euros. A esta cifra se le han añadido 2.682,89 euros en concepto de intereses de demora, calculados desde el 27 de julio de 2021 hasta la actualidad, lo que eleva la deuda total reclamada por el Ayuntamiento a 21.562,31 euros.

De este modo, el conflicto surge al aplicar la propia normativa municipal. La Ordenanza 305 establece que las bonificaciones tienen “carácter rogado” y deben solicitarse dentro del plazo establecido para el abono del impuesto. El hecho de que la empresa no liquidara el impuesto en 2021 y haya sido ahora, en 2026, cuando la Inspección ha tenido que reclamar el pago de oficio, genera una contradicción con el espíritu del beneficio fiscal.

Ante esta situación, y a pesar de que el expediente contaba con el visto bueno de la Secretaría General del Pleno para su debate en el próximo pleno, el Gobierno municipal ha optado por la prudencia retirando el punto del orden del día. La empresa, por su parte, no ha atendido a las preguntas que le ha realizado este periódico.

La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.

Las dos subvenciones extraordinarias de 300.000 euros cada una concedidas por el Ayuntamiento de Córdoba (a través del Instituto Municipal de Artes Escénicas - IMAE) a los festivales privados Córdoba Live y Califa Fest no han llegado a incorporarse al cierre contable del ejercicio 2025. Por ello, el dinero no podrá abonarse de manera directa y pasará a los remanentes de tesorería del IMAE, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes.

Las ayudas, tramitadas mediante dos créditos extraordinarios por un importe total de 600.000 euros e incluidas en el Plan de Subvenciones del instituto que gestiona los teatros de Córdoba, contaban con la aprobación definitiva del Pleno desde mediados de diciembre, una vez que el equipo de gobierno del PP rechazó las alegaciones presentadas por el PSOE, que había recurrido la modificación presupuestaria con el objetivo de frenar las subvenciones. Tras ese trámite, según se comentó tras la aprobación, el expediente fue remitido a Intervención y Tesorería para su ejecución.

Sin embargo, los expedientes no han podido fiscalizarse “en tiempo y forma”, lo que ha impedido su contabilización antes del cierre del ejercicio. Esta circunstancia se produce pese a que, tal y como denunció el PSOE en su momento, el gobierno municipal llegó a ampliar el plazo del cierre contable de 2025 para “poder abonar estas ayudas a dos festivales de carácter privado”.

Según explican las fuentes consultadas, al no haberse ejecutado las subvenciones dentro del ejercicio correspondiente, el crédito se pierde para 2025 y pasa a formar parte del remanente municipal, que solo podrá destinarse en ejercicios futuros a usos legalmente tasados, como inversiones financieramente sostenibles.

La postura del PSOE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, consultado por este periódico, ha valorado la situación asegurando que “Córdoba se ha ahorrado 600.000 euros”, y ha recordado que su grupo ya anunció que haría “todo lo posible para frenar unas subvenciones que suponen un claro trato de favor”. Por ello, insiste, se presentaron alegaciones al Plan de Subvenciones del IMAE, algo que, a su juicio, ha hecho que el proceso se haya dilatado tanto como para no haberse llegado a tramitar en tiempo y forma.

Hurtado ha subrayado además que las ayudas iban dirigidas a dos agrupaciones de interés económico, una figura fiscal que suele liquidarse anualmente, lo que, a su juicio, complica aún más la viabilidad real de que se reintegre las subvenciones una vez terminado el año. No obstante, el dirigente socialista ha advertido también de que el PP podría intentar financiar con cargo al presupuesto de 2026 los eventos celebrados en 2025, algo que, ha dicho, el PSOE tratará igualmente de impedir.

En este sentido, ha recordado que las subvenciones del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) previstas para 2026 se articularán, según lo anunciado, mediante concurrencia competitiva, lo que abriría la puerta a que otros operadores culturales cordobeses opten a esas ayudas en igualdad de condiciones.

Unas ayudas que llevan coleando desde mayo

La polémica sobre estas subvenciones arrancó en mayo, cuando se supo que el IMAE iba a subvencionar con 300.000 euros a los promotores del festival Córdoba Live, competencia directa del Festival de la Guitarra. Intervención ya dijo en julio que había errores en ese expediente, por lo que se frenó su adjudicación directa y se promovió un plan estratégico de subvenciones, al que, con posterioridad, se añadió otra ayuda directa y nominativa de 300.000 euros para para los promotores del Califa Fest.

No obstante, mucho más duro fue el informe desfavorable emitido el pasado otoño por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba al Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del IMAE para 2025. En dicho informe, el órgano fiscalizador advertía de que el plan de subvenciones incumplía requisitos legales esenciales y que las dos subvenciones nominativas incluidas —la de Córdoba Live y la destinada a la empresa gestora de la plaza de toros— estaban ya definidas y, en gran parte, ejecutadas.

Según la Intervención, el plan invertía el orden legal de la planificación, al adaptarse “para dar cobertura a dos subvenciones que ya estaban definidas con anterioridad”, en lugar de establecer previamente los objetivos y líneas de actuación. Pese a la contundencia del informe, el Pleno aprobó el plan con el voto en solitario del PP y las críticas unánimes de la oposición.

Desde el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba no se ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre este asunto.

La Agencia Tributaria ya ha devuelto en Andalucía 2.055,25 millones de euros a 2.884.402 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), de tal forma que, a 30 de diciembre, se han efectuado el 98,14% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 96,12% de los importes solicitados. Durante la campaña se han presentado en la comunidad un total de 4.456.209 declaraciones, un 3,13% más que en la anterior.

Por provincias, en Almería se han devuelto 165 millones; en Cádiz, 256,2; en Córdoba, 173,7; en Granada, 219,2; en huelva, 128,093; en Jaén, 138,2; en Málaga, 400 millones; en Sevilla, 501,7 y en Jerez (Cádiz), 71,7 millones. En el marco nacional, la cifra devuelta asciende a 13.094 millones a 15.611.000 contribuyentes, lo que representa el 97,5% de las solicitadas y el 95,5% del importe. A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, con resultado a devolver, según las cifras desglosadas por el Gobierno.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por los cauces más agiles sin desplazamiento (la nueva modalidad 'Renta Directa' para la presentación instantánea de declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico 'Le Llamamos'). En conjunto, por estas tres vías se han presentado 1.140.000 declaraciones más que en la campaña anterior. Se han presentado casi 1.028.000 declaraciones con la opción de 'Renta Directa', que permite la misma agilidad de presentación que la 'app', pero adaptada a una visualización más clara para pantallas grandes, con una experiencia de usuario cómoda, información sintética y una gestión dinámica y muy breve del proceso de presentación.

Pero, a su vez, se ha producido un nuevo crecimiento en las presentaciones con la 'app', demostrando ser 'Renta Directa' un servicio complementario, no sustitutivo, para muchos contribuyentes. A través de la aplicación móvil se han presentado casi 704.000 declaraciones, 52.000 más que el año pasado. De ese total, más de 523.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

También el plan 'Le Llamamos' ha mantenido un fuerte impulso, con más de 1.188.000 declaraciones presentadas, 60.000 más que el año anterior, y vuelve a ser el principal sistema de presentación con asistencia personalizada. Y ello, pese al crecimiento de la asistencia en oficinas, donde se han presentado 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que el año pasado, en un contexto de ampliación del perfil de asistencia presencial y telefónica, con un sistema de solicitud de cita más visual y cómodo para el usuario de estos servicios.

Conjuntamente, la asistencia telefónica y la presencial suman, por tanto, 2.062.000 declaraciones, 103.000 más que en la campaña anterior, consolidando un sistema dual para las personas que requieran ayuda personalizada en la confección de su declaración, con y sin desplazamiento a una oficina física.

Enero no solo trae nuevos propósitos, sino también nuevas reglas de juego para el bolsillo de los cordobeses. Mientras la ciudad despierta al 2026, los contribuyentes se encuentran con un escenario fiscal paradójico: mantener los servicios básicos será más costoso, pero apostar por la sostenibilidad o conservar el patrimonio automovilístico tendrá premio inmediato.

El Ayuntamiento ha diseñado un traje fiscal a medida para este nuevo curso donde, si bien la “factura diaria” de agua y basura aprieta más, se afloja la presión en grandes impuestos anuales como el IBI o el sello del coche, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Esta es la guía para navegar por los tributos locales de un año marcado por las bonificaciones energéticas, la congelación de tasas culturales y la actualización de los precios públicos.

El IBI: congelado pero con “premio” verde

El tipo de gravamen general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano se mantiene fijo en el 0,5081%. Sin embargo, la gran novedad es el alivio fiscal para la sostenibilidad. Aquellos propietarios que hayan instalado placas solares en su vivienda habitual disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota durante 10 años.

Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de 60.000 euros que pagaría un recibo estándar de unos 305 €, la instalación de placas solares reduciría la factura automáticamente a 152,43 anuales. Además, se suma también una rebaja del 50% para viviendas que se integren en Comunidades Energéticas con una participación mínima de 2,00 kWp

Además, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) también incluye una rebaja fiscal específica para aquellos propietarios que realicen obras en su vivienda habitual para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, que tendrán una bonificación del 50% en la cuota del impuesto. Esta rebaja se aplica exclusivamente a la parte del presupuesto de la obra destinada a dicha instalación, siempre que esta sea voluntaria y no obligatoria por ley.

Recogida de basura y suministro de agua: suben un 2%

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) revisará los precios del agua de cara a 2026 y prevé una subida uniforme del 2,1% en las tarifas para el próximo año, lo que se traducirá en un aumento medio de 0,32 euros al mes para los usuarios. Por su parte, la empresa Sadeco aplicará en 2026 un incremento del 2% en la tasa de basura.

De acuerdo con sus estimaciones, esta actualización supondrá que los comercios paguen, de media, 5,50 euros más al año, mientras que en el caso de las viviendas el aumento será de 7,58 euros anuales. Con la subida prevista para 2026, cada ciudadano desembolsará 0,63 euros más al mes, lo que equivale a esos 7,58 euros al año. Si se compara con 2023, el coste medio por habitante habrá aumentado en 55,03 euros, lo que representa un incremento acumulado de 4,58 euros mensuales.

Autobús y taxi: cara y cruz

Aucorsa y el Consorcio Metropolitano de Transportes de Andalucía continuarán aplicando los descuentos en el transporte público urbano e interurbano cofinanciados por el Estado a partir del 1 de enero de 2026, según confirmaron a este diario. El Ministerio de Transportes asumirá directamente el 20% del importe de dichas bonificaciones y, si se mantienen las condiciones actuales, el billete con tarjeta bonobús de Aucorsa costará 43 céntimos, con reducciones adicionales para jóvenes, estudiantes y familias numerosas.

En cuanto al servicio de taxi, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un nuevo incremento. Este año, la subida será del 2,7% en las tarifas. Tras la validación por parte de la Junta, la tarifa mínima será de 4,85 euros en horario diurno y de 6,06 euros en horario nocturno.

Vehículos: gratis para los clásicos de más de 35 años

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) trae una de las mejores noticias del año para los amantes de los coches clásicos. A partir de 2026, no pagarán nada (bonificación del 100%) no solo los vehículos matriculados como históricos, sino también aquellos que tengan una antigüedad mínima de 35 años. Además, si tienes un vehículo eléctrico, el aparcamiento en zona azul será gratuito durante la primera hora.

Para el resto de conductores con un turismo convencional (ni eléctrico ni histórico de más de 35 años), el recibo de 2026 no traerá sobresaltos, ya que la tarifa se mantiene congelada. Al no haberse aprobado modificaciones en la cuota general, los precios seguirán dependiendo de la potencia fiscal del vehículo: los utilitarios y compactos más comunes (de 8 a 11,99 caballos fiscales) seguirán pagando 57,94 euros, mientras que el tramo de berlinas y SUV medios (de 12 a 15,99 caballos fiscales) se mantendrá en los 128,05 euros.

Empresas: paga más quien mejor situado esté, salvo que sea “verde”

Para el tejido empresarial, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) fija una escala de coeficientes que grave más alto las mejores localizaciones: los negocios en calles de primera categoría tendrán un índice del 3,50, mientras que los situados en vías de séptima categoría aplicarán un 1,39.

Sin embargo, el Ayuntamiento lanza un salvavidas en forma de bonificación para fomentar el autoconsumo industrial. Las empresas que instalen sistemas de energía renovable o cogeneración (con una potencia mínima de 15 Kwh) podrán descontarse de la cuota municipal el 20% del coste real de la instalación. Este descuento se aplicará ejercicio tras ejercicio hasta completar la cantidad total bonificada.

Licencias y Aperturas: 30% de ahorro por ir “de la mano” del Colegio

En el apartado de tasas urbanísticas, el Ayuntamiento premia la colaboración profesional para desatascar la burocracia. Tanto la Tasa por Licencias Urbanísticas (obras) como la Tasa por Trámites de Actividades (aperturas de negocios) experimentan una bajada del 30%, pero solo para aquellos expedientes que se tramiten a través del sistema de convenio con los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores o Ingenieros Técnicos Industriales.

El ahorro se notará: un emprendedor que quiera abrir un local o un particular que vaya a construir una vivienda y deba abonar una tasa municipal de 1.500 euros por la licencia, verá reducido su recibo automáticamente a 1.050 euros (un ahorro de 450 euros) si presenta la documentación visada y gestionada a través de su colegio profesional correspondiente. Además, para facilitar los pagos, se elimina la exigencia de aval para aplazar o fraccionar deudas tributarias inferiores a 30.000 euros.

Ocupación de suelo: veladores y puestos

La tasa de veladores mantiene su estructura, oscilando entre los 50,02 euros por metro cuadrado al año en calles de primera categoría y los 9,44 euros en las de séptima. Así, un bar situado en una calle de segunda categoría (como muchas del centro comercial) que tenga una terraza de 10 metros cuadrados durante todo el año, pagará una tasa anual de unos 458 euros (a razón de 45,84 euros el metro).

Sin embargo, la novedad más social llega con la Tasa por Estructuras Desmontables (ferias, carpas, eventos). El Ayuntamiento ha aprobado que no paguen nada (no sujeción) las ocupaciones organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que el evento tenga carácter social, benéfico, cultural o de participación ciudadana y no sea comercial.

Para el comercio ambulante, los vendedores que instalen sus puestos en las ubicaciones habituales de barrio (calles de tercera a séptima categoría) abonarán una tasa de 0,89 euros por metro lineal al día. En el caso de ubicaciones “premium” (primera y segunda categoría), la tarifa sube ligeramente a los 1,03 euros. Así, un autónomo con un puesto de fruta estándar de 6 metros de fachada en un mercadillo de barrio pagará una tasa de 5,34 euros por cada día de venta.

Museos

Las entradas a museos y monumentos municipales no suben de precio, pero se introduce una cláusula de garantía: si el recinto sufre obras que afecten a la visita, el precio bajará proporcionalmente, llegando a ser gratuito si la afectación supera el 75%.

La obligación de que las entidades financieras informen mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales, la subida a la fiscalidad del diésel prevista o los incentivos al vehículo eléctrico son algunas de las principales medidas en materia fiscal del año 2026.

En cuanto a la información que deben suministrar las entidades financieras, cabe aclarar que solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares.

Los bancos reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario o profesional, no se remitirá la información operación a operación.

Por otro lado, España debe cumplir a principios de año con la subida fiscal al diésel, uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesarios para recibir parte de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

Ante la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, la Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para el cumplimiento de esta medida, que debe estar aprobada antes de finales del mes de enero.

Siguiendo en el ámbito de la transición ecológica, Hacienda ha impulsado prórrogas en las medidas fiscales favorables a quienes realicen obras de eficiencia energética y a quienes adquieran un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el primer caso, se trata de una política vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por la que realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración se traduce en deducciones fiscales del 20%, 40% o 60%.

Sobre el vehículo eléctrico, se prorrogan las deducciones de hasta el 15% para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico “enchufable” y de pila de combustible.

Unas ventajas fiscales que no solo afectan a los vehículos, sino que se extienden a la instalación de puntos de recarga para estos vehículos.

Para ello, se prorroga durante 2026 la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga; inversiones en vehículos nuevos eléctricos de pila de combustible (FCV), híbridos de pila de combustible (FCHV), eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV) o híbridos enchufables (PHEV) y nuevas infraestructuras de recarga.

También se incluyen en este beneficio fiscal las inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica o el uso térmico de consumo propio de fuente renovable o en sustitución de fuente fósil.

Aplazado Verifactu

Estaba previsto que 'Verifactu', el sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria dentro de la Ley Antifraude, fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Sin embargo, el Gobierno aprobó un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor de este sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.

En concreto, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Otra de las novedades de 2026 es que los perceptores de la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF.

El pasado mes de marzo, el Ejecutivo ya decidió no obligar a los perceptores de la prestación por desempleo a presentar la declaración del IRPF correspondiente al año 2024, que se tenía que presentar este año, aplazando así esta exigencia para 2026.

Sin embargo, según recoge el BOE, con el fin de evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, se considera necesaria “la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF”.

Incendios e inundaciones

También se han aprobado exenciones para las ayudas personales que hayan recibido los afectados por los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

Además, las ayudas para los afectados por la dana de octubre de 2024 y para la reconstrucción de los municipios afectados también se han prorrogado.

Se trata de la línea de ayudas directas impulsada para aquellos que sufrieron las consecuencias del desastre, a la que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades que se aplican a los profesionales y empresas golpeadas por la dana. Este conjunto de ayudas se extiende a las entidades sin personalidad jurídica que realizan actividades económicas.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en el sector de los hidrocarburos. En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. Los agentes han registrado inmuebles en Lucena y Montoro. En esta última localidad han arrestado a uno de los cabecillas de la trama.

En el marco de esta operación, denominada ‘Pamplinas Stars’, y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Sucesión de operadoras fraudulentas y bajas en el Redef

La investigación de esta ‘macrotrama’ de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. La operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Una estructura con 38 sociedades, testaferros y asesorías legales

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una vasta y compleja estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

Esta mecánica permitía un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

Efectos intervenidos por importe superior a 21 millones de euros

Una vez obtenidos todos los elementos indiciarios para ello, el pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).

Tras concluir los registros se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros.

Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por ‘exchanges’. También se han intervenido 42 relojes de gama alta, así como 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros.

A su vez, se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de alto valor económico.

En la operación, que continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.

La relevancia del fraude cometido por las dos últimas organizaciones desmanteladas, en ambos casos del orden de los 300 millones de euros, pone de manifiesto la importancia de las modificaciones normativas y operativas desplegadas en los últimos años, incluyendo la más recientemente incorporada y que de forma inmediata obligará a los operadores a abonar o garantizar el IVA devengado como consecuencia de la salida del hidrocarburo del depósito fiscal con carácter previo a esa salida.

Agentes de la Agencia Tributaria han desarrollado en varios puntos de la provincia de Córdoba una operación contra el fraude de hidrocarburos, dirigida por un juzgado de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes oficiales a este periódico.

La operación se ha saldado con la detención de varias personas y diversos registros domiciliarios. También se ha intervenido en varias gasolineras que habrían estado participando del presunto fraude. Según ha podido saber este periódico, el cabecilla de la trama estaría residiendo en un municipio de la provincia de Córdoba.

Esta operación ha sido dirigida de manera exclusiva por agentes de la Agencia Tributaria. No obstante, es paralela a otra más que se ha desarrollado de manera conjunta con la Policía Nacional en Madrid y la provincia de Ávila. De la misma manera, se persigue un presunto delito contra la Hacienda Pública.

La trama habría eludido el pago de impuestos en la venta de hidrocarburos para enriquecerse de manera ilícita, según las fuentes consultadas por este periódico. Por ejemplo, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Está previsto que la Agencia Tributaria dé a conocer en los próximos días el alcance de esta operación, que se ha llevado a cabo a nivel nacional. Se calcula un fraude millonario en impuestos que no habrían podido ser recaudados por la Hacienda Pública.

El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado al Ministerio de Hacienda el traspaso de un tramo de la carretera Nacional IV (N-IV) con el fin de desbloquear las obras de urbanización del Plan Parcial La Rinconada. La petición, tramitada desde la Delegación de Presidencia, se ha tramitado con carácter de urgencia en la sesión de este lunes en la Junta de Gobierno Local.

Se trata, según la documentación hecha pública, de una mutación demanial subjetiva de un tramo de la carretera (del kilómetro 382 al 394) que transcurre por el término municipal de Córdoba, y que consideran “un trámite imprescindible” para poder iniciar el desarrollo urbanístico previsto en esta zona de la ciudad, contigua a los terrenos de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

El Ayuntamiento explica que las autorizaciones necesarias para ejecutar las obras de urbanización del plan parcial dependen directamente de la aprobación de este expediente. La Dirección General de Coordinación había pedido que el asunto se aborde por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local prevista para este lunes, 10 de noviembre, con el objetivo de evitar demoras en los trabajos.

Según ha precisado el portavoz del Gobierno Municipal, Miguel Ángel Torrico, una vez que se reciba el tramo, ya se verá “en qué condiciones y cómo conveniamos la reparación del mismo”, pensando en que esté en “las mejores condiciones posibles”.

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos facilitará a los contribuyentes de la provincia el pago de sus tributos y otras deudas de derecho público gestionadas por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL).

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha señalado que esta rúbrica “supone dar un paso más en aquellos pueblos que se han quedado sin servicios financieros, ofreciendo una alternativa para la realización de gestiones que ponga freno a la brecha provocada por el continuo cierre de sucursales bancarias”.

Para Fuentes, “hablamos de una realidad, la de la desaparición de oficinas físicas, que preocupa, principalmente, en los municipios con menor número de habitantes y sobre la que tenemos que actuar. Intentamos así paliar este hecho con la puesta en marcha de un nuevo servicio gracias a esta colaboración con Correos”.

“Este convenio, que ahora hacemos efectivo, ya ha permitido hacer pagos de cerca de 200 recibos, por valor de 25.000 euros, en un plazo de tres meses, un dato que refleja la buena aceptación por parte de la ciudadanía ante un servicio que humaniza el pago de tributos y lo hace a través de la figura del carteo”, ha detallado Fuentes.

Así, ha continuado, “Correos enviará diariamente al ICHL un fichero con toda la información detallada de cada uno de los giros admitidos en su red postal, en el que figurará el importe total de los giros admitidos, la identificación de la deuda y de la persona obligada al pago”.

“La prestación del servicio podrá realizarse puerta a puerta por el cartero, sin necesidad de que el usuario tenga que acudir a una oficina postal. Del mismo modo, el coste será de 1,95 euros, cantidad establecida en las tarifas postales para el giro postal, con independencia del importe de la deuda”, ha señalado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que “en esta misma línea y con el objetivo de atajar el riesgo de exclusión financiera que, como hemos señalado, está produciendo el cierre progresivo y acelerado de oficinas bancarias, estamos trabajando para fomentar otro servicio, como es el de 'Correos Cash', que permite ingresar o retirar efectivo de la cuenta bancaria personal sin necesidad de desplazarse a una entidad”.

De este modo, “los clientes de Banco Santander, Caixabank, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja y Evo Banco podrán realizar estas operaciones de efectivo en las oficinas de Correos o en su propio domicilio, a través de carteros rurales”.

En definitiva, ha concluido Fuentes, “con estas medidas, la Diputación de Córdoba continúa su apuesta por reducir los efectos adversos para las personas residentes en núcleos de población afectados por el cierre de oficinas bancarias”.

Por su parte, para el director gerente de Negocio Minorista y Servicios de Correos, José Miguel López, “este acuerdo refuerza nuestro compromiso de estar al lado de la ciudadanía, facilitando el acceso a servicios públicos esenciales”.

López ha remarcado que “contamos con 100 puntos de atención en toda la provincia de Córdoba, con profesionales formados que nos permiten conectar, en este caso, a la ciudadanía con la administración”.

Espaeventos Sociedad Limitada, una empresa cordobesa, es una de las grandes novedades de la lista de grandes deudores a la Agencia Tributaria que el Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes. El débito de esta empresa con la hacienda pública es de algo más de 19 millones de euros. ¿El motivo? El empresario Víctor de Aldama la usó, presuntamente, en su red de compañías del gran fraude de hidrocarburos que la Guardia Civil descubrió el año pasado.

Esta empresa fue creada en el año 2023 y entró a finales del año pasado en concurso de acreedores. Su objeto social era la representación de toreros y organización de eventos taurinos. De hecho, fue constituida por dos pequeños empresarios del sector, uno cordobés y el otro de Utrera (Sevilla). La Guardia Civil sospecha que se trataba de una empresa pantalla usada para evadir dinero al fisco.

En octubre del 2024, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. En la cúspide se hallaba el empresario Víctor de Aldama, dueño del Zamora. Los agentes de la Guardia Civil creen que Aldama llegó a usar a 11 testaferros diferentes, que a su vez creaban y cerraban empresas con la que compraban y vendían hidrocarburos. Uno de esos presuntos testaferros, José F. R., es cordobés. Otros tres son de fuera, pero acudieron a la provincia a constituir empresas con las que presuntamente se llevó a cabo el fraude.

Entre las nuevas incorporaciones al listado de morosos destacan empresas usadas, presuntamente, por esta trama para evadir el pago de impuestos a través de la venta de combustible. En el caso de la compañía cordobesa el dinero que se debe es de 19 millones de euros.

Los cordobeses que repiten

La promotora inmobiliaria Grupo Prasa se mantiene en el listado como una de las empresas de España que más dinero debe al fisco por sí sola, aunque en Córdoba las entidades vinculadas a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, deben más dinero se sumaran como una sola.

En concreto, Prasa le sigue debiendo a la Agencia Tributaria un total de 91,4 millones de euros. El grupo empresarial Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como 'Sandokán', adeuda 64,42 millones a Hacienda con la sociedad Arenal 2000 SL, mientras que Arenal 2001 debe otros 71,47 millones. El propio Rafael Gómez Sánchez debe, a título particular, 2,78 millones de euros. El Grupo Inversor Arenal 2000 debe 43 millones, otra entidad de gestiones agropecuarias 2,81 millones y Mezquita Sur Inversiones 2,7 millones, entre otras. Es decir, si se sumasen todos los débitos vinculados a Sandokán la deuda se iría prácticamente a los 200 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar el próximo lunes el reintegro parcial de una subvención concedida a la Fundación Thyssen-Bornemisza Academia (TBA21) en el marco de un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades culturales y exposiciones de arte contemporáneo en la ciudad.

Según el Orden del Día de la sesión del próximo 9 de junio, el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por la fundación frente al acuerdo del 17 de febrero, en el que se aprobó la justificación parcial del gasto por un importe de 409.321,27 euros.

Sin embargo, al no haber sido debidamente justificada la totalidad del importe subvencionado, se inició un expediente de reintegro por la cantidad restante: 40.678,73 euros, que se aprobará previsiblemente el próximo lunes.

La reclamación llega meses después de que terminara la relación entre la TBA21 y el Ayuntamiento de Córdoba, una administración que subvencionó parte de las tres exposiciones que este gran actor del arte contemporáneo realizó en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba.

La venta de tabaco ha vuelto a caer en el inicio de este año 2025 en la provincia de Córdoba y sigue así la misma tendencia del año pasado, en el que ya descendió con respecto al ejercicio anterior. Los últimos datos de la estadística del Mercado de Tabacos que publica el Ministerio de Hacienda señalan que en el primer trimestre de 2025, en Córdoba bajó el consumo de todos los tipos de tabaco.

La estadística -consultada por Cordópolis con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora este 31 de mayo-, señala que entre enero y marzo de este año descendió la venta de cigarrillos -7.022.137 unidades frente a las 7.301.571 del mismo periodo del año pasado-; cigarros -7.102.266 unidades frente a 7.159.991-; tabaco de liar -20.986 unidades frente a 21.137 del año pasado-; y tabaco para pipa -4.768 unidades este año frente a las 6.224 del mismo trimestre del año pasado-.

Si los datos del primer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior se mantuvieran durante todo el ejercicio, la bajada de las ventas de tabaco en Córdoba bajarían en torno a un 10% este año.

Esa tendencia a la baja en la venta de tabaco registrado por Hacienda ya se dio en el año 2024 en la provincia de Córdoba con respecto al ejercicio 2023, poniendo de manifiesto el impacto de medidas sanitarias y también sobre los precios del tabaco. En 2024 se vendieron en la provincia cordobesa 31,3 millones de cigarrillos por los 31,5 millones del año anterior; 30,9 millones de cigarros por 31,8 millones anteriores; 89.311 unidades de tabaco de liar por las 89.446 del año anterior; y 24.426 unidades de tabaco para pipas por las 25.355 anteriores.

Aumento de la recaudación por tabaco

Sin embargo, la recaudación ingresada por Hacienda por la venta de tabaco en la provincia de Córdoba ha ascendido, pese a la bajada de las ventas, debido a la subida de precios. Y, así, en el primer trimestre de este año las ventas de los distintos tipos de tabaco han sumado unos ingresos de 44.453.343 euros para el estado, por los 42.939.301 euros del mismo periodo del año anterior, pese a que hubo más ventas entonces.

También se repite la tendencia ascendente que ya se vio en cuanto a la recaudación en el último año completo. En 2024, Hacienda sumó algo más de 185 millones de euros por la venta de tabaco en Córdoba, mientras que en el año anterior la recaudación fue de 179 millones de euros.

El 21% de los andaluces mayores de 16 años consume tabaco a diario

La Consejería de Salud y Consumo se ha sumado a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco 2025, que se celebra el 31 de mayo, haciendo especial hincapié, a instancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina. Según datos facilitados por el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a partir de la Encuesta Andaluza de Salud 2023, la prevalencia del consumo de tabaco a diario, de la población andaluza mayor de 16 años es de 20,89%.

En una nota de prensa, la Consejería ha informado, que la prevalencia es mayor en hombres (24,14%) que en mujeres (17,82%). La edad de inicio del consumo de tabaco en Andalucía en personas con consumo (habitual o esporádico) fue de 16,9 años, siendo ligeramente inferior en hombres (16,6) que en mujeres (17,5).

En relación con el uso de tabaco no tradicional --se incluyen pipas de agua, cachimbas, vapeadores, cigarrillos electrónicos-- los resultados de la Encuesta Andaluza de Salud de 2023 indican que aproximadamente el 10% de la población refiere consumir (6%) o haber consumido (4,5%), con importantes diferencias en la frecuencia de consumo según sexo (15% en hombres y 5,9% en mujeres) y grupos de edad.

El 67% de los fumadores quiere dejar de fumar pero solo el 44% lo intenta

El consumo de tabaco provoca más de 50.000 muertes al año en España y más de ocho millones en todo el mundo. Aunque 2024 marcó un récord histórico con las cifras más bajas de consumo en los últimos 30 años, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable, tanto en nuestro país como a nivel global, según recuerda en una nota la farmacéutica Pfizer.

El tabaquismo está relacionado con la aparición de numerosas patologías y es la principal causa de gran parte de las muertes por cáncer de pulmón, así como de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Además, cualquier exposición al humo del tabaco es perjudicial: incluso quienes no fuman, pero respiran aire contaminado, están en riesgo. Este hecho provoca que, cada año, 1,3 millones de personas mueran por tabaquismo pasivo. 

La mayoría de los fumadores que conocen los riesgos del tabaco desean dejarlo. Según datos de la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), impulsada por el Ministerio de Sanidad, en el último año un 67,7% de quienes fuman a diario se ha planteado dejarlo, y un 44,1% no solo lo ha considerado, sino que también lo ha intentado. 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco Pfizer ha impulsado una acción de comunicación bajo el lema “Dejar de fumar no es fácil. Pero cosas más difíciles has logrado”, con el objetivo de contribuir a concienciar a la población general de que, aunque dejar de fumar puede ser un reto, está al alcance de cualquiera, así como la importancia de contar con ayuda profesional en este proceso.

Abandonar el tabaco: el primer paso para una vida más saludable

Cada intento de dejar de fumar representa un avance hacia el abandono definitivo y mantenerse un tiempo sin tabaco, demuestra que se puede vivir sin depender de él, recuerdan. Además, en este proceso, es importante tener en cuenta que las recaídas pueden ser frecuentes, pero se pueden evitar con estrategias que pasan por identificar los momentos o situaciones asociadas con el consumo del tabaco e intentar evitarlos; mantener una actitud positiva durante todo el proceso para lograr el objetivo; tener presentes los logros alcanzados y las razones que uno tiene para dejar de fumar; y analizar qué ha llevado a esa recaída y buscar actividades que se puedan hacer en el lugar de fumar.

Abandonar el tabaquismo no solo mejora la salud, sino que también tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida en muchos aspectos, como la recuperación de los sabores de las comidas y una mayor percepción de los olores. Además, dejar de fumar elimina el mal olor del aliento, cabello y ropa, y aporta más energía para disfrutar de las actividades cotidianas.  

Dejar de fumar en cualquier momento contribuye a recuperar años de vida, y hacerlo antes de los 40 años puede reducir hasta en un 90% el riesgo de morir por una enfermedad relacionada con el tabaquismo. El tabaco está directamente relacionado con un amplio abanico de patologías crónicas y potencialmente mortales. Se estima que es responsable del 20% de todos casos de cáncer, y de más del 90% de los casos de cáncer de pulmón. Además, contribuye al desarrollo del 30% de las cardiopatías coronarias y es la causa principal de más del 90% de los casos bronquitis.  

Abandonar el consumo de tabaco aporta beneficios inmediatos y duraderos para la salud, sin importar la edad ni el tiempo que se haya fumado. Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de enfermedades graves como el cáncer de pulmón o los infartos, y aumenta la energía y la capacidad respiratoria, lo que facilita la actividad física y reduce el cansancio. Además, a nivel emocional se disminuye la ansiedad ligada a la dependencia de la nicotina.

Compraban empresas, la mayoría con pérdidas, para defraudar a la Hacienda Pública mediante la manipulación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Estas sociedades fueron instrumentalizadas para “crear la apariencia de valor añadido” y “compensar ficticiamente” el IVA soportado. Este era el modus operandi que llevaron a cabo cuatro empresarios de Córdoba en 2012, evadiendo pagar al fisco más de 450.000 euros. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número dos acaba de condenar a tres de ellos a seis meses de prisión y al cuarto, a un año de cárcel dado que cometió dos delitos contra la Hacienda Pública. En el fallo se han aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Según los hechos probados en la sentencia de conformidad, R. J. D. G. y E. D. L. T. J., con el fin de crear la apariencia de valor añadido, buscaron y adquirieron diversas sociedades mercantiles con pérdidas, utilizando el haber recibido cantidades importantes de IVA devengado para compensar ficticiamente el IVA soportado y, así, lucrarse con dichas operaciones. El primero es el que cobra la empresa por comercializar un producto o servicio y que luego tiene que ingresar en Hacienda, mientras que el IVA soportado es el que paga la empresa a la hora de adquirir un producto o servicio.

Para facilitar la labor de investigación, ambos condenado utilizaban estrategias consistentes en compras y ventas de participaciones sociales de las mercantiles que adquirían, con cambio de administradores. E. D. L. T. J. se convirtió en socio y administrador solidario de R. J. D. G. en diversas mercantiles, realizando labores de búsqueda de posibles empresas candidatas.

De este modo, ambos, junto a F.F.D.M.A.D.L.L. y M.R.J. realizaron operaciones marcadas por una misma finalidad y similar forma de actuación: hacer transacciones reales de venta o cesión que generaban un importante IVA devengado. Dichas operaciones se documentaban mediante escritura pública.

Además, omitían la declaración y el ingreso de este IVA devengado real en las declaraciones trimestrales de IVA correspondientes al año 2012, presentando posteriormente declaraciones complementarias para dicho año fiscal en las que incluían un elevado IVA soportado ficticio proveniente de operaciones simuladas o carentes de realidad económica.

El propósito de incluir el IVA soportado ficticio era compensar (neutralizar o reducir) el IVA devengado real que habían omitido declarar, evitando así el pago a la Hacienda Pública. Por estos hechos, los tres últimos han sido condenados a seis meses de prisión por un delito contra el fisco, una multa de 33.000 euros, inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante dos meses y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. Además, se les impone la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de dos años.

En el caso de R.J.D.G., se le aplica este fallo, aunque su condena sube seis meses más porque el juzgado lo ha considerado autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Además, se le impone una segunda multa de 81.500 euros con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Por otro lado, el juzgado ha condenado a tres empresas por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de 33.000 euros de multa, y a dos delitos de esta índole a otras dos mercantiles, que deberán pagar 114.500 euros de multa cada una. En concepto de responsabilidad civil, los sentenciados y las empresas condenados deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Agencia Tributaria en la cantidad de 456.216,71 euros.

Por último, el juzgado ha concedido a los condenados la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad condicionada a que no delincan en el plazo de dos años y a un abono de la responsabilidad civil que se ha fijado para cada uno de ellos; mientras que ha absuelto a una persona. Al ser una sentencia de conformidad, contra la misma no cabe recurso.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado este viernes su apoyo firme a los caseteros de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, tras conocerse que la Agencia Tributaria ha iniciado inspecciones fiscales antes del inicio del evento.

Tras la información de Diario Córdoba, Bellido ha defendido el papel de quienes organizan y montan las casetas, tanto del ámbito profesional como del mundo asociativo, destacando que se trata de “vecinos, empresarios o trabajadores que pagan sus impuestos” y que contribuyen a una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

“Nosotros venimos apoyando la celebración de la Feria desde la comisión organizadora, impulsando remodelaciones del recinto y ofreciendo subvenciones para facilitar el montaje de casetas, algo que antes no existía”, subrayó el alcalde. En ese sentido, ha considerado “absolutamente desproporcionado” que se arroje “una sombra de sospecha tan extensa” sobre todo lo que ocurre en la feria.

Las críticas de Bellido se han dirigido directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha instado a aplazar las inspecciones anunciadas. “Estamos a una semana exacta del comienzo de la feria. Pedir ahora documentación y revisar papeles a quienes están en pleno montaje es injusto e inoportuno”, ha declarado.

El regidor ha asegurado que la inmensa mayoría de los caseteros cumplen “religiosamente con sus obligaciones legales y fiscales”, por lo que ha reclamado “dejar la demagogia” y ha solicitado a Montero que, si no se da marcha atrás, al menos se aplacen las actuaciones hasta después del evento. “Verá cómo lo presentan todo y está todo en regla, pero que no lo hagan justo ahora”, ha insistido.

El Ayuntamiento de Córdoba cerró el ejercicio 2024 con el gasto más alto en contratos de patrocinio adjudicados de forma directa. El montante total de estos contratos duplicó al del ejercicio 2023 y se aproximó a los dos millones de euros, IVA incluido. Además, el gasto se aprobó en el mismo año en el que, sobre la mesa del equipo de Gobierno del PP, se presentó un informe de la Intervención General que desaconsejaba el uso reiterado esta fórmula administrativa, advirtiendo de que entraña varios riesgos.

Lo cierto es que el contrato de patrocinio (negociado sin publicidad, por supuesto) es una fórmula que lleva años siendo habitual para los contratos mayores que se aprueban en Capitulares. No obstante, los datos oficiales al respecto varían en función del órgano que responda a esta consulta. Así, según una respuesta del órgano de transparencia municipal facilitada a este periódico hace un año, en 2021 se adjudicaron cinco contratos de patrocinio, cifra que aumentó a seis en 2022 y que se mantuvo en seis en 2023.

Sin embargo, tanto la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento, como los propios planes de contratación municipales subidos al Portal de Transparencia muestran una cifra mucho mayor. Concretamente, del examen de toda la información, el número de contratos de patrocinio firmados en 2021 fue de 14; en 2022 de 10; y en 2023 de ocho.

El año pasado el número de contratos de patrocinio volvió a subir respecto al año anterior y se fue hasta diez. Esos son, al menos, los que aparecen en la información publicada de forma trimestral en la plataforma de transparencia del propio Ayuntamiento. Así, entre enero y diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Córdoba ha firmado los siguientes contratos de patrocinio y por las siguientes cantidades:

El monto total de estos diez contratos asciende a 1.476.656,26 euros sin IVA, lo que, al aplicarle el 21% de impuesto, supone un gasto municipal de 1.786.754,07 euros. Es la cifra más alta del último lustro, y que se produce, además, en un marco en el que Intervención muestra reparos continuos contra este tipo de arreglo administrativo.

Por comparar con otros ejercicios: en 2021, cuando se firmaron 14 contratos de patrocinio, el valor de estos fue de 845.592,20 euros. Por su parte, los diez de 2022 tuvieron un coste para las arcas públicas de 923.097,85 euros. En 2023, según la información del Plan de Contratación del Ayuntamiento, fueron ocho los contratos de patrocinio, que supusieron un total de 877.607,83 euros (IVA incluído). El gasto de 2024 en esta fórmula administrativa practicamente duplica al que se hizo en 2023.

El informe de Intervención

La cuestión es que el año pasado, un informe de Intervención emitido en relación con los contratos de patrocinio de los años 2021 y 2022, presentado al Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de febrero de 2024, ya alertaba sobre diversas deficiencias en la gestión de este tipo de transacción. El citado informe realizaba una valoración global desfavorable sobre los contratos de patrocinio no menores adjudicados por el Ayuntamiento de Córdoba, debido principalmente a la ausencia de la verdadera causa del contrato, que debería ser la publicidad y no una subvención encubierta.

El informe también señalaba un crecimiento exponencial de este tipo de negocios jurídicos, lo que parece haber aligerado la lista de convenios nominativos. Además, se observaba la concurrencia de patrocinio y subvención directa al mismo beneficiario en el mismo ejercicio (ocurría, por ejemplo, con el Córdoba Futsal, que recibía ayudas del Imdeco y, al mismo tiempo, dinero por patrocinio del Ayuntamiento).

En sus conclusiones, el informe detallaba varias debilidades significativas. Entre ellas la falta de un tramitador de expedientes electrónicos que cumpla con los requisitos de la ley 39/2015, lo que dificulta la fiscalización y genera información sesgada y desordenada; la ausencia de una instrucción o procedimiento reglado para la celebración de contratos de patrocinio o la falta de justificación del precio como adecuado al mercado y a la prestación recibida por el patrocinado. En este sentido, advertía de que, generalmente, no existen estudios independientes que comparen el coste del patrocinio con la contratación de publicidad a través de empresas del sector.

Además, también alertaba de que, en algunos casos, había incumplimiento por parte del patrocinado de las obligaciones expuestas en el pliego de prescripciones técnicas, así como no aportaban documentos gráficos que acreditaran el cumplimiento del contrato o, lo más básico, carecían de un informe de evaluación del impacto publicitario conseguido, lo que impide comprobar el cumplimiento del objeto del contrato y la eficacia en la asignación de recursos.

Asimismo, lo primero que señalaba la Intervención es que, al firmar estos contratos, se estaba incumpliendo la normativa europea que obliga a la publicación en el BOJA de los patrocinios de importe superior a 30.000 euros, algo que, según Intervención, el Ayuntamiento no estaba haciendo.

En resumen, el informe consideraba que, bajo la apariencia de contratos de patrocinio, en muchos casos se estaban concediendo subvenciones encubiertas, con deficiencias en la tramitación, justificación económica y control del cumplimiento. El informe alertaba de que, si un patrocinio encubre una ayuda que no cumple los requisitos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, podría ser ilegal, así como que la utilización continua del procedimiento negociado sin publicidad en la selección de los patrocinados, sin una justificación sólida, podría dar lugar a delitos de “prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas”.

De hecho, la Intervención llega en su escrito a citar el famoso caso Nóos como ejemplo de cómo la falta de licitación pública puede ser considerada delito. No obstante, pese a estas observaciones, el Ayuntamiento ha mantenido vigente, e incluso ampliado, este modelo de contratación, que ha ido in crescendo año a año, hasta llegar al máximo de gasto público a través de esta forma.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a un cordobés a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en una trama de evasión fiscal de oro y plata. Se da la circunstancia de que este procesado fue investigado por la Policía en otra causa: la del aceite de oliva virgen extra adulterado que finalizó a principios del año pasado con tres personas condenadas. Estas trasladaban el aceite comprado a una nave industrial situada en Aguilar de la Frontera y lo mezclaban con aceite de girasol.

Según los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, el procesado en la causa de evasión fiscal de oro y plata contactó con los responsables de dos mercantiles, quienes se dedicaban a la compraventa al por mayor de oro y plata. Estos mayoristas buscaban eludir el pago de sus obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas entre los años 2010 y 2013. Para ello, el condenado convino con estos mayoristas la emisión de facturas falsas con un tripe objetivo. Por un lado, justificar el origen irregular del oro. Parte del mismo que adquirían los mayoristas provenía de cauces irregulares y de personas desconocidas. Las facturas falsas se utilizaban para simular adquisiciones al por mayor y así justificar el origen de este metal.

En segundo lugar, en las facturas también se indicaban cantidades más elevadas para simular un mayor gasto en la adquisición del metal. De esta manera, los mayoristas podían minorar sus beneficios declarados y rebajar el importe del Impuesto de Sociedades que debían pagar. Y, en tercer lugar, en relación con la plata, se emitieron facturas por supuestas adquisiciones gravadas por el IVA. Los mayoristas reclamaban la devolución de este IVA a sabiendas de que los emisores de las facturas simuladas no habían ingresado dichas cuotas en la Agencia Tributaria o directamente eludían su ingreso.

Para llevar a cabo la emisión de estas facturas falsas, el condenado se valió de más de una decena de entidades mercantiles, alguna de las cuales fueron adquiridas o constituidas a nombre de terceras personas. En algunos casos, esas personas desconocían los hechos y, en otros, sabían lo que estaba ocurriendo, pero, a cambio, recibían hasta 1.500 euros semanales.

Entre los dos mayoristas dejaron de ingresar 1.232.933,7 euros. A principio de enero de 2024, por esta causa fueron condenadas 12 personas físicas y cinco, jurídicas. El cordobés no asistió a este juicio y, una vez localizado, se celebró el plenario en la Audiencia Nacional, quien ha fallado que la falsedad en documento mercantil se produjo de manera continuada en el tiempo, propiciando un soporte para llevar a cabo la defraudación del Impuesto de Sociedades durante los años 2011, 2012 y 2013. Si bien estos hechos han quedado probados, el tribunal ha considerado que no ha quedado acreditado que el procesado fuera consciente de que dichas facturas serían empleadas específicamente para el fraude tributario.

En resumen, el delito consistió en la acción continuada de falsificar facturas mercantiles con el fin de facilitar a las empresas mayoristas de oro y plata la justificación de la adquisición irregular de metal y la disminución fraudulenta de sus beneficios fiscales, aunque sin que se probara la conciencia de Juan María sobre el uso específico de las facturas para el fraude tributario.

Durante el juicio oral, el procesado reconoció su participación en los hechos, lo que fue considerado como una atenuante analógica de confesión. Además de la pena de prisión, tendrá que abonar las costas procesales y una multa de 1.630 euros.

El servicio de Atención Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido y resuelto las dudas de más de 50.000 contribuyentes a lo largo del pasado año 2024. Dicho servicio facilita la realización de trámites tributarios, tanto desde el punto de vista presencial, como a través de correo electrónico o atención telefónica.

Acerca de los datos de este balance, un total de 19.572 contribuyentes han acudido a las oficina de Gran Capitán a través del servicio de Cita Previa del Consistorio, mientras que una media de 50 personas diarias lo han hecho sin cita, según ha detallado la administración local en una nota.

También desde el punto de vista presencial, en los centros cívicos se ha atendido a una media de 22 personas con cita previa y a unas diez personas sin ella. Hay que recordar que la atención tributaria en los centros cívicos se retomó en el mes de octubre del pasado año y que en la actualidad sigue vigente con distinta distribución.

Siguiendo con los datos del balance, a través del correo electrónico se han contestado un total de 9.500 consultas y, en estos momentos, no hay ninguna consulta pendiente. A esta cifra hay que sumarle las más de 20.000 llamadas atendidas sobre asuntos vinculados a la información tributaria.

Formas de acceder y trámites

Para acceder al servicio de Atención Tributaria del Ayuntamiento se pueden emplear varias vías, como son el horario de atención por cita previa de 8,30 a 14,00 horas, si bien en las oficinas de Gran Capitán se atenderá también sin cita previa. Se puede solicitar la cita en la dirección electrónica 'https://citaprevia.cordoba.es' o en el teléfono 010 Servicio de Atención Multicanal para la Atención Ciudadana. Y se atiende también en el correo 'oat@ayuncordoba.es'.

De igual modo, se presta asistencia por teléfono llamando al 957499934 y en los centros cívicos en los días asignados para la atención ciudadana.

En relación a los trámites, entre otras funciones de la Oficina de Atención Tributaria, destacan la emisión de los documentos necesarios para el pago en período voluntario o ejecutivo de las correspondientes deudas; la domiciliación de recibos de cobro periódico: Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Cotos (Gastos Suntuarios), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (urbana, rústica y de características especiales), Impuesto de Actividades Económicas, Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras y Tasa de Mercados.

Igualmente, la gestión de los Planes Tributarios Personalizados: Concesión, modificación y cancelación; la tramitación y resolución de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en período ejecutivo de deudas de cuantía inferior a 30.000 euros y cuyo plazo no exceda de 24 meses.

Asimismo, el inicio (recepción de solicitudes) de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en período ejecutivo de deudas de cuantía superior a 30.000 euros o cuyo plazo exceda de 24 meses; la emisión de certificados de estar al corriente del pago de deudas de naturaleza tributaria y de estar al corriente con la Hacienda Municipal; la emisión de certificados de pagos realizados y duplicados de recibos.

El inicio (recepción de solicitudes) de la tramitación de expedientes de devolución por ingresos indebidos; la tramitación y resolución de los expedientes de compensación de deudas si la devolución procede de una devolución tributaria de tramitación automática, y el inicio (recepción de solicitudes) de los expedientes del resto de solicitudes de compensación de deudas.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido este jueves a los ayuntamientos de la provincia el 80% de la recaudación de los tributos del ejercicio económico 2025, en total 125,86 millones de euros que les permitirán contar con liquidez para afrontar inversiones en sus municipios.

En rueda de prensa, el máximo representante de la institución provincial ha señalado que “esta operación supone un soplo de seguridad, estabilidad y liquidez para distribuir recursos a los municipios y que puedan acometer actuaciones. Se pone de manifiesto que el ICHL es una palanca de autonomía financiera para los ayuntamientos”.

“Gracias a este anticipo los ayuntamientos dispondrán desde hoy mismo de recursos para dar funcionalidad a su día a día sin necesidad de tener que esperar. En total, se transfieren 125,86 millones, el 80% de la recaudación, lo que supone un 1,75% más que el año anterior”, ha manifestado.

Con respecto a la procedencia de los fondos, Fuentes ha indicado que “34,90 millones son aportados por la Tesorería de la Diputación y el ICHL, lo que representa un 25% más; 51 millones proceden de una operación de crédito firmada con Cajasur y 40 millones de otra operación con Unicaja”.

En cuanto a la distribución del anticipo, el 62,91% se corresponde con la IBI Urbana +BICES, el 16,47% con el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), el 10,24% de la recaudación procede de tasas y precios públicos, el 7,81% de la IBI Rústica y el 2,57% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Así, la IBI urbana y rústica representa 89 millones, 13 millones las tasas y precios públicos, 3 millones el IAE y 21 millones el IVTM.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha explicado que “las cantidades transferidas oscilan desde los 45.957 euros que recibe un municipio como Fuente La Lancha hasta los más de 13.110.334 euros que recibe la localidad de Lucena”.