UGT FICA Córdoba y el Sindicato del Hábitat de CCOO en Córdoba han manifestado en un comunicado su “absoluto desacuerdo” con las declaraciones realizadas por la patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, en relación con el conflicto laboral que mantienen los operadores de grúa torre del sector.

Desde estas organizaciones sindical rechazan el tono y el contenido de la nota difundida por Construcor, “en la que se descalifica a estos profesionales calificándolos de 'privilegiados'”. “Los gruistas son trabajadores altamente cualificados que desempeñan una labor de enorme responsabilidad en materia de seguridad en las obras, tanto para ellos mismos como para el conjunto de trabajadores que operan en los tajos. Su trabajo requiere formación específica, habilitación profesional y una atención permanente que garantiza el desarrollo seguro de la actividad constructiva”, sostienen ambos sindicatos.

Sobre ello indican que que “resulta especialmente preocupante que Construcor intente trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de este colectivo, utilizando descalificaciones que solo buscan generar confusión y enfrentar a los propios trabajadores del sector”.

Ambos sindicatos consideran “absolutamente inaceptable que se intente desacreditar públicamente a este colectivo y trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de sus reivindicaciones legítimas. El conflicto actual no responde a ningún ”abuso“, como pretende hacer ver la patronal, sino a la necesidad de regular adecuadamente un complemento que compense la especial responsabilidad y condiciones del puesto de trabajo”.

En relación con la subida del plus mencionada por Construcor, desde CCOO y UGT recuerdan que se trató de una medida transitoria adoptada mientras se mantenía la mesa de negociación abierta hasta conseguir el acuerdo definitivo teniendo como objetivo el ya alcanzado en otras provincias andaluzas, para dejarlo regulado dentro del marco del convenio de manera definitiva.

Además, creen que resulta necesario aclarar que este asunto ya ha sido resuelto mediante el diálogo y la negociación en Sevilla, donde el sector de gruistas alcanzó recientemente un acuerdo que fija el plus en 38,50 euros diarios, fruto del entendimiento entre las partes. Los gruistas cordobeses no son distintos ni tienen menos responsabilidades, y se rigen por las mismas normas, exigencias de cualificación profesional y condiciones de habilitación que el resto de operadores de grúa torre en Andalucía. “Por tanto, resulta razonable que sus condiciones laborales puedan equipararse a las que ya se han acordado en otros territorios del mismo sector”, explican.

Asimismo, “resulta especialmente grave que la patronal intente enfrentar a los distintos trabajadores del sector, responsabilizando a los gruistas del parón de las obras o de los posibles retrasos en la entrega de viviendas. Los conflictos laborales se resuelven ediante negociación y diálogo, no mediante la descalificación de los trabajadores ni amenazas de medidas tan extremas como un cierre patronal. Es igualmente grave que la patronal intente responsabilizar a los gruistas del parón de las obras o de posibles retrasos en la entrega de viviendas, cuando conoce perfectamente que los conflictos laborales se resuelven mediante negociación y no mediante campañas de desprestigio”.

UGT y CCOO insisten en que la única vía para resolver esta situación pasa por retomar el diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, fundamental para garantizar la paz social y el equilibrio entre empresas y trabajadores.

“Lamentamos profundamente que Construcor haya optado por la confrontación pública en lugar de asumir su responsabilidad y contribuir a una solución que permita normalizar la actividad del sector. Por ello, hacemos un llamamiento a Construcor para que abandone la confrontación pública, retire las descalificaciones hacia el colectivo de gruistas y se siente a negociar con responsabilidad para encontrar una solución que permita normalizar la actividad del sector en Córdoba”.

“Desde el Sindicato del Hábitat y UGT FICA de Córdoba continuaremos defendiendo los derechos y la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, incluyendo a los operadores de grúa torre, cuya profesionalidad y compromiso con la seguridad de las obras son incuestionables”, concluye el comunicado.

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”. 

Delegadas de la sección sindical de Sanidad de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba han denunciado la situación “dantesca” vivida este miércoles por la falta de personal en el centro de salud de Posadas, al que se habían trasladado dentro de las habituales visitas que realizan a los centros de trabajo para comprobar que todo transcurre con normalidad.

Desde la federación ugetista, su secretaria general de Sanidad, Mari Carmen Heredia “recordó que Posadas, al se una población de más de 5.000 habitantes, por ley, debe disponer en su centro de salud de una dotación de cinco cupos de médicos de familia y de, al menos, un pediatra”. Sin embargo, y según denuncian las delegadas ugetistas, a su llegada al centro se encontraron con que sólo había dos médicos de familia pasando consulta y no había ninguna persona en pediatría.

La circunstancia, “ya de por sí alarmante ante la falta de más de la mitad del personal médico de familia y de la persona responsable de pediatría”, se complicó en esos momentos ya que, señalan las ugetistas, “sobrevino una urgencia de prioridad 1 que obligó a uno de los médicos a personarse en un domicilio, y dejando el centro de salud con un único médico”.

“La circunstancia hubiese sido sólo alarmante si no hubiese sido porque un paciente que acudía a ser atendido, y que se encontraba en el vestíbulo, sufrió un colapso que obligó al único médico de familia que estaba atendiendo pacientes a salir de su consulta para socorrer a esta persona de emergencia”, continúan las delegadas ugetistas.

Aseguran que “la situación que vivimos fue dantesca, con profesionales con una sobrecarga de trabajo insoportable, un estrés elevado, y unos pacientes desprotegidos y asustados”. Según señalaron, finalmente tuvieron que abandonar el centro de salud y concluir la visita sin haber podido establecer una comunicación adecuada con los profesionales del mismo debido a las circunstancias de las que fueron testigos.

Mari Carmen Heredia ha denunciado que “situaciones de desprotección de profesionales y usuarios como esta se suceden de forma continuada y constante en el tiempo porque la Consejería de Salud incumple las normas establecidas de ratio de mínimos de personal por habitante, perjudicando a profesionales y a las personas usuarias y poniendo en peligro la atención sanitaria y de calidad de la misma”.

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba aseguran que el seguimiento de la nueva jornada de huelga de las grúas torre ha sido del 100% en toda la provincia y que la huelga se mantendrá en tanto la patronal Construcor no se siente a negociar el plus de dedicación de los gruistas, tal y como se acordó el pasado noviembre.

Ambos sindicatos recuerdan que el pasado noviembre, las organizaciones sindicales y patronal llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus para 2025, un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, la patronal se niega ahora a volver a revisar este plus -que quedó establecido en 25 euros diarios-, como se había acordado, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida que está secundando la totalidad del colectivo.

En el marco de la nueva jornada de huelga, se ha puesto una denuncia contra la empresa Serrot ante la Inspección de Trabajo por utilizar un camión grúa para elevar cargas, algo ilegal, así como por diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud, como la falta de vallas, de cascos y de líneas de vida, desperfectos y ocupación de las zonas peatonales por vehículos y pasteras (cubas de gran tamaño para el transporte de materiales).

Tanto UGT como CCOO insisten en que “vamos a seguir reivindicando unos salarios dignos para los gruistas, conforme a la enorme responsabilidad que tienen en las obras -hay que recordar que tienen responsabilidad penal- y por las condiciones en las que trabajan, tanto sometidos a altísimas temperaturas en verano como a bajas en invierno”.

“Le pedimos a la patronal que haga un ejercicio de responsabilidad y se siente a negociar un aumento del plus de dedicación que es justo y merecido”, insisten las organizaciones sindicales que tienden la mano a la patronal para “recuperar el diálogo y evitar perjuicios que no benefician a ninguna de las partes”.

La “práctica totalidad” de las grúas de la construcción de la provincia de Córdoba “han vuelto a quedarse paradas hoy” en la segunda jornada de la huelga indefinida que han convocado los sindicatos CCOO y UGT, “ante la negativa de la patronal Construcor a negociar una subida para el plus de dedicación del colectivo de gruistas”.

A este respecto y según han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, “el pasado noviembre”, sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus para 2025, “un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, la patronal se niega ahora a volver a revisar este plus, como se había acordado”, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida, “que está secundando el 100% del colectivo”.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha hecho una valoración “muy positiva” del seguimiento de la huelga en estos dos días y ha señalado que “el comportamiento del colectivo de los gruistas de la provincia de Córdoba está siendo ejemplar, reivindicando sus derechos y peticiones de la forma más cívica posible”.

Sin embargo, según ha lamentado, “algunas empresas que están usando subterfugios para intentar vulnerar nuestro derecho a huelga e incluso, y lo consideramos totalmente intolerable, algunas empresas han amenazado con represalias a los trabajadores en el futuro por esta acción que están llevando a cabo”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explicado que el de los gruistas “es un colectivo un poco discriminado por el convenio, porque no puede subir su producción, como otros colectivos, que tienen la opción de ganar más dinero. Ellos tienen que estar 15 minutos antes todos los días para el mantenimiento de la grúa, que no lo cobran, y por eso pedimos una mejora del plus de dedicación”.

“En Sevilla --ha añadido-- ya han llegado a un acuerdo y nosotros hace cuatro meses decidimos que esto había que mejorarlo, porque llevábamos ya muchos años con el plus congelado y no puede ser que los gruistas siempre paguen el pato”.

Los trabajadores de Hitachi continúan luchando por sus derechos y este miércoles ha continuado una huelga que no parece tener visos de una solución tras más de tres meses de movilizaciones. En una última comparecencia ofrecida por los representantes de los trabajadores a los medios de comunicación, se ha denunciado un bloqueo sistemático por parte de la dirección y una preocupante fractura en la unidad sindical que está dificultando el avance de las negociaciones del convenio colectivo.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha comparecido para actualizar la situación tras la última convocatoria de huelga, lamentando que la empresa mantenga la misma postura de que la semana pasada. El representante ha sido especialmente crítico con la irrupción de un nuevo conflicto interno: la solicitud de revocación de los miembros del comité del colegio de técnicos por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).

“Entendemos que esto es otra baza más para seguir alargando la situación que tenemos”, ha afirmado García, calificando el movimiento de UGT como una “apuñalada hacia los defensores de los trabajadores y del comité de empresa” con el único fin de debilitar la posición de Comisiones Obreras (CCOO).

Además, el presidente del comité ha denunciado la falta de humanidad de la empresa en el proceso de incorporación de los trabajadores sancionados. Según sus declaraciones, la dirección ha retrasado intencionadamente la entrada de compañeros cuyas parejas estaban a punto de dar a luz, esperando a que se produjera el parto para darlos de alta y así “alargar la agonía” de las familias, a pesar de existir medidas cautelares que permitían su reincorporación previa. Actualmente, todavía quedan unas 50 personas pendientes de regresar a sus puestos una vez cumplan las sanciones la próxima semana.

Agustín Jiménez: “La estrategia de la empresa es de puro desgaste”

Por su parte, Agustín Jiménez, responsable de Industria en CCOO, ha hecho hincapié en que la voluntad de negociación por parte de los trabajadores es total, habiendo ofrecido incluso la congelación de las huelgas si la empresa se sentaba a dialogar, algo que la dirección ha rechazado.

El dirigente ha denunciado que la empresa dio por concluidas las negociaciones de forma unilateral y que ha incumplido sistemáticamente los acuerdos alcanzados ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). “Ni siquiera nos hemos llegado a reunir, no hay incumplimiento posible”, ha señalado, subrayando que existe una estrategia de desgaste dirigida contra el comité de empresa y los sindicatos CCOO y USO.

Respecto a la ruptura de la unidad entre sindicatos, el representante de CCOO ha lamentado que UGT se “alineó con la empresa” en un momento tan crítico. Esta postura habría provocado que más 40 afiliados de UGT se hayan pasado a las filas de CCOO en señal de protesta por la gestión de su sindicato. “Cuando afiliados con más de 20 años de carnet se borran, es que algo no se está haciendo bien”, ha sentenciado el responsable de Industria, recordando que dicho sindicato ha liderado las condiciones laborales de la antigua ABB durante los últimos 35 años.

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud (CCOO, SATSE, CSIF y UGT) se han concentrado hoy a las puertas del Hospital de Pozoblanco para mostrar su rechazo a la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo que pretende imponer el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Las cuatro fuerzas sindicales ya desmintieron a la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, cuando afirmó que dicha fusión laboral había sido aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial cuando en ningún momento dicho órgano ha aprobado, ni por unanimidad ni por ningún otro procedimiento, la fusión laboral de ambos hospitales ni la creación de un ámbito territorial único a efectos de concursos de traslados, OPE o contratación.

Las organizaciones sindicales exigieron al SAS una rectificación pública que no ha llegado y por ello, han decidido mostrar públicamente su rechazo frontal a esta propuesta que introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta. “Muy al contrario, lo que venimos exigiendo es que se garantice la movilidad voluntaria de los y las profesionales y una adscripción clara y segura a sus centros de trabajo a través de los concursos de traslados y de la movilidad interna”, expuso la delegada de CCOO en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo Inmaculada de Bringas.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, afirmó por su parte que “la fusión laboral de ambos hospitales supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar y va a dificultar aún más la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales por no hablar de que puede provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, con el consiguiente deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía”.

“Resulta incoherente y profundamente preocupante que se intente presentar como acordada una medida que ha generado un rechazo sindical unánime en los órganos de representación de los trabajadores y que además no ha sido objeto de negociación real”, remarca Damas.

Por ello, CCOO exige a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud la paralización inmediata de cualquier avance en este proceso, así como transparencia y rigor en la información pública, así como respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales.

CCOO reitera su compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad, con profesionales con derechos y con una atención sanitaria equitativa para toda la población del norte de la provincia de Córdoba.

La sede de UGT Córdoba ha acogido un acto dedicado a la memoria histórica, centrado en la presentación del documental titulado 'Derrotados, represaliados, huidos y exiliados', obra de Nicolás Puerto, reconocido memorialista, miembro del PCE y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba con el desaparecido Julio Anguita en la Alcaldía, que rescata en este trabajo “la lucha y el sacrificio de quienes sufrieron la represión franquista”.

El evento, según ha informado el sindicato en una nota, ha contado con la presentación de la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna; la gerente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Pepa Castillejo, y la del secretario de Política Sindical y Memoria Histórica de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento.

Durante su intervención han relatado los años de estudio y recopilación de información que se tradujeron en este documental, en el que se rinde un especial homenaje “a tantos y tantos sindicalistas de UGT que padecieron la persecución, los más duros castigos del franquismo y, lamentablemente, la muerte y el intento de olvido por los fascistas del régimen”, según ha señalado Laguna.

El documental de Nicolás Puerto realiza “una exhaustiva recopilación de datos sobre los abusos cometidos durante la dictadura. El hilo conductor se centra en las vivencias de sus propios familiares y de numerosos afiliados a UGT que fueron víctimas de fusilamientos, encarcelamientos y maltratos por sus ideales. En total, 13 personas que sufrieron la barbarie de la represión”.

Durante el acto se ha hecho una mención especial al grupo memorialista 'Déjanos Llorar' y su responsable, Antonio Deza, aunque ausente, ha transmitido su total apoyo a la presentación. Durante la jornada se han recordado las historias de su familia, como la de su tío, secretario del Sindicato de Zapateros de UGT en Puente Genil (Córdoba), que fue fusilado durante la Guerra Civil, o la de su padre, miembro de los maquis, ajusticiado por el régimen franquista entre 1946 y 1947.

Entre el numeroso público asistente ha destacado, igualmente, la presencia de la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. Este acto, según han señalado desde el sindicato, “reafirma el compromiso de UGT con la recuperación de la dignidad de las víctimas y la difusión de una historia que, durante décadas, permaneció en el olvido”.

La sección sindical de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en el Hospital Provincial de Córdoba ha remitido un escrito al Comité de Seguridad y Salud en el que alerta de la grave situación en la que el personal de cocina desarrolla su actividad laboral. Según el sindicato, las condiciones actuales suponen un riesgo real para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

En el documento, UGT SP ha denunciado la insuficiente dotación de personal en el servicio, una circunstancia que, según han señalado, está generando una evidente sobrecarga de trabajo. Esta situación está derivando en elevados niveles de estrés y fatiga, comprometiendo tanto la salud de la plantilla como la correcta ejecución de sus funciones. El sindicato ha subrayado que esta realidad contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

Asimismo, UGT SP Córdoba ha puesto de manifiesto el estado deficiente y obsoleto de la maquinaria utilizada en la cocina, lo que incrementa notablemente los riesgos laborales y dificulta el normal desarrollo del trabajo diario.

En el escrito, firmado por la delegada sindical Marta Serrano, se ha detallado numerosos equipos fuera de servicio o en mal estado, entre ellos una basculante, dos hornos inutilizados y señalizados como no operativos, el tren de lavado -que no seca correctamente pese a funcionar a altas temperaturas, generando acumulación de humedad y riesgo higiénico-sanitario-, así como el lavacarros, averiado desde hace meses, lo que obliga a realizar esta tarea de forma manual con el consiguiente aumento del esfuerzo físico y la exposición a productos químicos.

A esta situación se suman los dos lavavajillas del servicio, también averiados, lo que obliga al lavado manual de utensilios y provoca una acumulación excesiva de trabajo en la zona de fregadero. Esta carga se agrava, además, cuando de forma ocasional se retira al personal asignado a dicha zona, incrementando aún más la carga física y organizativa del trabajo.

Desde UGT SP han destacado que estas circunstancias suponen un incumplimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a los principios de la acción preventiva, especialmente en lo referente a evitar los riesgos, combatirlos en su origen y adaptar el trabajo a la persona. Igualmente, señalan que se estaría vulnerando el artículo 17, que obliga al empleador a proporcionar equipos de trabajo adecuados y en correcto estado de mantenimiento.

Por todo ello, UGT SP Córdoba ha solicitado al Comité de Seguridad y Salud que adopte de manera urgente las medidas necesarias para evaluar los riesgos existentes en el servicio de cocina, garantizar una dotación suficiente de personal y proceder a la reparación o sustitución inmediata de la maquinaria defectuosa, con el objetivo de asegurar unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas conforme a la normativa vigente.

Mareas Blancas, los sindicatos CCOO y UGT, y los partidos PSOE e IU, han presentado este lunes en Córdoba el documental 'Salud NO responde', que han realizado Mareas Blancas de Andalucía y que se estrenará mañana martes, a las 18:00, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO), con la presencia de su director, Pablo Coca, y del profesor, escritor y activista Antonio Manuel.

Según han informado Mareas Blancas, CCOO, UGT, PSOE e IU en un comunicado conjunto, el documental ha sido realizado “de forma totalmente independiente gracias a un 'crowdfunding', y no hay ningún sindicato ni partido político detrás”, simplemente “muestra la realidad de la sanidad pública andaluza, además, contada por los que están sufriéndola”, según ha dicho el portavoz de Mareas Blancas en Córdoba, Antonio Baena, quien ha lamentado que el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba “haya denegado el salón de actos de esta institución pública para la presentación del documental”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha señalado que “los indicadores sanitarios muestran el bloqueo y el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza con el único fin de favorecer a los intereses privados”.

La evidencia, según ha afirmado, es que “hay menos profesionales en el SAS, a pesar de que dicen que se han reforzado las plantillas. Las infraestructuras sanitarias públicas están infrautilizadas o cerradas, como es el caso de los hospitales de Palma del Río, Puente Genil, Peñarroya o Montilla, y sufrimos altísimas listas de espera. Solo en nuestra provincia llegamos a las 82.730 personas, con 59.152 a la espera de ser vistas por el médico especialista y 23.578 a la espera de una intervención quirúrgica”.

“Pero lo más grave --ha proseguido-- es que en vez de disminuirlas cada seis meses se incrementan (9.538 en los últimos seis meses) y eso a pesar de las derivaciones a la privada, con 716 millones de euros presupuestados en 2025. Otro dato del deterioro de la sanidad son las agresiones, que no son un fenómeno coyuntural sino de un problema estructural que el pasado año sumó 173 agresiones (37 físicas y 136 no físicas) frente a las 162 de 2024, la cifra más alta desde 2007”.

Por su lado, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha descrito la situación de los hospitales de Puente Gentil y Montilla, pertenecientes al Área Sanitaria Sur de la Provincia, como “crítica”, y ha destacado “las largas listas de espera, el cierre de los quirófanos y la falta de profesionales, especialmente de médicos especialistas”.

Sobre las intervenciones quirúrgicas ha aludido a la situación de Dermatología en el Hospital de Montilla, “con listas de espera de más de un año”. Además, el microscopio, que antes estaba en el Hospital de Puente Genil, “se va a quedar en Cabra, lo que significa que Puente Gentil ve reducir aún más su actividad quirúrgica”, y “en el caso de Montilla faltan anestesistas, además de otras especialidades médicas, a pesar de que se mantienen algunas intervenciones, a diferencia de en Puente Gentil, donde prácticamente se ha reducido la actividad a cirugía menor”.

La responsable de UGT ha insistido en la necesidad de que se creen dos áreas sanitarias en la zona Sur de Córdoba y ha alertado que, “ante la salida inmediata de los traslados”, se pueda producir “una nueva fuga de profesionales, ya que van a salir en el Hospital de Cabra y no garantizará el destino final que se solicite”, y ha exigido que las solicitudes se puedan hacer por centros y no por áreas.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, por su parte, ha alabado la unidad de acción de las Mareas Blancas, sindicatos y organizaciones políticas para poner “voz y rostro a lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Andalucía con la gestión del Gobierno del PP”.

Crespín ha defendido el que, de esta forma, se dé “visibilidad al desmantelamiento del sistema sanitario a través de este documental, que animamos a que sea proyectado en cuantos más sitios mejor, por toda la provincia, porque es el fiel reflejo de los problemas que afrontan cientos y cientos de familias para que sean atendidas cuando alguien está enfermo”.

Con todo, Crespín ha aclarado al Gobierno del popular Juanma Moreno que “no puede soplar y sorber al mismo tiempo”, porque “cuando la actualidad nos arrastra, como hemos visto con el accidente ferroviario de Adamuz o con las consecuencias del temporal, no se puede poner a presumir de servicios públicos y de sus profesionales quienes llevan ocho años desmantelándolos, recortándoles recursos y privatizándolos, o una cosa o la otra, pero las dos no caben”.

Finalmente, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de las plataformas ciudadanas y de las organizaciones sindicales en la defensa de los profesionales sanitarios, “ante el colapso de la sanidad pública”, subrayando que el documental presentado tiene como objetivo “mostrar de forma clara y accesible la realidad que se vive en Andalucía”, una situación que es “consecuencia directa de las políticas de un gobierno andaluz que concibe la sanidad pública como un negocio”.

Pérez ha enumerado como elementos clave del deterioro del sistema las “transferencias millonarias a la sanidad privada, las listas de espera interminables, el colapso de centros de salud y hospitales, y el maltrato continuado a los profesionales”, señalando además decisiones recientes que “agravan la situación en la provincia de Córdoba”.

Ese es el caso de “la reorganización de áreas sanitarias que perjudica a hospitales como los de Peñarroya y Pozoblanco”, y ha trasladado el apoyo de IU, tanto a las plataformas ciudadanas, como a los profesionales sanitarios, a la vez que ha animado a la ciudadanía “a conocer el documental y a defender un modelo de sanidad pública universal, gratuita y de calidad, frente al proceso de privatización”.

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha hecho balance del pasado año 2025, y ha avanzado los retos a los que se enfrenta el sector laboral cordobés para el recién estrenado 2026, destacando “la aprobación de acuerdos como los del campo o el metal, referente salarial nacional”, o con el recientemente firmado “convenio de la construcción, con nuevos beneficios para las personas trabajadoras”.

En este sentido y en una nota, Laguna ha destacado, frente a los éxitos de negociación colectiva liderados por el sindicato, “una serie de grandes retos que acechan al mercado laboral y al conjunto de los derechos de las personas trabajadoras de la provincia, especialmente en lo relativo al sector público”.

Así, ha hecho especial hincapié “en la seguridad en el trabajo y en las terribles cifras que arrojó la siniestralidad laboral en todo el país, pero también, de forma más acusada, en Andalucía y en nuestra provincia”. Por ello, ha remarcado que “para nosotros la seguridad en el trabajo es de una prioridad absoluta y no podemos consentir que ir a trabajar pueda costar la vida a ninguna persona porque los accidentes son todos evitables, y lo son estableciendo unas normas de seguridad adecuadas y garantizando su estricto cumplimiento”.

En este sentido, la secretaria general ugetista ha lamentado que “desde UGT hemos planteado nuevas propuestas que no se han aceptado, motivo por el que no hemos firmado la Estrategia de Seguridad en el Trabajo 2024-2028”. Asimismo, ha pedido “mayor control” y “mayores ayudas para las familias de las víctimas y una actualización de la Ley de Prevención, que actualmente es la de 1995”.

Por otra parte, Laguna ha señalado la iniciativa propuesta por el sindicato en Córdoba, que contó con el apoyo de la patronal y de la Junta de Andalucía, que sumó la subvención al proyecto, para disponer en los centros de trabajo de desfibriladores, junto a unos cursos para que las personas trabajadoras puedan conocer su uso.

Un aspecto pendiente de su aprobación es la de la reducción de la jornada laboral. En este aspecto, Encarna Laguna ha reiterado “el convencimiento más absoluto de que esta medida tan luchada y reclamada por nuestro sindicato repercutirá en un aumento de la productividad y una mejora del nivel de conciliación y satisfacción de las personas trabajadoras”.

Del mismo modo, ha arremetido contra aquellos que consideran que “después de 40 años, y multitud de cambios en los modelos de trabajo, producción y de vida en las empresas, no es oportuno plantear esta reforma que desde UGT entendemos como de justicia social”.

Por otra parte, ha recordado que el objetivo del sindicato sería “llegar a las 32 horas semanales en cuatro días de trabajo en aquellas empresas en las que fuese posible a través de una adecuada organización y los correspondientes acuerdos”, señalando es “algo que se ha puesto en marcha en otros países con resultados muy positivos”.

Respecto a los servicios públicos, la secretaria general de UGT Córdoba ha puesto el punto de mira “la situación límite que se vive en la sanidad pública andaluza, o los problemas que se están experimentando en Andalucía en Educación o Servicios Sociales”, haciendo referencia a “las largas listas de espera de la dependencia, así como las condiciones laborales que tienen que afrontar sus trabajadoras, con sueldos reducidos, contratos parciales o con lamentables condiciones para llevar a cabo su trabajo”.

Respecto a la sanidad pública, Laguna ha señalado “la lección que nos ha dado la crisis de los cribados de cáncer de mama sobre la prevención y la gestión de los recursos, algo que debe ser un eje primordial en el cuidado de la salud pública, ya que del tiempo de espera en los diagnósticos puede depender la supervivencia de estas pacientes”.

Igualmente, Laguna ha criticado “la apuesta de la Junta por la proliferación de universidades y centros de Formación Profesional privados”, y subrayado que “en toda Andalucía la Junta aprobó en solo un año la autorización de 9.450 plazas privadas frente a tan solo 2.588 públicas de FP, cuando esta formación especializada debería ser una palanca de igualdad en oportunidades y no un negocio”.

Derechos sociales

Laguna se ha referido igualmente al problema de la vivienda, que ha calificado de “estructural en todo el país, pero que se incrementa en provincias como la cordobesa, en la que el salario medio sigue siendo uno de los más bajos debido a la falta de industria y la concentración de una mayor parte de mercado laboral en el sector servicios”.

Por otro lado, la sindicalista ha remarcado “la necesidad de avanzar con más empeño en las subidas salariales para que la alta inflación que estamos viviendo no repercuta en la calidad de vida de las familias, algo imprescindible, desde un punto de vista económico, para seguir manteniendo un nivel de gasto que garantice una salida a la producción y que siga generando puestos de trabajo”.

Igualdad y violencia de género

En otro orden de cosas, Laguna, que asumió el reto de ser la nueva secretaria general de UGT Córdoba el pasado año 2025, ha resaltado “la importancia que tiene que se visibilicen mujeres al frente de instituciones como este sindicato que, además de ser el mayoritario en Córdoba, es referente en la negociación de convenios y en la lucha por los derechos de la clase trabajadora, pero también en la defensa de la Igualdad laboral, salarial y social de las mujeres”.

La secretaria ugetista ha lamentado que “hayan muerto 47 mujeres en España, 14 de ellas en Andalucía, un 30% del total, en 2025”, y ha mostrado su rechazo a “los relatos negacionistas de personas y también desde sectores políticos ajenos al dolor y a tantas historias no superadas, la mayoría silenciadas precisamente por personas como estas, cuya moral se encuadra en que de lo que no se habla no existe”.

En este sentido, Laguna ha señalado “la elaboración por parte del sindicato de los planes de igualdad en empresas, los protocolos elaborados contra el acoso, el asesoramiento y el apoyo a las víctimas”, y ha destacado que “UGT atendió en 2025 más de 2.400 consultas a este respecto y asesoró en planes de igualdad que beneficiaron a más de 94.000 mujeres, así como campañas de concienciación o la participación en Córdoba del sindicato en proyectos institucionales y en apoyo a organizaciones de mujeres contra la violencia de género”.

Diálogo social

La secretaria general de UGT Córdoba se ha congratulado de la reciente aprobación de la Ley de Participación Institucional ya que, ha asegurado, “porque da seguridad jurídica al trabajo que hacen las organizaciones sindicales y fortalece la democracia, una ley que llevábamos reclamando y negociando años desde este sindicato y que, por fin, se ha hecho realidad”.

Del mismo modo, Laguna ha valorado “el acuerdo que hemos conseguido para los empleados públicos con la Junta, ya que permite modernizar la administración pública y abrir la puerta a la carrera profesional del personal funcionario y laboral, mejora servicios y dignifica el trabajo público”.

Finalmente, Encarna Laguna ha hecho un llamamiento en el nuevo año que comienza a “la paz social y el proyecto común de una sociedad en la que los valores de igualdad, justicia social y progreso sean irrenunciables, una sociedad libre de crispación y abierta al diálogo, a la concertación y al respeto al ajeno como base del entendimiento, de la necesaria empatía para comprender al otro y para hacer que todos participemos de los avances que nos quedan por conquistar, un futuro que pasa por la unidad de todos los demócratas contra la intolerancia, a favor de lo público, lo que es de todos”.

Guerra sindical entre CCOO y UGT en el seno del conflicto laboral que atraviesan los trabajadores de Hitachi desde que el pasado 13 de noviembre salieran en manifestación y acabaran en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba pidiendo la mediación el alcalde, José María Bellido. Un mes después de aquello, la relación entre ambos sindicatos ha saltado por los aires tras conocerse este viernes el acuerdo al que UGT ha llegado con la empresa. En él se establece que se suspenderán las sanciones impuestas a los trabajadores siempre y cuando no secunden la huelga iniciada el 13 de noviembre ni participen en paros, protestas ni manifestaciones.

El relato de los hechos es el siguiente. En la nota de prensa de UGT remitida este viernes a los medios de comunicación, la organización sindical se felicitaba por haber llegado a este acuerdo con la empresa y que afectaba, exclusivamente, a las 76 sanciones de empleo y sueldo que Hitachi comunicó a los trabajadores. En la nota se argumentaba que la retirada de las sanciones implicaba “el compromiso de ambas partes en mantener canales de negociación pacíficos, estables y permanentes como instrumento fundamental para la resolución de cualquier discrepancia futura”.

Pero, ¿qué quería decir todo esto? ¿Cuál era la materialización de ese compromiso? Además, UGT aseguraba que el acuerdo no suponía “ninguna renuncia a los derechos laborales ni sindicales (...) y respeta plenamente la libertad individual de las personas”. Había quien pudiera pensar que resultaba, cuanto menos extraño, que Hitachi retirara las sanciones sin que ello no implicara nada para los trabajadores, teniendo en cuenta la elevada conflictividad laboral que se vive actualmente en la empresa.

Cerca de dos horas después, CCOO –sindicato mayoritario en el comité de empresa– emitía otro comunicado en el que calificaba de “barbaridad” lo que había firmado UGT. Este periódico ha accedido al texto íntegro firmado entre UGT e Hitachi en el que queda reflejado el “compromiso” al que quedarán unidos los trabajadores que decidan adherirse al documento para que les sean retiradas sus sanciones. Y no es otro que comprometerse “a no secundar la huelga iniciada el día 13 de noviembre, ni participar en ninguno de los paros que se puedan derivar de la misma, así como en ninguna de las protestas de carácter colectivo o manifestaciones que tengan lugar”.

CCOO habla de “barbaridad”

Es decir, el acuerdo recoge que, quien voluntariamente se adhiera al mismo, no podrá protestar sea cual sea el motivo. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de CCOO. “Nos parece una barbaridad que un sindicato de clase, que se supone que debe defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, conculque el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras sancionados (ninguno de ellos delegado de UGT) con tal de colgarse una medalla y decir que ellos han sido los que han conseguido desescalar el conflicto, cuando nada más lejos de la realidad. Lo único que han hecho es romper la unidad de acción, traicionar a los trabajadores y venderse a la empresa sin importarle el coste que eso va a tener para la plantilla”, ha afirmado el secretario General e Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.

“En la fábrica, todos los trabajadores han estado unidos desde el primer momento, pero los dirigentes de UGT, como buitres, han visto rédito en el conflicto y se han puesto al servicio de la empresa con tal de que en las próximas elecciones sindicales tengan el apoyo de la Dirección”, añadió Jiménez, que espera que el acuerdo “quede en agua de borrajas y los trabajadores afectados por las sanciones confíen en su comité de empresa, que lo único que ha hecho hasta el momento es defender sus derechos”. Desde CCOO aseguran que denunciarán el concuro “porque conculca el derecho de huelga, algo ilegal”

Todo esto ha estallado horas después de que el comité de empresa e Hitachi llegaran este jueves, en sede judicial, a un acuerdo para suspender las sanciones hasta el próximo 12 de enero mientras se retoma la negociación con un calendario de cuatro reuniones para tratar el conflicto, que se está eternizando. De esta forma, los trabajadores sancionados cobrarán su salario y su paga extra, un requisito fundamental para el comité de empresa para retomar la negociación.

El comité de empresa creía que la suspensión de las sanciones, que espera que terminen por ser retiradas, era un paso importante para desescalar el conflicto y retomar la senda de la negociación para tratar de llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes y que permita a la empresa afrontar el futuro con garantías. Sin embargo, el comunicado de UGT, a juicio de CCCO, rompe “definitivamente la unidad de acción pasteleando con la empresa un acuerdo que conculca el derecho de huelga.

La realidad es que, tal y como se pregunta CCOO, cómo Hitachi va a ejecutar ahora los dos acuerdos: el alcanzado en sede judicial y el firmado con UGT. Asimismo, según Jiménez, esta firma, “condiciona las negociaciones propuestas en el juzgado, puesto que, según ha informado el director de la fábrica en una reunión informativa en la empresa, no se va a salir del acuerdo firmado con el sindicato ugetista”.

Partes del acuerdo

Según el documento, facilitado a este medio por UGT, la empresa se compromete a “dejar sin efecto las sanciones impuestas, desde la fecha de adhesión voluntaria comunicada por cada trabajador”, aunque no reconocerá la nulidad o improcedencia de las mismas. Esto se lleva a cabo con “la finalidad de que, a través de esta transacción, quede finalizado el conflicto laboral”. La fecha tope para adherirse a este acuerdo es el 23 de diciembre, inclusive.

Queda en el aire cuál será el papel de UGT a partir de ahora en todo este conflicto, más allá el relativo a las sanciones a los empleados. Y es que el sindicato se ha comprometido “a transmitir a los que, siendo sus afiliados y sean trabajadores de la empresa, que no abandonen las vías de negociación pacíficas, fomentando el diálogo en aras de conseguir el consenso entre las partes”.

Este acuerdo no supone modificación del convenio colectivo ni de ninguna de sus condiciones laborales individuales. El incumplimiento grave de las obligaciones por alguna de las partes “podrá suponer la revocación de los beneficios reconocidos, previa comunicación escrita y motivada, además de la reanudación automática de las sanciones de empleo y sueldo que quedaron suspendidas con la firma de este acuerdo y de las adhesiones individuales”.

Por su parte, Hitachi considera que el acuerdo firmado con UGT “es un paso en la buena dirección para desescalar el conflicto y recuperar la normalidad operativa”, según han confirmado fuentes de la entidad a este periódico.

El sindicato UGT FICA Córdoba ha alcanzado un acuerdo de paz social con la dirección de Hitachi Energy Spain, S.L.U. en el centro de trabajo que la multinacional tiene en Córdoba, lo que permitirá dejar sin efecto las sanciones disciplinarias impuestas recientemente a varios trabajadores de la plantilla.

El acuerdo, fruto de un proceso de diálogo y negociación, ha sido firmado por los representantes de UGT en el comité de empresa de Hitachi y por responsables de la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación del sindicato. Se trata, no obstante, de un acuerdo de eficacia limitada, ya que UGT no cuenta con la mayoría sindical en el comité, por lo que su aplicación directa afecta a las personas afiliadas a este sindicato y a aquellas que decidan adherirse de forma voluntaria e individual.

Desde UGT FICA Córdoba han subrayado que la prioridad durante todo el conflicto ha sido resolver la situación con la mayor rapidez posible, permitiendo que las personas trabajadoras sancionadas pudieran volver a ser dadas de alta en la Seguridad Social, reincorporarse a sus puestos, cotizar y percibir sus salarios con normalidad, especialmente en unas fechas sensibles para la plantilla.

El objetivo principal del acuerdo es restablecer la convivencia laboral y garantizar un clima de estabilidad y seguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para la empresa, en un momento considerado clave para el futuro industrial y productivo de la planta cordobesa.

Entre los puntos más destacados figura la retirada de las sanciones disciplinarias, condicionada a la adhesión voluntaria al acuerdo, así como el compromiso mutuo de mantener canales de negociación estables y pacíficos para resolver posibles discrepancias en el futuro. El sindicato ha recalcado que este pacto no supone renuncia alguna a derechos laborales o sindicales, no modifica el convenio colectivo ni las condiciones vigentes y respeta plenamente la libertad individual de la plantilla.

UGT considera este acuerdo un primer paso necesario para retomar la negociación del convenio colectivo y desbloquear otros asuntos pendientes. En este sentido, ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales con representación en el comité de empresa para que se sumen al pacto y permitan que todas las personas sancionadas recuperen la estabilidad laboral.

El sindicato también ha lanzado un mensaje a la multinacional japonesa, recordando que las inversiones de Hitachi en Córdoba cuentan con el respaldo institucional y con una plantilla comprometida con el futuro industrial de la provincia y con el empleo de calidad.

Por último, UGT FICA Córdoba ha agradecido el apoyo mostrado por el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y las distintas fuerzas políticas, y ha apelado a la serenidad y a la responsabilidad colectiva como base para garantizar un futuro sólido del empleo industrial en Córdoba.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha concentrado ante las puertas de la empresa Atende, que asumió desde mediados del año 2024 el servicio de ayuda a domicilio de la capital cordobesa, tras concederle el Ayuntamiento la licitación, para reclamar el cumplimiento del acuerdo pre judicial pactado con la empresa para el pago de las horas que aquellas trabajadoras habrían hecho de más, teniendo en cuenta que la jornada completa se estableció para este año en 38,5 horas semanales en este servicio.

Según han expuesto desde el sindicato, “el coeficiente de la suma de todas las jornadas trabajadas en ayuda a domicilio para 2025 habría sido, como referencia, las 1.735 horas”, al tiempo que ha recordado que denunció ante los juzgados a la empresa, dado que “en muchos casos las trabajadoras superaron la jornada sin que esto se les hubiese pagado en las correspondientes nóminas”.

Antes del juicio, “la empresa llegó al acuerdo pre judicial en el que se comprometía a saldar con las empleadas las horas que hubiesen realizado de más desde el mes de enero, algo que se reflejaría en una nómina complementaria con el nombre de 'Atrasos salario'”, han agregado.

Así, han explicado que “confiando en la buena voluntad de la empresa, se firmó este acuerdo que ahora la empresa ha terminado incumpliendo efectuando ingresos a las trabajadoras por cantidades de 0,1, 0,63, 0,14, ó 0,32 euros”.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitaros de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha señalado que “esto supone un insulto para toda la ayuda a domicilio y para todas las trabajadoras, sobre las que creemos que piensan que no saben ajustar sus nóminas y no iban a percatarse de lo que han llevado a cabo, no sólo un incumplimiento del acuerdo, sino un despropósito que desde este sindicato no vamos a tolerar”.

De hecho, ha informado Heredia, “UGT SP ha solicitado la ejecución del acuerdo al juzgado para que la empresa cumpla lo acordado en sus justos términos”.

“Incumplimiento del convenio”

Por otra parte, la federación ugetista ha criticado que “la empresa sigue incumpliendo el convenio del sector, sin respetar el descanso de 48 horas, llamando a las trabajadoras entre uno y otro servicio para que lleve a cabo servicios de una jornada para la siguiente, lo que no les permitiría llevar a cabo la conciliación familiar”.

Además, han añadido, “no respetan la desconexión digital y siguen sin ofrecer contratos con mayor número de horas a las trabajadoras de mayor antigüedad ni la cercanía de los servicios a sus domicilios, servicios que terminan ofreciendo en los nuevos contratos”.

“Otro escollo con Atende radica en que la empresa --han destacado desde UGT SP-- continúa realizando contratos de menos de 25 horas semanales, partiendo la jornada laboral cuando el convenio dispone que no se pueden partir en contratos de menos de 25 horas semanales”. Del mismo modo, el sindicato ha reprochado que “no se les reconoce a las trabajadoras un accidente laboral como enfermedad profesional”.

Una obra necesaria para los vecinos del barrio, y así se ha visto a pie de edificio. “Por favor, arreglad esto”, gritaban algunos vecinos desde las ventanas. El panorama dentro de la antigua sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) es desolador: paredes quemadas, basura por todos lados y un olor que perdura con el paso de los años. Es por ello que era una actuación obligada hasta que, finalmente, se ha logrado un acuerdo para proyectar dicha iniciativa. La Junta de Andalucía ha anunciado que se realizará una inversión de hasta 2 millones para convertir esta infraestructura en una de las mayores oficinas de empleo de toda Andalucía.

Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha encabezado la comparecencia junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Empleo, María Dolores Gálvez, destacando que el proyecto busca aportar “soluciones a los problemas”. Molina ha explicado que este edificio, abandonado desde el año 2010, representaba un problema de seguridad, salud pública y una “maraña administrativa” que dificultaba su titularidad. El objetivo, además de crear un centro para desempleados, es dignificar y dar seguridad al barrio.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha agradecido a la Junta la iniciativa, que permite cerrar una de las “carpetas históricas” de la ciudad y una “herida muy profunda” en el Distrito Sur. Bellido ha recordado que, tras el abandono de la sede en 2010, el edificio se convirtió en un “foco de suciedad” y de “altercado”, con incidentes que requerían la intervención de la Policía Local, incluyendo pequeños incendios y situaciones de ilegalidad, siendo una “demandada tremenda” de los vecinos.

Bellido ha detallado el complejo proceso de transferencia de titularidad: la UGT, asumiendo su responsabilidad, devolvió el inmueble al Gobierno de España. Posteriormente, el Ejecutivo transfirió la titularidad a la Junta de Andalucía. El alcalde ha subrayado que, una vez que la Junta asumió la titularidad, la respuesta fue en “tiempo récord”. Ha valorado la decisión de ubicar la nueva oficina en este lugar, ya que el Distrito Sur es, “desgraciadamente,” el que mantiene la tasa de desempleo más alta de toda la ciudad. El nuevo espacio, que figura entre los más grandes de Andalucía, permitirá además que el Ayuntamiento y la Junta realicen actuaciones conjuntas en materia de políticas y formación de empleo.

María Dolores Gálvez, delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha confirmado que el proyecto prevé mantener el edificio, aunque requerirá una “obra muy importante” debido al estado del inmueble. La oficina de empleo mantendrá el salón de actos y contará con salas de formación que serán utilizadas para capacitar al personal del Servicio Andaluz de Empleo de toda la provincia. Respecto a los plazos, Gálvez ha indicado que se procederá a la licitación del proyecto de obra y después a la ejecución, señalando que la actuación será “lo más rápido posible” al ahorrarse el largo trámite de mutación demanial, dado que la Junta ya posee el edificio.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica) ha celebrado este sábado una asamblea provincial en la que ha reunido a 90 delegados y delegadas de centros de trabajo de toda la provincia de Córdoba, con el objetivo de “analizar, debatir y perfilar las propuestas que el sindicato llevará a la próxima negociación del convenio colectivo del metal, que afectará aproximadamente a 20.000 personas trabajadoras”, señalan fuentes de Fica Córdoba.

Durante la reunión, han indicado, “se han examinado las principales necesidades del sector, entre ellas la mejora de las condiciones salariales, la actualización de categorías profesionales, el refuerzo de la prevención de riesgos laborales y la garantía de la estabilidad en el empleo ante los retos tecnológicos y productivos que afronta la industria metalúrgica”.

Fuentes del sindicato han subrayado que “UGT-Fica se ha marcado 4 objetivos para el convenio, en primer lugar la regulación y aclaración de aquellos conceptos que aparecen ya en el Convenio y que no se están aplicando en todas las empresas; en segundo lugar los incrementos salariales adecuados a la subida del coste de la vida, disparado en los últimos años; en tercer lugar, adaptar las nuevas materias laborales al convenio colectivo para evitar dudas de aplicación, y en último lugar la introducción de nuevos artículos que nos reclaman las personas trabajadoras de los distintos sectores”.

Todas las propuestas presentadas en la Asamblea, han informado desde el sindicato, fueron aprobadas por la unanimidad de todos los delegados y delegadas asistentes, por lo que será el documento que se presente a Femeco por parte de UGT-Fica Córdoba para su negociación en la mesa negociadora.

El secretario de Acción Laboral del sindicato, Antonio Lopera, ha señalado que “como sindicato más representativo y mayoritario en el Metal de la Provincia de Córdoba, UGT FICA tendrá una posición determinante en la negociación al contar con un 65 % de representación en la mesa negociadora que se constituirá el próximo día 5 de diciembre en las instalaciones de la CECO, lo que permitirá trasladar con firmeza las reivindicaciones realizadas por la asamblea y defender un convenio que mejore las condiciones laborales para miles de trabajadores del sector en la provincia”.

Por su parte, el secretario general de UGT Fica Córdoba, Pedro Téllez, ha destacado r“la importancia de iniciar este proceso con una posición sólida, basada en las aportaciones de los propios trabajadores y trabajadoras”. Asimismo, Téllez reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo que “avance en derechos, impulse la estabilidad y dignifique las condiciones laborales en un sector estratégico para la economía cordobesa”.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha expresado su máximo rechazo a las declaraciones del alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, en las que quitó importancia a que los vecinos de la localidad tuviesen que verse obligados a trasladarse a la capital cordobesa para operarse al no realizarse estas intervenciones en el hospital pontenense.

El delegado sindical de UGT SP en el Hospital de Puente Genil, Francisco Prieto, ha manifestado su máxima preocupación ya que, ha señalado , “que un alcalde considere que no pasa nada porque sus vecinos tengan que desplazarse a Córdoba para ser intervenidos y comparar esta visita obligada con desplazarse a la capital para hacer compras es completamente inapropiada y se aleja de sus intereses, además de restar importancia a un hecho delicado como es una operación”.

Prieto ha lamentado que Velasco hiciera esta comparación y ha indicado que “no es lo mismo ir de compras a Córdoba, lo que constituye una decisión voluntaria y de ocio, con tener que desplazarse a otro hospital distinto al de tu propia localidad para afrontar una intervención quirúrgica que no es opcional, ya que la salud no lo es”.

El delegado ugetista ha destacado que “cuando un paciente requiere cirugía, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, y es, precisamente, en esos momentos cuando la cercanía del hospital, la accesibilidad al servicio y el apoyo de la familia son fundamentales para su bienestar físico y emocional”.

Además, Prieto ha subrayado que los desplazamientos obligados a Córdoba por estos motivos suponen “un aumento del estrés en pacientes y familiares y un aumento de los costes económicos innecesarios y, en muchas ocasiones, difícilmente asumibles para muchas familias aumentando, además, las dificultades de conciliación laboral y familiar”. Y ha añadido que “restar importancia a este problema es desconocer la realidad sanitaria y social de nuestra comarca”.

Por otra parte, desde UGT SP Córdoba hacen hincapié en las dificultades que impone esta obligación para personas mayores o con problemas de movilidad, algunas de las cuáles “se encuentran sin familiares cercanos y sin medios para poder trasladarse a la capital debido a su avanzada edad o a la dependencia que sufren”.

El sindicato de Servicios Públicos de UGT en Córdoba ha mostrado su compromiso con que “el Hospital de Puente Genil necesita una apuesta decidida por parte de todas las administraciones, independientemente del color político fundamentado en un refuerzo de los recursos humanos, una mejora del equipamiento sanitario, la ampliación de la cartera de servicios y la seguridad de que las intervenciones que pueden realizarse en Puente Genil no se deriven innecesariamente”.

El sindicato ha señalado que “nuestro objetivo no es la confrontación política, sino defender la sanidad pública local y asegurar que ningún ciudadano tenga que salir de Puente Genil para recibir una atención que debería prestarse aquí, y a los vecinos y vecinas les transmitimos que los profesionales del hospital siguen trabajando con dedicación y rigor, y que desde nuestro ámbito seguiremos luchando para que Puente Genil tenga el hospital que merece”.

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado hoy en los centros hospitalarios de la provincia en apoyo al personal técnico de cuidados de enfermería (TCE), que se ha movilizado para exigir el reconocimiento profesional en el Grupo C1.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, explicó que “en la provincial son unos 1.600 los y las TCE afectados por esta situación de no reconocimiento de su nueva clasificación profesional en el Grupo C1, como así lo estipula el artículo 76 del TREBEP (Estatuto Básico Empleado Público)”. En este sentido, el responsable sindical remarcó que “no es admisible que España sea el único país europeo que mantenga a técnicos superiores y medios en grupos profesionales inferiores a los que les corresponden por la titulación exigida y realizando funciones y responsabilidades superiores a sus grupos de clasificación”.

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, señaló que “son más de 150.000 los profesionales que llevan años esperando el C1, para lo que es necesario aplicar la Ley y revisar la cualificación para elevarla al nivel 3, pasando de 1.400 horas de formación a las 2.000 de formación reglada que posibiliten la obtención de una titulación de grado superior”. Heredia denunció que en la provincia de Córdoba hay “1.588 TCAEs, 143 menos que en el año 2020, en plena pandemia, cuando se contabilizaban 1.731”.

El responsable de CCOO hizo hincapié en que, “además de las protestas, manifestaciones y concentraciones, el sindicato ha interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional para exigir la aplicación del artículo 76 del TREBEP y para cumplir el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022, y que recogía de manera expresa la plena aplicación de la actual clasificación profesional del personal de las Administraciones Públicas prevista en ese artículo. De hecho, esta es una de las principales causas por las que no hemos firmado el acuerdo de empleados públicos, porque no se garantiza el desarrollo y aplicación de los Grupos C1 y B, ya pactados en 2022, además de no garantizar el acceso a la jubilación anticipada y/o parcial del personal estatutario de los servicios de salud”.

Por su parte, la secretaria ugetista insistió en que “Los TCAEs, fundamentales durante la pandemia, se han ido formando a lo largo de los años , realizan funciones que nada tienen que ver con las que recoge el Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo, que data de 1973, por lo que se demuestra que su título de técnico medio, encuadrado en el grupo C2, es más que insuficiente, para una debida asignación profesional, exigimos que se enmarque en el grupo C1, como corresponde a las funciones reales que estos profesionales desempeñan”.

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado esta mañana en el Monumento al Donante del Hospital Universitario Reina Sofía para demandar un cambio en los derechos laborales de los profesionales de mantenimiento del SAS. Las principales quejas presentadas se centran en la reducción de gran parte del complemento específico, la falta de categorización dentro de las plantillas y la externalización que el SAS lleva a cabo de sus servicios a terceras empresas privadas.

El delegado de Sanidad de UGT en el Hospital de Cabra, Rafael Alguacil, ha reivindicado “la recuperación del complemento específico, que se está perdiendo desde 2008, cuando se creó la categoría, lo que está suponiendo la pérdida de unos 130 euros mensuales en cada nómina”, y pidió la equiparación con el resto de categorías profesionales del SAS para “evitar la discriminación y desvirtuar a estos profesionales imprescindibles para entender el correcto funcionamiento de unas instalaciones que pueden resultar mucho más complejas de lo aparente por su tamaño y por la delicadeza que requiere dentro de unos servicios públicos como son los de Salud”. 

El delegado de CCOO en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, David Sánchez, ha denunciado “el proceso de externalización de funciones de esta categoría, que pone en riesgo las infraestructuras del hospital y sobre todo, al personal de esta categoría, que a causa de la falta de contratación, está poniendo en peligro también la estabilidad laboral. Por eso, estamos exigiendo que se abra una mesa técnica inmediatamente para, entre otras cuestiones, abordar las mejoras que necesita el colectivo, las categorías profesionales que deben conformarlo y la ampliación de plantilla necesaria para dar un mantenimiento público y de calidad”.

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha explicado “un proceso de desmantelamiento de los servicios de mantenimiento que van más allá de su externalización y que penalizan a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran contratados por el SAS, negándoles este complemento o la necesidad de creación de sus correspondientes categorías profesionales, lo que provoca la desmotivación y el pesimismo entre ellos y ellas, que ven como cada día se externalizan más sus servicios, alcanzando costes que superan en mucho el necesario aumento de sus plantillas, así como los aumentos salariales y categorización”. Heredia destacó situaciones “complicadas” respecto a las bolsas de empleo de mantenimiento, como, señaló, “la bolsa de fontaneros, que está vacía, por lo que mucho tememos que cuando los trabajadores de la actual plantilla se jubilen no habrá cómo sustituirlos”.

Por lo que respecta al complemento específico, el representante de CCOO ha defendido “la homologación del complemento a otras categorías del nivel C1. Es inadmisible que haya una diferencia de hasta 130 euros con respecto a otras categorías porque el SAS ha modificado este complemento a su antojo y ha creado diferencias entre colectivos de la misma categoría y por ello vamos a seguir movilizándonos para que este personal reciba el complemento y las condiciones laborales que merece”.

La Federación de UGT-FICA de Córdoba ha remitido a la dirección de la planta de Hitachi Energy en Córdoba “una propuesta concreta y proactiva de inicio, con tres puntos claros y bien definidos, para retomar las negociaciones” del convenio colectivo y desbloquear el conflicto laboral abierto.

En este sentido y a través de una nota, el sindicato ha expresado su “profunda preocupación por el deterioro de las relaciones laborales en la planta de Hitachi Energy” en la capital cordobesa, dando lugar a “un conflicto que tiene su origen en la negociación del convenio colectivo, cuya ultraactividad expiró hace ya más de un año y que la empresa ha decidido prorrogar unilateralmente, obviando lo regulado en el estatuto de los trabajadores sobre la negociación colectiva”.

Además, según ha señalado UGT, “la situación se ha agravado en los últimos días con el cierre temporal de la fábrica durante tres días decidido por la dirección, lo que ha dejado en una incertidumbre absoluta a la plantilla. A esto, se suma la apertura de expedientes contradictorios a varios miembros del comité de empresa, una medida que consideramos especialmente grave y que solo contribuye a tensar aún más el clima laboral”.

Por ello, desde UGT-FICA han querido “dejar claro” que van a hacer todo lo posible, “siempre respetando la voluntad de la plantilla, para reconducir la situación y devolver cuanto antes la normalidad a la planta. Queremos transmitir a los máximos responsables de Hitachi que la fábrica de Córdoba cuenta con los mejores profesionales del sector, con muchísimos años de experiencia fabricando y exportando a todo el mundo”.

“Nadie pone en duda --ha proseguido-- que esta planta alberga a los trabajadores más cualificados del ramo, un activo irremplazable que debe ser el pilar para seguir creciendo y consolidando el proyecto industrial en nuestra provincia”.

En este sentido, y tras los últimos acontecimientos, UGT-FICA, “en aras de encontrar una vía de salida para revertir esta lamentable situación, ha remitido a la empresa una propuesta concreta y pro activa de inicio, con tres puntos claros y bien definidos para iniciar las negociaciones y desbloquearlas”.

Estos puntos consisten en “consolidar el incremento salarial del 3,8% previsto para 2025 y mantenerlo como base en las tablas de 2026, para poder seguir negociando desde esa posición”; en segundo lugar “que cualquier medida de flexibilidad sea de carácter voluntario” y, como tercer punto, “reactivar inmediatamente la mesa negociadora del convenio colectivo a través de una comisión del comité de huelga, tal y como ambas partes están obligadas mientras dure el conflicto”.

A juicio del sindicato, “es urgente que empresa y representación sindical busquemos una salida negociada antes de que la situación se vuelva irreversible. La prioridad absoluta de UGT-FICA es que Hitachi, junto a la totalidad de sus trabajadores, siga siendo un referente en la generación y consolidación de empleo estable y de calidad en la provincia de Córdoba”.

Por todo ello, hace “un llamamiento público a todas las administraciones, instituciones y fuerzas políticas, para que se impliquen activamente en la defensa y consolidación del proyecto industrial de Hitachi en Córdoba. La vuelta a la paz social es imprescindible para garantizar el futuro de cientos de familias y de una de las empresas más emblemáticas de nuestra provincia”.