La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ordenado la reapertura de una investigación penal contra dos agentes de la Policía Nacional -de los cuales uno de ellos era subinspector y jefe de Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- por la presunta comisión de delitos de detención ilegal, falsedad documental y torturas.

En un auto fechado el 16 de abril de 2026, el tribunal ha revocado el archivo previo de la causa dictado por un juzgado de instrucción y ha estimado los recursos de apelación interpuestos por dos denunciantes, que contaban además con el respaldo y la adhesión del Ministerio Fiscal. El auto, facilitado a este periódico, indica que, contrariamente a lo sostenido por la instructora inicial, existe en la causa “una pluralidad de indicios más que suficientes” para acordar que el procedimiento avance a la fase intermedia previa al juicio.

Los hechos investigados se retrotraen al 24 de junio de 2024, cuando centenares de personas y aficionados acompañaron a los jugadores del Córdoba CF en su celebración por el ascenso del equipo a Segunda División. El fin de fiesta se produjo en la plaza de Las Tendillas, donde, en un momento dado, la Policía Nacional cargó alegando “una pelea entre ultras y el lanzamiento de objetos a sus vehículos” que se saldó con una persona detenida.

El joven pasó aquella noche en el calabozo y después ingresó en el Hospital Reina Sofía debido a las lesiones que sufrió. Cuando salió del hospital, interpuso una denuncia, mientras él mismo afrontaba un cargo de atentado contra la autoridad. El segundo denunciante se personó como acusación en el proceso, tras identificar a uno de los policías como el que supuestamente le agredió también a él.

Un atestado de Asuntos Internos

Entre las pruebas que sustentan la reapertura del caso se encuentran las propias declaraciones de las presuntas víctimas, apoyadas por partes de asistencia médica y documentación fotográfica que acreditan lesiones “compatibles con el modo de producción por ellos descrito”. A estas evidencias médicas se suman las declaraciones de dos testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como las conclusiones de un atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la propia Policía Nacional.

Según relata el auto de la Audiencia, la investigación interna de Asuntos Internos incluyó un estudio de las grabaciones y comunicaciones entre los agentes la noche del suceso, además de realizar ruedas de reconocimiento fotográfico. En dichas diligencias, los denunciantes identificaron plenamente a los policías ahora investigados como los presuntos autores de las agresiones y detenciones.

El tribunal ha reprochado a la jueza de instrucción que basara el archivo de la causa “sustancialmente en sus declaraciones [las de los policías]” y en un boletín de denuncia elaborado por los mismos agentes. En este sentido, la Audiencia ha invocado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual advierte que cuando los propios miembros de las fuerzas de seguridad figuran como posibles autores de delitos graves (como torturas o detención ilegal), sus testimonios no pueden considerarse “prueba plena y objetiva” por el mero hecho de ser agentes de la autoridad, ya que esto supondría una degradación de la presunción de inocencia de los afectados.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Córdoba ordena al juzgado de origen que dicte la resolución pertinente para disponer el progreso de la causa criminal a su fase intermedia, permitiendo a las acusaciones formular sus cargos y continuar el proceso hacia un posible juicio oral.

Por su parte, la resolución aclara que también continúa viva la causa contra uno de los denunciantes, representado por el letrado Francisco Poyatos, por un presunto delito de atentado.

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la eliminación de hasta una treintena de nidos de avión común (delichon urbicum), una especie de ave protegida.

Según ha podido saber este periódico, la denuncia se centra en la “retirada o eliminación de entre 25 y 30 nidos avión común, especie protegida por la normativa ambiental”, que se ubicaban en una casa particular en la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.

Ecologistas en Acción aporta fotografías en la denuncia ante el Seprona y señala que la eliminación de los nidos habría ocurrido hace unos días en la vivienda particular citada, por lo que solicita que se investiguen los hechos.

El avión común es una especie protegida, que depende casi exclusivamente de los edificios para nidificar. Se trata de un ave insectívora incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que cuentan con protección tanto por normativa autonómica como nacional.  

El aeropuerto de Córdoba es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento en un plazo corto de tiempo. La meta es recibir vuelos internacionales y que la frecuencia aumente con el paso de los meses. Es por ello que la instalación de la Aduana sigue estando presente. Pero que este medio de transporte aumente su presencia en la capital también trae consigo problemas, como a los vecinos del sector 3 del barrio de la Electromecánicas. Los ciudadanos de este punto de la capital se han reunido para levantar la voz y quejarse sobre los ruidos que generan estos aviones al aproximarse a la pista para su aterrizaje.

A través de un grupo de WhatsApp que ya cuenta con más de 120 vecinos activos, la comunidad se está organizando para exigir soluciones tanto al Ayuntamiento como a Aena por el sobrevuelo constante de aeronaves a muy baja altura y el abandono histórico de sus infraestructuras. El conflicto reside en la reciente reactivación del aeropuerto de Córdoba para vuelos nacionales, lo que ha incrementado el tráfico de aviones de gran capacidad.

Según denuncian los afectados, las maniobras de aproximación se realizan directamente sobre sus viviendas, provocando un ruido ensordecedor que interrumpe la vida cotidiana tanto en el interior de las casas como en los patios. Los vecinos aseguran que, a pesar de estar a unos seis kilómetros de la pista, los aviones pasan a altitudes que estiman entre los 100 y 200 metros.

El problema también es de seguridad

Los vecinos han recalcado a este periódico que la preocupación no es solo acústica, sino también de seguridad. “Un avión de esos pega un petardazo y se cae aquí encima”, relata uno de los portavoces vecinales, quien ya ha tramitado dos reclamaciones formales ante Aena. En estos escritos argumentan que las casas fueron construidas mucho antes que el aeropuerto y que existen rutas alternativas que no obligarían a las naves a sobrevolar una zona urbana consolidada antes de aterrizar.

Por su parte, Aena ha respondido por escrito a las quejas vecinales alegando que las trayectorias de aterrizaje y despegue por las cabeceras de pista 03 y 21 son de obligado cumplimiento. Según el organismo, la elección de la pista depende de las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, y aseguran que las operaciones realizadas durante los meses de verano en la pista 21 se ajustan estrictamente a la normativa de seguridad aérea vigente.

Sin embargo, los vecinos no aceptan estas explicaciones como definitivas. Han sostenido que el diseño de las líneas de aproximación debería modificarse ahora que se pretende potenciar el aeropuerto como internacional o incrementar el número de vuelos. Por otro lado, estos ciudadanos también han criticado autoridades prioricen el desarrollo económico y turístico de la ciudad sin considerar el impacto directo en el bienestar de quienes viven bajo el eje de la pista.

La iluminación, otro problema a tener en cuenta

A este contratiempo se suma el estado de la iluminación pública en el barrio. Los residentes han denunciado también a este periódico que las farolas actuales tienen más de 30 años de antigüedad y son demasiado bajas, lo que deja muchas calles prácticamente a oscuras. Esta falta de visibilidad ha generado un aumento en la sensación de inseguridad y ha propiciado actos de vandalismo, incluyendo el robo y la quema de vehículos en las proximidades.

La indignación vecinal crece al comprobar que el Plan de Iluminación de 2026 no contempla inversiones significativas para esta zona. Aseguran que el Ayuntamiento no ha destinado presupuesto para renovar las luminarias, limitándose en el mejor de los casos a cambios puntuales de bombillas que resultan insuficientes para paliar el problema de la oscuridad y la inseguridad ciudadana. Ante esta situación, el movimiento vecinal ha comenzado una recogida de firmas, sumando ya unas 80 adhesiones, para enviar una carta formal al alcalde y que así se traten de solucionar unos problemas que se incrementan con el paso del tiempo.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha informado del balance del canal interno de denuncias abierto por el Consistorio en julio de 2024 para detectar irregularidades, después de que el grupo del PSOE realizara una pregunta sobre este asunto en el Pleno de enero. En respuesta, el gobierno local señala que se han presentado 250 denuncias en este canal interno, si bien solo se han admitido cinco. Y, de esas cinco, cuatro se han archivado después de su instrucción.

La pregunta realizada en el Pleno por el PSOE solicitaba saber “cuáles han sido las denuncias presentadas por los empleados públicos en el canal de denuncias desde que se ha puesto en marcha?”. El gobierno local anunció en julio de 2024 la activación de este canal sobre irregularidades, delitos o corrupción dentro de la misma administración local. Este canal se basa en el cumplimiento de la Ley 2/2023 del 20 de febrero, “reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la obligación”.

Ahora, en su respuesta al PSOE -a la que ha tenido acceso este medio-, el gobierno municipal explica que “de 250 denuncias presentadas, se han inadmitido casi la totalidad porque ni son presentadas por personas empleadas públicas ni van dirigidas contra una persona empleada pública que haya cometido alguna irregularidad”. En ese sentido, indica que, “generalmente son peticiones o sugerencias sobre actividades o necesidades municipales”.

Así, constata que de las 250 presentadas “se han admitido cinco. Una respecto a la atención prestada por un policía local y cuatro respecto al jefe de los voluntarios de Protección Civil”. Y de esas cinco, “cuatro se han archivado una vez instruidas y una está actualmente en trámite”, según recoge el escrito firmado por la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos.

Ante esto, desde el grupo municipal del PSOE han animado “a los empleados públicos del Ayuntamiento de Córdoba, organismos autónomos y empresas municipales a que hagan uso sobre posibles indicios de corruptelas o irregulares que puedan detectar en el ejercicio de su profesión”.

FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra la discoteca Cariño de la capital por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro.

La asociación ha advertido de que la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes 13 de febrero no responde a criterios objetivos ni justificados, sino a una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, “objeto de reclamo” para el consumo masculino. Un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad.

En su denuncia, Facua Córdoba ha señalado que la discoteca Cariño estaría vulnerando la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Asimismo, esta campaña podría incurrir en publicidad ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, al promover mensajes que fomentan la desigualdad y la cosificación de la mujer.

La asociación ha instado por tanto a las autoridades competentes a investigar estos hechos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. “No se puede normalizar que en pleno siglo XXI se sigan aplicando estrategias comerciales basadas en la discriminación de género y en la utilización de la imagen de la mujer como mero reclamo publicitario”, señala la organización de consumidores.

Por último, FACUA Córdoba ha reaformado su compromiso con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que vulnere los derechos fundamentales y la normativa en materia de igualdad y consumo.

Sumar ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que actúe de oficio e investigue penalmente la actitud de la dirección de Hitachi Energy en Córdoba ante lo que considera una “vulneración grave y continuada” de los derechos de su plantilla, con la que mantiene desde hace meses un conflicto sindical derivado de la firma del nuevo convenio sectorial.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, tras mantener un encuentro con miembros del comité de empresa y con el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez. Tras la reunión, Santiago ha indicado que la multinacional “bordea claramente la legalidad penal” y reclamó una investigación inmediata para comprobar un posible incumplimiento del artículo 315 del Código Penal, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

“No se puede seguir esperando mientras se dilata desde la justicia una situación de vulneración de derechos sociales tan evidente”, afirmó, insistiendo en que la Fiscalía debe actuar sin esperar a que el conflicto siga alargándose en los juzgados de lo social. A su juicio, “Hitachi se ha equivocado de siglo”, y la empresa “se comporta como si viviéramos en una época en la que no existían los derechos de los trabajadores”.

El diputado de Sumar ha calificado de “especialmente chocante” esta actitud en una compañía que obtiene “beneficios abultados y suficientes precisamente gracias al trabajo de sus empleados”, y que, además, ha recibido subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y se ha beneficiado de exenciones fiscales del Ayuntamiento de Córdoba.

“Y, aun así, no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales”, ha lamentado Santiago, recordando que los trabajadores únicamente reclaman “un convenio colectivo justo, sin doble escala salarial”, que garantice que los empleados más jóvenes puedan disfrutar de los derechos conquistados por las generaciones anteriores.

Frente a estas reivindicaciones, denunció que la empresa ha impuesto hasta 78 sanciones en una unidad productiva de poco más de 200 trabajadores, dentro de una plantilla total de unos 480 empleados que trabajan a turnos. “Hitachi bordea claramente la legalidad penal de este país”, ha afirmado el portavoz de IU en el Congreso, quien ha recordado que las suspensiones de empleo y sueldo de 120 días son una medida que “no está contemplada en la legislación laboral vigente”.

Caja de resistencia y movilizaciones

Durante la comparecencia ante los medios, el presidente del comité de empresa, Álvaro Leiva, ha explicado que los trabajadores llevan meses manteniendo reuniones con dirigentes políticos e instituciones “buscando mantener la lucha y una salida negociada al conflicto”, aunque lamentó que “la empresa sigue completamente alejada del diálogo”. En el ámbito judicial, recordó que se propusieron cuatro reuniones en sede judicial, de las que finalmente se celebraron tres, sin que se haya producido ningún avance sustancial.

Leiva ha denunciado que Hitachi mantiene activas 66 sanciones disciplinarias —la mayoría de 60 días— y subrayó que la última propuesta presentada por la empresa “no incluye la retirada de las sanciones”, algo que consideran inasumible. Asimismo, aclaró que estas propuestas “no afectan en absoluto al curso judicial del conflicto”, que sigue abierto. A esta situación se suma, según indicó, la ausencia de un calendario laboral y de un plan de igualdad en la planta cordobesa.

El comité de empresa anunció también la reactivación de las movilizaciones, suspendidas temporalmente tras la tragedia ocurrida en Adamuz. El calendario inicial preveía una primera jornada de protestas el miércoles 4 de febrero, a la que seguirán nuevas acciones que se irán anunciando.

Además, los trabajadores han abierto una caja de solidaridad para apoyar a las personas sancionadas, algunas de las cuales han sufrido suspensiones de empleo y sueldo de larga duración, lo que está provocando graves dificultades económicas en numerosas familias. Santiago, de hecho, ha animado la ciudadanía cordobesa a apoyar la caja de resistencia de los trabajadores afectados, ya que hay ocho de ellos que no podrán cobrar su nómina hasta el mes de mayo.

Contra el Comité de Empresa

En la misma línea, Agustín Jiménez señaló que CCOO ha dado a la empresa “todas las oportunidades posibles” para cerrar el conflicto, con hasta 70 mediaciones realizadas sin éxito. El sindicato ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de lo Social y recuerda que el convenio estatal del metal fija en 60 días la sanción máxima permitida. Sin embargo, seis de los ocho miembros de la comisión negociadora han sido sancionados con esa duración máxima, lo que, a juicio de CCOO, evidencia una estrategia de represalia.

“Son prácticas destinadas a cargarse al Comité de Empresa, que ha sostenido un buen convenio colectivo durante años y que ahora la dirección quiere romper para abaratar costes de producción”, denunció Jiménez. Añadió que, si la empresa persiste en su negativa a negociar, el sindicato está a la espera de que actúe la Fiscalía y no descarta emprender acciones penales por delitos contra los trabajadores.

El responsable sindical denunció además un clima de intimidación dentro de la fábrica, con la presencia de más de 40 vigilantes de seguridad, así como la existencia de numerosas denuncias en los juzgados de lo social, entre ellas contra un acuerdo firmado por UGT que, según CCOO, vulnera el derecho fundamental a la huelga, y que firmaron de forma unilateral con la empresa a finales de diciembre.

Álvaro Leiva, visible emocionado, ha querido subrayar que los trabajadores “no quieren echar por tierra una fábrica que ha dado de comer a cientos de familias durante más de cien años de historia en Córdoba”. Sin embargo, acusó a la empresa de “jugar al desgaste”, prolongando el conflicto en el tiempo. “Aguantamos gracias al apoyo de nuestras familias y a la unión que mantenemos entre compañeros, reuniéndonos varios días a la semana. Esa unidad es la clave y es el consejo que damos a otras plantillas en conflicto”, concluyó.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de Facua Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto, Pescados Videla SA.

La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash ubicado en la capital cordobesa estaba vendiendo langostinos congelados de la marca Pescanova con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito.

Sobre la producción real de la mariscada, Pescanova informó de que el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta en Alcash. Así, Pescanova, explicó que se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos.

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen. Asimismo, instó a la administración a que ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud.

Pescados Videla SA

En su resolución, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa a Facua Córdoba de que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era la empresa Pescados Videla SA, ubicada en Cataluña. Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.

Pescados Videla SA reconoció que se había producido un “reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente”, por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.

La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que “toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña”.

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha sido señalado por conducta inapropiada por una supuesta extrabajadora municipal a la que, según una información exclusiva del diario ABC, le habría enviado una serie de mensajes de carácter explícito y reiterado. Según el contenido al que ha tenido acceso dicho medio, los contactos se habrían iniciado en marzo de 2023 y se habrían prolongado durante los primeros meses de 2024.

Ante ello, en la tarde de este viernes, el PSOE de Córdoba, ha emitido un comunicado en el que indica que el alcalde de Belalcázar “ha comunicado a la Dirección Provincial, ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual”.

En los mensajes difundidos, el regidor dirigía a la mujer presuntos comentarios de tono personal y alusiones de contenido sexual, a los que sumaba expresiones sobre su aspecto físico y peticiones de verse en persona. Cuando no obtenía respuesta inmediata, el alcalde insistía mediante nuevos mensajes en los que reclamaba atención o preguntaba por su paradero, según las mismas fuentes.

Las comunicaciones recogidas incluyen, además, propuestas de carácter explícito y referencias de índole sexual, ante las cuales la destinataria llegó a rechazar sus insinuaciones y a sugerirle que se dirigiera a otra mujer. El alcalde, siempre según los mensajes citados, respondió con nuevas insinuaciones a pesar de la negativa de la trabajadora.

Baja como militante del PSOE y explicaciones

Tras estas informaciones, el PSOE de Córdoba ha difundido un escrito firmado por el propio alcalde, en el que solicita la baja como militante del partido. “Quiero comunicar públicamente mi decisión de presentar mi dimisión irrevocable como alcalde de este municipio, así como de solicitar mi baja como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”.

Admite que esta decisión “viene motivada por la reciente publicación de conversaciones y de imágenes en diversos medios de comunicación. Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento”.

“Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio. Es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento. Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello”.

“No he estado a la altura”

Asimismo, el alcalde asegura que quiere “pedir disculpas sinceramente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos y vecinas de Belalcázar. Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde”.

En ese sentido, el regidor dice que, con este paso atrás, pretende permitir que el municipio de Belalcázar “continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento. Mi compromiso con la comunidad de Belalcázar sigue siendo fuerte, pero considero que esta es la mejor decisión para preservar la confianza y el respeto que siempre he tratado de fomentar”, concluye, además de agradecer la confianza depositada en él en este mandato. “Lamento profundamente los posibles daños que este incidente haya podido causar y pido disculpas de todo corazón”.

La titulad del Juzgado de Instrucción número siete de Córdoba ha vuelto a activar la causa de la denuncia presentada en su día por María Dolores Baena, exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, frente al delegado de Cultura, Eduardo Lucena, y una técnica de la Delegación. Según la providencia firmada por la jueza el pasado 1 de diciembre, se han concedido un nuevo plazo a la Fiscalía y las partes para que presenten nuevos escritos.

Según han confirmado fuentes judiciales, la magistrada ha atendido las peticiones de la acusación, ejercida por Sanivo Abogados, y la ejecución de pruebas periciales pendientes. Por otra parte, ha planteado en una providencia una posible nulidad de su propio auto de archivo, algo que aún no es firme, ya que está pendiente del pronunciamiento de las partes.

La exdirectora del Museo planteó en su demanda que el informe con el que se justificó su cese fue creado ad hoc y que por tanto el mismo no tendría validez legal alguna.

La denuncia inicial, presentada por Baena en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, se amplió tras descubrirse la existencia de un informe “inesperado” durante el proceso judicial. Según el relato de la defensa de Baena, la Junta aportó un primer informe del responsable informático de la Delegación de Córdoba, en el que se certificaba la validez de las firmas sin presentar documentación técnica que sustentara tal afirmación. A raíz de esa insuficiencia, la parte denunciante solicitó mayor información, petición que fue denegada judicialmente y recurrida, hasta que finalmente se presentó un informe pericial independiente que cuestiona los argumentos técnicos de la Junta.

A pesar de que la Consejería presentó un segundo informe en respuesta a la presión judicial, la defensa de Baena sostiene que este sigue sin aclarar cuestiones clave, razón por la cual se ha aportado un nuevo contrainforme que vuelve a poner en tela de juicio la fiabilidad del documento digital.

Ahora se van a practicar todas las pruebas periciales y diligencias que ha planteado la abogada de Baena, una vez que la providencia en la que la jueza plantea la nulidad de su propio auto se haga efectiva.

La protesta de los alumnos de la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba se han manifestado este jueves por la falta de respuesta de la dirección del centro a sus reiteradas reclamaciones por la ausencia de calefacción en las aulas.

Lo que empezó el pasado martes con una sentada pacífica en la puerta del centro, ha escalado este martes con una manifestación por las calles del centro, en la que han participado medio centenar de alumnos. Todo porque, según denuncian, ni la dirección del centro ni la Delegación de Educación han tomado en serio sus reivindicaciones por la falta de climatización en la ESAD, algo que, aseguran, llevan denunciando desde hace semanas.

Así, entonando cánticos como “Somos artistas, no pingüinos” o “azul y morado, los labios congelados”, y parapetados tras una pancarta en la que se podía leer “Por unos estudios de arte dramático dignos”, los estudiantes han paseado sus proclamas por el centro de la ciudad, partiendo desde la ESAD y recorriendo las Tendillas, la calle Gondomar, la Victoria y la avenida del Aeropuerto, en dirección a la Delegación de Educación.

Fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía indicaron el pasado martes a este periódico que tanto la empresa reparadora como la dirección del centro “están en perfecta coordinación para el arreglo de la caldera, que ya, incluso, ha sido reparada en una primera fase”.

La Policía Nacional está tratando de identificar a un hombre que, en la noche de este sábado 22 de noviembre, trató de apuñalar presuntamente a un conductor de autobús de la línea Aucorsa. Según las fuentes consultadas, el agresor logró huir del lugar y está en paradero desconocido.

Los hechos han sido denunciados por el comité de empresa de Aucorsa, que ha exigido medidas urgentes de protección para conductores e inspectores tras “el grave intento de agresión”. Este intento frustrado de apuñalamiento se produjo sobre las 20:00 en la zona de Campo Madre de Dios.

La Policía Nacional se personó en el lugar para tomar declaración al conductor, que no resultó herido. Con posterioridad se dio aviso para intentar localizar al presunto agresor, que logró huir del lugar. En este momento, aún no ha sido ni identificado ni detenido.

Por su parte, el comité de empresa de Aucorsa ha manifestado su más enérgica condena de los hechos y reclama a la administración competente la implantación inmediata de la figura de agente de la autoridad para los conductores de autobús e inspectores. 

El comité considera inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, especialmente al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas. “Una agresión de este tipo no solo pone en riesgo la integridad del profesional, sino también la de todo el pasaje, el resto de usuarios de la vía y la ciudadanía”, indican. 

Asimismo, se insta a la empresa a cumplir con su deber en materia de prevención de riesgos laborales, implantando mamparas integrales completamente cerradas en todos los autobuses con el fin de garantizar la seguridad de la plantilla. 

Los conductores e inspectores de Aucorsa llevan años sufriendo amenazas y agresiones verbales y físicas durante el desempeño de su trabajo, pero nunca se había alcanzado un nivel de gravedad como el del episodio vivido ayer por nuestro compañero. Desde el comité de empresa y la totalidad de la plantilla queremos expresar nuestro apoyo, solidaridad y deseo de pronta recuperación al trabajador afectado. 

Con el objetivo de visibilizar la situación y exigir soluciones inmediatas, el comité de empresa convoca una concentración de protesta el próximo miércoles 26 de noviembre a las 10:30 horas, en las puertas de la empresa. En ella se insistirá en la urgencia de declarar agentes de la autoridad a conductores e inspectores, así como en la necesidad de implementar sin demora las medidas de protección adecuadas. 

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada en marzo pasado por el PSOE, Hacemos Córdoba y colectivos LGTBI por la que pedían que se investigara un posible delito de odio en una campaña que señalaba a las personas trans a través de mensajes instalados en las marquesinas municipales de Córdoba.

La campaña en cuestión era de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y se puso en las marquesinas poco antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ellas, cuestionaba si “¿La mujer nace o se hace?”, y señalaba que “la mayoría lo tiene claro, aunque en los tiempos que corren algunos tienen miedo a hablar”, todo ello junto al hastag #LaMujerNace.

Ante este mensaje, partidos como el PSOE y Hacemos Córdoba, además de colectivos LGTBI llevaron su denuncia a la Fiscalía. Ahora, y tras haberse trasladado el asunto a la Fiscalía de Madrid, se ha conocido el archivo de dicha denuncia, que se interponía por lo que consideraban un señalamiento y un posible delito de odio contra las personas trans.

La campaña se enmarcaba deliberadamente en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer, utilizaba el color morado del movimiento feminista y se pudo ver en varias de las marquesinas publicitarias que gestiona el Ayuntamiento de Córdoba, que se desvinculó de la campaña.

Facua Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba a Cartuja Cultural Events AIE, promotora del concierto de Diego El Cigala previsto para el próximo 26 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital.

En las condiciones generales que aparecen en la página web del evento, la empresa organizadora prohíbe el acceso al recinto con comida y bebida del exterior. La asociación ha recordado que la actividad principal de Cartuja Cultural Events AIE es la de organización de eventos y no la hostelería, por lo que la limitación de acceder con comidas y bebidas constituye una cláusula abusiva según se recoge en el artículo 47.1.j y 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Además, Facua ha denunciado que la promotora impone al consumidor el pago de los denominados “gastos de gestión” al adquirir las entradas, una práctica que también puede considerarse nula de pleno derecho en virtud del artículo 89 del citado Real Decreto Legislativo, dado que dichos costes corresponden a la organización del evento y no deben ser trasladados al público. En este sentido, la asociación entiende que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial, y que ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada. Sin embargo, la organizadora del concierto de Diego El Cigala aplica estos gastos sin prestar ningún servicio extra al consumidor.

Según la institución, es inherente a toda actividad empresarial repercutir todos o parte de los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final. Lo que no se puede es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de “gastos de gestión” cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar.

Por todo ello, Facua ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía la apertura de un expediente sancionador contra Cartuja Cultural Events AIE por presunta vulneración de la normativa vigente en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Desde el pasado mes de mayo, la Fiscalía Provincial de Córdoba investiga dos denuncias presentadas contra la fundación de enseñanza Santos Mártires de Córdoba, propiedad de la Diócesis de Córdoba, por un presunto delito de corrupción económica y otro de fraude. Las denuncias se refieren al uso de fondos de “pago delegado” de la Junta de Andalucía, el sistema del que se nutren las nóminas de los profesores de la concertada.

Según ha podido confirmar este periódico de numerosas fuentes, la denuncia se interpuso ante la Fiscalía de Andalucía y la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Además, las dos denuncias se dirigieron también a la Oficina Andaluza Antifraude. Tanto la Fiscalía de Andalucía como la Oficina Antifraude han trasladado las denuncias a la Fiscalía Provincial de Córdoba, que es la que ha centralizado el caso. La Consejería de Educación, por su parte, ha elaborado un informe que ha entregado ya a la Fiscalía.

El caso se centra en seis de los 11 colegios concertados religiosos que tiene la fundación de los Santos Mártires en la provincia de Córdoba: Trinidad, Jesús Nazareno, San Rafael Obispo, Sansueña, Reales Escuelas Pías de la Inmaculada y San Acisclo. Los técnicos de la Consejería de Educación se dirigieron en julio a estos centros concertados. El objetivo era analizar el uso concreto que se hacía de los fondos públicos, según las fuentes consultadas.

La investigación trata de arrojar luz sobre el uso de estos fondos públicos. El pago delegado es el sistema por el que la Consejería de Educación abona las nóminas de los trabajadores a cada centro concertado. Estos profesores no son empleados públicos, sino trabajadores de cada colegio. Pero su salario sí que lo abona la administración. Por eso, la Consejería abona cada mes a nombre del colegio el dinero necesario para el abono de los salarios de sus profesores. El centro, a cambio, tiene que justificar adecuadamente los salarios, las horas extraordinarias, las altas, bajas y vacaciones, entre otras circunstancias.

Las dos denuncias aluden a un presunto mal uso de ese dinero. Una se referiría a un presunto descontrol en el abono a un grupo de profesores, que según la denuncia habrían estado cobrando por clases que no se impartían. Otra de ellas, al uso de este dinero para abonar otros salarios o gastos que no tendrían que ver exactamente con el de los docentes.

En la sede de la Fiscalía Provincial de Córdoba ya han declarado varios trabajadores y directores de estos centros. Mientras, el servicio de Inspección de la Junta de Andalucía entregó un primer informe a la Fiscalía, aunque sigue trabajando en el caso, según las fuentes consultadas.

La fundación asegura que está colaborando con la administración

Consultada por este periódico, “la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba quiere mostrar respeto a la administración educativa y está colaborando con ella en cuestiones de organización y coordinación que pertenecen a la gestión del concierto educativo de los centros”, según ha informado en un comunicado remitido a este medio. Además, “quiere expresar tranquilidad y confianza a la espera de poder aclarar cuestiones de organización que pertenecen a la gestión del concierto educativo”.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha destapado “posibles irregularidades” administrativas en la gestión del Partido Popular y de la empresa municipal Sadeco, relacionadas con el exgerente que actualmente trabaja en la empresa Contenur, Francisco Ruiz.

Todo parte de la solicitud, por parte de los grupos municipales Hacemos Córdoba y PSOE, de un informe jurídico para aclarar la posible incompatibilidad del exgerente, tras su incorporación a la compañía Contenur, dado que fue una empresa contratista habitual de la entidad durante su mandato. El informe jurídico, recogido por el secretario del Pleno, ha apreciado la existencia de “fraccionamientos de contratos” en varios expedientes menores tramitados por Sadeco y que se llevó Contenur.

Todos ellos en la época en la que Ruiz ejerció como gerente de la empresa pública (su mandato duró desde el 23 de julio de 2019 hasta su cese voluntario el 31 de diciembre de 2023). Posteriormente, el 2 de junio de 2025, pasó a ocupar el cargo de responsable comercial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Contenur. Este fichaje, según razonó en su día el secretario del Pleno, no constituye una incompatibilidad. No obstante, la Asesoría Jurídica sí que ha revisado especialmente los contratos menores firmados entre Sadeco y Contenur.

Contratos de 2021 y 2022

En su informe, la Asesoría Jurídica no ha detectado irregularidades en los contratos mayores ni ninguna intervención directa del exgerente en ellos, si bien sí identificó indicios de fraccionamiento en los expedientes vinculados a la construcción de Zonas de Expansión Canina (ZECs), aunque por una cantidad muy ligeramente superior a la que obliga a instruir.

Entre los casos señalados por la Asesoría, destacan que en el año 2021, la ejecución de dos ZEC mediante contratos menores por 19.626,00 € y 20.829,12 €, respectivamente, podría constituir un supuesto de fraccionamiento al superar conjuntamente el umbral de 40.000 euros establecido por ley para obras menores. Y que, en el año 2022, un contrato menor adjudicado directamente a Contenur para la construcción de otra ZEC en los Jardines Escritora Elena Fortún también podría implicar fraccionamiento, dado que ese mismo año se licitó por procedimiento abierto un contrato similar.

La AJM (Asesoría Jurídica Municipal) apunta además una infracción del principio de concurrencia, al no haberse promovido competencia entre empresas. En todos los casos revisados, las resoluciones de adjudicación fueron firmadas por Ruiz en su calidad de director gerente y órgano de contratación, con el visto bueno del jefe del Departamento Económico.

El dictamen del Secretario General: sin pruebas de intencionalidad

No obstante, el Secretario General del Pleno, encargado de emitir el dictamen solicitado por los concejales, coincide en apreciar posibles fraccionamientos, pero subraya que no existen pruebas concluyentes de intencionalidad. Según su informe, no se ha acreditado que el exgerente ni ningún otro empleado público actuara con la “voluntad deliberada y consciente” de dividir contratos para eludir los procedimientos de publicidad o adjudicación exigidos por la ley.

El Secretario recuerda que el artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe el fraccionamiento con ese propósito, pero requiere acreditar una intención clara de eludir los requisitos legales.

En relación con la posible incompatibilidad de Ruiz por su incorporación a CONTENUR, el dictamen vuelve a concluir que no se ha producido vulneración de la normativa vigente. El exgerente no tenía la consideración de alto cargo estatal ni autonómico, y todos los contratos entre Sadeco y Contenur fueron adjudicados antes del 2 de junio de 2023, fecha límite establecida para la aplicación del periodo de dos años de incompatibilidad. Por tanto, su incorporación a la empresa el 2 de junio de 2025 no contraviene las disposiciones legales en materia de incompatibilidades.

La Guardia Civil está instruyendo diligencias e investigando la agresión de una profesora de una escuela infantil a una niña de dos años, tal y como ha podido confirmar este periódico tras consultar con fuentes del cuerpo y de la propia familia.

Según ha podido saber Cordópolis, los padres entraron al aula el pasado 1 de octubre para llevarse a su hija antes de lo normal. Sin embargo, y justo en la puerta de la clase, vieron como la niña iba a pedir ayuda a la docente tras orinar en el urinario adaptado a esas edades. Aun así, la educadora cogió a la niña de tan solo dos años de la oreja, la levantó y la llevó de nuevo al váter, ante el asombro y la crisis de ansiedad por parte de la familia allí presente.

Al ver esta acción, los padres cogieron a la niña y rápidamente elevaron una denuncia a la Guardia Civil tras el pertinente partes de lesiones otorgado por el Centro de Salud de La Carlota.

En declaraciones a este periódico, la familia ha explicado que su hija llegaba del colegio con visibles lesiones en la cara -moratones o incluso heridas cercanas al ojo-, pero la propia niña lo achacaba a peleas con sus compañeros. En cambio, la pediatra relató que eran heridas que estaban siendo provocadas por personas adultas.

Aun así, los padres insisten en que no han tenido ningún problema desde que la niña está en la guardería -entró con apenas ocho meses-. Pero todo ha cambiado este mismo curso, a la vez que ha cambiado de profesora. De hecho, la familia relata que su hija ha cambiado su comportamiento: ahora es más agresiva.

En la actualidad, la Guardia Civil está investigando los hechos y la familia espera la fecha del juicio con un llamamiento claro. “Solo esperamos que esto no vuelva a ocurrir a ningún niño más”, declara la familia a este periódico.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará el próximo miércoles a tres personas a las que acusa de un presunto delito de estafa. En concreto, la calificación de la Fiscalía Provincial señala que estas tres personas no entregaron en la administración el dinero por la venta de un gran número de décimos de la Lotería de Navidad.

La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de nueve meses (a razón de diez euros al día) para cada uno de los tres acusados. A los tres los señala con el mismo nivel de responsabilidad en unos hechos que fueron denunciados por el dueño de una administración de lotería de Córdoba.

En concreto, los hechos se refieren a una denuncia del año 2024. El lotero asegura que uno de los acusados se le ofreció para vender décijmos de lotería. La comisión era del 1% del total del importe vendido, a lo que accedió. Este hombre estuvo trabajando varias semanas. Pero se ganó su confianza y llegó la campaña de Navidad comenzó a retirar un mayor número de décimos.

En octubre, el acusado se presentó en la administración con su padre y otra persona más. Los tres le aseguraron que necesitaban billetes para venderlos por toda Andalucía. El lotero accedió. No obstante, jamás vio el dinero de la recaudación.

El principal acusado, cuando fue requerido y siempre según la Fiscalía, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional en la que dijo que habían entrado en su casa y se habían llevado dinero en efectivo. Ese era el dinero que debería haber entregado en la administración de lotería.

Tras la denuncia de Facua Córdoba, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado con 1.800 euros a una empresa de quesos por cometer varias irregularidades en su página web de venta de estos productos.

La asociación denunció en la empresa, que tiene su razón social en Villaralto (Córdoba), en noviembre de 2023 al Ministerio de Consumo tras constatar que la web no incluía la información obligatoria en los apartados Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies, que aparecían vacíos de contenido y sin ningún enlace que redirigiera a los datos necesarios.

El ministerio, sin embargo, decidió trasladar el caso a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al considerar que los hechos descritos se circunscribían a la comunidad autónoma. Esta, a su vez, derivó el asunto a la Delegación Territorial en Málaga, ya que se encontraba en ese momento realizando una campaña de inspección a páginas webs de productos alimentarios.

Ahora, el Servicio de Consumo de la delegación territorial ha confirmado la existencia de tres infracciones de la normativa tras haber realizado una inspección a la página web de la empresa.

En su resolución, señala que la empresa cometió un incumplimiento en la información de venta de bienes —ya que no indicaba la información alimentaria obligatoria de los productos en los lotes que vende—, en la indicación de precios —los facilitaba sin incluir el IVA— y por cargar al usuario los gastos de devolución en caso de errores o defectos en los productos.

El Servicio de Consumo, además, ha considerado como atenuante que la empresa corrigió “diligentemente” las irregularidades en un momento previo a la propuesta de resolución sancionadora.

Así, las tres infracciones han sido calificadas como leves, y ha sido sancionada la primera con 800 euros y las otras con 500 euros cada una, por un total de 1.800 euros de multa. Esta cantidad, además, ha sido reducida en un 40%, a 1.080 euros, tras reconocer la empresa su responsabilidad y realizar el pago de la sanción.

Vox Córdoba estudia denunciar en los tribunales el cambio de denominación de la estación de tren a Córdoba-Julio Anguita, algo que ha calificado como “la foto de la vergüenza” y “la mayor traición del Partido Popular a sus votantes y al pueblo de Córdoba”.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha expresado en un comunicado la indignación de su grupo: “Ayer sentimos verdadera vergüenza y tristeza al ver cómo el mayor homenaje al comunismo en esta ciudad se hacía de la mano de un alcalde del Partido Popular con mayoría absoluta. Julio Anguita ya tenía sus reconocimientos como alcalde de Córdoba, pero lo de ayer es un exceso. El PP ha renunciado a sus principios y a la coherencia, avalando la iniciativa de Izquierda Unida y convirtiéndose en cómplice de la izquierda más radical.”

Badanelli recordó que ya existía un acuerdo para que la estación llevase el nombre de Luis de Góngora, “una figura de consenso, intemporal y sin carga ideológica. ”Vergüenza ajena da ver a un alcalde del PP pasar a la historia por auspiciar el mayor homenaje que se ha hecho nunca a un secretario general del Partido Comunista. Córdoba merece unidad y grandeza, no propaganda ideológica.“

Quiere que el Colectivo Prometeo pague los costes

El responsable jurídico provincial de Vox, Miguel Gómez de la Rosa, ha detallado que la denominación de estaciones ferroviarias se regula por la Orden Ministerial de 6 de septiembre de 2024, cuyos artículos 5 y 6 establecen que cuando la iniciativa parte de un colectivo privado, los costes derivados del cambio deben ser sufragados por dicho promotor.

En este caso, el procedimiento se inició a propuesta del colectivo Prometeo, fundado por el propio Julio Anguita y estrechamente vinculado a Izquierda Unida. Esa circunstancia obliga, según la norma, a que Prometeo asumiera el coste de unos 180.000 euros, correspondientes a los trabajos de rotulación, señalética, documentación oficial y actualizaciones digitales, entiende el partido de Santiago Abascal.

Sin embargo, según apostilla, el Ministerio de Transportes decidió asumirlo como procedimiento “de oficio”, derivando el gasto al conjunto de los españoles. “El procedimiento está viciado de nulidad porque no se inició de oficio, como sostiene la resolución, sino a instancia de parte. Es el propio Ministerio el que reconoce en la página 7 de la resolución que lo hace suyo por compartir los postulados de una moción del Ayuntamiento. Esa contradicción demuestra que no estamos ante un expediente administrativo neutral, sino ante una decisión política revestida de legalidad”, asegura.

Gómez de la Rosa destacó además la rapidez “sospechosa” con la que se ha actuado: “Presentamos un escrito el 11 de septiembre advirtiendo que la resolución no era firme. Sorprendentemente, el 12 ya recibimos contestación. Esa agilidad no es habitual en la Administración, donde resoluciones de este tipo tardan meses o incluso años. Aquí, en 24 horas, se zanjó un trámite clave, lo que evidencia la premura política por ejecutar este cambio a toda costa.”

El jurista de Vox también amenanza sobre las consecuencias económicas que pueden derivarse: “Si finalmente la Justicia nos da la razón y declara nulo el procedimiento, habría que gastar otros 180.000 euros para revertir la denominación y reponer la anterior. Hablamos de un posible despilfarro cercano a los 400.000 euros en plena crisis económica, con los cordobeses soportando deficiencias en el transporte público, retrasos en trenes o barrios enteros sin inversiones básicas. Este es el verdadero coste del sectarismo político.”

Por ello, Vox ya ha presentado un recurso de reposición contra la resolución del 19 de junio de 2025 y estudia acudir a la vía contencioso-administrativa, donde se alegará nulidad de pleno derecho, desviación de poder e incumplimiento de la normativa de transportes.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la empresa Mensajería del Guadalquivir SLU, concesionaria de la franquicia MRW en Córdoba, según consta en el auto judicial dictado el pasado 17 de julio de 2025 (procedimiento concursal número 503/2025).

El edicto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre, establece la apertura del procedimiento y llama a los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo a solicitar el nombramiento de un administrador concursal en el plazo de quince días. La resolución judicial supone un golpe definitivo para la plantilla de la empresa, compuesta por 33 trabajadores, cuyo futuro laboral queda en una situación de total incertidumbre.

MRW Córdoba cuenta con más de 30 años de trayectoria en la ciudad, aunque los actuales franquiciados —Mensajería del Guadalquivir SL— asumieron la gestión en 2013. En abril de 2024, la licencia fue transferida a un empresario que controla más de seis sociedades, de las cuales tres también trabajan para la marca MRW en localidades como Morón de la Frontera, Sevilla y Utrera, según fuentes de la plantilla.

En ese momento, se mantuvo el mismo CIF y se respetó la antigüedad de la plantilla, lo que parecía garantizar estabilidad. Sin embargo, apenas un año después, la situación ha derivado en un procedimiento concursal que amenaza con dejar sin trabajo a una treintena de familias. Los trabajadores, además, aseguran que, desde junio de este año, el clima laboral se ha vuelto “insostenible”.

Siempre según su testimonio, la dirección emprendió entonces una presunta campaña para destituir a la representante sindical de UGT, algo que no prosperó. Apenas un mes más tarde se presentó el concurso de acreedores, aunque los trabajadores aseguran que no se les informó oficialmente hasta semanas después. En septiembre, la empresa volvió a promover una campaña para revocar a la representante, llegando a colocar carteles en las instalaciones convocando a una asamblea.

Según denuncian empleados, quienes se negaban a firmar contra la representante sufrían represalias, como cambios de funciones arbitrarios, retrasos en el cobro de nóminas y falta de comunicación sobre la situación real de la empresa. Un trabajador, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, ha declarado que una buena parte de la plantilla se siente “totalmente abandonados”. “No solo por la empresa, que juega con nuestro futuro, sino también por la forma en que se ha gestionado todo este proceso. Ahora nos enteramos de que estamos en concurso de acreedores y nadie nos da explicaciones claras. Son 33 familias las que dependemos de este trabajo y estamos completamente en el aire”, se queja.

Próximos pasos judiciales

El procedimiento concursal seguirá ahora los cauces legales previstos. El edicto del Juzgado de lo Mercantil establece la posibilidad de que los acreedores propongan la designación de un administrador concursal, quien deberá elaborar un informe razonado sobre la situación financiera de la empresa.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en la plantilla, que afronta la posibilidad de perder su empleo tras décadas de servicio a la marca MRW. La situación pone en evidencia la fragilidad de muchas concesionarias del sector de la mensajería en España, golpeadas por el incremento de costes operativos y la elevada competencia del mercado.

En Córdoba, los trabajadores de MRW esperan que el proceso judicial pueda aportar una salida que garantice, al menos, una solución justa ante el posible cierre de una franquicia que ha formado parte del tejido empresarial de la ciudad durante más de tres décadas.