Las incidencias relacionadas con la denegación de acceso a casetas han aumentado de forma notable durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2026. Según los balances diarios de seguridad, la Policía Local registró 37 actuaciones por este motivo, frente a las 13 contabilizadas en la edición de 2025.

El incremento supone que el número de actuaciones de esta naturaleza se ha triplicado practicamente en apenas un año y convierte los conflictos de admisión en una de las principales incidencias municipales detectadas durante la feria.

En la edición de 2025, ,según los partes diarios que envió el Ayuntamiento, los casos fueron relativamente aislados y estuvieron vinculados principalmente a la entrada de menores o a discrepancias sobre normas de vestimenta. El año pasado, además, estos documentos mostraban los nombres de las casetas denunciadas.

La situación ha cambiado de forma significativa en 2026. Por un lado, los informes han reflejado un número mucho mayor de incidencias por negativa de acceso a las casetas. De hecho, ha ocurrido prácticamente todos los días, con jornadas en las que llegaron a contabilizarse hasta nueve actuaciones policiales relacionadas con este asunto (el primer sábado de Feria). Por otro lado, los partes han dejado de ofrecer información sobre qué casetas son las que fueron objeto de denuncia.

Esto impide saber, por ejemplo, si ha habido casetras reincidentes. Tampoco permite saber a qué responde el elevado aumento, ya que no figura en los documentos información sobre los motivos por los que se ha impedido el acceso.

Las bases

¿Qué dicen concretamente las bases de la Feria de Córdoba sobre la posibilidad de cerrar para socios? Pues que todas las casetas estarán obligadas a permanecer abiertas al público, excepto aquellas que reciban autorización para cierres por compromisos de acción institucional y social. En este sentido, desde el año 2016 se permiten hasta cuatro cierres por caseta, de los cuales uno deberá realizarse el lunes o martes, en dos franjas horarias posibles: de 13:00 a 21:00 horas o de 21:00 horas hasta el cierre de la caseta. Hasta ese año, las casetas que optaban por cerrar más de cuatro días podían hacerlo siempre que pagasen una tasa extra.

En cuanto al derecho de admisión, se permite denegar la entrada en base a estos criterios:

El Ayuntamiento niega primero y luego confirma que ha habido más actuaciones

Desde el Ayuntamiento, que ha hecho balance este lunes a través del concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, se ha negado en rueda de prensa que haya habido un incremento de denuncias por la negativa a acceder a las casetas durante este feria, respecto a la del año anterior. “En este año son inferiores al año pasado. Los datos que a nosotros nos pasa la Policía Local es que este año ha sido muchísimo más fácil lo del tema del acceso y que no no les han molestado tanto”, ha asegurado el concejal, que ha defendido que muchas de las incidencias no están relacionadas con el derecho de admisión, sino con superación de los aforos.

“Yo, por ejemplo, estuve en una caseta y no nos dejaron entrar. Pero no nos dejan entrar, no porque fuera mal vestido o bien vestido, fuera blanco o fuera negro, fuera hombre o fuera mujer, sino porque el aforo estaba lleno. Cuando el aforo está lleno, no se puede entrar. Mucha gente confunde que no te dejan entrar por determinadas cosas cuando, efectivamente, no tienes que entrar porque el aforo estaba completo”, ha afirmado el edil.

Sin embargo, con posterioridad, desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento han confirmado a este periódico que efectivamente ha habido un incremento de casi el triple de denuncias por acceso a las casetas. Las mismas fuentes han dicho que el concejal se ha equivocado de datos, ya que lo que ha bajado este año han sido los apercibimientos (es decir, cuando la denuncia se convierte en propuesta de sanción, una vez que los agentes estudian que la decisión tomada por los equipos de seguridad privada no está justificada). No obstante, no se ha facilitado el dato exacto de propuestas de sanción que hubo ni en 2025 ni las que se han levantado en 2026.

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba ha informado de una nueva demanda judicial presentada por un empleado municipal que trabaja como Bombero Conductor y que ha acudido a los tribunales tras no recibir una respuesta a la queja que presentó en el Ayuntamiento el pasado mes de febrero.

Según la información, que ha pasado por la Junta de Gobierno Local este lunes, el empleado denuncia que se encuentra en una situación de “abuso de temporalidad”. Esto significa, en palabras sencillas, que lleva demasiado tiempo encadenando contratos temporales o como interino en un puesto que, por su naturaleza, debería ser estable y permanente.

Por ello, ha pedido a los jueces que obliguen al Ayuntamiento a reconocer de forma oficial que su situación de interinidad prolongada es irregular y a concederle una plaza fija como funcionario de carrera para el puesto que ya ocupa.

El caso ya está en manos del Tribunal de Instancia de Córdoba. Siguiendo lo que dicta la ley sobre la obligación de defender los intereses del municipio, los abogados del Ayuntamiento tienen previsto personarse en el juicio para defender la postura de la administración local, a menos que el gobierno municipal les dé órdenes contrarias.

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha dado a conocer el resultado de un expediente abierto por quejas de vecinos por molestias y ruidos de un salón de celebraciones en Cabra (Córdoba) que, tras la acción de esta institución ante el Ayuntamiento, acabó con el precintado del negocio que había ejercido su actividad sin licencia y con una declaración responsable que, finalmente, se mostró ineficaz.

Según explica el Defensor, hasta su oficina llegó el escrito de un vecino de Cabra, a través del cual formulaban queja contra el Ayuntamiento de dicha localidad por la, a su juicio,“ insuficiente actividad disciplinaria frente a sus denuncias, instancias y quejas de todo tipo por el ruido que generaba la actividad de salón de celebraciones en una nave industrial” del municipio.

Sobre ello, este vecino exponía “la grave incidencia que las celebraciones en dicha nave le causaba”, tales como ruidos por música a gran volumen, el bullicio de personas que se reunían en su interior y exterior, e incluso fuegos artificiales, pirotecnia y enfrentamientos verbales con los asistentes a las celebraciones que a veces ocupaban con sus vehículos la entrada a las viviendas más cercanas.

El Defensor admitió la queja y solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Cabra que, “tras más de siete meses, emitió un primer informe del que se deducía que se venía permitiendo desde hacía mucho tiempo esta actividad, sin licencia y pese a las muchas quejas vecinales recibidas”. Además, la actividad “iba a seguir realizándose amparada ahora en una declaración responsable, cuyo análisis para determinar su eficacia o ineficacia ya se nos anunciaba que iba a seguir demorándose por falta de medios personales en el Ayuntamiento”.

Irregularidad de la actividad

Por ello -dice el Defensor-, “no era de extrañar la percepción de indefensión que el promotor de la queja nos trasladaba en sus escritos”. Ante esto, se solicitó un segundo informe al Ayuntamiento de Cabra, “en escrito en el que plasmábamos una serie de reflexiones a la vista del primer informe emitido. Así, nos preguntábamos por qué hasta aquel momento, si se conocía desde diciembre de 2023 la irregularidad de la actividad, no se había solicitado el auxilio de la Diputación Provincial de Córdoba para tramitar el expediente incoado. Nos parecía que esa asistencia técnica a la Diputación Provincial debía haberse solicitado cuanto antes si se iba a demorar en exceso la selección del personal municipal de la que se nos hablaba en el informe, para evitar que la inactividad del Ayuntamiento favoreciera la continuidad de la actividad durante un tiempo indeterminado con las consecuencias legales que ello podría acarrear en caso de acontecer algún suceso no deseado con daños materiales y/o personales”.

Así, el Defensor instó a la Alcaldía a que, “con la máxima celeridad, se evacuase la tramitación preceptiva y el control posterior de la declaración responsable, con la emisión del informe de compatibilidad y la realización del control posterior con la declaración, en su caso, de eficacia o ineficacia”.

En respuesta a esto y en un segundo informe, el Ayuntamiento comunicó que “se había tramitado un expediente administrativo para la legalización de la actividad, que finalmente se había declarado la ineficacia de la declaración responsable, ordenando la paralización de las actuaciones y el cierre de la actividad con el precintado, así como también la suspensión de los suministros”.

Todas estas medidas se habían adoptado en una resolución de Alcaldía, confirmando el vecino que había presentado la queja el cese de la actividad del salón de celebraciones y dando así el Defensor por solucionado y cerrado su expediente por esta causa.

El sector crítico de la organización agraria Asaja Córdoba ha elevado una petición formal a la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que intervenga ante la “grave situación” que atraviesa la entidad.

En un escrito dirigido a la administración y facilitado a este periódico, los firmantes sostienen que la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la tutela de las organizaciones empresariales, debe actuar en consecuencia ante la parálisis institucional y las presuntas irregularidades cometidas bajo la presidencia de Fernando Adell Martí.

La denuncia subraya que la asociación se encuentra en un estado de “bloqueo legal”. Indican que, desde el pasado 30 de enero, la organización carece de secretario general, una figura “indispensable” según los estatutos. A esta vacante se sumaron, el 16 de febrero, las dimisiones de otros cinco miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente primero y a la secretaria de Actas.

Como consecuencia, describen, los órganos de gobierno han quedado en una situación “deficitaria” que les impide adoptar acuerdos válidos para la gestión ordinaria. Además, los documentos advierten de que, al no existir un secretario de Actas ni un secretario general, “no hay nadie que puede certificar acuerdos de las actas”, lo que invalida jurídicamente cualquier decisión tomada en las reuniones actuales.

Rechazo “masivo” a la gestión de Fernando Adell

Recuerdan los responsables de la petición que el malestar interno se hizo oficial durante la Junta Directiva del 6 de abril, en la cual la mayoría de los asistentes reprobaron la gestión de Adell y se negaron a aprobar tanto la memoria de actividades como las cuentas anuales y los presupuestos. En esa misma sesión, la directiva rechazó también la propuesta del presidente para nombrar un nuevo Comité Ejecutivo, profundizando la crisis de liderazgo.

A pesar de que 429 socios solicitaron formalmente, mediante requerimiento notarial, la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para analizar la gestión presidencial, Adell se ha negado sistemáticamente a incluir este punto en el orden del día. Ante esta negativa, el sector crítico ha anunciado que acudirá a los juzgados para forzar legalmente dicha convocatoria.

Advertencias sobre responsabilidades penales

En este sentido, los escritos presentados a la Junta advierten de que la persistencia en tomar decisiones con un consejo “inoperante” abre la puerta a graves responsabilidades civiles y penales. Se menciona específicamente que el presidente y los cuatro consejeros que aún permanecen en el comité podrían incurrir en delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos y apropiación indebida, llegando a tener que responder con su propio patrimonio personal.

Finalmente, el sector crítico cuestiona la propia legitimidad de Adell, señalando que para su elección en 2024 se le exigieron requisitos menores que los que él impone ahora a los socios para convocar la asamblea, lo que podría dar lugar a la impugnación judicial de su presidencia.

La empresa Tierra Creativa ha desmentido las declaraciones realizadas por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, después de que esta asegurara este lunes que la reclamación presentada sobre el proceso de adjudicación de Cosmopoética 2026 corresponde “a una persona particular y no a una empresa”.

La sociedad adjudicataria aspirante ha mostrado a este periódico que sí existe una impugnación formal registrada por la mercantil Espacio Tierra Creativa SL contra el procedimiento de contratación del festival literario. Según la documentación presentada en el Registro General del Ayuntamiento el pasado 14 de mayo, la empresa formuló un “escrito de alegaciones, advertencia de falsedad documental y solicitud de exclusión de licitadores” dentro del expediente de contratación de Cosmopoética 2026.

El documento aparece presentado oficialmente por Espacio Tierra Creativa SL, y firmado electrónicamente por Juan de la Cruz Ramos Pemán en representación de la empresa. La entrada quedó registrada el 14 de mayo de 2026 a las 20.15 horas. Además, hay otro escrito, realizado por la directora del proyecto, Estefanía Cabello.

En ambos documentos, la empresa denuncia “graves irregularidades y falsedades esenciales” en las ofertas presentadas por otras dos licitadoras y sostiene que se habría falseado la relación de autores internacionales incluidos en algunas propuestas. La reclamación se centra especialmente en los nombres del escritor cubano Leonardo Padura y de la novelista estadounidense Siri Hustvedt.

Tras las declaraciones realizadas este lunes por Isabel Albás, fuentes próximas a Tierra Creativa insisten en que la reclamación no fue presentada únicamente por Cabello a título personal, sino que forma parte de una acción formal emprendida por la propia empresa concurrente al concurso público. Por ello, exige una rectificación pública a la concejala de Cultura por sus declaraciones. La empresa sostiene que Isabel Albás afirmó en prensa un dato “falso” al señalar que la reclamación partía únicamente de una persona particular y no de una empresa. Por ello, reclama que “subsane y rectifique inmediatamente el posible daño efectuado”.

Anuncia que acudirá a la vía contencioso-administrativa

Asimismo, tras la rueda de prensa de este lunes, Tierra Creativa acusa al Ayuntamiento de continuar adelante con la adjudicación pese a las pruebas aportadas el pasado 14 de mayo y pese a la ausencia del informe técnico solicitado por la propia Delegación de Cultura. La empresa sostiene que el Ayuntamiento ha vulnerado su derecho de acceso al expediente. Según afirma, el pasado 6 de mayo solicitó revisar los proyectos presentados al concurso, pero asegura que, a fecha del 25 de mayo, “no se ha puesto a disposición la información requerida”, mientras el procedimiento seguía adelante.

Asimismo, la mercantil insiste en que las empresas señaladas reconocieron públicamente haber trabajado con “agentes en España” y contactos editoriales para acreditar la disponibilidad de autores internacionales, una práctica que considera insuficiente y contraria a los requisitos del pliego. Tierra Creativa interpreta esas declaraciones como una confirmación de que los autores incluidos en las propuestas no estaban realmente cerrados ni confirmados.

También cuestiona la actuación del Ayuntamiento por no haber adoptado medidas cautelares tras recibir la documentación aportada. La empresa sostiene que continuar adelante con la adjudicación pese a las alegaciones podría vulnerar los principios recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En este contexto, Tierra Creativa anuncia ya que acudirá a los tribunales. “Se interpondrá inmediatamente recurso a esta adjudicación y las acciones legales pertinentes en la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de dar traslado a la jurisdicción penal si fuera necesario”, señalan desde la empresa a este periódico.

Para terminar, plantean además varias preguntas públicas dirigidas al Ayuntamiento y a la Mesa de Contratación. Entre ellas, cuestiona cómo pudo mantenerse la adjudicación definitiva en la Junta de Gobierno Local si, según asegura, el viernes anterior se había encargado un informe técnico sobre las alegaciones presentadas. También reclama explicaciones sobre el sistema de valoración subjetiva empleado en el concurso, preguntando por qué la evaluación recayó en un único técnico municipal y qué mecanismos de control se aplicaron para garantizar la imparcialidad y transparencia del procedimiento. Finalmente, Tierra Creativa advierte de que toda esta situación “pone en serio peligro la reputación, continuidad y aceptación popular del Festival Cosmopoética” y reclama una investigación “a fondo” sobre el proceso de adjudicación del certamen literario.

Albás asegura que desconocía el escrito cuando dio la rueda de prensa

La teniente de alcalde Isabel Albás ha asegurado en declaraciones a este periódico que desconocía el escrito cuando dio la rueda de prensa en la mañana de este lunes. La concejala asegura que el escrito estaba dirigido a Contratación, y no a su área. La edil ha insistido en que su departamento revisará el asunto.

La concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha asegurado este lunes que la celebración de Cosmopoética 2026 no corre peligro pese a la polémica surgida en torno al proceso de adjudicación del festival literario. Albás ha defendido la transparencia del procedimiento y ha recalcado que las alegaciones registradas no han sido presentadas por ninguna empresa licitadora, sino “por una persona particular” -en referencia a la poeta Estefanía Cabello, responsable del proyecto de Tierra Creativa-.

A preguntas de los periodistas, la responsable municipal ha explicado que este lunes “se ha aprobado la adjudicación en Junta de Gobierno Local” y que, paralelamente, se ha solicitado un informe técnico para analizar las cuestiones planteadas en el expediente. Según ha detallado, dicho informe será elaborado por un técnico de la propia Delegación de Cultura, ya que las cuestiones planteadas atañen a los pliegos y al trabajo de esta delegación respecto a la licitación del festival.

“Se dará respuesta técnica con la máxima transparencia y entiendo que se desarrollará la adjudicación de manera normal”, ha señalado Albás, quien ha insistido en que el procedimiento seguirá adelante mientras se aclaran las dudas surgidas en torno al concurso.

La delegada también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la continuidad del festival, y ha descartado hasta dos veces que esté en riesgo la celebración este año. En este sentido, ha argumentado que quien solicita este informe no es la empresa Tierra Creativa, sino una persona particular -la directora del proyecto-, y ha confiado en que, cuando Cabello tenga la información, todo quedará aclarado.

Según sus palabras, la persona que ha solicitado la información “no es una empresa afectada directamente ni quien lidera una de las empresas concurrentes, sino una persona que trabaja en una de ellas y que ha planteado una serie de dudas que serán respondidas”. No obstante, la reclamación sí la hizo Tierra Creativa, además de la propia Cabello.

La última controversia sobre Cosmopoética se originó después de que la escritora e investigadora Estefanía Cabello, en representación de Tierra Creativa, registrara un escrito en el Ayuntamiento denunciando posibles irregularidades en la licitación del festival. En ese documento cuestiona que algunas de las propuestas concurrentes incluyeran nombres de autores internacionales sin contar, supuestamente, con contactos previos reales con ellos.

Entre los nombres citados figuran el escritor cubano Leonardo Padura y la novelista estadounidense Siri Hustvedt. Tierra Creativa sostiene que ambos autores habrían sido incorporados en otras candidaturas sin confirmación directa de participación, algo que, a su juicio, podría constituir una “falsedad documental”, al interpretar que los pliegos obligan a ello.

Por su parte, las empresas señaladas, Verbo Servicios Culturales y María Vinagre, rechazaron las acusaciones y defienden que actuaron conforme a la práctica habitual del sector editorial y de los festivales literarios, donde las gestiones se realizan normalmente a través de agentes y representantes editoriales.

Además de las cuestiones relacionadas con los autores internacionales, el escrito presentado también pone en duda el sistema de valoración subjetiva del concurso y reclama revisar la puntuación otorgada al proyecto presentado por Tierra Creativa.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha solicitado este viernes al alcalde, José María Bellido, la apertura de una investigación interna y la preservación de imágenes de videovigilancia municipales ante la supuesta comisión de un delito electoral ocurrido los días 12 y 13 de mayo, relacionado con la pegada de carteles que buscan la desmovilización del votante socialista.

En un escrito registrado en el Consistorio, el dirigente socialista asegura que diversas informaciones publicadas en medios de comunicación y “testimonios” apuntan a la presunta utilización de un vehículo con distintivos oficiales del Ayuntamiento en la colocación masiva de carteles que usan la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio. La propia Ambrosio ha denunciado ante la Junta Electoral la campaña, que se ha dado también en otros puntos de Andalucía, usando a otras figuras del socialismo andaluz.

Según el documento, facilitado a los medios de comunicación, los carteles aparecieron en distintas zonas de la ciudad, entre ellas El Tablero, Colón, García Lovera, San Andrés, San Pablo y el entorno del centro urbano, e incluían mensajes como “Sin Ambrosio no vamos” y “Que te voten en Fuenteovejuna (Sic)”. Hurtado sostiene que el Ayuntamiento tiene la obligación de “velar por el uso correcto de los recursos públicos y garantizar la transparencia e imparcialidad institucional”, especialmente en periodos de relevancia electoral.

Por ello, reclama que se identifique a la persona que habría utilizado el vehículo oficial y que se determinen las posibles responsabilidades derivadas de los hechos. Asimismo, pide el visionado y análisis de las cámaras de seguridad municipales situadas en las zonas donde aparecieron los carteles entre los días 12 y 13 de mayo.

El portavoz socialista también solicita que se dicte una orden expresa para evitar el borrado o sobreescritura de las imágenes de videovigilancia correspondientes a esas fechas y que estas queden custodiadas hasta el total esclarecimiento de los hechos o hasta que puedan ser requeridas por la autoridad judicial competente.

Un grupo de socios de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Córdoba ha remitido un burofax de “extrema urgencia” a los miembros del Comité Ejecutivo —al que califican de “deficitario”— exigiendo cuentas claras ante presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente,Fernando Adell, y la posible nulidad de la próxima Asamblea General.

La comunicación, fechada este 21 de abril de 2026 y facilitada a este periódico, pone el foco en supuestos beneficios económicos personales y conflictos de interés que afectan directamente a la cúpula de la organización agraria, que lleva meses viviendo un choque frontal entre su Presidencia y un sector importante de los asociados.

Ahora, el cisma ha dado un paso más. En el burofax, los denunciantes exigen información detallada sobre el cobro de “pagas de beneficios” por parte del presidente en los ejercicios 2024 y 2025, solicitando el desglose de los cálculos, su justificación y la identificación de quién autorizó dichos pagos.

Asimismo, se cuestiona la compra de regalos de Navidad a la empresa Dehesa de Campoalto SL, propiedad del propio presidente. Los socios piden aclarar el importe total percibido por esta mercantil durante los últimos dos años y si el presidente recibió productos de su propia empresa pagados por la asociación.

Impugnación de la Asamblea del 29 de abril

El escrito advierte de la “nulidad radical” de la Asamblea General Ordinaria convocada para el próximo 29 de abril. Según los socios, se pretenden aprobar unas cuentas y presupuestos que no han sido validados previamente por la Junta Directiva, contraviniendo los estatutos. Además, denuncian irregularidades en la convocatoria, señalando que se han enviado comunicaciones contradictorias sobre el lugar y la hora, y que muchos asociados aún no han recibido la notificación oficial, lo que vulneraría el artículo 13.4 de los Estatutos.

La denuncia revela una fractura total en el seno de Asaja Córdoba. Desde el 16 de febrero de 2026, el Comité Ejecutivo carece de vicepresidente primero y secretario de Actas tras la dimisión de cinco miembros. La entidad no cuenta con secretario general desde el 30 de enero de este año.

Asimismo, se solicita la verificación de los avales presentados por el presidente en su elección de 2024 —realizada sin votación— para comprobar si cumplen los mismos requisitos de identidad y representación que se exigen ahora a los socios. Los socios exigen la devolución inmediata de cualquier suma percibida sin aprobación expresa de los órganos de la Asociación. De no obtener respuesta satisfactoria a este requerimiento, anuncian que pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

Finalmente, han ofrecido a la directiva someterse a un Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC), conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, para intentar desbloquear la situación antes de recurrir a otras instancias.

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ordenado la reapertura de una investigación penal contra dos agentes de la Policía Nacional -de los cuales uno de ellos era subinspector y jefe de Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- por la presunta comisión de delitos de detención ilegal, falsedad documental y torturas.

En un auto fechado el 16 de abril de 2026, el tribunal ha revocado el archivo previo de la causa dictado por un juzgado de instrucción y ha estimado los recursos de apelación interpuestos por dos denunciantes, que contaban además con el respaldo y la adhesión del Ministerio Fiscal. El auto, facilitado a este periódico, indica que, contrariamente a lo sostenido por la instructora inicial, existe en la causa “una pluralidad de indicios más que suficientes” para acordar que el procedimiento avance a la fase intermedia previa al juicio.

Los hechos investigados se retrotraen al 24 de junio de 2024, cuando centenares de personas y aficionados acompañaron a los jugadores del Córdoba CF en su celebración por el ascenso del equipo a Segunda División. El fin de fiesta se produjo en la plaza de Las Tendillas, donde, en un momento dado, la Policía Nacional cargó alegando “una pelea entre ultras y el lanzamiento de objetos a sus vehículos” que se saldó con una persona detenida.

El joven pasó aquella noche en el calabozo y después ingresó en el Hospital Reina Sofía debido a las lesiones que sufrió. Cuando salió del hospital, interpuso una denuncia, mientras él mismo afrontaba un cargo de atentado contra la autoridad. El segundo denunciante se personó como acusación en el proceso, tras identificar a uno de los policías como el que supuestamente le agredió también a él.

Un atestado de Asuntos Internos

Entre las pruebas que sustentan la reapertura del caso se encuentran las propias declaraciones de las presuntas víctimas, apoyadas por partes de asistencia médica y documentación fotográfica que acreditan lesiones “compatibles con el modo de producción por ellos descrito”. A estas evidencias médicas se suman las declaraciones de dos testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como las conclusiones de un atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la propia Policía Nacional.

Según relata el auto de la Audiencia, la investigación interna de Asuntos Internos incluyó un estudio de las grabaciones y comunicaciones entre los agentes la noche del suceso, además de realizar ruedas de reconocimiento fotográfico. En dichas diligencias, los denunciantes identificaron plenamente a los policías ahora investigados como los presuntos autores de las agresiones y detenciones.

El tribunal ha reprochado a la jueza de instrucción que basara el archivo de la causa “sustancialmente en sus declaraciones [las de los policías]” y en un boletín de denuncia elaborado por los mismos agentes. En este sentido, la Audiencia ha invocado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual advierte que cuando los propios miembros de las fuerzas de seguridad figuran como posibles autores de delitos graves (como torturas o detención ilegal), sus testimonios no pueden considerarse “prueba plena y objetiva” por el mero hecho de ser agentes de la autoridad, ya que esto supondría una degradación de la presunción de inocencia de los afectados.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Córdoba ordena al juzgado de origen que dicte la resolución pertinente para disponer el progreso de la causa criminal a su fase intermedia, permitiendo a las acusaciones formular sus cargos y continuar el proceso hacia un posible juicio oral.

Por su parte, la resolución aclara que también continúa viva la causa contra uno de los denunciantes, representado por el letrado Francisco Poyatos, por un presunto delito de atentado.

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la eliminación de hasta una treintena de nidos de avión común (delichon urbicum), una especie de ave protegida.

Según ha podido saber este periódico, la denuncia se centra en la “retirada o eliminación de entre 25 y 30 nidos avión común, especie protegida por la normativa ambiental”, que se ubicaban en una casa particular en la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.

Ecologistas en Acción aporta fotografías en la denuncia ante el Seprona y señala que la eliminación de los nidos habría ocurrido hace unos días en la vivienda particular citada, por lo que solicita que se investiguen los hechos.

El avión común es una especie protegida, que depende casi exclusivamente de los edificios para nidificar. Se trata de un ave insectívora incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que cuentan con protección tanto por normativa autonómica como nacional.  

El aeropuerto de Córdoba es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento en un plazo corto de tiempo. La meta es recibir vuelos internacionales y que la frecuencia aumente con el paso de los meses. Es por ello que la instalación de la Aduana sigue estando presente. Pero que este medio de transporte aumente su presencia en la capital también trae consigo problemas, como a los vecinos del sector 3 del barrio de la Electromecánicas. Los ciudadanos de este punto de la capital se han reunido para levantar la voz y quejarse sobre los ruidos que generan estos aviones al aproximarse a la pista para su aterrizaje.

A través de un grupo de WhatsApp que ya cuenta con más de 120 vecinos activos, la comunidad se está organizando para exigir soluciones tanto al Ayuntamiento como a Aena por el sobrevuelo constante de aeronaves a muy baja altura y el abandono histórico de sus infraestructuras. El conflicto reside en la reciente reactivación del aeropuerto de Córdoba para vuelos nacionales, lo que ha incrementado el tráfico de aviones de gran capacidad.

Según denuncian los afectados, las maniobras de aproximación se realizan directamente sobre sus viviendas, provocando un ruido ensordecedor que interrumpe la vida cotidiana tanto en el interior de las casas como en los patios. Los vecinos aseguran que, a pesar de estar a unos seis kilómetros de la pista, los aviones pasan a altitudes que estiman entre los 100 y 200 metros.

El problema también es de seguridad

Los vecinos han recalcado a este periódico que la preocupación no es solo acústica, sino también de seguridad. “Un avión de esos pega un petardazo y se cae aquí encima”, relata uno de los portavoces vecinales, quien ya ha tramitado dos reclamaciones formales ante Aena. En estos escritos argumentan que las casas fueron construidas mucho antes que el aeropuerto y que existen rutas alternativas que no obligarían a las naves a sobrevolar una zona urbana consolidada antes de aterrizar.

Por su parte, Aena ha respondido por escrito a las quejas vecinales alegando que las trayectorias de aterrizaje y despegue por las cabeceras de pista 03 y 21 son de obligado cumplimiento. Según el organismo, la elección de la pista depende de las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, y aseguran que las operaciones realizadas durante los meses de verano en la pista 21 se ajustan estrictamente a la normativa de seguridad aérea vigente.

Sin embargo, los vecinos no aceptan estas explicaciones como definitivas. Han sostenido que el diseño de las líneas de aproximación debería modificarse ahora que se pretende potenciar el aeropuerto como internacional o incrementar el número de vuelos. Por otro lado, estos ciudadanos también han criticado autoridades prioricen el desarrollo económico y turístico de la ciudad sin considerar el impacto directo en el bienestar de quienes viven bajo el eje de la pista.

La iluminación, otro problema a tener en cuenta

A este contratiempo se suma el estado de la iluminación pública en el barrio. Los residentes han denunciado también a este periódico que las farolas actuales tienen más de 30 años de antigüedad y son demasiado bajas, lo que deja muchas calles prácticamente a oscuras. Esta falta de visibilidad ha generado un aumento en la sensación de inseguridad y ha propiciado actos de vandalismo, incluyendo el robo y la quema de vehículos en las proximidades.

La indignación vecinal crece al comprobar que el Plan de Iluminación de 2026 no contempla inversiones significativas para esta zona. Aseguran que el Ayuntamiento no ha destinado presupuesto para renovar las luminarias, limitándose en el mejor de los casos a cambios puntuales de bombillas que resultan insuficientes para paliar el problema de la oscuridad y la inseguridad ciudadana. Ante esta situación, el movimiento vecinal ha comenzado una recogida de firmas, sumando ya unas 80 adhesiones, para enviar una carta formal al alcalde y que así se traten de solucionar unos problemas que se incrementan con el paso del tiempo.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha informado del balance del canal interno de denuncias abierto por el Consistorio en julio de 2024 para detectar irregularidades, después de que el grupo del PSOE realizara una pregunta sobre este asunto en el Pleno de enero. En respuesta, el gobierno local señala que se han presentado 250 denuncias en este canal interno, si bien solo se han admitido cinco. Y, de esas cinco, cuatro se han archivado después de su instrucción.

La pregunta realizada en el Pleno por el PSOE solicitaba saber “cuáles han sido las denuncias presentadas por los empleados públicos en el canal de denuncias desde que se ha puesto en marcha?”. El gobierno local anunció en julio de 2024 la activación de este canal sobre irregularidades, delitos o corrupción dentro de la misma administración local. Este canal se basa en el cumplimiento de la Ley 2/2023 del 20 de febrero, “reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la obligación”.

Ahora, en su respuesta al PSOE -a la que ha tenido acceso este medio-, el gobierno municipal explica que “de 250 denuncias presentadas, se han inadmitido casi la totalidad porque ni son presentadas por personas empleadas públicas ni van dirigidas contra una persona empleada pública que haya cometido alguna irregularidad”. En ese sentido, indica que, “generalmente son peticiones o sugerencias sobre actividades o necesidades municipales”.

Así, constata que de las 250 presentadas “se han admitido cinco. Una respecto a la atención prestada por un policía local y cuatro respecto al jefe de los voluntarios de Protección Civil”. Y de esas cinco, “cuatro se han archivado una vez instruidas y una está actualmente en trámite”, según recoge el escrito firmado por la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos.

Ante esto, desde el grupo municipal del PSOE han animado “a los empleados públicos del Ayuntamiento de Córdoba, organismos autónomos y empresas municipales a que hagan uso sobre posibles indicios de corruptelas o irregulares que puedan detectar en el ejercicio de su profesión”.

FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra la discoteca Cariño de la capital por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro.

La asociación ha advertido de que la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes 13 de febrero no responde a criterios objetivos ni justificados, sino a una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, “objeto de reclamo” para el consumo masculino. Un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad.

En su denuncia, Facua Córdoba ha señalado que la discoteca Cariño estaría vulnerando la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Asimismo, esta campaña podría incurrir en publicidad ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, al promover mensajes que fomentan la desigualdad y la cosificación de la mujer.

La asociación ha instado por tanto a las autoridades competentes a investigar estos hechos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. “No se puede normalizar que en pleno siglo XXI se sigan aplicando estrategias comerciales basadas en la discriminación de género y en la utilización de la imagen de la mujer como mero reclamo publicitario”, señala la organización de consumidores.

Por último, FACUA Córdoba ha reaformado su compromiso con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que vulnere los derechos fundamentales y la normativa en materia de igualdad y consumo.

Sumar ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que actúe de oficio e investigue penalmente la actitud de la dirección de Hitachi Energy en Córdoba ante lo que considera una “vulneración grave y continuada” de los derechos de su plantilla, con la que mantiene desde hace meses un conflicto sindical derivado de la firma del nuevo convenio sectorial.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, tras mantener un encuentro con miembros del comité de empresa y con el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez. Tras la reunión, Santiago ha indicado que la multinacional “bordea claramente la legalidad penal” y reclamó una investigación inmediata para comprobar un posible incumplimiento del artículo 315 del Código Penal, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

“No se puede seguir esperando mientras se dilata desde la justicia una situación de vulneración de derechos sociales tan evidente”, afirmó, insistiendo en que la Fiscalía debe actuar sin esperar a que el conflicto siga alargándose en los juzgados de lo social. A su juicio, “Hitachi se ha equivocado de siglo”, y la empresa “se comporta como si viviéramos en una época en la que no existían los derechos de los trabajadores”.

El diputado de Sumar ha calificado de “especialmente chocante” esta actitud en una compañía que obtiene “beneficios abultados y suficientes precisamente gracias al trabajo de sus empleados”, y que, además, ha recibido subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y se ha beneficiado de exenciones fiscales del Ayuntamiento de Córdoba.

“Y, aun así, no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales”, ha lamentado Santiago, recordando que los trabajadores únicamente reclaman “un convenio colectivo justo, sin doble escala salarial”, que garantice que los empleados más jóvenes puedan disfrutar de los derechos conquistados por las generaciones anteriores.

Frente a estas reivindicaciones, denunció que la empresa ha impuesto hasta 78 sanciones en una unidad productiva de poco más de 200 trabajadores, dentro de una plantilla total de unos 480 empleados que trabajan a turnos. “Hitachi bordea claramente la legalidad penal de este país”, ha afirmado el portavoz de IU en el Congreso, quien ha recordado que las suspensiones de empleo y sueldo de 120 días son una medida que “no está contemplada en la legislación laboral vigente”.

Caja de resistencia y movilizaciones

Durante la comparecencia ante los medios, el presidente del comité de empresa, Álvaro Leiva, ha explicado que los trabajadores llevan meses manteniendo reuniones con dirigentes políticos e instituciones “buscando mantener la lucha y una salida negociada al conflicto”, aunque lamentó que “la empresa sigue completamente alejada del diálogo”. En el ámbito judicial, recordó que se propusieron cuatro reuniones en sede judicial, de las que finalmente se celebraron tres, sin que se haya producido ningún avance sustancial.

Leiva ha denunciado que Hitachi mantiene activas 66 sanciones disciplinarias —la mayoría de 60 días— y subrayó que la última propuesta presentada por la empresa “no incluye la retirada de las sanciones”, algo que consideran inasumible. Asimismo, aclaró que estas propuestas “no afectan en absoluto al curso judicial del conflicto”, que sigue abierto. A esta situación se suma, según indicó, la ausencia de un calendario laboral y de un plan de igualdad en la planta cordobesa.

El comité de empresa anunció también la reactivación de las movilizaciones, suspendidas temporalmente tras la tragedia ocurrida en Adamuz. El calendario inicial preveía una primera jornada de protestas el miércoles 4 de febrero, a la que seguirán nuevas acciones que se irán anunciando.

Además, los trabajadores han abierto una caja de solidaridad para apoyar a las personas sancionadas, algunas de las cuales han sufrido suspensiones de empleo y sueldo de larga duración, lo que está provocando graves dificultades económicas en numerosas familias. Santiago, de hecho, ha animado la ciudadanía cordobesa a apoyar la caja de resistencia de los trabajadores afectados, ya que hay ocho de ellos que no podrán cobrar su nómina hasta el mes de mayo.

Contra el Comité de Empresa

En la misma línea, Agustín Jiménez señaló que CCOO ha dado a la empresa “todas las oportunidades posibles” para cerrar el conflicto, con hasta 70 mediaciones realizadas sin éxito. El sindicato ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de lo Social y recuerda que el convenio estatal del metal fija en 60 días la sanción máxima permitida. Sin embargo, seis de los ocho miembros de la comisión negociadora han sido sancionados con esa duración máxima, lo que, a juicio de CCOO, evidencia una estrategia de represalia.

“Son prácticas destinadas a cargarse al Comité de Empresa, que ha sostenido un buen convenio colectivo durante años y que ahora la dirección quiere romper para abaratar costes de producción”, denunció Jiménez. Añadió que, si la empresa persiste en su negativa a negociar, el sindicato está a la espera de que actúe la Fiscalía y no descarta emprender acciones penales por delitos contra los trabajadores.

El responsable sindical denunció además un clima de intimidación dentro de la fábrica, con la presencia de más de 40 vigilantes de seguridad, así como la existencia de numerosas denuncias en los juzgados de lo social, entre ellas contra un acuerdo firmado por UGT que, según CCOO, vulnera el derecho fundamental a la huelga, y que firmaron de forma unilateral con la empresa a finales de diciembre.

Álvaro Leiva, visible emocionado, ha querido subrayar que los trabajadores “no quieren echar por tierra una fábrica que ha dado de comer a cientos de familias durante más de cien años de historia en Córdoba”. Sin embargo, acusó a la empresa de “jugar al desgaste”, prolongando el conflicto en el tiempo. “Aguantamos gracias al apoyo de nuestras familias y a la unión que mantenemos entre compañeros, reuniéndonos varios días a la semana. Esa unidad es la clave y es el consejo que damos a otras plantillas en conflicto”, concluyó.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de Facua Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto, Pescados Videla SA.

La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash ubicado en la capital cordobesa estaba vendiendo langostinos congelados de la marca Pescanova con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito.

Sobre la producción real de la mariscada, Pescanova informó de que el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta en Alcash. Así, Pescanova, explicó que se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos.

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen. Asimismo, instó a la administración a que ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud.

Pescados Videla SA

En su resolución, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa a Facua Córdoba de que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era la empresa Pescados Videla SA, ubicada en Cataluña. Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.

Pescados Videla SA reconoció que se había producido un “reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente”, por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.

La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que “toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña”.

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha sido señalado por conducta inapropiada por una supuesta extrabajadora municipal a la que, según una información exclusiva del diario ABC, le habría enviado una serie de mensajes de carácter explícito y reiterado. Según el contenido al que ha tenido acceso dicho medio, los contactos se habrían iniciado en marzo de 2023 y se habrían prolongado durante los primeros meses de 2024.

Ante ello, en la tarde de este viernes, el PSOE de Córdoba, ha emitido un comunicado en el que indica que el alcalde de Belalcázar “ha comunicado a la Dirección Provincial, ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual”.

En los mensajes difundidos, el regidor dirigía a la mujer presuntos comentarios de tono personal y alusiones de contenido sexual, a los que sumaba expresiones sobre su aspecto físico y peticiones de verse en persona. Cuando no obtenía respuesta inmediata, el alcalde insistía mediante nuevos mensajes en los que reclamaba atención o preguntaba por su paradero, según las mismas fuentes.

Las comunicaciones recogidas incluyen, además, propuestas de carácter explícito y referencias de índole sexual, ante las cuales la destinataria llegó a rechazar sus insinuaciones y a sugerirle que se dirigiera a otra mujer. El alcalde, siempre según los mensajes citados, respondió con nuevas insinuaciones a pesar de la negativa de la trabajadora.

Baja como militante del PSOE y explicaciones

Tras estas informaciones, el PSOE de Córdoba ha difundido un escrito firmado por el propio alcalde, en el que solicita la baja como militante del partido. “Quiero comunicar públicamente mi decisión de presentar mi dimisión irrevocable como alcalde de este municipio, así como de solicitar mi baja como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”.

Admite que esta decisión “viene motivada por la reciente publicación de conversaciones y de imágenes en diversos medios de comunicación. Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento”.

“Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio. Es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento. Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello”.

“No he estado a la altura”

Asimismo, el alcalde asegura que quiere “pedir disculpas sinceramente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos y vecinas de Belalcázar. Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde”.

En ese sentido, el regidor dice que, con este paso atrás, pretende permitir que el municipio de Belalcázar “continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento. Mi compromiso con la comunidad de Belalcázar sigue siendo fuerte, pero considero que esta es la mejor decisión para preservar la confianza y el respeto que siempre he tratado de fomentar”, concluye, además de agradecer la confianza depositada en él en este mandato. “Lamento profundamente los posibles daños que este incidente haya podido causar y pido disculpas de todo corazón”.

La titulad del Juzgado de Instrucción número siete de Córdoba ha vuelto a activar la causa de la denuncia presentada en su día por María Dolores Baena, exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, frente al delegado de Cultura, Eduardo Lucena, y una técnica de la Delegación. Según la providencia firmada por la jueza el pasado 1 de diciembre, se han concedido un nuevo plazo a la Fiscalía y las partes para que presenten nuevos escritos.

Según han confirmado fuentes judiciales, la magistrada ha atendido las peticiones de la acusación, ejercida por Sanivo Abogados, y la ejecución de pruebas periciales pendientes. Por otra parte, ha planteado en una providencia una posible nulidad de su propio auto de archivo, algo que aún no es firme, ya que está pendiente del pronunciamiento de las partes.

La exdirectora del Museo planteó en su demanda que el informe con el que se justificó su cese fue creado ad hoc y que por tanto el mismo no tendría validez legal alguna.

La denuncia inicial, presentada por Baena en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, se amplió tras descubrirse la existencia de un informe “inesperado” durante el proceso judicial. Según el relato de la defensa de Baena, la Junta aportó un primer informe del responsable informático de la Delegación de Córdoba, en el que se certificaba la validez de las firmas sin presentar documentación técnica que sustentara tal afirmación. A raíz de esa insuficiencia, la parte denunciante solicitó mayor información, petición que fue denegada judicialmente y recurrida, hasta que finalmente se presentó un informe pericial independiente que cuestiona los argumentos técnicos de la Junta.

A pesar de que la Consejería presentó un segundo informe en respuesta a la presión judicial, la defensa de Baena sostiene que este sigue sin aclarar cuestiones clave, razón por la cual se ha aportado un nuevo contrainforme que vuelve a poner en tela de juicio la fiabilidad del documento digital.

Ahora se van a practicar todas las pruebas periciales y diligencias que ha planteado la abogada de Baena, una vez que la providencia en la que la jueza plantea la nulidad de su propio auto se haga efectiva.

La protesta de los alumnos de la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba se han manifestado este jueves por la falta de respuesta de la dirección del centro a sus reiteradas reclamaciones por la ausencia de calefacción en las aulas.

Lo que empezó el pasado martes con una sentada pacífica en la puerta del centro, ha escalado este martes con una manifestación por las calles del centro, en la que han participado medio centenar de alumnos. Todo porque, según denuncian, ni la dirección del centro ni la Delegación de Educación han tomado en serio sus reivindicaciones por la falta de climatización en la ESAD, algo que, aseguran, llevan denunciando desde hace semanas.

Así, entonando cánticos como “Somos artistas, no pingüinos” o “azul y morado, los labios congelados”, y parapetados tras una pancarta en la que se podía leer “Por unos estudios de arte dramático dignos”, los estudiantes han paseado sus proclamas por el centro de la ciudad, partiendo desde la ESAD y recorriendo las Tendillas, la calle Gondomar, la Victoria y la avenida del Aeropuerto, en dirección a la Delegación de Educación.

Fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía indicaron el pasado martes a este periódico que tanto la empresa reparadora como la dirección del centro “están en perfecta coordinación para el arreglo de la caldera, que ya, incluso, ha sido reparada en una primera fase”.

La Policía Nacional está tratando de identificar a un hombre que, en la noche de este sábado 22 de noviembre, trató de apuñalar presuntamente a un conductor de autobús de la línea Aucorsa. Según las fuentes consultadas, el agresor logró huir del lugar y está en paradero desconocido.

Los hechos han sido denunciados por el comité de empresa de Aucorsa, que ha exigido medidas urgentes de protección para conductores e inspectores tras “el grave intento de agresión”. Este intento frustrado de apuñalamiento se produjo sobre las 20:00 en la zona de Campo Madre de Dios.

La Policía Nacional se personó en el lugar para tomar declaración al conductor, que no resultó herido. Con posterioridad se dio aviso para intentar localizar al presunto agresor, que logró huir del lugar. En este momento, aún no ha sido ni identificado ni detenido.

Por su parte, el comité de empresa de Aucorsa ha manifestado su más enérgica condena de los hechos y reclama a la administración competente la implantación inmediata de la figura de agente de la autoridad para los conductores de autobús e inspectores. 

El comité considera inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, especialmente al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas. “Una agresión de este tipo no solo pone en riesgo la integridad del profesional, sino también la de todo el pasaje, el resto de usuarios de la vía y la ciudadanía”, indican. 

Asimismo, se insta a la empresa a cumplir con su deber en materia de prevención de riesgos laborales, implantando mamparas integrales completamente cerradas en todos los autobuses con el fin de garantizar la seguridad de la plantilla. 

Los conductores e inspectores de Aucorsa llevan años sufriendo amenazas y agresiones verbales y físicas durante el desempeño de su trabajo, pero nunca se había alcanzado un nivel de gravedad como el del episodio vivido ayer por nuestro compañero. Desde el comité de empresa y la totalidad de la plantilla queremos expresar nuestro apoyo, solidaridad y deseo de pronta recuperación al trabajador afectado. 

Con el objetivo de visibilizar la situación y exigir soluciones inmediatas, el comité de empresa convoca una concentración de protesta el próximo miércoles 26 de noviembre a las 10:30 horas, en las puertas de la empresa. En ella se insistirá en la urgencia de declarar agentes de la autoridad a conductores e inspectores, así como en la necesidad de implementar sin demora las medidas de protección adecuadas. 

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada en marzo pasado por el PSOE, Hacemos Córdoba y colectivos LGTBI por la que pedían que se investigara un posible delito de odio en una campaña que señalaba a las personas trans a través de mensajes instalados en las marquesinas municipales de Córdoba.

La campaña en cuestión era de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y se puso en las marquesinas poco antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ellas, cuestionaba si “¿La mujer nace o se hace?”, y señalaba que “la mayoría lo tiene claro, aunque en los tiempos que corren algunos tienen miedo a hablar”, todo ello junto al hastag #LaMujerNace.

Ante este mensaje, partidos como el PSOE y Hacemos Córdoba, además de colectivos LGTBI llevaron su denuncia a la Fiscalía. Ahora, y tras haberse trasladado el asunto a la Fiscalía de Madrid, se ha conocido el archivo de dicha denuncia, que se interponía por lo que consideraban un señalamiento y un posible delito de odio contra las personas trans.

La campaña se enmarcaba deliberadamente en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer, utilizaba el color morado del movimiento feminista y se pudo ver en varias de las marquesinas publicitarias que gestiona el Ayuntamiento de Córdoba, que se desvinculó de la campaña.