La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Hinsallauz', a tres hombres de entre 24 y 39 años acusados de disparar varias veces desde un coche contra dos personas, un hombre y una mujer, mientras caminaban por Iznalloz (Granada), y por atropellarla a ella con dicho vehículo.

Además, una mujer de 48 años ha sido investigada por los mismos hechos, ocurrido en julio de 2024, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa. El pasado mes de agosto la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en localidades de Granada y Córdoba, lugares de residencia de los presuntos autores.

Los autores de esta agresión circulaban en un coche al parecer cubiertos con capuchas y máscaras para “ocultar su rostro. Empleaban un vehículo sustraído al que habían cambiado las placas de matrícula”. Tras efectuar los disparos y atropellar a la mujer, causando heridas que no revistieron gravedad, huyeron y quemaron el automóvil a varios kilómetros de Iznalloz.

A pesar de todos estos esfuerzos para evitar ser detectados, la Guardia Civil recabó suficientes indicios para identificar a los autores de los hechos. Gracias a esto, descubrieron que las víctimas y los agresores se conocían y que llevaban años manteniendo rencillas.

Los conflictos entre las familias se iniciaron hace cuatro años, cuando uno de los hijos de las víctimas del intento de homicidio de julio de 2024 apuñaló a uno de los presuntos autores del mismo.

Durante este tiempo, ambas partes habrían intercambiado amenazas de muerte e incluso intentos de homicidio con armas de fuego. De hecho, según la información facilitada por la Guardia Civil, uno de ellos se consumó a principios de 2024, cuando un hijo de las víctimas del “ajuste de cuentas” de Iznalloz disparó a un familiar de uno de los presuntos autores, ocasionándole la muerte.

El tiroteo y atropello ocurridos en Iznalloz en julio de 2024 habrían tenido como finalidad precisamente vengar este primer homicidio, que también se va a enjuiciar próximamente.

Registros, armas y marihuana

El pasado mes de agosto la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en localidades de Granada y Córdoba, lugares de residencia de los presuntos autores. En los mismos se intervinieron dos armas cortas, un arma larga y teléfonos móviles, además de 292 plantas de marihuana en una plantación indoor de uno de los implicados. En uno de los registros, uno de los detenidos recibió a los agentes de la Guardia Civil arma en mano, si bien depuso su actitud de manera inmediata.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial por su presunta autoría de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículo, daños en vehículo y falsificación de placas de matrícula. Además, uno de ellos ha sido investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, han detallado desde la Benemérita en nota de prensa.

Un hombre de 34 años ha resultado herido con heridas de arma blanca durante la madrugada de este domingo en la avenida Gran Capitán de Córdoba capital.

Los hechos se produjeron poco después de las 4:00 de la madrugada, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 a este periódico y ha avanzado Radio Córdoba. La Policía Nacional ha abierto una investigación al respecto, según ha podido confirmar Cordópolis, si bien aún no se ha producido ninguna identificación ni detención.

Emergencias 112 recibió varios avisos sobre las 4:15 alertando de que un hombre se encontraba sangrando, por lo que activaron a los servicios sanitarios del 061 y a la Policía Nacional.

Trasladados hasta el lugar, los sanitarios evaluaron el estado del varón, que presentaba heridas de arma blanca, y ordenaron su evacuación al Hospital Reina Sofía.

La Fiscalía pide una pensa de diez años de prisión por un delito de lesiones y tenencia ilícita de armas para un hombre que, en el transcurso de un cobro de una presunta deuda, disparó contra una de las personas que había acudido a su domicilio “de forma violenta e intimidatoria” para que le diera el dinero. Otras seis personas, los supuestos cobradores, también serán procesados por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas.

El juicio se prevé celebrar los días 13 y 14 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba. Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, cinco de los procesados se dirigieron en coche a casa del acusado de lesiones y tenencia ilícita de armas con la finalidad de cobrar una supuesta deuda que éste mantenía con el séptimo procesado en la causa.

Al respecto, los cinco se personaron en la vivienda “de forma violenta e intimidatoria”, tras las indicaciones que había dado el séptimo para proceder al cobro de la deuda. Así, un familiar del presunto deudor abrió la puerta y les preguntó a los cinco qué querían, a lo que ellos contestaron que iban a cobrar una deuda.

El familiar les dijo que no estaba en casa el varón al que buscaban, por lo que cerró la puerta y avisó a la Guardia Civil, esperando dentro del inmueble la llegada de los agentes. El acusado al llegar a casa y ver a su familiar exaltada, se asomó por la ventana y vio a los procesados en el exterior.

Tras ello, dicho acusado cogió un rifle que tenía guardado en el armero de su vivienda, se dirigió hacia la puerta y viendo como éstos huían a bordo del vehículo, “con intención de menoscabar la integridad física y corporal de los procesados que habían acudido a su casa a reclamar el pago de la deuda, disparó en tres ocasiones, impactando uno de los cartuchos en la cabeza de uno de ellos, que iba en el asiento trasero derecho del coche”.

En este sentido, el fiscal apunta que los acusados de marcharon sin llegar a cobrar la deuda, siendo el herido trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa por el resto de procesados para ser atendido del disparo recibido.

En concreto, el procesado por delito de lesiones y tenencia ilícita de armas se enfrenta a penas de diez años de cárcel. Y los otros seis, a penas de tres años de prisión por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas, con dos años de cárcel, junto a órdenes de alejamiento del primero durante cinco años.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra un hombre de Córdoba que fue condenado por la Audiencia Provincial a siete años de prisión por un delito de posesión de drogas y otro de armas de guerra. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia y ahora lo ha hecho el Supremo, quien ha mantenido íntegro el fallo.

La investigación que generó el inicio de la causa comenzó ante las sospechas policiales de que el condenado y su padre podrían estar involucrados en tráfico de drogas y armas. Entre septiembre y octubre de 2019, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un seguimiento que culminó el 22 de octubre de 2019, cuando el procesado fue interceptado transportando cannabis en su vehículo.

Durante el registro de su domicilio en Córdoba, la Policía encontró en su dormitorio una bolsa negra con aproximadamente 100 gramos de cannabis, un subfusil ametrallador PM63 RAK de calibre 9 milímetros en buen estado de uso -con su cargador y 116 cartuchos-, un chaleco antibalas con la inscripción “DGIP”, varios cuchillos, navajas, un machete de grandes dimensiones, un revólver sin cañón, piezas metálicas de pistolas detonadoras y un teléfono móvil. En otra vivienda frecuentada por el procesado, los agentes intervinieron 113 plantas de marihuana en periodo de crecimiento junto a esquejes, lámparas halógenas, magnetos térmicos, un extractor, ventiladores y hojas manuscritas con indicaciones para el cultivo, además de una cartilla pasaporte de su perra. En total, la droga incautada ascendió a 5.169 gramos con un valor estimado en el mercado ilícito de 26.361,9 euros.

Además de la pena de prisión, el Supremo ha confirmado la multa de 39.542,85 euros que deberá abonar íntegramente. Sobre la posesión del arma, la defensa argumentó que el procesado no era el promotor ni organizador de la tenencia del subfusil. Sin embargo, la Sala ha señalado que no existen indicios de cooperación de terceros.

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha detenido en Baena a ocho personas, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas a través de una macrorredada.

La actuación, coordinada por el área de Investigación del Puesto Principal de Baena, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de siete inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas, al desmantelamiento de siete puntos de venta de drogas muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de 55 papelinas de revoltillo (heroína y cocaína), 185 gramos de MMDA, 230 gramos de marihuana en cogollos, 31 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 21,3 gramos de hachís, todo ello dispuesto para la venta, además de cinco plantas de marihuana en estado avanzado de crecimiento.

Asimismo, se ha intervenido en uno de los domicilios, una escopeta de cañones recortados, dispuesta para su uso, y de varias armas simuladas, así como multitud de joyas, maquinaria y efectos, que previsiblemente los compradores entregaban como pago por las sustancias, y de los que se continúan realizando gestiones para averiguar su procedencia, asimismo, también se ha intervenido unos 9000 euros en billetes y monedas fraccionados.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Uno de los arrestados ingresó en prisión provisional.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Baena y de la Compañía de Montilla,

Asimismo, en coordinación con personal de Endesa, se llevó a cabo inspección en tres de las viviendas ubicadas en la zona, lo que permitió confirmar la conexión de forma fraudulenta a la red de las mismas, siendo hallada en una de ellas una plantación de marihuana, y material dispuesto para la instalación de plantaciones indoor.

La Guardia Civil denunció, durante las pasadas feria y fiestas de la localidad de Baena, al titular de un puesto de venta ambulante, como presunto autor varias infracciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas.

La Guardia Civil observó durante un servicio de Seguridad Ciudadana establecido en el recinto ferial de Baena, durante las pasadas fiestas que se celebraron en la localidad, un puesto de venta ambulante, en el que se exponían armas blancas para su venta. 

Ante ello, los guardias civiles decidieron inspeccionar las armas expuestas, lo que permitió comprobar que entre las mismas se exponían un total de 29 armas prohibidas, conforme al reglamento de armas vigente, por lo que fueron intervenidas.

Tras la intervención, las armas fueron depositadas en la Intervención de Amas de Montilla.

Ante ello, la Guardia Civil procedió a la instrucción de los pertinentes expedientes de denuncia al titular del puesto, por la presunta comisión de varias infracciones a la Ley Orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas, que han sido remitidos a la autoridad competente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que denegaba a un cordobés la renovación de sus licencias de armas de caza tras valorar que su posesión supondría un riesgo para la seguridad propia y ajena. En primera instancia, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba adoptó esa decisión en marzo de 2024 que después fue confirmada por la Dirección General de la Benemérita.

La denegación se basó en que el solicitante había sido condenado en 2023 como autor de un delito leve de lesiones después de agredir a una mujer con un cabezazo, lo que le acarreó una multa de 180 euros y una indemnización de 53,56 euros. Además, sus permisos de armas ya habían sido revocados en 2022 por la comisión de varias infracciones. El recurrente alegó que se trataba de un hecho aislado y de escasa gravedad, sin que existieran otros antecedentes que justificaran su consideración como persona peligrosa.

La sentencia recuerda que el Reglamento de Armas no exige la existencia de una condena penal para la revocación o denegación de licencias, sino que faculta a la Administración a valorar el riesgo que pueda representar el titular. En este sentido, el TSJA considera que la Guardia Civil actuó correctamente al denegar la renovación al existir una condena penal que revela conductas incompatibles con el uso responsable de armas.

El recurrente únicamente podrá volver a solicitar la renovación de sus licencias de armas una vez cancelados sus antecedentes penales, lo que, tratándose de un delito leve de lesiones, ocurre a los seis meses desde el cumplimiento íntegro de la pena. No obstante, la concesión no es automática, ya que el Reglamento de Armas otorga a la Guardia Civil la potestad para valorar la idoneidad del solicitante y determinar si su conducta pasada revela o no un riesgo para la seguridad propia o ajena. En consecuencia, aunque jurídicamente pueda volver a pedir la licencia tras la cancelación de antecedentes, la Administración podrá seguir denegándola si considera que no concurren las condiciones subjetivas necesarias para el uso responsable de armas.

Cambio de tercio de 180 grados en el Ministerio de Defensa. Hace apenas un mes y medio que en Cordópolis publicábamos que Defensa reiteraba que los lanzamisiles que se van a fabricar en Córdoba debían tener tecnología israelí porque el proyecto no era “sustituible por otro proveedor”. Sin embargo, la cartera que dirige Margarita Robles ha dado una vuelta de tuerca, recula y ha iniciado un proceso de “desconexión paulatina de tecnología israelí”, tal y como han confirmado a este medio fuentes de Defensa.

¿En qué se traduce este nuevo giro? Por el momento, en dos aspectos clave. Por un lado, en la revocación de las licencias a la empresa israelí Rafael Advanced Defense System para fabricar en España misiles SPIKE LR2 contra carros. Y, por otro lado, en la reorientación del programa Silam (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), que buscaba dotar al Ejército de Tierra de lanzacohetes, construidos en su mayor parte en Córdoba y bajo tecnología israelí. Fue en octubre de 2023 cuando el Consejo de ministro aprobó el acuerdo por el que se autorizaba el contrato de fabricación de estos lanzacohetes por un valor de 576 millones de euros.

Es decir, de culminarse el proceso iniciado ahora por Defensa, el conglomerado empresarial formado por Escribano Mechanical & Engineering -asentada en Córdoba- y Expal se verá obligado a poner sus miras en otros mercados para sacar adelante estos lanzamisiles que disponen de una cobertura de fuego de 40 kilómetros con un refuerzo agregado de hasta 150. En modo misil balístico, tiene un alcance de 300 kilómetros con guía adicional para disparar múltiples cohetes y misiles de precisión. El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado 8 de noviembre de 2023 con la presencia del alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía, Javier Escribano.

Con este movimiento, España se suma al creciente grupo de países europeos que están revisando sus alianzas tecnológicas en defensa, apostando por una mayor independencia y control sobre sus capacidades militares. No obstante, el Ministerio de Defensa ya trasladó que ve “difícil” cumplir con un eventual embargo a la compraventa de armamento y material de defensa a Israel precisamente porque allí se desarrolla gran parte de la tecnología de ciberseguridad o Inteligencia Artificial, vital actualmente.

Este periódico se ha puesto en contacto con Escribano para una valoración sobre el proceso iniciado por Defensa, aunque sin éxito.

El parte policial del viernes de Feria señala que la Policía Local ha intervenido un arma blanca y que tanto este cuerpo como la Policía Nacional han intervenido en varias riñas en el recinto de El Arenal, donde por lo demás ha sido una jornada tranquila y sin detenciones.

Según el parte de la Policía Local, los agentes han actuado en cuatro infracciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana, con una intervención de un arma blanca, una riña y una identificación.

Asimismo, actuaron a requerimiento de una persona que manifestaba el incumplimiento de la orden de alejamiento de su expareja, si bien a la llegada de los agentes ya no se producía tal circunstancia. La Policía Local ha intervenido este viernes de Feria en siete actuaciones de auxilio, con un menor extraviado, cinco intoxicaciones por alcohol o drogas y un accidente en el recinto ferial.

Asimismo, ha actuado en siete ocasiones por denuncias contra las normas municipales: dos por negar el acceso a las casetas La Cena y El Padreo, aunque al llegar los agentes no observan que se niegue el acceso; tres intervenciones de mercancías y dos actuaciones por petición de hojas de reclamaciones en Las Matildes y El Ruedo. Junto a ello, han actuado ante una docena de pérdidas de objetos.

Por parte de la Policía Nacional, se ha identificado a 64 personas en la jornada del viernes de Feria y se ha actuado en tres riñas, además de levantar 34 actas por actuaciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana y actuar en dos servicios humanitarios.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado en Granada una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de armas de guerra. Durante el operativo policial se han realizado 11 entradas y registros en las localidades de Loja, Moraleda de Zafayona y Granada. Además, se ha detenido a tres personas por la comisión de presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La investigación la ha iniciado la Guardia Civil de Córdoba y la Policía Nacional de Jaén.

En el registro de una vivienda realizado en Granada los investigadores descubrieron una galería de tiro clandestina a la que se accedía tras descender hasta tres niveles bajo tierra, realizada a mano y de forma rudimentaria utilizando herramientas básicas con el fin de no alertar de ningún tipo de obra subterránea. Esta se trata de la primera galería de tiro localizada a una organización criminal en España. Era utilizada para la prueba de las armas adquiridas y posterior venta a otras organizaciones criminales y grupos delictivos, teniendo una gran profundidad y perfecta ubicación con el fin de evitar que el sonido de las detonaciones de las armas de fuego alertase a vecinos y fuerzas de seguridad. Inclusive y durante el registro de la estancia, los agentes observaron como en la misma se encontraron varias balas incrustadas en la pared de tierra, así como otros numerosos indicios de un uso actual y habitual de la galería.

Los investigadores han intervenido 3 fusiles de asalto, 1 subfusil, 6 armas cortas, 1 escopeta semiautomática, 1 chaleco antibalas, 1 kit de conversión pistola a subfusil, 2 pistolas simuladas, 1 cañón de pistola, 1 granada simulada, 1 carabina de aire comprimido, diversos cargadores de fusiles de asalto, subfusil y pistola de alta capacidad, así como abundante cartuchería metálica y no metálica. Además, se han intervenido más de 60.000€ en metálico y desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana.

Armas ocultas y enterradas

La mayoría de las armas fueron encontradas ocultas y enterradas en el terreno de una parcela con construcción chabolista en el polígono de Almanjayar, junto con una gran cantidad de munición de distintos calibres. Dicho lugar de ocultación de las armas ya estaba en el punto de mira de los investigadores debido a la existencia de fuertes indicios de que allí se estarían probando armas de fuego.

Tras numerosas actividades operativas que llevaron a los agentes a diferentes puntos de la geografía andaluza, se consiguió ubicar los domicilios de los investigados y las guarderías de las armas en Granada capital, Loja y una urbanización de chalets del municipio de Moraleda de Zafayona.

En ese punto, ya quedó patente que la organización se dedicaba a la compraventa y distribución de todo tipo de armas (especialmente de guerra), a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico para su defensa y ataque contra bandas rivales. Estas, pagaban cuantiosas sumas de dinero por la adquisición de las armas. En concreto una pistola rondaba los 6000-7000€ y un fusil de asalto los 10000-11000€.

Vendían las armas a través de aplicaciones de mensajería seguras

Con respecto a la forma en la que las armas eran comercializadas, estas eran ofertadas a través de aplicaciones de mensajería móvil seguras. A través de estas APP,s la organización ofrecía diversas armas de guerra (fusiles de asalto, subfusiles, pistolas automáticas), escopetas policiales, municiones, cargadores, chalecos antibalas y otro tipo de material táctico. Una vez se hacía el primer contacto con el potencial cliente y los investigados se cercioraban del interés sobre sus productos, los miembros de la organización grababan vídeos probando las armas para demostrar su buen funcionamiento. Incluso, en alguna ocasión, citaban a los posibles compradores para que ellos comprobaran in situ la efectividad de su mercancía.

Conforme se iba desarrollando la investigación una de las mayores dificultades que enfrentaron los agentes fue que, para la realización de las actividades delictivas, los investigados extremaban las medidas de seguridad; haciendo uso de medios técnicos y personales que dificultaban la labor policial de seguimiento y vigilancia.

Con la explotación de esta operación se ha logrado retirar de la vía pública unas armas que por su peligrosidad y capacidad de ocultación habrían podido ser usadas para cometer delitos de extrema gravedad contra la seguridad de las personas.

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia en prevención del tráfico de drogas, tuvo conocimiento a través de varias informaciones recibidas en el Puesto Principal de Priego de Córdoba, de la posible existencia de un punto de venta y consumo de drogas en un domicilio de la localidad.

Las primeras investigaciones permitieron comprobar que a la citada vivienda accedían numerosas personas a las que, tras permanecer en el interior de la misma y abandonar el lugar, se les intervinieron diferentes cantidades de droga; concretamente a uno de ellos se le intervinieron 94 gramos de hachís, por lo que fue detenido.

Una vez obtenidos indicios suficientes de la posible existencia de un punto de venta de drogas al menudeo en la vivienda vigilada, e identificar a los moradores de la misma, se solicitó mandamiento de entrada y registro que tras ser concedido, permitió detener en ese momento a las tres personas que se encontraban pernoctando en el interior de la vivienda e intervenir 36 dosis de rebujito (mezcla de cocaína y heroína), unos 15 gramos de cocaína, unos 100 gramos de hachís, unos 3 gramos de MDMA en roca, unos 3 gramos de marihuana, 28 comprimidos de metadona y 18 comprimidos de buprenorfina, así como tres armas blancas.

Tras esta intervención, la Guardia Civil continuo las gestiones para la localización y detención de otras dos personas más que habían sido identificadas durante la investigación llevada a cabo y, estaban vinculadas con la comisión del delito investigado, que también han sido detenidas

Parte de la droga intervenida se encontraba preparada para su venta en dosis, así mismo, también se intervinieron diversos productos químicos de los utilizados presuntamente para adulterar la drogas y documentos que resultan piezas convincentes de la comisión del delito investigado. Igualmente, fueron intervenidas varias cámaras de vídeovigilancia que se encontraban instaladas estratégicamente dentro de la vivienda, supuestamente para controlar la actividad que se desarrollaba en su interior.

Detenidos y droga intervenida y demás efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un hombre de 59 años ha resultado herido muy grave por arma de fuego tras una reyerta ocurrida este lunes en el municipio cordobés de Puente Genil, según ha avanzado Radio Córdoba y ha confirmado este periódico con fuentes de la Guardia Civil. Ya hay una persona detenida por su presunta implicación en los hechos, aunque no se descartan más arrestos en las próximas horas.

Agentes del Instituto Armado han abierto una investigación sobre los hechos, que se han producido en plena calle sobre las 15:00 de este lunes en el municipio pontanés, resultando herido por arma de fuego un hombre. En concreto, los hechos han ocurrido en el Grupo María Dolores de la calle Murcia, donde un hombre de 59 años ha resultado herido muy grave como consecuencia de un impacto de bala, quien ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. La Policía Local y la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos, sumándose a estos efectivos tanto la Policía Judicial como efectivos de la Usecic. 

Fuentes consultadas por este medio indican que ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios y trasladado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. La víctima está ingresada en el hospital de Córdoba con pronóstico reservado.

La Guardia Civil está tomando declaración a varias personas para determinar su implicación en los hechos.

La Guardia Civil, en colaboración con los guardas de un coto de caza, ha investigado en Hornachuelos a tres personas como presuntas autoras de varios delitos relacionados con el ejercicio de la caza.

Los hechos se iniciaron tras una llamada telefónica recibida en la Central Operativa de Servicios (COS-062) por parte del responsable de un coto de caza, quien informó de la presencia de dos personas con un arma de fuego sin autorización en el interior del coto, ubicado en el término municipal de Hornachuelos.

La Central COS avisó a la patrulla del Seprona, que se encontraba de servicio en la zona. Los agentes, junto con los guardas particulares del coto, establecieron un dispositivo que permitió localizar e identificar a dos personas dentro de la finca. Estas personas portaban un rifle de caza mayor del calibre 270 con una bala en la recámara, listo para ser disparado, el cual fue intervenido. El rifle estaba equipado con mira telescópica y silenciador. Además, portaban varios cuchillos de caza, un afilador, 12 cartuchos metálicos del calibre 270, prismáticos y un visor térmico.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que la persona que portaba el rifle carecía de licencia de armas. Al consultar la base de datos de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, se verificó que el rifle estaba a nombre de una tercera persona que no se encontraba en la finca ni había autorizado la cesión del arma.

Como resultado, se ha procedido a la investigación de tres personas: una, como presunta autora material de los delitos contra la flora y la fauna silvestre (furtivismo) y tenencia ilícita de armas; otra, como presunta autora del delito contra la flora y la fauna silvestre (furtivismo); y una tercera, como colaboradora necesaria para la comisión de los delitos al ser la propietaria del arma

Además, se ha propuesto la retirada del permiso de armas de los supuestos responsables y se han realizado informes denuncia por las infracciones cometidas, dirigidos a la Delegación Territorial de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba y a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una pelea con otro varón a mediodía de este sábado en el entorno del barrio de El Arcángel, según ha podido confirmar este periódico con diversas fuentes. El agresor ya ha sido detenido.

El servicio de Emergencias 112 ha recibido varios avisos sobre las 13:20 alertando de que se estaba produciendo una pelea en la calle Compositor Rafael Castro y había una persona herida en el cuello. Se activó entonces a los servicios sanitarios, además de a la Policía Nacional y a la Policía Local, que han acudido hasta el lugar.

Los efectivos de la Policía Local confirmaban al 112 que un hombre había resultado herido por arma blanca -indican desde Emergencias-, y ha sido evacuado por el 061 hasta el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Se trata de un varón de 35 años, con herida punzante en el cuello, estabilizado y trasladado al hospital, confirman fuentes de la Policía Local a este periódico, que habrían procedido a detener al agresor.

Según la Policía Local, se trataría de una reyerta entre aparcacoches de la zona. Asimismo, se han realizado diligencias para la identificación del varón agredido, quedan finalmente a cargo del caso la Policía Nacional.

Fuentes del centro comercial El Arcángel han precisado a este medio que el equipo de seguridad de estas instalaciones ha actuado en el primer momento de los hechos, logrando retener al agresor, hasta la llegada de la Policía.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, en la tarde de este lunes, amenazó a los viandantes que se cruzaba por la calle en Córdoba mientras portaba un hacha.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:45 en la avenida de América de la capital cordobesa, cuando la Policía Nacional comenzó a recibir distintos avisos de los viandantes que, asustados, se habían cruzado con este hombre que les increpó y amenazó con un hacha.

Fuentes policiales confirman a este periódico que hasta el lugar se desplazaron varias patrullas. Allí lograron reducir y detener al hombre, además de hacerse con el hacha, sin que conste que se hayan producido heridos.

La Policía Nacional ha arrestado al varón, acusado de un delito de amenazas graves y otro de tenencia ilícita de armas.

Varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) se han desvinculado públicamente de la organización por parte de Área de Derecho Constitucional  de unas conferencias a las que se ha invitado a participar una empresa vinculada con los ataques que está sufriendo Palestina.

Ecologistas en Acción-Córdoba había denunciado “la falta de sensibilidad de la Universidad de Córdoba” y explicaba que el próximo día 21 de octubre, en el seno de unas conferencias organizadas por profesores del Área de Derecho Constitucional de la UCO, impartirá una conferencia el principal responsable de la empresa ubicada en Rabanales 21, -Escribano Mechanical and Engineering-. Esta empresa actúa como filial de la empresa israelí Elbit System y esta última “es una de las principales abastecedoras de armas al ejército genocida de Israel”. “Esta empresa, y por extensión Escribano Mechanical se vanaglorian de que sus armas han sido probadas en combate. Entiende por combate el brutal asesinato de decenas de miles de personas indefensas en Palestina y El Líbano”, denunciaban.

Ante esto, profesores de la Universidad de Córdoba como Carlos Arce, Ángel B. Gómez Puerto, Octavio Salazar y Pablo Rabasco se han desvinculado de la organización de estas jornadas y la invitación a dicha empresa.

“Evento del que discrepamos”

Carlos Arce, profesor del Área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba, ha aclarado que “ni yo ni otros compañeros del área de Derecho Constitucional de la UCO tenemos ninguna vinculación” con las jornadas previstas, “habiendo discrepado respetuosamente de la oportunidad de la participación de alguno de los ponentes invitados por su intervención, directa o indirecta, en la hecatombe bárbara para los derechos humanos y la dignidad humana que se está produciendo en Palestina y Líbano”.

En el mismo sentido, el profesor doctor del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Ángel B. Gómez Puerto también ha emitido un mensaje público en el que se desvincula de esta iniciativa y asegura que “varios profesores de Derecho Constitucional” de la facultad de Derecho de Córdoba “no hemos participado ni en el diseño ni en la organización de estas jornadas”.

Por su parte, el profesor Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, también expone en sus redes sociales un mensaje parecido: “Ni yo ni otros compañeros tenemos nada que ver con este evento del que discrepamos”.

Podemos pide la expulsión de Escribano de este evento

Sobre este asunto también se ha pronunciado la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, que ha denunciado en una nota de prensa la presencia de la armamentística Escribano Mechanical and Engineering en el II Congreso Internacional sobre ciudadanía y cultura de la defensa, organizado por la Universidad de Córdoba y la subdelegación de Defensa el próximo 21 de octubre en la capital cordobesa.

Escribano Mechanical and Engineering, filial de la armamentística israelí Elbyt System, “es responsable del genocidio en Gaza” y ha aprovechado “la futura implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y la pleitesía del alcalde del Partido Popular para empezar a montar su fábrica en Córdoba”, según ha denunciado Velarde.

La líder morada ha recordado que la implantación de esta empresa “contraviene dos manifiestos firmados por la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba en 2012” en los que se hacía referencia a que ambas instituciones estaban en contra de las transacciones de armas con países que trasgreden gravemente el derecho internacional y humanitario.

En este sentido, Velarde ha denunciado que Elbyt System y su filial Escribano Mechanical Engineering han obtenido un contrato millonario para fabricar un lanzacohetes múltiple para las fuerzas armadas que “ha sido utilizado y probado en combate por Israel en el genocidio que está perpetrando en Palestina”.

Por todo ello, la formación morada ha exigido que “cancelen la participación de esta empresa o supriman el coloquio” donde está programado que participe el presidente de esta armamentística, ya que “permitir la participación de una empresa cómplice con el genocidio en Gaza” por parte del Gobierno de España y la Universidad de Córdoba es “absolutamente inexplicable y deleznable”.

Por último, Velarde ha afeado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que financie con dinero público “el blanqueamiento a una empresa armamentística que se enorgullece de que sus armas han sido probadas en combate”, a la vez que han vuelto a exigir “el fin del genocidio en Palestina, el fin de relaciones diplomáticas con Israel y el embargo de armas inmediato”.

El organizador defiende el debate “sin censuras previas”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) y director del II Congreso Internacional sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa', Ciro Milione, ha defendido este viernes la existencia de “espacios donde se puedan debatir, con libertad, temas relevantes para nuestra sociedad, sin censuras previas”.

En un comunicado remitido a Europa Press, Milione ha reaccionado así después de que la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, haya criticado este mismo viernes “la presencia de la armamentística Escribano Mechanical and Engineering” en el citado congreso, que tendrá lugar el próximo lunes 21 de octubre, ya que la citada empresa, que cuenta con una factoría en Córdoba y es “filial de la armamentística israelí Elbyt System, es responsable del genocidio en Gaza”.

Ante ello, Ciro Milione ha explicado que una de las mesas previstas en el congreso se centra en 'El ejército como motor tecnológico', con el objetivo de “analizar cómo la investigación en Defensa ha mejorado nuestras vidas a través de tecnologías duales, implementables, tanto en el ámbito civil, como en el militar”, y “para abordar estas cuestiones hemos invitado una empresa española que cuenta con diversos contratos con el Ministerio de Defensa de España y que trabaja en nuestra provincia”.

A continuación Milione ha resaltado que “algunos de los que coordinamos la organización del evento de la próxima semana somos docentes de Derecho Constitucional” y, “en nuestro día a día, tanto en el aula como fuera de ella, tenemos el deber y el privilegio de reivindicar que la esencia de nuestro modelo democrático radica en el reconocimiento de una sociedad plural”.

“Por ello --ha señalado en el comunicado--, es fundamental que sigan existiendo espacios donde se puedan debatir, con libertad, temas relevantes para nuestra sociedad, sin censuras previas, y una lección que hemos aprendido a través de los ponentes del ciclo de conferencias sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa' es que la supresión de estos espacios no contribuye a resolver los conflictos, sino a generarlos”.

Junto a ello, el director del congreso ha recordado que la nueva edición del mismo que se celebrará la próxima semana “representa una etapa de un recorrido que algunos docentes de la UCO emprendimos hace más de diez años, con el fin de profundizar en el estudio de la cultura de la Defensa”.

Así, con el respaldo del Ministerio de Defensa, lo que comenzó como 'Ciclo de Conferencias sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa', desde hace dos años ha adoptado el formato de congreso. Lo que no ha cambiado son los objetivos de estas iniciativas: crear un foro académico para abordar temas relacionados con la seguridad nacional e internacional y, en particular, analizar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en nuestro Estado constitucional“.

De este modo, según ha precisado, “queremos reflexionar sobre cómo, en un contexto social globalizado, las Fuerzas Armadas contribuyen activamente al mantenimiento de la paz internacional, a través de acciones de cooperación que se extienden más allá de nuestras fronteras nacionales”.

La edición de este año sigue la línea de las anteriores y, a lo largo de las sesiones, se tratarán temas diversos, como 'El papel constitucional de las Fuerzas Armadas en España', 'El rol de España en la situación geopolítica actual', 'Mujer y Fuerzas Armadas', 'Hacia unas Fuerzas Armadas europeas', 'Estrategia Nacional contra el Terrorismo: claves preventivas y anticipatorias', y 'La influencia del sector defensa en la logística de la provincia de Córdoba'.

La fábrica de lanzacohetes con tecnología israelí que acaba de instalarse en el Parque Tecnológico de Córdoba contravendría dos manifiestos públicos firmados por la Universidad y el Ayuntamiento en junio de 2012 en contra de las transacciones de armas con países que transgreden gravemente el derecho internacional y humanitario. Los dos compromisos éticos fueron suscritos en el contexto de la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas firmado diez meses después en Nueva York.

La declaración institucional acordada por unanimidad en el pleno municipal del 5 de junio de 2012 se dirigía al Ministerio de Asuntos Exteriores para recordarle una “regla de oro” del derecho internacional y humanitario. Se refería a la prohibición de la transferencia de armas cuando exista “riesgo sustancial de que vayan a usarse para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional y humanitario”.

Seis días después, el 11 de junio, la Universidad de Córdoba expresó por escrito su posición sobre el debate que se libraba a nivel internacional. “El mundo necesita un Tratado de Comercio de Armas sólido que impida las transferencias de armas susceptibles de contribuir directamente a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra”, indicaba el texto firmado por el entonces rector José Manuel Roldán Nogueras. Y añadía: “Ni un arma para atrocidades. Es hora de contar con un tratado a prueba de balas”.

Doce años después, el Parque Científico de Rabanales 21 acoge una fábrica de lanzacohetes de última generación que cuenta con la colaboración directa de la principal empresa militar israelí, Elbit Systems, que aporta la tecnología básica para el desarrollo de los mortíferos artefactos SILAM. Sobre Israel pesan una veintena de resoluciones internacionales por la vulneración grave de derechos humanos, tales como el desplazamiento forzoso de la población palestina, la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania o la construcción del muro del apartheid. Además la Corte Internacional de Justicia investiga al Gobierno israelí por un presunto delito de lesa humanidad en forma de genocidio y el fiscal general de la Corte Penal acaba de pedir una orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su titular de Defensa.

Los lanzacohetes SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) están basados íntegramente en el modelo PULS, un arma letal desarrollada por la firma Elbit Systems y usada masivamente en los territorios palestinos ocupados y Líbano. El proyecto del Parque Tecnológico está siendo liderado por la empresa española Escribano M&E, en colaboración con Expal, y cuenta con una inversión inicial de 20 millones de euros. El plan se inserta en un macro contrato valorado en 700 millones adjudicado en diciembre pasado por el Ministerio de Defensa para el aprovisionamiento de material bélico del Ejército español.

Aunque los lanzamisiles que se fabriquen en Córdoba serán para consumo interno, la contratación con la compañía Elbit Systems, a juicio de los expertos, refuerza y sostiene la “costosa ocupación militar sobre los territorios ocupados”. Un exhaustivo informe publicado en 2022 por el Centre Delás de Estudios por la Paz revela que Israel, en realidad, no necesita comprar armas sino venderlas para mantener engrasada su poderosa y puntera industria militar. “Vender armas abarata costes. Si producir un tanque cuesta 10 millones de euros, fabricar diez cuesta 50 millones. Reduce el coste por unidad a la mitad”, argumenta el documento firmado por los analistas Ainhoa Ruiz y Alejandro Pozo.

El informe sostiene que comprar material bélico israelí “llega a ser más grave” que exportar armas a Tel Aviv porque “fortalece el modelo militar y securitario y contribuye a mantener la ocupación”. Si aplicamos este argumento a la política importadora del Ministerio de Defensa, se puede inferir que el Gobierno español participa activamente en el reforzamiento del sistema de dominación israelí sobre los palestinos, pese a que vulnera la legalidad internacional tal como certifican las resoluciones de la ONU. Análoga responsabilidad recaería, por tanto, en las cuatro entidades públicas que forman parte del consejo de administración del Parque Tecnológico de Córdoba: Ayuntamiento, Universidad, Diputación y Junta de Andalucía.

Justamente esta misma semana, medio centenar de estudiantes de la UCO inició un encierro en la Facultad de Filosofía y Letras para denunciar el “genocidio” en Gaza y reclamar que el Rectorado neutralice la cesión de suelo en el Parque Científico donde se construirán los lanzacohetes de tecnología israelí. El cerco sobre el Gobierno de Netanyahu se estrecha día a día. El pasado 9 de mayo las diez universidades públicas de Andalucía anunciaron la revisión de los acuerdos firmados con las entidades académicas y centros de investigación israelíes que “no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”. El documento fue firmado por el rector de la UCO, Manuel Torralbo.

El proyecto del lanzacohetes en el Parque Tecnológico fue presentado públicamente en Capitulares por el alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía militar, Javier Escribano. Preguntado por la vulneración del compromiso ético suscrito por el Ayuntamiento en 2012, fuentes municipales han declinado hacer ningún tipo de valoración. “No vamos a comentar nada sobre el tema”, señaló escuetamente un portavoz municipal.

La Universidad de Córdoba, en cambio, sí contestó a la consulta de Cordópolis. En una nota escrita enviada a este periódico, la institución académica precisó que el capital social de la UCO en Rabanales 21 se sitúa en el 24,88%, la mayor cuota de todos los accionistas pero sin dominio en el consejo de administración. “No nos consta que el Parque haya vendido ninguna parcela a Escribano”, adujo. En el breve comunicado, la Universidad reitera su “firme compromiso con la paz, la justicia social y la salvaguarda de los derechos humanos”. Y anunció que el consejo de gobierno pedirá el “cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del Ejército israelí, así como cualquier acción de carácter terrorista”.

El grupo activista Mejor sin armas, integrado por una quincena de colectivos, sí cree que la UCO debería oponer un rechazo claro y rotundo a la presencia de proyectos armamentísticos en suelo del Parque Tecnológico, sobre todo si implican la colaboración de una compañía militar israelí. El catedrático de Genética Diego Llanes sostiene que la fábrica de lanzacohetes vulnera los compromisos que la Universidad y el Ayuntamiento suscribieron en 2012. “Se firman muchos manifiestos que luego no sirven para nada”, lamenta.

Llanes se muestra sorprendido por el hecho de que un Parque Tecnológico que tuvo un origen agroalimentario acabe convirtiéndose en un espacio para desarrollar armas. Y está convencido de que si la UCO se hubiera mostrado contraria a la instalación de la fábrica de lanzacohetes, el proyecto no habría salido adelante. “La Universidad tiene que definirse negando el uso del terreno a Escribano”, demanda Llanes. En su opinión, la indefinición del Rectorado tiene que ver con la participación del Ministerio de Defensa en el proyecto.

La firma militar Elbit Systems es una pieza clave en el régimen de dominación de la población palestina. Es la mayor proveedora de material bélico del Ejército israelí. Suministra el 85% del equipo terrestre y el 85% de los drones de uso militar. Precisamente, el dron que atacó al convoy del chef José Andrés y asesinó a siete cooperantes el pasado 1 de abril fue fabricado por la misma compañía que colabora en el proyecto liderado por Escribano en Córdoba.

Elbit Systems y decenas de empresas militares israelíes publicitan cada año con enorme éxito sus avances tecnológicos “probados en combate” en las ferias armamentísticas que se celebran en todo el mundo. Gobiernos de cualquier latitud del planeta, incluido el español, adquieren el material bélico israelí por su indiscutible fiabilidad testada sobre el terreno en Gaza y Cisjordania. “No es un producto probado en un laboratorio. El laboratorio es Gaza. Ese es el factor que determina la adjudicación del contrato, cuando debería ser al revés”, argumenta el experto Alejandro Pozo.

Elbit Systems también es la compañía responsable de los sistemas electrónicos de control del muro del apartheid construido a principios del siglo XXI para aislar a Cisjordania. La Corte Internacional de Justicia lo declaró ilegal poco después en una contundente sentencia ignorada por el Gobierno de Tel Aviv. La empresa bélica israelí fue sancionada en 2009 por Noruega por “contravenir el derecho internacional”.

La instalación del conglomerado militar en Rabanales 21 no únicamente vulnera el manifiesto firmado por la UCO en 2012. También incumple los propios estatutos de la Universidad de Córdoba. En el artículo 148 c) del capítulo 5, el documento fundacional de la entidad universitaria se compromete a “procurar el desarrollo y difusión de una cultura de la paz entre los pueblos y la defensa de los derechos humanos para todas las sociedades”. Este enunciado parece contradecir claramente la colaboración activa en un proyecto de carácter militar que perpetúa y fortalece el sistema de apartheid y ocupación de los territorios palestinos.

Uno de los principales valedores del emplazamiento de Rabanales 21 como sede de la fábrica de lanzacohetes es el consejero de Universidad y ex rector de la UCO, José Carlos Villamandos. En una intervención parlamentaria de mayo pasado, ya argumentó que el Parque Tecnológico reunía las “mejores condiciones” para acoger a Escribano y al “resto de empresas tractoras y auxiliares de la industria de la defensa” al objeto de trenzar “sinergias” con la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Diego Llanes se muestra crítico con Villamandos. “Me sorprende el papel del consejero abriendo Rabanales 21 a empresas armamentísticas. ¿Qué interés tiene un catedrático de Citología Animal en eso? Realmente no lo sé”, reflexiona Llanes.

En enero de este año, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, anunció que Córdoba iba a acoger una feria internacional de armas, centrada en la innovación. Villamandos concedió una entrevista a Europa Press, en la que incluso aportó fechas: 10 y 11 de abril. Sería una nueva edición de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa (Feindef), que apoya el Ministerio de Defensa y que se organiza cada dos años en Madrid desde el año 2019.

En marzo, varias asociaciones y partidos políticos de Córdoba se asociaron en un colectivo llamado Mejor sin armas, en el que rechazaron que se organizase esta feria de armas en la ciudad de Córdoba. El colectivo insistía en las numerosas mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba como ciudad de paz e incluso diferentes estatutos de entidades que reclamaban que no se comerciase con armas en la ciudad.

El diputado de Sumar por Córdoba Enrique Santiago llegó a formular una presunta en el Congreso al Ministerio de Defensa, en el que reclamaba información y recordaba todo lo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Además, mostraba la oposición de su grupo a la organización de este evento y lamentaba que lo apoyase el propio Ministerio.

No obstante, en su respuesta, el Gobierno señala que no le consta que se vaya a celebrar la muestra en la ciudad de Córdoba. “La última Feria Internacional de Defensa y Seguridad tuvo lugar en el mes de mayo de 2023 en los pabellones del recinto IFEMA. Tal y como aparece anunciado en su página web, la próxima edición está prevista que se celebre en Madrid en el mes de mayo del año 2025, sin que venga reflejado ninguna mención a Córdoba”, señala el Ejecutivo.

El Ministerio también agregaba que continuará con su actividad de participación, de forma activa y coordinada, en los distintos foros y organismos internacionales vinculados a la defensa “con objeto de apoyar la presencia en el exterior de las empresas españolas y velar por sus intereses aumentando sus oportunidades en el exterior”, algo que hace en esta muestra.

Esta feria se celebrará en Madrid los días 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en IFEMA (Madrid). Ya tiene más del 50% del espacio reservado a un año vista. Fundada por el Ministerio de Defensa y las asociaciones industriales, Tedae y Aesmide, la Fundación Feindef nació en 2020.

La fabricación en Córdoba de los lanzacohetes SILAM con tecnología israelí de última generación llegará al Congreso de los Diputados. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá responder a cuatro preguntas formuladas por el parlamentario Enrique Santiago en relación al letal armamento probado por el Ejército israelí en Gaza y Líbano, tal como desveló el pasado viernes Cordópolis.

El Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), que desarrollará la compañía Escribano M&E y Expal, es un modelo basado íntegramente en el PULS, un potente arma diseñada por la firma israelí Elbit Systems y usada en combate en los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967. “¿Es cierto que el lanzacohetes con tecnología israelí que se va a fabricar en Córdoba ha sido probado en Gaza?”, pregunta Enrique Santiago en un escrito dirigido al Gobierno a través de la Mesa del Congreso.

La fabricación en Córdoba de los lanzacohetes SILAM forma parte de un macroproyecto adjudicado por el Ministerio de Defensa el pasado diciembre para la adquisición de material militar valorado en casi 700 millones de euros. Escribano ya ha comprado una parcela de 23.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Rabanales 21 donde pondrá en marcha la primera fase del proyecto, con una inversión inicial de 20 millones de euros y la generación de 40 empleos directos.

“La fabricación de esos cohetes es una violación del derecho internacional humanitario porque con ellos se está cometiendo un genocidio”, declaró tajante a Cordópolis el diputado de Sumar por Córdoba. “En Gaza no hay una guerra”, agregó Enrique Santiago; “hay una operación de exterminio del pueblo palestino”. El parlamentario aseguró que Córdoba “puede ser cómplice” con la fabricación de ese tipo de armamento probado en combate para “exterminar a un pueblo inocente”.

En su opinión, el Gobierno español debería haber suspendido “cualquier relación comercial” con una empresa que participa en la “violación de derechos humanos”, en alusión a Elbit Systems. Enrique Santiago apeló, por tanto, a la aplicación de la “cláusula de respeto a los derechos humanos” que establecen los convenios comerciales de la UE con terceros países. Y recordó que su formación política ya ha pedido la cancelación de “cualquier transacción de carácter militar con Israel”.

Sumar también le pregunta al Gobierno, en cuyo Consejo de Ministros participa con cinco carteras, si la adjudicación del contrato al conglomerado liderado por Escribano “se formalizó antes o después de que Israel desencadenara la guerra en Gaza”. La cuestión no es baladí. El Ejecutivo anunció días después de la devastadora operación de represalia por los atentados de Hamás que suspendía la exportación de armas a Israel. Semanas después, elDiario.es desveló, sin embargo, que los envíos de material bélico han seguido pese al compromiso de Sánchez.

Con todo, los compromisos internacionales de España le vinculan cuando se trata de la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos. En el caso del proyecto de Córdoba encargado por el Ministerio de Defensa, el material militar que se fabrique se destinará a aprovisionamiento del propio Ejército español. Desde ese punto de vista, se trata de una operación “perfectamente legal” en términos de legislación internacional, según estimó el analista Alejandro Pozo, en conversación con Cordópolis. “Otra cosa es que sea ética”, subrayó. Elbit Systems es el primer fabricante de armas de Israel y 24 del mundo por volumen de ventas y produce abundante equipamiento militar que se prueba en combate en los territorios ocupados de Palestina. El Gobierno noruego sancionó a la compañía israelí en 2009 por participar en la construcción del muro de separación de Cisjordania, declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

En esa misma línea, el diputado Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, pregunta a sus socios de Gobierno si tiene previsto “aplicar sanciones” a la empresa Elbit Systems atendiendo a la cláusula prevista por la UE en relación a operaciones militares con terceros países que transgredan los derechos humanos. Israel ha incumplido una veintena de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU desde su fundación en 1948. Además de retirarse de los territorios ocupados, el Estado israelí tiene la obligación de permitir el retorno de los cientos de miles de refugiados que fueron expulsados de sus pueblos a partir de 1947 para poner en marcha lo que muchos expertos y organizaciones humanitarias describen como una “operación de limpieza étnica”.

Sumar también quiere saber si el Gobierno “está cumpliendo el compromiso de cancelación temporal de transacciones militares tras el 7 de octubre”. Ese día, un comando de Hamás se adentró en territorio israelí y perpetró una masacre contra la población civil, que le costó la vida a más de 1.200 personas. La respuesta del Ejército israelí dura ya seis meses de mortíferos ataques, con más de 33.000 muertos, el 80% de las viviendas destruidas y 1,5 millones de desplazados forzosos en el interior de la diminuta franja de Gaza.

El lanzacohetes PULS, modelo del que se va a fabricar en Córdoba, ha sido ampliamente utilizado por el Ejército israelí en los territorios ocupados y Líbano. Elbit Systems vende armamento en todas las ferias internacionales con el reclamo publicitario de que se trata de productos bélicos ensayados ya en combate. “No es un producto probado en un laboratorio”, puntualizó Alejandro Pozo. “El laboratorio es Gaza”. El analista del Centre Delás valora como un hecho “muy negativo” que en las ferias de armas se venda como una atracción mercantil el uso de productos bélicos en “lugares donde quien paga es la población”.

La de Sumar es la segunda iniciativa parlamentaria relacionada con Córdoba en dos días. El pasado lunes Enrique Santiago presentó, en colaboración con el diputado Félix Alonso Cantorné, otra pregunta al Gobierno en relación a la eventual celebración de una Feria Internacional de Defensa y Seguridad en Córdoba. “¿Qué grado de participación tendrá el Ministerio de Defensa en esta feria de armas?”, inquirió el parlamentario de Sumar por escrito. En el texto, dirigido también a la Mesa del Congreso, solicita información sobre la posible existencia de ayudas públicas al evento militar.

Finalmente, Enrique Santiago dirige sus pesquisas hacia la empresa israelí Elbit Systems, socia de Escribano y Expal en el proyecto de Córdoba. El diputado quiere saber, y así se lo formula al Gobierno, si la feria contará con alguna compañía militar israelí y si se expondrá armamento bélico probado en combate en Gaza. Las cuestiones aún no han sido respondidas por el Ejecutivo. La feria de armas ha recibido el rechazo de un colectivo antimilitarista, que ha difundido un manifiesto días atrás exigiendo su suspensión.

Los lanzacohetes que la compañía Escribano M&E fabricará en Córdoba, al amparo de la Base Logística del Ejército de Tierra español, integrarán tecnología militar israelí probada en combate en Gaza. Así lo confirman investigadores de la industria armamentística consultados por Cordópolis. De hecho, el Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM) anunciado a bombo y platillo en noviembre pasado es un modelo basado íntegramente en el PULS, un arma letal desarrollada por la firma israelí Elbit Systems y usada en combate en los territorios ocupados palestinos y Líbano.

“Si tenemos que hacer un ranking de empresas controvertidas israelíes, Elbit Systems es, sin duda, la principal”, indica Alejandro Pozo, analista de conflictos armados e investigador del Centre Delás de estudios sobre la paz. Se trata de la compañía de fabricación militar mayor de Israel y número 24 del mundo por volumen de ventas. Elbit Systems es la más importante firma suministradora de equipamientos de tierra y drones en operaciones militares en Cisjordania y Gaza, responsable también de los sistemas de control desarrollados en el muro de separación construido ilegalmente por el Estado israelí a principios del siglo XXI. Por esta última actuación, precisamente, la empresa Elbit fue sancionada por el Gobierno noruego en 2009 por “contravenir el derecho internacional”.

La fabricación del lanzacohetes SILAM se inserta en un macroproyecto adjudicado por el Ministerio de Defensa español en diciembre pasado a un conglomerado empresarial formado por Escribano M&E y Expal, con la colaboración de la compañía israelí Elbit Systems. El contrato asciende a casi 700 millones de euros. “La operación es perfectamente legal”, puntualiza Pozo. “Otra cosa es que sea ética”. El Gobierno español firmó la adjudicación después del 7 de octubre, cuando Israel desencadenó la operación de castigo contra Gaza en respuesta a los atentados de Hamás. Desde entonces más de 33.000 palestinos han muerto bajo fuego israelí, el 80% de las viviendas han sido destruidas y 1,5 millones de gazatíes fueron desplazados de manera forzosa.

Tecnología militar

La devastadora operación militar israelí, que ha sido denunciada ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio, “no ha sido óbice”, subraya el experto de Delás, para que el Gobierno español cambie una sola coma del contrato de adquisición de material bélico con tecnología militar diseñada por Elbit Systems. “Desde mi punto de vista, es un acuerdo muy discutible”, afirma Alejandro Pozo. El analista no puede confirmar que el lanzacohetes PULS, modelo de SILAM, haya sido utilizado en esta última ofensiva israelí sobre Gaza, pero sí en operaciones anteriores sobre la franja controlada por Hamás. Lo que sí certifica el experto consultado es el uso en Gaza por primera vez del mortero guiado Iron Sting también fabricado por Elbit. La firma israelí vende al Ejército español el mortero Cardom, igualmente probado en combate, además de equipos de transmisores, cámaras térmicas o designadores láser.

De hecho, uno de los valores añadidos ofrecidos por la firma israelí en las ferias internacionales de armamento es haber probado el lanzacohetes PULS sobre el terreno. “Publicitar un tipo de armamento porque ha sido utilizado en lugares donde quien paga es la población en su conjunto, para nosotros es algo muy negativo”, argumenta Pozo. “No es un producto probado en un laboratorio. El laboratorio es Gaza. Ese es el factor que determina la adjudicación del contrato, cuando debería ser al revés”.

El lanzacohetes SILAM dispone de una cobertura de fuego de 40 kilómetros con un refuerzo agregado de hasta 150. En modo misil balístico, tiene un alcance de 300 kilómetros con guía adicional para disparar múltiples cohetes y misiles de precisión. En una primera fase, Escribano y Expal invertirán 20 millones de euros y generarán 40 puestos de trabajo directos. El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado 8 de noviembre con la presencia del alcalde, José María Bellido, y el consejero delegado de la compañía, Javier Escribano.

Amnistía Internacional España asegura no disponer de información específica sobre el sistema SILAM y ha declinado dar su opinión al respecto. En su último informe sobre armas, publicado el 15 de marzo de este año, califica el caso de Gaza como “claro ejemplo de doble rasero y falta de escrúpulos” de las grandes potencias que mantienen una “incalificable e ilegal actitud de seguir enviando armas a Israel”. Y cita concretamente a EEUU y Alemania.

Parcela en el Parque Tecnológico Rabanales 21

Esta organización internacional de derechos humanos ha denunciado reiteradamente la violación sistemática del derecho internacional por el Estado israelí, “incluidos crímenes de guerra”, y ha exigido a todos los gobiernos españoles desde hace 15 años la “suspensión permanente de las transferencias de armas” a Tel Aviv. Y aunque celebra el anuncio gubernamental de la cancelación temporal de las transacciones militares con Israel desde la última operación en Gaza, lamenta que los envíos se hayan seguido produciendo, tal como desveló días atrás elDiario.es.

Este periódico se ha puesto en contacto con el departamento de comunicación de Escribano M&E para conocer los detalles de la operación y verificar el uso de la tecnología israelí del lanzacohetes SILAM en los territorios ocupados palestinos. Al cierre de esta información no había contestado a la consulta.

La empresa de armamento española ha adquirido una parcela de 23.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Rabanales 21, que incluye una nave de 10.000 metros. Aquí fabricarán los lanzacohetes, además de un kit de munición guiada. El grupo activista Mejor sin armas, integrado por una quincena de colectivos, ha mostrado su rotunda oposición al proyecto y lamenta que la Universidad de Córdoba, uno de los socios mayoritarios de Rabanales 21, se preste a operaciones de esta naturaleza.

“No entiendo cómo la UCO permite que una empresa dedicada a la fabricación de armas se sitúe en el Parque Tecnológico”, protesta Diego Llanes, catedrático de Genética y miembro del colectivo antimilitarista en representación de Ecologistas en Acción. “Costó mucho esfuerzo poner en marcha el Parque Tecnológico para que termine produciendo misiles. Mucho más que se haga en colaboración con una empresa israelí que prueba sus armas en Gaza. No olvidemos que Israel lleva 75 años incumpliendo resoluciones de la ONU”, lamenta Llanes, que fue candidato a rector en 2006.

Además de la UCO, en el consejo de administración de Rabanales 21 figuran representantes de la Diputación, Junta de Andalucía y Prasa. Diego Llanes también duda de que el proyecto de Escribano cumpla los objetivos previstos en el Parque Tecnológico. “En todo caso, la innovación ya se desarrolló anteriormente por la empresa israelí”, asegura. “Y aquí no creo que se vaya a innovar nada”.