El fin de semana del 26 al 28 de septiembre tuvieron lugar en Pau los XIV Encuentros transfronterizos de la memoria histórica, democrática y antifascista, con el título de “Internacionalismo, solidaridad, laicismo”. En dichas jornadas se puso en evidencia, entre otras cosas, el papel fundamental de la Iglesia Católica (la Institución, su jerarquía y una gran parte de la feligresía) en el golpe contra la II República española, en la represión franquista y en los 40 años de dictadura.

El debate de la mesa redonda “República, democracia, laicidad, educación” puso al descubierto el poder de la Iglesia en la Dictadura de Primo de Rivera, controlando las leyes, la educación y la moral individual; la oposición frontal de los obispos, por todos los medios, a las leyes de la II República, con el apoyo del entonces Papa Pío XI, impulsando la creación de la CEDA (Confederación Española de Derechas autónomas) para “defender la civilización cristiana y combatir las leyes de la República”; el entusiasta apoyo de la jerarquía eclesiástica al golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, al que consideraban “ilegítimo, tiránico, traidor a la Patria y enemigo de Dios y de la Iglesia” (El Debate, 20 de febrero de 1936), mientras la sublevación es considerada la Santa Cruzada contra el ateísmo y el comunismo y en defensa de la civilización cristiana. Se puede resumir ese ardor de cruzada en la célebre frase del arzobispo de Burgos, el cardenal Gomera: “Benditos sean los cañones si hacen florecer el Evangelio”. Es muy citada la carta conjunta de todos los obispos (excepto Félix Vidal i Barraquer y Salvador Múgica), en mayo de 1937, donde apoyan sin fisuras al Movimiento Nacional.

El nacionalcatolicismo es la médula ideológica del franquismo, que influencia toda la legislación, toda la vida social y política del país: la Iglesia Católica se encarga de los servicios sociales y la educación, incluyendo la preparación del joven príncipe, y del control de la vida de las mujeres, y su castigo, a partir de sus criterios misóginos.

Los documentales presentados en las jornadas desvelan el cruel papel de órdenes religiosas (oblatas, adoratrices, trinitarias, hijas de la Caridad..) en el hasta hace poco desconocido 'Patronato de Protección de la Mujer', que pervivió hasta 1986, aunque esas mismas órdenes religiosas, con subvenciones públicas, siguen prestando servicios sociales a mujeres en dificultades; o la complicidad de las monjas en la trama de “bebés robados”. El magnífico documental “Los Muros”, que se proyectó en Pau, describía toda la estructura de trabajo esclavo de los presos bajo el d-nominado “Patronato de Redención por el Trabajo”, propuesto y dirigido por el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar.

En la exposición por parte de Europa Laica se puso sobre la mesa que, durante la Democracia, la jerarquía eclesiástica ha ejercido su poder para intentar condicionar las propuestas legislativas, intentando imponer sus principios morales y manteniendo o incrementando sus privilegios. Los planteamientos ultras se radicalizan bajo el papado de Juan Pablo II, con una gran influencia del Opus, que cuenta en los años 80 con más de 20 obispos y una buena cantidad de ministros en el gobierno de Aznar. Es la época en que se comienzan miles de procesos de beatificación de los “mártires de la cruzada”, propuestos por elementos franquistas como La Hermandad Sacerdotal Española, Falange, Alféreces Provisionales, Guardia de Franco o Fundación francisco Franco. Pero muchas de esas beatificaciones se produjeron en el actual siglo, en 2007.

A pesar de las leyes de Memoria, las iglesias y catedrales siguen hoy mostrando símbolos franquistas, desde placas conmemorativas en espacios cercanos al altar, hasta cruces de los caídos en sus fachadas o todo tipo de emble-mas nacionalcatólicos en los pasos procesionales. Mientras que, hasta ahora, no ha pedido perdón por su sangriento papel histórico.

Desde Europa Laica proponemos que las asociaciones memorialistas dediquen toda la atención al papel de la Iglesia Católica, si se pretende que se conozca la verdad, hacer justicia y pedir reparación. Y sobre todo para evitar la repetición, porque aún en 2025 una buena parte de esa institución, con la mayoría de la Comisión Episcopal, mantienen posicionamientos políticos muy próximos a los de la ultraderecha española, con importantes lazos internacionales de sectores ultrareligiosos y ultraconservadores.

Es cierto que los datos del CIS muestran que la sociedad española actual está muy secularizada, pero la falta de una política laicista clara y el mantenimiento de los acuerdos con la Santa Sede (1979), herederos del Concordato franquista de 1953, han convertido a la Iglesia en un actor político con poder y sin control democrático. Y pretende dominar la batalla cultural junto con la derecha y la ultraderecha: antifeminismo, lgtbifobia, oposición a la legislación de libertades sexuales, impedimentos al desarrollo de la ley de eutanasia, defensa interesada de la educación privada concertada frente a la pública, permanencia de profesorado de religión en los centros educativos, incluso en algunos universitarios… Esa influencia en la educación se mantiene y amplía, a pesar del descubrimiento de los cientos de miles de casos de pederastia, con impunidad y complicidad de muchos jueces. Cada vez hay más grupos católicos en la internacional del odio.

La mayoría antifranquista y democrática debe movilizarse por la laicidad, por un Estado sin injerencias clericales ni privilegios confesionales. Los partidos democráticos tienen la obligación constitucional de trabajar por un Estado en el que sea cierto que “no tiene ninguna religión oficial”, que sea efectivamente “aconfesional”, que viene a ser lo mismo que laico. La defensa de la laicidad es hoy una exigencia democrática. No se puede hablar de igualdad ni de soberanía popular mientras una instituciónn privada pretenda dictar el rumbo político del país desde una posición de poder, impunidad y privilegios.

La laicidad del Estado no es un aspecto o un adjetivo más. No defenderla convierte la situación actual en un problema estructural. Y como tal debe abordarse, si queremos tener un Estado verdaderamente democrático.

*Isabel Alonso Dávila, vocal de Memoria en Europa Laica

*Rafael Morales, Grupo Memoria de Europa Laica

*José A. Naz Valverde, presidente de Europa Laica

Detrás del ruido apocalíptico de las derechas hiperventiladas y soliviantadas, el Parlamento español continúa su actividad legislativa… Una de sus líneas de acción más “progresista” (Lenin la llamaría “izquierdista”) es la búsqueda de la ilegalización y disolución de organizaciones, tanto asociaciones, como fundaciones, que hacen apología de la dictadura de Franco.

Derivada de la Ley de Memoria Democrática, ley aprobada en la legislatura anterior, de lo que se trata ahora es de hacer imposible cualquier tipo de subvención pública y reconocimiento legal a organizaciones como la mediática Fundación Francisco Franco y las menos conocidas como la Serrano Suñer o la Queipo de Llano, mediante su disolución. Según la disposición adicional séptima de dicha ley, debe ilegalizarse “la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Más allá de su retraso histórico y las dudas sobre su cumplimiento efectivo, toda contribución al repudio de una dictadura que asesinó, robó a manos llenas, violó, torturó y rompió el proceso democrático de nuestro país, es bienvenida.

No obstante, las preguntas que caben plantearse son qué entendemos hoy por “exaltación del franquismo” y qué entendemos hoy por “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”. ¿De verdad pensamos que estas Asociaciones y Fundaciones apologetas del odio y la violencia agotan el conjunto de la exaltación de la dictadura y sus dirigentes? ¿Contribuyen estas iniciativas parlamentarias a extinguir otras formas de enaltecimiento del franquismo?

Mucho más normalizadas existen otras formas de exaltación de la dictadura. Y más integradas en las formas de hacer política de la actual democracia española. Pongamos algunos ejemplos.

¿Existe mayor acto de exaltación del franquismo que toda la pléyade de políticos españoles que nombran alcaldes y alcaldesas perpetuas a santos y vírgenes, además de la asistencia de cargos públicos, policiales y militares a actos religiosos? Según datos de Europa Laica, hoy en día, están vigentes en España 466 honores de diverso tipo a entidades o imágenes religiosas, de los cuales hay 298 alcaldesas perpetuas, 53 alcaldes perpetuos, 98 medallas, 23 títulos militares de general o capitán general. Respecto a su filiación partidista, entre estas concesiones al Partido Popular le corresponden 281, al Partido Socialista 258, a Izquierda Unida 38 y a Podemos 9. Aunque el dato más significativo no es esta distribución por partidos políticos, sino que de los 466 honores mencionados, solo 83 provienen de la época franquista, mientras que el resto se han otorgado en democracia. A esta exaltación del franquismo y del nacionalcatolicismo parece que no afecta la Ley de Memoria Democrática.

¿Existe mayor acto de exaltación del franquismo que toda la hiperfinanciación de cualquier tipo de actividad confesional, que en España es sinónimo de católica? Ya sea utilizando la administración del Estado mediante la recaudación de impuestos de la renta a las personas físicas de todos los contribuyentes, quieran o no, ya sea subvencionando todo tipo de actividad asociativa, como la participación de algunas cofradías en el año jubilar celebrado en mayo de 2025 en Roma que supera los tres millones de euros. En total, también según datos constatables de Europa Laica, la iglesia católica recibe del Estado una cantidad de más de 12.000 millones de euros, lo que supone casi el 1% del PIB español de 2024.

¿Existe mayor acto de exaltación del franquismo que conceder a la iglesia católica la capacidad notarial de identificar propiedades, entre 1946 y 2015, con un especial impulso en 1998? En un caso único en toda Europa, las inmatriculaciones de la iglesia católica suponen la mayor agresión al patrimonio histórico-cultural español con la complacencia de toda la clase dirigente política. Bueno, a este tipo de patrimonio, sin olvidar la inmatriculación de plazas, garajes, parques o terreno rústico.

¿Existe mayor acto de exaltación del franquismo que el adoctrinamiento que de forma cotidiana se realiza en los centros concertados, bajo el paraguas legal del “ideario propio”, en muchos casos contrario al ideario común constitucional? Además, en los Centros Educativos Públicos también se imparte religión confesional, en su 97% católica, financiando a un cuerpo parafuncionarial encargado de impartir unas materias sin control por parte de la administración y condicionando horarios y currículos del resto de materias.

En definitiva, la normalización del franquismo goza hoy en España de buena salud. Por ello, sin adoptar posiciones maximalistas, ilegalizar hoy fundaciones franquistas no deja de ser tirar migas a las palomas. Una vez más, volvemos a plantearnos el sentido de la llamada “transición a la democracia” en España y la naturaleza del llamado “régimen del 78”. ¿Y si nos hubiesen engañado y el régimen del 78 no existe, sino que ese periodo histórico no es más que una fase del auténtico régimen vigente, el “régimen del 39”?

La laicidad del Estado es la base de todo modelo democrático en sociedades de pluralismo ideológico donde todas las convicciones son tratadas en pie de igualdad. La laicidad del Estado en España solo es posible eliminando toda forma de “exaltación del franquismo”.

José Antonio Naz, natural de Almodóvar del Río (Córdoba), ha sido nombrado nuevo presidente de Europa Laica, sucediendo a Pablo Gutiérrez Toral. La organización, fundada en 2001, promueve la separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad de conciencia. Ana Baragaña Asurabarrena ocupará la vicepresidencia.

Naz, catedrático de francés y docente en la escuela pública, ha estado vinculado a movimientos de renovación pedagógica y ha desempeñado roles como asesor y director en centros de formación del profesorado. Su compromiso con el laicismo se consolidó en 2008 al convertirse en el primer portavoz de Córdoba Laica y, desde hace tres años, ha presidido Andalucía Laica.

En su trayectoria, Naz ha denunciado los privilegios de la Iglesia católica en España, subrayando que, aunque la sociedad se ha secularizado, las instituciones aún operan como si el país fuera confesional. Entre sus objetivos al frente de Europa Laica destacan la eliminación de exenciones fiscales a entidades religiosas, la supresión de símbolos religiosos en espacios públicos y la derogación de acuerdos con la Santa Sede.

Con este nuevo liderazgo, Europa Laica reafirma su compromiso con la defensa de un Estado laico y la promoción de políticas que garanticen la igualdad y la libertad de conciencia para todos los ciudadanos.

“No os engañe nadie de ninguna manera, porque [Jesucristo] no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Tesalonicenses, II: 3)

El 26 de septiembre de este año, un grupo de unas 20 personas se dieron cita en el Obispado de Córdoba para presentar las correspondientes solicitudes de Apostasía. Aunque el procedimiento requerido se ha simplificado bastante, había que aportar la siguiente documentación: certificado de bautismo, copia compulsada del DNI y solicitud escrita, donde se expresa la decisión “haciendo constar que conoce las consecuencias”. Dicha documentación se presentó personalmente en entrevista con el secretario, que fue bastante rápida. En realidad no hay mucho que hablar ante una clara solicitud de una persona adulta.

Desde mediados de octubre se han venido recibiendo las respuestas de la Vicaría General. El escrito recibido por la mayoría indica que “en respuesta a su escrito de renuncia por acto formal a la Iglesia Católica” se acepta porque “consta su conocimiento y aceptación de las consecuencias canónicas”; se informa de que se ha comunicado a la Parroquia correspondiente para “la inscripción de dicho acto en su partida de bautismo”. Por supuesto lamentan “profundamente” la decisión, pero mantienen su “comprensión misericordiosa y la voluntad de servicio” y que la Iglesia Católica siempre tendrá las puertas abiertas “si desea modificar su actual resolución”. Sin embargo, varias personas recibieron otra carta que contenía un modelo de solicitud y un escrito del vicario en el que les indicaba que debían hacer constar el conocimiento de las consecuencias canónicas de su acto; y, por tanto, “si se confirma en su decisión”, debían remitir relleno el formulario en carta certificada; el párrafo final también muestra la comprensión y la voluntad de servicio etc.

Como ciudadano de un Estado democrático y “aconfesional”, ante estos procedimientos, considero necesario hacer algunas reflexiones y consideraciones:

1.- No entiendo cómo se mantiene este procedimiento tan excepcional para darse de baja de una asociación particular. En cualquier otra de todo tipo basta con la comunicación sin más, cuando no se causa baja directamente por no mantener los compromisos adquiridos. Es menos comprensible en el caso de la Iglesia Católica, donde las personas fueron “apuntadas” con varios días o semanas de vida, evidentemente sin su consentimiento. Dado los compromisos a que obliga una religión, debería estar prohibido y sancionado inscribir en ella a un menor sin su consentimiento. Los tutores y la propia Iglesia atentan a los derechos del menor a su libertad de conciencia.

2- Las normas de procedimiento administrativo dejan claro, cosa lógica, que la persona que solicite un trámite en una institución no está obligada a solicitar una documentación que ya consta en poder de la entidad a la que se dirige. Por tanto, habría que eliminar el requisito del certificado de bautismo. Igualmente en ningún otro caso se pide una compulsa del DNI para acreditar la identidad, que es evidente con la simple presentación del DNI. El procedimiento debería consistir simplemente en identificarse y firmar una solicitud de baja.

3- El hecho de anotar en el libro de bautismo la apostasía contradice la legislación sobre protección de datos; se debería proceder a borrar todos los datos. Ante denuncias de este incumplimiento, la Audiencia Nacional les dio la razón, pero el Tribunal Supremo sentenció a favor de la Iglesia en 2008, y los recursos de la Agencia de Protección de Datos fueron desestimados por el propio Tribunal Supremo y el Constitucional.¿Habrá que recurrir al Tribunal Europeo para demandar que en España la Iglesia Católica cumpla las leyes que rigen para el resto de españoles y europeos?

4- Parece evidente que la Iglesia Católica, con la complicidad de jueces y la pasividad del gobierno, intenta mantener un censo irreal de personas católicas en este país. Se trata de mantener por todos los medios la idea del nacionalcatolicismo de que España es un Estado Católico y todas las personas que la habitan también. Esa es la excusa para exigir privilegios sin límite de los gobiernos respectivos, que denigran la aconfesionalidad a la que les obliga la Constitución.

5- A estas alturas del siglo XXI, 46 años después de entrar en Democracia, ya es hora de respetar la libertad de conciencia de toda la ciudadanía y adaptar los comportamientos de las instituciones del Estado y sus relaciones con las iglesias a los mandatos constitucionales y a la realidad de secularización de la sociedad.

6- Quizás sería necesario que todas aquellas personas que se encuentran en el 40% que según el CIS “no tienen ninguna creencia religiosa”, aunque las mantienen inscritas en la Iglesia Católica, soliciten “oficialmente” ser borradas de la misma.

7- Los padres, madres y tutores deberían respetar los derechos del menor y no inscribirlos sin su consentimiento en una institución que impone una serie de principios y dogmas que contradicen la razón y los DDHH, que puede marcar su desarrollo personal y que plantea dificultades para abandonarla.

Si cada persona ejerce su libertad de conciencia y vela en todo momento por no participar en actividades que puedan contradecirla, denunciando la invasión de los espacios públicos y los privilegios de algunas creencias particulares; si exigimos la neutralidad de las instituciones frente a las religiones estaremos más cerca del Estado laico, igualitario, sin discriminación ni privilegios y una sociedad tolerante, respetuosa, racional, libre y democrática.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Andalucía Laica

Lejos de la distopía, la educación pública y laica española se aproxima a un grado de deterioro y degeneración que, como el ecocidio planetario del que nos habla José Esquinas en su último libro, amenaza con acabar con lo que debiera ser un modelo de formación de calidad, que contribuya a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades y que garantice la libertad de conciencia de todo el alumnado desde el pluralismo ideológico y sin ningún tipo de discriminación.

Y por supuesto no se trata de analizar el último informe PISA –que no por casualidad muestra las bondades de las comunidades autónomas con más despoblación y por tanto con ratios más bajas en sus promedios–, sino de cómo las políticas de las derechas en todas las comunidades donde actualmente gobiernan ahondan un modelo de adoctrinamiento, donde la religión católica nunca pierde su puesto privilegiado de control y reproducción ideológica, protegido tanto por los acuerdos internacionales con la Santa Sede de 1976 y 1979, el art. 16 de la Constitución española, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 o una jurisprudencia bien parapetada detrás de la “laicidad positiva”.

Por ejemplo, si desde la Generalitat Valenciana, la Conselleria d’Educació en manos de Vox avanza para imponer el llamado “pin parental” con el fin de seleccionar y censurar contenidos según convenga en cada caso de acuerdo con la “ética cristiana”, en Andalucía, sin necesidad de Vox, la Junta firma un convenio de colaboración con la Fundación Villacisneros, con el fin de poder intervenir en la educación de todos los jóvenes andaluces y poder realizar sus fines estatutarios: “la defensa de los valores del humanismo cristiano”, de la unidad de España y de la monarquía; asegurar el desarrollo del modelo de la familia tradicional o promover “el orgullo por la grandeza que los españoles aportamos al mundo”, todos ellos en clara sintonía con las estrategias nacionalcatólicas clásicas, incluyendo la “reflexión sobre ETA” o la lucha escolar contra el derecho vigente al aborto.

Mientras tanto, un año más, algunos padres se dispondrán en unas semanas a matricular a sus hijos en clase de religión, sometidos por la inercia confesional de la educación que España padece especialmente desde la dictadura de Franco hasta hoy. Da igual que cada vez la sociedad española esté cada vez más secularizada, como nos muestra el Centro de Investigaciones Sociológicas de forma reiterada en los últimos 25 años. Da igual que el aleccionamiento religioso suponga tanto una disonancia cognitiva y una contradicción con el razonamiento lógico y el análisis científico, como una grave violación de la libertad de conciencia de los menores, de la igualdad de toda la ciudadanía y de la neutralidad del Estado en una sociedad plural.

Mientras tanto, entre adoctrinamiento escolar y visitas pastorales de obispos en centros educativos saltándose los protocolos establecidos, desde las instituciones públicas se organiza y se financia la formación de las personas que imparten clases de religión católica en España a través de Centros de Formación del Profesorado, como el que se desarrollará entre febrero y junio en Córdoba, con cargo al dinero público, dirigido al parafuncionariado de religión católica y con contenidos del siguiente tipo: “Actitudes básicas cristianas 1: Aspectos generales. Dichosos los que eligen ser pobres. Dichosos los que sufren. Dichosos lo no violentos. Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia. Actitudes básicas cristianas 2: Introducción. Dichosos los que prestan ayuda. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los perseguidos. Dios y la felicidad. Libertad. Servicio y universalidad. Jesús como modelo de persona. Píldoras bíblicas. Cómo se formó la Biblia. Adán y Eva. Noé. Los números en la Biblia. Las tentaciones de Jesús. La Virgen en los evangelios”.

En definitiva y, mientras tanto, los llamados centros de “ideario propio” –no precisamente pedagógico– se autoeximen del cumplimiento de los valores constitucionales cuando “su ideario” lo contradice, cobran cuotas a los alumnos que quieran hacerlo “de forma voluntaria”, discriminan la diversidad ideológica del alumnado, adaptan los currículos oficiales a “su ideario” o “inflan” sus calificaciones, en una escalada permanente de su estrategia por incrementar el número de alumnos o, incluso, segregan al alumnado por sexos.

Por todo ello, humildemente –en honor de A modest proposal, una de las pequeñas novelas de Johathan Swift‒, quiero hacer una propuesta dirigida tanto a la patronal educativa de los centros concertados, como a las administraciones educativas que gestionan “los centros financiados con dinero público” ‒ignorando el diferente respeto a los valores constitucionales comunes que presentan los centros públicos y los centros concertados. Si el “ideario propio” de los centros concertados está tan protegido por el dinero público que proviene de los impuestos de todos los españoles, ¿acaso no debería ser el emblema de la enseñanza concertada: “socialismo o muerte”? Si tanto dependéis de las derechas políticas para incrementar vuestros conciertos, hiperfinanciarlos, proteger vuestro proselitismo de adoctrinamiento, exclusión y discriminación, ¿no deberíais reconocer que el negocio de los conciertos educativos depende del capitalismo subvencionado y gestionado por los amiguetes?

Ánimo, nunca es tarde para abrazar el socialismo; el “socialismo” que os entrega los beneficios y socializa la “diversidad”. Levantaos y gritad conmigo: ¡socialismo o muerte! Tan solo espero que esta humilde propuesta no os deje desconcertados…

El obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha comenzado hace unos días a realizar una ruta de “visitas pastorales” a centros educativos públicos de la provincia. La justificación es que existe la “asignatura” de Religión, cuyo profesorado programa con la diócesis esta actividad.  

El prelado no se limita a entrar en la clase de religión, en el horario de religión y con el alumnado de religión, sin alterar el normal funcionamiento del centro, como demandan las instrucciones emitidas al respecto hace años por la Delegación de Educación. En la mayoría de los casos, se interrumpen las clases, la dirección recibe al prelado como si se tratara de una “autoridad pública”, se reúne a todo el alumnado de Religión (y en algunos casos a todo el del centro) en un salón para recibir la “evangelización” del pastor, en lugar del aprendizaje de matemáticas, lengua, idiomas, conocimiento del medio, o las materias que corresponderían en ese horario. 

Esto sucede con la colaboración, consentimiento o conocimiento de las direcciones de los propios centros, de una parte de las familias y del profesorado y de la administración educativa.  

El incumplimiento de las instrucciones de la propia Delegación, no ha tenido, que sepamos, hasta ahora ninguna exigencia de responsabilidades por parte de la Inspección Educativa.  

Todo esto sucede en un centro educativo público de un Estado aconfesional, en una comunidad andaluza, cuya ley de Educación dice que “la escuela será laica”. Y en una sociedad del siglo XXI, donde el 40% de las personas se declaran no creyentes y sólo el 18% católicos practicantes. 

Estos hechos, que se están haciendo rutinarios, deberían hacernos reflexionar lo siguiente: 

1- ¿Tiene sentido el mantenimiento de la religión (católica, islámica, evangelista…) en el curriculum escolar? Desde Europa Laica entendemos que las religiones se deben practicar individualmente y en los templos respectivos y los centros educativos deben instruir y formar al alumnado en conocimientos científicos y en derechos humanos universales. Es totalmente contradictorio con los principios educativos de igualdad, libertad y tolerancia el adoctrinamiento de religiones que discriminan a la mujer, condenan a las personas LGTBI+ y anteponen las supersticiones y mitos al conocimiento científico.

Mientras, incomprensiblemente, esta pseudoasignatura permanezca en el curriculum, al menos debería impartirse fuera del horario lectivo, para que el alumnado que no está matriculado en ella no tenga que estar secuestrado esas horas, que son más de las que se dedican a muchas de las otras materias de conocimiento. Deberíamos pensar si no hay una relación entre los malos resultados de PISA (test de aptitudes de conocimiento) y la distribución de horas del curriculum.

2- Los centros educativos deberían estar protegidos de particularismos ideológicos. Es cuanto menos curioso que la Consejería de Educación haya dictado recientemente instrucciones que restringen y controlan las actividades complementarias propuestas por las centros, con una especie de censura, para velar por la neutralidad ideológica y permita y facilite el adoctrinamiento de una persona como el obispo Demetrio, que felicitó en una pastoral el éxito electoral de Vox, que es conocido por sus declaraciones públicas ultraconservadoras y aberrantes como que “en los centros de enseñanza públicos se enseña al alumnado a fornicar”, que define la inseminación in vitro como “un aquelarre infernal” o que afirma que “la ONU tiene un plan para hacer que la mitad de la población sea homosexual”. Cuesta trabajo entender que haya direcciones de centros y Consejos Escolares que no tengan en cuenta esto a la hora de permitir semejantes actividades. Es muy preocupante que las familias del alumnado de religión expongan a sus criaturas a este tipo de mensajes y que la comunidad educativa de estos centros no reaccione en contra. 

3- Lo más grave, desde mi punto de vista, es la colaboración por parte de personas responsables de la formación de los menores, en actuaciones que suponen un ataque a la libertad de conciencia de estos, exponiéndolos, por irreflexión, dejadez o por sectarismo propio, al adoctrinamiento de personas con marcadísimo perfil ideológico y sectario, como el caso del obispo. 

4- Estos hechos no se pueden “normalizar”. Son comportamientos propios de una época de nacionalcatolicismo, impropios de un Estado democrático y Aconfesional. Es responsabilidad y obligación de las propias familias, de las comunidades educativas, de las direcciones de los centros, de la inspección y la administración educativa, y de la sociedad en general velar por que la escuela pública, que debería ser única y universal, cumpla su función de formar una ciudadanía preparada en conocimientos científicos, libre, crítica y con valores humanos universales.

*José A. Naz Valverde

Presidente de Andalucía Laica y profesor jubilado

Andalucía Laica y el sindicato Ustea han denunciado “reiterados incumplimientos” de la normativa en las visitas del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a centros escolares de la provincia. Ambas entidades señalan las visitas ya realizadas en los últimos días a colegios públicos del municipio de Rute y a las anunciadas para próximos días en centros de Benamejí y Lucena.

En un comunicado, Andalucía Laica y Ustea denuncian que los días 10, 11 y 12 de enero, el obispo de Córdoba visitó los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la localidad de Rute - CEIP Ruperto Fernández Tenllado y CEIP Fuente del Moral-, “incumpliendo nuevamente las instrucciones educativas de la Delegación de Córdoba al respecto, para garantizar que dicha visita se realizara respetando los derechos de todo el alumnado, que vio cómo sus horas lectivas de clase quedaban interrumpidas por la visita del obispo”.

Las instrucciones educativas de 9 de noviembre de 2010 de la Delegación de Córdoba establecen que dicha actividad se realizará respetando la planificación y funcionamiento del centro, recuerdan.

Asimismo, indican que en las visitas a los centros públicos, “el obispo sólo podrá asistir a la clase de Religión, a la hora de Religión y exclusivamente con el alumnado que en ese momento imparta la asignatura de Religión. Sin embargo en muchas ocasiones, como en esta que nos ocupa,  no se está haciendo así. Durante la visita que ha realizado a la localidad de Rute, se ha alterado el normal desarrollo de la actividad docente durante el tiempo que duró la visita, pues no se limitó al alumnado con horario conincidente de la asignatura de religión”.

Añaden, sobre ello, que el artículo A 4.2 de las disposiciones generales de la LEA, donde se recogen los principios del sistema educativo andaluz, establece que “la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica”.

Por ello, desde Ustea y Andalucía Laica exigen al delegado Provincial de Educación, como representante de la administración en la provincia, que “vele por el cumplimiento de la legalidad vigente, por los derechos del alumnado y por el principio de laicidad en la escuela”.

Y exponen que “episodios como los protagonizados por el obispo de Córdoba en estos centros públicos educativos de Rute no pueden volver a repetirse y directivas de los centros, inspección educativa, Ampas y demás instancias debemos velar por el cumplimiento de la normativa, que es, en este caso, manifiestamente clara y precisa”.

Andalucía Laica y Usteda denuncian “la permisividad de la administración educativa ante las continuas y constantes transgresiones de su propia normativa, en concreto, la que establece el protocolo que regula cómo deben desarrollarse las visitas del obispo a los centros educativos”.

En este sentido, recuerdan que la norma “establece de forma taxativa que éstas no pueden alterar el habitual desarrollo de la jornada escolar. ¿Por qué se incumple, entonces, una norma tan meridianamente clara? Muy sencillo, por la desidia en su cumplimiento, la pasividad de unos, la complicidad de otros y el mirar para otro lado de los responsables educativos”, critican. Y advierten que estos hechos no son nuevos -“porque los incumplimientos vienen desde antiguo”, citando la visita del obispo a dos colegios de Pozoblanco hace varios años donde también denunciaron el incumplimiento de la normativa.

Procedimiento para familias y profesorado laico ante estos casos

Sobre cómo proceder por parte de las familias y profesorado laico ante visitas del obispo que vayan contra la normativa, Ustea y Andalucía Laica ofrecen una serie de consejos: si el Consejo Escolar aprueba la visita (es preceptivo su visto bueno), hay que dejar claro las condiciones antes señaladas; si se propone organizarla sin respetar dichas instrucciones, se debe denunciar a la administración educativa, centro, inspección educativa, sindicatos, mm.cc, etc; y observar el desarrollo de la actividad y, en su caso, denunciar las irregularidades: El señor obispo está en un espacio público, algo que ni él ni nadie debe olvidar. 

Por último las organizaciones firmantes hacen constar que “en la página de Facebook de la Parroquia Catalina Mártir de Rute se ha publicado numeroso material gráfico de esta visita, contraviniendo también la privacidad y la imagen de menores de edad y, doblemente grave, en un espacio escolar. El señor obispo no puede olvidar cuando visita un espacio público que está obligado, como los demás, al estricto cumplimiento de los protocolos establecidos”.

En Andalucía la presencia de la virgen María es tan notoria, que no es tópico denominar a esta región «tierra de María Santísima». (Salvador Rodriguez Becerra)

El 9 de Diciembre se conmemora el Día Internacional del Laicismo, motivo por el que Europa Laica ha difundido un comunicado. Esta circunstancia nos parece un buen momento para comentar la situación del laicismo y los comportamientos confesionales y sociorreligiosos en Andalucía.

¿Se puede mantener a estas alturas del siglo XXI la frase del antropólogo citado arriba?

Según los datos recogidos por El observatorio del laicismo, en 2023 se habían concedido honores a 443 entidades o imágenes religiosas, la mayoría de ellas a vírgenes. Entre estos honores tenemos: 282 alcaldesas perpetuas, 52 alcaldes perpetuos, 86 Medallas de Oro de la Ciudad y 23 títulos o cargos civiles o militares (General, Capitan General, Gobernadora…). En Andalucía 286, bastante más que en el resto de España.

Con estos datos, se podría decir que si no es la “tierra de María”, al menos esa “Virgen” gobierna como alcaldesa en 6 capitales, en docenas de pueblos de Andalucía y hasta tiene mando de General y Capitán General del Ejército. Podíamos ahorrarnos muchas elecciones, si las varas de mando de los ayuntamientos, de manera perpetua, están en manos de las distintas advocaciones de María.

Cientos de romerías y de fiestas se celebran en honor del patrón y mayormente patrona. Las procesiones de imágenes, también mayoría de vírgenes, se suceden a diario en las calles de nuestros pueblos y ciudades, teniendo su apoteosis en la Semana Santa. Todos estos rituales suelen ir presididos por los representantes de la sociedad civil, cargos públicos elegidos para regir la administración del Estado “aconfesional”.

El fenómeno de la Semana Santa tiene una consideración muy peculiar en Andalucía, al presentarse como “religiosidad popular”, reflejo de la “identidad” del pueblo andaluz y otras lindezas por el estilo.

Según el profesor Cesar Rino Simón, en su obra Religiosidad popular, espectáculo e identidad, estas fiestas responden a impulsos del romanticismo y se incrementan y desarrollan en el siglo XX, con intencionalidad y uso políticos, en el que marca tres momentos:

- Los años 20, como expresión del regionalismo.

- La postguerra franquista, como elemento de apoyo para el régimen.

- La Transición y proceso autonómico andaluz, donde se convierten estos rituales en baluartes identitarios.

Como fenómeno “tradicional”, considerado como una expresión artística, la Semana Santa se recrea en muchos centros educativos por alumnado infantil, en horario lectivo. En una ciudad como Córdoba se contabilizan casi 200 procesiones al margen de la Semana Santa.

Otra “tradición” confesional es la instalación de belenes en espacios públicos (ayuntamientos, centros educativos…) en celebración de las fiestas navideñas. O la profusión de Reyes Magos, que visitan centros escolares, ocupan las calles y avenidas en cabalgatas llevando regalos a niños y niñas sin importar si profesan o no religión alguna.

En cuanto al expolio de las inmatriculaciones, el acto por el que los obispos sin presentar más titulo de propiedad que su palabra, han puesto a su nombre miles de inmuebles, desde las catedrales, parroquias, ermitas, casas parroquiales hasta fincas rústicas, olivares, parcelas industriales, parkings, garajes, locales comerciales, plazas, solares destinados a uso escolar o incluso cementerios. Andalucía ocupa uno de los primeros puestos con unos 10.000 casos estimados.

A esto hay que sumar los privilegios económicos que la Junta de Andalucía y cientos de ayuntamientos conceden a la Iglesia Católica, desde exenciones múltiples de impuestos hasta subvenciones directas y reparaciones y mantenimiento del patrimonio expoliado.

También estamos a la cabeza de las autonomías con más porcentaje de centros educativos religiosos concertados, es decir pagados con dinero público; afectan a una tercera parte larga del alumnado de la región, con predominio en las grandes ciudades.

Ante este cuadro podríamos afirmar que Andalucía es ostensiblemente una autonomía confesional, cuya identidad nacional es el catolicismo.

Sin embargo, según el CIS, en 2022 sólo se declaran practicantes el 22% de los andaluces frente al 33% de no creyentes y un 40% que se considera católico no practicante. El número de no creyentes es mayor entre las personas más jóvenes. De las bodas celebradas en Andalucia en 2022 sólo el 27% se celebraron por la Iglesia, sin contar las más de 8.000 parejas de hecho y las miles de parejas que conviven sin ningún tipo de tramite administrativo. Y la mitad de las personas que nacen en Andalucía no se bautizan.

Podríamos concluir que hoy la inmensa mayoría de la población andaluza no se rige por los principios o la moral católica, pero vive imbuida en el “tradicionalismo católico” o lo que algunos antropólogos llaman “religiosidad popular” en pleno siglo XXI. Lo que Gonzalo Puente Ojea denominaba “criptoconfesionalismo” es muy evidente en nuestra región.

Parodiando la frase de Adolfo Suárez, ¿no es hora ya de “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal”, de que las administraciones y las autoridades actúen como Estado aconfesional, de acuerdo a la pluralidad de la sociedad y respetando la libertad de conciencia de cada cual?

Eso supone dejar de subvencionar desde el Gobierno andaluz en sus distintos niveles a la Iglesia Católica, cumpliendo con los acuerdos con la Santa Sede, que hace 45 años comprometía a la Iglesia a autofinanciarse. Dejar de pagar con dinero público actividades enmascaradas en tradiciones, que implican adoctrinamiento e imposición ideológica a una mayoría.

Normalizar la neutralidad institucional respecto a las creencias de cada ciudadano o ciudadana y velar por que los espacios públicos sean lugares de tolerancia y convivencia y no sean privatizados y utilizados como particulares de una determinada religión.

Y, sobre todo, que la mayoría secularizada de la sociedad empiece a comportarse como laica, siendo coherente con sus principios, sin dejarse llevar por rituales y hábitos enmascarados como actos festivos pero con claras connotaciones ideológicas.

Si no actuamos así y somos vigilantes en mantener la laicidad como fundamento de la democracia, estaremos permitiendo el desarrollo de elementos fundamentalistas, ultracatólicos y de ultraderecha, que de manera organizada están instrumentalizando esas actividades consideradas tradicionales para provocar la involución democrática.

*José A. Naz Valverde

Presidente de Andalucía Laica

Andalucía Laica ha emitido un comunicado en el que critica el convenio marco de colaboración firmado esta semana entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo Catedralicio, en relación a la Mezquita Catedral, y denuncia “subordinación y servilismo” del Consistorio rubricados en las condiciones de dicho acuerdo.

Para Andalucía Laica, este convenio permite la “utilización de medios, servicios y recursos” de la administración pública, refiriéndose a mejoras de “infraestructura y accesibilidad” y, con este acuerdo, el Ayuntamiento “reconoce toda la gestión del monumento al Cabildo, y añade, en una muestra de subordinación y servilismo, le ofrece toda la colaboración para cumplir los requerimientos de la Unesco”.

En ese sentido, critica que el gobierno municipal reconoce la “propiedad” del Cabildo sobre el monumento, contradiciendo el propio informe de expertos de septiembre de 2018 y el del secretario de la Corporación. Y otorga al edificio “naturaleza religiosa como Catedral Católica, obviando la realidad de Mezquita y contradiciendo las directrices de la Unesco en su declaración de Patrimonio de la Humanidad”.

Para Andalucía Laica, con este convenio, el Ayuntamiento “reconoce y apoya los privilegios económicos de la Iglesia católica obtenidos mediante la venta de entradas y exenciones de impuestos, y además le proporciona servicios de bomberos, policía y Sadeco. Por si fuera poco, incluso se compromete a buscar el apoyo de otras instituciones”.

Por ello, el colectivo insta a la Corporación municipal a “cumplir con su responsabilidad de velar por el patrimonio público, promoviendo las actuaciones requeridas para la recuperación del dominio público del monumento, así como su gestión pública y la aplicación de un Plan Director que ponga en valor la identidad de un edificio tan singular, de acuerdo con las directrices de la Unesco. Lo contrario supondría una dejación de sus responsabilidades, cuando no prevaricación”, advierte.

Y, finalmente, hace un llamamiento a la ciudadanía cordobesa a “manifestarse exigiendo la recuperación del dominio público del monumento identificativo de la ciudad y referente mundial”.

Andalucía Laica ha dirigido un escrito al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en referencia al uso de la iglesia de la Merced, propiedad de la institución provincial y ubicada en el interior de su sede. En este escrito, denuncia que la iglesia de la Merced se use “sin autorización como sede de una parroquia y una hermandad”.

Así, Andalucía Laica argumenta que “parece evidente que dicha Iglesia, parte del edificio y del patrimonio de la Diputación, se está utilizando de facto, y sin comunicación ni autorización, como sede de una parroquia y una hermandad religiosa, algo incompatible y contrario a la legislación de Patrimonio”, según el escrito dirigido hace unos días a la Presidencia de la Diputación, al que ha tenido acceso Cordópolis.

El colectivo sostiene que “aparece claramente como una parroquia más en el listado de la Diócesis, con su párroco y adjunto, sus horarios de culto y su ubicación 'junto a la Diputación'”, pese a que la institución provincial ha señalado que se ha dirigido al Obispado para mostrar su oposición a la ubicación de una parroquia en la iglesia de la Merced, como avanzó este periódico.

De otro lado, sobre la Hermandad de la Quinta Angustia, Andalucía Laica expone que en su web dice que “tiene su sede canónica desde 2013 en la Iglesia de la Merced”. Igualmente anuncian múltiples actividades realizadas en dicha sede, desde triduos hasta el “Pregón de las siete Palabras, que viene celebrándose desde 2016”; se detalla un índice de los continuados y periódicos cultos que se celebran. No parece normal que todo esto se realice en la sede de la Diputación Provincial sin que ésta haya autorizado formalmente la ocupación del espacio en la Capilla. Y que toda esta actividad venga realizándose durante años sin que la Institución haya recibido “ningún tipo de comunicación en tal sentido y, por tanto, tampoco ha otorgado ningún tipo de autorización al respecto”. Hay que recordar que la Diputación de Córdoba ha advertido a dicha hermandad por incumplir las condiciones de uso de la iglesia de la Merced.

“Lo más grave es que esto está sucediendo en una sede de una administración del Estado, que constitucionalmente se define como aconfesional y al tolerarlo se está permitiendo un uso irregular y particular de un bien de dominio público por parte de un grupo confesional concreto, lo que contradice la legislación de patrimonio de las administraciones publicas y los principios de neutralidad ideológica y aconfesionalidad”, denuncia Andalucía Laica.

Criterios y control del uso de la iglesia

Hay que recordar que la Diputación de Córdoba y el Obispado firmaron un convenio en 2020 para el uso de la iglesia de la Merced, propiedad de la institución provincial, para actos religiosos con determinadas condiciones, pero no para el establecimiento de una parroquia allí ni de ninguna hermandad.

Sobre este asunto, Andalucía Laica cuestiona: “Si el convenio con el Obispado se firmó el 22 de octubre de 2020, ¿con qué criterios y control se ha venido utilizando dicha Iglesia con anterioridad, desde su restauración en 2014?” y reclama que, en caso de existir uno o varios documentos previos que regulasen dicho período, solicita conocerlos.

Asimismo, pide saber si la Comisión de Seguimiento del convenio entre la Diputación y el Obispado sobre el uso de la iglesia de la Merced se ha constituido y qué papel ha tenido en estos años. La institución provincial había avanzado su decisión de reunir a la comisión, si bien no consta convocatoria de la misma ni que se haya producido hasta la fecha, según Andalucía Laica.

Con todo, el colectivo reclama que “estos hechos deberían ser corregidos por la administración pública, corrigiendo la irregularidad, posiblemente única en España, de mantener una parroquia y sus correspondientes actividades religiosas particulares en una sede del Estado”.

La Diputación de Córdoba ha advertido a la Hermandad de la Quinta Angustia por el incumplimiento de las condiciones de uso de la iglesia de la Merced, propiedad de la institución provincial y parte de su sede en el Palacio de la Merced.

El culto religioso se venía desarrollando en la antigua iglesia del Palacio de la Merced desde que en el año 2014, el gobierno del PP en la Diputación entonces, firmó un decreto por el que la institución provincial cedía al Obispado de Córdoba el uso de la recién restaurada iglesia de la Merced durante dos horas al día a partir de las 19.00. Según constaba en el texto, la Diputación obligaba al Obispado a garantizar durante ese tiempo la integridad del templo, reconstruido después del incendio que lo destruyó completamente. No fue hasta el año 2020, con otro gobierno en la Diputación conformado por PSOE e IU, cuando la institución provincial y el Obispado de Córdoba rubricaron un convenio formal para la cesión del espacio de la iglesia.

Según consta en dicho convenio, al que ha tenido acceso este periódico, “la Diputación Provincial de Córdoba es titular del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced” y admite que “la Diócesis de Córdoba ha usado la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced para el culto público respetando el valor histórico y artístico del edificio y la compatibilidad del citado uso con otros objetivos e intereses públicos”. Y establece la cesión del edificio de la iglesia a la Diócesis, según el convenio hasta diciembre de 2023: “El objetivo del presente es por tanto mantener la colaboración entre ambas instituciones en orden al uso cultural de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced por parte de la Diócesis para los fines religiosos que les son propios”.

En septiembre pasado, Andalucía Laica registró una pregunta sobre el uso de la iglesia por parte del Obispado ante la Presidencia de la Diputación y, ahora, la institución provincial responde detallando que “no ha autorizado formalmente la ocupación de espacio en la Capilla por parte de la Hermandad de la Quinta Angustia”, sino que se han otorgado “autorizaciones concretas para actos concretos que se organizan en la iglesia y en los que la institución provincial autoriza, uno a uno, estos actos fijando las condiciones necesarias para salvaguardar el patrimonio histórico”.

En ese punto, advierte que “en los casos en que no se han cumplido esas condiciones, la Diputación así se lo ha manifestado a la Hermandad”, como hace -dice- “con cualquier otro usuario de espacios provinciales”.

Sede de la Hermandad

Cuestionada la Diputación sobre el consentimiento a la Hermandad de la Quinta Angustia para que “tenga su sede canónica en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, esta institución no ha recibido ningún tipo de comunicación en tal sentido y, por tanto, tampoco ha otorgado ningún tipo de autorización al respecto”, sino que circunscribe los actos concretos de la hermandad en la sede provincial.

Por esto, entre otras cuestiones, la Diputación Provincial afirma que “ha decidido la reunión de la Comisión de Seguimiento” del convenio suscrito entre la institución y el Obispado para el uso de la iglesia de la Merced , “para la resolución de las dudas que pudieran suscitarse”. Hasta el momento, no se ha producida ninguna reunión de esta comisión desde la firma del convenio en 2020, según ha podido saber este periódico.

Cabe recordar que la Diputación Provincial de Córdoba se ubica en el Palacio de la Merced, un edificio donde se encontraba el antiguo convento de Santa María de la Merced fundado a mediados del siglo XIII. De aquella época no quedan restos hoy día y, en su lugar, a finales del siglo XVII se comenzó una reforma completa de ese antiguo convento. En medio del edificio, construida entre 1716 y 1745, quedó una iglesia. Y en 1835, el edificio pasó a ser Hospicio Provincial, una institución benéfica que se mantuvo hasta 1968, cuando se instaló como edificio público la sede de la Diputación de Córdoba.

La administración provincial es la propietaria de todo el palacio, titular también del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced. Y es por ello que la cesión del uso de esta antigua iglesia a la Diócesis de Córdoba en la actualidad ha levantado suspicacias por ceder parte de un edificio público para un uso religioso determinado, dentro de un estado que se declara aconfesional.

La Diputación Provincial de Córdoba ha comunicado al Obispado su negativa a ubicar una parroquia en su sede, en la iglesia de la Merced que forma parte del Palacio del mismo nombre, sede de la institución provincial, espacio cedido mediante convenio para uso por la Iglesia en determinadas condiciones, pero no para el establecimiento de una parroquia.

En septiembre pasado, Andalucía Laica registró una pregunta dirigida a la presidencia de la Diputación después de advertir que la Diócesis de Córdoba había nombrado al “nuevo párroco” a cargo de la iglesia de la Merced. Reclamaron conocer “si la Diputación ha prestado su consentimiento en algún momento a que la iglesia de la Merced sea una parroquia del Obispado de Córdoba”.

En respuesta a esta cuestión, la Diputación Provincial ha comunicado su respuesta -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, en la que señala que “efectivamente, ha trasladado al Obispado su oposición a la ubicación de una parroquia en la sede de la institución provincial, solicitando la adopción de las medidas necesarias en relación a lo anterior”.

Por su parte, el Obispado ha trasladado a la Diputación “las razones y argumentaciones oportunas, indicándose que en ningún caso se pone en duda la propiedad de la iglesia (...) anadiéndose que por parte de la Diócesis de Córdoba se da escrupulosos cumplimiento al uso, a los horarios, y a la protección de los valores históricos, artísticos y culturales del edificio”. Asimismo, especifica que “desde el punto de vista jurídico, el Código de Derecho Canónico define la parroquia como una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia y que, por tanto, en ningún caso se está identificando con el templo sino con la comunidad de fieles”.

La Diputación, propietaria de la iglesia de la Merced

Es conocido que la Diputación Provincial de Córdoba se ubica en el Palacio de la Merced, un edificio donde se encontraba el antiguo convento de Santa María de la Merced fundado a mediados del siglo XIII. De aquella época no quedan restos hoy día y, en su lugar, a finales del siglo XVII se comenzó una reforma completa de ese antiguo convento. En medio del edificio, construida entre 1716 y 1745, quedó una iglesia. Y en 1835, el edificio pasó a ser Hospicio Provincial, una institución benéfica que se mantuvo hasta 1968, cuando se instaló como edificio público la sede de la Diputación de Córdoba.

La administración provincial es la propietaria de todo el palacio, titular también del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced. Y es por ello que la cesión del uso de esta antigua iglesia a la Diócesis de Córdoba en la actualidad ha levantado suspicacias por ceder parte de un edificio público para un uso religioso determinado, dentro de un estado que se declara aconfesional.

En los primeros años de este siglo, la iglesia sufrió una reconstrucción después de haberse visto afectada por un incendio en los años 70. Tras dichas obras, ya en el año 2014, el gobierno del PP en la Diputación entonces, firmó un decreto por el que la institución provincial cedía al Obispado de Córdoba el uso de la recién restaurada iglesia de la Merced durante dos horas al día a partir de las 19.00. Según constaba en el texto, la Diputación obligaba al Obispado a garantizar durante ese tiempo la integridad del templo, reconstruido después del incendio que lo destruyó completamente.

Ya entonces, un exdiputado provincial denunció lo que consideraba una “ilegalidad” por “abrir al culto” la iglesia de la Merced, perteneciendo a un edificio público. Carlos Baquerín (Unión Cordobesa) fue quien criticó entonces que la iglesia “formaba parte inseparable de un edificio público y que es propiedad íntegra de la Diputación”, y consideraba que la Constitución no admiten “en modo alguno la cesión permanente de un espacio público de esa naturaleza para fines religiosos y privados en favor de una determinada confesión”.

El asunto no quedó ahí y trasladó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, quien abrió un expediente para conocer toda la información, a la vez que Europa Laica iniciaba una recogida de firmas contra la decisión tomada por la Diputación Provincial. El gobierno provincial de entonces, invitaba al Defensor a conocer “la laicidad de su sede”.

Cesión prorrogada en 2020

Desde entonces, el culto religioso se ha mantenido en la antigua iglesia del Palacio de la Merced y fue en el año 2020, con otro gobierno en la Diputación conformado por PSOE e IU, cuando la institución provincial y el Obispado de Córdoba han rubricado un convenio para la cesión del espacio de la iglesia. Según consta en dicho convenio, al que ha tenido acceso este periódico, “la Diputación Provincial de Córdoba es titular del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced” y admite que “la Diócesis de Córdoba ha usado la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced para el culto público respetando el valor histórico y artístico del edificio y la compatibilidad del citado uso con otros objetivos e intereses públicos”.

Y establece la cesión del edificio de la iglesia a la Diócesis, según el convenio hasta diciembre de 2023: “El objetivo del presente es por tanto mantener la colaboración entre ambas instituciones en orden al uso cultural de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced por parte de la Diócesis para los fines religiosos que les son propios”.

Héctor, el joven que con tan solo catorce años se pronunció sobre el uso de símbolos religiosos en las aulas del IES San Roque de Dos Torres, presentó este lunes el libro ¡No en mi instituto!. El autor, en la publicación, ha destacado su “lucha a favor de los derechos humanos”, según afirmó.  

Héctor Sánchez se convirtió, a sus 14 años, en el símbolo por la lucha de la laicidad de la educación pública en España. Este joven pidió que se retiraran los símbolos religiosos en un “espacio de educación neutro” como era su colegio, el IES San Roque de Dos Torres. En aquel entonces, el joven ya aseguraba llevar años persiguiendo esta meta, la cual no consiguió, ya que tuvo que trasladarse de centro para comenzar bachillerato.

¡No en mi instituto! recoge la historia de un alumno que “se planta ante la administración educativa que vulnera sus derechos. Héctor, con tan solo 12 años, comenzó a dar lecciones de cómo conseguir un mundo donde primen los derechos humanos, la dignidad de la persona, la no discriminación y la inclusión social. Valores propios de una escuela pública, laica y de calidad. Con 15 años luchó infatigablemente ante el director de su centro y la Delegación de Educación de Córdoba, llegando sus reivindicaciones a las más altas instancias educativas, para rechazar cualquier discriminación por razón de religión recogido en la Constitución, como la presencia de símbolos religiosos en las aulas”, según destaca su editorial, Círculo Rojo. “El libro se lo dedico a todas esas personas que quieren cambiar algo, a mis padres y a todas las asociaciones que me han apoyado”, destaca Héctor.

En pleno 2022, el joven responde cuál fue su principal impulso para llevar a cabo esta reivindicación: “fueron mis padres los que entraron y vieron los símbolos”. Desde ese momento quiso llevar a cabo esta reivindicación. El objetivo de esta publicación “es recoger toda la información que he hecho durante estos años para que los alumnos que se encuentren en la misma situación que yo tengan una referencia”. Para el autor escribir el libro no fue un acto “tan laborioso” ya que “recoger los escritos hechos para el director” fue un trabajo más ameno, aunque el hecho de publicarlo si le llevó mucho más tiempo. “Con esto hago un llamamiento para que todos luchen ya que la democracia es lo más importante”, añade el joven.

Héctor Sánchez García-Sarasa ha explicado de esta forma su trayectoria  “No quiero ni pretendo cambiar el mundo en un instante, pero me impaciento cuando las cosas no van como las planeo, aunque estoy aprendiendo a tolerarlo y disfrutarlo. Me ha ayudado mucho para combatir esa impaciencia la lucha que, durante cuatro años, he tenido que vivir para que se retirara la simbología religiosa de todas las aulas de mi instituto público, el IES San Roque de Dos Torres, en Córdoba. Esta experiencia me ha hecho aprender que los derechos humanos hay que defenderlos siempre, que la democracia es algo frágil que hay que cuidar todos los días y que todo el mundo debe poner su grano de arena para decir basta, ¡no vulneréis más nuestros derechos!”.

La presentación de ¡No en mi instituto por una educación pública, laica y de calidad! se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y contó con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.