El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar el próximo miércoles un juicio a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años y enseñarle vídeos pornográficos.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, habría usado su teléfono móvil para mostrar vídeos de carácter pornográfico a la menor. Asimismo, el escrito fiscal detalla que, en algunas ocasiones, el acusado llegó a tocar las partes erógenas de la víctima y le mostró sus propios genitales.

Por estos hechos, el Ministerio Público califica la conducta del acusado como un delito de agresión sexual a menor de 16 años, un delito continuado de exhibicionismo y un delito continuado de provocación sexual. En total, la Fiscalía interesa penas que suman ocho años de prisión, de los que seis son por el primer delito.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía ha solicitado la prohibición de comunicarse o aproximarse a la menor a una distancia inferior a 300 metros durante un periodo de cinco años, cinc años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto con menores de edad por un tiempo de cinco años adicionales a la suma de las penas de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años de cárcel y seis de libertad vigilada impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija menor de su pareja, según una sentencia hecha pública este martes.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lo consideró responsable de varios delitos de agresión sexual a menor.

De acuerdo con los hechos probados recogidos en la sentencia, por motivos laborales que implicaron el traslado de la progenitora a Badajoz, el acusado convivía habitualmente con la menor y se ocupaba con frecuencia del cuidado de la niña y su hermano.

El auto recoge que los abusos comenzaron en el verano de 2012, cuando el procesado tenía 47 años y la víctima ocho, y relata que el procesado inició las agresiones con tocamientos de carácter sexual y que posteriormente llegó a penetrar a la menor en diversas ocasiones, aprovechando que ambos se encontraban solos en la vivienda familiar, y ocultando presuntamente pruebas de ello para que evitar que la progenitora se enterase. Los abusos sexuales duraron hasta el año 2020, según el testimonio de la víctima.

Ella finalmente se lo contó a la madre en 2021, alentada por su pareja. Con posterioridad, se denunció ante la Guardia Civil. La menor ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar lo ocurrido, indica el auto.

Tras la sentencia condenatoria a doce años de prisión y seis de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel, el procesado apeló. Y ahora, el tribunal considera acreditado que el acusado se aprovechó de la relación de convivencia y de la situación de confianza existente en el entorno familiar para cometer los abusos, que se prolongaron durante años.

Tras analizar los argumentos del recurso, el TSJA concluye que la Audiencia Provincial realizó una correcta valoración de las pruebas practicadas en el juicio y que el testimonio de la víctima resulta coherente, persistente y está corroborado por otros elementos probatorios.

Por todo ello, el alto tribunal andaluz confirma la condena impuesta en primera instancia, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de hasta 15 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. El acusado será juzgado el próximo 12 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en una fecha no concretada cuando el acusado se dirigió al dormitorio donde se encontraba la víctima. Una vez allí, comenzó a besarla y realizarle tocamientos. El relato detalla que el procesado introdujo la mano de la víctima en su pantalón para que esta le masturbara, procediendo posteriormente a la penetración vaginal.

Por estos hechos, el fiscal califica lo sucedido como un delito continuado de agresión sexual. En su petición de penas, además de los 15 años de prisión, se solicita una medida de libertad vigilada durante 10 años que se ejecutaría tras cumplir la condena de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama la prohibición de que el acusado se aproxime o comunique con la víctima por un periodo de 16 años.

La acusación también incluye la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta. El documento aclara que se aplica la Ley Orgánica 10/2022 al ser considerada la regulación vigente más favorable para el acusado en este procedimiento.

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado una pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de cometer un delito de agresión sexual contra quien fuera su pareja sentimental, una joven que en el momento de los hechos era menor de 16 años. El juicio se celebrará la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en 2024, cuando el acusado introdujo su mano por debajo del top de la menor y le tocó el pecho. La joven le retiró la mano de inmediato, pero el hombre comenzó a besarla. Al recriminarle su comportamiento, el procesado respondió que su intención era “tocarla”.

La Fiscalía considera que el acusado actuó con ánimo libidinoso y califica lo sucedido como un delito de agresión sexual, tipificado en los artículos 181.1 y 181.4.d del Código Penal, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Además de la pena de prisión, la acusación pública solicita una prohibición de aproximación a la víctima a menos de 150 metros durante un periodo de diez años, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio durante el mismo plazo.

Asimismo, interesa la imposición de una medida de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la condena y una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto directo y regular con menores de edad, por un periodo superior a cinco años después de la salida de prisión.

La Policía Nacional detuvo en Córdoba el pasado domingo a un estudiante de la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción acusado de un delito de agresión sexual sobre otra alumna, según ha podido saber este periódico.

Tanto fuentes policiales como de la institución han confirmado la existencia de una denuncia por agresión sexual que tuvo como resultado la detención de un joven durante este domingo, tal y como también ha adelantado Diario Córdoba. La agresión sexual se habría producido en una habitación de las instalaciones destinadas a alojamientos de estudiantes, de donde el arrestado ha sido expulsado.

Las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que derivó el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer. El presunto agresor ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras lo cual ha decidido volver a su ciudad natal.

En declaraciones a este periódico, la UCO ha asegurado que ha activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones, ha puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y está colaborando plenamente con las autoridades competentes. Asimismo, la Universidad está dando cumplimiento al auto judicial y ha iniciado los procesos internos correspondientes.

Por respeto a la víctima y para no interferir en el proceso en curso, la institución universitaria ha decidido no facilitar más detalles sobre el asunto a la vez que ha reiterado su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia sexual y ha reafirmado su compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la convivencia en el ámbito universitario.

El Tribunal Supremo acaba de poner fin a una causa abierta contra un anciano de la provincia de Córdoba que fue condenado a 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre su sobrina-nieta. En 2024, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó tras considerar probados unos hechos que se extendieron desde que la menor tenía 13 años hasta que cumplió los 16. El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia y el Supremo ha rechazado este mes de diciembre el recurso presentado por el condenado.

Los hechos probados de la sentencia afirman que dada la extraordinaria relación familiar existente entre víctima y agresor, aproximadamente desde que la menor tenía 13 años, solía pasar los findes y algunos días de la semana en el domicilio del procesado, puesto que sus padres residían en otra localidad, lo que permitía salir a la menor con sus amigas y acudir al instituto con mayor facilidad. La hermana mayor de la menor ya había pasado periodos de estancia en el domicilio de sus tíos y la familia acudía habitualmente al mismo con una muy buena relación familiar.

En todo este periodo de tiempo, la relación entre la víctima y su tío-abuelo era muy cercana, ya que, incluso, le hacía aportaciones dinerarias y le compraba algunos efectos materiales. Durante la convivencia de la niña con el procesado, con la excusa de jugar con la menor y aprovechándose de su ascendiente sobre la misma, el hombre comenzó a realizarle tocamientos en sus senos y en la zona genital, unas veces por encima y otras por debajo de la ropa. Tales hechos ocurrieron en muy diversas ocasiones, a veces en la cama y otras en el sofá del salón de la casa, en el período de tiempo que va desde los 13 hasta los 16 años de la menor y, progresivamente, fueron ganando en intensidad. Incluso, en algunas ocasiones, el procesado llegó a introducir los dedos en la vagina de la menor, llegando a lamer sus pechos y genitales con su lengua.

En este contexto reiterado en el tiempo, a pesar de que la menor había advertido al procesado poco tiempo antes de que si continuaba con su actitud no acudiría a su vivienda, un nuevo episodio se produjo sobre las 14:30 del 20 de octubre de 2019. En esta ocasión la menor, que ya había cumplido 16 años de edad, se encontraba sentada en el sofá del domicilio en el que también se sentó el procesado. En un momento indeterminado, este la cogió de las piernas, poniéndolas encima de él, comenzando a acariciarla primero por las piernas para continuar tocándole en su zona genital. En esta ocasión, al contrario que en otras, la menor se opuso a tales hechos, apartándolo de un empujón, cayendo este al suelo. El procesado se levantó y reaccionó violentamente inmovilizando a la menor sobre el sofá y, tras quitarse él el pantalón y retirarle a ella las bragas, la penetró vaginalmente, al menos parcialmente, eyaculando sobre ella, a pesar de la oposición mostrada por la niña que le decía que no continuara.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 12 años de prisión y a siete de libertad vigilada, lo inhabilitó para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de 15 años, art. 192.3, le impuso la prohibición de aproximarse a la víctima o a su domicilio y comunicarse con ella durante 15 años, y una indemnización a la víctima de 20.000 euros.

El TSJA confirmó íntegramente la sentencia y el Supremo ha seguido la estela del Alto Tribunal Andaluz. En su recurso ante esta última superior, el condenado puso en duda la credibilidad de la víctima y afirmó que no estaba claro si los actos sexuales fueron consentidos y si existió realmente violencia. Además, defendió que no se había acreditado que ejerciera fuerza sobre la niña porque no constaban lesiones físicas, y que la menor pudo empujarlo y hacerlo caer, lo que —a su juicio— evidenciaría capacidad de defensa y excluiría la violencia exigida por el tipo penal. El Supremo ha rechazado todos los argumentos del condenado, por lo que deberá ingresar en prisión.

Los delitos contra la libertad sexual registrados en la provincia de Córdoba descendieron levemente en 2024, aunque continúan en cifras altas. Según el informe anual correspondiente al pasado año, se contabilizaron 258 hechos conocidos, once menos que en 2023, cuando se alcanzó el máximo de la serie con 269 casos. Pese a esta bajada, la cifra sigue por encima de los 241 delitos registrados en 2022.

La tasa de criminalidad sexual se situó en 3,3 delitos por cada 10.000 habitantes, una ligera reducción respecto a la tasa de 3,5 de 2023, aunque superior a la de 2022, que fue de 3,1. Esta tendencia a la baja contrasta con la tendencia a nivel nacional, donde el total de delitos sexuales conocidos aumentó en un 4,68 % de 2023 a 2024.

Más agresiones sexuales sin penetración y la pornografía infantil

Por tipología, los datos reflejan una evolución desigual. Las agresiones sexuales sin penetración son los casos más frecuentes (y engloban lo que, hasta 2022 estaba tipificado como abuso sexual). En 2024 continuaron al alza hasta alcanzar los 169 casos en 2024, frente a los 166 del año anterior y los 152 de 2022.

En cambio, las agresiones sexuales con penetración (las violaciones) descendieron. Se registraron 43 casos, nueve menos que en 2023, aunque la cifra sigue siendo superior a la de 2022, cuando se contabilizaron 39. Especialmente significativo es el aumento de los delitos de pornografía infantil, que se duplicaron en un solo año: pasaron de cinco casos en 2023 a once en 2024, frente a los cuatro registrados en 2022.

Por el contrario, varias tipologías vinculadas a la ciberdelincuencia y a los delitos de exhibición sexual mostraron una tendencia a la baja. Los casos de grooming (contacto con menores de 16 años mediante tecnología y con fines sexuales) se redujeron a cinco, la mitad que en 2023 y muy por debajo de los doce registrados en 2022.

El exhibicionismo también continuó descendiendo, con diez hechos conocidos, frente a los trece del año anterior y los dieciocho de 2022. La corrupción de menores dio lugar a nueve investigaciones, una cifra similar a la de 2023.

Alta eficacia policial

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantuvo una elevada tasa de resolución. En 2024 se esclarecieron 217 de los 258 delitos registrados, lo que supone un porcentaje de esclarecimiento del 84,1 %, cercano al máximo alcanzado en 2023.

En total, 156 personas fueron detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, aunque claramente superior a la de 2022. El número de victimizaciones también descendió levemente, con 263 casos registrados en 2024, frente a los 276 de 2023. Las agresiones sexuales sin penetración concentraron el mayor número de víctimas (177), seguidas por las agresiones sexuales con penetración, con 43 victimizaciones.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por intentar besar a una trabajadora de limpieza y coaccionarla diciéndole que, “si quería salir” de la vivienda, “tenía que darle un beso”.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023. Ese día, el procesado, residente en un bloque de la capital, se encontró en el portal con la limpiadora del bloque. Tras una breve conversación, le ofreció un vaso de agua y le indicó que había una mancha en el suelo de su vivienda, logrando que la víctima entrara al piso.

Una vez dentro de su domicilio, el hombre cerró la puerta y trató de besarla sin su consentimiento, sujetándola del cuello y de la cintura con ánimo sexual. Según relató la víctima, cuando se disponía a marcharse, el acusado le dijo que, “si quería salir, tenía que darle un beso”. La mujer se resistió, empujó al acusado y consiguió salir del piso, poniendo fin al intento de agresión.

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba lo condenó a una multa de 5.400 euros, además del pago de las costas procesales. La defensa recurrió alegando falta de pruebas para la condena, pero la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso, considerando verosímil la declaración de la víctima y corroborada por otros elementos, como la llamada inmediata a su madre y su estado psicológico tras los hechos.

Los datos de criminalidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2025 en la provincia de Córdoba revelan un fuerte incremento en los delitos contra la libertad sexual, que alcanzaron los 188 casos, un 13,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La tendencia ascendente afecta a la mayoría de municipios y se acentúa especialmente en los delitos más graves.

La categoría más grave, las agresiones sexuales con penetración, registró 43 casos entre enero y septiembre, lo que supone un aumento interanual del 34,4%. Este incremento se concentra sobre todo en municipios con subidas especialmente abruptas. Córdoba capital continúa siendo el municipio con mayor número de casos, con 25 investigaciones abiertas, lo que representa un crecimiento del 38,9% respecto al mismo periodo de 2024.

En términos numéricos, son siete casos más que el mismo periodo del año anterior, concentrando la capital más de la mitad de las agresiones con penetración contabilizadas en toda la provincia, con una media preocupante de ocho violaciones cada trimestre.

Por su parte, en Palma del Río se contabilizaron tres casos, frente al único registrado en 2024. Priego de Córdoba anotó un caso, frente a ninguno el año previo. Lucena se mantuvo estable con dos casos, idéntica cifra que en 2024. Los municipios de Cabra, Montilla y Puente Genil no registraron ninguna agresión con penetración en 2025. En Cabra, sin embargo, fueron dos, una más que en los primeros tres meses del año anterior, cuando se contabilizó un caso.

Sube también el resto de delitos sexuales

El resto de delitos sexuales —aquellos que no implican penetración— también aumentaron durante los primeros nueve meses del año, alcanzando los 145 casos, 12 más que el año pasado. No obstante, la evolución de esta categoría presenta diferencias notables entre municipios.

En Cabra se registraron tres casos, frente a uno del año anterior. También Montilla experimentó un aumento, con cinco casos en 2025, tres más que en 2024. Puente Genil sumó 12 casos, seis más que el año pasado.

Córdoba capital, en contraste con lo sucedido con las agresiones con penetración, redujo esta subcategoría hasta 73 casos, ocho menos que en 2024. Además, Palma del Río también experimentó una caída en estos delitos, con tres casos, uno menos que el año anterior. Lucena anotó diez casos, uno menos que en 2024, mientras que Priego de Córdoba se mantuvo estable con un único caso registrado.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por un presunto delito de agresión sexual, después de que lo denunciara una clienta que había acudido a la clínica donde prestaba sus servicios como quiromasajista, según han confirmado fuentes policiales a este periódico y ha avanzado Radio Córdoba.

Agentes de la Policía Nacional practicaron la detención el pasado 3 de octubre, después de realizar la correspondiente investigación tras la denuncia presentada por la mujer con el relato de los hechos ocurridos.

Esta explicó que acudió al establecimiento para recibir un masaje y, en un momento dado, el quiromasajista le habría chupado un pezón. Después de ello, la clienta abandonó el establecimiento rápidamente y acudió a interponer la denuncia en comisaría por un presunto delito de agresión sexual.

Tras ser detenido por la Policía Nacional, el hombre quedó a disposición del juez.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación por un padre cordobés condenado por un delito continuado de agresión sexual a su hija menor de edad. La resolución confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

El caso se remonta a 2009, cuando el acusado habría sometido a su hija a diversos abusos sexuales durante varios días. Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, los hechos no fueron denunciados hasta mayo de 2019, cuando la víctima decidió revelar los abusos tras conocer que su hermano menor también había cometido agresiones sexuales contra su hermana pequeña.

La Audiencia Provincial de Córdoba, en diciembre de 2023, condenó al padre a 13 años, seis meses y un día de prisión, y le prohibió a aproximarse a la víctima durante 20 años. Además, debía indemnizar a la menor con 10.000 euros por daño moral y cumplir cinco años de inhabilitación especial para ejercer profesiones relacionadas con menores.

Tras la apelación, el TSJA desestimó los argumentos de la defensa, considerando sólidas y veraces las declaraciones de la víctima, corroboradas por testimonios de educadores sociales y psicólogas especializadas en maltrato infantil. En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la defensa alegaba falta de pruebas y vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia, argumentos que han sido desestimados en su integridad.

La situación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba ha llegado a un punto límite. Sus once trabajadores han denunciado este lunes públicamente el colapso absoluto del órgano judicial, que desde el pasado 3 de octubre ha asumido, además de los casos de violencia de género, la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, incluidos los de agresión y acoso sexual.

Una carga que, según ha explicado Alberto Armas, portavoz de los trabajadores, ha supuesto un aumento inmediato del volumen de trabajo de alrededor del 30% en un juzgado ya previamente desbordado. Los funcionarios aseguran que llevan años advirtiendo de esta situación de “abandono y desprecio” por parte de las administraciones competentes. A pesar de haber elevado peticiones urgentes desde hace más de dos años –han mostrado una con fecha del 28 de junio de 2023–, afirman no haber recibido respuesta ni refuerzos suficientes. “Todo lo contrario”, denuncian. “Nos han impuesto nuevas competencias sin ningún tipo de apoyo adicional, ni humano ni material”.

Con una sola sede y una plantilla compuesta por apenas once personas, el juzgado atiende a una población de más de 340.000 habitantes, la ratio más alta de toda Andalucía en juzgados de este tipo. Para contextualizar el colapso, los trabajadores comparan su situación con la de otras capitales andaluzas: Almería, con 330.000 habitantes, cuenta con dos juzgados de violencia sobre la mujer; Sevilla, con un millón, tiene cuatro. En Córdoba, un único juzgado asume toda la carga de trabajo, sin apoyos ni desdoblamiento previsto.

“Cien mil habitantes más que el juzgado que más tiene”, destacan en su comunicado. “Volvemos a repetir: el juzgado de violencia que más tiene. Basta ya”, señalan los trabajadores, que recuerdan que, a partir de enero, este mismo juzgado va a asumir las competencias de los de Lucena, Cabra y Pozoblanco. En total: 80.000 ciudadanos más serán dirigidos a la capital parte temas relacionados con problemas en el entorno intrafamiliar (ya sea civil o penal) y con los delitos sexuales.

Estrés, ansiedad y bajas médicas

Los funcionarios describen unas condiciones laborales al borde del colapso físico y mental. Jornadas interminables, horarios indefinidos, comida ausente, detenidos que llegan a última hora del día y un ritmo de trabajo constante bajo presión, han provocado un aumento de bajas laborales por estrés y ansiedad. “Estamos al límite, sin recursos, sin conciliación familiar, sin descanso”, denuncian, relatando que se organizan entre ellos para repartirse el trabajo extra, por el que tampoco cobran compensación económica.

La situación afecta no solo a los empleados, sino a las propias víctimas de violencia de género y delitos sexuales, que deben ser atendidas con urgencia y sensibilidad. “Estas personas deben estar en nuestras dependencias el menor tiempo posible, pero no podemos atenderlas como se merecen si no tenemos ni los medios ni la salud para hacerlo”, explican. Además, subrayan que el juzgado se mantiene en situación de guardia todos los días del año, sin opción de descanso, lo que agrava aún más el desgaste físico y emocional del personal.

Desde la plantilla apuntan también al grave desconocimiento por parte de las autoridades sobre el funcionamiento real del juzgado. Mencionan, por ejemplo, que durante días se les inutilizó el sistema Adriano Civil –clave para la tramitación de procedimientos civiles– y que el sistema Nautius, utilizado para el registro de demandas, no está operativo por falta de instalación. Esto ha generado un embudo en la tramitación de causas que, aseguran, seguirá creciendo si no se toman medidas urgentes.

“No somos máquinas. La justicia no puede sostenerse a costa de nuestra salud y dignidad”, señalan con contundencia los trabajadores, que insisten en que la solución no puede ser “trasladarnos a otros juzgados” o asumir más funciones sin un refuerzo estructural. Piden un aumento inmediato de plantilla, medios materiales y una reorganización de la carga de trabajo. “Lo ideal sería que se hubiera dos juzgados para asumir todas las causas. Así, la ratio sería de 210.000 personas para cada juzgado, similar a la de Sevilla”, ha defendido Armas.

En este ámbito, el Consejo de Ministros aprobó en junio la creación de una nueva plaza de juez y otra de fiscal para la violencia sobre la mujer. No obstante, los trabajadores defienden que si se aumentan esas dos plazas, también deben convocarse nuevas plazas de funcionarios judiciales.

La Policía Local de Lucena (Córdoba) ha detenido este jueves a un varón de 46 años tras un supuesto intento de abuso sexual contra una menor de cuatro años en la vía pública.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes de Policía Local han puesto al detenido a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de investigar el suceso.

Al respecto, según ha adelantado Diario Córdoba, los hechos han ocurrido en el entorno del Llano de las Tinajerías, cuando varios vecinos observaron al individuo, que circulaba en moto y con un casco, junto a la menor, en actitud sospechosa y tratando de forzarla a mantener algún tipo de relación en un soportal.

Los testigos, percatados de la situación, retuvieron al hombre hasta la llegada de agentes de la Policía Local, quienes practicaron la detención.

Mientras tanto, la menor ha sido trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra para que sea sometida a las pruebas pertinentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la condena de 23 años de prisión impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a D. A. R. M. como autor de un delito de agresión sexual a una menor. La sentencia considera como hechos probados que el acusado agredió sexualmente a una niña que tenía solo 12 años en el momento del suceso.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2019, cuando el condenado invitó a su domicilio a la víctima, junto a otros dos menores de edad. Según el relato judicial, mientras estaban jugando, el acusado, “movido por el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos”, le quitó el sujetador a la niña. Poco después, cuando los otros dos menores subieron a otra habitación, el procesado se quedó a solas con la víctima y culminó la agresión: le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa, le quitó el pantalón y la penetró vaginalmente.

La sentencia original, dictada el 16 de enero de 2024, impuso al procesado una pena de 23 años de prisión por un delito de agresión sexual con la agravante de la edad de la víctima. Además de la pena de cárcel, se le impusieron dos años y seis meses de libertad vigilada, dos años de inhabilitación especial para cualquier profesión que implique contacto con menores, la privación de la patria potestad durante dos años, una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cuatro años. Asimismo, se le condenó a indemnizar a la menor con 4.000 euros por los daños morales sufridos.

La defensa del condenado interpuso un recurso de apelación ante el TSJA alegando una valoración defectuosa de la prueba y la falta de credibilidad del testimonio de la víctima. Sostenía que no existían pruebas directas que demostraran el contacto íntimo y que el testimonio de la menor era la única prueba de cargo. Además, argumentó que creía que la joven era “bastante mayor de los 12 años” debido a su apariencia física, lo que, según él, debía llevar a su absolución.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha desmontado todos los argumentos de la defensa. La Sala considera que el testimonio de la víctima ha sido “coherente y estable” desde su declaración inicial hasta el juicio oral, sin que se aprecien “contradicciones o incongruencias”. El TSJA subraya que la declaración de la menor no es una prueba única, sino que está “complementada y reforzada por otras pruebas que la corroboran”, como los testimonios de los otros menores presentes y del padre de la víctima, quienes confirmaron lo que les relató la niña poco después del suceso.

En cuanto al supuesto error sobre la edad de la menor, el tribunal es tajante al desestimarlo. La sentencia recoge que el acusado conocía a la víctima, ya que era amiga de un hermano suyo, había visitado su casa en otras ocasiones y sabía que estaba en edad escolar. Por tanto, los magistrados concluyen que el acusado “tuvo que ser consciente de que estaba ante una menor de 16 años” y que, aunque hubiera dudas, debió actuar con cautela, lo que no hizo.

La acusación particular, ejercida por los padres de la menor, también impugnó la sentencia inicial solicitando un aumento de la indemnización por daños morales de 4.000 a 20.000 euros. No obstante, el TSJA ha decidido mantener la cuantía original al considerar que, si bien el daño moral es innegable y ha causado un “perjuicio evidente en el desarrollo de su personalidad”, no existen motivos para incrementar la cantidad fijada por la Audiencia Provincial.

La provincia de Córdoba cerró el año 2024 con un total de 41 personas condenadas por delitos de carácter sexual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más elevada de la última década y supone un repunte significativo respecto a los ejercicios anteriores.

En 2023 se registraron 28 condenados, mientras que en 2022 fueron 30. Con el salto hasta las 41 condenas en 2024, Córdoba experimenta un aumento del 46% en solo un año y alcanza el máximo de la serie desde 2017.

El histórico de los últimos ocho años muestra una evolución irregular. En 2017 la provincia contabilizó 34 condenados, un dato que descendió a 29 en 2018 y se mantuvo en niveles similares en 2019 (28) y 2020 (29). El primer gran repunte llegó en 2021, cuando se alcanzaron 36 condenas, pero después de la pandemia la curva volvió a bajar en 2022 (30) y 2023 (28).

La subida de 2024 sitúa a Córdoba por encima de la media del periodo y refleja una preocupación añadida en la lucha contra la violencia sexual, un fenómeno que en España ha estado en el centro del debate jurídico y político en los últimos años con la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”.

Los datos del INE señalan además que este incremento de condenados en Córdoba no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una tendencia general de repunte en varias provincias andaluzas, aunque con distinta intensidad.

Más de 4.000 personas condenadas el año pasado en Córdoba

En 2024, los tribunales de Córdoba dictaron sentencia condenatoria contra un total de 4.009 personas, lo que supone un aumento del 9,6% respecto al año anterior, cuando se registraron 3.657 condenados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de condenados en 2024, 411 eran ciudadanos extranjeros, lo que representa el 10,3% del conjunto. El dato es muy similar al de 2023, cuando se contabilizaron 381 extranjeros condenados, equivalentes al 10,4% del total. Esta estabilidad refleja que, pese al aumento general de condenas en la provincia, el peso relativo de la población extranjera en las estadísticas judiciales se ha mantenido prácticamente invariable.

El incremento de condenados en Córdoba en 2024 contrasta con la tendencia de cierta estabilidad de los años previos. La subida de más de 350 sentencias condenatorias en un solo ejercicio supone el mayor repunte desde la pandemia y coloca a la provincia en niveles no vistos en el último lustro.

La comparación con el conjunto nacional muestra que Córdoba sigue una dinámica paralela a la del resto de España, donde también se ha registrado un aumento de condenas en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de los controles judiciales, la aplicación de nuevas normativas y el mayor número de causas en tramitación.

El índice de criminalidad en la provincia de Córdoba ha experimentado un aumento del 4,6% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, con especial subida de dos tipos de delitos: las tentativas de homicidios y las agresiones sexuales con penetración. El total de delitos de criminalidad ascendió a 12.743 en ese semestre.

Así se pone de manifiesto en la estadística que acaba de publicar el Ministerio del Interior respecto a la criminalidad entre enero y junio de este año y su comparativa con ese mismo semestre de 2024. Destaca que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa aumentaron un 300%, al pasar de los cuatro registrados entre enero y junio del año pasado a los 16 de este año.

Asimismo, las agresiones sexuales con penetración ascendieron en ese periodo un 78,9%, al pasar de las 19 que hubo en el primer semestre del año pasado a las 34 que se han registrado en ese mismo periodo del año actual.

Los datos estadísticos del Ministerio del Interior también dejan ver cómo aumentaron los ciberdelitos un 33,4% y el tráfico de drogas, con un 21,8% más este año.

Bajan los robos de vehículos y en domicilios

Por contra, hubo delitos que bajaron en este primer semestre respecto al año pasado. En ese aspecto, destacan las sustracciones de vehículos, con un -29,7%, al pasar de las 148 registradas en 2024 a las 104 en el semestre de este año.

Asimismo, la estadística muestra un -20,7% en los robos con fuerza en domicilios, aunque los datos de robos generales en establecimientos, viviendas y otras instalaciones bajan un -11,2%.

En esta estadística de delitos se computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Palma del Río han procedido a la detención en la localidad de Córdoba de una persona huida de la Justicia, sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Sección 1ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

La investigación se inició por parte de la UOPJ de Baleares en el mes de julio, cuando la Audiencia Provincial de Palma comunicó a la Guardia Civil que el detenido, cuya identidad responde a las iniciales O.R.B., no había ingresado en prisión en la fecha acordada tras ser condenado a 12 años por un delito de agresión sexual a una menor. Tras seguirle la pista, se averiguó que podría encontrarse residiendo en la localidad de Palma del Río, donde trataba de eludir el cumplimiento de la condena.

El agresor, español de 36 años de edad, compartía vivienda con su novia y con otra pareja, los cuales tenían una hija de 14 años. Una mañana, aprovechando la ausencia de su pareja y de los padres de la menor, el autor trató de convencerla para mantener relaciones sexuales, pero ante la negativa de esta, el hombre la intimidó haciendo ver que estaba sola y la llevó a la cama de matrimonio de su madre donde, pese a los llantos de la niña, la violó.

Gracias a las labores de investigación y posterior establecimiento de operativos de vigilancia, con el apoyo del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, el individuo fue localizado y finalmente arrestado en una vivienda de Córdoba. El hombre había cambiado su apariencia para dificultar su identificación y tenía previsto su inminente desplazamiento a otra ciudad andaluza para obstaculizar su detención.

Detenido, y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Fue violada en numerosas ocasiones. Previamente, había sufrido varios tocamientos de índole sexual. Gracias a unos intercambios de mensajes a través de WhatsApp, la madre de una menor de 12 años en Córdoba pudo descubrir que su hija estaba siendo víctima de abusos sexuales. Denunciaron al autor de los hechos y ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba fue el primer tribunal en pronunciarse sobre el caso. En abril de 2023 condenó al hombre a diez años de prisión por ese delito. Además, le impuso la prohibición de acercarse a la niña a menos de 500 metros de su domicilio, centro de trabajo o estudios, y de comunicarse con ella por cualquier medio, durante un periodo de 15 años. Asimismo, lo condenó a ocho años de libertad vigilada y a una indemnización de 15.000 euros.

Contra esta sentencia, el condenado interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la condena, tal y como ahora ha hecho el Supremo. De esta forma, el Alto Tribunal español detalla que entre la segunda mitad de 2018 y mayo de 2019, en un pueblo de Córdoba, el condenado, aprovechando la amistad de la víctima con su hijastra, le tocó sus genitales tanto en su domicilio como cuando ella se dirigía al instituto. Además, la violó hasta en cuatro ocasiones, a pesar de la resistencia de la menor. Asimismo, le exigía que no contara a nadie nada de lo que estaba ocurriendo.

Tanto el TSJA como el Supremo han defendido la coherencia y la persistencia de la declaración de la víctima, que ha sido corroborada por otras pruebas clave, como fueron las conversaciones que la madre de la víctima halló en el móvil de su hija y que contenían “abundantes sugerencias de intimidad y contacto sexual”. Tras esto, la menor le contó todo a su madre y fue atendida por psicólogas, cuyos informes también han sido determinantes para sostener lo argumentado por la niña.