La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por abusar sexualmente de una mujer al tocarle sus partes íntimas mientras paseaba por su novio por La Corredera. El tribunal ha ratificado la multa de 3.600 euros tras desestimar los argumentos de la defensa que cuestionaban la presunción de inocencia y el estado mental del acusado.

El incidente tuvo lugar sobre las 23:50 del 6 de agosto de 2022. Según los hechos probados, la víctima paseaba por La Corredera cuando el condenado la abordó por detrás. Con ánimo libidinoso, el hombre le levantó la falda y le tocó tanto los glúteos como la zona vaginal, llegando a realizar los tocamientos por debajo de la ropa interior.

Ante la agresión, la mujer reaccionó propinándole un empujón para apartarlo, lo que derivó en un forcejeo. El acusado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por la propia víctima hasta que su marido logró interceptarlo y retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional, que lo detuvo. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 lo condenó a 20 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La magistrada de instancia optó por esta pena pecuniaria en lugar de la prisión atendiendo a la “entidad de los hechos” y a las circunstancias personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

Aunque la condena por abusos se mantiene “por la gravedad de la conducta”, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha dejado sin efecto la pena de tres años de inhabilitación especial para trabajar con menores que se había impuesto inicialmente. Los magistrados explican que, según el actual Código Penal, esta inhabilitación solo puede imponerse cuando la pena principal es de privación de libertad y no cuando se impone únicamente una multa.

Por último, la Sala también ha rechazado aplicar eximentes por trastorno psíquico. Aunque el acusado presentó un diagnóstico de trastorno psicótico de un año después de los hechos, el reconocimiento médico realizado justo tras su detención determinó que no presentaba alteraciones y que actuó “sin pérdida de noción de la realidad”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este jueves a un hombre acusado de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, así como de elaborar y distribuir material de pornografía infantil a través de internet. La Fiscalía pide para él 24 años y diez meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el procesado realizó varios actos de índole sexual sobre una niña en diferentes momentos y le obligó a que ella se los hiciera a él, convenciéndola de que era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Además, en varias ocasiones, el acusado grabó estos actos con su ipad, aunque no consta que esos archivos fueran compartidos por el procesado. Sin embargo, una investigación realizada sobre el disco duro encontrado en la vivienda del acusado reveló que este tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

Los hechos han sido calificados por el fiscal como constitutivos de cuatro delitos graves: abuso sexual continuado con penetración a una menor de 16 años, elaboración y distribución de material de explotación infantil, y exhibición de pornografía. Por el primero, la Fiscalía le pide 12 años de prisión; por el segundo, ocho años de cárcel; por el tercero, cuatro años de prisión; y por la exhibición de pornografía, diez meses de cárcel.

Además de estas penas, el Ministerio Público solicita una orden de alejamiento y de comunicación con la menor durante 30 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular con menores de edad durante un periodo de 45 años.

Finalmente, la Fiscalía interesa que se imponga al acusado una medida de diez años de libertad vigilada que se ejecutaría tras el cumplimiento de las penas de prisión, además del pago de las costas procesales del juicio.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso tras acuchillar a un hombre que previamente había insultado a su pareja. El fallo, alcanzado tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, modifica sustancialmente la calificación inicial de los hechos, que la fiscal consideraba en principio un homicidio en grado de tentativa.

Los hechos que han dado lugar a esta condena se remontan a un conflicto previo entre un hombre y la mujer. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, este hombre llamó por teléfono a la mujer y, en el transcurso de una discusión, la insultó, lo que provocó que la mujer colgara el teléfono. No obstante, el individuo se presentó poco después en el domicilio de la mujer para proferir expresiones intimidatorias contra ella y su pareja, el ahora condenado.

Tras conocer lo sucedido, la mujer informó al procesado, quien decidió telefonear al hombre para reprocharle su comportamiento. La tensión entre ambos culminó cuando este hombre localizó al condenado en la calle. En ese momento, el acusado portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja y, tras iniciarse una fuerte discusión y una agresión mutua, este propinó varios golpes con el arma blanca a la víctima.

Aunque inicialmente la fiscal sostenía que las heridas causaron un “riesgo vital” para el agredido, este extremo ha sido eliminado del escrito final como parte del acuerdo. Asimismo, se ha retirado la circunstancia mixta de parentesco y la prohibición de alejamiento que se pedía originalmente.

Finalmente, al ser la pena impuesta de dos años y carecer el acusado de antecedentes penales, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Además, la víctima no ha solicitado indemnización. De esta forma, el condenado no entrará en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en ese plazo. La sentencia ya es firme al haber renunciado todas las partes a interponer recurso.

Cordópolis se ha convertido al arranque del 2026 en el medio más seguido por los cordobeses para informarse sobre las grandes noticias del mes de enero: el accidente ferroviario de Adamuz y la llegada de un tren de borrascas que ha provocado grandes inundaciones y registros históricos en la provincia.

Según los datos del medidor oficial de GfK, el diario digital Cordópolis se situó en enero como el medio más leído de la provincia, alcanzando cerca de 1,6 millones de usuarios únicos. Este periódico se coloca por encima de Diario Córdoba, que alcanzó los 1,12 millones de usuarios únicos y El Día de Córdoba, en 900.000. La edición local de ABC suma su tráfico a la cabecera general.

El liderazgo se explica principalmente por la fuerte demanda informativa por dos grandes acontecimientos de actualidad. Por un lado, la cobertura del accidente de tren registrado en Adamuz, que concentró durante varios días la atención informativa y generó un alto volumen de consultas en tiempo real. Este siniestro, el más grave de la historia de la alta velocidad en España, provocó 46 víctimas mortales y 155 heridos. Cordópolis fue el primer medio de comunicación en informar del accidente ferroviario que se produjo en Adamuz en la noche del domingo 18 de enero. También dio a conocer los audios del maquinista del tren Iryo, que se comunicaba con la central de Atocha para informar de lo que al principio consideraba un enganchón con las vías.

Por otro, el seguimiento del denominado “tren de borrascas” que atravesó Andalucía durante el mes de enero y que ha continuado en febrero, dejando episodios prolongados de lluvias intensas en la provincia. Las precipitaciones tan intensas han centrado un gran despliegue informativo por parte del equipo de Cordópolis, informando en tiempo real del estado de los ríos, los embalses y las zonas inundables habitadas en toda la provincia, además de un enorme reguero de incidencias.

El repunte de Cordópolis se produce en un contexto de crecimiento general de gran caída de consumo de información general y del repunte de la prensa local. Los ciudadanos valoran cada vez más una información de proximidad, rigurosa y centrada en sus intereses.

Cordópolis es además el medio de comunicación con más seguidores en redes sociales en la provincia de Córdoba. Así, en Facebook alcanza los 153.500 seguidores, en la antigua Twitter (actual X) está en los casi 89.100, en Instagram en los 65.900 y en Linkedin roza los 4.400. Ha sido el primer medio digital en abrir cuenta en la nueva red social BlueSky, con más de 1.300 seguidores. También tiene casi 3.300 suscriptores en Telegram, su boletín diario de adelanto roza los 4.200 inscritos y tiene un canal de Twitch con 600 seguidores.

Los datos de GfK son los homologados a nivel nacional por el conjunto del sector de la prensa española. GfK es una multinacional alemana de análisis de mercado. Desde este 2022, es el nuevo medidor de referencia para audiencias digitales en España, en sustitución de Comscore. Esta empresa usa un panel similar al Estudio General de Medios (EGM), que mide las audiencias de televisión y radio.

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Reconocimientos

A lo largo de los más de 13 años de historia, Cordópolis ha recibido varios premios y reconocimientos. La asociación Clabe (editores de medios independientes) consideró que Cordópolis fue el mejor periódico digital local del año 2023.

Además, gracias al podcast Anguita y Julio, que se convertirá en documental próximamente, Cordópolis percibió el premio Andalucía de Periodismo, que se sumó al Córdoba de Periodismo y a una nominación a los Premios Gabo, los Pulitzer hispanoamericanos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública. La sentencia se ha dictado tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y la defensa.

Según los hechos probados, en Córdoba capital, el acusado proporcionó a un hombre seis envoltorios que tenían 2,87 gramos de cocaína de una pureza del 81,34 %. En el momento de la transacción, agentes de la Policía Nacional detuvieron al procesado.

En el escrito de acusación provisional, la Fiscalía solicitaba seis años de prisión. Sin embargo, en el escrito de conformidad, el Ministerio Público ha suprimido la agravante del artículo 369.1.4 del Código Penal al quedar acreditado que el acusado no tenía conocimiento de que el comprador se encontraba en un proceso de rehabilitación, lo que conllevaría una pena de cárcel más elevada.

Además de los años de prisión, el tribunal ha impuesto al acusado una multa de 630 euros, que en caso de impago conllevará tres días de responsabilidad personal subsidiaria. La sentencia también incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la multa de 450 euros impuesta a un conductor por circular con un vehículo cuya Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estaba caducada, utilizando para ello un distintivo de ITV que no le correspondía.

Según los hechos probados, el 20 de abril de 2024, agentes de la Policía Local dieron el alto al procesado en un control de tráfico en Córdoba capital. Aunque la ITV del vehículo había caducado en noviembre de 2023, llevaba colocada en el parabrisas una pegatina que indicaba validez hasta mayo de 2024. El tribunal ha fallado que el conductor era consciente de que la pegatina no le correspondía y la utilizó para aparentar que el coche estaba en regla.

Hay que señalar que el vehículo había sido comprado por el procesado en noviembre de 2022 a una empresa de automoción, cuyo representante legal fue absuelto por no existir pruebas de que hubiera intervenido en la falsificación del distintivo, tal y como defendía el condenado.

En primera instancia, el Juzgado de Instrucción números 6 de Córdoba impuso al condenado la multa de tres meses con cuota diaria de cinco euros. La defensa recurrió alegando que el procesado desconocía que el distintivo era falso, pero la Audiencia Provincial ha descartado este extremo, recordando que el conductor es responsable del estado legal de su vehículo y que no puede alegar desconocimiento de la ITV anual.

La Sección número dos de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado una querella de un grupo de negacionistas de las vacunas contra la Covid 19 formulada contra las tres grandes farmacéuticas que desarrollaron el producto: Pfizer, Moderna y Astrazeneca,. La demanda ha sido interpuesta por la asociación Salud y Justicia, que se organizó en Córdoba justo después de la pandemia con el objetivo de denunciar todas las medidas sanitarias que se aplicaron.

Salud y Justicia ya denunció a prácticamente toda la Junta de Andalucía y su equipo de la Consejería de Salud (incluido el gabinete de prensa), con acusaciones como que manipulaban el ADN de las personas con las vacunas,. Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba archivó la demanda acusando al colectivo de no haber presentado “el más mínimo indicio” delictivo, y con fuertes críticas a los argumentos usados.

Ahora, el caso ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde la asociación presentó una querella, que se archivó y contra la que activó un recurso, que ahora también se tumba,. Nuevamente, los abogados de esta asociación han presentado argumentos contra la ciencia y contra las empresas farmacéuticas.

Un catálogo de acusaciones sin base científica

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la asociación reiteró que las vacunas son en realidad una “bio-arma” genotóxica que se presenta engañosamente al público. Entre sus alegatos más extremos, afirmaban que el producto causa la muerte en el 74 % de los casos de inoculados y provoca enfermedades como parálisis, trombos, cáncer e infertilidad. Sin embargo, el tribunal ha ratificado la inadmisión de la querella al considerar que los hechos denunciados carecen de ilicitud penal y no presentan indicios objetivos que avalen su realidad.

Uno de los pilares del auto judicial, dictado el 10 de diciembre de 2025, es que los delitos de manipulación de genes humanos (artículo 159 del Código Penal) y de utilización de ingeniería genética para producir armas biológicas (artículo 160) no pueden ser cometidos por personas jurídicas en España. El sistema legal español establece un listado cerrado (numerus clausus) de delitos imputables a empresas, y los tipos penales invocados por Salud y Justicia no se encuentran en dicha lista.

Además, la Audiencia Nacional señaló errores de bulto en la querella, como la mención al artículo 358 del Código Penal, el cual se refiere en realidad al delito de incendio y no tiene relación alguna con la salud pública. El tribunal calificó los intentos de la asociación como una “investigación prospectiva” prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que pretendían iniciar un proceso penal basado en meras sospechas y alegaciones genéricas sin aportar principios de prueba.

Intentos fallidos contra los directivos y acusaciones de estafa

En un intento por salvar la demanda, Salud y Justicia solicitó también el procesamiento de los CEOs y Directores Generales de las farmacéuticas entre 2021 y 2024. La Sala rechazó esta pretensión subrayando que en el derecho penal no existe una responsabilidad objetiva por el mero cargo, sino que se requiere describir una conducta concreta dolosa, algo que los querellantes no hicieron. Asimismo, el tribunal recordó que las filiales españolas querelladas no fueron las encargadas de fabricar las vacunas, sino sus empresas matrices.

Finalmente, el tribunal desestimó la acusación de estafa introducida a última hora en el recurso, donde el colectivo alegaba un “engaño bastante” al Estado para la compra de las vacunas,. La Audiencia Nacional concluyó que no se concretó la maniobra engañosa ni se aportaron pruebas de la misma.

Esta resolución sigue la línea de lo ocurrido previamente en los juzgados de Córdoba. Allí, la asociación había acusado a médicos y farmacéuticos de la Junta de Andalucía de tratar a los ciudadanos como “cobayas” en un “experimento de inoculación delictivo”. En aquella ocasión, los denunciantes llegaron a afirmar que la población sufría un programa de “rebaja intelectual” que les impedía comprender la gravedad de la situación. Al igual que ahora la Audiencia Nacional, la jueza de Córdoba determinó que los denunciados eran profesionales que no tenían intervención alguna en la elaboración de las vacunas ni conocimientos de ingeniería genética para realizar las manipulaciones alegadas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha rebajado la pena de prisión a un hombre, condenado por un robo con fuerza en la cochera de una vivienda en junio de 2018, de tres años y seis meses a dos años, tras reconocer que el proceso judicial se prolongó siete años debido a dilaciones imputables a la Administración de Justicia.

El robo se produjo en la madrugada del 4 de junio de 2018, cuando el acusado y otra persona no identificada accedieron a la cochera de una vivienda habitada por una pareja. De allí sustrajeron cinco jamones, más de diez litros de vino, 11 litros de aceite de oliva y varias herramientas, todo ello valorado en más de 1.300 euros.

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba condenó al hombre por un delito de robo con fuerza en casa habitada, con la agravante de reincidencia, dado que tenía antecedentes penales por delitos contra el patrimonio. La defensa del condenado alegó que la cochera no constituía una vivienda habitada y que existieron dilaciones indebidas en el proceso.

En su resolución, la Audiencia Provincial ha confirmado la autoría del delito y el carácter de casa habitada de la cochera, pero ha criticado la gestión del procedimiento. Así, el tribunal ha fallado que ha sido “la propia Administración de Justicia la que ha dejado de impulsar el trámite procesal con la diligencia debida durante la fase sumarial y, sobre todo, durante la etapa intermedia del procedimiento en tres ocasiones: una, por más de diez meses; otra, por seis meses; y otra, por un año, de manera que tal tardanza está totalmente injustificada y es incomprensible para el tiempo de duración media de un litigio penal tan sencillo”. La Sala es más crítica aún y ha afeado que la demora “proviene de la torpeza de un órgano judicial y no de la actitud procesal del acusado, aunque este contribuyó en menor medida” porque estuvo enfermo de covid.

Por estas razones, la Audiencia ha considerado que se le debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias, reduciendo así la pena de prisión de tres años y dos meses a dos años.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer a un año de prisión por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa cometido en un establecimiento del Casco Histórico de la ciudad. Se trata de su cuarta condena por hechos de la misma naturaleza, motivo por el que el tribunal ha aplicado la agravante de multirreincidencia.

Los hechos ocurrieron entre la tarde del 12 y la mañana del 13 de junio de 2023. Según la sentencia, la acusada acudió a un bar situado en la calle Lucano y forzó la puerta principal para acceder al interior con la intención de obtener un beneficio económico ilícito. Después de entrar en el local y llegar hasta la zona de recepción, no encontró dinero ni efectos de valor, por lo que no se llevó nada.

Previamente a estos hechos, entre mayo y julio de 2019, la mujer fue condenada por dos juzgados de lo Penal por este mismo delito. Tras una sentencia de conformidad, la mujer ha sido condenada a un año de prisión y deberá indemnizar con 1.800 euros al propietario del establecimiento por los daños causados.

Se pasea por la Ciudad de la Justicia como si estuviera en su casa. Llegó al nuevo edificio como juez decano de Córdoba cuando se estaban haciendo algunos pequeños remates. Hoy, se sienta en el que es su despacho como presidente de la Audiencia Provincial. Accedemos a él por unas entradas internas de las que solo tienen conocimiento quienes trabajan allí día a día y por las que no debemos acceder el resto de los mortales.

Nacido en Mestanza (Ciudad Real) en 1963, Miguel Ángel Pareja Vallejo es desde el pasado 16 de julio el presidente de la Audiencia. Magistrado con una amplia trayectoria en la administración de Justicia, fue juez decano de Córdoba desde 2016 hasta 2023, pertenece a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2014 y hasta su nuevo cargo ejercía como magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia, especializada en violencia sobre la mujer.

En 1985 ingresó en el Ejército de Tierra, donde permaneció 15 años destinado en diferentes lugares de España, entre ellos el País Vasco. Durante ese tiempo, compatibilizó el servicio militar con sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), convencido de que su futuro estaría ligado a la Justicia. Aquellos años le enseñaron disciplina, sacrificio y empatía, valores que hoy considera fundamentales para ejercer la magistratura

Convencido de que la Justicia debe ser, ante todo, comprensible y cercana a la ciudadanía, en la siguiente entrevista, el lector apenas encontrará cifras ni estadísticas. El objetivo es, más bien, conocer a la persona que acaba de asumir la máxima responsabilidad judicial en la provincia. Porque si algo tiene claro Miguel Ángel Pareja es que acercar la Justicia a la ciudadanía no pasa solo por reformas legales o tecnológicas, sino también -y sobre todo- por mostrar el lado humano de quienes la imparten.

PREGUNTA (P). ¿Por qué decidió presentarse a la plaza para presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba?

RESPUESTA (R). Era una aspiración. Siempre he tenido vocación de servicio público y siempre he tenido vocación altruista de ayudar a la gente. Esto es algo innato en mí, y cada uno es como es. Cuando una persona pretende que se haga justicia y que esa justicia llegue y sea percibida por el ciudadano, tiene que ostentar puestos de responsabilidad. Esto se hace con el objetivo de intentar infundir o transmitir a quienes imparten la justicia ciertas ideas o cosas que deben tener en cuenta. Hablo de ideas porque no se puede influir en la función jurisdiccional ni se le puede decir nada al juez, ya que él es libre de resolver. Sin embargo, sí es cierto que, a veces, hay una autoridad moral que indica que, quizá, el camino que se está llevando no es el correcto o que, a lo mejor, las sentencias deben ponerse más claras para que el ciudadano se entere. Entonces, es más fácil conseguir ese objetivo desde un puesto de responsabilidad que desde uno que no lo sea. La responsabilidad conlleva una carga, y hay que sacrificar muchas cosas personales precisamente para conseguir esa justicia equitativa, que es lo que yo pretendo. Yo no aspiro a los cargos porque quiera figurar, sino porque quiero cambiar algo en el sentido de poner mi granito de arena para que haya un mundo más justo y equitativo.

Quiero poner mi granito de arena para que haya un mundo más justo y equitativo

P. ¿Y qué papel tiene la familia en ese sacrificio que supone este cargo?

R. Uy, mi familia está por encima de todo: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos... Nosotros somos muy familiares y nos juntamos muchísimo. Ellos saben que este cargo es un sacrificio y que muchas veces me tienen que perder porque tengo que asistir a actos y a lugares, sobre todo los fines de semana, ya que, créanselo, trabajo todos los fines de semana, ni uno tengo libre; siempre hay algo que hacer. Esa es la responsabilidad que tengo. Mi familia me pierde muchas veces, pero, por otra parte, se alegran cuando ven que estoy contento porque he conseguido algo o porque tengo un proyecto en el que creo y que quiero sacarlo adelante, y ven posibilidades de que lo saque. Me animan, me apoyan y me ayudan.

P. ¿Y qué sintió el 16 de julio en ese salón de actos?

R. Muchísima emoción al recordar mi infancia. Fue dura en el sentido de proceder de una familia muy, muy humilde, pero siempre tuvo claro que se podía luchar, que se podía estudiar y que se podía mejorar el mundo en el que vivíamos. En aquella época no era como ahora, no había tantas ayudas sociales, no existía el asistente social del Ayuntamiento ni había nada. Simplemente, todo se reducía a si la Seguridad Social te daba una ayuda o si el Montepío de la silicosis te daba otra, lo cual era muy distinto a hoy en día. Los tiempos cambian y vamos mejorando, y ojalá sigamos mejorando más. Sentí mucha emoción de lograr lo que había conseguido, que era algo que yo quería para mejorar la justicia. Pensé en que una persona como yo, de una familia muy humilde y sin medios económicos, ha sido capaz de llegar a un cargo así y poder transmitir todas esas ideas renovadoras y de justicia equitativa a la ciudadanía, e intentar conseguir que estén satisfechos con la justicia.

P. ¿Cómo han influido esos orígenes humildes en su manera de entender la justicia?

R. Influyen muchísimo. Cada ser humano es como es, y como decía Ortega y Gasset, el ser humano es él y sus circunstancias. Yo no escondo mis orígenes ni puedo esconderlos, porque si hiciese eso, sería un renegado. Ahí están mi nacimiento, mi cuna, mi colegio público en mi pueblo, mi internado, en fin, toda mi vida. Todo eso es lo que te va determinando y lo que te va dando la personalidad. Ay de aquel que reniegue de sus orígenes o de su historia; lo que hay que hacer es construir sobre esos cimientos. Hay que ver qué circunstancias se pueden cambiar y cuáles no. Con el ejemplo, se puede ayudar a los que están en la misma situación en la que yo estaba y quizá, también, a los que estaban en una situación privilegiada y que ahora, a lo mejor, no lo están. Influye muchísimo y ha influido muchísimo en mi vida e influida. Yo no reniego de mis orígenes.

P. Entiendo que es consciente de que en la sociedad hay una creencia que relaciona directamente el poder adquisitivo de la familia del opositor con que este finalmente consiga la plaza

R. Vaya por delante que la Constitución establece que los empleos públicos tienen que ser por mérito y capacidad. Estos son la preparación, la educación y, sobre todo, los estudios que uno va adquiriendo. Qué duda cabe que el que más medios tiene, puede estudiar en universidades privadas o irse a Inglaterra a estudiar inglés. Yo no salí de mi localidad y el francés que sé me lo enseñó el profesor de mi pueblo, que a lo mejor iba estudiando dos lecciones por encima de mí. Claro que influye la familia, pero hay otra cosa que influye también, que es la determinación de la persona. Por mucho dinero que uno tenga, si no tiene vocación, determinación o deseo, es imposible alcanzarlo. El que muchos medios tiene se puede confiar, como en la fábula de la tortuga y la liebre, y uno que no tiene puede llegar y uno que tiene puede no llegar. Lo que planteo es la equidad, que es la igualdad de oportunidades. Yo sentí esa igualdad de oportunidades y la sufrí. Yo salía un fin de semana y no me podía tomar un refresco como los demás; mis amigos fumaban, y si yo quería fumar, me tenían que dar un cigarro, pues no tenía dinero para gastar. Pero sí sabía que tenía que estudiar y que tenía que conseguirlo. Lo que hay que dar es igualdad, pero igualdad equitativa, no igualdad formal. La igualdad formal es darle una beca a todo el mundo, pero hay personas a las que les tienes que dar 200 y a otras, 50, para igualarlas en la oportunidad. Yo creo que habiendo igualdad en la oportunidad, no hay diferencia, siempre que el hijo o la hija quieran hacer algo, luchen por ello, peleen por ello y estudien por ello. Por tanto, si no hay esa igualdad equitativa, sí es cierto que el que más medios tiene, más posibilidades tiene, pero creo que el Estado español cada vez va consiguiendo más esa igualdad en la oportunidad.

P. ¿Cómo se vive cuando se despide de un padre a los cinco años?

R. Aquello fue muy duro, muy duro. Yo, junto con mi madre y mis dos hermanos pequeños, estábamos en la habitación, en la cabecera de la cama, cuando mi padre falleció, y le vimos morir. Recuerdo cómo mi padre, todavía con vida, se aferraba a la muñeca de mi madre hasta que soltó, porque falleció, y cómo ella lloraba y lloraba desconsolada. Nosotros, que éramos niños muy pequeños, mi madre nos dijo: “Hijo, salir a la calle y empezar a llorar para que os escuchen los vecinos y sepan que tu padre ha muerto”. Eso lo tengo yo grabado en la mente. Luego, ver a mi padre estirado en la cama con un pañuelo, con la cara tapada para que no le viéramos el cadáver, y verlo en el ataúd, cómo lo cerraban, lo sacaban y lo enterraban... Yo no comprendía eso. Nunca llegué a comprenderlo. Siempre tuve presente a mi padre y lo llevé siempre conmigo, porque lo último que hizo fue, entre septiembre y octubre (murió el 4 de noviembre), pagarme a plazos los libros de la escuela porque no podía pagármelos de una vez. Cuando fui con el primer plazo, que fueron 100 pesetas, le dije a la señorita que mi padre me había dicho que los iba a pagar poco a poco, pero que me diera los libros. Me acuerdo que me dijo: “Lo siento, pero hasta que no estén pagados, no te los puedo dar”. Mi padre consiguió pagármelos enteros, 335 o 345 pesetas, y recibí mis libros dos meses más tarde que los demás niños. A los pocos días falleció.

Ay de aquel que reniegue de sus orígenes o de su historia

P. ¿Su madre es su mayor ejemplo de empoderamiento femenino?

R. Al 100%. Mi madre era una luchadora nata. Siempre, siempre nos inculcó estudiar, diciéndonos: “Hijos, estudiad vosotros, estudiad, que aunque yo no coma, estudiad, lo primero, el colegio, que no os ocurra lo que a tu padre, estudiad”. Mi madre decía, fíjese el pensamiento de la época, porque hoy en día no podría decir eso: “Aunque solo seáis maestros escuela”. Decía esto porque en aquella época se decía que los maestros de escuela pasaban mucha hambre. Pero ahora yo veo a mi vecina, que es profesora, y digo: “Jolín, qué categoría más alta la de un profesor de escuela, si es que estás formando y educando a los niños, qué profesión más bonita”. Mi madre siempre nos inculcó que había que luchar en la vida y que teníamos que valernos por nosotros mismos. Yo no necesito que nadie me cocine ni que nadie haga mis cosas; yo las hago, no tengo problema, el problema es que tenga tiempo de hacerlo y que nos las repartamos en casa. Mi madre fue una mujer que intentó y luchó por la igualdad. Recuerdo que me decía: “Miguel Ángel, qué ganas tengo de que te vengas a Córdoba”, porque yo estaba destinado en Fuengirola y su hermana vive en Córdoba. Ella decía que tenía ganas de que me viniera a Córdoba para poder verme todo lo que quisiera, y ver a su hermana y echar allí temporadas conmigo. Pero, mira, murió el 17 de febrero del 2008 y el 23 de junio de ese año me destinaron a Córdoba. No lo vio. La pobre murió antes, una pena.

P. ¿Qué se ha encontrado en la Audiencia cuando ha llegado a la presidencia?

R. Francamente, yo conocía la audiencia. Fui juez decano de Montoro, cuando estuve destinado allí, durante más de tres años. Fui juez decano de Córdoba durante más de siete años, casi ocho. Hacía inspecciones por los juzgados de Paz y los juzgados de primera Instancia e Instrucción que llevaban el Registro Civil. Por tanto, yo conocía la provincia. Los juzgados de Córdoba los conozco perfectamente porque he sido decano, y luego la Audiencia Provincial, siendo yo juez decano, me planteé la posibilidad de pedir una plaza que salió allí, porque aspiraba a ser presidente de la Audiencia para modernizar y cambiar la Justicia. Desde el 2023 estoy destinado en la Audiencia, con lo cual también conocí al tribunal. En fin, no me ha sorprendido nada, era lo que yo conocía. Te puede gustar o no, pero es lo que hay.

P. ¿Y qué gusta menos y qué, más?

R. La Audiencia Provincial de Córdoba funciona bien en el sentido de que la curia -que son abogados, procuradores y graduados sociales- son muy buenos colaboradores con la Administración de Justicia y con nosotros, en el sentido de impartir justicia. Es una Audiencia que funciona bien y tiene buenas secciones. El problema está ahora con los cambios. Hay que adaptarse a los cambios, que siempre cuestan trabajo. Yo animo a los funcionarios, a los compañeros y a todo el mundo a que estos cambios se miren con optimismo y se miren como mejora. Siempre digo que, al igual que unos zapatos o un vestido nuevos requieren adaptarse al pie o al cuerpo los primeros días, estos cambios deben ser vistos con optimismo. Ya veremos si hay que modificar algo o no, pero puede haber tensiones y disfunciones, y eso es natural. No tenemos que cerrarnos en que el sistema es malo, sino intentar que funcione y, si no, modificarlo. Vamos a cambiar de una organización judicial del siglo XIX a otra más moderna. Eso lleva sus trámites, pero yo soy optimista y lo vamos a conseguir y va a salir bien.

P. Pero echa en falta que esa mentalidad reformista no sea la que impere.

R. No es que no impere. Pasa algo parecido a cuando una persona está acostumbrada a sentarse siempre en la misma silla y, de pronto, llega alguien que se sienta en ella; al principio, siente un cierto rechazo, pero luego se relaja y piensa: “Es que la silla no es mía, puede sentarse cualquiera”. Aquí pasa algo parecido. Lo que hay, para mí no es miedo, sino un...

P. ¿Inmovilismo?

R. No es exactamente inmovilismo porque los compañeros y compañeras saben que no podemos quedarnos inmóviles ante el futuro que se avecina. Es ese temor a lo desconocido, a la evolución, al cambio, al progreso. Es cuestión de mentalidad, de abrir la mente, y decir: “Oye, no me puedo cerrar al cambio”. Probablemente tiene cosas malas, pero seguro que tiene cosas buenas. Nosotros podemos elevar informes a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia -yo formo parte de ella desde el 2014- y los elevamos al Consejo, que los eleva al Ministerio, y muchas veces nos hacen caso. Otras veces son razones de política judicial, y cada partido tiene la suya, y yo ahí ni entro ni salgo, lo respeto, como pido respeto para mí como juez. Si hay que cambiar algo, hay que cambiarlo, y lo mismo digo con la administración autonómica.

Lo último que hizo mi padre fue pagarme a plazos los libros de la escuela

P. ¿Qué papel tiene la política a la hora de poder escalar en la judicatura? Hay magistrados que, aun estando muy preparados, no llegan al Supremo, por ejemplo.

R. En la judicatura, no debería de tener ninguno. Yo no creo en eso. Ni la política debería de politizar la carrera judicial, ni la justicia debe de judicializar la política. Eso es malo; es malo el transmitir a la sociedad etiquetas como juez conservador, juez progresista, juez de izquierda, juez de derecha, o la división del Consejo General del Poder. Si el juez -y yo, por lo menos, lo hago- se pone delante de un pleito, me da igual que sea la persona más rica del mundo que la más pobre. Yo voy a resolver ese pleito lo más justamente posible en equidad. Yo siempre intento ser lo más equitativo posible. La equidad es algo que hay que saber manejarla muy bien porque, si no, puedes crear una injusticia, ya que la equidad es la igualdad en la oportunidad. Yo intento implementar esa equidad en mis resoluciones. Intento aplicar la ley equitativamente, no con rigor, sino equitativamente. Se puede, sí, siempre que la interpretes de forma razonable. Si la interpretas de forma arbitraria, cometemos el delito más grave que puede cometer un juez, que es la prevaricación, y ese no es el camino.

P. En el último CIS de mayo, nueve de cada 10 personas consideran que la justicia no es igual para todos. ¿En qué momento se empezó a alejar la Justicia y por qué?

R. Yo no lo percibo así. El problema de esas estadísticas es que se hacen cuando hay casos mediáticos. Seguramente el CIS no lo dirá, pero cuántas de esas personas que dicen que la justicia no es igual para todos han hecho uso de ella, nos sorprenderíamos. Hay otras estadísticas del CIS, quizá más antiguas, que decían que, aunque ese era el sentir, la mayor parte de las personas que habían hecho uso del servicio de justicia estaban completamente satisfechas de lo bien que se había llevado a cabo su caso. No sé cómo se ha hecho esa encuesta, pero me imagino que las personas que opinan así quizá no hayan hecho uso del servicio y se dejen llevar por los casos mediáticos. En estos casos parece que fulanito, por ser fulanito, tiene más privilegios que menganito, que no tiene nada, como el hijo de un minero como yo, porque no puede pagar un buen abogado. Yo digo que los abogados de oficio son muy profesionales. Puede haber alguno que no lo sea, al igual que puede haber algún juez que sea prevaricador; somos seres humanos. Si en la sociedad hay delincuentes, pues en todas las profesiones hay delincuentes, aunque solo sea por estadística. Yo estoy convencido de que el juez, cuando se sienta a resolver, resuelve en justicia. Yo creo que es igual para todos. Ya le digo, la razón por la que la ciudadanía puede pensar así es por los casos mediáticos, cuyo problema es que muchos medios de comunicación tampoco entienden el funcionamiento de la Justicia y pueden dar informaciones que lleven a error, con toda la buena voluntad del mundo. Yo opino que la Justicia es igual para todos; por lo menos, lo intentamos. Es cierto que se dice que la Justicia es como una tela de araña, donde queda atrapado el débil y el poderoso la rompe sin problemas, pero yo, sin embargo, creo que la justicia es igual para todos porque es lo que yo intento todos los días llevar a cabo. Yo le hablo por mí.

P. ¿Los jueces deben elegir a los jueces?

R. Aquí siempre hay un debate sobre la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y siempre hay un riesgo entre corporativismo versus politización, y no elegimos ninguna de las dos cosas. El espíritu de la Constitución es que los jueces elijan a 12 vocales del Consejo y que los ciudadanos, a través de las Cortes Generales, elijan a ocho. El problema está en cómo eligen los jueces a esos 12. No debe ser por listas de asociaciones judiciales, sino que debe haber una lista con todos los candidatos, para que cada persona elija a sus 12 o a seis. Esto es para que haya más diversidad, y los 12 más votados por los jueces serían los que integren ese Consejo, junto con los ocho elegidos por los ciudadanos a través de sus representantes. Eso es lo ideal, y así lo dijo el Tribunal Constitucional. El problema es que eso se ha ido pervirtiendo con el paso del tiempo y hemos llegado a un sistema de cuotas donde los grupos parlamentarios se las reparten. En esta ocasión nos han prometido que, una vez, que los eligieran, ya no iban a influir más sobre ellos. Yo creo que si se eligieran bien, con un sistema justo y equitativo -los 12 por los jueces y los ocho por los políticos- se mantendría ese equilibrio entre la judicatura y la ciudadanía. ¿Es malo lo actual? Es constitucional, pero siempre que no haya reparto por cuotas, que se elijan los mejores currículums, los más capacitados para gestionar la Justicia... El problema es cuando no se eligen a esos más capacitados por su capacidad, sino que se eligen por otros motivos. Por tanto, cualquier sistema va a ser malo si no se hace honradamente. La Comisión de Venecia dice que España tiene que intentar buscar un sistema de elección equitativa por parte de los jueces que no esté dominado por una minoría que controle a los demás y que, aparte, se equilibraría con la elección por parte de las Cortes Generales del resto de vocales.

P. ¿Un político debe criticar públicamente una resolución judicial?

R. Por supuesto, y un ciudadano y cualquiera. Nosotros tenemos que estar sometidos a la crítica. No puede ser que se diga que has injuriado o calumniado a la Justicia porque has criticado una resolución, por Dios. Las resoluciones se deben de criticar de la misma forma que el ciudadano tiene derecho a criticar al político si se equivoca o si le parece que no está haciendo lo correcto. La crítica es buena, y si es constructiva, mucho mejor. Yo, como juez, puedo resolver un pleito con toda la ilusión del mundo y equivocarme, y al escuchar la crítica, puedo decir: “Me cago en la mar, si es que lleva razón esta persona”. Tengo que esperar a ver si recurre y le dan la razón en la instancia superior para otra vez aprender. Por supuesto que hay que criticar, pero una cosa es criticar y otra cosa es injuriar, calumniar o llamar prevaricador a un juez. Eso hace mucho daño a la Justicia porque también cala en la ciudadanía. Lo mismo pasa con los políticos: habrá alguno que no sea honrado, pero la mayoría está sacrificando su vida personal y su futuro profesional, dejando de desarrollar carreras profesionales por ser diputados o senadores, y llevando a cabo su función con honradez y humildad. Hay que tener un poco de respeto. La crítica es estupenda, y si es constructiva, mejor, porque crítica destructiva no es crítica.

La Audiencia de Córdoba funciona bien, pero hay que adaptarse a los cambios

P. ¿Y usted dejaría todo eso por dedicarse a la política?

R. En estos momentos me siento juez y me creo juez. Creo que puedo ayudar a que la ciudadanía perciba la Justicia como buena. Ahora mismo, en estos momentos, no me planteo la política. Me planteo ejercer mi función judicial lo mejor posible y, sobre todo, ayudar en todo lo que pueda a que la justicia impere en nuestro mundo. Otra cosa es lo que yo puedo hacer lo que puedo hacer, mi mano, mi margen de maniobra, pero nada más.

P. Ha hablado antes de la de las asociaciones. ¿Pertenece a alguna organización de magistrados?.

R. Las asociaciones de magistrados existen y son algo parecido a los sindicatos. El hecho de que tú estés en una asociación o en otra no significa que seas conservador o progresista, aunque se suelen hacer diferenciaciones. Yo no voy a esconder mi pertenencia: yo pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura. Mi preparador era una persona relevante de esta asociación, era el presidente de la misma en el País Vasco, y yo me asocié y punto. Una vez que uno se asocia, debe mantenerse en ella. Yo formo parte del número, pero no tengo ningún puesto en dicha asociación. Nunca he aspirado ni a ser delegado provincial, aunque se me ha propuesto, ni a ser delegado regional.

P. ¿Por qué no ha querido?

R. Porque consideraba que tenía que ser juez decano de Córdoba, y si yo ocupaba ese cargo, no puedo tener ese papel en una asociación. Para mí era incompatible totalmente. Nadie me iba a creer, aunque yo iba a luchar por acercar la Justicia al ciudadano y porque hubiera justicia. En el año 1850 más o menos, Montero Ríos, que era el ministro de Gracia y Justicia cuando se aprobó la Ley Provisional del Poder Judicial, ya dijo en la exposición de motivos que “el juez debe de apartarse de la política”. Las asociaciones no dejan de hacer política porque la tienen que hacer. El juez debe apartarse de la política porque nunca será creído por aquel que demande justicia en ese juzgado cuando el contrario sea del mismo partido político que el juez. Entonces, yo destierro de mí la política, ya sea judicial o de estado, cada vez que ejerzo como juez. El hecho de que un juez pertenezca a Jueces para la Democracia no significa que sea de izquierdas. A lo mejor el de Jueces para la Democracia es más de derechas que el fallecido Franco, y el otro es más de izquierdas que Santiago Carrillo o la Pasionaria. No tiene nada que ver. Las asociaciones judiciales, lo que realmente busca cada una, es un modelo de carrera. La Asociación Profesional tiene un modelo más conservador. Jueces para la Democracia -y ahí está Francisco Victoria y el Foro Judicial Independiente, no nos olvidemos- tiene una mente más abierta hacia el ingreso en la judicatura por otras opciones que no sea la oposición. Yo creo en el mérito y la capacidad, y estos no están reñidos con la existencia de la oposición o con la de otras formas de ingreso. Tenemos el quinto turno en el Tribunal Supremo, y para mí la existencia de ese quinto turno es algo estupendo para la Justicia, porque es el tribunal que sienta cátedra. Ahí hay una forma de ingreso no solamente siendo juez, sino siendo catedrático, abogado del Estado o juristas de reconocida competencia que nos dan otra visión de la justicia. A mí eso me parece maravilloso. Creo que la forma fundamental de ingreso debe ser la oposición, pero no descarto que personas relevantes que hayan demostrado esa madurez jurídica y científica puedan ingresar en la judicatura. Yo estoy afiliado a la Asociación Profesional porque creo en la oposición. Asumo también la otra forma de ingreso y creo que, a veces, deberíamos de evolucionar en ese sentido. La gente debe saber que no porque uno esté en un sitio o en otro es más de izquierdas o más de derechas; no es cierto, no es así. Y no te voy a decir de dónde soy (risas).

P. (Risas) Normal, normal. Repasando su programa para acceder a la plaza, uno de sus lemas ha sido el de acercar la Justicia a la ciudadanía. Dígame medidas concretas

R. Las tengo, otra cuestión es que las consiga. En primer lugar, la primera medida es asistir a todos los actos que organice la sociedad cordobesa para que vean al presidente de la Audiencia Provincial, puedan hablar con él y transmitirle sus inquietudes con la Justicia. Eso es fundamental, pero con humildad y llanamente, no en una urna. A la sociedad hay que conocerla y hay que estar con ella. Lo primero que hice cuando vine aquí fue recorrerme todo el barrio y entrar a las tiendas, entrar a los bares, ir a echar la Primitiva...

P. ¿Y le tocó?

R. Qué va (risas). A la semana, mis compañeros me decían: “Bueno, macho, pero si te conoce todo el mundo, todo el mundo te saluda”. Para acercar la Justicia, hay que conocer la sociedad, saber dónde vive, cómo piensa, cuáles son sus inquietudes y qué es lo que echa en falta en la judicatura. Para eso, tengo la idea de integrar una vez al año unas jornadas de puertas abiertas, para que los ciudadanos que lo deseen, vengan. Yo, junto con algunos jueces y juezas que quieran colaborar, funcionarios y funcionarias, podríamos enseñar un poco la Ciudad de Justicia. Luego nos reuniríamos en el salón de actos, que tiene capacidad para muchas personas, para explicar, ponerles un vídeo institucional de la Justicia, y acercarnos a ellos, a sus problemas. Esa es otra cosa que me gustaría hacer. Otra cosa que me gustaría sería educar en justicia con los niños y niñas de tercero y cuarto de la ESO. Yo dependo de más gente, y solo no puedo ir por todos los colegios de Córdoba, pero iré a todos los que pueda, y pediré colaboración a mis compañeros. La idea es explicarles un poco la Justicia, que es un servicio para ellos, y que nos vean como seres humanos cercanos, lo cual es fundamental. Otra idea que tengo es intentar que los niños y las niñas me cuenten, bien por escrito o como sea, qué opinan de la Justicia. Ahí es donde yo voy a aprender mucho, porque lo que me van a transmitir es lo que ellos ven y lo que oyen en su casa y el vecindario. Para mí, eso va a ser muy importante porque me va a transmitir muchas experiencias. Si puedo, intentaré otorgar un premio a un niño y una niña, creando un jurado, para las mejores redacciones para esa edad, y así incentivarlos. Les podríamos regalar una tablet, o, al menos, un diploma o algo, aunque el problema es quién lo paga; yo buscaré dinero de algún sitio, o si hace falta, ponemos nosotros a cinco euros cada uno. Luego, me gustaría también organizar jornadas de conferencias y charlas, pero dependo de mucha gente. Finalmente, quiero instaurar el Día de la Justicia, coincidiendo con la jornada de puertas abiertas y la entrega de premios, y organizar un acto con las autoridades y con todas las asociaciones culturales de Córdoba, las peñas, las cofradías, la sociedad cordobesa, y allí hacer entrega de esos premios. Sería mi ilusión, intentaré hacerlo, y si no me ayuda nadie, lo haré solo. Estoy seguro de que me va a ayudar gente.

La Justicia es igual para todos

P. ¿Corren malos tiempos entre juventud y la polarización?

R. La polarización no es buena. El problema está en que hay que ser crítico y hay que empezar por la familia. Si en la familia no se educa a los hijos, no podemos estar esperanzados en que los eduquen en el colegio. Si en la familia no enseñamos igualdad, o a no hacer bullying, ya tenemos algo en contra. Luego, en la educación, por favor, que se haga un mayor esfuerzo en valores, yo creo que lo intentan, pero hay que hacerlo. Y después, los medios, responsabilidad. Los medios de comunicación también influyen, y las redes sociales son lo que más hay que controlar. Hay que inculcar a todas estas personas influencers que, aunque la libertad de expresión es muy bonita, deben tener en cuenta que están influyendo en personas que están creándose su propio criterio y que pueden llegar a criterios erróneos, como el racismo, la xenofobia, la violencia de género y el bullying. Es triste que en los colegios se llegue al punto de que un niño de 14 años o uno de 12 agrede sexualmente a una niña. Son cosas inasumibles que empiezan en la familia, en el colegio y lo rematan las redes sociales y los medios de comunicación.

P. Su paso por la Sección Tercera de la Audiencia le hizo un poco especializarse en violencia de género. ¿Qué hace falta para proteger a las víctimas en su totalidad?

R. Cuando pasé a ser presidente de la Audiencia, pasé a ser presidente de la Sección Tercera, que lleva violencia de género. Se hace todo lo que se puede por parte del Ejecutivo, el Legislativo, el gubernativo de policías y asistentes sociales, los observatorios, la judicatura, la Fiscalía, los letrados y los funcionarios. Ojalá se pudiera poner un policía 24 horas a cada persona que tenga riesgo o haya sido víctima de violencia, pero es imposible. Lo que sí tenemos es que desde el primer momento en el que se denuncia -que ese es quizá el más grave problema, que no se denuncia-, la Policía activa los protocolos y le da protección a la víctima. Luego, pasa al juzgado y este, automáticamente, dependiendo de la gravedad, o ingresa en prisión al maltratador o le coloca una pulsera. O si tiene dudas, a lo mejor solo le pone un policía custodio a la señora. En el juicio, que respeta la presunción de inocencia, hay que probar la culpabilidad. La víctima ya viene muchas veces, la mayoría, con su orden de protección, su auto de alejamiento y su pulsera. Si la sentencia es condenatoria, se mantienen esas medidas de protección durante un tiempo. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que ya no se le pueden seguir dotando de todas esas medidas y tenemos que presuponer que el sistema ha sido lo suficientemente bueno y eficaz para reinsertar socialmente al maltratador y que esa víctima no va a volver a sufrir más maltrato, pero esa es la creencia, es lo ideal. El problema que estamos viendo es que muchos que maltratan a una víctima maltratan a más víctimas, y a la vez, una víctima maltratada vuelve a ser maltratada por otros agresores. Hay que buscar alguna forma de saber detectar cuando la víctima no hemos sido capaces de recuperarla a través de especialistas para no dejarla a su libre albedrío, porque por su vulnerabilidad encontrará a otro maltratador. Y, por otra parte, habría que buscar modos o formas para que el maltratador salga rehabilitado y no vuelva a maltratar. El sistema no es perfecto, se intenta, pero tenemos que estar permanentemente pensando en cómo mejorarlo. Los servicios sociales penitenciarios, las asociaciones de víctimas, los políticos y la Administración de Justicia tienen mucho que decir. De hecho, existen las comisiones provinciales de violencia de género a nivel judicial, de la subdelegación del gobierno de España, a todos los niveles. Ahí tratamos de buscar mejoras para transmitir a quien tiene la competencia para legislar, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer y muchas vueltas que darle a la violencia de género.

P. ¿Cree en la total reinserción de los condenados por violencia de género?

R. Yo creo en la reinserción de todos los delincuentes, siempre y cuando estos lo quieran. Si no se quiere reinsertar, no hay reinserción posible. Se dice que la mayoría de los violadores no se reinsertan, o no quieren reinsertarse, o no hemos encontrado el medio para “amueblarle la mente de otra manera para que no piense que la mujer es un objeto”. Es ahí la cuestión.

P. ¿Entiende a esa parte de la ciudadanía que piensa así, que considera que hay determinados condenados que no son reinsertables?

R. Comprendo que la ciudadanía tenga miedo cada vez que sale a la calle una persona de esas de prisión. Comprendo y comparto que puede haber muchos que no se hayan reinsertado, pero somos un país democrático y no podemos tener a nadie en prisión hasta su muerte por el hecho de que exista ese riesgo. Alguna vez hay que poner fin. Para eso está la prisión permanente revisable, para que se vaya estudiando si está o no preparado para salir, una vez que cumpla su mitad de la condena o sus tres partes, y que se vea dónde falla el tratamiento penitenciario. Es más cuestión de tratamiento penitenciario y de voluntad del propio delincuente. Si es malo por naturaleza, hay que intentar que sea bueno, pero el Estado y la Justicia lo intentan, aunque el sistema no es perfecto. Yo comprendo a los ciudadanos, claro que los comprendo.

P. ¿Es peligroso legislar a golpe de caso mediático judicial?

R. Mucho. La legislación se tiene que hacer poco a poco, con serenidad y con tranquilidad. Si se legisla por caso particular mediático, no es bueno. ¿Por qué? Porque te vas a dejar atrás cosas que deberías de cambiar que han dado lugar a ese caso. El caso mediático te puede servir para incentivar el cambio, pero este tienes que hacerlo meditadamente, sosegadamente, viendo los pros y los contras, y cuáles son las causas. Si no analizas de dónde proviene ese caso mediático, por mucho que agraves la pena, te va a salir otro caso mediático, porque no has puesto fin a las causas que lo han originado. Yo creo que la legislación tiene que ser serena. Es como la justicia: a la hora de dictar sentencia, hay que ser tranquilo, abstraerse de todo pensamiento personal y centrarse en el caso concreto para resolverlo en justicia y en equidad. La legislación, para mí, es igual. Hay que hacerlo tranquilo, con un debate parlamentario adecuado, donde no se insulten ni se llamen al orden continuamente, ni que parezca una verdulería. El debate parlamentario tiene que ser un debate donde los representantes de los ciudadanos den explicaciones de por qué hay que cambiar, por qué hay que legislar y cuáles son las razones. Estoy seguro de que saldrían muy buenas leyes; de hecho, salen.

Una cosa es criticar una sentencia y otra, injuriar o llamar prevaricador a un juez

P. ¿La vergüenza lo que pasa en el Congreso y en el Senado?

R. No me avergüenza porque digo: “Dios mío, si es que están polarizados”. Lo que me avergüenza es la polarización. Yo soy más de consenso, de acercamientos, de intentar dejar de un lado lo que lleva Vox y lo que lleva el PP, lo que lleva Izquierda Unida, lo que lleva el PSOE y lo que llevan los nacionalistas. Creo que deben de juntarse e intentar hacer política de Estado. Mire, me va a llamar conservador, no lo soy, pero yo soy del consenso de la Transición. Pienso que la etapa que estamos viviendo es la mejor etapa que ha vivido nuestro país, la que más paz y más libertad nos ha dado. España siempre se ha distinguido porque, si no había un golpe militar, había un golpe político, peleándonos casi siempre (piense en el siglo XIX o hasta la mitad del siglo XX). Gracias a ese consenso, donde los que hicieron la Guerra Civil y los del otro lado dejaron atrás el pasado y dijeron: “Vamos a construir una nueva nación, vamos a vivir en democracia”, y salió la Constitución. Todos cedieron. ¿Qué más hubiera querido Santiago Carrillo y el Partido Comunista que España hubiera sido una república? Era su ideología o la del PSOE de la época. Y de los otros, algunos querían una dictadura personificada en el rey, una monarquía autoritaria. Los del medio, la mayoría, querían una monarquía parlamentaria, y al final entre todos dijeron: “Bueno, venga, yo renuncio a la República; yo, a la monarquía absoluta”. Al final, salió una monarquía parlamentaria que nos ha dado mucha estabilidad. ¿Tiene fallos? Claro. En la organización territorial del Estado los tiene. Se tiende hacia una confederación, en vez de hacia una federación, porque el Estado autonómico va más allá de lo que es un Estado federal. Yo soy doctor en Derecho y mi tesis doctoral va sobre eso en parte. Si todos estamos de acuerdo, volvamos a ese consenso y consideremos que hay que cambiar la Constitución para modernizar la organización del Estado. Sería estupendo. Ahora, lo que no podemos hacer es polarizar. Eso sí me da a mí me da a mi miedo.

P. Quizás la polarización surge en su momento cuando se lanzan mensajes que no aceptan el resultado de unas elecciones electorales, por ejemplo.

R. Es que hay factores que llevan a eso. Yo lo que les diría, si pudiera dirigirme al Parlamento de la misma manera que se dirige cualquier diputado o senador, es: “Por favor, señores, dejen en la puerta sus problemas de partido y los personales. No se fijen en lo que hace el otro, ni usted lo que el otro hizo o hace”. Lo ideal sería: “Vamos a construir el Estado y una sociedad justa, vamos a legislar bien”. Pero no puedo decírselo (risas).

P. Hablemos de la reciente comarcalización de los casos de violencia de género aquí en la provincia.

R. Como magistrado, alabo al Ejecutivo y al Legislativo por la comarcalización. Otra cosa es que me guste cómo lo han hecho. La comarcalización es muy buena. Quizá yo hubiera comarcalizado de otra manera a Córdoba, pero como es un real decreto, se puede modificar. Vamos a ver cómo funciona, y vamos a estar, a través de nuestra sala de gobierno y nuestro consejo, al tanto con el Ejecutivo para que, junto con el Legislativo, modifiquen esa comarcalización para que sea más eficiente.

P. ¿Por qué la comarcalización es buena?

R. Porque los partidos judiciales son del siglo XIX. Se crearon así por las comunicaciones que había en la época -el coche de San Fernando, yendo a pie, en burro, un mulo, o los más pudientes, un caballo o un carruaje- para que todo el mundo tuviera acceso a la Justicia sin problemas. Entonces, tenía que estar el juzgado a 20, 30, 40 kilómetros como mucho. En el siglo XXI ya tenemos AVE, aviones y otros medios. Ya el Partido judicial no tiene sentido como tal. La oficina judicial sí tiene que seguir ahí. Y lo deseable es que en cada municipio hubiese una para que se le prestase el servicio cercano al justiciable, ¿vale? Pero el juez, no. El juez tiene que estar en su tribunal de instancia, en su comarcalización, en su capital comarcalizada, que se tendrá que desplazar si está en Lucena, algunas veces a Montilla, otras veces a Cabra y otras veces a Puente Genil, pero el tribunal tiene que estar junto. ¿Qué teníamos antes de la comarcalización? Que en cada partido judicial había un juez o una jueza que llevaba violencia, pero otras muchas cosas más: asuntos civiles, instruye asuntos penales, lleva Familia, en fin, lo lleva todo. ¿Usted cree que ese juez o esa jueza, que ponen un interés tremendo en hacerlo y que quieren hacerlo, puede dar una atención adecuada a esa víctima y a ese maltratador? Lo intentan, lo hacen y lo consiguen, prácticamente, en parte. Pero luego, ¿qué ocurre con esa víctima? El juicio no se celebra en ese pueblo, sino en Córdoba. La Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género está en Córdoba, no en el pueblo. Y tiene que venir aquí a esa unidad Con lo cual, ¿qué es lo que hemos ganado? Unificar varios partidos judiciales de violencia de género en un uno en Córdoba capital que se dedica exclusivamente a eso. Para denunciar, la víctima no se tiene que trasladar a Córdoba capital ni nada. Además, se puede practicar la declaración de la víctima desde su misma residencia por medios telemáticos. La tecnología ha avanzado mucho. Esto es es lo que yo veo que es bueno y me parece un acierto que lo hayan intentado. El problema está en que creo que, por error o porque no les han informado bien o, bueno, porque creen que es mejor así, no se ha hecho tal y como yo lo veo. Yo habría comarcalizado el sur de la provincia y la capital. De tal manera que en la zona sur -Lucena, Puente Genil y Cabra- pones un juez exclusivo de violencia de género y Priego, Montilla o Baena, me lo traigo a Córdoba, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que habría que crear una plaza más en Córdoba, como se ha creado, y una plaza más en Lucena. Nos hemos ahorrado una plaza judicial, bien, pero yo prefiero pagarla. ¿Por qué? Porque la víctima está más cerca de su juez de su juez de violencia. Vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que al final le trasladaremos al Ministerio que la comarcalización tiene que ser de esta manera.

Ahora mismo no me planteo entrar en política

P. ¿No se podría haber modificado ese real decreto antes de ponerlo en marcha?

R. En ello se anda. Ha entrado en vigor, pero hasta el 1 de enero no entra en funcionamiento. El Colegio de Abogados de Lucena ha recurrido al Tribunal Supremo. Hombre, si desde allí leen esta entrevista, no sé si lo habrán hecho, peor yo elevaría una exposición razonada al ministro de Justicia por aquello de que porque el abogado del Estado va a ir a defender al Estado lo que ha resuelto el Estado. Un real decreto tiene sus razones. Si está razonado, se va a confirmar, pero, a lo mejor, lo que hace falta es un empujón político.

P. ¿Entiende que los trabajadores de violencia de la Ciudad de la Justicia mostraran sus temores hace apenas dos semanas?

R. Los juzgados de violencia de género están dotados de poco personal, desde el juez hasta el último funcionario dentro de Justicia. En conjunto se hacen esfuerzos para que sean los mejores dotados, pero no llegamos porque al haber aquí en Córdoba una sola jueza de violencia de género -esto esperemos que ya esté revirtiendo porque ya hay una juez de adscripción territorial adscrita al Juzgado de Violencia de Género y a partir de enero vendrá un titular más a violencia de género-, la situación actual no es deseable. A ese juzgado le tienen que entrar 16 asuntos y le entran 2.000 y pico. Es imposible a pesar de los refuerzos. Luego, todos los días hay detenidos. Pero es que, además, tiene que atender a las víctimas, celebrar los juicios de Familia de las víctimas... Terminan a las 17:00 o a las 18:00. No me extraña que se quejen. Ellos pretenderán que, o se pone más personal para que puedan salir a una hora razonable o pedirán más dinero por esas horas que echan. Si en vez de una hubiera dos plazas de juez, posiblemente la cosa cambiaba porque ya una plaza se podía dedicar solo y exclusivamente a los detenidos, y la otra plaza celebraría esa semana los juicios civiles, con lo cual no tendría ninguna interrupción y terminaría a su hora prudencial.

P. ¿Hay juzgados de la provincia que no estén adaptados a esa tecnología de la que me hablaba?

R. Todos los de primera instancia e instrucción lo están, otra cosa es que funcionen bien porque hay muchos fallos, pero bueno. Sin embargo, no todas las oficinas de los juzgados de Paz tienen esa tecnología, pero creo que la consejería tiene previsto todo eso.

P. En su programa hay otra medida, cuanto menos curiosa, y es la relativa a la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Es cierto que la ciudadanía pasa por un torno, pero pone en evidencia la facilidad de acceso a todas las instancias una vez dentro.

R. Así es. Desde que soy juez decano en este edificio, en el año 2017, hasta que dejé de serlo, en mi informe anual hice ver la falta de seguridad. La absoluta es imposible, pero se puede acercar uno a ella, ¿no? Aquí entra todo el mundo, pasa por un arco detector de metales y ya está. Aquí hay despachos de jueces y no estoy hablando del mío como presidente porque hasta llegar a mí hay que pasar por muchos filtros. Le estoy hablando de la jueza del Penal 5 o el del Penal 3. No va a ocurrir porque somos civilizados, pero la seguridad siempre hay que ponerla donde haya más riesgo. Hay encima de las mesas grapadoras, tijeras, abrecartas y otros instrumentos que se pueden utilizar para causar daño y a los que se puede acceder desde cualquier sitio. Si me hubieran consultado cuando se construyó este edificio, lo habría dejado igual por fuera, pero por dentro lo habría cambiado totalmente. He visto otras ciudades de la Justicia, como la de Vitoria, donde estuve 16 años, y allí hay mostradores en cada planta donde el ciudadano se para y no puede pasar hasta que no es atendido. ¿No le parece mucho más seguro?

P. Sí

R. Menos cercano, me puede decir

P. Totalmente

R. Pero en el equilibrio, busco mejor lo seguro. El ciudadano no deja de estar atendido y bien. Ahora, no sé si con el cambio de la oficina judicial en el proyecto estará hacerlo tipo mostradores o acceso directo. Lo único que pido a los funcionarios es que no tengan en la mesa ningún instrumento que pueda ser utilizado para causar daño.

Es peligroso legislar a golpe de caso mediático

P. ¿Los trabajadores le han transmitido esa preocupación?

R. No, no, es algo que yo he detectado. Quizá porque me paseo mucho por el edificio y lo veo, o porque me preocupa la seguridad de las personas y que se preste un servicio adecuado al ciudadano, o por mi propia forma de ser. Recuerdo que en su día lo planteé ante la consejería y las autoridades de la época me dijeron que no, que no sentían esa inseguridad. Bueno, pues allá ellos.

P. ¿Se lo ha trasladado a la actual consejería?

R. Todavía no he tenido oportunidad. Pero el que tuvo un infarto, se cuida.

P. ¿En esta Ciudad de la Justicia?

R. No, en otra

P. ¿Cómo lo llevó?

R. Con dignidad y perdonando siempre. Además, con un tío grande como yo y con esta envergadura no es lo mismo (risas)

P. Claro, se pone la cosa un poco complicada (risas). ¿Cómo evaluará el éxito de su mandato?

R. Ojalá sea un éxito porque será el éxito de Córdoba y de la ciudadanía, no mío. Créame, así lo pienso. No hago las cosas por egocentrismo, egoísmo o por ser importante, sino por ayudar a las personas, lo que no significa que no lo haga con rigor jurídico. Me gusta el pensamiento filosófico porque tiende hacia la libertad, la igualdad y, especialmente, la equidad. Eso es lo que guía mi forma de ser. ¿Por qué? Porque eso lleva hacia el progreso, que es la evolución del ser humano con libertad y seguridad. Una libertad en la que se respeten a los demás. Una democracia bien entendida, no una democracia donde la mayoría machaca a la minoría. Hay que respetar a las minorías porque, a lo mejor, llevan algo de razón que te enfoca la mente. Creo en el ser humano. Si todas las personas pensamos en hacer el bien, en ser humildes y en tratar con respeto a las demás personas, esto cambia.

P. Es una visión quizás muy ilusionista de la sociedad.

R. Yo soy un ilusionista, si me quieres llamar así (risas). Soy una persona que cree que el mundo puede mejorar y que todos podemos ayudar, aunque sí es cierto que hay mucho ego.

P. Su programa es bastante largo, no sé yo si en un mandato le va a dar tiempo, así que supongo que habrá un segundo.

R. Intentaré que me dé tiempo. Lo conseguiré.

Los juzgados de violencia de género están dotados de poco personal

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un vecino de Lucena que había sido condenado a 18 meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas tras considerar probado que la pistola que portaba -una detonadora de fogueo- estaba obstruida y no tenía capacidad para disparar proyectiles.

El fallo revoca así la resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, que en abril había impuesto la pena de cárcel al acusado. El tribunal provincial concluye que el arma “no poseía potencialidad lesiva” y que, por tanto, su tenencia no debía sancionarse penalmente, sino, en su caso, mediante una infracción administrativa.

Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando el acusado fue sorprendido por la Policía Nacional en la calle General Alaminos de Lucena portando en la cintura una pistola de señales marca Valtro, modelo 8000 FS, junto a dos cartuchos detonadores. El análisis pericial determinó que se trataba de una pistola de alarma, utilizada habitualmente para emitir señales acústicas o de fogueo, con el ánima del cañón parcialmente obstruida, lo que impedía la salida de cualquier proyectil sólido.

Según el informe técnico, el arma únicamente permitía la expulsión de gases y ruido al detonar los cartuchos, siendo capaz, en el peor de los casos, de provocar quemaduras leves a muy corta distancia. En palabras del tribunal, su peligro era “menor que el de un cuchillo de cocina”.

En su sentencia absolutoria, la Audiencia Provincial ha hecho uso de la doctrina del Tribunal Supremo, que diferencia entre los ilícitos penales y las infracciones administrativas en materia de armas. Para que exista delito, explica el tribunal, el objeto debe tener una “especial potencialidad lesiva”, es decir, una capacidad real de causar daño. En este caso, la pistola incautada no reunía esa condición, pues no podía lanzar proyectiles ni había sido manipulada para aumentar su poder ofensivo.

La resolución destaca, además, que el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia omitía cualquier descripción de la peligrosidad del arma, limitándose a señalar que se trataba de un modelo prohibido para particulares. Esa omisión, razona la Sala, “convierte los hechos, como mucho, en una infracción administrativa, pero no en un delito penal”.

Pese a la absolución, la Audiencia sí ha llamado la atención sobre la “alarma social” que produjo entre los presentes aquel día dado que la pistola era físicamente igual a un arma real, hecho que podría ser sancionado por vía “administrativa y no mediante una condena penal”.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un abogado cordobés por la construcción de una vivienda ilegal en la Vega del Guadalquivir, en suelo protegido, en una sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba. La resolución mantiene la pena de un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y la obligatoriedad de demoler la vivienda.

El caso se remonta al verano de 2018, cuando el condenado adquirió una parcela de 1.000 metros cuadrados en la zona de especial protección Vega del Río Guadalquivir. En agosto de ese año instaló sin licencia una casa prefabricada de unos 50 metros cuadrados y junto a ella levantó un cerramiento de bloques de hormigón de 16 metros de longitud y dos de altura. Pese a que la Gerencia Municipal de Urbanismo le abrió un procedimiento sancionador, en agosto de 2021 amplió las obras con una solera de hormigón de 80 metros cuadrados en la entrada de la casa, una cubierta de chapa de 40 metros cuadrados y un porche de 12 metros cuadrados sostenido por pilares de hormigón, consolidando así un asentamiento ilegal en un terreno especialmente protegido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba.

El Juzgado de lo Penal número 2 lo condenó el pasado mes de abril a un año y seis meses de prisión, a 2.880 euros de multa, a la inhabilitación especial durante un año para ejercer como constructor o promotor y al pago de las costas procesales. Asimismo, decretó la demolición de la vivienda y de las estructuras anexas, imponiéndole la obligación de devolver la parcela a su estado original, con un coste pericialmente valorado en 3.428 euros.

En su recurso, el letrado alegó que actuó bajo un error de prohibición, que el derecho penal no debía intervenir en su caso, que sus actuaciones estaban amparadas por el derecho constitucional a la vivienda y que las pruebas gráficas que mostraban la magnitud de la construcción vulneraban derechos fundamentales. Pero la Audiencia Provincial ha rechazado todos estos argumentos.

En primer lugar, el tribunal ha considerado probado que, por su formación jurídica y su posterior ejercicio como abogado, el acusado no podía ignorar la ilegalidad de sus actos y que, en cualquier caso, desde que se incoó el expediente disciplinario, disponía de vías administrativas suficientes para conocer con certeza la calificación del suelo y las consecuencias de sus actuaciones.

En segundo lugar, la Audiencia le ha recordado que el derecho a la vivienda no es absoluto y que se encuentra subordinado al interés general y a la protección medioambiental, citando expresamente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ratifica que la edificación en suelo no urbanizable de especial protección es siempre no autorizable y que la demolición constituye la regla general en estos casos. Por último, el tribunal ha insistido en que la existencia de otras construcciones ilegales en la misma zona o el pago de impuestos no eximen de responsabilidad penal ni legitiman la consolidación de edificaciones prohibidas en un espacio catalogado como rústico preservado por sus valores paisajísticos y naturales.

Miguel Ángel Pareja Vallejo ha tomado este miércoles posesión de su cargo como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba en un acto marcado por la emoción y por la defensa de una justicia más cercana, comprensible y comprometida con los ciudadanos. “Se cumple un sueño”, expresó visiblemente emocionado al inicio de su intervención, en una jornada simbólica para él: el Día de la Virgen del Carmen, cuya imagen y escapulario -como recordó- lo acompañan desde su infancia.

En su entrada al salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Córdoba lo han acompañado, como padrinos, el presidente saliente de la Audiencia -Francisco de Paula Sánchez Zamorano- y el magistrado jubilado del Tribunal Supremo Benito Gálvez. Después, ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Pareja Vallejo ha jurado el cargo.

Esta estancia de los juzgados se ha convertido en una gran sala de vistas donde el público se ha emocionado en varias ocasiones. Era imposible no hacerlo al escuchar hablar a este magistrado, quien recordó sus orígenes humildes y su largo camino hasta llegar a ocupar este puesto de gran relevancia dentro del Poder Judicial.

El presidente reflexionó sobre el debate político que se lleva a cabo sobre la procedencia social de los jueces y su proceso de selección. “A pesar del nombramiento, sigo siendo la misma persona de siempre. Aquella que corría por las calles de Mestanza -municipio de Ciudad Real de donde es originario- y con una familia humilde, pero siempre con lo necesario para seguir adelante”, aseguró. Recordó su infancia en su pueblo, sus visitas a Córdoba y sus juegos de niño en las calles de San Basilio, la Puerta del Rincón o la Cuesta del Bailío. Tuvo palabras para su madre, quien, pese a las dificultades económicas, siempre le inculcó el valor de la educación, y el sacrificio que hizo para que él pudiera estudiar y salir adelante.

“Mi padre, que era minero, falleció de silicosis cuando yo tenía solo nueve años. Dejó a mi madre viuda con cinco hijos, todos menores de edad. Fue un momento difícil, pero ella nunca dejó de luchar para que tuviéramos la oportunidad de estudiar”, relató el presidente, quien destacó la influencia de personas clave en su vida, como su amigo Rafael -El Chache-, quien le animó a estudiar Derecho, una disciplina que finalmente le permitió cumplir su sueño.

Gracias a una beca, estudió en la Sagrada Familia de Baena. Ingresó al Ejército de Tierra en 1985, donde fue destinado al País Vasco. Allí estudió Derecho por la UNED y sintió “la llamada de la Justicia”. Con determinación, dejó la carrera militar y, pese a las dificultades familiares y personales, se trasladó a Barcelona para formarse como juez. Desde entonces ha ejercido en Montoro, Fuengirola y Córdoba, donde está destinado desde 2008, acumulando más de 43 años de servicio público.

Con la sabiduría que dan los años, el presidente -que ahora es miembro nato, antes era electo, de la Sala de Gobierno del TSJA- se mostró convencido de que la Justicia debe ir acompañada de “equidad”, buscando siempre un resultado verdaderamente justo. En su intervención también insistió en la importancia de que las resoluciones judiciales “sean motivadas”, pero redactadas de forma comprensible para la ciudadanía, sin perder rigor técnico. “Las tesis doctorales y los estudios científicso deben quedar para la Universidad y las revistas especializadas”, enfatizó.

Mentalidad abierta para afrontar los cambios

En una atención a medios previa al acto institucional, Pareja ha subrayado que llega al cargo con “mucho optimismo” y con “la mentalidad abierta” de cara a los cambios que quiere llevar a cabo. Así, uno de los principales compromisos del nuevo presidente de la Audiencia Provincial es “acercar la justicia a la ciudadanía”, haciéndola más comprensible, accesible y útil. Pareja Vallejo considera que los ciudadanos “son los verdaderos destinatarios del servicio público de la Justicia”, por lo que apuesta por una labor judicial cercana, clara en su lenguaje y con una vocación de servicio.

En esa línea, entre los proyectos que plantea destaca su intención de acercar la justicia a los adolescentes a través del programa Educar en Justicia, impulsado por el Consejo General del Poder Judicial. Esta iniciativa llevará a magistrados a los centros educativos para explicar de forma práctica el funcionamiento judicial. Además, se promoverá un premio a la mejor redacción escolar sobre justicia, con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre el papel de este pilar fundamental del Estado.

Además de acercar la Justicia a la ciudadanía, Pareja se ha referido su compromiso en mantener “relaciones fluidas con todas las autoridades” y su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario “en beneficio de la Administración de Justicia”.

Asimismo, impulsará la mediación y los medios alternativos de resolución de conflictos, convencido de que “es mejor una mediación y un acuerdo que un buen juicio”. A su juicio, estas vías permiten resolver disputas con mayor rapidez, ahorro y satisfacción para todas las partes implicadas.

Retos judiciales y recursos limitados

Preguntado por los recursos de los órganos judiciales, Pareja Vallejo ha sido claro: “Si los medios fueran suficientes, habría más jueces, más funcionarios y más medios materiales”. Alertó de la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados, aunque evitó hablar de colapso. “Es imposible reducir las listas de espera sin reforzar la plantilla o disminuir el número de pleitos”, señaló.

Sobre la decisión del CGPJ de unificar en Córdoba los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital cordobesa, indicó que “muy probablemente busca lo mejor para la Justicia y las víctimas”. Esta decisión ha encontrado el rechazo de CCOO, el Colegio de la Abogacía de Córdoba y su homólogo en Lucena, que, además, ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que ha incluido esta modificación.

Por último, se ha referido a la percepción ciudadana de la Justicia citando encuestas del CIS: “Quienes han utilizado el sistema hablan bien de la Justicia; quienes hablan mal, a menudo, nunca lo han hecho”. Su reto, concluyó, es lograr que todos los ciudadanos, usuarios o no del sistema judicial, tengan una imagen positiva del mismo.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha elegido este miércoles, 9 de julio, al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al reunir su candidatura, presentada por el Grupo Popular, un total de 67 votos a favor que superan el equivalente a tres quintos de la Cámara andaluza --que se alcanza con 66 escaños--, mayoría necesaria para su elección en primera votación.

De esta manera, y aunque la votación se ha realizado en urna y ha sido secreta, de la aritmética parlamentaria y de los posicionamientos que previamente habían trasladado los grupos se desprende que Sánchez Zamorano ha reunido los apoyos del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta de 58 diputados, y de Vox, cuyo grupo se compone de 14 diputados.

No obstante, en la votación no han participado los 109 diputados, ya que, en total, se han contabilizado 103 votos, puesto que había ausencias en los escaños, entre ellas, la del presidente del Grupo Popular y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es diputado por Málaga y que no se encontraba presente en el Pleno en ese momento.

Pese a ello, la candidatura de Sánchez Zamorano ha reunido 67 votos a favor, frente a 36 que se han emitido en blanco, y que casi equivalen a los 37 escaños que suman los grupos Socialista (30), Por Andalucía (5) y Mixto-Adelante Andalucía (2).

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado la elección de Francisco de Paula Sánchez Zamorano como director de la Oficina Andaluza Antifraude tras leer el resultado de la votación, que se ha llevado a cabo siguiendo lo previsto en el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

De no haberse alcanzado una mayoría equivalente a tres quintos del Pleno del Parlamento, habría que haber esperado al menos 15 días para llevar a cabo una segunda votación en la que ya habría bastado la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A para la elección del nuevo director de dicha oficina, que sustituye en ese cargo a Ricardo Puyol Sánchez, que presentó su dimisión hace un año.

Trayectoria

Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que ha asistido a la votación desde la tribuna de invitados del salón de plenos junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, superó la semana pasada el examen de idoneidad en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra y Vox se abstuvo.

Nacido en Carcabuey (Córdoba), en 1957, Francisco de Paula Sánchez Zamorano es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979) y magistrado. Ha sido hasta hace unos días presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, cargo al que accedió en noviembre de 2014, y ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Asimismo, ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado este martes el nombramiento de Miguel Ángel Parejo Vallejo como presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba tras el acuerdo acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pareja Vallejo llega en sustitución del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano, tras llevar en el cargo diez años. Es magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, especializada en Violencia sobre la Mujer, desde septiembre de 2023, tras llegar desde el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital. Así, desde 2016 a 2023 ha sido juez decano de Córdoba.

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial compitió por el cargo con los magistrados Juan Rafael Benítez Yébenes y Pedro Roque Villamor Montoro.

El PP-A ha propuesto al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez.

Sánchez Zamorano (Carcabuey, Córdoba, 1957), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979), es magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba desde noviembre de 2014. Este cargo lo abandonará cuando Miguel Ángel Pareja tome posesión del mismo como su sucesor. Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.

Por otro lado, el PP-A también ha propuesto a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu, que está de manera interina al frente de la institución desde septiembre de 2024.

En un audio, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha confirmado que en la mañana de este lunes ha registrado en el Parlamento la propuesta de García Palacios como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, y ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que la apoyen.

“Una mujer de un perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, una profesional de la salud en Andalucía, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa, y a la protección de las personas más vulnerables”, ha dicho Martín.

Ha agregado que, de resultar elegida en el próximo Pleno del Parlamento, Rosario garcía se convertirá “en la primera mujer que desempeña el cargo de Defensora del Pueblo en Andalucía”. “Nos llena de orgullo ser el Grupo Popular quien proponga este perfil absolutamente incontestable y que debería reunir el apoyo unánime del resto de grupos”, ha dicho.

“Esperamos que el resto del grupo respalde nuestra propuesta, que no es partidista ni sectaria, sino independiente y llamada a buscar el consenso, un consenso por el que hemos trabajado durante mucho tiempo en este asunto desde el Grupo Popular”, ha expuesto Toni Martín.

Ha indicado que ese consenso se ha echado “en falta” en el Grupo Socialista, sobre todo, tras la “marcha de señor Juan Espadas” como secretario general del PSOE-A. “Lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando; hacemos un llamamiento al PSOE para que abandone posturas sectarias y de interés partidista y entienda que esta es una propuesta pensando en Andalucía y en todos los andaluces”.

Rosario García Palacios (1966) es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud, y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada. Es presidenta de Cruz Roja Andalucía desde 28 Abril de 2023.

En cuanto a su experiencia profesional, ha sido enfermera asistencial durante 17 años; profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (7 años); docente de la Consejería de Salud (14 años), o docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológia (4 años).

Como se recordará, en septiembre de 2024 quedó formalmente vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, ha continuado ejerciendo sus funciones “hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento” autonómico.

A mediados del pasado mes de mayo, PP-A y PSOE-A confirmaron “conversaciones” para acordar la renovación pendiente del Defensor del Pueblo.

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo “será elegido por el Parlamento para un período de cinco años”, y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este miércoles al magistrado Miguel Ángel Pareja Vallejo como presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, en sustitución del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano, tras llevar en el cargo diez años.

Al respecto, Miguel Ángel Pareja Vallejo es magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, especializada en Violencia sobre la Mujer, desde septiembre de 2023, tras llegar desde el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital. Así, desde 2016 a 2023 ha sido juez decano de Córdoba.

Según ha informado el CGPJ, se han aprobado 12 nombramientos en el Pleno, de manera que el órgano de gobierno de los jueces ha realizado desde el inicio de su mandato el día 25 de julio de 2024 un total de 132 designaciones, de las que 55 --el 41,6 por ciento-- han recaído en candidatas mujeres.

Indemnización de 436,75 euros y una multa de 600 euros. Esta es la condena a una mujer que dañó un coche después de que se diera cuenta de que el dueño del mismo había movido su moto para ocupar una plaza de aparcamiento. El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba le impuso esta pena y la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la sentencia, desproporcionada a juicio de la defensa.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023 en la calle Platero Sánchez de la Cruz de Córdoba, una perpendicular a la avenida de Barcelona. Según los hechos probados en la sentencia de primera instancia, sobre las 21:30, el propietario del coche estaba buscando aparcamiento cuando observó una moto aparcada en una plaza de estacionamiento en batería. Ante la falta de espacio, el hombre la movió por el manillar para colocarla en paralelo y poder estacionar su vehículo, lo cual finalmente hizo.

Posteriormente, sobre las 00:48, la Policía Local contactó con el hombre, informándole de que bajara a comprobar los limpiaparabrisas de su vehículo, los cuales se encontraban doblados y forzados. En la inspección, el hombre notó un sonido extraño en el espejo exterior derecho, que también estaba movido, así como una ralladura en el capó.

Tras marcharse la Policía, una vecina se asomó a la calle, indicando al hombre que ella había causado los daños y también le insultó. La valoración pericial judicial de los daños en el coche ascendió a 436,75 euros, incluyendo 58,50 euros de mano de obra. Como consecuencia del desplazamiento de la moto, esta sufrió daños valorados en 333,15 euros.

Por estos hechos, la mujer fue condenada a una multa de 600 euros por un delito leve de daños y a pagar una indemnización al dueño del coche establecida en 436, 75 euros. Además, Instrucción 8 absolvió al hombre de los daños que tuviera la moto, que no aparecen reseñados en la sentencia, ya que no se han encontrado pruebas inculpatorias.

Recurso ante la Audiencia

Contra esta sentencia, la defensa de la mujer interpuso un recurso de apelación que ha sido desestimado en su totalidad. En primer lugar, su abogado argumentó que la indemnización era desproporcionada porque su defendida solo había dañado los limpiaparabrisas, cuyo coste según el informe pericial era de 91,69 euros, por lo que la responsabilidad civil debería limitarse a ese importe. En segundo lugar, y respecto a la pena de multa, consideraba que los 600 euros eran una cantidad muy superior al daño causado.

Para el tribunal, no se puede limitar la responsabilidad civil al coste de los limpiaparabrisas dado que los hechos probados recogían otros daños en el vehículo cuya cuantía total ascendía a 436,75 euros. En cuanto a la pena de multa, la Audiencia Provincial consideró que la jueza de instancia fundamentó adecuadamente su sentencia, teniendo en cuenta la entidad de los hechos, la forma de causación de los daños en represalia por haber movido su motocicleta, la pluralidad de daños en diferentes partes del vehículo, la entidad de los mismos y la pena mínima y máxima prevista para el delito leve de daños.

Sobre esto, la Audiencia Provincial también señaló que, al no haber aportado la acusada documentación sobre su capacidad económica, se estableció la cuota diaria de diez euros, considerándola ajustada a derecho y dentro de la moderación.

*En una primera actualización de la noticia, se informó de que la indemnización ascendía a 43.675 euros dada la información transmitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que contenía un error, ya que la cantidad asciende a 436,75 euros.

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado 12 años de prisión para un delincuente multirreincidente que participó en dos robos en bares de la capital cordobesa junto con otro hombre, para quien el Ministerio Público ha pedido diez años de cárcel. Ambos se encuentran en prisión provisional y serán juzgados la semana que viene por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación, los acusados, actuando de común acuerdo, se aproximaron a una coctelería el pasado mes de agosto y forzaron la puerta del establecimiento, fracturándola tras un fuerte golpe, lo que provocó que los pestillos se ladearan, desubicándose del cierre, consiguiendo abrir la puerta. Una vez dentro, los individuos violentaron uno de los cajones para acceder a la caja fuerte, llevándose una suma de 1.360 euros en efectivo, haciendo suyos también el contenido de la caja registradora, que contenía 60 euros en efectivo, así como el repetidor de las cámaras de seguridad, valorado en 134 euros; el rúter wifi, estimado su precio en 38 euros, y una tablet de 100 euros.

Además, los acusados sustrajeron dos botellas de whisky valoradas en 242 euros. El total del valor de los objetos sustraídos asciende a 1.954 euros. Como consecuencia del robo, se produjeron daños en el local que ascienden a 315 euros.

En un robo posterior, los mismos acusados repitieron un comportamiento análogo en otro establecimiento. Tras romper la reja abatible y doblando una de las guías de los raíles inferiores y superiores, pudieron entrar y romper la cerradura que daba acceso al local. Ya en su interior se hicieron con diez décimos de lotería de Navidad, dos botellas de whisky, valoradas en 31 euros; el contenido de la caja registradora, donde había 175 euros en dinero en efectivo, y unos 805,90 euros de la máquina recreativa. El valor total de los objetos sustraídos en este segundo robo ha sido tasado en 1.411,90 euros, a los que hay que sumar 830 euros por los daños en el local y en la máquina recreativa.

El escrito de la Fiscalía califica los hechos como dos delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura. Por ello, la Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel por cada uno de los delitos al acusado multirreincidente (12 años), mientras que para el segundo encartado pide cinco años de prisión por cada robo (diez años).

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la multa de 180 euros por un delito leve de lesiones a un entrenador de fútbol base tras un incidente con un menor. Los hechos se remontan al mes de abril de 2024, cuando al finalizar un partido en el campo municipal de fútbol de Aguilar de la Frontera, el condenado estrechó fuertemente la mano derecha del menor, tirando de él para agarrarle del cuello con su brazo izquierdo.

Esta acción causó al niño cuatro lesiones en el cuello, además de dolor cervical. El Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera condenó al entrenador por un delito leve de lesiones a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, lo que asciende a un total de 180 euros. Asimismo, se condenó al procesado a indemnizar a la madre de la menor, como su representante legal, con la cantidad de 225 euros en concepto de responsabilidad civil, y se le impusieron las costas causadas en el procedimiento.

Contra esta sentencia, el procesado interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando su libre absolución, alegando que el menor había incurrido en contradicciones, que no existían corroboraciones por testigos y tampoco se había dejado constancia de estos hechos en el acta arbitral. Además, insistió en su trayectoria deportiva como entrenador de categorías inferiores y la ausencia de incidentes previos, y “a la posible estigmatización y la inhabilitación que le supondría para seguir ejerciendo su actividad como entrenador”.

Sin embargo, la Audiencia ha rechazado su recurso y ha compartido la conclusión del juez de Instrucción. Así, el tribunal ha señalado que la declaración del menor no presentaba fisuras y estaba claramente objetivada por las lesiones descritas, las cuales se correspondían con la acción narrada. Además, se tuvo en cuenta la existencia de incidentes previos y altercados posteriores que motivaron la intervención de la Guardia Civil.