Este martes, el primer juicio derivado del concido como Caso Infraestructuras ha quedado visto para sentencia. El único acusado es el exconcejal de Infraestructuras David Dorado, que se enfrenta a una pena de 14 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Esta condena le impediría seguir dando clases en un instituto público, aparte de poder presentarse a unas elecciones.

Tras la última sesión, la Fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de inhabilitación. La defensa ha pedido la libre absolución. En esta última sesión ha declarado el propio Dorado ante el tribunal que lo juzgará, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Dorado ha reconocido que firmaba toda la documentación que se está revisando en el tribunal, pero que no se la leía antes. “Toda la documentación que he firmado, la firmaba sin leérmela siquiera porque confiaba en los técnicos y funcionarios. Tenía en el portafirmas una casilla para firmar de golpe y lo hacía”.

Este juicio, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo.

La defensa de Dorado, ejercida por el abogado Carlos Arias, ha discutido con la Fiscalía sobre el concepto de “ilegalidad” y ha señado que si acaso se estaría hablando de un contrato “alegal” que debería haberse dirimido por el cauce del Contencioso Administrativo y nunca por lo Penal. “No creo en las casualidades”, expresó el letrado. La Fiscalía ha destacado lo que declaró hace varias semanas el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que en este proceso de le había dado “una patada” a la ley de contratación pública.

Antes de las conclusiones definitivas, declaró el último testigo, un oficial de primera del Ayuntamiento ya jubilado y al que no se pudo localizar en la sesión anterior. Ahora, en la reanudación de la vista, sostuvo que el contrato de las alarmas aunque estaba prorrogado no se estaba prestando ya que el contratista había mostrado “verbalmente” su negativa a seguir trabajando con el Ayuntamiento porque tenía problemas de cobro. Por eso se inició otro procedimiento. El contratista era Segurimar que a su vez subcontrató a Eulen. El siguiente contrato se le encargó precisamente a Eulen. El oficial insistió en que en plena pandemia los colegios y edificios municipales no podían quedarse sin alarma, por su evidente peligro de seguridad. Y que por eso se hizo la pŕorroga.

Tras su declaración llegó el turno de Dorado. El exconcejal siempre defendió su confianza en los técnicos, que en un principio estuvieron procesados en este caso pero que finalmente no han llegado a juicio. Y en el trabajo que se realizó para que los colegios y edificios municipales siguieran teniendo alarmas. Preguntado reiteradamente por la Fiscalía sobre su signatura en los documentos, insistió en que “me lo pusieron a firma”. Posteriormente la Fiscalía insistió en que “cualquier persona mayor de edad es responsable de todo lo que firma”.

Dorado acusa al jefe de la Asesoría Jurídica

El juez permitió a David Dorado hacer uso de su derecho a la última palabra. El exconcejal argumentó que “llegué a la política con la gran ilusión de cambiar las cosas” y que “a la vista de esa actitud que mantuve siempre me llegaron muchos empresarios de la ciudad vinculados al mundo eléctrico a denunciar irregularidades de alumbrado. En concreto cuatro millones de euros que se adjudicaron a la misma empresa. Puse la correspondiente denuncia ante la Fisclaia. A posteriori descubrí que uno de los miembros de la junta de contratación era Miguel Aguilar (jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento) y así lo dije en los medios de comunicación”. Dorado aseguró que “eso hirió mucho el amor propio del señor Aguilar. Me amenazó con iniciar acciones legales contra mí”, por lo que consideró que el Caso Infraestructuras se deriva de esa circunstancia.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido en sus conclusiones que el polémico contrato que no habría seguido ninguna norma fue “firmado por el acusado, que dice que no lo leyó. Él es un concejal de Infraestructuras con conocimientos mínimos de funcionamiento del Ayuntamiento debe saber que el órgano para aprobar este contrato es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento”, insistió.

Así, la Fiscalía sostuvo que el contrato firmado se solapa en 2022 y supera los 50.000 euros. Pero “curiosamente la factura que se emite todas ellas son de menos de 3.000 euros. Eso llama la atención y pone en guardia al órgano de Intervención. El señor Miguel Aguilar vino a decir que el contrato que firma el acusado claramente se hace sin todos los requisitos y bendiciones que son necesarios”. “Firmar este contrato le da una patada a la ley 9/2017 de contratos del sector público”, reiteró.

“A perro flaco todo son pulgas”

El abogado de Dorado tiró de refranero para defender a su cliente diciendo que a “perro flaco todo son pulgas”. “No es lo mismo ilegal que alegal”, insistió. “Nos encontramos con un contrato alegal desde el 2018 porque se prohibe la subcontratación”, sostuvo. El contrato lo ganó Segurimar que subcontrató a Eulen, la misma firma que posteriormente firma el contrato bajo sospecha con Dorado. “El propio Miguel Aguilar ha reconocido que no sabía quién era Eulen que era el que prestaba el servicio”, dijo.

“No creo en las casualidades. No puedo creer en ellas”, insistió, al referirse a la “honorabilidad” argumentada por la Asesoría Jurídica. “No toda la Asesoría estaba afectada por la honorabilidad”, expresó.

Así, dijo que cuando se hizo el informe jurídico en 2021 que derivó en la causa actual se sacaron dos conclusiones: que “esto era un tema administrativo” y que había que “dar traslado a la Fiscalía por si acaso”. “Pero esto era un tema administrativo puro y duro”, insistió. Además, se centró en las “discrepancias” entre los técnicos sobre si se trataba de un contrato mayor o menor. “Si hay discrepancias entre ellos, imagínese esta persona”, en referencia a su defendido, para el que pidió la libre absolución y sostuvo que los 14 años de inhabilitación que se le reclaman son excesivos.

Pieza derivada del 'Caso Infraestructuras'

El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como Caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación.

Ahora, Dorado se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. 

La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Pozoblanco ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde del municipio, Santiago Cabello (PP), después de la denuncia que presentó en el mes de octubre el grupo municipal de Izquierda Unida.

“Los hechos relatados en la querella presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa”, señala el magistrado en un auto firmado el pasado 17 de febrero. De hecho, el juez ya ha citado en calidad de “querellado” al alcalde pozoalbense, el próximo 11 de marzo a las 12:30 de la mañana en sede judicial. En la querella también fue denunciada la exconcejala de Recursos Humanos, María Inmaculada Reyes Cuadrado, citada también el 11 de marzo para prestar declaración. Ambos deben ir acompañados de sus respectivos abogados.

En su querella, de 45 folios, IU alude a que “desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo”. La abogada de IU Amanda Meyer subrayó que estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, “evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al Partido Popular en la localidad”. “Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica, y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas”, señaló.

Meyer destacó tres aspectos fundamentales de la querella: primero, la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la Secretaría General; segundo, el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad; y, finalmente, el caso particular de la contratación del hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del¡ Ayuntamiento sin que existiera una contratación formal que lo amparase.

Según Meyer, el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio. Para ello, Meyer solicitó al juzgado que se oficie al Ayuntamiento para aportar toda la documentación de contratación desde el año 2020 hasta la fecha, así como que se tomen declaraciones a los funcionarios y personal del Ayuntamiento que puedan tener conocimiento de los hechos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba archivó una denuncia del PSOE contra el alcalde de Pozoblanco por el caso del joven intruso, el de un trabajador que estuvo meses contratado sin acudir a su puesto y que era el hijo de la secretaria del regidor. El Ministerio Público reconoció que hay “irregularidades en el proceso de contratación”, pero que ello “no justifica el inicio de ninguna investigación penal puesto que no es posible hablar de una voluntad predeterminada a contratar de forma ilegal a sabiendas” por parte de Cabello.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar los recursos de casación presentados por el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, Juan Molina, y su tesorero F.A.P. contra las condenas de prisión y de inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Córdoba en 2022 por malversación y prevaricación. El regidor estuvo en el cargo entre 1999 y 2011 y el segundo, entre 2007 y 2011. No obstante, sí ha exonerado al tesorero de la condena civil indemnizatoria a pagar. En esencia, tanto el exalcalde como el tesorero pagaron 81.200 euros sin factura alguna.

En febrero de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia condenó a Molina a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por este mismo delito, fue también condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia, además, consideró al exalcalde de Algallarín autor de un delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, y lo condenó a otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

Junto a ello, la Audiencia cordobesa condenó al que fuera tesorero de Algallarín a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación continuada y lo absolvió del delito de prevaricación del que también se le acusaba. Además, ambos fueron condenados a indemnizar a Algalarrín con 6.960 euros. Sin embargo, el Supremo sí ha exonerado al tesorero del pago de esta condena civil al considerar que el único responsable es el exalcalde, por lo que será él quien la abone íntegramente.

Hechos probados

La sentencia considera probado que, desde 2007, el que fuera alcalde de Algallarín y su tesorero dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, “no existiendo correlación acreditada entre los presupuestados de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos ,sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, e incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (Alcalde, Tesorero e Interventor), y dejando de justificar salidas de fondos municipales”. 

Así, explica la sentencia, fueron múltiples “los pagos de facturas sin concepto alguno y sin constancia de estas, utilizando incluso, para realizar algunos pagos, una tarjeta de crédito a nombre del Alcalde Presidente a cargo de la cuenta de la titularidad de la ELA, ”sin control alguno“. Estas prácticas permitieron a los acusados ”emplear fondos públicos con la opacidad suficiente para destinarlos a finalidades injustificadas de acuerdo a su exclusiva voluntad“. 

También señala que en mayo de 2007 se llevó a cabo en la localidad un mitin electoral de la Agrupación Local PSOE- Algallarin, en cuyo seno se ofreció un espectáculo musical y en pago de sus servicios, “y con plena conciencia del uso fraudulento de los fondos municipales, y en beneficio de su Agrupación, el Alcalde Presidente abonó a dicho grupo 6.960 euros, mediante un cheque a cargo de la cuenta municipal”. 

Junto a ello, ambos acusados “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde el mes de enero de 2007, hasta al menos el mes de noviembre de 2009 expidieron, con cargo a la cuenta municipal un total 176 cheques bancarios, “sin consignar documentalmente, el objeto, y la justificación necesaria, con el consiguiente daño a las arcas municipales”. 

A partir de 2009, el exalcalde puso en marcha una actividad de ‘‘voluntariado“ para el pago a distintos ciudadanos por la prestación de una serie de servicios. En este sentido, la sentencia indica que ”se pagaron injustificadamente a diferentes ciudadanos, hasta un total de 69.650,25 euros, sin que conste documentalmente su efectiva realización, encubriendo prestaciones de servicios propias de relaciones laborales, y sin sometimiento a ninguna norma de contratación laboral o administrativa“. 

Por último, ambos acusados “actuando concertadamente y con plena conciencia de que lo hacían, vulnerando el ordenamiento jurídico y en perjuicio de los fondos públicos tenidos bajo su cargo”, los primeros días de junio de 2011, ante la inminencia de su salida de la corporación, ordenaron pagos por importe de 47.856,34 euros ,mediante transferencias bancarias sobre la cuenta municipal “sin la correspondiente consignación presupuestaria, sin estar refrendados por acuerdo municipal alguno, y sin la ineludible firma del Interventor asignado a la ELA, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales; siendo que, parte de dichos pagos, fueron dirigidos sin justificar, a los propios acusados”, en particular 5.689,80 para el exalcalde y 2.240 euros para el tesorero en concepto de nóminas y atrasos. 

Los acusados tuvieron que satisfacer las cantidades que, sin justificación, retiraron de las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil por una sentencia del Tribunal de Cuentas. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Córdoba solo recogió los 6.960 euros que no fueron exigidos en la resolución del Tribunal de Cuentas.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha reiterado este miércoles su intención de facilitar a la Fiscalía “toda la información” que le reclame, en relación a la investigación abierta sobre el caso del joven que durante cinco meses y nueve días cobró un sueldo del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar.

En declaraciones a los periodistas en un acto en Córdoba, Cabello ha apuntado que el Ayuntamiento se pondrá a disposición de “quien sea necesario” para aclarar esta cuestión, asegurando que es lo que “siempre hemos hecho, con total transparencia y rigor”.

“Nuestro interés es por fin aclarar todo lo que ha ocurrido”, ha dicho el regidor sobre unos hechos que, según la Fiscalía, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación, y que afectan a la contratación de un joven que es hijo de la secretaria personal del alcalde del municipio.

Más allá de estas declaraciones, se ha remitido al comunicado que ya se ofreció el lunes sobre esta cuestión, sin aclarar si ha recibido información oficial sobre esta apertura de diligencias.

Según la documentación a la que ha accedido este medio, en su escrito, la Fiscalía hace una correlación de los hechos que sustentan la denuncia formulada posteriormente por el PSOE. Una vez que el caso fue adelantado por Cordópolis y Hoy al día, Cabello anunció “investigaciones internas” que acabaron en la redacción de un informe por parte del secretario accidental del Ayuntamiento que dejó constar las irregularidades del expediente o, en palabras del regidor, una “cadena de incidencias”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Nueva Carteya (Córdoba) Vicente Tapia Expósito por un delito de prevaricación administrativa al considerar que “amparó con su inactividad” la contaminación acústica generada por una carpa instalada en un hostal-restaurante, que fue denunciada por un matrimonio que vivía junto al establecimiento.

Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por el exalcalde condenado y por la acusación particular contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba. La sentencia de primera instancia condenó al exregidor por el citado delito de prevaricación a una docena de años, pero lo absolvió junto al propietario del hostal-restaurante de los delitos de lesiones y contra el medio ambiente por contaminación acústica.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo Del Arco, señala que los hechos probados indican que se interpusieron una treintena de denuncias, desde la primera de 11 de mayo de 2008 hasta la última de 9 de septiembre de 2017, y que al conocer el informe emitido por parte de la Unidad Móvil de medida de la contaminación acústica de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, que realizó una medición en 2016, ya dirigidas contra él las diligencias penales, el alcalde acuerda la incoación del Expediente sancionador contra el propietario del establecimiento, ordenando el cese provisional de la actividad en la zona de las carpas y cuidando de que por parte de la Policía Local se vigilara que se llevase a efecto mencionado cese.

“Hasta esa fecha pues, era conocedor de la contaminación acústica que se generaba en la carpa, en los sucesivos eventos allí celebrados y pese a la obligación subsistente de adoptar las correspondientes resoluciones, antes mencionadas, no acordaba nada, de modo que amparaba con su inactividad la ilícita actividad”, subraya la Sala.

La prevaricación -explica la sentencia- es el “negativo fotográfico del deber con los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico previsto en el art. 9.1 CE, que tiene un explícito mandato, referente a la Administración Pública en el art. 103 del mismo texto constitucional que contiene los principios de actuación de la Administración que como piedra angular se cierran con el sometimiento de todos sus actos a la Ley y al Derecho”.

La Fiscalía de Córdoba ha acusado de prevaricación a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU) y al alcalde accidental Antonio Maestre por aprobar, entre 2019 y 2022, gastos que tenían reparos de la intervención o por hacer “utilización indebida” de la contratación menor y el “fraccionamiento ilícito de contratos”. 

Según el escrito de Fiscalía, facilitado a este periódico, el ministerio público se suma a una denuncia previa formulada por dos partidos de la oposición, Unidad Popular de Aguilar y Progreso y Democracia de Aguilar. 

Así, la calificación de la Fiscalía apunta a que, desde mayo de este año, se han requerido al Ayuntamiento informes de omisión de fiscalización previa entre 2019 y 2022, así como dos expedientes denunciados por presuntas irregularidades: la aprobación de una ejecución de una escultura de bronce, con un gasto municipal de 36.905 euros, adjudicada a un único licitador; y la adquisición de una finca para un derribo conjunto por un precio superior a la tasación del arquitecto municipal. 

Respecto esta última cuestión, la información con la que cuenta la Fiscalía es que la tasación del arquitecto municipal fue de 27.136 euros (más el 10% de avenencia), mientras que la propietaria fijó la venta en 53.450 euros, y que la alcaldesa optó por la compraventa y no por un proceso de expropiación.

Por todo ello, la Fiscalía entiende “la posible existencia de un delito de prevaricación”, que trasladó el 18 de octubre al juzgado de Instrucción, así como a las partes implicadas.

Este periódico ha intentado contactar con la alcaldesa de Aguilar, que ha declinado hacer declaraciones.

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Nueva Carteya ha convocado para las 18.00 horas de este sábado una concentración en apoyo al alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia, condenado a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en relación al ruido generado por un hostal-restaurante de la localidad tras la denuncia presentada por un matrimonio que vivía junto al establecimiento.

La concentración está prevista en la plaza Marques de Estella de la localidad, y ha sido convocada por la asamblea de IU en la localidad. Desde la organización afirmaron cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia que que en dicha organización política respetan “la decisión judicial, si bien no la compartimos, por considerarla injusta”.

En dicha sentencia, que todavía no es firme, la Audiencia cordobesa condenó al alcalde por no haber adoptado medidas para evitar los perjuicios sufridos, durante diez años, por un matrimonio y sus hijos, a pesar de que presentaron una treintena de denuncias en la Policía Local contra el establecimiento aledaño a su vivienda, por el excesivo ruido que producía.

En la misma sentencia, la Audiencia absolvió al regidor y al dueño del bar-restaurante de los delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica y lesiones por los que también fueron juzgados, mientras que también absolvió al Ayuntamiento de la responsabilidad civil que se le exigía.

En este sentido, el TSJA, además de rechazar el recurso del alcalde, también ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular, ejercida por los afectados, para que los dos acusados fueran condenados por estos delitos y para que el alcalde fuera considerado autor de un delito de prevaricación medioambiental, en vez del delito de prevaricación genérica que la Audiencia consideró acreditado.

El TSJA ha aceptado el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, que señala que en el hostal-restaurante se han celebrado desde 2007 todo tipo de eventos, como bodas, bautizos o comuniones, con música en directo o con DJ, tanto en el interior del establecimiento como, “principalmente”, en unas carpas instaladas en un recinto anejo y contiguo “sin poseer para la colocación y uso de las mismas la correspondiente autorización o licencia”. En las carpas se habían montado 16 unidades de aire acondicionado, un reproductor y un altavoz portátil auto-amplificado.

Según la sentencia, el matrimonio denunciante vive junto con sus hijos en una vivienda “prácticamente colindante” con el hostal-restaurante, del que dista unos ocho metros, por lo que se han visto afectados por las “continuas” celebraciones de bodas, bautizos y otros actos, desarrollados “preferentemente” con música instalada en las carpas contiguas durante los fines de semana, en particular los de primavera y verano.

La Audiencia consideró probado que los afectados presentaron unas 30 denuncias por estos hechos, entre el 11 de mayo de 2008 y el 9 de septiembre de 2017, ante la Policía Local, mientras que también se dirigieron al alcalde mediante cuatro escritos, en uno de los cuales le pidieron que les fueran facilitadas las ordenanzas de “acústica y nocivas”.

La sentencia ahora confirmada por el TSJA añade que, “no obstante el cúmulo de denuncias, conocedor por tanto de la persistencia del problema, el alcalde no llegó a adoptar durante ese largo período de tiempo medida alguna para solucionarlo, más allá de celebrar varias reuniones con los denunciantes y denunciados al objeto de avenirlos”.

El primer edil “tampoco acordó el cierre y desmontaje de las carpas, pese a tener conocimiento de que carecían de licencia o autorización municipal para el desarrollo en ellas de cualquier tipo de celebraciones, ni dispuso la apertura de procedimiento sancionador alguno, ya sea por la ilegal existencia de esa infraestructura portátil, ya sea por los ruidos que la misma y la explotación del bar-restaurante pudieran indebidamente generar”.

Por ello y según considera probado la sentencia, “ante la falta de una respuesta administrativa que les solventase su situación”, los afectados denunciaron nuevamente los hechos una última vez, pero en ese caso ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de Cabra (Córdoba), que incoó las correspondientes diligencias previas, lo que “no fue impedimento” para que el propietario del establecimiento siguiera celebrando eventos hasta 2018, “después incluso de haber declarado en el juzgado” como “investigado”.

El equipo jurídico del alcalde de Nueva Carteya (Córdoba), Vicente Tapia (IU), “está estudiando la posibilidad de presentar un recurso” de casación ante el Tribunal Supremo (TS), contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba que le condenó a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por la comisión de un delito de prevaricación administrativa, en relación al ruido generado por un hostal-restaurante.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de IU, asegurando que en dicha organización política respetan “la decisión judicial, si bien no la compartimos, por considerarla injusta”, ya que el TSJA desestima el recurso presentado por la defensa del regidor contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba.

En dicha sentencia, ahora confirmada por el TSJA, pero que todavía no es firme, la Audiencia cordobesa condenó al alcalde por no haber adoptado medidas para evitar los perjuicios sufridos, durante diez años, por un matrimonio y sus hijos, a pesar de que presentaron una treintena de denuncias en la Policía Local contra el establecimiento aledaño a su vivienda, por el excesivo ruido que producía.

En la misma sentencia, la Audiencia absolvió al regidor y al dueño del bar-restaurante de los delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica y lesiones por los que también fueron juzgados, mientras que también absolvió al Ayuntamiento de la responsabilidad civil que se le exigía.

En este sentido, el TSJA, además de rechazar el recurso del alcalde, también ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular, ejercida por los afectados, para que los dos acusados fueran condenados por estos delitos y para que el alcalde fuera considerado autor de un delito de prevaricación medioambiental, en vez del delito de prevaricación genérica que la Audiencia consideró acreditado.

El TSJA ha aceptado el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, que señala que en el hostal-restaurante se han celebrado desde 2007 todo tipo de eventos, como bodas, bautizos o comuniones, con música en directo o con DJ, tanto en el interior del establecimiento como, “principalmente”, en unas carpas instaladas en un recinto anejo y contiguo “sin poseer para la colocación y uso de las mismas la correspondiente autorización o licencia”. En las carpas se habían montado 16 unidades de aire acondicionado, un reproductor y un altavoz portátil auto-amplificado.

Según la sentencia, el matrimonio denunciante vive junto con sus hijos en una vivienda “prácticamente colindante” con el hostal-restaurante, del que dista unos ocho metros, por lo que se han visto afectados por las “continuas” celebraciones de bodas, bautizos y otros actos, desarrollados “preferentemente” con música instalada en las carpas contiguas durante los fines de semana, en particular los de primavera y verano.

La Audiencia consideró probado que los afectados presentaron unas 30 denuncias por estos hechos, entre el 11 de mayo de 2008 y el 9 de septiembre de 2017, ante la Policía Local, mientras que también se dirigieron al alcalde mediante cuatro escritos, en uno de los cuales le pidieron que les fueran facilitadas las ordenanzas de “acústica y nocivas”.

La sentencia ahora confirmada por el TSJA añade que, “no obstante el cúmulo de denuncias, conocedor por tanto de la persistencia del problema, el alcalde no llegó a adoptar durante ese largo período de tiempo medida alguna para solucionarlo, más allá de celebrar varias reuniones con los denunciantes y denunciados al objeto de avenirlos”.

El primer edil “tampoco acordó el cierre y desmontaje de las carpas, pese a tener conocimiento de que carecían de licencia o autorización municipal para el desarrollo en ellas de cualquier tipo de celebraciones, ni dispuso la apertura de procedimiento sancionador alguno, ya sea por la ilegal existencia de esa infraestructura portátil, ya sea por los ruidos que la misma y la explotación del bar-restaurante pudieran indebidamente generar”.

Por ello y según considera probado la sentencia, “ante la falta de una respuesta administrativa que les solventase su situación”, los afectados denunciaron nuevamente los hechos una última vez, pero en ese caso ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de Cabra (Córdoba), que incoó las correspondientes diligencias previas, lo que “no fue impedimento” para que el propietario del establecimiento siguiera celebrando eventos hasta 2018, “después incluso de haber declarado en el juzgado” como “investigado”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condenó a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU), por un delito de prevaricación administrativa en relación al ruido generado por un hostal-restaurante de la localidad tras la denuncia presentada por un matrimonio que vivía junto al establecimiento.

En una sentencia fechada el día 12 de enero, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el TSJA desestima el recurso presentado por la defensa del alcalde contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que lo condenó a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo, lo que conllevará la pérdida de su condición de alcalde de Nueva Carteya y la incapacidad para ser elegido como alcalde o como miembro de cualquier órgano con competencia representativa o de decisión de la Administración Pública europea, central, autonómica, foral o municipal, incluso empresas públicas o participadas por capital público, durante el tiempo de ejecución de la condena.

En la misma sentencia, la Audiencia de Córdoba absolvió al primer edil y al dueño del bar-restaurante de los delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica y lesiones por los que fueron juzgados, mientras que también absolvió al Ayuntamiento de Nueva Carteya de la responsabilidad civil que se le exigía.

En este sentido, el TSJA también rechaza los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular ejercida por los afectados para que los dos acusados fueran condenados por estos delitos y para que el alcalde fuera considerado autor de un delito de prevaricación medioambiental en vez del delito de prevaricación genérica que la Audiencia consideró acreditado.

El TSJA acepta el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, en la que la Audiencia señala que el propietario del hostal-restaurante aludido lo regentaba desde el año 1995, de forma que desde 2007 se han celebrado en dicho lugar todo tipo de eventos, como bodas, bautizos o comuniones, con música en directo o con DJ, tanto en el interior del establecimiento como, “principalmente”, en unas carpas instaladas por el acusado en un recinto anejo y contiguo “sin poseer para la colocación y uso de las mismas la correspondiente autorización o licencia”. En estas carpas, había montados 16 unidades de aire acondicionado, un reproductor y un altavoz portátil auto-amplificado.

Según la sentencia, el matrimonio denunciante vive junto con sus hijos en una vivienda “prácticamente colindante” con el hostal-restaurante, del que dista unos ocho metros, por lo que se han visto afectados por las “continuas” celebraciones de bodas, bautizos y otros actos, desarrollados “preferentemente” con música instalada en las carpas contiguas durante los fines de semana, en particular los de primavera y verano.

La Audiencia consideró probado que los afectados presentaron unas 30 denuncias por estos hechos entre el 11 de mayo de 2008 y el 9 de septiembre de 2017 ante la Policía Local, mientras que también se dirigieron al alcalde mediante cuatro escritos, en uno de los cuales le pidieron que les fueran facilitadas las ordenanzas “acústica y nocivas”.

La sentencia recurrida añade que, “no obstante el cúmulo de denuncias, conocedor por tanto de la persistencia del problema, el alcalde no llegó a adoptar durante ese largo periodo de tiempo medida alguna para solucionarlo, más allá de celebrar varias reuniones con los denunciantes y denunciados al objeto de avenirlos”, mientras que el primer edil “tampoco acordó el cierre y desmontaje de las carpas, pese a tener conocimiento de que carecían de licencia o autorización municipal para el desarrollo en ellas de cualquier tipo de celebraciones, ni dispuso la apertura de procedimiento sancionador alguno, ya por la ilegal existencia de esa infraestructura portátil, ya por los ruidos que la misma y la explotación del bar-restaurante pudieran indebidamente generar, no dando traslado tampoco de las repetidas denuncias a los organismos de la Consejería de Medio Ambiente y Delegación del Gobierno de la Junta pidiendo su auxilio e interesando” sonómetros para hacer comprobaciones.

El alcalde era “perfecto conocedor” de las denuncias formuladas

“Ante la falta de una respuesta administrativa que le solventase su situación”, los afectados denunciaron nuevamente los hechos el 14 de febrero de 2016 ante la Guardia Civil y, al día siguiente, ante el Juzgado de guardia de Cabra, que incoó las correspondientes diligencias previas, lo que “no fue impedimento” para que el propietario del establecimiento siguiera celebrando eventos hasta 2018, “después incluso de haber declarado en el Juzgado en concepto de investigado”.

Acordada como diligencia por el Juzgado, la Unidad Móvil de medida de la contaminación acústica de la Consejería de Medio Ambiente se trasladó al lugar la noche del 23 al 24 de julio de 2016 y pudo comprobar que ninguno de los equipos de música utilizados tenía instalado el preceptivo controlador-limitador acústico y que las emisiones de ruidos transmitidos al exterior desde la carpa, donde en ese momento se celebraba un evento, excedían de los valores del límite máximo de ruido transmitido a colindantes según la normativa vigente. Al tomar conocimiento del informe emitido por dicha Unidad Móvil, y ya dirigidas contra él las acciones penales, el alcalde acordó la incoación de un expediente sancionador contra el propietario del establecimiento, ordenando el cese provisional de la actividad en la zona de las carpas.

El TSJA rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del primer edil y concluye que éste “era perfecto conocedor de las quejas y denuncias que había formulado el perjudicado, y de hecho se entrevistó con él en varias ocasiones para intentar resolver el problema”, recordando en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que se refiere a un supuesto “que guarda similitudes con el que aquí nos ocupa, en el que la alcaldesa de una localidad con una población similar a la de Nueva Carteya conoció a lo largo de más de seis años la existencia de ruidos procedentes de un pub sin adoptar medida alguna, argumentando dicha resolución que era evidente que la total pasividad de la misma, no obstante tener competencias para la vigilancia y control de las actividades de generar ruidos, sabiendo incluso que en uso de sus competencias podía acordar la clausura del establecimiento, constituía una conducta prevaricadora”.

“Parafraseando lo que dicha sentencia expone, lo que está en juego es el principio de efectividad de las facultades de control del alcalde en relación al hecho enjuiciado, siendo un principio de inequívoca naturaleza constitucional conforme al artículo 9.2 de la Constitución, y las facultades de que dispone todo alcalde son para ejercerlas, removiendo los obstáculos correspondientes, lo que no hizo en este caso el acusado”, pone de manifiesto el TSJA, que también rechaza los recursos presentados por Fiscalía y acusación particular para que los acusados fueran condenados por delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica y lesiones.

En relación al primero de ellos, el TSJA argumenta que, si bien en la sentencia se exponen las molestias que los denunciantes sufrieron debido al ruido que procedía del negocio y del trasiego de personas entrando y saliendo del mismo, también se hace constar que, “salvo en los dos días concretos que se indican, se desconoce si la intensidad de los ruidos superaba los límites legales establecidos”, no constando asimismo que dichas emisiones sonoras ocasionaran un riesgo grave y un perjuicio para la salud de las personas. Asimismo, y en cuanto al delito de lesiones, el TSJA subraya que no se puede establecer una relación de causalidad entre el ruido provocado con unos niveles superiores a los admisibles y las dolencias que presentaba la afectada.