El parque infantil de la plaza de Gibraltar, en el barrio de Levante, ha amanecido lleno de pintadas y simbología de extrema derecha. Según han informado a este periódico algunos de los propios vecinos de la zona, este martes han visto cómo el equipamiento y el propio suelo de la zona infantil mostraban simbología nazi y franquista.

Concretamente, a lo largo del pequeño parque infantil se pueden apreciar tres esvásticas, una pintada de Viva Franco, y otra de J+J. Esta última puede ser dos opciones: o una firma de los presuntos autores o que estos han confundido JH (el acrónimo de Juventudes Hitlerianas) con JJ (Juventudes Jitlerianas).

La Policía Local no ha recibido por el momento ninguna denuncia por estas pintadas, mientras que la empresa municipal de residuos de Córdoba (Sadeco) ha procedido a la limpieza y borrado de la simbología ultra este mismo martes.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez ha exigido que se garantice la continuidad de las pruebas de ADN a los familiares de las víctimas del franquismo, en el marco del proceso de exhumaciones de las fosas comunes que se están ejecutando en la capital.

En una nota, Dobladez ha recriminado que “al no haberse realizado las contrataciones comprometidas, no se pueden realizar las pruebas”, por lo que insta a que se retomen de forma inmediata. Además, ha reclamado la reapertura de la oficina de atención a los familiares de las víctimas. Así mismo, el edil ha lamentado el retraso en la reanudación de los trabajos de exhumación en los cementerios de La Salud y San Rafael.

Según los socialistas, en la planificación del primer convenio se contemplaba la apertura de una oficina de atención a los de las víctimas con la contratación de personal específico, pero estas contrataciones nunca se llevaron a cabo y la atención quedó en manos de la empresa que realizaba las exhumaciones.

“Una vez concluido el contrato el pasado mes de diciembre, la oficina permanece cerrada, lo que dificulta la realización de pruebas de ADN para aquellos familiares que están interesados”, ha afeado Dobladez, que ha informado de que ante la pregunta realizada en el pleno por su partido, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, respondió que “los trabajos de exhumación se reanudarían en el mes de marzo”.

Según la respuesta del popular Ruiz Madruga, “se va a realizar un contrato menor y que se está preparando el contrato mayor más completo y amplio en cuanto a espacios de búsqueda, que permitiría continuar las actuaciones, pero su inicio depende de que se firme el nuevo convenio y de que el Gobierno central haga la modificación presupuestaria para aportar su partida de 150.000 euros”, ha detallado. Un proceso, que según ha apuntado, podría tardar uno o dos meses.

“El Gobierno de España aprobó su aportación para la primera anualidad del nuevo convenio el pasado mes de diciembre, y el retraso en el reintegro de los 275.000 euros no ejecutados en el primer convenio por parte del Ayuntamiento de Córdoba obliga a esa modificación presupuestaria” ha señalado Dobladez.

Desde el PSOE de Córdoba han incidido en que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros de 30 de septiembre su aportación de 150.000 euros, a través de un real decreto, que se enmarca en el II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028. El concejal socialista ha concretado que “desde que comenzaron el 23 de octubre de 2023, se han certificado como víctimas represaliadas los restos de 189 personas. Sabemos que puede haber más de 4.000 víctimas entre los dos cementerios”.

Por otra parte, los socialistas han advertido de que “la reducción de los presupuestos en la Diputación Provincial para los trabajos de exhumación en diversos puntos de la provincia conlleva la paralización de trabajos previstos para la recuperación de víctimas” y han considerado que “es importante continuar avanzando en nuestra calidad democrática, en todo lo relativo a la memoria, bajo los principios de verdad, justicia y reparación”.

Los socialistas cordobeses han reclamado mayor compromiso en este asunto al Partido Popular, ya que, según defienden, “Córdoba es una de las ciudades con mayor número de represaliados durante la dictadura franquista”, por lo que consideran “especialmente grave la falta de sensibilidad institucional hacia esta realidad”.

La jornada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia, cuyo ponente llamó “nido de buitres” y “carroñera” a la administración tributaria, recibió 15.000 euros de dinero público del Ayuntamiento de Córdoba para su organización y celebración. El beneficiario de la ayuda es el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi).

Según ha podido saber este periódico, el Coapi optó y fue beneficiario de una de las subvenciones de líneas de actuación desarrolladas por Entidades sin Ánimo de Lucro para el desarrollo socioeconómico 2025 que concede el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Además, no era la primera vez: en 2023, este mismo colegio profesional ya fue seleccionado y recibió otros 15.000 euros en la convocatoria de aquel año.

En el caso concreto de 2025, según la resolución definitiva del Imdeec, el Coapi habría recibido 15.000 euros, distribuidos entre distintos conceptos de gasto genéricos del proyecto. La mayor parte se destina a recursos humanos ajenos a la entidad (7.500 euros), seguidos de los gastos de divulgación del proyecto (4.550 euros). Además, la ayuda cubre parcialmente otros costes como alquileres (1.180 euros), servicios de software y herramientas TIC vinculadas al desarrollo del proyecto (1.475 euros) y catering o atenciones asociadas a las actividades (295 euros). El resto del presupuesto, hasta alcanzar los 25.423 euros totales del proyecto, es asumido directamente por la entidad beneficiaria.

En cuanto al salario del ponente, Francisco Marroquín Parra, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, según la resolución, no se habría cargado a la subvención y habría sido financiado íntegramente por la entidad organizadora e incluso tenía un límite máximo establecido de 3.500 euros.

Ha sido el grupo municipal Hacemos Córdoba el que ha denunciado precisamente la ponencia que dio Marroquín Parra, que no solo consideró públicamente que el 18 de julio, el día del levantamiento militar contra la República, era un “día patriótico”, sino que afirmó que la administración tributaria es “un nido de buitres, absolutamente injusto, desproporcionado, habitualmente anticonstitucional”. Todo ello en un acto que, paradójicamente, se financia con fondos públicos extraídos de tributos.

El Ayuntamiento lamenta las manifestaciones “inapropiadas”

La respuesta del Ayuntamiento llegó a última hora de la tarde. En un escrito, facilitado a este periódico, el Imdeec ha lamentado las manifestaciones “muy inapropiadas” realizadas por uno de los ponentes en unas jornadas formativas subvencionadas por este organismo municipal, en las que se cuestionaron las obligaciones tributarias y se hizo referencia a fechas vinculadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

El Imdeec ha solicitado formalmente información al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), entidad beneficiaria de la subvención, para que aclare el contenido de la jornada denominada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia.

Según consta en el requerimiento remitido por el instituto municipal, el proyecto subvencionado tenía como objetivo “fortalecer, fomentar e impulsar la mejora profesional en el sector inmobiliario, promocionar el tejido empresarial y mejorar el posicionamiento de este sector” mediante la celebración de varias jornadas formativas. No obstante, ha indicado que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Rector del Imdeec celebrada el pasado 30 de enero, el representante del grupo municipal Hacemos Córdoba trasladó que en una de esas actividades se produjeron afirmaciones que consideró contrarias a los valores democráticos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En ese contexto, el consejero suplente de Hacemos Córdoba llegó incluso a reproducir fragmentos de audios de la jornada, en los que, según se expuso, el ponente realizaba comentarios que cuestionaban el sistema tributario y ponían en valor una fecha históricamente asociada al inicio de la dictadura franquista.

Ante estos hechos, el Imdeec ha requerido al Coapi que remita, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre lo ocurrido durante dicha ponencia, con el objetivo de esclarecer si el contenido del acto se ajustó a las condiciones y finalidades de la subvención concedida.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido explicaciones al Ayuntamiento de Córdoba y al Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) tras conocerse el contenido de unas jornadas informativas subvencionadas por este organismo municipal en las que se vertieron manifestaciones que la coalición considera “lamentables e incompatibles con los valores democráticos y con el uso responsable del dinero público”.

Durante una de las conferencias, celebrada el pasado 16 de enero bajo el título Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia, la persona encargada de la ponencia, Francisco Marroquín Parra, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, comenzó su intervención con una proclama franquista afirmando: el “18 de julio, día patriótico donde los haya, día señalado”. Posteriormente, se presentó públicamente como un “ser antisocial y asocial” por ser “hombre, heterosexual, estoy casado, soy católico, soy fumador, soy cazador y progresista de derechas, agente de la propiedad y abogado, y por lo tanto mentiroso”.

Asimismo, durante su exposición manifestó que iba a “enseñar a nuestros clientes, a nuestros mandantes, a aquellas personas que les prestamos servicios, a escapar de las fauces agresivas y carroñeras de la administración tributaria, y lo digo así de claro y me da igual quién está presente en el salón”, llegando además a afirmar que la administración tributaria es “un nido de buitres, absolutamente injusto, desproporcionado, habitualmente anticonstitucional”.

La entidad beneficiaria de la subvención que ha permitido la celebración de este curso ha sido el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), que en su web indica que al curso se inscribieron 180 personas. El mismo colegio ya resultó beneficiario de una subvención de 15.000 euros en la Convocatoria de 2023.

Desde Hacemos Córdoba se considera “lamentable que una administración pública financie actividades en las que se lanzan mensajes de este tipo, que ponen en valor fechas vinculadas al golpe de Estado del 18 de julio y que trasladan discursos que pueden interpretarse como una invitación a defraudar a Hacienda o a cometer ilegalidades e irregularidades”.

La coalición ha recordado que “lo recaudado por la Hacienda pública permite sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, que son los únicos que garantizan el acceso a derechos fundamentales para toda la ciudadanía, independientemente de los recursos económicos de cada persona”.

Hacemos Córdoba ha anunciado que ya ha solicitado formalmente el expediente completo de la subvención concedida para la organización de estas jornadas y exige al equipo de gobierno municipal que dé explicaciones públicas sobre los criterios seguidos para financiar esta actividad.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que los recursos municipales se destinan a iniciativas que respeten los valores democráticos y el interés general. No es de recibo que dinero público termine financiando discursos que cuestionan el cumplimiento de las obligaciones fiscales o que blanquean episodios históricos vinculados a la dictadura”, han señalado desde la coalición.

Izquierda Unida (IU), junto al diputado en el Congreso de los Diputados de Sumar, Enrique Santiago, ha conmemorado este miércoles el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco con un acto memorialista en el Cementerio de La Salud. La comparecencia, posterior a la ofrenda floral a los fallecidos por el régimen franquista, fue iniciada por Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, quien ha advertido de lo que calificó como “discursos de odio” que, a su juicio, intentan “restaurar privilegios del pasado”. Pérez ha defendido la ampliación de derechos y la protección de los servicios públicos, apelando a la “memoria y esperanza” de la ciudadanía cordobesa para mantener vivas las aspiraciones de justicia social.

Tras esta primera intervención, Enrique Santiago ha homenajeado a quienes resistieron a la dictadora y ha recordado que la democracia española “no llegó automáticamente”, sino tras décadas de movilización social. Santiago ha alertado de que la democracia “está amenazada” y ha citado encuestas en las que una parte del electorado del PP y Vox “no es crítica con una dictadura”. Además, ha puesto el foco en la situación de las fosas comunes en España, país que, según naciones Unidas, es el segundo del mundo en número de personas desaparecidas en enterramientos de este tipo. Es por ello que el dirigente ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en los trabajos de identificación.

Problemas en Córdoba: falta de recursos y un único banco de ADN

La coordinadora local de IU, Irene Ruiz, ha analizado la situación en la provincia y ha denunciado que la falta de medios provoca que algunas fosas “se abran y se vuelvan a cerrar sin completar los procesos de identificación”. Ruiz ha señalado que existe un único banco de ADN operativo, lo que genera “un cuello de botella” que ralentiza la devolución de los restos a las familias. La formación ha apoyado la hoja de ruta propuesta por el Foro por la Memoria y otros colectivos memorialistas, que reclama renovar convenios, garantizar que no se cierre ninguna fosa sin terminar el trabajo y ampliar los bancos de ADN. La responsable de la formación política en Córdoba ha explicado que “no habrá democracia real sin verdad, justicia y reparación”, y ha avanzado que la próxima semana se desarrollará una acción provincial relacionada con estas demandas.

En la parte final de la comparecencia, Santiago ha detallado las iniciativas parlamentarias impulsadas por su grupo, como el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y la retirada de símbolos franquistas. También se mostró “muy crítico” con la propuesta de resignificación del Valle de los Caídos, al considerar que un monumento funerario dedicado a un dictador es una “anomalía histórica” que “tendría que desaparecer”. Ha criticado, además, que el proyecto no haya contado con asociaciones de víctimas y que se haya asignado su gestión al Ministerio de Vivienda.

Los días previos a la muerte del dictador Francisco Franco, el historiador cordobés Manuel García Parody, entonces profesor en Sevilla, andaba muy pendiente del delicadísimo estado de salud del caudillo. Pero, claro, no era una tarea fácil escudriñar la gravedad del enfermo a través de los partes médicos oficiales, cuya redacción —llena de términos clínicos, intervenciones sucesivas y un deterioro casi diario— generaba más dudas que certezas.

“Yo hablaba con amigos médicos para que me explicaran lo que significaban aquellos partes”, cuenta el historiador en una charla con Cordópolis a cuenta de sus memorias sobre el hecho histórico del que se cumplen este jueves 50 años. García Parody, como buen escritor, prefiere arrancar con el prólogo: “Cada vez que salía un parte nuevo, mis amigos médicos me decían que el cuerpo de Franco era un auténtico caos clínico, un organismo que se mantenía por pura inercia. Sabías que estaba entrando en las últimas horas, aunque el régimen intentara transmitir serenidad”.

Las últimas horas terminaron, según el relato oficial -pues leyendas hay varias- en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. En el Hospital de La Paz, en Madrid, el dictador moría tras intensas jornadas de intervenciones quirúrgicas y transfusiones en vano. Y en Córdoba, a cientos de kilómetros, la ciudad vivía entre el miedo, la incertidumbre y una expectación contenida que, según quién lo cuente, desembocó en lágrimas… o en brindis.

Herminio Trigo, entonces un joven profesor y militante antifranquista que años después sería alcalde de Córdoba, recuerda que días antes había vivido un momento incómodo en una casa de Cazorla junto a Julio Anguita. “En la televisión anunciaban que Franco estaba muy mal. Y la gente que allí había, empezó a quejarse y a lamentar la situación. Nosotros, nos miramos y guardamos silencio”.

La manifestación pro-Franco de octubre de 1975

Para cuando, unos días después, ya en su casa, la noticia era la muerte del dictador, Trigo tenía la botella de champán preparada, bien fría. “Todo el mundo sabía que iba a pasar de un día para otro”, recuerda sobre aquel momento en el que la televisión interrumpió la programación y la foto del dictador apareció en pantalla. El sonido de la botella de champán sonó como un disparo, pero no de los que, durante tanto tiempo, habían atemorizado a los españoles. “Habíamos sufrido persecución por reclamar libertad. Aquello fue quitar el tapón para desaguar la piscina de la dictadura”, recuerda.

Pero no todos los cordobeses celebraron la noticia. En muchos hogares de Córdoba hubo lágrimas y duelo. No solo en la zona noble, también en los barrios obreros. De hecho, apenas un mes antes del 25 de noviembre, miles de cordobeses habían abarrotado la plaza de Las Tendillas en apoyo al dictador, toda una demostración de fuerza en la que estuvo presente Antonio Alarcón Constant, el último regidor del régimen, que el mismo día de la muerte del Caudillo, había acudido a una entrega de premios, según recogen las imágenes del Archivo Municipal.

“Muchos españoles sintieron que se moría el hombre que había sido el centro de su vida”, recuerda García Parody. “Otros brindaron. Yo no hice ni una cosa ni otra. Lo único que pensé es que España tenía que ser distinta”. El historiador, que entonces daba clases en Sevilla, recuerda, eso sí, que la sensación dominante era la de estar viviendo un momento histórico irrepetible.

Cristina Bendala, que años después se convertiría en la primera concejala del Ayuntamiento de Córdoba en las elecciones democráticas de 1979, recuerda con una mezcla de emoción y vértigo el amanecer del 20 de noviembre. Reconoce que la memoria se le mezcla a veces con otros hitos —como la legalización del Partido Comunista— porque fueron años vividos “a una intensidad que hoy cuesta imaginar”. Pero el recuerdo de aquella madrugada se acaba imponiendo.

Celebraciones, pero de puertas adentro

“Mis amigos y yo llevábamos mucho tiempo preparados para ese momento”, cuenta. “Sabíamos que, en cuanto muriera, todo se paralizaría. Que habría un día sin trabajo, un día suspendido en el aire. Así que habíamos quedado en irnos todos a Cazalla de la Sierra, donde teníamos una casita perfecta. Allí nos juntábamos siempre, con los niños pequeños correteando por todas partes”.

Así que, cuando todo parecía listo para que saltara la noticia, ella y su marido cargaron el coche con botellas de champán y anís, como tantos otros españoles que vaciaron las estanterías de las tiendas esperando una celebración que llevaba años contenida. “Cuando llegamos era muy temprano, y el pueblo estaba extrañamente silencioso. Había mucha gente asustada. Había miedo, un miedo parecido al de cuando empezamos a ir a los pueblos con los mítines ya en democracia: se notaba en la mirada de la gente”, rememora sobre una jornada en la que ella y sus amigos se reunieron en un pequeño bar del pueblo, una casa vieja con vigas bajas donde solían desayunar.

“Era un sitio diminuto, casi clandestino. Allí metimos a todos los niños en una mesa, abrimos las botellas y estuvimos celebrándolo mientras escuchábamos la televisión, que estaba encendida en la barra. No puedo evitar emocionarme todavía cuando lo recuerdo”, comenta, antes de reconocer que la euforia tenía un reverso. “A todos nos daba coraje que Franco muriera en la cama, tan tranquilamente. Nos parecía injusto, como si faltara algo. Pero también sabíamos que aquello era imprescindible para que pudiera empezar una transición real”.

Lo más vívido para Bendala es el momento en que su cuñado se levantó y habló con los niños y les explicó lo que estaba pasando. “Les dijo que quizá no pasábamos tanto tiempo con ellos porque vivíamos volcados en ese proceso político. Pero que todo lo que hacíamos era por su futuro, para que ellos crecieran en un país distinto. Me emocionó muchísimo. Todos sentíamos de verdad que estábamos viviendo el principio de un cambio histórico”.

El statu quo

Los periódicos de la época, sin embargo, estaban forzosamente obligados a mostrar que el statu quo seguía vivo y coleando, pese a la muerte del todopoderoso líder. El Diario Córdoba del día siguiente a la muerte del dictador titulaba a toda plana: “La obra de Franco y su aliento en el corazón del pueblo”. En sus páginas, anunciaba honores militares, su entierro en el Valle de los Caídos y la proclamación inmediata del nuevo rey. Debajo, una gran fotografía de Arias Navarro, jefe del Gobierno, con aquella frase inolvidable: “Españoles… Franco ha muerto”.

Más ciego era el semanario El Egabrense, que abría su edición del día 22 con un solemne titular: “Réquiem”. Su editorial, firmado por José J. Delgado, apelaba a “los buenos españoles”, aseguraba que “el corazón de España ha quedado roto de dolor” y llamaba a “apretar filas en torno al Príncipe de España”, presentado como heredero natural del Caudillo. Era el tono oficial de aquellos días: liturgia, resignación y un mensaje político nítido.

Eso explica que, en Córdoba, las calles no estallaran en júbilo. “Yo no salí. Era de noche, tenía mis hijos pequeños en casa y, aunque Franco hubiera muerto, la dictadura seguía intacta”, explica Trigo. “No sabíamos quién iba a dar el siguiente paso, ni qué fuerza tenía cada bando. Había respeto… y miedo”.

Ese temor se palpaba en el ambiente. El aparato del régimen continuaba en pie: gobernadores civiles, policía, militares. Todo seguía funcionando como si la muerte del dictador fuera apenas un detalle biológico. “La policía del día siguiente era la misma que apaleaba a obreros y estudiantes”, señala García Parody. En el Ejército, añade, “la mayoría era franquista; el ruido de sables era real”. Esa convicción, la de que el poder de Franco era tan absoluto que nadie podía ocuparlo completamente, alimentó días de incertidumbre, pero al final se convirtió en la grieta por la que se coló la esperanza.

El día después: sonrisas y cautelas

Mientras tanto, la oposición democrática vivía asfixiada. “Ser acusado de pertenecer a un partido ilegal podía significar tortura y hasta veinte años de cárcel”, recuerda el historiador. “Moverse en la clandestinidad era heroico”. El sindicato Comisiones Obreras, infiltrado en el sindicato vertical, era el alma de la resistencia, especialmente en Córdoba, junto al ilegalizado Partido Comunista, en el que militaban Herminio Trigo y Julio Anguita.

De hecho, Trigo recuerda que, a la mañana siguiente al anuncio, los corrillos cordobeses estaban más aliviados que eufóricos: “Nos reunimos con sonrisas de oreja a oreja. Pero también con prudencia. Arias Navarro seguía al mando y no sabíamos hacia dónde iría el país”. Lo que sí se aceleró fue la efervescencia política en las calles. Manifestaciones, carreras delante de la policía, saltos de un punto a otro para esquivar las cargas.

“Había vacío de poder. Cada gobernador civil interpretaba la situación como quería. En Córdoba no fue tan brutal como en otros sitios, pero cuando había manifestación, mandaban la fuerza pública con la porra. Tenías que salir corriendo”, recuerda el expolítico.

En paralelo, en las aulas y los espacios culturales, la vigilancia seguía siendo estricta. García Parody narra un episodio que ilustra la atmósfera. No mucho antes de morir Franco, el estado de excepción había aumentado aún más la represión. Él daba clase en Sevilla, y el temario de aquel día era sobre movimientos obreros. “Les dije a mis alumnos que estudiaran el tema en el libro, que yo no lo explicaría. No quería que nadie dijera que estaba haciendo propaganda subversiva”. Años después, mientras andaba por la capital hispalense, un antiguo estudiante le abordó solo para recordarle aquella decisión. “Nos impresionó —recuerda que le dijo— porque no sabíamos hasta qué punto no se podía decir nada”.

Una ciudad partida entre dos emociones

Córdoba, como Andalucía y como España, vivió dividida esa madrugada y los meses venideros. Para unos, Franco era la figura paterna del régimen; para otros, el símbolo de la falta de libertad. Entre lágrimas y brindis, la ciudad amaneció el 25 de noviembre de 1975 envuelta en la sensación de haber cruzado un umbral histórico.

“Nadie sabía cómo iba a acabar —recuerda Trigo—. Pero sabíamos que el régimen debía desaparecer”. Lo que nadie esperaba era que el encargado de pilotar el cambio fuera el joven Adolfo Suárez, un falangista del que desconfiaban tanto los franquistas inmovilistas como la oposición. “La sorpresa fue enorme cuando empezó a desmontar el sistema franquista”, subraya el exalcalde.

Con la muerte de Franco comenzó un movimiento democrático que ahora se ve inexorable, pero que, en aquel momento, desataba más interrogantes que respuestas. En lo que todos coinciden es que se vivió con una ilusión que fue capaz de imponerse al miedo. Bendala, por ejemplo, recuerda que, al regresar a Córdoba, el teléfono no paró de sonar. Los amigos de Sevilla, la familia, los compañeros de militancia. Todos compartían la sensación de estar entrando en una época nueva.

Pero, con el paso de los años, Bendala ha terminado formulándose una pregunta incómoda: “Éramos jóvenes, y aquello nos absorbió tanto que quizá no lo supimos transmitir bien a nuestros hijos. Ellos lo vieron, claro, pero no lo entendieron como lo vivimos nosotros. Y hoy pienso que qué poco les hemos enseñado de aquellos tiempos. Nosotros fuimos protagonistas de un cambio histórico… y, sin embargo, no contamos lo suficiente cómo se vivió, cómo se peleó y lo que costó”.

Con esa reflexión, Bendala concluye: “Lo que pasó entonces no se explicó bien a las siguientes generaciones. Y eso se nota mejor que nunca hoy”. Y dice hoy remarcando la entonación. Dice hoy porque, 50 años después de la muerte de dictador, hay voces en la generación de los nietos de Bendala, García Parody y Trigo se atreven a decir en alto, desde la total ignorancia, que con Franco se vivía mejor.

La asociación memorialista Dejadnos Llorar, que reúne a familiares de víctimas represaliadas por el franquismo cuyos restos se buscan en las fosas de los cementerios de Córdoba, ha denunciado la “incertidumbre” en la que se encuentran al no tener información sobre si los trabajos de exhumación que se llevan a cabo actualmente en La Salud continuarán una vez que termine el contrato en vigor de los mismos a finales de diciembre. Y, en ese sentido, han acusado al gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba de “ignorar su compromiso” para que los trabajos continúen sin que se cubran las actuales excavaciones y se produzca un parón en las tareas.

Con motivo de la conmemoración este 31 de octubre del Día de las Víctimas del Franquismo en España, la asociación Dejadnos Llorar ha difundido un vídeo sobre el último gran acto realizado en junio pasado con familiares e instituciones junto a las fosas del cementerio de La Salud, vídeo donde se recuperan las palabras de compromiso de los representantes institucionales para continuar las exhumaciones.

“Reivindicamos la continuidad de las exhumaciones” -dicen, para añadir que el vídeo también se hace “para exigir a los responsables de las instituciones que cumplan sus compromisos y no se detenga el proceso de recuperar a las víctimas sepultadas en las fosas comunes de nuestra ciudad”. Sobre ello, abundan en que reproducen “sus propias declaraciones en el acto que celebramos el Día de las Víctimas de Andalucía para recordarles que se comprometieron públicamente delante de los familiares de las víctimas”.

“Sin información, invadidos por la incertidumbre”

En el vídeo aparece, en nombre del Ayuntamiento de Córdoba, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, que manifestó “nuestro compromiso por la continuación de los trabajos de las exhumaciones (...) Desde el gobierno municipal no escatimaremos esfuerzos para que ese convenio se pueda aprobar lo más rápidamente posible. Y esperamos que a principios del año que viene tener no solo firmado el convenio sino el contrato que continúe las exhumaciones”.

Tras esas declaraciones, desde Dejadnos Llorar señalan que “desgraciadamente, cuatro meses después de ese acto y ese compromiso, seguimos sin información, invadidos por la incertidumbre, conscientes de que el contrato vigente finaliza el 28 de diciembre y que, dos años después del inicio de los trabajos de exhumación en La Salud, estos no van a concluir satisfactoriamente y tampoco tenemos garantías de continuidad”.

“Nos preocupa que el concejal del ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga haya ignorado su compromiso y ni siquiera nos responda cuando le hemos solicitado información como responsable de los trámites legales y de que sigan adelante los trabajos de recuperación de las víctimas”, indica la asociación de familiares de personas represaliadas, para avanzar que, “ante su silencio, hemos solicitado una reunión con el alcalde, José María Bellido, pero tampoco hemos recibido respuesta”.

En el vídeo difundido también aparece el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que hizo público “el compromiso del Gobierno de España de seguir apoyando económicamente” las exhumaciones. A finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un decreto para conceder directamente al Ayuntamiento de Córdoba 150.000 euros para continuarlas.

Con todo ello, este 31 de octubre, Día de las Víctimas del Franquismo en España, aseguran que “seguiremos exigiendo que las instituciones cumplan las leyes que nos amparan en nuestro derecho a la recuperación de nuestras víctimas. Y desde luego lucharemos para evitar nuevas injusticias contra las víctimas y sus familiares”, concluyen, pidiendo una vez más “verdad, justicia y reparación”.

Más de 200 mujeres fusiladas, casi 500 desposeídas de sus bienes y 1.500 procesadas y encarceladas por el abominable delito de defender la legalidad constitucional. O simplemente por no encajar en el modelo de mujer católica y sumisa que el nuevo régimen franquista quería imponer a sangre y fuego. Muchas otras sufrieron el aislamiento social, la humillación pública y la persecución implacable tras la victoria de los sublevados.

A muchas de ellas les pone nombre y apellidos la historiadora Carmen Jiménez en un exhaustivo estudio publicado a cuenta de su tesis doctoral, bajo el título Horror para las vencidas. La represión de la mujer en Córdoba (1936-1950), dirigida por los profesores Antonio Barragán y Francisco Acosta, y presentada públicamente el pasado mes de julio.

La mayor parte fueron fusiladas en Córdoba capital. Muchas bajo la acusación de ser esposas, hermanas o madres de republicanos. Pero también por ser ellas mismas. Es decir: por ser sindicalistas y maestras o sencillamente mujeres que rompieron el molde tradicional. “En las zonas del sur controladas por los sublevados, se va instaurando el nuevo modelo de mujeres franquistas y se acaba con todo lo que supuso la experiencia republicana”, explica Carmen Jiménez, especialista en exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y miembro del consejo asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.

En el norte de la provincia, donde resistió la República hasta 1939, todavía se mantuvo el modelo de mujer republicana, que asumía responsabilidades públicas como alcaldesas y concejalas de algunos ayuntamientos, en el aparato de los partidos políticos y también como milicianas en el frente de batalla. “Y ese modelo de mujer activa y comprometida es penalizada por el franquismo y estará en el punto de mira de los tribunales militares que se van creando en cada plaza conquistada”, argumenta la historiadora.

La represión comienza muy pronto. A medida que van cayendo los pueblos en manos del Ejército rebelde y las milicias falangistas, las mujeres republicanas son vejadas con saña. En el mejor de los casos, son rapadas y obligadas a ingerir aceite de ricino. En el peor, violadas. “Se utiliza su cuerpo como botín de guerra”, afirma Carmen Jiménez citando al historiador Arcángel Bedmar.

Las tropas regulares del norte de Marruecos causaron estragos entre la población civil. “Cometieron auténticas salvajadas con mujeres y niñas”, subraya la investigadora. Existen abundantes testimonios orales de las víctimas y también documentación militar procedente de los consejos de guerra. “Muchas se quedan embarazadas y tienen hijos negritos. Imagine una chavala de 14 o 15 años hija de un rojo y además madre de un niño oscuro de piel”, remarca.

Otras son ejecutadas o ingresadas en prisión. “Y todas sufrieron el estigma de las mujeres rojas. Eso supuso el ostracismo total a nivel social y también económico”, agrega. La mayoría no tenía trabajo y vivía de la mendicidad. Cientos fueron sentadas en el banquillo ante un tribunal militar y sometidas a cárcel preventiva a la espera de sentencia. “Hay muchos casos de mujeres embarazadas que parían en la cárcel y otras que ingresaban ya son sus niños pequeños”, explica.

En los procesos, se les acusaba de delitos similares a los de los hombres republicanos, aunque también se les imputaba la agravante de comportamiento inmoral. “Por ejemplo, el hecho de que no fueran a misa, vivieran amancebadas u otro tipo de conductas que no eran propias de la mujer”, aclara Carmen Jiménez. Muchas piden clemencia al tribunal porque su marido ha sido fusilado y los hijos están solos en la calle. “Encontré el testimonio de una mujer de Peñarroya cuyo paradero se desconocía, el marido había sido ejecutado y las tres hijas se habían quedado deambulando por el pueblo”, asegura. “Hasta que un día subieron a un camión a un montón de niños y se los llevaron a un hospicio de Córdoba”.

Los niños pequeños solían compartir el “turismo carcelario” con sus madres. Lo mismo eran detenidas en Belmez, ingresadas en la prisión de Córdoba y trasladadas al penal de Gerona. “Pasaban unas penurias tremendas”, abunda la investigadora de la UCO. Hay testimonios desgarradores. “Algunos niños morían en la cárcel por hambre o enfermedades de las que no podían ser tratados. En prisión no tenían ni enfermería”, señala.

Carmen Jiménez ya había trabajado con el profesor Barragán en investigaciones relacionadas con la represión franquista. Colaboró con él en el estudio de la Ley de Responsabilidades Políticas, dictada por Franco en febrero de 1939, para procesar a los defensores de la legalidad constitucional por “subversión”. La norma franquista castigaba conductas que no eran delito antes de su promulgación, una aberración jurídica que violaba el principio de irretroactividad penal.

Esta ley reforzaba la represión económica ya iniciada en febrero de 1937 con la creación de las comisiones provinciales de incautación. “Era una rapiña. Un botín de guerra. Iban casa por casa y se llevaban todo. Desde una silla hasta un mueble. Y luego con las comisiones de incautación ya se apropian de olivares, tierras, propiedades, casas, cuentas corrientes y hasta dinero contante y sonante”, enumera la historiadora. ¿Con qué justificación? “Eran los enemigos del nuevo régimen”.

Todos estos bienes robados a los republicanos eran subastados, vendidos o sencillamente para uso personal de las autoridades franquistas. A partir de 1939, tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, a los expedientados que no tenían bienes, se les aplicaba una sanción económica. “Estamos hablando de 50 pesetas de la época, en un momento de escasez total. Si no la pagaban los acusados porque habían fallecido o estaban en prisión, los familiares heredaban la culpa y tenían que abonar la multa”.

Para la elaboración de su tesis, Carmen Jiménez se ha sumergido en los fondos del Tribunal Militar de Sevilla y el Tribunal de Responsabilidades Políticas. También se ha servido de testimonios orales de la represión y documentación de los registros civiles, libro de enterramientos, archivos militares y el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

El de Carmen Jiménez es el trabajo de investigación sobre la represión de la mujer más exhaustivo que se ha desarrollado en Córdoba. “Cuando te acercas a este tema te das cuenta de que la represión sobre la mujer es importante, no solo cuantitativa sino cualitativamente, y que además tiene características propias. Las mujeres son represaliadas por muchas cosas, pero también por el simple hecho de ser mujeres”, concluye.

El 21 de julio de 1970, tres trabajadores fueron asesinados en una carga policial contra una huelga de la construcción en Granada. Días después, la iglesia de la Compañía de Córdoba celebró una misa en homenaje a los fallecidos. El templo estaba abarrotado. La tensión rasgaba el aire. El cura celebró una liturgia con continuas referencias a los trágicos sucesos y se cantó a coro el célebre poema de Alberti Nunca fui a Granada, que en la voz rota de Paco Ibáñez se convirtió en un himno en aquellos años grises del tardofranquismo.

Muchos no creyentes se mostraron sorprendidos con el compromiso parroquial y el homenaje desafiante que se rindió a los trabajadores fallecidos en el interior de una iglesia. A la salida del templo, un conocido militante del PCE comenzó a cantar el Salve Madre. Muchos congregados le siguieron a capela. La sorprendente anécdota la cuenta el ex sacerdote Antonio Granadino en una cita recogida por el profesor de historia Miguel Ángel Peña en un artículo de investigación recién publicado por la revista Nuestra Historia.

Es uno de los innumerables episodios que jalonan la insólita alianza entre cristianos de base y comunistas ateos que caracterizó la lucha clandestina en aquella Córdoba predemocrática. ¿Cómo es posible que dos enemigos aparentemente irreconciliables pudieran trenzar una colaboración tan fructífera? Antonio Granadino lo tiene claro: “Si entiendes el Evangelio, lo principal es estar con los oprimidos. Y, si hay otros que están en ese camino pero no creen en Dios, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es la lucha conjunta por un objetivo común”, argumenta a través del teléfono a sus 84 años mientras trabaja en la huerta.

Así fue. Y así lo recoge el profesor Peña en Del antifranquismo al Ayuntamiento: relaciones entre comunistas y cristianos en Córdoba, un pequeño estudio de ocho páginas que examina aquella experiencia singular que arrancó pocos años después de la Guerra Civil. El historiador señala dos hitos cruciales para entender el proceso de confluencia. El primero ocurre en el Vaticano. Estamos en 1946. El nazismo alemán y el fascismo italiano han sucumbido con estrépito. Franco se tambalea. Y el Papa Pío XII comprende que la Iglesia debe modificar su relación con la clase obrera. “Hay un intento en España de crear la base de lo que podría ser una democracia cristiana como la italiana”, aduce Peña.

La Iglesia española da sus primeros pasos. Y crea la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Se producen ciertos movimientos de renovación en la interpretación bíblica, teológica y litúrgica que empiezan influir en el sector católico más social de la institución cristiana. “No tanto en la jerarquía como en las comunidades de base”, puntualiza el profesor del Instituto Averroes. Y se celebra el Concilio Vaticano II, clave en la apertura de la Iglesia católica al mundo contemporáneo.

Mientras, el PCE empieza a salir de las catacumbas tras la dura debacle del 39 y aprueba la tesis de la reconciliación nacional. Estamos en 1956. Y se está creando un caldo de cultivo propicio para el entendimiento de dos movimientos ideológicos que dos décadas antes se situaban en las antípodas y se combatían a muerte.

“Va emergiendo una corriente cristiana con un compromiso muy claro con la clase trabajadora y, en lo concreto, termina por coincidir con la militancia comunista”, explica Peña Muñoz. “Ese cristianismo va asumiendo el método marxista de análisis”, asegura en conversación telefónica con Cordópolis.

Va emergiendo una corriente cristiana comprometida con la clase trabajadora que asume el método marxista de análisis

Miguel Ángel Peña — Profesor de Historia del Instituto Averroes

El primer acercamiento entre el PCE y los cristianos catalogado por el historiador en Córdoba tiene como protagonista al sacerdote de Santa Marina, Martín de Arrizubieta. “Es un cura peculiar”, describe el profesor Peña. “Ha sido del PNV, pero también ha colaborado con el régimen franquista, incluso con los nazis, y aquí aparece ya como antifranquista”. El histórico dirigente comunista Rafael García Contreras, fallecido en 2021, citó algunos contactos con el párroco a finales de los años cincuenta.

Pero el episodio más notable en torno a Arrizubieta fue la publicación de la revista de pensamiento político Praxis, editada por el psiquiatra José Aumente, con la colaboración del sacerdote de Santa Marina, Carlos Castilla del Pino y el delineante Aristóteles Moreno Requena. La asfixiante censura franquista acabó provocando el cierre de la publicación tras cinco números editados entre 1960 y 1961.

Dos años después, un grupo de cristianos de base alumbran la que se convirtió a todas luces en la principal plataforma antifranquista de Córdoba fundada sobre el poderoso influjo de la encíclica Pacem in Terris. Hablamos del Círculo Cultural Juan XXIII, entre cuyos patrocinadores figuraban Pepe Aumente, Pilar García Entrecanales, Antonio Zurita, Fernando Álvarez, Salvador Linares, Fernando Atienza, Joaquín Martínez Bjorkman, Balbino Povedano, Soledad Cañizares y Rafael Sarazá.

Proliferaron los sacerdotes con sensibilidad social como Joaquín Canalejo, párroco de La Compañía; Agustín Molina, conocido como el Padre Ladrillo, de la barriada de El Naranjo; y Bartolomé Blanco. O directamente los curas obreros, citados en su artículo por el profesor Peña, como Laureano Mohedano, que llegó a ser presidente del comité de empresa en la Westinghouse; Manuel Varo y Manuel Gómez, empleados de la fábrica azucarera de Villarrubia; o el trabajador agrícola Domingo García.

Antonio Granadino se ordenó en 1967. Era miembro de los jóvenes de Acción Católica e ingresó en el seminario con 19 años. “En aquellos años lo social estaba muy diluido”, afirma. Nunca tuvo una parroquia a su cargo y trabajó en Colecor y Los Sánchez como repartidor. “Me buscaba la vida como podía aunque no me consideraba cura obrero”.

Granadino sitúa a Fernando del Rosal al frente de un grupo de curas obreros comprometidos en los años sesenta. “Ahí también estaba Domingo Ramírez, que le llegó a negar la comunión a una señora rica de su pueblo”, rememora el ex sacerdote. Años más tarde, se cimentó un nuevo colectivo de cristianos de base a raíz de unas declaraciones altisonantes y muy conservadoras pronunciadas por el obispo de Cuenca y procurador en las Cortes franquistas José Guerra Campos.

“Era un obispo muy fachoso. Nos juntamos diez amigos y organizamos una comunidad de base”, recuerda Granadino. En ese colectivo figuraba Rafael Sarazá, Luisa Jimena, Manuel Palencia, Marisa Aparicio y Toñi Pastor, entre otros. “Un día se presentó Antonio Luque y dijo: ‘He estado con Ernesto Caballero y me acabo de afiliar al PCE’”, señala Antonio Granadino como anécdota del acercamiento progresivo entre cristianos y comunistas en aquella Córdoba tardofranquista.

Granadino fue secretario sustituto durante un verano del obispo José María Cirarda, que estuvo al frente de la Diócesis cordobesa entre 1971 y 1978. Y fue testigo de dos episodios muy significativos. En el primero, Enrique Rodríguez Linares, dirigente del PCE provincial por entonces, apareció un día por el Obispado para hablar con monseñor Cirarda. Quería informar al prelado de una movilización sindical que se iba a producir en el sector de la banca. El obispo no lo recibió, pero quedó patente el intento del PCE de comprometer a la Iglesia en ciertas operaciones políticas del momento.

El segundo caso citado por Granadino fue más elocuente. “Un día se presentaron en el Obispado la esposa y la hermana de Ernesto Caballero”, indica el ex sacerdote. El dirigente comunista llevaba 20 meses en la cárcel y le acababan de imponer una fianza de 75.000 pesetas para salir en libertad condicional. Teodora Aperador y su cuñada se colaron en el despacho de Cirarda para implorarle ayuda. “Cirarda me dijo que escribiera una carta a Cáritas para pedirle el dinero prestado”, recuerda Granadino. “Luego cogió el teléfono y habló con la Asociación Católica de Propagandistas para que intervinieran y sacaran a Ernesto de la cárcel”.

¿Monseñor Cirarda era un obispo progre? Antonio Granadino no tiene una respuesta para esa cuestión. Sí puede decir que años después ordenó su destierro a Alhucemas, pese a su disconformidad manifiesta. Lo cierto es que, en su opinión, la colaboración entre la Iglesia y el PCE se produjo a escala personal y nunca en el orden institucional.

Carmen León, feminista y cristiana de base, se instaló en Cañero en mayo de 1969. Hija de guardia civil y esposa de policía nacional, aterrizó en el popular barrio de Córdoba con el objetivo de fundar una familia. Años antes, el movimiento vecinal había empezado a fraguarse en torno a la Asociación de Cabezas de Familia, la única permitida por el régimen, creada en respuesta al problema estructural de los tejados de las casas. “Poco a poco comienzan a unirse a esa lucha las fuerzas vecinales y también del PCE, que ya estaba fuerte en el barrio”, explica León al otro lado del teléfono.

Allí empezó a cimentarse su conciencia social. “Lo fui viviendo desde mi identidad cristiana y con la convicción de que el barrio era un espacio donde construir el bien común y las condiciones de vida para mis vecinos y mis vecinas, que eran gente trabajadora”, subraya. Las asociaciones de vecinos se convirtieron a principios de los setenta en instrumentos decisivos de acción reivindicativa y política. Y allí estaban trabajando coordinadamente cristianos y comunistas.

“Para mí, el barrio fue un regalo de Dios”, proclama Carmen León. “Allí me encontré con una parroquia y una asociación vecinal activas. Y ahí empieza mi proceso personal de conversión hacia el cristianismo comprometido y mis contactos con la gente de izquierdas”. Bajo su prisma, el acercamiento progresivo entre comunistas y cristianos se asienta sobre el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación. “Para anunciar el Evangelio, antes había que trabajar para que las personas tuvieran unas condiciones de vida dignas. Ese es el modelo que el Concilio Vaticano II nos trajo, que luego ha estado metido en los cajones de la Iglesia durante tantos años”.

La colaboración entre ateos y creyentes se estrecha a principios de los setenta. La huelga de Aucorsa por el incremento del precio del bus en 1973 pone a prueba la cooperación entre el PCE y la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Ese mismo año se publica la revista Libertad, coordinada por el dirigente comunista Pepe López Gavilán, y en su primer número aparece un artículo sobre Los cristianos y el pacto. López Gavilán le entrega un ejemplar al canónigo archivero, Manuel Nieto Cumplido. “En el archivo catedralicio debe de haber una colección completa del periódico comunista”, dijo después con sorna Gavilán.

Un año más tarde Nieto Cumplido rechaza integrarse en la Junta Democrática, tal como le ofrecieron Castilla del Pino y Rafael Sarazá. Quienes sí se incorporaron al frente de oposición fueron los sacerdotes Laureano Mohedano y Francisco Aguilera, además de Antonio Luque, Francisco Povedano Cáliz, Pepe Aumente y Joaquín Martínez Bjorkman.

En 1979 muchos curas pidieron el voto para el comunista Julio Anguita, primer alcalde rojo de una gran ciudad española desde la República. El PCE le ofrece al jesuita Jaime Loring un puesto en la lista electoral a las municipales. “Loring estaba entusiasmado”, según confiesa tiempo más tarde Ernesto Caballero. Pero la compañía se lo prohíbe.

Anguita ganó las elecciones, contra todo pronóstico, gracias, entre otros factores, a la convergencia entre los comunistas y los cristianos de base. El corazón ateo y anticlerical del PCE no levantó suspicacias entre los creyentes. “El objetivo común eran la libertad y la democracia”, sostiene Carmen León. “Eso nos unía a todos. Y, sobre todo, el compromiso por la justicia y un mundo mejor”.

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha celebrado este viernes un acto de entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las personas represaliadas sindicadas a UGT en Córdoba durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En declaraciones previas a los medios de comunicación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alertado del auge de la extrema derecha y ha apelado a defender la democracia “todos los días”.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado la importancia de la memoria histórica y democrática como un legado vivo que conecta pasado, presente y futuro. “Hoy hacemos un acto humilde, pero profundo y con gran sentimiento, para reconocer a compañeras y compañeros que lucharon por la democracia y las libertades. Muchos de ellos incluso murieron por esa causa. A través del Gobierno de España y de la entrega de certificados de reparación, damos voz a quienes durante años estuvieron silenciados”, ha explicado.

En su intervención, el sindicalista ha subrayado la necesidad de defender la democracia y los derechos laborales frente a las políticas de ultraderecha que se están extendiendo en distintas partes del mundo. “La democracia, las libertades y los valores democráticos se defienden todos los días, y lo hacen mujeres y hombres que son referentes para que este país no vuelva a épocas oscuras”, ha afirmado. Además, Martín ha destacado el papel cotidiano de los trabajadores y delegados sindicales “en la construcción de un país más justo y próspero”.

Por su parte, Montero ha agradecido a UGT su compromiso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores y la democracia, y “su impulso constante, clave para construir un país más justo, con igualdad de oportunidades y políticas públicas que protejan a quienes dependen de su trabajo para desarrollar su proyecto vital”.

Sobre las nuevas generaciones, Montero ha enfatizado en la importancia de transmitirles el valor de la democracia y la memoria histórica. “Es fundamental que quienes no vivieron la dictadura conozcan lo que significó represaliar a personas por sus ideas o militancia”, ha dicho la ministra a la vez que ha denunciado “la frivolización de la ultraderecha”. “Con ella, no se juega, porque nos jugamos la vida y, por tanto, porque tenemos que ser muy firmes a la hora de defender la capacidad de que cada hombre y cada mujer puedan decidir el destino de su pueblo”.

Al acto también han asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna; la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín; el secretario de Organización, Antonio Gallego; el secretario de Comunicación Política, Rafael Llamas, entre otros.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de 1.050.000 euros, destinados a la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la guerra civil española y la dictadura. En ese montante se incluye 150.000 euros para continuar los trabajos en los cementerios de Córdoba, donde actualmente se llevan a cabo localizaciones y exhumaciones de víctimas mediante un convenio que expira este año y por lo que familiares de represaliados urgen a que todas las administraciones garanticen ya la continuidad de las labores en 2026.

Desde hace meses, asociaciones memorialistas y familiares de víctimas vienen reclamando a las administraciones que cumplan su compromiso dado en palabras y no haya un parón en las exhumaciones. Ahora, con el paso dado por el Gobierno con la concesión directa de esos 150.000 euros para proseguir los trabajos, queda por delante que el Ayuntamiento de Córdoba, como propietario de los terrenos donde se ejecutan los trabajos y responsable de estos, dé luz verde a un nuevo contrato para las tareas de exhumación que quedarán pendientes aún cuando acabe este año.

En junio pasado, cuando el día 14 de ese mes los colectivos celebraron en el cementerio de La Salud con un acto el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, representantes de las distintas administraciones como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, se comprometían a proseguir los trabajos. El Gobierno ha dado ahora el paso de destinar 150.000 euros más y las asociaciones esperan que el Ayuntamiento siga los trámites necesarios de manera inminente.

Cumplir el compromiso

“Reclamamos que cumplan su compromiso y las exhumaciones sigan en 2026, sin que haya un parón”, señalan a este periódico desde la asociación de familiares Dejadnos Llorar. “Que no se eternice la promesa”, dicen sobre el tortuoso camino administrativo que siempre han tenido que recorrer sus peticiones de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Por ello, esperan en que pronto puedan tener noticias y el compromiso de todas las administraciones se haga realidad, de tal manera que los trabajos no queden paralizados cuando termine diciembre de 2025 sino que se continúen hasta su conclusión en 2026.

Actualmente, la localización y exhumación de los restos de víctimas de la represión franquista se está realizando en el cementerio de La Salud, donde se trabaja en distintos puntos, gracias a un convenio y a la aportación económica de las cuatro administraciones: Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno, con un 1,6 millones de euros en total.

Los trabajos en La Salud comenzaron en octubre de 2023 y, hasta el verano, ya habían recuperado los cuerpos de un total de 880 personas, de los que hasta ese momento se habían certificado como víctimas represaliadas los restos de 141 personas.

Años antes, los sondeos mostraron certeza sobre la realidad que documentos, testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael.

Prorrogar las tareas

De momento, el convenio y la financiación de las cuatro administraciones -Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba- señala que los trabajos llegarán hasta finales de 2025. Pero los especialistas ya advirtieron que la dimensión de las fosas de La Salud requerirá de prorrogar la tarea.

Mientras, en paralelo a la recuperación de los cuerpos de las fosas, los restos de cada individuo y los objetos que aparecen junto a ellos son analizados pormenorizadamente por antropólogos, arqueólogos y conservadores.

De los restos se extrae así el perfil biológico más ajustado posible de cada víctima -sexo, edad, estatura, enfermedades, etc-, así como de los detalles y objetos que dan información sobre esa persona.

Esa caracterización queda documentada y será complementaria para la prueba de ADN que, finalmente, se realice en el laboratorio encargado para ello en la Universidad de Granada y certifique la identificación de las víctimas en los casos que pueda comprobarse con sus familiares.

El Comité Técnico de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha emitido un informe en el que determina que el Ayuntamiento de Córdoba debe retirar el título de Hijo Predilecto otorgado en su día al general franquista Ciriaco Cascajo Ruiz, además de modificar el rótulo de la lápida en la que se alude a esta distinción y a su participación en el golpe de estado de 1936.

El informe -al que ha tenido acceso Cordópolis-, fue solicitado a la Junta por el Ayuntamiento de Córdoba en relación a los honores concedidos al general Ciríaco Cascajo Ruiz y sobre la inscripción en su lápida del cementerio de la Salud de Córdoba. Así, en base a las leyes de Memoria Histórica estatal y la de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el comité dicta que “el Ayuntamiento de Córdoba concedió al ya general Cascajo Ruiz la distinción de ”Hijo Predilecto“, distinción que a la vista de la ley 20/2022 de Memoria Histórica y en su aplicación debe ser retirada por el Ayuntamiento de Córdoba”.

Por otra parte, sobre la inscripción de la lápida y “teniendo en cuenta el hecho obvio de la retirada por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la distinción mencionada de ”Hijo Predilecto“, este cambio deberá reflejarse en la lápida que cierra el espacio sepulcral”. Por ello, realiza una reomendación sobre cómo debería quedar dicho rótulo: “Recomendamos que la inscripción actual quede reducida a la siguiente: 'Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. D. Ciriaco Cascajo y Ruiz, general de División N. 1878, F. 1953 RIP'”.

Actualmente, la inscripción objeto del informe reza: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”.

El informe recuerda en su exposición que, “el por entonces aún entonces coronel (durante el inicio de la Guerra Civil) Ciríaco Cascajo Ruiz fue un destacado dirigente de la sublevación en Córdoba y tuvo como objetivo el control de la misma capital, lo que, en una situación de violencia generalizada por parte de ambos bandos contendientes, pasaba por la represión del enemigo y por la neutralización de las posibles amenazas a la victoria final de la sublevación. Las cifras de represaliados en la capital se estiman, según diversas fuentes -que no están sostenidas en una contabilización exhaustiva caso a caso-, entre las 9.000 y las 30.000 víctimas. De ahí hacemos notar en el presente informe la conveniencia y necesidad de conocer con más exactitud el número de víctimas de la región”.

Asimismo, expone cómo la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía dice que “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. Las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

Tras diversas peticiones al Ayuntamiento de Córdoba para que retire los honores a Ciriaco Cascajo, el gobierno municipal abrió un expediente al respecto y solicitó en última instancia el informe a este órgano de la Junta de Andalucía que asesora en lo relativo a la Memoria Histórica y que ahora determina que el Consistorio debe retirar las distinciones al general franquista.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado que, tras haber comprobado el “error” de que la pedanía de Bembézar, perteneciente al municipio de Hornachuelos (Córdoba), aún aparecía en el Registro Andaluz de Entidades Locales (RAEL) con su anterior denominación, la de Bembézar del Caudillo, ha procedido a su “modificación”, para que aparezca en el RAEL, como corresponde, con el nombre de Bembézar.

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado José Antonio Nieto a la pregunta que, también por escrito, le había formulado la portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía en la Cámara autonómica, Inmaculada Nieto, quien quiso saber “¿cuáles son los motivos que justifican que en el Registro Andaluz de Entidades Locales no se haya actualizado la denominación de esta población, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Hornachuelos?”

Imaculada Nieto se refirió así, en la exposición de motivos de su pregunta, a la que también ha accedido Europa Press, a como el Pleno municipal de Hornachuelos aprobó, “por unanimidad, el 28 de julio de 2016, el cambio de su denominación, anteriormente Bembézar del Caudillo, para quitar 'del Caudillo'”.

Además, según reseñó Inmaculada Nieto, “en dicho Pleno se acordó dar traslado” de tal decisión “al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para que, previos a los trámites que sean legalmente exigidos, dicte resolución aprobando el cambio de denominación de Bembézar del Caudillo por el de Bembézar”.

Sin embargo, según lamentó la portavoz de Por Andalucía en su pregunta, “en el Registro Andaluz de Entidades Locales aún se registra como núcleo de población perteneciente a Hornachuelos 'Bembézar del Caudillo', determinando este hecho que, en las estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadística, siga apareciendo tal denominación”.

Respuesta de la Junta

Ante ello, el consejero José Antonio Nieto le ha respondido que su Consejería “ha podido confirmar, según consta en acta que fue remitida a esta Administración el 3 de octubre de 2016, a través del Sistema de Recepción de los Actos y Acuerdos de las Entidades Locales de Andalucía, que se aprobó, entre otros asuntos, el cambio de denominación de su núcleo de población Bembézar del Caudillo por Bembézar, en el Pleno del municipio de Hornachuelos (Córdoba) en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016”.

Tras ello y “desconociendo por qué no se produjo en su día el cambio de denominación en el Registro Andaluz de Entidades Locales, se ha verificado la no inscripción correctamente de Bembézar, por lo que, detectado el error, se ha procedido de inmediato a reflejar esa modificación en el RAEL”.

Gobierno de España

Se da la circunstancia de que esta respuesta de la Junta se produce después de que el Gobierno de España confirmase recientemente, a preguntas del portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que “en el Registro de Entidades Locales de Andalucía, al igual que en el Registro de Entidades Locales creado por el Real Decreto 382/1986, el municipio de Hornachuelos (Córdoba) no tiene entidades locales descentralizadas inscritas, con personalidad jurídica propia”, pero “sí varios núcleos de población, entre ellos Bembézar del Caudillo”.

Tal denominación, sin embargo, ya ha cambiado, al menos respecto a la inscripción de Bembézar en el Registro Andaluz, tal y como ha anunciado ya por escrito el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.

En la época final de la II República, en Córdoba existían cinco periódicos: Diario de Córdoba, El Defensor de Córdoba, La Voz, Guion y Azul. Llegó el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y a principios de 1939 solo quedaba ya un periódico: Azul, que recogía los preceptos del régimen. Cuatro periódicos desaparecieron y la prensa cordobesa sufrió asesinatos y el exilio. Fue la 'Pasión y muerte del periodismo cordobés en 1936', como la denomina el periodista Francisco Expósito en su trabajo de presentación como miembro de la Real Academia de Córdoba.

Expósito, que ha dedicado parte de su trayectoria a investigar y publicar trabajos sobre la historia de la prensa republicana y los momentos posteriores al golpe militar en Córdoba y su provincia, realiza ahora “un compendio y una profundización en mi investigación sobre el periodismo en esa época y, en concreto, en el año 1936”, explica en una charla con Cordópolis.

Su trabajo sirve para mostrar la situación de los periodistas en el último periodo de la República y cómo, tras el golpe, “la prensa cordobesa asumió las directrices del levantamiento militar”. La prensa que quedó. Porque la eliminación de periodistas y cabeceras fue literal. “Los periodistas e intelectuales cordobeses que asumieron las directrices republicanas fueron fusilados o se exiliaron”.

“Situémonos en 1936. ¿Qué hubiéramos hecho?”, cuestiona. Entonces, la respuesta fue que “a los periodistas marcados por defender la II República solo les quedaba huir o ser apresados. Y fueron asesinados. También hubo quien, directamente, asumió la dictadura porque creía en ella, hubo periodistas vinculados totalmente al régimen. También algún periódico, como Guion, que ya llamaba en aquel febrero al combate”. El caso es que “cuando ardió todo”, cuando se produjo el golpe franquista, el resultado para los periodistas cordobeses de la época fue que fueron “asesinados, exiliados o asimilados por el régimen franquista”.

Periodistas asesinados y exiliados

“Asesinado es la palabra que genera más impotencia y que aparece cuando comienzas a pasar páginas en la hemeroteca del periodismo cordobés en el año 1936”, lamenta Expósito. Porque ahí hay nombres como los de Antonio Bermúdez Cañete, Pablo Troyano, Manuel Piedrahita Ruiz, Joaquín García Hidalgo o Antonio Verdú entre los periodistas asesinados, que fueron muchos más, “vinculados o no a un bando u otro”.

Luego, estuvieron los exiliados que tuvieron que huir. “La enumeración arrastra la ignorancia de la imposición de una dictadura que hizo callar hasta la muerte al periodismo”, comenta para desgranar los nombres de Fernando Vázquez Ocaña, Juan Rejano, Corpus Barga, Pedro Garfias, Antonio Rodríguez Luna, Antonio Jaén Morente, Francisco Azorín, Eloy Vaquero o Niceto Alcalá Zamora, todo ellos “periodistas, artistas e intelectuales unidos a la Córdoba de la luz de finales de los años veinte y comienzos de los treinta del pasado siglo”. Y, junto a ellos, estuvieron los periodistas que “se sintieron cómodos con la dictadura o pregonaron las luces de agonía y odio del franquismo”.

“Pasamos de tener una riqueza intelectual impresionante en la prensa cordobesa a quedarnos en el vacío absoluto”, constata, primero por el golpe en 1936 y luego con la Ley de Prensa en 1938. Porque la Ley de Prensa obligó a regular la plantilla y fijar un sueldo, cuando la mayoría no podían hacerlo. “Fue una manera de controlar, exigiendo requisitos económicos que no podían cumplir. El camino obligado fue la desaparición”.

“Una purga absoluta en la prensa”

El periodista e investigador señala cómo “la II República perdió desde el inicio, prácticamente, el discurso de la prensa. Fueron desapareciendo, mientras afloraban en la provincia a la derecha otros periódicos como Guion en 1936 o el propio Azul vinculado a Falange”. Con el golpe militar y la dictadura se produjo “una purga absoluta en la prensa”. Y hubo “una asimilación del franquismo. Prácticamente, toda la prensa cordobesa asumió las directrices del golpe militar”.

¿La consecuencia? “Fue un control absoluto de la comunicación por parte del régimen franquista, algo que fue utilizado desde el principio, con un adalid importante como Queipo de Llano con sus discursos radiofónicos, con incendiarios mensajes contra la República, que luego se trasladaban a la prensa escrita”.

El golpe a la prensa cordobesa fue mortal. Y en la lejanía, quedó resonando el aliento de los periodistas que tuvieron que huir, como aquel periódico que dirigía Juan Rejano en el propio barco que le conducía a su exilio al otro lado del Atlántico.

Integrantes de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba (UCO), colectivos memorialistas y familiares de víctimas del franquismo enterradas en las fosas de los cementerios de la capital celebrarán un acto el próximo sábado 14 de junio en recuerdo de las personas represaliadas donde, asimismo, urgirán a las administraciones a comprometerse y garantizar que los trabajos de exhumación continuarán hasta su conclusión.

“Reclamamos que no se paren las exhumaciones”, han reivindicado en la presentación del acto que tendrá lugar el sábado, cuando se celebra el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, según la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Esta reclamación se basa en que el actual contrato para los trabajos de exhumación en las fosas de Córdoba concluye a finales de 2025. Hasta el momento, la recuperación de restos se centra en los cuadros de Virgen de los Dolores y San Plácido del cementerio de La Salud, pero el ritmo de los mismos y la dimensión de exhumar centenares y centenares de personas hacen prever que las tareas deberán continuar más allá del plazo final del actual contrato. Por eso, colectivos memorialistas y familiares reclaman a las administraciones que garanticen ya que las exhumaciones podrán continuar en 2026 y hasta que haga falta. El Ayuntamiento ha asegurado verbalmente que ha iniciado contactos con el Gobierno para hacerlo posible, si bien no se ha concretado nada más aún.

Por ello, desde la Cátedra de Memoria, María José Ramos ha destacado que “los familiares lo que no tienen es tiempo” para dilatar más el proceso de recuperación de los restos, por lo que reclaman que las exhumaciones prosigan y se aceleren en La Salud, además de realizarlas en el cementerio de San Rafael, donde no se está trabajando. “Reclamamos que no se paren las exhumaciones, porque los restos cada vez estarán más deteriorados y porque habrá menos familiares para cotejar el ADN de esos restos” y poder identificar a las víctimas.

En el mismo sentido se han expresado el presidente de la asociación de familiares Dejadnos Llorar, Antonio Deza, que ha pedido a las cuatro administraciones que lograron el acuerdo para realizar las actuales exhumaciones -Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central- que “continúe el consenso”, que se hagan también los trabajos en San Rafael y “esto acabe de una manera digna” para las víctimas y sus familias.

“Hay que seguir recuperando sus cuerpos, es una mandato de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía”, ha recordado la presidenta de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Mar Téllez, para pedir que, además, al localizarse los trabajos en los cementerios municipales, el Ayuntamiento de Córdoba ponga “interés, celeridad y criterios de urgencia” en las tareas para llevar a cabo las exhumaciones. “Que no haya más dilación”, reiteran desde la Plataforma Comisión por la Verdad.

128 paneles con los nombres de más de 2.200 represaliados identificados

Así, este sábado 14 de junio, en el acto promovido por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba junto a la Asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación Andaluza de Memoria Democrática, se rendirá homenaje a las víctimas de la represión franquista, recordando que en los cementerios de Córdoba fueron arrojadas personas no solo de esta provincia sino de toda Andalucía, de otros muchos puntos de España y también del extranjero, como pone de manifiesto el análisis hecho por la Cátedra sobre los datos existentes.

En total, más de 2.200 personas fusiladas, procedentes de 43 provincias y de 16 países son los represaliados que, del total de más de 4.000 que fueron arrojados a las fosas de los cementerios de Córdoba, han sido identificadas con nombres y apellidos por testimonios, documentos y archivos históricos, y fueron ejecutadas tras el golpe de 1936 y por la represión franquista.

El Coro Averroes pondrá música al acto en el que, familiares y autoridades realizarán una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas, a partir de las 10:30 en el cementerio de La Salud.

Más de 2.200 personas fusiladas, procedentes de 43 provincias y de 16 países. Son los represaliados que, del total de más de 4.000 que fueron arrojados a las fosas de los cementerios de Córdoba, han sido identificadas con nombres y apellidos por testimonios, documentos y archivos históricos, y fueron ejecutadas tras el golpe de 1936 y por la represión franquista. Todas ellas serán objeto de un homenaje en Córdoba este sábado 14 de junio, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, según la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

En dicho acto, promovido por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba junto a la Asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación Andaluza de Memoria Democrática, se rendirá homenaje a las víctimas de la represión franquista, recordando que en los cementerios de Córdoba fueron arrojadas personas no solo de esta provincia sino de toda Andalucía, de otros muchos puntos de España y también del extranjero, como pone de manifiesto el análisis hecho por la Cátedra sobre los datos existentes.

Víctimas de 289 municipios

Ese análisis pone de manifiesto que hubo 2.203 personas fusiladas que fueron enterradas en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba. Procedían de un total de 289 municipios, 43 provincias y, además de España, hay víctimas de otros quince países.

La mayoría de los represaliados eran de la provincia de Córdoba -1.398-, con 1.082 de municipios y pedanías de la provincia y 316 de la capital. Pero también fueron ejecutadas en los cementerios cordobeses personas de otras provincias andaluzas: 124 de Jaén, 66 de Sevilla, 60 de Málaga, 43 de Granada, 16 de Almería, 13 de Cádiz y otras 12 de Huelva. En total, hubo víctimas de 194 poblaciones de Andalucía.

Igualmente, también se ha identificado la procedencia de otros represaliados de fuera de la comunidad autónoma, con 141 de otras 35 provincias españolas, y 39 víctimas más de 15 países. En el caso de 291 personas más, se sabe que fueron fusiladas y arrojadas a las fosas en Córdoba pero se desconoce su origen, según los datos recopilados por la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO.

“Todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba, todas las provincias andaluzas y las catorce comunidades autónomas dispondrán de un panel con los nombres de las víctimas fusiladas en Córdoba y que figuran en los expedientes del Archivo Histórico Municipal de la capital cordobesa”, avanzan los promotores de la organización del acto que tendrá lugar este sábado.

Un acto en el que, además de recordar a las víctimas, las asociaciones de familiares y colectivos memorialistas quieren reivindicar ante las autoridades la continuación de las exhumaciones en el cementerio de San Rafael, donde actualmente no se está trabajando en excavaciones.

El peso de las excavaciones y exhumaciones se lleva a cabo desde hace más de año y medio en el cementerio de La Salud, donde un equipo de especialistas sigue trabajando en el cuadro de la Virgen de los Dolores y en el de san Plácido, con más de 625 cuerpos exhumados.

El contrato actual para estos trabajos vencerá a finales de 2025 y los colectivos memorialistas y familiares instan a las administraciones a renovar el acuerdo para que los trabajos no se paren y puedan proseguir en 2026 y hasta concluir el total de las exhumaciones, además de realizar el cruce de pruebas de ADN de los restos y sus familiares para poder identificar a las víctimas.

“Mujer de 19 años. Natural y vecina de un pueblo de Córdoba. Hija de Antonio y Mari Carmen. Instruido expediente por ponerla a disposición de la Junta.

MOTIVO: Inmoralidad. ESCOLARIDAD: Deficiente. HOGAR: Se ignora.

AMBIENTE: Sus padres parecen gente trabajadora pero de gran ignorancia religiosa. La joven hace próximamente un año que se vino a servir y una vez deshonrada se dedicó a la prostitución. Fue denunciada por una señora que dijo haber inducido a su marido al adulterio. Sus padres no deben tener ascendiente ninguno sobre ella.

EXAMEN DE LA JOVEN: Alta, pelo casi rojo, llena de pecas. Parece completamente atolondrada y creo que miente con gran facilidad.

PROPUESTA: Internamiento. Córdoba 3 de enero 1944“.

El que acaban de leer es uno de los 2.077 expedientes personales de jóvenes ingresadas entre 1940 y 1984 en el Patronato de Protección a la Mujer de Córdoba. Su nombre ha sido eliminado para preservar su intimidad. Los de sus padres son simulados. También se ha borrado el pueblo y el domicilio. El resto de la información es escrupulosamente real. La ficha está firmada por la celadora del centro.

En el Archivo Histórico Provincial hay más de dos millares de carpetas individuales. El de la joven de 19 años es un perfil muy frecuente. Mujeres entre 16 y 25 años que se apartaban del canon tradicional dictado por la moral católica dominante del franquismo. Descarriadas que debían someterse a un tratamiento de reeducación en un internado. Contra su voluntad, por supuesto. Y muchas de ellas sin mandamiento judicial y con la mera autorización del padre.

El número de expedientes es apabullante. Pongamos otro ejemplo. Una carta fechada el 22 de marzo de 1943 está firmada con la huella dactilar por una mujer de 65 años que solicita el ingreso inmediato de su vástaga. “Teniendo una hija de 17 años de edad, de la que no podemos hacer carrera, ni sujetarla para que no salga de casa y vuelva a altas horas de la noche (…) deseo que sea internada en el Colegio de las Adoratrices para librarla de los innumerables peligros a que se halla expuesta”, relata la madre. El Patronato tenía centros propios pero la mayoría pertenecían a congregaciones religiosas, con las cuales el Estado firmaba un acuerdo de subcontratación de servicios. En Córdoba, según la información de la que disponemos, las monjas adoratrices acogían a la mayor parte de jóvenes de moral dudosa para su adoctrinamiento conforme a los valores cristianos.

Otro caso. Una joven de 18 años, vecina de Córdoba. Ingresada por “inmoralidad”. Su madre y hermanos son “gente honrada”, pero la muchacha “frecuenta las ventas y lleva mala vida”, indica el expediente mecanografiado. El parte denuncia que la joven “pasa grandes ratos en las esquinas de Puerta Nueva de charla con hombres”. Por ese supuesto grave delito, la celadora que firma el informe propone que se mantenga en “libertad vigilada hasta que se pueda internar”.

En el Archivo Histórico de Córdoba hay 27 cajas con documentación de aquel siniestro Patronato franquista que enclaustró a decenas de miles de mujeres en toda España. Gran parte de las cajas aún no están clasificadas. Y la mayoría de ese ingente material histórico permanece inédito y sin estudiar, arrinconado en los sótanos de nuestra memoria colectiva.

El Patronato de Protección a la Mujer fue un instrumento clave para el control ideológico y la reeducación de las jóvenes “pecadoras” que desafiaban la moral católica preceptiva. Fue creado muy pronto. Apenas dos años después de la victoria franquista. Un decreto del 6 de noviembre de 1941 le asignó como misión la “dignificación moral de la mujer” con el objetivo de “apartarla del vicio y educarla cristianamente”. Se mantuvo activo hasta mediados de los años ochenta.

Decenas de miles de mujeres fueron internadas a la fuerza para someterse a un proceso de aleccionamiento y corrección moral. Bajo el régimen franquista, la mujer no tenía autonomía legal. Estaba subordinada al varón. Primero al padre y luego al esposo. El Patronato disponía de una junta nacional presidida por Carmen Polo de Franco. En cada capital había una junta provincial, dirigida por el gobernador civil y constituida por dos vicepresidentes “varones”. Como miembros natos figuraban también el obispo de la diócesis, una representante de la Sección Femenina de la Falange, el gobernador militar y otros integrantes de la administración local.

El Patronato ostentaba centros de internamiento en todas las provincias. La mayoría de ellos pertenecían a órdenes religiosas de monjas, generalmente adoratrices y oblatas, con las que el Estado firmaba un contrato de prestación de servicios a cambio de una cantidad de dinero. Al fin y al cabo, se trataba de instruir a las mujeres “caídas” en los rectos principios del orden tradicional.

Miles de expedientes de aquellas jóvenes descansan medio olvidados en los archivos históricos provinciales. Durante años, la acción represora del Patronato cayó en la amnesia general hasta que hace apenas una década algunas investigadoras han desempolvado aquel oscuro episodio de instrucción nacionalcatólica que la dictadura impuso sin contemplaciones.

Una de las pioneras fue Carmen Guillén, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia y autora de una tesis doctoral sobre el Patronato publicada en 2018. “El motivo de ingreso era bastante ambiguo. Simplemente por inmoralidad. Hay muchos expedientes por embarazos no deseados o prostitución clandestina, pero, en general, podía ser cualquier desviación del modelo de mujer ideal de entonces”.

Un porcentaje muy alto de ingresos eran ordenados por las propias familias, avergonzadas de la desviación deshonrosa de sus hijas, pero también por vecinos, la policía o las propias religiosas. No existía un procedimiento reglado ni se constataba la veracidad de las acusaciones. “Es muy difícil comprobar una cosa tan ambigua como la inmoralidad”, argumenta Guillén. “Si un padre dice que su hija está saliendo a horas intempestivas con gente que considere inapropiada y quiere que la ingresen, pues la van a meter dentro”.

La tutela sobre la mujer pasaba entonces del padre al Estado. Los internados sometían a las jóvenes a un tratamiento religioso para que “redimiesen sus pecados” a base de “misa, silencio y rezo del rosario”, explica la profesora de Murcia. “No había una formación académica o profesional más allá del bordado, la costura y todo lo que se entendía entonces que era el trabajo femenino”. El periodo de enclaustramiento oscilaba entre los seis meses y los dos años, aunque a veces podía alargarse.

El objetivo fundacional del Patronato era la lucha contra la prostitución clandestina, pero terminó convirtiéndose en un instrumento de control social de las mujeres que transgredían los patrones de conducta conservadores. La profesora de Historia Contemporánea Lucía Prieto también es pionera en la investigación de la institución franquista. “El crimen sexual peor conceptuado y más penalizado socialmente era el de madre soltera”, afirma. “El Patronato se encargó de crear grandes centros de maternidad que garantizaban el proyecto demográfico del nuevo régimen franquista. Porque las madres eran transgresoras y pecadoras, pero los niños hacían falta para la regeneración de la patria”.

Lucía Prieto ha estudiado especialmente el caso de Málaga, en cuya Universidad desarrolla su labor académica. “Muchos ingresos eran solicitados por sus familiares, que no podían controlar moralmente a sus hijas. Y lo mismo podía ingresar una chica que había tenido relaciones sexuales con su novio que, por supuesto, las que estaban acusadas de tenerlas con un hombre casado”. En la posguerra, uno de los ingresos más generalizados venía derivado de la orden judicial por concubinato. “El concubinato era convivir con un hombre fuera del matrimonio y, sobre todo, cuando la denuncia partía de la esposa legal”.

La mujer era condenada al destierro y, si reincidía, podía acabar en prisión. Al hombre, en cambio, se le obligaba a volver con su familia, pero no recibía ningún castigo. Lo que el código penal sancionaba entonces era el adulterio femenino. El pecado siempre se vinculaba a la mujer en aquella España legal y culturalmente machista. Las jóvenes que se quedaban embarazadas solteras eran conceptuadas como “peligro moral”. Casi la mayoría de los ingresos se producían bajo ese formulismo, según la profesora Prieto. Y el “peligro moral” englobaba situaciones de las más diversas: desde niñas desobedientes a jóvenes que mantenían relaciones indecentes o no autorizadas por la familia. En Málaga, también eran las adoratrices quienes ejercían la custodia e imponían el régimen disciplinario a las descarriadas.

Los ingresos se producían por orden judicial en situaciones especialmente graves. Por ejemplo, sospecha de aborto. O denuncias de adulterio, prostitución clandestina y corrupción de menores. En 1956 España aprueba la abolición de la prostitución y se adscribe a los programas de reeducación europeos. “Aquí los planes están totalmente distorsionados porque son aplicados por órdenes religiosas y no por agentes de asistencia profesional como en Francia y otros países”, subraya Lucía Prieto.

Muchas víctimas de aquellos programas de reclusión se han organizado para visibilizar los estragos causados por el Patronato y reclamar medidas de reparación. Es el caso de Silvia Fernández, familiar de una de las mujeres afectadas por aquel programa de enclaustramiento franquista. Su pariente fue ingresada con apenas cuatro meses en una casa cuna, más tarde pasó al tutelar y finalmente entró en el Patronato donde permaneció hasta los 17 años. La madre fue internada en un hospital psiquiátrico de Córdoba por orden del padre, con el que mantenía una relación conflictiva.

“Entregó a su bebé porque era madre soltera y entonces se consideraba conducta inapropiada”, relata Fernández, que lleva un año investigando su caso en varios archivos andaluces. Cuando las niñas abandonaban la casa cuna empezaban a trabajar en talleres. Hacían todo tipo de labores. Desde lavar sábanas para el Ejército y los hoteles a fabricar rieles de cortinas, que se vendían posteriormente. “Mi familiar hacía cartonaje para cajas de vino. Te estoy hablando de niñas que ya trabajaban con diez años”.

No era una vida fácil. Se levantaban a las seis de la mañana, limpiaban el convento, rezaban y se metían en el taller a trabajar. “Era un horror, evidentemente. Vives encerrada de forma permanente y sufriendo maltrato en todos estos colegios, donde se pegaba y se pasaba hambre y frío”.

En abril de 1978, un año después de las elecciones constituyentes, el Ministerio de Justicia presentó el borrador del anteproyecto que derogaba la ley franquista del Patronato. «Se suprimirá completamente el espíritu fundacional. Ya no se habla de moral católica, y no hay que temer que queden residuos de la Sección Femenina“, anunció su entonces presidente. Era el principio del fin de un proyecto siniestro que secuestró a decenas de miles de mujeres para someterlas a un proceso de limpieza ideológica que ya forma parte de la historia de España.

A comienzos de 2024 se iniciaron los trabajos para buscar fosas comunes en Encinas Reales, en el sur de Córdoba. En esas fosas estarían los restos de vecinos del mismo municipio, y también de pueblos cercanos como Rute, Benamejí, Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos. Fueron víctimas del llamado “terror caliente”, como definen los historiadores a los asesinatos masivos que los franquistas llevaron a cabo los días y meses posteriores al golpe de estado de 1936. Las víctimas fueron, de forma sistemática, detenidas, sacadas de sus casas, y fusiladas. Y sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes, tanto en cementerios como en las afueras de ciudades y pueblos. En Encinas Reales se detectó una posible fosa con ayuda de un georradar y el Ayuntamiento cuenta con una subvención para hacer la excavación y exhumar, pero aún no ha comenzado y los familiares de las víctimas piden celeridad, antes de que se agote el plazo para emplear ese dinero.

El Ayuntamiento de Encinas Reales recibió una subvención de la Diputación para estos trabajos. En diciembre de 2024, obtuvo además la autorización de la Junta de Andalucía publicada en BOJA para “las actuaciones específicas de localización, exhumación e identificación genética en el municipio”. Con esa autorización, el municipio plantearía los trabajos que se van a llevar a cabo en la fosa y determinaría las fechas para esta actuación, que aún no ha comenzado. Los familiares de las víctimas recuerdan que hay un plazo para ejecutar la subvención otorgada para esta actuación y temen que no se llegue a tiempo.

Consultado por este periódico el alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto, explica que dicho plazo no acaba hasta el próximo mes de septiembre y que la actuación está pendiente de incorporar al presupuesto de este año la ayuda recibida el 27 de diciembre de 2024 como remanente del pasado ejercicio. Los técnicos municipales calculan que puede hacerse “en este mes de marzo” para comenzar los trabajos. “Espero que para marzo esté y podrían realizar el trabajo (...) Estamos en vísperas de poder contratar y que la empresa lo haga”, asegura, señalando que “administrativamente no ha sido posible hasta ahora, los plazos de los expedientes administrativos son los que son”. “Si administrativamente somos capaces de resolverlo, nuestro interés está en cuanto antes sacarlo adelante”, zanja Prieto.

Los familiares de las víctimas han expresado a este periódico su preocupación por la tardanza en emprender la excavación de la fosa y la búsqueda de sus seres queridos, además de echar en falta información directa del Ayuntamiento al respecto y conocer el informe en su poder sobre los primeros trabajos de búsqueda y localización.

Indicios de la fosa en una zona de olivar

La fosa localizada con georradar se ubica en una zona de olivar, cerca del antiguo cementerio del municipio. Según ha podido saber este medio, testimonios señalaban que allí, a unos metros de unos cipreses, habría unas cruces marcadas en su día porque se habrían enterrado a las personas represaliadas. Con esos datos, el pasado verano se llevó a cabo una inspección con georradar, que arrojó resultado positivo.

Esta actuación nace de la búsqueda de la nieta de una de las víctimas, cuya familia era de Rute, Araceli Vinuesa, empeñada en dar con los restos de su abuelo represaliado, Francisco Rafael Vinuesa que, como otros habitantes de aquel pueblo y de otros municipios, fueron llevados hasta Encinas Reales. Los trabajos de búsqueda se han llevado a cabo en varias ubicaciones del término municipal de Encinas Reales y el georradar marcó como positiva la zona junto al antiguo cementerio.

La búsqueda cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Córdoba. El Ayuntamiento de Encinas Reales recibió estos fondos para poder documentar y buscar con georradar fosas, un trabajo cuya responsable es Maribel Brenes, historiadora y arqueóloga. Las primeras tareas consistieron en recabar toda la información posible sobre la represión franquista en la zona y la localización de fosas, con la búsqueda de documentos y testimonios que pudieran arrojar algo de luz. Y el georradar confirmó la ubicación de la fosa sobre la que ahora se quiere actuar.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves la retirada de honores a cuatro militares franquistas que seguían disponiendo de los mayores honores en el Consistorio cordobés. Según consta en los archivos del Ayuntamiento de Córdoba y publicó este periódico hace casi una década, desde 1936 son hijos predilectos o adoptivos de Córdoba los generales Gonzalo Queipo de Llano (comandante del Ejército franquista en Andalucía) y José Varela, junto a los coroneles Ciriaco Cascajo (este nombrado hijo predilecto) y Eduardo Sáenz de Buruaga. Además, en 1944 también fue nombrado hijo adoptivo el coronel Manuel Aguilar Galindo y Aguilar Galindo, y en 1957 el ministro de Obras Públicas de Franco Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano.

Se ha llegado a esta aprobación con los votos a favor de PP, PSOE y Hacemos Córdoba, y la abstención de Vox. Así, casi tres años después de la aprobación de una nueva ley de Memoria Democrática, el Ayuntamiento de Córdoba va a iniciar los trámites para la retirada de los honores a estos cuatro militares, considerados los responsables de una represión en Córdoba que acabó con la muerte por fusilamiento o hambre en la cárcel de unas 4.000 personas solo en la ciudad. Los estudios elevan la cifra por encima de las 10.000 personas represaliadas hasta la muerte en toda la provincia.

El Pleno ha aprobado así el dictamen de la Comisión Permanente de Presidencia y Políticas Transversales para la revocación de Honores y Distinciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, “incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales”. El documento propone “retirar el título de Hijo Predilecto y Preclaro a Ciriaco Cascajo Ruiz, y el de Hijo Adoptivo al General José Varela Iglesias, al General Gonzalo Queipo de Llano y al Coronel Sáez de Buruaga”.

La propuesta llega después de un informe jurídico que señala que hay que cumplir con la ley y que por tanto el Pleno tiene el deber de retirar los honores a estos militares. 

Hace seis años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), con su presidente a la cabeza, Rafael Espino, decidió denunciarlo. Lo hizo ante el Defensor del Pueblo, que durante todo este tipo ha requerido al Ayuntamiento de Córdoba a revisar su cuadro de honores. 

Los militares

Así, el general Gonzalo Queipo de Llano comandaba desde Sevilla capital todas las operaciones militares en Andalucía para lograr que triunfara el golpe de estado. En Córdoba ordenó el 18 de julio de 1936 la toma del Gobierno Civil, el único edificio oficial de la ciudad que resistió al alzamiento de los militares franquistas. Posteriormente coordinó la represión y fue el encargado de nombrar a las autoridades civiles y militares que gobernaron la ciudad durante la guerra. Según consta en los archivos municipales del Ayuntamiento, en 1936 fue nombrado Hijo Adoptivo y preeminente de Córdoba, sin que conste que esta decisión y distinción haya sido revocada, atendiendo a la Ley de Memoria Histórica.

Por su parte, el general José Varela Iglesias mantiene desde 1936 la misma categoría de Queipo de Llano. Este militar fue el encargado, durante la Guerra Civil, de comandar las distintas operaciones militares en la provincia de Córdoba. También lo hizo en Antequera, en Málaga y en Sevilla. Acabó siendo ministro del Ejército en el primer gabinete del dictador Franco.

Ciriaco Cascajo es Hijo Predilecto de la ciudad de Córdoba, donde nació. De hecho, está enterrado con todos los honores en el cementerio de la Salud, donde se recuerda su participación en la Guerra Civil española. Cascajo dirigía el Regimiento de Artillería de la ciudad. El mismo 18 de julio y tras hablar con Queipo de Llano se sumó a la sublevación militar y sacó en el ejército a las calles de la ciudad, para acabar tomando en Gobierno Civil. Cascajo acabó siendo el comandante militar de la ciudad y uno de los responsables de la brutal represión que acabó fusilando a miles de cordobeses.

Eduardo Sáenz de Buruaga está considerado también como uno de los militares más sanguinarios de la Guerra Civil, sobre todo después de comandar la matanza de Baena. Sáenz de Buruaga llegó a Córdoba justo después de que se consolidase el golpe de estado, que había triunfado en la ciudad pero no en la provincia. Desde la capital lideró la marcha de diversas columnas de militares a distintos pueblos, que acabó tomando.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha valorado la retirada este jueves en el Pleno municipal de los honores a los cuatro sublevados en 1936, General Valera, Sáez de Buruaga, Queipo de Llano y muy especialmente de Ciriaco Cascajo, “que contribuyeron a laminar nuestra democracia abriendo paso a uno de los períodos más oscuros de nuestra historia y que acabaron con la vida de miles de cordobeses, cuyos restos continuamos buscando en las fosas comunes de nuestros cementerios”, y ha recordado que “el PSOE perseverará para lograr la retirada de la placa en el Cementerio de la Salud y la distinción a las personas que defendieron entonces la democracia, entre ellos el alcalde Sánchez Badajoz y el capitán Tarazona”.

En una rueda de prensa, el edil, quien ha tildado esta reparación como “hito importante para restaurar el principio de que los únicos dos bandos son los que están del lado de la democracia y los que no”, ha manifestado que “el Grupo Municipal Socialista trabajará para lograr dos pasos más, como es la retirada de la lápida de Cascajo conmemorativa en el Cementerio de la Salud, pendiente aún de la comisión de memoria de la Junta de Andalucía, y el reconocimiento de quienes defendieron al gobierno legítimo que fue votado por las ciudadanas y ciudadanos de este país, entre ellos al alcalde Sánchez Badajoz y al capitán Tarazona”.

Dobladez ha explicado acerca de ellos que “el que fuera alcalde de esta ciudad, Manuel Sánchez Badajoz, fue fusilado el 8 de agosto de 1936 por orden de quienes mañana, de forma definitiva, dejan de ostentar un reconocimiento inmerecido por parte de este Ayuntamiento”, y que del capitán Tarazona tienen una petición de su nieta “que esperamos que sea atendida por el gobierno municipal para la instalación de una placa en la Casa de la Solidaridad, que albergará el antiguo Cuartel de Lepanto”.

Así, el socialista ha apelado “al sentimiento y la emoción que representa la retirada de honores que trasciende un acto administrativo” y que implica el cumplimiento obligado de una ley y un acto de reparación de uno de los muchos errores cometidos en nuestra historia“.

“Queremos mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento al trabajo desarrollado por el movimiento memorialista, especialmente a la asociación Arehemisa, impulsora de la iniciativa”, ha dicho, así como “a los servicios de esta casa, especialmente a la secretaría del Pleno, al Archivo Municipal, a los medios de comunicación que desde hace años han considerado su importancia, y de manera absolutamente sincera, a todos los grupos que van a votar de forma positiva”, ha detallado Dobladez, aludiendo a que “los nombres del General Valera, Sáez de Buruaga, Queipo de Llano y muy especialmente de Ciriaco Cascajo sólo se pronunciarán en este pleno, de forma ocasional, en busca de una referencia histórica de lo que nunca se debiera repetir”.

Dobladez ha argumentado que “este día de celebración no detiene lo que queda aún, como la retirada de la placa en el Cementerio de La Salud y el reconocimiento de las personas que defendieron y dieron su vida entonces por la democracia”.