La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte de un migrante que trabajaba como jornalero en la localidad de Adamuz (Córdoba). Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la investigación, el detenido es un compañero de cuadrilla del fallecido, también extranjero, y de 40 años.

Las mismas fuentes han precisado que el arresto se ha producido esta madrugada, y que la Guardia Civil también tendría el arma con la que se cometió el crimen, que correspondería a una escopeta de aire comprimido. Las primeras pesquisas apuntan a una discusión entre ambos que derivó en la muerte de uno de los jornaleros, aunque la investigación sigue su curso.

El fallecido era un jornalero migrante de 25 años que murió tras recibir un disparo por un arma de poco calibre, según la información disponible. Falleció en el Centro de Salud de Adamuz, donde al parecer fue trasladado en estado muy grave. El fallecimiento se produjo sobre las 18:20, que fue cuando se solicitó la presencia policial.

Según las fuentes consultadas por este medio, la víctima presentaba una única herida. El orificio, según las fuentes, era compatible con un proyectil de pequeño calibre, que es el que ha provocado la muerte de esta persona.

Ambos iban a comenzar este miércoles su trabajo en la aceituna en la localidad.

Unas 14.500 personas, aproximadamente 400 de ellas de la provincia de Córdoba, acudirán este año a la vendimia francesa, que se espera que de inicio a final de agosto con una producción algo menor que la del año pasado debido a las malas condiciones climáticas, a las enfermedades y a la reducción de superficie de viñedo como parte de un ajuste global en la producción debido a la disminución del consumo de vino.

Así lo han dado a conocer los responsables del sector agroalimentario de CCOO-Industria estatal y andaluz, José Fuentes y Javier Castaño, respectivamente, en la presentación en Córdoba de la campaña de información, asesoramiento y seguimiento del flujo laboral más notable de nuestro país, la vendimia de Francia. De los 14.500 vendimiadores y vendimiadoras que acudirán al país vecino, el 75% proceden de Andalucía, fundamentalmente de las provincias de Granda y Jaén -con unas 8.000 personas cada una-, que representan el 53,3% de las personas trabajadoras que van a la vendimia francesa y más del 72% del conjunto de Andalucía.

Para el responsable de Acción Sindical del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, estas cifras desmontan dos mantras que las patronales agrarias no dejan de repetir: Que falta mano de obra en el campo y que los trabajadores y trabajadoras autóctonos o afincados en nuestro país no quieren trabajar. “No es que falte mano de obra, es que sobran abusos, sueldos precarios y condiciones indignas en muchos tajos agrícolas. En lugar de asumir responsabilidades y mejorar las condiciones laborales en el campo, algunos prefieren culpar a los trabajadores y trabajadoras insinuando que no quieren trabajar. No se encuentran trabajadores en el campo por la falta de voluntad de aplicar un convenio colectivo digno, pagar según ley, dar de alta en la Seguridad Social, respetar los horarios y descansos”, remarcó Muñoz.

Para CCOO-Industria, siempre hay margen de mejora, pero la campaña de la vendimia Francia es un modelo de flujo migratorio laboral a desarrollar en nuestro país, en relación con las fórmulas de contratación, el alojamiento y la estabilidad de la contratación, a experimentar por los empresarios incumplidores de nuestro país y evitar los casos de explotación que reiteradamente se producen en nuestro sector agrario.

Este año también se prevé un ligero adelanto de la cosecha en Francia en aproximadamente una semana como consecuencia de adelanto de la maduración de la uva, producto de las altas temperaturas de las últimas semanas en el país vecino.

Cabe mencionar que la vendimia francesa es prácticamente el único ingreso importante para las economías familiares de las personas de las zonas de procedencia, zonas geográficas en las que en esta época del año hay escaso empleo. Las jornadas realizadas en Francia sirven para poder acceder al subsidio y renta agraria. Fundamentalmente, y además de Andalucía, los temporeros y temporeras acuden desde la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.

Otras provincias andaluzas desde donde siguen saliendo personas a trabajar a la vendimia francesa pero mucho menos numerosos son las provincias de Cádiz, fundamentalmente de la Comarca de la Sierra y Campiña, Sierra en Sevilla y en Córdoba en algunos municipios del Valle de los Pedroches como Villanueva de Córdoba, Cardeña, Pozoblanco, Añora, Conquista, Alcaracejos, Belalcázar, Vva. de Córdoba, Hinojosa del Duque, Dos Torres y de localidades como Baena, Puente Genil y Nueva Carteya en la Subbética. De Málaga salen de municipios concretos de Ronda y Antequera, Teba.

La contratación en la vendimia francesa está muy asentada y estructurada. Se realiza directamente entre el patrón o patrona y el trabajador o trabajadora con la intervención del Servicio de Empleo de Francia. De tal manera que la persona trabajadora recibe el contrato del empresario antes de partir para la recogida de la uva. En el caso de producirse vacantes en una cuadrilla o colla, normalmente son personas conocidas, familiares y/o del entorno del mismo pueblo las que cubren las bajas que se produzcan.

CCOO-Industria alerta a los trabajadores y trabajadoras contra los fraudes que se suelen dar en la búsqueda de empleo, situaciones donde suelen solicitar anticipos de dinero por ofertas de empleo. En este sentido, el sindicato recuerda que el acceso a las ofertas laborales es gratuito, que el contrato es una obligación del empleador, y que el pagar por acceder a una oferta de empleo no asegura un empleo, y además es un fraude.

El salario

Para el presente año el salario mínimo (SMIC) se sitúa en 11,88 €/hora brutos, es decir, el salario neto es de 9,40 €/hora. Esto permite que, aproximadamente, los ingresos oscilen entre 1.900 y 2.300 euros netos/por persona y unos 15-20 días de trabajo -con un máximo de 44 horas semanales permitidas).

El perfil mayoritario del vendimiador y vendimiadora es el de personas trabajadoras del sector agrario que migran también a otras campañas agrícolas en nuestro país (fruta de hueso y dulce, espárrago, vendimias, etc.). Como en años anteriores las personas vendimiadoras españolas son el colectivo y la nacionalidad más importante en este flujo migratorio y ello obedece a la buena reputación que tienen ante los patronos y patronas francesas, a la experiencia, profesionalidad y buen hacer de las personas trabajadoras de nuestro país. Entorno al 90% de las personas vendimiadoras han participado en campañas de vendimia anteriores.

En cuanto al transporte, en la actualidad la gran mayoría de los vendimiadores y vendimiadoras se desplazarán en autobuses desde los puntos de referencia que se habilitan y son una minoría quienes se desplazan en sus vehículos propios. Los puntos habituales de encuentro de salida de autobuses son: Bailén (Jaén), estación de Renfe de Baza (Granada), Estación de Renfe de Granada y Estación de autobuses de Guadix (Granada).

Como viene siendo habitual CCOO-Industria ofrece a las personas vendimiadoras los locales del sindicato, teléfonos y medios telemáticos, así como los y las representantes sindicales en las zonas de salida para informar a las personas interesadas en trabajar en la vendimia francesa. También ponen a disposición de las personas vendimiadoras la Guía Actualizada Informativa Sociolaboral de la Vendimia 2025, Infografía de Buenas Prácticas en materia de Seguridad e Higiene en las tareas de vendimia 2025 e información de los salarios vigentes en los diferentes niveles y escalas en los diferentes departamentos franceses donde se concentra la recogida de la uva. Toda esta información se puede consultar también en la web www.industria.ccoo.es

UGT FICA Andalucía y CCOO Industria Andalucía han mostrado su “más absoluto rechazo” a la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en la que se incluye una modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando de 90 a 120 días el uso del contrato temporal por circunstancias de la producción exclusivamente para las empresas del sector agrario y agroalimentario. Esta modificación se ha introducido en la disposición adicinal undécima.

Por ello, ambas centrales sindicales advierten de la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio andaluz y no descartan “ninguna medida de presión para frenar esta ofensiva contra la dignidad y los derechos de los trabajadores del campo y la industria agroalimentaria”.

Esta medida, impulsada por el Partido Popular y apoyada por Vox y Junts, supone, en palabras de los sindicatos en una nota de prensa, una “gravísima discriminación para los trabajadores del campo y de la agroindustria”, sectores que “históricamente han sufrido las mayores tasas de temporalidad y precariedad laboral”. “Resulta incomprensible y vergonzoso que el Partido Popular haya accedido a esta exigencia de la patronal agraria Asaja, cediendo a intereses empresariales que buscan volver a precarizar el empleo en uno de los sectores más vulnerables y estratégicos de nuestra economía”, han reprochado UGT y CCOO.

Gracias a la última reforma laboral impulsada en 2021, el sector primario y agroindustrial ha vivido “una mejora significativa” en los niveles de empleo y estabilidad, y ha avanzado hacia un modelo de relaciones laborales “más digno y de estabilidad” mediante la conversión de trabajadores eventuales en fijos discontinuos. Esta reforma ha demostrado que “otro modelo es posible, con más contratación indefinida y fijos discontinuos y una reducción drástica del abuso de la temporalidad, con tendencia positiva en la creación de empleo y estabilidad en el sector”.

Sin embargo, con esta reforma legislativa “por la puerta de atrás y sin el respaldo del dialogo social”, se pretende convertir al sector en la “cenicienta” del mercado laboral, otorgándole un régimen excepcional que “perpetúa la desigualdad y consolida un modelo basado en la eventualidad estructural”.

UGT FICA Andalucía y CCOO Industria Andalucía exigen, tanto al Gobierno como a las fuerzas de izquierda, que “busquen una mayoría parlamentaria para poder conseguir rectificar de manera inmediata esta medida profundamente injusta”. “No vamos a permitir que se retroceda en derechos laborales ni que se sacrifique al sector agrario y agroalimentario en beneficio de intereses empresariales”, han concluido.

UGT-FICA ha firmado este jueves las nuevas tablas del Convenio Provincial del Campo para el año 2025, juntamente con las patronales ASAJA y COAG, y sin el respaldo del resto de centrales sindicales, ni de la UPA.

El incremento rubricado por los representantes de UGT y la patronal del campo ha sido del 4,41% sobre todos los conceptos salariales, lo que permite, según expresó el secretario de Acción Laboral de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, “que los casi 55.000 trabajadores del sector sigan teniendo sus retribuciones por encima del SMI, siendo Córdoba la única provincia de la Comunidad que cumple esta condición”.

Concretamente, el salario día para el 2025 para las personas trabajadoras fijas discontinuas y temporales pasa a ser de 60,96 euros, y de 38,69 euros día para los fijos. Este incremento tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025, por lo que Lopera advirtió que “las empresas tendrán que abonar los atrasos correspondientes”.

Por otra parte, el secretario ugetista recalcó es que “la Comisión Paritaria del convenio colectivo, con la única representación sindical de UGT, ha aclarado el artículo 20 del convenio colectivo que regula el Plus de Distancia, resolviendo que su redacción deja muy claro que el plus de distancia hay que abonarlo a todas las personas trabajadoras, independientemente del lugar donde vivan, a razón de 0.26 euros el kilómetro que separe dicho domicilio del centro de trabajo”.

Lopera recordó que “el seguro obligatorio que se introduzco en el texto del nuevo convenio para la Incapacidad permanente ha entrado en vigor desde el 1 de enero del 2025, que afecta a todas las personas trabajadoras del sector independientemente del contrato que tengan”.

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA finalizó señalando que “con todo esto, se demuestra que aquellos que estuvieron criticando a UGT por la firma del convenio no llevaban razón en sus críticas y, si tiramos de hemeroteca, podemos ver que con las propuestas de incrementos que ellos hacían hoy las personas trabajadoras del campo estarían cobrando menos que con lo que se firmó y que aquellos convenios provinciales que CCOO ha firmado en solitario en otras provincias, y aquí nos lo quería poner de referencia, están por debajo del de Córdoba e incluso uno de ellos con artículos anulados por el juzgado de los social, por lo que llamamos a la sensatez y a mirar, por encima de cualquier otro interés, por el de los trabajadores y trabajadoras del campo en nuestra provincia”.

UGT es el sindicato mayoritario del sector, y desde la firma del convenio colectivo, ha aumentado su representatividad.

UGT-FICA Córdoba ha advertido este lunes que, en caso “de no producirse avances” para cerrar un acuerdo sobre el Convenio del Campo de la provincia, “podrían producirse movilizaciones”, expresendo el sindicato su “preocupación en el séptimo mes de negociación” del convenio, pues “las últimas reuniones no están resultando tan positivas en el avance del nuevo convenio cómo sí fueron las primeras”.

En este sentido y en una nota, el secretario provincial de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha dicho esperar que “el reciente cambio en la presidencia de Asaja Córdoba no afecte negativamente a la negociación” y, en este sentido, ha agradecido “al nuevo presidente, Fernando Adell, su presencia en la última reunión para el convenio mantenida el pasado viernes 28 de junio”.

Téllez ha recordado que “UGT FICA, desde el principio de la negociación y a través de su plataforma reivindicativa, está apostando por una modificación casi global del actual convenio, adecuándolo a la nueva normativa laboral” y buscando que tenga “muy en cuenta la nueva figura del fijo-discontinuo, cuya modalidad, después de la Reforma Laboral, se ha implantado de manera mayoritaria en el sector”.

El responsable sindical ha recordado que UGT-FICA, “desde el principio”, ha dejado “claro que para este convenio no vale sólo una adaptación al SMI y a la nueva normativa”, pues “somos más ambiciosos y queremos un convenio acorde al siglo XXI, igualando el Convenio del Campo a los acuerdos alcanzados y firmados en los demás sectores provinciales, donde hemos firmado convenios muy importantes, como los del Metal, el Aceite o la Madera”.

La Federación de Industria de CCOO acaba de publicar su “Guía de información sociolaboral para campañas agrícolas 2024”, que se ofrece traducida también al árabe y al rumano, con la que se pretende facilitar información útil y práctica a las personas trabajadoras que deseen trabajar en las distintas campañas agrícolas en España.

El sindicato de Industria de CCOO de Córdoba explica que la guía ofrece información sobre cómo, dónde y en qué fechas dirigirse para buscar trabajo en las campañas agrícolas de España. Así mismo, informa sobre los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras temporeras y ofrece asesoramiento sociolaboral y sindical antes, durante y después de la relación laboral. Además, la guía recoge los convenios colectivos de aplicación en cada caso.

El responsable del Campo del mencionado sindicato de Industria, Manuel Muñoz, señala que “con esta guía no se pretende facilitar a las personas trabajadoras la búsqueda de empleo en el sector agrícola, sino garantizar que conocen sus derechos y obligaciones y que puedan exigir su cumplimiento para tratar de evitar situaciones de abuso, fraudulentas e ilegales como las que ya hemos tenido que denunciar en demasiadas ocasiones”.

Muñoz remarca que CCOO está vigilando el cumplimiento de la normativa laboral en todos los aspectos: contratación, salud laboral, formación, igualdad, no discriminación, etc. y atiende, además, consultas sobre inmigración.

“Actualmente estamos inmersos en el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo del campo de la provincia de Córdoba, por lo que las condiciones laborales podrían modificarse en breve, y es importante que los trabajadores y trabajadoras del campo tengan un acceso fácil a este tipo de información, que es fundamental para ellos”, remarcó el responsable sindical.

Además de la guía, que se puede consultar en la página web del sindicato (https://andalucia.ccoo.es/Cordoba) y en las sedes de CCOO en la provincia (Córdoba capital, Pozoblanco, Montilla y Lucena), el sindicato ha editado una infografía que resume la información más importante recogida en la guía en materia de contratación, cotizaciones, prestaciones, etc.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha reclamado este jueves al Ministerio de Trabajo que haga realidad una “reivindicación histórica de IU a favor de los trabajadores del campo, a favor de los jornaleros”, en este caso “la reducción de las peonadas” precisas para poder cobrar el subsidio agrario, hasta llegar a “peonadas cero”, mientras que al Gobierno de la Junta de Andalucía le ha demandado “un plan de empleo extraordinario para el mundo rural”.

En rueda de prensa en Nueva Carteya (Córdoba) junto al alcalde de dicho municipio, Eduardo García, el líder provincial de IU ha recordado que el pasado enero y en forma de Decreto Ley, “se planteó por parte del Gobierno de España una reducción de las peonadas, pero ésta fue tumbada debido a que PP y Vox votaron en contra de esta mejora, que es fundamental para el desarrollo económico y social de los trabajadores de la provincia de Córdoba”.

Por eso ahora, desde IU, “de nuevo solicitamos al Ministerio de Trabajo que aplique una mejora, una reducción de las penadas, porque es fundamental para que los trabajadores puedan tener acceso a ese subsidio agrario”, en el marco de “una campaña muy complicada, que está provocando que sea muy dificultoso” sumar los jornales precisos para poder cobrar el subsidio.

En consecuencia, en IU esperan que el Ministerio de Trabajo “haga todos los esfuerzos posibles para que, de nuevo, plantee esa reducción de las penadas, una reducción fundamental que sí se aplicó, de 35 a diez en la legislatura anterior”, y que ahora desde IU reivindican que sea una “reducción a penadas cero, porque entendemos que lo que se está haciendo con las penadas no es ni más ni menos que un mercadeo que está perjudicando a la clase trabajadora de la provincia de Córdoba”.

Junto a ello, Pérez ha pedido al Gobierno andaluz “un plan de empleo extraordinario para el mundo rural”, que es preciso en Córdoba, ya que es “una provincia eminentemente agraria” y, por eso, “necesitamos un Gobierno andaluz implicado en el territorio, que apueste por un plan de empleo” que, para municipios como Nueva Carteya, la comarca del Guadajoz y, en general, la provincia de Córdoba, supondrá “una ayuda importante” para “mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”.

Esta demanda de un plan de empleo y también la de reducción de peonadas la defenderá IU en forma de mociones en los plenos de los ayuntamientos de la provincia, y también de la Diputación de Córdoba, para obtener su respaldo ante el Gobierno central y el autonómico.

Unas 11.250 personas saldrán este año desde Andalucía con destino a Francia para trabajar en la vendimia, según las estimaciones de CCOO. Las provincias de Granada y Jaén son las que aportan más mano de obra con unos 4.000 trabajadores cada una de ellas. Desde España saldrán unos 15.000 trabajadores, de ellos el 75 por ciento proceden de Andalucía, la región española que más empleo aporta a la recogida de la uva en el país vecino.

Otras provincias andaluzas que suman mano de obra a la vendimia francesa son Sevilla y Cádiz, con unos 2.000 trabajadores, mientras que unas 1.250se reparten entre Almería, Córdoba y Málaga.

El responsable de Seguridad Social y Migraciones de la Federación de Industria de CCOO, José Fuentes, ha indicado que se trata del “flujo migratorio más importante hacia el exterior” que se lleva a cabo año tras año “de manera organizada”, aunque la mano de obra española ha ido reduciéndose con el paso del tiempo.

En los años 80 del pasado siglo eran más de 80.000 las personas que salían de España para trabajar en Francia en la recogida de la uva, pero esa cifra se ha reducido hasta los 15.000 trabajadores que se vienen contabilizando en los últimos años.

Dada la importancia de esta campaña agrícola, el sindicato ha vuelto a editar una guía sociolaboral con datos y recomendaciones de interés para los temporeros y que se puede consultar en la web del sindicato.

El trabajo de temporeros supone en Francia unos 800.000 contratos. La recogida de la uva representa un 45 por ciento del empleo temporero, con 360.000 contratos firmados, de los que parte se los llevan trabajadores españoles, entre los que destacan los andaluces ya que son los que más se desplazan a la vendimia.

Fuentes ha incidido en que el sistema de contratación está “muy organizado y estructurado” y “los trabajadores, antes de salir, ya tienen el contrato y las condiciones laborales”. Ha añadido que apenas hay ofertas en portales de empleo del sector, ya que la relación es muy directa entre el empresario y los empleados, que suelen repetir año tras año y de cuyo entorno cercano se nutren las posibles bajas.

Al hilo, ha puesto de relieve que los españoles son trabajadores “muy valorados” por su “experiencia y profesionalidad”. En este contexto, ha alertado de posibles “fraudes” y ha pedido no aceptar ninguna oferta de empleo donde se solicite dinero a cambio. Ha animado también a que, si les ofrecen o encuentran ofertas de este tipo, contacten con la autoridad laboral o los sindicatos para denunciarlas, o incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Con respecto a los salarios, ha afirmado que para el presente 2023, el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido en Francia hasta los 1.709,28 euros brutos al mes por lo que el precio de la hora no puede ser inferior a 11,52 euros brutos o 9,11 euros en neto. De promedio, CCOO calcula que una persona que trabaje de 15 a 20 días puede ganar entre 1.800 y 2.200 euros.

Del total del contingente andaluz que va a la vendimia, entre un 25 y un 30 por ciento son mujeres, un porcentaje que, según Fuentes, se ha ido incrementando en los últimos años. En este sentido, el dirigente sindical también ha incidido en que el trabajo en la vendimia francesa computa a la hora de obtener la renta o subsidio agrario.

Para el sindicato, la vendimia francesa debería ser “un espejo” de cómo trabajar con temporeros y del que los empresarios españoles deberían “tomar nota”, quien ha reivindicado la importancia del trabajador agrario, que no siempre tiene la retribución y las condiciones que merece, de ahí que en algunas zonas españolas se queje de la falta de mano de obra cuando lo que pasa es que ante “los incumplimientos, la gente deja el campo y se va a otros sectores de actividad”.

La vendimia francesa se ha adelantado una semana por lo que los temporeros de la provincia de Jaén viajarán al país vecino a finales de agosto. Bailén (Jaén) y Baza (Granada), serán los dos puntos de la geografía andaluza donde se dará cita el grueso de temporeros que parte para la campaña de la uva en suelo francés.

Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar este lunes 17 de julio, dos semanas después de haber sido desalojados por la Guardia Civil, la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), siendo esta la décimo cuarta ocupación que llevan a cabo de dicha finca, algo que vienen haciendo, con varios desalojos forzados y nuevas ocupaciones, desde hace ya 11 años y cuatro meses y medio.

Así lo ha informado el SAT en una nota y anunciado el portavoz nacional de dicho sindicato, Óscar Reina, en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, donde explica que los sindicalistas del SAT han vuelto a Somonte “pese a todos los desalojos, persecuciones judiciales y los ataques sufridos por parte de la Junta, porque creemos que hay alternativas y así lo hemos demostrado y propuesto desde siempre, desde el principio”.

Además, según Reina, “tras estos días de desalojo” han comprobado “con tristeza que nadie de la Junta de Andalucía, ni de la Agapa, su agencia de gestión, han aparecido en estos días por aquí, con el peligro que dicha dejadez conlleva”, lo que le ha llevado a preguntarse para qué les han desalojado, “otra vez sin buscar alternativa ni solución”.

En cualquier caso, según asegura, los jornaleros del SAT han vuelto a ocupar Somonte “para trabajar, demostrando con el ejemplo que esta tierra pública puede tener una función social más allá del interés capitalista y mercantilista que siempre tuvo la Junta, que no iba más allá de malvenderla a un gran terrateniente o fondo de inversión, como si no tuvieran ya bastante en toda Andalucía”, donde “más del 50% del terreno cultivable está en manos de menos del 2% de propietarios, hecho que solo genera pobreza y desigualdad”.

Es por esto que hace unos días, según anuncia Reina, que el SAT ha “registrado, de nuevo, una propuesta formal para que nos den una licencia administrativa para poder estar y trabajar legalmente en esta finca, donde solicitamos el usufructo, manteniendo la titularidad siempre pública” de la finca, “como patrimonio de todos los andaluces”.

El portavoz nacional del SAT concluye resaltando que “en Andalucía hay futuro” y, por eso, sigue “defendiendo la reforma agraria, con respeto a la soberanía alimentaria, dentro de un sistema ecosostenible que respete el medio y dé trabajo en nuestro medio rural, en el sector primario, secundario y terciario”, razón por la que están de nuevo en Somonte, “para seguir demostrando, pese a las consecuencias legales que nos puedan volver a llegar, que un mañana diferente y mejor es posible”.

Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar este lunes 12 de junio, exactamente ocho días después de haberla desalojado, la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), siendo ésta la décimo tercera ocupación que llevan a cabo de dicha finca, algo que vienen haciendo, con varios desalojos forzados y nuevas ocupaciones, desde hace ya once años y tres meses.

Así lo ha informado el SAT en una nota y anunciado el portavoz nacional de dicho sindicato, Óscar Reina, en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press y en el que ha señalado que los sindicalistas del SAT han vuelto a Somonte “para seguir trabajando y defendiendo la reforma agraria, el trabajo y el futuro en Andalucía”.

Reina ha subrayado que, “desde el SAT, con nuestra valentía y constancia, con nuestro sacrificio y nuestra lucha, después de más de once años de ocupación y resistencia, con toda la represión sufrida, pese a todos los procedimientos judiciales” en su contra, han “conseguido una gran victoria”.

Con ello se ha referido a que “esta finca pública lo seguirá siendo y, por lo tanto, ya no se venderá a nadie, a ningún gran terrateniente ni a ningún fondo de inversión”, como “siempre fue la intención de la Junta, antes y ahora”, pero los jornaleros del SAT, con sus ocupaciones de Somonte, han “conseguido que siga siendo patrimonio de todos los andaluces”.

Sin embargo, según ha reconocido Reina, “aún hay camino por andar, sueños por cumplir y victorias por conquistar, y es por eso que volvemos” a ocupar la finca pública“, hasta logra ”que la Junta de Andalucía se tome también en serio los proyectos que les hemos presentado y permita que estas 400 hectáreas puedan generar riqueza para el común de los andaluces, siendo trabajadas legalmente por cooperativas de trabajadores“.

A juicio del portavoz nacional del SAT, “hay muchísimas posibilidades aquí, y tenemos esperanza en conseguirlas. Solo hace falta voluntad política para facilitar estos canales para dar trabajo, futuro y dignidad, y si la Junta no cede, aquí estamos nosotros, con compromiso, con esfuerzo, para convencerla, desde los hechos, de que hay otra manera de hacer las cosas, como venimos demostrando durante años”.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha destacado este miércoles las últimas medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación para “proteger y ampliar los derechos de la clase trabajadora, sobre todo la relacionada con el campo cordobés”, pues “más de 40.000 cordobeses” se beneficiarán de la reducción de peonadas mínimas precisas para poder cobrar el subsidio agrario.

Medidas como ésta, según ha subrayado Pérez en una nota, “ponen de manifiesto que cuando gobierna la izquierda se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores”, habiendo ahora demostrado el Gobierno central su “sensibilidad” ante las consecuencias de “una sequía que preocupa al campo cordobés, y que se ha visto reflejada en una nueva bajada en el número de peonadas, en este caso de 20 a diez, para acceder al subsidio por desempleo”.

A juicio de Pérez, “queda mucho por hacer, pero este es el camino, porque en Córdoba más de 40.000 trabajadores eventuales del campo se van a beneficiar de esta medida, que se une a otras llevadas a cabo en los últimos meses por el Ministerio de Yolanda Díaz”, como la Reforma Laboral, que ya está “protegiendo y ampliando”, en el campo cordobés y andaluz, “los derechos de las personas que hasta hace poco tenían contratos temporales, que en su mayoría son mujeres, y que ahora son fijas discontinuas, a las que además se ha igualado, con el resto de trabajadores, las condiciones de acceso al subsidio por desempleo”.

Sindicatos

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT en Córdoba han coincidido con IU, en sendos comunicados, en valorar positivamente la medida adoptada por el Gobierno de reducir el número de peonadas necesarias para poder acceder al subsidio agrario o a la renta agraria, si bien CCOO entiendo que dicha medida “debe venir acompañada de otras de refuerzo y protección del empleo agrario”, porque “la inflación también está afectando de forma importante a los trabajadores del campo, que hay que recordar que cobran el SMI”.

En parecidos términos se ha manifestado también UGT Córdoba, que ha reclamado la adopción de “medidas extraordinarias más contundentes”, como “la exención del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la puesta en marcha de planes extraordinarios de ayudas a entidades locales para obras del Aepsa, o el establecimiento de mecanismos similares a los ERTE puestos en marcha durante la pandemia, al objeto de que las personas trabajadoras afectadas puedan percibir sus salarios a través del SEPE, entre otras medidas”.

El Consejo de Ministros ha aprobado reducir a diez el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a las personas trabajadoras eventuales agrarias en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

Esta rebaja queda recogida en el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Con carácter previo, el Real Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, con importantes medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, ya recogía, en materia laboral, la reducción de 35 a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta el 31 de diciembre de 2022. La posterior evolución negativa de las precipitaciones ha empeorado las perspectivas en cuanto a previsión de producciones.

De hecho, el valor medio nacional de las precipitaciones en año hidrológico 2021/2022 en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 27 de septiembre de 2022) ha sido de 475,5 mm, un 25,6% inferior al valor normal. Este empeoramiento de la perspectiva ha hecho necesario reforzar y extender las medidas de protección, sobre todo, ante unas perspectivas de importante reducción en la cosecha del olivar.

Reducción de las peonadas

El cultivo del olivar, que demanda una gran cantidad de mano de obra, resulta especialmente perjudicado ante esta situación climática adversa por lo que se ha aprobado reducir el número de jornadas cotizadas a diez para que las personas trabajadoras agrarias eventuales, en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y a la renta agraria, para minimizar el impacto de la situación en sus posibilidades de empleo.

Justificación de la medida

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan una importante caída del 47 % de la cosecha este año con respecto a la anterior 2021/2022. Se trataría, además, de la producción más baja de las siete últimas campañas, al situarse en cerca de 800.000 toneladas en la campaña 2022/2023. En las campañas de 2012 y 2019, con descensos en la recolección del 54 % y del 53 %, respecto a la cosecha precedente también se aprobó una reducción a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.

Dado que el grueso de la cosecha del olivar finalizará en marzo de 2023, y que se prevé que sea escasa, es también previsible que desciendan de manera notable los jornales correspondientes necesarios para la recolección, que perjudicará las perspectivas laborales de las personas trabajadoras eventuales que habitualmente desarrollan su actividad en el olivar, también a lo largo del próximo 2023. Por tanto, se aprueba establecer la reducción del número de jornadas reales cotizadas desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de junio 2023.

La Federación de Industria de CCOO acaba de actualizar la Guía informativa laboral sobre la campaña de la vendimia en Francia 2022, un documento que contiene toda la información necesaria para trabajar en la vendimia francesa. Además de información básica, ofrece a la persona usuaria una búsqueda tutelada de ofertas de trabajo en la red europea Eures, en la oficina de empleo francesa y en asociaciones patronales y de empleadores de viticultura.

“Este año calculamos que unas 500 personas acudirán desde la provincia de Córdoba a la vendimia del país vecino, la mayoría procedentes de las localidades de Doña Mencía, Baena, Nueva Carteya y algunas localidades del norte de la provincia”, señala el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, quien indica que las trabajadoras y trabajadores españoles se dirigen a los departamentos franceses de Pirineos Orientales, Aude, Hèrault, Tarn, Garona, Lot, Gers, Gironda, Landas, Charante, Charante-Marítimo, Ardéche, Gard, Vaucluse, Var y Drome.

En la guía, que puede consultarse en la web del sindicato, se explica que en 2022 el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) no puede ser inferior a 10,85 euros por hora. Se aclara también que este salario se incrementará según el convenio de aplicación en el departamento francés donde se recoja la uva.

Lo habitual es trabajar ocho horas al día, a las que se pueden sumar dos horas extra. La jornada semanal legal es de 35 horas. La remuneración por la realización de horas extra mejora el coste de la hora ordinaria un 25% si la jornada se sitúa entre las 36 y las 43 horas semanales. Aumenta el 50% si se superan las 44. 

Un ingreso adicional importante para los vendimiadores son los subsidios familiares por hijo o hija a cargo menor de 20 años que no ejerce actividad alguna o con una remuneración inferior al 55% del SMI. Oscila entre los 33,62 euros con dos hijos, hasta los 478,99 con cuatro y dependiendo de los ingresos. 

CCOO apunta que hay que estar atento a los fraudes, que el acceso a las ofertas laborales es gratuito, que el contrato es una obligación y que pagar por acceder a una oferta no la asegura. También recomienda a las personas interesadas que, si no tienen contrato de trabajo o empleo verificado, no vayan a la vendimia, ya que una en vez en Francia es muy difícil encontrar empleo y obtener ayudas.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Balma, ha detenido a cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal, dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los hechos habrían ocurrido durante la pasada campaña de la naranja en la Vega del Guadalquivir.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, que en la localidad de Palma del Rio pudiera estar tratando de asentarse un organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas de la zona, aprovechando para ello la gran demanda de trabajo existente en las explotaciones agrícolas de la localidad y localidades próximas.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que la organización, además de pagar a los migrantes menos de lo estipulado en los convenios agrícolas, les alquilaba viviendas pisos patera por un precio muy superior al del valor del mercado, aprovechándose de la situación administrativa irregular en España de los mismos. En algún caso, incluso bajo la promesa de que si trabajaban para la organización y aguantaban, les conseguirían la documentación para poder residir y trabajar de forma legal en España, señala el instituto armado en una nota de prensa.

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que una vez alojados en los pisos patera los ponían a trabajar en las fincas agrícolas, de forma fraudulenta, sin contratos ni altas en la seguridad social, explotándoles en la recolección y obligándoles a realizar largas jornadas, todo ello con el fin de aumentar los beneficios obtenidos por la organización.

Asimismo, la investigación se dirigió a demostrar que el cabecilla de la organización presuntamente impartía instrucciones a los trabajadores en situación irregular, para que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación por parte de la inspección de trabajo. Además, esto provocaba que los dueños de las explotaciones agrícolas desconociesen la situación de las personas que iban a sus terrenos, creyendo que todos los trabajadores estaban contratados de forma legal. Tras comprobar estos extremos, se dio por finalizada la fase de investigación y se dio paso a la fase de explotación de la operación.

Con respecto a los tres miembros restantes de la organización, reseñar que dos de ellos realizaban tareas de vigilancia de los migrantes en las fincas y se encargaban del transporte de estos a los lugares de trabajo y que el tercero se encargaba de contactar con las fincas con necesidades de jornaleros para marcar de ese modo los objetivos de trabajo a cubrir diariamente.

Durante el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, en el que se ha intervenido numerosa documentación personal de las víctimas (documentos de identidad nacionales de su país, libretas de apuntes sobre el trabajo, recibos de pagos de alquileres, libretas bancarias de otras personas). Asimismo, se ha intervenido diverso material informático y teléfonos móviles, que están siendo objeto de análisis y estudio.

La trata de seres humanos con fines de explotación laboral

El ámbito agrario es uno de los sectores donde los grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos, con fines de explotación laboral, ejercen su actividad.

Las diferentes campañas de recolección en las explotaciones agrícolas son especialmente sensibles, porque generan una gran demanda de trabajadores temporales concentrada en periodos estacionales.

Las organizaciones de tratantes presuntamente captan a sus víctimas mediante engaño y se benefician ilícitamente de su trabajo en el campo. Suelen ser personas extranjeras (comunitarias y de terceros países) que se encuentran ya en España o que son captadas directamente en sus países de origen para ser explotadas.

Actuaciones de la Guardia Civil contra la trata de seres humanos

La trata de seres humanos constituye una prioridad para la Guardia Civil y sus capacidades de actuación integral la convierten en referente internacional en la lucha contra este fenómeno.

Además de trabajar conjuntamente con instituciones y organismos como la ONU, el Consejo de Europa o EUROPOL, asumiendo como especial orientación la consideración de la Trata de Seres Humanos como una de las áreas prioritarias del Ciclo Político de la Unión Europea contra el crimen organizado, la Guardia Civil colabora también a nivel bilateral con agencias y cuerpos de policía de diferentes países, especialmente con los países de origen o destino (cuando España se considera como país de tránsito).

La Guardia Civil dirige su actuación hacia la protección, asistencia y recuperación de las víctimas, para lo cual trabaja con la imprescindible ayuda de las Instituciones y las organizaciones no gubernamentales de asistencia social.

Durante el año 2021, la Guardia Civil ha llevado a cabo en la provincia de Córdoba un total 26 inspecciones preventivas en lugares donde podrían existir víctimas de explotación laboral o sexual, identificando a 806 personas. Estas actuaciones se realizan en coordinación con la Inspección de Trabajo.

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que vienen ocupando desde hace diez años, con desalojos y nuevas ocupaciones consecutivas, la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), han sido desalojados este jueves de la misma por la Guardia Civil, que ha ejecutado así una orden judicial y, como en ocasiones anteriores, los jornaleros han prometido volver a ocupar dicha finca, propiedad de la Junta de Andalucía, para defender que “la tierra pública no se vende”.

Así lo ha anunciado, en un vídeo que ha distribuido por sus redes sociales y recogido por Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha recordado que esta ha sido “la undécima vez que nos desalojan”, pero ha avisado que “aquí no se rinde nadie, que volveremos”, de modo que, tras “un desalojo, otra ocupación”, porque “Somonte no se vende, se defiende”, manteniendo el SAT su objetivo de que sean jornaleros del entorno los que puedan cultivar sus 400 hectáreas.

Se da la circunstancia de que este nuevo desalojo se ha producido después de que el pasado marzo el SAT propusiera a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que saque a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte.

Así lo explicó en su momento, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, después de que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, anunciase que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, si bien ha precisado que también mantiene Agricultura con el SAT un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de Somonte.

Ante esto, Óscar Reina detalló que de eso se trató en la citada reunión mantenida con el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba y técnicos de Agricultura y de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, asistiendo miembros de la dirección del SAT y algunos ocupantes de Somonte, quienes, ante la pretensión de la Junta de vender la finca, que el Consistorio palmeño entiende que debe seguir en manos de la Administración autonómica, le propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno.

De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según ha aclarado Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los jornaleros del SAT que la vienen ocupando, constituidos en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de trabajadores de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

Es más, al ser preguntados en la reunión sobre hasta cuándo seguirán ocupando Somonte, desde el SAT dijeron a la Junta que eso dependía de la propia Administración autonómica, pues “en cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, y desde la Junta les respondieron que “lo iban a estudiar”. Tras ello, ha llegado este jueves el undécimo desalojo de los ocupantes.

El 4 de marzo de 2012, jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon la finca pública Somonte en Palma del Río (Córdoba). Desde entonces, los jornaleros han sido desalojados y han vuelto a ocupar hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de su lucha. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. En febrero de este año, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que daba vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complicaba mucho futuras ocupaciones. Y, ahora, después de 10 años, la administración quiere deshacerse de una finca que los jornaleros quieren seguir trabajando y produciendo.

Las 400 hectáreas de Somonte, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, han dado cobijo en este tiempo a un grupo de jornaleros que vive en la finca a los que, durante las campañas más fuertes de trabajo, se les unían varios grupos de trabajadores más para sacar la producción adelante. Los cultivos en la finca –de la huerta, además de girasol, trigo, garbanzos y olivos, entre otros–, así como las cabezas de ganado entre cabras y ovejas, han compuesto la producción que en estos años han conseguido sacar adelante.

Ahora, con la Justicia dando la razón a la Junta de Andalucía como propietaria, la administración andaluza ha anunciado esta semana que pretende enajenar la finca de Somonte en favor del Ayuntamiento de Palma del Río. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Palma del Río señala que ha tenido contacto alguno al respecto con la Junta y considera que esta finca es propiedad de la ésta y debe seguir en manos de la administración autonómica.

Propuesta de licitación del usufructo

Mientras, quienes han ocupado y trabajado la finca durante la última década, quieren seguir haciéndolo. De hecho, el SAT ha hecho llegar su propuesta a la Junta de Andalucía en una reunión mantenida el pasado 4 de marzo, apuntando la posibilidad de que la administración autonómica saque a licitación “el usufructo” de la finca de Somonte, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno.

En dicha reunión entre el SAT y la Junta, ante la pretensión de la administración andaluza de vender la finca, los representantes de los jornaleros propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno. De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”, según confirmaron a Europa Press.

Se trataría así de sacar a licitación el usufructo de la finca y que los actuales ocupantes y otros jornaleros del SAT, en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, con la opción de presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de la comarca que también se puedan interesar.

De momento, se mantiene abierto el diálogo entre el SAT y la Junta. “En cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, aseguran. Y confían en que la Junta estudie su propuesta.

Idas y venidas en los tribunales

Hay que recordar que las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

Este jueves entra en vigor el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que, entre otras medidas para apoyar al sector agrario, se recoge la reducción de jornadas reales agrarias para poder acceder al subsidio por desempleo o la renta agraria.

De esta forma, a partir de ahora quienes estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social podrán acceder a las prestaciones si tienen cubierto un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores a la situación de desempleo y reúnan el resto de requisitos exigidos, en lugar de las 35 jornadas que se exigen según la normativa.

La medida se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y tiene como objetivo paliar los efectos que la sequía está teniendo sobre las posibilidades de empleo de estos trabajadores. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, esta medida afecta a 18.000 jornaleros de la provincia de Córdoba.

En 2012, varios jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon una gran finca agrícola en Palma del Río, Somonte. Desde entonces, los jornaleros han ocupado hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de una de sus grandes luchas, heredera de la de los años ochenta que pedían una reforma agraria que nunca llegó a producirse en Andalucía. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de ratificar una sentencia que da vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complica mucho futuras ocupaciones.

La Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Sindicato Andaluz de Trabajadores después de dos sentencias que afirmaban que Somonte es propiedad de la Junta de Andalucía. Los fallos judiciales provienen del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba y de la propia Audiencia Provincial. En ambos casos se certificaba la titularidad de la propiedad por parte del gobierno andaluz.

El SAT presentó un recurso ante el Supremo argumentando falta de jurisdicción, pero no rechazando los argumentos de la Junta de Andalucía para reclamar la posesión de esta finca. Ahora, con la ratificación en la mano, la Junta de Andalucía tiene todos los parabienes legales para retomar la posesión de la finca de Somonte.

Las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ocupan desde el pasado 18 de octubre la finca pública Somonte, ubicada en Palma del Río (Córdoba) y propiedad de la Junta de Andalucía, serán desalojados de la misma este martes por la Guardia Civil, en aplicación de la correspondiente orden judicial, si bien los jornaleros ya han avisado que volverán a ocupar dicha finca, como han venido haciendo y siendo también desalojados en distintas ocasiones desde 2012.

Así lo ha avisado el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que su sindicato había intentado “parar legalmente esta injusta decisión judicial, pues todavía estamos desarrollando labores fundamentales en la finca”, razón por la que, tras este nuevo desalojo, “en cuanto podamos, que nadie lo dude, la volveremos a ocupar”.

Reina ha recordado ya que la labor de los jornaleros que han venido ocupando Somonte en la última década desarrollan en la finca “un trabajo voluntario y solidario, que llevamos años haciendo sin descanso, sin el cual esta finca estaría en completo abandono, como la tenía la Junta de Andalucía antes de nuestra llegada hace diez años el próximo 4 de marzo, pese a las subvenciones millonarias que recibían desde Europa”.

Los ocupantes de Somonte permanecen en la finca, según ha subrayado Reina, “resistiendo y sufriendo las cadenas del sistema, no por gusto ni por casualidad, pues no nos jugamos nuestra libertad porque nos dé la gana, sino porque la Junta de Andalucía quiere malvender esta finca pública al mejor postor, es decir, a un gran terrateniente, como si no tuviéramos ya bastante con el paro, la miseria y la precariedad que sufre Andalucía”.

De hecho, según ha asegurado ya el portavoz nacional del SAT, que se encuentra en la finca junto al resto de ocupantes, “si no lo han conseguido hasta ahora ha sido por nuestra acción, tan pacífica como valiente y constante, con la acción directa no violenta como herramienta” y teniendo en cuenta que los jornaleros no quieren “la propiedad de la tierra”, sino “solo el usufructo, lo que seamos capaces de producir con nuestro sudor, nuestras manos y nuestras espaldas”.

En el SAT creen que “Somonte tiene multitud de posibilidades, tantas como una Andalucía libre, y es por esto que seguimos convencidos diez años después de que la reforma agraria es la solución, para generar trabajo con dignidad, para el futuro de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestra nación y de nuestra gente”.

Por eso, según ha avisado Reina, “si finalmente nos vuelven a desalojar, volverá a haber otra ocupación”, a la vez que ha hecho un llamamiento para que se acuda a la “manifestación por Andalucía el 4 de diciembre, a Marinaleda (Sevilla), por la reforma agraria, la soberanía alimentaria, el trabajo, el futuro y la dignidad en Andalucía”.

Es mediodía y Paco ya lleva varias horas de recogida de la aceituna a la espalda. Más la de toda la semana. Este viernes, además, hace un frío que pela en Córdoba, con temperaturas que apenas sobrepasaban los 0 ºC a primera hora de la mañana, cuando han comenzado a operar las cuadrillas. En la suya están seis mujeres, seis hombres y tres tractoristas, que sacuden fuerte en un olivar tradicional en la Campiña de Córdoba.

Cuántos de los quince estarán el lunes otra vez allí es un misterio. “Yo soy vareador y así llevo tres años, pero si mañana me llaman para trabajar en cualquier cosa, me voy”, cuenta Paco, uno de los más jóvenes de la cuadrilla. Su testimonio no es muy diferente del que te pueden proporcionar sus compañeros de tajo. Lo que cambia es la edad. Él tiene 25 años y está libre de cargas familiares. Así, reconoce sin medias tintas que no quiere un futuro ligado al olivar. “Una fábrica, el andamio, lo que sea, porque campo no quiero”, resume el jornalero, que cobra 47 euros al día por varear olivos en jornadas de algo más de 6 horas.

¿Por qué Paco, como muchos otros cordobeses, no quieren un futuro ligado al campo? “Esto a corto plazo no está mal, pero el desgaste físico y los problemas de salud no compensan a largo plazo. Y las ayudas son una mierda”, explica Paco, que apunta a que el Subsidio agrario (426 euros al mes) “no da para nada”. Así que en el campo, en los olivares y en los cítricos, hoy pero también desde hace años, falta gente.

La duda es si es una cuestión de salario, si, ante un aumento de sueldo, Paco se quedaría en el campo. “Sí y no -duda-. No, no. Es que no quiero campo”, se razona a sí mismo antes de volver al tajo.

Un convenio por debajo de otras provincias

El problema de la falta de jornaleros en el olivar cordobés lo reconocen todos los actores implicados. Sindicatos, patronal, jornaleros, patrones... Da igual las hectáreas de terreno que uno trabaje. De hecho, incluso en las explotaciones familiares, cuesta conseguir que los hijos, nietos y sobrinos acudan a tirar la aceituna al fardo. La falta de jornaleros y la imposibilidad de generar un relevo en un sector muy envejecido lleva años poniendo al olivar cordobés, el que produce algunos de los mejores aceites del mundo, en apuros.

Un olivar, además, que es particularmente complejo, tal y como explica Miguel Cobos, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). “Hay zonas que están teniendo más problemas para recoger la aceituna, como la sierra de Córdoba, en pueblos como Villaviciosa, Obejo, Adamuz, Villaharta o Montoro, más toda la zona de las Sierras Subbéticas, es decir Priego, Almedinilla, Cabra o Iznájar”, enumera Cobos, que detalla que todas estas zonas son “más complicadas porque el trabajo es más duro al predominar el olivar de pendiente”.

Hay una relación estrecha entre la pendiente en la que está el olivo y la dificultad de encontrar un jornalero que lo trabaje. No hay tortas por cargar una sopladora o tirar de un fardo de varios kilos en un desnivel del 20 o el 30%. Así que, en las zonas del olivar de montaña, las que producen el mejor aceite del mundo, no sobran los jornaleros. En otras, como La Campiña, donde predomina la llanura, los olivares tienen más facilidad para encontrar quien los varee, aunque tampoco es que la demanda supere a la oferta.

Cobos apunta a que los demandantes de empleo prefieren hoy colocarse en otros sectores y a que la construcción, un sector muy al alza en Córdoba, está absorbiendo a muchos exjornaleros. Tampoco ayuda, reconoce, que el convenio del campo en Córdoba ofrezca un salario más bajo que el las provincias vecinas. Los datos son tozudos: un vareador cobra por 6 horas y media de jornada en Jaén 55,60 euros por convenio. En Córdoba, 6 horas y 10 minutos se pagan a 48,95 euros. Mientras tanto, en Sevilla, la misma jornada se paga a 50,72 euros.

Para Cobos, el convenio no es determinante, si bien reconoce que es un hecho que el acuerdo sectorial en Córdoba no es el más alto, pese a sus peculiaridades geográficas. En cualquier caso, el líder de UPA apunta que en Córdoba ya se está pagando por encima de convenio, a 55 o 60 euros el jornal, y aún así no se consigue hacer el trabajo atractivo.

Ofertas en redes sociales y Mil Anuncios

Lo cierto es que hoy las fórmulas de captación han cambiado. Que hay falta de empleo, nadie lo niega. Y, aún así, sorprende que este mismo viernes el número total de ofertas de peón agrario o jornalero en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sea de cero. Ninguna oferta por la vía del SAE, pese a que este servicio penaliza a quienes rechazan participar en los procesos.

Dónde sí hay ofertas es en otros canales. Un ejemplo es la web Mil Anuncios, donde varias empresas de Córdoba buscan jornaleros o peones agrícolas y donde también hay personas buscando trabajo en el campo. Otro canal de captación son las redes sociales, donde proliferan anuncios y ofertas, sobre todo en grupos de Facebook. Uno de esos anuncios señala que se buscan trabajadores en olivar de sierra.

Llamamos y lo coge una mujer. Nos dice que ya se han cubierto cuatro plazas, aunque nos piden que llamemos el lunes, porque nunca se sabe si todos van a terminar la semana. En esta oferta pagan 55 euros el jornal y se abren a pagar plus de desplazamiento desde Córdoba a Montoro si se consigue montar una cuadrilla de jornaleros. Ello a pesar de que el plus de movilidad está recogido por convenio.

“Si mañana vienen 20 tíos, los contratamos a todos”

Más al norte, en Los Pedroches, Rafa muestra el primer aceite de la cosecha, que tiene un color y un olor espectacular. Su familia tiene una explotación de olivar tradicional, del que se recoge con varas, fardos y tractores. En él trabajan sobre todo vecinos de Los Blázquez y los pueblos de alrededor, y Rafa cuenta que lo habitual es que muchos trabajadores empiecen la campaña y la abandonen “de un día para otro”.

Muchos se van cuando les llaman del pueblo para trabajar en las calles o alguna obra, explica Rafa, en referencia a las obras vinculadas al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que busca incentivar, por un lado, el trabajo en el campo, y, por otro, el trabajo en labores municipales. Un programa que, en Córdoba, según los últimos datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, va a generar contratos para 17.336 trabajadores, que realizarán 289.788 jornales.

“Lo que es verdad que se necesita más gente para recoger la aceituna antes. Si mañana vienen 20 tíos, los contratamos a todos, porque lo que queremos es recoger el fruto cuanto antes”, afirma Rafa, que vuelve a apuntar al gran problema del campo a corto y medio plazo: “La gente joven se está marchando y no quieren campo”.

Ni campo ni subsidio agrario. El mito del trabajador subvencionado cada vez tiene menos predicamento. Sí, es cierto que existe un subsidio agrario especial para mayores de 52 años (que tiene sus propios condicionantes) que no precisa cumplir un mínimo de peonadas. Pero los menores de 52 años tienen que trabajar un mínimo de 35 jornales por temporada y, después, estar a disposición del Ayuntamiento de turno, para cumplir con los requisitos del PFEA.

Además, la cantidad a la que da acceso este subsidio es, de media, de 512 euros al mes, aunque hay que restarle el llamado sello agrario, al mes, lo que deja en el banco los poco más de 400 euros de los que hablaba Francisco. Es decir, el mismo importe que perciben en 2021 los beneficiarios del resto de subsidios por desempleo. Insuficiente para vivir pero, según algunos patrones, suficiente para no querer trabajar en el campo o exigir hacerlo en B para no perder la ayuda.

Convocar la Mesa de Flujos Migratorios

Hace unos años, antes de que estallara la burbuja financiera e hipotecaria de 2008, el campo y el olivar cordobés se había llenado de extranjeros, especialmente de ciudadanos rumanos. En aquella época, la construcción había robado a una generación entera de jóvenes sin estudios y que renunciaron a las labores agrarias que hicieron sus padres en favor de la paleta, la brocha y el rulo. En la última década, muchos volvieron al campo, al olivar al que antes habían mirado con cierto desdén.

Desde hace tres o cuatro años, sin embargo, los problemas para encontrar vareadores y recogedores en Córdoba son cíclicos. La pandemia ha acentuado el rechazo a un sistema de trabajo que, además, está condicionado por el mercado y por la brutal subida de los precios hasta el punto que, en algunos olivares en pendiente, los costes de recolección son “lo comido por lo servido”. Todo esto lo cuenta David, un profesional agrónomo, experto en sacar rendimiento a las explotaciones, y que vaticina un 2022 muy malo para el olivar. “Basta con que baje el precio del aceite un poco, para que muchas explotaciones se peguen el batacazo”, señala este experto, que respalda la llamada de UPA al Gobierno para que active un contingente de trabajadores extranjeros.

Miguel Cobos cree que es la mejor solución posible y aboga por convocar la Mesa de Flujos Migratorios y la posterior aprobación de un contingente de trabajadores extranjeros. Cree que, si el modelo ha funcionado en Huelva, puede funcionar en Córdoba, donde calcula que harían falta unos 2.000 jornaleros para llevar la campaña de la aceituna a buen término.

En contra tiene, por un lado a los sindicatos, que han denunciado precisamente el trato que se ha dispensado en Huelva a los jornaleros extranjeros. y, por otro, al Gobierno de España, que, según Cobos, “se niega alegando que en Córdoba hay mano de obra suficiente”. La cosecha de este año se acabará recogiendo, con mayor o menor celeridad, pero lo que sobrevuela el olivar cordobés son los posibles efectos de una falta de relevo que, sin un incentivo potente, dibujan un futuro tan negro como una aceituna madura.