El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia que condena a un hombre a una pena de seis años de prisión por su participación activa en una serie de robos con fuerza en domicilios de Córdoba capital. El fallo ha desestimado el recurso del acusado y ha validado las pruebas que lo sitúan como autor de tres asaltos distintos, a pesar de que este solo reconocía uno de ellos. En total, la banda se llevó más de 313.000 euros.

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando el acusado se desplazó a Córdoba junto a, al menos, otras dos personas que actualmente se encuentran en paradero desconocido. El grupo se hospedaba en un hostal con el fin de recabar información sobre zonas favorables para cometer los robos, buscando especialmente domicilios con fácil acceso a las autovías de salida de la ciudad para garantizar una huida rápida.

Actuaban preferentemente en horario de mañana, aprovechando que los propietarios se encontraban trabajando y las viviendas estaban vacías. Para acceder a los inmuebles, utilizaban la técnica de fracturar el bombín de la cerradura. El robo más cuantioso se produjo el 8 de noviembre de 2018. Actuando de forma coordinada con otras dos personas, el condenado asaltó dos viviendas situadas en un mismo edificio de la ciudad aprovechando el horario de mañana. Entre las 11:00 y las 14:30, accedieron a un domicilio tras fracturar el bombín de la cerradura. Del interior sustrajeron una caja fuerte atornillada que contenía joyas valoradas en más de 60.000 euros y un sobre con 40.000 euros en efectivo. Sumando otros lotes de joyas y 17 dispositivos electrónicos, el valor total de lo robado en esta casa ascendió a más de 161.000 euros.

En ese mismo intervalo de tiempo y en el mismo inmueble, el grupo forzó otra vivienda. En esta ocasión se llevaron tres relojes, joyas con brillantes, ordenadores portátiles y diversas prendas de ropa, efectos valorados en 5.645 euros. Semanas después, el 27 de noviembre, el condenado participó en un tercer robo en una calle diferente de Córdoba. En este caso, el botín consistió en relojes, joyas y un bolso, todo valorado en cerca de 147.000 euros.

Por estos hechos, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a seis años de prisión, fallo que fue recurrido ante el TSJA, que, a su vez, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por su defensa. En su escrito, el abogado del procesado aseguró que no había huellas de su defendido en el segundo y tercer robo. Sin embargo, el TSJA ha respaldado la tesis de la Audiencia de Córdoba basada en la “solidez indiciaria”. Así, el tribunal ha considerado “inverosímil” que el acusado robara en un piso y que, en la misma mañana y en el mismo portal, otra banda distinta robara en el piso de arriba usando exactamente el mismo método de fractura de bombín.

Por otro lado, el alto tribunal andaluz ha confirmado la agravante de pertenencia a grupo criminal, ya que ha considerado probado que el acusado y sus acompañantes se desplazaron a Córdoba expresamente para delinquir, se alojaron juntos en un hostal y planificaron los robos buscando viviendas con salida rápida a las autovías para facilitar la huida.

Ha tardado prácticamente un año, pero es otro asunto judicial relativo al Córdoba Club de Fútbol y que comienza a resolverse. Así es, ya que la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha declarado como improcedente el despido de los que fueran responsables de la cantera cordobesista hasta el mes de febrero del 2024, es decir, David Ortega y Rafa Herrerías, quienes actuaban en ese entonces como director de la misma y coordinador respectivamente. Tras conocerse su salida del club en un comunicado emitido por la entidad el 29 de febrero del pasado año, ambos iniciaron el proceso para reclamar la cantidad que se les debía.

En este sentido, el juez les ha dado la razón, manifestando que su marcha del Córdoba CF, teniendo contrato en vigor, se realizó sin una causa justificada legalmente o incumpliendo requisitos formales, por lo que se establece como un despido improcedente, tal y como han adelantado los compañeros 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur y ha podido confirmar igualmente Cordópolis. Por lo tanto, la entidad deberá abonarles la cuantía correspondiente a los contratos firmados en su momento.

Hay que recordar que tanto David Ortega como Rafa Herrerías se encargaron de las categorías inferiores del club desde finales del 2019, , coincidiendo con la llegada de Unión Futbolística Cordobesa, y hasta principios del 2024. El primero llegó en esa revolución en la dirección deportiva que en su día trajo al club a Miguel Valenzuela y Juanito, mientras que el segundo era uno de los escasos supervivientes de la etapa de Jesús León en el Córdoba CF. El propio David Ortega llegó, incluso, a hacerse cargo del Córdoba B tras la promoción de Germán Crespo al primer equipo en abril del 2021.

Así, ambos tenían vinculación contractual con el club hasta junio de 2026, acuerdo relativo al que se alcanzó tanto con Germán Crespo como con Juanito en octubre del 2022, y que venía a rubricar la confianza del club tanto en el cuerpo técnico de entonces, como en todo el equipo de trabajo de la dirección deportiva, que incluía, por tanto, la dirección de cantera. Es más, el coste por el despido de Germán Crespo superó los 500.000 euros, lo cual supuso uno de los motivos por los que la entidad decidió el pasado año demandar al exconsejero delegado, Javier González Calvo.

En definitiva, un nuevo revés judicial para el Córdoba CF, a tenor de un despido que, en su momento, otorgó mayores poderes tanto a Juanito como a Raúl Cámara, mientras que conllevó igualmente la entrada de Javi Flores en labores de gestión. Con todo, el club tiene previsto recurrir dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según han especificado los compañeros de la citada emisora.

Las posibles infracciones de los usuarios que ven fútbol de manera ilegal o pirata han sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas, sobre todo después de los dos autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. En estas resoluciones, la institución judicial autorizaba a LaLiga tanto a solicitar direcciones IP a seis operadoras como a requerir a dos VPN que restringieran su tráfico ilegal. Aun así, esta decisión ha generado mucha controversia por desconocerse hasta qué punto el derecho a la propiedad intelectual está por encima del derecho a la privacidad.

Antonio Fuentes Bujalance es el magistrado de carrera y titular en el Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba. Es especialista en Derecho Mercantil por el Consejo General del Poder Judicial y, además, es profesor asociado en Derecho Mercantil en la Universidad de Córdoba. Ha sido el encargado de redactar los dos autos que tanta polémica han surgido con relación al fútbol pirata, aunque él mismo reconoce a este periódico que él no dice en ningún momento que los consumidores han cometido una ilegalidad. De hecho, el desconocimiento de estos es clave para una posible condena posterior. Sin embargo, y por el momento, LaLiga ya ha comenzado a mandar burofaxes a los usuarios requiriendo más de 200 euros si no quieren pasar por el Juzgado.

A muchos les sonará el nombre del magistrado en el Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba. Fuentes Bujalance fue el encargado de dirigir judicialmente la compraventa de la Unidad Productiva del Córdoba CF a Infinity, que también causó revuelo a nivel nacional, con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en total desacuerdo. En cambio, justo en la parte final del proceso fue apartado del caso por su cordobesismo.

Por tanto, Fuentes Bujalance es un juez que ha estado en resoluciones muy ligadas al deporte cordobés y nacional, por una u otras cosas. Con mucho que contar y aclarar, el titular en el Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba abrió su despacho a Cordópolis con una única condición: que la conversación fuese grabada en su totalidad y compartida en esta entrevista. El motivo es sencillo, que se entienda lo mejor posible las aclaraciones sobre sus últimas resoluciones.

PREGUNTA. Yo sé que es difícil, pero explíqueme para que entiendan nuestros lectores las dos últimas sentencias que ha escrito en relación a LaLiga y al fútbol pirata.

RESPUESTA. Lo primero, agradeceros que me deis la oportunidad, porque parece que ha habido un poco de polémica y bueno, como decía antes, también creo que los jueces debemos de explicar las resoluciones que puedan ser más polémicas o mediáticas, y esa es mi única intención aquí: intentar dar un poco de luz sobre esta cuestión.

Lo primero, no son dos sentencias, son dos autos, y hay una diferencia sensible a nivel jurídico. No me voy a extender de aquí, pero bueno, son dos autos y, además, son dos autos de medidas cautelares. Eso quiere decir que aquí no hay nada resuelto definitivamente; sencillamente se ha adoptado una medida cautelar. En su día, tanto LaLiga como Telefónica -porque en este caso es LaLiga junto a Telefónica quien la solicita, porque son los titulares de los derechos audiovisuales del fútbol en España- pues entienden que a través de los servidores de Red Privada Virtual, es decir, VPN (en concreto se demanda en este caso a dos, ProtonVPN y NordVPN), pues se puede estar favoreciendo, digámoslo así, de la retransmisión de fútbol pirata, por llamarlo de alguna manera para que la gente lo entienda. Entonces, solicitan una medida cautelar inaudita parte para que, cautelarmente, se le ordene a estas dos empresas que tienen este servicio de VPN que restrinjan el tráfico de fútbol pirata. De hecho, la propia solicitud solo pide que se restrinja el tráfico de fútbol pirata.

Esta es la primera precisión que quiero hacer: ni ellos piden que se restrinja la VPN, ni yo en esas resoluciones, que por desgracia creo que mucha gente ni siquiera se ha leído, restrinjo las VPN, ni capo las VPN, ni corto el servicio de VPN de esas dos empresas. Es más, la gente no lo sabe, pero yo trabajo todas las tardes con una VPN para conectarme al juzgado. Sí, no podría trabajar en mi casa si no tuviese una VPN. Yo ya sé que las VPN sirven para muchísimas cosas más, que entre alguna otra de las que pueden servir, también sirve para que se use, digamos, por tráfico ilegal, en este caso tráfico de fútbol pirata. Pero, reitero, ya sé y me consta que una VPN sirve para mil cosas más y, de hecho, nosotros los jueces la usamos porque nos la proporciona, en este caso, la Junta de Andalucía para poder trabajar desde casa. O sea, fíjense qué interés puedo tener yo en capar una VPN cuando yo mismo la uso todas las tardes para trabajar. Entonces claro, aquí parece que, no sé si porque ha habido noticias o comentarios malintencionados o no sé por qué, parece que se ha instalado la idea de que mis resoluciones cortan el servicio de VPN, lo cual es mentira. No es cierto, no hay más que leerse la resolución, es tan sencillo como eso.

El tráfico de estas VPN no se está viendo afectado por mi orden

P. ¿Por qué se hace con unas medidas cautelares?

R. Bueno, pues porque LaLiga y Telefónica, antes de poner la demanda donde ya se decidirá en su día la cuestión de fondo, pues eso es muy típico; cuando se pone un procedimiento nos dicen: “Mire usted, en este momento se está haciendo uso de estas VPN, entre otras muchas cosas, para este tráfico ilegal”. Si nosotros esperamos a que se resuelva el pleito dentro de un año o de dos, estamos un año o dos retransmitiendo fútbol pirata. Entonces, para eso precisamente están las medidas cautelares. Vamos a cortar el tráfico ilegal ahora, sin perjuicio de que luego en la resolución de fondo, en la sentencia que se dicte en el juicio (y es que esto no es ni el juicio ni la sentencia, como ya digo), ya se resolverá lo que se tenga que resolver.

Y además se hace inaudita parte, que también es especial, pero que se hace todos los días en los juzgados de España.

P. ¿Qué es inaudita parte?

R. Inaudita parte es que antes se decide la solicitud. Entonces, se oye a la otra parte después de decidir. A mí me lo piden, yo decido y oigo a la otra parte después de decidir. ¿Por qué se pide y yo la he concedido inaudita parte? Pues muy sencillo también. El planteamiento es el siguiente: si nosotros tenemos que esperar a darle audiencia a la otra parte, que son dos empresas que están domiciliadas una, creo que en Holanda, y otra en Suiza, dado el defectuoso y poco ágil sistema que tenemos de notificación transfronteriza -y eso que estamos en Europa, si fuesen otros países fuera de Europa ya pues lo mismo ni conseguimos notificarlos nunca-, pues podemos estar hablando de que a lo mejor, si tenemos suerte, notificamos en poco tiempo, una semana, dos, tres, o podemos estar hablando de meses. Entonces, claro, les pongo un ejemplo: si resulta que esto se notifica dentro de cuatro meses y le tengo que dar además su plazo para que se opongan o no y me contesten a la medida, yo resuelvo la medida cautelar, le pongo un ejemplo inventado, en junio. En junio, la temporada 2025-26 de LaLiga ya se ha acabado. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que yo adopte una medida cautelar para la temporada de LaLiga que acaba, que va de septiembre a junio, en junio? No vale para nada. Entonces, ese es el planteamiento que me hacen los solicitantes y yo entiendo que tiene toda la razón del mundo y adopto la medida.

Adopto la medida obviamente bajo un parámetro fundamental, y es que me aporten un indicio de que lo que me están diciendo puede ser cierto. Yo aquí en la medida cautelar lo único que valoro son indicios y probabilidades, porque ni es la sentencia, ni es el juicio, ni estoy resolviendo el asunto definitivamente. En materia jurídica, las medidas cautelares, lo que nos pide a los jueces, es que solo tengamos un indicio para adoptar la medida cautelar. ¿Eso quiere decir que yo ya esté diciendo que eso es así? No, porque yo no he puesto una sentencia ni he resuelto la cuestión de fondo, solamente hay un indicio. ¿Cuál es ese indicio que me aportan los solicitantes? Un informe técnico acreditado desde el punto de vista técnico donde, a mi entender, después de ver el informe, se acredita que efectivamente con el uso de estas dos VPN, aparte de todos los usos superlegales -que en eso no hay ningún problema- se puede estar introduciendo fútbol pirata, tráfico ilegal, por llamarlo de alguna forma.

De hecho, yo antes de hacer los dos autos requerí a los solicitantes que, efectivamente, me aclarasen que esa petición que ellos hacían, que era solo capar el tráfico ilegal, técnicamente se podía hacer. Yo se lo solicité antes de dictar mis resoluciones. Eso la gente tampoco lo sabe, pero claro, como la gente habla sin saber y sin leer el documento, pues es un indocumentado por definición. Entonces, antes de adoptar la medida cautelar yo les solicito que me aclaren si eso se puede hacer sin afectar, obviamente, a todo el tráfico legal que pueda pasar por esa VPN. Y ellos me dicen: “Sí, en efecto, señoría, se puede hacer. Mire usted el informe pericial, en concreto en esta parte del informe donde nuestros técnicos peritos -que son gente que sabe de eso, obviamente- le dan a ustedes las razones técnicas de que eso se puede hacer”. De hecho, en el informe pericial me llegan a decir que existen hasta dos métodos de discriminar tráfico legal del tráfico ilegal a través de las VPN. Pues una vez que yo eso lo tengo claro como indicio, adopto la medida.

Y lo que yo digo en la resolución es: a estas dos empresas, procuren ustedes que a través de sus sistemas no entre tráfico ilegal, es decir, capen solo el tráfico ilegal. Capen solo el tráfico ilegal, ni siquiera ilegal, sino el tráfico relativo a la retransmisión en streaming de fútbol pirata. Y eso es lo que pone en el auto. Nada más. Ni, como decía antes, se capa ninguna VPN, ni los servicios están capados, ni yo capo ninguna otra cosa que no sea única y exclusivamente esa. Así que cualquier otra cuestión que exceda de esa orden, que es muy, muy, muy quirúrgica y muy precisa, desde luego no es una orden mía. Cualquier afectación del servicio de VPN de estas dos empresas -porque solo son dos empresas concretas, servicios de VPN hay muchos, de hecho el que yo uso no es de ninguna de estas dos empresas-, que no tenga que ver con el tráfico de fútbol pirata, yo no lo he ordenado. Así que si alguien ha capado algo que yo no he ordenado, pues será su responsabilidad o él verá lo que ha hecho, porque yo no he ordenado nada que no sea capar tráfico ilegal. Y el auto dice: “solo tráfico ilegal”.

Puedo entender que, a nivel técnico, a quien recibe esa orden me pueda decir: “Oiga, señoría, no tenemos claro esto cómo hacerlo, porque a lo mejor técnicamente no es posible”. Bien, pues tráigame usted también un indicio, una acreditación, un informe que me diga que técnicamente eso no es posible. Y entonces ya tendré un informe que dice que sí y un informe que dice que no, y entonces lo valoraré en ese momento. En ese momento valoraré si ese indicio que había antes lo han conseguido destruir, por así decirlo, a través de un informe o a través de las razones que sea. Porque yo he adoptado el auto bajo el escenario de que se puede hacer, porque solo tengo un informe que dice que se puede hacer. Si ahora usted me trae otro informe en el plazo que usted tiene de oposición -porque tiene un plazo de oposición- donde dice lo contrario, pues ya estaremos en otro escenario, y ya me replantearé si me lo tengo que replantear en el auto, o si lo tengo que modificar, o tengo que hacer lo que tenga que hacer, que no le estoy diciendo si lo modifico o no lo modifico; digo que cuando llegue ese momento y vea ese informe, valoraré los dos, incluso me podré asesorar si me tengo que asesorar, o pediré otro informe complementario de cualquier perito judicial o ya veré lo que hago, y decidiré si mantengo, si la quito, si la mantengo con alguna restricción específica más o lo que hago. Es así de simple, vamos.

El deporte nacional en este país es opinar sin saber

P. Ahora los usuarios también reportan eso, que en el uso de estas VPN no hay opción al tráfico legal.

R. Las dos sociedades destinatarias de estas resoluciones tienen ahora un plazo de oposición. Pero, lo primero, a día de hoy a mí no me consta, puede que todavía no nos haya llegado el reporte por así decirlo, que estas dos empresas estén notificadas oficialmente por el conducto oficial de mis resoluciones. De hecho, me extraña porque hubiese ido demasiado rápido para lo que es común. Es decir, que a día de hoy, si estas empresas todavía no tienen notificación oficial, como es lógico, ellos no tendrían que hacer nada. Entonces, todo lo que se esté produciendo desde hoy que es 26 de febrero hacia atrás, ya le puedo asegurar que no es consecuencia de ninguna orden mía. Porque si las destinatarias todavía no han recibido oficialmente mi orden ni la han podido leer ni han podido analizarla, desde luego no van a hacer nada hasta que no reciban la orden oficial.

Entonces, me extraña muchísimo que a día 26 de febrero de 2026 el tráfico de esas dos VPN concretas, porque son dos VPN concretas, se esté viendo afectado como consecuencia de mi orden. Porque a mí no me consta que tengan notificación oficial de la orden. Y si no tienen notificación oficial de la orden, lo normal, porque es lo que yo haría si fuese esas dos empresas, es no hacer nada hasta que no me notifiquen oficialmente. Si están notificadas, la orden es muy sencilla: capen solo el tráfico ilegal. Y si tienen alguna duda de si para capar el tráfico ilegal tienen que afectar o no al tráfico legal, que me pidan una aclaración, y ya le diré yo, como ya he dicho en LinkedIn, que la orden es solo capar tráfico ilegal. Y le añadiré, si es que no está claro, que lo hagan obviamente si técnicamente es posible eso. Porque, repito, yo ahora lo que tengo es un informe pericial que dice que técnicamente sí es posible hacerlo.

P. El CEO de ProtonVPN, que es una de las VPN que está afectada por este auto, ha respondido en Twitter (ahora X) a una serie de comentarios y ha dicho que todavía no tienen notificación. Esto a los usuarios les extraña.

R. Claro, es lo que te acabo de decir. Si ellos no han hecho nada y son los únicos destinatarios de mi decisión, pues lo que le esté pasando al resto de usuarios, pues mire usted, yo no sé por lo que es, desde luego como consecuencia de mi orden no es. Ya si usted dice que este señor ha dicho en Twitter que ellos no tienen comunicación oficial, tampoco están haciendo nada, como obviamente es normal, porque hasta que no tengan comunicación oficial no van a hacer nada, y luego ya se podrán oponer o podrán hacer lo que entiendan oportuno. Pero si no la tienen, los problemas por así decirlo que se estén generando, desde luego consecuencia de mi orden no son.

Hay que precisar que existen a nivel europeo, creo -yo no he leído las resoluciones y aquí ya lo digo por noticias que he leído- que parece ser que a estos niveles se han adoptado también, por otros tribunales de otros países, resoluciones similares. No lo sé porque no las he leído.

La mayoría de los casos ve fútbol pirata con desconocimiento de lo que hace

P. En Francia, por ejemplo.

R. En Italia creo que he leído que también hay resoluciones similares, pero yo no lo sé, ni las he leído, ni tampoco le puedo decir. El otro día leía una noticia de un tribunal de Nueva Delhi, de la India, que parece ser que ha emitido una resolución similar esta vez ya para el tráfico ilegal del fútbol de la Champions, que en ese caso ya no tienen los derechos LaLiga ni Telefónica. O sea, creo que ha sido la UEFA quien lo ha solicitado. Entonces claro, hoy en día sabemos que internet es una red global, ¿no? No sé si esto técnicamente es correcto, pero lo mismo si están capando una VPN en la India como consecuencia de una decisión de un tribunal de la India, le afecta a alguien que está aquí en España. No lo sé, lo mismo es por eso, repito que no lo sé porque técnicamente no sé si lo que estoy diciendo es correcto o no. Pero desde luego, no será por una resolución mía. Es de un tribunal que está en la India, o uno que está en Italia, o uno que está en Francia.

Entonces claro, no me sorprende porque el deporte nacional en este país es opinar sin saber. Pero me sorprende que alguien diga que primero, que yo he capado VPN, lo cual es mentira, yo no he capado ninguna VPN, solo el tráfico ilegal que pase por esa VPN, que es bastante más quirúrgico que capar la VPN. Y segundo, por lo que me comentabas antes, es que ni siquiera las empresas están ahora notificadas -esas dos, solo esas dos y VPN hay muchas, la que yo uso no es de ninguna de estas dos empresas- todavía no tienen comunicación oficial. Ellas mismas de hecho, pues parece que están admitiendo que no tienen comunicación oficial y que ellas no han hecho nada. Entonces, si no han hecho nada, ¿por qué son los problemas? Pues yo qué sé por qué son los problemas. Relacionados con mi resolución desde luego que no.

Entonces claro, la gente tiene que informarse antes. Todo el mundo puede opinar, faltaría más. Pero, mira, no sé, si tú que eres periodista (te voy a tutear), mañana te llamo y te digo “oye, he leído un artículo, ¡vaya tela lo que has escrito!”, y me dices “oye, ese artículo no lo he escrito yo, lo ha escrito un compañero mío”, y yo te llamo a ti y te digo “bueno, pero como tú eres periodista, pues te llamo a ti y te digo que...”. No sé, yo no he escrito ese informe, a mí qué me cuenta. Pues esto es igual. Yo qué tengo que ver, si es por un tema técnico que no tiene nada que ver con ninguna resolución judicial, o si es por otra resolución judicial de otro país incluso. Es que claro, es que estamos confundiendo y mezclando un montón de cosas aquí.

P. Y toda esta problemática, por decirlo de alguna forma, empezó con su primer auto, con el de AceStream. ¿Me puede también explicar cómo fue ese auto?

R. Sí. Eso es algo que ya se hizo en el año anterior. Esta vez la resolución la concedió un juzgado mercantil de Barcelona, y en esa resolución lo que LaLiga y Telefónica solicitan es que a las operadoras de servicio de internet, a las que todos conocemos (Telefónica incluso, Orange, Digi... en fin, a las que más clientes tienen), pues identificasen a las direcciones IP que conectan al tráfico ilegal. Ya te digo que técnicamente a lo mejor no soy todo lo preciso del mundo porque yo no soy experto en esto.

Entonces, eso ya digo que es algo que se hizo ya el año pasado. En Barcelona se solicitó y se concedió. Y yo he hecho algo similar. Yo ya sé que una dirección IP te la pueden hackear, te la pueden robar, que la dirección IP puede incluso a lo mejor hasta estar compartida y quien está viendo el fútbol pirata a lo mejor no es el titular de esa dirección IP. Eso claro que lo sé. La gente, cuando hablan de esto, piensan que los jueces tomamos decisiones sin informarnos. Yo para tomar estas decisiones estoy estudiando mucho, y desde luego no soy ni perito informático, ni especialista en redes, ni nada de eso. Me encantaría, pero me he ocupado de estudiar, de leer y de preguntar. Y con eso he puesto la resolución. Porque también tiene una parte jurídica, esa sí la domino, porque es mi campo, pero la parte técnica no. Yo claro, para eso están las periciales, como he dicho antes. Si los jueces solo tuviésemos que resolver de lo que entendemos, pues no habría justicia, porque para resolver esta cuestión tendría que ser juez -porque tiene una parte jurídica- y además especialista en redes o ingeniero informático. Y para resolver una cuestión de si un coche está roto o no, tendría que ser mecánico y no juez, y así seguiríamos. Entonces sería imposible. Para eso están las periciales en los procedimientos judiciales.

Entonces, en esa resolución, lo que se le dice a esta operadora es: “deme usted la titularidad de estas IP”. Solo se pide información. Yo no estoy condenando a nadie ni estoy diciendo que nadie esté cometiendo una ilegalidad, ni una infracción, ni un delito. Solo información. Es un procedimiento que se llama de diligencias preliminares cuyo único objetivo es obtener información. Yo no condeno a nadie. No se condena a nadie, no se dice que nadie haya cometido ninguna ilegalidad, no estoy diciendo ni siquiera que si alguien ve fútbol pirata, ese señor esté cometiendo alguna ilegalidad.

El Córdoba CF estaba a tres segundos de desaparecer

P. Eso se tendría que decidir en un procedimiento aparte.

R. Claro, no tiene nada que ver con eso que está únicamente destinado a obtener información y, obviamente, oyendo a la otra parte, valorando las cosas y decidiendo lo que se tenga que decidir. Pero lo que se solicitó no era un procedimiento para que yo decidiese si el que se conecta por una IP a ver el Real Madrid-Barcelona en pirata está cometiendo una infracción o no, yo no decido eso en esa resolución. De hecho, vuelvo a reiterar, si uno se lee la resolución verá que no se condena a nadie ni se dice que nadie haya hecho nada. Solo se pide información a una operadora de telefonía y de internet, punto. Nada más.

Yo todavía no he dictado ninguna resolución en mi vida que diga que alguien que vea fútbol pirata ha cometido una infracción de ningún tipo. La única que a mí me correspondería ver serían las de tipo mercantil porque yo soy juez de lo Mercantil. Pero es que no he hecho ninguna resolución en ese sentido jamás, a día de hoy. Porque nadie me ha pedido en una demanda, con ese objetivo, que diga que fulanito de copas ha cometido una infracción de tal tipo y hay que condenarlo a que pague tanta cantidad por haber visto fútbol el día tal, en este momento y este partido. No. Eso todavía a mí no me lo ha pedido nadie. Por lo tanto, no hay nada en ese sentido.

P. De hecho, en el auto especifica sobre todo lo de AceStream, pero también que el usuario final puede desconocer el uso, el fin para el usuario y para el streaming.

R. Por supuesto, porque es precisamente como esto ya viene de años anteriores, y ya te digo yo estaba leyendo y viendo los problemas que pudiese tener esto a nivel técnico -sin perjuicio de que seguramente no llego a todo, porque no soy experto-, entonces me preocupé de poner la resolución de forma que quedase claro que yo en esa resolución, primero, no digo que nadie esté cometiendo ninguna ilegalidad y que bueno, y que eso, que cuando alguien se conecta a ver fútbol pirata, lo puede hacer y de hecho supongo que será en la mayoría de los casos sin conocimiento de que, cuando se conecta a ver fútbol pirata, inconscientemente está participando de esa especie de red de distribución de la señal pirata. Porque eso parece que técnicamente por lo que yo he leído es así.

Antiguamente, lo que somos un poco más viejos, existía el eMule, no sé si te suena, y esto era vox populi que cuanta más gente se conectaba al eMule, mejor funcionaba el eMule, más rápido descargaba, más disponibilidad había de flujo en la red, pues esto funciona de manera similar, salvo que técnicamente es más complejo, porque aquí ya hablamos no de archivos, llamémosle estáticos (yo me descargo un archivo, una música o un libro, no).

P. Estamos hablando ahora de emisiones en directo.

P. Claro, si yo me conecto con mi ordenador o con mi móvil es como si estuviese haciendo de antena amplificadora. ¿Eso quiere decir que yo estoy cometiendo una ilegalidad? No necesariamente, porque habrá que probar que tú eso lo conocías, lo sabías, si tienes ánimo de lucro o no... Pero eso se tendrá que decidir, si se tiene que decidir, en un procedimiento, y usted se podrá defender, y luego el juez que le toque ese procedimiento decidirá lo que sea.

Por eso me preocupé de poner: “oiga, que yo no estoy diciendo que aquí nadie haya cometido ninguna ilegalidad”. Solamente se está pidiendo información, y luego, con esa información, porque entiendo que hay base para que se pida —tal y como me lo están solicitando, hay una base mínima legal, existe— la pido. Y ahí se acaba el procedimiento. Si usted luego quiere poner una demanda contra alguna de esas personas que le han dado los datos, primero, esa irá ya por competencia territorial, es decir, si hay alguien que viva en La Coruña, tendrán que irse a La Coruña; si es alguien que vive en Madrid, en Madrid; si vive en Córdoba, en Córdoba. Y en un procedimiento, el juez que le toque eso, usted tendrá que acreditar que este señor cumple todos los requisitos para que se le condene, y el otro señor se defenderá y el juez decidirá. Pero eso hasta ahora no ha sucedido. Ni yo desde luego he dictado ninguna resolución de esa. Así que, bueno, es tan sencillo como eso.

P. Es decir, se abre la vía para que LaLiga denuncie caso por caso.

R. Claro, ellos cuando obtengan la información obtienen la identificación de la titularidad de esa IP que se conecta y, si quieren, ya tendrán que ir demandando a cada persona, acreditando los requisitos para que se entienda que es merecedora de una condena del tipo que sea, y la otra persona se podrá defender. Pero eso, repito, es otro procedimiento que tendrán que poner caso por caso, juzgado por juzgado, y juez por juez decidirá lo que tenga que decidir. Yo, desde luego, no he resuelto ni nadie me ha pedido a día de hoy nada de eso.

Infinity puso el dinero y eso hay que agradecérselo

P. Este es un caso muy del siglo XXI: derechos de propiedad intelectual contra derechos de la privacidad. Y parece que va a más.

R. Sí, seguramente que vaya a más, claro, porque lo estamos viendo con la inteligencia artificial, con el uso que hacen las redes de inteligencia artificial precisamente de esos contenidos que crean otras personas. Yo creo que, en este tipo de medidas, hay gente que suele ser además profesional del sector, que no saben de derecho, pero son expertos en temas de tecnología, que se llevan las manos a la cabeza... Claro, a mí lo mismo dentro de seis meses un desarrollador web que usa una VPN y que ahora mismo se está acordando de toda mi familia, pues hace una página web y llega alguien y se la roba o la usa para algo. Seguro que se va a un juzgado a pedirle a un juez que haga algo. Ahora sí, ¿no? Como te ha tocado a ti, ahora sí. Es que esto es muy español. Esto de “cuando me tocan a mí, entonces sí que los jueces se remanguen y hagan todo lo que tengan que hacer porque me afecta a mí, pero mientras sea al vecino, al vecino que le den”. Mientras a mí no me afecte, todo lo que se haga que a mí me incomode está mal, aunque sea para proteger los derechos de terceros. Pues yo creo que ese no es el camino, y desde luego yo no voy a caer en eso. Porque aquí derechos tienen todos. Ya digo, lo valoraremos y lo equilibraremos, y yo me podré equivocar o no cuando haga esa valoración. Pero también tengo que tener en cuenta que todos tienen derechos, no solo una parte o no solo los míos.

Y sí, lo que has dicho está muy bien, el juego entre derechos: no solo existe el derecho a la privacidad. No solo existe ese derecho. No estoy diciendo que ese derecho no tenga que tenerse en cuenta, o que no sea importante, o que incluso no sea más importante que el otro; ya lo veremos cuando tengamos que tomar la decisión. Pero que hay otra parte también que hay que valorar, y que es complejo. Sí, pero bueno, en fin. Como tú dices, es algo que está ahora mismo, que es muy mediático también y que seguramente va a ir a más, claro que sí.

De todas formas, si no estuviésemos hablando de partidos de fútbol y estuviésemos hablando de pornografía infantil, posiblemente nadie estaría en contra de esta medida. Yo creo que el problema aquí es que es como consecuencia del fútbol, y claro, hay mucha gente a la que el fútbol no le gusta o le importa un pimiento, y yo les alabo el gusto porque a cada uno le tiene que gustar cosas diferentes. Pero es que yo no puedo tomar la decisión en función de si es fútbol o es pornografía. No, son unos derechos y los derechos son los mismos para todos. No puedo tomar decisiones de “bueno, como eres tú, que caes mal, o que a la gente el fútbol no le gusta o la mayoría tal, pues no”. Son derechos, lo mismo que si el que pretende que se le atiendan esos derechos, pues cae mejor o la gente entiende que eso sí se tiene que proteger de esa forma. Pues no, porque además, repito, son derechos audiovisuales; aquí no se están decidiendo cuestiones penales ni de ningún tipo de que es más grave. Pero bueno, ya digo. Esto seguramente clame en el desierto, porque hay gente -y vuelvo a reiterar- que ya se ha sentado en la trinchera de enfrente y le expliques lo que le expliques, le va a dar absolutamente igual. Yo para esos no hablo porque son fanáticos y da igual. Yo hablo para la gente, hombre, que tenga un poco de capacidad de escuchar, de entender, de razonar, de comprender también a la otra parte, que al final es lo que nosotros hacemos, y de leer las resoluciones y de entenderlas. Nada más.

P. Cambiando un poco de tema. A finales de 2019, llegó el expediente del Córdoba Club de Fútbol que también fue un tema muy mediático en la ciudad. El club estaba cerca de disolverse. ¿Cómo era esa radiografía real de lo que estaba sucediendo?

R. Esto casi que está todo ya en prensa, tampoco estoy descubriendo nada, pero sí, el club estaba intervenido judicialmente por una resolución de un juzgado de instrucción de aquí de Córdoba por temas penales que luego ya han ido resolviéndose como sabemos todos. Y en ese momento, bueno, pues el administrador judicial solicitó el concurso, de aquella forma que yo entiendo que fue un poco extraña. Porque había un concurso que estaba en cumplimiento de convenio, se solicitó aquello y bueno, pues lo que es obvio es que el club estaba a tres segundos de desaparecer. Eso yo creo que a día de hoy no lo discute nadie.

Se planteó un escenario jurídico, yo lo entendí razonable, argumenté por qué lo entendía razonable. Se hizo lo que se hizo, que fue vender esa famosa Unidad Productiva. Ahora, las cosas a veces se ven con el tiempo, quizás se analizan con esa perspectiva que te da el tiempo de mejor forma. Yo creo que el resultado final no fue malo, al menos para el club, incluso para los acreedores del club, porque todos cobraron. El club, bueno, pues se renovó, hoy en día pues lo disfrutamos porque yo soy aficionado al fútbol. Lo disfrutamos en Segunda División y pues la gente mantuvo sus puestos de trabajo dentro del club, y no me refiero solo a los jugadores, me refiero a toda la gente que trabaja en el club.

Y el procedimiento concursal, en definitiva, nosotros en mercantil pues nos sentimos reconfortados todos los que trabajamos alrededor de estos procedimientos (los administradores concursales, el juez, los abogados de unas partes, de otras...), sobre todo cuando vemos que se puede salvar empresas o actividades que estén en peligro. Y siempre valorando los derechos de todos, siempre con equilibrio, por supuesto. Pero claro, es que aquí el club pagó, o al menos gran parte de lo que debía, sobre todo la parte del convenio en el que estaba. No desapareció, se renovó, luego la trayectoria afortunadamente ha sido exitosa hasta el punto en el que está hoy. Pues, ¿alguien puede decir que aquello salió mal? Y, ¿alguien puede decir que en aquel procedimiento se le vulneraron sus derechos? No sé si lo habrá porque yo, como sabéis, me apartaron del procedimiento y tuve que dejarlo. Pero lo que sí creo es que ya está prácticamente finiquitado, incluso han llegado cosas al Supremo que han venido resueltas de manera favorable. La Audiencia en su día ha dictado ya varias resoluciones dando por bueno todo lo que se hizo. Al fin y al cabo aquello no salió tan mal al parecer.

Y de eso se trataba, de proteger los intereses de uno, de otro y, dentro de ese equilibrio, porque el Córdoba CF a efectos jurídicos no dejaba de ser una empresa, que la empresa siguiese funcionando, que los trabajadores pudiesen seguir trabajando, y que no se perdiese riqueza para la ciudad. Hace unos días, no sé si lo visteis, se vendió una nave muy grande en Palma del Río que fue como consecuencia de un procedimiento también concursal. Se vendieron dentro del procedimiento además junto con la administración concursal que estaba allí designada, y por mi parte, pues trabajamos mucho para intentar que aquello de alguna forma pudiese llegar a buen puerto y llegó. O sea, eso lo ha comprado una firma pues que todo el mundo conoce aquí en Andalucía. Creo que leí una noticia en el que salía la alcaldesa, felicitándose de aquello, como no es para menos, porque se van a crear puestos de trabajo, aquello se va a reformar. Creo yo que es bueno, pero siempre haciendo las cosas dentro de la ley, yo no puedo hacer cosas que no me permita la ley. Pero si legalmente se puede, y se puede trabajar e intentar que eso salga bien, como en alguna ocasión sale, menos de lo que nos gustaría seguramente, pues bueno, pues bienvenido sea.

Hay un juego de derechos porque no solo existe el derecho a la privacidad

P. También fue un caso complicado, sobre todo por la RFEF.

R. Bueno, ellos defendían sus intereses. Tenían sus abogados. Eran, digamos, bastante incisivos en sus escritos, al menos hasta que yo estuve en el procedimiento, que fue bueno, yo digamos que yo resolví todo el meollo, por así decirlo. Luego ya hubo que resolver muchas cosas, y que un compañero que viene de otro sitio que no conoce esto, pues tenga que asumir esos asuntos, pues era un marrón para ellos. Pero bueno, todo a lo que me refiero, lo importante que era la venta del club y todo eso, los ecos, todo eso sí lo resolví yo. Y bueno, en aquel momento claro, la RFEF defendía sus intereses, y hacían lo que les pareció oportuno, y yo resolví lo que me pareció oportuno. Y poco más, tampoco hay mucho más, lo otro están los papeles, que no pasó nada que no esté en los escritos y lo que están en los papeles y lo que yo le contesté, que creo que fui bastante elocuente además en alguna de mis resoluciones. Y bueno, pues aquello se resolvió como se resolvió, y de hecho, como sabéis luego incluso cambiaron las normativas federativas para tapar ese resquicio legal que fue por lo que se salvó el club. Pero estas son las reglas del juego. De hecho, si no me equivoco, después hubo la reforma relativa al tema ese. Pero bueno, había un resquicio, se usó, era legal, se argumentó que así lo era. Luego todo eso en los tribunales superiores se ha refrendado. La RFEF no estaba de acuerdo, decía lo que tenía que decir, su obligación era defender su posición, y la mía era contestar cuando me hacían un escrito, pues de la forma que yo entendía oportuna. Yo si los escritos son, digamos, respetuosos, pues suelo ser respetuoso. Pero si son más incisivos, pues yo también hago juego, sé jugar. Siempre dentro de unas reglas de un respeto profesional.

P. Cuando llegó la oferta de Infinity a este caso, ¿cómo se asegura un juez de que esa oferta es para revitalizar el club, darle una continuidad y no para especular por el simple hecho de que un club de tanta solera como el Córdoba CF está en una situación complicada?

R. Eso es imposible, porque lo de si es para especular o no se sabe a posteriori. En definitiva lo que uno tiene encima de la mesa es el momento. Además fue un momento muy simple porque como solo había una oferta y solo había una persona que estaba dispuesta a poner el dinero que sí o sí era necesario, pues la decisión era muy sencilla desde ese punto de vista. Otra cosa era el argumento jurídico que había que armar. Pero la decisión era muy sencilla: yo me muero, y hay una persona que dice “yo pongo el dinero para que no te mueras”. ¿Hay alguien más que ponga el dinero para que no se muera? No. Pues es que la decisión era sencilla desde ese punto de vista. Otra cosa sería argumentarlo jurídicamente como se hizo, que sí era un poco más complejo, pero es que eso era muy simple. Hacía falta dinero, y el único que ponía el dinero era este señor. Y eso era impepinable, por lo tanto, era elegir entre muerte o que comprase Infinity. Yo creo que, siempre que fuese legal (como yo entendía que lo era), pues nadie diría que muerte.

Luego, por fortuna, parece que la gestión del club está siendo adecuada. Al menos hasta el día de hoy. No parece que haya ninguna cosa rara ni nada por el estilo. Además, los aficionados del Córdoba tienen que saber que el Córdoba en aquel momento, o en algunos momentos, ha necesitado auxilio financiero. No sé si es que la gente piensa que el Córdoba se mantiene con los abonos, pero el Córdoba venía con un déficit estructural, las nóminas que hay que pagar de los jugadores, del personal, de los equipos inferiores, de los viajes, de mil cosas... y eso se mantenía porque había un señor que metía dinero para compensar las pérdidas de todos los años, cosa que se exige además por el propio Consejo Superior de Deportes y por las normas de control económico. Entonces claro, que alguien venga a tu ciudad a invertir su dinero que no tiene ninguna obligación de hacerlo, pues yo creo que al menos hay que agradecérselo. Que haya alguien que venga aquí e invierta dinero. Eso no quiere decir que luego tengas que hacerle la ola cuando hagan las cosas bien o peor, pero por lo menos, oye, pusiste el dinero y eso hay que agradecerlo. Y a cualquier persona que venga a tu ciudad a invertir dinero y crear puestos de trabajo, a mantener algo que es patrimonio, en este caso inmaterial, de la ciudad, hay que agradecérselo. Pero a cualquier persona. Me da igual que sea un fondo de Bahréin como si hubiese sido un empresario de la ciudad. Pero allí en su momento no hubo nadie en la ciudad que se sentara a poner el dinero sobre la mesa. Por tanto, al que lo puso, por lo menos ese reconocimiento sí hay que dárselo, creo yo.

Si en vez de fútbol hablásemos de pornografía infantil, posiblemente nadie estaría en contra de esta medida

P. Y ya la última, ¿cómo le sentó que le apartaran del caso?

R. Bueno, eso ya di mi opinión en su día. Ni bien ni mal. Yo entiendo que estas son las reglas del juego. Había una posibilidad legal que usaron las partes para pedir la recusación. Yo creía que no había causa de recusación, porque se hacía con una finalidad que al final es lo que yo dejé caer. Al final el tiempo parece que es el único juez insobornable: te da y te quita la razón. Y al final la causa de recusación se archivó. Fue a la Audiencia, se archivó y, por tanto, me dieron la razón de que no había causa para apartarme. Pero la estrategia procesal era muy buena. La estrategia consistía en presentar un escrito para que a mí me tuviesen que apartar y nombrar un sustituto. Y claro, en un caso como este, con la envergadura y la tramitación que tenía, que un compañero que viene de otro sitio, que no conoce esto, que tiene que asumir esos asuntos, pues es un marrón para él, un marrón importante, porque tiene que coger un asunto muy complejo que no ha llevado, empaparse del asunto y tomar decisiones rápidas. Esa era la estrategia, la estrategia era ralentizar el procedimiento con esta vía. Yo ya lo dije: que eso se está usando para esto. Y bueno, a mí se me apartó por desgracia en ese tiempo, resolvió la compañera que me sustituyó -que lo hizo fenomenalmente bien, además, todo hay que decirlo- y luego la recusación al final se archivó. Por lo tanto, me dieron la razón de que ahí no había causa de recusación, sino que había una estrategia procesal -que es muy lícita también, eh, que conste, por lo menos mientras la ley lo permita- de dilatar el procedimiento, que al final no se consiguió. Y si la recusación se hubiese tramitado más rápido, como seguramente debería haber sido, pues yo habría vuelto a mi procedimiento porque la recusación se desestimó. Pero no me sentó mal, yo asumo las reglas del juego. Incluso egoístamente me vino bien porque me quitó trabajo. Lo que sí me sienta mal es que el sistema permita eso, en mi opinión de forma un poco abusiva. Pero bueno, no yo, a cualquier juez le sientan mal esas cosas, pero es lo que hay, no hay más que aplicar la ley y tirar para adelante.

La batalla judicial abierta entre LaLiga y el consumo de fútbol pirata sigue sumando capítulos. Y lo hace, una vez más, bajo un contexto cordobés. Y es que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha otorgado medidas cautelares 'inaudita parte' a LaLiga y a Telefónica Audiovisual Digital (TAD), solicitadas contra los operadores NordVPN y ProtonVPN, por lo que ambas compañías deberán implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que las direcciones IP aportadas por las demandantes, en las que se ha constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido, resulten inaccesibles desde España. Una medida, además, con carácter dinámico y ante la que no cabe recurso.

“Dichos autos reconocen que los prestadores de servicios VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés) son intermediarios tecnológicos que están dentro de aplicación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales y, por tanto, están sometidos a la exigencia de impedir al menos la comisión de infracciones bajo sus infraestructuras”, expone un comunicado de LaLiga.

A su vez, los autos identifican cómo los sistemas de VPN se revelan como un medio adecuado, “sumamente eficaz y accesible para generar la posibilidad de acceso a contenidos no accesibles en determinados puntos geográficos” distorsionando la ubicación real geográfica del acceso online, y facilitando “el acceso a webs que emiten contenido protegido de forma ilegal”. Es más, los autos destacan cómo las empresas demandadas reconocen e incluso publicitan “que su sistema es excelente eludiendo restricciones”.

De ahí estas medidas cautelares para evitar que estas prestadoras de servicio “no contribuyan a que en España se eludan las restricciones de acceso a determinadas webs que ya han decretado varias autoridades judiciales españolas”, en clara alusión a la sentencia de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona.

Por su parte, los autos obligan a LaLiga y a Telefónica Audiovisual Digital a “conservar evidencia suficiente digital de la emisión ilícita de los contenidos protegidos” que notifiquen a las demandadas, lo que respalda así la fiabilidad de los procedimientos que ya venía utilizando también el órgano futbolístico en virtud de esa misma sentencia de diciembre de 2024, entre otras.

Estas resoluciones judiciales, inauditas en España y pioneras a nivel mundial por su carácter dinámico, se suman a otras similares como la dictada en Francia, donde también se reconoce la responsabilidad de las VPNs en el proceso del fraude audiovisual.

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una mujer acusada de apropiación indebida tras retirar y gastar casi 11.000 euros de la tarjeta de crédito de la mujer a la que cuidaba. Esta sentencia absolutoria llega después de que el tribunal haya valorado los hechos en el marco de otro tipo penal y no el que venía acusando la Fiscalía.

Entre febrero de 2021 y julio de 2022, la acusada realizó múltiples pagos y reintegros con la tarjeta de la anciana, incluyendo compras superiores a 400 euros, sin su conocimiento ni consentimiento. La suma total ascendió a 10.875,85 euros.

La Fiscalía solicitaba inicialmente cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, además de multa de una multa, mientras que la defensa pedía la absolución al considerar que los hechos no encajaban en el tipo penal imputado.

En su sentencia, el tribunal ha seguido la estela de la defensa, fallando que los hechos no constituyen apropiación indebida, sino un uso fraudulento de tarjeta de crédito, dado que los cargos y compras se realizaron sin autorización.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha felicitado este jueves a los profesionales del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba por el Premio Justicia Andalucía, que el jurado les ha concedido en la categoría de Innovación y Modernización.

Nieto ha agradecido su “compromiso para mejorar el servicio al justiciable”, y ha puesto su trabajo como “ejemplo para la progresiva digitalización de la Administración de Justicia, que la Junta está impulsando mediante la virtualización de los puestos de trabajo o el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico y la Carpeta Justicia”.

Durante una visita al juzgado, que dirige el magistrado Antonio Jesús Rodríguez Castilla y en el que ejerce como letrada de la Administración de Justicia Ana Margarita Villegas, ambos reconocidos con el premio junto al funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial David Muñoz, el consejero ha defendido que “la digitalización de la Justicia es uno de los pilares del Plan Estratégico de Justicia en Andalucía, junto a las actuaciones en materia de infraestructuras judiciales, humanización, accesibilidad y sostenibilidad”.

No obstante, ha destacado que la labor de los profesionales de este órgano cordobés “ha trascendido la mera implementación de herramientas tecnológicas, ya que han sido proactivos en aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento del juzgado y, con ello, el servicio que se presta a la ciudadanía”.

Nieto ha recordado que el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, “ha terminado de implantar el nuevo sistema de gestión procesal @adriano, cuyo despliegue completo era imprescindible para avanzar en la Sede Judicial Electrónica y el Expediente Judicial 100% digital”.

La Consejería, según ha afirmado, “ha avanzado en la interoperatividad de los órganos judiciales, la digitalización de los registros civiles o la virtualización de puestos de trabajos para facilitar a jueces, fiscales y funcionarios acceder a su entorno de trabajo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y VPN, sin que sus equipos en los juzgados tengan que estar encendidos”.

Todo ello “contribuye a modernizar, agilizar y hacer más sostenible la Justicia, al evitar desplazamientos y ahorrar costes en papel y consumo eléctrico”. El consejero ha defendido que “debe ser un objetivo compartido por todos los operadores jurídicos”, por lo que ha valorado que existan “profesionales comprometidos como los de ese juzgado que nos ayudan en esta tarea”.

Por ese compromiso, el equipo del Juzgado Social 3 de Córdoba ha sido reconocido en la categoría de Innovación y Modernización por el jurado de los II Premios Justicia Andalucía, que en esta edición ha otorgado el Premio de Honor al juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, recientemente jubilado, y ha decidido otorgar una mención especial al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA.

Además, los Premios Justicia Andalucía, creados el año pasado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, también reconocen la trayectoria profesional del letrado jiennense José Calabrús y en la modalidad de servicio público de Justicia a José Antonio Raya, funcionario del Cuerpo General de Tramitación Procesal y Administrativa de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

El jurado, presidido por la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, ha estado integrado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago; el secretario de Gobierno del TSJA, Pedro Campoy; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), Federico Fernández; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, María José Carralero; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, María del Mar Ayala, y los secretarios generales y directores generales de la Consejería de Justicia.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este viernes que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial haya absuelto al exconcejal de Infraestructuras David Dorado del delito de prevaricación administrativa que se le imputaba por una contratación del servicio de seguridad en colegios públicos y edificios municipales, a la vez que cree que “evidencia que desde el Ayuntamiento se actuó con absoluta responsabilidad”.

En una rueda de prensa, el regidor ha dicho que respeta “absolutamente las decisiones judiciales”. En lo personal, se alegra por Dorado, después de que no le ha deseado “nunca ningún mal”, con lo cual supone que “él estará aliviado, cuanto menos”.

Y en lo político, ha subrayado que “el nivel de exigencia que ha tenido este gobierno en cuanto a responsabilidades políticas, que no penales, está comprobado que es de excelencia”, apuntando que le gustaría que “en otros ámbitos, como el nacional, tuviéramos esta misma política de ejemplaridad que aquí aplicamos en su momento”.

Por tanto, se alegra porque haya salido absuelto, al tiempo que ha recordado que él declaró en el juzgado como testigo, dijo “la verdad porque estaba obligado” y cree que “en ningún caso se evidenció” por su parte ni por el gobierno local “inquina” hacia Dorado.

El exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acusado de un presunto delito de prevaricación. El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como Caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El edil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación.

Ahora, Dorado se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, tal y como consta en la calificación provisional a la que ha tenido acceso este periódico. Pero el exconcejal no afronta pena de prisión alguna. A pesar de eso será juzgado el próximo 18 de septiembre en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. Este sumario, en concreto, alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo.

La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia.

En un primer momento de la instrucción, en esta causa estuvieron también en situación de investigados la antigua coordinadora de Infraestructuras junto a un funcionario. No obstante, solo David Dorado acudirá a juicio.

El origen del caso

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. Tras una auditoría el caso acabó en la Fiscalía, que a su vez pidió a la Policía que lo investigase. Eso precipitó la operación Caronte, con una decena de detenidos, 42 contratos sospechosos y una investigación sobre presuntos regalos a la trama.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de las actuaciones en las sedes judiciales de Fuengirola (Málaga), Montilla (Córdoba), Huelva y Granada a las que la Junta de Andalucía destinará 7.406.594,89 euros para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad y que están incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030, que apuesta por una justicia sostenible y humana y cofinanciadas con cargo a los fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep). Estas obras se suman a las ya ejecutadas en obras sedes judiciales como la de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

En el caso de la sede judicial de Montilla, la empresa Maracof S.L. se encargará de ejecutar la reforma de los juzgados conforme al proyecto diseñado por Soluciones Técnicas BG20 Arquitectos S.C.P., que prevé sustituir la carpintería y el lucernario para mejorar la envolvente térmica del edificio, reparar las humedades, sustituir los sistemas eléctricos y de climatización, instalar placas solares para que el edificio genere gran parte de la energía que consume, así como iluminación LED.

Además, se acometerán obras para mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, pero también para personas con discapacidad sensorial. Así, en las dos salas de vista se instalarán bucles magnéticos que aíslan los ruidos. En este caso la inversión ronda el millón de euros (967.402,95 euros) y el plazo de ejecución es de diez meses.

La Junta ha recordado que esta es la primera vez que la Unión Europea acepta destinar fondos comunitarios a la rehabilitación de edificios judiciales. Andalucía ha recibido en total 85.622.400 euros del programa Pirep, enmarcado en los fondos europeos Next Generation y destinado específicamente a la rehabilitación de infraestructuras públicas, entre ellas, por primera vez, las dedicadas a la prestación del servicio público de Justicia.

Obras en otras provincias

La reforma del edificio judicial de Caleta en Granada se centrará en mejorar el aislamiento de las cubiertas en los patios, la mejora de los puentes térmicos, así como de los sistemas de climatización e iluminación, la instalación de placas fotovoltaicas, la mejora de los ascensores y la reforma de los aseos para garantizar su accesibilidad.

También se instalarán bucles magnéticos en los puestos de atención al público para facilitar la audición a las personas con implantes cocleares y señalización accesible para personas con discapacidad visual. El proyecto ha sido diseñado por el estudio Fresneda & Zamora Arquitectura y será ejecutado por Zima Desarrollos Integrales S.L. La inversión total asciende a 2.391.715,18 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.

En el caso del Palacio de Justicia de Huelva, la inversión roza los tres millones (2.983.638,73 euros) para instalar un sistema de ventilación con recuperación de energía y placas fotovoltaicas, además de sustituir las carpinterías y acristalamientos para mejorar la eficiencia energética, y reparar las humedades de las cubiertas. Una de las actuaciones más importantes será en los calabozos, atendiendo así una de las reclamaciones más demandadas, dada la mala situación de éstos.

También se modernizarán los ascensores, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán bucles magnéticos en los mostradores de información y servicios de atención al público para facilitar la audición a los usuarios con implantes cocleares, así como señalética accesible para reducir también las barreras sensoriales. Los trabajos, adjudicados a la empresa Maracof S.L., durarán ocho meses y, al igual que en el caso de Granada, se trata de obras necesarias mientras se acometen los proyectos de las ciudades de la Justicia de ambas capitales.

Por último, los trabajos en los juzgados de Fuengirola (Málaga) durarán seis meses y se centrarán en la instalación de placas fotovoltaicas y una nueva envolvente térmica mediante el aislamiento de la cubierta y la renovación de los sistemas de climatización e iluminación. También se mejorará la accesibilidad con un aseo adaptado por planta y la instalación de bucles de inducción en los mostradores de atención al público y de señalización accesible para usuarios con problemas visuales. En este caso también ha resultado adjudicataria la empresa Maracof entre las diez ofertas presentadas a la licitación pública y la inversión total supera el millón de euros (1.063.838,03).

La justicia a un caso después de seis años. El Juzgado de lo Social nº2 de Córdoba ha reconocido la incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual a un exfutbolista profesional cordobés que sufrió una grave lesión mientras disputaba un partido en la Premier League, máxima categoría del fútbol inglés.

Se trata de Juan Rafael Fuentes, quien durante su carrera militó en equipos como el Córdoba CF, RCD Espanyol y CA Osasuna, y que firmó posteriormente con el Nottingham Forest FC de Gran Bretaña, donde durante un encuentro oficial sufrió una lesión traumática de extrema gravedad. Como consecuencia de este accidente deportivo, el jugador se vio obligado a abandonar su carrera profesional, desarrollando además una pluripatología de origen traumatológico que derivó en problemas psicológicos, tal y como se recoge en la sentencia fechada el pasado 22 de julio.

Concretamente, Fuentes sufrió una lesión con fractura, con minuta, con hundimiento de meseta tibial de la rodilla derecha y fractura avulsión del cóndilo femoral interno por avulsión del ligamento lateral interno.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso este periódico, reconoce que estas secuelas hacen inviable su regreso al deporte profesional, motivo por el cual se le concede la incapacidad permanente total solicitada por su representación legal. Igualmente, la defensa apunta que Fuentes, además del cobro de su pensión, ingresará además unos atrasos que rondan los 16.000 euros.

Uno de los aspectos más relevantes del caso ha sido el reconocimiento de la contingencia como accidente de trabajo, algo inusual en el contexto británico, donde los futbolistas son considerados trabajadores de alto rendimiento, pero no se les cubren este tipo de contingencias bajo la normativa habitual del Reino Unido. No obstante, el tribunal ha estimado la aplicación del artículo 50 bis de la Ley General de la Seguridad Social, lo que ha permitido tramitar el expediente a través de la entidad gestora española, reconociendo una base reguladora adecuada para la pensión del exjugador.

El caso, llevado por el despacho sevillano Bidón Abogados, de la mano del letrado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, sienta un precedente relevante para otros futbolistas españoles que se lesionen en ligas extranjeras y abre la puerta a nuevas interpretaciones en la protección social del deporte profesional. Bidón es un abogado muy reconocido y destacado en materia Laboral y de Seguridad Social, así como Derecho Penal, y Penal de Empresas, quien fue arbitro profesional, con una extensa trayectoria durante muchos años, llegando a participar desde Tercera a Primera División.

Una sentencia que, en palabras del abogado y politólogo, Luis Bidón, es “pionera”, en cuanto a que “se ha logrado que se reconozca (pese a la negativa previa del INNS) como Incapacidad Permanente la lesión sufrida por un deportista profesional, en un pais extranjero, con la complejidad añadida del Brexit por medio”. Igualmente, recuerda que le lesión la sufrió “a sus 30 años, con años por delante para seguir desarrollando su carrera”, la cual “le incapacita de pleno para cualquier práctica de fútbol y por tanto supone un perjuicio importante para su carrera profesional”.

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría tener impacto en el sistema español de segunda oportunidad para personas insolventes. En un auto firmado por el juez, al que ha accedido este medio, se cuestiona si la normativa española que impide la exoneración de deudas a quien no pague una sanción administrativa, aunque sea de tan solo 150 euros, respeta los principios del derecho comunitario.

El auto parte de un caso particular de un deudor de Córdoba, que, tras haber sido declarado en concurso sin bienes ni ingresos con los que afrontar sus deudas, solicitó la exoneración de las mismas. Sin embargo, la Agencia Tributaria se opuso alegando que el solicitante tenía una sanción tributaria grave pendiente de pago por importe de 150 euros. Según la Ley Concursal, esta circunstancia impide conceder la exoneración, incluso aunque la deuda principal supere los 150.000 euros, como ocurre en este caso.

El deudor abonó la sanción de 150 euros semanas después de haber presentado la solicitud de exoneración, pero antes de que el juez resolviera. Aun así, según la normativa vigente, el pago llegó tarde: la ley exige que esté saldada antes de pedir la exoneración, no durante el procedimiento. El magistrado considera que esta rigidez temporal y la consecuencia legal de negar toda exoneración de deuda por una suma ínfima podrían no ser proporcionales.

En consecuencia, el juzgado cordobés ha formulado siete preguntas al TJUE. Todas ellas giran en torno al principio de proporcionalidad, reconocido por la jurisprudencia comunitaria, y al espíritu de la Directiva (UE) 2019/1023, que pretende garantizar a las personas sobreendeudadas la posibilidad de reinsertarse en la vida económica mediante la plena exoneración de sus deudas, si actúan de buena fe.

El magistrado pide que Europa responde a la mayor celeridad posible

El auto plantea una reflexión de fondo: mientras que la normativa europea busca una segunda oportunidad real, la ley española introduce restricciones con una clara finalidad recaudatoria, especialmente en lo relativo a las deudas con la Hacienda Pública o la Seguridad Social. El magistrado pone de relieve que, incluso en situaciones extremas —como la del deudor que no posee ni un euro ni ningún bien embargable—, la ley española sigue imponiendo condiciones para el perdón que, en la práctica, resultan inalcanzables. En sus palabras, esto puede condenar al deudor a una “deuda perpetua”, contrario al objetivo de reinserción económica que proclama la directiva europea.

La resolución judicial también solicita al TJUE que tramite el asunto por el procedimiento acelerado, dada la enorme cantidad de casos similares que se están tramitando en toda España. Solo en 2024 se registraron más de 35.000 concursos de personas físicas, muchas de las cuales podrían verse afectadas por lo que el Tribunal de Luxemburgo decida.

Según el auto, si cada juez resuelve estos casos de forma distinta —algunos suspendiendo los procedimientos y otros no—, podría producirse un trato desigual entre personas en situaciones idénticas, algo que también vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

De estimarse las dudas del juez cordobés, España podría verse obligada a revisar o reformar su legislación concursal, especialmente en lo que afecta a las sanciones administrativas y al tratamiento del crédito público en los procedimientos de exoneración.

La causa judicial abierta a raíz de los altercados entre seguidores radicales del Córdoba CF y la UD Almería permanece completamente paralizada debido a un complejo conflicto de competencia entre varios juzgados, según ha podido saber este medio. Esta situación ha dejado a los investigados en un limbo legal, sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y con medidas cautelares aún vigentes.

El origen del caso se remonta a los incidentes ocurridos el pasado 12 de enero entre grupos de ultras de ambos equipos que derivaron en la identificación de 32 personas. Sobre diez de ellas pesa una causa penal y se les impusieron medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de aproximarse a menos de 400 metros de estadios de fútbol de Primera y Segunda División durante las horas previas y posteriores a los partidos. Sin embargo, desde que se dictaron dichas medidas, el expediente ha estado “deambulando” entre diferentes órganos judiciales sin que ninguno asuma su tramitación definitiva.

El procedimiento comenzó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, en funciones de guardia, que se inhibió en favor del número 7. Este último también se apartó del caso, remitiéndolo al número 8, que posteriormente declaró que la competencia correspondía a los juzgados de Almería. Finalmente, estas instancias devolvieron el expediente a Córdoba. La causa se encuentra, cinco meses y medio después, en el Decanato a la espera de un nuevo reparto.

Mientras tanto, los diez investigados continúan sujetos a las medidas de alejamiento impuestas inicialmente, “sin que puedan realizar escritos, presentar alegaciones ni acceder a información básica como el número de procedimiento o el juzgado competente”. Según fuentes consultadas por este medio, “no existen copias completas del expediente ni posibilidad de consulta por parte de la defensa, lo que agrava la situación de indefensión”.

A pesar de esta parálisis judicial, la Audiencia Provincial confirmó las medidas cautelares que se impusieron al principio de la causa.

Laa decisión de unificar en Córdoba los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital cordobesa ha encontrado otra oposición que se suma a las ya emitidas por CSIF, CCOO y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Y es la del Colegio de la Abogacía de Córdoba, cuya vicedecana -Concepción Ortega- considera que esta comarcalización es “una medida perjudicial para las víctimas, ya que las aleja de la Justicia”.

Esta letrada, que pertenece también a la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía de España, explica a Cordópolis que Córdoba necesita “otro juzgado de violencia de género” porque el actual “está totalmente colapsado”, en lugar de que se le añadan casos de otras localidades.

Según Ortega, esta medida es especialmente perjudicial en las zonas rurales, donde existe “poca concienciación” y las víctimas, a menudo denominadas “las invisibles de las invisibles”, ya enfrentan dificultades para denunciar. A esta dificultad se añade que las oficinas municipales, “que se supone deben facilitar esto, en muchos casos, carecen de un juez real o de los medios para realizar videoconferencias adecuadas, obligando a las víctimas a desplazarse múltiples veces”. Esto, en su opinión, genera “víctimas de primera y víctimas de segunda”.

El Gobierno quiere poner en marcha esta medida atendiendo a la Ley de eficiencia de la Justicia, aunque para Ortega, dicha “eficiencia será en la teoría” porque “una norma sin medios no se puede aplicar”. Si bien la comarcalización podría aliviar la carga de los juzgados mixtos de la provincia, incluyendo violencia de género, Ortega sostiene que esto se logra “en contraprestación” al bienestar de las víctimas, “lo cual no es aceptable”.

Preguntada por si los juzgados de la provincia se encuentran congestionados, la letrada asegura que hay que diferenciar el tipo de causas, ya que la saturación no se produce en casos exclusivos de materia de violencia de género, sino que “al ser juzgados mixtos, tratan temas civiles y penales”. La solución real, a su juicio, pasa por la “especialización y la formación de los jueces, no por la centralización”, y ha destacado que la Abogacía sí invierte en formación continua en esta área. Además, ha recordado que Andalucía había implementado “juzgados itinerantes” para acercar la justicia a las mujeres de los pueblos, una iniciativa que la comarcalización actual contradice.

Actualmente, la Subcomisión de la Violencia sobre las Mujeres está elaborando un estudio para “razonar por qué no debe de comarcalizarse en materia de violencia de género”. El objetivo es evitar añadir más “trabas” a un proceso que, de por sí, ya resulta un “daño” para la víctima.

Sobre la asistencia a víctimas de violencia de género en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, hasta el pasado 17 de junio se han prestado 192 asistencias en Córdoba capital, 113, en la zona que incluye Montoro, Posadas, Peñarroya y Pozoblanco; y en la tercera y última zona -compuesta por Montilla, Aguilar, Puente Genil, Baena, Cabra y Priego- se han contabilizado 107 asistencias. Pero estos casos, aclara Ortega, se refieren únicamente a las llamadas al Colegio de la Abogacía “para solicitar un abogado del turno de oficio, no al total de casos de violencia de género”.

Aunque ha habido un ligero descenso en Córdoba capital respecto al año pasado, la diferencia es mínima, no llegando a las 30 asistencias de diferencia, y en las demás zonas, las cifras se mantienen estables. Ortega ha recordado que la ley otorga a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia jurídica gratuita, permitiéndoles designar y, si lo desean, cambiar de abogado incluso dentro de este marco, debido a su condición de “víctimas especiales”.

El sindicato CCOO ha criticado la decisión de agrupar los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital. Aunque valora positivamente la creación de un segundo juzgado exclusivo en Córdoba, considera que absorber los casos del sur y norte de la provincia solo traslada el problema sin resolverlo y aleja la justicia de las víctimas.

El responsable del sector de Justicia de CCOO Córdoba, José Carlos Alba, subraya que el actual juzgado exclusivo de violencia de género ya se encuentra muy por encima del límite recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2024 registró 2.199 casos, frente a los 1.600 que se fijan como tope por órgano. Aun así, CCOO considera que la centralización no aliviará esta carga, sino que la ampliará con los casos de otros partidos judiciales.

Desde el sindicato se cuestiona el argumento de la “especialización” que se esgrime para justificar la medida. Según CCOO, no se exige formación específica en violencia de género al personal que trabaja en estos juzgados ni en el momento del acceso ni posteriormente. Esta falta de preparación, sumada a la sobrecarga estructural y ausencia de incentivos laborales, está provocando un deterioro del servicio y una alta rotación del personal.

Además, CCOO alerta del impacto negativo sobre las víctimas, que tendrán que trasladarse a Córdoba para cualquier trámite judicial o ser atendidas por videoconferencia, lo que rompe la necesaria cercanía de estos procedimientos. También se pone sobre la mesa el riesgo de reencuentros no deseados entre víctimas y agresores durante los desplazamientos.

El sindicato insiste en que la solución pasa por mantener los juzgados actuales en cada partido judicial, dotarlos del personal necesario y garantizar su formación específica. Además, reclama que sea el juez quien se desplace al lugar donde reside la víctima cuando sea necesario, y no al revés.

CCOO pide al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas que, en lugar de centralizar servicios, creen áreas especializadas en violencia sobre la mujer en todos los tribunales de instancia, con personal propio y cualificado que garantice una atención cercana, efectiva y con perspectiva de género.

Los juzgados de la provincia de Córdoba necesitan al menos una decena de plazas de nueva creación, según se recoge en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida al ejercicio 2024, consultada por Europa Press.

En concreto, en la Audiencia se precisa un magistrado en la Sección Civil, que se une a cuatro plazas de Primera Instancia, dado que “no se ha producido disminución del número de asuntos ingresados, que supera en un 60% los módulos de entrada”, después de que “durante 2024 había diez órganos y han entrado 2.493 asuntos por órgano, siendo el módulo de entrada de 1.200 asuntos”, relata el TSJA.

En cuanto a Violencia sobre la Mujer, apunta que se necesita una plaza, que “se justifica por la saturación que sufre dicho órgano a día de hoy, de tal manera que le han entrado, durante el año 2024 un total de 2.199 asuntos, cuando los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se fijan en 1.600, tratándose de un órgano que se encuentra permanentemente de guardia, todos los días laborables y durante todas las horas de audiencia, y que además debe de atender a la celebración de los procesos de familia que se suscitan y juicios por delitos leves”. A ello añaden “las nuevas competencias que va a recibir”.

Asimismo, se defiende la creación de una plaza de Familia y otra en lo Social, puesto que “no se ha producido disminución del número de asuntos ingresados, que supera en más de un 25% los módulos de entrada”, de forma que “durante 2024 había cinco órganos y han entrado 1.127 asuntos, excluidas ejecutorias, por órgano, siendo el módulo de entrada, incluidas ejecutorias, de 800 asuntos”, advierte el tribunal, que agrega que también se requieren una plaza judicial en Lucena y otra en Posadas.

Por otra parte, la Memoria expone que la planta actual de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en la provincia es de 21 órganos. La situación que presentan es “desigual” en cuanto a la carga de trabajo. Destacan los partidos judiciales de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, Montoro y Posadas, en materia civil, y Lucena en ambas jurisdicciones.

Violencia sobre la mujer

En la provincia, podría plantearse la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba a los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Montilla, Montoro y Posadas, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular, añadida a la ya proyectada en el Real Decreto de desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

Asimismo, podría plantearse la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena a los partidos judiciales de Cabra, Puente Genil y Priego de Córdoba, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular. De esta forma se crearían tres nuevas plazas de magistrado: dos en la Sección de Violencia sobre la Mujer (SVSM) de Córdoba y una en la SVSM de Lucena, según se detalla en la Memoria del TSJA.

Las sedes

En cuanto a las sedes judiciales, el documento destaca que “afortunadamente, la nueva sede judicial de Lucena está plenamente operativa en 2024, una vez finalizadas las obras de ejecución del nuevo Palacio de Justicia que comenzaron en diciembre de 2021”.

Mientras, explica que “las sedes de Montilla y Aguilar de la Frontera mantienen carencias, necesidad de adaptación a las condiciones básicas de accesibilidad, rehabilitación energética, tratamiento de humedades, etc., que necesitan definitiva solución y para lo que existen obras en ejecución en la sede de Aguilar, al tiempo que redacción de proyecto básico y de ejecución para la sede de Montilla”.

El Juzgado Mixto número 1 de Puente Genil está investigando una presunta estafa valorada en 7.342,53 euros relacionada con inversiones en criptomonedas en la que se ha visto afectado un vecino de este municipio cordobés.

La presunta estafa se produjo en agosto de 2022, cuando un ciudadano de la localidad cordobesa de Puente Genil presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Según su relato, había sido víctima de una estafa online al invertir en criptomonedas, perdiendo 7.342,53 euros Las primeras pesquisas de la investigación revelaron que el dinero presuntamente estafado fue ingresado en una cuenta bancaria cuyo titular tiene su domicilio en Madrid.

Cuando la investigación llegó a este juzgado pontanés, este se inhibió en favor de los juzgados de Instrucción de Madrid basándose en el domicilio de la persona que está siendo investigada. Sin embargo, el juzgado madrileño sobre el que recayó la causa la rechazó, al igual que el Ministerio Fiscal, quien señaló que no existían otros elementos adicionales -más allá del domicilio del investigado- para que el caso pasara a manos de un juzgado de la capital madrileña. Además, la Fiscalía recordó que el juzgado de Puente Genil fue el primero en incoar las diligencias.

En vistas a esta cuestión de competencia, el Tribunal Supremo ha otorgado la competencia al juzgado pontanés al tratarse de una instrucción “sin complejidad”. Además, el Alto Tribunal español ha recordado que el delito de estafa se entiende cometido en múltiples lugares donde se producen sus elementos, como el engaño, el perjuicio o el lugar del desplazamiento económico, por lo que el criterio de la ubicuidad permite investigar en cualquiera de ellos.

La Ciudad de la Justicia va regresando progresivamente a la normalidad. Desde las 9:00, se ha retomado la actividad judicial en Córdoba.

La mayor parte de los procesos se han iniciado con plena normalidad, con la excepción de algunos casos concretos que han sufrido retrasos o han tenido que aplazarse, ya sea por motivos técnicos o personales de las artes implicadas. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España por el apagón sufrido este lunes, con efectos tanto para ayer como para este martes.

Según ha informado el CGPJ, “esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías”.

Además, ha aclarado que “cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para el día de hoy”.

“La inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada”, ha subrayado.

Trabajadoras de la limpieza en institutos de Córdoba que sufrieron los impagos de varias nóminas por parte de la anterior adjudicataria del servicio, Mabraser XI S.L., han comenzado a acudir a los juzgados para interponer las correspondientes demandas de cantidad para poder cobrar en un futuro el dinero que no han recibido por su trabajo.

Las demandas de cantidad iniciales se interpusieron ya en diciembre, cuando Mabraser les dejó de abonar media paga de ese mes. Y, ahora, las demandas se están ampliando con las cantidades totales que cada trabajadora ha dejado de cobrar por parte de la empresa, según ha confirmado CCOO a este periódico. Este es el procedimiento para que, cuando resuelvan los juzgados, las trabajadoras puedan acabar recibiendo las nóminas que se les deben.

Desde el Sindicato Hábitat de CCOO, su responsable de acción sindical David Quintana, ha explicado que las demandas que se están interponiendo se dirigen contra la empresa que no les pagó, Mabraser XI S.L., así como contra la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía -que retuvo el dinero ante la falta de prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria-, y contra la nueva empresa que ahora se hace cargo del servicio, de manera que se dé total cobertura a las trabajadoras a la hora de reclamar los pagos.

El problema está ahora en el tiempo que tardarán en resolver los Juzgados de lo Social que, “con el colapso que tienen, se puede demorar un par de años como mínimo”, indican desde el sindicato. Los juzgados tendrán que resolver más de un centenar de demandas por este caso, una por cada trabajadora, ya que las demandas de cantidad deben interponerse individualmente.

Desde CCOO explican que, además de a sus afiliadas, también están dando cobertura a trabajadoras de este servicio que se encuentran en situación precaria, para guiarlas en la interposición de sus demandas.

Las limpiadoras de institutos volvieron a estar cubiertas con una nueva empresa para prestar el servicio desde este pasado Lunes de Pascua, tras la adjudicación del contrato por parte de la Junta a tres nuevas compañías, una por cada lote que anteriormente aunaba Mabraser. Con las nuevas empresas, se espera que, en los primeros días de mayo, puedan cobrar ya los días trabajados entre el 21 y el 30 de abril.

El Tribunal Supremo acaba de otorgar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Priego de Córdoba la competencia para investigar la denuncia formulada por una mujer en la que acusa a su pareja de violencia machista. Tras ser víctima de estos hechos, la víctima abandonó el domicilio familiar, ubicado en este municipio cordobés, y viajó hacia una localidad de Mallorca.

Según ha podido saber este medio, el inicio de estas investigaciones comenzará 17 meses después de la interposición de la denuncia debido a las “irregularidades procesales” que se han producido entre los diferentes juzgados en cuestión, tal y como ha alertado el Alto Tribunal español.

Tras el episodio de violencia de género en octubre de 2023, la mujer interpuso la denuncia contra su pareja en un juzgado de instrucción de Mallorca. Inicialmente, este juzgado se inhibió, aunque de manera errónea, a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba. Posteriormente, este juzgado, al constatar el error, se inhibió a su vez al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Priego de Córdoba, que rechazó la competencia. El Supremo considera que en este punto se produjo “la primera irregularidad”, ya que el juzgado cordobés se inhibió a favor del de Priego sin informar al de Mallorca, lo que contribuyó a dilatar el proceso.

Además, el juzgado de Córdoba rechazó igualmente la inhibición que previamente había planteado el juzgado de Mallorca. La segunda irregularidad procesal que ha detectado el Supremo ha sido la relativa a la forma en que se intentó promover una cuestión de competencia negativa con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Priego de Córdoba, ya que no se había planteado previamente la cuestión de competencia con este órgano judicial.

Constatada la discrepancia entre este juzgado y el de Mallorca, este remitió al Supremo unas diligencias para que dirimiera quién era el competente para investigar el caso. Ante ello, el Ministerio Fiscal emitió un informe en el que señaló que la competencia debía caer en el juzgado prieguense dado que fue en el domicilio familiar, localizado en este pueblo, donde ocurrieron los hechos, pese a que la víctima abandonó posteriormente la vivienda y formalizó la denuncia en Mallorca. Basándose en este criterio, el Supremo ha acordado otorgar al juzgado de Priego la competencia para investigar el caso.