La poeta cordobesa María Sotomayor da el salto a la narrativa con Los cauces (Espasa), su primera novela, que llega a las librerías este mes de marzo. Se trata de un texto intenso y profundamente personal en el que aborda el abuso infantil (sufrido por ella misma), la pérdida y los procesos de reconstrucción personal, con la literatura como fuente de sanación.

La obra nace de una experiencia vital marcada por el trauma. Sotomayor sufrió abusos durante su infancia en un entorno familiar, un espacio que debería haber sido seguro y que, sin embargo, no lo fue. Este hecho atraviesa la novela, que explora las huellas invisibles que deja la violencia en la vida adulta.

Según destaca la editorial, Los cauces es “un texto estremecedor” que se adentra en “el impacto duradero del abuso infantil y el complejo camino hacia la sanación”. A través de recuerdos fragmentados, sesiones de terapia y encuentros con otras personas heridas, la protagonista reconstruye su historia en un relato íntimo que va más allá del dolor para abordar también la resistencia y la búsqueda de una voz propia.

La novela, a caballo entre la autoficción y la poesía de la que viene Sotomayor, supone un punto y aparte en la trayectoria de la escritora, más vinculada al ámbito poético. Con un lenguaje cuidado y una mirada profundamente personal, la autora traslada a la narrativa la intensidad emocional que caracteriza su poesía.

De raíces cordobesas, aunque nacida en Madrid en 1982, María Sotomayor es filóloga, poeta y escritora. A lo largo de su carrera ha trabajado como editora y ha estado vinculada al ámbito cultural y artístico. Fue fundadora de la librería La Semillera en Madrid y actualmente impulsa La Romántica en Córdoba.

Como poeta, ha publicado títulos como Estoy gritando, me conocí de esta manera (2013), La paciencia de los árboles (2015, ampliado en 2018), Misericordia (2020), Fiera (2021) y La Furia (2023). En 2016 obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena por Nieve antigua.

El Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Aproni ha emitido un llamamiento urgente ante la necesidad inmediata de encontrar familias acogedoras en las provincias de Sevilla y Córdoba, y explican que, actualmente, varios niños y niñas de entre 0 y 7 años requieren un entorno familiar de forma inmediata para evitar su ingreso en centros de protección.

Desde la entidad destacan que el acogimiento familiar es una medida fundamental para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de los menores en situación de vulnerabilidad. “Si conseguimos encontrar familias acogedoras, podremos evitar que estos niños y niñas tengan que ingresar en centros de protección”, señalan.

La modalidad de acogimiento de urgencia implica una respuesta rápida por parte de las familias, que se comprometen a ofrecer un hogar temporal seguro mientras se resuelve la situación del menor. Este tipo de acogida resulta clave en momentos críticos, cuando los niños necesitan una intervención inmediata. Para ser familia acogedora de urgencia, al menos una de las personas cuidadoras principales deberá tener disponibilidad para atender las necesidades que presente la persona menor. 

Bajo el lema “Seguimos necesitando de forma urgente familias acogedoras”, Aproni insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y hace un llamamiento a la difusión del mensaje. “Compartir esta información puede cambiar vidas”, subrayan.

Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden contactar a través de los teléfonos 900 878 281 y 955 113 678, o mediante el correo electrónico acoge@aproni.org. También es posible realizar consultas a través de mensajes directos en Instagram o Facebook.

Desde la organización recuerdan que ofrecer un hogar, aunque sea de forma temporal, puede marcar una diferencia decisiva en la vida de estos menores.

La Policía Nacional en colaboración con fundaciónSOL lanzan una nueva pieza de concienciación en el marco de la campaña “Somos su Mejor Red”, cuyo propósito es la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de la violencia digital y de impedir su normalización. La iniciativa busca visibilizar una forma de violencia cada vez más presente en el entorno escolar y digital, conocida como Happy Slapping, en un contexto en el que el acceso temprano a redes sociales y dispositivos móviles facilita la grabación y difusión inmediata de contenidos violentos.

El fenómeno del Happy Slapping (“bofetada feliz”), surgió en el Reino Unido en 2005 y, pese a su nombre aparentemente inocente, describe un fenómeno violento que se ha extendido en España durante los últimos años: grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido. La finalidad suele ser ganar popularidad o likes en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

Estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, lo que supone un incremento del 8% respecto a 2022. En este mismo año se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8% más que en 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes.

La Fiscalía alerta también del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Un informe publicado en 2025 por la Fundación ANAR, señala WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales en los que se producen o difunden estas situaciones. Este mismo informe pone de manifiesto también la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2% de los casos de ciberacoso incluye el uso de IA, principalmente para crear imágenes, vídeos o audios falsos de la víctima o para suplantar su identidad.

Por su parte, Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional con más de 28 años de experiencia en labores de seguridad ciudadana, investigación y prevención de la delincuencia añade: “El Happy Slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende las fronteras del mundo físico y real para difundirse de manera masiva en el mundo digital. Debemos fomentar la capacidad crítica y el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías en nuestros adolescentes, para que sean conscientes del alcance que pueden llegar a tener sus acciones y el daño que pueden causar a los demás. No podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros. Los menores, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal, afectando las consecuencias hasta su vida adulta. La violencia no tiene cabida en ningún espacio y, en este sentido, es fundamental el trabajo conjunto entre familias, centros educativos y sociedad para construir entornos más seguros”.

La pieza audiovisual creada por fundaciónSOL aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva, invitando a la reflexión, “Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar”, explica Claudia Caso, directora de fundaciónSOL. “Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia”.

Según el informe Violencia Viral: los 9 tipos de violencia online de Save the Children, el Happy Slapping es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes. En el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying, una problemática en auge, ya que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, tan solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar. La propia Fiscalía advierte que estas cifras reflejan únicamente los casos que llegan al sistema judicial, pudiendo existir una cifra oculta mayor debido a la infradenuncia o a la gestión interna en centros educativos.

Recomendaciones de fundaciónSOL y Policía Nacional

Policía Nacional y fundaciónSOL señalan que la prevención requiere una implicación conjunta de familias, centros educativos y sociedad. A continuación se presentan una serie de recomendaciones para evitar o mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes:

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años de cárcel y seis de libertad vigilada impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija menor de su pareja, según una sentencia hecha pública este martes.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lo consideró responsable de varios delitos de agresión sexual a menor.

De acuerdo con los hechos probados recogidos en la sentencia, por motivos laborales que implicaron el traslado de la progenitora a Badajoz, el acusado convivía habitualmente con la menor y se ocupaba con frecuencia del cuidado de la niña y su hermano.

El auto recoge que los abusos comenzaron en el verano de 2012, cuando el procesado tenía 47 años y la víctima ocho, y relata que el procesado inició las agresiones con tocamientos de carácter sexual y que posteriormente llegó a penetrar a la menor en diversas ocasiones, aprovechando que ambos se encontraban solos en la vivienda familiar, y ocultando presuntamente pruebas de ello para que evitar que la progenitora se enterase. Los abusos sexuales duraron hasta el año 2020, según el testimonio de la víctima.

Ella finalmente se lo contó a la madre en 2021, alentada por su pareja. Con posterioridad, se denunció ante la Guardia Civil. La menor ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar lo ocurrido, indica el auto.

Tras la sentencia condenatoria a doce años de prisión y seis de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel, el procesado apeló. Y ahora, el tribunal considera acreditado que el acusado se aprovechó de la relación de convivencia y de la situación de confianza existente en el entorno familiar para cometer los abusos, que se prolongaron durante años.

Tras analizar los argumentos del recurso, el TSJA concluye que la Audiencia Provincial realizó una correcta valoración de las pruebas practicadas en el juicio y que el testimonio de la víctima resulta coherente, persistente y está corroborado por otros elementos probatorios.

Por todo ello, el alto tribunal andaluz confirma la condena impuesta en primera instancia, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia en la que confirma la pena de 12 meses de prisión para un hombre por no pagar la pensión alimenticia de su hija. La resolución ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Penal número 6, subrayando la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el acusado ya había sido condenado por hechos similares en 2018 y 2020.

Según la sentencia, el padre estaba obligado por una sentencia de 2010 a abonar 220 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hija menor. Sin embargo, el tribunal constató que, desde julio de 2020 hasta julio de 2025, el acusado dejó de satisfacer estas cantidades de manera sistemática.

Aunque realizó algunos ingresos esporádicos de pequeñas cuantías (entre 50 y 200 euros en fechas puntuales), la Sala ha considerado que estos fueron pagos “caprichosos” y, en algunos casos, ni siquiera estaban correctamente destinados a la beneficiaria.

En su recurso de apelación, la defensa del condenado alegó una supuesta situación de precariedad. No obstante, la Audiencia ha rechazado este argumento basándose en el informe de vida laboral del acusado, que demuestra que percibió ingresos suficientes durante el periodo enjuiciado para, al menos, cubrir parcialmente la pensión.

Además, el tribunal ha recordado que en marzo de 2024 se desestimó una solicitud de modificación de medidas instada por el propio apelante, lo que confirma que “no hubo una variación real de sus circunstancias económicas” que justificara el cese de los pagos. Así, para la Audiencia, el acusado no pagó la totalidad de las pensiones simplemente “porque no ha querido”.

Por otro lado, en su recurso, el padre ha alegado dilaciones indebidas, que también han sido rechazadas. El procedimiento ha durado algo más de dos años, “algo más que razonable” para el tribunal, que también ha apuntado que fue el propio progenitor quien lo ha demorado al no comparecer en los primeros llamamientos judiciales y provocar retrasos adicionales durante la tramitación de su solicitud de justicia gratuita, la cual terminó siendo denegada.

Junto a la pena de cárcel, el fallo confirma que el padre deberá indemnizar a la madre de su hija con el importe total de las pensiones adeudadas entre julio de 2020 y julio de 2025.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre por un delito de exhibicionismo y otro leve de maltrato de obra tras unos hechos ocurridos a finales de 2022. El tribunal ha impuesto al acusado una multa de 3.600 euros -3.300 por el primer delito y 300 por el segundo- y una indemnización de 1.00 euros para la víctima, una menor de 12 años.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2022 en una parcela en Córdoba capital durante un pero. Al caer la tarde, los niños presentes se resguardaron del frío en el interior de la vivienda de la finca. Según los hechos probados, mientras la menor se encontraba en el salón agachada cargando su móvil, el acusado salió del baño y le tiró fuertemente de la trenza para obligarla a mirar hacia atrás, mostrándole su pene, que asomaba por fuera de la bragueta.

Tras el incidente, el acusado salió de la vivienda manifestando que “se había equivocado” y pidió perdón a los presentes. La menor, por su parte, salió del inmueble llorando y buscando a su padre, quien corroboró el estado de nerviosismo de su hija.

Durante el juicio, la acusación particular solicitó inicialmente una condena por agresión sexual en grado de tentativa. Sin embargo, el tribunal ha considerado más adecuado el encaje penal de exhibicionismo obsceno ante menores, además de un delito leve de maltrato de obra por el tirón de pelo, que no llegó a causar lesiones a la niña.

En el juicio, la defensa del acusado alegó que el procesado se equivocó de persona, afirmando que su intención era realizar una “broma” a una amiga adulta y que la confundió con la menor. No obstante, el tribunal ha rechazado este argumento, señalando que, según los testigos, la mujer adulta se encontraba fuera de la casa en ese momento y que el acusado debía ser consciente de que en el interior solo estaban los niños.

En la sentencia se han aplicado dos atenuantes analógicas: la de embriaguez, al quedar acreditado que el acusado había consumido alcohol y marihuana durante la jornada; y la de confesión, por haber reconocido implícitamente los hechos al pedir perdón inmediatamente después de su ocurrencia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

La Real Academia Española (RAE) incorporó el pasado 15 de diciembre una nueva definición de “mena” a su diccionario para definir al inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabiliza de él. Una decisión que ha alentado el debate sobre el uso del lenguaje en relación con la infancia migrante y cómo se ha aceptado incluir este término que deshumaniza a los menores y los vincula con delincuencia. Así los sostienen las dos asociaciones que han trabajado con migrantes en Córdoba, como son Córdoba Acoge y Cáritas.

En la nota de prensa que la RAE difundió no apareció la inclusión de esta ampliación del término meno y optó por referirse a conceptos nuevos que pasaban desde ya a formar parte del Diccionario, como microteatro, milenial o turismofobia. Es en un apartado de la página web del Diccionario donde sí se puede ver esta nueva actualización, la versión 28.1. En ese documento, la propia institución reconoce que el término mena se emplea, “a veces, con sentido despectivo”.

Para las entidades sociales que trabajan con menores en Córdoba, el problema no es únicamente la inclusión del término, sino el uso que se ha normalizado en el discurso público y mediático. Desde Córdoba Acoge, entidad que cuenta con un sistema de monitorización de medios de comunicación y del empleo del lenguaje, recuerdan que “mena es un acrónimo; un término técnico utilizado históricamente en el ámbito social y administrativo”, pero denuncian que su uso actual responde a una deriva claramente xenófoba.

“Se ha convertido en una palabra que deshumaniza la dimensión humana de niños, niñas y adolescentes, además en una situación de especial vulnerabilidad”, señalan desde la entidad. Según explican, el acrónimo ha sido transformado en un sustantivo con una carga negativa constante, utilizado casi exclusivamente para asociar a estos menores con delincuencia o conflicto social.

Desde Córdoba Acoge insisten en que la inclusión del término en el diccionario responde a su uso social, pero recuerdan que el lenguaje nunca es neutro. “Que la RAE lo recoja es consecuencia de que se utiliza, pero el significado depende de las connotaciones que se le atribuyan. En este caso, su uso es estigmatizante y desposee de humanidad”. A ello mismo se refirió la semana pasada la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que, pro el mismo motivo, ha criticado la ampliación de este término para referirse a los menores no acompañados.

En una línea similar se expresa Cáritas, que pone el acento en la necesidad de hablar siempre desde la centralidad de la persona, evitando etiquetas que acaban marcando de forma permanente a quienes las reciben. El responsable del programa de Personas en Situación de Sin Hogar de Cáritas, José Luis Rodríguez, subraya que “la sociedad atraviesa un momento en el que existe una tendencia creciente a poner nombres y etiquetas a colectivos muy diversos”.

“Depende de las connotaciones que se le vayan dando a cada realidad, esas etiquetas pueden ser positivas o negativas”, explica Rodríguez. Desde Cáritas, añade, siempre se ha apostado por hablar de personas concretas, con nombre y apellido, y no de categorías abstractas. “Las personas viven una situación concreta, que puede cambiar o no, pero ponerles una etiqueta es algo que luego es muy difícil de eliminar”. Por ello, Cáritas defiende un enfoque basado en el acompañamiento, independientemente de la situación administrativa o social. “Siempre vamos a hablar de acompañar a personas, sea cual sea la realidad que tengan o la situación en la que estén”, concluye.

¿Qué proceso sigue la RAE para incluir nuevos términos?

La actualización del Diccionario es un proceso continuo que no se limita a la incorporación de nuevas palabras, sino que también incluye la revisión, modificación o supresión de artículos y acepciones ya existentes. Cada nueva edición implica identificar términos que han surgido o han adquirido nuevos significados, así como revisar aquellos que ya formaban parte del diccionario para adaptarlos a los cambios en el uso del idioma.

Según informa la RAE en su web, este trabajo se realiza agrupando las palabras según distintos criterios, como el ámbito temático al que pertenecen, sus características gramaticales, su procedencia o el área geográfica en la que se documentan. Además, el Diccionario se actualiza para mantener coherencia con la doctrina lingüística recogida en otras obras académicas, como la Gramática, la Ortografía o el Diccionario de americanismos, publicadas entre una edición y otra.

Para llevar a cabo este proceso, la RAE se apoya en un amplio conjunto de fuentes documentales. Entre ellas se encuentra el Banco de Datos del Español, que reúne cientos de millones de registros de textos históricos y actuales procedentes de todos los países hispanohablantes, así como el fichero histórico de la Academia, con millones de papeletas léxicas y lexicográficas acumuladas a lo largo de su historia. A estas fuentes se suman obras de referencia especializadas, estudios monográficos sobre léxico y la Unidad Interactiva del Diccionario, un canal habilitado para recoger propuestas y sugerencias externas.

Gracias a este sistema de documentación y análisis, los equipos de lexicografía pueden disponer de los datos necesarios para formular propuestas que, tras ser evaluadas por las comisiones académicas, dan lugar a decisiones normativas sobre la inclusión, modificación o eliminación de términos en el diccionario.

Un exempleado de los Cines Axion de Córdoba ha sido absuelto tras ser acusado de un delito leve de lesiones o maltrato contra una menor. Tanto el Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial han confirmado que la supuesta agresión nunca se produjo en base a los registros de las cámaras del recinto.

Los hechos fueron denunciados por la madre de una menor en febrero de este año, adjuntando un parte médico. La Policía Nacional investigó la denuncia, tal y como contó este periódico. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 2 ya en mayo absolvió al acusado.

Según esa primera sentencia, facilitada a este periódico, el 21 de febrero de 2025, tras finalizar la proyección de una película, la menor, de 12 años, y varios amigos permanecieron en la sala, que dejaron —según recoge el fallo— “como una pocilga, llena de restos de palomitas, chucherías, vasos y papeles”.

El trabajador se dirigió entonces a ellos visiblemente irritado, llamándolos “guarros y cochinos” y ordenándoles limpiar. Esa reacción generó “temor y obediencia” entre los niños, según constató el juzgado. Sin embargo, respecto a la acusación de agresión, el fallo fue tajante: el empleado “no empujó a la menor en ningún momento”.

La absolución se sustentó principalmente en la valoración conjunta de las declaraciones y, sobre todo, en el visionado de la grabación de seguridad. La menor había asegurado que fue empujada frente a la pantalla y que cayó al suelo entre ésta y las butacas. Sin embargo, el juzgado calificó la grabación como “contundente” y señaló que “nada de esto ha aparecido en las escenas”. Ante la falta de indicios que respaldaran su relato, se aplicó el principio constitucional de presunción de inocencia.

Confirmación de la inocencia en apelación

La abogada de la denunciante recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba, alegando un error en la valoración de la prueba. No obstante, la Sección Tercera desestimó el recurso mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, asumiendo íntegramente los hechos probados en primera instancia.

El tribunal destacó que la impresión directa del juzgador sobre las declaraciones y la prueba documental —en especial, las imágenes de las cámaras— no podía ser sustituida en segunda instancia. Ratificó además que la grabación no mostraba los hechos denunciados, motivo por el que la absolución resultaba ajustada al derecho a la presunción de inocencia. Contra esta resolución de la Audiencia Provincial no cabe ya ningún recurso.

Por su parte, la defensa del acusado ha anunciado que estudia “iniciar las actuaciones legales correspondientes frente a la denunciante para que se le restituyan sus derechos vulnerados y su dignidad personal y profesional”.

En este sentido, el letrado Enrique Montero Yllescas afirma a este periódico: “Tanto la denuncia como la publicación de la misma en prensa han provocado que mi cliente haya perdido su puesto de trabajo y haya tenido que abandonar la ciudad de Córdoba ante la imposibilidad de conseguir trabajar en lo que le gusta, el cine”.

La Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Menores de Córdoba las diligencias efectuadas con relación a la agresión sufrida por un niño en La Guijarrosa, a manos de otro menor, durante la noche del pasado 31 de octubre.

Según ha podido saber este periódico, la Benemérita ha analizado tanto la denuncia de la familia del menor agredido, las testificales de personas que presenciaron la agresión así como documentación que la Guardia Civil había solicitado al colegio en el que ambos niños se encuentran escolarizados. Hay que recordar que esta agresión estaría vinculado a un caso de acoso escolar. De hecho, el colegio tiene abierto el protocolo antiacoso.

La Fiscalía de Menores analizará ahora las diligencias remitidas y decidirá si procede abrir un procedimiento judicial. Tanto la víctima como el presunto agresor tiene 13 años, por lo tanto, inimputable según el Código Penal actual, ya que la edad mínima para responder penalmente ante la Justicia es de 14 años. En el caso de considerar los hechos constitutivos de delito, el Juzgado de Menores no impondría al menor sanción penal alguna, pero sí se podría adoptar medidas educativas.

En relación con la denuncia presentada, la noche del 31 de octubre, el menor denunciado se colocó delante de la víctima, riéndose, momento en que esta le preguntó por qué en el colegio había escrito un cuento donde le llama “gordo” y en el que describe que “lo tira por las escaleras”. Este menor, de la misma edad que la víctima, le dijo “porque me da la gana”, insultándole de nuevo diciéndole “gordo”. Después de estas palabras, se produjo la agresión, de la que hay un parte de lesiones del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En la denuncia ante la Guardia Civil, el menor aseguró que ha tenido más problemas con el otro niño denunciado desde hace “diez años, como agresiones, insultos y acoso”, produciéndose principalmente en el centro educativo.

La provincia de Córdoba mantiene un perfil singular dentro de la justicia juvenil andaluza: menos jóvenes ante los tribunales, pero más precoces. Los datos del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIA-A), publicado hace apenas unos días, reflejan que, en 2024, la provincia redujo su peso en casi todos los indicadores judiciales juveniles, aunque sigue concentrando el mayor porcentaje de menores de 14 años condenados en la comunidad.

En comparación con 2023, en 2024, la provincia cordobesa ha visto caer sus tasas de jóvenes de entre 14 y 17 años enjuiciados y condenados. Los enjuiciados han pasado del 6,8% al 6,3% del total andaluz, y los condenados, del 8,5% al 7,0%. Es decir, el año pasado, de los 2.487 menores condenados de estas edades, 174 fueron de Córdoba. En términos de tasa, la provincia ha registrado 5,06 jóvenes condenados por cada 1.000 chicos y chicas de entre 14 y 17 años, frente a los 5,54 del año anterior.

Esta tendencia confirma una reducción sostenida desde 2013, con un descenso superior al 40% en el número de jóvenes condenados en la última década, una de las caídas más pronunciadas de Andalucía junto con Jaén y Huelva.

El dato más llamativo está en la edad. Córdoba vuelve a ser la provincia andaluza con el porcentaje mayor de menores de 14 años condenados. En 2024, el 24,1% de los jóvenes condenados tenía esa edad, frente al 28,3% del año anterior. Granada es la segunda provincia con valores similares (22,5%), y Cádiz, la tercera, con el 21,3%, mientras que el resto se mantiene por debajo del 20%. El otro grupo con más peso en Córdoba son los jóvenes de 17 años, que suponen el 28,2% de los condenados, solo superados por Huelva (28,9%). Este dato también es importante por el aumento experimentado dado que, el año pasado, el porcentaje de condenados con 17 años en Córdoba era del, 22,5%.

Caída de los delitos sexuales entre jóvenes

Uno de los descensos más notables de este último Observatorio se registra en el ámbito de los delitos sexuales. En 2023 en Córdoba se condenaron a nueve jóvenes -de los 82 en Andalucía- frente a los cinco de 2024 -de 99 en toda la Comunidad Autónoma-, lo que supone una reducción del 44,4%. En este tipo de delitos, el peso de Córdoba también ha caído en el conjunto andaluz: las condenas por delitos sexuales han bajado del 11,0% al 5,1%, y los delitos registrados, del 10,4% al 7,0%. Las medidas judiciales por este tipo de delitos han pasado del 13,0% al 5,4% del total andaluz.

Menos infracciones y medidas judiciales

Por otro lado, la tasa de infracciones penales cometidas por menores de 14 a 17 años también ha descendido en Córdoba durante 2024, pasando de 10,85 a 9,97 por cada 1.000 jóvenes. Asimismo, el total de infracciones ha bajado del 10,1% al 8,5%. El mismo patrón se repite en las medidas judiciales impuestas: la provincia ha pasado de concentrar el 11,0% del total andaluz en 2023 al 8,7% en 2024.

Por último, la libertad vigilada continúa siendo la sanción más aplicada (96 casos), mientras que la prestación en beneficio de la comunidad (58) ha ganado protagonismo, sustituyendo a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima (36).

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Menores número 1 que condenó al autor del crimen de Álex Ortega a ocho años de internamiento en un centro cerrado por homicidio doloso. La resolución judicial desestima en su totalidad el recurso presentado por la defensa, que solicitaba una rebaja de la pena y la revisión de varios aspectos de la calificación de los hechos. La acusación ha sido ejercida por el decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Arias.

Fuentes judiciales confirman que la Audiencia considera ajustada la sentencia dictada en primera instancia, tanto en la valoración de las pruebas como en la calificación penal. El tribunal subraya que la agresión, ocurrida en febrero de 2025 en el entorno del Arenal, se produjo con clara intención de causar daño, sin que existieran elementos que permitieran modificar la calificación de homicidio doloso ni atenuar la responsabilidad del acusado.

El fallo original, hecho público el pasado mes de septiembre, establecía que el joven debía cumplir ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cinco años de libertad vigilada, además de indemnizar a la familia de la víctima. Durante el juicio, el magistrado de Menores consideró probado que el acusado, entonces menor de edad, asestó una puñalada mortal a Álex Ortega durante una pelea, sin que mediara legítima defensa ni provocación suficiente.

La defensa del joven recurrió la sentencia al entender que no se había valorado adecuadamente el contexto del enfrentamiento y que existían errores en la apreciación de la prueba testifical. Sin embargo, la Audiencia Provincial concluye que el juzgado actuó con plena corrección jurídica y que el relato de hechos probados se sostiene en una base sólida de pruebas directas y periciales, descartando cualquier vulneración de derechos fundamentales.

Los hechos

El crimen tuvo lugar la noche del 1 de febrero de 2025 en el recinto ferial El Arenal de Córdoba, donde el ahora condenado, de 16 años, apuñaló mortalmente a Alejandro Ortega Romero, también de 16 años. Según los hechos probados, el procesado sustrajo una botella de whisky valorada en cinco euros propiedad de Alejandro. Cuando la víctima, de manera tranquila, le pidió que se la devolviera, el condenado se giró súbitamente y le asestó una puñalada con una navaja de grandes dimensiones (con una hoja de al menos 3 centrímetros de anchura y 14 de longitud) en la región abdominal derecha, afectando gravemente el hígado, el pedículo hepático y la vena cava inferior.

El ataque fue descrito como totalmente súbito e inesperado, eliminando cualquier posibilidad de defensa por parte de Alejandro, lo que fundamenta la calificación de alevosía. Alejandro fue auxiliado por sus amigos y trasladado a urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, pero falleció a las 0:15 del 2 de febrero de 2025 debido a una hemorragia masiva.

En el momento de los hechos, el menor procesado estaba bajo la tutela legal de la Junta de Andalucía desde noviembre de 2022 y había abandonado voluntariamente un centro de protección de menores en diciembre de 2024, existiendo una orden de búsqueda activa desde enero de 2025. Durante el proceso, manifestó haber consumido drogas desde los 10 u 11 años, y el día del crimen había consumido cocaína. Aunque se le diagnosticó un trastorno de conducta y rasgos acusados de personalidad psicopática, los informes forenses concluyeron que esto no influyó en su capacidad de conocimiento o actuación. No obstante, se aplicó una atenuante analógica por su grave adicción a sustancias, lo que permitió la imposición de una medida de internamiento terapéutico.

El tribunal destacó la actitud del acusado, quien durante todo el procedimiento no mostró arrepentimiento, pesar o tristeza por lo ocurrido, ni empatía con los familiares de la víctima. Su intervención en sede policial y fiscalía, así como en el juicio, se limitó a mencionar el consumo de drogas y achacar su situación a su madre, sin negar los hechos ni ofrecer una versión alternativa. El abogado que ha ejercido la acusación ha sido Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 100.000 euros para cada progenitor, y 30.000 euros para cada uno de los dos hermanos menores de la víctima. Esta cuantía, que suma un total de 260.000 euros, se determinó aplicando de forma orientativa el baremo de accidentes de tráfico de 2025, pero elevando las cantidades debido al carácter doloso del delito y el incalculable daño causado.

La menor de 15 años que se encontraba desaparecida en Hinojosa del Duque (Córdoba) desde este viernes ha sido localizada, se encuentra en buen estado y ha sido ingresada en un centro tutelado, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El Instituto Armado había iniciado la búsqueda de la joven después de que la familia hubiera interpuesto una denuncia en la mañana de este viernes 24 de octubre. Además, el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque difundió un mensaje en redes sociales sobre el suceso, ofreciendo los datos personales de la chica y solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

La Guardia Civil inició una investigación por la desaparición y estableció un dispositivo de búsqueda por los alrededores del municipio, con patrullas de agentes y la posibilidad de utilizar drones.

La Asociación Paz y Bien ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización en Córdoba para ampliar el número de familias colaboradoras que acompañen a menores en situación de tutela, siendo una veintena de niños los que podrían llegar a beneficiarse de dicho acompañamiento.

Según informa la entidad en su web, consultada por Europa Press, su misión es “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, mayores grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación internacional”, todo ello teniendo “siempre como principio y fin a las personas receptoras” de sus servicios “y a sus familias”.

En este contexto, Paz y Bien, que tiene como objetivo “acompañar a las personas en su ciclo vital, acometiendo el futuro con proyectos de mejora continua para alcanzar las máximas cotas de autonomía e inclusión social”, ha señalado que la campaña de sensibilización para ampliar las familias colaboradoras, que forma parte del programa Faco, ofrece a niños y adolescentes que viven en centros de protección la oportunidad de “compartir momentos significativos con familias que les aporten afecto, estabilidad y referentes externos positivos”.

La asociación ha detallado que en la provincia de Córdoba, “el sistema de protección cuenta con nueve centros de menores: ocho en la capital y uno en la provincia” y actualmente son “21 menores de entre once y 17 años susceptibles de integrarse en el programa de familias colaboradoras”. Además, “cuatro de ellos presentan discapacidad”.

Desde que se inició el programa en Córdoba en 2020, Paz y Bien ha acompañado a un total de 37 familias, que han abierto sus hogares durante fines de semana, vacaciones y otros momentos clave del año. Esta forma de colaboración permite que los menores disfruten de entornos afectivos más personalizados, sin perder el vínculo con su centro de referencia.

La entidad señalado que “no se trata de adopciones ni acogidas permanentes, sino de una forma flexible de acompañamiento que complementa la labor educativa y asistencial que se realiza desde los centros”. Además, invita a las familias cordobesas a implicarse en esta experiencia “transformadora y solidaria”.

Con esta campaña, Paz y Bien reafirma su “compromiso con la infancia y la adolescencia más vulnerable, promoviendo entornos de cuidado que complementen el trabajo de los centros de protección y fortalezcan los vínculos afectivos que toda persona necesita para crecer en plenitud”. Además, la entidad ofrece el acompañamiento constante a las familias participantes a través de las profesionales del programa, con formación permanente durante todo el proceso que dura la colaboración.

La Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suscrito sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Valsequillo y El Carpio, para la ejecución de medidas judiciales en régimen de medio abierto impuestas a menores infractores.

Estos acuerdos permitirán que “los jóvenes que hayan cometido delitos leves puedan cumplir las medidas impuestas por el Juzgado de Menores, como prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o actividades reparadoras, dentro de su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a Córdoba capital”.

Así lo ha destacado la delegada territorial, Raquel López, quien ha explicado que con estos convenios “buscamos que las medidas judiciales tengan un verdadero sentido educativo y social, favoreciendo que los menores aprendan y reconduzcan su actitud en su entorno más cercano”.

López ha añadido que “estos acuerdos permiten que puedan cumplir las medidas ayudando a sus vecinos, colaborando en servicios municipales o apoyando a personas mayores, lo que contribuye a su reinserción y evita que vuelvan a delinquir”.

Los convenios, con una duración inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establecen las obligaciones de ambas partes. La Delegación de Justicia programará y hará el seguimiento de las medidas en coordinación con los ayuntamientos, además de asumir la cobertura de la responsabilidad civil y los seguros correspondientes. Por su parte, los consistorios elaborarán un catálogo de tareas y facilitarán los medios necesarios para su ejecución.

La delegada ha incidido en que “es una iniciativa beneficiosa para todas las partes”, ya que “facilita el cumplimiento de las medidas al menor en su propio municipio, mejora la coordinación entre administraciones y permite que la comunidad también se vea favorecida por las tareas sociales realizadas”.

Con la firma de estos acuerdos, en este caso por parte de la alcaldesa de Valsequillo, Ana María Sánchez, y la alcaldesa accidental de El Carpio, Vanessa Martín, la Junta de Andalucía continúa ampliando la red de colaboración con los ayuntamientos cordobeses para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y con la finalidad última de fomentar la reinserción y la educación en valores.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba se ha concentrado este martesa las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para denunciar la violencia en los centros de protección de menores y de reforma juvenil, que “no es un grito aislado, sino el eco de un sistema fracturado. Un sistema donde la congelación salarial, la privatización y el desgaste de las plantillas han creado un caldo de cultivo que nos expone, día tras días, a la vulnerabilidad y al riesgo físico”, señaló el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra.

Según los datos de CCOO de Andalucía, el 80% de los aproximadamente 5.000 profesionales de los centros de protección de menores y de reforma juvenil de la comunidad ha sufrido alguna agresión física o verbal, aunque solo el 6% lo denuncia. En el caso de las educadoras, un 3% ha sufrido agresiones de tipo físico con tocamientos y un 18% ha sufrido comentarios de índole sexual.

Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha convocado concentraciones en todas las provincias andaluzas para exigir al Gobierno andaluza medidas inmediatas que pasan por un refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo y reconocimiento del plus de peligrosidad para los y las profesionales. “Las agresiones verbales y físicas no son casos aislados, sino que se dan con bastante asiduidad, ya que se trata de menores que están muy dañados a nivel emocional y hay momentos de alta conflictividad”, afirmó Guerra.

De hecho, CCOO señala que en los últimos meses, en los 220 centros existentes en Andalucía se han registrado siete agresiones físicas graves que han supuesto hospitalizaciones, fractura y bajas de larga duración, por no hablar de los efectos psicológicos que tiene para los trabajadores y trabajadoras.

“Estamos ante un servicio público esencial cuyo modelo de gestión privatizado no es efectivo”, dijo el responsable sindical, quien apunta que “el Gobierno andaluz no está fiscalizando porque existe un observatorio de justicia juvenil que estudia la reincidencia, pero no los agresiones de los trabajadores y trabajadoras”.

CCOO exige nuevo pliego de contratación que contemple el refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo, la implantación de un plus de peligrosidad autonómico y garantizar la seguridad laboral y reconocimiento de autoridad para estas y estos profesionales. “Este modelo de gestión privatizado de un servicio esencial tiene dos víctimas, por un lado, sus trabajadores y trabajadoras, que desempeñan sus funciones en condiciones cada vez más inseguras y con dificultades; y por otro los y las menores que no reciben la atención ni la estabilidad y recursos que necesitan por parte del Gobierno de Andalucía”, asegura el responsable de Enseñanza.

Por ello, el sindicato ha exigido una revisión urgente del modelo de privatización del Gobierno andaluz para estos centros exigiendo que prime la calidad por encima del precio. “Situaciones como las vividas en Badajoz con resultado de muerte o en Huelva, donde una educadora social fue brutalmente agredida se hubiesen podido evitar si hubiese al menos dos profesionales en cada turno”, remarca el responsable.

CCOO ha denunciado igualmente que no hay medidas de seguridad y tampoco existe un protocolo de agresiones. “En estos momentos hay abiertos varios procesos de licitación en distintos centros y no solo no se incrementan las plantillas, sino que están recortando personal”, lamentó Guerra.

Una menor resultó atropellada en la tarde de este martes 7 de octubre en el Campo de la Verdad, en Córdoba capital, por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y que, posteriormente, pudo ser localizado por la Policía Local.

Según ha podido saber este periódico y confirman fuentes oficiales, el suceso tuvo lugar sobre las 18:30 del martes en la calle Arrabal del Sur, cuando un vehículo atropelló a la menor. Testigos de lo ocurrido señalan que era una niña de menos de dos años. El conductor se dio a la fuga tras el atropello, quedando herida la menor.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, que pudo localizar con posterioridad al conductor huido y le practicó el test de alcohol y drogas, dando resultado negativo. Los agentes instruyen diligencias por un delito contra la seguridad vial. La Policía Nacional también acudió a los avisos de los testigos ante los hechos. Hasta el momento se desconocen más detalles del suceso.

Los delegados de Salud y Consumo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella y Diego Copé, respectivamente, han presentado en el CEIP Averroes la campaña de vacunación frente a la gripe correspondiente a la temporada 2025-2026, que, solo en la jornada de inicio de la campaña, ayer martes, ya ha implicado la vacunación de 700 escolares en distintos centros de la provincia.

La iniciativa, fruto de la colaboración entre las consejerías de Salud y de Desarrollo Educativo, tiene como objetivo proteger a los menores de cinco años, embarazadas, puérperas y personal docente, además de otros grupos de riesgo que progresivamente se irán incorporando al calendario de vacunación.

En este primer tramo de la campaña, la vacunación escolar se dirige al alumnado de tres y cuatro años, que recibe la vacuna intranasal en los propios centros educativos, mientras que los niños de entre seis meses y dos años se vacunan en los centros de salud mediante administración inyectable.

La delegada de Salud y Consumo ha subrayado la importancia de contar con la autorización expresa de las familias y ha animado a los padres y madres a solicitar cita en los canales habituales de atención primaria. Botella ha destacado, igualmente, el papel fundamental del personal de enfermería en el desarrollo de estas campañas y ha recordado que el pasado año se alcanzó en el distrito Córdoba una cobertura del 75%, “una de las más altas de Andalucía”. Solo en la jornada de inicio de la campaña, ayer martes, se vacunaron ya 700 escolares en distintos centros de la provincia.

La responsable territorial de Salud ha señalado que la vacunación infantil “contribuye también a proteger a las personas mayores convivientes, reduciendo el riesgo de contagio en el ámbito familiar”, a la vez que ha recordado que “en la pasada campaña se logró una disminución del 70% en las hospitalizaciones por gripe en la población infantil gracias a esta estrategia de inmunización”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y ha subraya que su obligación, “como servidores públicos, es trabajar conjuntamente en beneficio de la sociedad, y este es un clarísimo ejemplo de ello. La coordinación entre las consejerías de Salud y de Desarrollo Educativo demuestra cómo la unión de esfuerzos redunda en la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía”.

Además, ha resaltado el compromiso de la comunidad educativa, pues, “es de justicia reconocer la labor de los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, agradecer la implicación de los equipos directivos y docentes de los colegios de la provincia, que colaboran estrechamente en la organización de esta campaña, con el único fin de proteger a la sociedad. Debemos sentirnos orgullosos de este trabajo conjunto”.

Calendario de la campaña

En esta campaña 2025, desde el 6 de octubre se vacunarán los residentes en centros de mayores y personas con discapacidad, así como profesionales sociosanitarios; desde el 14 de octubre, las personas mayores de 80 años y los grandes dependientes; desde el 20 de octubre, los mayores de 70 años y los menores de más de cinco años; desde el 27 de octubre, los mayores de 60 años y los profesionales de servicios esenciales y, desde el 12 de noviembre se vacunará sin cita todos los miércoles.

La Junta de Andalucía ha destinado más de 23 millones de euros a esta campaña, con la previsión de inmunizar a alrededor de 1,69 millones de andaluces. Además, se mantiene la administración conjunta de las vacunas frente a la gripe y el Covid-19 en los grupos de riesgo, conforme a los protocolos vigentes.

La delegada de Salud y Consumo ha resaltado que “la vacunación es una de las medidas más eficaces para reducir complicaciones y hospitalizaciones por infecciones respiratorias”, y ha animado a la población a participar activamente en la campaña para contribuir a la mejora de la salud colectiva.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba organiza las I Olimpiadas Intergeneracionales de Córdoba, una iniciativa que pretende fomentar relaciones entre personas de diferentes edades en la ciudad. Ya está abierta la inscripción de los equipos a las Olimpiadas, hasta el 18 de septiembre o hasta completar las plazas disponibles. Y la primera prueba será el 20 de septiembre, en el Jardín Botánico de la capital, en horario de mañana.

Según informan desde la plataforma, las pruebas se presentarán como una competición amistosa entre equipos compuestos por personas de todas las edades, desde la infancia hasta personas mayores de Córdoba.

Cada equipo deberá superar una serie de pruebas que se desarrollarán tanto en un evento inicial presencial, que será el grueso de la competición, como en su día a día, mediante retos accesibles, creativos y adaptados a las capacidades de todas las personas participantes, buscando la unión del grupo y el fomento de la realización de actividades intergeneracionales.

Se pueden consultar las bases de participación y la inscripción de equipos en la web de la entidad.

En concreto, esta actividad forma parte del proyecto 'Entre Jóvenes y Sabias', financiado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que busca fortalecer la cohesión social, combatir la soledad no deseada, derribar barreras generacionales y fomentar una ciudad más participativa, solidaria y humana.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba desarrolla acciones con personas mayores de 65 años desde el año 2023, cuando desarrolló un proyecto centrado en el impulso del voluntariado en personas de estas edades, y que sigue vigente hasta la actualidad, con el objetivo de que las personas que se incorporen al mismo sean parte activa de la transformación del entorno, a través del voluntariado, así como se fomenten relaciones interpersonales que contribuyan a prevenir la soledad no deseada.

Un total de 73 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía en Córdoba para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año, casi un 16% más que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, se ha acogido a 49 menores que acompañan a sus madres. De esta manera, entre enero y junio se ha atendido a 122 personas, que suponen el 10% del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Córdoba, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado que servicio supone “un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”. A este respecto, ha señalado que “la violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas”.

Loles López ha explicado que “el servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico”. En este punto, ha recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijas e hijos y, por ello, ha resaltado, “el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible”.

Así, estos recursos han acogido hasta junio en Córdoba a 122 personas, 73 mujeres y 49 menores. El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 86 personas (52 mujeres y 34 menores) y la casa de acogida ha albergado a 36 víctimas de violencia de género (21 mujeres y 15 hijas e hijos). En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan. Este recurso garantiza la atención de las mujeres y sus hijos e hijas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de género prestando acogimiento temporal en centros residenciales en los que se procura su recuperación integral mediante una intervención multidisciplinar que incluye acciones en los ámbitos educativo, social, psicológico y jurídico.

Esta amplia red, que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas y medio millar de plazas, permite que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. El servicio se sustenta en tres niveles de atención: los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las víctimas, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas, durante 365 días. Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida y una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia.

Y, finalmente, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres y a los menores que las acompañen cuando puedan vivir de forma independiente.