La Policía Nacional en Córdoba, con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, ha puesto en marcha una iniciativa preventiva de seguridad, consistente en el reparto gratuito de pulseras identificativas para menores. El objetivo es facilitar la localización inmediata de las familias en caso de que algún menor se pierda o se desoriente en el recinto ferial durante los días de celebración.

La Feria de Córdoba es uno de los eventos festivos con mayor afluencia de público de la provincia, que concentra a miles de personas, creando un contexto en el que la posibilidad de que un menor se pierda, aunque sea de forma momentánea, puede generar una situación de elevada tensión tanto para el o la menor como para su familia.

Con el fin de agilizar al máximo el reencuentro con la familia o persona responsable, la Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, unas pulseras identificativas en las que los progenitores, tutores o acompañantes adultos pueden anotar un número de teléfono y persona de contacto. De este modo, cualquier Policía o ciudadano que localice a un menor solo o desorientado podrá consultar la pulsera y contactar de inmediato con su familia, evitando traslados innecesarios y reduciendo al máximo el tiempo de reencuentro.

Puntos de recogida de la pulsera

Desde hoy miércoles y hasta el viernes 29 de mayo, las pulseras pueden recogerse en la Comisaría Provincial de Policía Nacional situada en la Plaza de la Policía Nacional en horario de atención al ciudadano.

Durante la Feria, también podrán recogerse en la Oficina de Denuncias Conjunta de Policía Nacional y Policía Local, situada en la zona de atracciones del Recinto Ferial, junto a la caseta Municipal.

Además, los agentes de la Policía Nacional que patrullarán por el recinto ferial en vehículo policial dispondrán de estas pulseras, pudiendo solicitárselas a los mismos.

Recomendaciones de seguridad para acudir a la Feria con menores

Si acudimos a la Feria con menores de edad, la Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para disfrutar de la Feria con mayor seguridad:

La Policía Nacional recuerda que la seguridad en los grandes eventos es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía. La colaboración de todos contribuye a que la Feria de Córdoba sea un espacio de disfrute, convivencia y seguridad para familias, visitantes y vecinos de la provincia.

Un vigilante de seguridad de Córdoba recibirá un indemnización de 26.000 euros después de sufrió un puñetazo de un joven que se encontraba interno en el centro de menores donde la víctima desempeñaba su trabajo. La plaza número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de la capital condenó al adolescente por la agresión y estableció una indemnización de 12.000 euros, pero la Audiencia Provincial dio la razón a la víctimay solicitó un acuerdo para que dicha indemnización se ajustara a las lesiones y al tiempo que el vigilante estuvo incapacitado. Ahora, un acuerdo entre las partes ha elevado a 26.000 euros esa cantidad.

Según ha podido conocer este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 14:15 del 28 de noviembre de 2023. El agresor, que por entonces tenía 17 años, estaba interno en el módulo de Salud Mental del centro. En un momento dado, comenzó a mostrarse agitado e intentó abandonar la zona común dodne se encontraba, desobedeciendo a los educadores. En medio de la tensión, el menor llegó a armarse con un cepillo de limpieza, por lo que el vigilante intervino con la intención de calmarlo.

Aunque el menor hizo ademán de entregarle el cepillo, de forma “sorpresiva” le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que impactó en la parte superior del tabique nasal. Ante la gran agresividad del interno, el trabajador tuvo que reducirlo para protegerse a sí mismo y al resto de personas presentes. Las consecuencias para el vigilante fueron graves y prolongadas en el tiempo. El golpe le causó un traumatismo facial con heridas que le han dejado una cicatriz de seis centímetros desde la raíz de la nariz hasta la ceja izquierda.

Sin embargo, la lesión más preocupante fue la del ojo izquierdo. El puñetazo provocó el desplazamiento de una lente intraocular que el trabajador ya tenía implantada por una operación previa de cataratas, provocando la pérdida gradual del ojo. No fue hasta el 31 de marzo de 2025 -casi un año y medio después del ataque- cuando el vigilante se sometió a una operación por la cual consiguió restablecer su visión. El trabajador recibió el alta y ha vuelto a ejercer su profesión en otro lugar.

Por estos hechos, el juzgado de Menores condenó al joven por un delito de lesiones y le impuso una medida de 12 meses de internamiento en un centro terapéutico, aunque la ejecución ha quedado en suspenso a condición de que cumpla satisfactoriamente ocho meses de libertad vigilada y continúe con un tratamiento ambulatorio de salud mental.

En cuanto a la indemnización, la aseguradora del centro ha sido la encargada de abonar 14.000 euros después de los 12.000 que ya consignó al inicio del procedimiento.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha anulado la resolución del Juzgado de Menores número 1 del pasado mes de octubre que absolvía a tres menores implicados en una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. El tribunal ha fallado que la absolución carece de lógica y vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de Montoro y, posteriormente, al Hospital Reina Sofía.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la agresión se produjo sobre las 3:00 del 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. Cuando los procesados y la pareja iban andando por la calle, se produjo un “malentendido al creer los denunciantes que los menores se estaban refiriendo peyorativamente a su orientación sexual”. En ese contexto, se inició una discusión en la que uno de los menores agredió a una de las víctimas con un “puñetazo” y a otra, con “patadas y puñetazos”, además de propinarle un “escupitajo”.

A pesar de que el juez de Menores reconoció que durante la pelea se profirieron insultos como “chupapollas o maricones”, en su falló concluyó que “no se ha acreditado que el motivo de la pelea fuera debido a la condición sexual”, dejando dichas expresiones como algo secundario ocurrido “durante el transcurso de la pelea”. En consecuencia, absolvió a los tres menores del delito de odio, argumentando que no se había acreditado que la condición sexual fuera el motivo de la pelea, relegando los insultos homófobos a un segundo plano ocurrido “durante el transcurso” de la riña. Además, a dos de ellos los absolvió de un delito de lesiones, considerándolos meros mediadores que intentaron separar a la pareja del otro procesado, que sí fue condenado por dos delitos leves de lesiones a 50 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Contra esta sentencia, las víctimas interpusieron un recurso ante la Audiencia al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y la Sala ha dado la razón a la pareja. Para el tribunal, el fallo de Menores “se descalifica por sí mismo” y se aparta de las máximas de la experiencia. En esa línea, la Sala ha calificado de “inverosímil” la tesis de una “agresión unilateral en el contexto de una discusión extremadamente tensa” donde se obvió que los adultos resultaron heridos en un acometimiento de menores, a pesar de la diferencia de edad y complexión. Además, la Sala ha criticado que el juez de Menores aceptara la existencia de un “malentendido” sin explicar la razón por la que descartó que la disputa tuviera su origen en el menosprecio a la orientación sexual.

En ese sentido, el tribunal continúa argumentado que es “improbable” que una pareja que mantiene una relación afectiva y muestra “manifestaciones externas de cariño” confunda insultos como “maricones” o “chupapollas” con una conversación ajena, subrayando que la sentencia original no mencionó “cuál fue el contenido real de esa conversación malentendida”. Además, la Audiencia afea al juez que guardara un “absoluto silencio” sobre por qué dio más valor a la retractación de uno de los menores durante el juicio que a lo que él mismo “sostuvo ante el fiscal instructor”, donde sí admitía los insultos.

Por todo ello, y aunque los magistrados insisten en que existe el principio in dubio pro reo, este no puede anular el derecho a la “tutela judicial efectiva” de las víctimas. Al concluir que el juez de Menores valoró la prueba de forma “insuficiente”, la Audiencia ha determinado que es “imprescindible” que la dicte otro juzgador. Por ello, ha revocado el fallo y anulado el juicio, devolviendo las actuaciones para que se celebre una nueva vista.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suspendido de empleo y sueldo de manera cautelar a la maestra de un colegio público de la capital cordobesa a la que se investiga por un supuesto maltrato a 18 alumnos de Educación Infantil.

Así lo ha confirmado a preguntas de los medios en Vícar (Almería) la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, quien ha explicado que la decisión se ha adoptado a propuesta del servicio de inspección educativa de Córdoba tras estudiar el caso.

Castillo ha detallado que la decisión llega tras la intervención de la autoridad judicial, si bien ha afirmado que la Junta tuvo cierto conocimiento previo de los hechos “por las familias” de los menores supuestamente involucrados en los maltratos.

Fue la Policía Nacional la que detuvo el pasado 12 de marzo a la maestra, acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años de edad, de un colegio público de la capital cordobesa, tras ser denunciada por las familias de los menores, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos.

El Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que es el que se ha hecho cargo del caso.

Hace seis años que Marta (nombre ficticio) se sentó con Cordópolis para contar su historia -gigante e incansable-, que no era otra que la de intentar que su hijo tuviera un presente y un futuro dignos. En aquel momento, Jesús (nombre ficticio) tenía 11 años y ella batallaba por un cuidado equitativo del menor entre ella y su expareja tras divorciarse. El menor sufre autismo severo con hiperactividad, discapacidad intelectual grave y problemas conductuales. Por aquel entonces, su madre temía que ingresara en una residencia; una profecía que se ha acabado cumpliendo pero en unas condiciones aún peores.

Desde el pasado mes de febrero, este menor -actualmente tiene 17 años- está ingresado en la residencia de mayores que Prode tiene en Pozoblanco, un recurso al que van personas gravemente afectadas y mayores de 55 años. Convencida de que no es un centro adecuado para él, ha recurrido a todas las vías posibles para que su hijo salga de un lugar en el que, afirma, vive “en una habitación sin puertas” y en un entorno “sin seguridad y sin personal cualificado para tratar a menores y menos, con autismo, y donde tampoco recibe atención educativa directa”.

Para entender la situación hay que retrotraerse a 2021, cuando el menor ingresó en Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, una escuela hogar donde residía y recibía atención íntegra. Según un informe psicosocial del centro, la adaptación de Jesús fue “positiva”, aunque todos los avances seguían dependiendo “de la presencia y la mediación constante de figuras de referencia”. Por ello, durante su estancia allí, el equipo priorizó “la anticipación de acontecimientos, la mediación emocional y la adaptación de las demandas a su nivel de competencia”, lo que contribuyó a “reducir la aparición de respuestas desajustadas y favorecer su integración en la vida cotidiana de la residencia”.

Sin embargo, lo que podía ser una estancia hasta alcanzar la mayoría de edad -para después pasar a los programas de transición a la vida adulta- se truncó el pasado 11 de diciembre. Pese a que el menor ni siquiera había cumplido los 17 años, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía le notificó que su nueva plaza estaba en la Residencia de Gravemente Afectados (RGA) de Prode Pozoblanco. Esta modificación de las prestaciones que recibe el menor se produjo tras la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), que se lleva a cabo cuando los demandantes de esta asistencia cumplen 16 años. Fuentes de la Delegación de Inclusión en Córdoba han apuntado que el cambio se ha realizado conforme a la normativa, “ya que, a partir de los 16 años, ya pueden ir a Residencias de Gravemente Afectados”. A las preguntas de si realmente la residencia de adultos de Pozoblanco responde a las necesidades de este chico, estas mismas fuentes enfatizan en que esa es la designación que ha realizado Dependencia. “¿De verdad que no hay más adultos en Córdoba que hubieran necesitado esa plaza y han sacado a mi hijo de un sitio donde estaba perfectamente atendido?”, se pregunta esta madre.

Según relata ella, la propia directora del centro de Pozoblanco le advirtió por teléfono que el lugar no era adecuado para un joven de su edad. Ante ello, Marta y su exmarido visitaron las instalaciones, pudiendo constatar la falta de idoneidad. “Vi que las ventanas se abrían sin problema, y mi hijo no puede estar en un entorno así”. Este medio ha contactado con la entidad pozoalbense, aunque sin éxito.

Tras esta visita, la progenitora remitió un correo a Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra comunicándole que renunciarían a la plaza en Pozoblanco hasta que saliera una vacante disponible en un centro cualificado de autismo. “De forma verbal me dijeron que iban a guardar su plaza hasta ver si el niño se adaptaba en Pozoblanco, pero no ha sido así. Lo que está claro es que alguien, el centro o Dependencia, canceló la plaza de Jesús sin que nos dijeran nada”, asegura la madre. Desde la Junta apuntan que la reserva de plaza a la espera de una posible adaptación “no se puede hacer” y que, en el momento en que el usuario abandona el centro, dicha plaza se libera para otro demandante. Cordópolis también ha contactado en varias ocasiones con Ciudad San Juan de Dios, pero no ha obtenido declaración alguna.

“Confinado” en la habitación durante las lluvias de febrero

Una vez que el menor salió del centro sevillano, Marta no tuvo más remedio que ingresarlo en esta residencia de Pozoblanco. El primer día, recuerda, “fue horrible”, así como la primera semana, “ya que, por las lluvias, estuvo en su habitación únicamente”. Una estancia que no tiene puertas y en la que hace sus comidas, afirma la madre, “evitando así que entre en contacto con personas mayores que están muy mal”.

“En un primer momento le pusieron una mesa en el salón con el resto de internos, pero al final está comiendo en el cuarto porque la situación debe ser insoportable para mi hijo, que ha desarrollado un rechazo absoluto a la comida y vive bajo una ansiedad constante que le lleva a pedir agua compulsivamente”, afirma. Para evitar que Jesús esté el mayor tiempo posible en el centro, su madre lo recoge los fines de semana y se lo lleva a casa, pese a la complejidad que supone la estancia del menor en la vivienda.

Sin asistencia educativa en el centro y con traslados agotadores

A diferencia de en Ciudad San Juan de Dios, donde la atención era integral, en esta residencia de adultos, Jesús no tenía inicialmente de asistencia educativa. Para subsanar esta carencia, la madre tuvo que movilizarse para que el menor fuera aceptado en el centro Futuro Singular de Peñarroya. Esto ha derivado en otra “burrada” logística: el joven debe realizar trayectos diarios de casi una hora de ida y otra de vuelta en autobús, levantándose muy temprano, lo que agrava su estado de agotamiento. Tal y como detalla la madre, su hijo todavía no ha conseguido adaptarse al aula, por lo que recibe atención educativa de forma particular y, los días en los que come en este centro, también lo hace sin compañía de otros usuarios.

La desesperación de Marta la ha llevado a pedir auxilio al fiscal delegado de la protección de mayores y personas con discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, quien trasladó el caso a la Delegación de Inclusión de la Junta de Andalucía. Esta instancia, a su vez, le ha comunicado a Marta que su hijo deberá quedarse en ese centro hasta que haya una plaza en otro disponible. “¿Mi hijo es el que tiene que cambiar el sistema? ¿Tiene que estar en un sitio que no está adaptado? Y, ¿hasta cuándo? Hay centros para él en otras provincias de Andalucía”. Además de a esta instancia, Marta también ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz.

La Unidad de Salud Mental del Reina Sofía considera “absolutamente inadecuado” el centro

Mientras tanto, la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía ha emitido un informe suscribiendo que el recurso de Prode es “absolutamente inadecuado” para este joven, quien tiene “graves problemas de conducta con comportamientos agresivos hacia otras personas y su entorno, autolesiones y conductas de riesgo hacia sí mismo”.

El psiquiatra y coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del hospital -Rafael de Burgos-, que es quien firma el informe, insiste, además, en que los cuidados y las actividades de la residencia de Pozoblanco están dirigidos, “lógicamente”, a sus usuarios, personas mayores de 55 años, y no a casos como el de Jesús. Por todo ello, desde esta unidad se ha solicitado que, a la mayor brevedad posible, el menor sea trasladado a otro centro adecuado para su edad y con experiencia en la atención a niños con autismo, discapacidad intelectual y trastornos de conducta.

Desde la Junta emplazan a la madre a solicitar una plaza de urgencia para lograr el cambio de centro. Mientras tanto, la única alternativa para Jesús pasa por seguir en esta residencia de adultos ante la dificultad que supone poder estar en su casa, con su madre.

La poeta cordobesa María Sotomayor da el salto a la narrativa con Los cauces (Espasa), su primera novela, que llega a las librerías este mes de marzo. Se trata de un texto intenso y profundamente personal en el que aborda el abuso infantil (sufrido por ella misma), la pérdida y los procesos de reconstrucción personal, con la literatura como fuente de sanación.

La obra nace de una experiencia vital marcada por el trauma. Sotomayor sufrió abusos durante su infancia en un entorno familiar, un espacio que debería haber sido seguro y que, sin embargo, no lo fue. Este hecho atraviesa la novela, que explora las huellas invisibles que deja la violencia en la vida adulta.

Según destaca la editorial, Los cauces es “un texto estremecedor” que se adentra en “el impacto duradero del abuso infantil y el complejo camino hacia la sanación”. A través de recuerdos fragmentados, sesiones de terapia y encuentros con otras personas heridas, la protagonista reconstruye su historia en un relato íntimo que va más allá del dolor para abordar también la resistencia y la búsqueda de una voz propia.

La novela, a caballo entre la autoficción y la poesía de la que viene Sotomayor, supone un punto y aparte en la trayectoria de la escritora, más vinculada al ámbito poético. Con un lenguaje cuidado y una mirada profundamente personal, la autora traslada a la narrativa la intensidad emocional que caracteriza su poesía.

De raíces cordobesas, aunque nacida en Madrid en 1982, María Sotomayor es filóloga, poeta y escritora. A lo largo de su carrera ha trabajado como editora y ha estado vinculada al ámbito cultural y artístico. Fue fundadora de la librería La Semillera en Madrid y actualmente impulsa La Romántica en Córdoba.

Como poeta, ha publicado títulos como Estoy gritando, me conocí de esta manera (2013), La paciencia de los árboles (2015, ampliado en 2018), Misericordia (2020), Fiera (2021) y La Furia (2023). En 2016 obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena por Nieve antigua.

El Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Aproni ha emitido un llamamiento urgente ante la necesidad inmediata de encontrar familias acogedoras en las provincias de Sevilla y Córdoba, y explican que, actualmente, varios niños y niñas de entre 0 y 7 años requieren un entorno familiar de forma inmediata para evitar su ingreso en centros de protección.

Desde la entidad destacan que el acogimiento familiar es una medida fundamental para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de los menores en situación de vulnerabilidad. “Si conseguimos encontrar familias acogedoras, podremos evitar que estos niños y niñas tengan que ingresar en centros de protección”, señalan.

La modalidad de acogimiento de urgencia implica una respuesta rápida por parte de las familias, que se comprometen a ofrecer un hogar temporal seguro mientras se resuelve la situación del menor. Este tipo de acogida resulta clave en momentos críticos, cuando los niños necesitan una intervención inmediata. Para ser familia acogedora de urgencia, al menos una de las personas cuidadoras principales deberá tener disponibilidad para atender las necesidades que presente la persona menor. 

Bajo el lema “Seguimos necesitando de forma urgente familias acogedoras”, Aproni insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y hace un llamamiento a la difusión del mensaje. “Compartir esta información puede cambiar vidas”, subrayan.

Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden contactar a través de los teléfonos 900 878 281 y 955 113 678, o mediante el correo electrónico acoge@aproni.org. También es posible realizar consultas a través de mensajes directos en Instagram o Facebook.

Desde la organización recuerdan que ofrecer un hogar, aunque sea de forma temporal, puede marcar una diferencia decisiva en la vida de estos menores.

La Policía Nacional en colaboración con fundaciónSOL lanzan una nueva pieza de concienciación en el marco de la campaña “Somos su Mejor Red”, cuyo propósito es la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de la violencia digital y de impedir su normalización. La iniciativa busca visibilizar una forma de violencia cada vez más presente en el entorno escolar y digital, conocida como Happy Slapping, en un contexto en el que el acceso temprano a redes sociales y dispositivos móviles facilita la grabación y difusión inmediata de contenidos violentos.

El fenómeno del Happy Slapping (“bofetada feliz”), surgió en el Reino Unido en 2005 y, pese a su nombre aparentemente inocente, describe un fenómeno violento que se ha extendido en España durante los últimos años: grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido. La finalidad suele ser ganar popularidad o likes en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

Estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, lo que supone un incremento del 8% respecto a 2022. En este mismo año se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8% más que en 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes.

La Fiscalía alerta también del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Un informe publicado en 2025 por la Fundación ANAR, señala WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales en los que se producen o difunden estas situaciones. Este mismo informe pone de manifiesto también la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2% de los casos de ciberacoso incluye el uso de IA, principalmente para crear imágenes, vídeos o audios falsos de la víctima o para suplantar su identidad.

Por su parte, Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional con más de 28 años de experiencia en labores de seguridad ciudadana, investigación y prevención de la delincuencia añade: “El Happy Slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende las fronteras del mundo físico y real para difundirse de manera masiva en el mundo digital. Debemos fomentar la capacidad crítica y el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías en nuestros adolescentes, para que sean conscientes del alcance que pueden llegar a tener sus acciones y el daño que pueden causar a los demás. No podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros. Los menores, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal, afectando las consecuencias hasta su vida adulta. La violencia no tiene cabida en ningún espacio y, en este sentido, es fundamental el trabajo conjunto entre familias, centros educativos y sociedad para construir entornos más seguros”.

La pieza audiovisual creada por fundaciónSOL aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva, invitando a la reflexión, “Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar”, explica Claudia Caso, directora de fundaciónSOL. “Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia”.

Según el informe Violencia Viral: los 9 tipos de violencia online de Save the Children, el Happy Slapping es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes. En el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying, una problemática en auge, ya que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, tan solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar. La propia Fiscalía advierte que estas cifras reflejan únicamente los casos que llegan al sistema judicial, pudiendo existir una cifra oculta mayor debido a la infradenuncia o a la gestión interna en centros educativos.

Recomendaciones de fundaciónSOL y Policía Nacional

Policía Nacional y fundaciónSOL señalan que la prevención requiere una implicación conjunta de familias, centros educativos y sociedad. A continuación se presentan una serie de recomendaciones para evitar o mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes:

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años de cárcel y seis de libertad vigilada impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija menor de su pareja, según una sentencia hecha pública este martes.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lo consideró responsable de varios delitos de agresión sexual a menor.

De acuerdo con los hechos probados recogidos en la sentencia, por motivos laborales que implicaron el traslado de la progenitora a Badajoz, el acusado convivía habitualmente con la menor y se ocupaba con frecuencia del cuidado de la niña y su hermano.

El auto recoge que los abusos comenzaron en el verano de 2012, cuando el procesado tenía 47 años y la víctima ocho, y relata que el procesado inició las agresiones con tocamientos de carácter sexual y que posteriormente llegó a penetrar a la menor en diversas ocasiones, aprovechando que ambos se encontraban solos en la vivienda familiar, y ocultando presuntamente pruebas de ello para que evitar que la progenitora se enterase. Los abusos sexuales duraron hasta el año 2020, según el testimonio de la víctima.

Ella finalmente se lo contó a la madre en 2021, alentada por su pareja. Con posterioridad, se denunció ante la Guardia Civil. La menor ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar lo ocurrido, indica el auto.

Tras la sentencia condenatoria a doce años de prisión y seis de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel, el procesado apeló. Y ahora, el tribunal considera acreditado que el acusado se aprovechó de la relación de convivencia y de la situación de confianza existente en el entorno familiar para cometer los abusos, que se prolongaron durante años.

Tras analizar los argumentos del recurso, el TSJA concluye que la Audiencia Provincial realizó una correcta valoración de las pruebas practicadas en el juicio y que el testimonio de la víctima resulta coherente, persistente y está corroborado por otros elementos probatorios.

Por todo ello, el alto tribunal andaluz confirma la condena impuesta en primera instancia, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia en la que confirma la pena de 12 meses de prisión para un hombre por no pagar la pensión alimenticia de su hija. La resolución ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Penal número 6, subrayando la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el acusado ya había sido condenado por hechos similares en 2018 y 2020.

Según la sentencia, el padre estaba obligado por una sentencia de 2010 a abonar 220 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hija menor. Sin embargo, el tribunal constató que, desde julio de 2020 hasta julio de 2025, el acusado dejó de satisfacer estas cantidades de manera sistemática.

Aunque realizó algunos ingresos esporádicos de pequeñas cuantías (entre 50 y 200 euros en fechas puntuales), la Sala ha considerado que estos fueron pagos “caprichosos” y, en algunos casos, ni siquiera estaban correctamente destinados a la beneficiaria.

En su recurso de apelación, la defensa del condenado alegó una supuesta situación de precariedad. No obstante, la Audiencia ha rechazado este argumento basándose en el informe de vida laboral del acusado, que demuestra que percibió ingresos suficientes durante el periodo enjuiciado para, al menos, cubrir parcialmente la pensión.

Además, el tribunal ha recordado que en marzo de 2024 se desestimó una solicitud de modificación de medidas instada por el propio apelante, lo que confirma que “no hubo una variación real de sus circunstancias económicas” que justificara el cese de los pagos. Así, para la Audiencia, el acusado no pagó la totalidad de las pensiones simplemente “porque no ha querido”.

Por otro lado, en su recurso, el padre ha alegado dilaciones indebidas, que también han sido rechazadas. El procedimiento ha durado algo más de dos años, “algo más que razonable” para el tribunal, que también ha apuntado que fue el propio progenitor quien lo ha demorado al no comparecer en los primeros llamamientos judiciales y provocar retrasos adicionales durante la tramitación de su solicitud de justicia gratuita, la cual terminó siendo denegada.

Junto a la pena de cárcel, el fallo confirma que el padre deberá indemnizar a la madre de su hija con el importe total de las pensiones adeudadas entre julio de 2020 y julio de 2025.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre por un delito de exhibicionismo y otro leve de maltrato de obra tras unos hechos ocurridos a finales de 2022. El tribunal ha impuesto al acusado una multa de 3.600 euros -3.300 por el primer delito y 300 por el segundo- y una indemnización de 1.00 euros para la víctima, una menor de 12 años.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2022 en una parcela en Córdoba capital durante un pero. Al caer la tarde, los niños presentes se resguardaron del frío en el interior de la vivienda de la finca. Según los hechos probados, mientras la menor se encontraba en el salón agachada cargando su móvil, el acusado salió del baño y le tiró fuertemente de la trenza para obligarla a mirar hacia atrás, mostrándole su pene, que asomaba por fuera de la bragueta.

Tras el incidente, el acusado salió de la vivienda manifestando que “se había equivocado” y pidió perdón a los presentes. La menor, por su parte, salió del inmueble llorando y buscando a su padre, quien corroboró el estado de nerviosismo de su hija.

Durante el juicio, la acusación particular solicitó inicialmente una condena por agresión sexual en grado de tentativa. Sin embargo, el tribunal ha considerado más adecuado el encaje penal de exhibicionismo obsceno ante menores, además de un delito leve de maltrato de obra por el tirón de pelo, que no llegó a causar lesiones a la niña.

En el juicio, la defensa del acusado alegó que el procesado se equivocó de persona, afirmando que su intención era realizar una “broma” a una amiga adulta y que la confundió con la menor. No obstante, el tribunal ha rechazado este argumento, señalando que, según los testigos, la mujer adulta se encontraba fuera de la casa en ese momento y que el acusado debía ser consciente de que en el interior solo estaban los niños.

En la sentencia se han aplicado dos atenuantes analógicas: la de embriaguez, al quedar acreditado que el acusado había consumido alcohol y marihuana durante la jornada; y la de confesión, por haber reconocido implícitamente los hechos al pedir perdón inmediatamente después de su ocurrencia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

La Real Academia Española (RAE) incorporó el pasado 15 de diciembre una nueva definición de “mena” a su diccionario para definir al inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabiliza de él. Una decisión que ha alentado el debate sobre el uso del lenguaje en relación con la infancia migrante y cómo se ha aceptado incluir este término que deshumaniza a los menores y los vincula con delincuencia. Así los sostienen las dos asociaciones que han trabajado con migrantes en Córdoba, como son Córdoba Acoge y Cáritas.

En la nota de prensa que la RAE difundió no apareció la inclusión de esta ampliación del término meno y optó por referirse a conceptos nuevos que pasaban desde ya a formar parte del Diccionario, como microteatro, milenial o turismofobia. Es en un apartado de la página web del Diccionario donde sí se puede ver esta nueva actualización, la versión 28.1. En ese documento, la propia institución reconoce que el término mena se emplea, “a veces, con sentido despectivo”.

Para las entidades sociales que trabajan con menores en Córdoba, el problema no es únicamente la inclusión del término, sino el uso que se ha normalizado en el discurso público y mediático. Desde Córdoba Acoge, entidad que cuenta con un sistema de monitorización de medios de comunicación y del empleo del lenguaje, recuerdan que “mena es un acrónimo; un término técnico utilizado históricamente en el ámbito social y administrativo”, pero denuncian que su uso actual responde a una deriva claramente xenófoba.

“Se ha convertido en una palabra que deshumaniza la dimensión humana de niños, niñas y adolescentes, además en una situación de especial vulnerabilidad”, señalan desde la entidad. Según explican, el acrónimo ha sido transformado en un sustantivo con una carga negativa constante, utilizado casi exclusivamente para asociar a estos menores con delincuencia o conflicto social.

Desde Córdoba Acoge insisten en que la inclusión del término en el diccionario responde a su uso social, pero recuerdan que el lenguaje nunca es neutro. “Que la RAE lo recoja es consecuencia de que se utiliza, pero el significado depende de las connotaciones que se le atribuyan. En este caso, su uso es estigmatizante y desposee de humanidad”. A ello mismo se refirió la semana pasada la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que, pro el mismo motivo, ha criticado la ampliación de este término para referirse a los menores no acompañados.

En una línea similar se expresa Cáritas, que pone el acento en la necesidad de hablar siempre desde la centralidad de la persona, evitando etiquetas que acaban marcando de forma permanente a quienes las reciben. El responsable del programa de Personas en Situación de Sin Hogar de Cáritas, José Luis Rodríguez, subraya que “la sociedad atraviesa un momento en el que existe una tendencia creciente a poner nombres y etiquetas a colectivos muy diversos”.

“Depende de las connotaciones que se le vayan dando a cada realidad, esas etiquetas pueden ser positivas o negativas”, explica Rodríguez. Desde Cáritas, añade, siempre se ha apostado por hablar de personas concretas, con nombre y apellido, y no de categorías abstractas. “Las personas viven una situación concreta, que puede cambiar o no, pero ponerles una etiqueta es algo que luego es muy difícil de eliminar”. Por ello, Cáritas defiende un enfoque basado en el acompañamiento, independientemente de la situación administrativa o social. “Siempre vamos a hablar de acompañar a personas, sea cual sea la realidad que tengan o la situación en la que estén”, concluye.

¿Qué proceso sigue la RAE para incluir nuevos términos?

La actualización del Diccionario es un proceso continuo que no se limita a la incorporación de nuevas palabras, sino que también incluye la revisión, modificación o supresión de artículos y acepciones ya existentes. Cada nueva edición implica identificar términos que han surgido o han adquirido nuevos significados, así como revisar aquellos que ya formaban parte del diccionario para adaptarlos a los cambios en el uso del idioma.

Según informa la RAE en su web, este trabajo se realiza agrupando las palabras según distintos criterios, como el ámbito temático al que pertenecen, sus características gramaticales, su procedencia o el área geográfica en la que se documentan. Además, el Diccionario se actualiza para mantener coherencia con la doctrina lingüística recogida en otras obras académicas, como la Gramática, la Ortografía o el Diccionario de americanismos, publicadas entre una edición y otra.

Para llevar a cabo este proceso, la RAE se apoya en un amplio conjunto de fuentes documentales. Entre ellas se encuentra el Banco de Datos del Español, que reúne cientos de millones de registros de textos históricos y actuales procedentes de todos los países hispanohablantes, así como el fichero histórico de la Academia, con millones de papeletas léxicas y lexicográficas acumuladas a lo largo de su historia. A estas fuentes se suman obras de referencia especializadas, estudios monográficos sobre léxico y la Unidad Interactiva del Diccionario, un canal habilitado para recoger propuestas y sugerencias externas.

Gracias a este sistema de documentación y análisis, los equipos de lexicografía pueden disponer de los datos necesarios para formular propuestas que, tras ser evaluadas por las comisiones académicas, dan lugar a decisiones normativas sobre la inclusión, modificación o eliminación de términos en el diccionario.

Un exempleado de los Cines Axion de Córdoba ha sido absuelto tras ser acusado de un delito leve de lesiones o maltrato contra una menor. Tanto el Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial han confirmado que la supuesta agresión nunca se produjo en base a los registros de las cámaras del recinto.

Los hechos fueron denunciados por la madre de una menor en febrero de este año, adjuntando un parte médico. La Policía Nacional investigó la denuncia, tal y como contó este periódico. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 2 ya en mayo absolvió al acusado.

Según esa primera sentencia, facilitada a este periódico, el 21 de febrero de 2025, tras finalizar la proyección de una película, la menor, de 12 años, y varios amigos permanecieron en la sala, que dejaron —según recoge el fallo— “como una pocilga, llena de restos de palomitas, chucherías, vasos y papeles”.

El trabajador se dirigió entonces a ellos visiblemente irritado, llamándolos “guarros y cochinos” y ordenándoles limpiar. Esa reacción generó “temor y obediencia” entre los niños, según constató el juzgado. Sin embargo, respecto a la acusación de agresión, el fallo fue tajante: el empleado “no empujó a la menor en ningún momento”.

La absolución se sustentó principalmente en la valoración conjunta de las declaraciones y, sobre todo, en el visionado de la grabación de seguridad. La menor había asegurado que fue empujada frente a la pantalla y que cayó al suelo entre ésta y las butacas. Sin embargo, el juzgado calificó la grabación como “contundente” y señaló que “nada de esto ha aparecido en las escenas”. Ante la falta de indicios que respaldaran su relato, se aplicó el principio constitucional de presunción de inocencia.

Confirmación de la inocencia en apelación

La abogada de la denunciante recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba, alegando un error en la valoración de la prueba. No obstante, la Sección Tercera desestimó el recurso mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, asumiendo íntegramente los hechos probados en primera instancia.

El tribunal destacó que la impresión directa del juzgador sobre las declaraciones y la prueba documental —en especial, las imágenes de las cámaras— no podía ser sustituida en segunda instancia. Ratificó además que la grabación no mostraba los hechos denunciados, motivo por el que la absolución resultaba ajustada al derecho a la presunción de inocencia. Contra esta resolución de la Audiencia Provincial no cabe ya ningún recurso.

Por su parte, la defensa del acusado ha anunciado que estudia “iniciar las actuaciones legales correspondientes frente a la denunciante para que se le restituyan sus derechos vulnerados y su dignidad personal y profesional”.

En este sentido, el letrado Enrique Montero Yllescas afirma a este periódico: “Tanto la denuncia como la publicación de la misma en prensa han provocado que mi cliente haya perdido su puesto de trabajo y haya tenido que abandonar la ciudad de Córdoba ante la imposibilidad de conseguir trabajar en lo que le gusta, el cine”.

La Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Menores de Córdoba las diligencias efectuadas con relación a la agresión sufrida por un niño en La Guijarrosa, a manos de otro menor, durante la noche del pasado 31 de octubre.

Según ha podido saber este periódico, la Benemérita ha analizado tanto la denuncia de la familia del menor agredido, las testificales de personas que presenciaron la agresión así como documentación que la Guardia Civil había solicitado al colegio en el que ambos niños se encuentran escolarizados. Hay que recordar que esta agresión estaría vinculado a un caso de acoso escolar. De hecho, el colegio tiene abierto el protocolo antiacoso.

La Fiscalía de Menores analizará ahora las diligencias remitidas y decidirá si procede abrir un procedimiento judicial. Tanto la víctima como el presunto agresor tiene 13 años, por lo tanto, inimputable según el Código Penal actual, ya que la edad mínima para responder penalmente ante la Justicia es de 14 años. En el caso de considerar los hechos constitutivos de delito, el Juzgado de Menores no impondría al menor sanción penal alguna, pero sí se podría adoptar medidas educativas.

En relación con la denuncia presentada, la noche del 31 de octubre, el menor denunciado se colocó delante de la víctima, riéndose, momento en que esta le preguntó por qué en el colegio había escrito un cuento donde le llama “gordo” y en el que describe que “lo tira por las escaleras”. Este menor, de la misma edad que la víctima, le dijo “porque me da la gana”, insultándole de nuevo diciéndole “gordo”. Después de estas palabras, se produjo la agresión, de la que hay un parte de lesiones del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En la denuncia ante la Guardia Civil, el menor aseguró que ha tenido más problemas con el otro niño denunciado desde hace “diez años, como agresiones, insultos y acoso”, produciéndose principalmente en el centro educativo.

La provincia de Córdoba mantiene un perfil singular dentro de la justicia juvenil andaluza: menos jóvenes ante los tribunales, pero más precoces. Los datos del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIA-A), publicado hace apenas unos días, reflejan que, en 2024, la provincia redujo su peso en casi todos los indicadores judiciales juveniles, aunque sigue concentrando el mayor porcentaje de menores de 14 años condenados en la comunidad.

En comparación con 2023, en 2024, la provincia cordobesa ha visto caer sus tasas de jóvenes de entre 14 y 17 años enjuiciados y condenados. Los enjuiciados han pasado del 6,8% al 6,3% del total andaluz, y los condenados, del 8,5% al 7,0%. Es decir, el año pasado, de los 2.487 menores condenados de estas edades, 174 fueron de Córdoba. En términos de tasa, la provincia ha registrado 5,06 jóvenes condenados por cada 1.000 chicos y chicas de entre 14 y 17 años, frente a los 5,54 del año anterior.

Esta tendencia confirma una reducción sostenida desde 2013, con un descenso superior al 40% en el número de jóvenes condenados en la última década, una de las caídas más pronunciadas de Andalucía junto con Jaén y Huelva.

El dato más llamativo está en la edad. Córdoba vuelve a ser la provincia andaluza con el porcentaje mayor de menores de 14 años condenados. En 2024, el 24,1% de los jóvenes condenados tenía esa edad, frente al 28,3% del año anterior. Granada es la segunda provincia con valores similares (22,5%), y Cádiz, la tercera, con el 21,3%, mientras que el resto se mantiene por debajo del 20%. El otro grupo con más peso en Córdoba son los jóvenes de 17 años, que suponen el 28,2% de los condenados, solo superados por Huelva (28,9%). Este dato también es importante por el aumento experimentado dado que, el año pasado, el porcentaje de condenados con 17 años en Córdoba era del, 22,5%.

Caída de los delitos sexuales entre jóvenes

Uno de los descensos más notables de este último Observatorio se registra en el ámbito de los delitos sexuales. En 2023 en Córdoba se condenaron a nueve jóvenes -de los 82 en Andalucía- frente a los cinco de 2024 -de 99 en toda la Comunidad Autónoma-, lo que supone una reducción del 44,4%. En este tipo de delitos, el peso de Córdoba también ha caído en el conjunto andaluz: las condenas por delitos sexuales han bajado del 11,0% al 5,1%, y los delitos registrados, del 10,4% al 7,0%. Las medidas judiciales por este tipo de delitos han pasado del 13,0% al 5,4% del total andaluz.

Menos infracciones y medidas judiciales

Por otro lado, la tasa de infracciones penales cometidas por menores de 14 a 17 años también ha descendido en Córdoba durante 2024, pasando de 10,85 a 9,97 por cada 1.000 jóvenes. Asimismo, el total de infracciones ha bajado del 10,1% al 8,5%. El mismo patrón se repite en las medidas judiciales impuestas: la provincia ha pasado de concentrar el 11,0% del total andaluz en 2023 al 8,7% en 2024.

Por último, la libertad vigilada continúa siendo la sanción más aplicada (96 casos), mientras que la prestación en beneficio de la comunidad (58) ha ganado protagonismo, sustituyendo a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima (36).

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Menores número 1 que condenó al autor del crimen de Álex Ortega a ocho años de internamiento en un centro cerrado por homicidio doloso. La resolución judicial desestima en su totalidad el recurso presentado por la defensa, que solicitaba una rebaja de la pena y la revisión de varios aspectos de la calificación de los hechos. La acusación ha sido ejercida por el decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Arias.

Fuentes judiciales confirman que la Audiencia considera ajustada la sentencia dictada en primera instancia, tanto en la valoración de las pruebas como en la calificación penal. El tribunal subraya que la agresión, ocurrida en febrero de 2025 en el entorno del Arenal, se produjo con clara intención de causar daño, sin que existieran elementos que permitieran modificar la calificación de homicidio doloso ni atenuar la responsabilidad del acusado.

El fallo original, hecho público el pasado mes de septiembre, establecía que el joven debía cumplir ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cinco años de libertad vigilada, además de indemnizar a la familia de la víctima. Durante el juicio, el magistrado de Menores consideró probado que el acusado, entonces menor de edad, asestó una puñalada mortal a Álex Ortega durante una pelea, sin que mediara legítima defensa ni provocación suficiente.

La defensa del joven recurrió la sentencia al entender que no se había valorado adecuadamente el contexto del enfrentamiento y que existían errores en la apreciación de la prueba testifical. Sin embargo, la Audiencia Provincial concluye que el juzgado actuó con plena corrección jurídica y que el relato de hechos probados se sostiene en una base sólida de pruebas directas y periciales, descartando cualquier vulneración de derechos fundamentales.

Los hechos

El crimen tuvo lugar la noche del 1 de febrero de 2025 en el recinto ferial El Arenal de Córdoba, donde el ahora condenado, de 16 años, apuñaló mortalmente a Alejandro Ortega Romero, también de 16 años. Según los hechos probados, el procesado sustrajo una botella de whisky valorada en cinco euros propiedad de Alejandro. Cuando la víctima, de manera tranquila, le pidió que se la devolviera, el condenado se giró súbitamente y le asestó una puñalada con una navaja de grandes dimensiones (con una hoja de al menos 3 centrímetros de anchura y 14 de longitud) en la región abdominal derecha, afectando gravemente el hígado, el pedículo hepático y la vena cava inferior.

El ataque fue descrito como totalmente súbito e inesperado, eliminando cualquier posibilidad de defensa por parte de Alejandro, lo que fundamenta la calificación de alevosía. Alejandro fue auxiliado por sus amigos y trasladado a urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, pero falleció a las 0:15 del 2 de febrero de 2025 debido a una hemorragia masiva.

En el momento de los hechos, el menor procesado estaba bajo la tutela legal de la Junta de Andalucía desde noviembre de 2022 y había abandonado voluntariamente un centro de protección de menores en diciembre de 2024, existiendo una orden de búsqueda activa desde enero de 2025. Durante el proceso, manifestó haber consumido drogas desde los 10 u 11 años, y el día del crimen había consumido cocaína. Aunque se le diagnosticó un trastorno de conducta y rasgos acusados de personalidad psicopática, los informes forenses concluyeron que esto no influyó en su capacidad de conocimiento o actuación. No obstante, se aplicó una atenuante analógica por su grave adicción a sustancias, lo que permitió la imposición de una medida de internamiento terapéutico.

El tribunal destacó la actitud del acusado, quien durante todo el procedimiento no mostró arrepentimiento, pesar o tristeza por lo ocurrido, ni empatía con los familiares de la víctima. Su intervención en sede policial y fiscalía, así como en el juicio, se limitó a mencionar el consumo de drogas y achacar su situación a su madre, sin negar los hechos ni ofrecer una versión alternativa. El abogado que ha ejercido la acusación ha sido Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 100.000 euros para cada progenitor, y 30.000 euros para cada uno de los dos hermanos menores de la víctima. Esta cuantía, que suma un total de 260.000 euros, se determinó aplicando de forma orientativa el baremo de accidentes de tráfico de 2025, pero elevando las cantidades debido al carácter doloso del delito y el incalculable daño causado.

La menor de 15 años que se encontraba desaparecida en Hinojosa del Duque (Córdoba) desde este viernes ha sido localizada, se encuentra en buen estado y ha sido ingresada en un centro tutelado, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El Instituto Armado había iniciado la búsqueda de la joven después de que la familia hubiera interpuesto una denuncia en la mañana de este viernes 24 de octubre. Además, el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque difundió un mensaje en redes sociales sobre el suceso, ofreciendo los datos personales de la chica y solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

La Guardia Civil inició una investigación por la desaparición y estableció un dispositivo de búsqueda por los alrededores del municipio, con patrullas de agentes y la posibilidad de utilizar drones.

La Asociación Paz y Bien ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización en Córdoba para ampliar el número de familias colaboradoras que acompañen a menores en situación de tutela, siendo una veintena de niños los que podrían llegar a beneficiarse de dicho acompañamiento.

Según informa la entidad en su web, consultada por Europa Press, su misión es “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, mayores grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación internacional”, todo ello teniendo “siempre como principio y fin a las personas receptoras” de sus servicios “y a sus familias”.

En este contexto, Paz y Bien, que tiene como objetivo “acompañar a las personas en su ciclo vital, acometiendo el futuro con proyectos de mejora continua para alcanzar las máximas cotas de autonomía e inclusión social”, ha señalado que la campaña de sensibilización para ampliar las familias colaboradoras, que forma parte del programa Faco, ofrece a niños y adolescentes que viven en centros de protección la oportunidad de “compartir momentos significativos con familias que les aporten afecto, estabilidad y referentes externos positivos”.

La asociación ha detallado que en la provincia de Córdoba, “el sistema de protección cuenta con nueve centros de menores: ocho en la capital y uno en la provincia” y actualmente son “21 menores de entre once y 17 años susceptibles de integrarse en el programa de familias colaboradoras”. Además, “cuatro de ellos presentan discapacidad”.

Desde que se inició el programa en Córdoba en 2020, Paz y Bien ha acompañado a un total de 37 familias, que han abierto sus hogares durante fines de semana, vacaciones y otros momentos clave del año. Esta forma de colaboración permite que los menores disfruten de entornos afectivos más personalizados, sin perder el vínculo con su centro de referencia.

La entidad señalado que “no se trata de adopciones ni acogidas permanentes, sino de una forma flexible de acompañamiento que complementa la labor educativa y asistencial que se realiza desde los centros”. Además, invita a las familias cordobesas a implicarse en esta experiencia “transformadora y solidaria”.

Con esta campaña, Paz y Bien reafirma su “compromiso con la infancia y la adolescencia más vulnerable, promoviendo entornos de cuidado que complementen el trabajo de los centros de protección y fortalezcan los vínculos afectivos que toda persona necesita para crecer en plenitud”. Además, la entidad ofrece el acompañamiento constante a las familias participantes a través de las profesionales del programa, con formación permanente durante todo el proceso que dura la colaboración.

La Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suscrito sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Valsequillo y El Carpio, para la ejecución de medidas judiciales en régimen de medio abierto impuestas a menores infractores.

Estos acuerdos permitirán que “los jóvenes que hayan cometido delitos leves puedan cumplir las medidas impuestas por el Juzgado de Menores, como prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o actividades reparadoras, dentro de su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a Córdoba capital”.

Así lo ha destacado la delegada territorial, Raquel López, quien ha explicado que con estos convenios “buscamos que las medidas judiciales tengan un verdadero sentido educativo y social, favoreciendo que los menores aprendan y reconduzcan su actitud en su entorno más cercano”.

López ha añadido que “estos acuerdos permiten que puedan cumplir las medidas ayudando a sus vecinos, colaborando en servicios municipales o apoyando a personas mayores, lo que contribuye a su reinserción y evita que vuelvan a delinquir”.

Los convenios, con una duración inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establecen las obligaciones de ambas partes. La Delegación de Justicia programará y hará el seguimiento de las medidas en coordinación con los ayuntamientos, además de asumir la cobertura de la responsabilidad civil y los seguros correspondientes. Por su parte, los consistorios elaborarán un catálogo de tareas y facilitarán los medios necesarios para su ejecución.

La delegada ha incidido en que “es una iniciativa beneficiosa para todas las partes”, ya que “facilita el cumplimiento de las medidas al menor en su propio municipio, mejora la coordinación entre administraciones y permite que la comunidad también se vea favorecida por las tareas sociales realizadas”.

Con la firma de estos acuerdos, en este caso por parte de la alcaldesa de Valsequillo, Ana María Sánchez, y la alcaldesa accidental de El Carpio, Vanessa Martín, la Junta de Andalucía continúa ampliando la red de colaboración con los ayuntamientos cordobeses para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y con la finalidad última de fomentar la reinserción y la educación en valores.