El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves el proyecto de Reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del municipio, un órgano para fomentar la participación activa de este sector de población en la vida de la capital cordobesa. Esta aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba, con críticas de los grupos de la izquierda a la representatividad y la participación real que se vaya a llevar a cabo y que no se cree el órgano “para cubrir el expediente”. El gobierno municipal ha defendido que el modelo servirá “para escuchar a su infancia”, como “ciudadanos del hoy”.

Según el borrador del reglamento, el Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia del Ayuntamiento de Córdoba es un órgano de participación de estos sectores de la población cordobesa, compuesto por niños, niñas y adolescentes, como espacio específico de participación activa tanto del colectivo infantil como adolescente en la vida del municipio.

Este Consejo Local tiene como finalidad promover la participación de la infancia y la adolescencia del municipio de Córdoba en este órgano de participación ciudadana. Los objetivos pasan por favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba en las actuaciones de la vida municipal, considerando su plena capacidad de opinión y expresión, involucrándolos en la toma de decisiones que les afecten y haciéndolos partícipes de éstas; propiciar el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, así como los deberes de las familias y ciudadanía.

Asimismo, este órgano persigue promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la ciudadanía.

Y también contribuir a la divulgación de los valores democráticos y constitucionales, en especial de la libertad y de la igualdad; y canalizar quejas, sugerencias y recomendaciones de la infancia y adolescencia a la que representan.

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por el presidente que será el alcalde o podrá en la persona concejal a la que se adscriba el Consejo; y habrá hasta 60 vocales, integrados por niños, niñas y adolescentes, que quieran participar en el mismo y que sean democráticamente elegidos: hasta 30 serán niños y niñas que cursen 1º a 6º curso de estudios de Educación Primaria y otros 30 vocales serán adolescentes que cursen los estudios de educación secundaria obligatoria. Habrá también una persona titular de la Secretaría del consejo, funcionaria del Ayuntamiento.

Funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

Según se establece en el reglamento, serán funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia las de promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia; y ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños, niñas y adolescentes y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los problemas específicos de la infancia y de la adolescencia.

También ofrecerá a los menores un cauce de participación institucional, donde se reciban y escuchen todas las demandas, propuestas y quejas que les hagan llegar los niños, niñas y adolescentes a través de sus representantes en el Consejo; promoverá el interés y la participación comunitarios en los aspectos generales de atención a la infancia y adolescencia fomentando el asociacionismo; y propondrá a la Administración Municipal las medidas que considere oportunas para lograr el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad, en especial, la elaboración de planes locales de la infancia y adolescencia.

Finalmente, tendrá las funciones que, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, atribuya a los Consejos Sectoriales y cualquiera otras acciones participativas relacionadas con la infancia y adolescencia tendentes a conseguir una mayor atención y promoción de su bienestar.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado este martes las obras acabadas del nuevo edificio de Consultas Externas del Materno Infantil del Hospital Reina Sofía y ha asegurado que la previsión es que entre en funcionamiento y esté “a pleno rendimiento” antes de que termine el año 2026.

Sanz ha recordado que el nuevo edificio es una demanda desde hace 17 años para el complejo del Hospital Reina Sofía y en sus instalaciones habrá 128 consultas que unificarán las 62 que actualmente existen en el propio hospital, en Los Morales y en el Carlos Castilla del Pino sobre especialidades del niño y la mujer. Así, el nuevo edificio albergará todas las consultas pediátricas de la capital, además del área toco ginecológica y también la unidad de Salud Mental Infanto Juvenil.

Para Sanz, este nuevo edificio conllevará “un profundo cambio en la atención sanitaria a mujeres y niños”, sumándose al complejo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha destacado como un referente a nivel nacional. Las nuevas instalaciones contarán con “espacios más amplios, confortables y humanizados” para la atención a los pacientes. Para el consejero de Sanidad, el resultado de estas obras ofrecen “una infraestructura moderna, confortable, que también reúne criterios de eficiencia energética y sostenibilidad”.

La construcción del nuevo edificio en 10.500 metros cuadrados ha conllevado un presupuesto de más de 24 millones de euros, de los que 21,2 se destinaron a las obras y 2,9 al equipamiento. Precisamente ahora, una vez que han concluido las obras, se lleva a cabo la dotación de mobiliario y equipamiento técnico necesario para este centro.

No obstante, la tercera planta del edificio ya está ocupada por un área no asistencial como es el Servicio de Calidad y Documentación Clínica. Está previsto que entre noviembre y diciembre -según las previsiones de Sanz-, se pongan en marcha de manera paulatina todas las consultas. Y que también se inaugure el área de Formación y Docencia, además de un salón de actos propio.

Listas de espera

Por otra parte, Antonio Sanz, ha asegurado en relación a las listas de espera sanitarias en la comunidad andaluza que la Administración autonómica opera en un “contexto complejo” debido a la huelga de profesionales que “evidentemente tiene consecuencias” en esta materia y de “demanda creciente”.

En atención a medios en su visita al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha concretado que refuerzan su “capacidad asistencial” con el objetivo de “mejorar siempre los tiempos medios de respuesta”, al tiempo de apuntar que apoyan a los profesionales que se acogen a la huelga “en sus reivindicaciones”.

En esta línea, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha abundado en las prioridades de la Junta a este respecto, que “siempre serán la atención a los procesos urgentes, a los procesos oncológicos y a los de mayor complejidad”.

“El objetivo es siempre atender primero a lo que es más urgente y complejo, pero también ordenar cada vez mejor o consolidar cada vez mejor una atención más ordenada y cercana, intentando adaptarnos a la mayor agilidad posible”, ha agregado.

Al hilo, Sanz ha apuntado que trabajan en los plazos que marca el Estado para publicar las listas de espera quirúrgicas “siendo transparentes y ofreciendo toda la información”.

En este sentido, el vicepresidente ha defendido que en los últimos datos ofrecidos por parte del Ministerio, Andalucía dejó de ser la comunidad autónoma que encabezaba el ranking nacional de mayor demora en la consulta con el especialista, sumado a que fue la región española “donde más se reducían las listas de espera”.

“Lógicamente soy prudente hasta que no se den todos los resultados en España y una vez más el Ministerio sea quien ofrezca los datos que nosotros trasladamos siempre”, ha apostillado.

Ángel Parejo (Lucena, 1970) lleva tatuado en su brazo derecho el continente africano. Dentro, la imagen de Mudhat, de los primeros menores que acogió por primera vez -allá por 2012- para intentar que sobreviviera. Ella y su mamá llegaron de Kenia a Córdoba dentro del programa Sana Sana, de la ONG Infancia Solidaria. Desde entonces, este lucentino es el coordinador de la delegación que la asociación tiene en Andalucía. Aunque su trayectoria profesional estaba ligada al sector del mueble, una crisis económica personal en 2009 lo llevó a replantearse sus prioridades y a dedicar su vida a lo que él define como “salvar vidas” de niños que, en sus países de origen, no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir.

A lo largo de estos años, Parejo ha pasado de ser familia de acogida en siete ocasiones a liderar una red de ayuda que ha conseguido firmar convenios con hospitales públicos de referencia en Andalucía, convirtiendo a esta comunidad en la única de España con este tipo de acuerdos para cirugía pediátrica. Su trabajo no se limita a la logística de visados y vuelos; es un compromiso emocional profundo que le ha llevado a enfrentar la crudeza de la enfermedad, el duelo por la pérdida de algunos menores y la incomprensión de ciertos sectores de la sociedad.

Según datos de la organización, desde 2006 y hasta el inicio de este año, Infancia Solidaria ha operado a 700 menores, de los que 166 han sido en Andalucía. De estos casi dos centenares, 60 han llegado a Córdoba, la provincia que ha acogido a más menores. A la espera de cerrar el año, en este 2026 se han operado 23 niños, por lo que la cifra ya alcanza los 723. Con una visión crítica sobre la falta de apoyo institucional y la desinformación que alimenta la polarización social, Parejo defiende en la siguiente entrevista una “geografía del corazón” donde no importan las fronteras ni el origen y desvela los retos, las alegrías y las duras lecciones de humanidad que aprende cuando los menores ingresan.

PREGUNTA (P): En el vídeo mencionabas que “hay gente que no entiende o que no comparte lo que hacemos”. ¿A qué te referías exactamente?

RESPUESTA (R): Es algo que me ha pasado en mi pueblo. Me paró una mujer en la Plaza Nueva. Iba con mi mujer y con unos amigos. Me dice: “Oye, ¿tú eres el chaval que trae a los niños para operarlos y demás?”. Yo le dije que sí, pensando que me iba a decir: “¡Pues mira, qué cosa más bonita!”. Pero va y me dice: “Pues a ver cómo me apañas a mí una cita, porque me tengo que operar la rodilla, y tú no haces nada más que traer un niño, otro y otro de fuera, y yo aquí esperando una operación de rodilla”. Con mucha cortesía le respondí: “Señora, primero que este no es el sitio ni el lugar, ni yo tengo por qué darle explicaciones. Pero es que los médicos cirujanos cardiovasculares que operan a nuestros niños no operan rodillas”. Y es verdad que hay una lista de espera tremenda en cardiología de adultos, por ejemplo, pero en cirugía cardiovascular pediátrica no tienen corazones que operar. ¿Por qué? Porque hoy en día en España, cuando las mujeres están embarazadas, les diagnostican el caso a los bebés e, incluso, los operan dentro del útero. Además, y este dato no es mío, sino de los propios médicos: el 60% de las familias a las que les comunican que su hijo viene con una malformación en el corazón decide abortar, lo cual es algo lícito y cada uno hace lo que quiere. Los pocos que nacen aquí, recién nacidos, les hacen la transposición de vasos o les tapan el agujerito de la comunicación interventricular y salen adelante. En cambio, nosotros traemos casos de niños con 2, 3, 5 o hasta 9 años, donde el corazón ya se ha acostumbrado a trabajar de una manera deficiente y a lo mejor no traen ni arterias pulmonares. Para nuestros cirujanos cardiovasculares, operar estos casos es un reto. Ellos graban todas las intervenciones quirúrgicas y luego, en sus ponencias y reuniones médicas, exponen: “Mirad, hemos sacado adelante este ventrículo único en un niño de 7 años con esta técnica”. A la larga, todo ese aprendizaje es beneficioso para tus nietos, para los míos y para las siguientes generaciones. Eso es lo que la gente no entiende, y yo tampoco tengo por qué ir dándole explicaciones a todo el mundo por la calle.

En Infancia Solidaria somos todos voluntarios

P: ¿Cuántos niños hay ahora mismo en lista de espera?

R: Ahora mismo, 57 niños.

P: ¿Y todos por cardiopatías congénitas?

R: Sí, todos cardiópatas. El país del que nos llegan más solicitudes con diferencia es Venezuela. El sistema sanitario allí está totalmente desmantelado desde hace mucho tiempo. Como ya hemos traído a muchos niños de allí que han vuelto sanos, las propias madres hacen campaña en su país y nos ayudan a coordinar los casos nuevos: les ayudan con el papeleo, las autorizaciones de viaje y las citas en la embajada para los visados. Hemos creado una red de ayuda preciosa gracias a ellas.

P: ¿Consideras que la polarización social que impera desde hace años también la habéis notado en ese rechazo hacia vuestra labor?

R: Sí, por supuesto.

P: ¿Y cómo se ha materializado?

R: Se materializa sobre todo cuando hacemos alguna publicación en redes sociales. Nunca falta el comentario racista, de mal corazón y de mal gusto, quejándose de que estamos utilizando recursos públicos. Yo entiendo que en la mayoría de los casos es por pura desinformación. Pero claro, la desinformación es lo que hace que ese discurso prevalezca y siga adelante. Si la gente se informara de muchísimas cosas, la cosa cambiaría.

P: Sí, pero a día de hoy, quien quiere ser ignorante o estar desinformado es porque quiere, porque hay herramientas de sobra.

R: No, es que a muchos les va muy bien escuchar ese discurso que dice: “Claro, es que los extranjeros vienen a quitarte el trabajo y a quitarte lo tuyo”. Mira, yo tuve que hacer un llamamiento para buscar a alguien que cuidara de mi padre. De 200 mensajes y llamadas que tuve, solo tres eran de españoles. Los demás eran todos de fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se necesitan sí o sí, en ese ámbito y en el que me digas: en el campo, en un sector o en el otro. En todo. Es verdad que los recursos no son ilimitados y habrá que buscar un equilibrio. Ayer mismo escuchaba un programa en la radio y llevaban mucha razón en lo que decían: ya no es solo la gente pobre que viene a buscarse la vida. ¿Cuántos ingleses y cuánta gente de fuera viene aquí de vacaciones y se pega dos, tres o cuatro meses? Si se ponen malos, hay que atenderlos en urgencias, lógicamente. Siempre alardeamos de que cuanto mayor sea el número de turistas que vienen de vacaciones, mejor, pero también habrá que dotar de recursos a la sanidad para atender eso, ¿no? Porque no todo el mundo se pone malo, ¿pero, y si pasa? Esas cosas hay que mirarlas. Pero claro, tú le explicas esto al ignorante del que hablábamos y no lo entiende; así es como lo dominan y como suben tanto esos partidos políticos que ven sangre en el confrontamiento. Ahí es a donde van.

P: Actualmente, ¿cómo se articula la ayuda que se gestiona desde Infancia Solidaria en Andalucía?

R: Yo empecé siendo familia de acogida en mi casa, lo fuimos siete veces. Pepo Díaz, el presidente fundador que está en Madrid, vio cómo me movía y me propuso coordinar Andalucía. Cuando yo empecé, solo se operaba en Sevilla, Málaga y Córdoba. Ahora lo hacemos en Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz, que las hemos abierto nosotros. De hecho, la única comunidad autónoma en España que tiene convenios con hospitales públicos para esto es Andalucía, con estos cinco hospitales de referencia. Aparte de la cardiología, que es un tema de vida o muerte, hemos abierto convenios con la clínica La Arruzafa para temas de oftalmología y con San Juan de Dios para traumatología y quemados. Hay un alto índice de niños quemados en sus países porque calientan el agua y la comida con fuego en el suelo, y los niños chicos se arriman y ocurren desgracias. Estamos intentando llegar a más especialidades. ¿Y cómo se gestiona todo esto? Al principio lo hacíamos más con el corazón, pero he tenido que aprender a base de golpes. Yo no tenía ni idea de cómo expresarme en público, cómo hablar con un embajador, cómo gestionar un visado, un pasaporte o un convenio con un hospital. Lo he aprendido todo sobre la marcha. Los casos nos llegan por dos vías: en África, el 95% viene a través de ONG españolas o amigas que trabajan allí sobre el terreno. En Sudamérica (Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua...), son los mismos hospitales de allí los que, al ver que no pueden solucionar el problema del niño, le dicen a la madre: “Mira, llama a esta organización”, porque ya conocen a mamás que han venido con nosotros y han vuelto sanas.

P: ¿Y estas operaciones se llevan a cabo por un convenio marco general o cada hospital tiene el suyo propio?

R: Nosotros trabajamos con la Junta de Andalucía, bajo la autorización de la Consejería de Salud y el Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria.

P: ¿Temes que el acuerdo de Gobierno de PP y Vox eche por tierra dicha autorización?

R: ¿Qué te digo? El tema de la cooperación está difícil. Por ejemplo, aquí en Lucena gobierna el PP con el apoyo de una representante de Vox, y nos han tumbado absolutamente todo lo que hemos presentado. Todo. Yo había convencido al Ayuntamiento de Lucena de que, aunque tuvieran convenios con cofradías y otras asociaciones -lo cual respeto perfectamente-, una ciudad como esta debía tener un proyecto de cooperación internacional propio de una ONG lucentina, porque nosotros estamos registrados aquí y la delegación de Andalucía se gestiona y se financia desde Lucena. Teníamos un convenio firmado para cuatro años (un año prorrogable a tres más) por valor de 25.000 euros anuales. Lo firmamos cuando estaba el PSOE y el PP en su momento votó a favor. Pero en cuanto entraron a gobernar con Vox, al segundo año nos lo quitaron. Y me gustaría que se supiera que, aparte de nuestro proyecto Sana Sana (que consiste en traer a los niños a operar), ya tenemos tres proyectos propios de cooperación internacional que financiamos desde aquí: una guardería para 35 niños en Lamu (Kenia); un centro para niños con discapacidad y exclusión social en Guinea Bissau, donde trabajamos junto a la ONG AIDA; y una escuela que hemos construido en Mandamaweni, una isla muy remota de Kenia donde no hay agua potable ni luz ni nada, para que los niños tengan una iniciación a la educación.

En Lucena no tenemos el respaldo municipal que tiene cualquier cofradía

P: ¿Has hablado con el alcalde?

R: Con él y con todo el mundo. Lo que han hecho ha sido sumar nuestros 25.000 euros a otros 25.000 que tenían de cooperación y meterlo todo en una convocatoria de subvenciones abierta. Pero claro, ahí entramos a competir con Manos Unidas, con UNICEF... y esa gente son monstruos, son máquinas. En Infancia Solidaria tenemos la característica de que somos todos 100% voluntarios, nadie cobra un duro. Si necesito un abogado, tengo que pedir un favor; si hay que presentar un proyecto técnico para una subvención, hay que estar muy preparado y nosotros no tenemos esa estructura. Como esa gente tiene personal contratado para presentar los papeles perfectos en cuanto sale la convocatoria, nosotros nos hemos quedado fuera y hemos perdido los 25.000 euros. Así que nos ha tocado volver a lo de antes: a montar barras solidarias, a organizar eventos, a tirar de artistas para hacer obras de teatro o conciertos para intentar buscar la financiación por nuestra cuenta. No tenemos el respaldo que aquí tiene cualquier cofradía. Y volvemos a lo de antes: entiendo que no compartas lo que hacemos, pero pido el mismo respeto. Las cofradías están registradas como asociaciones sin ánimo de lucro y les dan dinero para hacer una vitrina donde poner un enser, que me parece muy bien por el patrimonio, pero es que lo que nosotros hacemos es salvar vidas de niños que se mueren irremediablemente. Poco a poco, cuando traemos a un niño y algunos políticos vienen a visitarlo y ven lo que hacemos de verdad, cambian de actitud. Pero llegar hasta ahí me ha costado la vida.

P: ¿Qué apoyo sentís por parte del tejido empresarial de la zona?

R: Del tejido empresarial sí que tenemos apoyo, lo que pasa es que hasta ahora he tirado mucho de conocidos y amigos personales. Hay muchas empresas que ayudan por detrás, sin hacer ruido. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo ya ha traído a tres niños. Tengo amigos muy cercanos que son dueños de empresas grandes como Infrico a los que todavía no he ido a pedirles ayuda directamente, pero sé que si tengo una emergencia y los llamo, me han dicho: “Tú ven, que te ayudamos sin problema”. Lo que estoy intentando ahora es no pedirles ayudas puntuales, sino firmar un compromiso anual con ellos. Porque hay mucha gente que dice: “No, es que yo mando 50 euros al año a no sé qué ONG” y con eso ya se sienten las mejores personas del mundo. Yo lo que busco, por ejemplo a través de la Asociación del Frío, donde yo trabajo, es arrancarles el compromiso de que nos traigan dos niños al año de manera fija. Estamos hablando de empresas que facturan 100 millones de euros al año, para ellos es viable.

P: ¿Qué coste económico supone traer a un niño con su familiar para ser intervenido?

R: El coste ronda los 3.000 o 3.500 euros por niño. Eso cubre los trámites de documentación en su país, visados y, sobre todo, los vuelos de ida y vuelta. Tenemos que traerlos con billetes cerrados a 90 días. Si la operación va bien, se vuelven en su fecha, pero si se complica y hay que cambiar los vuelos, las aerolíneas nos meten unos clavazos tremendos. Y luego está el tema de las familias de acogida. Ahora mismo nos hemos tenido que poner de acogida mi mujer y yo en Córdoba para un caso. Es algo a lo que tenemos que darle una vuelta para ver cómo llegar mejor a la gente, porque en Andalucía tenemos un hándicap: en Córdoba, cuando no son los Patios, es la Feria o el verano y no todo el mundo se compromete. Además, este es un acogimiento muy especial. No es como los niños saharauis, que es para el verano. Esto está sujeto a una situación sanitaria muy grave. Saliendo bien la operación, te llevas un paquete tremendo de sufrimiento y cuidados en el hospital; y si sale mal, ni te cuento. Por eso el voluntariado aquí es tan delicado. En cuanto pasamos un momento malo, como cuando fallece un niño, la gente huye despavorida porque se pasa muy mal y se preguntan: “Yo para qué me meto en esto”. Yo mismo he pensado muchas veces en dejarlo. Hemos tenido que buscar ayuda psicológica profesional para sobrellevar esto. A mí se me murió un bebé en casa, Elías. Antes de viajar, los padres nos tienen que firmar un documento donde aceptan que, si el niño fallece, o se entierra aquí o se incinera para que se lleven las cenizas. Una repatriación de un cuerpo cuesta entre 15.000 y 20.000 euros, y la asociación no tiene ese dinero, ni los seguros de viaje lo cubren porque los niños ya viajan enfermos de origen. Sé que firmar ese papel es durísimo para un padre, pero si yo estuviera en su situación y fuera la única oportunidad de salvar a mi hijo, también lo firmaría. Cuando Elías falleció, su madre habló con su marido en su país. Por sus creencias ellos no contemplaban la incineración, pero nos dijeron: “Queremos que se entierre ahí y que esté con vosotros, porque vosotros habéis sido las personas que le habéis dado la última oportunidad”. Y lo tenemos en el cementerio de aquí. Le pusimos su lápida y mi mujer y yo vamos a verle, le llevamos flores como si fuera nuestro propio hijo, les mandamos fotos a sus papás en su país y mi hija también va a verle cuando viene a casa. Para eso hay que estar muy preparado mentalmente, no es un acogimiento de vacaciones. Saliendo bien, se pasa una situación muy difícil, pero si sale mal, te rompe por completo.

P: Me hablabas de problemas con las familias de acogida. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A la falta de difusión o a que hay pocas familias dispuestas?

R: La verdad es que no lo sé muy bien. El problema principal es que no encontramos familias. Mucha gente se mueve por el corazón cuando escucha un llamamiento en la radio o lo ve en el periódico y nos llama. Pero cuando nos sentamos y les explico la realidad con total crudeza -porque yo lo explico todo de antemano para que nadie me diga luego que no sabía dónde se metía-, se echan para atrás. Ahora mismo en Córdoba tengo a Lourdes, una mujer jubilada que es un encanto. Está en la plataforma de voluntariado y enseña idiomas en Córdoba Acoge; tiene una implicación tremenda. A ella la he formado un poco y tenerla allí es una tranquilidad tremenda para mí. Antes, si surgía algo, tenía que desplazarme yo a Córdoba, Granada, Sevilla o Málaga. Imagínate el gasto de tiempo y de gasolina que salía de mi bolsillo, así que mi mujer me aconsejó darle una estructura a todo. Yo empecé con esto en 2012 y desde entonces vivo por y para la asociación. No hay un solo día en el que no tengamos que ir a ver a una familia o que, si vamos a Málaga a comer, aprovechemos para hacer una visita de gestión. No supe separar mi vida personal de la asociación, me afectó muchísimo y tuve que pedir ayuda psicológica. Ahora ya he aprendido que hago lo que puedo y lo que no, no. Antes nunca ponía el teléfono en silencio por las noches. Mi mujer se enfadaba, pero yo le decía: “Ponte en la situación de una madre que está en Santo Domingo, Honduras o Venezuela. Por la diferencia horaria, me escribe a las 3:00 o las 4:00a porque su hijo se está muriendo y está desesperada pidiendo ayuda. Si yo lo veo, le contesto. Aunque sea para decirle: ”No se preocupe, que mañana a primera hora de España me pongo con ello“. Esa respuesta ya es un alivio para esa madre. Pero he tenido que dejar de hacerlo. Me acostaba dándole vueltas a qué hospital podía llevar al niño, no dormía, perdí muchísimo peso, me dio ansiedad... Fue muy duro.

He tenido que aprender que nuestro papel llega hasta donde llega. Una vez que el niño aterriza y entra en el hospital, ya no depende de nosotros. De mí depende buscar el dinero de los vuelos, la familia de acogida, el hospital, coordinar el voluntariado y dar apoyo moral y económico a la madre. Pero la parte médica depende exclusivamente de los magníficos profesionales sanitarios que tenemos en este país, que muchas veces no valoramos lo que tenemos.

En la sala de espera de la UCI infantil se viven historias increíbles. Hay familias que llevan allí ocho meses o un año. Ahora mismo hay una niña esperando un corazón. Y hay otra chica de México, que se cayó de un caballo en Cádiz hace nueve meses, a la que le han trasplantado dos riñones y los ha rechazado. Su padre está allí metido día tras día. Lo que se vive en esa sala de espera es tan humano que yo siempre digo que, si eso se extrapolara fuera, el mundo sería maravilloso. Ahí dentro da igual el dinero que tengas, tu religión o tu color de piel; todo el mundo se muestra en su esencia más pura. A las 13:30 salen a dar el parte médico de los niños de la UCI. Si un día sales tú destrozado porque el caso de tu hijo se ha complicado, te sientas a llorar y el de al lado, aunque no te conozca de nada, se pone a llorar contigo porque sabe que mañana le puede tocar a él. Las alegrías y las tristezas son compartidas, y eso ayuda muchísimo.

P: Con respecto a las familias de acogida, me comentabas que les explicáis tanto lo bueno como lo malo en una reunión previa, y que algunas familias acaban rechazando el compromiso tras esa charla.

R: Sí, ocurre a menudo. No te lo dicen en la misma reunión; allí se muestran entusiasmados y te dicen que no hay problema, que les preparemos la visita a su casa. Pero al acabar la reunión te dicen: “Bueno, tengo que hablarlo con mi marido, con mi hijo...” Cuando escucho esa frase, la experiencia ya me dice que esa familia se va a caer de la acogida.

No encontramos familias de acogida para Infancia Solidaria

P: ¿Qué perfil buscáis en esas familias?

R: Ninguno en concreto. El mero hecho de que alguien nos llame tras escuchar un llamamiento en la radio ya dice mucho de su buen corazón y sus intenciones. Pero luego chocamos con la realidad. Además, hay mucha diferencia según el origen del niño. Una acogida de una familia sudamericana no tiene nada que ver con la de una familia africana. Con las sudamericanas compartimos idioma y las costumbres son parecidas. Con la comida no hay problema y poco a poco se van adaptando a lo que tú comes. A una madre sudamericana puedes dejarla en el hospital con más tranquilidad porque entiende perfectamente lo que le explica el médico, y nosotros o el equipo de voluntariado podemos estar pendientes de ella por teléfono. Por ejemplo, la madre que tenemos ahora de Honduras está alojada en un piso de Fepamic porque ella sola puede manejarse, cocinarse y hacer su vida. Sin embargo, acoger a una mamá africana es mucho más complejo. A una mamá que viene de una aldea de Mali no la puedo dejar sola en un piso de acogida porque no sabe lo que es una vitrocerámica, un horno o un microondas. No hay manera de que se maneje sola, por lo que esa acogida requiere un acompañamiento constante y es mucho más difícil.

P: ¿Y qué hacéis con las barreras idiomáticas?

R: Duolingo, señas y el idioma del corazón, que con ese todo el mundo se entiende si hay buena voluntad por ambas partes. Aun así, la experiencia nos ha hecho profesionalizarnos: ahora les enviamos unas normas de convivencia traducidas a su idioma antes de que viajen. Tienen que entender que vienen a una casa ajena que tiene sus rutinas, que hay que colaborar en las tareas del hogar y que lo prioritario es el cuidado de su hijo, pero que deben respetar los horarios de la familia que las acoge porque al día siguiente hay que madrugar para trabajar. Además, les hacemos rellenar una ficha social muy detallada donde nos explican qué come el niño, cuántos hermanos tiene, si los padres trabajan, cuánto cobran... Hacemos esto porque nuestros recursos deben ir destinados a la gente que de verdad lo necesita; el que tiene dinero se va a operar a su hijo a Estados Unidos sin problemas. También les preguntamos si tienen familiares en España, porque nos ha pasado de todo: niños que se han operado, han salido adelante y, de repente, ha aparecido un hermano que vivía en Barcelona o el marido que estaba residiendo en Asturias y se los han llevado sin decir nada. A raíz de un caso muy particular, tuvimos que poner normas muy estrictas en el hospital: a nuestros niños solo los pueden visitar los voluntarios acreditados de Infancia Solidaria con su carné.

P: Tú empezaste en esto en 2012 con Infancia Solidaria. ¿Qué fue lo que te llevó a dar el paso?

R: Yo tenía una empresa de muebles en Lucena que marchaba muy bien, llegamos a tener a 60 empleados. Pero en 2008 llegó la crisis, el sector se hundió y en 2009 tuve que cerrar la empresa con una deuda tremenda. Tuve que malvender mi casa para pagar lo que debía e irme de alquiler a un piso pequeño. Me quedé a cero: mi mujer en el paro, mis hijos muy pequeños y yo encontré trabajo en el sector del frío industrial. Un día, escuchando Canal Sur televisión por la tarde, salió Pepo Díaz haciendo un llamamiento desesperado: buscaban una familia de acogida en Córdoba para operar de urgencia del corazón en el Reina Sofía a una niña que venía de Kenia. Algo dentro de mí se removió y llamé, pero no me cogieron el teléfono. Llegué a casa y se lo planteé a mi mujer, y ella me miró como si estuviera loco: “¿Pero qué dices? Con la ruina que tenemos encima, sin casa y con los niños pequeños, ¿ahora quieres meter a alguien más?” Yo le dije que no se preocupara, que, total, no me habían cogido el teléfono.

Pero a los diez días volvieron a hacer el mismo llamamiento en la tele. Volví a llamar y esta vez me lo cogió Esther Menacho, que me pasó con Pepo. Me explicaron el caso y les dije que sí. En Córdoba no había ninguna infraestructura de la asociación por aquel entonces. Yo no tenía ni idea de cooperación internacional; había colaborado con Cáritas y con el comedor social de mi pueblo, pero nada más. Además, yo venía de una época muy convulsa: había estado viviendo un año y medio en Brasil por negocios y andaba muy estresado. Si me preguntas qué sentí para llamar en ese momento tan difícil de mi vida, no sabría decirte, pero mi padre siempre me inculcó una regla de oro: “Tú ponte siempre en el lugar del otro y verás cómo las cosas cambian”. Supongo que me apliqué eso.

Fuimos a recibir a la madre y a la niña a la estación de Córdoba. No se me olvidará en la vida. Era una madre masái, nómada, que no había tenido ningún contacto previo con la civilización occidental. El jefe de su tribu la obligó a viajar porque la niña tenía una cardiopatía gravísima. Meter a esa mujer en nuestro piso de 90 metros cuadrados fue un choque cultural brutal: se asustaba con la lavadora, con los electrodomésticos, con todo. Solo hablaban suajili y a mí me dieron un diccionario básico para intentar entenderme con ellas. Imagínate el panorama. Hoy en día viajo allí cada dos años y sigo sin hablar suajili más allá de cuatro palabras sueltas. Mi suegro, Pepe, fue secretario general de la UGT en Córdoba. Es invidente, está jubilado, es superinteligente y vive en Cabra, donde tiene un campo con cochinos, gallinas, cabras y un huerto. Es el hombre más feliz del mundo allí metido. Decidimos llevarnos a la madre allí a pasar el fin de semana. En cuanto esa mujer vio el campo, la tierra y los animales, se le transformó la cara: se lio a trabajar en el huerto con mi suegro y estaba en la gloria. Así que decidimos que ella se quedaba allí viviendo con mis suegros en el campo mientras nosotros nos encargábamos de cuidar a la niña en el hospital durante todo el proceso de la operación. Yo iba y venía del hospital como podía porque seguía trabajando.

P: ¿Entonces ya existía el acuerdo médico con el Hospital Reina Sofía?

R: Sí, ese acuerdo ya lo tenía cerrado la central de Madrid. Antes de que yo entrara, ya se operaba en Sevilla, Córdoba y Málaga. Pero el problema era que traían a los niños y no tenían familias de acogida locales para dejarlos. Cuando esta niña se operó y se marchó a su país, a las pocas semanas me llamó Pepo: “Oye, que viene un niño de Honduras y no tengo familia”. Y para mi casa que fue. Y luego otro, y otro... Al ver cómo me movía, Pepo me propuso coordinar toda Andalucía. Acepté, pero con la condición de que mi mujer y yo ya no podíamos ser familia de acogida en nuestra propia casa. Vivir en Lucena y tener que estar viajando constantemente a los hospitales de Córdoba o Málaga ante cualquier urgencia era inviable. Las primeras familias de acogida que busqué eran amigos míos, vecinos y familiares de aquí de Lucena, pero pronto nos dimos cuenta de que debíamos buscar familias que residieran en las capitales de provincia, al lado de los hospitales, por pura logística y para no quemar siempre a la misma gente.

P: Y cuando tú acogiste en Lucena por primera vez, ¿sabes si había antecedentes de alguien que lo hubiera hecho antes en el pueblo?

R: No, no había absolutamente nada de infraestructura ni nadie que hubiera hecho acogidas antes. Al tiempo, registramos la asociación legalmente aquí como Infancia Solidaria de Andalucía y empezamos a estructurarla de forma seria. Hoy tenemos una red tremenda en cada una de las provincias que te he dicho. En cada ciudad hay una persona de referencia que, al igual que yo, empezó siendo familia de acogida. Son bellísimas personas que se encargan de gestionar su zona, lo que a mí me ha quitado un peso enorme de encima. Yo me sigo encargando de la burocracia pesada, los visados y la compra de billetes de avión, pero de la logística diaria en cada hospital se encargan ellos.

P: Has sido familia de acogida siete veces directas, pero supongo que habrá algún niño de todos los que han pasado por la asociación que te habrá dejado una huella especial.

R: El niño que más me ha marcado en toda mi vida no lo acogí yo en mi casa. Se llamaba Lamaranah, aunque cariñosamente le llamábamos “el Pelón”. Venía de Guinea-Conakry y estuvo casi dos años en España. Lo acogieron Juan Romero y su mujer, Carmen. Juan era vecino mío de toda la vida, un hombre que iba en silla de ruedas y que era el presidente de la asociación Cota Cero. Él fue el que luchó para que Lucena fuera una de las ciudades más accesibles de toda Europa para personas con movilidad reducida; todo el mérito de eso fue suyo. Un día me dijo que quería ser familia de acogida y se quedó con Lamaranah. Ese niño tenía un magnetismo especial y pasó mucho tiempo conmigo. Se convirtió en nuestro buque insignia. Una Nochebuena se puso malísimo y tuvimos que salir corriendo al Reina Sofía. Nunca olvidaré que el cirujano, el doctor Jaime Casares, me llamó y me dijo: “Ángel, estaba metiendo el pavo en el horno para la cena familiar cuando me ha sonado el teléfono. Aquí estoy, vamos a ver si lo sacamos adelante”. Lamaranah tenía una anatomía cardíaca complicadísima que aquí no se ve casi nunca: tenía el corazón en el lado derecho del pecho y, además, invertido, con la aorta chocando directamente contra los ventrículos. Solo tenía un ventrículo funcional. Lo operaron, salió adelante y regresó a su país. Al tiempo tuvo que volver a España para que le cambiaran las válvulas del corazón, y aunque años más tarde acabó falleciendo en su país, logró vivir ocho o diez años más plenamente feliz. A todos nos marcó muchísimo su pérdida.

P: ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento?

R: Por su madre. Seguimos manteniendo el contacto con ella. De hecho, en uno de mis viajes a su país fui a visitar la tumba de Lamaranah y estuve acompañando a la madre.

Todo el mundo se entiende con el idioma del corazón

P: ¿Por qué siempre viajan las madres con los niños y no los padres?

R: Por varias razones. Primero, porque en estos países las madres son las que mejor entienden y cuidan de los niños. Y segundo, mirándolo de forma práctica para las familias de acogida de aquí, quienes suelen llevar el peso diario de la acogida en las casas suelen ser las mujeres, y es mucho más cómodo a nivel de convivencia alojar a otra mujer en casa que a un hombre desconocido. Aun así, hemos tenido casos de padres que han venido y han resultado ser hombres superimplicados, maravillosos. Pero siempre intentamos que sea la madre. Si la madre está embarazada o tiene un bebé lactante que no puede dejar allí, hemos llegado a traer a la madre con el bebé enfermo y también con el lactante en brazos. Se habla con la familia de acogida de aquí, si no les importa, se organiza el viaje de los tres y adelante.

P: ¿Cuál es la reacción de agradecimiento más emotiva que recuerdes de alguna familia?

R: Las reacciones más emotivas son las que menos te esperas. Cuando llega el momento de despedirse en el aeropuerto, el abrazo que te dan esas madres es de una honestidad y de una humanidad tan profundas que te desarman. Te miran a los ojos sabiendo perfectamente que le has salvado la vida a su hijo. Pero también nos pasa lo contrario por culpa del miedo. Una vez, con los billetes ya comprados para volar al día siguiente -que nos habían costado 4.000 euros-, la madre nos llamó para decirnos que no viajaba. La familia del marido no la dejaba venir porque no se creían que hubiera gente al otro lado del mundo dispuesta a pagarles un billete de avión, abrirles las puertas de su casa, darles de comer y ponerles un hospital de primer nivel gratis. En Honduras nos pasó que pensaban que era una trampa para traer a los niños a España y robarles los órganos. Literalmente pensaban eso. Al final, tras muchas llamadas de madrugada y poniendo a otra madre hondureña que ya había pasado por la experiencia al teléfono para convencerla de que todo era real, la mujer accedió a viajar.

Y hablando de donación de órganos, te voy a contar una historia real que te va a poner los pelos de punta y que demuestra a qué nivel de generosidad puede llegar el ser humano. Hace unos meses falleció una de nuestras niñas, Alana. Estábamos en la sala de espera del Reina Sofía de Córdoba, donde también había una familia esperando un corazón para su hijo. Nos hicieron entrar a hablar con la intensivista de la UCI y nos dijo: “Médicamente hemos hecho todo lo humanamente posible por Alana, pero su corazón no responde tras la cirugía. Lo único que podría salvarle la vida es un trasplante de corazón urgente. Pero la ley de trasplantes española establece que los órganos son prioritariamente para ciudadanos españoles o residentes legales en el país. Si llegara un corazón compatible y no hubiera absolutamente ningún receptor compatible en toda España, la ley permitiría ponérselo a ella, pero las posibilidades de que eso ocurra a tiempo son casi nulas. Así que tenemos que proceder a desconectarla. Les avisaremos cuando llegue el momento”. Salimos de allí rotos. La madre de Alana le preguntó a la doctora por qué su hija no podía recibir ese órgano. A las dos horas y media nos llamaron para que entráramos a despedirnos antes de proceder a la desconexión. En ese momento, la madre de Alana pidió hablar con los médicos y les ofreció donar todos los órganos de su hija para que otros niños pudieran salvarse. Es decir, a su hija le habían denegado un órgano por ley, pero ella, en su inmenso dolor, decidió donar los de su hija para salvar a niños de aquí. Yo miré a la doctora y pensé: “Esta mujer le acaba de dar la mayor lección de humanidad de la historia a todos los que estamos en esta sala, a la ley de trasplantes y al político que la redactó”. Desconectaron a la niña delante de nosotros y donaron todos sus órganos. Yo en su lugar me habría sentido encabronado con el sistema, pero ella ni me miró; simplemente dijo: “Aprovechen todo lo que puedan de mi hija”. A personas con esa grandeza moral, o las conoces en situaciones extremas como esa o no te las cruzas en la vida.

P: ¿Cómo se afronta la muerte de estos niños? Supongo que las primeras pérdidas son las más duras, pero ¿se llega a asimilar?

R: Yo cada vez lo llevo peor. Cada niño que fallece me duele más que el anterior porque tiendo a sentirme culpable, algo que he tenido que trabajar mucho en terapia. Me sentía culpable por proponerle a una familia de aquí que fuera acogedora y acabar llevándoles un dolor tan inmenso a sus casas. Ver sufrir a los hijos de la familia de acogida, a los voluntarios y a la madre biológica me hacía preguntarme: “¿Qué necesidad tengo yo de pasar por esto? Ya me tocará sufrir cuando le pase algo a mi propia familia, ¿por qué busco este dolor voluntariamente?” Mi mujer me lo advertía porque me conoce bien y sabía que me iba a acabar pasando factura médica. Y así fue: me puse enfermo, pero afortunadamente lo superé y ahora tengo herramientas psicológicas para gestionarlo. Sigue siendo dificilísimo porque me siento responsable de todos ellos. Lo que me ayuda mucho con las madres que vienen de Sudamérica es que son extremadamente creyentes. Yo no creo en nada, pero ver la fe tan inquebrantable que tienen es maravilloso: si el niño se salva, es porque Dios lo ha querido; y si el niño muere, es porque Dios ha decidido llevárselo a su lado. Ojalá yo tuviera esa fe para mitigar el dolor de esa manera. En muchas ocasiones han tenido que ser las propias madres las que, en mitad de su dolor, me han abrazado y me han consolado a mí en el hospital. Es increíble pero pasa.

P: ¿Hacia qué futuro va la asociación? ¿Qué mejoras os planteáis?

R: Hacia la búsqueda de financiación para poder traer más niños, aunque no siempre esto depende de nosotros. En el Ayuntamiento de Córdoba conseguimos un año una subvención que nos ayudó, pero nada más. También le he pedido ayuda a Irene Aguilera, la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba, pero nada. No me hacen ni caso y me da mucho coraje tener que andar mendigando detrás de los políticos todos los días. Tengo una desilusión tremenda con la clase política e institucional, que se mueve exclusivamente por lo que le da votos. ¿En este pueblo qué los dan? Las cofradías. A la asociación de hermandades le dan su convenio anual sin pestañear y le ponen todas las facilidades del mundo para cualquier evento que organice. Es inevitable y he tenido que aprender a aceptarlo; no lo comparto, pero lo respeto. Aun así, a base de darme a conocer, he conseguido que muchos artistas de renombre a los que yo admiraba me den su teléfono personal y estén totalmente dispuestos a venir a Lucena de forma altruista a hacer conciertos o eventos benéficos cuando yo se lo pida. Eso es lo que me llevo.

La desinformación hace que el discurso racista prevalezca

P: ¿Qué papel están jugando tus hijos en todo esto?

R: Cuando vino la primera niña a mi casa, ello lo interiorizaron tanto que, de forma natural, me dijeron: “Papá, yo me salgo de mi habitación y me voy a dormir con mi hermana para dejarle mi cuarto a la familia que viene”. Mi hija terminó el Bachillerato y no sabía qué carrera estudiar. Yo me iba a ir de viaje de cooperación a Kenia durante 22 días y le propuse que se viniera conmigo. Allí nos dedicamos a recorrer las aldeas más remotas junto a cardiólogos españoles y médicos locales para diagnosticar a niños enfermos y tramitar su traslado a España. Mi hija estuvo trabajando codo con codo con los trabajadores sociales, psicólogos y médicos de allí. Como ella habla inglés perfectamente -yo no tengo ni idea-, se encargó de toda la comunicación. Durante la escala del viaje de vuelta en Doha, me miró y me dijo: “Papá, ya sé qué quiero estudiar: Trabajo Social”. Allí vio su verdadera vocación. Estudió la carrera y hoy, con solo 26 años, trabaja como trabajadora social en el Ayuntamiento de A Coruña. Se fue allí hace cuatro años y hace poco consiguió su plaza fija. Estoy orgullosísimo. En sus vacaciones aprovecha para hacer cooperación internacional en Etiopía, Guinea-Bisáu, Kenia o Mali, aprovechando los contactos que tenemos allí.

P. ¿Es ese uno de tus mayores legados?

R. Sin duda. Ella está viviendo la vida que a mí me hubiera gustado tener de joven. Con solo 22 años ya era dueño de tres discotecas en Lucena junto a dos socios, ganábamos dinero a espuertas y nos lo gastábamos viajando a Tailandia o Brasil. No pensaba en nada más que en la fiesta. Mucha gente de mi pasado me ve ahora y se sorprende del cambio radical que he dado en mi vida. Pero cada uno decide a qué dedica su tiempo libre y yo no encuentro nada mejor en el mundo a lo que dedicar el mío que a salvar estas vidas. Aunque esta labor conlleva muchísimo sufrimiento, las alegrías que nos da son inmensas y compensan todo el dolor. Ayer mismo [la entrevista se realizó el pasado martes] estuve en Córdoba visitando a la niña que tenemos allí acogida. Hace tres semanas se estaba muriendo literalmente; su padre me llamaba llorando porque pensaban que no salía de esa. Ayer fui a verla, me reconoció y me regaló una sonrisa preciosa.. Pensar que yo, sin ser médico y siendo un absoluto mindundi, he podido facilitarle a esa niña la oportunidad de seguir viviendo, es increíble.

Hoy en día tenemos a niños que operamos hace años que ya son abogados, o que se operaron con 14 años y hoy ya son padres y tienen sus propias familias. Me mandan vídeos y fotos constantemente. Muchas de esas madres celebran el cumpleaños de sus hijos el día de la operación en el hospital de España, y no el día en que nacieron, y ponen el logo de Infancia Solidaria en la tarta. Conseguir eso... eso es lo que de verdad te llevas tú para siempre.

Un total de 203 menores de edad de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años fueron condenados a lo largo del pasado año en la provincia de Córdoba por la comisión de distintos delitos.

Los datos sobre población condenada menor de edad que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) -consultados por este periódico-, muestran que la gran mayoría de los menores condenados en Córdoba fueron varones -181-, frente a 22 chicas.

De los menores condenados, hubo 115 que lo fueron por un solo delito, mientras que los 88 restantes cometieron dos o más infracciones penales. Y, ante las condenas que obtuvieron, a 97 se le impuso una medida y a 106 dos o más medidas.

Por edad, el mayor grupo de menores condenados tenía 17 años -62 de ellos-, mientras que fueron 57 los que tenían 16 años, otros 43 fueron condenados con 15 años y, finalmente, 41 más tenían 14 años cuando tuvieron una sentencia condenatoria.

Sobre el tipo de delito, la estadística del INE sí precisa los delitos de índole sexual, sobre los cuales fueron condenados doce menores en Córdoba el año pasado.

Del total de los 203 menores condenados en todo el año pasado en la provincia cordobesa, 192 eran de nacionalidad española.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado esta semana a un hombre a una pena de cuatro años y seis meses de prisión después de que abusara, al menos en una ocasión, de la hija de su entonces pareja cuando la menor tenía entre seis y ocho años.

La pareja sostuvo una relación sentimental durante dos años hasta 2016, conviviendo en un piso de la capital cordobesa junto a los dos hijos menores de la mujer. El hombre, que en marzo de 2016 fue condenado a prisión por agredir a esta mujer, aprovechó la relación de afectividad y confianza que mantenía con la hija de su pareja -quien entonces tenía entre seis y ocho años- y le pidió un día que fuera a su dormitorio. Cuando la niña llegó a la estancia, el condenado le practicó sexo oral aprovechando que la madre dormía en el salón debido al deterioro de la relación. El tribunal ha considerado probado que este abuso constituyó una “manifestación perversa de la sexualidad” y un ataque grave a la indemnidad sexual de la niña.

La menor no fue consciente del significado de lo que había vivido hasta que, estando en Primaria, recibió formación en educación sexual en el colegio. A pesar de comprender entonces la gravedad de los hechos, decidió guardarlos en silencio durante casi una década para evitar aumentar el sufrimiento de su madre porque la ruptura con el acusado fue realmente traumática. Finalmente, la confesión se produjo de manera involuntaria en febrero de 2023, cuando la menor, ya siendo adolescente, reveló los abusos en un estado de embriaguez. Esta confesión motivó la denuncia inmediata ante la Policía.

El tribunal ha fundamentado la condena principalmente en el testimonio de la víctima, el cual considera “sereno, contundente y exento de cualquier estridencia”. Los magistrados destacan la sinceridad de la joven, quien no dudó en admitir sus dudas sobre si los hechos ocurrieron en más de una ocasión, lo que reforzó su credibilidad ante el tribunal al alejarse de un relato “ideado o inducido”. Sin embargo, para la defensa, la denuncia de este abuso sexual respondía a un resentimiento económico de la madre, argumento que la Audiencia ha desestimado por considerarlo inverosímil, señalando que no tiene sentido esperar siete años tras la ruptura para interponer una denuncia falsa utilizando a su hija. Además, peritos psicológicos confirmaron que la víctima presentaba síntomas compatibles con el trauma vivido, como asco, vergüenza y rechazo a la figura masculina.

Junto a la pena de cárcel, el fallo ha impuesto al condenado dos años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años; y el pago de la mitad de las costas procesales. Por último, la Audiencia lo ha absuelto del carácter continuado del delito que solicitaban las acusaciones al existir dudas razonables sobre si los hechos se repitieron en el tiempo.

Davinia P., la menor de 17 años desaparecida en Córdoba desde el pasado jueves, ya ha sido localizada, según ha podido saber este periódico de fuentes familiares.

La desaparición fue denunciada poco después de perderse el contacto con la menor, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional. Paralelamente, la asociación SOS Desaparecidos difundió una alerta con la descripción física de la joven y solicitó la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pudiera contribuir a su localización.

Según las mismas fuentes familiares consultadas por este periódico, durante la tarde del sábado recibieron información que situaba a la joven en otra ciudad andaluza. Tras conocer ese dato, dos familiares se desplazaron hasta el lugar donde supuestamente se encontraba con el objetivo de confirmar su localización. Una vez allí, consiguieron dar con la menor, que posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada.

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un llamamiento para dar con el paradero de Davinia P., una menor de 17 años de la que su familia no tiene noticias desde este jueves a las 17:00, según ha podido saber Cordópolis.

La joven es morena, delgada, con el pelo largo y la última vez que fue vista llevaba un pantalón negro largo y una camiseta, también negra, de manga corta. Mide unos 1,75 centímetros. Según ha explicado la familia a este periódico, debido a una enfermedad que padece la joven, necesita urgentemente una medicación que no la toma desde el día de su desaparición.

Según ha confirmado la Policía Nacional, la denuncia de la desaparición se formuló la madrugada del viernes, tal y como ha apuntado la familia. A partir de entonces, el caso lo lleva el grupo especializado en desapariciones. La asociación ha difundido todos los datos para dar con la menor y ha pedido que, quien crea haberla visto o tenga noticias de ella, llame al número 868286726.

Meterse en la piel de una víctima de agresiones o ciberacoso y comprender y empatizar con lo que siente es el objetivo que se ha marcado el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Sierra Morena de Córdoba, gestionado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y lo ha buscado mediante la simulación de varios juicios.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, con la colaboración de un juez y una fiscal de la jurisdicción de Menores, los jóvenes infractores han participado en este 'roleplay', en el que ellos mismos han sido los protagonistas recreando diferentes figuras que intervienen en este tipo de procedimientos.

Esta actividad forma parte de una intervención integral con los menores del CIMI cordobés para lograr su reeducación, tal y como establece la Ley del Menor. Previamente, el equipo del CIMI Sierra Morena, que dirige la Fundación Meridianos, ha trabajado de forma teórica con ellos sobre normas de convivencia, derechos, deberes y resolución pacífica de conflictos.

Este viernes se ha desarrollado esta parte práctica en la que han asumido diferentes roles durante la simulación de juicios sobre conflictos que son los que habitualmente llevan a los menores ante un tribunal como agresiones, la difusión no autorizada de imágenes en redes o chats.

Eso sí, presidiendo el tribunal ha estado el juez Álvaro Carbonell y ejerciendo la representación del Ministerio Público, el fiscal Francisco Ramos, ambos especializados en la Jurisdicción de Menores en Córdoba, a quienes el consejero en funciones de Justicia, José Antonio Nieto, ha agradecido “su implicación en ese proceso de recuperación del menor, de hacer que las medidas sean realmente útiles”.

Nieto ha explicado que “la Ley del Menor del año 2000 cambia un sistema puramente punitivo por uno en el que buscamos por encima de todo la reinserción. En esa labor es fundamental las actividades que tienen como objetivo hacer que los menores recapaciten y sean conscientes del daño causado a una persona concreta o al conjunto de la comunidad y que los lleva a una medida de internamiento o de medio abierto”.

Tras más de 25 años desde que la Junta de Andalucía asumió las competencias del sistema de Justicia Juvenil, el consejero ha resaltado que “más 80% menores que pasan por nuestros recursos no reincide”. La tasa de éxito ha convertido a Andalucía en un referente nacional e internacional en materia de Justicia Juvenil.

Ello es posible, según Nieto, gracias a la colaboración de profesionales como el juez Carbonell y el fiscal Ramos, pero también a los casi 1.600 educadores, trabajadores sociales, psicólogos, monitores, terapeutas y demás especialistas que trabajan en la red del centros y servicios del sistema y que “que hacen posible que cumplamos con ese reto”.

“Ese esfuerzo logra que hagamos una Andalucía mejor y consigamos que esos chavales tengan de verdad esa segunda oportunidad que les permita afrontar la vida de otra manera”, ha subrayado Nieto, quien también ha querido acordarse “de las familias que se encuentran en una situación tremendamente dura, que ayudan, se implican y ponen por encima de cualquier otro objetivo al menor, que tenga esa segunda oportunidad que le permita tener una vida plena”.

La actividad celebrada este viernes en el CIMI Sierra Morena busca hacerles reflexionar sobre las consecuencias personales, familiares, sociales y judiciales de determinadas conductas. Pretende promover la empatía hacia las víctimas y la comprensión del proceso judicial.

La abogada del CIMI ha adaptado los casos a una representación teatral educativa, organizando los turnos de intervención y los roles que ha asumido cada menor dentro del procedimiento. Además, desde el taller de artes gráficas del centro se han elaborado carteles con las normas propias de una sala judicial y tarjetas de personajes, y como colofón los menores han tenido la oportunidad de preguntarle al juez dudas e inquietudes sobre la aplicación de la Ley Penal del Menor, las posibles medidas judiciales, la reincidencia, el derecho a la defensa y la finalidad educativa de las medidas.

Desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la Junta de Andalucía ha ido ampliando y mejorando una red de centros y servicios donde se ejecutan, tanto medidas privativas de libertad, como de medio abierto. Hoy la comunidad cuenta con una red de 14 CIMI con 750 plazas repartidos por todas las provincias para chicos y chicas a los que los jueces imponen medidas privativas de libertad.

En Córdoba, funcionan el CIMI Sierra Morena, con 45 plazas masculinas, femeninas y de internamiento terapéutico, y Medina Azahara, y con 67 plazas masculinas. El año pasado pasaron por los CIMI andaluces algo más de un millar de menores, pero la cifra va en descenso (3,4% menos que el año anterior) porque los jueces están optando cada vez más por medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la permanencia durante el día en Grupos Educativas de Convivencia o las tareas socioeducativas.

Así, frente a los 1.041 menores que pasaron por los 14 CIMI en 2025, 4.936 cumplieron medidas de medio abierto. Los jueces imponen medidas de internamiento en dos de cada diez casos, sobre todo por delitos contra el patrimonio, seguidos de las lesiones y los de torturas y contra la integridad moral como los elegidos para los juicios simulados hoy en el CIMI Sierra Morena.

Para el cumplimiento de medidas de medio abierto, como las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas, la Consejería de Justicia tiene más de 300 convenios con ayuntamientos y entidades sociales que colaboran con el sistema y facilitan que los menores infractores cumplan estas medidas colaborando en servicios municipales y, en el caso de las ONG, realizando labores de voluntariado que les permite tomar contacto con colectivos vulnerables.

El año pasado, 354 menores infractores cumplieron 747 medidas judiciales en Córdoba, ya que un mismo menor puede cumplir varias. Así, en los CIMI se ejecutaron 138 medidas de internamiento (1.590 en toda Andalucía) y 609 medidas de medio abierto (6.337 en toda Andalucía), entre ellas las prestaciones en beneficio de la comunidad (53 en Córdoba de un total de 335) y las tareas socioeducativas (101 en Córdoba y 950 en toda la comunidad).

“Cuando dejaba el videojuego, se volvía agresivo”. “Llegó a amenazar con tirarse por el balcón”. “Cuando empezaba, no sabías cuándo iba a acabar de jugar”. “Mi hija no era así, es como si nos la hubieran cambiado”. “Tenía grupos multitudinarios de WhatsApp y recibía mensajes de desconocidos. Le mandaban stickers eróticos”. “Todo esto nos viene largo, no sabíamos cómo afrontarlo”.

Estas son algunas de las alertas que saltaron en la vida normal de dos familias de Córdoba cuando sus hijos adolescentes empezaron a tener un uso desmedido de las pantallas, un abuso de dispositivos como el teléfono móvil o los videojuegos, que acabó por alterar sus conductas, su desarrollo social y la vida familiar. La siempre particular etapa de la adolescencia se unió a los problemas relacionados con el consumo de nuevas tecnologías a esa edad. Y ese cóctel, que puede suponer una adicción digital y sus consecuencias, hizo que acudieran a recibir ayuda profesional para frenar y reconducir la situación, donde acompañar a las familias y educar en el uso de las pantallas es el objetivo.

El testimonio -con nombres ficticios para preservar su anonimato- que han prestado a Cordópolis ambas familias y los profesionales que las atienden muestran cómo el abuso de las pantallas puede llegar a alterar sus vidas. Guille tiene 14 años y es buen estudiante, cuentan sus padres. Tuvo teléfono móvil a los trece años y el uso de la Play estaba restringido a los fines de semana. “Su problema son los videojuegos”. Recuerdan que, durante un día en casa de unos amigos “probó el Fornite” -un videojuego en línea con más jugadores-, y luego se lo instaló sin saberlo sus padres. “El demonio ha entrado en casa”. Es la frase que su madre, Rocío, dice para describir la situación que se desencadenó a partir de entonces.

Aislamiento y cambio de carácter

La situación se complicó: no admitía negociaciones sobre las horas de juego, argumentaba que todos sus amigos estaban conectados jugando, se aislaba de su familia, dejó de salir con amigos, abandonó el deporte, empezó a ser desordenado y su carácter también se vio afectado, describen sus padres. La gota que colmó el vaso fue la agresividad que mostraba cuando dejaba de jugar y su contrariedad por ello hasta el punto de amenazar con el suicidio, con tirarse por el balcón.

La derivación de su pediatra cuando sus padres insistieron en la gravedad de la conducta de Guille fue lo que les llevó a la puerta de la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba (IPBS) que, específicamente, tiene un programa de Intervención Psicoeducativa con menores, jóvenes y familias para acompañarlas y prevenir los consumos de sustancias o nuevas tecnologías y pantallas que suponen un riesgo.

A esta misma puerta de ayuda llegaron los padres de María, de 12 años. En su caso, la derivación la hizo la especialista de Salud Mental que trata a esta adolescente diagnosticada de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Hace unos meses que le compraron un teléfono móvil, con la condición de no usarlo en casa, para localizarla porque su trastorno hacía que, a veces, se despistara del grupo de amigas y se perdiera, cuentan sus padres, José y María. Pero, además de esa utilidad, la chica encontró en el móvil una ventana para relacionarse que le resultaba más sencilla, sin prever las consecuencias que puede tener el uso de internet a esas edades.

“Cada vez veíamos que los usaba más, el móvil y la tablet”, relata su madre sobre cómo detectaron el abuso de pantallas. Y se dieron cuenta de que tenía “grupos multitudinarios en WhatsApp”, de personas desconocidas, de las que recibía mensajes. “Le mandaban stickers eróticos”, pone como ejemplo. Además, “enlazaba las horas del día” usando el teléfono para llamadas, para escuchar música o para estar en internet. “Ella lo justificaba. Es algo que le entretiene, habla con amigos, ve vídeos... Son muchos estímulos”, precisamente algo que encaja como 'alimento' para su hiperactividad. Y cuando intentaban cortarle el uso del móvil, su respuesta sacaba la rebeldía adolescente: “No es justo, me estáis aislando”.

“Es como si nos la hubieran cambiado. Ella no era así”

“Es como si nos la hubieran cambiado. Ella no era así. Te trata con la punta del pie. Es muy duro, desde por la mañana hasta por la noche”, dice preocupada su madre. Y, a la vez, notan cambios en el ánimo de su hija: “Le bajan la autoestima”, dice, sobre los mensajes que recibe de desconocidos en esos grupos de mensajería: “Cree que no vale nada”. Ante esta situación, en las familias saltan las alarmas: “Nos viene largo todo esto, no sabemos cómo afrontarlo. Necesitamos ayuda”.

Esa ayuda la prestan en este centro la psicóloga Ana Anguita y el educador social Yayo Cazallo, encargados de escuchar a los menores y sus familias, de planificar una intervención con ellos y desarrollarla en distintas sesiones, para reconducir el abuso de pantallas y sus consecuencias en las conductas de los chicos y la vida familiar. En una primera entrevista de acogida evalúan cada caso particular y, a partir de ahí, llega la atención profesional específica.

Toca discernir lo que son comportamientos propios de la adolescencia, el cuestionamiento de la autoridad paternal, la rebeldía y los cambios en los intereses y relaciones de los chicos -ahora todo eso con el uso de pantallas de por medio-, de las líneas rojas en sus conductas que hay que frenar, como los insultos o el autoritarismo de estos menores, explica Cazallo.

Todo eso hay que explicárselo a los padres y madres, para establecer la situación real. “Las familias llegan muy preocupadas” dice el educador social, ya sea por el abuso de horas en el uso de dispositivos o por las reacciones negativas que asocian a esto. “Hay que rebajar el miedo y plantear la medida de las cosas”, señala sobre cómo utilizar pantallas es algo que sí o sí va a pasar: “Las usan para relacionarse, para su ocio...”. Pero hay que estar atentos a esas “respuestas airadas, a que afecte al sueño o la alimentación, o al rendimiento académico”, a las líneas rojas que no se deben saltar.

Aprendizaje y ayuda para las familias

Las familias aprenden a vadear la adolescencia con el elemento de las pantallas incluido. “Sabemos que no hay que entrar en un permanente conflicto con él por eso”, cuenta Rafa sobre su hijo. “Si uno le riñe en un momento dado, el otro (componente de la pareja) no”, dice para que el menor no vea un muro de sus padres ante él sino que tenga siempre a quién hablarle y no se aísle más. Y poner unas normas para el uso de los dispositivos.

“Tiene que haber comunicación, también normas, consensuadas con él para que sea más fácil que las asuma y también se pueda apelar a su responsabilidad si no lo hace”, apunta el educador social.

“A las familias se les ofrecen unas pautas, unas normas”, explica la psicóloga. En este centro intervienen con los padres de María, mientras se coordinan para que Salud Mental siga su atención a la menor con TDAH. “Es importante que los padres tengan un espacio al que acudir, donde expresar lo que están viviendo en casa”. Y que sirva de acompañamiento para el proceso vital que están pasando sus hijos.

“Acompañar y educar en el uso de las pantallas”, repiten los profesionales sobre su labor y su objetivo. Un objetivo que va viendo resultados cuando los chavales adecuan el uso de dispositivos y se reconduce con normas y límites. Evitan, de esa manera, caer en una adicción de la que cada vez ven a menores con más corta edad. “Con las pantallas cada vez llegan chicos y chicas antes, nos encontramos con casos incluso de 10 años”, alerta Anguita.

Para que salten esas alarmas a tiempo, pediatras, enfermeras escolares o especialistas en Salud Mental son quienes derivan a los menores y sus familias a este centro cuando detectan posibles abusos de pantallas y consecuencias en la conducta. Actualmente, la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba actúa con 14 menores y sus familias por el uso desmedido de dispositivos tecnológicos.

Los responsables del incendio que arrasó con el tiovivo con el que Pepe y Loli se ganaban la vida desde hacía décadas son dos menores inimputables, tal y como ha podido conocer este periódico tras la investigación desarrollada por el Grupo de Menores de la Policía Nacional.

Fue el pasado 19 de mayo cuando este matrimonio de feriantes recibió la noticia que ha puesto aún más en jaque el estado de salud en el que ambos se encuentran. En cuestión de minutos, las llamas fueron consumiendo poco a poco el tiovivo que tantas vueltas ha dado desde que en la Navidad de 1998 llegara a la plaza de enfrente, Los Califas.

Cuando el incendio quedó sofocado, Pepe pudo acercarse a su atracción y solo supo llorar, como lo sigue haciendo hoy. Cariñoso y atento aún en estos momentos, explica a este periódico que su futuro y el de su mujer es complicado. Aún más lo sería si no contaran con el apoyo familiar que hoy les intenta sostener. En unos meses acudirán al juicio contra estos menores, a los que no se le aplicarán medidas penales debido a su corta edad. Sin embargo, sí se les aplicarían medidas educativas y serán sus padres quienes deban responder económicamente de los daños, aunque Pepe desconfía que pueda ver un céntimo. Además, tal y como explica a Cordópolis, su seguro no se hace responsable de lo sucedido según unas cláusulas de su póliza.

Hay que señalar que la atracción llevaba cerca de un año cerrada por motivos de salud de la pareja, tal y como cuenta el propio afectado. A ello se suma una orden municipal de retirada de junio de 2025. En ese escrito, la Delegación de Vía Pública estableció un plazo de diez días hábiles para que Pepe y Loli retiraran la atracción. El pasado mes de abril, el servicio de Inspección de la Policía Local comprobó que el tiovivo seguía en el lugar y no se había retirado, por lo que a principios de mayo se acordó su retirada por parte del Ayuntamiento. No obstante, la orden no llegó a ejecutarse. Días después, un incendio destruyó la atracción. Hoy, el Consistorio está ejecutando obras para ajardinar esta plaza.

Actualmente, la pareja cuenta con una ayuda por enfermedad y una pensión, por lo que Pepe ha habilitado su número de teléfono (648 98 72 75) para quien pueda ayudarle económicamente. “Mi mujer me ha dicho que no pidamos limosna, pero de verdad que algo tengo que hacer”. Además, el mundo del carnaval cordobés -una gran familia para estos feriantes- se está movilizando para poner en marcha un evento musical gratuito el próximo 11 de julio con una fila 0 y en el que todo lo recaudado irá para este matrimonio.

Cuando Pepe y Loli fueron expulsados de la plaza Los Califas

Este drama no es el único que ha asolado a esta pareja. En mayo de 2021, el Ayuntamiento ordenó la retirada inmediata de las atracciones. Por aquel entonces, tenían el tiovivo y unas camas elásticas. Una patrulla de la Policía Local notificó a la pareja que el espacio debía quedar completamente desalojado el lunes siguiente. Fuentes municipales justificaron la decisión alegando que el uso del suelo por parte de la pareja durante 20 años se había convertido en “privativo” de un espacio público, lo que obligaba a adaptar la situación a la normativa vigente.

Mientras expiraba el plazo para el desalojo, la solidaridad vecinal se desbordó. Se inició una recogida de firmas en la plataforma Change.org que superó rápidamente las 2.500 rúbricas. En este contexto, el por entonces delegado de Seguridad y Vía Pública, Miguel Ángel Torrico, aclaró que la negativa a renovar la licencia se basaba en una ley de 2003 del Patrimonio de Administraciones Públicas que limita las autorizaciones temporales a un máximo de cuatro años, incluidas prórrogas. Asimismo, el concejal aseguró en aquel momento que hubo quejas vecinales por ruidos y que había otros posibles interesados en ocupar el espacio mediante concurso público.

Tras una reunión mantenida entre Torrico y el matrimonio, alcanzaron un acuerdo: las se trasladarían a la plaza Matías Prats. Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que el hueco en la plaza Los Califas no sería ocupado por nuevas instalaciones, sino que quedaría “para uso público” de los ciudadanos.

Los restos del tiovivo calcinado ya han desaparecido de la plaza Matías Prats la y la vida tal y como la entendían Pepe y Loli ha dejado de girar.

La Policía Nacional en Córdoba, con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, ha puesto en marcha una iniciativa preventiva de seguridad, consistente en el reparto gratuito de pulseras identificativas para menores. El objetivo es facilitar la localización inmediata de las familias en caso de que algún menor se pierda o se desoriente en el recinto ferial durante los días de celebración.

La Feria de Córdoba es uno de los eventos festivos con mayor afluencia de público de la provincia, que concentra a miles de personas, creando un contexto en el que la posibilidad de que un menor se pierda, aunque sea de forma momentánea, puede generar una situación de elevada tensión tanto para el o la menor como para su familia.

Con el fin de agilizar al máximo el reencuentro con la familia o persona responsable, la Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, unas pulseras identificativas en las que los progenitores, tutores o acompañantes adultos pueden anotar un número de teléfono y persona de contacto. De este modo, cualquier Policía o ciudadano que localice a un menor solo o desorientado podrá consultar la pulsera y contactar de inmediato con su familia, evitando traslados innecesarios y reduciendo al máximo el tiempo de reencuentro.

Puntos de recogida de la pulsera

Desde hoy miércoles y hasta el viernes 29 de mayo, las pulseras pueden recogerse en la Comisaría Provincial de Policía Nacional situada en la Plaza de la Policía Nacional en horario de atención al ciudadano.

Durante la Feria, también podrán recogerse en la Oficina de Denuncias Conjunta de Policía Nacional y Policía Local, situada en la zona de atracciones del Recinto Ferial, junto a la caseta Municipal.

Además, los agentes de la Policía Nacional que patrullarán por el recinto ferial en vehículo policial dispondrán de estas pulseras, pudiendo solicitárselas a los mismos.

Recomendaciones de seguridad para acudir a la Feria con menores

Si acudimos a la Feria con menores de edad, la Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para disfrutar de la Feria con mayor seguridad:

La Policía Nacional recuerda que la seguridad en los grandes eventos es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía. La colaboración de todos contribuye a que la Feria de Córdoba sea un espacio de disfrute, convivencia y seguridad para familias, visitantes y vecinos de la provincia.

Un vigilante de seguridad de Córdoba recibirá un indemnización de 26.000 euros después de sufrió un puñetazo de un joven que se encontraba interno en el centro de menores donde la víctima desempeñaba su trabajo. La plaza número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de la capital condenó al adolescente por la agresión y estableció una indemnización de 12.000 euros, pero la Audiencia Provincial dio la razón a la víctimay solicitó un acuerdo para que dicha indemnización se ajustara a las lesiones y al tiempo que el vigilante estuvo incapacitado. Ahora, un acuerdo entre las partes ha elevado a 26.000 euros esa cantidad.

Según ha podido conocer este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 14:15 del 28 de noviembre de 2023. El agresor, que por entonces tenía 17 años, estaba interno en el módulo de Salud Mental del centro. En un momento dado, comenzó a mostrarse agitado e intentó abandonar la zona común dodne se encontraba, desobedeciendo a los educadores. En medio de la tensión, el menor llegó a armarse con un cepillo de limpieza, por lo que el vigilante intervino con la intención de calmarlo.

Aunque el menor hizo ademán de entregarle el cepillo, de forma “sorpresiva” le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que impactó en la parte superior del tabique nasal. Ante la gran agresividad del interno, el trabajador tuvo que reducirlo para protegerse a sí mismo y al resto de personas presentes. Las consecuencias para el vigilante fueron graves y prolongadas en el tiempo. El golpe le causó un traumatismo facial con heridas que le han dejado una cicatriz de seis centímetros desde la raíz de la nariz hasta la ceja izquierda.

Sin embargo, la lesión más preocupante fue la del ojo izquierdo. El puñetazo provocó el desplazamiento de una lente intraocular que el trabajador ya tenía implantada por una operación previa de cataratas, provocando la pérdida gradual del ojo. No fue hasta el 31 de marzo de 2025 -casi un año y medio después del ataque- cuando el vigilante se sometió a una operación por la cual consiguió restablecer su visión. El trabajador recibió el alta y ha vuelto a ejercer su profesión en otro lugar.

Por estos hechos, el juzgado de Menores condenó al joven por un delito de lesiones y le impuso una medida de 12 meses de internamiento en un centro terapéutico, aunque la ejecución ha quedado en suspenso a condición de que cumpla satisfactoriamente ocho meses de libertad vigilada y continúe con un tratamiento ambulatorio de salud mental.

En cuanto a la indemnización, la aseguradora del centro ha sido la encargada de abonar 14.000 euros después de los 12.000 que ya consignó al inicio del procedimiento.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha anulado la resolución del Juzgado de Menores número 1 del pasado mes de octubre que absolvía a tres menores implicados en una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. El tribunal ha fallado que la absolución carece de lógica y vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de Montoro y, posteriormente, al Hospital Reina Sofía.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la agresión se produjo sobre las 3:00 del 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. Cuando los procesados y la pareja iban andando por la calle, se produjo un “malentendido al creer los denunciantes que los menores se estaban refiriendo peyorativamente a su orientación sexual”. En ese contexto, se inició una discusión en la que uno de los menores agredió a una de las víctimas con un “puñetazo” y a otra, con “patadas y puñetazos”, además de propinarle un “escupitajo”.

A pesar de que el juez de Menores reconoció que durante la pelea se profirieron insultos como “chupapollas o maricones”, en su falló concluyó que “no se ha acreditado que el motivo de la pelea fuera debido a la condición sexual”, dejando dichas expresiones como algo secundario ocurrido “durante el transcurso de la pelea”. En consecuencia, absolvió a los tres menores del delito de odio, argumentando que no se había acreditado que la condición sexual fuera el motivo de la pelea, relegando los insultos homófobos a un segundo plano ocurrido “durante el transcurso” de la riña. Además, a dos de ellos los absolvió de un delito de lesiones, considerándolos meros mediadores que intentaron separar a la pareja del otro procesado, que sí fue condenado por dos delitos leves de lesiones a 50 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Contra esta sentencia, las víctimas interpusieron un recurso ante la Audiencia al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y la Sala ha dado la razón a la pareja. Para el tribunal, el fallo de Menores “se descalifica por sí mismo” y se aparta de las máximas de la experiencia. En esa línea, la Sala ha calificado de “inverosímil” la tesis de una “agresión unilateral en el contexto de una discusión extremadamente tensa” donde se obvió que los adultos resultaron heridos en un acometimiento de menores, a pesar de la diferencia de edad y complexión. Además, la Sala ha criticado que el juez de Menores aceptara la existencia de un “malentendido” sin explicar la razón por la que descartó que la disputa tuviera su origen en el menosprecio a la orientación sexual.

En ese sentido, el tribunal continúa argumentado que es “improbable” que una pareja que mantiene una relación afectiva y muestra “manifestaciones externas de cariño” confunda insultos como “maricones” o “chupapollas” con una conversación ajena, subrayando que la sentencia original no mencionó “cuál fue el contenido real de esa conversación malentendida”. Además, la Audiencia afea al juez que guardara un “absoluto silencio” sobre por qué dio más valor a la retractación de uno de los menores durante el juicio que a lo que él mismo “sostuvo ante el fiscal instructor”, donde sí admitía los insultos.

Por todo ello, y aunque los magistrados insisten en que existe el principio in dubio pro reo, este no puede anular el derecho a la “tutela judicial efectiva” de las víctimas. Al concluir que el juez de Menores valoró la prueba de forma “insuficiente”, la Audiencia ha determinado que es “imprescindible” que la dicte otro juzgador. Por ello, ha revocado el fallo y anulado el juicio, devolviendo las actuaciones para que se celebre una nueva vista.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suspendido de empleo y sueldo de manera cautelar a la maestra de un colegio público de la capital cordobesa a la que se investiga por un supuesto maltrato a 18 alumnos de Educación Infantil.

Así lo ha confirmado a preguntas de los medios en Vícar (Almería) la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, quien ha explicado que la decisión se ha adoptado a propuesta del servicio de inspección educativa de Córdoba tras estudiar el caso.

Castillo ha detallado que la decisión llega tras la intervención de la autoridad judicial, si bien ha afirmado que la Junta tuvo cierto conocimiento previo de los hechos “por las familias” de los menores supuestamente involucrados en los maltratos.

Fue la Policía Nacional la que detuvo el pasado 12 de marzo a la maestra, acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años de edad, de un colegio público de la capital cordobesa, tras ser denunciada por las familias de los menores, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos.

El Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que es el que se ha hecho cargo del caso.

Hace seis años que Marta (nombre ficticio) se sentó con Cordópolis para contar su historia -gigante e incansable-, que no era otra que la de intentar que su hijo tuviera un presente y un futuro dignos. En aquel momento, Jesús (nombre ficticio) tenía 11 años y ella batallaba por un cuidado equitativo del menor entre ella y su expareja tras divorciarse. El menor sufre autismo severo con hiperactividad, discapacidad intelectual grave y problemas conductuales. Por aquel entonces, su madre temía que ingresara en una residencia; una profecía que se ha acabado cumpliendo pero en unas condiciones aún peores.

Desde el pasado mes de febrero, este menor -actualmente tiene 17 años- está ingresado en la residencia de mayores que Prode tiene en Pozoblanco, un recurso al que van personas gravemente afectadas y mayores de 55 años. Convencida de que no es un centro adecuado para él, ha recurrido a todas las vías posibles para que su hijo salga de un lugar en el que, afirma, vive “en una habitación sin puertas” y en un entorno “sin seguridad y sin personal cualificado para tratar a menores y menos, con autismo, y donde tampoco recibe atención educativa directa”.

Para entender la situación hay que retrotraerse a 2021, cuando el menor ingresó en Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, una escuela hogar donde residía y recibía atención íntegra. Según un informe psicosocial del centro, la adaptación de Jesús fue “positiva”, aunque todos los avances seguían dependiendo “de la presencia y la mediación constante de figuras de referencia”. Por ello, durante su estancia allí, el equipo priorizó “la anticipación de acontecimientos, la mediación emocional y la adaptación de las demandas a su nivel de competencia”, lo que contribuyó a “reducir la aparición de respuestas desajustadas y favorecer su integración en la vida cotidiana de la residencia”.

Sin embargo, lo que podía ser una estancia hasta alcanzar la mayoría de edad -para después pasar a los programas de transición a la vida adulta- se truncó el pasado 11 de diciembre. Pese a que el menor ni siquiera había cumplido los 17 años, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía le notificó que su nueva plaza estaba en la Residencia de Gravemente Afectados (RGA) de Prode Pozoblanco. Esta modificación de las prestaciones que recibe el menor se produjo tras la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), que se lleva a cabo cuando los demandantes de esta asistencia cumplen 16 años. Fuentes de la Delegación de Inclusión en Córdoba han apuntado que el cambio se ha realizado conforme a la normativa, “ya que, a partir de los 16 años, ya pueden ir a Residencias de Gravemente Afectados”. A las preguntas de si realmente la residencia de adultos de Pozoblanco responde a las necesidades de este chico, estas mismas fuentes enfatizan en que esa es la designación que ha realizado Dependencia. “¿De verdad que no hay más adultos en Córdoba que hubieran necesitado esa plaza y han sacado a mi hijo de un sitio donde estaba perfectamente atendido?”, se pregunta esta madre.

Según relata ella, la propia directora del centro de Pozoblanco le advirtió por teléfono que el lugar no era adecuado para un joven de su edad. Ante ello, Marta y su exmarido visitaron las instalaciones, pudiendo constatar la falta de idoneidad. “Vi que las ventanas se abrían sin problema, y mi hijo no puede estar en un entorno así”. Este medio ha contactado con la entidad pozoalbense, aunque sin éxito.

Tras esta visita, la progenitora remitió un correo a Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra comunicándole que renunciarían a la plaza en Pozoblanco hasta que saliera una vacante disponible en un centro cualificado de autismo. “De forma verbal me dijeron que iban a guardar su plaza hasta ver si el niño se adaptaba en Pozoblanco, pero no ha sido así. Lo que está claro es que alguien, el centro o Dependencia, canceló la plaza de Jesús sin que nos dijeran nada”, asegura la madre. Desde la Junta apuntan que la reserva de plaza a la espera de una posible adaptación “no se puede hacer” y que, en el momento en que el usuario abandona el centro, dicha plaza se libera para otro demandante. Cordópolis también ha contactado en varias ocasiones con Ciudad San Juan de Dios, pero no ha obtenido declaración alguna.

“Confinado” en la habitación durante las lluvias de febrero

Una vez que el menor salió del centro sevillano, Marta no tuvo más remedio que ingresarlo en esta residencia de Pozoblanco. El primer día, recuerda, “fue horrible”, así como la primera semana, “ya que, por las lluvias, estuvo en su habitación únicamente”. Una estancia que no tiene puertas y en la que hace sus comidas, afirma la madre, “evitando así que entre en contacto con personas mayores que están muy mal”.

“En un primer momento le pusieron una mesa en el salón con el resto de internos, pero al final está comiendo en el cuarto porque la situación debe ser insoportable para mi hijo, que ha desarrollado un rechazo absoluto a la comida y vive bajo una ansiedad constante que le lleva a pedir agua compulsivamente”, afirma. Para evitar que Jesús esté el mayor tiempo posible en el centro, su madre lo recoge los fines de semana y se lo lleva a casa, pese a la complejidad que supone la estancia del menor en la vivienda.

Sin asistencia educativa en el centro y con traslados agotadores

A diferencia de en Ciudad San Juan de Dios, donde la atención era integral, en esta residencia de adultos, Jesús no tenía inicialmente de asistencia educativa. Para subsanar esta carencia, la madre tuvo que movilizarse para que el menor fuera aceptado en el centro Futuro Singular de Peñarroya. Esto ha derivado en otra “burrada” logística: el joven debe realizar trayectos diarios de casi una hora de ida y otra de vuelta en autobús, levantándose muy temprano, lo que agrava su estado de agotamiento. Tal y como detalla la madre, su hijo todavía no ha conseguido adaptarse al aula, por lo que recibe atención educativa de forma particular y, los días en los que come en este centro, también lo hace sin compañía de otros usuarios.

La desesperación de Marta la ha llevado a pedir auxilio al fiscal delegado de la protección de mayores y personas con discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, quien trasladó el caso a la Delegación de Inclusión de la Junta de Andalucía. Esta instancia, a su vez, le ha comunicado a Marta que su hijo deberá quedarse en ese centro hasta que haya una plaza en otro disponible. “¿Mi hijo es el que tiene que cambiar el sistema? ¿Tiene que estar en un sitio que no está adaptado? Y, ¿hasta cuándo? Hay centros para él en otras provincias de Andalucía”. Además de a esta instancia, Marta también ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz.

La Unidad de Salud Mental del Reina Sofía considera “absolutamente inadecuado” el centro

Mientras tanto, la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía ha emitido un informe suscribiendo que el recurso de Prode es “absolutamente inadecuado” para este joven, quien tiene “graves problemas de conducta con comportamientos agresivos hacia otras personas y su entorno, autolesiones y conductas de riesgo hacia sí mismo”.

El psiquiatra y coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del hospital -Rafael de Burgos-, que es quien firma el informe, insiste, además, en que los cuidados y las actividades de la residencia de Pozoblanco están dirigidos, “lógicamente”, a sus usuarios, personas mayores de 55 años, y no a casos como el de Jesús. Por todo ello, desde esta unidad se ha solicitado que, a la mayor brevedad posible, el menor sea trasladado a otro centro adecuado para su edad y con experiencia en la atención a niños con autismo, discapacidad intelectual y trastornos de conducta.

Desde la Junta emplazan a la madre a solicitar una plaza de urgencia para lograr el cambio de centro. Mientras tanto, la única alternativa para Jesús pasa por seguir en esta residencia de adultos ante la dificultad que supone poder estar en su casa, con su madre.

La poeta cordobesa María Sotomayor da el salto a la narrativa con Los cauces (Espasa), su primera novela, que llega a las librerías este mes de marzo. Se trata de un texto intenso y profundamente personal en el que aborda el abuso infantil (sufrido por ella misma), la pérdida y los procesos de reconstrucción personal, con la literatura como fuente de sanación.

La obra nace de una experiencia vital marcada por el trauma. Sotomayor sufrió abusos durante su infancia en un entorno familiar, un espacio que debería haber sido seguro y que, sin embargo, no lo fue. Este hecho atraviesa la novela, que explora las huellas invisibles que deja la violencia en la vida adulta.

Según destaca la editorial, Los cauces es “un texto estremecedor” que se adentra en “el impacto duradero del abuso infantil y el complejo camino hacia la sanación”. A través de recuerdos fragmentados, sesiones de terapia y encuentros con otras personas heridas, la protagonista reconstruye su historia en un relato íntimo que va más allá del dolor para abordar también la resistencia y la búsqueda de una voz propia.

La novela, a caballo entre la autoficción y la poesía de la que viene Sotomayor, supone un punto y aparte en la trayectoria de la escritora, más vinculada al ámbito poético. Con un lenguaje cuidado y una mirada profundamente personal, la autora traslada a la narrativa la intensidad emocional que caracteriza su poesía.

De raíces cordobesas, aunque nacida en Madrid en 1982, María Sotomayor es filóloga, poeta y escritora. A lo largo de su carrera ha trabajado como editora y ha estado vinculada al ámbito cultural y artístico. Fue fundadora de la librería La Semillera en Madrid y actualmente impulsa La Romántica en Córdoba.

Como poeta, ha publicado títulos como Estoy gritando, me conocí de esta manera (2013), La paciencia de los árboles (2015, ampliado en 2018), Misericordia (2020), Fiera (2021) y La Furia (2023). En 2016 obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena por Nieve antigua.

El Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Aproni ha emitido un llamamiento urgente ante la necesidad inmediata de encontrar familias acogedoras en las provincias de Sevilla y Córdoba, y explican que, actualmente, varios niños y niñas de entre 0 y 7 años requieren un entorno familiar de forma inmediata para evitar su ingreso en centros de protección.

Desde la entidad destacan que el acogimiento familiar es una medida fundamental para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de los menores en situación de vulnerabilidad. “Si conseguimos encontrar familias acogedoras, podremos evitar que estos niños y niñas tengan que ingresar en centros de protección”, señalan.

La modalidad de acogimiento de urgencia implica una respuesta rápida por parte de las familias, que se comprometen a ofrecer un hogar temporal seguro mientras se resuelve la situación del menor. Este tipo de acogida resulta clave en momentos críticos, cuando los niños necesitan una intervención inmediata. Para ser familia acogedora de urgencia, al menos una de las personas cuidadoras principales deberá tener disponibilidad para atender las necesidades que presente la persona menor. 

Bajo el lema “Seguimos necesitando de forma urgente familias acogedoras”, Aproni insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y hace un llamamiento a la difusión del mensaje. “Compartir esta información puede cambiar vidas”, subrayan.

Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden contactar a través de los teléfonos 900 878 281 y 955 113 678, o mediante el correo electrónico acoge@aproni.org. También es posible realizar consultas a través de mensajes directos en Instagram o Facebook.

Desde la organización recuerdan que ofrecer un hogar, aunque sea de forma temporal, puede marcar una diferencia decisiva en la vida de estos menores.

La Policía Nacional en colaboración con fundaciónSOL lanzan una nueva pieza de concienciación en el marco de la campaña “Somos su Mejor Red”, cuyo propósito es la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de la violencia digital y de impedir su normalización. La iniciativa busca visibilizar una forma de violencia cada vez más presente en el entorno escolar y digital, conocida como Happy Slapping, en un contexto en el que el acceso temprano a redes sociales y dispositivos móviles facilita la grabación y difusión inmediata de contenidos violentos.

El fenómeno del Happy Slapping (“bofetada feliz”), surgió en el Reino Unido en 2005 y, pese a su nombre aparentemente inocente, describe un fenómeno violento que se ha extendido en España durante los últimos años: grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido. La finalidad suele ser ganar popularidad o likes en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

Estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, lo que supone un incremento del 8% respecto a 2022. En este mismo año se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8% más que en 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes.

La Fiscalía alerta también del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Un informe publicado en 2025 por la Fundación ANAR, señala WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales en los que se producen o difunden estas situaciones. Este mismo informe pone de manifiesto también la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2% de los casos de ciberacoso incluye el uso de IA, principalmente para crear imágenes, vídeos o audios falsos de la víctima o para suplantar su identidad.

Por su parte, Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional con más de 28 años de experiencia en labores de seguridad ciudadana, investigación y prevención de la delincuencia añade: “El Happy Slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende las fronteras del mundo físico y real para difundirse de manera masiva en el mundo digital. Debemos fomentar la capacidad crítica y el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías en nuestros adolescentes, para que sean conscientes del alcance que pueden llegar a tener sus acciones y el daño que pueden causar a los demás. No podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros. Los menores, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal, afectando las consecuencias hasta su vida adulta. La violencia no tiene cabida en ningún espacio y, en este sentido, es fundamental el trabajo conjunto entre familias, centros educativos y sociedad para construir entornos más seguros”.

La pieza audiovisual creada por fundaciónSOL aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva, invitando a la reflexión, “Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar”, explica Claudia Caso, directora de fundaciónSOL. “Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia”.

Según el informe Violencia Viral: los 9 tipos de violencia online de Save the Children, el Happy Slapping es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes. En el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying, una problemática en auge, ya que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, tan solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar. La propia Fiscalía advierte que estas cifras reflejan únicamente los casos que llegan al sistema judicial, pudiendo existir una cifra oculta mayor debido a la infradenuncia o a la gestión interna en centros educativos.

Recomendaciones de fundaciónSOL y Policía Nacional

Policía Nacional y fundaciónSOL señalan que la prevención requiere una implicación conjunta de familias, centros educativos y sociedad. A continuación se presentan una serie de recomendaciones para evitar o mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes:

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años de cárcel y seis de libertad vigilada impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija menor de su pareja, según una sentencia hecha pública este martes.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lo consideró responsable de varios delitos de agresión sexual a menor.

De acuerdo con los hechos probados recogidos en la sentencia, por motivos laborales que implicaron el traslado de la progenitora a Badajoz, el acusado convivía habitualmente con la menor y se ocupaba con frecuencia del cuidado de la niña y su hermano.

El auto recoge que los abusos comenzaron en el verano de 2012, cuando el procesado tenía 47 años y la víctima ocho, y relata que el procesado inició las agresiones con tocamientos de carácter sexual y que posteriormente llegó a penetrar a la menor en diversas ocasiones, aprovechando que ambos se encontraban solos en la vivienda familiar, y ocultando presuntamente pruebas de ello para que evitar que la progenitora se enterase. Los abusos sexuales duraron hasta el año 2020, según el testimonio de la víctima.

Ella finalmente se lo contó a la madre en 2021, alentada por su pareja. Con posterioridad, se denunció ante la Guardia Civil. La menor ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar lo ocurrido, indica el auto.

Tras la sentencia condenatoria a doce años de prisión y seis de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel, el procesado apeló. Y ahora, el tribunal considera acreditado que el acusado se aprovechó de la relación de convivencia y de la situación de confianza existente en el entorno familiar para cometer los abusos, que se prolongaron durante años.

Tras analizar los argumentos del recurso, el TSJA concluye que la Audiencia Provincial realizó una correcta valoración de las pruebas practicadas en el juicio y que el testimonio de la víctima resulta coherente, persistente y está corroborado por otros elementos probatorios.

Por todo ello, el alto tribunal andaluz confirma la condena impuesta en primera instancia, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia en la que confirma la pena de 12 meses de prisión para un hombre por no pagar la pensión alimenticia de su hija. La resolución ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Penal número 6, subrayando la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el acusado ya había sido condenado por hechos similares en 2018 y 2020.

Según la sentencia, el padre estaba obligado por una sentencia de 2010 a abonar 220 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hija menor. Sin embargo, el tribunal constató que, desde julio de 2020 hasta julio de 2025, el acusado dejó de satisfacer estas cantidades de manera sistemática.

Aunque realizó algunos ingresos esporádicos de pequeñas cuantías (entre 50 y 200 euros en fechas puntuales), la Sala ha considerado que estos fueron pagos “caprichosos” y, en algunos casos, ni siquiera estaban correctamente destinados a la beneficiaria.

En su recurso de apelación, la defensa del condenado alegó una supuesta situación de precariedad. No obstante, la Audiencia ha rechazado este argumento basándose en el informe de vida laboral del acusado, que demuestra que percibió ingresos suficientes durante el periodo enjuiciado para, al menos, cubrir parcialmente la pensión.

Además, el tribunal ha recordado que en marzo de 2024 se desestimó una solicitud de modificación de medidas instada por el propio apelante, lo que confirma que “no hubo una variación real de sus circunstancias económicas” que justificara el cese de los pagos. Así, para la Audiencia, el acusado no pagó la totalidad de las pensiones simplemente “porque no ha querido”.

Por otro lado, en su recurso, el padre ha alegado dilaciones indebidas, que también han sido rechazadas. El procedimiento ha durado algo más de dos años, “algo más que razonable” para el tribunal, que también ha apuntado que fue el propio progenitor quien lo ha demorado al no comparecer en los primeros llamamientos judiciales y provocar retrasos adicionales durante la tramitación de su solicitud de justicia gratuita, la cual terminó siendo denegada.

Junto a la pena de cárcel, el fallo confirma que el padre deberá indemnizar a la madre de su hija con el importe total de las pensiones adeudadas entre julio de 2020 y julio de 2025.