“De pequeño, me habían dicho que un tío mío había muerto en Alemania. Y eso siempre me quedó ahí. Cuando ya fui mayor, fui investigando”. Las palabras de José Ramírez rememoran su primer recuerdo sobre su tío Ángel Ramírez Muñoz, natural de Montilla (Córdoba), que fue deportado y acabó asesinado en un campo de concentración nazi. Este martes, a sus 83 años, José ha prestado declaración ante la Fiscalía Provincial de Memoria Democrática de Córdoba, en el primer acto llevado a cabo sobre represaliados deportados acogiéndose a la Ley de Jurisdicción Voluntaria por la Ley de Memoria Democrática de 2022, para que quede prueba documental oficial del horror que sufrió su tío y pueda ser utilizada en cualquier causa sobre los crímenes que vivieron los españoles en campos nazis.

La actuación la ha llevado a cabo la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Córdoba, María Florentina Aguado Fernández, a raíz de una iniciativa promovida por la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine, que trabaja por la recuperación de la memoria de las personas que sufrieron el exilio y la deportación a los campos de concentración nazis. “Este procedimiento permite documentar judicialmente hechos pasados relacionados con la Guerra Civil, la dictadura y la represión, el exilio y la deportación a campos de concentración, y es una vía para dejar constancia oficial de lo sucedido, para avanzar en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias”, explica la presidenta de la asociación, Cristina García, que acompaña a Pepe Ramírez a su declaración.

“Los familiares ya tienen una edad avanzada y esta es la forma de dejar constancia oficial, de manera que su testimonio siga vigente y sea válido para incorporarlo en causas que se abran con respecto al exilio y la deportación a campos nazis”, señala García apuntando, por ejemplo, a la investigación abierta en 2025 por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática sobre la muerte de miles de españoles en campos de exterminio nazis. “Las familias no sabían que existía la posibilidad de realizar este procedimiento -hasta ahora se ha llevado a cabo con víctimas de la represión franquista, pero no con deportados a campos de concentración nazis-, y la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine se ha hecho cargo de 'reconstruir' la vida de Ángel Ramírez Muñoz y otros tres deportados cordobeses, elaborar un expediente con toda la documentación y solicitar la declaración en la Fiscalía, para que quede como prueba documental ya para siempre.

En esa reconstrucción de su vida que su sobrino ha contado a Cordópolis y de la que ha dado detalles ante la fiscal con su testimonio y el expediente de documentación, se sabe que Ángel Ramírez Muñoz era el menor de ocho hermanos y, en Montilla, se dedicaba a labores de agricultura y albañilería en sus primeros años de juventud. “Él era el más pequeño, nació en 1915”. Pero cuando tenía veinte años, “vino el golpe de Estado y la Guerra Civil y se fueron a la zona republicana”. El padre de José estuvo en el frente en Albacete y sospecha que su tío también pudo estar inicialmente en esa zona. Luego, al primero lo cogieron prisionero en Roses (Girona), pero su tío consiguió pasar al sur de Francia.

“Lo enviaron a la Línea Maginot -línea militar fortificada de defensa de Francia ante los alemanes- y allí los nazis lo cogieron prisionero”. Ángel Ramírez Muñoz fue deportado al campo de concentración de Mauthausen y, posteriormente, a Gusen. Como el resto de los miles de españoles en campos nazis, llevó el triángulo azul al ser considerado un 'apátrida' por el régimen franquista, aunque le colocaron la S de 'spanier' (español). Finalmente, fue asesinado en Gusen el 21 de noviembre de 1941, cuando tenía 26 años.

Dejar constancia oficial con todo detalle de la que fue su vida y el horror que sufrió es el último paso conseguido por su sobrino. “Estoy relativamente contento. Ya conseguimos que se le pusiera una stolpeirsteine -piedra de la memoria-, en Montilla; también obtuvimos el certificado de reconocimiento y reparación como víctima... Por lo menos, que haya conciencia, que quede en la historia, porque de esto no se sabía nada, estaba silenciado, incluso entre familiares”, reflexiona su sobrino, consciente también de que “han pasado muchos años”, pero firme en sus ideas: “Me rebelo contra las injusticias”.

Como José, otros tres familiares de víctimas cordobesas de los campos nazis prestarán declaración ante la Fiscalía en los próximos días para dejar testimonio oficial de sus vidas y lo que les ocurrió. El 16 de noviembre se tomará declaración al hijo de un deportado asesinado de Fuente Obejuna (Córdoba) y se hará en Madrid debido a su avanzada edad -91 años-.

Además, también declararán las hijas de dos deportados supervivientes de Peñarroya-Pueblonuevo y Torrecampo -otros dos municipios de la provincia cordobesa-, mediante videoconferencia desde Francia, donde residen. Estas últimas dos actuaciones se tramitan desde Barcelona, provincia en la que sus padres pisaron por última vez suelo español, y están pendientes de fecha.

La Asociación Triángulo Azul Stolpersteine lleva cerca de un año trabajando en estos procedimientos, al constatar que se incluyen en la Ley de Jurisdicción Voluntaria por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Tuvieron una reunión con la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Córdoba, que les confirmó la posibilidad de llevar adelante este proceso. Y, ahora, a punto de cumplirse 85 años del asesinato en el campo de concentración de Gusen de Ángel Ramírez Muñoz, la historia recuperada de su vida y muerte quedará oficial y jurídicamente documentada.

La plataforma por la Comisión de la Verdad ha protagonizado este jueves una concentración ante el Ayuntamiento de Córdoba “por la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo” y ha denunciado “la parálisis, la desatención, el bloqueo institucional y la desidia administrativa” por parte del gobierno municipal del PP para proseguir con las exhumaciones de represaliados en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael.

“Nos han estado engañando diciendo que estaban comprometidos, pero es mentira”, ha dicho a la prensa la portavoz de la plataforma, Carmen Sánchez, recordando la “multitud de reuniones” y contactos con el gobierno municipal en las que mostraban su “compromiso” pero, sin embargo, no se hace efectivo retomando los trabajos de las exhumaciones de restos en las fosas. “Las víctimas no pueden seguir siendo rehenes de su falta de voluntad política”, ha señalado en el manifiesto que se ha leído en la concentración.

Actualmente, las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael están paradas. Las fosas, que se empezaron a abrir en octubre de 2023, se volvieron a cerrar en enero de 2026 al concluir el contrato con el que una empresa se había hecho cargo de los trabajos en ese periodo, había exhumado los restos de un millar de personas y había certificado que 189 eran represaliados. Al no tramitar el Ayuntamiento en tiempo y forma un nuevo contrato para proseguir los trabajos, estos quedaron paralizados y, desde hace meses, asegura que está ya redactado dicho contrato por 150.000 euros cedidos por el Gobierno central para estas labores y que, de no ejecutarse antes del 31 de diciembre, se perderán. Asimismo, tampoco hay noticia del nuevo convenio anunciado para firmar entre todas las administraciones que debería dar seguimiento al que rubricaron Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central para los trabajos que se llevaron a cabo desde 2023 hasta volver a cerrar las fosas.

La plataforma por la Comisión de la Verdad recuerda que en julio de 2026, el propio PP presentó y aprobó una enmienda en el Pleno del Ayuntamiento por la que se comprometía a agilizar por vía de urgencia el expediente de contratación dotado con los 150.000 euros del Gobierno, a la vez que a firmar a la mayor brevedad un nuevo convenio con la Diputación para garantizar la continuidad de los trabajos tanto en La Salud como en San Rafael.

Y, junto a ello, también a iniciar contactos con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía para que se incorporara al convenio, así como incluir la financiación de la Oficina de Atención a las Víctimas en dicho convenio.

“Inadmisible falta de respeto hacia las víctimas y sus familiares”

El manifiesto que se ha leído en la concentración de este jueves señala que “es inadmisible la falta de respeto hacia la memoria de las víctimas y sus familiares. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha incumplido el deber de memoria que corresponde al estado y, como parte del mismo, el compromiso respecto a la reanudación de los trabajos”. “Tampoco ha tenido nunca la decencia de visitar las fosas de nuestros cementerios ni asistir personalmente a ninguna actividad de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de estado y posterior dictadura franquista”.

Ante la actual situación de parálisis, denuncian que “a pesar de que los fondos del Estado están garantizados desde 2025, el Ayuntamiento ha permitido que las fosas vuelvan a taparse”. Y añaden que “hoy nos enfrentamos al riesgo inminente e imperdonable de perder 150.000 euros de financiación pública por pura ineficiencia administrativa”.

Con todo, el colectivo memorialista y los familiares recuerdan que “en nuestra ciudad, la tierra aún guarda el eco de esa injusticia. Las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael han escondido y aún siguen escondiendo después de 90 años los restos de más de 4.000 víctimas del terror franquista. La barbarie tuvo unas dimensiones que aún hoy estremecen”.

Por ello, reclaman que la administración local cumpla con su deber y se reanuden los trabajos de exhumaciones de las fosas. “La memoria democrática no es una opción, es un mandato legal y un principio democrático fundamental”, señalan para denunciar que “Córdoba no puede ser una ciudad plenamente democrática mientras miles de sus vecinos sigan enterrados en el olvido de las fosas comunes”.

En la concentración han estado presentes cargos públicos del PSOE y Hacemos Córdoba, así como integrantes de sindicatos como CCOO, UGT y CNT.

La Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento para este jueves a las 11:00. El colectivo quiere protestar por la parálisis de las exhumaciones de víctimas del franquismo en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, y denunciar el riesgo de perder la subvención estatal de 150.000 euros destinada a esos trabajos si no se ejecutan antes de que acabe el año.

Según la convocatoria, la protesta responde al incumplimiento de los compromisos que, a juicio de la plataforma, adquirió el alcalde, José María Bellido, con las víctimas. Durante el acto se leerá un manifiesto en defensa de la Verdad, la Justicia y la Reparación. La portavoz del colectivo, Carmen Sánchez Sánchez, atenderá a los medios junto a representantes de CNT, CCOO Córdoba y UGT, que apoyan la movilización.

La plataforma ha llevado además el asunto al Congreso de los Diputados. A instancias del colectivo, la diputada de Podemos Martina Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto, registró el 3 de septiembre una batería de preguntas con respuesta escrita dirigidas al Gobierno de España. En ellas se le exige que asuma directamente la búsqueda de las víctimas ante lo que la plataforma considera inacción del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía.

Del protocolo de 2020 a la paralización

El proceso se formalizó el 11 de diciembre de 2020 con un protocolo firmado por el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Se ratificó el 29 de diciembre de 2021 con un convenio de colaboración y financiación para cuatro anualidades. Los trabajos arqueológicos sobre el terreno no comenzaron hasta el 23 de octubre de 2023.

Las estimaciones manejadas por la plataforma cifran en 7.231 las personas enterradas en el cementerio de la Salud, de las que más de 1.000 serían víctimas del franquismo. En San Rafael, la cifra de represaliados asciende a 860.

El problema actual llegó con la extinción del convenio a cuatro bandas en diciembre de 2025. Según la plataforma, el Gobierno central aprobó su aportación presupuestaria en octubre de 2025 para dar continuidad a las tareas, pero el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta no firmaron el nuevo acuerdo, lo que provocó el abandono de las actuaciones y que las fosas volvieran a taparse al terminar el año. El colectivo recuerda que el pasado 14 de junio las familias tuvieron que depositar flores sobre la tierra que había vuelto a cubrir las fosas, y habla de un “renovado e injusto sufrimiento” para los familiares.

Aunque se anunció en julio una licitación por vía de urgencia, financiada con 150.000 euros de fondos estatales, la plataforma expresa su preocupación por los plazos. El contrato tiene una duración de cuatro meses y las actuaciones deben estar finalizadas y justificadas antes del 31 de diciembre de 2026, por lo que el colectivo sostiene que los trabajos tenían que haber empezado en septiembre como fecha límite. Cualquier retraso en la adjudicación, advierte, supondría la pérdida de los fondos públicos.

La plataforma insiste en que los derechos de las víctimas “no pueden quedar rehenes de la falta de voluntad política ni de la desidia administrativa”.

La mañana del 6 de agosto de 1936 el diario Guión amaneció con un titular a seis columnas. “La sensacional noticia de esta madrugada”, anunciaba en el antetítulo. “El tristemente famoso Dr. Romera y el exalcalde de Córdoba, Manuel Sánchez Badajoz, han sido detenidos a las tres de la mañana en la huerta Los Aldabones”, informaba el diario conservador, fundado meses antes del golpe de Estado.

Habían transcurrido 19 días desde el levantamiento militar y, en un reportaje profuso en detalles, Guión relató cómo había sido localizado el escondite del regidor democrático cordobés, junto con el “funesto personaje marxista” Vicente Martín Romera y los concejales Pedro León y Francisco Copado.

Los tres primeros fueron sorprendidos de madrugada en un dormitorio de la huerta cercana a la Ronda del Marrubial, propiedad del bombero José Díaz, mientras que el edil Copado fue detenido en el pozo. El periódico no ahorró en adjetivos para calificar a los representantes electos de la primera experiencia democrática en la historia de España. Los acusó de “envenenar a las masas con sus criminales predicaciones” y de ser los “causantes de la ruina moral y material de Córdoba”.

Con Vicente Martín Romera, prestigioso cirujano de la Beneficencia Provincial y conocido como médico de los pobres, se empleó con saña. “Romera tenía dinero por todas partes”, señaló el redactor de Guión. Y añadió: “El camarada que predicaba la hoz para el cuello de los ricos tenía una fortuna en dinero contante y sonante. En uno de los bolsillos de la americana tenía 400 pesetas”.

El doctor Romera fue multado con 125.000 pesetas por 'rojo', que abonó su viuda en 1941

El médico fue fusilado dos días después junto al alcalde y los concejales. La insistencia del periódico golpista en la situación económica del cirujano resultó premonitoria. El doctor diputado socialista por Córdoba no solo fue ejecutado sino que todos sus bienes fueron embargados y además sometido a una cuantiosa multa de 125.000 pesetas, a la que tuvo que hacer frente su viuda, Emilia Simón.

Su casa de la calle María Cristina fue desvalijada por milicianos falangistas, según afirma su sobrino bisnieto Pascual Martín Blanco, citando a un libro de memorias escritas por Carmelo Casaño en 1984. Y todo su material médico fue requisado días después por las nuevas autoridades, aunque disfrazado de “donación” de la viuda.

Así lo relata Pascual Martín Blanco en El médico de los pobres, la biografía del hermano de su bisabuelo publicada en el año 2019 por la editorial cordobesa Utopía. La donación “evidentemente forzada” se produjo el 19 de agosto al Hospital Militar. El inventario, según enumera Pascual Martín a Cordópolis, incluía un aparato de rayos X, un colposcopio, un tubo Coolidge, una mesa de operaciones y múltiples accesorios médicos muy avanzados para la época.

La propia viuda lo relató en una carta autógrafa aportada por el historiador Manuel Morente Díaz en su trabajo de investigación La mala semilla. “Disponiendo de muchos, modernos, costosos y en buen uso, que ya no han de tener por desgracia mía, aplicación efectiva en mi hogar deshecho por el infortunio...”, lamenta Emilia Simón. Su biblioteca particular también fue usurpada, “quizás destruida”, asegura Morente Díaz.

A la sangrienta represión franquista se le sumó el expolio económico que sufrieron las víctimas. Ya desde comienzos de la Guerra Civil, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes se apropiaba sistemáticamente de las pertenencias de los represaliados. A partir de febrero de 1939, con la Ley de Responsabilidades Políticas, los vencidos no solo fueron castigados por conductas anteriores a su promulgación sino que se sistematizó la represión patrimonial.

El historiador Antonio Barragán ha estudiado detalladamente sus devastadoras consecuencias en la provincia de Córdoba, donde afectó a unos 10.500 ciudadanos. “En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio y se les imponían multas simbólicas de 50 o 100 pesetas”, argumenta. “Sin embargo, desde el punto de vista del control social, sirvió para construir pueblo a pueblo un censo exhaustivo de rojos sometidos a vigilancia continua”.

En su libro Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945) despliega un análisis exhaustivo del sistema de incautaciones y multasen muchos casos extremadamente gravosas que se impusieron a los vencidos incluso después de fusilados. El doctor Vicente Martín Romera encabezó la sanción más alta aplicada en Córdoba: 125.000 pesetas. La cifra era verdaderamente astronómica si tenemos en cuenta que el salario medio de un maestro o un funcionario en 1936 no superaba las 400 pesetas al mes o que un piso céntrico costaba entonces poco más de 15.000 pesetas.

Las multas no se extinguían tras el fusilamiento de la víctima, sino que la deuda recaía sobre sus herederos. Emilia Simón tuvo que hacer frente a la disparatada cuantía que le impusieron las autoridades franquistas tras ejecutar a su marido. Natural de Zaragoza e hija del director del Banco de España en Córdoba, logró pagar la suma seis años después, según figura en el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de mayo de 1941.

En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio

Antonio Barragán — Historiador

La notificación confirmaba que había sido “satisfecha la cantidad de 125.000 pesetas” impuesta al doctor Romera y que, por consiguiente, se alzaban “cuantos embargos, trabas y medidas precautorias se hubieren adoptado contra sus bienes”. Se desconoce qué inmuebles o propiedades fueron desbloqueadas tras el pago de la onerosa sanción. Ni siquiera Pascual Martín dispone de ese dato. “Tenían el piso, pero no sé si era en propiedad. Y también la clínica”. Emilia Simón abandonó Córdoba de forma inmediata y se estableció en Linares, donde contaba con redes familiares. Falleció en 1976 en la localidad jiennense y fue enterrada en el panteón que la familia Simón mantiene en un cementerio cordobés.

La multa de Vicente Martín Romera fue la más alta impuesta en la provincia de Córdoba, según recoge Antonio Barragán en su trabajo de investigación. Casi triplicaba la sanción del exalcalde Rafael Baquerizo (50.000 pesetas) y superaba de largo la de Hilario Montoso (20.000 pesetas) y José Alcalde (15.000 pesetas). El listado de represaliados económicos es interminable. El expresidente de la República Niceto Alcalá Zamora recibió una multa extremadamente desmesurada (25 millones de pesetas), que fue rebajada posteriormente a 3 millones. Según certifica Barragán, sus herederos acabaron pagando 1,2 millones. El historiador no incluye a Alcalá Zamora en el listado de los cordobeses porque su proceso fue instruido por instancias superiores.

Antonio Barragán ha estudiado a fondo la Ley de Responsabilidades Políticas y la incautación de bienes. “El seguimiento es sumamente complejo porque la inmensa mayoría de los expedientes provinciales se han perdido, se destruyeron o están traspapelados en los juzgados”. El Foro Ciudadano de la Memoria Histórica de Córdoba recuperó y digitalizó muchos de estos documentos, algunos de los cuales se encontraban abandonados y deteriorados en archivos judiciales de la provincia. “Fue una operación intensa y laboriosa”, subraya su presidenta, María del Mar Téllez.

El historiador Arcángel Bedmar, aunque no ha trabajado de forma específica la incautación de bienes, conoce de primera mano muchos casos del sur de Córdoba, que es el ámbito que más ha investigado. “Lo primero, tras el golpe militar, fue la rapiña directa. Miles de personas salen huyendo de Baena, Montemayor, Montilla, Castro o Espejo y sus casas se quedan vacías”, explica en conversación desde Lucena.

En un primer momento, los expedientes de incautación los instruye un guardia civil. Tras la Ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939, todas las causas se judicializan. Y, en muchos casos, las víctimas o sus herederos pleitean para rebajar las elevadas multas y desbloquear la incautación de sus bienes en procesos que pueden durar años. Además del coste humano, por la pérdida de seres queridos, familias enteras son sometidas a un verdadero expolio económico. Es el caso de Emilia Simón, viuda del doctor Romera.

Francisco Fuentes Ruiz, natural de Baena (Córdoba), fue deportado a los campos de concentración nazis de Mauthausen (Austria), Dachau (Alemania) y Natzweiler-Struthof (Francia), de los que pudo sobrevivir. Hoy, su hijo, Henri Fuentes, ha recogido el documento oficial de reconocimiento y reparación otorgado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Como él, este sábado en Córdoba los familiares de 21 andaluces que fueron represaliados por el franquismo y deportados a campos de concentración nazis han visto reconocidas sus vidas, sus historias y sus memorias.

“Que no sean nunca más silenciados sus nombres ni humillados”, ha pedido, en nombre de todos los familiares, Juana Mora, sobrina nieta de Faustino Fernández Gómez, que pudo sobrevivir al campo de concentración nazi de Mauthausen, en el que estuvo en varios subcampos (Gusen, Melk y Ebensee). “Hemos recorrido este camino para enterrar a los nuestros con orgullo”, ha significado en una emotiva intervención en la que, con la voz de representar a las familias que han llegado de distintos puntos de la geografía, han tomado la palabra para cerrar sus heridas.

“Ellos nunca se rindieron. No os rindáis vosotros”, decía al público Félix Pastor al recoger el documento de reparación para su padre, Jacinto Pastor Crespo, de Torrecampo (Córdoba), sometido a juicio militar, como tantos otros de los represaliados. Como todos a los que hoy se ha nombrado, para no olvidarlos más y recuperar sus vidas.

En este acto celebrado en un repleto salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la capital cordobesa -y sin presencia institucional por la convocatoria de elecciones y el luto oficial por el accidente de Urda (Toledo)-, hoy han sido reconocidos Andrés Sánchez Zambrana, Manuel Sáez Ayala, Antonio Navajas Ortega, Emilio Alcalde Jiménez, Faustino Fernández Gómez, Francisco Fuentes Ruiz, Francisco Hinojosa Zamora, Juan Carmona Gavilán, Juan José Fernández Santos, Manuel Rivero Reyes, Pedro Hilario Jurado Madueño, Tiburcio Vigara Carrasco, Emiliano Hidalgo Fernández, Dionisia Crespo Rísquez, Jacinto Pastor Crespo, Vicente Crespo Díaz, Vicente Romero Casado, Manuel Sánchez Martín, Andrés Díaz Valderrama, Juan Pérez Díaz y José Fernández Rodríguez.

“Memoria en defensa de la democracia”

El reconocimiento les ha llegado en este acto organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con la colaboración de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine, que trabaja por la recuperación de la memoria de las personas que sufrieron el exilio y la deportación a los campos de concentración nazis. Y así se ha podido entregar a sus familiares la declaración oficial de reconocimiento y reparación personal en base a la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Hijos, sobrinos, nietos y sobrinos-nietos de quienes sufrieron la represión franquista y los campos de concentración nazis, han levantado con orgullo ese documento por el que el Gobierno español les reconoce como víctimas. Veintiún nombres -todos hombres y sola una mujer-, nacidos en las provincias de Córdoba la mayoría (15), Málaga (2), Cádiz (2), Granada (1) y Sevilla (1) cuyas familias habían tramitado la solicitud de las declaraciones de reconocimiento y reparación ante el Gobierno a través de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine.

“La memoria ocupa un lugar esencial en la defensa de las democracias europeas”, ha destacado en su intervención la presidenta de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine, Cristina García, que ha recordado l arepresión y los asesinatos que sufrieron quienes hoy eran recordados y el sufrimiento de sus familias.

En ese sentido, ha incidido en que represaliados por el régimen franquista y deportados a campos nazis “fueron dos destinos pero no dos historias independientes. Hablamos de una sola memoria”. Y ha confiado en que el acto de este sábado sirviera para cerrar esas heridas que antes no pudieron “porque no tenían la verdad, la justicia ni la reparación” para sus familiares.

Junto a ello, el acto ha servido también para entregar los Premios MISTORIA 2026, que a título póstumo han distinguido a Carlos Hernández, en la categoría de Personalidades Relevantes en Memoria. Este periodista destacó como “corresponsal de guerra, escritor y documentalista cuyo trabajo, definido por el rigor ético y la profesionalidad, ha servido para denunciar la violación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Su trabajo ha permitido visibilizar la represión franquista, especialmente la barbarie sufrida por los españoles en los campos de exterminio nazi, sacando a la luz también, la creación de más de 300 campos de concentración durante la dictadura franquista, dispersos por todo el territorio español.

21 nombres e historias

Los nombres y una breve historia de cada una de las personas homenajeadas hoy han sido recordadas brevemente en el acto, como queda constancia a continuación:

1. Andrés Sánchez Zambrana, de Algeciras (Cádiz), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 27 de enero de 1942.

2. Manuel Sáez Ayala, de Algeciras (Cádiz), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 16 de junio de 1941.

3. Antonio Navajas Ortega, de Posadas (Córdoba), que pudo sobrevivir al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria).

4. Emilio Alcalde Jiménez, de Dos Torres (Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 18 de febrero de 1942.

5. Faustino Fernández Gómez, de Dos Torres (Córdoba), que pudo sobrevivir al campo de concentración nazi de Mauthausen, en el que estuvo en varios subcampos (Gusen, Melk y Ebensee).

6. Francisco Fuentes Ruiz, de Baena (Córdoba), deportado a los campos de concentración nazis de Mauthausen (Austria), Dachau (Alemania) y Natzweiler-Struthof (Francia), de los que pudo sobrevivir.

7. Francisco Hinojosa Zamora, de Ventorros de Balerma (Iznájar, Córdoba) que fue deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) el 03 de abril de 1941 y asesinado el 30 de noviembre de 1941 en Gusen.

8. Juan Carmona Gavilán, de El Carpio (Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 30 de noviembre de 1941.

9. Juan José Fernández Santos, de Hornachuelos (Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) el 25 de enero de 1941, del que pudo sobrevivir.

10. Manuel Rivero Reyes, de Posadas (Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 02 de julio de 1941.

11. Pedro Hilario Jurado Madueño, de la aldea de Piconcillo (Fuente Obejuna, Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 15 de enero de 1942.

12. Tiburcio Vigara Carrasco, de Belalcázar (Córdoba), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) el 26 de abril de 1941, del que pudo sobrevivir.

13. Emiliano Hidalgo Fernández, de Dos Torres (Córdoba), participó en 1917 en la fundación de las organizaciones locales del PSOE y la UGT y fue alcalde de Dos Torres durante la Segunda República. Fue condenado a pena de muerte por «Adhesión a la Rebelión Militar» en Consejo de Guerra y ejecutado en Jaén el 27 de diciembre de 1940.

14. Dionisia Crespo Rísquez, de Torrecampo (Córdoba), sometida a juicio militar, Causa n.º 915 de Mérida y n.º 502.344 de Fiscalía.

15. Jacinto Pastor Crespo, de Torrecampo (Córdoba), sometido a juicio militar, Causa n.º 915 de Mérida y n.º 502.344 de Fiscalía.

16. Vicente Crespo Díaz, de Torrecampo, (Córdoba), de Torrecampo (Córdoba), condenado a 12 años y un día de reclusión por «auxilio a la rebelión militar» en Consejo de Guerra celebrado en Córdoba, Causa n.º 739.

17. Vicente Romero Casado, de Torrecampo (Córdoba), condenado a 20 años de reclusión menor por «rebelión militar» en Consejo de Guerra celebrado en Zaragoza, Procedimiento Sumarísimo Ordinario n.º 61-M45.

18. Manuel Sánchez Martín, de Albolote (Granada), deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 12 de diciembre de 1941.

19. Andrés Díaz Valderrama, de Málaga, que fue deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 30 de julio de 1942.

20. Juan Pérez Díaz, de Vélez-Málaga (Málaga), que fue deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 03 de diciembre de 1941.

21. José Fernández Rodríguez, de Tocina (Sevilla), que fue deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) y asesinado en el subcampo de Gusen el 07 de octubre de 1941.

La Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba ha acogido este sábado un acto de reconocimiento y reparación a víctimas andaluzas de la represión franquista y de los campos de concentración nazis, donde los familiares de 21 víctimas han recogido el documento oficial de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que reconoce a estas personas. Estas son las imágenes del acto.

El 23 de octubre de 2023 se abría la esperanza y la tierra en el cementerio de La Salud de Córdoba para recuperar, casi noventa años después, los restos de las personas que fueron represaliadas tras el golpe de estado y por la represión franquista. Los trabajos, sin embargo, llevan ya diez meses suspendidos, las fosas se volvieron a cerrar sin terminar las prospecciones y la recuperación de restos, al concluir el contrato con el que la empresa adjudicataria del mismo llevó a cabo las tareas durante algo más de dos años. Antes de que ocurriera eso y después, desde que las exhumaciones pararon, las familias y colectivos memorialistas reclamaban que la administración tramitara un nuevo contrato para seguir las labores. Pero el parón se alarga ya durante todo lo que va de año y el contrato aún está en trámites en el Ayuntamiento, alargando a su vez la desesperanza de los familiares.

Fue en octubre de 2021 cuando los sondeos previos en el cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud hallaron los restos de al menos trece personas, asesinadas y arrojadas unas encima de otras, confirmando la aparición de una gran fosa común de represaliados de la Guerra Civil en este cementerio. Sondeos como ese y los del cementerio de San Rafael mostraron certeza sobre la realidad que documentos, testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de ambos camposantos.

Luego, en 2023, comenzaron al fin los trabajos y el equipo de especialistas logró recuperar en dos años los restos de un millar de personas, de las cuales se habían certificado a 189 como represaliadas, mientras se apuraba el tiempo de aquel contrato en los sondeos abiertos en el cuadro de la Virgen de los Dolores en dos nuevas fosas.

Ya entonces, en octubre de 2025, los familiares de las víctimas denunciaban que no se estaba tramitando un nuevo contrato por parte del Ayuntamiento para proseguir los trabajos sin tener que llegar a cerrar las fosas y paralizar las labores. Decían que el Consistorio estaba ignorando su propio “compromiso” para continuar con la recuperación de los restos de sus seres queridos. El tiempo pasó y, en efecto, en diciembre del año pasado las fosas comenzaron a cerrarse, ante la imposibilidad de continuar los trabajos sin un contrato que los amparara.

Dinero del Gobierno pero sin contrato

Los técnicos explicaban que aún quedan prospecciones por hacer en el mismo cuadro de Virgen de los Dolores en busca de más restos y, asimismo, en otras partes del cementerio. A la vez, el Gobierno central destinó una partida de 150.000 euros para continuar los trabajos pero, sin el contrato del Ayuntamiento -como responsable del cementerio- para trabajar allí, las labores siguen paradas.

En este año, han sido varias las veces que las familias y colectivos memorialistas, también partidos políticos como PSOE y Hacemos Córdoba, y el Movimiento Ciudadano, han reclamado que el Ayuntamiento prosiga los trabajos. Ante ello, el gobierno municipal ha repetido que mantenía su compromiso de continuar con las exhumaciones y, en abril, aseguraba que estaba ultimando el contrato para licitar de nuevo los trabajos. Los trámites administrativos aún continúan y, esta misma semana, fuentes municipales señalaban que el contrato en cuestión se encuentra ya en el área de Contratación, para ser hecho público y que las empresas interesadas en ejecutar los trabajos de exhumación presenten sus ofertas.

Con todo, según los tiempos de la administración, aún quedarían algunos meses más para que efectivamente se licite y adjudique el contrato y, después, se pudieran iniciar las labores en el cementerio. Con ese nuevo contrato se prevén realizar catas para comprobar si hay enterramientos en el espacio que quedó por excavar y en el límite con la parcela de enterramientos de militares, para ver si la fosa de represaliados se extiende debajo.

Mientras, en paralelo, el Consistorio también ha asegurado en varias ocasiones que estaba redactando un nuevo convenio que deberían firmar el resto de administraciones, como el que amparó los trabajos desarrollados desde 2023, para seguir con el resto de trabajos de localización y recuperación de los restos de personas represaliadas en los cementerios de La Salud y de San Rafael. Pero, en esto, ha entrado en juego una nueva variable, como es la entrada de Vox en el Gobierno de la Junta de Andalucía y su oposición a la memoria histórica.

El calendario avanza y las familias no tienen una fecha cierta sobre cuándo podrán reanudarse las exhumaciones. Y más allá de que tenga que llegar a puerto la tramitación del contrato en este ejercicio 2026 con la partida presupuestaria asignada, ya se mira al año 2027. De cara a él, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Córdoba que garantice una partida presupuestaria específica en las cuentas municipales del próximo ejercicio que dé continuidad a las labores de exhumación de represaliados de las fosas comunes. Con ello, pretenden terminar con este año de parón en los trabajos, y ante la evidencia de que desde otras administraciones, como el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, no considere ya su participación en el proceso.

Priego de Córdoba, el pueblo natal del que fuera presidente de la República Española entre 1931 y 1936, exiliado tras el golpe de estado, va a acoger unas jornadas que precisamente se centran en el exilio que sufrieron los republicanos tras el alzamiento militar y el franquismo.

Bajo el nombre de 'El exilio republicano 90 años después', las jornadas contarán con especialistas en esa parte de la Historia de España que, en ponencias y mesas redondas abordarán cómo fue el exilio desde Córdoba y Andalucía, además de versar sobre la diáspora que supuso para quienes tuvieron que irse a Europa o América.

Así, los días 23 y 24 de octubre, el edificio de la Fábrica de los Sombreros de Priego de Córdoba será el centro en el que se exponga cómo fue el exilio del que se cumple 90 años. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Antonio Barragán, abrirá las jornadas en una primera ponencia sobre 'El exilio republicano cordobés', mientras que Francisco Durán Alcalá, exdirector del Patronato Niceto Alcalá-Zamora abordará en 'Alcalá Zamora, el exilio de un presidente' cómo fue la vida fuera de España del presidente de la República. El inicio de la Guerra Civil le cogió en un viaje a Noruega y después fijó su residencia en Francia, para más tarde viajar hasta Argentina en 1942, donde finalmente murió, en Buenos Aires en 1949.

El gobierno en el exilio

Las sesiones de la primera jornada sobre el exilio concluirán con Julián Chaves, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, y su ponencia sobre el gobierno en el exilio: 'Giral, el gobierno de la esperanza y el imposible retorno'.

Para la jornada del día 24 de octubre se mostrará cómo fue 'La diáspora republicana: de los campos del sur de Francia al exilio en América', a cargo de Inmaculada Cordero, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, mientras que Encarnación Lemus, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva hablará del exilio más lejano en 'América, tierra de esperanza'.

Una mesa redonda entre varios de estos especialistas tratarán sobre 'Los protagonistas del exilio: políticos, intelectuales y gente 'poco importante'', mientras que las jornadas concluirán con la presentación del libro 'Política científica y exilio en la España de Franco' a cargo del catedrático Julián Chaves.

Las jornadas están organizadas por la Asociación de la Memoria Democrática Niceto Alcalá-Zamora, con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Hay ausencias que atraviesan generaciones. La de un padre que nunca regresó, la de un hermano del que dejaron de llegar noticias, la de un abuelo cuya historia quedó reducida a una fotografía o a una carta conservada durante décadas. Este sábado, Hinojosa del Duque recuperará catorce de esas historias con la colocación de otras tantas Stolpersteine, pequeñas placas de latón que devolverán a las calles de su pueblo los nombres de catorce vecinos deportados a los campos de concentración nazis.

Ocho fueron asesinados y seis consiguieron sobrevivir. Sus historias comenzaron mucho antes de la deportación, en una comarca, Los Pedroches, que permaneció fiel a la legalidad republicana hasta finales de marzo de 1939, cuando fue ocupada por las tropas franquistas. Tras la Guerra de España, iniciada con el golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República, llegó una dura represión marcada por detenciones, encarcelamientos, ejecuciones y el exilio de numerosas familias que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar la libertad o la vida.

Pero para muchos republicanos españoles, huir a Francia no significó encontrar protección. Tras la ocupación alemana de 1940, miles fueron capturados y recluidos en los Stalags, campos de prisioneros de guerra. En septiembre de ese año, las autoridades nazis dictaron instrucciones específicas contra los Rotspanier, los «rojos españoles», que facilitaron su traslado a los campos de concentración. Mientras la dictadura franquista se desentendía de ellos, muchos fueron enviados a Mauthausen, un campo clasificado por las SS en la categoría III, la más severa del sistema concentracionario nazi, donde los republicanos españoles fueron identificados con un triángulo azul y una 'S', distintivo de españoles considerados apátridas.

La posible existencia de una estrategia coordinada entre los regímenes de Franco y Hitler para aquella deportación es objeto de diligencias abiertas por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. De aquel triángulo azul, símbolo de la persecución y del abandono que sufrieron, toma su nombre la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía.

Los Pedroches es la comarca cordobesa con mayor número de deportados a los campos nazis. En la provincia de Córdoba se han identificado al menos 354 deportados y, con las catorce piedras de Hinojosa del Duque, serán ya 220 las Stolpersteine instaladas en memoria de otros tantos hombres.

Todos sus nombres e historias

Las nuevas piedras recordarán a Pedro Jiménez Copado, Cándido López Marmolejo, Rafael Chamorro Murillo, Eduardo González Guerra y José Revaliente Morales, supervivientes de Mauthausen, y a Sebastián Balsera de la Cruz, superviviente de Buchenwald. También a Manuel Aranda Gómez, Nicasio Ruiz Cortés, José Moreno Flores, Dionisio Pérez Gómez, Miguel Peñas Castillejos, Lucrecio Torrico Castillejos y Pablo Nogales Caballero, asesinados en Gusen, y a Evaristo Leal Aranda, asesinado en la cámara de gas del Castillo de Hartheim.

La asociación considera especialmente grave la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados ciudadanos que han recuperado la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Se trata de descendientes de familias marcadas por la persecución y el exilio a quienes el Estado ha reconocido su condición de españoles, pero que pueden verse privados de ejercer un derecho fundamental.

Aunque el tribunal fundamenta la medida en la protección del proceso electoral ante posibles irregularidades, la magistrada discrepante ha advertido de que el perjuicio puede resultar irreversible: una vez celebradas las elecciones, nadie podrá devolver a esas personas el voto que se les impidió ejercer.

“Resulta difícil comprender que, después de reconocer a los descendientes del exilio su nacionalidad española, se les impida ejercer uno de los derechos fundamentales de esa ciudadanía por un riesgo que todavía debe esclarecerse”, señala la asociación, que considera que la reparación democrática no puede quedarse en el reconocimiento del pasado mientras se restringen derechos en el presente.

En un tiempo de creciente radicalización de los discursos y de normalización de mensajes de intolerancia, la entidad recuerda que la persecución comienza mucho antes de los campos de concentración, cuando se acepta que determinadas personas merecen menos derechos que otras. Por eso insiste en la responsabilidad de quienes defienden la democracia de no mirar hacia otro lado cuando se cuestionan la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Un homenaje abierto a todo el pueblo

Las Stolpersteine, creadas por el artista alemán Gunter Demnig, devuelven a las víctimas del nazismo sus nombres y su lugar en las comunidades a las que pertenecieron. Frente a un sistema que pretendió reducirlas a números, estas pequeñas piedras recuerdan que fueron personas con familias, afectos y proyectos que nadie tenía derecho a arrebatarles.

La Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía agradece especialmente el trabajo realizado codo a codo con Santiago Aranda, concejal de Memoria Democrática de Hinojosa del Duque, cuya implicación ha sido fundamental para sacar adelante el proyecto, así como al alcalde, Matías González López, su aceptación para que pudiera llevarse a cabo. El acto tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a las 12:30, en la plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque.

La asociación invita a todos los vecinos y vecinas de la localidad y de Los Pedroches a acompañar a las familias en este homenaje de memoria, justicia, dignidad y reparación. Porque estas piedras no recuerdan solamente a ocho hombres asesinados y a seis que sobrevivieron al horror. Recuerdan a catorce vecinos que tuvieron una vida, una familia y un pueblo al que tenían derecho a regresar. Más de ochenta años después, sus nombres vuelven a Hinojosa del Duque. Y esta vez, para quedarse.

El Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba) ha modificado la placa conmemorativa en el monolito sobre una fosa de represaliados por el franquismo en el municipio, después de que fuera trasladada a la Fiscalía la queja de una asociación memorialista por el texto que se instaló inicialmente, que junto a las víctimas del franquismo incluía a las del terrorismo.

Hay que recordar que, en agosto pasado, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba (Armhb) mostró su indignación por la inscripción colocada en el monolito situado sobre los terrenos donde fue localizada una fosa con once víctimas de la represión franquista. La asociación consideraba que el texto no rendía un homenaje específico a las personas represaliadas y reclamó su retirada y la colocación de una nueva inscripción consensuada con las familias. La polémica se centraba especialmente en la referencia que aparecía en la placa a las “víctimas del terrorismo”. El texto inicial del monolito señalaba: “Espacio dedicado al recuerdo, el honor y la dignidad de todas las personas que sufrieron la violencia y la sinrazón de la Guerra Civil y la posguerra, así como de las víctimas del terrorismo. Por la paz, la convivencia y la libertad. Encinas Reales, 2025. Gabriel Prieto Navarro. Alcalde”. La Armhb denuncia que en la inscripción no se identifica expresamente a las víctimas del franquismo ni a las personas cuyos restos fueron localizados en la fosa.

Esa denuncia pública fue puesta en conocimiento también ante la Fiscalía en representación del colectivo memorialista, al considerar que “se ha podido producir una vulneración de la Ley de Memoria Democrática”. “El texto supone un agravio para las víctimas y sus familiares dado que no fueron víctimas de la guerra civil, pues en Córdoba y toda su provincia hubo represión, no guerra. Además, argumenta que en el texto añade una referencia a víctimas del terrorismo”, indicaba la denuncia.

Fiscalía incoó expediente

Tras ello, la Fiscalía de Memoria Democrática acordó abrir expediente gubernativo para dar traslado de la denuncia sobre la presunta vulneración de la Ley de Memoria en la placa instalada, según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Cordópolis. En base a la normativa y legislación vigente en materia de Memoria Histórica, con fecha 31 de agosto de 2026 se procedió a la incoación del expediente gubernativo por parte de la Fiscalía que, recuerda podrá requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y sus agentes para el ejercicio de sus funciones.

Con ello, se acordó notificar la denuncia a los organismos de Memoria Democrática competentes, por un lado, a la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España y, por otro lado, al organismo competente de la Junta de Andalucía -Comisionado para la Concordia-.

Y tras este expediente y su tramitación, el Ayuntamiento ha procedido a modificar hace unos días la placa que se puede ver en el monolito, según ha confirmado a este periódico el alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto. El nuevo texto que ahora homenajea a los represaliados dice lo siguiente:

'Encinar de la memoria. En recuerdo de las víctimas del golpe de estado, la Guerra Civil y la posguerra de España. En reconocimiento y reparación del buen nombre y su dignidad humana. Descansen en paz'.

Así pues, se ha modificado el texto, eliminando la referencia a las víctimas del terrorismo, así como el nombre del alcalde que gobierna el municipio actualmente.

La Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) pone en marcha, un año más, una nueva edición del ciclo de cine 'Memoria en 24 fps', cita que cuenta con el soporte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Asociación Cine Cercano y el Grupo local de Amnistía Internacional y que arrancará con José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación, retirado, y un pionero de la oposición democrática en el franquismo desde el ejército, como protagonista.

Según ha detallado la UCO en una nota, el ciclo comienza este miércoles, 30 de septiembre, con la proyección de 'Los pasos perdidos' (José Antonio Torres 2015), con la asistencia del director y de José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación (R), exportavoz de la Unión Militar Democrática (UMD), abogado ambientalista, piloto de caza y transporte. La proyección será en la Filmoteca de Andalucía, a las 17:30.

Su activismo militar comenzó en 1969 y se consolidó con su ingreso en la Unión Militar Democrática. En 1975, siendo uno de los diez oficiales objeto de una orden de detención que le sorprendió en Francia, asumió la portavocía de la organización desde el exilio en tierras francesas, portuguesas y argelinas.

Pese a las promesas de la Transición, sufrió la exclusión institucional, siendo condenado en consejo de guerra y expulsado del ejército, corporación a la que regresaría años más tarde. En su faceta civil se desempeñó como comandante de Iberia y se licenció en Derecho. Utiliza sus conocimientos jurídicos como miembro activo y referente de Ecologistas en Acción, destacando su intervención en causas de gran impacto medioambiental como el Algarrobico o la descontaminación de Palomares.

Asimismo, es cofundador y actual secretario de la asociación Foro Milicia y Democracia, a la vez que un firme defensor de la causa por un Sáhara libre. Íntimamente ligado a Andalucía, se autodefine como “apartidario rebelde, militar, abogado y ecologista, almeriense adoptivo”.

La pérdida de libertad de las mujeres en los reformatorios del Patronato de protección de la mujer hasta fechas recientes se abordará en 'El Patronato' (Rosa Alcántara, 2018), que contará con la presencia de Consuelo García del Cid, escritora, investigadora, activista, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva. Tendrá lugar el miércoles 7 de octubre en el Centro Cívico Poniente Sur, a las 18,00 horas.

El miércoles 14 de octubre, a las 17:30, en la Filmoteca de Andalucía, tocará posar la mirada no sobre las víctimas, sino sobre los perpetradores de la violencia política a través de sus descendientes, con figuras muy cercanas a nuestra ciudad en Miradas desobedientes (Anna Solana y Julio de la Parra, 2025). A la proyección acudirá Loreto Urraca Luque, escritora, integrante del colectivo internacional 'Historias desobedientes, familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia' y nieta de Pedro Urraca, 'cazador de rojos'.

El ciclo finalizará hablando de la construcción de más de 600 fortificaciones militares en la costa española del Estrecho de Gibraltar entre 1939 y 1944 por batallones disciplinarios de trabajadores en 'La muralla de los prisioneros' (José Luis Tirado, 2025). Acompañará a los asistentes en la proyección y coloquio su director, cineasta independiente de películas y vídeo-creaciones sobre derechos sociales, migración, precariedad, medio ambiente, igualdad de género y memoria histórica. La proyección tendrá lugar el domingo 18 de octubre Facultad de Filosofía y Letras, a las 18,00 horas.

Villa del Río celebrará el próximo sábado 26 de septiembre, a las 12:00, en la Plaza de la Constitución, un acto de homenaje a cuatro vecinos de la localidad deportados a campos de concentración nazis: Bernabé Alcázar Sánchez, Diego Jándula Arenas, Gaspar Moreno Moreno y Benito Moyano Delgado. Durante la jornada se descubrirán cuatro Stolpersteine, las conocidas como “piedras de la memoria”, creadas por el artista alemán Günter Demnig para recordar de manera individual a las víctimas del nazismo.

Con estas cuatro nuevas incorporaciones serán ya 206 las Stolpersteine colocadas en la provincia de Córdoba. La dimensión que alcanzó la deportación nazi en Córdoba otorga una especial relevancia a este tipo de iniciativas. Con más de 350 cordobeses deportados a los campos de concentración nazis, Córdoba es la tercera provincia española con mayor número de deportados, una realidad que convierte la recuperación de sus nombres y sus historias en una tarea especialmente significativa para la provincia.

Las cuatro piedras recordarán historias atravesadas por el golpe de Estado de 1936 contra la legalidad republicana, la Guerra de España que desencadenó, la derrota y el exilio, que acabarían conduciendo a estos cuatro vecinos por distintos caminos hasta la deportación a los campos de concentración nazis. Bernabé Alcázar Sánchez y Gaspar Moreno Moreno fueron asesinados por el sistema concentracionario nazi. Bernabé fue deportado a Mauthausen, pasó por el subcampo de Steyr y murió en Mauthausen en marzo de 1943; Gaspar fue deportado a Mauthausen y posteriormente trasladado a Dachau, donde murió en noviembre de 1942.

Diego Jándula Arenas sobrevivió a Dachau, tras llegar en el conocido como “Tren Fantasma”, y Benito Moyano Delgado sobrevivió a Mauthausen y a los subcampos de Bretstein y Steyr. Ambos pudieron rehacer posteriormente sus vidas en Francia.

El acto contará con las intervenciones del alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina; la presidenta de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, Cristina García Sarasa; el cronista de la localidad, Francisco Javier Luna Mantas; y el investigador Juan Molleja Martínez. Familiares de los homenajeados participarán en las lecturas y la ofrenda floral, y durante el homenaje se escucharán piezas musicales del Dúo Metha, cedidas por la formación para este acto.

Con este homenaje, Villa del Río se incorpora al mapa europeo de la memoria, sumándose a un proyecto que comenzó hace más de treinta años y que se ha convertido en el mayor memorial descentralizado del mundo.

Las Stolpersteine recorren calles, pueblos y ciudades de Europa, devolviendo a cada víctima su nombre y su lugar en la historia. La recuperación de estas historias forma parte también de un compromiso democrático con la memoria y con su transmisión a las nuevas generaciones. Recordar a quienes sufrieron la deportación y los campos de concentración nazis no supone únicamente mirar al pasado, sino aprender de esa memoria, reconocer los mecanismos de deshumanización que hicieron posibles aquellas atrocidades y contribuir a evitar su repetición.

Ese es también el significado de las Stolpersteine: frente a un sistema concentracionario que buscó borrar el nombre y la historia de las personas hasta reducirlas a un número, cada piedra recorre el camino contrario: recupera un nombre, una vida y una historia. Desde el sábado, Villa del Río devolverá a su memoria pública los nombres de Bernabé, Diego, Gaspar y Benito.

En septiembre de 1936, el periódico Ahora publicaba reportajes sobre el frente Sur en la Guerra Civil española, muchos de ellos en la zona norte de Córdoba. En uno de estos reportajes, acompañados de una gran tirada de fotografías, aparecía la que se convirtió en una icónica imagen de este frente con una de las primeras mujeres milicianas en el combate. A caballo, aparecía Luisa Román Cot, natural de La Carlota (Córdoba), joven miliciana de 19 años que vivió también en Almodóvar del Río y que estuvo en el frente en el entorno de Cerro Muriano durante la ofensiva a Córdoba.

Recientemente, una donación privada al Archivo de la Memoria de la Universidad de Alicante ha permitido ver a todo el público otras imágenes que la agencia Keystone tomó en distintos puntos de la provincia cordobesa durante el conflicto bélico. Y ahí, de nuevo, aparece la miliciana Luisa Román Cot, identificada por su familia y por una historiadora en esa imagen en la que junto a otros milicianos despliega alambre de espino en el frente.

La historia de Luis Román Cot se ha podido reconstruir gracias a esas fotografías, a algunos documentos y a testimonios de sus familiares. La historiadora Carmen Jiménez, autora de la tesis Horror para las vencidas. Mujer y represión franquista en Córdoba (1936-1950), tiene documentada la aparición de esta joven en el frente en el norte de la provincia cordobesa. “Fue una de las primeras milicianas que hubo en el frente, de las que hay constancia por testimonios gráficos y familiares”, constata en conversación con Cordópolis.

“Entre las fotografías localizadas ponemos atención en una que ha pasado a ser icónica, de una miliciana montada a caballo en el frente de la sierra cordobesa. No sólo encontramos la fotografía en los fondos de la Causa General, sino que fue publicada en la prensa republicana relacionada con crónicas relativas al frente de guerra en Córdoba. El pie de foto la presenta como 'Una miliciana cordobesa de la columna de Caballería que ha sido citada por su arrojo en varias de las últimas acciones'”. Otros documentos de la Contaduría -que realizaba los pagos a los milicianos- también certifican que la joven formaba parte de ellos.

Además, los testimonios familiares constatan que la miliciana era Luisa Román Cot, joven de la CNT que intentó liberar el Ayuntamiento de Almodóvar tras el golpe de estado y que formó parte de las milicias de caballería anarquistas formadas allí, en el batallón Fermín Salvochea, que luego se integraría en la 88 Brigada Mixta. “Tras ser controlado Almodóvar del Río por los sublevados marcharon al frente, en la imagen aparece Luisa montada a caballo en la sierra de Córdoba. Su familia asegura que en la fotografía aparece embarazada, y según su testimonio, tuvo a una hija en una trinchera, que moriría poco después”.

Las imágenes de Luisa Román Cot aparecen en las crónicas del reportero de guerra Jesús Izcarai sobre el frente, acompañado del fotógrafo Mariano Marina en muchas ocasiones, y están tomadas en el norte de Córdoba donde aparecen distintos grupos de milicianos. “Cuando aparecen los decretos de Largo Caballero con la reorganización del Ejército, las mujeres pasan a una segunda línea y ya no están directamente en el frente como combatientes sino en trabajos auxiliares dentro del ejército, como enfermeras, lavanderas, cocineras, etc. Pero otra circunstancia aportada por la familia de Luisa es que la joven siguió combatiendo hasta el final de la Guerra Civil, que nunca se retiró de su unidad”, explica la historiadora. “No es el único caso. Hay testimonios de mujeres que continuaron hasta el final como combatientes luchando en la trinchera”.

Tras la guerra, seguir la pista de Luisa a través de documentos ha sido más difícil. “No consta en expedientes de Consejo de Guerra en la provincia de Córdoba”, confirma esta estudiosa, que no descarta que el documento existiera pero que no se haya conservado o bien que fuera enjuicidada en otra provincia.

No obstante, la familia sí indica que la joven estuvo en la cárcel, como explica a este periódico su sobrina, Luisa María Román, que comparte nombre con quien fuera su tía y que aún hoy trata de reconstruir toda la vida de aquella joven miliciana. “Estuvo encarcelada en los años 40, primero en Córdoba y después en Madrid, pero la pusieron en libertad en unos días”.

Luego, huyó a Francia. Estando viviendo en Almodóvar del Río, su pareja supo que la Guardia Civil iba a venir a por él y había orden de fusilarlo. Salió de su casa solo y, “a los meses, mi tía recibió una carta de él, indicándole que vendiera lo poco que tenía y se fuera para Barcelona, donde un guía la llevaría a Andorra y a cruzar la frontera”. Así lo hizo y Luisa Román Cot vivió en Francia hasta el año 1989, cuando regresó a España. Se instaló entonces en Málaga, donde falleció en 1993.

Ella fue de las primeras milicianas que combatieron en el frente en la Guerra Civil en Córdoba, pero no la única. La historiadora Carmen Jiménez recuerda cómo la figura de las milicianas “aparece muy pronto documentada, gráficamente la primera se publica el 11 agosto de 1936”, precisa, para explicar que irían apareciendo más en imágenes en labores como el control de carreteras y también dentro de la trinchera, dando fe de la presencia y la acción de las mujeres en las milicias en la Guerra Civil.

Revolviendo mis notas y epistolario, vuelvo a sentirme impactado por la magnitud del sufrimiento de los vencidos de 1939. En una de mis visitas de investigación a Belalcázar, tuve la suerte de conseguir la dirección en Francia de Félix Escribano Ruiz, de la familia de los Hocino. Empezamos a cartearnos, incluidas algunas llamadas. Recuerdo la grata experiencia de hallar a una buenísima persona, empática, amable, ávida de atención a las penalidades de su vida, ya octogenario. Conectamos muy bien y me dio la información y fotos que le pedí. La carta sustancial de sus memorias la recibí con fecha 19 octubre 1999. Un lustro después, su familia me notificó la muerte de Félix Escribano, con la alegría de haber leído mis libros.

Después de la guerra, Félix llevó en Belalcázar una vida relativamente discreta, tal vez debido a su juventud, pero con un problema: su tío Adriano Escribano Calderón Hocino se hallaba huido en la sierra. Las cosas discurrieron con altibajos hasta 1946, en que un suceso cambiaría su vida para siempre.

Dos de la guerrilla de Belalcázar, Adriano Hocino y Ángel Torrico Calé planearon un encuentro con sus familiares en el cortijo Atoquejos (término de Cabeza del Buey, en Badajoz), cerca del río Zújar, para el 6-7 de septiembre de 1946. Por el primero, se acercó el sobrino Félix Escribano, y a lomos de una yegua se presentó en Atoquejos. Por El Calé acudieron dos hermanos: Alberto Torrico (que era cojo, de 25 años) y Gabriel Torrico (de 36 años). Se juntaron con media docena de guerrilleros a la orilla del río Zújar, donde pasaron el día pescando.

Al anochecer, se dirigieron al cortijo, cuyos caseros eran Francisco Medina Pizarro (Quico el Alguacil) y Mª Paz Medina Flores. Allí pasaron la noche, degustando los peces y carne de dos ovejas que dos días antes habían comprado. Pero el pastor dio cuenta a la Guardia Civil de este hecho, punto básico de la tragedia. Tres guardias civiles se dedicaron a recorrer cortijos en busca del rastro de las ovejas (carta de Félix Escribano desde Francia, 19 octubre 1999, y llamadas de 6 y 25 septiembre de 1999).

En la mañana del 7 de septiembre (1946), los tres guardias civiles se presentaron en los Atoquejos. La casera los recibió aparentando normalidad, les sacó unos asientos a la puerta y ellos pidieron que les hiciera café. Mientras tanto, el guardia Antonio Sánchez se empeñó en desencadenar la tragedia y lo consiguió. Se puso a registrar el cortijo, hasta que encontró carne de oveja en un pesebre cubierta con paja. “¡Ya hemos encontrado lo que buscábamos!”, dijo. Y siguió registrando, hasta que abrió la puerta de la habitación donde se ocultaban los maquis. En ese momento, varios disparos lo acribillaron, quedando muerto en medio del cortijo.

A partir de entonces estalló el tiroteo general. Los dos guardias tomaron posiciones, y lo primero que hicieron fue matar a los dos hermanos Torrico, que estaban fuera del cortijo, haciéndose pasar por arrancadores de retama. El cojo quedó muerto en el patín del cortijo de un tiro en la cabeza. El otro hermano cayó en el camino de un tiro por la espalda. Eran las once de la mañana. El célebre libro de Aguado Sánchez dice: “… Dos bandoleros fueron muertos”. Falso. Eran los hermanos de Calé.

Los guardias mantuvieron un asedio a la vivienda de hora y media, pero sin cubrir bien la puerta de salida, porque los maquis cercados se fueron escapando a rastras por el hueco debajo de la puerta. Uno de los guardias se dirigió a Helechal, a pedir refuerzos. El asalto final tuvo lugar a las tres de la tarde, pero cuando entraron allí no había nadie, salvo la casera, a la que detuvieron.

Una consecuencia fue que Félix Escribano y el casero Quico el Alguacil se tuvieron que echar al monte y unirse a aquella guerrilla de Hocino y Calé. Durante dos años pasaron por varias partidas, siempre por el Este de Badajoz y límites con Ciudad Real. Al cabo de ese tiempo, el Hocino, de Balacázar, su sobrino Félix Escribano, Antonio Lara Grande Braulio o Jardinero, de Puertollano (Ciudad Real), y otro guerrillero de Siruela decidieron ponerse en camino para Francia en mayo de 1948. La vida en la guerrilla se hacía cada vez más insoportable, según testimonio de Escribano:

“Teníamos mucha miseria para poder luchar por la subsistencia. Íbamos a las fincas o cortijos a pedir que nos dieran de comer, a las buenas o por las malas. Cada vez estábamos peor mirados y más acorralados. Los enlaces que teníamos, al prolongarse la situación tanto tiempo, tenían miedo de ser descubiertos y nos imploraban que fuéramos a verlos lo menos posible, para evitar ser denunciados por otros… (Al final) Mi tío Adriano Hocino, que estaba en los montes de Cíjara, vino a verme a la sierra de Cabeza del Buey y me fui con él a los montes de Cíjara… Y allí fue donde decidimos salir para Francia”.

Salieron los cuatro desde los montes de Herrera del Duque, a finales de mayo de 1948. La marcha iba bien, hasta que llegaron al puente sobre el río Alberche (Toledo). En el momento preciso de cruzarlo fueron sorprendidos por la Guardia Civil. En el tiroteo quedaron divididos: Félix y Braulio lograron lanzarse hacia adelante, pero los otros dos se quedaron atrás, separados para siempre, y volvieron a la sierra. Los dos primeros decidieron seguir adelante solos, en marchas agotadoras, llenas de sobresaltos y peligros, durante 40 días, hasta que se aproximaron a la frontera por la zona de Navarra.

Aquí dejamos el relato al propio Félix Escribano: “Antonio Lara y yo decidimos seguir hacia Francia. Cerca de Guadalajara, hambrientos y sin nada para comer, nos acercamos a un pueblecito, del que no recuerdo el nombre, y allí compramos un poco de comida, con bastante miedo encima, por temor a ser capturados. Ya con las provisiones seguimos camino adelante, cruzando por los campos, sin atrevernos a cruzar por carretera. Como no teníamos ninguna noción del terreno, sin darnos cuenta nos íbamos desviando hacia la izquierda y fuimos a parar cerca de Pamplona. Estábamos agotados”.

“Ya en los Pirineos, acordamos ir a preguntar a un pastor que andaba por allí. Era de noche, y la frontera estaba cerrada. Le pedimos que nos ayudara a pasar a Francia. Nos dijo que no tenía contacto con los carabineros y no sabía el camino, y nos llevó a ver a un amigo suyo, que sí tenía contacto con ellos y conocía la salida. Fue una encerrona. Llegamos los tres a la casa. El pastor llamó a la puerta diciendo su nombre, y abrió la puerta con una pistola en la mano, pero Antonio fue más rápido y lo hirió. Entonces, el pastor que nos había llevado allí intentó huir, pero lo agarré y lo obligamos a ir con nosotros hasta la frontera, mientras el otro quedaba atrás dando voces de auxilio. Cuando nos despedimos del pastor en la frontera, la propina que le dimos fue una ración de bofetadas, porque se había ocasionado un muerto por su culpa”.

“Al día siguiente fuimos a presentarnos a la aduana francesa y allí nos enteramos de que el campesino había muerto, porque un tío y un sobrino habían ido a denunciarlo allí ante los franceses. Los gendarmes les dieron los datos nuestros, por lo que los familiares nos denunciaron a las autoridades franquistas. Pocos días después ya sabían en el pueblo (Belalcázar) lo que había sucedido y que estábamos en Francia. Nos detuvieron y nos trasladaron a la ciudad de Pau, nos interrogaron, con un señor español como intérprete. Estuvimos a punto de ser devueltos a España, pero alguien intervino y nos dieron el estatuto de refugiados políticos y de apátridas. Desde Pau nos trasladaron a Aurillac, en la región central, a picar piedras en una cantera, para una carretera, seis o siete meses. Antonio se quedó en la cantera y yo me fui con un señor a cortar leña a destajo, a La Lozère, región del Languedoc. Entretanto conocí a mi mujer, que vivía en Béziers, y nos casamos…”

“Más tarde, en 1952, cuando ya había nacido mi primer hijo (que se llama Adriano, en recuerdo de mi tío), una tarde, después de venir del trabajo… nos encontramos con la sorpresa de que estaban esperándonos dos policías franceses de la secreta, que venían a detenerme por el caso de la muerte del campesino de los Pirineos. Querían expulsarme y entregarme a la justicia española. Mi primo buscó rápidamente un abogado y, gracias a él, me llevaron a Montpellier detenido. Allí estuve 24 días, porque el Tribunal de Estancia se hallaba de vacaciones. Mientras tanto, Antonio Lara me escribe una carta, aclarándome lo ocurrido, que a él también lo habían detenido por el mismo motivo, y que fue puesto en libertad inmediatamente como refugiado político. Cuando comparecía ante el Tribunal, gracias a esa carta que me había escrito, haciéndose responsable del homicidio, me dejaron en libertad.”

Por otra parte, su otro compañero de fatigas, Antonio Lara Braulio, sufrió los mismos contratiempos, según relató a otro guerrillero que también llegó a Francia en 1949, José Caballero El Yamba, de Cabeza del Buey, junto con su compañera de guerrilla Paulina Amaro.

Con fecha 18 de abril de 1952, Braulio les mandó esta carta:

“Amigos: después de algún tiempo de mi silencio, me pongo a explicaros el motivo de ello y los amargos días que me han hecho pasar por las siguientes razones. El 12 del pasado mes fui detenido a causa de una denuncia del Gobierno español, en la que, después de acusarme de nuestra vida anterior, me solicitaban al Gobierno francés para que les fuera entregado, poniendo como preámbulo que estaba convocado a pasar un Tribunal Militar en Pamplona. No os podéis figurar en las apreturas que me metieron, y gracias que el Chantier donde trabajo se manifestó en protesta, tan pronto como se enteraron de mi detención, echándose encima de las autoridades protestando enérgicamente, a pesar de eso, después de permanecer varios días en Privais, me condujeron como un borrego a Nimes, donde fui presentado al Procurador General, el cual me dijo que tendría que pasar un Tribunal, el cual comprobaría si debía o no ser entregado a Franco. Para dicho caso los compañeros me buscaron dos abogados para mi defensa, los cuales, después de cerciorarse de que era un refugiado político, hicieron comprender al Tribunal el crimen que suponía mandarme a merced de los asesinos franco-falangistas. Faltó muy poco para haberte llamado, a fin de justificar que yo había estado en las guerrillas… Como ves, amigo Yamba, el fascismo no perdona ni olvida que somos enemigos y trata por todos los medios de eliminarnos… Así que os digo que estoy negro en este país, el cual no me parece muy seguro, con este guarreo de política que atraviesa, y si por casualidad De Gaulle cogiera las riendas, estamos en plan difícil y no podremos dormir muy tranquilos…”. (Amabilidad de la familia de El Yamba, residente en Getafe en 1999).

En conclusión, la llegada de los ex guerrilleros españoles a Francia no fue una salvación inmediata, sino un duro camino lleno de peligros y de problemas, por la veleidad política de 1950 en contra de los refugiados. Solo eran personas ávidas de tranquilidad para rehacer sus vidas, hartos de sufrir desgracias desde 1936.

Mi contacto con Félix Escribano en 1999 fue toda una fortuna. Encontré a una persona feliz de que alguien se interesara por sus penalidades pasadas, me atendió con amabilidad, casi con cariño, cuando supo que un historiador de Villanueva de Córdoba, a 60 kilómetros de Belalcázar, su pueblo, se interesaba por su vida antifranquista. Cuando salió mi libro La resistencia… (2001), toda la familia exultaba de gozo, me escribieron y se mostraron muy agradecidos. Su sufrimiento se había librado del olvido. Más tarde supe de la muerte de Félix, y la familia me envió el recordatorio. Está claro que la Historia es Justicia para aquellas que han carecido de ella en sus vidas.

La historia de Gerda Taro, una de las figuras fundamentales de los orígenes del fotoperiodismo de guerra, vuelve a la actualidad con La ragazza con la Leica (The Girl with the Leica), la película dirigida por la italiana Alina Marazzi que ha inaugurado la sección Orizzonti de la 83ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. El largometraje, estrenado mundialmente el 2 de septiembre, recupera la trayectoria de una fotógrafa que murió con apenas 26 años mientras cubría la Guerra Civil española y que durante décadas quedó eclipsada por la fama de su compañero profesional y sentimental, Robert Capa.

Protagonizada por Emilia Schüle como Gerda Taro, Aaron Altaras como Robert Capa y Luna Wedler como Ruth Cerf, la película combina ficción, fotografías y materiales de archivo para reconstruir la vida de la fotógrafa alemana, desde sus años de compromiso político y su huida de la Alemania nazi hasta su exilio en París, su relación con el fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedmann —quien acabaría adoptando el nombre de Robert Capa— y su participación en la cobertura de la Guerra Civil española, especialmente durante el Frente de Córdoba. El reparto incluye también a Lucas Englander, Thomas Schubert, Sebastian Schneider, Idan Weiss, Lia von Blarer, Hans-Christian Hegewald, Jeremy Mockridge y Joel Basman.

Marazzi sitúa el punto de partida del relato en París, el 14 de julio de 1937. Taro pasa junto a Capa y a sus amigos el último día antes de regresar al frente español. A partir de ese momento, la narración se mueve entre distintos momentos de su vida: su activismo político en Leipzig, los años de exilio, su encuentro con Friedmann, el nacimiento de su relación sentimental y profesional y el descubrimiento de la fotografía como una herramienta para intervenir en la realidad.

La propia Marazzi ha explicado que su intención era devolver visibilidad a una figura femenina olvidada por la historia. En una entrevista publicada durante el festival, la directora señala que el proyecto nació de su interés por el personaje descubierto a través de la novela de Helena Janeczek y que llegó a trabajar con la escritora en una primera adaptación del libro.

Córdoba, uno de los escenarios esenciales de la fotografía de guerra de Taro y Capa

La presencia de España resulta fundamental en la película y, dentro de la experiencia española de Taro y Capa, el frente de Córdoba ocupa un lugar especialmente relevante. Ambos fotógrafos estuvieron en la provincia durante agosto y septiembre de 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil. El archivo del International Center of Photography conserva fotografías de esa etapa realizadas en Córdoba y atribuidas tanto a Capa como a Taro. Entre ellas se encuentran imágenes fechadas en agosto-septiembre de 1936 y localizadas expresamente en Córdoba.

El nombre de Córdoba está además inevitablemente asociado a una de las fotografías más famosas y controvertidas de la historia del fotoperiodismo: Muerte de un miliciano, conocida internacionalmente como The Falling Soldier. Durante décadas se consideró que la imagen había sido tomada en Cerro Muriano, pero diversas investigaciones situaron el escenario en las inmediaciones de Espejo, localidad cordobesa situada a unos 50 kilómetros de aquel enclave. Estudios posteriores han localizado el lugar de la toma en el entorno de Espejo y han identificado además otros personajes que aparecen en la serie fotográfica realizada por Capa y Taro.

La fotografía, sin embargo, continúa rodeada de interrogantes. Se ha discutido tanto su localización como la identidad del miliciano y, sobre todo, si la escena representa realmente la muerte de un combatiente alcanzado por un disparo o si fue una imagen preparada. También se ha debatido la autoría concreta de la fotografía, debido al trabajo conjunto que Taro y Capa desarrollaron durante aquellos años.

Esa compleja relación entre ambos fotógrafos constituye precisamente uno de los aspectos que la película recupera. Taro y Friedmann trabajaron como un tándem y contribuyeron a construir el personaje de Robert Capa, nombre que utilizaría el fotógrafo húngaro. La estrecha colaboración profesional hizo que, durante años, la atribución de algunas imágenes resultara complicada.

Más allá de la fotografía concreta de Muerte de un miliciano, los fondos conservados por instituciones fotográficas documentan ampliamente la actividad de Taro en el frente cordobés. El International Center of Photography, por ejemplo, identifica como obra de Taro una fotografía de tres soldados republicanos realizada en septiembre de 1936 en el frente de Córdoba, cerca de Espejo.

La película convierte el archivo en parte de la narración

Uno de los elementos distintivos de La ragazza con la Leica es precisamente la utilización del archivo histórico no como simple ilustración, sino como parte del lenguaje cinematográfico. Marazzi combina imágenes contemporáneas recreadas para la película con fotografías, noticiarios y otros documentos de la época.

La película incorpora incluso fragmentos de Tierra de España (The Spanish Earth), el documental realizado por Joris Ivens en 1937 sobre la Guerra Civil española, además de otros materiales históricos.

Gerda Taro, cuyo nombre real era Gerta Pohorylle, nació en Alemania en 1910 en el seno de una familia de origen judío. Tras la llegada del nazismo huyó a Francia, donde conoció a Endre Ernő Friedmann. Ambos desarrollaron una estrecha relación sentimental y profesional y comenzaron a trabajar juntos en el mundo de la fotografía. El nombre de Robert Capa surgió precisamente dentro de esa estrategia profesional para comercializar sus trabajos.

La fotógrafa viajó a España para cubrir la Guerra Civil y regresó al frente en 1937. El 26 de julio de ese año resultó mortalmente herida en Brunete después de que un tanque republicano la arrollara mientras se encontraba junto a vehículos que abandonaban la zona de combate. Murió poco después, con 26 años, y ha sido considerada la primera fotoperiodista fallecida mientras cubría un conflicto bélico.

Su muerte contribuyó paradójicamente a consolidar el mito de Capa mientras su propia obra quedaba relegada durante décadas. El reconocimiento de Taro comenzó a crecer con fuerza mucho después, especialmente a partir de la recuperación y estudio de materiales fotográficos que permitieron revisar la atribución de algunas imágenes de la Guerra Civil.

De la novela de Helena Janeczek al cine

La película parte libremente de La chica de la Leica, la novela de la escritora Helena Janeczek publicada en España por Tusquets Editores. La obra obtuvo el Premio Strega en 2018 y reconstruye la vida de Taro a través de los recuerdos de las personas que la conocieron, comenzando por el desfile fúnebre celebrado en París tras su muerte. La edición española apareció en 2019, con traducción de Carlos Gumpert Melgosa.

La adaptación cinematográfica no se limita a trasladar literalmente la novela. La propia Biennale señala que está “libremente inspirada” en el libro, mientras que Marazzi ha explicado que la obra literaria fue fundamental para acercarla a la complejidad del personaje. El guion está firmado por la propia directora junto a Valia Santella.

La Policía Local de Córdoba ha practicado diligencias judiciales tras tener conocimiento del acto vandálico perpetrado contra el cartel que señaliza el Lugar de Memoria Histórica en el cementerio de La Salud de la capital, donde se hallan fosas comunes de personas represaliadas tras el golpe de estado de 1936 y por la represión franquista.

El cartel señaliza el Muro de la Memoria del Cementerio de la Salud “en memoria y homenaje a los hombres y mujeres que aquí yacen, víctimas de la violencia fascista desatada por el golpe de estado militar contra el legítimo Estado republicano”, según la inscripción que apareció vandalizada con pintadas tachando por completo el texto. “Que los ideales de justicia, libertad y democracia por los que dieron la vida, pervivan para siempre”, añade.

La Policía Local tuvo conocimiento de la vandalización del cartel el pasado martes y ha abierto una investigación, enviando al juzgado las diligencias por vandalismo en aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia. A estas diligencias se han añadido las grabaciones que pueden mostrar al presunto autor de dicho acto vandálico, según confirman a Cordópolis fuentes municipales.

Por otro lado, la empresa municipal de saneamiento, Sadeco, ya ha actuado para limpiar el cartel y este viernes ya se podía ver en su estado original.

Sondeos realizados durante años, documentos y testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, condujeron a abrir las fosas a las que arrojaron en el cementerio de La Salud y el de San Rafael a más de 4.000 víctimas represaliadas, asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Los trabajos de excavación y exhumación de los restos se han prolongado durante dos años en La Salud pero las fosas volvieron a cerrarse, al no estar a tiempo la tramitación de un nuevo contrato que continúe con los trabajos, pendientes aún de exhumar fosas localizadas y sondear otras zonas del camposanto.

El próximo 5 de septiembre, Cardeña (Córdoba) será escenario de un acto de recuperación de la memoria de uno de sus vecinos, deportado a campos nazis. Será con la colocación de la piedra de la memoria o Stolperstein número 202 dedicada a los al menos 353 cordobeses deportados a campos de concentración. El Ayuntamiento de Cardeña y la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía rendirán así homenaje en la calle Doctor Fleming, donde reside actualmente parte de su familia, a Emilio Alcalde Jiménez, republicano cordobés deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen y asesinado en el subcampo de Gusen el 18 de febrero de 1942, con solo 24 años.

Las Stolpersteine, creadas por el artista alemán Gunter Demnig, son pequeños adoquines con una placa de latón que se colocan en lugares vinculados a la vida de las víctimas del nazismo. Cada una lleva inscrito el nombre y el destino de una persona y devuelve al espacio cotidiano la identidad de quienes fueron perseguidos, deportados y, en muchos casos, asesinados.

En este caso, se recordará ya para siempre a Emilio Alcalde Jiménez, del que se ha recuperado toda su historia vital para rendirle homenaje. Nacido en Dos Torres el 23 de abril de 1917, hijo de Macario Alcalde Fernández y Petra Jiménez García, era el segundo de seis hermanos. Su historia familiar quedó estrechamente vinculada a Cardeña, localidad a la que se trasladaron sus padres. Su padre trabajó en las Minas de San Rafael, en La Vacadilla, donde también trabajaría Emilio. Tenía solo 19 años cuando el golpe de Estado militar de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil en España cambiaron para siempre el rumbo de su vida, señala la organización que ha recuperado sus datos y fotografías.

Durante la contienda alcanzó el grado de cabo e ingresó en Barcelona en la Escuela Popular de Guerra, según consta en la documentación conservada en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Tras la derrota republicana se exilió en Francia. Pero tampoco allí encontró un lugar seguro. Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la ocupación alemana de Francia, Emilio fue capturado e internado en el campo de prisioneros de guerra Stalag VII-A de Moosburg, cerca de Múnich. Allí quedó registrado con la matrícula 15.311. Posteriormente, fue incluido en un convoy de 108 republicanos españoles con destino a Mauthausen. De aquellos 108 hombres, 54 serían asesinados en los campos del horror nazi.

Identificado como apátrida en Mauthausen

Emilio llegó al campo de concentración de Mauthausen el 31 de agosto de 1941. Allí comenzó el proceso destinado a despojar a los deportados de su identidad: les retiraban sus pertenencias y su ropa, les rapaban el cabello, los vestían como prisioneros y sustituían sus nombres por números. Emilio pasó a ser el 3.274. Como otros republicanos españoles, fue identificado con el triángulo azul de los apátridas y una S de Spanier, español: hombres privados de la protección de su país y considerados sin patria mientras la propia insignia que los señalaba seguía diciendo que eran españoles.

El 20 de octubre de 1941 fue trasladado a Gusen, uno de los lugares más mortíferos del complejo de Mauthausen, donde recibió una nueva matrícula: 13.917. Allí los prisioneros fueron sometidos al trabajo esclavo en las canteras, con jornadas extenuantes, hambre, frío, enfermedades y una violencia sistemática que convertía el trabajo en una forma de exterminio.

En apenas unos años, aquel joven había pasado de la guerra al exilio, del exilio al cautiverio y de allí a Mauthausen y Gusen. El sistema de concentración nazi intentó borrar su identidad hasta convertir a Emilio Alcalde Jiménez en el número 15.311, el 3.274 y el 13.917. Pero detrás de aquellos números seguía estando Emilio: el hijo de Macario y Petra, el hermano de María, Zoilo, Antonio, Josefa Antonia y Manuela, un joven con una vida y una familia. Emilio Alcalde Jiménez fue asesinado en Gusen el 18 de febrero de 1942 con 24 años.

Una piedra de la memoria junto a su familia

La colocación de la Stolperstein de Emilio Alcalde tendrá además una especial dimensión familiar. En Cardeña vivió su madre, Petra, y aquí permanece parte de sus descendientes. Su sobrina María conserva numerosas fotografías de Emilio y tendrá desde ahora un lugar cercano en el que recordar a su tío, cuidar su piedra y dejarle unas flores.

La presidenta de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, Cristina García, ha agradecido especialmente la implicación del Ayuntamiento de Cardeña y ha destacado la importancia de que sean las propias instituciones democráticas las que impulsen y respalden este tipo de proyectos. “Durante décadas fueron las familias quienes conservaron fotografías, documentos y recuerdos, mientras las asociaciones memorialistas hemos investigado, reconstruido expedientes y acompañado a sus descendientes. Pero la memoria de las víctimas no puede descansar únicamente sobre las familias y el movimiento memorialista. En un Estado democrático, las instituciones tienen la responsabilidad de reconocerlas, repararlas y garantizar que su historia forme parte de nuestra memoria colectiva”.

En este sentido, desde Triángulo Azul se destaca que la colaboración con los ayuntamientos convierte cada colocación en un acto público de reconocimiento y reparación, y reafirma el compromiso de las instituciones democráticas con la memoria de las víctimas y con los valores de dignidad, democracia y derechos humanos. La Asociación ha valorado asimismo el trabajo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Además, está previsto que el próximo 31 de octubre, el Estado entregue a los descendientes de Emilio su Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, solicitada y tramitada por Triángulo Azul, junto con otras 18 declaraciones más gestionadas por la entidad.

Recuperar sus vidas para la historia

La historia de Emilio Alcalde es la de al menos 353 cordobeses que fueron deportados a campos de concentración nazis. El proyecto Stolpersteine, liderado por la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos, recupera sus nombres, sus historias y su lugar en la memoria colectiva. Cada piedra es un nombre que vuelve, una biografía, una familia y una historia que recuperan su lugar en el espacio público.

La Stolperstein de Emilio Alcalde en Cardeña será la número 202 de un proyecto liderado por la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos, para recuperar individualmente la memoria de los al menos 353 cordobeses deportados a campos de concentración nazis. Detrás de cada una de estas piedras existe un trabajo de investigación, documentación, recuperación de biografías y acompañamiento a las familias, al que se suma la implicación de los municipios para devolver al espacio público los nombres y las historias de sus vecinos deportados.

El proyecto continuará avanzando durante los próximos meses. A lo largo de 2026 está prevista la colocación de otras 38 Stolpersteine, con las que se alcanzarán las 240 piedras en memoria de deportados cordobeses antes de finalizar el año. Las próximas colocaciones se distribuirán entre Montemayor (2), Villaharta (11), Hinojosa del Duque (14), Villa del Río (4), Aguilar de la Frontera (5), Nueva Carteya (1) y PeñarroyaPueblonuevo (1). Esta última corresponde a un nuevo deportado de Peñarroya-Pueblonuevo localizado durante las investigaciones y que estuvo recluido en el campo de concentración nazi de Neuengamme, una muestra de que, más de ocho décadas después, la investigación continúa permitiendo recuperar nombres e historias que permanecían desconocidos.

La dimensión de la deportación cordobesa fue especialmente trágica en el complejo de Mauthausen Gusen. De los al menos 353 cordobeses deportados, 325 pasaron por Mauthausen y 238 fueron asesinados. De esos 325, 287 pasaron por Gusen y 210 fueron asesinados allí. Al finalizar 2026, 240 de esos hombres tendrán su nombre inscrito en una Stolperstein, cerca de los lugares donde vivieron ellos o sus familias. No son solo 240 piedras: son 240 nombres, 240 biografías y 240 historias familiares devueltas al espacio público.

“El proyecto Stolpersteine constituye así una apuesta por la memoria democrática y los derechos humanos, construida desde la investigación memorialista y la colaboración de las instituciones democráticas. Frente a un sistema concentracionario que buscó deshumanizar a sus víctimas y sustituir sus identidades por números, cada piedra realiza el camino contrario: devuelve un nombre, reconoce una vida y convierte su recuerdo en memoria colectiva”, concluyen desde esta iniciativa.

Un viernes de pleno agosto de 1979 un barco regular atraca discretamente en el puerto de Barcelona. Sin autoridades ni prensa, un coche fúnebre anónimo aguarda en el muelle para trasladar los restos del expresidente republicano Niceto Alcalá-Zamora, nacido en Priego de Córdoba y repatriado desde Argentina, por carretera hacia Madrid.

Cinco meses más tarde, en enero de 1980, la fragata Asturias de la Armada española fondea en aguas de Cartagena. Los restos de Alfonso XIII regresan desde Roma exactamente al mismo muelle desde el que partió al exilio en abril de 1931. 49 años después de la salida del rey, se realiza un complejo trasbordo del féretro a un patrullero. En tierra esperan su hijo Juan de Borbón y las cúpulas militares.

Esta es la crónica y sus consecuencias de dos entierros de jefes de Estado durante una Transición asimétrica, temerosa de sus propios símbolos republicanos y democráticos. Una actitud que privó de reconocimiento público a su primer presidente constitucional. Aquella injusta disparidad de entierros, uno republicano y otro real, relegó al olvido la legitimidad civil de la República mientras ensalzaba con pompa la restauración dinástica.

“Supongo que hay que contextualizar el momento, pero era obvio que había que contentar a la parte que venía de ganar e intentaba entrar en otra situación”, opina el profesor prieguense Manuel Molina, experto en la obra literaria de Alcalá-Zamora. “Se podría entender que hubiera precaución por el devenir, pero los hechos nos muestran por sí mismos hacia dónde se pretendía ir”, añade.

Fue el propio Alcalá-Zamora, cofundador del partido Derecha Liberal Republicana (DLR), quien el 14 de abril de 1931 se reunió con un intermediario clave, el conde de Romanones. En dicho encuentro, el republicano, actuando con la autoridad del Comité Revolucionario, le transmitió un ultimátum tajante: el rey debía abandonar España antes de la caída del sol de ese mismo día si quería que el Comité pudiera garantizar su seguridad y la de su familia frente a las masas populares que ya celebraban el triunfo del republicanismo en la calle.

Alcalá-Zamora fue, por encima de todo, un demócrata. Llegó al poder sin privilegios de cuna, siendo el civil que por vías democráticas ejerció durante más tiempo la jefatura del Estado en la historia de España, en concreto durante la II República (desde diciembre de 1931 a abril de 1936). Su republicanismo conservador y católico buscó tender puentes de concordia y moderación para asentar la democracia. Murió despojado de sus bienes en la austeridad del exilio.

Su figura contrasta con la trayectoria de Alfonso XIII (cuyo reinado discurrió entre 1902 y 1931), quien representó un modelo dinástico absolutista, marcado por la corrupción y la quiebra constitucional al haber respaldado la dictadura de Primo de Rivera y conspirado en el exilio con potencias fascistas para derribar la legalidad de la Segunda República, y acabar apoyando el golpe militar de Franco.

La paradoja de los retornos a España de los restos de ambos mandatarios radicó en cómo una democracia recién recuperada decidió esconder al que había sido su anterior jefe de Estado legítimo, mientras desplegaba todos sus recursos oficiales, militares y económicos para honrar al monarca que había abandonado el trono tras violar su juramento constitucional y respaldar una dictadura.

El laberinto político de la UCD y el temor del presidente Adolfo Suarez en plena Transición era el de “herir sensibilidades” en una democracia balbuceante que acababa de aprobar la Constitución. Desde 1977, el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa se opuso a la repatriación de Alcalá Zamora bajo el argumento de que traer a un expresidente legítimo “obligaría a rendirle honores de Estado”.

Tal era el temor que el presidente Suárez, tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio don Niceto, llegó a preguntar dos años después: “¿Con qué bandera lo vamos a enterrar?”.

El contraste de la voluntad política se evidenciaba en que el Gobierno autorizaba un operativo millonario para Alfonso XIII, que incluyó traslados en helicópteros de las Fuerzas Armadas y la apertura de bases militares al público. Un entierro de despliegue nacionalcatólico y monárquico frente a otro marcado por la frialdad burocrática.

El entierro clandestino de Alcalá-Zamora tuvo lugar a las 9 de la mañana del 11 de agosto de 1979 en el cementerio de la Almudena. El gobierno impuso un cupo máximo de 15 personas y el cementerio les negó disponer de un sacerdote para rezar un responso a pesar de haberlo pedido con antelación, y a pesar de que era de todos conocido que el expresidente fue muy católico.

Otro presidente, el de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Eduardo Prada, denunció impotente el “absoluto secreto” del entierro frente al gran homenaje que sí se había permitido, por ejemplo, al socialista, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra en el 36, Francisco Largo Caballero en abril del 78.

A 400 kilómetros de Madrid, en Priego de Córdoba, pueblo natal del presidente republicano, las cosas no eran mejores.“La verdad es que el pueblo no participó de esa vuelta”, explica Molina, aunque sí lo hizo dos años antes, en 1977, “cuando se restituyó una placa en su casa natal, que había sido destruida a martillazos en 1936”.

Unos meses más tarde, la pompa regia de las exequias de Alfonso XIII fue posible mediante un dispositivo militar coordinado por aire y tierra el sábado 19 de enero de 1980. Un viaje fúnebre hasta El Escorial escoltado por el clero castrense y los jefes del Estado Mayor al que se sumaron los alcaldes del trayecto. Incluso el presidente socialista de la Diputación de Madrid llamó a la población a llenar las calles para recibir los restos del rey fallecido en Roma.

El entierro definitivo en el panteón de Reyes de El Escorial estuvo presidido por la familia real en pleno, con honores de la Guardia Real, salvas de ordenanza y un funeral solemne oficiado por el cardenal Tarancón.

El limbo de Alcalá-Zamora

Existen más motivos que logran explicar por qué el presidente republicano fue el gran olvidado del relato democrático. Su caída en desgracia comenzó en la primavera de 1936, cuando fue destituido de la Presidencia. En sus memorias y escritos acusó al Frente Popular de perpetrar un fraude masivo e irregularidades graves tras las elecciones de febrero de 1936, calificándolo como el “pucherazo más gigantesco” de la historia del sufragio en España.

A juicio del profesor Manuel Molina, este olvido confirma una realidad. “Este país ha sido de polarizaciones y la figura de Alcalá-Zamora es uno de sus mejores ejemplos. Para la derecha fue un traidor republicano, y hay que entender que el concepto república se identifica con izquierda; y para esta fue un señor de derechas y católico. Tampoco tuvo un gran partido detrás que lo reivindicase. No era, como dijo Unamuno, ni de los hunos, ni de los hotros”.

Don Niceto quedó en un limbo político e histórico. Demasiado de derechas para la izquierda, demasiado republicano para la derecha. Para la izquierda representó un freno que impidió llevar a cabo una verdadera revolución integral de la República (siendo etiquetado despectivamente como un “beato de misa diaria” o “señorito andaluz”). Para la derecha, el simple hecho de ser republicano hizo que no quisieran reivindicarlo, arrastrando además los prejuicios de la propaganda que lo tildaban de “rojo pervertido” o “masón”.

El golpe de estado lo pilló viajando con su familia por el norte de Europa. Al enterarse del levantamiento militar, decidió no regresar a España, algo que le salvó la vida. A pesar de ser un hombre de derechas y profundamente católico, su firme convicción democrática le convirtió en un objetivo de la represión acusado de “forjar la subversión roja” pese a sus profundas convicciones conservadoras. Uno de sus hijos murió en el frente republicano y otro fue afiliado al Partido Socialista. En contraste, otro hijo tuvo al general Queipo de Llano como suegro.

Al final, el régimen franquista terminó incautándole todos sus bienes, imponiéndole una multa de 50 millones de pesetas y retirándole la nacionalidad, dando comienzo a un largo y penoso exilio que lo llevaría finalmente a Buenos Aires.

No murió en una cuneta, pero fue una víctima más de la represión franquista. Falleció en el sofá gastado de un modesto apartamento en la avenida Las Heras y fue enterrado inicialmente en la Chacarita con dos puñados de tierra, una de los Pirineos y otra de Priego de Córdoba, metidas en el ataúd.

“Murió pobre por convencimiento”, en palabras del profesor Molina. “Creo que es uno de sus mayores ejemplos morales. Pese a que le requisaron todo su patrimonio y el dictador intentó que volviera, se negó hasta que en España hubiese democracia, pese a la situación de pobreza en que acabó”. Sus palabras fueron que el día que volviese lo haría “para recuperar su patria no su patrimonio”.

30 años después de su fallecimiento, en plenas vacaciones de agosto y con el mayor de los secretismos, sus restos llegaron a España. Molina denuncia la “desmemoria histórica” de la democracia, ya que parece que rendir homenaje a Alcalá Zamora se percibe como un acto políticamente incómodo para los sucesivos presidentes del Gobierno democrático.

“Creo que es una falta de ejercicio democrático que dos presidentes de izquierda (Zapatero y Sánchez) hayan visitado la tumba de Azaña en Francia, incluso la de Antonio Machado y nunca la del presidente de la Segunda República en Madrid. Igual que Aznar reivindicando a Azaña y ni una palabra para Alcalá-Zamora. De la Moncloa al cementerio de La Almudena hay 14 kilómetros para ir a depositar una flor en su tumba”, denuncia el profesor prieguense.

A pesar de que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica a finales de 2007 abrió la vía legal para que las familias de las víctimas del franquismo reclamaran reparación moral, y de que los seis nietos de Niceto Alcalá-Zamora solicitaron formalmente un homenaje público al amparo de esta norma, Alcalá-Zamora murió con su nacionalidad sin retirar en Argentina, “una oportunidad perdida de honrarlo”, explica Molina.

“En 2013 el pueblo de Priego sufraga un busto y se instala en el Congreso, que hoy día está medio escondido en un pasillo. Lo más cercano al reconocimiento se realizó en 2021 por parte del secretario de estado de Memoria Democrática del PSOE con la entrega de un documento a sus nietas reconociendo su labor como presidente de la Segunda República y su contribución al desarrollo de los valores democráticos en España”, detalla.

Los especialistas llevan años señalando y haciendo pedagogía sobre que en España todavía existe una carencia de cultura histórica y política para comprender y aceptar que la República era una forma de Estado donde cabían, con total normalidad democrática, opciones conservadoras y de orden.

Quizás esta sea otra de las lecciones inacabadas de la Transición: la incapacidad del Estado para honrar a sus propios presidentes democráticos evidenciando cómo, en el espejo de 1979 y 1980, la Transición prefirió el silencio y el pacto de desmemoria antes que la asunción plena de su propia genealogía democrática y republicana.

95 años después de la proclamación de la Segunda República española, existe un sentimiento republicano en España, por mucho que el CIS no pregunte en sus sondeos sobre la monarquía desde la abdicación de Juan Carlos I. Pero una cosa son los sentimientos republicanos y otra muy distinta los partidos de este segmento, lo que hace preguntarse entre la utopía y la realidad del republicanismo en España.

Un movimiento que nació en la España del XIX como contestación al liberalismo. Sus valores eran muy ambiciosos en lo democrático, el bien común y la igualdad. Prueba de esa igualdad desde la base es el hecho de que don Niceto, aunque de familia terrateniente, fue uno de los pocos jefes de Estado de pueblo, y andaluz, que ha habido en España.

“Está en manos del profesorado de secundaria, visitar su casa-museo en Priego y explicar allí quién fue. Vienen institutos de fuera y algunos de Priego ni lo visitan”, sentencia Manuel Molina.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco, pero muy especialmente desde las elecciones municipales de 1979, miles de personas empezaron a cavar la tierra en toda España para recuperar los restos de sus familiares asesinados por los golpistas tras el 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil. Y lo consiguieron. Las exhumaciones, realizadas de manera rudimentaria, y sin apoyo institucional, se llevaron a cabo en pueblos de todo el país. También en Andalucía. Y la provincia de Córdoba no fue una excepción. Ahora un documental rescata la historia de las desconocidas, y silenciadas, exhumaciones de la Transición.

‘Debajo de los olivos’, dirigido por el periodista Francisco Artacho, comienza con una historia ocurrida en el pueblo de Encinas Reales, donde Ana María Campos, ‘La Rana’ movió cielo y tierra hasta exhumar la fosa en la que estaban los restos de su padre, Francisco Campos, junto al de otros cuatro hombres. Posteriormente, dio digna sepultura a los restos en el cementerio municipal, donde el visitante puede ver una lápida con una extraña inscripción: “Aquí descansan los restos de Francisco Campos Bergillos y compañeros”, junto a una imagen de Jesús de las Penas, patrón de la localidad de la Subbética.

Historias como estas se repitieron, por ejemplo, en Iznájar y Carcabuey y se cuentan gracias al testimonio de familiares que participaron en las exhumaciones a finales de los años 70 y que fueron silenciadas por las autoridades de la época. También por la mayoría de medios de comunicación, salvo alguna excepción, que no se hicieron eco de lo que estaba sucediendo con los restos de miles de asesinados y que fueron honrados, en algunos casos, con funerales multitudinarios.

Estas exhumaciones se produjeron en toda España y han sido especialmente estudiadas en La Rioja, Navarra y Extremadura, por lo que han trascendido más que las que se llevaron a cabo en Andalucía. Muchas de ellas todavía desconocidas y que ‘Debajo de los Olivos’ pretende sacar rescatar del olvido. El proyecto de investigación también incluiría un libro, por lo que se pide colaboración para seguir completando un mapa de fosas pendiente de finalizar.

Investigación, testimonio y pruebas

Pero, sobre todo, este proyecto está recorrido por una pregunta: “¿Por qué la consecución de un derecho humano fundamental, como es la búsqueda y localización de desaparecidos, que debería enorgullecer a todo un país, se mantuvo en secreto?”, explica Artacho, que destaca “la valentía de estas mujeres y hombres que se atrevieron a desenterrar unos crímenes que se pretendían mantener, al menos, en silencio”.

Este documental es un proyecto impulsado por la Asociación de Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba y cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Córdoba. Tras más de un año de investigación, el trabajo no solo recoge testimonios orales, también pruebas documentales, como las fotos realzadas por Joaquín Garrido en Carcabuey y un super 8 con imágenes inéditas de Encinas Reales de la familia Campos.

Voces expertas como la historiadora e investigadora Zoé de Kerangant, el historiador José Manuel Jurado y el activista memorialista Cecilio Gordillo reflexionan sobre la Transición, sobre ritos funerarios y comprar las ventajas e inconvenientes del modelo de exhumaciones de la Transición con los actuales, en los que el método científico y pruebas de ADN irrumpieron hace ya más de 20 años.

Para el equipo técnico, ‘Debajo de los olivos’ ha contado con el director de fotografía Damián López-Martín y con la producción de Juanma Sayaloga (Viva todo films).

A finales del 2025, la Diputación de Córdoba le remitió al Ayuntamiento de Encinas Reales un decreto sobre el convenio que ambas administraciones tenían que firmar para financiar e instalar un monolito en el cementerio del pueblo, en memoria de las víctimas del franquismo del municipio. El decreto establecía cómo tenía que ser el monolito y también el texto que debía incluirse, pactado con el nieto de una de las víctimas.

No obstante, este hombre se ha llevado una sorpresa este verano, tras comprobar que ni el monolito era como se había diseñado ni el texto el que se había pactado. Al contrario, el monolito aludía a las “víctimas del terrorismo” en un pueblo con 11 personas que murieron fusiladas durante la represión franquista. El monolito está firmado además por el alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto Navarro.

El decreto, firmado el 16 de diciembre de 2025 por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, recoge el convenio para ejecutar el proyecto denominado “Dignificación de la fosa común exhumada a extramuros del antiguo cementerio de Encinas Reales, El Jardín de la Memoria”. El expediente deja claro que el proyecto se plantea como una actuación de Memoria Democrática y que el lugar elegido es precisamente el espacio donde fue localizada la fosa, a extramuros del antiguo cementerio de Encinas Reales. El Ayuntamiento justificó la actuación a partir de la petición de Jesús Sergio Prieto Ruiz, vecino de la localidad y nieto y sobrino de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. El propio expediente identifica a Juan Ruiz Ruiz como abuelo del solicitante y recoge que murió en las proximidades del cementerio el 22 de septiembre de 1936.

El proyecto aprobado por la Diputación tenía como finalidad dignificar el lugar donde fueron encontrados y exhumados los restos humanos y se enmarcaba expresamente en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. El expediente señala que el objetivo era hacer efectivo el derecho de las familias a la recuperación de sus familiares y a la reparación moral.

Más adelante, el documento concreta que la franja de terreno donde se encontraba la fosa, de la que habían sido exhumados 11 cuerpos, sería convertida en un jardín para la memoria. El proyecto se realizaría a propuesta del familiar Jesús Sergio Prieto Ruiz.

Y es precisamente en ese proyecto donde aparece el texto que debía figurar en el monolito. El decreto señala literalmente que “en el monolito se realizará el siguiente epitafio”, una frase “cedida por Don Jesús Sergio Prieto Ruiz, familiar solicitante”. El texto previsto era: “A LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL GOLPE DE ESTADO, LA GUERRA Y LA POSGUERRA EN ESPAÑA. POR SU RECONOCIMIENTO, DIGNIFICACIÓN HUMANA Y PARA QUE POR FIN DESCANSEN EN PAZ” (sic). Es decir, el documento oficial de la Diputación no contemplaba la referencia a las víctimas del terrorismo que finalmente apareció en la placa instalada en Encinas Reales.

La diferencia entre ambos textos es sustancial. La inscripción finalmente colocada señala: «Espacio dedicado al recuerdo, el honor y la dignidad de todas las personas que sufrieron la violencia y la sinrazón de la Guerra Civil y la posguerra, así como de las víctimas del terrorismo. Por la paz, la convivencia y la libertad. Encinas Reales, 2025. Gabriel Prieto Navarro. Alcalde». La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba (ARMHB) ya había denunciado que en ella ni siquiera se nombraba expresamente a las víctimas del golpe militar y del franquismo.

“Que tenga humanidad y que tome consciencia”

Ante la aparición de la nueva inscripción, desde la Asociación de Memoria Histórica de Benamejí y el sur de la provincia de Córdoba reclaman al alcalde que rectifique y vuelva al texto que figuraba en el proyecto aprobado por la Diputación. “Desde la Asociación de Memoria Histórica le pedimos al alcalde, como mínimo, que tenga humanidad y que tome consciencia de que está provocando daño en las familias”, señala la asociación, que considera que el monumento “debería construirse para recordar a las víctimas de Encinas Reales del golpe de Estado del 18 de julio y de la Guerra Civil en la localidad”, aseguran, a preguntas de este medio.

“Bastante sufrimiento es ya que algunas hayan estado hasta hace dos días en fosas y otras sigan estando desaparecidas”, añade la organización memorialista. La asociación reclama al regidor que tenga “empatía” con las familias y que rectifique la inscripción. “Le pedimos empatía y que rectifique y se vuelva a la inscripción original, la que fue aprobada por Diputación”, sostiene.

La reacción se produce después de que la asociación denunciara que el monolito finalmente instalado no responde al proyecto que, según consta en el expediente de la Diputación, había sido planteado a propuesta de un familiar de las víctimas. Para la ARMHB, la inclusión de la referencia a las víctimas del terrorismo desvirtúa el propósito original del monumento.

La organización ya había denunciado que el texto actual sustituye la identificación de las víctimas del franquismo por una formulación genérica en la que se incluyen las víctimas del terrorismo y había reclamado una nueva inscripción que cumpliera con los deseos de las familias.

La Diputación financió íntegramente el proyecto

El decreto también permite conocer el coste de la actuación. El proyecto tenía un presupuesto de 4.338,09 euros, cantidad que la Diputación de Córdoba aportaba íntegramente mediante la subvención nominativa. El anexo económico establece una aportación de cero euros por parte del Ayuntamiento y 4.338,09 euros solicitados a la Diputación.

El expediente señala además que el proyecto sería financiado por la Diputación y por el Ayuntamiento únicamente en aquellos gastos que no estuvieran contemplados en el convenio o que no pudieran imputarse a él. La ejecución material quedaba en manos del Ayuntamiento, que debía contratar una empresa especializada.

El documento contempla incluso la celebración de un acto de presentación del monolito, con discursos, homenajes y reconocimientos, dentro de la fase final del proyecto. El calendario previsto situaba la ejecución entre enero y marzo de 2026 y la fase final entre abril y el 31 de mayo de ese año.

El propio expediente enumera además a las personas que, según los datos disponibles, fueron ejecutadas en 1936 y cuyos familiares son destinatarios directos del proyecto. Entre los nombres figuran Francisco Hinestrosa Pérez, Juan Hinojosa Sánchez, Juan Ruiz Sánchez, José Carnerero Fuentes, José Arjona Guerrero, Antonio Barea Hinojosa, Francisco Morales, Manuel Pacheco, Antonio Portino Ponce, Isidoro Raya Durán, Antonio Raya Durán, José Reyes Benítez y José Torralvo.

El expediente presenta, por tanto, el proyecto como una actuación destinada a la dignificación de la fosa y al reconocimiento de las víctimas. De hecho, entre sus objetivos específicos se señala expresamente la intención de “dignificar la memoria de las víctimas, honrándolas” y crear un espacio conmemorativo que contribuya a la memoria histórica.