La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha matizado que la prórroga de diez días que se dio para ejercitar el derecho de retracto para adquirir los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia vence el 21 de octubre. A preguntas de este periódico, desde la Junta han aclarado que la ampliación de plazo era en días hábiles y no naturales, de manera que, si se cuenta desde el 6 de octubre y se descuenta el festivo del 12, el tiempo extra se agota el próximo miércoles.

Hasta entonces, no se esperan declaraciones al respecto. La semana pasada, cuando los seis meses de plazo teóricamente oficial llegaban a su fin, el Gobierno Andaluz decidió de manera unilateral ampliar en diez días el periodo para resolver y notificar el procedimiento del derecho de retracto sobre los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba.

En aquel momento, no se especificó que fueran diez días hábiles. Solo se dijo textualmente “diez días”. La justificación a esta “prórroga excepcional” respondía, según dijeron, “a la necesidad de garantizar plenamente los derechos de defensa y audiencia de las partes implicadas, antes de emitir la propuesta de resolución definitiva”.

Sin embargo, la parte principal implicada, el actual propietario, Antonio Amil, afirmó al día siguiente que no se le había notificado la prórroga, e insistió en que ni la Junta tenía, a su juicio, derecho de retracto, ni podía ampliar el plazo de manera unilateral.

Así las cosas, el final de este culebrón se vuelve a alargar otros cinco días, después de que la Junta de Andalucía iniciara en septiembre el expediente de retracto a petición del Ayuntamiento de Córdoba y con el objetivo de que sea el Consistorio el que finalmente adquiera los tres cines de verano por el precio de 300.000 euros.

Así lo explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, cuando confirmó que la Administración autonómica había ejercido el derecho “en favor, directamente, del Ayuntamiento” para que este “pueda adquirir los cines”. La fecha del 6 de octubre, según dijo el propio Gobierno Andaluz, era el límite paraejercer el derecho de retracto, argumentando que contaba con seis meses desde que tuvo conocimiento de la compraventa para tomar esta decisión. Ese plazo comenzó a contar el 6 de abril, cuando tuvo conocimiento de que Antonio Amil había adquirido los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo.

Una nueva edición de Córdoba Califato Gourmet (CCG) llega durante la segunda mitad de octubre, más concretamente este próximo lunes y martes, en el que congregará a cerca de 6.000 personas que participarán en las diferentes actividades propuestas. Esta vez, la iniciativa introduce un programa con importantes novedades y refuerza su compromiso con la promoción de Córdoba como destino gastronómico de referencia.

La nueva convocatoria supone un paso adelante en la evolución del encuentro, tanto por su mayor apertura a la ciudadanía como por el protagonismo que adquieren los productores locales, la incorporación de nuevas experiencias y la voluntad de proyectar la marca gastronómica cordobesa más allá de sus fronteras tradicionales. Uno de los principales cambios será el traslado de la tradicional cena de gala a las históricas Bodegas Campos, un establecimiento estrechamente vinculado a la identidad gastronómica de la ciudad, que acogerá una experiencia de carácter exclusivo para un número limitado de comensales.

La organización también quiere reforzar la conexión entre el territorio, sus productores y la alta cocina a través de una idea que cobra especial importancia en esta edición: el ‘producto de minuto cero’, que sitúa en el centro de la experiencia gastronómica las materias primas, los oficios y las personas que las hacen posibles. Productos como el ajo de Montalbán, los garbanzos de Almodóvar o los quesos de Los Pedroches ejemplifican esta apuesta por una gastronomía que encuentra en el origen de sus ingredientes uno de sus principales elementos de diferenciación.

La gastronomía vuelve a la calle

Por segundo año consecutivo, el entorno de la Puerta del Puente, junto a la Mezquita-Catedral y el Puente Romano, volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de Córdoba Califato Gourmet. La elección de este enclave, situado en el principal espacio de referencia turística de la ciudad, responde al propósito de acercar la gastronomía cordobesa tanto a los residentes como a los visitantes y contribuir a que la actividad gastronómica tenga una mayor presencia en la experiencia turística de Córdoba.

El lunes 19 de octubre, el programa comenzará a las 11:30 con Califato LAB, un espacio de conocimiento, reflexión e innovación que abordará el papel del producto agroalimentario, el talento profesional y las oportunidades de promoción y comercialización del destino.

A partir de las 13:00 tendrá lugar Califato Experiences, una propuesta que conectará directamente territorio, productores y cocina, mostrando cómo los ingredientes y las tradiciones locales pueden transformarse en experiencias gastronómicas de interés turístico.

A las 13:30 comenzará Califato in the Street, una de las actividades más populares de la convocatoria, que reunirá a establecimientos de Córdoba y provincia en una jornada abierta al público, con degustaciones, elaboraciones en directo y diferentes propuestas culinarias. Este año acogerá más de 25 establecimientos de Córdoba y provincia, que ofrecerán un mínimo de 10.000 tapas, según las previsiones.

Esta vocación de apertura se ha reflejado también en la Ruta Oficial de la Tapa, que desde el 8 y hasta el día 18 de octubre ofrece creaciones gastronómicas en establecimientos de la capital y la provincia, a un precio de 3,50 euros.

Una cena exclusiva y el gran encuentro de cocina en directo

La jornada del lunes culminará a las 20:30 con la cena Córdoba Califato Gourmet ‘Paco Morales y sus amigos’, que se celebrará por primera vez en Bodegas Campos. La propuesta reunirá a Morales, chef de Noor, distinguido con tres estrellas Michelin, con cocineros invitados y profesionales de referencia de la gastronomía cordobesa, en una experiencia concebida para poner en valor la creatividad culinaria y los productos del territorio. En esta ocasión, el evento contará con la participación de Elena Arzak (3 estrellas Michelin) como chef invitada. Completan el cartel Kisko García (1 estrella Michelin), Celia Jiménez y José Roldán, quien se ocupará de la elaboración del pan.

El martes 20 de octubre, Bodegas Campos acogerá a las 12:00 la rueda de prensa oficial y la entrega de premios y reconocimientos vinculados a las actividades de esta edición.

Posteriormente, entre las 14:00 y las 16:00, tendrá lugar el Showcooking Oficial, una de las citas centrales del programa, en la que cocineros y establecimientos participantes compartirán sus propuestas y mostrarán en directo la diversidad y el talento de la cocina cordobesa.

La edición incorpora, además, una iniciativa vinculada a Madrid Fusión 2027, mediante la cual el público participará, junto a un jurado, en la elección de la propuesta ganadora entre seis establecimientos finalistas, con el objetivo de representar la creatividad gastronómica de Córdoba en el encuentro madrileño.

Más allá de las novedades del programa, la XI edición de Córdoba Califato Gourmet quiere consolidar una evolución estratégica del proyecto. Sus promotores consideran que el encuentro ha alcanzado una madurez suficiente para ampliar su proyección nacional e internacional, utilizando la gastronomía como instrumento de promoción turística y de reconocimiento de la identidad cordobesa. Esta orientación se apoya en la singularidad de sus productos agroalimentarios, la calidad de sus cocineros, la riqueza patrimonial de Córdoba y la creciente importancia de las experiencias gastronómicas en las decisiones de viaje.

La Universidad Loyola, la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) se han unido para crear Venture Córdoba 2026, una iniciativa conjunta que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre en la Sala Orive. Su objetivo es tender puentes entre el conocimiento que se genera en las universidades cordobesas y las empresas, el mercado y las oportunidades de financiación.

Esta iniciativa tuvo su presentación durante el pasado mes de septiembre y estuvieron persentes Esteban Almirón, director Loyola Initiatives y del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola; Blanca Torrent, presidenta del Imdeec y Sergio Castro García, vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento de la UCO.

Almirón definió el programa como “un síntoma de la madurez del ecosistema emprendedor de Córdoba”. Además, ha subrayado que “ambas universidades llevamos muchísimos años haciendo programas, buscando emprendedores en nuestras aulas y poniendo esa semillita en nuestros estudiantes. Este programa viene a poner la guinda a un ecosistema que necesitaba un evento como este”.

Formar también a quienes trabajan “en la sombra”

El director del Servicio de Carreras Profesionales señaló que la gran novedad de Venture Córdoba es que no se limita a trabajar con proyectos, sino que aprovecha el encuentro para formar y fortalecer a todas las personas que participan en el ecosistema emprendedor. “Por primera vez, un evento como este va a convocar a investigadores, al personal técnico de las universidades y a personas de la administración pública. Siempre ponemos el foco en los proyectos, pero detrás hay un colectivo que trabaja muchas veces en la sombra, y es la primera vez que se le convoca con esta dimensión”, explicó

Almirón agradeció al Imdeec su “apoyo inestimable” y la colaboración mantenida con la Universidad Loyola en los últimos años, así como la fluidez con la que se ha cerrado el acuerdo con la Universidad de Córdoba. “Desde Loyola queremos seguir contribuyendo al emprendimiento universitario y generando riqueza en la ciudad a través de los emprendedores de nuestras aulas y de nuestros investigadores. Estamos muy contentos de hacerlo de la mano de la Universidad de Córdoba, y espero que podamos mantener estas jornadas en el tiempo y ver sus frutos en el futuro”, añadió.

Del laboratorio al mercado

Venture Córdoba combinará una fase previa de preparación y mentoría, en la que los proyectos participantes estructurarán sus propuestas, con dos jornadas presenciales. El 19 de octubre se trabajarán cuestiones clave como la validación, la propiedad intelectual, el modelo de negocio o la financiación, y el 20 de octubre los proyectos seleccionados se presentarán ante un foro de inversores y mantendrán rondas de reuniones con empresas e instituciones.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, destacó que “no todos los proyectos están en la misma fase ni necesitan lo mismo: algunos necesitarán financiación; otros, clientes, un socio industrial o una colaboración que les permita avanzar. Por eso, más que hablar únicamente de inversión, hablamos de conexión de oportunidades”. Torrent recordó que por los espacios municipales de emprendimiento pasaron el año pasado más de 900 emprendedores, más de la mitad procedentes del ámbito universitario.

Por su parte, Sergio Castro señaló que, inspirado en Alhambra Venture, el programa “no es un escaparate ni una promesa de financiación automática”, sino una preparación real para acceder al mercado.

La empresa municipal Vimcorsa ha lanzado dos licitaciones para las obras de construcción de 60 viviendas de protección oficial (VPO), según ha podido comprobar este periódico en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Estos inmuebles están distribuidos en tres promociones de la capital y el anuncio llega apenas horas después del Pleno de la vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado jueves.

Una inversión conjunta que supera los 9 millones de euros -impuestos incluidos- y que están repartidos cada uno en una punta de la ciudad. De hecho, existen dos promociones de 15 VPO en San Rafael del Albaida, que cuentan con sus respectivos trasteros y plazas de aparcamiento. Más concretamente, los inmuebles se sitúan en las parcelas R1 y R2 del Plan Parcial SRA-Sur del PGOU de Córdoba. Además, cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El segundo expediente contempla la construcción de una promoción de 30 viviendas de protección oficial en régimen de venta, trasteros, plazas de aparcamiento y locales comerciales. La actuación se localiza en el Estudio de Detalle RG-2, concretamente en la calle Acera de Granada número 2. Este proyecto cuenta con un presupuesto base superior a los 4 millones de euros con impuestos y establece un plazo para la ejecución de las obras de 20 meses.

Las empresas constructoras que deseen concurrir al proceso podrán remitir sus proposiciones electrónicas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14:00. La apertura pública de las ofertas económicas está programada de forma provisional para el 24 de noviembre de 2026.

Por otro lado, estas dos licitaciones llegan en plena irrupción mediática del tema de la vivienda en España, que incluso ha provocado que el PSOE haya adelantado las elecciones generales. Además, Córdoba vivió durante el pasado jueves un Pleno sobre estos inmuebles que se saldó, incluso, con la presencia de Stop Desahucios.

La plaza de Las Tendillas acoge la tercera edición del Mercado de Otoño, una iniciativa de la asociación 'Iluminando Juntos' que busca reconquistar el cara a cara frente a la frialdad de las pantallas e internet. Desde este viernes y hasta este sábado, este espacio del centro se transforma en un escaparate vivo en el que habrá un total de 22 expositores de comercios de toda la vida.

El 24 de octubre de 2026 será una jornada como las de siempre en Córdoba. A diferencia de años anteriores, los cordobeses podrán subir, como manda la tradición, al parque periurbano de Los Villares a echar una jornada de campo y diversión. La Junta ha anunciado este viernes que ha puesto punto y final al periodo de riesgo extremo de incendio forestal. Ahora es medio. Esto permite que los peroles regresen a los lugares habilitados, donde se podrá encender fuego sin temor a que se propague por los alrededores.

El anuncio lo ha realizado este viernes el consejero de Presidencia, Emergencias y Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha explicado que, tras la finalización de la época de peligro alto de incendios forestales, comienza el periodo de peligro medio, que se prolongará hasta el próximo 31 de octubre.

Según ha detallado Sanz, el comité asesor del Plan Infoca decidió dar este paso a partir del jueves 15 de octubre, teniendo en cuenta la situación meteorológica. El consejero ha advertido, no obstante, de que el cambio de nivel de riesgo no significa que haya desaparecido el peligro de incendio, ya que los fuegos forestales también pueden ser complejos durante el mes de octubre.

Los Villares, escenario tradicional de los peroles

La celebración de San Rafael, patrón custodio de Córdoba, tiene en los peroles una de sus tradiciones más arraigadas. Cada 24 de octubre, miles de cordobeses aprovechan la jornada festiva para reunirse con familiares y amigos en el campo, preparar arroces y disfrutar de un día de convivencia al aire libre.

Sin embargo, en los últimos años, el riesgo de incendio forestal ha impedido celebrar estas reuniones en su emplazamiento más emblemático, el parque periurbano de Los Villares, situado en plena Sierra Morena cordobesa. Para mantener la tradición sin poner en peligro el entorno natural, el Ayuntamiento ha habilitado el recinto ferial de El Arenal como alternativa, al tratarse de un espacio sin el mismo riesgo asociado al uso del fuego en el monte.

La rebaja del nivel de peligro de incendio abre ahora la puerta al regreso de los peroles a Los Villares, aunque la posibilidad de encender barbacoas estará condicionada por las instrucciones y restricciones que establezcan las autoridades competentes para los espacios autorizados.

El riesgo de incendio sigue presente

El paso del periodo de peligro alto al medio supone un cambio relevante para la planificación de las actividades al aire libre en Andalucía, pero no implica que se pueda hacer fuego sin limitaciones en cualquier lugar. Las barbacoas deberán realizarse exclusivamente en las zonas habilitadas y respetando las condiciones de seguridad establecidas.

La decisión definitiva sobre las condiciones de uso de las instalaciones deberá tener en cuenta las indicaciones de la Junta y las normas aplicables al parque periurbano. Por ello, los cordobeses que tengan previsto celebrar San Rafael en Los Villares deberán comprobar las instrucciones oficiales antes de preparar sus peroles.

De confirmarse la autorización en las condiciones previstas, la festividad del próximo 24 de octubre podría recuperar una de sus estampas más reconocibles: las familias y grupos de amigos reunidos en la sierra cordobesa para celebrar San Rafael alrededor de un perol.

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, ha alcanzado ya los avales legalmente necesarios para presentar su candidatura en Córdoba a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. En solo seis días de campaña se han recogido 680 firmas, superando las 625 exigidas para la provincia. 

La respuesta ciudadana se ha producido a través de mesas informativas, establecimientos colaboradores y distintas acciones de calle desplegadas por la provincia, con presencia en municipios como Lucena, Priego de Córdoba y Villa del Río, entre otros. El Enlace Provincial de SALF, Pedro Jesús García González, ha destacado la implicación de afiliados, voluntarios y colaboradores y la cercanía mostrada por numerosos vecinos durante la recogida. 

El Secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias, ha confirmado que SALF presentará lista electoral en Córdoba, integrada por un equipo comprometido y con voluntad de trasladar al Congreso la voz de quienes piden un cambio político real. 

Con el objetivo legal cumplido, SALF Córdoba no da por terminada la movilización. Este domingo 18 de octubre, de 11:00 a 13:00, celebrará en el Mercadillo del Arenal una concentración provincial que servirá como cierre simbólico de esta fase y como última gran oportunidad para que quienes aún quieran respaldar el proyecto con su firma puedan hacerlo. 

“Se ha sentido la buena acogida que el partido ha tenido en la provincia. Muchos vecinos se han acercado a firmar y a desearnos suerte en las próximas elecciones”, ha afirmado Pedro Jesús García González, enlace Provincial de SALF.

Facua Córdoba denuncia que el gobierno municipal del PP ha encarecido en torno a un 52% la tasa de basura en la capital desde 2023, con subidas sucesivas del 35%, el 10% y el 2,2% aprobado definitivamente para 2026. En determinados hogares, el recibo anual ha pasado de algo menos de 100 euros a unos 156, lo que supone un incremento considerable para las economías familiares sin que se haya percibido una mejora equivalente en la limpieza urbana. La asociación aclara que el aumento acumulado se debe a que cada subida se aplica sobre la tarifa resultante del incremento anterior, y no a la suma directa de los tres porcentajes.

Facua Córdoba reclama al Ayuntamiento que detalle los motivos económicos que justifican estas subidas y el destino de los ingresos adicionales. Asimismo, exige a Sadeco un balance de las actuaciones anunciadas y ejecutadas, con información sobre los barrios afectados, los plazos, las frecuencias de limpieza y recogida, y los resultados obtenidos.

La asociación lleva meses denunciando la acumulación de basura, los malos olores y la falta de limpieza en distintos barrios, situaciones que generan molestias y problemas de salubridad para los vecinos. Aunque considera necesarias las medidas anunciadas por Sadeco, los resultados deben verse en la calle, con una retirada regular de residuos, contenedores en buen estado y espacios públicos limpios.

Por otra parte, Facua Córdoba recuerda que las tasas deben contar con la correspondiente justificación económica y ajustarse a la normativa aplicable. En particular, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la tasa o prestación específica vinculada a la gestión de los residuos debe reflejar su coste real, en los términos previstos por la propia ley.

Tras un incremento acumulado de alrededor del 52% desde 2023, Facua Córdoba considera que el consistorio cordobés no puede limitarse a aprobar nuevas tarifas. De este modo, debe garantizar una prestación adecuada y corregir las deficiencias del servicio. Para ello, reclama que el mayor esfuerzo económico exigido a los hogares se corresponda con mejoras efectivas y comprobables en la recogida de residuos y la limpieza viaria.

FACUA Córdoba lleva tiempo denunciando las deficiencias del servicio

En septiembre de 2025, FACUA Córdoba cuestionó las declaraciones de la entonces presidenta de Sadeco sobre la excelencia del servicio de limpieza, al considerar que esa valoración no se correspondía con los problemas denunciados por la ciudadanía.

En junio de 2026, la asociación volvió a alertar del deterioro de la limpieza urbana, la acumulación de residuos junto a los contenedores, los malos olores y la proliferación de ratas. Ante esta situación, reclamó medidas extraordinarias para reforzar la limpieza, mejorar la recogida de residuos y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad en los espacios públicos.

A estas denuncias se suman las dificultades comunicadas por vecinos para utilizar determinados contenedores. Las actuaciones anunciadas por Sadeco en los últimos meses, entre ellas la prueba de nuevas tapas en 174 contenedores y las medidas para reforzar la limpieza viaria, se producen en un contexto de quejas vecinales y denuncias públicas de FACUA Córdoba sobre el funcionamiento del servicio.

La asociación considera que estas actuaciones son necesarias para corregir los problemas existentes y que su anuncio no constituye, por sí solo, una mejora efectiva, ya que los resultados deben apreciarse en las calles.

Tras un encarecimiento acumulado de alrededor del 52% de la tasa de basura desde 2023, FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento que demuestre, con resultados verificables, que las sucesivas subidas se traducen en una recogida eficaz de los residuos y una limpieza viaria adecuada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos que aportan y a exigir un servicio público que responda a sus necesidades.

Carmen Sánchez, coportavoz de Adelante Andalucía en Córdoba, será la número 1 de la formación en las próximas elecciones generales del 29 de junio. Ha sido el líder del partido, José Ignacio García, el que ha comunicado quiénes serán los candidatos en las ocho provincias andaluzas.

En Córdoba será Carmen Sánchez. La candidata es graduada en Historia y Patrimonio y Máster en Culturas Árabe y Hebrea: al-Andalus y Mundo Árabe contemporáneo y guía oficial de Turismo de Andalucía. En las últimas elecciones andaluzas fue la número 3 y, desde junio, es la coportavoz del partido, junto a Jordi Vidal.

Adelante Andalucía Córdoba ha logrado, de este modo, recoger los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones en la provincia. Lo ha hecho en apenas un par de jornadas. Desde el partido han destacado que el objetivo no es únicamente alcanzar el número mínimo de avales exigido, sino “demostrar el respaldo social a un proyecto andalucista que quiere tener voz propia en la provincia”.

“Tenemos claro que vamos a conseguir los avales necesarios para presentarnos en Córdoba, pero queremos ir mucho más allá. Queremos demostrar que hay gente dispuesta a dar un paso adelante para que Córdoba tenga una voz andalucista propia y trabajar para que ese apoyo se traduzca en representación en el Congreso”, señalan desde la organización.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El XIX Congreso de la Fundación Blas Infante ha dado comienzo este jueves en la Universidad de Córdoba (UCO) con un reconocimiento a la figura del desaparecido veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés, Rafael Castejón y Martínez de Arizala, en un acto que ha servido como preámbulo del encuentro que se desarrollará en la capital cordobesa durante los próximos tres días y en el que se ha realizado una ofrenda floral frente al busto que le recuerda en los jardines del Rectorado de la institución académica, obra de Pedro Berjillos Ruiz.

Según ha informado la UCO en una nota, el acto, en el que se han presentado los distintos contenidos del congreso, ha contado con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante; el secretario del Congreso, Miguel Santiago, y el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Manuel Rich, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la institución universitaria ejerza como anfitriona del evento y ha definido a Rafael Castejón, no sólo como “un hombre de ciencia que contribuyó a situar a los estudios de Veterinaria en Córdoba como uno de los más prestigiosos de España”, sino también como alguien “comprometido socialmente con el andalucismo”.

El homenaje ha concluido con la lectura, por parte del investigador de la UCO y patrono de la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel Rodríguez, de un capítulo del libro 'Activistas, militantes y propagandistas'. Concretamente, el profesor de la Universidad de Córdoba ha leído uno de los capítulos redactado por él mismo, titulado 'Rafael Castejón (1893-1986): republicano y andalucista', en el que afirma que el veterinario cordobés “es a Córdoba lo que Blas Infante a Andalucía”.

Ambos, ha destacado “clavaron en la médula de su discurso social y político la necesidad prioritaria de restaurar la memoria colectiva de Córdoba y Andalucía, y los dos tenían muy claro que solo completando el mosaico del pasado andaluz podrían hallar la raíz de sus males presentes y las medidas adecuadas para afrontarlo”, ha concluido.

Rafael Castejón, fallecido en 1986, fue un veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés. Además de su actividad docente, fue un precursor de la investigación en química veterinaria. Más allá de su carrera profesional, durante el homenaje también se ha destacado su vertiente política, en la que fue elegido presidente del Centro Andaluz de Córdoba, una institución clave para el andalucismo histórico. Militante del Partido Republicano Radical, perteneció a la Junta Liberalista y participó en los debates del Anteproyecto de Bases del Estatuto de Autonomía de Andalucía durante el Congreso Regionalista de Córdoba en 1933.

El congreso, que se inaugura oficialmente esta tarde en el Salón de Columnas edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, en un acto presidido por el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, se articulará a lo largo de los próximos tres días en torno a cuatro sesiones, en las que se abordará el soberanismo como pilar andalucista, la solidaridad internacionalista, el humanismo del andalucismo y las músicas populares. Además de estos espacios, el encuentro contará con dos sesiones de comunicaciones relacionadas con la temática del congreso, según ha explicado el secretario del congreso, Miguel Santiago.

El evento, que se celebra tanto en la Universidad de Córdoba, como en la Sala Polifemo del Teatro Góngora, concluirá con la actuación musical de la comparsa El Patriota, agrupación finalista del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz en 2026 y que conquistó las tablas del teatro Falla con un repertorio netamente andalucista y un integrante que encarnó a la figura de Blas Infante.

El próximo martes 3 de noviembre, podrás saber si te ha tocado o no estar en una mesa electoral el próximo 29 de noviembre. Ese es el domingo en el que se celebrarán las elecciones generales, que necesitan del dispositivo habitual para los comicios.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado este jueves, durante el Pleno Ordinario, que, dado que el plazo para hacer el sorteo va del 31 de octubre -sábado- al 4 de noviembre, lo cual coincide con un domingo y un festivo -el lunes, 2-, el martes 3 de noviembre será el día más idóneo para llevar a cabo la sesión de elección de cordobeses que participarán en la fiesta de la democracia.

Por cada mesa se elegirán a un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes, que serán dobles. Por ley, el ciudadano está obligado a acudir a la mesa electoral. De hecho, si no lo hace puede enfrentarse hasta ser considerado el autor de un delito.

Están llamados a formar mesa todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, aunque los mayores de 65 pueden renunciar al puesto. El requisito indispensable para todos ellos es que sepan leer y escribir. Además, el presidente de la Mesa debe tener el Graduado Escolar o título de Bachiller.

Los presidentes y los vocales de cada mesa electoral, al igual que los suplentes que resulten finalmente como titulares recibirán una dieta de 70 euros por colaborar en las elecciones, además de tener derecho a una reducción de jornada laboral de cinco horas el día posterior a las elecciones.

Cuatro mociones sobre distintas infraestructuras para Córdoba que dependen del Gobierno central y cuatro acuerdos aprobados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento este jueves, con la vista puesta en que estas reivindicaciones se le hacen ahora al Ejecutivo actual pero se trata de asuntos que tendrá que ver el próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre.

Los cuatro asuntos los había planteado inicialmente el grupo del PP pero, finalmente, se han aprobado cuatro mociones conjuntas firmadas por de PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, que atañen a la autovía A-4, a la Variante Oeste, a los apeaderos de tren en la capital y a los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Aunque el grupo de Hacemos no se encontraba en el Pleno para este punto del orden del día al haber abandonado la sesión en protesta por el desalojo vivido al inicio de la mañana, la moción ya contaba con su respaldo y firma.

Así, sobre la Autovía del Sur A-4, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España a impulsar, sin más demoras, la redacción de los correspondientes proyectos de construcción de las actuaciones contempladas en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la A-4 que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos de la capital, especialmente las comprendidas entre los puntos kilométricos 383 y 407. Y solicitar al Gobierno que remita un calendario concreto y detallado de las actuaciones que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos a la capital, indicando para cada una de ellas su situación administrativa, previsión para la redacción y aprobación del proyecto de construcción, fecha prevista de licitación y calendario estimado de ejecución de las obras, de manera que la aprobación del anteproyecto de 2025 se traduzca en compromisos concretos y verificables.

Mientras tanto, sobre los apeaderos del tren de cercanías, se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y a Adif a formalizar, con carácter prioritario, el correspondiente convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, recogiendo el compromiso de prestación del servicio ferroviario con parada en el futuro apeadero del Parque Joyero una vez esté ejecutada la infraestructura por parte del Ayuntamiento.

Y, junto a ello, se solicita al Gobierno y a Adif que concreten y comuniquen al Ayuntamiento de Córdoba la ubicación definitiva del futuro apeadero del Este de la ciudad, así como las condiciones de prestación del servicio ferroviario y un calendario cierto para la redacción, aprobación y ejecución de la actuación.

En cuanto a los terrenos de la antigua prisión en el barrio de Fátima, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a agilizar los trámites para ejecutar la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, ya que es un paso previo y necesario para que Vimcorsa pueda acometer la posterior promoción municipal de viviendas. Y se insta también al Ejecutivo central a remitir al Ayuntamiento, en un plazo de tres meses, el estado de cada expediente, presupuesto actualizado, financiación por anualidades y calendario de licitación, inicio y terminación, con información trimestral de cumplimiento.

Por último, sobre la Variante Oeste, todos los grupos políticos han dado luz verde a instar al Gobierno de España a que establezca un calendario cierto para la ejecución de la Variante Oeste y un compromiso firme de llevarlo a efecto. Y a que fije la financiación necesaria para el desarrollo de esta infraestructura viaria, de manera que no haya incertidumbre en el plano económico. Asimismo, le piden al Ejecutivo que agilice la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para cerrar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Variante Oeste.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde definitiva este jueves a la aprobación de la subida de las tasas de las empresas municipales Sadeco y Emacsa para el presente ejercicio, lo que supone la tercera subida de los recibos de la basura y del agua en este mandato del gobierno municipal del Partido Popular. En el Pleno, el gobierno local del PP se ha quedado solo para aprobar estas subidas, al sumar en contra los votos de la oposición: PSOE y Vox -Hacemos Córdoba ha abandonado la sesión plenaria en protesta por el desalojo del salón de Plenos-, tanto en el punto sobre Emacsa como en el de Sadeco.

Así, de un lado la subida en la tasa de basuras que ya aprobó el consejo de administración de Sadeco y la Junta de Gobierno Local será de un 2,2%, después de que en el año 2023 se subiera un 35% y en 2024 un 10%. Con el incremento para este año 2026, la previsión de la empresa municipal es que cada vecino pague una media de 0,63 euros más al mes y 7,56 euros al año en el recibo de la basura. Con las subidas en este mandato, desde 2023 el recibo medio se habrá encarecido en 55,03 euros al año, unos 4,58 euros cada mes.

Por su parte, el incremento en la tarifa de Emacsa será del 2,1%, lo que supone unos treinta céntimos al mes por usuario medio. Anteriormente, el recibo del agua subió un 5% en 2024 y un 10% en 2025. Sí se mantiene la gratuidad para las personas que se beneficien del bono social por su situación de vulnerabilidad.

Debate en el Pleno sobre las subidas en Emacsa y Sadeco

En la sesión plenaria, la presidenta de Emacsa, Cintia Bustos, ha defendido que la actualización de las tasas buscan mantener el servicio esencial del suministro del agua para que sea “seguro y sostenible garantizando el equilibrio financiero de la entidad”. Así, las cuentas previstas para la empresa prevén la “continuidad del servicio, el mantenimiento y mejora de las instalaciones -12,7 millones en inversiones- y el servicio para la ciudadanía”.

Bustos ha destacado las bonificaciones sociales y para personas con discapacidad reconocida que recogen las tarifas, así como las inversiones en obras en redes y colectores, la transformación digital de Emacsa y la obra del tanque de tormenta. Asimismo, ha dicho que se trata de “una tasa bastante ajustada” que busca el equilibrio financiero de la empresa municipal. Finalmente, ha defendido las inversiones para ofrecer “un servicio de calidad” en la actualización de la ordenanza “pensando en el correcto servicio que hay que prestarles a los ciudadanos de Córdoba”.

El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha afeado la subida de las tarifas “casi un 20% en los últimos tres años” y ha criticado que el gobierno municipal “justifique la subida de la tarifa por las inversiones: nada tiene que ver con eso” y ha señalado que Emacsa vuelva a “tocar el bolsillo de los cordobeses”.

Vox, en boca de su edil Marta León, ha trasladado su oposición a que “las familias, los comerciantes y los autónomos paguen más aunque mantengan el mismo consumo”. “Aumenta el precio del agua consumida pero también la parte fija por la parte del servicio”, ha criticado y ha destacado que la ordenanza “encarece el servicio”.

Mientras, en cuanto a la subida de la tasa de Sadeco, su presidente, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “esta subida sirve para financiar mejoras” en medios materiales como la compra de nuevos camiones e instalaciones de la empresa municipal y, en medios humanos, para las contrataciones realizadas para refuerzo de servicios o cubrir vacaciones. El edil ha señalado que la subida de la tarifa busca “darle el músculo financiero que la empresa necesita”.

Desde el PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha criticado que el gobierno municipal justifique la subida de la tarifa en las inversiones y ha recordado que esta es el tercer incremento en el mandato del gobierno del PP. También ha afeado que no se haya establecido un sistema para que “pague más quien más contamine” y ha señalado que la gestión financiera de Sadeco no se puede basar en “un sistema incrementalista” en cuanto a sus tasas.

Por parte de Vox, la concejala Marta León ha cuestionado “¿por qué pagamos cada vez más cuando la ciudad está cada vez más sucia?”, y ha señalado cómo “los cordobeses juzgan lo que ven: la suciedad, la basura acumulada en los acerados y los malos olores”. Por eso, ha criticado la gestión de la empresa municipal -“la responsabilidad política”- y ha pedido resolver las incidencias que se detectan.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2027 que contemplan la congelación del paquete de impuestos municipales para ese año, el último del actual mandato antes de las elecciones locales en mayo. El gobierno municipal del PP en solitario ha dado luz verde al documento, con el voto en contra de PSOE y Vox, mientras Hacemos no ha estado presente tras abandonar la sesión por el desalojo del salón de Plenos ordenado por el alcalde por las protestas de trabajadores.

La votación en el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de las ordenanzas presentadas por el PSOE y también por Hacemos Córdoba, así como a las 21 enmiendas parciales del PSOE y las cinco de Vox. El expediente ha salido adelante tal y como lo traía al Pleno el PP, solo con sus votos a favor.

El documento aprobado prevé congelar los tributos municipales, aunque aplicará nuevas bonificaciones y reducciones de cuotas. En conjunto, supondrán una reducción real ponderada del 0,12% de la fiscalidad municipal, afecta a 19 ordenanzas fiscales, además de la Ordenanza Fiscal General, e incorpora modificaciones de carácter técnico, adaptaciones normativas y cambios tarifarios, junto a nuevas medidas de gasto.

El cálculo de la reducción global del 0,12% procede de la suma del efecto de las distintas medidas fiscales incorporadas al proyecto, entre ellas las relacionadas con el ICIO y la vivienda protegida, las licencias de determinados locales comerciales y las bonificaciones vinculadas a los vehículos menos contaminantes. Así, entre las principales novedades se encuentra el refuerzo de las medidas relacionadas con la vivienda protegida. El proyecto contempla una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de viviendas protegidas, tanto destinadas al alquiler como a la compra, además de mantener las reducciones asociadas a los programas de rehabilitación.

La propuesta también mantiene las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, que pueden alcanzar el 90%, así como diferentes beneficios fiscales relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y determinadas actuaciones dirigidas a personas con discapacidad.

En materia de actividad económica y empleo, el Ayuntamiento mantiene las bonificaciones existentes en los diferentes tributos y tasas municipales, que pueden llegar hasta el 95% en función de la creación de empleo indefinido y de la declaración de especial interés o utilidad municipal. Otra de las medidas destacadas afecta a la movilidad. El documento de ordenanzas fiscales mantiene una reducción del 50% de la tasa de autorización anual para carga y descarga cuando se trate de vehículos con distintivo ambiental Cero o Eco.

Debate en el Pleno

La aprobación provisional de las ordenanzas ha sido debatida en el Pleno por los grupos políticos presentes, que han mantenido su posición ya expuesta en la aprobación inicial del documento. El PP ha expuesto las bonificaciones que se incluyen en el documento, así como la congelación de impuestos, mientras que PSOE y Vox han criticado -cada uno según su punto de vista-, la política fiscal de los populares.

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha defendido que el documento presentado mantiene el rumbo marcado en estos años por el gobierno local y que la fiscalidad propuesta beneficia al tejido empresarial, comercial y a la ciudadanía en general. “La fiscalidad municipal tiene que ser responsable con las cuentas del Ayuntamiento y sensible con los ciudadanos”, ha dicho, tras enumerar los porcentajes de impuestos y bonificaciones. Y ha dicho que “se continúa una política construida desde hace años para generar más empleo y oportunidades”.

Desde el PSOE, el concejal José Antonio Romero, ha tachado de “mentira” la “política del relato” del PP sobre bajada de impuestos en estos años de mandato que “solo beneficia a quien más tiene”, mientras “sube las tasas de basura y agua a todos los mortales”. “¿Cuál es la bajada real de impuestos? ¿En qué va a redundar en los vecinos?”, ha preguntado.

Y finalmente, desde Vox, la concejala Marta León ha tachado de “poco valiente” al gobierno del PP: “Se podría hacer mucho más por el bolsillo de los cordobeses” ha dicho para cuestionar si “de verdad creen que los cordobeses necesitan pagar más para recibir servicios que dejan mucho que desear”.

Tras la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales en el Pleno, se abrirá el periodo legal de exposición pública y presentación de alegaciones. Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento deberá analizar y resolver las reclamaciones antes de llevar de nuevo el expediente al Pleno para su aprobación definitiva, que el equipo de gobierno espera esté listo antes de que arranque el 2027 para su aplicación a partir de entonces.

“¿Quién se fía de José María?”. Este ha sido el grito coreado por las personas que llenaban el Salón de Plenos al inicio de la sesión de este jueves 15 de octubre en el Ayuntamiento de Córdoba, en referencia al alcalde, José María Bellido.

El salón municipal se ha llenado de las reivindicaciones de policías locales, delegados sindicales, personal municipal, funcionarios jubilados y otras protestas que, antes de que se iniciara el Pleno, han gritado contra el alcalde. “Paga tus deudas si no quieres guerra”, le han espetado, por los retrasos en los pagos.

Las interrupciones de los manifestantes han jalonado la primera parte del Pleno, entre gritos dirigidos al alcalde, que ha llamado en dos ocasiones al orden para requerir silencio, advirtiendo de que la siguiente vez desalojaría el Salón y, asimismo, que el reglamento contempla sanciones económicas. Finalmente, sobre las 11:25 y ante nuevas protestas que hacían imposible seguir con el debate, Bellido ha ordenado a la Policía Local que desalojara el Salón de Plenos. La sesión ha quedado interrumpida mientras tanto.

Antes, ante los gritos y pitos de los asistentes, el alcalde había recordado que el artículo 56 del Reglamento de Pleno prohíbe las interrupciones y ha requerido que dejaran continuar la sesión. Tras varios minutos de gritos, de nuevo se había reanudado el orden del día, aunque poco después han vuelto a interrumpir: “Bellido, alcalde, esto está que arde”.

Poco después, se ha vuelto a seguir el ritmo de la sesión con el debate de los grupos políticos, aunque el salón de Plenos permanece lleno con las reivindicaciones, que han ido interrumpiendo las intervenciones. “Moroso, moroso”, ha sido otro de los calificativos dedicados a Bellido.

De hecho, el testigo de las protestas lo han recogido en sus intervenciones los concejales de Hacemos Córdoba y el PSOE. Desde Hacemos, la edil Irene Ruiz ha señalado que los trabajadores presentes en el Salón de Plenos lo hacían “en defensa de sus derechos” y ha criticado el “despliegue de seguridad” ordenado por el gobierno municipal ante estas protestas.

Ruiz ha afeado “las promesas continuas, que no cumplen” con el personal municipal al que se les debe la actualización de los salarios, los premios por jubilación o las horas extras en el caso de los agentes de la Policía Local. “Se han cansado de promesas vacías. Escúchelos y atiéndalos”, ha pedido al alcalde.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado ha afirmado que el clima de protestas de este Pleno es “consecuencia de las sucesivas mentiras del gobierno municipal” y “consecuencia de su populismo, que le ha estallado en las narices”. Ha reclamado la actualización de los salarios -que en otras administraciones se ha hecho a inicios de año- para los trabajadores del Ayuntamiento, así como que se paguen los atrasos por horas extras en servicios especiales a la Policía Local.

Por parte del gobierno municipal, la responsable de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha tomado la palabra para tratar precisamente el punto del orden del día que abordaba un suplemento de crédito por importe de 1.452.571,99 euros para el abono de retribuciones y costes asociados al personal del Ayuntamiento de Córdoba. Y ha argumentado que se hacía uso de un mecanismo legal para afrontar esos pagos pendientes. Todos los grupos municipales han votado a favor de este punto, a excepción de la abstención del PSOE.

Reanudación del Pleno: Hacemos abandona la sesión en protesta

El Pleno se ha reanudado tras el desalojo de los manifestantes, si bien los grupos políticos han participado en una Junta de Portavoces previa y han tomado la palabra sobre lo sucedido. Por parte de Hacemos Córdoba, han explicado que abandonaban la sesión “por coherencia” con la defensa de los derechos de los trabajadores que habían protestado y ante lo que consideraban “criminalización de la actividad sindical” y “coacciones” por mencionar el alcalde que se podía identificar a los responsables de la alteración del Pleno.

Ante ello, Bellido ha repetido que en la orden de desalojo leyó el reglamento textualmente citando que “cuando legalmente proceda se identifique a los responsables” de la protesta, pero aclarando que, finalmente, “no se ha identificado a nadie, porque no procedía legalmente”. Asimismo, ha querido señalar su “respeto máximo a la actividad sindical, protesta, discrepancia, pero en los espacios donde corresponde, según el reglamento y la ley”. Ha recordado que las sesiones del Pleno son abiertas al público, si bien este no puede interrumpir el normal desarrollo de la sesión. “Ha habido margen de tolerancia y bastante”.

Por parte del PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha explicado que su grupo se quedaba en el Pleno por la importancia de los debates que iba a haber, si bien criticaba al alcalde por no tener “un gesto de empatía con los trabajadores y sus reivindicaicones”. “La respuesta no puede ser una amenaza”. Asimismo, ha creído que no procedía “la identificación” de nadie “porque no ha pasado nada especial”, en referencia a las protestas y a la interrupción del Pleno.

Facua Córdoba ha cuestionado, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las que el Consistorio justifica la denegación de sus solicitudes en la necesidad de ordenar este tipo de estacionamientos ante el incremento de peticiones y la limitada oferta de aparcamiento en la vía pública.

En las resoluciones notificadas, el Departamento de Movilidad rechaza conceder las plazas exclusivas solicitadas y plantea como alternativa instalar plazas genéricas para movilidad reducida en las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas. Sin embargo, no concreta la ubicación de estas plazas ni la distancia a la que se encontrarán de las viviendas, por lo que se desconoce si estarán a cinco, diez o cincuenta metros, o incluso en otra calle de la zona. Facua Córdoba considera que esta información es relevante para poder valorar si la alternativa ofrecida responde adecuadamente a las necesidades de accesibilidad de cada persona solicitante.

Por otro lado, la asociación no ha cuestionado que el Ayuntamiento deba ordenar el uso del espacio público y compatibilizar los distintos usos de la vía. Sin embargo, ha apuntado que la limitación de plazas disponibles no debería sustituir la valoración de las necesidades particulares de accesibilidad de cada solicitante ni justificar, por sí sola, una respuesta que no explique por qué la alternativa ofrecida resulta adecuada en cada caso.

Más transparencia sobre los criterios municipales

Facua Córdoba considera necesario que el Ayuntamiento aclare si ha modificado su política de concesión de estas reservas, desde cuándo aplica el cambio y qué razones justifican que unas solicitudes se autoricen y otras se denieguen.

La asociación recuerda que el artículo 97.1.a de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue reservas específicas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. La asociación es consciente de que el término “podrá” no reconoce un derecho automático a obtener una plaza exclusiva, pero considera necesario conocer cómo ejerce el Consistorio esa facultad y qué circunstancias tiene en cuenta para resolver cada petición.

Asimismo, ha añadido que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en sus artículos 22 y 23, el derecho a la accesibilidad universal y establece la obligación de garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Este marco debe tenerse presente al valorar las medidas municipales que afectan a la movilidad y al acceso al entorno urbano de las personas con discapacidad.

Dudas sobre el acceso al procedimiento municipal

Facua Córdoba ha explicado que también es relevante que la web municipal mantenga publicada la ficha informativa del procedimiento denominado “Solicitud de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida”, destinado a solicitar una plaza de uso exclusivo próxima a la residencia habitual y en el que se detallan los requisitos y la documentación necesaria.

No obstante, al intentar acceder a la página de la sede electrónica el 14 de octubre de 2026, la asociación ha comprobado que aparece un mensaje de “Acceso denegado”, por lo que no ha podido verificar si actualmente es posible tramitar estas solicitudes por esa vía.

La asociación considera necesario que el Ayuntamiento aclare la situación del procedimiento y los canales habilitados para presentar estas peticiones, así como los criterios que aplica para resolverlas.

Facua Córdoba también ha instado a comprobar que las plazas genéricas anunciadas para las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas se instalan efectivamente y que su ubicación y características responden a sus necesidades de accesibilidad.

La asociación continuará defendiendo que las políticas municipales de movilidad y accesibilidad deben atender a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida, con criterios claros, transparentes y debidamente justificados. Por ello, ha reclamado que las resoluciones estén suficientemente motivadas y expliquen por qué la solución alternativa propuesta responde a las circunstancias concretas de la persona afectada.

Izquierda Unida Córdoba ha aprobado sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales, con el actual coordinador provincial de la organización, Sebastián Pérez, natural de Hinojosa del Duque, al frente de la lista al Congreso, y María Luisa Rodas, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, como cabeza de lista al Senado.

IU Córdoba apuesta por personas que “conocen la provincia porque viven en ella, trabajan en ella y comparten los problemas de sus vecinos y vecinas”. “No necesitamos que nadie nos explique lo que le pasa a Córdoba. Lo vemos cada día en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras propias familias. Lo que queremos es llevar esa realidad a Madrid y pelear para que se nos escuche”, es la idea que resume la apuesta de la organización por unas candidaturas pegadas al territorio.

Las listas cuentan con representación de todas las comarcas cordobesas y combinan renovación y experiencia municipal, con perfiles que conocen de “primera mano las dificultades de sus municipios”. Junto a Sebastián Pérez, figuran en la candidatura al Congreso Ana Ramos, de Palma del Río; Rubén Bello, de Espejo; Natalia León, de Pozoblanco; Jesús David Sánchez, de Puente Genil, y Alba Uceda, de Fernán Núñez. Al Senado acompañan a María Luisa Rodas nombres como Miguel Ángel Peña y Luis Naranjo, de Córdoba capital, y Estrella Soriano, de Villa del Río.

La organización considera que “Córdoba necesita representantes que no se acostumbren a escuchar siempre las mismas promesas mientras los problemas siguen sin resolverse”. “Nuestra provincia no puede resignarse a perder población, oportunidades y servicios mientras otras avanzan. Hace falta gente que conozca lo que está pasando y que vaya a Madrid a dar la batalla”.

Entre las prioridades que IU quiere poner sobre la mesa están las conexiones ferroviarias, la llegada de industria que genere empleo estable, las oportunidades para que la gente joven pueda quedarse en sus municipios y las soluciones al problema del agua en el norte de la provincia. Cuestiones que, a juicio de la organización, “requieren compromisos e inversiones y no pueden seguir quedando relegadas”. “En Córdoba sabemos lo que cuesta sacar adelante un negocio, encontrar un trabajo digno, pagar una vivienda o conseguir que nuestros pueblos tengan los servicios que necesitan. La política tiene que servir para cambiar esas cosas, y para eso hace falta gente que hable claro y que no pierda el contacto con la calle”, defiende IU Córdoba.

Con estas candidaturas, la organización quiere aportar “aire fresco a la representación política cordobesa y reivindicar una forma de hacer política inconformista, cercana y dispuesta a plantar cara cuando los intereses de la provincia quedan en segundo plano”.

La aprobación de las listas abre ahora una nueva fase en la que IU Córdoba abordará las posibles alianzas con otras organizaciones de izquierdas dentro del proceso de construcción de un frente amplio. La voluntad es contribuir a una candidatura unitaria que defienda los derechos de la mayoría social y sitúe las necesidades de Córdoba en el centro de la agenda política estatal.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha informado de la solicitud formal al Ayuntamiento de Córdoba para que garantice una partida presupuestaria específica en las cuentas municipales de 2027 que dé continuidad a las labores de exhumación de represaliados de las fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael.

La iniciativa, según ha comunicado el consejo en una nota de prensa, busca terminar con el año de parón en los trabajos, y ante la evidencia de que desde otras administraciones, como el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, no considere ya su participación en el proceso. Se trataría de aprovechar que estas tareas, sin embargo, podrían contar con una aportación económica del Gobierno Central.

Capítulo aparte, y contando con el presupuesto de 2026, el Ayuntamiento debería haberse contemplado ya “la continuidad de los trabajos, que tendrían que retomarse por el mecanismo de urgencia, ya que existe una partida para el presente ejercicio junto a la aportación posiblemente ya ingresada de la Administración Central (no así la Autonómica)”. Sin embargo, la asignación de las labores se encuentra aún en contratación, habiéndose registrado un parón que, estima el CMC, debe subsanarse cuanto antes.

El CMC, máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento, ha reclamado también una “oficina dotada de medios para atender con eficacia a las familias de las víctimas y coordinar los trabajos de identificación de los restos a través de las pruebas que se encuentren o de análisis de ADN”. El objetivo es responder a una cuestión que es “absolutamente de justicia” como el que los familiares de las víctimas puedan recuperar lo que queda de quienes sufrieron la represión franquista, poder darle un trato digno a sus restos y cerrar una herida que continúa abierta para muchos cordobeses.

El Consejo ha recordado que el proceso de exhumación cobra urgencia desde el mismo momento en que ya los familiares más directos cuentan con una edad avanzada, en “la que no deben perder la esperanza de poder encontrar los restos de sus seres queridos”, explican desde el órgano de participación ciudadana.

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha actuado esta pasada noche en el túnel de Ibn Zaydun para retirar la suciedad acumulada por el paso de vehículos, una intervención que no forma parte de la planificación habitual de limpieza dadas las especiales características que presenta el lugar.

De hecho, para su desarrollo ha sido necesario el corte del tráfico, que se ha realizado en horario nocturno para minimizar las molestias, y se han tenido que emplear métodos y herramientas adecuados al espacio, dado que era necesario actuar en altura.

En total se han empleado tres vehículos, concretamente una cuba de baldeo con tres operarios (conductor, manguero y peón), una barredora con conductor y un vehículo ligero con conductor para la retirada de residuos sólidos como trozos de faros, parachoques, plásticos, etcétera. En un plazo de quince días se procederá a realizar una segunda intervención en este túnel, que igualmente consistirá en limpiar las paredes -que tenían graffitis- con las mangueras a presión y aplicar desengrasante, además de retirar restos sólidos.

Este tipo de intervención se replicará en otros espacios, como el túnel situado bajo la glorieta que une la Avenida de la Igualdad con Carlos III.