La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha solicitado un informe exhaustivo de la situación social y habitacional de las mujeres afectadas tras la clausura de un club de la capital, ubicado en Chinales, después de que la Policía Nacional haya situado allí una red de prostitución.

Hay que recordar que la clausura temporal del establecimiento se produjo el pasado 15 de octubre a petición de la Fiscalía de Córdoba. El objetivo de esta medida es neutralizar cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción de la causa. Esta providencia de la jueza llega después de que el abogado de las investigadas solicitara una modificación parcial de la clausura dado que el cierre había dejado a las mujeres en una situación de “desamparo habitacional” al no disponer de un lugar alternativo donde dormir.

Por este motivo, el letrado solicitó, con carácter urgente, permitir la pernocta de las mujeres en sus habitaciones y el uso de los servicios básicos -manteniendo sellada la actividad comercial y prohibiendo la entrada de clientes- o, subsidiariamente, la intervención urgente de los servicios sociales de emergencia.

Ante esta solicitud, la jueza ha emitido una providencia requiriendo al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional para que informe sobre tres cuestiones. En primer lugar, la magistrada quiere saber cuántas mujeres había en el club en el momento en que fue precintado. En segundo lugar, urge a que la Policía informe sobre si se les ofreció un lugar donde residir en el momento de la intervención, detallando qué alternativas se les propusieron y cuál fue la respuesta individual de cada una de ellas.

En tercer y último lugar, la jueza interesa saber si, actualmente, todas las mujeres tienen un lugar donde vivir. En el caso de que alguna carezcan del mismo, los agentes deberán hacer las gestiones oportunas con organizaciones o Servicios Sociales para que todas estén bajo techo.

Operativo de la Policía

El operativo policial inicial se saldó con la detención de siete personas en Córdoba y dos en Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, drogas y documentación. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión preventiva, dictando el juzgado su libertad provisional con medidas cautelares como comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional para una de las investigadas y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

De acuerdo con el atestado policial, la organización criminal operaba captando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo. Una vez en España, la red presuntamente las sometía a un control férreo de tarifas y horarios para forzarlas a ejercer la prostitución de manera ininterrumpida, las 24 horas de los siete días de la semana.

Tras la investigación, las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investiga el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba tiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

“Sin informador, no hay lucha contra la corrupción”. Con esta rotunda premisa, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha urgido en Córdoba a establecer mecanismos reales para proteger a quienes denuncian irregularidades frente al terrible miedo a sufrir represalias laborales o personales. Ha sido durante la inauguración de las jornadas sobre prevención del fraude y lucha contra la corrupción celebradas en el Colegio de la Abogacía, un foro en el que el jefe antifraude ha advertido de que la persona que da el paso de alertar “muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias”.

Durante su intervención, Sánchez Zamorano, que ha recordado sus 40 años de trayectoria como magistrado, ha subrayado que una buena parte de las denuncias que ha recibido su departamento se han registrado de manera anónima precisamente por ese temor a las represalias. Para abordar este reto democrático, el director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piña, especialista en la materia, ha sido el encargado de abordar cómo se gestiona tanto la protección del informante como la denuncia anónima. Asimismo, Sanchez Zamorano ha querido reconocer expresamente el papel indispensable de los profesionales del derecho en este engranaje, ya que, tal y como ha aseverado, “sin abogados, no hay tutela judicial efectiva”.

Previamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido con firmeza que “una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad”. Arias ha reivindicado que los abogados y abogadas se han consolidado como “los primeros detectores de humo cuando se produce un tema” y actúan siempre como “el primer escudo” ciudadano frente a las irregularidades. Además, ha alertado de la gravedad de estos delitos, subrayando que el fraude y la corrupción “deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley”. Por ello, ha exigido que la colaboración entre organismos no sea una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en espacios reales de trabajo.

En esta misma línea de defensa de lo público, el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha remarcado que luchar contra el fraude ha significado “defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y “proteger los recursos públicos”. Fernández ha explicado que “quien defrauda no solo incumple una norma, sino que está obteniendo una ventaja injusta frente a otros”, un comportamiento que perjudica directamente a aquellas empresas y profesionales que “actúan honestamente”. El delegado ha recordado las dos vías de actuación de la Agencia: el fomento del cumplimiento voluntario y la persecución implacable del delito. En este punto, ha aprovechado para alabar efusivamente la labor “a veces muy callada y muy soterrada, pero importantísima” del servicio de Vigilancia Aduanera frente al contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.

La apertura del acto ha sido clausurada por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, quien ha asegurado que desde la llegada de Vox a la Consejería de Justicia se ha asumido “el absoluto compromiso de intentar solventar los problemas” crónicos de la administración, reconociendo abiertamente “unos déficits de recursos humanos muy importantes”.

Para hacer frente a esta situación y dotar de medios a la justicia, Cañizares ha aportado cifras y medidas concretas, como los “236 refuerzos en toda Andalucía”, y ha anunciado se cubrirán “95 plazas judiciales y 36 de fiscales”. Igualmente, ha adelantado el compromiso autonómico de dotar de infraestructura y ordenadores a los nuevos despachos y de incorporar a 160 funcionarios. En estas jornadas también intervendrán el magistrado de lo Penal de Córoba José Ignacio Vilaplanza y el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez.

Multa para una multiservicios por vulnerar los derechos laborales de hasta 36 camareras de piso y limpiadoras de dos hoteles de Córdoba. Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sanción que la Delegación Territorial de Empleo impuso a una empresa multiservicios por reducir descansos y vacaciones a estas trabajadoras que ejercían en los hoteles Córdoba Center y Ayre.

En ambos establecimientos, esta empresa está subcontratada de 2017 para las labores de limpieza de las zonas comunes. Tras una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se constató que esta mercantil imponía a su plantilla unas condiciones de trabajo inferiores a las fijadas por la legislación vigente y por el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Hostelería de Córdoba.

En concreto, la Inspección de Trabajo detectó irregularidades directas en el régimen de descansos semanales y en el disfrute de las vacaciones del personal, vulnerando lo establecido en el artículo 84.1 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 14, 15 y 17 del convenio sectorial cordobés. Según tipificó Empleo, la empresa había cometido una infracción grave de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con la agravante del volumen de trabajadoras afectadas tras confirmarse que el recorte de derechos alcanzaba a un total de 36 empleadas de ambos hoteles. Así, estipuló la sanción en 3.125 euros.

Tras ser sancionada por Empleo y ver desestimado su posterior recurso ante la Dirección General de Trabajo, la mercantil llevó el caso a los tribunales. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba desestimó su demanda en marzo de 2024.

Ya entonces, la sentencia era firme, ya que las sanciones administrativas en materia laboral (a diferencia de las de Seguridad Social, cuyo límite es de 3.000 euros) solo admiten recurso de suplicación cuando su cuantía supera el umbral ordinario de los 18.000 euros. No obstante, en un último intento por anular la sanción, la emprea elevó un recurso de suplicación ante el TSJA alegando la “afectación general” del asunto. Es decir, la mercantil quiso convertir esta sanción en un conflicto colectivo dado el elevado número de afectados.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha inadmitido el recurso rechazando esta tesis, aclarando que un expediente sancionador a una empresa exige evaluar una responsabilidad individual y no genera por sí solo un conflicto colectivo. Al ser una infracción y sanción únicas impuestas a la mercantil, se excluye dicha excepción. No obstante, la sentencia del juzgado, ha insistido, era irrecurrible.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un hombre a diez años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. La resolución, con fecha de 1 de octubre de 2026, rechaza de pleno el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado y confirma tanto las penas accesorias como las medidas de alejamiento y la indemnización fijadas a favor de la víctima.

Según los hechos probados, los abusos se cometieron en fechas indeterminadas entre el verano de 2018 y finales del verano de 2019. El condenado convivía desde el año 2013 con su pareja y los dos hijos menores de esta en una vivienda de la provincia de Córdoba. Aprovechando la situación de convivencia y el vínculo de confianza -ya que los menores lo consideraban como a un padre-, el procesado sometió a la niña, nacida en junio de 2008 y que contaba con diez y 11 años, a diversos actos de índole sexual.

Las agresiones se produjeron de manera reiterada en diferentes escenarios, como la piscina de la azotea del edificio, el interior de la vivienda familiar, el vehículo cuando el agresor recogía a la menor del colegio, e incluso en el transcurso de viajes familiares a destinos como Almería y Málaga. Las conductas incluían desde exigencias de tocamientos, masturbaciones y felaciones, hasta la visualización de vídeos pornográficos y rozamientos de carácter sexual sin penetración vaginal.

Como consecuencia directa de las agresiones sufridas, la menor experimentó un profundo cambio en su estado anímico, volviéndose triste, reservada y poco comunicativa, lo que requirió asistencia psicológica especializada. La situación salió a la luz cuando la víctima contó lo ocurrido a su madre y a su abuelo, lo que llevó a que la progenitora denunciara los hechos en agosto de 2020.

En su recurso a la sentencia de la Audiencia, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, señalando supuestas contradicciones y un posible móvil espurio por parte de la menor. Sin embargo, el TSJA ha desestimado estos argumentos, subrayando que el testimonio de la víctima ha sido estable, coherente y libre de contradicciones esenciales a lo largo del procedimiento. Además, ha tenido en cuenta las declaraciones de la madre y del abuelo de la niña relativas al cambio de conducta de la menor, y el informe pericial elaborado por la fundación Adima, que descartó alteraciones psicopatológicas, fabulación o presiones del entorno, calificando el testimonio como “probablemente creíble”.

Además de la pena de prisión, a la que se le aplicó la atenuante simple de dilaciones indebidas, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela o guarda durante seis años; una inhabilitación especial de 15 años para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, la prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio y de sus lugares de estudio o trabajo, así como de comunicación por cualquier medio durante 12 años; libertad vigilada durante seis años y una indemnización de 15.000 euros a la menos, además del pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un camarero de Córdoba que había sido condenado a tres años y medio de prisión acusado de haber robado 90.000 euros del bar en el que trabajaba. Según el fallo del alto tribunal andaluz, no hay pruebas suficientes para condenar a este hombre de apropiación indebida, ya que lo único que se habría llevado serían 90 euros.

El acusado era camarero del establecimiento, ubicado en el polígono industrial Las Quemadas y donde principalmente se servía el menú del día a clientes. De media, se dispensaban entre 70 y 90 servicios a un precio cada uno que rondaba los nueve euros por menú. La relación con su jefe era de gran confianza, casi familiar, llegando al extremo de que, por la amistad que entre ambos existía, le autorizaba al camarero a apuntar los menús encargados y las cantidades recibidas de sus clientes en una libreta, cuyo contenido no se cotejaba con la facturación ni con el total de los menús servidos.

Tras ser despedido en julio de 2017, el propietario del bar denunció al trabajador alegando que, “aprovechándose de esa relación, así como del deficiente control contable, detrajo paulatinamente, al menos desde 2012”, la cantidad de 90.000 euros relativa a los menús cobrados.

En mayo de 2023, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al camarero a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales con la víctima, además de al pago de una indemnización por el dinero robado. Para fundamentar la condena, el tribunal valoró unas grabaciones de seguridad en las que se veía al trabajador coger varios billetes, así como declaraciones de clientes y compañeros que afirmaban haber visto al camarero guardar dinero en el bolsillo, no entregar tickets o acudir al baño con frecuencia.

Además, el tribunal apreció que el acusado había adquirido “un piso, un coche, un trastero y una parcela de terreno”, fallando que “la experiencia cotidiana demuestra que con los mismos resulta inviable sostener tales gastos”.

Frente a este fallo, la defensa del camarero -la letrada María del Mar Mingorance Moreno- interpuso un recurso que ha sido estimado íntegramente por el TSJA. En relación con las grabaciones de las cámaras, el camarero se habría adueñado únicamente de 90 euros, hechos por los que se le podría imputar un delito leve de hurto continuado. No obstante, el TSJA recuerda que no se le podía condenar por este delito dado que no era el objeto de la acusación.

Además, el tribunal señala que el informe pericial no pudo determinar la suma defraudada “por no disponer de una contabilidad o documentación fiables”, a la vez que reprocha que durante la investigación no se ahondara en determinar cuáles eran las fuentes de ingresos de este trabajador para criticar que adquiriera determinados bienes.

Por todo ello, concluye la sentencia del TSJA, persistiendo una duda razonable sobre la realidad de los hechos, el tribunal ha anulado la condena.

Nueva condena para el Ayuntamiento de Córdoba por deficiencias en el mantenimiento de la vía pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio a indemnizar con 3.171,50 euros, más los intereses, a una vecina que sufrió una aparatosa caída en la vía pública debido al mal estado de la acera.

Los hechos se produjeron durante la noche del 4 de octubre de 2024, sobre las 23:30, a la altura del número 44 de la calle Hermano Juan Fernández. Según consta en la resolución, la mujer tropezó y cayó al suelo repentinamente tras abandonar la terraza de un establecimiento de hostelería cercano. Como consecuencia del impacto, sufrió diversas lesiones, perjuicios personales y secuelas que un dictamen pericial valoró en un total de 6.343 euros.

Frente a la reclamación de la perjudicada, el Ayuntamiento y su aseguradora se opusieron al pago argumentando que el desperfecto era visible y conocido. Asimismo, un informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública intentó sostener que la caída se debió únicamente a una baldosa partida y suelta con un desnivel de apenas dos centímetros.

Sin embargo, el magistrado ha tumbado esta versión técnica a la luz de las pruebas fotográficas aportadas al expediente. De esta forma, en el fallo se señala explícitamente que la acera presentaba huecos y losas partidas y sueltas en un tramo continuo y defectuoso que ocupaba casi toda la zona de paso. Por tanto, el deterioro era amplio e irregular, por lo que la caída pudo producirse por cualquiera de las deficiencias o por el conjunto de todas ellas, agravado por la escasez de luz nocturna que provocaba el ramaje de los árboles de gran porte sobre las farolas.

Pese a este incumplimiento de las competencias de mantenimiento de la vía pública, el juzgado no ha atribuido la responsabilidad en exclusiva al Ayuntamiento. De este modo, razona que la propia viandante incurrió en una omisión de diligencia al no extremar la atención en su caminar por una zona cuyo mal estado le era conocido y en un horario de visibilidad reducida.

Por ello, el juez ha aplicado el criterio habitual de concurrencia de culpas al 50%, fijando la condena en 3.171,50 euros. La resolución es firme.

La disposición al entendimiento y el acuerdo que marcó el arranque del año en los juzgados de familia de la provincia de Córdoba ha cedido terreno al litigio. Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al segundo trimestre de 2026, publicados este lunes, las demandas entre exparejas para resolver las medidas que afectan a sus hijos -tales como la guarda y custodia, el régimen de visitas o la pensión de alimentos- han experimentado un fuerte rebrote en relación con los tres primeros meses del año.

El indicador más claro de este retorno al conflicto judicial se localiza en las uniones no matrimoniales. Si entre enero y marzo las demandas contenciosas (no consensuadas) para fijar las medidas reguladoras de los menores en parejas de hecho se habían desplomado a mínimos históricos con solo 64 expedientes, entre abril y junio la cifra ha saltado hasta los 100 pleitos, lo que supone un incremento del 56,25% en apenas tres meses.

Este incremento refleja un cambio de dinámica evidente. Mientras que en el primer trimestre los pactos amistosos en las parejas no casadas duplicaban a los litigios en los juzgados cordobeses (112 acuerdos frente a 64 juicios), en el segundo trimestre, la balanza ha tendido hacia la confrontación: los acuerdos amigables crecieron a un ritmo mucho más moderado (+15,2%, alcanzando 129 pactos), pero los enfrentamientos en el juzgado se dispararon.

En estos procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, la falta de acuerdo obliga al juez de familia a intervenir de forma directa para dictaminar el modelo de custodia (exclusiva o compartida), la cuantía de la pensión de manutención y la atribución del uso de la vivienda familiar.

No obstante, según los datos del CGPJ, en el caso de los matrimonios, la provincia de Córdoba también ha experimentado un giro similar. En relación a los divorcios no consensuados, las demandas por la vía contenciosa han vuelto a repuntar un 12,87% en el segundo trimestre, elevándose a 114 litigios.

En el lado opuesto, las rupturas de mutuo acuerdo, que habían alcanzado una cifra de 203 firmas en el arranque del año, han descendido un 21,67% entre abril y junio, quedándose en 159 acuerdos.

La revisión de sentencias previas, lo que más crece en este segundo trimestre

Pese a todo, el dato más elevado dado a conocer este lunes por el órgano de gobierno de los jueces se encuentra en las demandas presentadas para modificar medidas sentenciadas en el pasado. Ya fuera para renegociar las pensiones alimenticias o para solicitar cambios en los regímenes de custodia y visitas, la actividad en este apartado se ha incrementado un 74,49% entre trimestres, pasando de 98 casos en el primer trimestre a 171 en el segundo.

Dentro de esta avalancha de revisiones de medidas, el conflicto es el claro dominante: de las 171 solicitudes registradas entre abril y junio, 118 fueron de no consensuadas y solo 53 se tramitaron mediante acuerdo previo.

En resumen, sumando divorcios, separaciones, nulidades, regulaciones de guarda y custodia y modificaciones de medidas, la actividad de los juzgados de familia en la provincia de Córdoba ha crecido un 21,22% en el segundo trimestre del año, pasando de los 589 procedimientos iniciales a un total de 714 intervenciones judiciales entre abril y junio de 2026.

El juicio por la muerte de un hombre a manos de su cuñado en la barriada de Las Moreras no se celebrará de momento según lo previsto. La vista oral, señalada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado para arrancar este lunes y desarrollarse a lo largo de la semana, ha sido suspendida a última hora para permitir que las partes ultimen un acuerdo de conformidad, según ha podido saber Cordópolis.

De esta forma, la Fiscalía, la acusación particular -representada por la familia del fallecido- y la defensa del procesado se encuentran negociando los términos de un acuerdo que evitaría el desarrollo íntegro del juicio con jurado popular y fijaría de mutuo acuerdo las penas y las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Los hechos objeto de juicio se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, la víctima -R.R.E-. se encontró con su cuñada y la hija de esta, lo que desencadenó una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento verbal y un forcejeo entre ambos adultos. La situación pareció calmarse momentáneamente cuando la esposa de la víctima intervino para separarlos y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, J.M.P., este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones. Según la Fiscalía, “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato, solicitando para el procesado penas de 20 años de prisión, diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y alrededor de 38.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima, además de otras cuantías destinadas a la madre y hermanos del fallecido.

Por su parte, la defensa del acusado rechaza la calificación de asesinato y sostiene que los hechos constituyen un delito de homicidio. En su escrito de defensa, la representación del acusado destaca que este confesó lo ocurrido ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al percatarse de que su mujer había sido agredida previamente. Asimismo, alega que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por “miedo insuperable” y en legítima defensa.

En caso de fructificar las conversaciones de conformidad a raíz de esta suspensión, las partes acudirán de nuevo a la Audiencia con un acuerdo cerrado para dictar sentencia firme.

Un militar destinado en la base de Cerro Muriano de Córdoba ha sido expulsado definitivamente de las Fuerzas Armadas. Tal y como ha podido saber este periódico, el soldado ingresó en el Ejército de Tierra en agosto de 2020, pero, al solicitar la renovación de su compromiso inicial, sus superiores decidieron que no era apto para seguir en el cuerpo debido a su mala conducta y continuas faltas de disciplina durante los dos años en los que estuvo en filas.

A través de una reciente resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso planteado por el militar y ha respaldado la actuación de la Administración del Estado, al considerar plenamente acreditada su falta de idoneidad y su inadaptación al rigor y los valores de la vida militar.

El soldado ingresó en la institución en agosto de 2020. En febrero de 2022, al aproximarse el fin de su contrato inicial de dos años, solicitó la correspondiente renovación. Sin embargo, la Jefatura del Mando de Personal desestimó su pretensión tras analizar los informes emitidos por la Asesoría Jurídica del Cuartel General y por la Sección de Evaluación. Esta misma decisión fue ratificada en alzada en marzo de 2023 por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

En su escrito, el TSJA hace un exhaustivo análisis de todos los datos que obran en el expediente del soldado y que avalan su salida definitiva de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el hombre obtuvo la peor calificación en su informe de evaluación personal (IPEC) en seis apartados fundamentales: carácter, relación personal, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, actitud con los superiores y prestigio. En el resto de las facetas analizadas -como aptitudes físicas e intelectuales, fiabilidad o adaptación- tampoco superó la segunda peor nota, arrojando un resultado global claramente negativo firmado de forma unánime por los tres miembros de la Junta de Calificación.

En segundo lugar, en otoño de 2021, el soldado manifestó que “no se encontraba en condiciones” de participar durante seis meses en la misión internacional de paz que los militares de Cerro Muriano desempeñan en el Líbano. De hecho, rechazó formar parte del contingente, asegurando que prefería quedarse en Córdoba.

Además, el informe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General expone que el soldado “no avisa a su superior de sus continuas faltas al trabajo, descuida su aseo personal, abandona sus obligaciones si no hay un mando presente y no colabora en las tareas colectivas, sino que deja el trabajo a sus compañeros y no realiza las tareas que le encomiendan sus superiores o lo hace tarde”.

Asimismo, el soldado cuenta en su historial con cuatro sanciones leves -que supusieron reprensión y multa- por infracciones relativas a la “inexactitud en el cumplimiento de las órdenes, descuido continuado en el aseo y vestimenta reglamentaria, falta de puntualidad y abandono temporal de los actos de servicio”. A todo ello se suma que, según el Capitán de Caballería jefe de su escuadrón, el soldado mostraba un «mediocre conocimiento de sus funciones, defecto de disciplina y actitud indeseable».

Por último, el coronel jefe de la Sección de Evaluación puso de manifiesto “la inhabilidad” del soldado “para sujetarse a la disciplina y al rigor de la vida militar”, desaconsejando su continuidad “porque no hay garantía de que responderá adecuadamente cuando las circunstancias pudieren exigirlo, siendo, por otro lado, más que dudosa su capacidad de sacrificio y esfuerzo”.

Cumplir las pruebas físicas no da “derecho automático” a continuar en las Fuerzas Armadas

Frente a todos estos argumentos, el soldado alegó en su demanda que contaba a su favor con informes médicos favorables, que había superado las marcas de las pruebas físicas y que carecía de antecedentes penales.

Sin embargo, el tribunal andaluz ha argumentado de forma tajante que no existe un “derecho subjetivo automático” a la renovación del compromiso para el personal de la escala de tropa y marinería temporal. Para la Sala, cumplir los requisitos médicos y físicos son “presupuestos indispensables, pero no suficientes” si no van acompañados de la declaración de idoneidad, concluyendo que “los hechos que narran los informes son, por sí mismos, de la gravedad suficiente” para ratificar la rescisión de su contrato.

Como consecuencia de la desestimación total de la demanda, el TSJA ha condenado al recurrente al pago de las costas del procedimiento, con un límite máximo de 300 euros más IVA.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la orden de expulsión del territorio nacional dictada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba contra un ciudadano extranjero, imponiéndole además una prohibición de regreso a España durante un periodo de diez años.

Según recoge la sentencia del alto tribunal andaluz, el expediente de expulsión incoado por la Subdelegación del Gobierno se fundamenta en un abultado historial de antecedentes penales, policiales y administrativos en la capital cordobesa. El hombre -que llegó a España en 2022- fue condenado en dos ocasiones durante 2024 por robo con fuerza y delito de daños. Además, en el momento la Subdelegación dictó esta resolución administrativa se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Córdoba investigado por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público.

Asimismo, fue detenido en cinco ocasiones entre octubre de 2022 y febrero de 2025, y tiene 16 sanciones administrativas por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana vinculadas a la tenencia o consumo de drogas y al porte de armas prohibidas. Desde su llegada a España, el hombre pidió protección internacional, pero le fue denegada en 2024, aunque comunicada a principios de 2025. Dado que no abandonó el territorio español, desde el año pasado ha estado incumpliendo dicha orden.

Para el abogado del hombre, la expulsión de España es “desproporcionada” y alegó que su cliente tenía arraigo social y laboral en Córdoba, además de razones humanitarias derivadas de una patología oftálmica. Asimismo, denunció indefensión procesal por no haberse admitido cierta prueba documental aportada de forma tardía en la primera instancia.

No obstante, el TSJA ha rechazado íntegramente el recurso porque, en primer lugar, no se puede hablar de “arraigo social” cuando “se han desarrollado conductas tan incompatibles con los estándares de conducta cívica indispensables”. Respecto al ámbito laboral, el tribunal concluye que los documentos aportados solo reflejaban una ocupación extremadamente breve que, en ningún caso, compensa la gravedad del historial delictivo.

En relación con las alegaciones médicas, estas han sido descartadas por ser una “cuestión nueva” y no planteadas en primera instancia. No obstante, el tribunal insiste en que los documentos presentados hacen referencia a revisiones periódicas de una prótesis ocular y no a una patología grave sin tratamiento en su país de origen.

En consecuencia, el tribunal ha avalado la expulsión dado el riesgo para el orden y la seguridad pública. La sentencia impone al hombre el pago de las costas hasta un máximo de 300 euros.

La controversia judicial y familiar entre una víctima de violencia de género y su agresor ha derivado en la suspensión de un bautizo en la provincia de Córdoba. La parroquia de Santa María de las Flores de Hornachuelos, tras la consulta instruida ante el Obispado de Córdoba, ha resuelto diferir y dejar en suspenso la celebración del bautismo de un niño de casi un año de edad, el cual estaba programado para este sábado 17 de octubre en la parroquia de Peñarroya-Pueblonuevo.

La decisión obedece a la oposición formal presentada por la familia paterna del menor a través de un escrito remitido por su letrado. La representación del padre, quien actualmente está en prisión condenado por violencia de género hacia la madre de su hijo, alegó la imposibilidad de que el progenitor acudiera al evento religioso al estar cumpliendo condena en la cárcel -de la que prevé salir el próximo mes-, exigiendo la paralización del bautismo por falta de consenso en el ejercicio de la patria potestad.

Pese a la cancelación de la ceremonia en el templo, la víctima ha confirmado en declaraciones a Cordópolis que la celebración festiva continuará adelante tal y como estaba prevista: “El banquete lo voy a celebrar de todos modos porque lo tenía ya todo pagado”, ha manifestado la mujer.

Según ha apuntado la Diócesis de Córdoba a este periódico, el Derecho Canónico requiere únicamente el consentimiento de al menos uno de los progenitores para administrar el bautismo. Sin embargo, defiende, este tipo de actos están dentro de la patria potestad, por lo que el consentimiento deben darlo ambos padres.

Ante el desacuerdo y la solicitud de oposición de la familia del padre, el párroco Fidel Nkanza ha acordado dejar sin efecto la fecha prevista para el bautizo hasta que los padres alcancen un acuerdo o bien haya una resolución del juzgado que resuelva la discrepancia sobre la patria potestad a favor de la madre.

De una orden de protección por agresión a una condena firme de prisión

El conflicto se remonta a meses atrás. Según el letrado de la víctima, David Jiménez, la intervención judicial inicial se produjo tras un intento de agresión con un arma de fuego en abril de 2026. De estos hechos, que aún no han sido juzgados, emanó una orden de protección mediante la cual se imponía al hombre la prohibición de aproximarse a menos de 150 metros de la mujer y de comunicarse con ella, además de otorgar la custodia cautelar del bebé a la madre.

Cuando dicha orden estaba aún vigente, el pasado mes de julio, el hombre la quebrantó al llamar varias veces a la mujer. Además, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el hombre acudió a un restaurante del pueblo en el que ella se encontraba y, en presencia del bebé de nueve meses, la agredió y tiró al suelo, causándole contusiones y arañazos.

Estos hechos sí han sido juzgados mediante una sentencia de conformidad por la que el procesado y padre del niño aceptó cuatro meses de prisión por un delito de quebrantamiento y 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas y prohibición de acercamiento y comunicación durante un año, cuatro meses y dos días por un delito de lesiones sobre la mujer.

La condena impuesta le habría permitido no entrar en prisión, pero el juez ordenó su ingreso inmediato al valorar que la víctima se encontraba en una situación de “riesgo extremo”. Además, tuvo en cuenta que el procesado rompió la orden de alejamiento muy poco tiempo después de su imposición.

Aun cuando el hombre salga de prisión el mes que viene, la orden de alejamiento dictada en esta sentencia firme le mantendrá imposibilitado legalmente de aproximarse a la madre, por lo que la resolución de la disputa por el bautismo del menor estará supeditada a que o bien el padre lo autorice o bien la mujer inicie el correspondiente trámite civil.

Vox, persona como acusación popular en la causa que investiga el accidente de Adamuz, ha pedido a la jueza de Montoro que instruye la causa que cite a declarar como testigo a Isabel López López, investigadora encargada del caso en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en alusión a las “incongruencias” en los informes de Adif y a los que ella se habría referido.

Según consta en el escrito presentado ante el Juzgado de Montoro y al que ha tenido acceso Cordópolis, las dudas no se refieren al expediente de la obra en general, sino a la coherencia de la documentación técnica entregada por Adif. En concreto, la investigación pone la lupa sobre los partes de soldaduras, las actas de neutralizaciones y homogeneizaciones, el informe final de soldaduras aluminotérmicas y sus notas aclaratorias posteriores.

Las sospechas se originan en una comunicación oficial remitida el 6 de febrero de 2026 por la propia investigadora al presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti. Posteriormente, esta presidencia remitió un oficio de ampliación de información a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba en el que se detallaban dudas concretas sobre tres cuestiones.

En primer lugar, se detectaron desfases entre la versión inicial del informe técnico (fechada a 25 de junio de 2025) y diversos documentos anexos firmados con fecha posterior (28 de junio de 2025), sin que las notas aclaratorias explicaran con claridad qué se modificó y cuándo.

En segundo lugar, Vox duda sobre las firmas insertadas y, en tercer lugar, el partido político hace referencia a contradicciones directas entre una nota aclaratoria -elaborada tras el accidente- y la documentación técnica preexistente, incluyendo la rectificación de puntos kilométricos (como los PK 318+681 y 318+479) y datos sobre las cargas del carril (R260 y R350).

En este escrito de petición de interrogatorio, Vox ha aclarado que “estas observaciones justifican su aclaración judicial”, pero que esta solicitud no presupone “la existencia de falsedad documental” ni atribución de “responsabilidad penal a persona alguna”.

En el interrogatorio que el mismo partido ha propuesto en su escrito, la acusación popular pretende que la investigadora aclare qué comprobaciones realizó de forma directa sobre los originales e informes de ADIF, la razón por la que las notas aclaratorias no permitían auditar los cambios en las versiones y si las discrepancias detectadas afectan a la trazabilidad de las soldaduras investigadas.

Por último, el escrito solicita que, si aún no figura en la causa, se incorporen tanto la comunicación de la investigadora de febrero de 2026 como el oficio de ampliación remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Mismos fines de semana, mismas vacaciones y las mismas pautas de entrega. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que prioriza el bienestar de un perro de 13 años y descarta la custodia compartida para evitarle el estrés que podría suponer cambiar de domicilio cada quince días. El fallo, al que ha tenido acceso Cordópolis, establece que el calendario de estancias del animal coincida con el régimen de visitas del hijo menor que sus propietarios, ahora expareja, tienen en común. El objetivo es preservar la rutina del perro y mantenerlo junto al menor durante sus desplazamientos al domicilio paterno.

La sentencia desestima íntegramente la demanda presentada por la madre, que solicitaba la custodia compartida del animal mediante turnos alternos de 15 días al amparo de la reforma del Código Civil, que modificó el régimen jurídico de los animales. Con esta reforma, dejaron de ser considerados cosas y pasaron a recibir la consideración de seres sintientes, de modo que las decisiones sobre su cuidado deben atender a su bienestar.

En su demanda, la mujer -a quien se le ha reconocido una incapacidad permanente total por fibromialgia severa, según consta en el procedimiento, y cuyo hijo menor tiene reconocido un grado de discapacidad del 39 % por una deformidad en los pies- pretendía establecer un reparto por quincenas: del día 1 al 15 de cada mes, el perro permanecería en su vivienda y, del día 15 hasta final de mes, en la del padre. Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial han concluido que esta alternancia no responde al bienestar del animal ni a las necesidades organizativas de la familia.

De este modo, el perro permanecerá en su residencia habitual, junto a la madre y los dos hijos. No obstante, acompañará al menor cuando este se desplace al domicilio paterno durante los fines de semana alternos y la mitad de los periodos vacacionales, incluidos Navidad, Semana Santa y verano.

Los gastos de alimentación correrán a cargo del progenitor que tenga consigo al menor y al perro en cada periodo. Por su parte, los costes de vacunación, revisiones sanitarias, urgencias veterinarias y peluquería se repartirán al 50 % entre ambos. Además, si alguno de los progenitores tuviera que ser ingresado en un centro sanitario para someterse a una intervención médica, el otro deberá hacerse cargo del animal durante el tiempo que dure el ingreso.

Para rechazar la pretensión de la madre, que alegaba que el padre dispone de una parcela de 2.000 metros cuadrados y tiene otra mascota, el tribunal ha analizado la reforma del Código Civil y las circunstancias concretas del caso. La Audiencia considera que, debido a la edad del perro y al hecho de haberse criado siempre en una misma vivienda, su capacidad de adaptación a nuevos entornos puede haberse reducido. Por ello, entiende que someterlo a cambios de residencia cada quince días podría perjudicar su estabilidad.

Frente a los argumentos relacionados con la situación de salud de la madre, el tribunal señala que en el domicilio viven tres personas capaces de atender las necesidades del animal: la propia madre y sus dos hijos. La discapacidad del menor, derivada de una deformidad en los pies, no le impide, según la resolución, participar en su cuidado y sacarlo a pasear.

Por último, la Audiencia recuerda que, durante los últimos meses, el perro ya venía acompañando espontáneamente al menor en sus visitas al padre. Mantener esta dinámica permite preservar una rutina consolidada que, según el tribunal, resulta favorable tanto para el niño como para el animal.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta al sargento comandante del puesto de la Guardia Civil de Cerro Muriano como autor de una negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales. La resolución, a la que ha accedido este periódico, ratifica la sanción de pérdida de cinco días de empleo y sueldo tras no haber informado a la cadena de mando de la aparición del cuerpo sin vida de Amador Ortiz, un vecino que murió atropellado el 24 de abril de 2022.

Según consta en los hechos probados de la sentencia, una vez que se registraron las primeras llamadas vecinales que alertaban del atropello, se acercó hasta el lugar una patrulla del puesto de Almodóvar del Río. Al regresar a su base, estos agentes crearon un expediente relativo al hallazgo de un cadáver y remitieron un primer resumen de la intervención.

El sargento responsable del puesto de Cerro Muriano, que ese día se encontraba de servicio, asumió la instrucción de las diligencias del atestado. Sin embargo, al constatar que la entrada informática ya había sido dada de alta por la patrulla de Almodóvar y al no tener más de datos en ese instante, decidió no trasladar la novedad urgente a la cadena de mando. Esta omisión no se subsanó hasta el 27 de abril -tres días después del hallazgo del cuerpo de Ortiz-, cuando el teniente jefe accidental de la 3ª Compañía de Córdoba solicitó explicaciones al sargento al percatarse de que no se había recibido el aviso oficial correspondiente.

Fue en ese momento cuando el mando del puesto redactó una nueva notificación incorporando detalles relevantes, entre ellos que la inspección técnico-ocular había sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Palma del Río y que también había intervenido el equipo de atestados del Subsector de Tráfico de Córdoba. En el momento de los hechos, la víctima tenía 43 años y su cadáver fue localizado en la calle Media Luna de la barriada cordobesa. Desde entonces, la familia pide colaboración ciudadana para intentar localizar a posibles testigos o conductores que pudieran aportar datos sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal.

Por estos hechos, en diciembre de 2022, el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil acordó imponer al sargento la sanción de pérdida de cinco días de empleo y sueldo por una falta grave. Esta sanción fue confirmada en febrero de 2023 por la directora general de la Guardia Civil. Una vez agotada la vía administrativa, el agente recurrió a los tribunales. En una primera resolución judicial, el Tribunal Militar Central desestimó su demanda, por lo que al agente solo le quedaba recurrir en casación a la Sala de lo Militar del Supremo.

Sin embargo, este órgano tampoco le ha dado la razón. En su recurso, el guardia civil alegó que el aviso del hallazgo del cadáver de Ortiz correspondía a la patrulla de Almodóvar, pero el alto tribunal español ha considerado que este mando tenía la obligación reglamentaria directa e ineludible de comunicar de inmediato cualquier hecho de especial trascendencia a la superioridad de la Compañía. En consecuencia, concluye la Sala, demorar dicho parte durante tres días constituye un quebrantamiento de los deberes de cuidado más elementales exigibles a un mando policial.

Atento a tu nombre y apellidos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba ha publicado este martes la lista provisional de candidatos a jurado popular, un censo elaborado por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que determinará quiénes podrán ser citados para formar parte de los tribunales en los juicios con jurado que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2028.

La selección se ha realizado mediante sorteo público a partir del censo electoral, incluyendo a vecinos empadronados en municipios de toda la provincia, desde la capital hasta localidades como Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra o La Carlota, entre muchas otras.

Los ciudadanos interesados en comprobar si su nombre figura entre los seleccionados pueden acceder al documento oficial pinchando en este enlace. En la publicación aparece el listado ordenado por municipios, especificando nombre, apellidos y los últimos dígitos del DNI de cada persona seleccionada.

Estar incluido en este censo provisional no significa la citación inmediata para un juicio, sino que abre la posibilidad de ser designado como miembro de un Tribunal del Jurado durante los próximos dos años en aquellos procedimientos penales que requieran este tipo de tribunal. En caso de figurar en el listado, la legislación contempla determinados requisitos, incompatibilidades y causas legales de excusa que podrán alegarse en los plazos estipulados tras la notificación formal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado la suspensión del juicio fijado para esta semana contra los 16 integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo masivo, procesado, extracción de resina y exportación de mariahuana en la capital y la provincia. La vista oral ha tenido que ser aplazada antes del trámite de cuestiones previas debido a la renuncia de dos de los abogados de la defensa, circunstancia que ha obligado al tribunal a posponer el señalamiento.

Esta causa sienta en el banquillo a un grupo que operaba bajo la apariencia de una sociedad de agricultura y jardinería para abastecer y gestionar campos de cultivo e instalaciones indoor distribuidas por varios puntos de la provincia.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la red criminal se organizaba en un clan familiar dirigido por uno de los procesados -quien ostentaba el máximo poder económico y controlaba una empresa pantalla-, asistido por sus dos hermanos y un asesor agrícola.

El entramado articulaba sus funciones en tres escalones claramente delimitados. En el primer eslabón estaba este grupo dirigente, encargado de la financiación, dirección de la empresa instrumental y adquisición de materiales agrícolas. Uno de los hermanos del líder de la red actuaba como conector directo con el grupo extranjero, el otro hermano asumía la logística y coordinación del montaje de plantaciones, y el asesor agrícola aportaba sus conocimientos del sector para localizar fincas y supervisar el desarrollo de los cultivos.

En el medio de la pirámides se encontraba la rama albanesa, formada por otros cuatro procesados, que explotaba grandes extensiones agrícolas en Villalón (Fuente Palmera) bajo la falsa cobertura de un sembrado de cáñamo industrial, además de dedicarse al secado, tamizado, extracción de polen mediante prensado y envasado al vacío para enviar la droga a terceros países. En el equipo de logística y custodia de la droga había otros ocho procesados.

Casi 187 kilos de droga intervenidos en naves, fincas y chalés

La investigación que acabó con la detención de estas 16 personas comenzó en febrero de 2024, pero no fue hasta junio y julio cuando fueron arrestadas. Durante las entradas y registros de los inmuebles, las fuerzas de seguridad decomisaron un total de 170,85 kilos de marihuana, valorados en el mercado ilícito en 1.069.552 euros, así como 16,11 kilos de hachís (polvo y bloques de resina), con una valoración económica de 108.306 euros.

Las intervenciones se llevaron a cabo en chalés y casas de las urbanizaciones La Perla, Fontanar de Quintos, La Canchuela-Majaneque, calle El Trigal, la nave de la empresa en la carretera A-431, una finca en Villalón y una parcela ubicada en Almodóvar del Río.

Los agentes incautaron envasadoras al vacío, extractores rotativos de polen y prensas, al tiempo que constataron enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en las instalaciones indoor. Además, se intervinieron tres armas de fuego: una pistola corta, una carabina y un bolígrafo-pistola artesanal.

Por el delito contra la salud pública con las agravantes de cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, la Fiscalía pide diez años y dos meses de prisión para el líder de la red, sus dos hermanos, el asesor agrícola y uno de los procesados que se encargaba de la vigilancia. A esta pena hay que añadir una multa de dos millones de euros y otra de 1.200 euros por el delito de defraudación de fluido eléctrico. Esta última multa afecta también a otro procesado, quien, según la Fiscalía, fue utilizado como testaferro para la titularidad de los vehículos e inmuebles que usaba la red.

Para los otros 11 encausados, el Ministerio Público solicita seis años de prisión y una multa de un millón de euros por el delito contra la salud público, con las mismas agravantes que el resto de procesados. Además, la Fiscalía interesa dos años de prisión para el líder de la banda, quien habría arrojado la pistola y el bolígrafo-pistola durante la intervención policial, y nueve meses de cárcel para el hermano de este después de que las fuerzas de seguridad encontraran una carabina en su domicilio.

Tras la suspensión, la Audiencia deberá fijar nuevas fechas de juicio, ya que esta causa estaba previsto juzgarse durante cuatro días.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a A.N.M. y M.N.G., a quienes la Fiscalía y la acusación particular acusaban de provocar de forma intencionada un incendio forestal en el verano de 2016 en Hornachuelos. El fallo concluye que no hay pruebas que rompan la presunción de inocencia de los encausados ante los fallos que hubo en la recogida de pruebas, que terminaron por inutilizar el principal indicio incriminatorio de la causa.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de agosto de 2016 en la finca Atalaya de los Nublos. Según ha quedado probado, personas no identificadas prendieron fuego mediante un mechero o medio similar en cinco puntos distintos del terreno. Tres de los focos no progresaron, mientras que los otros dos quemaron apenas 0,15 hectáreas de matorral con arbolado bajo antes de extinguirse por sí solos a causa de las condiciones meteorológicas favorables de esa noche.

A la mañana siguiente, los guardas de la finca descubrieron los restos del fuego e identificaron pisadas recientes en los alrededores. Dos días más tarde, en la madrugada del 25 de agosto, ambos procesados fueron sorprendidos en el interior de la finca por los vigilantes privados, quienes llamaron a la Guardia Civil. Los agentes desplazados al lugar fotografiaron el calzado que vestían para comprobar si coincidía con el de los autores del conato.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión y 16 meses de multa para cada acusado por un delito de incendio por imprudencia. Por su parte, la acusación particular subía la petición hasta los tres años de cárcel y 18 meses de multa. Ambas defensas sostuvieron la libre absolución.

En la sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia ha recordado que, durante el juicio, el propio perito de la Guardia Civil adscrito al Departamento de Balística y Trazas admitió las insuperables limitaciones del material que los agentes le enviaron para cotejar las suelas de los sospechosos con las pisadas halladas en la finca.

Según detalló el especialista en la sala, las imágenes remitidas carecían de testigo o escala métrica para determinar las dimensiones reales, se enviaron en blanco y negro y, además, correspondían a pies cambiados (izquierdo por derecho). Con semejante déficit metodológico, el perito solo pudo certificar una “mera compatibilidad de diseño” de la suela, un patrón genérico compartido por infinidad de marcas y modelos del mercado, sin poder determinar siquiera si las huellas del terreno pertenecían a botas o a zapatillas deportivas.

Debido a estos errores, el tribunal ha fallado que el hecho de que los procesados fueran sorprendidos en la finca dos días después del suceso no tiene fuerza incriminatoria por sí solo. Además, ningún testigo los situó en la finca o sus proximidades la noche en que se prendieron las llamas, ni consta rencilla, enemistad o conflicto previo con la propiedad que sirviera como móvil para la comisión del delito. Por tanto, la Audiencia los ha absuelto de todos los cargos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió a finales de julio que la Junta de Andalucía fuera sancionada por la Inspección de Trabajo después de que judicialmente haya quedado probado que el Gobierno andaluz ha abusado de los contratos temporales en el yacimiento de Medina Azahara.

Así queda de manifiesto en la sentencia a la que ha accedido este periódico. A preguntas de este periódico, Cultura no ha confirmado si el expediente sancionador se ha efectuado ya y, de haberse realizado, a cuánto ha ascendido la sanción. Esta solicitud del TSJA llega después de que el alto tribunal andaluz haya confirmado que la Junta mantuvo de forma irregular y precaria a un trabajador en el conjunto arqueológico durante más de cuatro años y medio.

El trabajador en cuestión era el expendedor del Centro de Recepción de Medina Azahara, quien estuvo cubriendo este puesto desde noviembre de 2018 hasta junio de 2023, rebasando el límite máximo de tres años que fija la ley para las plazas vacantes sin que existiera justificación o causa excepcional alguna. De este modo, el empleado estuvo desempeñando sus labores en el yacimiento de forma ininterrumpida durante cuatro años y siete meses. Sin embargo, en junio de 2023, la Consejería le notificó la resolución del contrato tras la adjudicación definitiva del puesto a un trabajador fijo mediante un concurso de traslados.

Tras el cese, el trabajador recurrió a la vía judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba estimó la demanda en abril de 2024, declaró la improcedencia del despido y condenó a la Junta a elegir entre la readmisión del empleado o el abono de una indemnización superior a los 13.600 euros. Sin embargo, la Administración autonómica decidió recurrir en suplicación.

En su fallo, el TSJA ha abordado el recurso alineándose con recientes sentencias del Tribunal Supremo. En primer lugar, el tribunal ha aclarado que no es posible otorgar la condición de personal fijo ni declarar la improcedencia del despido a un trabajador que no ha superado un proceso selectivo de acceso al empleo público. Según ha remarcado la Sala, la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público exigen de forma imperativa cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, trámite por el que el demandante no había pasado.

Dado que la plaza fue cubierta de forma legal mediante un concurso de traslados entre personal fijo, la extinción del contrato no puede catalogarse como un despido improcedente. Por ello, la Sala ha revocado esa calificación y ha reajustado la compensación económica hasta situarse en poco más de 8.000 euros.

En segundo lugar, y a pesar de reducir esta cantidad, la sentencia no ha restado un ápice de gravedad al fallo dado que el mismo certifica que existió un abuso manifiesto en la contratación temporal al superar con creces los tres años de tope establecidos para la cobertura de vacantes en el sector público. Por esta razón, la sentencia decreta el envío de esta sentencia a la Inspección de Trabajo para que depure las responsabilidades administrativas de Cultura.

Además, el fallo deja una puerta abierta para el trabajador dado que este puede demandar de nuevo a la Junta para que lo indemnice por ese abuso de la contratación temporal.

El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

Lo que se perfilaba como el pilar económico para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra los supuestos cabecillas de la red de las 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado desvirtuado este jueves en la Audiencia Provincial de Córdoba. En el marco del juicio contra este entramado, la prueba pericial de la Guardia Civil sobre las dos empresas supuestamente utilizadas como pantalla ha quedado muy en entredicho tras destaparse graves errores contables relativos a una empresa en cuestión: la que está directamente relacionada con los tres supuestos líderes de la red.

La sesión, centrada en la toma de declaración a los dos guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Córdoba, ha derivado en un enfrentamiento dialéctico constante con las defensas que se ha prolongado durante más de una hora y media. La tensión ha alcanzado tal nivel que el juez se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para aplacar el tono del interrogatorio, advirtiendo a las partes de que la vista no era “un juego entre peritos o ver quién sabe más”, sino un interrogatorio formal dentro de una causa penal.

El análisis financiero del Instituto Armado se centró exclusivamente en dos sociedades mercantiles para intentar probar el supuesto blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Hay que recordar que la causa se inició con una investigación de la Policía Judicial de Córdoba y afectaba directamente a una organización asentada en la capital dedicada a la adquisición e introducción de hachís desde el norte de África. La red lo almacenaba y, tras ello, lo distribuía por Francia. En esta actividad delictiva, la Guardia Civil detectó dos empresas que habrían servido para blanquear el dinero conseguido con la droga.

Sin embargo, y pese a que las actuaciones policiales constataron la existencia de esa red -a quien se le aprehendió 20 toneladas de hachís ocultas en tomates-, la sesión de este jueves ha sembrado serias dudas de que una en concreto -dedicada al vinilado de vehículos- se hubiera usado para tal fin. La segunda analizada se habría utilizado como empresa pantalla de la organización para dar cobertura al transporte de la droga y para el arrendamiento de naves industriales usadas como puntos de almacenamiento del hachís. Los dos acusados que aparecen como administrador y testaferro de la entidad reconocieron los hechos el primer día de juicio.

La tesis de la Guardia Civil sobre la primera empresa -donde la Fiscalía situaba inicialmente un descuadre cercano a los 180.000 euros- ha comenzado a desmoronarse durante el interrogatorio ejercido por la letrada de la acusada M.D.F.P., administradora de la empresa. La defensa ha puesto sobre la mesa que los instructores han ignorado en su informe el saldo bancario con el que la sociedad inició 2022. Cuestionados por el juez sobre por qué en el análisis de otra sociedad de la causa sí se había computado el saldo de tesorería inicial y en el caso de ésta se había omitido, los agentes de la Guardia Civil han admitido la existencia de ese “error”, aunque se han mostrado incapaces de explicar la disparidad de estos criterios.

Ante esto, el fiscal ha tenido que intervenir en el plenario para recalcular a cuánto ascendería el blanqueo de capitales, cuestión clave para sustentar la acusación. En este momento, los agentes han echado cuentas de nuevo, reduciendo la cuantía de los 188.000 euros iniciales a 126.000 euros. Sin embargo, tampoco sería así. Un perito de la defensa, presente durante toda la declaración de los guardias civiles, ha desglosado los balances de la empresa, siendo “la diferencia entre ingresos y gastos igual a cero. La inyección de capital de procedencia desconocida no se desprende de ningún lugar, sino que es un fallo aritmético”, ha concluido.

Asimismo, el perito ha echado por tierra la sospecha sobre 4.460 euros en efectivo atribuidos por la investigación a posibles inyecciones del narcotráfico, aportando las facturas correlativas emitidas a clientes entre enero y febrero de 2023 que justificarían el cobro de dicho importe en metálico. Esa documentación, entre otra, no consta en el informe de la Guardia Civil. En consecuencia, para el perito, esta empresa “era la antítesis del blanqueo”, definiéndola como una pequeña empresa que “más que ganar, simplemente subsistía”. A ello se ha sumado el dato de que la Agencia Tributaria no ha incoado sanción ni expediente alguno contra esta empresa.

Los tres principales acusados niegan los hechos

La sesión también ha acogido las declaraciones de los tres acusados que se han negado a cualquier acuerdo: A.G.P, Rambito, acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de la mercantil protagonista de la sesión de este jueves; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad y sobrino de Rambito. Rambito se ha limitado a despachar su declaración con un “no he cometido ningún delito de tráfico de drogas ni he blanqueado”. Cuestionado por los balizamientos por GPS de la Policía que situaban de forma reiterada vehículos de la red en las inmediaciones de su domicilio, Rambito lo ha justificado en que “toda la urbanización aparca” en su calle porque está cerca de “un supermercado, una farmacia y bares”. Asimismo, ha asegurado que “nunca” se ha subido a un BMW, tal y como habría quedado demostrado en los seguimientos policiales.

Pro su parte, M.D.F.P. ha querido quitarse el rol de liderazgo que le atribuyen los investigadores asegurando que “nunca” ha dado instrucciones a nadie. Además, ha justificado la creación de la empresa porque “desde pequeña” le han gustado los coches. Sin embargo, al ser confrontada en relación con la contratación de la carretilla para la logística de la droga, la procesada ha echado balones fuera asegurando que se enteró de esta cuestión cuando la Policía Nacional la citó en comisaría y que “iba a ser detenida”. Según su versión, tras quedar en libertad llamó a R.P.s. y este se justificó diciendo que le había hecho un “favor” a un tercero, que se trata de uno de los procesados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno de declaración, R.P. ha rechazado cualquier implicación en los hechos, aunque sí ha reconocido que usó la empresa para el alquiler de la carretilla para hacer un “favor”. “Si me imagino que es para lo que fue, no lo habría hecho”, ha asegurado.

Tras esta sesión, la Sección Tercera de la Audiencia afrontará este viernes la cuarta y última del juicio en la que las protagonistas serán, sin duda, las conclusiones definitivas que eleve la Fiscalía.