La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a un hombre que agredió al hijo de su pareja, un menor de menos de tres años de edad, al que zarandeó y propinó una bofetada tras mantener momentos antes una pelea física con la madre en el domicilio que todos compartían en la capital.

Según ha ratificado el tribunal, los hechos se desencadenaron en la madrugada del 25 de junio de 2025 en un piso de Córdoba en el que el agresor y la mujer convivían desde hacía apenas dos o tres meses junto al pequeño, hijo de ella. Sobre las 00:45, mientras él dormía en el sofá y la mujer salía al salón a fumar un cigarrillo, el hombre le dijo que abandonara el piso al día siguiente, sin más explicación. Esta exigencia derivó en una fuerte discusión en el transcurso de la cual ambos se golpearon mutuamente.

Instantes después de la pelea, el procesado siguió a la mujer hasta el dormitorio donde se encontraba el pequeño de menos de tres años. Con el claro propósito de menoscabar su integridad, agarró al niño por la camiseta, lo zarandeó con violencia y le propinó una bofetada a la altura del oído derecho. Como consecuencia de la agresión, el pequeño sufrió una inflamación del pabellón auricular derecho, además de marcas rojas en la cara posterior y en ambos laterales del cuello. Por su parte, la madre presentó un hematoma en la frente y erosiones en el cuello compatibles con la marca de una mano, mientras que el agresor sufrió rasguños en el tórax y quemaduras leves.

Por estos hechos, el hombre fue condenado a un año de prisión por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica cometido sobre el menor, así como a otro año adicional de cárcel por las lesiones infligidas a su pareja, acumulando una pena total de dos años de prisión. En el fallo se aplicó la circunstancia agravante de reincidencia que pesaba sobre el procesado, además del agravamiento por haber cometido los hechos en un domicilio familiar. Asimismo, se le impusieron tres años de privación del derecho al porte de armas y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la mujer a menos de 150 metros durante dos años.

Por su parte, la madre del menor también fue condenada por un delito de lesiones en el ámbito familiar a un año de prisión al acreditarse que participó voluntariamente en la pelea mutua y agredió al hombre. Ambos fueron condenados a la misma pena de un año de prisión por este delito porque la agresión se produjo en el domicilio familiar, lo que obliga por ley a aplicar la pena en su mitad superior (de 9 a 12 meses). En el caso de él, la agravante de reincidencia obligó al tribunal a imponer el tope máximo de un año sin posibilidad de superarlo, mientras que para ella, pese a que no tenía antecedentes, el juez consideró que debía imponerle la pena máxima de un año.

En su fallo, la Audiencia ha ratificado los hechos, rechazando las alegaciones de legítima defensa esgrimidas por el acusado al recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no permite aplicar esta eximente cuando los dos implicados se enzarzan en una agresión recíproca aceptada por ambos.

Conducía de madrugada, sin luces y haciendo eses con el vehículo. Cuando la Guardia Civil logró darle el alto en la avenida Pío XII de Palma del Río, los agentes comprobaron de inmediato que el hombre presentaba un cuadro severo de embriaguez: rostro pálido pero congestionado, pupilas dilatadas, un fuerte aliento a alcohol detectable a metros y una incapacidad casi absoluta para expresarse con coherencia. La situación era tan patente que el conductor ni siquiera se sostenía en pie por sus propios medios y requirió la ayuda física de la patrulla para descender del coche. Tampoco pudo acertar a introducirse la boquilla del etilómetro en la boca cuando llegó la Policía Local, obligando a su traslado urgente a un centro sanitario.

Sin embargo, más de seis años después de los hechos y tras haber sido condenado en primera instancia a una multa de 1.920 euros y a la privación del carné de conducir durante 15 meses, la Audiencia Provincial de Córdoba lo ha absuelto por un error del juzgado de instrucción: el magistrado redactó totalmente “en blanco” el auto definitivo de la investigación y se olvidó de imputarle hecho alguno. Así lo ha determinado una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia, que ha estimado el recurso presentado por la defensa del conductor.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, en plena pandemia por el coronavirus. Durante la madrugada, agentes de la Guardia Civil vieron un coche con las luces apagadas y circulando de forma anómala. Cuando le dieron al alta, se percataron de que el conductor iba borracho y tuvieron que ayudarlo a salir del coche. Cuando llegó la Policía Local para hacerle la prueba de alcoholemia, el conductor no alcanzaba a meterse la boquilla en la boca por su estado de embriaguez. Finalmente, acabó siendo trasladado a un centro de salud.

El atestado fue trasladado al juzgado de Posadas, que dictó apertura de juicio oral contra el hombre en un auto donde no aparecían los hechos punibles. Pese a todo, la causa siguió adelante y pasó a la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba sin que el Ministerio Fiscal impugnara o recurriera la omisión, limitándose este órgano a redactar su escrito de acusación e introducir por su cuenta el relato de los hechos que el juez instructor jamás redactó.

Ya en el juicio, la defensa advirtió de que se estaba vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Sin embargo, la titular de este juzgado de lo Penal desestimó la alegación de nulidad al considerar que el planteamiento era “extemporáneo” y sostener que las partes se habían “aquietado” al no haber recurrido el auto. El hombre fue entonces condenado a una multa de 1.920 euros y a 15 meses de privación del carnet de conducir. Pero ahora, la Audiencia ha calificado lo ocurrido como una “irregularidad de tamaña importancia” que quebró todas las garantías del procesado.

Así, en primer lugar, el tribunal ha manifestado que no se le puede achacar al investigado un “aquietamiento” cuando ni siquiera consta en el programa de gestión procesal que el auto en blanco le fuese formalmente notificado a él o a su representación letrada. En segundo lugar, la Audiencia ha sido más tajante al señalar que las partes acusadoras -comenzando por la Fiscalía- no tienen un poder absoluto para inventar o acotar el objeto de un juicio penal al margen del filtro del juez instructor. De este modo, no se trata únicamente de dilucidar si el procesado tuvo o no la oportunidad física de defenderse en la sala de vistas de los hechos que figuraban en la atestación policial, sino de proclamar con rigor que “nunca debió haber sido acusado” en semejantes condiciones procesales.

Por todo ello, la Audiencia de Córdoba ha declarado la nulidad de la sentencia condenatoria de instancia.

Un aviso por un altercado en un piso de la capital cordobesa terminó desencadenando una intervención policial en la que dos agentes resultaron heridos. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la multa de 3.180 contra un hombre que pidió ser atendido por una agente de la Policía Local tras decir que era una mujer para inmediatamente después amenazarla un cuchillo de cocina, intentar autolesionarse y arremeter violentamente contra esta agente y otro policía.

Los hechos se produjeron en marzo de 2023. Al medio día, dos agentes de la Policía Local fueron comisionados por la sala de mando para acudir a un piso de la capital donde se estaba produciendo un altercado. El protagonista del incidente era Faustino, un varón mayor de edad que contaba con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia por un delito de resistencia a la autoridad a finales de 2021.

Una vez personados los policías en la vivienda, el imputado impuso una condición para ser atendido: se negó tajantemente a hablar con el agente y manifestó que únicamente se entrevistaría con una policía tras decir que es mujer. La agente accedió a entrar junto al individuo en la cocina para tomarle declaración y esclarecer los motivos por los que la Policía había acudido al piso. Sin embargo, una vez en el interior de la cocina, el hombre comenzó a dar voces de forma repentina, agarró un cuchillo del fregadero y lo esgrimió en actitud amenazante e intimidatoria contra la funcionaria, intentando a continuación autolesionarse con el arma blanca.

Ante la gravedad y el peligro inminente, el agente que esperaba fuera de la cocina intervino de inmediato en auxilio de su compañera al escuchar los gritos. Entonces, se inició un tenso forcejeo en el que los dos policías trataron de arrebatarle el cuchillo con el que el investigado llegó a provocarse un corte superficial a sí mismo. Lejos de acatar las órdenes, el individuo se revolvió a golpes sin soltar el arma, provocando que los tres terminaran cayendo al suelo, donde continuaron forcejeando hasta que lograron inmovilizarlo y detenerlo.

Como consecuencia del enfrentamiento, los policías sufrieron diversas lesiones leves. Además, el reloj del agente resultó dañado. En consecuencia, la plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba lo condenó en junio a una multa de 2.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad, con la agravante de reincidencia, y a otra sanción de 480 euros por los dos delitos leves de lesiones. Asimismo, fue condenado a indemnizar con 700 euros a cada agente -al policía, además, el pago de los desperfectos del reloj- y al abono de las costas.

En su recurso, la defensa alegó que el tribunal no había tenido en cuenta la declaración que el procesado hizo en la fase de instrucción, en la que aseguró que su única intención era autolesionarse y que nunca quiso arremeter ni agredir a los policías. Sin embargo, la Audiencia ha recordado que el hombre no se presentó al juicio, por lo que no pudo ratificar esa declaración para que sirviera como prueba, y entiende que si alguien se resiste con violencia y golpes portando un arma debe asumir el riesgo de lesionar.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una vecina de Puente Genil que había sido condenada en primera instancia por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico. El tribunal ha dejado sin efecto la multa de 540 que se le impuso tras constatar que el técnico que detectó el supuesto enganche ilegal a la red no acudió al juicio a ratificar su informe.

Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando un técnico realizó un acta de inspección en una vivienda de la localidad pontanesa en la que reflejaba la existencia de una toma directa de electricidad, sin contador ni contrato en vigor. En marzo de 2026, el Tribunal de Instancia de Puente Genil consideró probados los hechos y condenó a la propietaria a pagar una multa 540 euros.

Sin embargo, la defensa de la afectada recurrió la condena ante la Audiencia Provincial alegando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y el error en la valoración de las pruebas. En su resolución, el tribunal ha fallado que el técnico que firmó el informe no acudió al juicio, a pesar de estar citado.

Precisamente fue dicho informe lo que sirvió al juzgado de Puente Genil para condenar a la mujer. Pero para la Audiencia, el documento no es más que una simple acta de inspección, por lo que, para que pueda valer en un juicio, debe ser ratificado por su autor. Como el técnico no acudió y tampoco se justificó una imposibilidad sobrevenida que permitiera rescatar el documento como prueba preconstituida, el acta carece de validez probatoria por sí sola.

A ello se suma que no existía otra prueba de cargo alguna, por lo que la Audiencia ha aplicado el principio constitucional in dubio pro reo, revocando íntegramente la condena y declarando de oficio las costas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al ganadero de Dos Torres que el pasado mes de mayo fue condenado a 13 meses de prisión después de que sus 50 vacas murieran de sed y hambre. El tribunal ha estimado el recurso presentado por su defensa al apreciar dudas sobre la posible intervención de terceros y descartar la existencia de dolo, cuestión esencial para condenar por maltrato animal tal y como fue sentenciado este hombre.

Los hechos tuvieron lugar entre el 18 y el 27 de mayo de 2022 en la finca del acusado. El primer día de ese periodo, el ganadero no pudo acudir a la explotación debido a que se encontraba recibiendo tratamiento médico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En las jornadas posteriores, estuvo trabajando en las labores de un cortafuegos, lo que retrasó su regreso a la finca.

La propiedad se encontraba dividida en varias cercas con vallas y puertas que se separaban y cuyo sistema de cierre consistía en una cuerda atada manualmente al alambrado. El método habitual permitía que, al agotarse el agua y el pasto en un cercado, se abriera la valla hacia la siguiente parcela para que los animales pasaran de forma natural. Sin embargo, durante los días que en los que el ganadero no fue a la finca, las provisiones de la zona donde se hallaban cerca de un centenar de reses se agotaron por completo sin que este se cerciorara de que el ganado pudiera cruzar al terreno colindante. Aunque inicialmente la Guardia Civil detectó seis vacas muertas, la cifra total de fallecidas ascendió a 50, “pues no todos los animales introducidos fueron recuperados, dado el estado en el que se encontraban”.

Una vez analizadas las pruebas y el fallo de primera instancia, la Audiencia Provincia ha revocado el mismo tras el recurso presentado por el letrado Carlos Arias. En primer lugar, la Sala ha destacado que la finca está “atravesada por varios caminos públicos” y que las cancelas se cerraban de manera rudimentaria mediante cuerdas. Ante esto, el tribunal considera plenamente verosímil la hipótesis de la defensa de que “una tercera persona, alguien que pase por alguno de los caminos públicos que discurren por la finca, ha podido cerrar sin su consentimiento una cancela e impedir que, durante varios días, las vacas no pudieran abastecerse de agua y pasto”.

En segundo lugar, para una condena por maltrato animal es imperativa que haya dolo, es decir, que el ganadero haya tenido una “voluntad firme y directísima de abandono” de sus vacas, tanto por omisión como de forma deliberada. Para el tribunal, el relato de los hechos probados “no describe un verdadero dolo de abandono animal”, sino que, a lo sumo, reflejaría una imprudencia que no encaja en este tipo penal. En consecuencia, la Audiencia ha absuelto al acusado de todos los cargos.

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha solicitado al Tribunal de Instancia de Córdoba la revocación de la suspensión de la pena de 18 meses de prisión impuesta a uno de los dos cazadores condenados por el caso de la conocida como finca de los horrores de Cabra, donde decenas de perros fueron víctimas de maltrato y abandono. La entidad reclama que el condenado ingrese en prisión al considerar que habría incumplido la prohibición judicial de tener animales.

La petición, presentada con la asistencia jurídica de la letrada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, se produce después de que se haya acordado la apertura de juicio oral contra el investigado por un presunto delito de quebrantamiento de condena. No obstante, estos nuevos hechos todavía están pendientes de ser juzgados y no existe una sentencia que declare probado el supuesto incumplimiento.

El origen del caso se remonta a octubre de 2022, cuando el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba condenó a los dos responsables de la finca a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos.

La sentencia consideró probado que ambos mantuvieron durante meses a 29 perros en condiciones extremas de abandono y sufrimiento. Los animales permanecían encadenados a olivos, sin agua ni comida, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros, sin refugio y con graves problemas de salud. Dos de ellos fallecieron como consecuencia de aquella situación y otro tuvo que ser eutanasiado debido a su gravísimo estado.

Galgos del Sur participó en el rescate de los animales, haciéndose cargo de 21 de los 24 perros decomisados, y ejerció la acusación particular durante el procedimiento judicial.

Dos informes de detectives privados

Según ha explicado la asociación, tras conocer indicios de que uno de los condenados podría estar incumpliendo las prohibiciones judiciales, contrató a investigadores privados para documentar sus actividades. El trabajo se plasmó en dos informes periciales de detectives privados que, según la entidad, recogerían indicios de que el condenado habría continuado con la posesión, cría y comercialización de animales en determinadas fincas, pese a la inhabilitación impuesta por el juzgado.

Estos hechos dieron lugar a un nuevo procedimiento por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, recogido en el artículo 468.1 del Código Penal. Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, en calidad de acusación particular, han presentado escritos de acusación contra el investigado.

Además, mediante un auto de fecha 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral, un avance procesal que la asociación considera relevante para volver a solicitar la revocación de la suspensión de la pena.

La entidad recuerda que anteriormente el juzgado rechazó su petición de revocación porque los hechos que denunciaba todavía se encontraban en fase de investigación. Ahora, tras la apertura de juicio oral, ha vuelto a solicitar que se revoque la suspensión de los 18 meses de prisión y se acuerde la ejecución de la condena, con las correspondientes órdenes para hacer efectivo el ingreso en un centro penitenciario.

Desde Galgos del Sur sostienen que las condenas por maltrato animal deben cumplirse y que las inhabilitaciones judiciales no pueden quedarse en meras declaraciones sin consecuencias. La asociación ha reafirmado su compromiso de utilizar todas las herramientas legales a su alcance para defender a los animales y conseguir que las resoluciones judiciales se cumplan.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba tenía previsto juzgar este jueves a un hombre acusado de estafar cerca de 30.000 euros a una familiar directa, una mujer de avanzada edad y con discapacidad que reside en una residencia de mayores de la provincia, según ha podido saber Cordópolis. Sin embargo, la vista oral ha tenido que ser suspendida tras la incomparecencia injustificada del procesado.

Al no presentarse a la citación judicial -pese a haber sido notificado en varias ocasiones- y enfrentarse a una petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión, el juicio no ha podido celebrarse en su ausencia. Conforme a la legislación vigente, al superar la pena solicitada los dos años de cárcel, la presencia física del acusado en la sala es un requisito legal ineludible.

Durante la sesión, el letrado de oficio designado para su defensa ha manifestado que tampoco ha podido mantener contacto con él, desconociendo su paradero actual.

Ante esta situación de rebeldía procesal, el tribunal ha acordado la suspensión inmediata del juicio y ha ordenado la busca, captura e ingreso en prisión del procesado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia a prisión de dos hombres que entraron al abandonado camping municipal, ubicado en El Brillante, e intentaron robar las tuberías de gas. El Juzgado de lo Penal número 2 de la capital los condenó a siete y ocho meses de prisión, respectivamente, y ahora la Audiencia ha ratificado el fallo, rechazando el recurso de las defensas.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los dos acusados actuaron de común acuerdo, escalaron y saltaron una valla de aproximadamente dos metros de altura. Una vez en el interior del camping, los asaltantes se dirigieron a las dependencias de un quiosco situado en la zona de la piscina. Allí fracturaron y extrajeron las tuberías correspondientes a la instalación de gas, procediendo a apilar los tubos de metal con el fin de sacarlos del lugar y apoderarse de ellos.

Sin embargo, los procesados fueron sorprendidos in fraganti por una patrulla de tres agentes de la Policía Nacional, que los detuvo en el instante. A pesar de que los peritos tasaron los desperfectos globales del camping en 28.450 euros debido al progresivo deterioro y vandalismo que sufre, el Ayuntamiento de Córdoba no ha reclamado nada al no poderse determinar con exactitud qué daños concretos habían sido provocados de manera exclusiva por estos imputados.

Dado que las penas impuestas no superan los dos años de prisión, el Juzgado de lo Penal número 2 deberá dictaminar ahora si procede o no la suspensión del ingreso en prisión de los condenados.

La decisión de acudir a la Justicia y solicitar una orden de alejamiento no suele producirse durante la convivencia o el noviazgo, sino como una medida de respuesta ante la escalada de violencia que sobreviene una vez rota la relación. Según la última estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al segundo trimestre de 2026, tres de cada cuatro mujeres que requirieron protección judicial en la provincia de Córdoba (el 75,7 %) lo hicieron por el acoso, las amenazas o las agresiones sufridas a manos de sus exparejas o excónyuges.

El desglose de los datos judiciales revela que, de las 111 solicitudes de orden de protección tramitadas entre abril y junio en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cordobeses, 84 se dirigieron contra relaciones sentimentales ya extinguidas. En concreto, 74 correspondieron a exrelaciones afectivas de hecho y 10 a excónyuges. Por el contrario, solo en el 24,3 % de los expedientes (27 casos) la víctima mantenía el vínculo afectivo o el matrimonio activo al momento de instar la medida cautelar (16 parejas de hecho y 11 matrimonios).

Asimismo, el 100 % de las órdenes de protección incoadas en la provincia partieron de la solicitud directa de la mujer al denunciar, sin que conste la iniciación de oficio por parte de los juzgados o a propuesta del Ministerio Fiscal en este trimestre.

Radiografía del delito: 914 denuncias y prevalencia del maltrato leve

Durante los tres meses analizados, los juzgados de la provincia recibieron un total de 914 denuncias por violencia de género, que afectaron a 887 mujeres víctimas (736 de nacionalidad española y 151 extranjeras) y a un menor tutelado. Esta cifra sitúa la proporción de mujeres que tramitan una orden de protección en el 12,14 % sobre el total de denunciantes.

En cuanto al canal de entrada a los tribunales, el atestado policial con denuncia directa de la víctima fue la vía principal (653 casos, el 71,4 %), seguido de los atestados iniciados por intervención directa de las fuerzas de seguridad (125 casos, 13,7 %) y los partes de lesiones remitidos directamente desde los centros sanitarios al juzgado (112 casos, 12,2 %). Los atestados formalizados por familiares representaron 13 causas (1,4 %) y los servicios asistenciales derivaron 11 expedientes (1,2 %), mientras que ninguna denuncia fue presentada directamente por la víctima en la sede judicial.

En el plano procesal, 73 víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo (42 españolas y 31 extranjeras), lo que supone una tasa de renuncia al proceso del 7,98 %.

En lo relativo a las tipologías penales, en Córdoba se ingresaron un total de 989 delitos. La inmensa mayoría de la actividad delictiva correspondió a malos tratos leves y lesiones del artículo 153 del Código Penal, con 703 infracciones (el 71,1 % del total). Le siguieron las causas por maltrato habitual o psicológico del artículo 173 CP (109 delitos, 11,0 %), el quebrantamiento de penas (57 casos), el quebrantamiento de medidas cautelares (54 casos) y los delitos contra la libertad, como amenazas o coacciones (46 casos). Asimismo, se contabilizaron siete delitos por lesiones graves del artículo 148 y siguientes, cinco contra la integridad moral, tres contra la libertad e indemnidad sexual, dos por impago de prestaciones familiares, una por quebrantamiento de la intimidad y una causa incoada por homicidio en grado de tentativa o consumado.

Los juzgados conceden un 83,8% de las órdenes de protección solicitadas

Ante las 111 solicitudes tramitadas, la respuesta de la Judicatura cordobesa arrojó un elevado grado de amparo: se concedieron 93 órdenes de protección (el 83,78 % de las solicitadas) y se denegaron 18 (el 16,22 %). Estas concesiones se tradujeron en la adopción de 280 medidas cautelares de protección, como son órdenes de alejamiento (91), prohibiciones de comunicación (87) y órdenes de expulsión o prohibición de regresar al lugar del delito (35). Además, los jueces decretaron el ingreso en prisión provisional de cinco denunciados y adoptaron otras 12 medidas cautelares penales.

En el ámbito civil, los juzgados fijaron 17 prestaciones de alimentos, atribuyeron la vivienda familiar a la víctima en diez ocasiones, acordaron seis suspensiones de la guarda y custodia de menores, seis suspensiones del régimen de visitas y otras 11 medidas complementarias.

Un 95,2 % de condenas en las sentencias de la provincia

En último lugar, en este segundo trimestre se juzgaron a 190 hombres (165 españoles y 25 extranjeros) de las que 181 fueron condenados (144 españoles y 37 extranjeros) y nueve, absueltos (todos españoles). Esos datos sitúan la tasa global de condenas en Córdoba en el 95,26 %.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a solo dos años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente de manera continuada a una menor de edad residente en Córdoba. La notable rebaja de la condena, frente a los 14 años de cárcel que solicitaba inicialmente la Fiscalía, responde al pago previo de 150.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, lo que ha permitido aplicarle la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Los hechos probados se remontan a agosto de 2025. El procesado, que en el momento de los hechos tenía 59 años, mantenía una relación de cercanía y familiaridad la menor, que tenía 15 años. Cuando la víctima tenía diez años, el acusado comenzó a interesarse por ella, llamándola esporádicamente, haciéndole regalos e invitándola, junto a su hermana mayor y a su madre, al bautizo de su propia hija en Palma de Mallorca.

A raíz de este encuentro las relaciones entre la menor y el procesado se hicieron más frecuentes con llamadas y alguna visita a Córdoba, donde la menor vive, y a Barcelona, donde reside el encausado, así como a pasar unas vacaciones en Mallorca junto a su hermana. El acusado ha venido haciendo entregas de dinero y regalos a la menor al tener conocimiento de la precaria situación económica familiar y a fin de ganarse su confianza, prometiendo a la misma que también iba a ayudar a su padre el cual se encontraba en prisión.

En agosto de 2025, el acusado le propuso a la menor que se vieran en Sevilla, a lo que la menor accedió, siempre con el consentimiento de su madre. Para ello, la víctima se desplazó en tren desde la estación de Córdoba hasta la capital hispalense. Una vez allí, el acusado la trasladó a un céntrico hotel donde había reservado una habitación con cama de matrimonio. Tras salir a cenar e ir de compras, ambos regresaron al hotel sobre la 1:00. Cuando la víctima se dispuso a dormir vestida con un pijama y habiendo colocado una almohada como barrera de separación en medio de la cama, el condenado la retiró y se abalanzó sobre la niña.

En ese momento, ella se quedó completamente paralizada y entró en estado de shock. Tras esto, el acusado la besó, la sometió a tocamientos, le mordió un pecho y la violó. Estas agresiones sexuales continuaron de forma reiterada durante más de cuatro horas, hasta cerca de las 5:00. A las 6:30 de esa misma mañana, el agresor la acompañó en taxi hasta la estación de Santa Justa para embarcarla de vuelta en un tren rumbo a Córdoba.

Al llegar a la estación cordobesa, la menor fue encontrada desconsolada por un conocido de la familia, a quien apenas pudo formular lo que le había sucedido. Tras acudir a su domicilio y relatar los hechos a su madre, fue trasladada de urgencia a un hospital de Córdoba, donde la exploración médica confirmó lesiones físicas y erosiones compatibles con la agresión relatada. El agresor fue detenido e ingresó en prisión provisional el 4 de septiembre de 2025.

Al inicio del juicio, el acusado reconoció los hechos y se declaró culpable. A cambio del ingreso de 150.000 euros como reparación económica para la víctima, el Ministerio Fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones provisionales para aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño, reduciendo la pena en dos grados. En consecuencia, el hombre ha sido condenado a dos años de prisión, a los que se les restará el tiempo que ha estado en prisión preventiva. Además, dada la duración de la pena, puede solicitar la ejecución de la misma.

Junto a la pena privativa de libertad, la Audiencia de Sevilla le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante diez años, una pena de inhabilitación de 20 años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores y una década de libertad vigilada.

Una educadora del centro de menores Lucano, ubicado en Cerro Muriano (Córdoba), ha logrado que la Justicia le reconozca un plus de peligrosidad de más de 11.000 euros después de que hayan quedado constatadas las deficiencias de seguridad con las que trabajan en este servicio de atención a niños y jóvenes.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, da por probado que en las instalaciones se desempeñan las labores “sin contar con las medidas sanitarias de protección adecuadas y sin apoyo de vigilantes profesionales para evitar los ataques que sufre el personal que trabaja en dichos centros”. En el caso del de Córdoba, se trata de un servicio de la Junta de Andalucía que acoge a menores desprotegidos y vulnerables, y , de forma ocasional, a niños extranjeros no acompañados.

La trabajadora que demandó a la Junta de Andalucía consideraba que se le debía aplicar un plus de penosidad y peligrosidad ante esa realidad de desprotección que ha quedado probada en la sentencia del alto tribunal andaluz, fallo que confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba y que rechaza el recurso presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno andaluz.

Tras la sentencia condenatoria, la Junta recurrió, sosteniendo que se habían puesto en marcha informes técnicos y medidas correctoras para atenuar las circunstancias peligrosas, pero no impugnó el relato de los hechos, por lo que el tribunal andaluz lo ha dado por válido. Además, la Junta consideró que habían prescrito los salarios adeudados con anterioridad a diciembre de 2018, un motivo que también ha sido rechazado por tratarse de una cuestión nueva que no fue planteada ante el juzgado cordobés.

En el fallo, el TSJA ha dejado de manifiesto que en el centro se producen situaciones de conflicto continuadas, por lo que los profesionales deben desenvolverse cotidianamente en un entorno expuesto a agresiones e intimidaciones sin disponer de vigilancia privada profesional ni de recursos preventivos adecuados. Estas situaciones, bajo el juicio de este tribunal, son inherentes al puesto, pero ello no resta un ápice de razón a que se exija un plus de peligrosidad cuando las condiciones reales colocan a los trabajadores en una situación de riesgo significativamente superior a la habitual sin que su salario básico contemple dicha penosidad.

Junto a la confirmación de la cuantía económica fijada a favor de la educadora, la sentencia ha condenado a la Consejería al pago de las costas procesales, fijando los honorarios del letrado de la trabajadora en 300 euros más IVA.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a dos personas como autores responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados antes de la celebración del juicio. Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil (la Comandancia de Córdoba, la Compañía de Montilla, y el puesto de Baena) permitieron destapar la actividad ilícita que ambos procesados llevaban a cabo en dos viviendas de la localidad cordobesa de Montilla.

Entre los meses de mayo y noviembre de 2021, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en torno a los domicilios, interceptando de manera constante a compradores que salían de las viviendas portando papelinas de sustancias estupefacientes. En los registros de los inmuebles, los investigadores lograron decomisar hasta siete tipos diferentes de drogas y fármacos (incluyendo mezclas de heroína y cocaína, cannabis/marihuana con plantación indoor incluida, metadona, lormetazepam, mirtazapina y alprazolam), arrojando un peso global que ronda los 300 gramos.

Además, se incautaron básculas de precisión, recortes de plástico para la confección de papelinas, anotaciones contables manuscritas y 195 euros en efectivo procedentes presumiblemente de la venta ilícita.

En consecuencia, la Audiencia ha condenado a ambos procesados a tres años de prisión, pero solo al hombre se le ha aplicado al atenuante de drogadicción al acreditarse que, en el momento de los hechos, se encontraba en tratamiento de deshabituación en el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Al reconocérsele esta atenuante, el condenado puede solicitar la suspensión de su ingreso en prisión siempre y cuando siga con su tratamiento. Por último, el tribunal le ha impuesto una multa de 304,27 euros, equivalente al valor de la droga intervenida.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la orden de expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en la zona Schengen durante ocho años impuesta a un ciudadano extranjero afincado en Córdoba tras fallar que una condena penal de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia de género constituye un elemento agravante suficiente para expulsarlo de España.

La resolución, a la que ha accedido Cordópolis, desestima el recurso interpuesto por el afectado contra un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba. Con esta decisión, el alto tribunal andaluz avala la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que en febrero de 2023 dictó la resolución de expulsión al considerar incompatible su estancia en el país con los antecedentes penales acumulados y el incumplimiento de las órdenes administrativas previas.

El origen del expediente se remonta a marzo de 2022, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba constataron que al hombre le había sido denegada en 2019 una solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales y que, al no haber abandonado el país dentro del plazo fijado, su estancia era irregular.

Sin embargo, el elemento que terminó de decantar el expediente administrativo no fue únicamente la falta de papeles, sino una sentencia de 2022 del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba por la que fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar a la pena de 40 días de trabajos comunitarios y a 18 meses de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima.

En su defensa, el abogado alegó que la medida era desproporcionada y solicitó la revocación de la expulsión apelando a un sólido arraigo en la capital cordobesa. Entre la documentación aportada figuraban certificados de empadronamiento continuado, historial de asistencia sanitaria, informes favorables de servicios sociales comunitarios, acreditaciones de envío de remesas e incluso una propuesta formal de contrato de trabajo destinada a regularizar su situación administrativa. Asimismo, el letrado cuestionó que este delito leve pudiera justificar una sanción administrativa de tal trascendencia.

No obstante, los magistrados del TSJA han señalado que la estancia irregular en España se sanciona con una multa. Si a ello se suma alguna agravante -como en este caso era el incumplimiento de una orden previa de salida y la condena firme de ese delito leve-, la Subdelegación decretó de forma acertada su expulsión de España.

En su fallo, el TSJA ha ido más allá y ha considerado que esta condena de 40 días de trabajos comunitarios supone una clara “inadaptación al orden social y jurídico español”. En consecuencia, el alto tribunal andaluz ha concluido que la medida de expulsión resulta proporcional y ajustada a derecho, confirmando igualmente la prohibición de retorno a España y al resto de países del espacio Schengen durante un plazo de ocho años (el periodo máximo son diez). El hombre deberá, además, abonar el pago de las costas, fijadas en un máximo de 500 euros más IVA.

Una pareja de Córdoba -un hombre y una mujer- se enfrenta a más de 70 años de cárcel cada uno por secuestrar y violar a una mujer a la que captaron como vientre de alquiler, una práctica ilegal en España. El juicio iba a celebrarse esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, pero el tribunal tuvo que suspenderlo después de que la acusada no se presentara, por lo que se ha dictado la correspondiente orden de búsqueda y captura.

Se trata del primer caso de vientre de alquiler en Córdoba que trasciende a los medios de comunicación. La calificación del Ministerio Fiscal, a la que ha accedido este periódico, narra un auténtico horror que la víctima habría vivido en apenas ocho días en el primer trimestre de 2022. Ella es una mujer peruana, con muy pocos recursos, que decidió ser vientre de alquiler para esta pareja, pero acabo siendo secuestrada y violada.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de diciembre de 2021, fecha en la que los acusados se pusieron en contacto a través de Facebook con la víctima, que se encontraba en Perú. Ambas partes convinieron un acuerdo económico de entre 15.000 y 20.000 euros a cambio de que la mujer viajara a España, residiera en su domicilio y se quedara embarazada del hombre manteniendo relaciones sexuales. Los procesados también le prometieron ayudarla a obtener los papeles necesarios para residir legalmente en el país.

La víctima aterrizó en el aeropuerto de Sevilla en enero de 2022, donde fue recogida por el matrimonio para trasladarla a su vivienda en Dos Torres. Pese a que la víctima manifestó desde el principio su deseo de que el procedimiento se llevara a cabo mediante inseminación artificial, la pareja se negó por motivos económicos y la obligó a mantener un primer encuentro sexual el 31 de enero.

La víctima fue violada hasta cinco ocasiones

La violencia continuó al día siguiente, el martes 1 de febrero de 2022, cuando la víctima se negó a mantener nuevos encuentros al recordar que el pacto contemplaba una única relación. Ante su negativa, la acusada atemorizó y gritó a la víctima, hizo subir a su esposo al dormitorio y cerró la puerta con llave para que mantuviesen relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Pero los abusos y las coacciones se repitieron en los días sucesivos. El 3 de febrero, y ante una nueva negativa, la acusada amenazó a la víctima con ir a por un cuchillo y matarla. El procesado volvió a agredirla sexualmente y, al no lograr excitarse, su mujer lo masturbó y obligó a la víctima a tumbarse para consumar el acto. El 4 de febrero, la acusada insultó gravemente a la víctima llamándola “puta, zorra, perra” y reiteró que la mataría si no accedía. El acusado volvió a violarla. Como medida de control, el matrimonio cortó el wifi de la vivienda para aislarla de su familia.

El 5 de febrero, al comunicar la víctima que un tío suyo pasaría a recogerla, la procesada enfureció, le propinó un puñetazo en la cara y le aseguró que solo saldría muerta de la casa. Los procesados cerraron todas las puertas de la vivienda y mantuvieron el wifi cortado, obligándola de nuevo a mantener relaciones esa misma noche.

Durante los días 6 y 7 de febrero continuaron las agresiones físicas y sexuales. Según la Fiscalía, la acusada agarró del pelo a la víctima y la golpeó en la cara. En ese instante, el procesado -defendido por la letrada Aurora Díaz- le recriminó su comportamiento. Además, la víctima sufrió una nueva violación después de que la procesada la agarrara del pelo nuevamente. El 8 de febrero, esta mujer la amenazó de nuevo, asegurándole que de la casa no iba “a salir viva”, sino “ahorcada y muerta”. Ese mismo día, aprovechando que los acusados no estaban en la casa, pudo abrir un cerrojo oxidado de una puerta y huir, acudiendo de inmediato a la Guardia Civil.

Las peticiones de pena totales superan los 140 años de cárcel

De acuerdo a este relato de hechos, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 65 años de prisión por los cinco delitos de agresión sexual. Además, solicita 15 años de libertad vigilada posterior, diez de inhabilitación para profesiones con menores y 25 de prohibición de aproximación.

A esta pena hay que sumar otros cinco años para cada uno por detención ilegal. De este modo, por ambos delitos, las peticiones de prisión son de 140 años. Además, la procesada se enfrenta a 15 meses de prisión por tres delitos de amenazas y una multa de 1.080 euros por dos delitos de maltrato de obra.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a seis meses de prisión para una mujer que sustrajo 700 euros en efectivo de una cartera que un cliente dejó olvidada sobre el asiento de una mesa del bingo ubicada en el centro de la capital. La Sección Segunda desestima así el recurso de apelación presentado por la procesada y confirma íntegramente la sentencia dictada por l Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.

Según recoge la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante la noche del 4 de mayo de 2024 en el Bingo Zahira, a donde acudió la víctima acompañada de su esposa. Ya dentro, se sentó en una de las mesas donde también se encontraba la acusada. En un momento dado, el hombre sacó su cartera con la intención de comprar varios cartones de bingo. Al volver a guardarla, por un descuido, la cartera se le quedó sobre el asiento del sillón sin que él se diera cuenta.

A los pocos momentos, el cliente se cambió de sillón, aunque dentro de la misma mesa. Fue entonces cuando la procesada, percatándose de lo ocurrido, acercó la silla en la que había quedado abandonada la billetera, la cogió y sustrajo los 700 euros que había en su interior. De inmediato, devolvió disimuladamente la cartera al asiento de donde la había cogido. Transcurridos solo unos minutos, la víctima se dio cuenta de que no llevaba encima su documentación. Al localizar la cartera en el sillón y comprobar su interior, descubrió que le faltaban los 700 euros que acababa de cobrar previamente por unos trabajos realizados, un dinero que no ha podido recuperar y que sigue reclamando.

El juzgado de instancia la condenó a seis meses de prisión por un delito menos grave de hurto, además de a indemnizar al hombre con el dinero que le sustrajo. En su recurso, la mujer alegó que no había pruebas suficientes para condenarla, que no se había acreditado la existencia del dinero sustraído y que solo se limitó a dejar la cartera en el sillón, sin tocar su contenido. Sin embargo, el tribunal ha considerado de vital importancia el atestado policial y, muy especialmente, las cámaras de seguridad del bingo. En las grabaciones examinadas se observa con claridad cómo la procesada introdujo la mano en la billetera olvidada, extrajo papel moneda y se lo guardó en el interior del sujetador, dejando posteriormente la cartera en el mismo lugar justo antes de que el hombre se diera cuenta de que la había perdido.

Por todo ello, los magistrados han confirmado la sentencia, aunque las costas han sido declaradas de oficio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha abierto la vía del indulto para un padre condenado por no pagar la pensión de alimentos de su hija menor. En la resolución, a la que ha accedido Cordópolis, el tribunal revisa la orden de alejamiento impuesta en primera instancia y plantea la posibilidad de indultar o suspender la pena para evitar que la niña quede desprotegida, dado que en la actualidad convive con él y ostenta su guarda y custodia.

El fallo estima de forma parcial el recurso de apelación presentado por el progenitor y reduce de un año a seis meses la prohibición de acercamiento a la menor al apreciar un defecto procesal en la actuación de la Fiscalía. Al mismo tiempo, la Sala mantiene la pena principal de seis meses de multa y la obligación de indemnizar a la madre con 10.664 euros por las cuotas adeudadas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba aprobó el convenio de divorcio de la pareja, fijando la obligación del padre de ingresar 248 euros mensuales para la manutención de su primera hija, que quedó inicialmente bajo la custodia de la madre. Sin embargo, el padre dejó de ingresar la cuota de marzo de 2021 y desatendió el pago de manera continuada desde abril de 2022 hasta el juicio, celebrado en octubre de 2025. Pese a que la defensa alegó dificultades económicas tras perder su trabajo y tener tres hijos más con su nueva pareja, los magistrados confirman que el acusado alternó empleos con subsidios de desempleo superiores a los 1.000 euros mensuales sin aportar un solo euro a la menor durante más de dos años, por lo que revalidan la condena económica.

La gran paradoja de este procedimiento radica en que, durante los años que tardó en tramitarse la causa penal, la realidad familiar dio un giro de 180 grados: la menor pasó a estar bajo la guarda y custodia legal del padre. Al constatar esta circunstancia antes del juicio oral, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones e interesó la medida de alejamiento exclusivamente respecto de la exmujer.

Atendiendo a esa petición, la jueza de instancia no incluyó a la niña en la orden de alejamiento. Sin embargo, tras notificarse la sentencia inicial, la Fiscalía alegó un supuesto “error material” e impulsó un auto posterior para añadir también la prohibición de acercamiento hacia la menor durante un año.

La Audiencia subraya ahora que esa adición posterior fue irregular porque el juzgado no incurrió en ninguna omisión, sino que se limitó a resolver lo que las acusaciones habían pedido. No obstante, al tratarse de un delito de impago de pensiones, se debe aplicar por ley una orden de alejamiento respecto de la menor. Así, la Sala ha optado por reajustar la orden de alejamiento respecto a la hija, reduciéndola al mínimo legal de seis meses.

Dado que la jurisdicción penal no tiene competencias para retirar o modificar las medidas de custodia -materia reservada en exclusiva a Familia-, los magistrados han apelado directamente al juzgado que deba ejecutar la condena para que suspenda o adapte la pena basándose en el principio del interés superior de la niña, evitando así provocar una situación de indefensión o desamparo a la menor.

Al mismo tiempo, la Audiencia ha abierto la puerta a la tramitación de un indulto parcial ante el Ministerio de Justicia que deje sin efecto la prohibición de acercamiento mientras la menor continúe bajo el cuidado directo de su padre.

El abultado historial del conocido delincuente como El Gamba suma una nueva condena firme. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la resolución impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital, por lo que el procesado encadena su décima condena tras acumular cerca de dos décadas de actividad delictiva.

Los hechos que han motivado esta nueva sentencia se remontan a la mañana del 5 de mayo de 2023. Alrededor de las 9:50, el acusado se desplazó en un turismo hasta una vivienda situada en Almodóvar del Río. Lo hizo conduciendo el vehículo pese a carecer por completo de permiso, al no haberlo obtenido nunca, y acompañado por una mujer cuya identidad no pudo ser determinada.

Una vez en el lugar, saltó la valla perimetral de la finca para acceder al recinto exterior de la propiedad. Ya dentro, desvalijó parte de las pertenencias del inmueble apoderándose de cuatro neumáticos, un juego de llantas de un vehículo Mercedes-Benz, un gato hidráulico y una batería de coche. Para consumar el robo, su acompañante le auxilió desde el exterior recibiendo los objetos por encima del cercado para introducirlos rápidamente en el coche. Ambos se dieron a la fuga a continuación con el acusado nuevamente al volante. Los efectos sustraídos, que no han podido ser recuperados, fueron tasados pericialmente en 817 euros. Por estos hechos, fue condenado a un total de tres años y 11 meses de cárcel, tras aplicársele la agravante de reincidencia.

En su recurso de apelación, la defensa de El Gamba alegó que la pena era desproporcionada y que el inmueble no podía ser considerado una casa habitada. Sin embargo, la Audiencia sostiene que, gracias a las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el inmueble era una parcela. Sobre la desproporción de la condena, el tribunal ha mostrado su “estupefacción”, recordando que la jueza de instancia aplicó directamente el mínimo legal.

Con esta resolución, El Gamba alcanza las diez sentencias firmes desde 2008 y dictadas por órganos judiciales de Córdoba, Posadas y Badajoz por delitos de robo con fuerza, hurtos, sustracción de vehículos y conducción sin carné o con pérdida total de puntos. Además de las penas privativas de libertad, el condenado deberá indemnizar al propietario del chalé con 817 euros más los intereses legales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará la semana que viene a cinco personas que se vieron involucradas en una pelea entre familias en 2025. En total, la Fiscalía pide 26 años de prisión entre todos, así como medidas de alejamiento y libertad vigilada.

Según el escrito del Ministerio Público, en el transcurso de la discusión, ambas familias portaban palos, piedras y cuchillos, agrediéndose mutuamente. Dos de los acusados golpearon con una piedra y con un cuchillo en la cabeza a otro procesado al tiempo que el padre de aquellos golpearon igualmente a este acusado con una hoz atada a un palo.

Durante esta agresión, dos personas acudieron a auxiliarlo, momento en que otro imputado le pegó al ya herido un puñetazo en la boca y con ayuda de un palo de madera asestó a otra persona un golpe en la cara a otra persona. Mientras se producía la pelea, dos de los acusados intentaron acabar con la vida de uno de los implicados en la pelea asestándole dos navajazos y golpeándole la cabeza con un hacha.

En consecuencia, la Fiscalía pide siete años de prisión para dos personas pro un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, solicita una orden de alejamiento y de comunicación con respecto de la víctima durante diez años, junto a la medida de libertad vigilada.

Para esta víctima, que también está imputada, y para otro acusado, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel por un delito de lesiones, así como una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años con respecto de otra víctima a quienes ambos investigados habrían agredido.

En esta última agresión habría participado un último acusado, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión y una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años acusado de un delito de lesiones. Además, se enfrenta a tres años de prisión por otro delito de lesiones y una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones.

Un fallo en la calificación jurídica por parte del Ministerio Fiscal ha librado de la condena a una mujer acusada de gastar casi 11.000 euros de la anciana a la que cuidaba en Córdoba. La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de la procesada, señalando que acusarla de un delito de apropiación indebida en lugar de estafa impide imponerle una pena sin vulnerar sus derechos fundamentales.

Según la sentencia facilitada por el TSJA, los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero de 2021 y julio de 2022, cuando la acusaba cuidado de forma eventual a una mujer nacida en 1938 que vivía sola y cuyo estado de salud era precario. Durante ese tiempo, la cuidadora utilizó la tarjeta de crédito de la víctima para realizar múltiples compras en establecimientos y plataformas online, así como extracciones en cajeros automáticos (en ocasiones por importes superiores a los 400 euros), acumulando un total de 10.875,85 euros. Todas estas operaciones se realizaron sin el conocimiento ni el consentimiento de la titular.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba absolvió a la mujer, fallo que fue recurrido por la Fiscalía ante el TSJA. El Ministerio Público solicitaba que la mujer fuera condenada por apropiación indebida o, de forma subsidiaria, por un delito de estafa impropia, sosteniendo que la víctima le había entregado voluntariamente la tarjeta y el número PIN para hacer frente a los gastos del hogar.

Sin embargo, en la sentencia dictada por el tribunal andaluz se remarca que la resolución de la Audiencia estableció como hecho probado que la procesada usó la tarjeta de forma fraudulenta y sin consentimiento, pero en ningún momento acreditó que la anciana le hubiera entregado de manera voluntaria la tarjeta. Esta distinción es clave: mientras que la apropiación indebida exige que el acusado haya recibido el bien de forma legítima antes de apropiarse de él, el uso engañoso o no autorizado de una tarjeta constituye un delito de estafa.

Ante ello, el tribunal ha confirmado la absolución de la acusada y ha declarado de oficio las costas de la segunda instancia.

La plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a Cajasur Banco a devolver 3.954,40 euros a un cliente que sufrió una estafa informática en su móvil. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, condena además a la entidad al pago de los intereses y de las costas.

Los hechos se remontan a finales de septiembre de 2023, cuando el demandante detectó una serie de cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por un importe total que inicialmente superaba los 18.000 euros. Aunque el banco logró detener y retroceder gran parte de las transacciones sospechosas, rechazó devolver el perjuicio económico final de casi 4.000 euros alegando que el usuario había incurrido en una “negligencia grave” al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, infectando su terminal con un malware que capturó sus credenciales de acceso.

Frente a esta postura, la víctima, defendida por el despacho Cabrera Abogados, acudió a los tribunales sosteniendo que en ningún momento autorizó ni consintió dichas operaciones y que la responsabilidad debía recaer sobre el banco. En el fallo, la jueza recuerda que la responsabilidad en este tipo de operaciones no autorizadas es de carácter cuasi-objetivo para las entidades financieras, a las que corresponde probar que existió fraude o una negligencia grave por parte del usuario.

Además, la sentencia recalca que ser víctima de un engaño cibernético complejo no constituye negligencia grave y cuestiona el intento de la banca de desvincularse de los riesgos del canal móvil. “Ha sido la banca la que principalmente se ha beneficiado de las nuevas tecnologías: su uso le ha permitido abaratar costes mediante el sistema de que sean los clientes los que realicen materialmente las operaciones. Resulta justo que sea el banco el que se haga cargo de ese margen de riesgo que ha introducido el uso de las nuevas tecnologías”, recoge el fallo.

La cantidad que el banco deberá devolver al usuario se ajusta a la cuantía al importe real defraudado tras el bloqueo parcial ejercido por la entidad y las reclamaciones previas. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba.