La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año y seis meses de prisión al cuidador de una mujer por apropiarse de 61.200 euros de su patrimonio mientras esta permanecía sedada durante los últimos días de su vida. El tribunal considera acreditado que el acusado aprovechó el estado de inconsciencia de la víctima para acceder a su banca electrónica y realizar cuatro transferencias de 15.000 euros cada una, además de tres operaciones mediante Bizum por importes de 500, 500 y 200 euros, que fueron ingresadas en una cuenta de su titularidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que la mujer ingresó el 16 de marzo de 2023 en el hospital debido a una grave dolencia que finalmente provocó su fallecimiento el 25 de marzo de ese mismo año. Durante los días previos a su muerte permaneció bajo sedación paliativa y, según los facultativos que la atendieron, había perdido la capacidad de conciencia y no podía manejar un teléfono móvil ni realizar operaciones bancarias.

El acusado llevaba trabajando desde 2009 como empleado doméstico y cuidador de la víctima. Esa relación de confianza hizo que dispusiera de las claves de acceso a la cuenta bancaria de la mujer, además de diversos poderes notariales para determinadas gestiones personales y patrimoniales. Sin embargo, la Audiencia concluye que utilizó esa posición de confianza para acceder a la banca 'online' de la víctima y transferir el dinero a su propia cuenta cuando ella ya no podía decidir por sí misma.

Los magistrados rechazan la versión ofrecida por el acusado, quien sostuvo durante el juicio que el dinero recibido era un “regalito” que la fallecida había querido hacerle antes de morir. La resolución considera esa explicación incompatible con el estado clínico de la mujer, ya que las pruebas médicas y los testimonios del personal sanitario acreditan que permanecía sedada y con la conciencia muy disminuida desde al menos 48 horas antes de su fallecimiento.

La sentencia también descarta que las operaciones pudieran haber sido realizadas por el hermano de la fallecida, como apuntó la defensa. La Audiencia recuerda que este había perdido meses antes los poderes sobre las cuentas bancarias de su hermana y que, además, fue quien presentó la denuncia una vez conocido el movimiento del dinero tras el fallecimiento.

En el momento de su muerte, la mujer había otorgado un testamento abierto, fechado el 2 de marzo de 2023, por el que designaba heredero universal a su hermano y establecía distintos legados en favor de Cáritas Diocesana de la Parroquia de Santas Margaritas y de Cruz Roja de Córdoba. Precisamente estas entidades y el hermano de la fallecida ejercieron la acusación particular durante el procedimiento.

Aunque las acusaciones solicitaron condenas por estafa y administración desleal, la Audiencia entiende que los hechos encajan en un delito de apropiación indebida agravada, al haberse producido una apropiación definitiva del dinero sin que existiera un engaño previo para obtener el desplazamiento patrimonial. Además, aprecia la agravante derivada de que el perjuicio económico superó los 50.000 euros.

Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año y seis meses de prisión, al pago de una multa de siete meses y a indemnizar a los herederos de la fallecida con 61.200 euros, cantidad que deberá incorporarse a la herencia para cumplir la última voluntad testamentaria de la mujer.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de la calle Frailes de Córdoba por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de uno de los residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) habría incumplido durante años el reglamento que regula la bolsa de trabajo de la entidad. Así ha quedado de manifiesto en una sentencia condenatoria después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desgranado la conversación que el trabajador represaliado mantuvo con el director de Recursos Humanos de esta entidad pública.

En esa conversación de abril de 2024, reproducida en el fallo judicial, el director de Personal confesó que, durante los refuerzos realizados por la crisis sanitaria del Covid, “no se respetó la bolsa de trabajo”. Según sus propias palabras, la empresa decidió llamar de manera excepcional a seis trabajadores -entre ellos, el demandante- basándose únicamente en que eran quienes habían prestado servicios más recientemente. Este responsable de Recursos Humanos llegó a reconocer que “lo normal en esa bolsa era trabajar dos y tres meses”. El periodo de tiempo de empleabilidad quedó reflejado en el reglamento de la bolsa de trabajo de 2022, convocatoria en la que participó el demandante.

El directivo justificó este incumplimiento alegando que estos empleados ya contaban con formación previa, lo que evitaba que Emacsa tuviera que invertir tiempo y recursos en instruir a nuevos candidatos que, por orden riguroso de puntuación, tenían más derecho a ser llamados. Según lo recogido en la sentencia, esta gestión arbitraria se habría extendido desde 2020 hasta 2023.

La grabación revela que el directivo utilizó este “favor” para reprochar al trabajador su supuesta “deslealtad” por haber interpuesto una demanda previa por despido improcedente. Durante el encuentro, el responsable de Personal advirtió al operario que, debido a su reclamación judicial, “se le cerraban las puertas para fijo”. Además, el directivo llegó a asegurar que le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros procesos selectivos, dado que él mismo formaba parte de los tribunales evaluadores.

Ante esta afirmación por parte del directivo de Personal, que se le presupone veracidad porque sería extraño que una persona se autoinculpe de una infracción administrativa, este periódico ha formulado varias preguntas a Emacsa: ¿Qué consecuencias ha tenido para este trabajador este incumplimiento? ¿El expediente disciplinario efectuado por la empresa es únicamente por la condena del TSJA o también por la infracción relativa a la bolsa de trabajo? ¿Emacsa ha analizado sus contrataciones para comprobar en cuántos casos se han producido estos incumplimientos?

La empresa pública no ha respondido a estas cuestiones trasladadas por este medio.

La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto a un hombre para quien el Ministerio Fiscal solicitaba penas de hasta un año de prisión por estafa informática y, de forma alternativa, nueve meses por blanqueo de capitales por imprudencia grave. El magistrado ha determinado que no existe prueba suficiente que vincule al acusado con la trama de phishing que sustrajo más de 1.000 euros a una víctima que acabaron en su cuenta bancaria.

Los hechos probados se remontan a abril de 2022, cuando la perjudicada recibió un SMS que suplantaba la identidad del BBVA. El mensaje alertaba de un acceso fraudulento y facilitaba un enlace a una web idéntica a la del banco donde la mujer introdujo sus claves, permitiendo que desconocidos tomaran el control de su cuenta. Inmediatamente, se ordenó una transferencia de 1.105 euros hacia la cuenta del acusado, defendido por el letrado Salvador López Vinuesa.

A pesar de que el dinero llegó a la cuenta del procesado, el magistrado ha considerado que los indicios son insuficientes para condenarlo. En primer lugar, el acusado abrió la cuenta de forma presencial y la utilizaba para sus movimientos cotidianos, por lo que es “contrario a la experiencia humana” que alguien que pretenda ocultar un delito utilice un instrumento tan fácilmente rastreable. En segundo lugar, el dinero transferido por la víctima permaneció en la cuenta durante 19 días sin que el acusado intentara moverlos o esconderlos. Finalmente, fue la propia entidad bancaria la que retrocedió la operación tras la denuncia de la víctima. En tercer y último lugar, no se ha podido probar que el procesado enviara el SMS, creara la web falsa o estuviera concertado con quienes lo hicieron.

Asimismo, el juez ha descartado la acusación de blanqueo de capitales, argumentando que la ley española no castiga la participación imprudente en una estafa y que el dinero no se ingresó para ser “lavado”, sino como parte de la ejecución del fraude mismo. Además, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso se enmarcaría en un “negocio de bagatela” debido a que la cuantía (poco más de mil euros) es “insignificante” para afectar “al orden socioeconómico”, bien jurídico que protege el delito de blanqueo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, confirmando así la condena previa que obliga a la administración local a abonar una importante suma económica a un antiguo trabajador. El fallo ratifica que la institución pública, al actuar como empleadora, está plenamente sometida al derecho laboral y a sus consecuencias por demora en los pagos.

El ingeniero técnico en informática trabajó para el Consistorio entre octubre de 2019 y abril de 2020 mediante un contrato de duración determinada por obra y servicio, con el objetivo de crear y actualizar bases de datos para el Consorcio Orquesta de Córdoba. Dicha contratación se enmarcó en el programa Iniciativas de Cooperación Local, una colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el fomento del empleo. Sin embargo, tras la finalización de la relación laboral, el empleado reclamó diferencias salariales no percibidas conforme al convenio colectivo de aplicación, así como la indemnización correspondiente por la extinción de su contrato temporal.

A pesar de contar con la categoría profesional de ingeniero técnico en informática, el demandante percibía un salario mensual prorrateado de 1.162,50 euros. El empleado reclamó judicialmente las diferencias respecto a lo que legalmente le correspondía percibir según el convenio colectivo extraestatutario aplicable al personal del propio Ayuntamiento, cuantificadas en 14.631,38 euros, a los que sumó 483,49 euros en concepto de indemnización por finalización de contrato. La sentencia original del juzgado de lo Social, ahora confirmada, condena al Ayuntamiento de Córdoba al pago íntegro de dichas cantidades, que son tan elevadas debido al interés del 10% de demora que también ha ratificado el alto tribunal andaluz.

Además del pago de las cantidades adeudadas y los intereses acumulados, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado al abono de las costas del recurso, fijadas en 800 euros (más IVA) en concepto de honorarios para el letrado del demandante.

El 13 de febrero de 2017, un operativo de Vigilancia Aduanera en una nave de la carretera de Alba, en Córdoba capital, parecía haber asestado un golpe al mercado ilícito de tabaco. Los agentes intervinieron 2.713 kilos de tabaco en hoja y picadura pertenecientes a una empresa bajo la sospecha de que se trataba de un delito de contrabando al carecer de las licencias del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Sin embargo, aquel alijo, que la Justicia terminaría declarando totalmente legal años después, nunca pudo ser devuelto a su dueño: acabó convertido en cenizas mucho antes de que se dictara la primera sentencia. Su propietario tampoco ha sido

La destrucción del tabaco no fue una pena anticipada por el supuesto contrabando, sino una medida de urgencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. Apenas un mes después de la incautación, la empresa depositaria de la mercancía informó al juzgado sobre el “alarmante peligro” de que apareciera el insecto lasioderma, una plaga que se expande con extrema rapidez en el tabaco almacenado.

Debido al riesgo de que los bichos infectaran el resto del tabaco legal que la empresa custodiaba en sus instalaciones, el juez se vio “obligado” a autorizar la quema preventiva de la mercancía el 31 de mayo de 2017 para “evitar un mal mayor”. En aquel momento, la instrucción seguía considerando que el tabaco era fruto de una actividad ilícita. Dos años más tarde, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba absolvió al empresario, determinando que la mercancía era de curso legal y no constituía un delito de contrabando. En enero de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó la absolución como después hizo en marzo de 2022 el Tribunal Supremo. Todas las sentencias coincidieron en que el tabaco era de curso legal y que había sido “injustamente destruido” al ser tratado erróneamente como contrabando. El demandante se vio obligado a cerrar su empresa.

Ante ello, el propietario reclamó una indemnización de 416.464 euros al Estado por los daños sufridos que ahora ha rechazado la Audiencia Nacional. En su demanda, el empresario alegó un “funcionamiento anormal” de la Justicia, pero este órgano jurisdiccional ha aclarado que, al proceder el daño de una decisión tomada por un juez -el auto de destrucción-, debería haber reclamado por “error judicial”. Esta vía exige una declaración previa del Tribunal Supremo que certifique que el juez se equivocó, un paso que no se dio.

Además, y según informes periciales, la sentencia señala que el tabaco habría perdido todo su valor comercial “en apenas seis meses” dadas las condiciones de los almacenes donde se custodiaba. Por tanto, para cuando llegó la absolución definitiva años después, el producto ya no habría tenido valor alguno, independientemente de si se hubiera quemado o no. De este modo, para la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción que acordó la destrucción de las hojas de tabaco no actuó con falta de diligencia. Las costas procesales han sido impuestas al empresario.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la Dirección General de la Policía a reconocer como accidente en acto de servicio la grave lesión sufrida por un agente de la Policía Nacional de Córdoba que se cayó con la bicicleta cuando regresaba a su domicilio al finalizar su jornada laboral. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz, estima íntegramente el recurso presentado por el funcionario y anula la resolución administrativa que había rechazado considerar el siniestro como un accidente in itinere, es decir, ocurrido durante el desplazamiento habitual entre el lugar de trabajo y la vivienda del trabajador.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2023. El agente había terminado su servicio de mañana a las 15:00 en la comisaría de Campo Madre de Dios y emprendió el trayecto de regreso a su domicilio, situado en la avenida Gran Vía Parque, utilizando la bicicleta. Según ha quedado acreditad, apenas diez minutos después, sufrió una caída en la avenida Campo Santo de los Mártires al resbalar la rueda delantera sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió un arrancamiento postraumático del bíceps del brazo izquierdo, lesión de la que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía archivó el expediente de averiguación de causas al entender que no existían pruebas suficientes para demostrar que la caída se hubiera producido realmente cuando el funcionario regresaba directamente a su domicilio. En ese sentido, sostenía que el único relato existente era el del propio agente, que no había testigos presenciales y que tampoco podía descartarse que hubiera mediado culpa por su parte. Pero el TSJA ha rechazado esos argumentos. En primer lugar, porque considera acreditado que el policía acudió al servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba poco más de una hora después de finalizar el servicio, desmontando así la tesis utilizada durante la tramitación administrativa de que habían transcurrido casi seis horas entre el accidente y la asistencia médica. Esa conclusión se apoyaba únicamente en un informe posterior de traumatología, mientras que el parte de Urgencias, incorporado posteriormente al expediente, demostraba la inmediatez temporal de la atención sanitaria.

Además, la Sala recuerda que la ausencia de testigos presenciales no basta por sí sola para negar la existencia de un accidente in itinere dado que este tipo de accidentes suelen producirse cuando el trabajador viaja solo y que la prueba puede construirse a partir de un conjunto de indicios suficientemente sólidos. En este caso, la sentencia destaca que no se discute que el agente terminara su jornada a las 15:00, que utilizara la bicicleta para regresar a casa ni que comunicara lo sucedido esa misma tarde tanto a la Sala del 091 como a varios mandos policiales. A ello se suma el informe elaborado por la Unidad Provincial de Sanidad, que apreciaba la relación de causalidad entre la caída y las lesiones sufridas. Todo ello ha llevado al tribunal a concluir que existe prueba suficiente para considerar acreditado que el accidente ocurrió durante el trayecto de regreso al domicilio.

En segundo lugar, la Administración había apuntado que la caída pudo deberse a una conducta negligente del propio policía, pero el TSJA ha recordado que la legislación únicamente excluye la consideración de accidente en acto de servicio cuando exista dolo o una negligencia grave o temeraria, circunstancias que no concurren en este caso.

Por tanto, el alto tribunal andaluz ha concluido que en este caso concurren todos los requisitos legales para reconocer que las lesiones fueron sufridas en acto de servicio, en su modalidad de accidente in itinere, por lo que ha estimado el recurso, ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía y ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, con un límite de 300 euros más IVA.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a una vecina que se cayó al suelo, junto con su hija menor, cuando ambas iban en moto por el Pasaje Pantoja. Según el fallo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba, el Consistorio deberá abonarle 2.590,62 euros, una cantidad sustancialmente inferior a los 5.339,22 euros inicialmente reclamados debido a una concurrencia de culpas y a la falta de acreditación de las facturas de reparación.

El siniestro se produjo cuando la demandante circulaba a escasa velocidad -apenas 10 km/h al estar saliendo de su garaje- a la altura del número 9 del Pasaje Pantoja de la capital cordobesa. En ese punto, la calzada presentaba una deformidad provocada por el empuje de las raíces de un árbol, lo que había levantado una placa de hormigón, generando un desnivel de unos cinco centímetros. Al pasar por encima, la conductora perdió el control del ciclomotor, yéndose al suelo junto a su hija menor.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la reclamación de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa, la afectada acudió a los tribunales para solicitar una indemnización. Aunque el magistrado le ha dado la razón, solo en parte, ya que ha considerado que la mujer conocía el lugar y debió haber sido más diligente. Así, la demandante residía a escasos metros de donde se ubicaba el resalte. Al ser un lugar de paso habitual de entrada y salida, el juez ha determinado que la conductora “debía conocer el mal estado de la calzada”. Además, dado que el accidente ocurrió a plena luz del día y circulando a velocidad reducida, el fallo ha concluido que la víctima “debió extremar las precauciones al circular por él o atravesarlo en su lugar de menor desnivel para así no perder el equilibrio”.

Pese a todo, el magistrado ha decretado una concurrencia de culpas al 50% entre el Consistorio y la conductora. En cuanto a la cuantificación económica, el tribunal ha validado íntegramente las indemnizaciones por las lesiones físicas de la madre (2.934,22 euros) y de su hija (1.285,56 euros), al estar respaldadas por informes de alta de Urgencias, así como los 36,30 euros correspondientes al coste de la elaboración del presupuesto del taller.

La controversia económica llegó con los daños materiales de la motocicleta. La demandante exigía el abono de la tasación pericial, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, el magistrado ha recordado que el IVA es un tributo intrínsecamente ligado a una transacción real y efectiva de bienes o servicios. Al haber aportado únicamente un presupuesto y ninguna factura que acreditase el desembolso y la reparación real del vehículo, el juez ha denegado la inclusión de dicho impuesto.

De este modo, la suma total de daños personales y materiales quedó fijada en 5.181,24 euros. Al aplicarse la reducción del 50% por la concurrencia de culpas, la condena final impuesta al Ayuntamiento se situó en 2.590,62 euros, cantidad a la que se añadirán los intereses legales pertinentes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la exclusión del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en la causa del accidente ferroviario de Adamuz en un auto reciente, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra una decisión previa del juzgado de Montoro.

El tribunal ha seguido exactamente la misma línea que el auto dictado anteriormente para el Ayuntamiento de Punta Umbría, que también solicitó personarse en la causa. Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro dictó un auto denegando la personación del consistorio onubense. El Ayuntamiento de Huelva interpuso un recurso de reforma y, posteriormente, un recurso de apelación, alegando su interés en la causa y basándose en informes de Servicios Sociales sobre la asistencia prestada a las víctimas de los hechos investigados

Sin embargo, los magistrados han confirmado el auto de Montoro, fundamentado su decisión en una doctrina jurisprudencial consolidada que observa con cautela cómo las administraciones locales intentan intervenir en procesos donde no son víctimas directas. En el texto, los magistrados señalan que “en los últimos tiempos se ha visto en la doctrina, con preocupación, que las personas jurídicas públicas parecen haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales en los que no tienen la condición de ofendidos ni de perjudicados”. Esto llevaría a lo que se conoce como “hipertrofia acusatoria” y a que el proceso sea más lento y afecte a los derechos del acusado, quien “debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública”, las cuales “no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares”. Para la Audiencia, es imperativo garantizar que “ninguna persona pueda verse acusada por una parte que carece de condiciones para ello”, asegurando así el principio de igualdad de armas.

El Ayuntamiento de Huelva había intentado justificar su presencia en la causa basándose en la asistencia prestada a los vecinos afectados a través de los Servicios Sociales. Sin embargo, el tribunal ha afirmado que dicha labor, aunque positiva, no otorga derechos procesales automáticos: “La prestación de asistencia por parte del Consistorio a los vecinos y familias afectados por los hechos no hace desplazar la ausencia del presupuesto legitimador por más encomiable y así lo es que sea dicho apoyo”. El auto aclara que la legitimación de una entidad local “no nace per se por la afectación de vecinos del municipio”.

Finalmente, la Audiencia concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que “los perjudicados están personados en la causa en defensa de sus derechos y, aunque huelgue decirlo, el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses que constitucionalmente le están encomendados”. Con esta resolución, se confirma que el Consistorio onubense carece de legitimación para ejercer la acción popular en este caso concreto, sin que se hayan impuesto costas procesales por esta apelación.

Así las cosas, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría quedan definitivamente fuera de la causa como acusación popular. Asimismo, también fueron rechazadas las solicitudes de personación del sindicato Alferro y de Iustitia Europea. Por el contrario, la jueza de Montoro sí ha admitido las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, además de la personación de la Junta de Andalucía como actor civil.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado la demanda presentada por una vecina que reclamaba al Ayuntamiento una indemnización de 10.082 euros por las lesiones sufridas tras una caída en una acera de la ciudad, al considerar que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración y que el accidente se produjo en un lugar donde el desperfecto era perfectamente visible y evitable.

La sentencia, dictada el pasado 1 de julio, confirma íntegramente la resolución municipal que había rechazado previamente la reclamación de la afectada y declara que la actuación del Consistorio fue conforme a Derecho. Además, no impone las costas del procedimiento al entender que existen dudas jurídicas derivadas de resoluciones judiciales contradictorias sobre casos similares.

El origen del litigio fue una caída sufrida por la demandante sobre las 14:30, a plena luz del día, en una acera que presentaba un levantamiento provocado por las raíces de un árbol. Durante el procedimiento ha quedado acreditado que el desperfecto ocupaba aproximadamente una superficie de 80 por 80 centímetros y que el desnivel máximo apenas alcanzaba los 2,5 centímetros en una de las baldosas. Además, el juzgado ha considerado probado que existía espacio suficiente para transitar sin necesidad de pisar la zona deteriorada.

En el fallo, el magistrado ha repasado la doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y, aunque ha recordado que el sistema español establece una responsabilidad de carácter objetivo, también ha insistido en que ello no significa que cualquier accidente ocurrido en la vía pública genere automáticamente el deber de indemnizar.

Por todo ello, el magistrado ha concluido que la demandante “debió extremar las precauciones, evitando pasar por esa parte de la acera y limitándose a la que se encontraba en buen estado o caminar con la debida precaución”, confirmándose así la legalidad de la resolución municipal que denegó la indemnización solicitada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha anulado la sanción de 602 euros impuesta por el Ayuntamiento a una empresa subrayando que la Administración vulneró el principio de confianza legítima al no realizar un requerimiento previo como era habitual, estimando íntegramente el recurso de la mercantil.

Los hechos se remontan a una inspección de la Policía Local realizada tras un aviso de la empresa municipal Sadeco. El agente actuante comprobó que el terreno, una zona de jardín vallada, presentaba una “abundante presencia de vegetación seca”, lo que suponía un peligro potencial de incendio para las fincas colindantes y un incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana (OMHU). Aunque el Ayuntamiento intentó defender la legalidad de la multa argumentando que la ordenanza no obliga estrictamente a formular un requerimiento previo para sancionar, el tribunal ha centrado su análisis en el comportamiento histórico del Consistorio.

De hecho, esta ha sido también la línea de defensa de la empresa sancionada, que alegó que el Ayuntamiento vulneró el principio de buena fe y confianza legítima, ya que la práctica habitual del Consistorio siempre consistía en avisar primero al propietario para que limpiara el solar antes de iniciar un expediente sancionador.

Para demostrar este punto, la defensa de la empresa ha aportado una relación de 186 expedientes de Sadeco relativos a otros solares donde, en todos los casos, se había dictado un requerimiento previo a los dueños. Además, constaba que al propio representante de la empresa se le había enviado un aviso similar en el pasado para otras actuaciones.

De este modo, el magistrado ha concluido que, si bien la Administración tiene potestad para cambiar sus regulaciones, no puede adoptar medidas contrarias a la estabilidad que sus propias decisiones previas han inducido en los particulares. En este caso, la empresa esperaba un aviso de limpieza y no la “incoación directa de un procedimiento sancionador”.

Por todo ello, la sentencia ha declarado la nulidad de la sanción por no ser conforme a Derecho y ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba al pago de las costas procesales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha incoado diligencias previas para investigar si el alcalde de Obejo, Pedro López Molero (PP), incurrió en un presunto delito de prevaricación administrativa por la tramitación del proceso extraordinario de estabilización de una plaza de conductor de autobús y microbús del Ayuntamiento.

El regidor estaba llamado a declarar el 16 de julio, si bien, en declaraciones a Cordópolis, ha indicado que finalmente será el próximo mes de noviembre, después de que la comparecencia inicialmente prevista para julio fuera aplazada por la saturación del juzgado.

La investigación parte de la denuncia presentada por un ciudadano que participó en el proceso selectivo convocado por el Consistorio en 2022 y que sostiene que toda la actuación administrativa estuvo dirigida a que una trabajadora que ya ocupaba el puesto mediante contratos temporales obtuviera definitivamente la plaza como personal laboral fijo, circunstancia que finalmente se produjo en noviembre de 2024.

La denuncia no cuestiona únicamente el resultado del concurso de méritos, sino todo el procedimiento previo. El denunciante sostiene que las bases de la convocatoria fueron diseñadas para favorecer a esa aspirante al otorgar 0,026 puntos por cada día trabajado en el Ayuntamiento de Obejo, frente a 0,005 puntos por día en cualquier otra administración pública, sin valorar en ningún caso la experiencia profesional en empresas privadas. A su juicio, ese sistema hacía “imposible” que cualquier candidato ajeno al Consistorio pudiera competir en igualdad de condiciones.

Además, mantiene que la plaza nunca debió incluirse en el proceso extraordinario de estabilización previsto por la Ley 20/2021, al no cumplir el requisito de haber estado ocupada de forma ininterrumpida por personal temporal durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Según expone, entre los distintos contratos temporales existieron periodos en los que el puesto permaneció vacante, lo que impediría acogerse a ese procedimiento excepcional.

La denuncia también pone el foco en las sucesivas contrataciones temporales de la misma trabajadora desde 2017, que considera carentes de la publicidad y concurrencia exigibles, y concluye que todas esas actuaciones respondían a un mismo propósito: consolidar definitivamente a esa empleada en el puesto, privando al resto de aspirantes de concurrir en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

La defensa del alcalde

En conversación con este periódico el pasado 26 de junio, Pedro López Molero rechazó cualquier actuación arbitraria y defendió que la decisión de incluir la plaza en el proceso extraordinario de estabilización no correspondió a la Alcaldía.

“El alcalde no estabiliza. Eso es un informe de Secretaría”, afirmó el regidor, quien aseguró que fue el secretario municipal quien determinó qué puestos reunían los requisitos para acogerse al proceso extraordinario previsto por el Estado. Asimismo, sostuvo que el Ayuntamiento contaba con el respaldo jurídico de la Diputación de Córdoba y que el conflicto radica únicamente en la discrepancia del denunciante sobre si la plaza debía haberse cubierto mediante un procedimiento ordinario o mediante estabilización.

Durante esa conversación, López Molero se comprometió a remitir a este periódico el informe de Secretaría en el que, según aseguró, se fundamentó la inclusión de la plaza investigada en el proceso extraordinario de estabilización. Sin embargo, transcurridas dos semanas desde aquella conversación, el alcalde todavía no ha facilitado dicho documento, por lo que este periódico no ha podido comprobar el contenido del informe al que alude su defensa.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción y será la autoridad judicial la que determine, tras la práctica de las diligencias acordadas, si existió alguna actuación contraria a derecho en la tramitación de este proceso selectivo.

Dos hombres han sido condenados, a través de una sentencia de conformidad, a una peña de un año y medio de prisón y al pago de una multa de 100 euros después de que fueran sorprendidos por agentes de la Policía Nacional cuando vendían droga en la Feria de Córdoba.

La sentencia de la Sección Segunda Provincial ha considerado probado que ambos actuaban de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico. Sobre las 2:00 del 21 de mayo de 2024, lograron vender varias dosis de droga a dos compradores, que pagaron diez euros cada uno por las sustancias adquiridas.

Minutos después, los agentes de la Policía Naiconal interceptaron a los dos sospechosos y comprobaron que uno de ellos todavía llevaba encima 14 pastillas de MDMA, resina de cannabis y una navaja. Según la valoración pericial incorporada al procedimiento, toda la droga alcanzaba un precio de venta en el mercado ilícito de 329,74 euros, de los que más de 316 euros correspondían al éxtasis.

Durante la vista, los dos acusados han reconocido los hechos, aceptando la calificación del Ministerio Fiscal tras aplicarse la atenuante analógica de toxifrenia. Además del año y medio de prisión y la multa, ambos condenados deberán asumir la mitad de las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado esta semana a un hombre a una pena de cuatro años y seis meses de prisión después de que abusara, al menos en una ocasión, de la hija de su entonces pareja cuando la menor tenía entre seis y ocho años.

La pareja sostuvo una relación sentimental durante dos años hasta 2016, conviviendo en un piso de la capital cordobesa junto a los dos hijos menores de la mujer. El hombre, que en marzo de 2016 fue condenado a prisión por agredir a esta mujer, aprovechó la relación de afectividad y confianza que mantenía con la hija de su pareja -quien entonces tenía entre seis y ocho años- y le pidió un día que fuera a su dormitorio. Cuando la niña llegó a la estancia, el condenado le practicó sexo oral aprovechando que la madre dormía en el salón debido al deterioro de la relación. El tribunal ha considerado probado que este abuso constituyó una “manifestación perversa de la sexualidad” y un ataque grave a la indemnidad sexual de la niña.

La menor no fue consciente del significado de lo que había vivido hasta que, estando en Primaria, recibió formación en educación sexual en el colegio. A pesar de comprender entonces la gravedad de los hechos, decidió guardarlos en silencio durante casi una década para evitar aumentar el sufrimiento de su madre porque la ruptura con el acusado fue realmente traumática. Finalmente, la confesión se produjo de manera involuntaria en febrero de 2023, cuando la menor, ya siendo adolescente, reveló los abusos en un estado de embriaguez. Esta confesión motivó la denuncia inmediata ante la Policía.

El tribunal ha fundamentado la condena principalmente en el testimonio de la víctima, el cual considera “sereno, contundente y exento de cualquier estridencia”. Los magistrados destacan la sinceridad de la joven, quien no dudó en admitir sus dudas sobre si los hechos ocurrieron en más de una ocasión, lo que reforzó su credibilidad ante el tribunal al alejarse de un relato “ideado o inducido”. Sin embargo, para la defensa, la denuncia de este abuso sexual respondía a un resentimiento económico de la madre, argumento que la Audiencia ha desestimado por considerarlo inverosímil, señalando que no tiene sentido esperar siete años tras la ruptura para interponer una denuncia falsa utilizando a su hija. Además, peritos psicológicos confirmaron que la víctima presentaba síntomas compatibles con el trauma vivido, como asco, vergüenza y rechazo a la figura masculina.

Junto a la pena de cárcel, el fallo ha impuesto al condenado dos años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años; y el pago de la mitad de las costas procesales. Por último, la Audiencia lo ha absuelto del carácter continuado del delito que solicitaban las acusaciones al existir dudas razonables sobre si los hechos se repitieron en el tiempo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente las penas de prisión para dos hombres por un robo con fuerza cometido en una vivienda en noviembre de 2022. Hay que señalar que, en el caso de uno de los procesados, esta es su octava condena por delitos de robo.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos ocurrieron sobre las 15:30 del 12 de noviembre de 2022. Según los hechos probados, los acusados se desplazaron en coche hasta una avenida de un pueblo de Córdoba. Mientras uno realizaba labores de vigilancia desde el vehículo, el otro saltó una puerta metálica y accedió a una terraza trasera. Allí forzó la puerta de un trastero y sustrajo una bicicleta de carretera marca Scott, junto con un casco, zapatillas, gafas de ciclista y un cuentakilómetros, todo ello valorado en 1.435 euros. Inmediatamente después, ambos vendieron todo lo robado.

Por estos hechos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a ambos y el TSJA acaba de ratificar el fallo. Así, uno de ellos ha sido condenado a tres años y un día de prisión después de que se le haya aplicado la agravante de multirreincidencia, ya que el acusado contaba con una trayectoria delictiva de siete condenas previas firmes por delitos similares entre 2019 y 2022. Por estas condenas, sobre el procesado pesaban en total nueve años y cinco meses de prisión.

Por su parte, el segundo implicado ha sido condenado a dos años de prisión como copartícipe, al considerarse probado que existía un “concierto previo” y un reparto de funciones entre ambos para perpetrar el robo. Además de las penas de cárcel, ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al propietario con 1.435 euros por los objetos sustraídos y no recuperados. Contra esta sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena impuesta a un conductor por un delito leve tras la desaparición de un dispositivo de inmovilización propiedad del Instituto Armado. La resolución judicial desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa, confirmando que el acusado actuó con conocimiento y voluntad de apropiarse del dispositivo.

El incidente tuvo su origen la madrugada del 19 de junio de 2025. Alrededor de las 1:56, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil detuvo un coche en el kilómetro 359 de la carretera A-4. Tras realizar las pruebas pertinentes al conductor, se constató un triple positivo en cocaína, THC (cannabis) y anfetaminas. Ante el riesgo que esto suponía para la seguridad vial, los agentes procedieron a la inmovilización inmediata del vehículo utilizando un cepo oficial. Según recoge la sentencia, el conductor fue “debidamente enterado de las consecuencias legales del quebrantamiento de la inmovilización” en ese mismo momento.

La sorpresa para la Guardia Civil se produjo semanas después. El 15 de agosto de 2025, sobre las 9:00, una patrulla de tráfico regresó al lugar de la inmovilización para comprobar el estado del vehículo. Sin embargo, el coche ya no estaba allí y el dispositivo inmovilizador de la Guardia Civil también había desaparecido, desconociéndose actualmente su localización.

Además de la multa, el condenado deberá indemnizar a la Guardia Civil con poco más de 30 euros, cantidad en la que se ha valorado el dispositivo inmovilizador sustraído, y tendrá que abonar el pago de las costas. La sentencia es firme.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado el próximo 19 de octubre como la fecha de inicio de las sesiones del juicio contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. El proceso se llevará a cabo bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado y, aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio.

Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, R.R.E. se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa de J.M.P. ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. La defensa asegura que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.