La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles el juicio contra los integrantes de una red de blanqueo de capitales desarticulada por la Guardia Civil en la Operación Carrus. La vista –que estaba prevista para tres jornadas– se ha zanjado tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los procesados, quienes han reconocido formalmente su participación en los hechos tras aplicárseles a todos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los hechos que han sido juzgados se remontan a 2018, cuando la Guardia Civil desarticuló una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico del Estrecho de Gibraltar. El modus operandi era la compra vehículos de alta gama a través de empresas pantallas ubicadas en Córdoba. Aunque los coches se ponían a nombres de los acusados, los usaban los narcotraficantes. Al inicio de la sesión, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación formal contra tres de los encausados –V. R., R. P. y J. L. S.–. Para los otros 13 procesados en la causa, las condenas finales -entre nueve y un año de cárcel- han supuesto una importante rebaja frente a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que solicitaba entre cinco y seis años de prisión para cada uno de ellos.

Las condenas impuestas por el tribunal llevan aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, industria o comercio relacionada con la compraventa e importación de vehículos. Esta medida busca impedir legalmente que los condenados puedan volver a administrar, constituir o participar en empresas del sector automovilístico o mercantil para realizar operativas similares.

El considerado líder y principal administrador de la red societaria, R. M. R., y su cómplice, M.M. R., han sido condenados a una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros y 32.571,07 euros, respectivamente. Sobre el resto de los procesados, la Audiencia ha agrupado las sanciones fijando diez meses de prisión para la práctica totalidad de ellos, diferenciando los importes de las multas según el nivel de implicación acreditado.

Así, dos acusados han sido condenados a diez meses de cárcel y una multa individual de 32.571,07 euros. En un segundo grupo, otros dos procesados han aceptado penas de diez meses de prisión y multas fijadas en 1.500 euros cada uno. Por su parte, otros dos han sido condenados a diez meses de prisión con sanciones pecuniarias de mayor cuantía: 4.000 euros para el primero, 50.000 euros para el segundo y 75.000 euros para el tercero.

Finalmente, para el último condenado se ha establecido la pena privativa de libertad más baja, fijada en nueve meses y 22 días de prisión, junto a un año de inhabilitación y una multa simbólica de un euro al no haberse podido determinar el número exacto de operaciones en las que intervino ni la cuantía económica precisa que manejó o se llevó. Dado que el Código Penal español exige que el delito de blanqueo conlleve una multa económica, además de la pena de prisión, la Fiscalía ha cumplido este trámite exigiéndole esta multa simbólica.

La Audiencia suspende la ejecución de la pena a todos los condenados

Tras la imposición de las penas, el tribunal ha dictado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión para todos los condenados tras contar con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía. El plazo de suspensión ha quedado fijado en tres años para R. M. R. y en dos años, para los demás procesados. No obstante, al constar antecedentes penales en las hojas del historial delictivo de este procesado y de otros dos, el tribunal ha supeditado la suspensión de la pena al cumplimiento adicional de trabajos en beneficio de la comunidad: cuatro meses en el caso de R. M. R., y dos meses para los otros dos. Además, las defensas dispondrán de un plazo de 10 días para presentar ante la Audiencia un calendario de pago fraccionado de las multas.

Una red de alcance nacional con base societaria en Córdoba

Las investigaciones policiales arrancaron en el marco de los dispositivos de la Guardia Civil para combatir las estructuras financieras del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Agentes de la Comandancia de Algeciras detectaron un concesionario que suministraba vehículos de gran cilindrada tanto al cabecilla de esta red, R.M. R., como a los líderes de otros clanes de la zona.

La organización criminal, conocida entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar como el clan Baba, llegó a blanquear más de 5,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en el conjunto de sus operaciones. Aunque la trama no blanqueó la totalidad de ese dinero únicamente en Córdoba, la provincia funcionaba como la base neurálgica societaria de la red: el jefe del entramado administraba desde tierras cordobesas varias empresas pantalla dedicadas a la importación y compraventa de automóviles de alta gama desde Alemania, cuyos costes por unidad superaban habitualmente los 100.000 euros.

El modus operandi consistía en registrar y mantener formalmente los coches a nombre de los acusados o de las sociedades intermediarias durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, la Guardia Civil constató que los vehículos eran entregados directamente a conocidos narcotraficantes e integrantes de clanes del Estrecho para su uso cotidiano. De este modo, los delincuentes lograban disfrutar de un elevado patrimonio sin vinculación directa ni levantar sospechas ante la Hacienda Pública.

Dado el alcance de la red, la Operación Carrus conllevó la detención de 88 personas y la investigación de otras 19 en múltiples puntos de la geografía nacional, como Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Madrid, Barcelona, Alicante, Ceuta, Pontevedra o Ciudad Real. La operativa global incluía el movimiento de fondos a través de más de 48 cuentas bancarias, habiéndose intervenido en los registros dos inmuebles, 37 vehículos de alta gama, una motocicleta y diverso material informático.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena de dos años de prisión a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio por un delito de estafa a un matrimonio de ancianos al que atendía en su vivienda de Villanueva del Duque. La empleada aprovechó la relación de confianza y el acceso al inmueble para hacerse con la tarjeta de débito y el número PIN de la pareja y realizar varios reintegros de dinero en cajeros automáticos sin su consentimiento.

La resolución desestima de forma íntegra los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de la procesada como por la acusación particular, la cual ejercen las herederas del matrimonio, ya fallecido. Según consta en el relato de hechos probados, la procesada desempeñaba labores de limpieza y cuidado en el domicilio del matrimonio. En ese contexto, y sin contar con autorización de los titulares ni de su entorno familiar, la acusada cogió la tarjeta de crédito y el código PIN secreto de la pareja.

Con dicha tarjeta, la cuidadora realizó tres extracciones de dinero consecutivas a espaldas del matrimonio en cajeros automáticos durante el mes de mayo de 2021 que sumaron un total de 2.000 euros. Durante la causa, la investigada admitió haber realizado esas tres operaciones en el cajero, pero defendió que contaba con el permiso verbal del anciano para sacar el dinero a escondidas de su esposa.

Sin embargo, el tribunal ha hecho suyos los argumentos de la jueza de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, quien tachó esta coartada de “absurda e inverosímil”, apoyándose en la declaración de la sobrina-nieta del matrimonio. Esta familiar explicó durante el juicio que su tío siempre acudía en persona al cajero cuando necesitaba disponer de efectivo -permaneciendo al menos dentro del vehículo mientras la empleada le asistía- y que jamás realizaba retiradas de esa cuantía ni en esas fechas.

Junto a la condena ratificada, la acusación particular solicitaba en su recurso de apelación elevar la cuantía indemnizatoria hasta los 5.600 euros o decretar la nulidad parcial del fallo. Su objetivo era atribuir a la procesada otros tres reintegros sospechosos detectados en el mismo periodo (1.000 euros el 31 de mayo, 1.000 euros el 8 de junio y 600 euros el 25 de junio de 2021). En este caso, la Audiencia ha aplicado el principio de duda razonable que ya utilizó el juzgado de instancia sobre esas cantidades. Así, la Sala ha argumentado, por un lado, que sobre estas operaciones no existía confesión de la investigada, y, por otro, que las acusaciones renunciaron expresamente en el juicio a la reproducción de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. Esta renuncia impidió que el material videográfico pudiera contrastarse en el plenario para identificar de forma fehaciente al autor de esas extracciones de dinero.

Además de los dos años de prisión, la condenada tendrá que indemnizar con 2.000 euros a los herederos de las víctimas.

Córdoba continúa situándose a la cabeza de Andalucía en la aplicación de la permanencia de fin de semana a menores infractores, una medida sancionadora conocida coloquialmente como el “arresto en casa”. Según los datos del informe Justicia Juvenil 2026, elaborado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), los juzgados de menores de la provincia impusieron un total de 50 medidas de este tipo en 2025, lo que representa un crecimiento del 22% respecto a las 41 dictadas en el ejercicio de 2024.

Con estos registros, Córdoba consolida su papel como el principal territorio andaluz donde se recurre a esta herramienta, al concentrar el 65,8% de todas las permanencias de fin de semana impuestas en la comunidad autonómica (50 sobre un total regional de 76). Aunque la cuota porcentual ha descendido frente a 2024 -año en el que la provincia acaparó el 80,4% de las 51 medidas dictadas en toda Andalucía según este mismo Observatorio-, Córdoba se mantiene a gran distancia de otros territorios donde la aplicación de este castigo es testimonial o nula.

Una comparación de este informe con el de 2024 permite observar un aumento de hasta el 22% en la aplicación de esta medida. Por otro lado, mientras que las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad se han reducido un 20,7% (pasando de 58 casos en 2024 a 46 en 2025), han aumentado las sanciones con un perfil pedagógico y de control del tiempo libre, como las tareas socioeducativas (que crecen de 53 a 65 casos) y el propio arresto en el domicilio los fines de semana (de 41 a 50). La medida más impuesta en la provincia sigue siendo la libertad vigilada, que subió de 96 a 113 casos en el último periodo analizado.

¿En qué consiste y cuándo se aplica la permanencia de fin de semana?

Esta medida de medio abierto se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Según contempla su artículo 7, la permanencia de fin de semana obliga al joven a permanecer en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas consecutivas, comprendidas entre la tarde del viernes y la noche del domingo.

El objetivo de la ley es penalizar al menor privándole de su tiempo de ocio y de relación con su grupo de amigos, momento en el que se suelen desencadenar la mayoría de estas conductas delictivas. Al mismo tiempo, la ley garantiza que la sanción no interfiera con sus obligaciones cotidianas, permitiendo que el joven continúe asistiendo con normalidad al colegio, instituto o puesto de trabajo de lunes a viernes.

Los tribunales recurren a este “arresto de fin de semana” principalmente ante infracciones de carácter leve o medio, como actos de vandalismo urbano, pequeños robos, hurtos, daños a la propiedad o altercados. Según fija la LORPM la duración de esta sanción no puede superar los ocho fines de semana para infracciones leves o cometidas por menores de 14 y 15 años, pudiendo extenderse hasta un máximo de 16 fines de semana en supuestos de mayor gravedad o en menores de 16 y 17 años.

La delincuencia entre la población de 14 a 17 años en 2025 muestra dos realidades contrapuestas y complejas en la provincia de Córdoba. Por un lado, la evolución a largo plazo refleja un importante avance social: el número total de jóvenes condenados con sentencia firme se ha reducido un 31,2% en la última década, en consonancia con la tendencia descendente observada en el conjunto de Andalucía. Sin embargo, la lectura del informe monográfico Justicia Juvenil 2026, publicado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), saca a la luz una vertiente preocupante: los delitos de naturaleza sexual han ganado un peso sin precedentes en la justicia juvenil cordobesa.

De acuerdo con el estudio de la institución autonómica, el 5,9% de los adolescentes varones condenados en Córdoba lo fue por haber cometido alguna infracción o agresión sexual. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa en la segunda posición de toda Andalucía -empatada con la provincia de Málaga (5,9%) y únicamente superada por Jaén, donde este tipo de conductas alcanza el 9,6% de las condenas-. La proporción en Córdoba supera con claridad la media registrada en otros territorios andaluces de mayor tamaño, como Sevilla (4,7%), Granada (3,9%) o Cádiz (3,1%). En términos absolutos dentro de la comunidad, Córdoba representó el 10,5% de todas las personas jóvenes condenadas por delitos sexuales en la región, así como el 12% del total de las infracciones penales de esta índole cometidas en Andalucía.

Al poner estos datos con los de 2024, la evolución revela un salto brusco en la provincia. En solo doce meses, la proporción de adolescentes condenados por delitos sexuales en Córdoba se ha duplicado, pasando del 2,9% registrado en 2024 al 5,9% en 2025. Esta acusada subida ha provocado que la provincia escala de forma notable en el mapa autonómico de la violencia sexual juvenil: si en 2024 Córdoba figuraba en el sexto lugar de Andalucía, en el último informe ha pasado a ocupar el segundo puesto. Paralelamente, la representación cordobesa sobre el total de menores condenados por delitos sexuales en la región ha pasado del 5,1% al 10,5%, mientras que las medidas judiciales impuestas por los juzgados cordobeses por esta causa casi se han duplicado, al pasar de suponer el 5,4% al 10,2% del total andaluz.

Deriva autonómica y perfil nacional de las agresiones

La situación observada en los Juzgados de Menores de Córdoba no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una preocupante deriva autonómica y nacional. En el ámbito andaluz, las condenas a menores por delitos sexuales se han incrementado un 120% desde el año 2017, pasando de 52 condenas registradas al inicio de la serie histórica a 114 en el último ejercicio analizado.

A nivel estatal, donde el número de adolescentes condenados por este motivo ascendió a 584, la tipología de estos delitos revela una clara prevalencia de las agresiones sobre menores de 16 años (representando el 58,4% del total de los casos nacionales, de las cuales el 85,7% fueron agresiones sexuales y el 14,3% violaciones). El resto de las infracciones corresponden a agresiones sexuales a mayores de esa edad (29,7%), delitos de prostitución y corrupción de menores (7,7%), exhibicionismo y provocación sexual (4,0%) y acoso sexual (0,1%).

Más allá del dato relativo a las agresiones sexuales, el informe del Observatorio ofrece mucha más información. Durante el último año en Córdoba, un total de 204 menores de edad resultaron condenados en sentencia firme. De ellos, 181 fueron chicos y el resto, chicas. Por tramos de edad, la mayor concentración de condenas se registró entre los jóvenes de 16 años (62 menores, equivalente al 30,4%) y los de 17 años (57 casos). Por su parte, los adolescentes de 15 años sumaron 43 condenas, mientras que a los 14 años —la edad mínima legal de responsabilidad penal en España— se computaron 41 sancionados en la provincia.

A pesar de que el número absoluto de condenados confirma el descenso progresivo respecto a la década anterior, la intensidad de las infracciones en la provincia continúa en niveles comparativamente altos. Con 12,01 infracciones penales por cada 1.000 adolescentes censados, Córdoba se consolida como la tercera provincia de Andalucía con mayor tasa de infracciones juveniles. La ratio cordobesa se ubica solo por detrás de las provincias de Granada (15,45 por cada 1.000) y Cádiz (13,69), superando holgadamente a provincias más pobladas como Málaga (9,68) o Sevilla (5,93).

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un hombre que había sido condenado en primera instancia por un delito leve de lesiones tras morder a su sobrino de siete años en la cara y en la cabeza mientras ambos jugaban al escondite. Para el tribunal, no ha quedado probada la intención explícita de lesionar al menor, aplicando el principio in dubio pro reo a favor del acusado.

Los hechos se remontan a la tarde del 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones del Punto de Encuentro Familiar de Córdoba. El menor acababa de completar el régimen de visitas con su padre y se encontraba en la plaza anexa al edificio junto a su progenitor, su abuela y su tío. Mientras esperaban la hora fijada para la entrega del niño a la madre, el tío y el menor estuvieron jugando al escondite.

Durante el transcurso del juego, el hombre le propinó al niño al menos un mordisco en la cara y entre uno y tres en la cabeza. A consecuencia de ello, el menor sufrió dos lesiones en la mejilla izquierda que precisaron de una única asistencia facultativa y tardaron dos días en curar. Por estos hechos, la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba impuso inicialmente al tío una multa de 240 euros en total y el pago de una indemnización de 80 euros a favor del niño.

Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado. En la resolución, el magistrado ponente ha aclarado que la sentencia de instancia obvió la necesidad de probar el ánimo de lesionar para poder formular una condena de esta magnitud.

Además, el fallo ha razonado que, si bien en situaciones de conflicto o animadversión previa la existencia de una huella física permite deducir la intención de agredir, en un contexto estrictamente lúdico como este, la dinámica es distinta. Por tanto, para el tribunal, las marcas sufridas por el niño son compatibles con una culpa consciente o con un exceso en la fuerza aplicada durante la propia dinámica del juego, pero no demuestran por sí solas una voluntad de dañar.

Por otro lado, la Audiencia ha fallado que el testimonio del menor o el hecho de que llorase no sirven para demostrar que su tío quisiera agredirlo a propósito, ya que el menor habría sentido el mismo dolor tanto si le hubiera mordido con la intención de hacerle daño como si lo hubiera hecho demasiado fuerte por torpeza durante un juego.

Ante la imposibilidad de acreditar la intencionalidad delictiva dentro de la actividad recreativa, la Audiencia ha revocado la condena y absolver al acusado, declarando de oficio las costas de la primera instancia.

“Tengo el azúcar alto y soy alérgico a las abejas”. Esta ha sido la justificación que ha ofrecido este jueves uno de los dos acusados de provocar un incendio forestal en una finca de Hornachuelos en agosto de 2016 para explicar ante la Audiencia Provincial de Córdoba por qué se encontraba en el interior de la explotación cinegética de madrugada. Tanto él como su sobrino, el otro acusado, se han sentado en el banquillo por unos hechos motivados, según la acusación, por “rencillas de caza furtiva”.

Durante el desarrollo del juicio se han delimitado dos momentos temporales en la finca. El primero de ellos se sitúa en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2016, fecha en la que se declaró el incendio forestal. Según el testimonio de un trabajador de la explotación, esa mañana sintió un fuerte olor a quemado y descubrió un primer foco. Al peinar la zona junto al guarda mayor contabilizaron hasta cinco focos diferentes y detectaron pisadas recientes de, al menos, dos personas a lo largo de un camino de tierra.

El segundo episodio tuvo lugar la noche del 25 de agosto. Otro guarda ha explicado que aquella noche se encontraba de vigilancia junto al guarda mayor cuando escucharon varios disparos. Al acudir al origen de las detonaciones, interceptaron a los dos procesados saliendo por el camino principal a altas horas de la madrugada. Según se ha precisado en las cuestiones previas, todo lo relativo a los disparos de esa noche, el hallazgo posterior de un arma oculta en un lentisco y la intervención de útiles de caza no forma parte de este juicio, sino que es objeto de otro procedimiento que se juzgará próximamente. Los trabajadores han remarcado, además, que la finca estaba perimetrada, se revisaba a diario y carecía de accesos abiertos o caminos públicos.

Durante la declaración del acusado que ha alegado “cuestiones de salud” como justificación de su presencia en la finca de madrugada, ha afirmado que “nunca” había pisado la explotación salvo la noche en la que fue detenido. Además, ha negado que rompiera la malla cinegética de la finca o que tuviera conflictos de caza furtiva. Al ser cuestionado por la acusación particular sobre la coincidencia de sus suelas con las marcas halladas junto a las llamas días antes, no ha sabido responder.

Por su parte, su sobrino -que está en prisión- también ha negado todos los cargos y ha asegurado no haber tenido “jamás” problemas relacionados con la caza. Pese a que ambos han negado ser cazadores, un agente de la Benemérita ha declarado que conocía a los procesados solo profesionalmente y por cuestiones ligadas a la caza furtiva.

Además de esta manifestación, las declaraciones de los guardias civiles y de Medio Ambiente han servido para desgranar las pesquisas de investigación, dejando al descubierto algunas dudas sobre la contundencia de las pruebas. El agente de la Guardia Civil que hizo la inspección ocular del incendio ha confirmado que en la zona calcinada se hallaron las pisadas de tres tipos de calzado distintos, ninguna coincidente con los empleados del recinto, pero dos de ellas sí eran compatibles con el “diseño” del calzado que llevaban días después los acusados cuando fueron detenidos tras los disparos en la misma finca.

No obstante, el cómo se tomaron las fotografías de ese calzado ha determinado en gran medida el informe que posteriormente ha elaborado la Guardia Civil. Así, el agente encargado de analizar las imágenes de las huellas y del calzado ha lamentado que las fotografías se hicieran “sin retirarles las botas, doblando el pie, desde una perspectiva inadecuada y sin testigo métrico”. Esto último es lo que hubiera permitido medir las proporciones reales del calzado. Por todo ello, el agente ha concluido que las suelas y las marcas eran simplemente “compatibles”, pero que resultaba “imposible” determinar que fuesen las mismas al existir “multitud de calzados idénticos en el mercado”.

Sobre el incendio, un agente de Medio Ambiente ha confirmado que el mismo fue intencionado, porque no fue accidental, aunque ha matizado que se llevó a cabo “sin intención de causar un daño masivo dada la hora y la meteorología”. Hay que recordar que el terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas. No obstante, este agente también ha dicho que este tipo de acciones se pueden llevar a cabo “para mostrar a otra lo que una persona puede llegar a hacer o no”.

La Fiscalía ha mantenido la pena de prisión de dos años por el delito de incendio forestal, aunque ha solicitado que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Por su parte, las defensas han pedido la absolución de los acusados ante la “debilidad” de los indicios, como el cotejo de las huellas y la falta de argumentación de esas “rencillas por caza furtiva” dado que no han delcarado “los propietarios de la finca”.

Ninguna de las personas arrestadas por el desmantelamiento de la red acusada de explotar sexualmente a mujeres los siete días de la semana en Córdoba ha ingresado en prisión preventiva. Según ha podido saber este periódico, cuatro de los siete detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su libertad provisional, aunque con medidas.

El operativo, del que informó esta semana la Policía Nacional, se saldó con siete detenidos en la ciudad de Córdoba y dos en Cáceres. Según la Policía, los arrestados forman parte de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne. Así, se ha logrado la liberación de cuatro mujeres y la detección de otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. Todas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control.

En el caso de los detenidos en Córdoba, se trata de un hombre y seis mujeres. De todos ellos, solo cuatro pasaron a disposición judicial porque el resto fueron puestos en libertad en sede policial. Junto al decreto de libertad provisional, la jueza ha impuesto a las detenidas la obligación de comparecer quincenalmente -los días 1 y 15 de cada mes-, junto a la exigencia de comunicar de inmediato cualquier cambio de domicilio. Respecto de una de ellas, además, se ha estimado la petición del Ministerio Fiscal, por lo que la jueza le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.

Las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investigará el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba hará lo propio con las diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Inicio de la investigación

La investigación se inició en noviembre de 2025 con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne.

A raíz de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha múltiples pesquisas que les permitieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en las ciudades de Córdoba y Cáceres, perfectamente jerarquizada y con un claro reparto de papeles en aras a conseguir su objetivo final, que no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano traídas a España mediante engaño y aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados y que a la postre eran coaccionadas, mediante amenazas, al ejercicio de la prostitución. El entramado imponía a las mujeres unas condiciones gravosas y muy precarias, obligándolas al ejercicio de la prostitución en jornadas de 24 horas los siete días de la semana. Bajo amenazas y vejaciones, eran obligadas a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas por los clientes, incluso cuando se encontraban enfermas o con la menstruación.

Las tarifas y servicios a realizar eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior, teniendo prohibidas las salidas sin la previa autorización de los responsables de la organización. Los beneficios generados por las víctimas eran recaudados por los responsables de los locales, que posteriormente entregaban a las víctimas las cantidades estipuladas por los servicios realizados.

Cuando las víctimas no generaban beneficios suficientes, bien porque llevaban mucho tiempo y ya eran muy conocidas por los clientes o bien por problemas de actitud, eran intercambiadas entre los clubes para dar continuidad a su explotación sexual.

Durante el operativo policial se ha procedido a la entrada y registro de tres pisos y un club en la ciudad de Córdoba, y un segundo club en la ciudad de Cáceres, donde se ha intervenido 28.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.

La jueza de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto de todos los cargos a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, que había sido imputada por la muerte de un paciente en 2020. Según ha adelantado El País y ha podido confirmar este periódico, la magistrada no ha considerado probadas las tesis tanto de la acusación particular como de la Fiscalía.

No ha sido hasta la media mañana de este lunes cuando la fiscal Carmen Romero ha tenido en sus manos la sentencia. Una vez leída, valorará si el Ministerio Público recurrirá o no el fallo. Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

En la última sesión del juicio, la Fiscalía mantuvo una petición de dos años de cárcel e inhabilitación profesional por los delitos de homicidio imprudente y denegación de asistencia sanitaria. Por su parte, la acusación particular en representación de la familia reclamaba penas que alcanzaban los cuatro años de prisión, además de solicitar una indemnización de 755.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Habrá ampliación*

El decano, Carlos Arias, y la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Córdoba han mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Alejandro Hernández, en la que se han abordado las principales necesidades que afectan actualmente al funcionamiento de los órganos judiciales de la provincia.

El encuentro, celebrado como primera toma de contacto tras el nombramiento del delegado territorial, ha permitido al Colegio trasladar directamente las principales cuestiones que preocupan a la Abogacía cordobesa en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como plantear la necesidad de mantener una interlocución fluida y permanente entre ambas instituciones.

Entre las cuestiones prioritarias, el Colegio ha puesto el foco en la necesidad de completar las plantillas de los órganos judiciales y garantizar la cobertura inmediata de las bajas temporales del personal al servicio de la Administración de Justicia.

El decano y la Junta de Gobierno han trasladado al delegado su preocupación por la situación que atraviesan determinados Tribunales de Instancia de la provincia, donde la falta de sustituciones está afectando de manera significativa al normal desarrollo de su actividad y, en algunos casos, está provocando una práctica paralización de determinados servicios.

Desde el Colegio se ha incidido en la importancia de abordar estas situaciones de manera anticipada, evitando que carencias puntuales de personal puedan prolongarse en el tiempo y terminar afectando de forma estructural al funcionamiento de los órganos judiciales y, con ello, al derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz y en plazos razonables.

Asimismo, el decano ha trasladado al delegado la urgencia de culminar la implantación definitiva del Expediente Judicial Electrónico en Andalucía, destacando las ventajas que supondría tanto para los profesionales de la Abogacía como para la propia Administración de Justicia. En este sentido, ha señalado que la plena implantación de esta herramienta permitiría agilizar la gestión y el acceso a los expedientes, optimizar los tiempos de trabajo y generar un importante ahorro de costes, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y ágil de la Administración de Justicia.

Durante la reunión, ambas instituciones han coincidido en la conveniencia de mantener abiertos canales de comunicación estables que permitan detectar con rapidez las necesidades de los distintos órganos judiciales y facilitar la búsqueda de soluciones dentro del ámbito competencial de la Junta de Andalucía.

Carlos Arias ha destacado la importancia de esta interlocución para trasladar de primera mano las incidencias que detecta diariamente la Abogacía en su relación con la Administración de Justicia y ha valorado el compromiso de ambas partes de mantener esta vía de diálogo y cooperación para favorecer un funcionamiento más ágil y eficaz de la Justicia en la provincia de Córdoba.

El Tribunal Contencioso-Administrativo de Córdoba ha rechazado la demanda interpuesta por una vecina que reclamaba al Ayuntamiento de la ciudad una indemnización de 19.733,83 euros tras sufrir una caída en la vía pública de la que culpaba al mal estado del pavimento.

Tal y como se detalla en el archivo judicial, los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2021, cuando la demandante transitaba por la calle Avellano sobre las 08:20 horas en dirección a su puesto de trabajo. Según la versión de la actora, la caída se produjo por el mal estado del pavimento, concretamente por unos adoquines descolocados en la calzada, lo que le ocasionó una fractura en el hombro izquierdo.

Sin embargo, en la sentencia emitida el 9 de septiembre de 2026, el juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Córdoba y a su aseguradora, desestimando la reclamación patrimonial. El magistrado fundamenta su decisión haciendo especial hincapié en la falta de pruebas objetivas, directas o indirectas, que acrediten cómo y por qué se produjo exactamente la caída.

La resolución detalla que la mujer no aportó ningún testigo que presenciara el accidente. Tampoco se presentó un certificado de asistencia sanitaria inmediata tras el suceso. A esto se suma que el atestado de la Policía Local no se realizó en el momento del percance; los agentes acudieron con posterioridad y se limitaron a recoger la versión referencial del marido de la accidentada, quien les señaló el lugar.

El fallo judicial también subraya la inexistencia de pruebas sobre el supuesto mal estado de la calle. La demandante no aportó ninguna fotografía del desperfecto tomada el mismo día de la caída. Según el juez, la única imagen gráfica aportada por la policía mostraba simplemente un adoquín en la calzada con un espacio habitual entre piezas, relleno de agua por las circunstancias del momento, pero que no evidenciaba ningún daño inusual o desperfecto real.

Además de esta ausencia probatoria, la resolución recuerda que la mujer caminaba por la calzada, una zona destinada al tráfico de vehículos, de forma voluntaria y existiendo aceras y pasos de peatones habilitados en las proximidades. La sentencia aclara que la exigencia municipal sobre el mantenimiento y la seguridad de una carretera destinada a coches es diferente a la que se requiere para las zonas destinadas al tránsito peatonal.

El fallo judicial concluye eximiendo de responsabilidad al consistorio al no probarse el mecanismo de la caída ni el nexo causal entre un mal funcionamiento de los servicios públicos y la lesión. Dada la naturaleza de las valoraciones de causa y efecto en el caso, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha reducido de 2.7000 a 1.080 euros la multa impuesta a un hombre por un delito continuado de impago de pensiones tras acumular años de incumplimientos respecto a las pensiones para su hijo menor de edad y para su exmujer.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando un juzgado de familia de Córdoba estableció que el progenitor debía abonar 300 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hijo, así como una pensión compensatoria de 150 euros al mes para su exesposa. A pesar de tener conocimiento de esta obligación, el acusado dejó de abonar la prestación compensatoria en febrero de 2021 y la de alimentos, a partir de mayo de 2022.

A lo largo de los años siguientes, el impago se mantuvo de forma casi ininterrumpida. La ejecución forzosa promovida en la vía civil apenas permitió embargar 1.200 euros en enero de 2023, importe que resultó insuficiente para frenar la acumulación de la deuda. En total, el hombre llegó a acumular cinco años sin pagar la pensión compensatoria y cerca de tres años seguidos sin abonar la pensión de alimentos, realizándose únicamente abonos parciales y esporádicos a partir del año 2025.

Frente a las alegaciones de la defensa, que justificó los impagos por la falta de ingresos tras perder su empleo habitual en la ONCE en 2022 y por atravesar periodos de extrema vulnerabilidad, la Audiencia Provincial ha ratificado la existencia de un delito de abandono de familia porque la obligación de prestar alimentos a los hijos tiene un carácter prioritario frente a cualquier otra deuda o gasto.

Asimismo, los magistrados han señalado que el acusado perdió su empleo en la ONCE por una baja voluntaria, coincidiendo con la vía de embargo civil, y que en ningún momento instó un procedimiento de modificación de medidas para solicitar la reducción de las pensiones. Por ello, el tribunal ha concluido que existió una “voluntad maliciosa de dejar desatendido” a su hijo y a su exmujer.

No obstante, el tribunal ha estimado la petición subsidiaria de la defensa, que consistía en una reducción de la multa impuesta por el juzgado de instancia, por lo que el hombre deberá pagar una multa de 1.080 euros en lugar de 2.700 euros. La Audiencia ha justificado esta reducción señalando que el condenado percibe actualmente unos ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debe sufragar 300 euros mensuales de alquiler y tiene que hacer frente de forma simultánea a las futuras mensualidades y al pago de la deuda acumulada, la cual supera los 18.500 euros.

En lo relativo a las medidas de protección, la Sala ha mantenido la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su exmujer y de su hijo, de su domicilio o de sus lugares de estudio y trabajo durante un periodo de seis meses y un día. La resolución también ha confirmado las indemnizaciones por responsabilidad civil que el acusado deberá abonar a las víctimas, fijando la deuda por pensión de alimentos en 9.932,13 euros a favor del hijo y en 8.632,13 euros, para su exmujer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de un año de prisión para un hombre que se hizo pasar por reformista, cobró más de 2.200 euros por unos trabajos que nunca llegó a realizar y amenazó gravemente a la propietaria de la vivienda cuando esta le reclamó el dinero.

La resolución judicial ratifica así íntegramente el fallo dictado por la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba, que le impuso además dos meses de multa y la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad exacta estafada: 2.287,35 euros.

Los hechos se iniciaron tras anunciarse el acusado en el portal milanuncios.com ofreciendo servicios de reformas y arreglos del hogar. La víctima contactó con él para ejecutar diversos trabajos en su inmueble de la capital cordobesa, entre los que se incluían el alisado y la reparación de desperfectos en las paredes. A pesar de recibir de forma continuada distintos adelantos económicos -destinados teóricamente a la compra de materiales como cierres de aluminio-, el condenado acudía a la vivienda sin completar ninguna tarea, limitándose a dejar el piso en obras y a consumir tabaco y cerveza mientras pasaba el tiempo en la ventana, según relataron algunos testigos durante el juicio.

Ante esta situación, la víctima le recriminó por WhatsApp su actitud, a lo que el acusado, con ánimo de amedrentarla, le dijo en un contexto intimidatorio “voy a coser a tu hermano a tiros” y “voy a llamar a gitanos amigos míos”.

Tras la sentencia condenatoria de instancia, la defensa recurrió el fallo alegó que el caso era un “mero incumplimiento de contrato civil”. Sin embargo, la Audiencia ha subrayado que existió una maniobra engañosa y una “evidente voluntad incumplidora” desde el origen, utilizando la vivienda patas arriba como un mero pretexto para seguir sacando dinero a la víctima, quien finalmente tuvo que contratar a otras empresas para poder terminar la obra.

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Córdoba acumulan meses de espera para poder llevar a cabo las visitas entre menores e hijos acordadas en sentencias. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025 tras hacer suyas las manifestaciones realizadas por el ministerio público cordobés.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro PEFs ubicados en Córdoba capital, Lucena, Posadas y Pozoblanco. Se trata de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

Este recurso interviene cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Entre las modalidades que se llevan a cabo en estos puntos se encuentran la entrega y recogida, las visitas tuteladas, las visitas no tuteladas y los acompañamientos.

Según advierte el Ministerio Público, la sobrecarga del Punto de Encuentro Familiar en la provincia cordobesa está generando abultadas listas de espera. Esta falta de capacidad operativa impide, por tanto, aplicar de forma inmediata los regímenes de estancia y régimen de visitas acordados por los tribunales, demorando el inicio de las reuniones tuteladas hasta varios meses después de que los juzgados hayan dictado la correspondiente resolución.

Este escenario de colapso en los Puntos de Encuentro Familiar contrasta con la evolución experimentada por la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Córdoba, tal y como ha reflejado la Fiscalía General del Estado en su memoria. En su documento, el Ministerio Público ha situado este servicio cordobés como un modelo de referencia autonómico e itinerante gracias a una estructura dividida en dos equipos de trabajo (el de Córdoba capital y el equipo Itinerante), integrados cada uno por juristas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta labor itinerante permite desplazar la asistencia directa a los municipios de la provincia, evitando desplazamientos de riesgo y mejorando la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que ha ratificado la prisión provisional, comunicada e incondicional para un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito cualificado de tráfico de drogas. La resolución judicial, a la que ha accedido este periódico, el perfil delictivo y la escurridiza trayectoria del investigado, que permanecía en paradero desconocido para la justicia española tras haber esquivado previamente dos requisitorias de detención dictadas por los juzgados de instrucción de Córdoba.

El fallo del tribunal de alzada ha desestimado de forma categórica el recurso de apelación presentado por la defensa del reclamado contra el auto del juzgado que acordó su ingreso cautelar en prisión en el marco del expediente de extradición.

Durante el recurso, la defensa del investigado solicitó su puesta en libertad alegando un arraigo acreditado en territorio español. Sin embargo, los magistrados han respaldado de manera unánime el criterio de la Fiscalía, que se opuso frontalmente a la excarcelación por el “elevado riesgo de fuga” que presenta el sospechoso.

Para la Sala de lo Penal, la gravedad de los delitos de narcotráfico imputados por las autoridades marroquíes -respaldados mediante una notificación roja de la Interpol basada en una orden de arresto internacional- justifica con creces su continuidad en prisión provisional hasta que se complete el expediente de extradición.

En el momento de su arresto, el prófugo tenía vigentes dos órdenes de búsqueda y captura emitidas por dos secciones de instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. Para el tribunal, este historial de requisitorias pendientes evidencia una clara y continuada conducta dirigida a eludir la acción de la justicia, lo que anula cualquier argumento basado en su arraigo personal o familiar en el país.

Si la Audiencia Nacional y el Gobierno -el último paso para la extradición depende de una resolución del Consejo de Ministros, que se basa en un fallo judicial previo- terminan acordando que el detenido debe ser extraditada, la entrega podrá aplazarse hasta que sea juzgado por las causas que tiene pendientes en Córdoba o hasta que cumpla las penas que se le imponga en las mismas en caso de ser condenado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha rebajado de forma sustancial la condena impuesta a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un peatón en la carretera A-431, a la altura de Villarrubia. La Sala ha fijado la pena final en cuatro meses de prisión por un delito de abandono del lugar del accidente, al estimar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los más de seis años de retraso acumulados en la tramitación judicial de la causa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de octubre de 2019, en el punto kilométrico 7,800 en la A-431. La víctima mortal había sufrido previamente una caída de ciclomotor y había dado positivo en alcohol (0,73 mg/l) y drogas. Pese a que agentes de la Guardia Civil y varios vecinos intentaron ayudarle a regresar a su domicilio, el hombre echó a correr de nuevo hacia la carretera. Poco después, se encontraba agazapado en mitad del carril derecho, vestido con ropas oscuras, en un tramo carente de iluminación artificial y con un nivel de alcoholemia que la autopsia situó en 2,40 g/l en sangre.

Mientras que la víctima se encontraba agachada, el conductor circulaba con su coche sentido Lora del Río cuando se topó con ella de manera imprevista. Según los peritajes, el margen de reacción de apenas 1,5 segundos hizo imposible evitar el impacto, que causó la muerte instantánea al peatón. Por este motivo, la Audiencia ha ratificado la absolución del conductor de los delitos de homicidio por imprudencia y conducción temeraria, rechazando el recurso planteado por la familia del fallecido.

Sin embargo, el tribunal ha mantenido la culpabilidad del conductor por desentenderse del siniestro. Y es que, tras la colisión, el acusado detuvo el coche a unos 50 metros y comprobó los daños materiales y los restos de sangre, pero solo miró debajo del turismo y continuó su marcha sin inspeccionar la cuneta ni cerciorarse del estado de la persona atropellada.

Aunque el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba le impuso inicialmente dos años y medio de cárcel por la fuga, la Audiencia ha atendido el recurso de la defensa respecto al tiempo transcurrido: más de seis años y medio. Para los magistrados, este retraso es injustificado para una causa de este calibre, ya que el juzgado tardó un año en dictar su sentencia. Por ello, ha reducido la pena en un grado hasta dejarla en cuatro meses de prisión.

Crecen en Córdoba los condenados por delitos contra la ordenación del territorio -edificar en zonas no urbanizables, protegidas o en suelos inundables- que se niegan a demoler las construcciones ilegales por las que fueron condenados. Según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025, en la provincia de Córdoba han aumentado de manera considerable los casos en los que el Ministerio Público ha informado negativamente sobre la suspensión de las condenas de prisión debido al incumplimiento reiterado de la obligación de demoler las viviendas o edificaciones construidas ilegalmente.

Esta tendencia evidencia una realidad preocupante en el mapa urbanístico cordobés: un número creciente de personas condenadas por edificar en suelo no urbanizable o protegido prefiere mantener en pie sus construcciones ilegales a pesar de exponerse al ingreso efectivo en prisión. Por norma general, en el sistema penal español, aquellas personas castigadas con penas de prisión inferiores a dos años y sin antecedentes penales pueden solicitar la suspensión de la pena para no entrar en un centro penitenciario. Sin embargo, este beneficio judicial no es automático y suele estar condicionado a la reparación del daño causado.

En la provincia de Córdoba, la Fiscalía ha endurecido drásticamente su postura: la demolición de la construcción ilegal se ha convertido en una condición indispensable. Si el condenado se niega a derribar la vivienda, el fiscal emite un informe contrario a perdonarle el ingreso en prisión. Esta postura obliga a los infractores a asumir el derribo o afrontar la ejecución efectiva del castigo entre rejas. La pena que suele imponerse a estos procesados suele ser un año de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y la obligación de demoler la construcción. Sobre esto último ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que en varias sentencias ya ha dejado claro que no demoler lo construido supone dar un “cheque en blanco” para futuras infracciones.

El documento presentado por la Fiscalía General pone de relieve las severas dificultades a las que se enfrentan las secciones de Medio Ambiente para lograr que las sentencias firmes se cumplan. A nivel nacional, durante el último ejercicio se registraron únicamente 82 demoliciones efectivamente ejecutadas —-contabilizando tanto las voluntarias como las forzosas-, si bien el propio órgano judicial admite que la cifra real podría ser superior dada la complejidad para rastrear el control de las ejecutorias en todo el país.

El análisis de la memoria expone además las fisuras administrativas que perpetúan la permanencia de viviendas ilegales durante años o incluso décadas en la comunidad autónoma. La Fiscalía Provincial de Málaga, por ejemplo, ha denunciado abiertamente la escasa colaboración de numerosos ayuntamientos, que dilatan los procesos aludiendo a la falta de medios o eternizando expedientes de posible regularización. Frente a esta pasividad municipal, la Fiscalía destaca la buena disposición de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para intervenir y colaborar en los derribos cuando la actuación de las corporaciones locales resulta imposible.

Ante este panorama de resistencia por parte de los infractores y trabas en la vía administrativa, la Fiscalía General del Estado considera “imprescindible” estrechar el cerco y ejercer un control directo sobre la fase de ejecución de las sentencias. Para ello, los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo asumirán de manera directa la supervisión de estas ejecutorias, anunciando que se reforzarán las secciones provinciales si fuera necesario con tal de garantizar que las órdenes de derribo se lleven a cabo y no queden archivadas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado a pena de tres años y medio de prisión para una abogada de Córdoba acusada de un delito de apropiación indebida agravado tras adueñarse de más de 156.000 euros procedentes de la liquidación de una herencia familiar en Córdoba. La resolución ha desestimado así el recurso de casación interpuesto por la letrada y avala íntegramente los pronunciamientos previos de la Audiencia Provincial de Córdoba y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos tienen su origen tras el fallecimiento de una tía de la acusada. Tras la correspondiente partición hereditaria, se adjudicó a las cuatro hermanas de la fallecida la suma de 208.840 euros, mientras que al viudo le correspondió el usufructo vitalicio de la vivienda habitual. Para hacer efectiva la herencia, las cuatro hermanas -dada la condición de letrada en ejercicio de la procesada, que era hija de Noemi y sobrina de las otras tres coherederas, “todas de edad avanzada y sin conocimientos precisos”- le encomendaron la liquidación de la herencia. A tal fin, la acusada las convenció para que, tras la firma de una hoja de encargo, le otorgaran un poder especial que le permitiera realizar todas las operaciones bancarias y liquidar los activos de la herencia.

Ya en condición de apoderada, la acusada acudió a una sucursal del Banco de Santander en Granada y, exhibiendo el poder, retiró un total de 156.630 euros depositados en la cuenta destinada al reparto entre su madre y dos de sus tías. No pudo extraer el importe correspondiente a la cuarta hermana al serle denegado por la entidad bancaria debido a que se encontraba judicialmente incapacitada. Según la sentencia, esa cantidad no la entregó a sus legítimas propietarias, sino que se apoderó de ella.

Estos hechos suponen tres delitos de apropiación indebida, pero solo se le ha impuesto una condena penal por los cometidos sobre sus tías dado que se le ha aplicado la excusa absolutoria por parentesco en el perpetró sobre su progenitora. Este precepto exime de responsabilidad penal (manteniendo la civil) por los delitos patrimoniales cometidos entre determinados familiares directos cuando no concurra violencia ni intimidación.

Además de la pena privativa de libertad, la condena conlleva la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante el tiempo de la condena, una multa de 5.400 euros, el abono de las costas del proceso (incluidas las de la acusación particular) y la obligación de indemnizar a sus tías y a su madre en el importe total de las sumas sustraídas.

El Ayuntamiento de Posadas deberá indemnizar al extécnico de Cultura que sufre una incapacidad absoluta después de haber sufrido acoso laboral en el Consistorio. Los hechos se remontan a junio de 2015, una década durante la cual se han producido diferentes resoluciones judiciales sobre la responsabilidad o no que el Ayuntamiento ha tenido en este caso. En una sentencia a la que ha accedido este periódico, la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio al pago de 241.102 euros tras quedar acreditado el grave acoso laboral y el incumplimiento reiterado de las normas de prevención de riesgos que derivaron en la incapacidad permanente absoluta del trabajador.

Según los hechos probados de la sentencia, la pesadilla del trabajador se remonta a junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando el Ayuntamiento le aplicó una modificación sustancial de sus condiciones laborales, lo que le llevó a darse de baja en abril de 2016 por un trastorno de adaptación con humor deprimido derivado de accidente de trabajo. A pesar de que en julio de 2017 un acuerdo judicial -ratificado por el Pleno del Ayuntamiento- obligaba a restituirle en sus condiciones laborales, salarios y funciones tras reconocerse esta modificación sustancial ilegal, la realidad tras su reincorporación en octubre de 2017 fue de total aislamiento.

De este modo, ha quedado acreditado que, a su regreso, el Consistorio no le proporcionó los medios de trabajo adecuados, negándole el acceso al equipo informático y dejándole sin mesa propia, teniendo que trabajar en la de reuniones. Su puesto carecía de rótulo de técnico en su puerta, sus compañeros le negaban la palabra y los superiores le remitían las instrucciones laborales mediante mensajes de WhatsApp. Según la sentencia, el Ayuntamiento ignoró de forma sistemática los requerimientos de la Inspección de Trabajo para subsanar las deficiencias de seguridad e higiene y tardó meses en realizarle un reconocimiento médico, pese a sus reiteradas protestas.

En mayo de 2018, la insostenible situación obligó al trabajador a solicitar nuevamente la baja. Las secuelas psicológicas sufridas -un cuadro severo de depresión mayor crónica, ansiedad generalizada, fobia específica y agorafobia que le impide salir de su domicilio y mantener interacción social- llevaron a la Justicia a declararle en incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Previamente, tanto el INSS como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya habían ratificado un recargo de prestaciones del 50% a cargo de las arcas municipales por falta de medidas de seguridad.

Con esta sentencia, el magistrado ha rechazado la excepción de prescripción planteada por la defensa del Consistorio y ha aplicado el baremo de accidentes para calcular la compensación económica total. De la cifra global, la aseguradora del Ayuntamiento ya ha consignado y abonado al demandante la suma de 90.000 euros. La cantidad restante deberá ser asumida por la corporación municipal, junto con los intereses legales devengados.

La Sección de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba juzgará el próximo mes de octubre a un hoombre denunciado por su expareja y madre de sus dos hijos menores por vejarla llamándola “travelo” y guardar así su contacto en los móviles de los hijos que tienen en común.

Según ha podido conocer este periódico, hombre y mujer se encuentran separados y mantienen un litigio en los juzgados respecto a las medidas reguladoras de los menores. Desde hace varios años, tal y como denuncia el letrado Jóse Palomino, el hombre ha desarrollado “una conducta continuada de menosprecio” hacia la mujer “en presencia de los hijos comunes, permitiendo e incluso fomentando que estos se refieran a su madre mediante el término despectivo y vejatorio ”travelo“, expresión utilizada con ánimo inequívoco de humillación, desprecio y ridiculización”.

Esta circunstancia quedó ya reflejada en el procedimiento de familia seguido entre las partes, donde se hizo constar expresamente que los menores se dirigían a su madre utilizando dicho calificativo tras convivir con el progenitor paterno.

La presunta situación de vejación se evidenció de forma directa cuando la madre intenta comunicarse por teléfono con sus hijos menores. Al efectuar las llamadas a los móviles que emplean los niños, la mujer descubrió que su número de contacto no figuraba registrado con su nombre, sino bajo el apelativo de “TRAVELO”.

En el escrito de denuncia, la mujer incide en que dicha denominación solo “puede obedecer a la intervención del denunciado o de su entorno”, coincidiendo con los periodos en los que los menores permanecen bajo el cuidado del padre. La representación de la víctima advierte de que el uso continuado de estos calificativos despectivos vulnera la dignidad de la mujer y supone una grave interferencia en la relación con sus hijos, al inducir en los menores un patrón de falta de respeto y descrédito hacia la figura materna.

La Fiscalía de Córdoba solicita una pena total de 16 años de prisión para un hombre acusado de dos delitos de agresión sexual y un delito leve de lesiones, tras presuntamente arrinconar y realizar tocamientos no consentidos a una joven a la salida del lugar donde ambos se encontraban en la capital cordobesa.

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en compañía de unas amigas y, en un momento dado, el acusado la invitó a salir al exterior en su compañía.

Una vez fuera, el procesado cambió “bruscamente de actitud” y arrinconó a la víctima “sujetándola violentamente”. Tras ello, y a pesar de que la chica “le manifestó expresamente que no quería mantener relaciones con él”, éste, “con ánimo libidinoso, le tocó sus partes íntimas y pecho”.

Así las cosas, la acusación pública pide para el imputado ocho años de cárcel por cada uno de los delitos de agresión sexual (16 años en total), y seis años de libertad vigilada. Asimismo, por el delito leve de lesiones solicita la imposición de una pena de multa de 45 días a diez euros diarios.

Igualmente, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de 13 años. Por último, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima, así como la prohibición de aproximarse a ella, a su domicilio o a su centro de trabajo y estudios, en un radio inferior a 500 metros durante un plazo de nueve años.