Un colegio privado de La Carlota, en Córdoba, ha sido condenado a pagar una sanción de 6.251 euros por haber obstruido a la Inspección de Trabajo durante una visita en junio de 2020, en plena pandemia. Los inspectores acudieron al centro, donde apreciaron claros indicios de que había actividad docente presencial, prohibida por el estado de alarma debido al covid. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado así el recurso interpuesto por la empresa propietaria del centro después de que el Juzgado de lo Social numéro 4 de Córdoba ratificara la sanción impuesta por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de junio de 2020, cuando inspectoras de Trabajo acudieron al centro educativo. Según la sentencia, al llegar al colegio, los responsables impidieron inicialmente su acceso. Durante la espera a las puertas del colegio, las inspectoras vieron cómo una persona salía del colegio para recoger a unos niños, pasando todos al interior del centro.

Desde la planta de arriba, se asomó alguien del colegio, a quien las inspectoras le comunicaron que pretendían realizar una inspección de trabajo, por lo que pidieron la apertura d ela puerta. Tras esperar unos minutos, nadie respondió a este requerimiento. Mientras tanto, las inspectoras se percataron de que dos personas con niños, de muy corta edad, abandonaban el colegio por un callejón lateral, pese a las peticiones de las agentes para que detuvieran su salida. Además, vieron cómo un coche aparcó la puerta, se bajaron niños y, después, abandonó el lugar.

Según la sentencia, las inspectoras tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Tras personarse la pareja de agentes, las empleadas del colegio abrieron la verja del centro, accediendo todos al interior. Allí atendió a la Inspección una persona que se identificó como administradora de la empresa, a quien estos funcionarios de Trabajo exhibieron sus credenciales recordando que están facultados para “acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en todo centro de trabajo”, recordándole que cualquier acción u omisión destinada a impedir sus labores constituye una infracción. Una vez que pudieron acceder al recinto, las inspectoras preguntaron a esta trabajadora sobre la actitud de negar la entrada y sobre las personas adultas y niños vistos saliendo por el patio trasero, no obteniendo ninguna respuesta.

La Inspección dejó constancia de indicios claros de actividad presencial, como la existencia de carritos de bebé, material escolar, tablets, mascarillas quirúrgicas, botellas de agua, chaquetas colgadas de los respaldos de algunas sillas y fichas de actividades con fecha marcada lunes 15. Ante esto, las respuestas de la representante del colegio fueron que “todo se había quedado así al decretarse el cierre de los centros educativos en el mes de marzo por el estado de alarma y que las mascarillas eran por la alergia”. Por su parte, una celadora del centro declaró como testigo en el juzgado que una inspectora tenía la temperatura alta y se la hizo esperar, negando que hubiese timbre de entrada y asegurando que, una vez superadas las medidas sanitarias, se facilitó el acceso a todo.

En el análisis del recurso del colegio, el TSJA no ha entrado a discutir el fondo de la obstrucción, que quedó probado en instancia, sino que ha recordado que en sanciones ajenas a la materia de Seguridad Social (como en este caso, que fue la vulneración del artículo 50.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socia), el acceso al recurso de suplicación exige que el importe de la sanción exceda de la suma de 18.000 euros. Al tratarse de una multa de 6.251 euros, la sentencia no puede ser recurrida ante el TSJA. Por último, el colegio ha sido condenado al pago de las costas, cuantificadas en 400 euros más IVA.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha expresado este jueves su “preocupación” por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, “cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación” que ello conlleva.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra”.

Así lo ha asegurado la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien ha opinado que “reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado, el de tomar la decisión de denunciar”.

Por otra parte, “la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente, solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo”, y “la realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente”.

Así, según ha afirmado, “la sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días”.

La responsable sindical ha explicado que “en el Juzgado de lo Penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad”.

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer “no es excepcional” y, cuando “han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los tribunales de Instancia, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia”.

Además, “los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por Ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable”.

Jiménez ha señalado que “el malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de 20 años de antigüedad. Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico”.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, “en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%”, y “tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses”.

A todo ello hay que sumar, según ha añadido la sindicalista, que “los funcionarios deben convivir cada día con una herramienta informática que, lejos de facilitar su trabajo, lo dificulta. La aplicación @Adriano ha permanecido durante este año más de 14 días sin poder utilizarse y, cuando funciona, su lentitud a partir de las 12,30 horas hace prácticamente imposible desarrollar con normalidad la tramitación de los procedimientos. Está herramienta informática, sencillamente, no cumple la función para la que se creó y no facilita el trabajo de los funcionarios”.

En el resto de la provincia, los juzgados “trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo”.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos civiles previstas para el año que viene “contribuirá a mejorar las ratios de trabajo”. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, “la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales”, advierte la representante de CCOO.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un vendedor a indemnizar con 3.000 euros al comprador de un coche de segunda mano porque el vehículo presentaba una avería grave oculta -una fisura en la bancada del motor- que provocó que el automóvil quedara inutilizado en el mismo viaje de regreso una vez que fue comprado.

Los hechos se remontan a agosto de 2023, fecha en la que el demandante se desplazó desde Cabra hasta el domicilio del vendedor, en la provincia de Cáceres, para recoger un modelo Chrysler anunciado a través de una red social por 7.000 euros. El vehículo contaba con una primera matriculación de febrero de 2008 y marcaba 346.000 kilómetros en su cuentakilómetros. Al llegar a la altura de Aguilar de la Frontera, en pleno trayecto de vuelta a su domicilio, el motor sufrió una parada brusca e irreversible. Un informe pericial acreditó que el bloque motor presentaba una fisura previa que generaba una pérdida constante de aceite, lo que sumado a daños estructurales anteriores en la parte delantera izquierda, derivó en el gripado total del motor.

En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cabra estimó íntegramente la demanda y condenó al vendedor -que se había mantenido inicialmente en rebeldía procesal- al pago de 7.450,21 euros. Tras comparecer en el procedimiento y recurrir la sentencia, el vendedor alegó diversos defectos procesales y cuestionó la realidad de los hechos. La Sección Primera de la Audiencia Provincial desestimó los motivos de nulidad, pero estimó parcialmente el recurso en lo referente al importe de la condena.

De este modo, los magistrados recuerdan que el comprador optó por mantener el coche y solicitar una rebaja del precio en lugar de rescindir el contrato. En este sentido, la Sala ha considerado que obligar al vendedor a sufragar una reparación íntegra con piezas totalmente nuevas supondría un enriquecimiento injusto para el demandante. Al haber adquirido un motor usado que ya funcionaba satisfactoriamente y revalorizaba el estado inicial del turismo, la cuantía indemnizatoria se ha fijado definitivamente en 3.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a una estudiante cordobesa a reintegrar a la Junta de Andalucía un total de 2.337,05 euros (que corresponden a 2.008,21 euros de principal de una ayuda al estudio y 328,84 euros de intereses de demora) después de no aprobar la mitad de las asignaturas, uno de los requisitos indispensables para mantener la beca. La joven aseguró que había tenido problemas de salud que le habían imposibilitado estudiar, pero no los llegó a notificar.

El caso se remonta al curso académico 2016-2017, periodo en el que esta alumna estudiaba un grado medio de Formación Profesional en el instituto IES Alto Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo. Tras no aprobar el 50% de las asignaturas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrió un expediente de reintegro de la beca. Para intentar frenar la devolución del dinero, la alumna lo recurrió, alegando que tanto ella como su madre sufrieron graves problemas de salud durante aquel curso escolar.

Por un lado, detalló episodios clínicos graves de su progenitora que requirieron reiteradas hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, lo que obligó a la joven a volcarse en su cuidado continuo. Por otro lado, argumentó que ella misma arrastró afecciones físicas, como una dolencia de tiroides que le acarreó graves inconvenientes y que terminó derivando en una intervención quirúrgica en 2018. Asimismo, la recurrente alegó que el expediente de reintegro prescribió y afirmó que había sufrido un perjuicio económico añadido al habérsele denegado becas en convocatorias posteriores debido a arrastrar esta ayuda pendiente de devolución.

Sin embargo, el TSJA ha zanjado la cuestión señalando que la estudiante no comunicó debidamente dicha situación a través de los canales administrativos previstos en su momento. Y es que la convocatoria de la beca establecía mecanismos específicos, como los modelos de renuncia o la comunicación formal de incidencias, para que los beneficiarios avisaran de la imposibilidad de cumplir con los fines de la ayuda y procedieran a su devolución voluntaria. Al no haber utilizado estos cauces reglamentarios y limitarse a suspender las asignaturas sin dar el aviso formal oportuno a la Administración, la obligación de reintegro se mantiene firme.

Sobre la prescripción de la acción de reintegro, el tribunal ha recordado que el plazo de cuatro años no comenzó a contar con la mera solicitud o el inicio del curso, sino a partir de la fecha de la resolución definitiva de concesión de la beca, dictada el 31 de octubre de 2017. Dado que el acuerdo de inicio del expediente se notificó en marzo de 2021, la Administración actuó dentro del plazo legalmente establecido. Por último, la estudiante deberá pagar las costas procesales hasta un máximo de 300 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a seis años de prisión y multa de casi 90.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con notoria importancia. El hombre alquiló un coche en Lucena, que no devolvió cuando venció el contrato y que fue encontrado en Valencia. Cuando el turismo regreso al municipio cordobés, la sorpresa de la empresa lucentina fue mayúscula: en el maletero había casi un kilo de cocaína.

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado venía utilizando para sus desplazamientos un turismo propiedad de una empresa de alquiler de vehículos de Lucena. En junio de 2025 venció el contrato de arrendamiento sin que el procesado lo renovara, por lo que fue avisado de que el coche le sería retirado durante la primera semana de agosto. Sin embargo, el vehículo no fue entregado a la empresa.

Mediante el análisis del dispositivo GPS del coche, la investigación judicial acreditó que el 6 de agosto de 2025 el turismo efectuó diversos desplazamientos entre las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por los enclaves murcianos de Sangonera La Seca y Cañada Hermosa. En uno de estos trayectos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína (con una pureza media del 80,92%), valorados 29.065 euros.

El 7 de agosto, sobre la 1:25, el representante de la empresa propietaria localizó el turismo en una calle de Valencia gracias al sistema de geolocalización. El coche fue recuperado gracias a una segunda llave y trasladado a Lucena. Días después, el 11 de agosto, el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo el 5 de agosto en la entrada de Mercamurcia y que este le había comunicado la existencia de un kilo de cocaína en el interior. Tras personarse un dispositivo de la Brigada de Policía Judicial de Lucena en las instalaciones de la empresa, los agentes hallaron el paquete de droga en el maletero, bajo la bandeja y en el compartimento de la rueda de repuesto, procediendo a su aprehensión y al posterior decomiso y destrucción.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Murcial lo condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 87.195 euros, fallo que el condenado recurrió ante el TSJM. En su escrito de apelación, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba testifical y una supuesta denegación indebida de diligencias esenciales, como el acceso a grabaciones de cámaras y la geolocalización del teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la Sala ha determinado que esta última nunca fue propuesta en el escrito de defensa ni al inicio de la vista oral, y ha calificado la solicitud sobre las cámaras de seguridad como una diligencia puramente exploratoria e inadmisible por extemporánea. Asimismo, el tribunal ha dado solidez a la prueba indiciaria, concluyendo que la versión exculpatoria ofrecida por el acusado era falsa e incompatible con los datos del GPS y los testimonios practicados en el juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de seis meses de prisión para un hombre por las lesiones causadas a un hostelero en Puente Genil. Su hermano también ha sido condenado, aunque en su caso la pena se limita a una multa por la agresión cometida contra el hijo del propietario durante la misma trifulca, originada cuando el principal condenado intentó llevarse un vaso de cristal del establecimiento.

Los hechos se remontan a la noche del 21 de septiembre de 2023. Según recoge la sentencia, los acusados se encontraban en el local cuando, al cierre, uno de ellos decidió llevarse un vaso de cristal. El hijo del propietario se dirigió a él de manera educada para pedirle que lo devolviera, ofreciéndole incluso un vaso de plástico a cambio.

La respuesta de este acusado, lejos de ser conciliadora, fue desafiante, espetándole “tienes razón, bien dicho, pero si quiero me lo llevo”. A continuación, apretó el vaso hasta romperlo con su propia mano. En ese momento, el segundo acusado intervino propinando un puñetazo en la cara al hijo del dueño, haciéndolo caer al suelo. Cuando la víctima advirtió que llamaría a la policía, ambos hermanos se abalanzaron sobre él: mientras uno lo golpeaba, el otro lo retenía para impedir que pudiera defenderse.

Al ver la agresión, el propietario del bar se acercó para intentar proteger a su hijo. Fue entonces cuando el acusado condenado a prisión le propinó un fuerte empujón que desplazó al hostelero violentamente contra un vehículo, cayendo posteriormente al suelo y golpeándose la muñeca contra el pavimento. Como resultado de esta paliza, el hijo del dueño del bar sufrió contusiones que sanaron en una semana, pero su padre sufrió la rotura del radio de una muñeca que requirió intervención quirúrgica, inmovilización con férula, fisioterapia y un periodo de recuperación de más de dos meses. Además, al ser el único trabajador de su negocio, el hostelero se vio obligado a cerrar el bar durante todo el tiempo que duró su baja.

Tras la condena de la plaza número 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, la defensa de los hermanos recurrió, sosteniendo que todo fue un “choque fortuito” o una caída accidental, y pidió que los hechos fueran calificados como una imprudencia. Sin embargo, la Audiencia ha dado plena credibilidad a los testimonios de las víctimas y de los clientes presentes, que coincidieron en describir una agresión “depredadora” y deliberada.

De este modo, el tribunal ha confirmado, para uno, la pena de prisión de seis meses de prisión por un delito de lesiones y una multa de 180 por un delito leve de lesiones, además de pagar una indemnización de 14.976 euros al hostelero (incluyendo el lucro cesante por el cierre del bar) y 249 euros al hijo. Por otro lado, el segundo procesado ha sido condenado a una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y al pago solidario de la indemnización al hijo. Ambos tienen prohibido acercarse al hostelero y a su bar, a menos de 200 metros, durante tres años. Esta misma medida se aplica sobre el hijo de la víctima, pero durante un periodo de seis meses.

Por último, la Audiencia ha ratificado la absolución de los procesados en relación con el delito de amenazas por el que también estaban acusados.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de suplicación presentado por un trabajador de Córdoba después de que un juzgado de la capital considerara que el empresario para el que trabajaba en una finca no debía indemnizarle por el accidente laboral que sufrió. Para esta decisión, el alto tribunal andaluz ha aplicado la “concurrencia de culpas”, por lo que el empresario deberá indemnizarle con 85.598,89 euros dado que en el accidente fueron determinantes las faltas de seguridad.

La caída tuvo lugar hace más de diez años, en enero de 2016, mientras el empleado se encontraba realizando labores de poda de encinas en una finca de la provincia de Córdoba. En un momento dado, el trabajador, con una experiencia de unos ocho años en el sector, accedió a la cruz de un árbol utilizando una escalera de mano. Tras subir, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía podar, llevando consigo una motosierra de unos 3,5 kilos de su propiedad.

Mientras realizaba el corte, escuchó un crujido seco. La rama en la que se encontraba apoyado, que aparentemente parecía estar en buen estado, cedió al estar podrida en su interior. El operario estaba anclado con un arnés precisamente a esa misma rama, pero cayó al vacío desde una altura aproximada de 3,5 metros, impactando contra el suelo. Tras la caída, perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.

Las investigaciones posteriores, tanto de la Inspección de Trabajo como del Centro Provincial de Riesgos Laborales, revelaron una falta de seguridad que ha llevado al TSJA a revocar la sentencia del Juzgado de lo Social número 4. Así las cosas, la empresa carecía de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, no se había evaluado el riesgo de trabajar en altura ni se habían determinado métodos seguros de poda (como el uso de plataformas elevadoras). Tampoco se había acreditado que el trabajador recibiera información sobre los riesgos de su actividad ni formación sobre el uso correcto de los equipos de protección individual (EPIs). Además, se detectó una falta de vigilancia efectiva sobre el método de trabajo utilizado, permitiéndose una práctica de riesgo.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda del trabajador. El juez consideró que, aunque el empresario facilitó arnés y escalera, el empleado actuó con negligencia al no cerciorarse del estado de la rama antes de apoyarse en ella, señalando incluso la existencia de “culpa exclusiva de la víctima”.

Sin embargo, el TSJA ha aplicado la doctrina de la “concurrencia de culpas” al admitir que el trabajador fue imprudente al anclarse a la rama que estaba podando, pero esa imprudencia fue, en gran medida, fruto de la ausencia de formación y evaluación de riesgos por parte del empresario. De este modo, el explotador de la finca, como “garante” de la seguridad, no puede eludir su responsabilidad cuando ha fallado en sus obligaciones básicas.

Por ello, el tribunal ha establecido un reparto de responsabilidad del 70% para la empresa y del 30% para el trabajador. Como resultado, la indemnización total solicitada de 122.284,13 euros -que cubría lesiones temporales, 26 puntos por perjuicio fisiológico, diez por estética y daños morales por la pérdida de calidad de vida- ha sido ajustada a la cifra final de 85.598,89 euros, que el empresario deberá abonar con los intereses legales correspondientes.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el cual ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por S.O. como responsable del asesinato con alevosía de un hombre el 11 de abril de 2024 en un piso de la calle Platero Pedro de Bares. En octubre de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 16 años de prisión, pena que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) el pasado mes de marzo. Ahora, el Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia, así como las indemnizaciones que deberá abonar a los familiares de las víctimas.

Los hechos ratificados por el Alto Tribunal se remontan a la noche del 10 y la madrugada del 11 de abril de 2024 en Córdoba. En el domicilio de la calle Platero Pedro Bares, propiedad de la expareja del agresor, estuvieron divirtiéndose y consumiendo alcohol y drogas el acusado junto a la víctima.

Sobre las 9:00 del 11 de abril se desencadenó una fuerte discusión en el interior de la vivienda entre la mujer y el condenado. Ante la situación, la víctima intervino para defender a la mujer, logrando expulsar al procesado del piso a empujones. Minutos más tarde, el agresor regresó a la casa y llamó a la puerta, que abrió la víctima. En ese instante, “de manera sorpresiva y sin mediar palabra”, S.O. apuñaló a la víctima en el cuello con una navaja de diez centímetros de hoja que portaba.

Mientras el acusado huía del edificio de inmediato, seguido de cerca por la mujer, la víctima intentó taponarse la herida en el interior de la casa antes de desplomarse en el descansillo de la escalera. La agresión le provocó un corte que le desagarró la aorta, causándole la muerte al poco tiempo. El acusado tenía diversos antecedentes penales, algunos de ellos por delitos violentos.

Frente a la condena inicial y su posterior respaldo ante el TSJA, la defensa de S.O. interpuso un recurso de casación alegando que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que no existió alevosía. Así, el condenado alegaba que se vio involucrado en una pelea en la que resultó agredido por la mujer y la víctima, viéndose obligado supuestamente a defenderse con “lo primero que encontró a mano”. Asimismo, argumentaba que aquella mañana tenía sus facultades cognitivas y volitivas alertadas por el consumo de alcohol y drogas.

El Alto Tribunal ha rechazado íntegramente el recurso, que ni siquiera lo ha admitido a trámite, respaldando así toda la argumentación de la Audiencia Provincial de Córdoba. Además, ha insistido en que la víctima no pudo defenderse porque la agresión se ejecutó de forma inopinada en cuanto se abrió la puerta.

El auto le impone al condenado el abono de las costas procesales del recurso y confirma también las indemnizaciones que deberá abonar a los familiares de la víctima: a los dos hijos menores, 111.193,73 euros a cada uno; a la hija mayor de edad, 15.000 euros; a los padres de la víctima, 40.000 euros a cada uno; a la hermana del fallecido, 10.000 euros; y a su expareja sentimental, 15.000 euros. Por último, el Supremo ratifica que S.O. estará sometido a libertad vigilada durante ocho años tras cumplir condena.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre ratificando íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital cordobesa. El tribunal le impone una pena de un año de prisión como autor de un delito de quebrantamiento de condena, además de una multa de 1.440 euros por haberse quitado la pulsera telemática.

Los hechos se enmarcan en la relación sentimental que el acusado y la víctima mantuvieron en el pasado. Con fecha de 23 de febrero de 2025, el Juzgado Mixto número 1 de Posadas dictó un auto en el marco de unas diligencias urgentes por el cual se acordó una orden de protección de carácter cautelar. Dicha resolución prohibía al hombre aproximarse a la mujer a menos de 500 metros de cualquier lugar donde se encontrara o de su domicilio, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Para garantizar el cumplimiento, se le impuso el uso de una pulsera de control.

A pesar de esta prohibición judicial que ya estaba vigente, consta en la sentencia que ambos habían retomado brevemente la relación de forma temporal en mayo de 2025. No obstante, dicha relación sentimental terminó de forma definitiva en julio de 2025, momento a partir del cual se produjeron los hechos que han motivado esta sentencia.

Según el fallo, un día en el que aún seguía vigente dicha prohibición, el procesado le escribió en tres ocasiones emplazándole a quedar en la zona del Vial Norte para entregarle sus cosas y para contarle una supuesta mala noticia. La víctima no le contestó a ninguno de los mensajes y se puso inmediatamente en contacto con su agente de custodia Viogen de la Policía Nacional, quien le indicó que permaneciera en su domicilio. Paralelamente, los agentes montaron un dispositivo policial en la zona supuestamente había quedado con el procesado, quien sí acudió a la cita. El acusado acudió a la cita prevista y fue sorprendido y detenido en el lugar, comprobándose además que no portaba el dispositivo telemático reglamentario.

A estos hechos se suma que, días después, el acusado se despojó voluntariamente de la pulsera telemática de control, que no ha podido ser localizado desde entonces. Fue la madre del propio procesado quien se puso en contacto con el Centro Cometa para notificar que su hijo se había quitado el aparato, a pesar de saber perfectamente que estaba apercibido de cometer un delito de quebrantamiento si lo hacía sin una resolución judicial previa que lo autorizara.

En su recurso de apelación, la defensa del hombre alegó un error en la valoración de la prueba y solicitó la aplicación de una atenuante, argumentando que padece una discapacidad intelectual leve y un trastorno mixto que le impedían comprender el alcance real de sus actos y de los mensajes enviados. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos recordando que el informe del médico forense determinó que, aunque presenta una diversidad funcional de carácter leve, conservaba intactas sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, comprendiendo perfectamente el alcance de una prohibición judicial.

Además, los magistrados recalcaron que el acusado no es un delincuente primario, ya que contaba con una condena previa por el mismo delito dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Córdoba, por lo que se le ha aplicado correctamente la agravante de reincidencia.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla ha acordado este martes la libertad provisional del conductor implicado en el accidente en el que el pasado viernes falleció un motorista y resultó herido grave su acompañante en el término municipal de Montalbán. El conductor está investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y de lesiones por imprudencia.

El conductor fue detenido el mismo día de los hechos y puesto en libertad por la Guardia Civil, a la espera de declarar este martes en el juzgado de Montilla, partido judicial al que pertenece el municipio en el que ocurrió el accidente. Ante la titular del órgano judicial, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar y ninguna de las partes ha solicitado su ingreso en prisión preventiva, por lo que no hubo que convocar la comparecencia de prisión. A petición del fiscal, la jueza ha acordado la doble medida cautelar de retirada del permiso de conducir y la prohibición de manejar vehículos.

Además del delito de homicidio y lesiones por imprudencia, el conductor también será investigado por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir bajo el efecto del alcohol y sustancias estupefacientes. También se está averiguando si cometió un segundo delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad

Tras el choque, el conductor de la moto -un joven de La Rambla- falleció, mientras que su acompañante se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Montilla. En el turismo que conducía el investigado viajaba otro hombre, de 32 años, que fue asistido por los servicios médicos en el lugar del siniestro, no precisando traslado hospitalario. El conductor también fue atendido por los servicios sanitarios y sometido a las pruebas de alcohol y drogas, siendo ambas positivas. Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de La Rambla decretó un día de luto oficial, suspendiéndose todos los actos desde las 12:00 del 7 de agosto a las 00:00 del día 8.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa a un conductor que fue interceptado en la A-4 en Córdoba mientras conducía un vehículo 144.665 euros camuflados en su interior. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el conductor, quien alegó que la multa impuesta -72.832 euros, la máxima permitida por ley- sobrepasaba el delito cometido.

Según la sentencia, los hechos se remontan a abril de 2022, cuando agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba desplegaron un control rutinario en el punto kilométrico 374 de la autovía A-4, a su paso por San Antonio, en El Carpio. Durante la inspección de un turismo, los agentes descubrieron los 144.665 euros en efectivo que no habían sido declarados previamente.

El dinero no iba a la vista, sino estratégicamente camuflado, ya que estaban fraccionados y envueltos en 15 paquetes de film transparente. Todo el dinero, además de un billete falso de 20 euros, estaban escondidos en el hueco destinado a la rueda de repuesto del automóvil. Ante este hallazgo, se dio traslado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), iniciándose un expediente sancionador por una infracción grave, ya que la ley establece la obligación de declarar los movimientos por territorio nacional de efectivo iguales o superiores a 100.000 euros.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso inicialmente una multa de 72.832 euros -equivalente al 50% del valor de los fondos incautados, el tope máximo estipulado por la ley- acompañada de una amonestación privada. Sin embargo, el infractor recurrió la decisión alegando falta de proporcionalidad y argumentando que no debió aplicarse el grado máximo de la sanción. Sin embargo, el TSJM ha desestimado su recurso debido a la cuantía hallado y que el uso tanto del hueco de la rueda de repuesto como el de los paquetes sellados con film transparente evidenciaban una clara intención de eludir la acción policial. Además, el conductor no aportó ningún tipo de dato ni documento que acreditara el origen lícito del dinero, ni demostró ejercer actividad económica alguna que respaldara una capacidad financiera semejante.

De este modo, el tribunal ha concluido que la presencia de estas agravantes justifica la aplicación de la multa máxima, desestimando el recurso y condenando al demandante al pago de las costas procesales con un límite de 3.000 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado 14 meses de prisión para un hombre que robó hasta 15 joyas de oro de la casa de una amiga después de que esta le prestara las llaves para, supuestamente, “recoger unas bebidas”. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, ratificando así la sentencia dictada el pasado mes de marzo por la plaza número tres de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Los hechos se remontan a la madrugada del 14 al 15 de agosto de 2023. Según el relato de hechos probados, el acusado mantenía una estrecha relación de amistad con el marido de la víctima e, incluso, se alojaba en una vivienda propiedad de la familia de esta. Aprovechando este vínculo, el procesado pidió a su amiga las llaves de su domicilio con la excusa de entrar a recoger unas bebidas. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, fue al dormitorio principal y sustrajo del joyero personal de la víctima un total de nueve pendientes, tres pulseras, dos anillos y una cadena, todas ellas piezas de oro. El valor pericial de los objetos robados asciende a 2.100 euros.

En su recurso, la defensa del acusado alegó que no existían pruebas directas del robo y que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque nadio lo veo llevarse las joyas. Sin embargo, la sentencia recoge que solo la víctima, su marido y el acusado tenían acceso a la llave de la casa en el momento de la desaparición de los objetos. Asimismo, la Audiencia ha confirmado la agravante de abuso de confianza y el pago de las costas de primera instancia.

El Tribunal Supremo ha absuelto a los siete integrantes del consejo rector de la cooperativa Nuestro Padre Jesús de las Penas, de Encinas Reales, al concluir que no actuaron con negligencia cuando decidieron invertir parte de los excedentes de tesorería de la sección de crédito en bonos subordinados de Banco Popular, una operación que acabó frustrándose tras la disolución de la entidad bancaria en 2017. Esto conllevó a que la mitad del pueblo, unas 1.500 personas, perdieran sus ahorros, que estaban depositados en dicha sección de crédito.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación presentado por los antiguos responsables de la cooperativa y ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 2021, que les había condenado a indemnizar a decenas de socios por el dinero que no pudieron recuperar de sus depósitos. Con esta decisión, el alto tribunal español confirma el fallo inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que en 2019 había desestimado la demanda de los cooperativistas y absolvió a los siete miembros del consejo rector.

El origen del litigio se remonta a octubre de 2015, cuando el consejo rector acordó invertir 2,49 millones de euros en 42 bonos subordinados emitidos por BPE Financiaciones y garantizados por Banco Popular, con una rentabilidad anual cercana al 6,9 %. Meses después también adquirió bonos de CaixaBank por 1,5 millones, una operación que sí resultó rentable. Sin embargo, la resolución de Banco Popular por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en junio de 2017 provocó que los bonos quedaran amortizados y la cooperativa perdiera la inversión. Como consecuencia, el consejo rector limitó temporalmente la retirada de fondos de los socios para evitar una fuga masiva de depósitos que comprometiera la viabilidad de la sección de crédito.

Decenas de cooperativistas reclamaron entonces más de 1,5 millones de euros, al considerar que los miembros del consejo rector habían actuado de forma imprudente al invertir el dinero de la cooperativa en un producto financiero de alto riesgo. Sin embargo, el juez de primera instancia absolvió a los directivos, que sí fueron condenados en apelación porque la Audiencia Provincial entendió que la inversión incumplía los criterios de seguridad exigidos para las secciones de crédito de las cooperativas y condenó solidariamente a los administradores.

No obstante, la causa ha dado un vuelco de 180 grados con el reciente fallo del Supremo, que ha manifestado que el consejo rector actuó con el asesoramiento de Santander Banca Privada, que la inversión estaba respaldada por Banco Popular -cuya solvencia no hacía prever en 2015 el desenlace ocurrido dos años después- y que, incluso, el auditor de la cooperativa entendió que la operación cumplía la normativa aplicable.

Para el alto tribunal, los responsables de la cooperativa no incumplieron sus deberes de diligencia porque no existía entonces una previsión razonable del colapso de Banco Popular y la inversión se adoptó siguiendo un procedimiento adecuado, con asesoramiento especializado y buscando una mayor rentabilidad para los excedentes de tesorería. En consecuencia, el Supremo ha concluido que no concurre la negligencia grave necesaria para exigir responsabilidad personal a los miembros del consejo rector y ha dejado sin efecto la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba.

La cooperativa superó el concurso de acreedores al que se enfrentó.

Hay que recordar que, ante las consecuencias de la quiebra del Banco Popular, la cooperativa se declaró en concurso de acreedores en agosto de 2019, superando este proceso legal en diciembre de 2020. Tras meses de trabajo, en octubre de aquel año, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba aprobó el convenio de acreedores presentado por la Cooperativa Nuestro Padre Jesús de las Penas, cesando desde ese momento los efectos propios del concurso.

En el convenio aprobado se dispuso que los créditos ordinarios serían abonados con una quita del 30% en un plazo máximo de tres meses desde la sentencia que aprobó el convenio. En tiempo récord, la cooperativa dio cumplimiento íntegro al convenio y puso a disposición de sus acreedores las cantidades convenidas.

Un joven ha sido condenado a seis meses de prisión y a una multa de 140 euros por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido distribuyendo sustancias estupefacientes en el recinto ferial de Santa María de Trásierra. La sentencia de apelación de la Audiendia Provincial de Córdoba ratifica que el intenso olor a marihuana que emanaba del acusado fue el indicio clave que permitió a los agentes de la Policía Nacional proceder a su registro y posterior detención.

Los hechos se remontan a la madrugada a agosto de 2024, aproximadamente a las 2:30. La intervención policial se inició tras el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la presencia de un joven vendiendo “porros” en la feria. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en el puesto de la Cruz Roja, donde se encontraba acompañando a un amigo que se sentía indispuesto. Al aproximarse, los policías no solo comprobaron que su descripción física coincidía con la facilitada, sino que detectaron que el individuo “desprendía un fuerte olor a marihuana”.

Tras realizarle un cacheo de seguridad, los agentes hallaron casi diez gramos de marihuana en cinco envoltorios de plástico, cerca de dos gramos de resina de hachís distribuidos en seis trozos independientes y 42,10 euros en efectivos fraccionados en billetes y numerosas monedas. El valor total de la droga en el mercado ilícito se calculó en algo más de 73 euros.

Según recoge la sentencia, el acusado admitió que “llevaba la droga así preparada para su venta porque no estaba su madre y necesitaba subsistir”. A pesar de que la defensa solicitó la absolución alegando que la pequeña cantidad era para autoconsumo, la Audiencia ha desestimado el recurso ante los indicios suficientes de tráfico de drogas, como son la presentación de la misma en monodosis, la posesión de dinero fraccionado de forma poco usual y la propia admisión del investigado.

Un hombre deberá pagar 9.000 euros a su exmujer -a razón de 250 euros al mes durante un periodo de tres años- en concepto de pensión compensatoria tras divorciarse después de casi dos décadas de matrimonio. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en una resolución que rectifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, al reconocer el claro desequilibrio económico sufrido por la exesposa al haber aparcado su trayectoria laboral para volcarse en el cuidado de la familia y de los hijos comunes.

En la sentencia, a la que ha accedido este periódico, el tribunal recoge que aunque la mujer trabajó por cuenta ajena durante los primeros años de matrimonio -efectuado en 2005-, su actividad en el mercado laboral cesó prácticamente tras el nacimiento de su primera hija en 2007. A partir de ese momento, la esposa asumió de manera prioritaria el cuidado del hogar y la crianza de los dos hijos de la pareja.

Durante el proceso judicial, el exmarido -policía nacional en Córdoba con unos ingresos medios superiores a los 2.500 euros netos mensuales- argumentó que la mujer, desde 2022, obtenía ingresos adicionales (de entre 500 y 600 euros al mes) mediante tareas informales de etiquetado, empaquetado y venta de joyería dentro de la economía sumergida. Sin embargo, la Audiencia ha aclarado que la precariedad e inestabilidad de esos trabajos en b no eliminan el derecho a la pensión compensatoria y que la dedicación a la familia privó a la exmujer de cotizaciones y de expectativas de promoción laboral, beneficiando paralelamente al exmarido, que pudo desarrollar su carrera profesional con plena dedicación.

Aunque el tribunal ha reconocido la pensión compensatoria, ha rechazado elevar la pensión de alimentos de los hijos (una joven de 18 años que prepara oposiciones a Policía Nacional y un menor en edad escolar), por lo que ha quedado fijada en 325 euros mensuales por hijo, al estimar que es una cifra “ajustada, proporcionada y suficiente” para cubrir sus necesidades.

Por último, la Audiencia ha mantenido la petición de la Fiscalía, recogida en la sentencia de instancia, relativa a dar traslado a la Agencia Tributaria de los posibles fraudes en los que hubiera incurrido la expareja, ya que en los trabajos de joyería no declarados por la mujer también colaboró su exmarido.

El precio del diésel ha retomado la senda alcista en Córdoba. El litro medio del diésel cuesta este 3 de agosto una media de 1,857 euros, según la evolución diaria de los precios en la provincia, encadenando varias semanas de incrementos después de un trimestre de relativa estabilidad. El repunte coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo.

La serie histórica del precio medio del diésel en Córdoba refleja con claridad cómo han evolucionado los carburantes durante este año. Así, tras un comienzo muy estable, los precios experimentaron una fuerte escalada en marzo, una corrección durante la primavera y un nuevo repunte desde julio. Durante enero y buena parte de febrero, el diésel apenas experimentó variaciones en Córdoba, según los datos recogidos por Facua. El precio medio permaneció alrededor de 1,41 euros por litro, con oscilaciones mínimas. La situación cambió por completo a finales de febrero. Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo comenzaron a trasladarse a los mercados internacionales del petróleo y el gasóleo, provocando una subida casi diaria del precio en las estaciones de servicio.

Entre el 15 y el 21 de marzo se produjo el mayor encarecimiento del año. El litro del diésel pasó de 1,860 euros a 1,954 euros, un incremento de casi diez céntimos en apenas seis días que situó el combustible en su máximo anual en la provincia. Aquella escalada no fue exclusiva de Córdoba, ya que el aumento del precio del barril de Brent y del gasóleo refinado afectó al conjunto de España, obligando al Gobierno a aprobar un paquete de medidas para contener el impacto sobre familias y empresas.

Tras ese fuerte repunte comenzaron a desplegarse las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo. Este plan combinó una rebaja fiscal sobre los carburantes con un calendario de retirada gradual diseñado para adaptarse a la evolución de los mercados energéticos. En Córdoba, la serie histórica muestra que, tras alcanzar el máximo de marzo, el precio inició una corrección progresiva. El 7 de abril el litro de diésel se situaba en 1,867 euros; el 8 de abril, en 1,888 euros; el 9 de abril, en 1,886 euros; el 10 de abril, en 1,868 euros; y el 11 de abril, en 1,863 euros.

Aunque el combustible seguía siendo notablemente más caro que al comienzo del año, el mercado entró en una fase mucho más estable que llevó a que los meses de entre abril y junio apenas hubiera sobresaltos en los precios. Este escenario cambió con la llegada del verano. Desde comienzos de julio, el precio inició un ascenso lento pero constante que se ha prolongado hasta los primeros días de agosto. Este movimiento coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas a los carburantes para los hogares. El Gobierno optó finalmente por no eliminarlas de golpe, sino por reducirlas de manera escalonada mientras mantiene el apoyo a los sectores profesionales más dependientes del combustible, como el transporte o la agricultura.

Según el calendario aprobado por el Ejecutivo, la bonificación ha pasado de 15 a diez céntimos por litro en agosto y se reducirá aún más para septiembre, que será de cinco céntimos, con la previsión de desaparecer en octubre. Además, el decreto incorpora una cláusula de salvaguarda que permitiría recuperar ayudas más elevadas si los carburantes vuelven a dispararse por encima de determinados umbrales de inflación. Aunque el precio medio del diésel en Córdoba ha subido y se sitúa por debajo del récord anual de 1,954 euros registrado el 21 de marzo, la evolución de las últimas semanas confirma un cambio de tendencia tras varios meses de estabilidad. Los próximos meses estarán condicionados por dos variables. Por un lado, el calendario previsto por el Gobierno para culminar la retirada de las ayudas fiscales a los carburantes. Por otro, la evolución del mercado internacional del petróleo, que continúa sometido a una elevada volatilidad por la situación geopolítica y que será determinante para saber si el precio del diésel vuelve a superar los máximos registrados durante la primavera.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena impuesta a un hombre por abordar y realizar tocamientos a una menor de edad en plena calle en enero de 2023. Aunque el tribunal ha reconocido la existencia de dilaciones indebidas debido a que el juzgado de instancia tardó más de ocho meses en dictar la sentencia original, ha decidido mantener íntegra la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2023, alrededor de las 20:45 en una calle de la capital cordobesa. El acusado comenzó a seguir a la víctima, una menor de 17 años, mientras le profería expresiones de alto contenido sexual y degradantes, tales como “vente conmigo a mi casa que te voy a follar”. En un momento del trayecto, el agresor se acercó y le tocó los glúteos de forma inopinada y sin consentimiento. La joven logró escapar y refugiarse en el domicilio de un familiar tras sufrir una crisis nerviosa, mientras que el acusado huyó del lugar ante los gritos de auxilio de la menor.

Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba le impuso un año de prisión por un delito de agresión sexual, tres años de inhabilitación para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto directo con menores; la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima durante dos años, y una indemnización de 500 euros por daños morales y la crisis nerviosa sufrida.

El condenado recurrió la sentencia alegando un error en la valoración de la prueba, cuestionando que la víctima no realizó una identificación directa en el juicio y argumentando que era “imposible” realizar el tocamiento mientras circulaba en patinete sin caerse. Sin embargo, la Audiencia ha desestimado estos argumentos. Los magistrados han subrayado que la víctima identificó fotográficamente al agresor con seguridad, ya que era una persona conocida de vista por ser repartidor de mensajería y residir a apenas 100 metros del lugar de los hechos. Respecto al patinete, el tribunal ha aclarado que “basta con circular a muy reducida velocidad” para que el tocamiento fuera perfectamente viable.

El único motivo que sí ha estimado la Audiencia es el relativo a la existencia de dilaciones indebidas dado que la condena de instancia tardó más de ocho meses pese a la “simplicidad” de los hechos. No obstante, esta atenuante solo ha tenido efectos “testimoniales”, puesto que la pena ya había sido impuesta en su mínimo legal y no se ha modificado la cuantía de la misma.

Por su parte, la acusación particular, representada por el padre de la menor, solicitó que se aplicara una agravante por considerar que el ataque se produjo en circunstancias de “tiempo y lugar” favorables al agresor al ser de noche. El tribunal ha rechazado esta petición, señalando que las 20:45 en un entorno urbano “normalmente poblado e iluminado” no constituyen una situación de aislamiento que facilite el delito o impida la defensa. De hecho, la sentencia ha destacado que la joven pudo recibir auxilio de su hermano casi de inmediato, lo que desvirtúa la idea de un lugar apartado. Así las cosas, la condena de instancia se mantiene de manera intacta.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año y seis meses de prisión al cuidador de una mujer por apropiarse de 61.200 euros de su patrimonio mientras esta permanecía sedada durante los últimos días de su vida. El tribunal considera acreditado que el acusado aprovechó el estado de inconsciencia de la víctima para acceder a su banca electrónica y realizar cuatro transferencias de 15.000 euros cada una, además de tres operaciones mediante Bizum por importes de 500, 500 y 200 euros, que fueron ingresadas en una cuenta de su titularidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que la mujer ingresó el 16 de marzo de 2023 en el hospital debido a una grave dolencia que finalmente provocó su fallecimiento el 25 de marzo de ese mismo año. Durante los días previos a su muerte permaneció bajo sedación paliativa y, según los facultativos que la atendieron, había perdido la capacidad de conciencia y no podía manejar un teléfono móvil ni realizar operaciones bancarias.

El acusado llevaba trabajando desde 2009 como empleado doméstico y cuidador de la víctima. Esa relación de confianza hizo que dispusiera de las claves de acceso a la cuenta bancaria de la mujer, además de diversos poderes notariales para determinadas gestiones personales y patrimoniales. Sin embargo, la Audiencia concluye que utilizó esa posición de confianza para acceder a la banca 'online' de la víctima y transferir el dinero a su propia cuenta cuando ella ya no podía decidir por sí misma.

Los magistrados rechazan la versión ofrecida por el acusado, quien sostuvo durante el juicio que el dinero recibido era un “regalito” que la fallecida había querido hacerle antes de morir. La resolución considera esa explicación incompatible con el estado clínico de la mujer, ya que las pruebas médicas y los testimonios del personal sanitario acreditan que permanecía sedada y con la conciencia muy disminuida desde al menos 48 horas antes de su fallecimiento.

La sentencia también descarta que las operaciones pudieran haber sido realizadas por el hermano de la fallecida, como apuntó la defensa. La Audiencia recuerda que este había perdido meses antes los poderes sobre las cuentas bancarias de su hermana y que, además, fue quien presentó la denuncia una vez conocido el movimiento del dinero tras el fallecimiento.

En el momento de su muerte, la mujer había otorgado un testamento abierto, fechado el 2 de marzo de 2023, por el que designaba heredero universal a su hermano y establecía distintos legados en favor de Cáritas Diocesana de la Parroquia de Santas Margaritas y de Cruz Roja de Córdoba. Precisamente estas entidades y el hermano de la fallecida ejercieron la acusación particular durante el procedimiento.

Aunque las acusaciones solicitaron condenas por estafa y administración desleal, la Audiencia entiende que los hechos encajan en un delito de apropiación indebida agravada, al haberse producido una apropiación definitiva del dinero sin que existiera un engaño previo para obtener el desplazamiento patrimonial. Además, aprecia la agravante derivada de que el perjuicio económico superó los 50.000 euros.

Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año y seis meses de prisión, al pago de una multa de siete meses y a indemnizar a los herederos de la fallecida con 61.200 euros, cantidad que deberá incorporarse a la herencia para cumplir la última voluntad testamentaria de la mujer.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de la calle Frailes de Córdoba por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de uno de los residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.