La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que supone un doble revés para un cordobés en situación de especial vulnerabilidad. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el hombre, que tiene una discapacidad reconocida del 69% y grado II de dependencia severa, quien reclamaba a la Junta de Andalucía el pago de una ayuda al alquiler que le fue denegada por falta de crédito presupuestario. Además, le ha impuesto el abono de las costas, que pueden llegar hasta un máximo de 1.000 euros.

El caso se remonta a la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 para personas con ingresos limitados y jóvenes. El demandante, debido a su situación de gran dependencia, solicitaba una subvención equivalente al 75% de su renta mensual (de 300 euros) durante un periodo de 36 meses, lo que sumaba una cuantía total de 8.100 euros.

Sin embargo, la Delegación Territorial de Fomento en Córdoba desestimó su solicitud alegando el “agotamiento del crédito existente”. El afectado decidió llevar el caso a los tribunales argumentando que, según sus cálculos, la Administración solo había gastado un pequeño porcentaje de los fondos y que existía un remanente de más del 92% (casi cinco millones de euros) que debería haber servido para cubrir su ayuda.

En su sentencia, el TSJA ha aclado que la concesión de estas ayudas está legalmente condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Así, ha establecido que, aunque un ciudadano cumpla todos los requisitos para recibir la ayuda, la Administración puede denegarla si el presupuesto se ha acabado, siempre que aporte una “motivación suficiente”. Además, el hombre presentó su solicitud el 8 de enero de 2019. Para esa fecha, según al sentencia, ya se había agotado el crédito dado que las ayudas se daban por orden de llegada, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos.

Para el tribunal, la Junta de Andalucía cumplió con esta obligación al aportar un certificado que detallaba el destino de los fondos en Córdoba: se concedieron 355 ayudas a jóvenes, se otorgaron 969 ayudas generales con fondos estatales (por un total de cinco millones de euros)y se aprobaron 157 complementos de vulnerabilidad con fondos autonómicos.

Además de perder la posibilidad de recibir la ayuda para su vivienda, la sentencia ha impuesto al hombre el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros.

El juez que hizo temblar los cimientos del Estado nació en la calle Cruz Conde, número 5. Allí vivió unos cuantos años en el seno de una familia de la burguesía cordobesa, que poco después acabó en la más absoluta ruina. Nada hacía presagiar entonces que medio siglo más tarde a José Castro Aragón le iba a caer en sus manos un expediente judicial que ya es historia de España. En 492 años de monarquía peninsular ha sido el único togado que ha tenido las agallas de sentar en el banquillo a un miembro de la Casa Real. Y no es un dato menor.

Son las 10.15 horas de la mañana en pleno corazón del casco histórico de Córdoba. El juez Castro nos recibe en el patio interior del Hotel Maimónides. Ha regresado a su ciudad natal para presentar su último libro: El caso Nóos: toda la verdad del proceso que conmocionó España. Nada menos que 512 páginas demoledoras sobre una instrucción que duró cuatro años y rellenó 100 tomos de pruebas concluyentes que acabaron con el yerno del rey entre rejas.

El acto de presentación tuvo lugar en el Centro Social Rey Heredia en un patio abarrotado. El juez Castro habló sin filtros. No ahorró adjetivos para calificar la responsabilidad de la Casa Real en el caso Urdangarin. A su derecha se sentó el abogado cordobés Manuel Delgado, que representó al Frente Cívico de Anguita como acusación popular en el juicio. A su izquierda, la activista vecinal Ana Rueda. “Pepe Castro es un juez imparcial y justo”, aseguró Rueda ante el centenar de asistentes, “y una especie en peligro de extinción”.

PREGUNTA. ¿La justicia es igual para todos?

RESPUESTA. En absoluto.

Lo dice un juez con unas cuantas décadas en ejercicio, instructor de algunos de los procesos más mediáticos de Baleares, que terminó procesando a un mandatario autonómico, un conseller y una presidenta del Parlament. Ahí es nada. José Castro se jubiló en diciembre de 2017, con 72 años de edad y una ejecutoria judicial insobornable en la defensa del interés público.

Su biografía arrancó en diciembre de 1945 en la calle más señorial de Córdoba. “Mi padre era de profesión ‘sus herencias”, dice con afilada sorna. Heredó de su tía, de su madre y también de su progenitor, pero una “mala dirección” y una “vida desordenada” dilapidaron su fortuna en unos cuantos años. Para entonces, José Castro ya vivía independiente de su familia tras aprobar las oposiciones al cuerpo especial de prisiones y desempeñarse como funcionario en la antigua cárcel de Fátima, hoy desaparecida.

De Córdoba conserva muy grato recuerdo. “Era una ciudad muy distinta a la de hoy. Nos juntábamos un grupo de amigos y nos íbamos a tomar medios a la Judería, que no tenía nada que ver con lo que es ahora”. Recuerda especialmente la taberna Mezquita y los “mejores boquerones en vinagre del mundo”, hoy convertida en tienda de souvenir como la inmensa mayoría de los comercios del casco histórico. El flamenco entonces era la banda sonora del barrio viejo cuya vitalidad se mantenía en guardia hasta altas horas de la madrugada.

Como funcionario de prisiones trabajó dos años. Un incidente con el director de la cárcel lo catapultó a la Modelo de Barcelona y acabó precipitando su renuncia para prepararse las oposiciones a secretario de juzgado comarcal, primero, y juez, algo más tarde. Se estrenó en 1976 en Marchena, antes de peregrinar por los juzgados de Fregenal de la Sierra, Barcelona, Málaga, Dos Hermanas, Lanzarote, Sabadell y finalmente Palma de Mallorca, donde ejerció durante 27 años y firmó la instrucción de su vida. De hecho, su nombre está indisolublemente unido ya al de los Borbones.

En las memorias del rey descubrí a un señor que miente y se atribuye méritos que no ha tenido

P. ¿Ha leído las memorias del rey Juan Carlos?

R. Sí. Compré el libro. No me lo han prestado. Así que he incrementado en el porcentaje que le corresponde la fortuna del rey.

P. ¿Por curiosidad o por masoquismo?

R. Yo creo que por curiosidad. Por masoquismo, no. Por saber qué opinaba este señor de mi trabajo y, en el caso de que su opinión no me conformara, poder darle la réplica cuando tuviera la oportunidad de hacerlo. Y la tuve en La Sexta Explica.

P. ¿Qué personaje descubrió en el libro?

R. Descubrí un señor que miente y que se atribuye méritos que no ha tenido. Si tú traes la democracia, hay que agradecértelo siempre y cuando tengas la alternativa de no traerla. Pero si no tienes otra opción más que traer la democracia, a ti no hay que aplaudirte. Has elegido la única opción posible. Y, sobre todo, atribuirse el mérito de frenar el golpe de Estado de Tejero. Yo tengo otras fuentes que me dicen que la cosa no fue así.

P. ¿Y cómo fue el golpe según su fuente?

R. Lo dice Carlos Fonseca en un libro que se titula La Farsa. Y dice de boca de Sabino Fernández Campo, que cuando se entera del golpe de Estado el rey dice: “Yo no quería tiros”. Entonces, ¿usted qué es lo que quería? Miente muchísimo. Yo le di la réplica en un programa de televisión pero ya me he retirado de los platós.

P. ¿Se ha retirado totalmente?

R. Totalmente.

P. ¿Ya no quiere volver?

R. No quiero volver.

P. Usted ha colaborado con La Sexta.

R. He sido colaborador de Malas Lenguas, con Jesús Cintora, que es un gran amigo. Con José Yélamo, en La Sexta Explica, he sido colaborador también, pero creo que ha llegado el momento de retirarse.

P. ¿Por qué?

R. Porque no te puedes poner tan visto. El otro día me invitaron a un programa y le dije: “Lo siento, pero yo ya anuncié en televisión que no quería salir más”. Sé que pierdo una fortuna.

P. ¿Tanto pagan?

R. Le puedo decir lo que me pagan porque mis finanzas no tienen secretos: 350 euros en Malas Lenguas y 300 en La Sexta.

El caso Zapatero ha sido una sorpresa desagradable, pero el juez, de momento, ha actuado correctamente

P. Por cada intervención.

R. Sí. Y claro: si hay colaboradores que tienen intervenciones en la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, pues al final es un sueldo.

P. En la página 324 de sus memorias, el rey Juan Carlos dice lo siguiente: “La infanta fue también imputada por el juez de Palma de Mallorca, que buscaba deliberadamente notoriedad y se empeñó en convertir el caso en ejemplarizante”.

R. Yo le di respuesta de la mejor manera que se puede. Le dije: “Usted habla así porque a su hija no la conoce o en el libro aparenta no conocerla. A su hija la imputé por esto, por esto, por esto, por esto y por esto”. Mi intervención duró 15 o 20 minutos, que en televisión ya es durar. Y le di la respuesta para que conociera la hija que tenía. Yo no imputé a la infanta por adquirir notoriedad. Eso es llamarme prevaricador a las claras. Y le dije: “Yo no me he querellado contra usted porque el tribunal competente sería el Supremo y el Tribunal Supremo no está para estas cosas”. El Tribunal Supremo ya sabemos para qué está.

P. ¿Y para qué está?

R. Tristemente nos están dando ejemplos. José Antonio Martín Pallín y otros presentamos una querella ante el Tribunal Supremo para que se investigaran los delitos supuestamente cometidos por el rey referentes al fraude de la Hacienda pública. Y el Tribunal Supremo dijo que no investigaba al rey Emérito.

P. ¿Por qué cree que no quería investigarlo?

R. Porque es una papeleta gorda. Yo dedico el libro a todos aquellos que por temor a asumir sus responsabilidades se abstienen o eligen un camino equivocado. La mayor presión que recae sobre un juez no viene del exterior, sino desde dentro del propio juez. Se suelen preguntar: ¿cómo voy yo a condenar a una infanta de España? Desde mi punto de vista, hubo miedo a condenar a una infanta.

P. Hay jueces que son más monárquicos que jueces.

R. Yo no sé cuántos jueces hay monárquicos o republicanos. Lo importante es que lo que un juez piense no contamine sus decisiones. Usted puede ser de comunión diaria, meapilas o lo que usted quiera, siempre y cuando eso no contamine sus resoluciones. Y lo lamentable es que estamos presenciando cómo las ideas morales, sociales, religiosas o políticas están contaminando en gran medida la Administración de Justicia.

P. ¿Cree que ahora pasa eso más que antes?

R. Sí. El mensaje del presidente Aznar de “el que pueda hacer que haga” ha calado en algunas personas.

P. Más adelante el rey afirma lo siguiente: “Funcionarios del Ministerio de Hacienda declararon y alegaron su inocencia. No sirvió de nada. El juez fue implacable. Su propósito era llevar a la Corona al banquillo de los acusados”.

R. Yo no he querido llevar a la Corona a ningún sitio. Yo quería llevar a la infanta Cristina adonde al fin la llevé, pero no porque yo tuviera ninguna idea republicana contra la monarquía. Por supuesto que cada uno tiene su propia idea sobre el modelo de Estado que desea, pero yo no he llevado a la infanta sino por hechos objetivos. Me sorprende que el rey diga esto porque parece que no se ha leído ninguna resolución en la que yo imputaba a la infanta. Igual se ha leído nada más que los recursos del fiscal. Léase mis resoluciones y verá como los indicios que yo señalo ni tan siquiera los ha contradicho la propia defensa de la infanta. Nadie ha dicho que lo que yo he escrito sea mentira. Ni el fiscal, ni la defensa, ni el propio tribunal sentenciador. ¿Por qué? Porque tenían difícil desvirtuar todos estos indicios.

P. Usted ha dicho que el tribunal sentenciador absolvió a la infanta con solo 51 líneas.

R. Sí. Yo las conté. Igual son 52 o 50 líneas, pero dice que no había ningún indicio contra ella ni intervenía en nada. Claro que no intervenía ni contrataba con la gente. Ella no estaba a pie de obra. Ella tenía otra misión: prestar su cara, prestarse a los fraudes fiscales de su marido y aprovecharse del dinero ilícitamente adquirido por él. ¿Desconocía ella de dónde procedía ese dinero? ¿Qué quiere usted que le diga? Es difícil pensar eso.

El fraude a los caudales públicos del caso Nóos fue orquestado por el rey

P. Es que está usted tocando el hueso del Estado.

R. Yo no me he planteado tocar ningún hueso de nadie. Créame. No había intención. Yo amo a España y no me gusta la monarquía, pero eso no ha contaminado en absoluto ninguna resolución. Porque cuando dije la primera vez “no imputo a la infanta” porque lo había pedido Manos Limpias, algunos dijeron: “Hombre, es que este es monárquico”. Y cuando la imputo dicen: “No, ahora este es republicano”. Ni era monárquico entonces ni republicano ahora. Mi ideología es la que sea, pero no tiene nada que ver con la causa.

P. ¿El caso Nóos era, en realidad, el caso Familia Real?

R. Yo entendí que sí. Entendí que estos fraudes de caudales públicos se habían orquestado por el rey, que entonces no era Emérito, y su hija. Y creo que Urdangarin fue un mero ejecutor. Pero claro: esto es lo que uno piensa. Si uno no tiene las pruebas, y aunque las tuviera, yo no podía investigar al rey. Yo soy un juez de provincias que no tiene competencias para investigar al rey. Ni aunque fuera magistrado del Supremo podía investigarlo. En mi fuero interno yo tenía un convencimiento que no podía plasmar en una resolución porque no tenía competencias. Ese convencimiento era que el rey estaba detrás del caso Nóos. Y su hija también.

P. El rey era la X del caso Nóos.

R. Sí. Podíamos decir que sí.

P. ¿Es frustrante no poder tirar de ese hilo porque la ley no te lo permite?

R. Como tú no puedes modificar la ley, pues tienes que apañarte. Cuando llevas ya cerca de 40 años de juez, sabes que hay limitaciones o arbitrariedades legales y tienes que comulgar con ellas. Si no, no podrías seguir ejerciendo tu profesión. No te puedes amargar día a día con aquello que no has podido hacer porque la ley no te lo permite. Lo tienes que asumir y punto.

P. ¿Qué sintió cuando en 2010 abrió en su despacho una carpeta que apuntaba graves indicios contra un miembro de la Casa Real?

R. Cuando yo abrí la carpeta, no sabía que estaba el señor Urdangarin. Era el Instituto Nóos. Es más: nos costó trabajo encontrar su dirección. ¿Para qué? Para citar al representante, que no era entonces el señor Urdangarin, sino Diego Torres. Entonces se le citó y cuando tuve en frente a Diego Torres fue cuando me enteré de que tenía un socio que era Iñaki Urdangarin.

P. Se lo dijo él.

R. Salió en la declaración.

P. ¿Y qué sintió en ese momento? Estaba tocando a un miembro de la Familia Real.

R. Si yo le digo que no sentí nada, igual le miento. Pero no puedo recordar ahora qué impresión me causó conocer que el señor Urdangarin estaba detrás del Instituto Nóos. Creo recordar que no sentí pavor. Lo asumí y dije: “Ya que hemos empezado este camino, hay que seguirlo hasta el final”.

P. ¿Le temblaron las piernas?

R. No. Son ya muchos años de ejercicio profesional. Si me hubiera venido cuando inicié mi actividad, igual diría: “Dios mío, la que me ha caído”.

¿El lawfare existe? ¡Hombre! ¡Lo hemos visto!

P. Usted sabía que iba a convertirse en el ojo del huracán de este país.

R. No me lo planteé. Lo digo seriamente. Todas las resoluciones las iba dictando de madrugada en mi casa. Escribía en el ordenador con dos dedos y eso me daba tiempo a recapacitar. No me planteé nada. Se lo digo honradamente. Ni me planteé que se fuera a derrumbar ningún edificio institucional. Igual que cuando llegó el momento de imputar a la infanta, que además lo comenté con el fiscal. En una comida que hicimos en un restaurante de Palma, le llevé el borrador de un auto de imputación. Y le dije: “Mira, la instrucción se tiene que cerrar, pero no se puede cerrar dejando a la infanta, que es la única vocal del Instituto Nóos que no ha declarado. Ha declarado todo el mundo y la infanta no. Esto no se entiende. Esto es cerrar en falso. Le llevé el borrador con los puntos. Estaba la abogada de la Comunidad Autónoma [balear] y el fiscal.

P. ¿Y qué le dijo?

R. La abogada de la Comunidad Autónoma, que fue la primera que lo leyó, dijo: “A mí me parece correcto”.

P. ¿Y el fiscal?

R. El fiscal dijo: “No. Que declare como testigo”. Y yo le digo: “Oye, Pedro [Horrach], no se elige caprichosamente la condición de imputado o testigo”. Es por su relación con los hechos que merezca una condición u otra. En primer lugar, la infanta no tiene obligación de declarar contra su marido. Eso de entrada.

P. La ley se lo permite.

R. El artículo 416 [de la Ley de Enjuiciamiento Criminal] dice que no tiene por qué declarar en contra de su marido. En segundo lugar, la Ley de Enjuiciamiento dice que puede declarar por escrito. Y luego: ¿qué pregunta le hago yo a la infanta? Oiga, ¿es verdad que usted sabía el origen ilícito del dinero? No son preguntas que se le puedan hacer a un testigo que por ley está obligado a decir la verdad. Y, si la verdad te perjudica y te incrimina, es que esa pregunta no se debió nunca de hacer. A un testigo no se le puede preguntar si es el asesino o si es el violador. El testigo es alguien ajeno a los hechos. Al cabo de los años estoy cenando con Raúl Burillo, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares, y me cuenta que en un primer momento Pedro Horrach quería imputar a la infanta.

P. ¿Cómo?

R. Es más, me dijo que Pedro Horrach le aseguró: “Ahora mi papeleta es que tengo que convencer al juez Castro”. Digo: “Pero esto no tiene sentido”. Dice Burillo “Sí, sí” Y le dije: “¿Te importa que te pase el texto que voy a poner en el libro para que tú le des su aprobación?”. Le di el texto y me dijo: “Me parece correcto”.

P. ¿Y por qué cambió de opinión el fiscal?

R. Yo eso nunca lo he entendido. Horrach ha sido de los mejores fiscales que he conocido. Trabajador, sagaz e interroga muy bien. Es muy válido. Incansable.

P. Le temblaron las piernas.

R. El fiscal Anticorrupción entonces era Antonio Salinas.

P. Y le dio órdenes para que cambiara su posición.

R. Supongo que le diría: “Tú no puedes consentir esto”.

P. La fiscalía es un órgano jerarquizado.

R. Y ya está. Y le diría: “De imputar a la infanta, nada. De que declare, nada. De sentarla en el banquillo, nada. Y de condenarla, nada”. Se han hecho maniobras de dudosa legalidad.

Al fiscal general le han amargado la vida injustamente

P. ¿Por ejemplo?

R. En el juzgado de Santiago Pedraz se seguía una causa contra Manos Limpias porque decían que había extorsionado a los abogados de la infanta pidiéndole dinero para retirar la acusación. El asunto se llevaba en un juzgado central en el que Pedro Horrach no tiene nada que hacer. Pero se movilizó todo el aparato. Entonces, Pedro Horrach se dedicó a ir a Madrid a entrevistarse con el fiscal Campos para tratar de conseguir que Santiago Pedraz inhabilite a Manos Limpias. Y si inhabilita a Manos Limpias ya no tenemos acusación contra la infanta. Son maniobras. ¿Es ilegal? ¿Es un delito que haya cometido el señor Horrach? Es una maniobra que yo no digo que sea delictiva, pero que es de dudosa ética. Y el señor Roca Junyent me propuso una entrevista en un lugar apartado sin fotógrafos y sin periodistas en una finca de Barcelona o Mallorca. ¿Eso es una ilegalidad?

P. Roca le llamó por teléfono.

R. No. A mí me lo propuso el abogado que hacía el enlace del señor Roca, que era abogado de la infanta, aunque nunca ejerció porque no abrió la boca en ninguna de las sesiones de instrucción. El letrado era José María Silva. Y me lo propone a través de otro abogado: “Oye, que el señor Roca quiere entrevistarse contigo”. Y, claro, a mí me sorprendió. ¿Eso es una presión? No. Eso es una trampa. Entonces yo le dije que no iba a ninguna entrevista. Y cuando le propuse que la entrevista fuera en mi despacho, ya dejó de interesarle. ¿Por qué?

P. ¿Se sintió usted solo frente al sistema?

R. No. Esos son sentimientos que ni te daba tiempo a sustentar. Yo bastante tenía cada noche con escribir. Incluso hasta adelantaba resoluciones. Muchas de mis resoluciones tienen fecha de lunes.

P. Trabajaba los fines de semana.

R. Me chupaba el fin de semana. Y algunos recién venido de vacaciones. Los primeros 15 días de vacaciones los invertía en preparar cosas que tenía que dejar terminadas cuando regresara de vacaciones.

P. ¿Cuánto duró todo el proceso?

R. La instrucción no llegó a 4 años, pero no hubo ni un solo día en que no trabajara.

P. Tuvo que alquilar una furgoneta para trasladar las carpetas del sumario.

R. El sumario tenía 100 tomos y 80 anexos. Un día hice la cuenta y salían ciento y pico mil folios. No todos los he escrito yo.

P. España ha tenido 492 años de monarquía y usted es el primer juez en la historia que se atreve a procesar a un miembro de la Casa Real. ¿Qué dice ese pequeño dato de la historia de nuestro país?

R. Que tú seas el primero en algo no es mérito. Si mañana le imputan a usted un delito, el juez también será el primero posiblemente que le haya imputado. Siempre hay un primero en cada cosa.

P. Pero con la historia que tienen los Borbones, es significativo que nunca se haya procesado a un miembro de la Casa Real.

R. Me vino la cosa así. Yo no busqué procesar a ningún miembro de la Casa Real. A los jueces nos vienen los casos de casualidad. Por reparto, por mala suerte, pero nos caen. Y este caso podíamos no haberlo hecho. Podíamos haber puesto el pie encima de aquellos papeles que se encontraron en un registro y que hablaban del caso Nóos. Nadie buscó al señor Urdangarin, ni a la Casa Real, ni causar ningún perjuicio a ninguna institución. Simplemente había un deseo de investigarlo todo y en esto tenía su mérito el fiscal Horrach, que estaba perfectamente de acuerdo en que había que investigar el caso. Donde ya discrepábamos era en el papel que había jugado la infanta Cristina. Nadie pensó: “Estoy haciendo una heroicidad”. No. Las cosas vienen como vienen y ya está.

P. El libro se llama Caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España. ¿Qué quedaba por saber?

R. El título no es obra mía. Yo le puse Caso Nóos. Lo del proceso que conmocionó España es cosa de la editorial. Yo no escribí eso.

M. Rajoy y Cospedal se han ido de rositas

P. Conmocionar a España sí la ha conmocionado.

R. Quiero decir que esa es la publicidad. Lo de echarse flores no he sido yo. Para mí, era el caso Nóos. Punto. Lo demás es cosa de la campaña publicitaria de la editora.

P. ¿Hay algo nuevo en el libro?

R. ¿Algo que no estuviera en el sumario?

P. Si aporta alguna visión nueva.

R. Sí. Quizás me planteo hasta qué punto todos somos iguales ante la ley. En el libro hago una reflexión sobre ello, pero es un libro muy objetivo. Pretendo ser fiel a lo que ocurrió y cuando he novelado algunas partes lo he hecho para que la gente no se aburra tanto.

P. Presentó el libro en un antiguo colegio público ocupado hace muchos años por un colectivo que se llamaba Acampada Dignidad. El abogado Manuel Delgado dijo que usted era el “representante de la dignidad de la judicatura española”. Y yo le pregunto: ¿cuántos jueces se hubieran atrevido a procesar a un Borbón?

R. Con los datos que yo tenía, pienso honestamente que cualquier juez hubiera hecho igual.

P. Eso no lo piensa nadie en España.

R. Con lo que teníamos no puedes cerrar los ojos.

P. Pero el fiscal intentó cerrarlos. Y la audiencia que lo sentenció también los cerró.

R. El fiscal no me rebatió ninguno de mis argumentos. Simplemente se limitaba a soltar insultos de que yo imputaba a la infanta, no por lo que hubiera hecho, sino por ser quien era. Decía que yo no tenía consistencia en mis argumentaciones, pero no me dijo: “Esto que has escrito aquí es falso”. Ni hoy con la sentencia en la mano nadie puede decir que ninguno de mis argumentos fuera falso, porque eran objetivos incluso compartidos en alguna medida por la propia Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria dijo: “El Instituto Nóos es una auténtica máquina defraudatoria”. Estos son palabras de la Agencia. No mías. Pero la infanta no tiene nada que ver. Oiga: “Déjeme a mí que yo lo resuelva”. Usted deme su informe, pero no me diga que la infanta no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿Por qué? Usted hace un informe objetivo sobre el fraude que se ha producido a la Hacienda pública y yo seré quien decida si imputo a uno, imputo a dos o imputo a varios. Y hemos terminado.

P. ¿El artículo 56.3 de la Constitución [sobre la inviolabilidad del rey] quiebra el principio de igualdad?

R. ¡Hombre! ¿A ver cómo compagina usted el artículo 14 con el artículo 56.3? Intente usted armonizar esos artículos.

P. ¿Y por qué se metió esa contradicción tan flagrante dentro del texto constitucional?

R. Eso habría que preguntárselo a los siete padres de la Constitución que se reunieron en el Parador Nacional de Gredos. También escribí un libro sobre estas reuniones. Se llama El ajedrez de siete piezas. ¿Por qué mantuvieron y siguen manteniendo el artículo 56.3 en esa interpretación? Porque el artículo admite otras interpretaciones.

P. ¿La inviolabilidad del rey es absoluta o únicamente para los actos políticos refrendados por el Consejo de Ministros?

R. Eso es lo que tenía que ser. Y además el artículo 56, después de decir que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, dice: “Los actos propios de la función del rey serán refrendados conforme al artículo 64”. ¿Por qué en el mismo artículo que se dice que el rey no tiene ninguna responsabilidad por sus actos a renglón seguido se dice que los actos del rey serán refrendados? Para que los votantes asimiláramos una cosa con la otra y entendiéramos que la inviolabilidad no era por cualquier acto, sino por los actos que debían ser refrendados conforme al artículo 64.

P. ¿El Tribunal Supremo podía haber hecho esa interpretación?

R. Claro.

P. ¿La puede hacer mañana sin cambiar la ley?

R. Cambiar el título de la Corona requiere un proceso muy complejo. Ese artículo no tiene por qué cambiarse, simplemente interpretarse correctamente. Y eso es lo que no se ha hecho. Si mañana sale el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, igual que se cambió la doctrina del Supremo con ocasión del caso Botín se podría cambiar también en ese artículo. Cuando llegue el caso, el Tribunal Constitucional puede decir que el artículo 56.3 merece otra interpretación distinta. Y no pasa nada porque es el intérprete de la Constitución.

Para exculpar a la infanta se hicieron maniobras de dudosa legalidad

P. ¿Quiénes son más impunes en este país: el rey de España o los banqueros?

R. El rey de España es impune por definición legal y porque se le ha dado esa interpretación a este artículo. Los banqueros son impunes fácticamente porque son un grupo de presión. No es una impunidad legal. Cualquier día el juez que se le antoje y tenga motivos para ello podría ponerlos en su sitio.

P. ¿El lawfare existe?

R. ¡Hombre! Lo hemos visto. Usted le puede llamar lawfare, instrucciones sorprendentes o sentencias inusuales, raras y extrañas como las del fiscal general. Usted le puede llamar como quiera. Pero existen resoluciones judiciales que sorprenden muchísimo y no encuentro una explicación para llamarlas de otra manera.

P. ¿Qué le dice su olfato de juez sobre el caso Zapatero?

R. Me he enterado como todos los ciudadanos. Me sorprende la imputación del señor Zapatero. Para mí, ha sido una sorpresa y tengo que decir que una sorpresa desagradable. Y, prescindiendo de ideologías, creo que ha sido una sorpresa también dentro del Partido Socialista y fuera. Yo tengo que salir en defensa de este juez porque no es comparable a la actuación de otros jueces que conocemos últimamente. Este señor no ha utilizado el derecho para fines espurios. Si hay una querella de la Fiscalía Anticorrupción y afloran una serie de datos objetivos, el juez no tiene más alternativa que imputar al señor Zapatero, acordar una serie de registros domiciliarios y citarle a declarar a la mayor brevedad. Yo creo que este juez, de momento, ha actuado correctamente.

P. ¿Por qué la influencia de Zapatero como expresidente es delito y la de Aznar y González es negocio?

R. Aznar cobró directamente una cantidad superior a la de Zapatero y nadie dijo nada. Ni la Fiscalía se querelló. No se inició absolutamente ninguna investigación. ¿Por qué? Pues la verdad es que habría que preguntárselo a los jueces que había entonces.

P. ¿Qué se quebró con la condena del fiscal general?

R. Se quería quebrar. El caso no ha terminado porque toca el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa si el Tribunal Constitucional decide anular la sentencia?

P. ¿Qué pasa?

R. ¿Qué pasa a todos aquellos que han salido blandiendo la bandera de la justicia? ¿Qué pasa con la señora Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez? ¿Qué pasa con el magistrado Hurtado? ¿Qué pasa con la Sala de lo Penal? Si son honestos, deberían dimitir. ¿Qué se ha quebrado con la condena del fiscal? Al final, no se ha quebrado nada. Hay otra fiscal que está ocupando su lugar. A este señor le han amargado la vida, a mi entender, injustamente. Y este fiscal general no me generaba una gran simpatía, pero creo que no ha cometido absolutamente ninguna ilegalidad.

P. ¿M. Rajoy y Cospedal se han ido de rositas?

R. ¡Hombre! ¡Ya me dirá! ¿Todavía alguien duda sobre quién es M. Rajoy? Y además han dicho que este señor estaba en el ajo de todo. ¿Tu ministro del Interior está organizando todo esto y tú no te enteras? ¡Hombre! Y Cospedal exactamente igual. Se le dejó fuera porque el señor García-Castellón así lo quiso. Algo insólito. ¿Qué quiere que le diga? A veces hay miedo. ¿Cómo vamos a imputar a la secretaria de Organización del PP? ¿Cómo vamos a imputar a un presidente del Gobierno? Pues si hay que hacerlo se hace y no pasa nada. Esta es la grandeza que debe de tener la justicia.

P. Miles de políticos han sido encausados en el periodo democrático y ningún dirigente del IBEX. ¿Me lo explica?

R. Yo quiero pensar que no se han aportado las pruebas necesarias. ¿Algunos del IBEX pueden tener las manos manchadas? Pues alguno habrá. Ahí están los medios informativos para investigar, que son los que tienen más posibilidades. Un juez para investigar tiene que citar a un testigo, al fiscal y a las acusaciones, pero un periodista en la barra de un bar con dos copas de vino le saca al testigo lo que quiera. Los periodistas son los que más facilidades tienen para investigar, por mucho que no conduzcan a ningún juicio, como es lógico. Para descubrir la verdad, tenemos a periodistas y ninguno se ha atrevido con dirigentes del IBEX. Y no creo que sea por miedo.

P. Quizás porque los dirigentes del IBEX se gastan mucho dinero en publicidad.

R. Sí, también. Yo llevé un caso de un fraude a la Hacienda pública cometido por el dueño de un periódico de Baleares. Se falsificaban facturas para aparentar que se había consumido más papel y tener la calificación de medio destacado. Y si eres un medio destacado ahí van todos los anuncios de subastas y mucha publicidad. Yo le ofrecí entrar en el procedimiento a todos los rotativos de Baleares por ser perjudicados. Ninguno se personó.

P. Perro no come perro.

R. Ninguno se personó.

Las ideas morales, religiosas o políticas están contaminando a la justicia

P. ¿La corrupción tiene arreglo?

R. Ojalá tuviéramos esa llave. No tiene arreglo la corrupción ni la violencia de género. El arreglo es que sean los menores casos posibles y que alguien escarmiente en cabeza ajena. Está en la mano de los electores. Hay partidos que son corruptos. Usted me dirá qué partido. Yo digo el PP. Es un partido corrupto y lo ha demostrado porque la corrupción no era local sino a nivel nacional. Ahora en el PSOE también hay casos de corrupción, pero no son generalizados. Y la actitud del propio partido frente a los casos de corrupción que se dan en su seno es muy distinta la del Partido Socialista a la del PP.

P. Leo en Internet sobre usted lo siguiente: “Nunca perdió su acento cordobés ni su estilo campechano”. Mire, como el rey.

R. No, no. Horrible. Horrible. No me había enterado. Y además sí he perdido mi acento cordobés desde hace muchos años, pero no he adquirido el acento mallorquín. Ahora cuando vuelva a Mallorca sí que volveré con cierto acento andaluz. Y eso me honra.

P. Lo de campechano le gusta menos.

R. No me gusta nada porque es un término que se ha deteriorado muchísimo por culpa del rey Emérito.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha blindado el derecho de un trabajador cordobés a mantener las prestaciones percibidas durante los meses más duros de la pandemia por el coronavirus. La sentencia, fechada recientemente, desestima el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pretendía que el empleado devolviera más de 8.000 euros debido a un fallo administrativo cometido exclusivamente por la empresa en la que había estado trabajando.

El conflicto se originó cuando el SEPE revocó la prestación del empleado de una mercantil de Cerro Muriano, reclamándole en 2021 el reintegro de 8.365,46 euros. El organismo estatal argumentaba que el trabajador no se encontraba en una situación legal de desempleo porque la empresa, a pesar de tener autorizado un ERTE por fuerza mayor, no había comunicado formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la suspensión de los contratos.

Sin embargo, el TSJA ha sido tajante al señalar que el trabajador “no puede verse perjudicado por la actuación de la empleadora”. Según recoge el fallo, la falta de comunicación por parte de la empresa es una irregularidad que “podrá afectar a la exoneración de cuotas y a las deudas con la TGSS, pero no al trabajador”. Además, el tribunal ha recordado que el SEPE tiene la obligación de pagar el desempleo, incluso, ante incumplimientos empresariales de afiliación o cotización, “sin perjuicio de las acciones que puedan adoptar contra la empresa infractora” por las cantidades abonadas.

Según la sentencia, ha quedado probado que el trabajador efectivamente dejó de prestar servicios y que la actividad de la empresa cesó. Por ello, el tribunal ha subrayado que se trata de una “situación legal de desempleo que admitió el SEPE tras la comunicación empresarial de estar incurso en un ERTE”, por lo que el derecho a cobrar la ayuda “no puede ser revocado” basándose en errores de gestión ajenos al beneficiario. Con esta decisión, el TSJA no solo ha anulado la deuda de 8.365 euros, sino que el SEPE deberá devolver al afectado las cantidades que le haya cobrado durante todo este proceso hasta que el alto tribunal andaluz se ha pronunciado.

La Sala de lo Social del TSJA ha ratificado la sentencia que desestima la pretensión de nulidad de una trabajadora que reclamaba una indemnización de 33.001 euros tras accidentarse en su centro de trabajo, una tienda de ropa de la capital cordobesa, justo después de ser despedida. El tribunal concluye que, al haberse comunicado la extinción del contrato antes del percance, no existe discriminación por razón de salud.

Según la sentencia, en abril de 2023, la empleada se encontraba trabajando cuando la encargada de la tienda, a las 14:00, le comunicó verbalmente que su contrato finalizaba. En la carta de despido, la empresa alegó que los servicios de la trabajadora no resultaban “necesarios en la actualidad”, reconociendo la improcedencia del mismo y fijando una indemnización de 346,50 euros.

Tras su despido, la trabajadora intentó contactar telefónicamente con el administrador sin éxito y subió a una entreplanta para recoger sus objetos personales. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente: apenas 13 minutos después del aviso de su cese, los servicios de emergencia recibieron una llamada informando de que la mujer se había caído por las escaleras.

Como consecuencia del golpe, la empleada sufrió una contusión en el cuello. Al intentar tramitar la asistencia médica a través de la mutua de accidentes de trabajo, la empresa le denegó el parte de asistencia, argumentando que el accidente se produjo cuando la relación laboral ya no estaba vigente. Debido a esta decisión, que ahora la Justicia avala, el proceso médico de la trabajadora fue tramitado como enfermedad común y no como accidente laboral, lo que ha limitado significativamente sus prestaciones y coberturas.

Aunque la compañía reconoció inicialmente la improcedencia del despido y pagó una indemnización de 346,50 euros, la trabajadora la demandó buscando la nulidad del despido, alegando que se trataba de una represalia discriminatoria vinculada a su estado de salud tras la caída.

Sin embargo, el TSJA ha rechazado este argumento dado que el fin del contrato fue notificado “antes de la caída”. Por ello, el tribunal ha sostenido que no puede apreciarse un indicio de discriminación cuando la voluntad de despedir ya se había manifestado antes del siniestro. Aunque el administrador envió el correo formal del despido a las 15:57, el tribunal ha dado plena validez a la comunicación verbal previa de las 14:00.

La justicia ya ha puesto fecha definitiva a uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la historia reciente del Córdoba CF. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará durante nueve jornadas el juicio contra el expresidente blanquiverde Carlos González por su gestión al frente de la entidad cordobesista. La vista oral ha quedado señalada para los días 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de junio, en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento judicial tratará de esclarecer si González, máximo accionista y presidente del Córdoba CF entre 2011 y 2018, realizó operaciones económicas irregulares que pudieron perjudicar al patrimonio del club durante su etapa al frente de la sociedad anónima deportiva. La causa analiza diferentes movimientos financieros, préstamos y relaciones mercantiles investigadas desde hace años y que terminarán finalmente siendo examinadas en juicio oral.

La apertura de esta vista supone un nuevo capítulo judicial en torno a una de las etapas más controvertidas de la entidad cordobesista. El mandato de González quedó marcado por el histórico ascenso a Primera División en la temporada 2013-14, pero también por la posterior caída deportiva, el deterioro institucional y una larga cadena de conflictos societarios y judiciales que todavía siguen abiertos años después de su salida del club.

Una denuncia que llegó a archivarse

La causa que ahora llegará a juicio tuvo un recorrido especialmente complejo. El procedimiento partió inicialmente de una denuncia presentada por el también expresidente del Córdoba CF Jesús León, quien acusó a la anterior gestión de presuntas irregularidades económicas durante el periodo de González al frente del club.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba acordó en julio de 2023 el archivo provisional de las actuaciones. En aquel momento, la magistrada instructora consideró que no existían indicios suficientes para sostener la existencia de delitos de administración desleal, apropiación indebida o corrupción entre particulares.

En el auto judicial de archivo, la jueza llegaba incluso a subrayar que durante la etapa investigada el Córdoba CF había experimentado una mejora económica notable, especialmente tras el ascenso a Primera División conseguido en Las Palmas. La resolución apuntaba que el club había incrementado sus ingresos, había mejorado sus resultados y había logrado beneficios durante algunos ejercicios analizados.

Además, la instructora sostenía entonces que muchas de las operaciones denunciadas habían sido conocidas y aprobadas en distintos órganos societarios del club, por lo que no apreciaba inicialmente un perjuicio patrimonial suficientemente acreditado para continuar el procedimiento penal.

La reapertura de la causa

La Fiscalía recurrió la decisión judicial y la Audiencia Provincial terminó ordenando la reapertura de las diligencias. El tribunal consideró que todavía existían elementos que debían ser analizados en profundidad y que determinadas operaciones económicas podían presentar relevancia penal suficiente como para continuar adelante con la investigación.

Esa decisión permitió mantener viva la instrucción y derivó posteriormente en la apertura de juicio oral contra Carlos González y otros investigados vinculados a la gestión societaria del Córdoba CF durante aquellos años.

La causa se centra especialmente en diferentes operaciones financieras realizadas entre 2013 y 2016, una etapa en la que el club manejó importantes cantidades económicas derivadas del ascenso a Primera División y de los ingresos televisivos obtenidos en la máxima categoría del fútbol español.

Entre los movimientos investigados aparece un préstamo superior a 900.000 euros concedido desde el Córdoba CF a una empresa vinculada al entorno empresarial de González para afrontar obligaciones tributarias. Los investigadores tratan de determinar si este tipo de operaciones respondían realmente al interés de la sociedad deportiva o si, por el contrario, pudieron beneficiar de forma indebida a empresas relacionadas con el entonces presidente.

La investigación también analiza diversos contratos, pagos y movimientos de fondos realizados durante aquellos ejercicios, así como la posible existencia de operaciones cruzadas entre sociedades relacionadas con la propiedad del club.

El contexto de una etapa convulsa

El proceso judicial vuelve a colocar bajo el foco una de las épocas más agitadas en la historia contemporánea del Córdoba CF. Carlos González llegó a la entidad en 2011, en un momento de grave dificultad económica y deportiva, y terminó liderando el ascenso a Primera División logrado en junio de 2014 tras el inolvidable gol de Uli Dávila en Las Palmas.

Aquella etapa supuso el regreso del Córdoba CF a la élite del fútbol español después de 42 años. El ascenso multiplicó los ingresos del club gracias al reparto televisivo y permitió a la entidad manejar cifras económicas inéditas hasta entonces en su historia reciente.

Sin embargo, la permanencia en Primera apenas duró una temporada. El descenso de 2015 abrió un periodo de enorme inestabilidad deportiva y social. Las protestas contra la gestión de González fueron creciendo progresivamente entre la afición, especialmente por las decisiones deportivas y por el deterioro institucional que fue sufriendo la entidad.

Finalmente, en 2018 González vendió el paquete mayoritario de acciones a Jesús León, iniciándose entonces otra etapa igualmente convulsa que acabaría años después con el descenso y la desaparición de la sociedad anónima deportiva original.

La Audiencia Provincial ha reservado ahora nueve sesiones para el desarrollo de la vista oral, lo que evidencia la complejidad de la causa y el elevado volumen documental acumulado durante la instrucción.

Durante esas jornadas está previsto que comparezcan acusados, testigos y peritos relacionados con las operaciones investigadas, además de responsables económicos y societarios vinculados al Córdoba CF de aquellos años.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a indemnizar a dos hombres por los daños personales y materiales derivados de una caída de moto en la carretera. Según la sentencia, el accidente fue provocado por la gran cantidad de cera presente en el asfalto tras el paso de una procesión el día anterior.

El siniestro se produjo cuando la moto iba por la zona de la Cruz del Rastro en dirección al Paseo de la Ribera. Según el parte de la Policía Local, cuyos agentes fueron testigos presenciales al encontrarse justo detrás de la moto en un semáforo, las ruedas de la misma perdieron adherencia debido a la cera acumulada en la calzada, provocando la caída de los dos ocupantes. Los agentes ratificaron en el juicio que la cera “se escurría muchísimo” debido al calor.

En vistas a las declaraciones y las pruebas documentales, el magistrado ha fundamentado su condena en el defectuoso funcionamiento del servicio público de mantenimiento y limpieza de calles. No obstante, la sentencia ha establecido una compensación de culpas, atribuyendo un 75% de responsabilidad a la Administración y un 25%, al motorista y su acompañante, porque la moto no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que ha impedido acreditar si los neumáticos estaban en condiciones óptimas para la circulación. Así las cosas, la cuantificación de los daños ha sido de poco más de 1.000 euros entre daños personales y materiales. No obstante, esta cifra ha quedado reducida a 754,04 euros al quitar el IVA porque los daños materiales se han justificado con un presupuesto de reparación, en lugar de con facturas, por lo que no ha quedado acreditado que el desembolso se haya hecho efectivo.

Absolución tras una caída por losetas en mal estado

Por otro lado, esta misma sección ha absuelto al Consistorio de abonar una indemnización por responsabilidad patrimonial. La demandante, en este caso, solicitaba 3.009,72 euros por las lesiones sufridas tras caerse en febrero de 2025 al tropezar con dos losetas en mal estado en la calle El Algarrobo. El desperfecto era un desnivel máximo de dos centímetros en una acera de 3,30 metros de ancho; un desnivel “jurídicamente irrelevante” para constituir una obligación de indemnizar, según el magistrado.

En esa línea, el juez ha fallado que la responsabilidad del Ayuntamienot no es un sistema de “seguro universal” para cualquier percance en la vía pública, considerando que, en este caso, la caída pudo deberse a una posible distracción de la propia lesionada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la absolución a un empresario cordobés que se enfrentaba a cargos por estafa, insolvencia punible, estafa impropia y estafa procesal, todos ellos vinculados a la gestión de su patrimonio empresarial y la vivienda familiar cedida a sus hijos tras su separación. Los jóvenes acabaron perdieron la casa porque su padre la rehipotecó para saldar una deuda empresarial de tres millones de euros. El tribunal ha concluido que, aunque el procesado mantuvo una estrategia procesal “temeraria o con mala fe”, los delitos de los que se le acusaba han prescrito o no han podido ser probados penalmente.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos se remontan a septiembre de 2007. En el marco de su divorcio, el acusado firmó un convenio regulador en el que se comprometía a adjudicar a su exmujer y a sus dos hijos el pleno dominio de la vivienda familiar, asegurando que la entregaría “libre de cargas y gravámenes”. Sobre la vivienda ya pesaba una hipoteca de 447.856,86 euros constituida en 2006. Además, el acusado, como socio único de una empresa, arrastraba deudas millonarias con dos entidades que superaban los tres millones de euros.

A pesar de su compromiso judicial de liberar la vivienda de deudas, en abril 2008 el empresario utilizó la casa para avalar una nueva deuda empresarial. Esta operación, sumada a la precaria situación económica de su empresa, provocó que finalmente no se pudieran afrontar los pagos. En septiembre de 2011, la vivienda familiar fue adjudicada a una entidad bancaria tras un procedimiento de ejecución hipotecaria. Como consecuencia directa, los hijos (hoy ya mayores de edad) perdieron la propiedad del 50% de la vivienda, un perjuicio que la Justicia ha valorado en 249.589,67 euros, además de otros 54.909,73 euros correspondientes al usufructo.

En su sentencia de ratificación de absolución -proveniente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba-, el TSJA ha dictaminado que el delito de rehipotecar la vivienda, incumpliendo así el acuerdo de separación, tiene un plazo de prescripción de cinco años. Dado que la querella no se interpuso hasta julio de 2016, la responsabilidad penal se ha extinguido por el paso del tiempo. En segundo lugar, su exmujer planteó en su recurso que el empresario interpuso decenas de denuncias y recursos (más de 30 procedimientos) para dilatar el caso. En este caso, aunque el TSJA ha admitido esta que fue una estrategia para entorpecer el proceso y buscar la prescripción, ha aclarado que “no constituiría, desde luego, un delito de estafa procesal”, ya que no hubo un engaño que indujera a error a los jueces para obtener un beneficio ilícito.

En tercer y último lugar, sobre la voluntad de engañar, el alto tribunal andaluz se ha referido a las resoluciones previas del caso en las que ya se consideró que no había quedado probado que el acusado tuviera voluntad de engañar en el momento de firmar el divorcio en 2007. Por lo que el incumplimiento de este acuerdo judicial se debió a la crisis de su empresa, que se encuentra en cierre provisional desde 2013.

Por todo ello, el tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de la exmujer y ha confirmado la absolución total del acusado. No obstante, debido a la “complejidad y variedad de cuestiones concernidas”, el TSJA ha decidido declarar de oficio las costas judiciales.

Nueve limpiadoras del Hospital Materno Infantil de Reina Sofía de Córdoba han logrado una batalla judicial en el Tribunal Supremo que les abre la puerta a lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde con la legislación en el que se excluyan, de base, los complementos de antigüedad y los pluses de festivos y transportes, tal y como hizo la UTE formada por Eulen, Ferroser e ISS Facility Services en 2019.

Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, las trabajadoras decidieron en bloque demandar a la empresa por el cálculo de sus nóminas correspondientes a 2019. Todas ellas sostienen que la empresa calculó indebidamente el SMI al incluir en el cómputo complementos como la antigüedad y los pluses de festivos y transporte. La tesis de las limpiadoras es que el salario base por sí solo debería haber alcanzado los 12.600 euros anuales estipulados por el Real Decreto 1462/2018 para ese año, sin que la empresa pudiera utilizar otros pluses para “rellenar” esa cifra mínima legal.

Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó sus pretensiones. En esta instancia, el juez se basó en una sentencia de conflicto colectivo previo que determinaba que al salario base se le podían adicionar pluses y complementos para alcanzar el tope del SMI. Además, el juzgado cordobés impuso a las trabajadoras una sanción por temeridad, al considerar que su demanda era una mera reiteración de lo ya juzgado en el ámbito colectivo.

Al intentar apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las trabajadoras se toparon con una cuestión administrativa: el tribunal inadmitió su recurso de suplicación alegando que no se alcanzaba la cuantía mínima de 3.000 euros exigida por la ley para poder recurrir. De hecho, las diferencias reclamadas por las limpiadoras eran menores, oscilando entre los 442 euros de una de ellas y los 2.710 euros, de otra.

Sin embargo, el Supremo ha corregido al tribunal andaluz, ya que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite el recurso cuando la cuestión debatida “afecte a todos o a un gran número de trabajadores”, siempre que esta circunstancia sea notoria. En este caso, el alto tribunal español ha considerado que la reclamación está relacionada directamente con aquella sentencia de conflicto colectivo en la misma empresa, lo que acredita un interés que trasciende lo individual. Además, ha llamado la atención en que son nueve las trabajadoras que han demandado, lo que demostraría que no es un caso aislado, sino que afectaría a un colectivo.

Gracias a este fallo, el Supremo ha anulado la sentencia del TSJA y las actuaciones volverán ahora al tribunal andaluz, que está obligado a admitir el recurso y a resolver, con libertad de criterio, si la empresa debe pagar o no las diferencias salariales reclamadas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido suministrando estupefacientes en un centro asistencial de la capital. La condenena se ha impuesto después de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante el mes de enero de 2023. El acusado acudió a Fepamic con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la venta de droga. En las instalaciones del centro, el procesado proporcionó a un interno, un total de seis envoltorios de plástico que contenían cocaína. En el momento de la compra, agentes de la Policía Nacional incautaron la sustancia, que arrojó un peso cercano a los tres gramos de una pureza superior al 80%, cuyo valor en el mercado ilícito era de 312,41 euros.

Se da la circunstancia de que, al tiempo de los hechos, el comprador estaba asistiendo a la Fundación Hogar Renacer para seguir un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas, contando con seguimiento médico y psicológico. No obstante, la Audiencia ha señalado que no ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de este hecho, lo que podría haber agravado la pena de prisión.

Además de la condena a cárcel, el tribunal le ha impuesto uan multa de 630 euros y el pago de las costas.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena que impuso el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba a Cajasur, obligándola a abonar 92.248,40 euros a un antiguo trabajador de Córdoba en concepto de compensación por jubilación anticipada, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis. El tribunal ha rechazado así la pretensión del banco de eludir este pago, quien argumentó que el empleado ya cobraba una pensión de viudedad y alcanzaba el tope máximo legal de prestaciones.

Pedro (nombre ficticio) decidió prejubilarse en 2016, cuando Cajasur puso en marcha un ERE. En aquel acuerdo con la representación de los trabajadores, la empresa se comprometió a que todo aquel empleado que decidiera prejubilarse tendría “una cantidad compensatoria del importe anual de la reducción” que representaba “la situación de jubilación anticipada respecto de la situación de jubilación prevista en la fecha de jubilación ordinaria”.

Este pago, que debía realizarse de forma efectiva “en un único pago y por una sola vez” al jubilarse el empleado, tenía el objetivo de blindar sus ingresos ante el recorte que aplica la Seguridad Social por retirarse antes de la edad legal. Sin embargo, cuando Pedro solicitó la compensación en 2022, el banco se negó porque el extrabajador ya percibía una pensión de viudedad y la suma de esta con su nueva pensión de jubilación alcanzaba el tope máximo de pensiones públicas permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)

Frente a este argumento, el TSJA ha recordado a Cajasur que el espíritu del acuerdo era “evitar” que el trabajador tuviera “una pérdida adquisitiva por el hecho de acceder a la jubilación anticipada”, y que la situación personal de este extrabajador “no cambia” la finalidad del acuerdo. Además, ha subrayado que en ese documento no se recogió que, para la cantidad a abonar por Cajasur, se tuvieran en cuentas las prestaciones que pudiera estar recibiendo el empleado, ni que se excluyó la obligación de pagar esta compensación si entre todas esas prestaciones se llegaba “a la pensión máxima anual”.

La resolución confirma íntegramente la condena de instancia çey impone las costas del recurso a Cajasur, que deberá abonar otros 600 euros adicionales para los honorarios del letrado del extrabajador. Desde Kutxabank han señalado a este medio que este es “un caso único” en la entidad y que es “sobrevenido por un cambio normativo de los ecoficientes reductores en la tramitación de jubilaciones anticipadas tras acuerdo colectivo del ERTE de 2016”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los dos condenados en Córdoba, E.M.A.C., por emborrachar a una menor de 14 años y abusar de ellas en febrero de 2019 en un pueblo de la provincia. Así, el tribunal ha confirmado su condena de cuatro años de prisión y la pena a dos años de cárcel para el segundo condenado, J.L.O.R.

Según los hechos probados en la sentencia, el 1 de febrero de 2019, los dos acusados quedaron con las víctimas en un parque de una localidad cordobesa. Los hombres compraron bebidas alcohólicas y se las proporcionaron a las menores con un objetivo claro: lograr que se desinhibieran para poder abusar de ellas más fácilmente, integrando el consumo de sustancias como parte de un “juego de seducción y disfrute sexual” proyectado por los procesados. Una vez las menores estuvieron bajo los efectos del alcohol, los agresores se separaron con cada una de las víctimas.

Así, E.M.A.C. llevó a una de las víctimas su propio domicilio. Aprovechando que la niña estaba incapacitada por la embriaguez, la desnudó de cintura para abajo mientras ella yacía boca abajo en la cama y abusó de ella. Por otro lado. J.L.O.R. convenció a la otra menor para ir a dar una vuelta en su coche. Pese a las negativas reiteradas de la joven, el agresor detuvo el vehículo cerca de una piscina municipal y abusó de ella.

Tras los abusos cometidos en el domicilio de E.M.A.C., la víctima fue hallada inicialmente por su amiga “semidesnuda, envuelta en una manta medio inconsciente”. Tras ayudarla a vestirse, su amiga la acompañó hasta el portal de su vivienda alrededor de la medianoche. Fue en ese lugar donde sus padres la encontraron en condiciones deplorables: la menor tenía la “ropa a medio poner”, se encontraba completamente desorientada y era “incapaz de mantenerse en pie y articular palabra” debido a la severa intoxicación etílica.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por E.M.A.C., quien alegó que se tuvieran en cuenta como atenuante el consumo de alcohol y cannabis. Sin embargo, el TSJA ha rechazado íntegramente el recurso, donde se alegó, también, una “desigualdad de trato” respecto al otro condenado. No obstante, el tribunal ha manifestado que la pena es mayor para E.M.A.C. porque doblaba la edad de la menor (él tenía entonces 28 años) y porque se aprovechó de una embriaguez “cercana a la inconsciencia”.

Además de la pena de prisión, E.M.A.C. deberá abonar a la víctima 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y el tribunal ha ratificado los siete años de libertad vigilada y los cinco de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

Tal y como ya anunció el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, en una entrevista en Cordópolis, la Fiscalía acaba de dar un paso más en la lucha contra la corrupción con la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. La fiscal delegada, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), será Azahara Buendía López.

El nombramiento, dictado por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, responde a la necesidad de contar con una estructura especializada para investigar infracciones penales cometidas en el seno de las instituciones públicas. Buendía López ha sido seleccionada entre un total de dos candidatos tras un proceso iniciado en marzo de 2026 por Sobrón. Su designación se ha fundamentado en su “trayectoria profesional y su antigüedad en la Carrera Fiscal”, factores que avalan su idoneidad para liderar este frente contra las irregularidades administrativas.

La puesta en marcha de esta delegación y la elección de su titular han contado con el informe favorable del Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la audiencia del Consejo Fiscal, que supervisó la idoneidad del perfil de Buendía; y la ratificación de la Fiscalía General, que hizo propia la motivación de la jefatura provincial.

Además de este nombramiento, el BOE ha hecho pública la renovación de Carmen Romero Urrutia como fiscal delegada de delitos económicos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres hombres a una pena de dos años de prisión y al pago de una multa de 3.850 euros a cada uno como autores de un delito de tenencia de moneda falsa, después de que fueran interceptados en un control policial con todo ese material.

Los hechos probados se remontan a las 21:00 del 8 de octubre de 2021. Los tres acusados, ya condenados, viajaban en un vehículo de alquiler que fue interceptado en un control preventivo de la Policía Nacional ubicado en las inmediaciones del Parque Joyero de Córdoba. Pedro conducía el turismo, mientras que Rogelio y Augusto viajaban como copiloto y pasajero trasero, respectivamente.

Durante el registro del vehículo y el cacheo de sus ocupantes, los agentes descubrieron tres billetes de 50 euros ocultos en la cartera del conductor, una bolsa de tela a los pies del copiloto que contenía varios sobres con 37 billetes de 100 euros y un revólver simulado de color plata que los acusados habían arrojado desde el coche instantes antes de ser detenidos.

En total, la suma del dinero falso ascendía a 3.850 euros. En el juicio, los peritos del Banco de España determinaron que los billetes eran “imitaciones peligrosas” realizadas con tecnología de chorro de tinta, que, a simple vist,a podían confundirse con dinero legítimo debido a la buena simulación de las marcas de agua y los hilos de seguridad.

En su sentencia, a la que ha accedido este medio, la Audiencia Provincial ha fallado que los tres acusados eran plenamente conscientes de la falsedad del dinero, pese a las versiones incoherentes y contradictorias que ofrecieron sobre el motivo de su viaje desde Fuengirola a Córdoba.

En un inicio, alegaron que se encontraban en la ciudad para cobrar una deuda o realizar el intercambio de un reloj de la marca Rolex. Sin embargo, la Sala ha calificado esta versión de “sencillamente increíble”, señalando que un reloj de ese tipo tiene un valor de mercado muy superior a los 3.700 euros encontrados en la bolsa. Además, el lugar donde fueron interceptados no formaba parte del itinerario natural entre Fuengirola y Córdoba, y que el centro comercial donde supuestamente harían el intercambio del reloj -La Sierra- estaba a kilómetros de distancia de donde fueron detenidos. Por todo ello, la sentencia no ha podido precisar el origen y el destino final de los billetes falsos que transportaban.

Aunque el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cinco años de prisión y una multa de 15.400 euros, el tribunal ha optado por reducir la condena en dos grados por dos motivos. El primero, el escaso valor de la moneda, ya que el precio aparente del dinero falso (3.850 euros) ha sido considerado mínimo.

El segundo motivo es el de las dilaciones extraordinarias e indebidas. Tal y como ha apuntado el tribunal, el proceso ha durado cinco años y cuatro meses, sufriendo parones injustificados, como el retraso de un año en el traslado de la causa desde el juzgado de instrucción a la Audiencia Provincial y una demora de 17 meses en la emisión de un informe forense de uno de los acusados.

Además de la pena de cárcel y la multa, se ha decretado el decomiso definitivo de los billetes falsos para su destrucción.

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital y ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una entidad financiera que actuaba frente a la “inactividad administrativa” del Consistorio en relación con el pago de hasta 57 facturas.

Aunque inicialmente la demanda se interpuso por 58 facturas, la condena finalmente ha hecho alusión a 57 recibos de servicios de carburantes y de mantenimiento de ascensores que ascienden a 20.434,82 euros. En cuanto a los plazos, el fallo ha establecido que el Ayuntamiento ha incurrido en mora tras superar los 60 días desde la presentación de la factura (30 días para la conformidad y otros 30 para el pago). Por ello, los intereses a pagar por parte del Consistorio se calcularán “desde el día 61º siguiente a la debida presentación de la respectiva factura, y hasta el de su abono efectivo”. Además, en la base del cálculo de los intereses de demora se deberá incluir la cuota del IVA.

Junto al pago de estos intereses, el Ayuntamiento deberá hacer frente a una indemnización de 40 euros por cada una de las 57 facturas pagadas fuera de plazo; una medida automática que tiene como objetivo directo “desalentar la morosidad” en las operaciones comerciales de la administración, tal y como señala la sentencia.

El fallo supone una estimación parcial del recurso interpuesto por la demandante, ya que la financiera pedía que, además de los intereses por el retraso de las facturas, se le pagaran intereses extra sobre esos mismos intereses. En consecuencia, el Ayuntamiento ha logrado evitar un recargo mayor dado que el magistrado ha rechazado el pago de esos intereses, que solo se permite “cuando la deuda es líquida”, es decir, cuando la cantidad es exacta, indiscutible y se puede calcular con una simple suma. En este caso, el juez ha considerado que la cifra no era clara desde el principio debido a las “divergencias mantenidas en el proceso”, ya que durante el juicio hubo que corregir errores en las facturas, recalcular el IVA y descartar recibos que no cumplían los requisitos legales. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

Un hombre ha aceptado cuatro años de prisión por haber apuñalado a otro hombre en la avenida Compositor Rafael Castro. La Fiscalía pedía para él siete años de cárcel, pero la pena ha quedado reducida tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, lo que ha evitado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba haya celebrado el juicio programado para este lunes

Los hechos ocurrieron el 18 de enero del pasado año, cuando el ya condenado y la víctima comenzaron una discusión en un descampado cercano al centro comercial El Arcángel, donde ambos eran aparcacoches. En el transcurso de la misma, el procesado extrajo una navaja y, con la intención de acabar con la vida del otro hombre, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar de los hechos. No obstante, el agresor fue detenido ese mismo día.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. La víctima tuvo que ser ingresada y sometida a una operación quirúrgica de urgencia debido a una intensa hemorragia causada por la perforación irregular de la vena yugular interna.

Por estos hechos, que han sido catalogados como un delito de homicidio en grado de tentativa, la Audiencia de Córdoba ha condenado al hombre a cuatro años de prisión y a la inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena. Además, le ha impuesto la prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima durante cinco años y el pago de una indemnización de 15.000 euros. Asimismo, deberá abonar las costas del juicio y las de la acusación particular.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a seis meses de prisión por un delito de estafa informática en concepto de autor por su papel como mulero en una trama que defraudó 4.000 euros a Cofidis utilizando la identidad suplantada de una vecina de Córdoba.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando personas cuya identidad no ha podido ser determinada lograron apoderarse de los datos personales de una mujer para simular su identidad. Con estos datos, contrataron un préstamo de 4.000 euros con la financiera Cofidis mediante firma electrónica.

El dinero fue ingresado inicialmente en una cuenta de Cetelem y, ese mismo día, transferido a una cuenta del BBVA cuyo titular era el ahora condenado. La víctima descubrió el engaño al recibir una reclamación de la financiera por una cuota impagada de un crédito que nunca había solicitado.

Durante el juicio, el acusado admitió haber abierto la cuenta bancaria en 2021 tras ser contactado por Instagram por un desconocido que le ofreció 50 euros a cambio de ello. En consecuencia, le facilitó los datos y las claves de acceso para operar online a una tercera persona y se desentendió por completo de la actividad de la cuenta hasta que fue localizado por la Policía Nacional.

Aunque el acusado negó haber dispuesto del dinero del préstamo, la sentencia subraya que su colaboración fue “indispensable” para que el delito se cometiera y que “ninguna persona con un conocimiento medio de la realidad en la que vive puede desconocer, pues nadie recibe en su cuenta un dinero sin haber dado nada a cambio”.

Además de la pena de seis meses de prisión, el tribunal ha impuesto al condenado la obligación de indemnizar a Cofidis con 4.400 euros y el pago de las costas.

Un vigilante de seguridad de Córdoba recibirá un indemnización de 26.000 euros después de sufrió un puñetazo de un joven que se encontraba interno en el centro de menores donde la víctima desempeñaba su trabajo. La plaza número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de la capital condenó al adolescente por la agresión y estableció una indemnización de 12.000 euros, pero la Audiencia Provincial dio la razón a la víctimay solicitó un acuerdo para que dicha indemnización se ajustara a las lesiones y al tiempo que el vigilante estuvo incapacitado. Ahora, un acuerdo entre las partes ha elevado a 26.000 euros esa cantidad.

Según ha podido conocer este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 14:15 del 28 de noviembre de 2023. El agresor, que por entonces tenía 17 años, estaba interno en el módulo de Salud Mental del centro. En un momento dado, comenzó a mostrarse agitado e intentó abandonar la zona común dodne se encontraba, desobedeciendo a los educadores. En medio de la tensión, el menor llegó a armarse con un cepillo de limpieza, por lo que el vigilante intervino con la intención de calmarlo.

Aunque el menor hizo ademán de entregarle el cepillo, de forma “sorpresiva” le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que impactó en la parte superior del tabique nasal. Ante la gran agresividad del interno, el trabajador tuvo que reducirlo para protegerse a sí mismo y al resto de personas presentes. Las consecuencias para el vigilante fueron graves y prolongadas en el tiempo. El golpe le causó un traumatismo facial con heridas que le han dejado una cicatriz de seis centímetros desde la raíz de la nariz hasta la ceja izquierda.

Sin embargo, la lesión más preocupante fue la del ojo izquierdo. El puñetazo provocó el desplazamiento de una lente intraocular que el trabajador ya tenía implantada por una operación previa de cataratas, provocando la pérdida gradual del ojo. No fue hasta el 31 de marzo de 2025 -casi un año y medio después del ataque- cuando el vigilante se sometió a una operación por la cual consiguió restablecer su visión. El trabajador recibió el alta y ha vuelto a ejercer su profesión en otro lugar.

Por estos hechos, el juzgado de Menores condenó al joven por un delito de lesiones y le impuso una medida de 12 meses de internamiento en un centro terapéutico, aunque la ejecución ha quedado en suspenso a condición de que cumpla satisfactoriamente ocho meses de libertad vigilada y continúe con un tratamiento ambulatorio de salud mental.

En cuanto a la indemnización, la aseguradora del centro ha sido la encargada de abonar 14.000 euros después de los 12.000 que ya consignó al inicio del procedimiento.