La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá el próximo mes de junio el juicio contra un hombre acusado de un grave intento de incendio en un establecimiento de la capital y de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el procesado se enfrenta a una petición total de nueve años de prisión por intentar prender fuego a un local mientras se encontraban en su interior tanto empleados como clientes.

Los hechos se remontan a 2024, cuando el acusado se dirigió a un establecimiento de Córdoba portando dos botellas de gasolina. Una vez en el lugar, comenzó a rociar con el combustible a las personas que estaban dentro. Acto seguido, derramó el contenido de una de las botellas en la entrada del local, tanto en la parte interior como en la exterior, y lanzó un cigarrillo encendido a la gasolina con la finalidad de prender fuego.

Lejos de deponer su actitud, el acusado se dirigió específicamente hacia personas que ya habían sido alertadas por los empleados y las roció de nuevo con la gasolina que le quedaba en la segunda botella. El escrito fiscal detalla cómo les lanzó varios cigarrillos encendidos para que el combustible prendiera fuego y, al no lograrlo, lo intentó de nuevo utilizando un mechero. La tragedia fue evitada gracias a la intervención de un cliente del establecimiento, que logró reducir al atacante. En el momento de su detención, se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros.

No obstante, el altercado no terminó con la reducción del procesado en el local. Según el Ministerio Público, durante su traslado a la comisaría, el acusado mostró una actitud violenta, negándose a bajar del vehículo policial y golpeando a un agente, causándole una herida.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos: incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, en grado de tentativa, por el que solicita siete años de prisión; y un atentado a la autoridad, por el que pide un año de cárcel, al igual que por el delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, el fiscal interesa que se imponga al acusado el pago de las costas y la prohibición de aproximarse al establecimiento a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con el local durante un periodo de tres años. El Ministerio Público señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

La segunda sesión del juicio contra la psiquiatra y jefa de Salud Mental del Reina Sofía, Carmen Prada -celebrada este martes-, ha estado marcada por los testimonios de médicos y un perito que han defendido la corrección de la asistencia sanitaria prestada por el sistema público de salud, a la vez que se ha conocido que el joven, días antes de morir, manifestó la idea de querer ingresar en una unidad contra las adicciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el médico y por aquel entonces coordinador de la Unidad de Drogas y Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Bartolomé de la Fuente, a donde acudía el paciente, aunque de forma “irregular”. Ha manifestado que aunque al joven nunca se le recetó metadona, en su autopsia apareció restos de esta sustancia, por lo que podría haberla conseguido en el mercado negro. Asimismo, ha asegurado que el paciente pidió ingresar en una unidad terapéutica apenas unos días antes de fallecer, pero no llegó a responder a la llamada de la psicóloga de los servicios comunitarios de Salud Mental para concretar la cita. Sobre esto, el perito que ha analizado toda la documental, Jaime Gómez González, ha apuntado que, actualmente, “la red pública de Salud Mental no tiene una unidad de internamiento para luchar contra las adicciones”, pero sí hay “centros dentro de la red de drogodependencia”.

“Con los mecanismos que hay, tendría que haberse producido un ingreso urgente en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental”, ha explicado este perito quien, no obstante, se ha referido a las cuestiones éticas y morales que supone “tener a una persona eternamente ingresada”. Por ello, este perito ha sostenido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puso todos los servicios a disposición del paciente y que el “problema nuclear” del mismo era el consumo de tóxicos.

Este médico especialista en psiquiatría forense y profesor de la Universidad de Sevilla, por otro lado, ha ratificado que el diagnóstico más estable y concordante con todo el historial del paciente es el de “trastorno de personalidad mixta” que se intensificaba con el “consumo de sustancias”, rechazando así el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo depresivo que defiende el psiquiatra privado que seguía al paciente, Ignacio Martínez Hens. Según este perito, “la atención sanitaria que ha recibido el paciente ha sido la correcta” y las necesidades en el ámbito de la salud mental fueron cubiertas.

Gómez ha dicho, además, que el consumo abusivo e irregular de psicofármacos y tóxicos se remontaría “a 2011” según toda su historia clínica. Durante su declaración ha explicado que este consumo activo es, precisamente, lo que impedía que el joven fuera beneficiario de los equipos de tratamiento para Trastorno Mental Grave (TMG), ya que los protocolos especiales -tanto de atención intensiva como domiciliaria- que había en Salud Mental para pacientes con trastorno mental grave excluye a aquellos que consumen tóxicos. Además, el trastorno de este paciente no estaba incluido dentro de las patologías a las que iban dirigidas estos protocolos.

Respecto al fallecimiento, Gómez ha señalado que el informe preliminar de la autopsia lo califica como una “reacción adversa de los abusos”, derivado de la combinación de metadona, anabolizantes, alcohol y otros fármacos -que fueron consumidos “en dosis que no eran letales”- en una persona con antecedentes cardíacos y que padecía asma.

Sobre las tendencias autolíticas del paciente, los testimonios y documentos presentados durante este martes han negado que el joven las padeciera. Según consta en la documentación del equipo de salud mental, existe un parte de asistencia del 14 de octubre de 2013 que registra un “intento de autolisis con medicamentos”, reforzado por una comunicación de una trabajadora social días después en la que la familia informaba de una “amenaza de autolisis” manifestada en consultas privadas. Sin embargo, la gran mayoría de los profesionales que trataron al joven de forma directa han negado haber detectado un riesgo suicida activo durante sus evaluaciones.

“El gran problema de mi vida es consumir drogas”

El psicólogo clínico José Pedro Diéguez Sánchez, que trató al paciente en la Unidad de Agudos, ha reforzado la tesis del consumo. Tras aplicarle diversas pruebas diagnósticas, diagnosticó al paciente como una persona con una “inteligencia elevada” pero con un perfil de “carácter anómalo de la personalidad” marcado por la impulsividad y la frustración al no cumplir sus altas aspiraciones, como ser policía o piloto. Según el psicólogo, el joven arrastraba una “vulnerabilidad percibida” desde niño, fruto de una etapa escolar en la que “los niños se burlaban de él” y “sufría acoso”.

Esta situación derivó en síntomas graves a una edad muy temprana: el paciente sufría terrores nocturnos, se mordía las uñas y “con 7 u 8 años se producía autolesiones”, una conducta que el testigo ha calificado como “impropia de esa edad”. Para Diéguez, el inicio en el gimnasio a los 11 años y el posterior consumo de sustancias fueron intentos desesperados del joven por luchar contra esa imagen de debilidad y proyectar una seguridad que no poseía. Diéguez ha recordado, además, una frase del fallecido: “El gran problema de mi vida es el consumir drogas”. Según el psicólogo, el consumo activaba sus rasgos desadaptativos, como la intolerancia y la incapacidad para reflexionar.

Durante la sesión de este martes, varios cargos técnicos y facultativos del SAS han explicado las limitaciones operativas del sistema. Quien fuera el coordinador autonómico de Salud Mental, Javier Romero Cuesta, y el exgerente del SAS, José Manuel Aranda Lara, han coincidido en que “el hospital no tiene dispositivo para ir a buscar al paciente a su domicilio”, ya que en 2014 hubo un ingreso frustrado dado que el paciente no acudió. En esa línea, han aclarado que, si un paciente no acude para su ingreso, la red de Salud Mental debe esperar a que aparezca, dependiendo de la familia. Se podría acudir al 061 o a las fuerzas de seguridad, siempre y cuando se conozca el paradero del paciente, han dicho.

Por su parte, el psiquiatra José Ángel Alcalá Partera ha recordado que el paciente era autónomo y manifestaba su “compromiso e intención de seguir sus revisiones por su psiquiatra privado”. Alcalá ha reiterado que los protocolos de atención domiciliaria “excluyen los derivados del consumo de tóxicos” y que, actualmente, también sería incluido de los mismos si dicho consumo continuara.

El paciente tenía también un diagnóstico diferente realizado por su psicólogo privado

La psiquiatra María del Pilar Ventosa, que lo atendió en el centro penitenciario en 2015, ha ratificado el diagnóstico de “trastorno mixto de la personalidad” y ha descartado signos de esquizofrenia.

Frente a las tesis de todos estos médicos y especialistas, el psicólogo privado que en 2017 realizó el informe que supuso la absolución del joven en el caso del asesinato de un hombre en el Paseo de la Victoria, Ignacio Martínez Hens, ha defendido su diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. De manera continuada, este profesional trató al paciente entre marzo de 2012 y abril de 2014, y ha declarado que se trataba de un paciente “muy difícil” y con una “mala adherencia al tratamiento, que, en la práctica, ”iba a su bola“.

Hens ha explicado que, aunque inicialmente detectó un pequeño episodio depresivo y consumo de fármacos, su diagnóstico fue evolucionando hasta concretar en el informe de 2017 que el paciente sufría un “trastorno esquizoafectivo”. Este diagnóstico, según el testigo, suponía la confluencia de un trastorno depresivo mayor con rasgos delirantes y de personalidad. Debido a esta patología y a su conducta, Hens lo consideró un “paciente de alto riesgo” con altas probabilidades de tener problemas con la sociedad y con su propia familia, la cual se encontraba “desbordada” por la situación.

Además, ha reconocido que el joven le confesaba consumir “de todo”: anabolizantes, anfetaminas, depresivos y diversos fármacos. Según el doctor, el paciente “tenía a disposición pastillas de todo tipo y se las conseguía en el mercado negro”, realizando mezclas peligrosas que “podían afectar a su salud perfectamente”. El facultativo también se ha referido a las dificultades para implementar tratamientos efectivos. Durante su declaración ha recordado que le recomendó el uso de medicamentos inyectables, pero que el médico de cabecera de la Seguridad Social se lo denegó. Hens, que ha asegurado desconocer qué tipo de atención recibía su paciente en el sistema público, ha puntualizado que esta medicación era cara y que el paciente no podía afrontar su coste.

Ese informe de 2017 fue firmado también por el psicólogo Fernando Javier Sánchez Alcalá, quien solo se entrevistó don el paciente durante dos horas y media en prisión. En ese momento, aunque el paciente tenía un ánimo adecuado y no presentaba rasgos autolíticos, mantenía ideas delirantes y autoreferenciales y que hacía un consumo abusivo de fármacos para mitigar la ansiedad que le producía su propia enfermedad, según ha declarado este martes. Al igual que Hens, ha señalado que este tipo de enfermos suelen presentar una gran falta de adhesión al tratamiento y tienden a la automedicación, calificándolos como casos “muy complejos”.

La sesión ha dado por concluida toda la testifical y el próximo jueves se elevarán las conclusiones a definitivas y se realizarán la lectura de los informes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar este miércoles a un agente inmobiliario acusado de un delito de estafa por hacer nóminas para que un cliente obtuviera un préstamo y pudiera comprar una vivienda. El Ministerio Público solicita para el procesado una pena de tres años y tres meses de prisión por unos hechos ocurridos en Córdoba capital.

Según el escrito de acusación, el acusado se presentó ante la víctima como empleado de una empresa dedicada a la intermediación inmobiliaria. Tras visitar un piso que estaba a la venta y firmar un contrato de arras con el comprador, que entregó una cantidad determinada, este informó al acusado de su imposibilidad de obtener un préstamo hipotecario al no disponer de nómina.

Con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, según la Fiscalía, el acusado hizo creer al cliente que existía la posibilidad de darle de alta en la Seguridad Social. Para ello, se mostró dispuesto a confeccionar dos nóminas ficticias que no respondían a ningún trabajo real, con el único propósito de que la víctima pudiera obtener del banco el préstamo. Por estas gestiones, el acusado solicitó al afectado una cantidad de dinero.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, el Ministerio Público solicita, además de la pena de cárcel, una multa de 3.240 euros y el pago de las costas.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto en el que desestima la petición de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la denominada operación Fenicio-Diávolo 24. Esta macrocausa investiga una sofisticada red criminal que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos.

A pesar de que las defensas de varios investigados solicitaron que el caso pasara a la Audiencia Nacional por su supuesta complejidad y extensión nacional, el magistrado cordobés ha rechazado tal pretensión. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, fundamenta que la competencia debe recaer en Córdoba porque aquí se encontraba el “centro de gravedad” de este grupo criminal.

En esa línea, el juez subraya que en la capital cordobesa es donde reside la mayoría de los investigados, donde se ubican las sedes de las presuntas empresas pantalla y donde se han desarrollado las actuaciones nucleares de la instrucción. Además, señala que el proceso se encuentra en un estado avanzado tras más de un año de investigación, por lo que un traslado ahora causaría un perjuicio a la agilidad de la justicia.

El inicio de la investigación comenzó en abril de 2024, cuando se averiguó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo de contenido ilícito para que dichas entidades la introdujeran en el circuito financiera legal. Según la investigación que desarrolló la UCO, el modus operandi de la red consistía en recoger el dinero -procedente del tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y delitos contra las personas- en garajes y oficinas de Córdoba para comprar oro y plata de origen ilícito en joyerías y fundiciones, a menudo sin registrar las transacciones o superando los límites legales de pago en efectivo.

Posteriormente, empresas cordobesas dedicadas al análisis y certificación de metales “legitimaban” el oro, permitiendo su bancarización. Una vez el dinero estaba en el sistema, se movía a través de sociedades pantalla, que carecían de infraestructura real. Después, el dinero blanqueado era transferido a las cuentas bancarias del verdadero propietario del efectivo y que pertenecían a empresas de China.

Actualmente, en la causa hay investigadas un total de 25 personas y nueve empresas. La operación arrojó un total de 20 registros practicados en cinco provincias españolas: 11 en Córdoba, dos en Zamora, dos en Salamanca, dos en Sevilla y tres en Madrid. También se realizó una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos en Paracuellos del Jarama, Madrid.

Durante los registros se intervinieron una cantidad significativa de bienes y activos: más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1.150.000 euros; 15,2 kilogramos de plata, valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido, ocho contadoras de dinero en efectivo, numeroso material informático y electrónico, dos pistolas, cuatro cargadores de armas de fuego y diversa munición. Además, se incautaron ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación de doble fondo, y abundante documentación.

Casi de tres meses después de la tragedia de Adamuz, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha nombrado a los tres peritos judiciales independientes.

Estos tres profesionales tienen que hacer su propia investigación y analizar las tres que hay en marcha: la de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la que desarrolla la empresa estatal Adif, encargada de la gestión de las instalaciones ferroviarias de España.

La designación de los peritos se produjo el pasado 16 de abril y será este martes cuando estos tres profesionales deban comparecer en la oficial judicial del juzgado de Montoro para aceptar el cargo. Cuando esto se produzca, se les trasladará la información del procedimiento y la pericial que deben practicar.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

La plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar solidariamente con casi 6.600 euros al propietario de una nave del polígono industrial La Torrecilla que resultó dañada por un eucalipto de titularidad pública.

Según la sentencia, el Ayuntamiento intentó inicialmente eludir su responsabilidad argumentando que los daños que sufrió la nave se debieron a rachas de viento superiores a 120 kilómetros por hora en octubre de 2023, lo que trasladaría la obligación de pago al Consorcio de Compensación de Seguros. Sin embargo, el fallo aclara que el origen de los desperfectos no fue un evento meteorológico puntual, sino el “vencimiento parcial y paulatino” de un eucalipto de grandes dimensiones que venía afectando a la finca desde el año 2018.

El magistrado fundamenta la condena en la “falta de mantenimiento y conservación de la vía pública” por parte de la administración local, señalando que los daños derivan del “crecimiento sin control y continuado” del árbol. Así, el eucalipto provocó un descuadre de la puerta de acceso al patio lateral debido al “empuje que sobre la estructura y pavimento” ejercían directamente el tronco y las raíces. Además, la caída masiva de hojarasca provocó la saturación de la red de desagüe de pluviales, lo que derivó en embolsamientos de agua, filtraciones y humedades en el techo de la planta primera de la nave.

El juez concluye que el Ayuntamiento pretendía imponer al ciudadano un deber de cuidado que “ella misma, por su parte, no ha observado”, incumpliendo su deber de diligencia en la conservación del arbolado. Además del pago de la indemnización, la aseguradora deberá abonar los intereses de demora y ambas partes cargarán con las costas del proceso, limitadas a 400 euros. La resolución es firme y no admite recurso ordinario.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una mujer de un delito leve de coacciones por el que había sido condenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. El tribunal ha considerado que tirar vinagre a un pasillo que su vecina estaba limpiando no entra dentro de este tipo penal, aunque sí tuviera la intención de “molestarla”.

Según los hechos probados, la procesada, movida por las malas relaciones que mantenía con su vecina, tiró gran cantidad vinagre desde su vivienda desde su vivienda hacia el pasillo colindante, propiedad de este vecino. En ese preciso instante, esta se encontraba limpiando esa zona del pasillo. El líquido llegó a alcanzar su cuerpo, manchándola y alterando su “tranquilidad y sosiego”.

Aunque el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba impuso inicialmente una multa a la mujer, la Audiencia Provincial ha decidido revocar dicha condena. La clave de la absolución reside en que, para que exista un delito de coacciones, es necesario acreditar que el autor tiene el objetivo explícito de “impedir el pacífico disfrute del derecho” de la otra persona.

Sin embargo, los hechos probados de la sentencia original solo recogían que la intención de la acusada era la de “molestarla”. Ante ello, el tribunal ha subrayado el “ánimo de causar una molestia” no es suficiente para integrar los elementos de un delito de coacciones, el cual requiere una finalidad de restricción de la libertad que no ha quedado probada en este caso.

Casi 20 años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la orden de demolición dictada por la Junta de Andalucía sobre una edificación ilegal construida en Montemayor (Córdoba). El fallo desestima así el recurso interpuesto por los propietarios, quienes alegaban que la potestad de la administración autonómica para restaurar el orden urbanístico había caducado debido a la antigüedad de la construcción.

La edificación, compuesta por una vivienda y un anexo, comenzó a levantarse entre los años 2006 y 2007. Según el recurso de los propietarios, ya se habrái superado con creces el plazo de seis años que establece la ley para que la Administración pueda ordenar su demolición. Para apoyar su tesis, presentaron un auto de un juzgado de Montilla que archivaba una causa penal previa por delito contra la ordenación del territorio al considerar que el delito había prescrito.

Sin embargo, el tribunal ha recordado que la vía administrativa y la penal son independientes. Según las pruebas fotográficas y las inspecciones, la obra se encuentra paralizada, pero no terminada, ya que los paramentos de ladrillo están sin revestir y carece de ventanas. La ley andaluza establece que el plazo de seis años solo empieza a contar desde la “completa terminación” de la obra, algo que no ha ocurrido en este caso.

Por tanto, dado que la construcción no está finalizada, no puede acogerse a la figura de “asimilado a fuera de ordenación”, situación reservada únicamente para edificaciones irregulares terminadas sobre las que ya no se pueden tomar medidas por el paso del tiempo.

Además, el tribunal ha rechazado que el procedimiento administrativo haya caducado, confirmando que la Junta de Andalucía notificó la resolución dentro del plazo legal de un año desde que se inició el expediente en febrero de 2021.

Como consecuencia de la desestimación total del recurso, los demandantes han sido condenados al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 1.500 euros más IVA, y la orden de demolición ha sido ratificada.

El Juzgado de lo Penal 4 ha celebrado este jueves la primera sesión del juicio a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por denegación de asistencia sanitaria y homicidio imprudente a un hombre que finalmente falleció. La vista se ha celebrado durante toda la mañana y ha contado con un extenso interrogatorio a la acusada, durante el cual se han producido momentos de tensión entre la acusación particular y la fiscal con la jueza a razón de la forma en la que se estaba desarrollando el mismo. Durante su declaración, Prada ha defendido su actuación y la de su equipo, y ha rechazado que el hombre se suicidara, sino que su fallecimiento fue “una concatenación desgraciada” debido a las patologías que sufría.

Al inicio de la sesión, la sala discutió la práctica de la prueba pericial. Mientras la acusación particular -que solicita ocho años de prisión- pedía que los peritos declararan en conjunto -uno de ellos no ha podido acudir a la sesión-, la defensa y la Fiscalía se opusieron, considerando que era “más acertado hacer un examen por separado”. Asimismo, la defensa pidió la admisión de pruebas relacionadas con el historial clínico del fallecido durante su estancia en prisión en 2018 y otra documental. La primera cuestión ha sido rechazada por la jueza, quien ha considerado que las declaraciones de los peritos será “más esclarecedora” si se hacen por separado. Sobre la segunda cuestión previa, la jueza solo ha admitido enviar un oficio a la cárcel para que se remita dicha documentación.

En relación con la víctima, según lo declarado por Prada y a tenor de las pruebas documentales, desde 2006 hasta 2020 -el hombre murió en junio de ese año-, el paciente tuvo entre 50 y 60 consultas, y hasta ocho ingresos hospitalarios por crisis agudas. La acusada ha rechazado en varias ocasiones que el paciente fuera un enfermo mental grave, sino que padecía un “trastorno de personalidad mixto” que se intensificaba con episodios psicóticos agudos provocados por el “consumo de tóxicos”. Sobre ellos, Prada ha puntualizado que el paciente no consumía drogas -aunque muy esporádicamente habría hecho uso de cocaína-, sino que lo que consumía eran “antidepresivos activadores y productos de gimnasio”. De hecho, ha relatado que este hombre fue ingresado en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en 2011 por un “cuadro de intoxicación grave”.

Así, “la situación de descompensación era porque el consumo de sustancias potenciaba enormemente los síntomas de un trastorno de personalidad e impulsividad”, ha explicado la sanitaria para justificar por qué no se le consideraba un paciente con un trastorno mental grave. Además, ha señalado que el seguimiento de su trastorno se producía a través de los servicios comunitarios y ha puntualizado para qué sirven las camas de ingreso de la Unidad de Salud Mental del Hospital Provincial: 96 están destinadas a la atención de episodios de crisis hasta que se logra el control de la situación clínica del paciente y 19 están reservadas para patologías graves y prolongadas, dirigidas a pacientes que no solo han pasado el episodio agudo, sino que requieren una atención continua por la persistencia de su enfermedad. En el caso de la víctima, y según ha apuntado Prada, tras recibir el alta hospitalaria se le realizaba un seguimiento por los servicios comunitarios, siguiendo el protocolo establecido.

Prada niega que la víctima quisiera suicidarse

Sobre si la muerte de la víctima fue un suicidio o no, la magistrada ha pedido que durante el juicio no se hable de autolisis. De hecho, Prada -que se ha visto arropada por compañeros y amigos, de los que muchos no han podido entrar a la sala- ha negado que el hombre tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven en 2020 y sus crisis previas no responden a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

Según ha definido la psiquiatra, un suicidio es sinónimo de “búsqueda de la muerte”, algo que no sería aplicable a este paciente. Además, ha asegurado que, tras sus ingresos hospitalarios, se determinó que “no se apreciaba información psicótica” y que el origen de tales desajustes era puramente “tóxico”, provocado por el abuso de fármacos. Basándose en su conocimiento de la sintomatología del paciente y en los informes forenses que obran en la causa, ha asegurado que la muerte de este paciente fue una “concatenación desgraciada” de factores físicos: “Una cardiopatía básica y un hígado graso que dificultaron la metabolización de los fármacos ingeridos, derivando en un edema pulmonar”. De hecho, ha manifestado, el consumo de fármacos del día del deceso “no era abusivo” en el sentido de buscar la muerte intencionadamente.

El trastorno del paciente no requería de atención domiciliaria

Una de las líneas de las acusaciones pública y particular ha radicado en la existencia de una especie de “hoja de ruta” a través de la cual se llevaría a cabo una atención domiciliaria de este tipo de pacientes. Ante las preguntas de la Fiscalía sobre por qué no se realizó un seguimiento en la vivienda de la víctima, la acusada ha sido tajante: “Ese documento no regía” en el momento de los hechos, sino que era “un documento de trabajo interno de la unidad en expectativas de mejora”. Según su testimonio, se trataba de un borrador que buscaba aportar el máximo de opciones asistenciales para que se fueran instaurando progresivamente, pero ha insistido en que, en aquel periodo, “la prestación del servicio domiciliario no era obligatoria”, aunque sí podría hacerse en casos puntuales.

En ese sentido, Prada ha explicado que dependía estrictamente “del riesgo clínico” y de la sintomatología del paciente. En el caso de la víctima, la acusada ha insistido en que, a lo largo de su historia clínica, “nunca” se le consideró que padeciera un trastorno mental grave. Más tarde, a preguntas de su defensa, ha aclarado que no fue hasta 2021 cuando se puso en marcha un protocolo oficial con dotación de recursos para llevar a cabo dicha atención domiciliaria.

Siete de ocho ingresos hospitalarios fueron involuntarios

Durante el interrogatorio se ha podido conocer que de los ocho ingresos hospitalarios que tuvo la víctima, siete fueron involuntarios. Es decir, fue la propia familia la que los requirió y un juez los aprobó. Algunos de los ingresos que se han abordado durante el juicio han sido los siguientes. Entre octubre y diciembre 2013, el hombre ingresó en tres ocasiones en dicha unidad. En la última ocasión llegó a manifestar que “no puede más, que se quiere morir, que no soporta esto” y decía que iría “al reino de los cielos”, que quería “ser Dios” y que tenía decidido cómo hacerlo.

En 2014, el juez dictó su internamiento en junio, pero no se ejecutó porque el paciente no acudió a la puerta de Urgencias del Provincial, lugar por el que debía ingresar. Sobre esta hospitalización fallida, Prada ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud “no dispone de los medios para localizar a pacientes en sus domicilios” o en la calle para obligarlos a ingresar. Por ello, son los familiares o allegados del paciente quienes deben encargarse de que acuda al centro sanitario. En aquel ingreso de 2014, “el paciente nunca llegó a nuestra puerta de Urgencias”, por lo que no fue hospitalizado.

El único ingreso voluntario se produjo en mayo de 2019 debido a que la víctima se encontraba “en una situación de exclusión social” y temía por su propia integridad. El último ingreso fue en abril de 2020, dos meses antes de su fallecimiento, tras un cuadro de agresividad.

Absuelto de apuñalar a otro hombre tras alegar defensa propia y trastorno mental

Pero antes del ingreso voluntario en 2019, la vida de la víctima dejó tras de sí otro episodio trágico: la muerte de un hombre apuñalado en el Paseo de la Victoria en 2015, por la que estuvo imputado. Tras permanecer tres años en prisión provisional (de 2015 a 2018), un tribunal de jurado lo absolvió después de que su abogado alegara defensa propia y trastorno mental. Durante el juicio fue muy relevante el informe de su psiquiatra privado, quien le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo. Sin embargo, Prada ha asegurado no compartir dicho diagnóstico.

A pesar de la absolución y de la salida de prisión, según la acusación particular, la familia del paciente mostró un temor constante por las consecuencias de su libertad. A través de quejas remitidas a la Delegación de Salud, los familiares manifestaron que la convivencia con el joven era “insoportable” y expresaron un miedo real por “lo que pudiera hacer su hijo con respecto a su vida y a la vida de terceras personas”.

Tras este causa judicial, el paciente fue derivado de nuevo a consultas externas por su médico de cabecera al presentar una “sintomatología adaptativa” tras su estancia en prisión. En ese momento, el paciente habría manifestado su deseo de no seguir el tratamiento en la red pública, prefiriendo continuar con el psiquiatra privado. En esa línea, Prada ha defendido que los recursos sanitarios estuvieron siempre a disposición del paciente.

Al cierre del interrogatorio, la jueza ha preguntado a la acusada sobre las peticiones que le hacía la familia del paciente. “Pedían asistencia porque la situación era ”inabordable“ y la convivencia se volvía ”imposible e intolerable“. El juicio continuará la semana que viene.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.

El hombre de 65 años detenido por el asesinato machista de Tulia el pasado lunes por la mañana en Córdoba permanecerá en dependencias policiales hasta el límite permitido por la ley. Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional agotará el plazo legal de detención de 72 horas, ya que está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves por la mañana.

El crimen se cometió el lunes antes de las 9:00, cuando el agresor atacó a la víctima en el portal de su bloque utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, según estas mismas fuentes. Tras el asesinato, el hombre se atrincheró en su domicilio -ubicado en el mismo edificio que el de la víctima- y ofreció una fuerte resistencia a los agentes, llegando a rociar la entrada con gas de pimienta para dificultar el acceso policial.

Tulia había denunciado a su expareja el sábado anterior después de que este irrumpiera en su casa con un martillo. A pesar de que se dictó una orden de alejamiento de 500 metros, el sistema VioGén calificó el riesgo como “medio” y el agresor no entró en prisión provisional porque ni la Fiscalía de Córdoba ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en la cárcel. El asesinato se produjo apenas una hora antes de que Tulia tuviera que declarar en un juicio rápido por esta denuncia previa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia que condena a un hombre a una pena de seis años de prisión por su participación activa en una serie de robos con fuerza en domicilios de Córdoba capital. El fallo ha desestimado el recurso del acusado y ha validado las pruebas que lo sitúan como autor de tres asaltos distintos, a pesar de que este solo reconocía uno de ellos. En total, la banda se llevó más de 313.000 euros.

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando el acusado se desplazó a Córdoba junto a, al menos, otras dos personas que actualmente se encuentran en paradero desconocido. El grupo se hospedaba en un hostal con el fin de recabar información sobre zonas favorables para cometer los robos, buscando especialmente domicilios con fácil acceso a las autovías de salida de la ciudad para garantizar una huida rápida.

Actuaban preferentemente en horario de mañana, aprovechando que los propietarios se encontraban trabajando y las viviendas estaban vacías. Para acceder a los inmuebles, utilizaban la técnica de fracturar el bombín de la cerradura. El robo más cuantioso se produjo el 8 de noviembre de 2018. Actuando de forma coordinada con otras dos personas, el condenado asaltó dos viviendas situadas en un mismo edificio de la ciudad aprovechando el horario de mañana. Entre las 11:00 y las 14:30, accedieron a un domicilio tras fracturar el bombín de la cerradura. Del interior sustrajeron una caja fuerte atornillada que contenía joyas valoradas en más de 60.000 euros y un sobre con 40.000 euros en efectivo. Sumando otros lotes de joyas y 17 dispositivos electrónicos, el valor total de lo robado en esta casa ascendió a más de 161.000 euros.

En ese mismo intervalo de tiempo y en el mismo inmueble, el grupo forzó otra vivienda. En esta ocasión se llevaron tres relojes, joyas con brillantes, ordenadores portátiles y diversas prendas de ropa, efectos valorados en 5.645 euros. Semanas después, el 27 de noviembre, el condenado participó en un tercer robo en una calle diferente de Córdoba. En este caso, el botín consistió en relojes, joyas y un bolso, todo valorado en cerca de 147.000 euros.

Por estos hechos, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a seis años de prisión, fallo que fue recurrido ante el TSJA, que, a su vez, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por su defensa. En su escrito, el abogado del procesado aseguró que no había huellas de su defendido en el segundo y tercer robo. Sin embargo, el TSJA ha respaldado la tesis de la Audiencia de Córdoba basada en la “solidez indiciaria”. Así, el tribunal ha considerado “inverosímil” que el acusado robara en un piso y que, en la misma mañana y en el mismo portal, otra banda distinta robara en el piso de arriba usando exactamente el mismo método de fractura de bombín.

Por otro lado, el alto tribunal andaluz ha confirmado la agravante de pertenencia a grupo criminal, ya que ha considerado probado que el acusado y sus acompañantes se desplazaron a Córdoba expresamente para delinquir, se alojaron juntos en un hostal y planificaron los robos buscando viviendas con salida rápida a las autovías para facilitar la huida.

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja en Córdoba entró en el piso de la víctima, le destrozó un equipo de música y la amenazó con destrozarle su vivienda el pasado sábado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), estos hechos iban a ser juzgado este lunes, pero el detenido acabó con la vida de su expareja una hora antes de la vista. El pasado domingo, la Policía Nacional ofreció a la mujer acompañarla para ir a la Ciudad de la Justicia, pero la víctima habría rechazado esta ayuda, según la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López.

Según consta en la denuncia, de la que ha informado el alto tribunal andaluz, el hombre accedió a la vivienda armado con un martillo, herramienta con la que procedió a destrozar el equipo de música que tenía la mujer. Tras este acto, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Hay que señalar que, según fuentes judiciales, este es el único antecedente de violencia registrado entre ambos antes del crimen.

El juzgado acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. El TSJA ha puntualizado que ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Tanto el investigado como la víctima habían sido citados para comparecer este lunes ante la Sección de Violencia sobre la Mujer para la celebración, si procedía, de un juicio rápido. Según ha adelantado este martes Cadena Ser Córdoba y ha explicado a los medios de comunicación la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, la Policía Nacional contactó varias veces con la víctima tanto el sábado como el domingo e, incluso, se le ofreció acompañamiento policial para acudir este lunes al juzgado. Sin embargo, la mujer habría rechazado ser auxiliada por los agentes y los emplazó a verse ya en la Ciudad de la Justicia. “Lo que ha fallado en este caso es que él se saltó una orden judicial”, ha enfatizado López.

Actualmente, el detenido aún no ha pasado a disposición judicial.

La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional incondicional a un cordobés de 49 años que está siendo reclamado por las autoridades de Perú. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación de su defensa, confirmando que el detenido deberá permanecer en la cárcel mientras se tramita su entrega para cumplir una condena de 15 años de cárcel por un delito de tráfico de drogas.

Según el auto de la Audiencia Nacional, la Corte Superior de Justicia de Callao, en Perú, emitió el pasado mes de enero una orden de detención, produciéndose el arresto del cordobés el 17 de marzo. Según los informes del Ministerio Fiscal, el condenado formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes que causan un grave daño a la salud y en cantidades de “notoria importancia”. Por ello, para la Audiencia Nacional, el reclamado “está muy lejos de ser un delincuente primario”.

Durante el proceso, la defensa del hombre solicitó su libertad con medidas cautelares, como comparecencias semanales en el juzgado, argumentando que es español y tiene un sólido “arraigo personal, familiar y laboral en España”. Sin embargo, los magistrados de la Sección Cuarta del tribunal español han rechazado esta posibilidad.

Así, en su auto exponen que, en los casos de extradición, el riesgo de fuga se valora de forma distinta: no se trata de una persona que “pueda fugarse”, sino de alguien que “ya se ha fugado” de la justicia de otro país y no quiere regresar para cumplir su condena. Para la Sala, la perspectiva de una condena de 15 años hace que el riesgo de que intente huir sea “evidente y altísimo”, por lo que la prisión es la única medida proporcional para asegurar que sea entregado a Perú.

Las autoridades peruanas disponen de un plazo de 80 días desde la detención del cordobés para formalizar oficialmente la demanda de extradición. Si expirara el plazo y no presentara toda la documentación, la medida de prisión quedaría sin efecto. Esta resolución es firme, por lo que contra ella no cabe recurso alguno.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a una mujer multirreincidente como autora de un delito continuado e intento de robo en el restaurante La Cuchara de San Lorenzo. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel, solicitud que se ha visto reducida después de que el Ministerio Público y la defensa llegaran a un acuerdo.

Según el relato de hechos probados, la condenada actuó guiada por el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito. El primer intento tuvo lugar alrededor de las 5:33 del 16 de mayo de 2023, cuando la mujer acudió al restaurante. En ese momento, el local estaba cerrado y la acusada trató de forzar la puerta corredera para acceder al interior, abandonando el lugar apenas nueve minutos después sin haber logrado su objetivo.

No conforme con el primer fracaso, la condenada regresó al mismo establecimiento la madrugada siguiente, el 17 de mayo de 2023, sobre las 2:14. En esta segunda ocasión, volvió a intentar forzar la misma puerta, desistiendo nuevamente apenas dos minutos después.

A pesar de que no logró sustraer ningún objeto, la mujer ocasionó daños valorados en 380 euros, aunque el dueño del establecimiento ha reclamado indemnización al haber sido ya resarcido por su seguro. Cuando cometió los hechos, sobre la procesada pesaban cinco condenas firmes dictadas entre 2016 y 2019, todas ellas relacionadas con delitos de robo con violencia, tanto consumados como en grado de tentativa.

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido personarse en un procedimiento judicial abierto por un vecino de la ciudad después de que el coche que conducía sufriera daños por un bolardo no señalizado.

Según los hechos que han motivado la demanda, el conductor sufrió una colisión con un pivote en la calzada cuando intentaba incorporarse de nuevo a una vía de la que había sido desviado previamente debido a la ejecución de unas obras. El vecino, que sostiene que el bolardo estaba sin señalizar, reclama la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los daños ocasionados en su vehículo, una petición que inicialmente fue desestimada por silencio administrativo.

Tras una notificación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Córdoba, la Asesoría Jurídica municipal ha informado este lunes a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una deuda tributaria de 63.150,32 euros a una cordobesa por no pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante tres años al rechazar el argumento de que fue engañada o mal informada por su asesor fiscal.

Según la demandante, su asesor fiscal gestionaba su actividad profesional y disponía de su certificado digital. La mujer alegó ante el tribunal que el asesor le pidió firmar un documento de representación de la Agencia Tributaria asegurándole que se trataba de un “mero trámite”, sin explicarle las consecuencias legales que ello conllevaba.

La recurrente sostuvo que el asesor firmó las actas de conformidad con Hacienda sin su conocimiento ni autorización, y que ella no supo nada del procedimiento hasta que recibió las providencias de apremio para el cobro forzoso de la deuda. Para su estrategia de defensa aportó un acta notarial en la que el propio asesor admitía que no le había comunicado el estado ni los avances de la inspección.

Sin embargo, los magistrados de la Sección Cuarta del TSJA han desestimado íntegramente estas alegaciones. El tribunal ha fundamentado su decisión en que existe un modelo normalizado de representación firmado por la propia interesada -que no pagó el IRPF durante 2016, 2017 y 2018- en el cual se facultaba expresamente al asesor para firmar actas de conformidad y propuestas de sanción.

Por ello, el tribunal ha calificado la actitud de la mujer como una “negligencia”, señalando que fue ella quien eligió a un representante que no la asesoró bien y que, además, decidió “desentenderse del procedimiento de inspección tributaria” al no requerir información a su gestor. Asimismo, ha subrayado que, al ser la demandante mayor de edad, no se puede presumir que tuviera dificultades para comprender el alcance de otorgar un poder de representación legal.

Aunque el TSJA ha confirmado esta sanción tributaria, sí ha dejado la puerta abierta a la demandante a que emprenda acciones legales contra su asesor. Finalmente, el tribunal le ha impuesto el pago de las costas judiciales, fijando un límite máximo de 800 euros.

Un hombre con un trastorno mental que había sido condenado a 16 meses de prisión e internamiento por un delito de exhibicionismo ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba al considerar que en los actos que cometió no había ánimo libidinoso alguno.

Según la sentencia, el 30 de marzo de 2023, el hombre paseó por un parque de la capital cordobesa con los pantalones bajados y mostrando sus genitales, todo ello en presencia de los niños y las familias que aquella tarde estaban en esta zona infantil. Tras una denuncia, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba lo condenó a prisión y a internamiento por un delito de exhibicionismo. Además, le aplicó una eximente incompleta por trastorno mental, ya que el hombre padece un trastorno bipolar y trastorno por consumo de tóxicos, lo que alteraba sus capacidades volitivas y cognitivas en el momento de los hechos.

Sin embargo, su defensa alegó ante la Audiencia que el condenado no tenía ánimo lascivo ni provocador. Según el letrado, su cliente no se bajó los pantalones deliberadamente para mostrarse ante los niños, sino que estos se le bajaron debido al mal estado de su ropa y a su propio deterioro físico y mental. Ha sido precisamente esa ausencia de ánimo provocador lo que ha hecho que el tribunal haya revocado la sentencia de primera instancia.

En su argumentación, la Audiencia recuerda que la exhibición requiere que sea “obscena” y que, en este caso, la conducta es “atípica”: se trataba de un hombre con sus facultades totalmente perturbadas -quien tras su detención tuvo que ser trasladado a un centro médico para ser medicado- que paseaba por el parque sin conciencia alguna de la relevancia de sus actos ni intención de provocar sexualmente a nadie.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación y ha revocado la sentencia anterior, absolviendo al hombre. El tribunal ha concluido que la falta de comprensión del acusado iba más allá de una simple afectación mental y que su comportamiento, dadas las circunstancias de descompensación de su trastorno bipolar, no encaja en el tipo penal de exhibicionismo obsceno.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Pozoblanco por el despido improcedente de una trabajadora que prestó servicios para el municipio durante casi ocho años encadenando contratos temproales. La sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empleada, confirmando íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba.

Según la sentencia, la trabajadora inició su andadura en el consistorio el 20 de octubre de 2014 con un contrato a tiempo completo como técnica de información turística. Desde entonces, y hasta julio de 2022, encadenó una sucesión de contratos temporales, eventuales por circunstancias de la producción y de obra o servicio.

A lo largo de estos años, la empleada desempeñó funciones ligadas al área de turismo, aunque en ciertos periodos fue contratada formalmente bajo las categorías de auxiliar administrativo (en 2019) y oficial administrativo (en 2020), manteniendo en la práctica sus labores de promoción y desarrollo turístico. Su último contrato, iniciado en julio de 2021 y prorrogado posteriormente, fijaba una jornada parcial del 71,42%.

El conflicto llegó en julio de 2022, cuando el Ayuntamiento dio por extinguida la relación laboral alegando simplemente la llegada de la fecha fin de contrato. La trabajadora firmó el finiquito pero mostró su disconformidad, iniciando un proceso judicial que culminó con la declaración de improcedencia del despido por parte del juzgado cordobés, que impuso al Ayuntamiento una indemnización de 4.949,79 euros. Hay que señalar que la plaza que ocupaba la demandante había sido incluida en mayo de 2021 en la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

Frente a esta sentencia, la trabajadora interpuso un recurso ante el TSJA alegando una mayor indemnización por la categoría correspondiente a sus funciones según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta pretensión al considerar que no se ha acreditado que realizara funciones de una categoría superior a la reconocida, ni que todos los técnicos municipales estuvieran encuadrados en el grupo A2, por lo que deberá ser indemnizada como trabajadora del Grupo C1.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil tras conocerse que descargó hasta 2.281 archivos de este tipo y compartió 2.369 vídeos de niños en actitudes sexuales. La Fiscalía pedía para él siete años de cárcel, pero un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa ha permitido reducir considerablemente la pena, llegando, incluso, a evitar la entrada en prisión de este hombre.

Según la sentencia, facilitada a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los hechos fueron investigados entre febrero y noviembre de 2023, cuado se realizó una entrada y registro en la vivienda del condenado, que en el momento de los hechos tenía 64 años. Durante este tiempo, el acusado hizo uso del programa emule, que le daba acceso a la red eDonkey para el intercambio de archivos peer to peer (P2P) a través del cual descargó hasta 2.781 y al mismo tiempo compartió un total de 2.369 archivos de vídeo que representaban a menores de edad en actitudes claramente sexuales.  

Igualmente, continúa la sentencia, el condenado almacenó en el disco duro de su ordenador y en un dispositivo usb la cantidad de 167 y 140 archivos de material de abuso infantil para su distribución. Con el fin de que estos archivos que descargaba y almacenaba a través de eMule fueran también distribuidos a otros usuarios de la red edonkey, el acusado utilizó la opción del programa emule de “compartir los archivos” con el resto de usuarios. Entre los más de 2.000 archivos descargados y puestos a disposición para ser compartidos, fueron hallados vídeos durísimos de violaciones de menores, entre ellos, un bebé de un año y una niña de no más de siete.

Al tiempo de la celebración de la vista, el acusado ha realizado ingreso de 400 euros a favor de la Asociación Redime que se dedica a defender a la infancia de hechos como los que son objeto de la presente causa.

Con el acuerdo, el acusado ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de libertad vigilada. Además, se le impone una pena de inhabilitación especial de privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años; y otra inhabilitacion especial durante diez años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad. Dado que la pena no excede de dos años, el condenado no tiene antecedentes y tampoco debe afrontar una responsabilidad civil, el tribunal le ha suspendido la ejecución de la pena durante dos años, siempre y cuando no delinca durante ese periodo y se someta a un programa formativo de educación sexual.