El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto conceder la aprobación definitiva al proyecto de urbanización del O-2, denominado Ciudad Jardín de Poniente 2. Esta actuación, promovida por la Junta de Compensación del sector, supone uno de los desarrollos residenciales más importantes para la expansión de Córdoba, situándose entre el parque de El Patriarca y la barriada de San Rafael de la Albaida.

El proyecto contempla la construcción de un total de 1.331 viviendas, con una capacidad poblacional estimada de 5.324 habitantes. El desarrollo residencial se distribuirá uniformemente por el sector mediante diversas tipologías, incluyendo bloques plurifamiliares (tanto para vivienda protegida como libre), así como viviendas unifamiliares adosadas y aisladas. En total, el techo máximo edificable asignado para usos residenciales y terciarios asciende a 152.205 metros cuadrados construidos.

El presupuesto de ejecución material para las obras de urbanización se ha fijado en 18 millones de euros. Esta partida se destinará íntegramente a transformar el actual suelo rural en urbanizable, garantizando todos los suministros básicos y comunicaciones viarias.

Entre las principales actuaciones destaca la creación de una malla viaria que conectará el sector con los planes parciales adyacentes (PP O-1 al este y PP O-3 al oeste). La obra más significativa en este ámbito será la prolongación de la avenida de la Arruzafilla, diseñada con calzadas de hasta 14 metros y carriles de servicio. Además, se proyectan 1.415 plazas de aparcamiento, de las cuales 35 estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Suministros y zonas verdes

El sector contará con infraestructuras de última generación, incluyendo un sistema separativo de alcantarillado conectado al Colector de Pluviales de la Ronda Oeste. El abastecimiento de agua potable se realizará a través del alimentador Huerta Arcos Oeste, garantizando presión suficiente en todos los puntos de consumo. En cuanto al suministro eléctrico, se instalarán 19 centros de transformación con una potencia total de 17.460 kVA y una red de alumbrado público con tecnología LED de alta eficiencia energética.

La calidad urbana del sector se verá reforzada por la dotación de áreas libres y peatonales que enlazarán las zonas verdes de El Patriarca y Almunia de Turruñuelos. Estos espacios contarán con un sistema de riego automático y mobiliario urbano compuesto por 115 bancos, 76 papeleras y 7 fuentes bebedero.

Una vez aprobada la urbanización, el promotor deberá cumplir con una serie de requisitos, como la constitución de un depósito del 2% del presupuesto para control de calidad. Asimismo, las obras deberán contar con un proyecto de control arqueológico preventivo para los movimientos de tierras y cumplir con los informes de verificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las empresas suministradoras.

El Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a dar pasos hacia adelante para un proyecto ansiado por la alcaldía. El Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) quiere conocer si es viable la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo 'Puerta de Córdoba' ubicdo en la avenida del Conde de Vallellano. Para ello, se realizará una actividad arqueológica preventiva para determinar si los restos del subsuelo permiten la ejecución de la infraestrucutra.

El proyecto, que está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y al que ha accedido este periódico, está concebido como uno de los denominados “aparcamientos de borde” previstos en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Su objetivo principal es dar servicio al sector occidental del Casco Histórico, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, limitando el acceso de vehículos privados a su interior para mejorar la movilidad y protección de la zona.

La ubicación seleccionada para los estudios se encuentra en la confluencia del paseo de la Victoria con las avenidas de la República Argentina, Aeropuerto y Conde de Vallellano. Tras el análisis de diversas alternativas, los técnicos se han decantado por la tercera opción -mencionada en el documento como opción c-, situada en las zonas ajardinadas al final de Vallellano, por considerarse la zona con menor riesgo arqueológico y menor afección a los servicios de suministros existentes.

En lo que a la licitación respecta, los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, consistirán en la excavación de cinco sondeos arqueológicos de diez por cuatro metros cada uno. Con el fin de minimizar el impacto en la vida diaria de la ciudad, estas catas se ubicarán de forma regular dentro de las zonas ajardinadas actuales para evitar interrupciones en el tráfico, que ya de por sí es denso en esta zona de la capital.

A pesar de haber elegido la zona de menor riesgo, los expertos han señalado que el potencial arqueológico de este sector es alto. Se espera que los sondeos puedan documentar secuencias que van desde la época romana -vicus o barrios residenciales y necrópolis- hasta la etapa islámica, donde destaca la probable existencia de un arrabal califal del siglo X y restos de una mezquita mencionada en fuentes árabes como Masyid al-Safar.

La licitación cuenta con un presupuesto base de 135.516,19 euros -impuestos incluidos-. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 28 de abril para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación. Una vez adjudicados, los resultados de estos sondeos y de los estudios geotécnicos complementarios serán clave para que el Ayuntamiento tome una decisión definitiva sobre la viabilidad técnica y patrimonial del parking subterráneo.

Uno de los conocidos como 'penúltimos' parques de toda la capital de Córdoba. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la pasarela que dará acceso al parque de Poniente y la posterior dirección de sus obras. La empresa Cesma Ingenieros SL ha resultado elegida para esta iniciativa tras un proceso de licitación que contó con la participación de cinco licitadores. La adjudicación se ha formalizado por un importe de 71.500 euros, lo que supone una rebaja frente al presupuesto base de licitación inicial, que ascendía a 113.666,59 euros.

Este proyecto se integra dentro del Anillo Verde definido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba. El objetivo principal es crear un nuevo acceso peatonal que conecte el barrio de Huerta de Santa Isabel con el Parque de Poniente, salvando para ello el obstáculo que supone la Ronda Oeste. Según las especificaciones técnicas recogidas en los pliegos, se estima que la pasarela tendrá una longitud conformada por un arco de 60 metros de un solo vano sobre la ronda, complementado con cuatro tramos adicionales de 15 metros, alcanzando una anchura de unos 3 metros.

La empresa adjudicataria asume diversas responsabilidades que van más allá del diseño inicial, como, entre otras cosas, la redacción del proyecto de ejecución y su posterior estudio de seguridad que tendría que estar finalizado tres meses después de la formalización del contrato; el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico y la dirección de obra; y la supervisión en materia de seguridad.

Una vez que se pongan en marcha los trabajos sobre el terreno, se prevé que la ejecución de las obras tenga una duración estimada de seis meses, con una inversión máxima prevista para la construcción de algo más de un millón de euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobará el próximo lunes el convenio de cesión de Caballerizas Reales a la entidad Córdoba Ecuestre, un documento que va a permitir regularizar el uso en precario que hace desde el año 2010 la asociación de este edificio.

Los detalles de la operación aún no se conocen. Habrá que esperar al lunes para ver la duración de esta cesión, el canon que tendrán que pagar por gestionar este monumento, o si el acuerdo ha pasado el duro filtro de la Intervención General, que ya ha levantado algunos reparos sobre el uso que se hace en su interior.

La firma del convenio, por el momento, tampoco se ha fijado. Una vez formalizado el acuerdo, se pretende que este monumento -que en los últimos días ha estado en los titulares por su irregular seguridad contra los incendios- se convierta en un Centro Internacional del Caballo y cumpla de una vez con toda la normativa de protección patrimonial, tanto del plan del casco histórico, como la que Cultura de la Junta diga.

También permitirá a Córdoba Ecuestre ser gestor oficial del edificio y poder hacer trámites como la contratación a su nombre de la conexión eléctrica, el sistema centralizado de alarmas antiincendios u otros suministros que, hasta el momento, estaban a nombre del Ayuntamiento.

Historia de la cesión “en precario”

Aunque esta entidad nació en 1996, Córdoba Ecuestre lleva gestionando “en precario” el emblemático edificio desde 2010, en los últimos compases del alcalde Andrés Ocaña (IU). Desde entonces han pasado por el Ayuntamiento gobiernos de todos los signos políticos —dos mayorías absolutas del PP, una con José Antonio Nieto y la actual con José María Bellido, un cogobierno de PSOE e IU y otro de PP y Ciudadanos— sin que ninguno haya logrado cerrar definitivamente hasta ahora la cesión del monumento histórico.

En estos 16 años, el Ayuntamiento ha ido prorrogando sucesivamente el acuerdo de cesión del espacio a la entidad -participada institucionalmente por el propio Ayuntamiento, que ostenta la Vicepresidencia-. Desde entonces, eso sí, siempre “en precario”, y con momentos en los que hubo bastante tensión, como cuando José Antonio Nieto (PP) intentó en 2011 activar económicamente el complejo y planteó un concurso público para su explotación -una idea que naufragó cuando el Ministerio de Defensa advirtió de que el edificio no podía ser cedido a terceros en esas condiciones-, o cuando la relación de Córdoba Ecuestre se enfrió con la exalcaldesa Isabel Ambrosio.

En todo este tiempo, la intención de Córdoba Ecuestre ha estado clara: logró que se la declarara de interés público local (por acuerdo plenario en 2014) y de utilidad pública (por acuerdo del Ministerio de Interior en 2015). Su presidente Rafael Blanco siempre ha sostenido que, bajo este paraguas, la administración pública podría cederle el edificio de forma directa, sin necesidad de sacarlo a concurso, como lo había hecho con la Torre de La Calahorra, cedida a la Fundación Roger Garaudy.

Esa será finalmente la fórmula que se aprobará el lunes, dos años y medio después de que el Ayuntamiento de Córdoba le comprara el edificio al Ministerio de Defensa por unos cinco millones de euros.

El Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Córdoba ha ordenado actuaciones urgentes en el inmueble situado en la calle Zarco número 14, correspondiente al antiguo Cine Olimpia, propiedad de Esplendor Cinema, tras detectar graves deficiencias en su estado de conservación que suponen un riesgo para la vía pública.

Según el informe técnico emitido el 16 de febrero de 2026 por el arquitecto municipal, la inspección realizada días antes constató un “muy deficiente estado de conservación” del cerramiento del antiguo cine de verano, que lleva años sin actividad. Entre los daños detectados figuran fisuras, desprendimientos de revestimientos y enlucidos, así como la presencia de vegetación en cornisas y cubiertas.

El problema más preocupante se localiza en el tramo de fachada colindante con el número 16 de la misma calle, donde se ha producido el desprendimiento parcial del muro de tapial. Esta situación ha debilitado la estructura sobre la que apoya la cubierta de una antigua vivienda anexa, generando un potencial peligro de colapso. Además, los técnicos advierten de que se desconoce el estado del muro por su cara interior.

La estrechez de la calle Zarco impide, según el informe, establecer un perímetro de seguridad sin cortar completamente el tránsito de peatones y vehículos, lo que ha llevado a los servicios municipales a adoptar medidas inmediatas.

Un bien protegido

El Ayuntamiento ha requerido a la propiedad del inmueble que, bajo dirección técnica cualificada y en un plazo máximo de 15 días, ejecute una serie de intervenciones urgentes. Entre ellas se incluyen el apeo de la estructura de cubierta en la zona afectada, el saneado del muro dañado, su reconstrucción con técnicas compatibles con la normativa de protección, la retirada de vegetación y la reparación de los revestimientos de fachada.

El edificio, construido en 1950 y con una superficie de 88 metros cuadrados, se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (PEPCH) y está catalogado como bien protegido bajo la denominación de Cine Olimpia.

Más allá de las medidas urgentes, el informe también recomienda someter el inmueble a una inspección técnica completa, en cumplimiento de la ordenanza municipal, debido a su antigüedad y estado general.

El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) abordará el martes la propuesta de declaración de viabilidad e interés público de una iniciativa privada para el desarrollo de un complejo deportivo en la parcela 1.7 del Plan Parcial O-5 'Camino de Turruñuelos', situada en la avenida Francisco Gracia Trenas. La inversión inicial prevista supera los 7,3 millones de euros, con un impacto relevante en la generación de actividad económica y deportiva en la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación se plantea mediante un modelo de colaboración público-privada sobre suelo de titularidad pública y con calificación deportiva, garantizando en todo momento su destino al interés general.

La propuesta ha sido objeto de análisis técnico y jurídico, contando con un informe favorable de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que acredita su adecuación al planeamiento vigente, y con otro informe de encaje en la planificación deportiva municipal, que concluye que responde a necesidades reales del sistema deportivo de Córdoba.

El complejo proyectado contempla, entre otros elementos, 18 pistas de pádel --12 cubiertas, cinco exteriores y una pista de competición con graderío--, edificio deportivo con salas de fitness (906 metros cuadrados), espacios para actividades dirigidas, fisioterapia y servicios complementarios, además de zonas ajardinadas, áreas de fitness exterior, espacios peatonales y aparcamiento con más de cien plazas, incluidas plazas accesibles.

La eventual aprobación de esta iniciativa no implica adjudicación directa al promotor y conlleva la obligación de convocar un procedimiento de licitación pública abierto y competitivo.

Asimismo, los futuros pliegos de contratación incorporarán criterios de adjudicación orientados al interés general, entre los que se prevén un incremento del canon económico a favor del Imdeco --establecido inicialmente en 50.000 euros anuales--, una mejora o reducción de tarifas para el uso de las instalaciones por parte de la ciudadanía y reservas de uso para actividades y eventos organizados o promovidos por el Imdeco, federaciones deportivas y colectivos locales.

También se prevé una mejora de las dotaciones, servicios e inversión inicialmente prevista y cualesquiera otras mejoras que redunden en una mayor calidad, accesibilidad y retorno social del proyecto.

Una vez superada esta fase inicial, el proyecto se someterá a información pública, permitiendo la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía, colectivos y entidades interesadas. Este proceso garantiza la transparencia, la participación ciudadana y el análisis abierto de la propuesta con carácter previo a su eventual licitación.

Al respecto, el Imdeco destaca que “esta iniciativa permite avanzar en el desarrollo de nuevas infraestructuras deportivas manteniendo el control público”.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), está impulsando una actualización del plan general con el fin de adaptar la ciudad a los nuevos retos de sostenibilidad y habitabilidad. En el marco de unas jornadas técnicas, el gerente de la GMU, Julián Álvarez, ha detallado los avances hacia el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y una nueva ordenanza de edificación que transformará la fisonomía de las viviendas cordobesas.

Una de las novedades más significativas de esta reforma, que ya ha sido aprobada por el consejo rector de la Gerencia, es el cambio en el tratamiento de los balcones en las nuevas edificaciones. Hasta ahora, la superficie de los balcones computaba como edificabilidad, lo que obligaba a los promotores a reducir el tamaño de estancias como el salón, la cocina o los dormitorios para poder incluirlos.

Con la nueva normativa, los balcones que no representen más del 15% del total de la edificabilidad no computarán, permitiendo así construir viviendas más grandes, mejor protegidas contra la crisis climática y más acordes a las necesidades detectadas tras la pandemia. Según Álvarez, el objetivo es propiciar espacios donde los ciudadanos “se sientan mejor”.

Un modelo de ciudad para el año 2050

Este impulso normativo se produce de forma paralela al desarrollo del nuevo PGOM, el cual se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental estratégica. El gerente ha avanzado que el escenario previsto es tener articulada dicha evaluación para este verano, momento en el que se presentarán públicamente tres alternativas o modelos de la “ciudad del futuro” para que la ciudadanía pueda elegir uno.

El plan no solo busca dar respuesta a corto plazo, sino definir la Córdoba del año 2050. “Ante el dinamismo industrial, estratégico y turístico de la capital”, el nuevo planeamiento deberá definir suelos para habitabilidad e industria, integrando retos fundamentales como el cambio climático, la igualdad y la integración social.

La tramitación de estas normas busca un debate ciudadano que involucre a colectivos, partidos políticos y agentes del sector urbanístico. Tras la aprobación inicial por el pleno de la corporación, se abrirá un periodo de exposición pública y reuniones con entidades para recoger aportaciones mediante alegaciones. La previsión municipal es que esta modificación esté aprobada de forma definitiva en torno al verano.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha recibido autorización ambiental y de obra por parte de la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba para la ampliación de la fábrica en la que ya opera en Rabanales 21 (actual Tech Park). Escribano adquirió dos parcelas que eran propiedad del Ayuntamiento en marzo. Ahora, acaba de recibir el permiso para ampliar su fábrica.

Este suelo anexo al de la antigua empresa Silos de Córdoba, en la que ha instalado su fábrica, es necesario para la ampliación de sus instalaciones. La compañía armamentística señala que estas dos parcelas, la IDR1 y la IDR3, son necesarias para dar continuidad a un proyecto relacionado con las necesidades de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, que se está construyendo a unos 15 kilómetros de distancia, en el polígono industrial de La Rinconada.

En su centro de Córdoba desarrolla y fabrica el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad, adjudicado por Defensa a la UTE Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions, con un contrato de 697 millones de euros. Esta empresa es la primera entidad de seguridad y defensa que crea un centro de desarrollo y producción en la provincia, tras la puesta en marcha del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Por otra parte, la Comisión de Licencias también le ha dado el visto bueno a Cunext Cooper para que amplíe la fábrica que posee en el Parque Joyero de Córdoba. El objetivo de Cunext pasa por mejorar sus instalaciones actuales, mientras avanza en el polo de cobre verde que está construyendo junto a la carretera de Granada.

Colectivos vecinales y ecologistas del casco histórico de Córdoba han informado de que mantendrán el próximo viernes 27 de marzo una reunión con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para abordar la regulación de la instalación de paneles solares en esta zona de la ciudad.

La convocatoria parte del denominado Bloque Solar, que agrupa a asociaciones vecinales del casco histórico y a Ecologistas en Acción, con el objetivo de ser informados y consultados sobre el borrador normativo en el que trabaja el Ayuntamiento, así como sobre su procedimiento de aprobación y posibles plazos.

Estos colectivos han denunciado que, a día de hoy, continúa la prohibición de instalar placas solares en el casco histórico, una situación que consideran perjudicial tanto para los derechos de la ciudadanía como para su economía doméstica. En este sentido, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la futura regulación resulte “muy restrictiva” y de aplicación incierta en el tiempo.

Asimismo, han criticado que, tras “numerosos intentos y anuncios no cumplidos”, no se haya avanzado de forma efectiva en la adaptación de la normativa municipal a las nuevas necesidades energéticas.

Por otro lado, recuerdan que el Gobierno de España ha aprobado recientemente medidas para incentivar el uso de energías renovables, entre ellas bonificaciones fiscales de hasta el 95 % para instalaciones que incorporen sistemas de aprovechamiento de energía solar, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de facilitar su implantación también en entornos históricos.

Finalmente, los convocantes han hecho un llamamiento a la participación ciudadana en este proceso, con la intención de trasladar a la GMU las demandas vecinales y avanzar hacia una regulación que permita compatibilizar la protección del patrimonio con el impulso al autoconsumo energético.

El próximo 24 de marzo, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) abordará dos informes técnicos que certifican un nuevo retraso en la protección del patrimonio arquitectónico de Córdoba. Tras más de 24 años de intentos, la ciudad se ve obligada a reiniciar gran parte del proceso administrativo para dotarse de un Catálogo de Bienes Protegidos debido a la necesidad de adaptar toda la documentación a la actual legislación autonómica.

La necesidad de este catálogo no es nueva. El propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 ya instaba en su artículo 8.1.2 a la redacción de un documento que protegiera los edificios históricos y elementos singulares fuera del Conjunto Histórico. Este mandato llevó a la contratación de los trabajos en el año 2000, pero el expediente ha sufrido “muchos avatares” a lo largo de más de dos décadas, según admite la Gerencia en sus informes.

En los últimos estudios, se cifró en 330 los edificios construidos en el siglo XX que eran de interés para su protección urbanística: Edificios como el Campus de Rabanales, el Puente Romano, el Arcángel San Rafael, San Cayetano, Puerta Nueva, la Facultad de Derecho, el edificio de Agrónomos, algunos panteones de los cementerios municipales y obras de grandes arquitectos como Rafael de la Hoz, Juan Cuenca, Arturo Ramírez o Amadeo Rodríguez, entre otros.

Durante estos años de trámite, la ciudad ha perdido algunos de sus edificios singulares. Pasó hace años con el Pabellón de la Juventud en el Sector Sur. También con algunos chalets de interés construidos en El Brillante. Fueron derruidos. El pabellón es hoy un solar. Algunos chalets se han convertido en edificios nuevos que acogen mutinacionales de las hamburguesas.

A pesar de que recientemente se intentó reactivar el proceso ante la “preocupación por la desaparición irreversible de elementos de valor patrimonial”, los informes técnicos que se presentan ahora revelan que el camino emprendido ha chocado con la nueva realidad normativa.

El choque con la Ley LISTA

La parálisis actual tiene su origen en un conflicto de competencias legales. Urbanismo decidió retomar un documento de 2014 que fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en julio de 2024. Sin embargo, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía emitió un informe concluyente: el Catálogo contenía determinaciones que excedían las facultades de un instrumento complementario según la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Según la Junta, el documento pretendía incluir nuevos bienes y modificar la regulación general (como los niveles de protección), tareas que la ley reserva ahora a instrumentos de ordenación general o de desarrollo, y no a un catálogo complementario.

Ante este escenario, la Junta de Gobierno Local acordó recientemente desistir de la tramitación que estaba en curso. Esta decisión implica también dejar sin efecto la suspensión de licencias y autorizaciones que pesaba sobre el ámbito del Catálogo desde julio de 2024, lo que deja a los edificios de interés en una situación de mayor vulnerabilidad administrativa mientras se tramita el nuevo plan.

Para llevar a cabo esta adaptación a la LISTA y su reglamento, la Gerencia de Urbanismo reconoce que los documentos actuales no sirven tal y como están. Por ello, el informe propone iniciar a la mayor brevedad posible el procedimiento para la contratación de los trabajos necesarios que permitan adaptar el catálogo obrante en la Gerencia a la nueva legalidad.

Este nuevo paso administrativo busca “flexibilizar el régimen jurídico” del patrimonio y evitar que cualquier pequeño ajuste en una ficha individual obligue en el futuro a tramitar una compleja innovación del Plan General. Sin embargo, el resultado inmediato es que, 24 años después de que se proyectara, Córdoba sigue sin tener aprobada definitivamente la norma que debe velar por la arquitectura cordobesa del siglo XX.

El pasado 5 de marzo, el Ayuntamiento asumió la cesión de la titularidad de la antigua carretera N-IV entre Rabanales y su conexión con la Autovía del Sur (A-4) a la altura de la futura Base Logística. Esta carretera era la conexión entre Madrid y Cádiz hasta que se construyó la autovía, a principios de los años noventa. El tramo que ahora asume el Ayuntamiento discurre entre el acceso al cementerio de La Fuensanta, Alcolea y Los Cansinos, según consta en la documentación.

Gracias a esta cesión, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo podrá aprobar este jueves, de manera extraordinaria y definitiva, el proyecto de urbanización de La Rinconada, el polígono industrial que acogerá en su interior la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra. De hecho, está previsto que el Ministerio de Defensa adjudique las obras en las próximas semanas.

La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de La Rinconada se encontraba en un bloqueo administrativo debido a las condiciones impuestas por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Administración central había supeditado la emisión del informe sectorial favorable, necesario para la aprobación definitiva, a la formalización de la cesión del tramo de la carretera N-IV que discurre por el municipio de Córdoba.

Para dar cumplimiento a este requisito, el 5 de marzo de 2026 se firmó el Acta de Cesión entre el Concejal Delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Carlos Álvarez Merino. Este acuerdo transfiere al Ayuntamiento la titularidad de 11.813 metros de vial, que abarcan una superficie estimada de 284.617 metros cuadrados. La cesión incluye todos los elementos auxiliares y equipamientos del tramo comprendido entre el Parque Logístico-Empresarial Gran Capitán (La Rinconada) y el Cementerio de La Fuensanta.

El desbloqueo jurídico mediante el silencio positivo

A pesar de que la cesión ya es efectiva, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha tenido que recurrir a la figura jurídica del silencio administrativo positivo para finalizar el trámite. Según los informes técnicos, la DGC no evacuó el informe preceptivo en el plazo legal de tres meses tras haber sido reanudado el cómputo en 2025, una vez que los promotores aportaron toda la documentación requerida, incluido el proyecto de remodelación del enlace 383 de la A-4.

La normativa vigente, tanto estatal como autonómica (Lista), establece que si un informe sectorial vinculante no se emite en plazo, se entiende que es conforme con el instrumento urbanístico, permitiendo así continuar con su tramitación. De este modo, Urbanismo declara cumplido el trámite de forma favorable por consentimiento tácito, garantizando que el desarrollo del Sector PPI-6 no sufra más dilaciones injustificadas.

La urbanización de La Rinconada es una pieza clave para la operatividad de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), instalación declarada Zona de Interés para la Defensa Nacional. El proyecto no solo contempla el desarrollo del parque industrial de 1,9 millones de metros cuadrados, sino también infraestructuras críticas como una subestación eléctrica, depósitos de agua y conexiones exteriores de saneamiento.

Especial relevancia tiene el nuevo enlace en el punto kilométrico 382+800 de la A-4, diseñado con glorietas de gran radio y duplicación de carriles para absorber el tráfico pesado y el acceso directo a la BLET. La inversión total solo en el proyecto de urbanización asciende a 32,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 36 meses.

Una segunda inspección realizada el 30 de enero por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba avaló la continuidad de la actividad en las Caballerizas Reales de Córdoba, aunque ordenó la clausura inmediata de una de sus dependencias por motivos de seguridad.

Según ha podido saber este periódico por fuentes municipales, la revisión técnica llevó a cabo como parte del seguimiento de las medidas adoptadas tras las graves deficiencias detectadas en una inspección anterior, que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2025, y que describió un escenario de “riesgo grave e inminente” en este complejo histórico, donde coinciden caballos, trabajadores, visitantes y actividades culturales.

Tras este primer informe, el Ayuntamiento ordenó la toma de medidas urgentes e inmediatas, así como otras a corto y medio plazo, y ordenó una segunda inspección, que tuvo lugar a finales de enero. Según el resultado del informe, los bomberos emitieron entonces una certificación favorable condicionada para el resto del recinto monumental, lo que ha permitido mantener su uso habitual “bajo supervisión”.

Las conclusiones, facilitadas a este periódico, consideraban que las medidas de seguridad ejecutadas en el conjunto del complejo eran suficientes para validar su funcionamiento y, de hecho, las Caballerizas, gestionadas por Córdoba Ecuestre, han continuado acogiendo actividades ecuestres, visitas culturales y eventos tras esta valoración técnica.

El informe, no obstante, ordenó la clausura técnica inmediata de la denominada “nave de soldadura”, una zona del complejo donde los bomberos han detectado varios riesgos que han hecho incompatible su uso. Según la inspección, en esta nave han concurrido problemas estructurales, higiénicos y de seguridad contra incendios, lo que ha llevado a decretar el cese total de actividad en el espacio.

Los técnicos han determinado que la instalación debe haber quedado precintada y sin suministro eléctrico, impidiendo cualquier utilización hasta que se realicen las actuaciones necesarias. Durante la inspección, los bomberos han identificado además riesgo de desprendimientos en la estructura de la nave, lo que ha reforzado la decisión de clausurar el recinto.

En el interior también han aparecido restos de materiales con amianto, lo que ha obligado a exigir un proceso específico de desamiantado antes de cualquier posible reapertura.

Según fuentes municipales -Córdoba Ecuestre aún no ha contestado a las preguntas de este periódico-, esta dependencia del complejo no tiene tránsito habitual de personas. Para que la nave pueda volver a utilizarse, el informe ha establecido que deberá presentarse un proyecto técnico de rehabilitación, que incluya tanto las actuaciones estructurales necesarias como la retirada segura de los materiales con amianto.

El Ayuntamiento de Córdoba va a impulsar un nuevo proyecto de accesibilidad sostenible con el que pretende conectar el barrio del Guadalquivir con el polígono industrial de La Torrecilla-Amargacena mediante un itinerario peatonal y ciclista acompañado de zonas arboladas.

La actuación, promovida por la Gerencia Municipal de Urbanismo, contempla la creación de un recorrido seguro y accesible que facilitará la movilidad a pie y en bicicleta entre el barrio residencial y el área industrial, una conexión muy utilizada por trabajadores y vecinos de la zona.

El proyecto incluye la construcción de un carril bici de doble sentido junto a un itinerario peatonal continuo, ambos integrados en un mismo trazado. Además, se prevé la plantación de arbolado a lo largo del recorrido para generar un entorno más verde y confortable, mejorando al mismo tiempo la calidad ambiental del espacio urbano.

La intervención se desarrollará en el viario que enlaza la avenida de Cádiz con el polígono industrial, pasando por debajo del puente de Andalucía. En este tramo se renovarán los pavimentos y se adaptará la sección de la calle para incorporar acerado, carril bici y calzada. También se actuará en el entorno de la gasolinera existente para ordenar los accesos de vehículos y mejorar la seguridad del nuevo itinerario peatonal y ciclista.

Asimismo, el proyecto contempla la mejora de los pasos de peatones que cruzan la avenida de Cádiz y la adecuación de una semiglorieta terriza donde se extenderá una capa de jabre y se plantarán más de una treintena de árboles, contribuyendo a la renaturalización del entorno.

La inversión prevista alcanza los 765.701 euros (IVA incluido) y se financiará en el marco del Plan de Actuación Integrado Edilquivir, con fondos del programa europeo FEDER destinados al desarrollo urbano sostenible.

El plazo estimado de ejecución de las obras será de seis meses desde el inicio de los trabajos, una vez se adjudique la construcción del mismo.

Sitúese en la coqueta y bella Plaza de San Agustín, en el corazón de la Axerquía norte. De frente se alza la imponente iglesia fernandina con sus excepcionales murales y yeserías barrocas en su interior. Ahora dese la media vuelta. ¿Qué ve? Exacto. Un deprimente panorama de casas abandonadas y locales cerrados a cal y canto. Hasta cuatro edificios vacíos y en deplorable estado más otros cuatro comercios clausurados degradan una de las joyas del sobresaliente casco histórico de Córdoba.

La Plaza de San Agustín es un caso paradigmático. Pero no es el único. Cientos de viviendas abandonadas y solares vacíos deterioran gravemente el barrio antiguo de Córdoba, sobre todo en la Axerquía, pero también en la Medina. Muchos de esos edificios son focos de plagas y suciedad, y amenazan la estabilidad estructural de las viviendas colindantes. Otros tantos son ocupados ilegalmente y perturban con frecuencia la paz vecinal.

Hace dos semanas, sin ir más lejos, los ocupas del número 6 de San Agustín quemaron cobre en su interior y provocaron un inquietante incendio que obligó a la presencia de los bomberos. No es la primera vez. En los últimos años, se han denunciado hasta tres fuegos provocados en similares circunstancias, esta vez en las calles Humosa y Moriscos.

No se sabe con exactitud cuántos edificios y solares abandonados hay en el casco histórico. Previsiblemente varios cientos. La ley estipula la creación de un registro municipal de inmuebles vacíos y en mal estado, y prevé la adopción de medidas concretas al objeto de evitar situaciones de insalubridad y degradación urbana como la que acabamos de reflejar más arriba. No es una previsión normativa de antes de ayer, sino de muchos años atrás.

La última reforma legislativa de 2021 estipula claramente qué hay que hacer con todos esos inmuebles y otorga a los ayuntamientos una responsabilidad esencial. El artículo 134 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía sanciona el “incumplimiento del deber de edificación” y obliga a las entidades locales a incluir todas esas viviendas y parcelas abandonadas en un Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Previa audiencia a las personas propietarias, la norma da un plazo de 15 días antes de incluir su edificación abandonada en el listado municipal. Y entonces se inicia un periodo de un año “para el comienzo de las obras”. Si en ese tiempo el propietario no actúa, la parcela o el solar quedará en situación de “ejecución por sustitución”. Es decir, el Ayuntamiento tendrá la potestad de convocar un concurso para la “venta forzosa y sustitución de la persona propietaria incumplidora”.

La realidad sobre el terreno es bien distinta. Decenas de solares y edificaciones ruinosas llevan años, si no décadas, infringiendo la ley y provocando problemas de toda índole en los barrios históricos. Para empezar, o no existe el citado registro municipal, que según la norma “tendrá carácter público”, o simplemente no funciona adecuadamente. Y sin registro no se puede iniciar procedimiento alguno para su “ejecución por sustitución”.

Tanto es así que dos de las casas vacías y sin uso de la Plaza de San Agustín son propiedad del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Ambas se encuentran abandonadas y en semirruina desde hace casi dos décadas bajo continuas promesas incumplidas de remodelación y adecuación para destinarlas como espacios complementarios del barrio.

Cordópolis ha contactado con el Ayuntamiento para verificar la existencia del inventario de edificaciones y solares abandonados, saber cuántos hay en el casco histórico y comprobar si se están incoando expedientes de subasta previstos por la normativa. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta alguna.

Una ordenanza municipal estipula que la declaración de estado ruinoso de una edificación implica su “inclusión automática” en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar y la “obligación del propietario” de demoler, sustituir total o parcialmente el inmueble o rehabilitarlo. Si no se ejecuta en el plazo previsto, se aplicará la “venta forzosa” del edificio.

Según diversas fuentes municipales consultadas, el registro fue creado hace muchos años pero “nunca se puso en marcha” ni se actuó sobre los inmuebles abandonados. En la práctica, existe una “dejación de funciones” de la administración y un “incumplimiento flagrante de la ley”. Y si no se pone en marcha el registro es imposible echar a rodar el trámite administrativo y ejecutar al propietario en cumplimiento de la normativa. Estas fuentes aseguran que “nunca se ha subastado” una edificación o solar, tal como prevé la ley.

El único inventario conocido fue elaborado hace cinco años por la Asociación de Vecinos La Medina en colaboración con la Iniciativa 20-30. El estudio arrojaba un total de 288 inmuebles y solares abandonados, que ocupaban en conjunto una superficie de 90.000 metros cuadrados. Una de cada cinco edificaciones incluidas en el informe se encontraba en estado ruinoso. La mayor parte de ellos están localizados en la Axerquía.

El estudio vecinal fue entregado al Ayuntamiento y a la delegación del casco histórico. “Hasta la fecha no sabemos nada ni nos van a responder”, afirma Lourdes Martínez, presidenta de la asociación. “El Ayuntamiento tiene la obligación de mantener en uso este tipo de inmuebles”, subraya. Y recuerda que el Gobierno local puede actuar en el edificio y pasar la factura al propietario, o incluso “expropiar la vivienda” llegado el caso. “Esa es la ley pero no se aplica. ¿Por qué? Cuantos menos vecinos haya más fácil para los fondos buitres que quieren convertir el casco histórico en un centro comercial y un mero decorado”.

El único inventario de edificios y solares abandonados lo elaboró en 2021 la Asociación La Medina: 288 fincas

La responsable vecinal es muy crítica con el auge de las viviendas turísticas y lamenta la pasividad municipal ante el aluvión de denuncias presentadas por el “deterioro” del centro histórico. “Se está yendo la gente porque no nos dejan vivir”, protesta.

Existe otro estudio parcial elaborado por el experto Antonio Torres Espino en 2023, que recoge el número de parcelas sin edificar de toda Córdoba. El distrito centro, que integra el casco histórico, contaba hace poco más de dos años con 134 solares y un total de 51.400 metros cuadrados. La Axerquía disponía de 79 parcelas vacías y 29.800 metros cuadrados, mientras que la Medina tenía 45 solares y 11.200 metros. San Francisco, la Ribera, San Lorenzo, San Andrés, Santiago, Santa Marina y San Pedro eran los barrios más afectados de superficies sin construir, según el exhaustivo trabajo de Torres Espino, ex director del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, hoy jubilado. El informe no recoge el número de edificaciones abandonadas o ruinosas.

El fenómeno de las viviendas turísticas está reduciendo significativamente el número de inmuebles o solares abandonados en la zona de la Medina. Así lo indica un informe de Vimcorsa fechado en diciembre de 2024 sobre el impacto de la vivienda turística. Los barrios de San Francisco-La Ribera, El Salvador y la Compañía, Santiago, Cercadilla y Medina Azahara, algunos de ellos ya fuera del casco, registran “la mayor reducción hasta el punto de no existir viviendas vacías en 2021”, según el estudio.

Los vecinos presionan al Ayuntamiento para que adquiera solares y edificios abandonados o sin uso con el objetivo de que Vimcorsa promueva vivienda, una de las demandas sociales más acuciantes. El Consejo de Distrito ha enviado varios escritos al Gobierno local en ese sentido. “No hemos obtenido respuesta alguna”, señala Emilio García, de la Asociación Regina-Magdalena. El PSOE ha propuesto un gravamen del 50% y hasta un 150% para las viviendas vacías. “Eso obligaría a tener un registro donde estuviesen identificados este tipo de inmuebles”, reflexiona Antonio Hurtado.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado los resultados de la liquidación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo del 2025 como “los peores datos jamás conocidos”, con un remanente de casi 13 millones de euros.

Según Hurtado, gran parte de los remanentes corresponden a las inversiones del Ayuntamiento “anunciadas con vídeos a bombo y platillo”, que deben ser ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo y que se dilatan en el tiempo por la incapacidad de gestión de quienes la dirigen.

Para el portavoz socialista es inaudito que la Gerencia reciba millones de euros del Ayuntamiento para importantes obras en equipamientos e infraestructuras y ninguna salga adelante.

Hurtado considera que los datos hablan por sí mismos y son muy significativos: En el 2025 se aprueba un presupuesto de 27,3 millones de euros, de los que ha habido un excedente de 12,8 millones de euros, con 31 millones de saldos bancarios y 43 millones de euros de inversiones acumuladas que no han sido capaces de gestionar, alguno de estos proyectos son de hace 30 años.

“La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba es como un coche a ralentí, sin conductor e incapaz de avanzar, y con bidones de gasolina almacenados y disponibles”, ha comentado.

Según Hurtado, el problema está “en quienes no saben gestionar la Gerencia Municipal de Urbanismo y los ciudadanos somos los perjudicados por esta evidente incompetencia”.

Ha añadido que los proyectos de inversión y actuaciones “se van acumulando en los cajones de la Presidencia quien le dedica bien poco a la Gerencia de Urbanismo y que se dedica a hacer vídeos y anunciar proyectos que nunca se hacen realidad, como el Córdoba Arena, la sala museística de Caballerizas, los aparcamientos en la Victoria, Plaza de Toros, Plaza de Colon u Ollerías, la Sala de Artes de Fidiana, la sede de la Real Academia de Ambrosio Morales o el parque de Chinales, entre decenas más”.

Esta semana han dado comienzo las obras de restauración, conservación y recuperación de la Ermita de la Aurora, un emblemático elemento patrimonial de la ciudad que llevaba años esperando una intervención integral. Los vecinos han acudido para ver como su idea finalmente se ha hecho realidad, incluso han retirado la pancarta con la que pedían actuaciones urgentes. Por otro lado, el proyecto, que cuenta con una inversión de 43.142,72 euros, tiene como objetivo principal frenar el deterioro sufrido por los paramentos y la muralla en las últimas dos décadas.

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha destacado que la actuación se realiza de la mano de la Gerencia Municipal de Urbanismo con dos metas claras: la puesta en valor del edificio y su posterior cesión para uso ciudadano. “Si el tiempo y la lluvia lo permiten, la obra estará terminada para este verano, tras un plazo de ejecución de cuatro meses”, afirmó Morales, subrayando que se renovará el convenio con la Asociación de la Axerquía para garantizar su fin social y cultural.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha señalado que esta intervención se suma a otras apuestas por el mantenimiento del casco histórico, al que ha calificado como la “joya de la corona” de Córdoba. Torrico ha enfatizado que el espacio no debe quedarse en la “mera contemplación”, sino que se articulará un convenio para que los vecinos desarrollen actividades, contando para ello con presupuesto de la delegación de Participación Ciudadana.

En el apartado técnico, Carmen Chacón, de la Gerencia de Urbanismo, ha explicado que los trabajos consisten en una limpieza exhaustiva de los lienzos de la muralla y una desinfección para eliminar líquenes. Debido al desnivel del terreno, la humedad ha sido un problema persistente, por lo que se aplicarán protocolos de conservación preventiva, se cerrarán fisuras y se realizarán recomposiciones volumétricas siguiendo criterios de restauración reversible.

Juan Murillo, también integrante de la Gerencia, ha advertido sobre la complejidad de la obra, marcada por un proceso histórico largo y el impacto de la vegetación que ocultaba patologías graves. Murillo ha calificado de “gran reto” la integración de la muralla con el muro de contención de hormigón actual y sugirió la necesidad de una reflexión futura para “dignificar” ese elemento.

Finalmente, la presidenta de la asociación de vecinos de la Axerquía, Juana Pérez, ha celebrado el inicio de los trabajos tras seis años de reivindicaciones y el cierre del espacio en octubre de 2019 por desprendimientos. Pérez ha confirmado que, tras el comienzo de las obras, la asociación ha retirado la pancarta de protesta que mantenían. “Nuestra idea es continuar con la actividad sociocultural; aquí se han hecho desde festivales de guitarra hasta cine de verano, y queremos recuperar ese uso para todos los cordobeses”, concluyó.

Vecinos del casco histórico de Córdoba han convocado una concentración de protesta ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para reclamar ya la normativa que establezca las medidas para autorizar la instalación de placas solares en las viviendas de esta zona de la capital. Los vecinos están pendientes de que Urbanismo tramite la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico que incluirá cómo, dónde y bajo que condiciones se podrían instalar las placas en determinadas zonas del casco, un trámite en el que se les prometió que se les expondría el texto para su conocimiento y que pudieran dar su opinión.

Sin embargo, hasta el momento los vecinos no tienen conocimiento del texto que se ha preparado en Urbanismo y, ante la tardanza en hacerles partícipe de ello, desde el Consejo de Distrito Centro y las asociaciones vecinales reunidas en Axerquía por el Clima han convocado una concentración para el próximo lunes 16 de marzo ante las puertas de la GMU.

El presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner, ha explicado a este periódico que esperan desde noviembre de 2024 que se elabore la redacción de la fórmula legal por la que se autorizará la instalación de placas en determinadas circunstancias en el casco histórico. “Ese texto tiene que ir a innovación del Plan del Casco, nos prometieron que se haría por la vía rápida. Sabemos que el texto ya está redactado”, asegura, para señalar que los vecinos ya han acudido a la Gerencia para informarse de ello, sin éxito hasta ahora y sin tener comunicación en respuesta.

“Compromiso de consultar a vecinos”

Ante ello, han optado por convocar la protesta. “El compromiso que tenían era pasarlo a consultas de las asociaciones vecinales del casco, para dar nuestra opinión. Luego, es el consejo rector de Urbanismo quien debe aprobarlo y el trámite de la innovación llevará, según nos dijeron, un año aproximadamente”. Giner disculpa que al inicio de este año Urbanismo no haya informado a los vecinos -“hemos entendido que con todas las borrascas, podrían estar con eso y parados”-, “pero ya ha pasado bastante tiempo para que Urbanismo nos dé luz y nos informe”, se queja.

Los vecinos recuerdan que, actualmente, tienen prohibido instalar placas solares en viviendas del casco histórico y que la normativa que se establezca será muy restrictiva. “Sabemos que no se permitirá en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y que se ha estudiado con mucho detalle que las placas no causen afección visual desde los miradores” del casco, como es la torre alminar de la Mezquita Catedral. Pero, conocedores de que el texto normativo ya estaría redactado desde hace un tiempo por parte de Urbanismo, los vecinos reclaman ya conocer este borrador.

Con todo, la concentración convocada pretende “hacer patente que estamos en contra de esta discriminación que tenemos los vecinos del casco histórico” -por no poder instalar placas solares en sus viviendas-, “tanto desde el punto de vista de uso de energías renovables como de nuestro bolsillo, de tener energía de una manera y el 50% de IBI a no tener nada de eso”, sintetiza el presidente del Consejo de Distrito Centro. “Este tema hay que resolverlo ya” dice y critica sobre Urbanismo que “se han venido incumpliendo todos los plazos que nos han dado”.

Los filólogos no se ponen de acuerdo con el origen del nombre de Córdoba. Una de las hipótesis señala que los turdetanos llamaron así a este paraje por la enorme cantidad de agua subterránea y de espléndida calidad que afloraba. Bajo el suelo de Córdoba corre un laberinto de manantiales naturales que afloran en fuentes y que riegan la ciudad. En época romana, la ciudad llegó a contar con tres acueductos que suministraban agua de buena calidad desde Sierra Morena. Pero se siguieron utilizando las fuentes y manantiales que afloraban el agua también desde la sierra.

En el siglo XVII, el Cabildo de la Catedral de Córdoba construyó un complejo sistema de abastecimiento de agua potable que aún sobrevive en el subsuelo. Y bautizó el sistema como Aguas del Cabildo, un sistema de abastecimiento que ha estado funcionando prácticamente hasta que el Ayuntamiento se hizo cargo del suministro de la ciudad, poco antes del nacimiento de Emacsa.

Ahora, ese sistema que sobrevive y que apenas se conoce estaría amenazado, según Pancho Gamero, doctor en Agronomía y experto en materia de aguas, que lleva gran parte de su vida académica en la Universidad de Córdoba estudiando el subsuelo de la ciudad. Gamero ha pedido a la Gerencia Municipal de Urbanismo que deje sobre la mesa un expediente. Este miércoles, la Comisión de Licencias tiene previsto tramitar el plan urbanístico de Huerta del Hierro, algo que según Gamero supondría la destrucción de una infraestructura que él cree que debería ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La Huerta del Hierro no es un simple solar vacío, sino el punto de alumbramiento y nudo principal de una red que llegó a alcanzar los 25 kilómetros de longitud. En este enclave, no solo afloran los manantiales propios de la huerta, sino que es el lugar exacto donde convergen las conducciones con las aguas procedentes de la Huerta de la Aduana para iniciar su camino hacia el casco urbano.

Este sistema, diseñado en el siglo XVII, cuenta con una complejidad técnica que incluye galerías con dos niveles de profundidad, minas y alcubillas. Según la documentación histórica custodiada en el Archivo Histórico Municipal y el Archivo Capitular, esta infraestructura ha sido el motor de la ciudad durante siglos, existiendo registros detallados desde el año 1604.

Advertencia de nulidad

La controversia radica en que el Texto Refundido del PERI B-33 (Huerta del Hierro) afirma explícitamente que “no existe ninguna infraestructura de carácter público” en el ámbito de actuación. Gamero califica esta afirmación de “radicalmente falsa” y técnicamente incomprensible, dado que existen planos de archivo e investigaciones doctorales que certifican las servidumbres y minas que atraviesan la parcela.

Ante esta situación, el experto ha presentado escritos de urgencia advirtiendo que aprobar la licencia de urbanización bajo estas premisas podría viciar de nulidad el procedimiento administrativo. Más aún, ha alertado a los miembros de la Comisión de Licencias de que otorgar dicho permiso, a sabiendas de la omisión de restos arqueológicos documentados, podría constituir un presunto delito de prevaricación administrativa bajo el Código Penal.

Desde noviembre de 2022, existe una solicitud formal ante la Junta de Andalucía para que las Aguas del Cabildo sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Pese a que la administración ha mantenido el silencio administrativo durante más de tres años, Gamero recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) obliga al Ayuntamiento a paralizar cualquier actuación ante una “sospecha fundada” de restos.

En su reciente solicitud de medidas cautelares urgentes, el doctor en Agronomía reclama la suspensión inmediata de cualquier obra de edificación en la zona para evitar un daño irreversible causado por excavadoras y cimentaciones. “No se trata de frenar el desarrollo de Córdoba, sino de exigir un urbanismo que no sea analfabeto de su propia identidad”, sostiene Gamero, instando a las autoridades a integrar esta joya de la ingeniería hidráulica en la ciudad en lugar de permitir su destrucción.

Córdoba se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor grado de cumplimiento del Registro Único de Alojamientos impulsado por el Gobierno para que los pisos turísticos puedan seguir operando en las plataformas como Booking, Airbnb o Homeaway, en cumplimiento de una directiva europea.

Según los datos facilitados por la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), de las 3.696 viviendas turísticas con licencia vigente en la provincia, 2.434 ya han completado su inscripción en los dos trámites obligatorios. Es decir, dos de cada tres pisos turísticos (un 66% del total) que contaban con el permiso de la Delegación de Turismo de Andalucía han podido pasar el doble trámite que es obligatorio desde el año pasado para tener un número de Registro Único.

El primer trámite terminó el verano pasado y consistía en entregar la documentación que se había gestionado con la Delegación Territorial de Turismo en el Registro de la Propiedad, bien de manera online o de forma presencial. El segundo trámite terminó este 2 de marzo, y consistía en registrar el depósito de alquileres realizados durante 2025 en el mismo registro, especificando las plataformas que los habían gestionado y el tipo de arrendamiento (viaje o trabajo).

En Córdoba, la mayoría ha pasado los dos cortes. El resto tendrá una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos o por no haber recibido un número de registro o por no haber presentado el listado de arrendamientos del año pasado.

Así están las provincias andaluzas, por volumen total de viviendas

Avvapro, por su parte, ha cruzado los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), el INE (Estadística Experimental) y el Registro Único de Alojamientos (NRUA) para saber cuántas viviendas turísticas han pasado este doble corte. Y ese análisis sitúa a Córdoba en la parte alta del ranking autonómico, solo por detrás de Granada en porcentaje de cumplimiento.

Un proceso aún pendiente en la mayoría de Andalucía

Avvapro insiste en que, en el conjunto de Andalucía, aún existen 153.517 viviendas con licencia vigente pero que no van a poder operar en las plataformas. ¿Por qué? Pues porque, de ellas, 67.106 han obtenido número de registro (43%), pero, sin embargo, solo el 40% de estas ha completado también el segundo trámite obligatorio —el depósito de contratos de 2025 (modelo N2)—, lo que reduce al 17,2% el porcentaje de viviendas que han culminado todo el proceso administrativo.

Desde la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía advierten de la saturación del sistema y han solicitado una prórroga para el depósito de contratos, cuyo plazo expiraba este lunes. La patronal considera que el procedimiento, obligatorio para cumplir con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo y garantizar la transparencia y la supervisión del sector del alquiler vacacional, se ha convertido en una traba burocrática para el sector.

Por su parte, fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos.

La asociación vecinal La Axerquía ha denunciado el retraso de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en iniciar las obras comprometidas para restaurar la antigua ermita de La Aurora y ha solicitado una reunión con los responsables municipales para obtener información al respecto.

En un escrito dirigido al Ayuntamiento por el presidente de la asociación vecinal, Rafael López Sicilia, los vecinos recuerdan que desde octubre de 2019 hubo que cerrar el espacio de convivencia vecinal de la antigua Ermita de la Aurora por peligro ante el desprendimiento de algunos de los antiguos sillares que la conforman.

El año pasado, en concreto el 3 de abril de 2025, ante la insistencia de la asociación de vecinos sobre este asunto, hubo una reunión con el alcalde, José Mª Bellido, y con otros responsables con competencia en la resolución de este problema, y el presidente del Consejo de Distrito. “En esta reunión, se nos informa de que en fechas próximas saldrá la licitación de la obra para la restauración de este espacio de competencia municipal y que el comienzo de esta actuación se iniciaría a tres meses vista, tomando como referencia la fecha de la reunión citada”.

En el escrito, los vecinos recuerdan que “el alcalde también se comprometió a que, una vez finalizadas las labores de restauración, sería cedida a nuestra asociación la gestión de este espacio para seguir realizando diversas actividades culturales”. Pero “la demora de esta restauración, se no dice, es debida a las sucesivas borrascas que han barrido nuestra ciudad. La inmensa lluvia, parece ser, ha impedido que se pueda trabajar en este espacio”.

Ante esta situación, los vecinos se preguntan “por qué no se han iniciado las obras comprometidas, pues ya ha dejado de llover”, si bien “se nos comunica que la situación ha vuelto, prácticamente, a la casilla de inicial, es decir, a cómo estábamos hace seis años”. Y, constatando que “esta asociación de vecinos no ha sido convocada para ser informada sobre si el problema ha sido que la empresa concesionaria de esta rehabilitación, Químicas y Tecnologías Aplicadas, ha renunciado a la realización de la misma, o es que el Ayuntamiento de Córdoba ha desistido en cumplir sus compromisos con el vecindario de la Axerquía”, solicita “una reunión inminente con algunos de los responsables que puedan solucionar este problema”, en alusión al presidente de la Gerencia de Urbanismo o la delegada de la gestión del Casco Histórico.

Antecedentes

Hay que recordar que en octubre de 2025, la Gerencia Municipal de Urbanismo dio luz verde al proceso de licitación para la ejecución del proyecto de conservación y restauración del tramo de la muralla de la Villa y los paramentos asociados a la antigua Ermita de la Aurora. Esta intervención, de carácter patrimonial, contaba con un plazo de ejecución máximo de cuatro meses. El valor total estimado del contrato asciende a 44.027 euros, incluyendo el IVA. El proyecto, promovido por la Delegación de Centro Histórico y gestionado por la Oficina del Casco Histórico y la Oficina de Arqueología de la GMU, se enmarca dentro del Programa de Rehabilitación y Mejora del Patrimonio Histórico del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH).

El segmento de fortificación objeto de la actuación se localiza en el sector suroriental de la Villa, colindante con la Axerquía, e históricamente se situaba cerca del conocido Portillo de Corvache (actualmente Arco del Portillo). Tanto este tramo de muralla como el Portillo de Corvache adyacente gozan de la consideración legal de Bien de Interés Cultural (BIC), conforme a la Ley del Patrimonio Histórico Español. Pese a esta protección, el conjunto monumental ha presentado un estado de ruina y abandono en los últimos años. De hecho, la gravedad de las patologías detectadas, como la disgregación y el debilitamiento de la estructura pétrea y las fisuras profundas en los paños de tapial, ha obligado a acotar y cerrar diversos sectores para garantizar la seguridad de las personas.

El objetivo central de la intervención es frenar este deterioro mediante una serie de tratamientos técnicos que incluyen el cosido de fisuras, la consolidación de sillares y fábricas de mampuestos y tapial, y la restauración volumétrica puntual de las zonas más afectadas. Una prioridad fundamental es detener e impedir la entrada de agua, ya que la humedad por capilaridad, generada por las escorrentías subterráneas y la falta de ventilación en las zonas adyacentes a la muralla, es uno de los principales agentes de deterioro. Para abordar este problema, se plantea la limpieza de las fábricas y una excavación perimetral para la instalación de una zanja drenante que permita la respiración del entorno y minimice el impacto de la humedad.

Además, se contempla la eliminación de bioalteraciones (agentes biológicos), de las eflorescencias salinas mediante limpieza química y picado de llagas, y el saneamiento de enfoscados con morteros inadecuados (como cemento o mortero bastardo), que serán sustituidos por morteros de cal hidráulica. También se procederá a la demolición y eliminación de elementos adosados considerados perjudiciales para la conservación del BIC, como los bancos de piedra artificial.

Históricamente, la Ermita de la Aurora fue edificada en el siglo XVIII sobre un solar en la calle de la Feria (actual San Fernando), aprovechando edificaciones previas adosadas a la muralla. Inaugurada en 1725, se constituyó como un centro para el rezo del Rosario de la Aurora, una manifestación de la religiosidad barroca. Sin embargo, a finales del siglo XIX cayó en el abandono y, finalmente, colapsó el 20 de febrero de 1960.

Aunque el solar es de titularidad municipal desde su compra por el Ayuntamiento en 1998 y fue objeto de una rehabilitación previa por Vimcorsa para recuperar su fachada y la muralla, esta nueva actuación se plantea como necesaria para la recuperación definitiva de este elemento patrimonial, siguiendo la línea de trabajo ya realizada con éxito hace años en el cercano Arco del Portillo. La ficha establece que, además de la conservación integral del lienzo de la muralla y la portada, el resto del solar debe ser recuperado como espacio libre, recuperando el trazado de la muralla. Los criterios de restauración adoptados por la GMU se basan en el respeto al original, la mínima intervención y la reversibilidad, empleando materiales tradicionales afines a la composición original de las estructuras.