La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba llevará a la próxima Comisión de Licencias, prevista para el 2 de junio, varios expedientes relacionados con apartamentos turísticos que supondrán la creación de 11 nuevas unidades de alojamiento turístico en distintos puntos de la capital.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día destaca la rehabilitación de un edificio con cambio de uso para la creación de tres apartamentos turísticos en la confluencia de la calle San Fernando con Romero Barros. El proyecto ha sido promovido por Hotel Maestre S.A. y contempla la transformación del inmueble situado en el número 73 de San Fernando y el número 2 de Romero Barros.

A esta iniciativa se suma otro expediente para la implantación de tres apartamentos turísticos en la calle Albéniz, promovido por Induprom S.L. El proyecto afecta a las puertas 2 y 3 de la escalera E del número 14 de esta vía.

El mayor de los proyectos incluidos en la comisión será el impulsado por Galiot Pérez S.L., que prevé la creación de cinco apartamentos turísticos de una llave en la calle Campo Madre de Dios, 30.

En conjunto, las actuaciones supondrán la incorporación de 11 nuevos apartamentos turísticos al parque alojativo de Córdoba, en un momento en el que el crecimiento de este tipo de establecimientos continúa generando debate en la ciudad sobre el equilibrio entre la actividad turística y el acceso a la vivienda residencial.

La Comisión de Licencias también abordará otros expedientes urbanísticos relacionados con promociones de viviendas, reformas, cambios de uso de locales y actuaciones comerciales e industriales repartidas por distintos barrios de la capital.

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un nuevo paso para cambiar la regulación jurídica de su territorio. El último Pleno municipal aprobó la innovación que modifica de forma sustancial las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital, una propuesta normativa de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) viene a sustituir de manera integral el marco operativo anterior, adaptándolo a la legislación andaluza vigente y estableciendo un nuevo modelo de ciudad con vigencia indefinida.

El texto del documento, que aún no es el definitivo -aunque el PP tiene mayoría absoluta y es probable que cambie poco- consagra los principios de publicidad, otorgando a cualquier ciudadano el derecho a consultar el régimen de sus fincas, ejecutividad, para agilizar la expropiación y ocupación de terrenos destinados a infraestructuras, y obligatoriedad, haciendo jurídicamente exigible su cumplimiento exacto por vía de la acción pública.

Uno de los bloques más destacados de la reforma se encuentra en el Título Duodécimo, enfocado en el uso residencial. La nueva normativa asume la necesidad de flexibilizar el diseño de los hogares y establece una distinción estructural clave en las condiciones mínimas de habitabilidad:

Plan de choque contra el “Calor Urbano” y blindaje del anillo verde

El texto normativo introduce un giro radical hacia los criterios ambientales y de sostenibilidad en la obra pública y el diseño urbano, recogidos en los Títulos Octavo y Decimocuarto. Así, el Anillo Verde queda blindado bajo la consideración jurídica de Sistema General de Espacios Libres, reconociendo su función social, climática y de cohesión entre barrios . Las directrices de diseño para sus grandes parques públicos son sumamente meticulosas:

Además, el documento técnico desaconseja los firmes flexibles convencionales para las calles urbanas debido a la dificultad de compactación que genera la maraña de redes de servicios subterráneos. En su lugar, recomienda pavimentos semirrígidos fonoabsorbentes compuestos por mezclas bituminosas en caliente con caucho reciclado procedente de neumáticos usados.

Otras medidas en este ámbito son:

Suelo No Urbanizable: legalizaciones y planes especiales

El Título Undécimo reordena con firmeza el Suelo No Urbanizable (SNU) dividiéndolo en categorías claras, persiguiendo las parcelaciones ilegales y ordenando los equipamientos históricos:

El Plan General establece que el uso permitido por naturaleza es la explotación agropecuaria, forestal y cinegética. Fuera de ello, cualquier edificación se considera de “utilidad pública o interés social” y adquiere carácter de uso autorizable, quedando sujeta a la tramitación de Planes Especiales obligatorios si implican un cambio sustancial del territorio. Para poder edificar naves o almacenes de aperos vinculados a la actividad primaria, se establecen superficies mínimas estrictas de parcela:

Dependiendo del tipo de uso y cultivo de la finca, se establecen las siguientes superficies mínimas de parcela para tener la posibilidad de edificar las construcciones e instalaciones permitidas: un mínimo de 1 Hectárea para terrenos de regadío; 2 Hectáreas en el caso de secano arbóreo; 3 Hectáreas para otros cultivos de secano; y un mínimo de 10 Hectáreas si se trata de terrenos de monte, encinar o dehesa. No obstante, cuando se trate de parcelas históricas de menor superficie, el Ayuntamiento podrá autorizar la edificación siempre que quede garantizado su destino a la explotación agrícola. Viviendas de Nueva Planta en el SNU: Las nuevas viviendas familiares aisladas en las Zonas de Campiña (SNU-CA) requerirán obligatoriamente que la finca vinculada posea una superficie mínima de 10 Hectáreas, elevándose esta exigencia a 25 Hectáreas en los Espacios Forestales de la Sierra con Protección Compatible (SNUEP-PC).

El Ayuntamiento encauza la problemática histórica de las parcelaciones residenciales en el medio rural disponiendo la formulación obligatoria de Planes Especiales de Mejora del Medio Rural y Saneamiento. Estos planes regularán las construcciones existentes, delimitarán las infraestructuras mínimas y atajarán la contaminación de pozos negros. El régimen se aplicará de forma directa a los ámbitos identificados como SNU-PR: El Negrete, El Melgarejo, Las Siete Fincas (en su parte consolidada), El Jardinito, Las Solanas del Pilar, Virgen de la Cabeza, Casilla del Aire y La Torrecilla-La Gitana.

Sin embargo, el urbanismo municipal impone un régimen de especial cautela (SNU-P) supeditado a informes sectoriales previos para las parcelaciones más sensibles:

Historia y arqueología: de la Muralla a Ategua

La Innovación blinda el ingente patrimonio de la capital mediante una reordenación exhaustiva de las cautelas arqueológicas derivadas de la Carta Arqueológica de Riesgo de Córdoba, estructuradas en el Capítulo Segundo del Título Octavo. Antes de tramitar cualquier licencia de obras que afecte al subsuelo, el promotor estará obligado a aportar una evaluación arqueológica previa firmada por un técnico competente. La normativa define seis tipos de cautelas en función de la zonificación de la parcela:

La actualización urbanística incorpora un catálogo georreferenciado en coordenadas UTM que identifica con precisión métrica los yacimientos localizados en zonas no urbanas. Asimismo, se reconocen formalmente como “Bienes Significativos” el Puente Romano de Alcolea, el Castillo de Torres Cabrera, las Ruinas de Alamiriya y el Castillo de la Albaida, remitiéndose al Plan Especial de Medina Azahara para la delimitación exacta del catalogado Acueducto de Valdepuente.

Obras en edificios existentes y “fuera de ordenación”

El Título Noveno aclara el estatus legal en el que quedan las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad que presenten disconformidades con el nuevo planeamiento:

Una excavación en un solar en la avenida de Medina Azahara ha aflorado unos restos arqueológicos de origen islámico. La excavación preventiva se desarrolla antes de la construcción de un bloque de viviendas. La empresa Rusafa es la que está llevando a cabo los trabajos.

Fuentes del gobierno andaluz han precisado que aunque el informe de la excavación y su memoria no han sido entregados, sí que consta que el origen de los restos son islámicos. Otras fuentes apuntan a que podría tratatarse de una zona residencial, de la expansión de los arrabales islámicos del siglo X, en plena expansión de la Córdoba primero emiral y posteriormente califal.

En Ciudad Jardín se localizan en primera instancia restos islámicos y a pocos centímetros suelen aflorar los romanos. De hecho, es una de las zonas en las que más enterramientos romanos se han localizado, por su cercanía a la vía que conectaba Córdoba con Sevilla. También por la ubicación del anfiteatro, de enormes dimensiones, y por ser un lugar que acogía enterramientos de gladiadores.

En el caso de los arrabales islámicos, la urbanización de Qurtuba se extendió a límites incluso superiores al casco urbano actual. Durante la expansión urbana de los últimos años han aparecido, se han documentado y en muchos casos se han desmontado una infinidad de arrables islámicos. Muchos expertos en arqueología han lamentado la escasa conservación e integración de los mismos en el lugar en el que fueron hallados.

Ahora, en este solar se ha llevado a cabo una excavación, en la que se está documentando todo lo hallado. Posteriormente, el informe se enviará a la Comisión de Patrimonio, con una propuesta de conservación o no. Será finalmente la Comisión la que decida qué hacer con estos restos una vez estudiados.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado la adjudicación del contrato para la dirección de la ejecución de obra y la coordinación de seguridad del cerramiento de las fachadas del Estadio Municipal El Arcángel. El contrato ha sido otorgado al técnico Eduardo Javier López Baena por un importe total de 14.750 euros, tras un proceso de licitación mediante procedimiento abierto simplificado al que concurrieron tres licitadores, según ha podido comprobar este periódico en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este nuevo contrato se suma al de la ejecución material de las obras, que, aunque no aparezca aún oficializado en la Plataforma de Contratación, fue adjudicado el pasado mes de febrero a la empresa Sepisur XXI SL por un montante de 1.052.196,39 euros. El proceso de adjudicación de la obra principal no estuvo exento de complejidad, ya que la Mesa de Contratación llegó a calificar la oferta de Sepisur como “desproporcionada” al presentar una rebaja de casi 200.000 euros respecto a sus competidores. No obstante, tras el periodo de alegaciones y la justificación de la viabilidad de la propuesta, la empresa fue finalmente la encargada de asumir el proyecto frente a otras firmas como Metálicas Ulia, Albaida Infraestructuras o Construcciones Glesa.

El proyecto técnico busca terminar una infraestructura que data desde el 1993, eliminando la imagen de esqueleto de hormigón que el recinto ha proyectado hacia la autovía durante más de tres décadas. El objetivo principal es dotar al estadio de una imagen arquitectónica coherente y moderna, mejorando su integración urbana en el entorno inmediato. Para ello, la intervención se centrará específicamente en las zonas de Preferencia y Fondo Sur, que son las fachadas que permanecen incompletas actualmente.

En la zona de Preferencia, el diseño contempla dos tipos de actuaciones según la altura. Entre la primera y la quinta planta se instalarán celosías de lamas verticales de aluminio orientables. Por su parte, en la franja superior se colocarán chapas de acero inoxidable perforadas, unificando visualmente la parte alta de la grada con la visera del estadio. Respecto al Fondo Sur, el cerramiento se completará íntegramente con paneles de chapa de acero inoxidable perforado. Estos paneles irán sustentados por una estructura auxiliar metálica galvanizada, lo que permitirá ocultar definitivamente las entrañas de la construcción que hasta ahora quedaban a la vista del público.

En cuanto al calendario previsto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado recientemente que la intención es que los trabajos sobre el terreno arranquen a principios de junio y el plazo de ejecución estimado para la totalidad de la obra es de seis meses. Si no surgen contratiempos técnicos durante el desarrollo de los trabajos supervisados por la nueva dirección de obra, el coliseo ribereño podría estrenar su nueva obra a finales del presente año 2026.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado el primer paso para actualizar normas urbanísticas dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. En la sesión plenaria de este jueves, se ha dado luz verde a la aprobación inicial de la innovación del PGOU para la actualización de las normas urbanísticas incluidas en el mismo.

Este punto del orden del día ha salido a favor solo con los votos a favor, en mayoría absoluta, del Partido Popular (PP), y la abstención de toda la oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, que han mostrado sus reticencias por distintos motivos al texto presentado por los populares, destacando la falta de participación de sus grupos en la redacción del mismo.

Esta innovación sobre el PGOU, que ya fue dictaminada a favor por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en marzo pasado. Ahora, tras esta aprobación inicial, se abre un periodo de alegaciones e informes preceptivos, con los que se podrán incorporar aportaciones si se estiman para su aprobación final.

Entre los cambios de normas urbanísticas se incluye la adaptación a la ley andaluza de urbanismo (Lista), además de medidas para la rehabilitación de edificios y para sumar metros a la edificabilidad de estos.

Una de las novedades más significativas de esta reforma es el cambio en el tratamiento de los balcones en las nuevas edificaciones. Hasta ahora, la superficie de los balcones computaba como edificabilidad, lo que obligaba a los promotores a reducir el tamaño de estancias como el salón, la cocina o los dormitorios para poder incluirlos. Con la nueva normativa, los balcones que no representen más del 15% del total de la edificabilidad no computarán, permitiendo así construir viviendas más grandes, mejor protegidas contra la crisis climática y más acordes a las necesidades detectadas tras la pandemia.

La actualización de las normas prevista también señala a los edificios antiguos que datan de antes del PGOU y que se reformen de manera integral se prevé la posibilidad de permitir una planta más. La nueva redacción permite un incremento de hasta el 20% sobre la superficie de techo edificable, menos en el casco histórico y en edificios protegidos. Ni ascensores ni escaleras de emergencia entrarán en el cómputo de edificabilidad.

Esta actualización del actual PGOU marca líneas que se dispondrán en el nuevo PGOM.

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el procedimiento para la selección de operaciones que conformarán el Plan de Actuación Integrado Edilquivir. Este es “un paso administrativo fundamental” de cara al desarrollo de las inversiones previstas para la mejora de infraestructuras del Distrito Sur de la ciudad, pues supone acreditar ante la Unión Europea que todos los proyectos definidos cumplen con los proyectos de elegibilidad fijados en la convocatoria de fondos y que son estratégicos para la capital de provincia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, entre las actuaciones planteadas, destacan la construcción de vivienda para jóvenes, la rehabilitación del circuito del parque Cruz Conde, el desarrollo de un plan de transformación empresarial del barrio Guadalquivir, la adecuación del campo de San Eulogio o la construcción de un nuevo centro de servicios sociales. En total, son nueve proyectos clave que el Ayuntamiento pondrá en marcha con el respaldo de 12 millones de euros de financiación europea.

Asimismo, ha indicado que a esa cifra se unirá la aportación del consistorio, por lo que el Plan Edilquivir movilizará 20 millones de euros de inversión para conectar de forma efectiva el Distrito Sur con el resto de la ciudad, promoviendo su transformación desde el punto de vista social, medioambiental, cultural y económico.

La convocatoria se produce después de que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda validase la documentación necesaria para que la administración municipal asuma plenamente sus funciones como Organismo Intermedio Ligero.

Esta figura jurídica faculta al consistorio como una entidad delegada para seleccionar, gestionar y controlar directamente los proyectos que recibirán financiación europea. El procedimiento se dirige a las distintas delegaciones y organismos municipales (Servicios Sociales, Infraestructuras, GMU, Imdeco, etc.) implicados en el desarrollo de los proyectos.

Ahora deberán tramitar sus solicitudes de financiación, asegurando que cada operación cumpla con los criterios de sostenibilidad, eficiencia y alineamiento que exige la normativa de la Unión Europea. Después de este trámite, quedarán constituidas como responsables directas de las iniciativas.

Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento ha habilitado en su página web un apartado específico donde se detalla la convocatoria y toda la información necesaria para los beneficiarios. Con la puesta en marcha de este proceso, el Ayuntamiento de Córdoba inicia la fase operativa para cumplir con el compromiso adquirido en el momento en que optó a esta convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, garantizando una ejecución ágil y transparente de los fondos asignados.

La Junta de Compensación del Plan Parcial Industrial-6 de Córdoba, representada por Miguel Ángel Torrico, y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial-Rialsa, con el gerente de Andalucía Occidental de Ferrovial, Juan García-Liñán, han suscrito este jueves, junto con representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Dirección Facultativa de la Obra y el coordinador de Seguridad y Salud, el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras de urbanización del futuro Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán'.

Según han informado desde la Junta de Compensación, la firma de este documento supone “el inicio oficial de las actuaciones de urbanización de uno de los proyectos logísticos y empresariales más importantes de la ciudad y con gran impacto en Andalucía, pues el futuro Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán' supone un enclave estratégico destinado a dar soporte y servicio a la futura Base Logística del Ejército de Tierra 'General Valera' (BLET)”.

Al acto han asistido igualmente los miembros de la Junta de Compensación, entre ellos la familia López-Crespo y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietarios de parte de los terrenos que integran el ámbito de actuación.

El comienzo de las obras marca un hito decisivo para el desarrollo del ecosistema, empresarial y logístico llamado a “convertirse en uno de los principales motores de crecimiento económico y transformación territorial de Córdoba y su entorno”.

Así, el desarrollo urbanístico permitirá impulsar la implantación de nuevas empresas favoreciendo a la atracción de inversión y crecimiento de miles de puestos de trabajo, algo que supone “un importante impacto en la actividad socioeconómica de la ciudad y toda la provincia”.

Las obras de urbanización han sido adjudicadas por un importe de 38.352.687,94 euros, IVA no incluido, destinados íntegramente a la urbanización de las casi 200 hectáreas que conforman el sector. Asimismo, está previsto que próximamente se inicien nuevas obras, como la construcción del depósito para el abastecimiento de agua y el acceso, cuya licitación se encuentra actualmente en trámite.

De acuerdo con los plazos previstos y la oferta presenta por la UTE adjudicataria (26 meses), se estima que el Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán' puede estar plenamente desarrollado durante el segundo semestre del año 2028, “consolidándose como un referente logístico e industrial de primer nivel en Andalucía y en el sur de España”.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) llevará la próxima semana a su consejo rector la adjudicación de una parcela municipal a Mercadona para la implantación de un nuevo establecimiento comercial en Córdoba, el que sería el número 29. La cadena de supermercados había mostrado ya su interés por desembarcar en el nuevo desarrollo urbanístico de Huerta de Santa Isabel Oeste, uno de los sectores de crecimiento residencial más importantes de la capital y cuyas obras de urbanización encaran su recta final.

De acuerdo con la documentación del expediente, la cesión del suelo se realizará mediante una concesión administrativa por un periodo de 50 años, a cambio del pago de un canon anual por parte de la compañía. Antes de iniciar la construcción, Mercadona deberá acometer las correspondientes prospecciones arqueológicas y tramitar posteriormente la licencia urbanística para ejecutar el proyecto. El pliego establece además un plazo máximo de 36 meses para completar las obras desde la obtención del permiso municipal.

La parcela objeto de la concesión cuenta con una superficie cercana a los 9.500 metros cuadrados y albergará tanto el supermercado como una amplia zona de aparcamientos. Urbanismo considera la iniciativa de interés para el nuevo barrio, donde está prevista la construcción de unas 4.000 viviendas y que requerirá nuevos equipamientos y servicios comerciales.

El proyecto contempla un edificio exento distribuido en dos alturas sobre rasante. La planta baja estará destinada principalmente al estacionamiento de vehículos y a los accesos interiores, mientras que la superficie comercial se ubicará en la primera planta junto al resto de dependencias del establecimiento. Además, se habilitará una cubierta técnica descubierta para la instalación de equipos de climatización y frío industrial, una solución diseñada para reducir el impacto acústico sobre las futuras viviendas próximas. La cubierta incorporará igualmente paneles solares fotovoltaicos.

En materia de movilidad, el diseño prevé un total de 240 plazas de aparcamiento, repartidas entre espacios interiores, zonas cubiertas mediante marquesinas y plazas al aire libre. El complejo dispondrá también de estacionamientos adaptados para personas con movilidad reducida, cargadores para coches eléctricos y espacio reservado para bicicletas. El proyecto incluye asimismo una franja ajardinada de seis metros de anchura que servirá de transición entre la zona logística y las parcelas residenciales colindantes.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará en su próximo consejo rector el inicio de la expropiación forzosa de cinco parcelas afectadas por el proyecto del nuevo vial de acceso al Polígono Industrial Las Quemadas desde la autovía A-4, una actuación considerada estratégica para mejorar la conexión de una de las principales zonas industriales de la capital.

La medida forma parte del expediente de obtención anticipada de suelo dotacional público incluido en el ámbito del Plan Parcial (I)-5 “Parque Industrial de Levante”, cuya aprobación definitiva será elevada al Consejo Rector de la GMU. Las expropiaciones afectarán a cinco parcelas cuyos propietarios no han mostrado conformidad con el procedimiento de ocupación directa planteado inicialmente por el Ayuntamiento.

Durante la tramitación del expediente se presentaron varias alegaciones. Urbanismo ha estimado una de ellas, lo que ha supuesto un incremento del coste del proyecto de 671,23 euros. El resto de alegaciones han sido desestimadas conforme a los informes técnicos del Servicio de Patrimonio. Una vez aprobado el acuerdo, el Ayuntamiento procederá a la ocupación de los terrenos afectados y publicará la resolución en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica municipal.

El Polígono Industrial Las Quemadas es uno de los más dinámicos de la capital, ya que en él trabajan unas 15.000 personas. El proyecto contempla la ejecución del vial en dos fases. La fase primera se iniciará junto al polígono industrial e implicará la reurbanización de la calle camino pecuario de las Quemadillas, la ejecución del vial y una glorieta, además del soterramiento de líneas eléctricas.

La fase dos comprenderá la ejecución de la vía y la remodelación del enlace con la autovía A-4, incluyendo otras glorietas y varios ramales. Sin embargo, el proyecto especifica que, en caso de que se retrase la obtención de la autorización necesaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conexión con la A-4 (prevista en la Fase II), inicialmente solo se ejecutará la primera fase.

La conexión directa de las Quemadas con la A-4 es una reivindicación histórica de los empresarios instalados en el polígono, así como de los trabajadores, puesto que están sometidos a habituales atascos diarios de entrada y salida en las horas punta en la N-IV, la antigua carretera entre Córdoba y Madrid.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha aprobado una tercera ampliación del plazo de ejecución de las obras del nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, destinado a mejorar el acceso a las urbanizaciones El Sol y Los Encinares, en la barriada de Alcolea. Tras las dos prórrogas anteriores, ahora la nueva fecha prevista suma tres meses más para la finalización de los trabajos y se fija en el 31 de julio de 2026.

La documentación de Urbanismo para la concesión de esta tercera prórroga expone que la empresa encargada de la obra, Sepisur XXI, ha expuestos varios motivos justificados para este nuevo retraso. De un lado, la ejecución del puente proyectado contempla el montaje en obra de una estructura metálica singular de gran envergadura, cuya instalación requiere medios auxiliares de elevada capacidad, concretamente la utilización simultánea de dos grúas de 750 toneladas, imprescindibles para garantizar las condiciones de seguridad y operatividad durante las maniobras de izado y colocación del tablero.

El desarrollo de estos trabajos se ha visto condicionado por la concurrencia de episodios de precipitaciones significativas, que han afectado a la estabilidad del terreno, a las condiciones de seguridad en las operaciones de elevación y a la viabilidad de implantación de los equipos de gran tonelaje, impidiendo la ejecución de los trabajos en las ventanas temporales inicialmente previstas. Además, la disponibilidad en el mercado de grúas de gran capacidad (≥ 750 toneladas) es muy limitada, debido al reducido número de empresas especializadas que disponen de este tipo de maquinaria, lo que ha dificultado la reprogramación inmediata de los trabajos tras los episodios de lluvia.

Y junto a ello, por condicionantes logísticos asociados al transporte de la estructura metálica, derivados de sus dimensiones y limitaciones de gálibo, ha sido necesario ejecutar en obra un número significativo de uniones soldadas que no pudieron realizarse en taller. Estas operaciones de soldadura “in situ”, de elevada exigencia técnica, han requerido la aplicación de procedimientos cualificados conforme a normativa, así como la realización de los correspondientes controles de calidad mediante ensayos no destructivos, tales como inspección visual, líquidos penetrantes y ultrasonidos, lo que ha supuesto una extensión adicional de los plazos de ejecución.

“La combinación de los factores anteriormente descritos, condiciones meteorológicas adversas, limitación en la disponibilidad de medios auxiliares críticos y necesidad de ejecución y control de soldaduras en obra, ha provocado retrasos en el montaje de la estructura metálica, al tratarse de una unidad de obra situada en la ruta crítica del cronograma, condicionando directamente el desarrollo de las fases posteriores”, se argumenta en la resolución de Urbanismo.

La resolución, firmada por el gerente de Urbanismo, Julián Álvarez Ortega, concede una prórroga de tres meses a la empresa adjudicataria, Sepisur XXI, tras los informes técnicos favorables emitidos por la dirección de obra y los responsables del contrato. La ampliación se ampara en lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, al concurrir causas no imputables al contratista.

Inicio de las obras en 2023

Las obras comenzaron tras la firma del acta de replanteo en julio de 2023, con un plazo inicial de siete meses. Posteriormente, fue necesario aprobar un proyecto modificado que incluía nuevas unidades de obra y resolvía afecciones a servicios existentes, lo que dio lugar a una nueva planificación. A ello se sumaron las abundantes precipitaciones registradas a comienzos de 2025 y los problemas de suministro, que ya habían motivado una primera ampliación del plazo hasta diciembre de este año.

Tras ello, hubo una segunda prórroga de cuatro meses motivada principalmente por la demora en la fabricación y suministro de la estructura metálica singular del puente, elemento esencial y situado en la ruta crítica del cronograma de ejecución. Dicha estructura fue encargada a un taller especializado homologado, que sufrió incidencias internas en su proceso industrial, lo que impidió cumplir los plazos inicialmente previstos para su entrega en obra. Y, ahora, se suma esta tercera prórroga con la que se prevé concluir la obra el 31 de julio de este año.

El nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo es una infraestructura clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial de las urbanizaciones El Sol y Los Encinares, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona de Alcolea.

Vecinos del barrio de la Electromecánicas, más especificamente del Sector 3, han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Córdoba que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOUM) de 2026 retire la calificación de “elemento protegido” a sus viviendas. Los residentes denuncian que esta normativa, vigente desde 2001, les impide realizar reformas básicas y estructurales necesarias para la habitabilidad y el bienestar de sus hogares.

Según los afectados, la actual normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 ha supuesto un bloqueo urbanístico de más de un cuarto de siglo, durante el que no han podido “mover un ladrillo”. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no concede licencias para modificaciones en la estructura exterior ni interior al estar catalogadas con un Nivel de Protección Global Máximo (C), lo que ha derivado en un notable deterioro de muchos de los inmuebles.

La petición, a la que ha tenido acceso este periódico, afecta a un total de 250 viviendas situadas en el Sector 3 de la barriada, concretamente en las calles Doctor Ángel de Castiñeira, Ingeniero Alfonso Churruca, Ingeniero Lino Arisqueta, Papa Juan XXIII, Compositor Gómez Navarro, Ingeniero Benito Arana e Ingeniero Antonio Carbonell.

Una propuesta para el nuevo PGOUM 2026

En un escrito dirigido al alcalde, José María Bellido, y a la GMU, los vecinos han solicitado que en el nuevo plan que se prevé aprobar este 2026 se eliminen las referencias a estas casas como “elemento protegido”.

Como alternativa, han propuesto al Ayuntamiento de Córdoba que sus viviendas reciban una calificación similar a la de otras zonas de la misma barriada, como los Sectores 1 y 2, que no cuentan con tales impedimentos. Las opciones planteadas son: viviendas Unifamiliares adosadas o colonia Tradicional Popular.

Los vecinos han argumentado que las circunstancias sociales de 2026 son muy distintas a las de 2001. De hecho, los residentes han defendido que se ha producido una repoblación casi total con nuevos residentes cuyas necesidades de habitabilidad chocan frontalmente con las limitaciones de protección actuales.

Durante más de dos décadas, el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ha mostrado un esqueleto de hormigón a todo aquel que transita por la autovía. Es una herida abierta en el orgullo de la afición y de la propia ciudad, que lleva lustros reclamando el fin de las eternas obras en su principal instalación deportiva. Pero esa imagen de estadio en construcción parece tener los días contados, aunque su plazo de ejecución cada vez se prolonga más en el tiempo. José María Bellido, alcalde de la ciudad, ha confirmado este miércoles en los micrófonos de Canal Sur que las obras de cerramiento de Preferencia y Fondo Sur arrancarán a principios del próximo mes de junio.

De esta manera, los plazos definitivos se van aclarando en este 2026. Tras la adjudicación del proyecto a la empresa Sepisur XXI SL el pasado mes de febrero por un importe de 1.052.196,39 euros, faltaba poner fecha exacta al inicio de los trabajos sobre el terreno. “Ya se va a firmar el contrato para que empiece la obra a principios de junio”, ha anunciado el regidor cordobés. La hoja de ruta municipal pasa por no entorpecer el tramo decisivo de competición del Córdoba CF, coincidiendo además con la dificultad de la obra por la presencia de la Feria en El Arenal. Por ello, Bellido ha asegurado que “tendremos la obra en marcha en cuanto acabe la temporada”.

El plazo de ejecución estimado de la actuación es de unos seis meses. De este modo, si no hay contratiempos técnicos, el coliseo ribereño estrenará su nueva piel arquitectónica a finales del presente año. “Si todo va bien, cruzo los dedos, pero ya debe de ir bien; la intención es que a final de año tengamos ya lista esa fachada”, ha explicado el alcalde en sus declaraciones. De hecho, el propio Bellido ha reconocido el malestar histórico por el aspecto del recinto, detallando que “parece que es un estadio inacabado porque en su día se decidió que ahí iba a haber unas oficinas que luego nunca se llegaron a hacer, con lo cual se quedó el hueco”.

Ahora, sin ejecutar aquellas oficinas proyectadas en el diseño original, la meta es “al menos cerrar esa fachada, que nos permita que la imagen del estadio sea la de un estadio completo y terminado”, apuntó el primer edil. Para lograrlo, el proyecto técnico elaborado por la Gerencia de Urbanismo contempla dos intervenciones bien diferenciadas en la zona de Preferencia. Por un lado, entre la primera y la quinta planta se instalarán celosías de aluminio en forma de lamas verticales orientables, idénticas a las ya existentes en la zona baja de la grada. Además de ello, en la franja superior, entre la sexta y la octava planta, se colocarán chapas de acero inoxidable perforadas para unificar la estética de toda la visera.

La actuación rematará el Fondo Sur, la última grada que se levantó en el feudo blanquiverde y que aún mostraba sus entrañas al exterior. En este sector se emplearán también paneles de chapa de acero inoxidable perforado sustentados por una estructura auxiliar metálica galvanizada. Así, si todo sale según lo previsto, el cordobesismo verá cómo el gran hogar del Córdoba CF deja atrás su etapa de estadio inacabado, cerrando una deuda histórica que permitirá proyectar, al fin, la imagen de un recinto deportivo moderno y acorde a la importancia de la ciudad.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar en su próxima sesión del martes 28 de abril el contrato para ejecutar las obras del nuevo parque de Chinales-Mirabueno, que conformará un espacio más del Anillo Verde de la capital.

Según el orden del día previsto por Urbanismo, se dará luz verde a la propuesta de aprobación de proyecto e inicio de expediente para la adjudicación del contrato de obras contenidas en el “Proyecto de Urbanización del Parque de Chinales-Mirabueno, Fase 1”. Cuenta con un presupuesto de partida de 2,5 millones de euros -en las anualidades de 2026 y 2027-, y un plazo de ejecución de nueve meses.

El futuro parque Chinales-Mirabueno prevé tener una extensión de 5,34 hectáreas entre la Ronda Norte y el canal del Guadalmellato, donde se ubique una nueva zona verde de expansión para la ciudadanía en esta parte de la capital. Está concebido para unir el parque de La Asomadilla con Levante y se proyectan plantaciones de especies autóctonas, con 347 árboles y 3.000 bellotas.

Conexión Las Quemadas con la A-4

Por otra parte, el consejo rector de Urbanismo también tiene previsto aprobar en su próxima reunión el contrato de obras contenidas en el proyecto de nuevo vial de acceso al Polígono Industrial Las Quemadas desde el enlace del P.K. 396+320 de la A-4 Córdoba. Cuenta con una previsión de presupuesto de 3,4 millones y un plazo de ejecución de diez meses, previendo comenzar en septiembre de este año.

Según la documentación, la construcción del vial objeto del proyecto que se pretende contratar es de especial urgencia, por las retenciones de tráfico que en la antigua N-IV se producen de forma reiterada todos los días laborables, al se esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes del Polígono de las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales.

Actualmente, existe una glorieta de aproximadamente 40 metros de diámetro, sita en la salida 396 de la Autovía A4, que nos permitirá la conexión con El Polígono Las Quemadas. Con este proyecto se crea un nuevo acceso que descongestione la antigua N-IV, especialmente saturada en su conexión con la Avda. de Libia y Avda. Carlos III en la Glorieta de La Louviere.

La conexión de este proyecto, coincide con el trazado del viario recogido en la ordenación antes citada, en lo referente a su eje, ya que las dimensiones previstas son inferiores a las que se marcan en el PAU citado. Se pretende realizar una conexión que sirva posteriormente cuando se realice la urbanización del sector.

La Comisión de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que tiene prevista su próxima reunión el martes 28 de abril otorgará la autorización de calificación ambiental a un nuevo edificio con ocho apartamentos turísticos en el casco histórico de Córdoba.

Según el orden del día de la comisión, se dará licencia para siete estudios y un apartamento de dos llaves de categoría en la calle Conde Arenales número 18, una iniciativa del Grupo Colturi S.L.

En la misma sesión, Urbanismo también dará licencia a la empresa municipal de vivienda Vimcorsa para la construcción de 30 viviendas protegidas en dos edificios, cada uno de ellos con 15 viviendas, 15 plazas de garaje y otros tantos trasteros, en el barrio de San Rafael de la Albaida.

Asimismo, se dará el visto bueno al cambio de uso de local a vivienda en siete inmuebles y se legalizará la adecuación otro local comercial para cinco viviendas más.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto conceder la aprobación definitiva al proyecto de urbanización del O-2, denominado Ciudad Jardín de Poniente 2. Esta actuación, promovida por la Junta de Compensación del sector, supone uno de los desarrollos residenciales más importantes para la expansión de Córdoba, situándose entre el parque de El Patriarca y la barriada de San Rafael de la Albaida.

El proyecto contempla la construcción de un total de 1.331 viviendas, con una capacidad poblacional estimada de 5.324 habitantes. El desarrollo residencial se distribuirá uniformemente por el sector mediante diversas tipologías, incluyendo bloques plurifamiliares (tanto para vivienda protegida como libre), así como viviendas unifamiliares adosadas y aisladas. En total, el techo máximo edificable asignado para usos residenciales y terciarios asciende a 152.205 metros cuadrados construidos.

El presupuesto de ejecución material para las obras de urbanización se ha fijado en 18 millones de euros. Esta partida se destinará íntegramente a transformar el actual suelo rural en urbanizable, garantizando todos los suministros básicos y comunicaciones viarias.

Entre las principales actuaciones destaca la creación de una malla viaria que conectará el sector con los planes parciales adyacentes (PP O-1 al este y PP O-3 al oeste). La obra más significativa en este ámbito será la prolongación de la avenida de la Arruzafilla, diseñada con calzadas de hasta 14 metros y carriles de servicio. Además, se proyectan 1.415 plazas de aparcamiento, de las cuales 35 estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Suministros y zonas verdes

El sector contará con infraestructuras de última generación, incluyendo un sistema separativo de alcantarillado conectado al Colector de Pluviales de la Ronda Oeste. El abastecimiento de agua potable se realizará a través del alimentador Huerta Arcos Oeste, garantizando presión suficiente en todos los puntos de consumo. En cuanto al suministro eléctrico, se instalarán 19 centros de transformación con una potencia total de 17.460 kVA y una red de alumbrado público con tecnología LED de alta eficiencia energética.

La calidad urbana del sector se verá reforzada por la dotación de áreas libres y peatonales que enlazarán las zonas verdes de El Patriarca y Almunia de Turruñuelos. Estos espacios contarán con un sistema de riego automático y mobiliario urbano compuesto por 115 bancos, 76 papeleras y 7 fuentes bebedero.

Una vez aprobada la urbanización, el promotor deberá cumplir con una serie de requisitos, como la constitución de un depósito del 2% del presupuesto para control de calidad. Asimismo, las obras deberán contar con un proyecto de control arqueológico preventivo para los movimientos de tierras y cumplir con los informes de verificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las empresas suministradoras.

El Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a dar pasos hacia adelante para un proyecto ansiado por la alcaldía. El Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) quiere conocer si es viable la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo 'Puerta de Córdoba' ubicdo en la avenida del Conde de Vallellano. Para ello, se realizará una actividad arqueológica preventiva para determinar si los restos del subsuelo permiten la ejecución de la infraestrucutra.

El proyecto, que está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y al que ha accedido este periódico, está concebido como uno de los denominados “aparcamientos de borde” previstos en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Su objetivo principal es dar servicio al sector occidental del Casco Histórico, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, limitando el acceso de vehículos privados a su interior para mejorar la movilidad y protección de la zona.

La ubicación seleccionada para los estudios se encuentra en la confluencia del paseo de la Victoria con las avenidas de la República Argentina, Aeropuerto y Conde de Vallellano. Tras el análisis de diversas alternativas, los técnicos se han decantado por la tercera opción -mencionada en el documento como opción c-, situada en las zonas ajardinadas al final de Vallellano, por considerarse la zona con menor riesgo arqueológico y menor afección a los servicios de suministros existentes.

En lo que a la licitación respecta, los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, consistirán en la excavación de cinco sondeos arqueológicos de diez por cuatro metros cada uno. Con el fin de minimizar el impacto en la vida diaria de la ciudad, estas catas se ubicarán de forma regular dentro de las zonas ajardinadas actuales para evitar interrupciones en el tráfico, que ya de por sí es denso en esta zona de la capital.

A pesar de haber elegido la zona de menor riesgo, los expertos han señalado que el potencial arqueológico de este sector es alto. Se espera que los sondeos puedan documentar secuencias que van desde la época romana -vicus o barrios residenciales y necrópolis- hasta la etapa islámica, donde destaca la probable existencia de un arrabal califal del siglo X y restos de una mezquita mencionada en fuentes árabes como Masyid al-Safar.

La licitación cuenta con un presupuesto base de 135.516,19 euros -impuestos incluidos-. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 28 de abril para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación. Una vez adjudicados, los resultados de estos sondeos y de los estudios geotécnicos complementarios serán clave para que el Ayuntamiento tome una decisión definitiva sobre la viabilidad técnica y patrimonial del parking subterráneo.

Uno de los conocidos como 'penúltimos' parques de toda la capital de Córdoba. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la pasarela que dará acceso al parque de Poniente y la posterior dirección de sus obras. La empresa Cesma Ingenieros SL ha resultado elegida para esta iniciativa tras un proceso de licitación que contó con la participación de cinco licitadores. La adjudicación se ha formalizado por un importe de 71.500 euros, lo que supone una rebaja frente al presupuesto base de licitación inicial, que ascendía a 113.666,59 euros.

Este proyecto se integra dentro del Anillo Verde definido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba. El objetivo principal es crear un nuevo acceso peatonal que conecte el barrio de Huerta de Santa Isabel con el Parque de Poniente, salvando para ello el obstáculo que supone la Ronda Oeste. Según las especificaciones técnicas recogidas en los pliegos, se estima que la pasarela tendrá una longitud conformada por un arco de 60 metros de un solo vano sobre la ronda, complementado con cuatro tramos adicionales de 15 metros, alcanzando una anchura de unos 3 metros.

La empresa adjudicataria asume diversas responsabilidades que van más allá del diseño inicial, como, entre otras cosas, la redacción del proyecto de ejecución y su posterior estudio de seguridad que tendría que estar finalizado tres meses después de la formalización del contrato; el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico y la dirección de obra; y la supervisión en materia de seguridad.

Una vez que se pongan en marcha los trabajos sobre el terreno, se prevé que la ejecución de las obras tenga una duración estimada de seis meses, con una inversión máxima prevista para la construcción de algo más de un millón de euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobará el próximo lunes el convenio de cesión de Caballerizas Reales a la entidad Córdoba Ecuestre, un documento que va a permitir regularizar el uso en precario que hace desde el año 2010 la asociación de este edificio.

Los detalles de la operación aún no se conocen. Habrá que esperar al lunes para ver la duración de esta cesión, el canon que tendrán que pagar por gestionar este monumento, o si el acuerdo ha pasado el duro filtro de la Intervención General, que ya ha levantado algunos reparos sobre el uso que se hace en su interior.

La firma del convenio, por el momento, tampoco se ha fijado. Una vez formalizado el acuerdo, se pretende que este monumento -que en los últimos días ha estado en los titulares por su irregular seguridad contra los incendios- se convierta en un Centro Internacional del Caballo y cumpla de una vez con toda la normativa de protección patrimonial, tanto del plan del casco histórico, como la que Cultura de la Junta diga.

También permitirá a Córdoba Ecuestre ser gestor oficial del edificio y poder hacer trámites como la contratación a su nombre de la conexión eléctrica, el sistema centralizado de alarmas antiincendios u otros suministros que, hasta el momento, estaban a nombre del Ayuntamiento.

Historia de la cesión “en precario”

Aunque esta entidad nació en 1996, Córdoba Ecuestre lleva gestionando “en precario” el emblemático edificio desde 2010, en los últimos compases del alcalde Andrés Ocaña (IU). Desde entonces han pasado por el Ayuntamiento gobiernos de todos los signos políticos —dos mayorías absolutas del PP, una con José Antonio Nieto y la actual con José María Bellido, un cogobierno de PSOE e IU y otro de PP y Ciudadanos— sin que ninguno haya logrado cerrar definitivamente hasta ahora la cesión del monumento histórico.

En estos 16 años, el Ayuntamiento ha ido prorrogando sucesivamente el acuerdo de cesión del espacio a la entidad -participada institucionalmente por el propio Ayuntamiento, que ostenta la Vicepresidencia-. Desde entonces, eso sí, siempre “en precario”, y con momentos en los que hubo bastante tensión, como cuando José Antonio Nieto (PP) intentó en 2011 activar económicamente el complejo y planteó un concurso público para su explotación -una idea que naufragó cuando el Ministerio de Defensa advirtió de que el edificio no podía ser cedido a terceros en esas condiciones-, o cuando la relación de Córdoba Ecuestre se enfrió con la exalcaldesa Isabel Ambrosio.

En todo este tiempo, la intención de Córdoba Ecuestre ha estado clara: logró que se la declarara de interés público local (por acuerdo plenario en 2014) y de utilidad pública (por acuerdo del Ministerio de Interior en 2015). Su presidente Rafael Blanco siempre ha sostenido que, bajo este paraguas, la administración pública podría cederle el edificio de forma directa, sin necesidad de sacarlo a concurso, como lo había hecho con la Torre de La Calahorra, cedida a la Fundación Roger Garaudy.

Esa será finalmente la fórmula que se aprobará el lunes, dos años y medio después de que el Ayuntamiento de Córdoba le comprara el edificio al Ministerio de Defensa por unos cinco millones de euros.

El Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Córdoba ha ordenado actuaciones urgentes en el inmueble situado en la calle Zarco número 14, correspondiente al antiguo Cine Olimpia, propiedad de Esplendor Cinema, tras detectar graves deficiencias en su estado de conservación que suponen un riesgo para la vía pública.

Según el informe técnico emitido el 16 de febrero de 2026 por el arquitecto municipal, la inspección realizada días antes constató un “muy deficiente estado de conservación” del cerramiento del antiguo cine de verano, que lleva años sin actividad. Entre los daños detectados figuran fisuras, desprendimientos de revestimientos y enlucidos, así como la presencia de vegetación en cornisas y cubiertas.

El problema más preocupante se localiza en el tramo de fachada colindante con el número 16 de la misma calle, donde se ha producido el desprendimiento parcial del muro de tapial. Esta situación ha debilitado la estructura sobre la que apoya la cubierta de una antigua vivienda anexa, generando un potencial peligro de colapso. Además, los técnicos advierten de que se desconoce el estado del muro por su cara interior.

La estrechez de la calle Zarco impide, según el informe, establecer un perímetro de seguridad sin cortar completamente el tránsito de peatones y vehículos, lo que ha llevado a los servicios municipales a adoptar medidas inmediatas.

Un bien protegido

El Ayuntamiento ha requerido a la propiedad del inmueble que, bajo dirección técnica cualificada y en un plazo máximo de 15 días, ejecute una serie de intervenciones urgentes. Entre ellas se incluyen el apeo de la estructura de cubierta en la zona afectada, el saneado del muro dañado, su reconstrucción con técnicas compatibles con la normativa de protección, la retirada de vegetación y la reparación de los revestimientos de fachada.

El edificio, construido en 1950 y con una superficie de 88 metros cuadrados, se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (PEPCH) y está catalogado como bien protegido bajo la denominación de Cine Olimpia.

Más allá de las medidas urgentes, el informe también recomienda someter el inmueble a una inspección técnica completa, en cumplimiento de la ordenanza municipal, debido a su antigüedad y estado general.

El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) abordará el martes la propuesta de declaración de viabilidad e interés público de una iniciativa privada para el desarrollo de un complejo deportivo en la parcela 1.7 del Plan Parcial O-5 'Camino de Turruñuelos', situada en la avenida Francisco Gracia Trenas. La inversión inicial prevista supera los 7,3 millones de euros, con un impacto relevante en la generación de actividad económica y deportiva en la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación se plantea mediante un modelo de colaboración público-privada sobre suelo de titularidad pública y con calificación deportiva, garantizando en todo momento su destino al interés general.

La propuesta ha sido objeto de análisis técnico y jurídico, contando con un informe favorable de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que acredita su adecuación al planeamiento vigente, y con otro informe de encaje en la planificación deportiva municipal, que concluye que responde a necesidades reales del sistema deportivo de Córdoba.

El complejo proyectado contempla, entre otros elementos, 18 pistas de pádel --12 cubiertas, cinco exteriores y una pista de competición con graderío--, edificio deportivo con salas de fitness (906 metros cuadrados), espacios para actividades dirigidas, fisioterapia y servicios complementarios, además de zonas ajardinadas, áreas de fitness exterior, espacios peatonales y aparcamiento con más de cien plazas, incluidas plazas accesibles.

La eventual aprobación de esta iniciativa no implica adjudicación directa al promotor y conlleva la obligación de convocar un procedimiento de licitación pública abierto y competitivo.

Asimismo, los futuros pliegos de contratación incorporarán criterios de adjudicación orientados al interés general, entre los que se prevén un incremento del canon económico a favor del Imdeco --establecido inicialmente en 50.000 euros anuales--, una mejora o reducción de tarifas para el uso de las instalaciones por parte de la ciudadanía y reservas de uso para actividades y eventos organizados o promovidos por el Imdeco, federaciones deportivas y colectivos locales.

También se prevé una mejora de las dotaciones, servicios e inversión inicialmente prevista y cualesquiera otras mejoras que redunden en una mayor calidad, accesibilidad y retorno social del proyecto.

Una vez superada esta fase inicial, el proyecto se someterá a información pública, permitiendo la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía, colectivos y entidades interesadas. Este proceso garantiza la transparencia, la participación ciudadana y el análisis abierto de la propuesta con carácter previo a su eventual licitación.

Al respecto, el Imdeco destaca que “esta iniciativa permite avanzar en el desarrollo de nuevas infraestructuras deportivas manteniendo el control público”.