Las obras de rehabilitación de la antigua sede de la Real Academia de Córdoba, en el número 9 de la calle Ambrosio de Morales, han comenzado a revelar el valor histórico, artístico y simbólico de un inmueble cuyo estado de conservación es más delicado de lo que inicialmente se había previsto. Entre los hallazgos realizados durante los primeros meses de intervención destaca la identificación, en su artesonado policromado, de un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han visitado los trabajos, que comenzaron el pasado mes de abril y ejecuta la empresa Antroju SL por un importe de adjudicación de 571.758,23 euros y un plazo de ocho meses. La actuación tiene como objetivo la rehabilitación integral de las cubiertas, la consolidación estructural del edificio y la eliminación de las patologías provocadas por las filtraciones. De forma complementaria, está prevista la adecuación de la planta baja para su futura visita pública.

Durante estos cuatro meses, los trabajos previos han permitido conocer con mayor precisión el estado real del inmueble y descubrir elementos que permanecían ocultos tras intervenciones realizadas en distintas épocas.

Uno de los primeros trabajos ha sido la retirada de numerosos falsos techos. Los técnicos han localizado dobles falsos techos correspondientes a diferentes periodos, mientras que el desmontaje de los techos de cañizo ha requerido una intervención manual y selectiva debido a que los rollizos se encuentran embebidos en los muros. También se han localizado importantes sobrecargas en los forjados de madera. En ellos existían rellenos de gran espesor y elevado peso procedentes de actuaciones anteriores que no cumplen ninguna función estructural y que cargan innecesariamente unas vigas que presentan un estado de deterioro.

La intervención ha permitido además sacar a la luz una estructura mucho más compleja de lo que podía apreciarse a simple vista. Se han descubierto numerosos pilares de madera ocultos en los muros que reciben las cargas de las cerchas de la cubierta. En el patio, algunas columnas que aparentaban estar construidas con piedra artificial son en realidad revestimientos que esconden pilares estructurales de fundición de los siglos XIX y XX.

Un escudo de Castilla y León en el artesonado

El hallazgo más singular hasta el momento se encuentra en el artesonado policromado. Los trabajos de restauración han permitido identificar un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León. El mismo motivo aparece, junto a un león rampante con bordura de castillos vinculado a la heráldica histórica de Córdoba desde el antiguo sello del Concejo, documentado desde el siglo XIII, en el capitel del mainel de la ventana ajimezada de la fachada del inmueble.

Esta fachada, considerada la más antigua y mejor conservada del edificio, se asienta sobre la muralla romana. La presencia de este programa heráldico en diferentes elementos arquitectónicos refuerza, según la GMU, el excepcional valor histórico, artístico y simbólico del inmueble. Mientras avanzan los trabajos de investigación y consolidación, las obras se centran actualmente en el desmontaje de las tejas de la crujía sur, colindante con un bloque de apartamentos.

El diagnóstico realizado durante la intervención ha resultado más desfavorable que el establecido en el estudio de reconocimiento inicial elaborado por el laboratorio CEMOSA. Por el momento no se ha ejecutado ninguna reparación estructural definitiva, y los trabajos se han centrado en labores de prevención, investigación y estudio. Entre los principales problemas detectados destaca un importante ataque de termitas que afecta a numerosos elementos de madera y presenta indicios de actividad reciente o activa. La situación obligará a plantear un tratamiento integral específico contra estos insectos.

También se han localizado daños severos provocados por el agua. Entre ellos figuran los deterioros de las cabezas de las vigas de la entrada principal, afectados por filtraciones procedentes del balcón, y otros daños en la crujía situada hacia la calle Ambrosio de Morales. En algunas zonas ha sido necesario establecer medidas de seguridad y acordonar espacios.

La gravedad del estado de conservación ha obligado igualmente a realizar numerosos apeos. Se han apuntalado vigas y parte de los forjados de la planta baja y se ha ejecutado un apeo de urgencia en la cubierta de par y nudillo de la crujía Este debido a su mal estado. Ante la complejidad de la estructura mixta que está apareciendo durante la intervención, la GMU ha encargado a CEMOSA un nuevo y exhaustivo estudio estructural que permita evaluar el funcionamiento global del edificio y determinar con precisión el alcance de los daños.

La prioridad pasa ahora por la restauración integral de las cubiertas, considerada fundamental para garantizar la supervivencia del inmueble. La intervención tendrá que realizarse de forma sectorizada, debido a las diferentes características de las cubiertas: una zona oeste plana, una zona norte a un agua y las zonas sur y este a dos aguas con galerías.

También está pendiente la inspección de la estructura de la cubierta octogonal del patio central. Para poder acometerla y sustituir los elementos que se encuentren en mal estado será necesario instalar un gran andamiaje espacial que ocupará todo el patio. El montaje comenzará en los próximos días, después de haberse pospuesto para no interferir en las complejas labores de desescombro que se han desarrollado en el perímetro.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que la prioridad de esta primera fase es “salvar el edificio”, después de que los trabajos hayan puesto de manifiesto el avanzado deterioro que presentaba. “Se encontraba muy deteriorado y corríamos el riesgo de perder para siempre un importante elemento patrimonial de nuestra ciudad”, ha afirmado. Bellido ha asegurado que el Gobierno local continuará trabajando en la recuperación del inmueble para que, una vez finalizadas las actuaciones, pueda abrirse al público.

El alcalde ha destacado asimismo los elementos que están apareciendo durante la intervención, entre ellos el artesonado mudéjar policromado y los motivos que lo decoran, que permitirán recuperar parte de la historia de un edificio con una larga trayectoria vinculada a la ciudad.

Del Cabildo Viejo a la Real Academia

El inmueble municipal está catalogado con nivel de protección monumental (MV-41) y acumula varios siglos de historia. Entre los siglos XIV y 1583 fue sede del Cabildo Viejo de Córdoba. A partir de 1838 albergó la Fonda Rizzi, restaurante y Café Suizo. Posteriormente, entre 1928 y 1964, los actuales inmuebles de los números 9 y 9 bis fueron ocupados por la Oficina Principal del Monte de Piedad.

El 8 de enero de 1976 el edificio se convirtió en sede permanente de la Real Academia de Córdoba. En 1991 se elevó a pública la escritura de segregación y compraventa mediante la que el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba vendió al Ayuntamiento el inmueble objeto de la actuación, correspondiente al número 9 bis. Cinco años después, el 13 de junio de 1996, se formalizó la cesión gratuita del derecho de superficie a favor de la Real Academia de Córdoba por un periodo de 75 años.

En 1997 se incorporaron a la sede los inmuebles colindantes de los números 7 y 9. Posteriormente, la Academia renunció al derecho de superficie, con lo que el inmueble revirtió al Ayuntamiento de Córdoba.

La concesión provisional por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de una licencia de ampliación de actividad al restaurante Bodegas Campos para funcionar también como sala de fiestas ha motivado la presentación de alegaciones por parte de la Asociación Vecinal de Axerquía y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que consideran que el proyecto incumple diversa normativa y plantea riesgos para la seguridad de las personas usuarias.

Según las entidades vecinales, el establecimiento dispone de unos 1.800 metros cuadrados construidos, aunque el proyecto presentado para obtener la nueva licencia afecta únicamente a 122 metros cuadrados, incluidos dos aseos. Con esta actuación parcial, sostienen, el restaurante pretende regularizar una actividad que, según denuncian, lleva desarrollando desde hace décadas como sala de celebraciones sin la correspondiente licencia.

La nueva autorización permitiría al establecimiento aumentar significativamente su capacidad. En concreto, el proyecto contempla un aforo de 416 personas en un espacio de 106 metros cuadrados, además de ampliar el horario de apertura hasta las seis de la madrugada.

El presidente de la Asociación Vecinal de Axerquía, Rafael López, considera que la licencia constituye un “fraude de ley”, al entender que “insonorizando un espacio mínimo, y sin realizar una separación real de usos dentro del local, obtienen una licencia que duplica el aforo permitido, y que además no garantiza que las personas puedan estar en cualquier parte, patios incluidos, con las molestias que ello genera, hasta altas horas de la noche”.

Las alegaciones, que las asociaciones afirman haber elaborado con el asesoramiento de especialistas en derecho urbanístico y arquitectos, sostienen además que el proyecto presenta deficiencias que afectarían a la seguridad contra incendios. En este sentido, recuerdan que el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI) del Código Técnico de la Edificación prohíbe que las vías de evacuación de un establecimiento atraviesen otro local o sector que pueda encontrarse cerrado, bloqueado o sin supervisión.

A juicio de los firmantes, el hecho de que las personas asistentes al salón de celebraciones deban evacuar a través de un espacio que podría permanecer cerrado “invalida por completo las condiciones de seguridad, dimensionamiento de aforos y evacuación exigidas por ley”, por lo que consideran que esta circunstancia podría viciar de nulidad la licencia concedida.

Las asociaciones también denuncian que el proyecto incumple la normativa andaluza sobre calidad acústica y emisión de ruidos, además de presentar incongruencias en la diferenciación de usos de los distintos espacios y en los horarios de apertura previstos. El documento de alegaciones concluye cuestionando la actuación de la GMU, al denunciar una supuesta “patente arbitrariedad en la emisión de los informes técnicos favorables”, e insta al gobierno municipal a ejercer sus funciones de control y regulación.

Asimismo, las entidades enmarcan este caso dentro de una problemática más amplia que, a su juicio, afecta al Casco Histórico de Córdoba. Entre otras cuestiones, citan la proliferación de alojamientos turísticos, que consideran un obstáculo para acceder a una vivienda asequible y un factor de expulsión de la población residente; la saturación del espacio público por la celebración recurrente de eventos; la necesidad de culminar el mapa de ruidos incorporando el ocio nocturno; la falta de iniciativas de apoyo al comercio local y el abandono del mercado de La Corredera; así como la suciedad y el deterioro de diversas zonas del casco alejadas de los principales itinerarios turísticos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento en un litigio frente a una empresa inmobiliaria, que pretendía recuperar en los tribunales el importe abonado por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía.

El conflicto judicial se ha centrado en una autoliquidación practicada sobre una finca, por la cual la empresa solicitaba la rectificación y la devolución de 1.467,51 euros por ingresos indebidos. La entidad presentó su solicitud inicial en septiembre de 2024, pero tras no obtener respuesta municipal y agotar la vía administrativa mediante el Consejo Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas, decidió llevar el caso a los tribunales.

Sin embargo, el magistrado ha fallado a favor del consistorio al considerar que el derecho de la inmobiliaria a reclamar había prescrito. La sentencia aclara que, en el momento en que se presentó la solicitud de rectificación, el plazo legal de cuatro años para solicitar la devolución ya había vencido.

En este sentido, el fallo subraya que las doctrinas fijadas por tribunales superiores o resoluciones económico-administrativas no interrumpen ni reinician el plazo de prescripción para un contribuyente si este no participó directamente en esos pleitos anteriores. Es decir, el silencio administrativo del demandante le impide ganar después el proceso ante la justicia.

Como consecuencia, el juez ha declarado que la actuación municipal es conforme a Derecho y ha condenado a la inmobiliaria al pago de las costas procesales. Al tratarse de una resolución firme, no cabe contra ella ningún recurso ordinario.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha finalizado las obras de construcción e instalación del nuevo puente sobre el arroyo de Guadalbarbo, en la barriada de Alcolea. La nueva infraestructura, que fue adjudicada a la empresa Sepisur XXI, ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y desde la mañana de este jueves, día 30 de julio, ya está abierta al tráfico rodado en sus dos carriles.

Este nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, se sitúa a unos 50 metros, aguas abajo, del actual de Los Piconeros y, junto con los correspondientes ramales de acceso, dispone de un anchura de 10 metros, casi el doble que el actual, que permite la implementación de dos carriles de circulación de 3,50 metros de anchura.

La longitud total del nuevo puente es de 41,35 metros de luz sin ningún apoyo intermedio y se ha optado por la solución de puente mixto con losa de hormigón y arco metálico; para su implantación ha sido necesario expropiar un total de 3.266,46 metros de terrenos anexos a la obra.

Las obras comenzaron en el mes de julio de 2023, pero tuvieron que paralizarse pocos meses después por la redacción de un proyecto modificado para ejecutar trabajos de cimentación y consolidación de la losa central que no estaban previstos en el primer proyecto de obra. Este proyecto modificado ha supuesto un incremento en el presupuesto de un 14%.

La infraestructura construida permite, por un lado, proteger del deterioro por el tráfico el antiguo puente de Alcolea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, del otro, mejora la movilidad en la zona, con la implantación de los dos carriles de circulación, y especialmente el acceso a las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea, con las que conecta de forma directa.

En la mañana de este jueves, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, acudieron a la apertura al tráfico de este nuevo puente. Acerca de esta obra, el alcalde de Córdoba ha señalado que “con la reapertura al tráfico rodado finalizan los trabajos para una infraestructura muy necesaria en Alcolea. El nuevo puente mejora de forma sustancial la movilidad en todo este entorno y, además, nos permite proteger el antiguo puente que ahora quedará como paso peatonal, pero sin afección de tráfico de vehículos”, ha señalado Bellido que ha puesto de manifiesto que “ha sido una obra compleja que ha precisado de un modificado, pero que finalmente ha concluido y, como he señalado, supone un salto de calidad en la movilidad y en la preservación del patrimonio histórico de Alcolea”.

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha trasladado a Vimcorsa la necesidad de actualizar las ayudas de rehabilitación en todos sus aspectos, pero muy especialmente en el capítulo del apoyo a la ciudadanía frente a las Inspecciones Técnicas de Construcción y Edificación (ITCE), las conocidas como las 'ITV de los edificios', cuyo plazo de aplicación obligatoria se fue prorrogando, pero que ya tiene como último plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los inmuebles con más de 50 años se hagan con esta certificación.

Según ha detallado el Consejo en una nota, “ello afecta directamente a miles de inmuebles, que en total sumarían unas 45.000 viviendas, principalmente en el distrito Centro, pero también en los primeros barrios de expansión de la ciudad en el siglo XX, entre ellos numerosos edificios de Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa-Valdeolleros, Campo de la Verdad y Sector Sur”.

Así, han recordado que “no contar con el preceptivo informe podría tener consecuencias administrativas y jurídicas en el futuro para las comunidades y propietarios, aunque por ahora la administración no esté incidiendo en este aspecto ni contempla imponer sanciones de forma inmediata”.

En todo caso, han propuesto que “se vayan incrementando las ayudas a rehabilitación, ya que, derivados de esos informes de las ITCE, muchos propietarios tendrán que verse obligados después, en un plazo no muy largo, a solucionar las deficiencias que se detecten ya sean en seguridad, estructura, fachadas, instalaciones de agua y luz, accesibilidad o eficiencia energética”.

Al respecto, el CMC ha apuntado que “en este capítulo Vimcorsa sólo contempló en el pasado ejercicio un centenar de ayudas, a todas luces insuficientes para el volumen que se espera en los próximos meses y años”, a la vez que ha anunciado que también hará llegar “estas inquietudes y propuestas al nuevo equipo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, tanto como administración directamente competente en vivienda --recordándole la necesidad de que se trasladen fondos al Ayuntamiento para dotar las ayudas de Vimcorsa-- como a la hora de agilizar sus propios programas de subvenciones a la rehabilitación, que apenas han llegado en la ciudad a unas 15 en año y medio”.

Otras ayudas “necesarias” son las que se reclaman para instalar ascensores en edificios antiguos y, ahora, para adaptar los elevadores existentes a la nueva instrucción de seguridad y accesibilidad de obligado cumplimiento desde principios de año. Incluso, el CMC ha alertado de “las consecuencias de la imposición de la Unión Europea de retirar todo el amianto --material presente en uralita tan usada hace décadas-- en un plazo de cinco años, lo que originará también importantes gastos para muchas comunidades y propietarios”.

En un último capítulo, el Consejo ha planteado crear una línea de ayudas para comunidades a cargo de espacios de propiedad privada y uso público que, aunque ya se pueden beneficiar de convenios para su mantenimiento con la Delegación de Infraestructuras, “en ocasiones necesitan pequeñas inversiones para adaptarse a los requisitos mínimos que se piden”.

Prioridades por distritos y barrios

El CMC también ha reflejado todas estas inquietudes territorialmente, en consonancia con las demandas de los consejos de distrito y demás entidades y colectivos ciudadanos. Así, para Parque Figueroa ha citado “la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga su compromiso, e implicar en ello a la Junta, para la tercera fase del programa de rehabilitación energética, además de recuperar proyectos pendientes de la primera y segunda fase”.

Igualmente, el Consejo ha señalado a Ciudad Jardín como “un barrio prioritario a la hora de la rehabilitación de edificios”; además de “ir preparando intervenciones específicas en el Distrito de Levante y en otros barrios como Valdeolleros, sin olvidar mantener las líneas de ayudas para el casco histórico que permitan frenar los casos de inmuebles notablemente deteriorados e incluso con riesgo de derrumbe”.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto aprobar la próxima semana el Plan de Reforma Interior SC 2-b, promovido por la empresa Pogacor, para la construcción de unas 140 viviendas junto a la avenida de las Ollerías de Córdoba.

La actuación se centra en una superficie de 6.871,23 metros cuadrados de suelo urbano, situada entre el eje estructurador de la Avenida de las Ollerías y la calle San Juan de la Cruz. El objetivo fundamental del documento, redactado por el equipo de Giménez Soldevilla Asociados S.L.P., es la renovación de este espacio donde actualmente coexisten edificaciones de tipo industrial con viviendas de tipologías obsoletas.

El plan propone sustituir estas estructuras por un desarrollo residencial moderno bajo la ordenanza de Manzana Cerrada (MC-1), similar a la del entorno circundante, facilitando así la puesta en servicio y mejora de esta porción de la ciudad.

Uno de los puntos clave del diseño es la volumetría de los nuevos edificios. La ordenación establece diferentes alturas para armonizar con el entorno y, especialmente, para lograr el “sellado” o tapado de las medianeras vistas presentes en los límites sur y este del ámbito. En las zonas de mayor porte (denominadas zonas 3 y 4), el proyecto permite alcanzar una altura de planta baja más seis (PB+6), mientras que otras áreas se limitan a tres o dos plantas.

Además, el plan garantiza la conectividad peatonal con la calle Bailén. Esta comunicación se resolverá mediante la creación de un pasaje en planta baja dentro del volumen edificatorio, lo que permitirá una integración total del nuevo sector con las calles colindantes de la zona consolidada.

Nuevos espacios verdes y viales

La reforma no solo contempla viviendas, sino una cesión de suelo para uso público. En total, se destinan 1.236 metros cuadrados a zonas verdes, concebidas como una extensión del Jardín del Santo Cristo. Estos espacios libres se han diseñado para dar continuidad espacial al parque ya existente al otro lado de la avenida de las Ollerías.

En cuanto a la infraestructura vial, el proyecto incluye el ensanchamiento de la Avenida de las Ollerías y la creación de nuevos viales interiores que sumarán 1.692 metros cuadrados. Estas mejoras buscan optimizar la accesibilidad y la articulación de toda la pieza urbana.

La propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fechada en julio de 2026, contempla una aprobación inicial que dará paso a un periodo de información pública de veinte días. Durante este proceso se solicitarán informes a diversos organismos, como la Consejería de Vivienda, Salud y empresas suministradoras como Emacsa y Endesa.

Cabe destacar que la actuación no requiere una Evaluación Ambiental Estratégica. El equipo redactor y la Administración han justificado que, al tratarse de una reforma en un área ya urbanizada de escasa entidad (menos de una hectárea) y sin presencia de flora o fauna de interés, no se prevén impactos significativos sobre el medio ambiente.

Un decreto firmado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El Consejo de Distrito Centro y la Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta han denunciado la paralización del proyecto de remodelación de la avenida de las Ollerías. Ambas entidades han exigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) su intervención inmediata para reactivar los planes y proporcionar información detallada sobre el contenido, el presupuesto y los nuevos plazos previstos para la ejecución de las obras.

Las organizaciones vecinales han recordado que ya ha transcurrido más de un año desde que se anunció oficialmente la remodelación. En aquel momento, los técnicos de la GMU explicaron las características iniciales y llegaron a plantear plazos tentativos que, hasta la fecha, “no se han cumplido”. A pesar de haber solicitado información de forma reiterada en diversos organismos, como la Junta Municipal del Distrito Centro o el Consejo del Movimiento Ciudadano, los vecinos han denunciado que siguen sin obtener respuestas concretas por parte de la administración.

Los colectivos han subrayado que han cumplido con su parte del proceso mediante un intenso trabajo de participación ciudadana. Este esfuerzo incluyó el buzoneo informativo por toda la avenida, la habilitación de un correo electrónico para sugerencias y un encuentro vecinal en la Facultad de Ciencias del Trabajo celebrado en octubre. Fruto de este proceso, se entregó oficialmente un informe detallado con reclamaciones para que el proyecto respete la identidad de Ollerías, recordándole a la GMU que, además de ser una vía de tráfico, es una calle con numerosas viviendas y comercios.

Sin embargo, la respuesta por parte de la GMU desde entonces ha sido el silencio o la recepción de “vagas informaciones” sobre supuestos informes pendientes de Sadeco, Aucorsa o Movilidad. Los vecinos han lamentado que, incluso tras la publicación del Plan Director del Arbolado —que dedica un apartado específico a esta avenida—, no se haya resuelto un “atasco” administrativo cuya causa exacta a día de hoy desconocen.

Los sondeos arqueológicos para certificar la viabilidad del parking subterráneo 'Puerta de Córdoba' que se proyecta en la avenida de Vallellano han arrancado este miércoles con la firma del acta de replanteo y el vallado de la primera zona en la que se excavará. El objetivo de los cinco sondeos que se harán será comprobar los hallazgos arqueológicos que pueda haber en la zona para permitir la construcción de este aparcamiento, siguiendo el eje desde avenida del Aeropuerto hasta cruzar Vallellano hacia Fleming.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha visitado la zona y ha explicado que estos trabajos arqueológicos tienen un plazo de ejecución de tres meses -hasta mediados de octubre- y permitirán “asegurar la viabilidad” del parking, que se ha orientado en sentido transversal a la avenida Vallellano para evitar el hallazgo de restos arqueológicos de mayor importancia.

En la zona elegida se sabe que hubo una vaguada utilizada como vertedero de la ciudad en el siglo XIX. No obstante, habrá que esperar a lo que muestren los cinco sondeos, que tendrán unas medidas de 10x5 metros y alcanzarán una profundidad de 2,5 hasta 4,5 metros, en virtud de la cota arqueológica. Antes de estas excavaciones ya se hicieron unos primeros sondeos que mostraron la potencia estratigráfica de la zona, con lo que Urbanismo decidió la ubicación transversal del aparcamiento. La empresa Salsum Arqueología es la adjudicataria de estas obras y cuentan con un presupuesto de 135.500 euros.

La previsión de Urbanismo pasa por que no se hallen “hallazgos relevantes” y el aparcamiento pueda ejecutarse en la ubicación dispuesta. A la vez, desde la GMU se está redactando el proyecto del parking que se prevé licitar a finales de este año o comienzos de 2027, según los plazos dados por Torrico, que fecha a lo largo del próximo año el comienzo de las obras del parking.

La empresa que ejecute la construcción del aparcamiento 'Puerta de Córdoba' tendrá durante unos años la concesión de plazas del parking, que en todo caso será tanto de rotación como para residentes y dar respuestas a problemas de aparcamiento en zonas colindantes.

Los trabajos de excavación que ahora se inician supondrán afecciones al tráfico rodado en la zona y coinciden en estas primeras semanas con otros que se están ejecutando en Vallelano a cargo de Elecnor y de mantenimiento de arquetas. Conforme avancen las excavaciones, el área de Movilidad del Ayuntamiento dispondrá los cortes de carriles necesarios y las alternativas para la circulación.

La Asociación Vecinal Galea Vetus y el Consejo de Distrito Centro han denunciado que la retirada de los fondos presupuestados destinados al equipamiento de la plaza de San Agustín hacia la obra del cerramiento del estadio El Arcángel deja, un año más, sin perspectivas de ejecución este equipamiento cívico y vecinal largamente reivindicado y prometido.

Con fecha 7 de julio ambas entidades reclamaron al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo la reversión de la transferencia presupuestaria. También solicitaban un informe sobre el estado de las negociaciones con AVRA y copia electrónica del Proyecto de Rehabilitación, sin respuesta a esta fecha.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local consuma la transferencia de los fondos de Plaza de San Agustín 5 al proyecto de remodelación del cerramiento en la fachada de Preferencia del Estadio Bahrein Nuevo Arcángel.

Tanto el Consejo de Distrito Centro como la AV Galea Vetus anuncian que no cejarán en su empeño de conseguir el equipamiento, llevando a cabo las acciones reivindicativas necesarias para revertir el abandono del Casco Histórico, concretado en esta ocasión en la retirada de fondos de este proyecto.

La decisión del Ayuntamiento de Córdoba de solicitar a la Junta de Andalucía que estudie el ejercicio del derecho de retracto sobre los antiguos cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia ha reabierto un nuevo debate jurídico sobre el alcance real de esa figura prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, remitió este miércoles un escrito a la Consejería de Cultura en el que sostiene que la Administración autonómica podría subrogarse en la compraventa de los tres inmuebles al considerar que se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba y que la transmisión se habría producido sin la comunicación previa prevista en el artículo 17 de la Ley 14/2007.

En el posterior Pleno, Bellido insistió varias veces en que es la Junta la que tenía ese derecho preferente a adquirir los tres cines sobre el Ayuntamiento, a pesar de que él mismo, como alcalde, renunció dos veces a ejercerlo sin mencionar dicha preferencia en ningún momento del proceso (ni en 2025, ni en 2026, cuando finalmente el empresario Antonio Amil compró los cines).

Este viernes, fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura y Turismo han confirmado a este periódico que ninguno de los cuatro cines de verano de Córdoba —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— figura inscrito individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni forma parte de manera individual del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ese dato resulta relevante porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico limita expresamente el derecho de tanteo y retracto a los bienes inscritos en el Catálogo General. En el caso concreto de los Conjuntos Históricos, como ocurre con el casco histórico de Córdoba, la norma restringe además esa posibilidad a tres supuestos: inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General, aquellos expresamente señalados en las instrucciones particulares o los que, además de encontrarse dentro del Conjunto Histórico, estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La confirmación de la Junta implica que los antiguos cines no cumplen, al menos, dos de esos requisitos esenciales, al no estar inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico. Queda por dilucidar si, por el hecho de que formen parte del Conjunto Histórico de Córdoba y que éste sí goce de protección patrimonail, le otorga al Gobierno Andaluz la capacidad de ejercer el derecho de retracto. Desde el Gobierno Andaluz, por el momento, solo han dicho que ésta es “una cuestión interpretable” que aún no se ha valorado.

Una cuestión ya planteada tras la compraventa

La posibilidad de que la Junta pudiera intervenir en la operación ya fue analizada por este periódico cuando se supo que se había formalizado la venta de los inmuebles el pasado mes de mayo. En aquel momento, Cordópolis consultó tanto con el Gobierno Andaluz como con expertos jurídicos que participaron en la operación.

Estos últimos transmitieron entonces que la notificación remitida a la Administración autonómica tuvo un carácter exclusivamente formal, al entender que la Junta carecía de herramientas legales para ejercer un derecho de adquisición preferente sobre unos inmuebles que no cuentan con protección patrimonial autonómica específica.

Esas mismas fuentes sostenían que la protección de los cines es exclusivamente urbanística. Los tres recintos aparecen recogidos en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”, una figura que preserva el destino general de los espacios, pero que no equivale a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos.

Esa protección urbanística impide determinadas transformaciones urbanísticas, pero no activa por sí sola el régimen de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Ayuntamiento, sin embargo, ahora sostiene que la Junta debería, como mínimo, estudiar si esto es así.

La interpretación del Ayuntamiento y la del propietario

El Ayuntamiento sostiene que concurren las circunstancias necesarias para que la Junta estudie el ejercicio del derecho de retracto y ha pedido formalmente a la Consejería que analice la operación. El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido desde que trascendió la compraventa que el Consistorio no podía intervenir directamente, en base a dos informes.

Esos dos informes son uno de 2024 del secretario del Pleno centrado en si el Consistorio podría llevar a cabo la actividad de cines de verano y otro de este año 2026 centrado en los efectos que tenía el cambio de propietario en el alquiler para eventos municipales de los cines que mantiene desde hace años el Gobierno Local. La realidad es que ninguno de esos dos informes mencionan en ninguna parte que es la Junta de Andalucía la que tiene preferencia en el derecho de tanteo y retracto.

Por su parte, el actual propietario insiste en que toda esta cuestión se estudió desde el principio y que la Junta de Andalucía no tiene el derecho de tanteo y retracto, que corresponde al Ayuntamiento por tener alquilados los cines hasta octubre (de hecho, Amil ha avanzado que en los próximos días volverá a ofrecerles el derecho de tanteo, ya que ha recibido una nueva oferta de 850.000 euros por los cines y entiende que el Consistorio tiene preferencia sobre el posible comprador).

En cualquier caso, el Ayuntamiento lo que ha pedido es que sea la Administración autonómica la que deba pronunciarse sobre esa interpretación jurídica y determinar si concurren o no los presupuestos legales para ejercer el retracto solicitado por el Ayuntamiento. Si la Junta dice que sí, técnicamente estaría dentro del plazo de seis meses para adquirirlos por 300.000 euros (ese fue el precio por los que los compró Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo). Si dice que no, el capítulo se tendrá que dar por cerrado.

La Junta pide tiempo

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este periódico evitan adelantar cuál será el criterio jurídico definitivo sobre la petición remitida por el alcalde y recuerdan que el departamento acaba de iniciar una nueva etapa tras los recientes cambios en el Gobierno andaluz.

“Es un tema que se va a estudiar y que queremos ver con todas las garantías, pero es que aún no ha dado tiempo”, señalan las mismas fuentes, que piden paciencia hasta que el nuevo equipo de la Consejería de Cultura tome posesión y pueda analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento antes de adoptar una decisión.

El propietario de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, Antonio Amil, volverá a ofrecer al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo sobre los tres inmuebles, esta vez a partir de una oferta de compra de 850.000 euros presentada por una asociación cordobesa vinculada a las artes escénicas.

Según ha explicado el empresario en declaraciones a Cordópolis, el escrito será registrado entre este viernes y comienzos de la próxima semana y permitirá al Consistorio decidir si iguala las condiciones económicas de la operación para adquirir los espacios.

Amil asegura que la entidad interesada desarrolla desde hace años su actividad en Córdoba y ha diseñado un proyecto cultural que compatibiliza la conservación de los antiguos cines con una programación estable de artes escénicas y actividades para los barrios. Aunque ha rehusado identificar a la asociación hasta que se formalice la comunicación al Ayuntamiento, sostiene que se trata de una iniciativa “muy atractiva” para la ciudad y que él mismo continuaría vinculado al proyecto como colaborador.

Asimismo, el propietario afirma que ha rechazado otras ofertas de compra porque considera que esta propuesta garantiza la continuidad del uso cultural de los tres recintos. “Queremos que esos espacios sigan teniendo cultura”, ha señalado Amil, que sostiene que esta nueva operación supone, a su juicio, que el Ayuntamiento sí dispone ahora de una vía para hacerse con los inmuebles si realmente existe voluntad política.

Fórmulas administrativas

“Le vamos a hacer llegar al Ayuntamiento un nuevo derecho de tanteo para que decida si quiere comprar o no los espacios”, ha insitido, antes de discrepar de la interpretación jurídica defendida por el equipo de gobierno municipal en torno al derecho de retracto.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que únicamente la Junta de Andalucía podría ejercer esa facultad sobre los inmuebles, Amil insiste en que la Administración autonómica carece de esa competencia porque los cines no están declarados individualmente como bienes protegidos dentro del Catálogo al que hace mención la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, según el equipo jurídico, sí que tiene ese derecho, puesto que mantiene un alquiler sobre dos de los tres espacios (y que sigue vigente hasta octubre, mes a partir del cual no se renovará).

Respecto al futuro de los cines, mantiene que el cierre de este verano no responde a una falta de interés empresarial, sino a la imposibilidad de obtener las autorizaciones necesarias para proyectar películas con seguridad jurídica. A su juicio, existen fórmulas administrativas para compatibilizar la actividad cinematográfica durante los meses estivales con el resto de usos culturales previstos para estos espacios.

Finalmente, el propietario asegura que continuará buscando soluciones que permitan mantener el carácter cultural de los tres antiguos cines de verano, ya sea mediante la adquisición por parte del Ayuntamiento o a través del proyecto impulsado por la asociación cordobesa interesada en la compra.

Hasta hace 40 años la Nacional IV atravesaba buena parte del casco urbano en dirección a Cádiz. Un torrente de coches y vehículos de gran tonelaje ejecutaban cada día una violenta fractura en el corazón de la ciudad, desde la Avenida de Libia a Ronda de los Mártires, hasta embocar en el Paseo de la Ribera antes de enfilar por el Puente de San Rafael.

El impacto urbano, en términos de polución y caos circulatorio, resulta hoy inimaginable. La ronda sur permitió en 1985 desviar el tráfico rodado y liberar a Córdoba de un pesado yugo que degradó la vida ciudadana hasta cotas inasumibles. Hubo que esperar unas cuantas décadas para que la Ribera recuperara uno de los espacios más privilegiados de la ciudad. Pocos dudan hoy de que la integración del río ha sido todo un éxito. Con un pequeño olvido: la Avenida del Alcázar.

Si usted abre Google Maps, observará que entre el Molino de la Albolafia y el Puente de San Rafael hay una vía de alta capacidad con cuatro carriles. En este tramo de casi 500 metros de largo y 16 de ancho aún pervive la vieja N-IV, que fue desviada en los años cincuenta para evitar dañar al Puente Romano. Uno de los carriles fue reconvertido para el tránsito de bicicletas, pero el resto sigue intacto, incluidas sus estrechas aceras invadidas por enormes farolas de hierro fundido.

La calzada presenta un aspecto fantasmal. El tráfico es prácticamente nulo y muy pocos peatones se atreven a transitar un espacio excepcional aunque deshabitado en pleno corazón del casco histórico. Desmantelar este agujero negro de cuatro carriles e integrarlo en el gran paseo fluvial del Guadalquivir es una de las asignaturas pendientes del Plan del Río. Ya el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 asumió la necesidad de eliminar esta infraestructura viaria que quebraba la ciudad en su conexión con el río y ocasionaba un impacto muy negativo.

En 2003 el Plan Especial de Protección del Casco Histórico avanzó en esa idea. La movilidad de la zona vieja debía reconfigurarse y progresar gradualmente hacia la peatonalización. Aunque fue el Plan Especial del Alcázar, elaborado en 2009, el documento que con más precisión urgió a la liquidación de la avenida a la vez que proponía por primera vez soluciones concretas. “Se busca devolver al recinto histórico amurallado una imagen similar a la que tenía antes de la construcción de la Avenida del Alcázar”, indica expresamente el texto.

El informe técnico ya dibujaba un nuevo espacio sin la calzada de cuatro carriles y la extensión de los Jardines del Alcázar hasta la orilla del río. El paseo bajo, hoy solitario y abandonado, quedaría absorbido por la recuperación del recinto amurallado original. “Se trata de establecer una continuidad entre espacios construidos y naturales, haciendo permeables los diferentes recintos, mediante la apertura de conexiones históricas actualmente perdidas o cegadas”, anuncia el Plan Especial. Se refería concretamente a la Puerta de los Sacos, el pasadizo entre los Jardines del Alcázar y Caballerizas, y la Puerta Barroca.

La propuesta contemplaba la creación de “pasarelas ligeras” que se adentren en los Sotos de la Albolafia con un “carácter lúdico” al objeto de “hacer presente” el río Guadalquivir. “Se busca la aproximación al agua y la creación de nuevos miradores y observatorios”, señala el documento. La intervención también preveía la eliminación del relleno sobre el que se asentó la Avenida del Alcázar en los años cincuenta y la recuperación de la rasante original, que descendía progresivamente hacia la Avenida del Corregidor.

Se está perdiendo un potencial tremendo de un paseo que conecte el Molino de la Albolafia con el Botánico

Rafael Obrero — Arquitecto

El muro que actualmente cierra los Jardines del Alcázar no tiene ningún valor histórico y sería suprimido. Como alternativa, los redactores sugerían algún tipo de torno flexible para controlar el flujo de turistas, ya que el nuevo paseo resultante tendría carácter abierto y público.

La reordenación del Alcázar y su integración en los márgenes del Guadalquivir es una asignatura pendiente desde hace cuatro décadas. El informe técnico fue guardado en un cajón y ningún equipo de Gobierno local ha puesto en marcha una reforma que, a todas luces, se antoja impostergable. Tampoco el Ayuntamiento presidido por José María Bellido, que ha rehusado responder a las cuestiones planteadas por este periódico.

Expertos consultados por Cordópolis subrayan la importancia capital de este tramo para comprender la historia de Córdoba hasta el siglo XIV. “Ahora mismo está irreconocible y es una pena”, indica un especialista con largos años de trayectoria. Se trataría de la operación más importante que queda por hacer en el corazón de la ciudad histórica y su impacto sobre el conjunto patrimonial sería extraordinario, sobre todo tratándose de una de las puertas de entrada a Córdoba.

Juan José Giner fue concejal de Urbanismo con Herminio Trigo, justo en los años en que se redactó el PGOU de 1986. “En ese plan ya se preveía incorporar los jardines del río con los del Alcázar y cerrar el tráfico de la avenida”, explica Giner, hoy presidente del Consejo del Distrito Centro. El dirigente vecinal es partidario de actuar en la zona, restringir el tráfico y recuperar la avenida como parte de los Jardines del Alcázar. “Es una oportunidad también para hacer un planteamiento global que incluya el paseo bajo y Caballerizas”.

El portavoz ciudadano apuesta por un “tratamiento ajardinado” en todo el espacio y un “paseo de sombra” con abundante arboleda entre la Noria de la Albolafia y el Puente de San Rafael. Giner confía en que los técnicos ejecuten un proyecto que integre adecuadamente el actual recinto del Alcázar con la terraza inferior del río y busquen soluciones para estimular que los ciudadanos reocupen un lugar hoy marginal y aislado. La remodelación urbanística, a juicio del portavoz vecinal, transformará “sustancialmente” la zona y pondrá a disposición de los cordobeses una nueva área de esparcimiento en el casco histórico.

“La actuación potente es la eliminación de la calzada y la recuperación de la topografía original descendente hasta el río”, razona el arquitecto Rafael Obrero, gerente de Vimcorsa entre 2007 y 2011. La intervención permitiría, además, no únicamente ampliar los Jardines del Alcázar y ponerlos en valor sino prolongar el paseo bajo, hoy infrautilizado, hasta el Botánico a través del pasadizo inferior del Puente de San Rafael. “Yo creo que se está perdiendo un potencial tremendo con ese paseo bajo que conecta la Noria de la Albolafia con el Molino del Museo de Paleobotánica y continúa hasta el Puente de Ibn Firnás”, explica el experto. “Y eso es una maravilla”.

Ese paseo se encuentra hoy fragmentado, sucio y casi impracticable, únicamente usado por senderistas y corredores que se atreven a transitarlo ocasionalmente. “No hay un esfuerzo municipal por mantener aquello en condiciones y yo creo que para ofrecer una cierta sensación de seguridad se podrían habilitar una serie de microusos, como un quiosco de bebidas u otras actividades, que incentivaran la afluencia de público”.

Esta avenida tiene que tener un tratamiento ajardinado y convertirse en un paseo de sombra

Juan José Giner — Presidente del Consejo de Distrito Centro

El desmantelamiento de la calzada de cuatro vías y la extensión de los Jardines del Alcázar hasta el Guadalquivir tendría además consecuencias bioclimáticas notables. “Tal como está aquello ahora, por lo pronto, actúa como una estufa magnífica que le está metiendo entre 5 y 6 grados a toda la zona”, reflexiona Obrero. “Está más que demostrado que esas lonchas de asfalto negro son un absorbente de calor tremendo, sobre todo a partir de estas fechas. Y lo segundo es que aquello es hoy un desierto que para nada apetece transitar”. Lo deseable, en opinión del arquitecto, sería habilitar un paseo sombreado que arrancase en el Molino de la Albolafia y llegara hasta prácticamente el Parque Cruz Conde.

Es probable que la remodelación tuviera que contemplar la necesidad de perfilar una vía de emergencia que permitiera el paso de vehículos sanitarios en dirección al Hospital Reina Sofía. “Esa es la única salvedad que habría que plantear ahí. El resto sería absolutamente peatonal y renaturalizado”, subraya.

Una intervención de esta índole impulsaría un “cambio drástico” de la zona similar al que desencadenó la reforma de la Puerta de Puente a principios de milenio. Aquella operación propulsó sustancialmente el casco histórico hasta el punto de convertir las inmediaciones de la Mezquita y el Puente Romano en uno de los corredores peatonales más frecuentados de la ciudad. “Mucha gente del barrio del Parque Cruz Conde, que ahora siente un rechazo porque es una zona árida, tendría un incentivo para acercarse al nuevo paseo del Alcázar”, afirma Obrero, que colabora como asesor técnico para Córdoba Ecuestre.

La reforma global del Alcázar-Caballerizas Reales incluye la actuación sobre la huerta y también sobre la muralla histórica de la Avenida del Corregidor, cuyo foso hoy es usado como aparcamiento de vehículos. El arquitecto considera que ese impacto visual debe ser suprimido en un futuro no lejano. “En una muralla de cientos de años no puedes tener los coches aparcados. Un monumento como este debe ser tratado dignamente”, zanja el experto.

Nuevo cambio de postura del Ayuntamiento de Córdoba respecto a los cines de verano. El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este miércoles una propuesta de declaración institucional dirigida al resto de grupos políticos para establecer una “hoja de ruta seria, cierta y posible” que garantice la protección de los antiguos cines de verano del casco histórico.

Aunque lo cierto es que el plan del Consistorio pasa por transformar estos espacios en “refugios climáticos” e “islas verdes urbanas”, integrándolos en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), sin entrar a gestionar la proyección de películas en el periodo estival, Torrico ha confirmado que la intención del Ayuntamiento es incorporar estos recintos al patrimonio público municipal, preferiblemente mediante una “negociación y adquisición voluntaria”, aunque sin descartar incluso la expropiación.

En este sentido, ha recordado que la oferta de 300.000 euros —la misma cantidad por la que el actual propietario adquirió los inmuebles— sigue sobre la mesa, a pesar de haber sido rechazada inicialmente. No obstante, el portavoz ha advertido que, si no se alcanza un acuerdo y el planeamiento reserva estos suelos para fines públicos, el Ayuntamiento analizará el uso de otros mecanismos legales, incluida la “expropiación por razón de interés público o utilidad social”.

El precedente del tanatorio de la Fuensanta y el desconocimiento sobre la Filmoteca

Lo que no cambia es que Torrico insiste por activa y por pasiva que el Ayuntamiento no puede asumir directamente la gestión de la actividad cinematográfica. Según ha explicado, el cine de verano es una actividad privada que opera en el mercado y el Consistorio no puede “mantener artificialmente negocios privados que no resulten viables” ni garantizar su rentabilidad.

Para justificar esta postura legal, Torrico ha puesto como ejemplo el fallido proyecto del tanatorio municipal de San Rafael. En aquel caso, ha recordado, los tribunales dieron la razón a los propietarios de tanatorios privados que denunciaron al Ayuntamiento por “vulnerar la libre competencia desde lo público”, lo que impidió que el proyecto municipal viera la luz.

También ha puesto como ejemplo a la Filmoteca de Andalucía (que sería el modelo clave que muestra que una administración pública sí puede proyectar películas aunque exista actividad comercial privada). Torrico, en este caso, ha errado al decir que no se cobra entrada en este espacio, cuando asistir a una proyección tiene un precio de 90 céntimos y basta mirar en internet para cercionarse).

No obstante, ha argumentado que sería “casi imposible” justificar la prestación del servicio de cine desde el ámbito público sin entrar en conflicto con el mercado, por lo que la proyección de películas solo se contempla como un “uso cultural compatible, estacional y complementario”, pero nunca como el destino primordial del suelo.

Torrico ha insistido en que, con esta iniciativa, el equipo de gobierno pretende “despejar cualquier duda” sobre el futuro de estos suelos y evitar rumores sobre posibles usos especulativos, como la construcción de viviendas o aparcamientos. La estrategia municipal busca que estos espacios sigan siendo equipamientos públicos dedicados a la convivencia vecinal, la cultura y la adaptación climática, asegurando su preservación como espacios abiertos y sombreados en el corazón del casco histórico.

En esta línea ha advertido de que, si no se alcanza un consenso antes del próximo lunes con el PSOE y Hacemos, que llevarán una moción sobre los cines de verano, el Partido Popular presentará una moción propia en el próximo pleno. Al ser preguntado por la diferencia entre esta nueva propuesta y la moción aprobada unánimemente en 2023, el portavoz ha asegurado que aquella iniciativa se centraba en solicitar la declaración de los cines como Bien de Interés Cultural (BIC).

Torrico ha señalado que no descarta incorporar dicha petición a la propuesta actual si el resto de grupos lo considera oportuno, aunque ha matizado que la protección urbanística del PGOM es lo “fundamental” para evitar que el suelo se use con fines lucrativos

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha iniciado las obras del Proyecto de Urbanización y Ampliación de la calle Sierra Nevada en las que se contempla, entre otras actuaciones, el soterramiento de línea de alta tensión de doble circuito de 66 kV, una actuación promovida por la GMU, redactada por Giménez Soldevilla Asociados SLP, y ejecutada por la empresa Jicar, con un presupuesto de adjudicación de 1,5 millones.

Según ha informado el Ayuntamiento, la intervención se desarrolla en el borde oeste de la barriada de Las Palmeras, en el ámbito comprendido entre la conexión con el vial del sector Huerta Santa Isabel Oeste y la glorieta de la carretera de Palma del Río, A-431. El proyecto tiene como objetivo mejorar la funcionalidad viaria de la zona, reforzar la seguridad de las infraestructuras existentes y dar continuidad a la ordenación urbana prevista en este sector de la ciudad.

La actuación contempla la reforma y ampliación de la calle Sierra Nevada, que pasará de su configuración actual a una sección con cuatro carriles de circulación, incorporando nuevos acerados, banda de aparcamiento, carril bici, ordenación del tráfico y mejora de las conexiones con las calles adyacentes de la barriada, entre ellas Sierra de Grazalema, Sierra de Aracena, Sierra de Guadarrama e Ingeniero Benito de Arana.

En este sentido, uno de los trabajos más relevantes será el soterramiento de la línea aérea de alta tensión de doble circuito de 66 kV, actualmente apoyada sobre postes en el entorno de la actuación. Esta operación permitirá eliminar elementos aéreos existentes, mejorar la integración urbana del ámbito y aumentar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

El proyecto incluye también la renovación del alumbrado público, con nuevas luminarias de tecnología LED, la adecuación de la red de imbornales y drenaje a la nueva sección viaria, la reposición y mejora de pavimentos, bordillos y señalización, así como actuaciones de jardinería, arbolado, riego y mobiliario urbano. La intervención se ha diseñado además con criterios de accesibilidad, incorporando pasos peatonales adaptados y pendientes compatibles con la normativa vigente.

El ámbito total de actuación alcanza aproximadamente los 9.500 metros cuadrados, con una longitud de eje viario cercana a los 400 metros. El plazo de ejecución previsto en el proyecto es de 14 meses desde el acta de replanteo. La empresa ejecutora coordinará el desarrollo de los trabajos con la dirección facultativa, la Gerencia Municipal de Urbanismo y las compañías suministradoras implicadas, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, la seguridad durante los trabajos y la continuidad de los servicios existentes.

“Con esta actuación, la calle Sierra Nevada se convertirá en un eje urbano de mayor capacidad, mejor integrado en su entorno y preparado para absorber las conexiones futuras con el desarrollo del sector Huerta Santa Isabel Oeste, contribuyendo a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana del borde oeste de Córdoba”, ha señalado el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico.

Las piscinas siguen multiplicándose en Córdoba. Y a un ritmo muy notable. Los últimos datos del Catastro sobre piscinas no cubiertas, correspondientes al ejercicio 2025, reflejan que la capital ha alcanzado las 12.330 instalaciones, una cifra que supone 410 más que hace un año, cuando el registro contabilizaba 11.920.

El incremento, del 3,4% en apenas 12 meses, confirma una tendencia al alza que se mantiene desde hace años y consolida a Córdoba como la ciudad española con mayor número de piscinas en relación a su población, muy por encima de otras ciudades con muchos más habitantes.

Con 323.262 habitantes, la ciudad de Córdoba dispone de una piscina por cada 26 vecinos, lo que equivale a 38 piscinas por cada 1.000 habitantes. Por comparar, basta mirar a la capital de reino. Madrid, con casi 3,5 millones de habitantes, suma 15.076 piscinas, apenas 2.700 piletas más que en la capital cordobesa.

Una capital donde la evolución es aún más evidente si se amplía la mirada. En 2019, antes de la pandemia, el municipio contaba con 11.266 piscinas, de modo que en siete años (de los que seis han sido de situación de sequía técnica), la ciudad ha incorporado 1.064 nuevas instalaciones, un crecimiento cercano al 9,5%.

La provincia también crece

El aumento no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia, los municipios distintos de Córdoba capital reúnen ya 22.344 piscinas, frente a las 20.774 contabilizadas en 2025. Es decir, han sumado 1.570 nuevas piscinas en un solo año, un incremento del 7,6%.

Si se compara con 2023, cuando el resto de municipios contabilizaban 20.465 piscinas, el crecimiento alcanza las 1.879 instalaciones, un 9,2% más.

En total, la provincia de Córdoba registra 34.674 piscinas no cubiertas, resultado de las 12.330 de la capital y las 22.344 repartidas por el resto de municipios. Los datos llegan, además, tras el primer año marcado por una mayor normalidad hídrica después de varios ejercicios condicionados por la sequía y las restricciones de agua.

Tras la capital, los municipios con mayor número de piscinas son Lucena, con 2.006; La Carlota, con 1.345; Montilla, con 1.297; Cabra, con 1.225; Puente Genil y Priego de Córdoba, ambos con 1.076; Almodóvar del Río, con 905; Baena, con 728; y Palma del Río, con 675.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la redacción del proyecto para transformar parte de las Caballerizas Reales en un nuevo espacio museístico. Se trata de la zona que el alcalde, José María Bellido, quiere destinar como subsede del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, con el cual ya ha firmado un protocolo, en medio de una intensa polémica.

La actuación, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, contempla el proyecto de adecuación de la planta primera de los edificios norte y este con el objetivo de convertirlos en un referente cultural. El contrato para la redacción cuenta con un presupuesto de 207.571,97 euros (IVA incluido), aunque servirá de base para unas obras cuyo presupuesto de ejecución material se estima en 2.450.672,64 euros.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la incorporación obligatoria de la metodología BIM (Building Information Modeling), un sistema de trabajo digital que permitirá crear un modelo virtual del edificio, conocido como “gemelo digital”. Este enfoque garantizará una gestión avanzada de la información conforme a estándares internacionales, y exigirá la figura de un BIM Manager que coordine todo el proceso y asegure la correcta integración de los datos entre disciplinas.

El contrato se ha organizado en cuatro ámbitos técnicos diferenciados para garantizar la especialización de cada fase del proyecto. El primero corresponde a arquitectura y estructuras, que concentra el 45% del presupuesto y abarca el diseño arquitectónico, el refuerzo de muros portantes y la creación de nuevos forjados de madera. El segundo se centra en la restauración patrimonial, con actuaciones sobre los muros de ladrillo, el artesonado de madera y el lienzo de la muralla romana situado en el pabellón Este, uno de los elementos de mayor valor histórico del conjunto.

El tercer ámbito corresponde a las mediciones y la seguridad, donde se evaluará la viabilidad económica del proyecto y se garantizará el control de calidad, asegurando que todas las mediciones estén vinculadas y sean trazables a partir del modelo digital. El cuarto bloque se ocupa de las instalaciones, y definirá los sistemas de climatización, iluminación LED, seguridad y telecomunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento del espacio como museo.

La intervención afecta a una superficie útil de 3.351,83 metros cuadrados (5.213,89 construidos) en un inmueble de alto valor patrimonial y que cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial, clasificado como nivel 0 de conservación integral. Tras anteriores actuaciones de consolidación estructural y rehabilitación de cubiertas, esta parte del edificio presenta actualmente una configuración diáfana, con arquerías de medio punto que han quedado plenamente visibles.

Las empresas adjudicatarias dispondrán de un plazo de seis meses para entregar la documentación completa, que se desarrollará en tres fases: una primera de modelado y definición patrimonial, una segunda de integración de instalaciones y coordinación espacial, y una última centrada en la obtención de mediciones y la elaboración del presupuesto.

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al gobierno de José María Bellido de haber justificado con “mentiras y falsedades” la renuncia del Ayuntamiento de Córdoba a ejercer el derecho de tanteo sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, una operación que, a juicio de los socialistas, ha supuesto la pérdida de “una oportunidad histórica” para incorporar estos inmuebles al patrimonio municipal.

La denuncia del PSOE llega después de recibir la respuesta oficial del Ayuntamiento a una petición de acceso a la documentación que sustentó la decisión de no ejercer el derecho de tanteo. En el escrito, firmado por el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, se comunica al portavoz socialista que ya ha tenido acceso a “toda la documentación obrante en el expediente de referencia”, sin que, según sostiene el PSOE, exista el informe jurídico al que el portavoz del gobierno municipal hizo referencia durante el último Pleno municipal.

La respuesta municipal se limita a indicar que toda la documentación disponible ya fue facilitada al grupo socialista, cuyo portavoz, Antonio Hurtado, sostiene que esta respuesta confirma que el informe jurídico citado por Torrico en el Pleno “no existe”, pese a que fue utilizado para defender que el Ayuntamiento no podía ejercer el derecho de tanteo cuando se iba a hacer efectiva la compra de los tres cines.

Durante el debate plenario, Torrico aseguró que una técnico administrativa general del departamento de Contratación había informado de que “no cabe ni el derecho de tanteo ni el retracto que podamos ejercer unilateralmente como administración”, al considerar que la operación quedaba sometida exclusivamente al derecho civil y fuera del ámbito de la contratación administrativa. Torrico llegó a leer literalmente algunos párrafos en el Pleno y, según explicó entonces, esa circunstancia obligó al Ayuntamiento a limitarse a tomar conocimiento de la comunicación remitida por los propietarios y, en caso de mantener interés en la adquisición, negociar una compra por la vía civil, que se intentó precisamente un día después de la sesión plenaria.

Sin embargo, el PSOE sigue sin tener acceso al documento y considera por tanto que la respuesta oficial del Ayuntamiento desmonta esa versión al no existir, según afirma, ningún informe jurídico que avalara dicha interpretación. Además, recuerda que el propio gobierno municipal llegó a plantear una oferta de compra por unos 300.000 euros, circunstancia que, a su juicio, evidencia que sí existía margen para intervenir en la operación.

Para los socialistas, la renuncia al ejercicio del derecho de tanteo se produjo en dos ocasiones (en 2025 y en 2026) y ambas decisiones se adoptaron “sin informe técnico alguno”, lo que, en su opinión, ha generado un importante perjuicio económico para las arcas municipales y ha impedido que Córdoba incorporara tres espacios con un importante valor cultural y patrimonial.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas por una actuación que califica de “grave” y acusa al ejecutivo de Bellido de haber intentado justificar la pérdida de los cines de verano con argumentos que, a la vista de la documentación recibida, considera falsos.

Este periódico ha solicitado el informe jurídico al Ayuntamiento de Córdoba, sin haber obtenido respuesta, en el momento de publicar esta noticia.

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha adjudicado las obras del futuro Parque Poniente Miralbaida, una de las grandes zonas verdes aún pendientes de ejecución en la ciudad y que supondrá la creación de un nuevo espacio de unos 90.000 metros cuadrados en el entorno oeste de la capital. La actuación ha sido adjudicada a la empresa cordobesa Jiménez y Carmona (Jícar), que ejecutará los trabajos por 4.591.950 euros, según consta en el documento de adjudicación al que ha tenido acceso este periódico.

La adjudicación pone fin al proceso de licitación iniciado el pasado año y permite encarar la construcción de uno de los proyectos más relevantes del denominado Anillo Verde de Córdoba. Según la documentación oficial, al concurso se presentaron doce empresas y varias ofertas fueron descartadas por considerarse anormalmente bajas.

El contrato salió a licitación con un presupuesto base de 5,08 millones de euros, aunque finalmente la oferta presentada por Jícar rebajó el coste hasta los 3,79 millones de euros sin impuestos, lo que eleva el importe total a 4,59 millones con IVA. El acuerdo de adjudicación fue adoptado el pasado 16 de junio y la formalización definitiva se producirá una vez transcurra el plazo legal para la presentación de recursos.

El proyecto permitirá ampliar la urbanización del Anillo Verde en el extremo occidental de Córdoba, sobre los terrenos reservados como espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbana situados entre los barrios de Miralbaida y Electromecánicas, por un lado, y Santa Isabel, por otro. La nueva zona verde ocupará una superficie cercana a los 90.000 metros cuadrados.

La actuación contempla la ejecución de caminos peatonales, la instalación de redes de riego, la plantación de arbolado y zonas ajardinadas, así como la colocación de mobiliario urbano, equipamientos y alumbrado. El plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

La construcción del Parque Poniente Miralbaida constituye una de las grandes asignaturas pendientes del desarrollo urbanístico de la ciudad y representa el penúltimo gran parque aún sin ejecutar en Córdoba. Con su puesta en marcha, el Consistorio continuará avanzando en la configuración del cinturón verde previsto alrededor del casco urbano.

La licitación de estas obras fue aprobada por Urbanismo el pasado verano y suponía desbloquear una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona. El parque está llamado a convertirse en uno de los principales pulmones verdes del distrito Noroeste y a conectar diferentes barrios mediante una gran franja ambiental.

Los trabajos de conservación y recuperación de la Ermita de la Aurora, que comenzaron el pasado mes de marzo y contaban con cuatro meses de plazo y un presupuesto de 43.142,72 euros, tendrán que prolongarse al hallar mayores afecciones en este enclave y tener que sumar actuaciones para acometer su rehabilitación total.

Así lo plantea un informe del Servicio de Actuaciones Estratégicas de la Oficina del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno sobre el estado de la actuación en la restauración del lienzo de la muralla y los paramentos de la Ermita de La Aurora. En dicho informe se constata que, en la actuación prevista y que se está ejecutando, “una vez que se ha podido acceder con medios de elevación a la zona superior de la muralla se han detectado deterioros mayores de los que inicialmente se pudieron detectar”.

“Existían afecciones en la coronación de la muralla, detectadas en la ejecución y que no pudieron ser vistas por su localización con anterioridad, que han conllevado por seguridad incluso la intervención del Cuerpo de Bomberos. Esta situación ha hecho que tengamos que incrementar las actuaciones en coronación para garantizar la consolidación estructural de esta zona así como la Seguridad”, aducen los técnicos de Urbanismo. “De igual forma, los dos huecos abiertos en el plano de la muralla y que forman parte de la constitución y la historia de la Ermita se encontraban en situación de mayor inestabilidad de la apreciada visualmente, por lo que el alcance de la intervención necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad es mayor que la proyectada”, constatan.

Hasta ahora, además de eso, se han realizado las labores de limpieza y eliminación de la vegetación que existía y cuyo crecimiento estaba descontrolado tanto en las jardineras existentes como sobre la muralla; se han eliminado los elementos de jardineras que se habían ejecutado en su momento con elementos añadidos y perjudicando la integridad del monumento; y con la documentación documental localizada se han podido establecer los elementos y zonas de la Ermita original pudiendo dar explicación a los dos huecos abiertos sobre el plano coincidente con la muralla.

Así las cosas, el informe de Urbanismo señala que “todas estas circunstancias han llevado a esta Dirección Técnica a priorizar estas actuaciones sobre las proyectadas, pudiéndose llevar a cabo porque no suponen modificación de proyecto ni de contrato al existir las partidas en proyecto para abordarlas suponiendo esta cuestión un ajuste en la localización de las unidades de proyecto. Lo que sí implica este hecho es que no se podrá dar por finalizada la actuación al haber aumentado el número de unidades y al encontrarnos en un procedimiento de contrato menor”.

Por todo ello, habrá que “licitar un nuevo proyecto que permita abordar el resto de actuaciones que no se pueden llevar a cabo con el proyecto actualmente en vigor”. Por lo tanto -avanzan-, “no se podrá poner este espacio en funcionamiento ni al servicio de los ciudadanos hasta que se licite y ejecute el nuevo proyecto”.