Córdoba es una ciudad de propietarios, pero también una ciudad donde una parte relevante del ladrillo se concentra en pocas manos. La gran mayoría de los titulares de viviendas de Córdoba solo tiene un inmueble a su nombre, pero el reparto cambia cuando se mira el número de propiedades: casi un tercio de los bienes urbanos de la capital pertenece a personas o entidades que acumulan dos o más inmuebles. Y cuanto más crece el patrimonio inmobiliario, más desaparece el propietario particular y más peso adquieren las sociedades y las entidades públicas.

Son datos extraídos del Catastro y correspondientes al año 2025, y que se deben analizar siempre en consonancia a otras tres ideas: Córdoba es la segunda capital andaluza donde más población vive en vivienda hipotecada y una de las que menos población tiene viviendo de alquiler de toda la comunidad autónoma (concretamente, el 9,8% de los cordobeses vive en un piso en régimen de arrendamiento, según los datos que publicó el INE en 2023); los últimos datos apuntan que siete de cada diez contratos de arrendamiento en la ciudad son indefinidos; lo que más crece en estos momentos es la compra de vivienda con financiación.

Sin embargo, los datos fríos del Catastro sí que muestran una brecha en el reparto de las viviendas de la capital cuando se analiza con detalle la titularidad del ladrillo. Los datos oficiales que radiografían la situación de los bienes urbanos en el municipio revelan una realidad de contrastes: aunque el modelo del propietario con una única vivienda sigue siendo la norma absoluta entre la ciudadanía, la concentración de patrimonio en manos de quienes tienen dos o más propiedades ha alcanzado un volumen extraordinario.

Así, en la actualidad, el 31% del total de las viviendas de la ciudad pertenece al segmento de la multipropiedad. Esta bolsa de inmuebles acumulados roza ya la cifra de 50.000 propiedades, dibujando un mapa urbano donde la inversión privada a pequeña escala convive puerta con puerta con el acaparamiento puramente institucional y corporativo

El 69% del parque inmobiliario está en manos de unipropietarios

Para comprender la magnitud de este reparto, es necesario observar las cifras globales. En Córdoba capital constan registrados un total de 158.277 inmuebles urbanos, los cuales se distribuyen entre 127.345 titulares tributarios. Si se divide este inmenso parque inmobiliario, se comprueba que 109.160 propiedades pertenecen a ciudadanos que ostentan un único bien a su nombre, lo que habitualmente se traduce en su primera y única residencia. Estos propietarios únicos representan casi el 86% de las personas que pagan impuestos por bienes inmuebles en la ciudad, pero, paradójicamente, solo controlan el 69% del volumen físico del ladrillo cordobés.

El contrapeso de la balanza lo conforman las 49.117 propiedades restantes. Toda esta ingente masa inmobiliaria se encuentra en manos de multipropietarios, lo que significa que el volumen de bienes gestionados por aquellos que acumulan patrimonio supone ya casi la mitad del peso que tienen las viviendas únicas.

Sin embargo, dentro de este grupo que aglutina casi un tercio de la ciudad, el mercado se fragmenta en realidades muy distintas que van desde el pequeño ahorrador o heredero hasta las grandes corporaciones, marcando límites muy definidos sobre quién puede acceder a cada nivel de riqueza.

En esta línea, los titulares extranjeros tienen además un peso reducido entre los propietarios de varios inmuebles. Los datos del Catastro registran 1.044 personas físicas extranjeras y siete entidades extranjeras como titulares de inmuebles urbanos en Córdoba. De ellas, 977 tienen un solo inmueble y 74 cuentan con entre dos y cinco. No figura ningún titular extranjero con más de cinco inmuebles.

La clase media inversora y las grandes fortunas inmobiliarias

El grueso de esta multipropiedad recae sobre lo que se podría denominar la clase media inversora. El registro catastral contabiliza a 17.802 titulares que poseen entre dos y cinco inmuebles, aglutinando un total de 40.382 propiedades. Este bloque está conformado en su abrumadora mayoría por familias y particulares que reflejan la estructura clásica del ahorro local: ciudadanos que complementan su residencia habitual con un segundo inmueble o una tercera propiedad.

A medida que el patrimonio exige mayor capacidad económica, el número de actores desciende bruscamente. En el siguiente escalón, el de aquellos que poseen entre seis y diez inmuebles, el padrón se reduce a 283 propietarios que gestionan, en su conjunto, algo más de 2.000 propiedades urbanas. Es al superar la decena de propiedades cuando se hace visible el verdadero techo de cristal del ciudadano de a pie.

El umbral de los 25 inmuebles marca la frontera absoluta de la riqueza inmobiliaria particular en Córdoba, ya que no existe ni una sola persona física que haya logrado rebasar esa cifra. El nivel máximo de acumulación por parte de ciudadanos se encuentra en la franja de 11 a 25 inmuebles, un estrato donde figuran 74 titulares que suman un total de 1.147 propiedades. Es precisamente aquí donde destacan 20 personas físicas nacionales —particulares cordobeses— que han logrado amasar un total conjunto de 296 inmuebles, lo que arroja una media de casi 15 propiedades por inversor.

Los grandes tenedores

Sin embargo, incluso en este nivel, el sesgo corporativo ya es dominante: junto a estos veinte particulares compiten 51 sociedades mercantiles que gestionan 796 inmuebles, dos administraciones públicas con 42 propiedades y una entidad sin ánimo de lucro que administra 13 bienes.

A partir de la propiedad número 26, el mercado local expulsa definitivamente al particular y se vuelve de naturaleza exclusivamente jurídica e institucional. En el tramo que va de los 26 a los 100 inmuebles figuran 20 grandes titulares que concentran un total de 912 bienes urbanos, sin que haya rastro de vecinos empadronados.

El dominio empresarial en este punto es rotundo, con 16 sociedades mercantiles que suman 732 propiedades. A ellas se suman una entidad sin ánimo de lucro con 89 propiedades, dos organismos públicos con 60 inmuebles y un titular de otra naturaleza jurídica que suma 31 bienes.

La cúpula: seis entidades con 4.668 propiedades

La cúpula del urbanismo cordobés está reservada para un grupo minúsculo pero de un poder abrumador. El gran vértice de la ciudad lo componen los grandes tenedores que superan los cien inmuebles. Son únicamente seis entidades, pero su capacidad de acaparamiento es tal que acumulan de forma conjunta 4.668 propiedades, multiplicando por cuatro todo el patrimonio del estrato anterior.

El desglose de esta élite confirma al sector público como el mayor actor inmobiliario de la capital: un único titular institucional (el Catastro no aclara cuál es, pero por los datos públicos, es la empresa pública AVRA), copa este nivel con la apabullante cifra de 3.227 inmuebles a su nombre.

El resto de este selecto club lo conforman tres grandes sociedades mercantiles —presumiblemente fondos de inversión, promotoras o entidades financieras— que suman 1.115 inmuebles, así como una entidad sin ánimo de lucro que acumula 123 propiedades y un último titular de distinta clasificación que gestiona 203 inmuebles.

El resultado del análisis de todos estos datos acaba mostrando una radiografía que evidencia que, si bien el mapa de vivienda de la ciudad pertenece en su mayoría a cientos de miles de vecinos y propietarios, la realidad es que los grandes paquetes inmobiliarios de la capital cordobesa son administrados, en buena medida, desde los despachos de grandes fondos y empresa públicas y privadas. Es la otra Córdoba, una ciudad prácticamente invisible que no aparece en los mapas urbanos, pero sí en los balances contables.

El mercado inmobiliario cordobés atraviesa un momento de evidente dinamismo, pero la radiografía de cómo se pagan las casas está cambiando en 2026. Aunque el volumen total de compraventas de viviendas sigue en ascenso (pese a que en julio ha habido menos transacciones), los compradores son cada vez más dependientes de la financiación bancaria.

El resultado es una tendencia clara: comprar una casa “a tocateja” o al contado es una práctica a la baja en la provincia. Y eso que, desde 2020 hasta 2024, el porcentaje de compras sin hipoteca pasó del 12,9% al 33,1%. En 2025, volvió a subir por encima del 35%, y ahora, en los primeros siete meses de 2026, cae hasta el 32%, según los datos mensuales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) tanto de transacciones de viviendas como de hipotecas.

El análisis de los datos refleja un panorama de crecimiento, aunque también de posible frenada. Así, entre enero y julio de 2026, Córdoba registró un total de 6.788 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un incremento del 6,29% frente a las 6.386 registradas en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el crecimiento del crédito hipotecario ha sido mucho más acelerado. En los primeros siete meses de este año se firmaron 4.566 hipotecas sobre viviendas, un notable aumento del 12,60% en comparación con las 4.055 que se constituyeron de enero a julio del año anterior.

El verdadero pulso del mercado aflora al cruzar ambas estadísticas del INE. La brecha entre las casas que se compran y las que se hipotecan nos da una radiografía muy aproximada de las operaciones que se realizan con fondos propios, sin necesidad de recurrir al banco. Y es aquí donde los números revelan un retroceso. Mientras que en los primeros siete meses de 2025 hubo 2.331 viviendas adquiridas sin financiación hipotecaria, en el mismo tramo de 2026 esa cifra ha caído hasta las 2.222 operaciones. Esto representa un descenso del 4,6% en las compras al contado.

En términos porcentuales, la pérdida de peso del comprador con liquidez total es evidente. Hace un año, el 63,5% de las viviendas vendidas en la provincia requerían pasar por la notaría para firmar un préstamo. Hoy, esa cuota de dependencia bancaria ha subido hasta el 67,2%.

Más compras, más exposición

Esta divergencia entre el alza general de las ventas y la caída de las operaciones al contado sugiere varios escenarios sociológicos y económicos en Córdoba. Por un lado, puede indicar una retirada progresiva del perfil inversor —aquel que dispone de liquidez inmediata y compra para alquilar—, dejando un mercado más dominado por familias y particulares que necesitan imperativamente el apoyo del banco para acceder a una vivienda.

Por otro lado, factores como la evolución de los precios de la vivienda o el desgaste del ahorro acumulado durante los últimos años podrían estar empujando a compradores que antes rozaban la capacidad de pago íntegro a tener que solicitar, al menos, una pequeña parte del capital a las entidades financieras.

En cualquier caso, este escenario es paradójico: por un lado certifica la reactivación del mercado, pero que lo vuelve ligeramente más vulnerable a las futuras decisiones sobre los tipos de interés que dicte el Banco Central Europeo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobará este jueves en un Consejo Rector Extraordinario las nuevas Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital, tras aceptar la incorporación de un total de 16 alegaciones.

El presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles que, una vez se ratifique el nuevo documento, se trasladará a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que, una vez convalide el proyecto, pase por Pleno y se incorpore a la normativa municipal.

Según la documentación facilitada a este periódico, en total se han aceptado 16 alegaciones a la actualización de las normas urbanísticas de Córdoba, con propuestas dirigidas a aclarar la interpretación de distintos artículos y flexibilizar algunas condiciones de construcción y rehabilitación. Entre las peticiones figuran facilitar la implantación de modelos de alojamiento como el coliving y el senior living, corregir los saltos en las exigencias de aparcamiento de los comercios, favorecer la instalación de pérgolas y placas solares, y permitir un uso más amplio de las cubiertas para el ocio y la estancia.

También reclaman mayor flexibilidad para la rehabilitación de edificios, especialmente en el cumplimiento de las superficies mínimas de las viviendas, así como modificaciones en las reglas de cálculo de la edificabilidad, las terrazas y los espacios comunes. En las zonas de viviendas unifamiliares aisladas, plantean que las parcelas grandes que no puedan dividirse físicamente puedan acoger varias viviendas mediante una división horizontal.

En general, las alegaciones apenas afectan a lo ya anunciado. Las nuevas normas vienen a sustituir de manera integral el marco operativo anterior, adaptándolo a la legislación andaluza vigente (la famosa LISTA) y estableciendo un nuevo modelo de ciudad con vigencia indefinida, e introduciendo nuevos criterios para el diseño de las viviendas y la adaptación climática.

El documento distingue entre viviendas compartimentadas y viviendas en espacio único, como los lofts, y establece condiciones específicas de habitabilidad para estas últimas. También contempla que las terrazas no voladas y los elementos abiertos no computen como superficie edificable hasta un límite del 15%, permitiendo toldos y cortinas de cristal, aunque sin destinarlos a ampliar las estancias interiores. Asimismo, abre la posibilidad de implantar alojamientos dotacionales temporales para colectivos vulnerables en determinados suelos de equipamiento público.

En materia ambiental, la normativa refuerza la protección del Anillo Verde y establece criterios para combatir el calor urbano. Entre las medidas figuran la prioridad de especies vegetales autóctonas, la conservación de al menos el 75% del suelo natural en las zonas verdes y la incorporación de pavimentos permeables, itinerarios peatonales y carriles independientes para bicicletas y patinetes. También se promueve el uso de materiales reciclados en las obras, la instalación de sistemas de drenaje sostenible para evitar el aumento de la escorrentía y la colocación de pérgolas solares en espacios públicos y aparcamientos.

Respecto al suelo no urbanizable, el texto fija condiciones para las construcciones vinculadas a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, con superficies mínimas de parcela que varían según el tipo de terreno. Las nuevas viviendas aisladas requerirán fincas de al menos diez hectáreas en la campiña y de 25 hectáreas en determinadas zonas forestales de la sierra. La normativa también plantea planes especiales para ordenar parcelaciones residenciales existentes, mejorar sus infraestructuras y abordar problemas de saneamiento, mientras que algunos ámbitos quedan sometidos a informes previos por su proximidad a Medina Azahara, el aeropuerto o zonas con riesgo de inundación.

El patrimonio histórico y arqueológico adquiere un papel destacado mediante un sistema de cautelas que obliga a realizar evaluaciones previas antes de ejecutar obras que afecten al subsuelo, con distintos niveles de supervisión y excavación en función del riesgo de hallar restos. Se refuerza además la protección de los restos de la muralla y de zonas como el Parque Cruz Conde. Por otro lado, la actualización regula la situación de los edificios construidos con anterioridad que no se ajusten al nuevo planeamiento, diferenciando entre inmuebles asimilados a licencia, construcciones totalmente fuera de ordenación y aquellas que presentan incumplimientos parciales y pueden seguir siendo objeto de obras de conservación, rehabilitación y mejora.

Nuevo trámite urbanístico finalizado para el enlace de la autovía A-4 (E-5) donde se ubicarán los accesos al Parque Industrial La Rinconada y la Base Logística del Ejército de Tierra. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes de forma definitiva el proyecto de expropiación forzosa para la obtención de los terrenos necesarios mediante el sistema de tasación conjunta.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha destacado a los periodistas que este paso permite desbloquear una actuación que “ha tenido bastantes vicisitudes, fundamentalmente por el retraso por parte del Ministerio de Fomento en conceder la Dirección General de Carreteras la autorización para poder aprobar este proyecto”.

Según ha explicado Torrico, tras obtener dicha autorización hace unos meses, resultaba imprescindible acometer la expropiación de los suelos necesarios para “dotar la obra de una mayor superficie”. Esta ampliación responde a una de las exigencias del informe de Carreteras, que planteaba la necesidad de que la nueva rotonda contase con un diámetro mayor.

Con la obtención del suelo desbloqueada, la Junta de Compensación Parque Logístico Empresarial de Córdoba “Gran Capitán” —entidad beneficiaria de la expropiación— podrá licitar el proyecto de ejecución, que ya se encontraba formalizado.

Alegaciones desestimadas

La aprobación definitiva del proyecto de modificación del enlace determina formalmente la declaración de utilidad pública de los terrenos, en el marco de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Asimismo, el Ayuntamiento ha ratificado la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados y ha desestimado las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, estimando de forma parcial únicamente la actualización del tipo de capitalización conforme a la normativa vigente.

Torrico ha enmarcado esta actuación dentro del desarrollo global del parque industrial, recordando que recientemente también se aprobó el contrato para la construcción del depósito de agua que dará suministro tanto a La Rinconada como a la futura Base Logística del Ejército de Tierra. “La parte civil de este proyecto, que es la que corresponde desarrollar a la Junta de Compensación de la que forma parte el Ayuntamiento, va avanzando en esos trámites al mismo tiempo que la parte que corresponde al Ministerio de Defensa”, ha subrayado el presidente de la GMU.

La licitación de las obras de la primera fase del nuevo vial de acceso al polígono industrial Las Quemadas desde la autovía A-4 continúa adelante, aunque con una rectificación de por medio. La Mesa de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba (GMU) ha corregido de oficio varios errores materiales detectados en el acta del procedimiento, relacionados con las mejoras y los importes económicos de las ofertas presentadas por las empresas participantes.

La corrección, notificada en agosto, afecta a la transcripción de algunos datos incluidos en la documentación publicada anteriormente y no modifica el sentido del procedimiento. La Mesa ha aplicado para ello la normativa sobre procedimiento administrativo común, que permite a las administraciones corregir de oficio errores materiales, de hecho o aritméticos.

Una vez subsanados los datos, el órgano de contratación ha requerido a dos de las cinco empresas candidatas que concurren al concurso para que justifiquen la viabilidad económica de sus propuestas. Ambas habían presentado ofertas por debajo del umbral establecido para considerar que una propuesta puede incurrir en una baja anormal o desproporcionada.

En concreto, la Mesa de Contratación ha fijado ese límite en 2.631.572,23 euros, sin IVA. Las dos ofertas que han quedado por debajo ascienden a 2.593.055,81 euros y 2.605.533,33 euros, respectivamente. Las empresas han dispuesto de un plazo de cinco días hábiles para aportar la documentación que justifique que pueden ejecutar las obras por los precios ofertados, sin que este periódico sepa en estos momentos si han atendido a la petición o han desistido en la licitación.

Antes de la apertura de las ofertas económicas, el informe técnico había puntuado las cinco propuestas admitidas en los criterios no cuantificables mediante fórmulas. Las valoraciones se situaron entre los 19 y los 28 puntos sobre 30. La propuesta que obtuvo la mayor valoración técnica ha sido Sepisur (la que está realizando las obras en el estadio El Arcángel), y alcanzó los 28 puntos, resultado de la puntuación obtenida tanto por la memoria técnica como por el programa de trabajo. El resto de las ofertas recibieron 23, 21 y 19 puntos en este apartado.

La licitación corresponde a las obras de la primera fase del nuevo acceso al polígono industrial Las Quemadas desde la A-4, una infraestructura planteada para generar una conexión directa con el recinto empresarial y mejorar su comunicación con la autovía.

Paralelamente al avance del procedimiento administrativo, la Asociación de Empresarios de Las Quemadas ha difundido un vídeo en el que muestra cómo será el trazado del futuro vial.

Según señalan, el nuevo acceso partirá del entorno del Camino Pecuario de las Quemadillas y avanzará hacia la calle C.6, donde se construirá una nueva glorieta. Desde este punto continuará hasta enlazar con la A-4 a la altura del kilómetro 396.

“La actuación permitirá, una vez ejecutada, dotar al polígono de un nuevo acceso directo desde la autovía y mejorar su conexión con una de las principales vías de comunicación de la ciudad”, afirman.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que las licencias de apartamentos turísticos concedidas en Córdoba rozan ya las 200 en lo que va de 2026, con la inmensa mayoría de estas autorizaciones concentradas en el casco histórico, después de que ayer la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobara otras 25.

Para la coalición, estos datos vuelven a evidenciar la “presión” que soporta el centro de la ciudad y la necesidad de revisar el alcance de la moratoria aprobada por el gobierno municipal. “Ya advertimos de que no podía limitarse a las viviendas de uso turístico. Tenía que extenderse también a los apartamentos turísticos y al conjunto de la ciudad”, señala Hacemos Córdoba.

El grupo municipal considera que esta proliferación de alojamientos turísticos está modificando progresivamente el carácter del casco histórico y dificultando su recuperación como espacio residencial. “El centro está perdiendo vecinos y vecinas y cada vez se orienta más hacia un modelo turístico. El PP lo ha convertido en un parque temático”.

Hacemos Córdoba pone como ejemplo de esta dinámica uno de los expedientes abordados ayer en Urbanismo, en concreto, el cambio de uso de un edificio de la Junta de Andalucía situado en la calle Manríquez para destinarlo a uso hotelero. Para el grupo municipal, este inmueble representa una oportunidad perdida para responder a las necesidades de la ciudad. “Estamos hablando de un edificio situado en pleno casco histórico que podría mantener un uso público o destinarse a vivienda a precios asequibles, contribuyendo a recuperar población residente”, señala.

La coalición reclama que “las políticas para el casco histórico tengan como objetivo hacer posible que la gente viva en él, junto con medidas que favorezcan el comercio de cercanía y los servicios necesarios para mantener una actividad cotidiana durante todo el año”. “Un casco histórico vivo necesita vecinos y vecinas, comercio y servicios, no solo visitantes. El turismo es importante para Córdoba, pero tiene que convivir con el derecho a vivir en nuestra ciudad”, sostiene Hacemos Córdoba.

Por ello, el grupo municipal exige al gobierno de Bellido que amplíe de inmediato la moratoria a los apartamentos turísticos y a toda Córdoba, y que impulse medidas concretas para recuperar vivienda y población residente en el casco histórico. “Hay que poner pie en pared y dejar de vender el casco al mejor postor. Desde Hacemos Córdoba apostamos por el turismo, pero no por un modelo sin control que vaya vaciando de vida nuestros barrios y nuestro casco histórico”, concluye la coalición.

Averroes está este año por todas partes en Córdoba, pero quizá no esté exactamente el Averroes que fue. Urbanísticamente hablando, la figura de este pensador, del que se cumple el 900 aniversario en 2026, ya estaba presente en la fisionomía de la propia ciudad: una escultura en la Judería, una calle, edificios educativos, un aulario universitario, un coro, un hotel, unos premios y distintas iniciativas culturales mantienen vivo el nombre de Ibn Rushd en la ciudad.

Sin embargo, un estudio de Rafael F. Vega-Pozuelo, publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles sostiene que la recuperación contemporánea de su figura responde a un proceso mucho más selectivo: Córdoba ha construido alrededor del filósofo un relato adaptado a las necesidades culturales, identitarias y turísticas del presente.

Sin usar el término, lo que viene a decir este trabajo, firmado por un experto del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, es que Córdoba está disneyificando la figura de Averroes, un filósofo que funciona hoy como un “recurso simbólico” activado estratégicamente para construir identidad y proyectar culturalmente Córdoba, aunque ello implique una simplificación de su figura histórica.

La pregunta, por tanto, no es si Córdoba recuerda a Averroes. A la vista está que lo hace. La cuestión es qué Averroes está recordando. Y aquí aparece una segunda voz que introduce un matiz importante. Para Manuel Pimentel, editor de la casa Almuzara, que es una de las que más ha publicado obras relacionadas o del propio Averroes, el problema no está necesariamente en que se divulgue una imagen sencilla del personaje. Al contrario: el primer paso es conseguir que la sociedad vuelva a hablar de él. “Si conseguimos que se hable de él, ya es un avance”, resume Pimentel, en una charla con este periódico.

Para el editor el objetivo no debería quedarse ahí. Después del conocimiento tiene que llegar el reconocimiento y, finalmente, la comprensión de su aportación. “Ojalá se conociera verdaderamente su aportación”, señala. Aunque introduce una comparación reveladora: tampoco puede darse por hecho que la mayoría de los ciudadanos conozca en profundidad el pensamiento de otros grandes filósofos españoles como Ortega y Gasset. La clave, por tanto, estaría en el gradiente: que Averroes vuelva a ser conocido para que pueda empezar a ser estudiado.

El Averroes que resulta más cómodo

En los discursos institucionales y turísticos analizados por el estudio de Vega-Pozuelo hay una serie de palabras que se repiten alrededor de su figura: tolerancia, convivencia intercultural, diálogo entre civilizaciones y avance del conocimiento. Son valores contemporáneos fácilmente reconocibles y que encajan a la perfección con la imagen de Córdoba como ciudad de encuentro entre culturas.

El problema, según el autor, es que esos atributos aparecen con frecuencia descontextualizados. Averroes queda convertido así en una especie de emblema de una Córdoba abierta, diversa y cosmopolita, mientras quedan en segundo plano otras dimensiones mucho más difíciles de condensar en un folleto turístico.

Porque Averroes no fue simplemente un filósofo que defendió el conocimiento y el entendimiento entre culturas. Fue también jurista, médico, filósofo y comentarista de Aristóteles. Ejerció como cadí, tuvo responsabilidades jurídicas y administrativas y estuvo relacionado con los círculos cortesanos almohades. Su vida estuvo marcada además por episodios de tensión política, exilio y rehabilitación. Es precisamente esa complejidad la que, según el estudio, pierde peso cuando el personaje histórico se transforma en patrimonio contemporáneo.

La investigación no sostiene que esos aspectos sean deliberadamente borrados de la ciudad ni que exista una estrategia explícita para ocultarlos. Lo que detecta es un proceso de selección: determinados rasgos son enfatizados porque resultan útiles para las narrativas actuales -la convivencia de las tres culturas, especialmente-, mientras otros —especialmente los relacionados con su pensamiento filosófico, jurídico y teológico y con los aspectos más complejos o conflictivos de su trayectoria— quedan relegados. Y ahí aparece la pregunta que sobrevuela todo el trabajo: ¿hasta qué punto estamos ante una recuperación de Averroes y hasta qué punto ante la construcción de un nuevo Averroes?

El filósofo que perdió en el mundo musulmán y ganó en Occidente

Pimentel, no obstante, considera que el debate palidece frente a la excepcionalidad de Averroes por su defensa de la razón dentro de la tradición islámica. “Él dijo: no todo es mística, no todo es emoción, sino que hay que meter razón, demostrar las cosas”, explica. En la interpretación que hace el editor de su pensamiento, Averroes defendió que la razón y la religión podían ser compatibles y que la razón podía constituir también una vía de conocimiento. Ahí, sostiene Pimentel, se encuentra uno de los grandes enfrentamientos intelectuales de su época: el protagonizado por Averroes y Al-Ghazali, que acabó marcando el devenir del Islam.

Esta es quizá una de las historias que más posibilidades ofrece para explicar al público quién fue realmente Averroes. Pimentel recuerda que Al-Ghazali había escrito La refutación de los filósofos, una crítica a la pretensión de los filósofos de utilizar la razón para abordar cuestiones relacionadas con Dios. Averroes respondió con La refutación de la refutación, defendiendo la compatibilidad entre razón y religión. La paradoja histórica que subraya Pimentel es que la tradición intelectual musulmana acabó siguiendo mayoritariamente la vía de Al-Ghazali, mientras que el pensamiento occidental encontró en Averroes uno de sus grandes referentes para recuperar la tradición racionalista.

“El mundo musulmán siguió a Al-Ghazali”, explica, mientras Occidente, paradójicamente, siguió “ese camino de la razón iniciado por Averroes” y esa trayectoria ayuda a explicar por qué su influencia desbordó por completo las fronteras de al-Ándalus. “Ningún otro pensador hispano ha tenido esa repercusión”, sostiene Pimentel, que llega a definir a Averroes como “el filósofo hispano más importante y más influyente y trascendente de la historia de España”.

Es una afirmación que el propio editor reconoce que le genera críticas, pero la acompaña de un argumento difícil de ignorar: la dimensión internacional de su legado. Dante lo incluyó en la Divina comedia. Rafael lo representó en La escuela de Atenas. Ha sido parte esencial de la obra de escritores como Borges o Salman Rushdie. Su influencia se proyectó sobre la tradición filosófica europea y mediterránea. Son tantas las huellas de Averroes en Occidente, resume Pimentel, que resulta difícil reducirlo simplemente al personaje que aparece sentado en una escultura de la Judería.

Una estatua en el corazón turístico de Córdoba

De esa estatua habla Vega-Pozuelo en su estudio. La forma en que el filósofo aparece físicamente en la ciudad también resulta reveladora. El estudio, muy centrado en el urbanismo, identifica una presencia territorial “limitada pero altamente significativa”. Los elementos asociados a Averroes no están repartidos de manera homogénea por Córdoba, sino que tienden a concentrarse en espacios con una elevada densidad patrimonial y una fuerte centralidad turística.

El ejemplo más evidente es su escultura en la Judería, elaborada por Pablo Yusti e inaugurada en 1967. El filósofo aparece sentado, en actitud reflexiva, reforzando precisamente su dimensión intelectual y su vínculo con el legado científico y cultural de al-Ándalus. Pero, sobre todo, la estatua está situada en uno de los espacios más visitados de la ciudad y dentro de los principales circuitos turísticos. El estudio interpreta esta concentración como una estrategia de alta visibilidad: no hace falta llenar la ciudad de referencias a Averroes si las que existen están situadas allí donde tienen mayor capacidad para ser vistas, fotografiadas, explicadas e incorporadas a los recorridos turísticos (de hecho, el estudio no menciona, pues es anterior, que el Ayuntamiento ha encargado un mural de grandes dimensiones sobre Averroes en la Ribera de Córdoba).

De esta manera, el filósofo termina formando parte de esa segunda ciudad que describe el estudio: no tanto la ciudad histórica en toda su extensión como la “ciudad histórico-turística”, el espacio del centro histórico con mayor capacidad de proyección simbólica hacia el visitante.

No obstante, la presencia de Averroes en Córdoba no se limita a la estatua. El estudio identifica la Casa Árabe, la calle Averroes, distintos centros educativos, el Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales y el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba. También aparece su nombre asociado a un establecimiento hotelero cercano al centro histórico. Frente a otras figuras andalusís, la de Averroes sí que goza de reconocimiento urbanístico en Córdoba, si bien una de las conclusiones del estudio es precisamente que la patrimonialización de Averroes se basa más en la alta visibilidad de determinados elementos que en una verdadera difusión territorial de su legado.

Mucho discurso, poca profundidad

La recuperación de Averroes está marcada por la onomástica. El contexto del 900 aniversario de su nacimiento ha funcionado en este caso como un potente acelerador a nivel local. El estudio identifica que se ha producido una notable reactivación institucional de la figura, con exposiciones, programas culturales y actividades destinadas a reforzar su visibilidad y presentarlo como un personaje de dimensión universal. Las conmemoraciones funcionan así como una especie de interruptor patrimonial: permiten volver a activar personajes del pasado y otorgarles nuevos significados en función de las necesidades del presente. En el caso de Averroes, ese presente parece necesitar un símbolo de conocimiento, diálogo y convivencia. Y Averroes encaja extraordinariamente bien.

Desde esa perspectiva, “disneyficar” puede ser una palabra provocadora, pero sirve para formular una cuestión real: ¿qué ocurre cuando un personaje histórico extremadamente complejo se convierte en un símbolo fácilmente consumible? El riesgo está en que la simplificación termine siendo todo lo que queda de la persona. El Averroes de los discursos políticos es fácilmente reconocible: filósofo cordobés, puente entre culturas, defensor del conocimiento, símbolo de convivencia. El Averroes histórico requiere bastante más trabajo: hay que explicar su pensamiento, su relación con Aristóteles, su actividad jurídica, su contexto político, sus relaciones con el poder, sus conflictos y las circunstancias de su exilio. El primero cabe en un discursito, en una estatua y en un mural; el segundo necesita un contexto.

El estudio termina definiendo a Averroes como un “artefacto territorial contemporáneo”. La expresión resume bien la paradoja: ya no opera solamente como un personaje histórico, sino como un instrumento mediante el cual Córdoba construye una determinada idea de sí misma. Eso explica tanto su potencia como sus límites. Aunque Pimentel considera que es también un punto de partida interesante. Es tan importante darlo a conocer como profundizar posteriormente en su obra, defiende.

De hecho, el editor y escritor cree que el 900 aniversario se queda corto al haberse convertido en algo fundamentalmente local. “Para mí, esto debería ser un acto de Estado”, afirma rotundo, sin querer desdeñar ninguno de los actos programados, pues defiende que hay algunos de gran enjundia. Lo dice alguien que se lanza también a recomendar Averroes. Introducción a su pensamiento, de Rafael Ramón Guerrero y Averroes. Una biografía intelectual, de Juan Antonio Pacheco, para poder conocer el pensamiento detrás de la estatua.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido este viernes la concesión de la licencia de obras y la autorización de ocupación de terrenos de uso público para instalar un poste de luz. La resolución administrativa llega apenas 24 horas después de que la empresa local Mantenimientos y Montajes Córdoba (MAM) denunciase públicamente haberse quedado sin suministro eléctrico tras meses de parálisis burocrática. Dicho post de Linkedin ya ha sido borrado por la organización.

La compañía se ha visto obligada a alquilar grupos electrógenos de urgencia para evitar el parón total de su actividad y proteger el empleo de sus 46 trabajadores directos. El corte de suministro por parte de Endesa se produjo tras concluir el plazo legal de fin de obra sin poder formalizar el contrato definitivo debido a la falta del permiso municipal. Según denunció la propia firma, la solicitud acumulaba nueve meses de espera en las dependencias municipales desde su registro inicial en diciembre del año pasado.

En cuanto a las especificaciones técnicas contempladas en la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la obra aprobada cuenta con un presupuesto de ejecución material de 1.012,07 euros y un plazo estimado de realización de 30 días. El proyecto, contempla una superficie afectada de 1,50 metros cuadrados y el retensado de un tendido aéreo de 55 metros de longitud.

Asimismo, el condicionado fijado por Urbanismo exige la coordinación previa con la Unidad de Pavimentación para el correcto sellado de zanjas y la reposición del firme asfáltico afectado. Además, la empresa deberá recabar una autorización de corte de tráfico ante el Departamento de Movilidad si las obras afectan a la calzada o al estacionamiento, así como notificar el inicio de los trabajos al vigilante de la Oficina de Vía Pública.

Esta aprobación administrativa desbloquea la situación operativa de la empresa cordobesa justo después de que el concejal de Izquierda Unida, José Carlos Ruiz, anunciase que llevaría la “negligencia burocrática” al próximo Pleno municipal para exigir responsabilidades al equipo de gobierno.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) abordará la próxima semana el informe-propuesta para dictaminar la aprobación inicial del Estudio de Ordenación sobre la parcela situada en la calle Manríquez número 2. Este paso administrativa y técnicamente decisivo inicia el procedimiento urbanístico para transformar la calificación del antiguo edificio de la administración autonómica, transitando de sistema general de equipamiento administrativo a uso residencial colectivo destinado a hotelero.

De forma paralela a la tramitación de este cambio de planeamiento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la cesión temporal del inmueble a la Universidad de Córdoba (UCO). La cesión se articulará por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos, con el objetivo de dotar a la institución académica de un espacio de transición para atender las necesidades docentes y de instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante el tiempo que se prolongue esta cesión provisional, la Junta de Andalucía asumirá íntegramente los costes de mantenimiento del edificio.

Esta solución temporal permitirá a la UCO disponer de superficie administrativa y académica mientras ejecuta las obras de ampliación de Filosofía y Letras en los terrenos recientemente adquiridos de la antigua Zona Militar.

Un inmueble del siglo XVIII con protección patrimonial

El inmueble de la calle Manríquez número 2 ocupa una parcela de 1.388 metros cuadrados en pleno Centro Histórico de Córdoba, muy próxima a la Mezquita-Catedral, y cuenta con una superficie construida consolidada de 2.002 metros cuadrados. El edificio es una construcción rehabilitada cuyo origen se remonta al siglo XVIII, albergó durante años la sede de la Delegación Territorial de Empleo y, posteriormente, de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Tras el traslado de estos servicios a dependencias administrativas unificadas, la Junta desafectó el bien al no resultar necesario para el servicio público.

Dado el nivel de protección patrimonial del edificio, las obras de adaptación hotelera no incrementarán la edificabilidad ni el volumen edificado. Se mantendrá intacta la organización espacial del inmueble, respetando sus elementos protegidos, como el patio-compás de entrada desde la calle Manríquez, el patio principal central y el tercer patio trasero hacia la calle Romero.

En cumplimiento de la ley LISTA, los titulares del suelo deben ceder a la administración municipal el 10% de dicho incremento. Al tratarse de una edificación histórica protegida en la que resulta inviable segregar suelo o crear proindivisos, la cesión de este aprovechamiento se materializará mediante su sustitución por el valor equivalente en metálico, cuya valoración técnica final corresponderá a los servicios municipales.

La oferta de alquiler por meses que muchos caseros usan para evitar la ley de vivienda se dispara en Córdoba. El alquiler de temporada, habitual para maestros o estudiantes, gana terreno con rapidez en Córdoba capital, aunque la ciudad todavía presenta uno de los mercados menos temporalizados de Andalucía.

Según el informe publicado por eldiario.es a partir de dos años de datos recogidos en el portal Idealista, en apenas dos años, el porcentaje de anuncios destinados en la capital cordobesa a alquileres de temporada ha pasado del 18,7% en septiembre de 2024 al 34% en agosto de 2026. Es decir, ha aumentado 15,3 puntos porcentuales y prácticamente ha duplicado su peso dentro de la oferta.

Si hace dos años, este tipo de alquiler se ofrecía en dos de cada diez anuncios, ahora se oferta en uno de cada tres. En agosto de 2026, había 225 anuncios de temporada sobre un total de 661. El cambio resulta especialmente significativo si se observa la evolución mes a mes. El gráfico muestra una tendencia ascendente desde el 18,7% registrado en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones durante el periodo. Córdoba ha ido acercándose progresivamente a la barrera del 30% hasta situarse en el 34% de agosto de 2026.

La paradoja es que, pese a este fuerte crecimiento, Córdoba es actualmente la capital andaluza donde menos peso tiene el alquiler de temporada entre las ciudades analizadas.

Un crecimiento importante desde una posición de partida baja

La comparación con otras capitales andaluzas permite entender mejor esta aparente contradicción. Córdoba crece con fuerza, pero parte de un nivel relativamente bajo. En el mismo periodo, Jaén ha pasado del 13,4% al 40,3%; Sevilla, del 20,6% al 41,5%; y Granada, del 20,2% al 42,8%.. En las capitales costeras donde la oferta temporal ya tenía mayor presencia, el porcentaje es todavía más elevado: Málaga alcanza el 48%, Huelva casi el 49&, Almería el 63,4% y Cádiz llega al 88,1%.

La fotografía final es, por tanto, muy diferente a la de hace dos años. Todas las capitales analizadas han aumentado el peso del alquiler de temporada, pero Córdoba lo ha hecho manteniéndose por debajo del resto. El dato más llamativo es Cádiz. Mientras en Córdoba uno de cada tres anuncios es de temporada, en la capital gaditana casi nueve de cada diez anuncios pertenecen a esta modalidad. Almería también presenta un mercado muy diferente, con casi dos tercios de la oferta destinada a alquileres temporales.

Córdoba se encuentra, por tanto, en una fase distinta del proceso. No lidera la temporalización del mercado andaluz, pero sí está experimentando un cambio significativo en la composición de su oferta.

De uno de cada cinco anuncios a uno de cada tres

Más allá de las comparaciones, el dato cordobés tiene importancia por sí mismo. En 2024, el alquiler de temporada representaba menos de una quinta parte de los anuncios. Ahora supone el 34%. El cambio significa que la modalidad ha dejado de ser una parte pequeña y específica del mercado para convertirse en uno de sus componentes principales.

Esto puede tener especial relevancia para quienes buscan una vivienda habitual. Aunque estos datos no permiten afirmar que el 34% del parque residencial cordobés esté destinado al alquiler temporal —se refieren a los anuncios publicados en el portal y a un momento concreto de cada mes—, sí muestran que una proporción cada vez mayor de la oferta que llega al mercado se formula para estancias limitadas.

Y ahí está una de las claves del fenómeno: no se trata únicamente de que aparezcan más viviendas de temporada, sino de qué viviendas dejan de ofrecerse, potencialmente, como alquiler de larga duración. Los precios aportan otro matiz interesante al caso cordobés. En agosto de 2026, el precio mediano anunciado era de 9,5 euros por metro cuadrado para el alquiler de temporada, frente a 9,2 euros en la larga estancia. La diferencia es de apenas 0,3 euros por metro cuadrado, alrededor de un 3,3%.

Por tanto, la creciente presencia del alquiler de temporada en Córdoba no puede explicarse únicamente por una enorme diferencia de precios entre ambas modalidades. Hay otros factores que pueden estar detrás de la decisión de los propietarios de optar por contratos temporales: la flexibilidad, la demanda de determinados colectivos o la posibilidad de adaptar el uso de la vivienda a periodos concretos.

La empresa Mantenimientos y Montajes Córdoba SL (MAM) ha denunciado Endesa le ha cortado el suministro eléctrico tras concluir el fin de obra obligatorio al no poder formalizar el nuevo contrato por carecer de la autorización municipal pertinente para un poste de tendido eléctrico. La compañía ha explicado que llevaba nueve meses esperando dicho permiso por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba después de solicitarlo el pasado mes de diciembre para cumplir con los requerimientos técnicos.

La propia entidad ha dado a conocer la situación a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, donde denuncia encontrarse en un escenario de “desamparo” y ha definido lo sucedido de “pura negligencia burocrática”. Desde su nacimiento en 2019, MAM ha experimentado un crecimiento notable al pasar de facturar dos millones de euros a superar los 30 en 2025, logrando ampliar su plantilla media hasta los 190 empleos directos.

En dicho escrito al que ha tenido acceso este periódico, MAM ha remarcado que solo entre 2025 y 2026 han invertido unos tres millones de euros y ha creado 35 nuevos puestos de trabajo sin recurrir a subvenciones. Por ello, ahora explican que afrontan tres trimestres de parálisis administrativa marcados por una “cadena interminable de excusas: bajas, permisos y falta de técnicos”.

Alquiler de grupos electrógenos y reacción de la oposición del Ayuntamiento

Aunque la reacción no ha tardado en llegar. Para impedir el cierre inmediato de las operaciones y evitar que 46 empleados se queden sin trabajar, MAM Córdoba ha alquilado de urgencia grupos electrógenos. Este sobrecoste económico extraordinario ha sido asumido por la empresa, mientras que MAM ha apuntado que la respuesta de los responsables políticos y técnicos de Urbanismo sigue siendo “el silencio, las largas y las reuniones que se posponen sin fechas concretas”.

Desde la compañía industrial han manifestado que resulta “muy doloroso ver cómo se despliega la alfombra roja y se agilizan trámites para inversiones externas”, mientras se castiga al tejido empresarial local con “la indiferencia y la lentitud extrema”.

Tras este anuncio, las respuestas también han llegado en el plano político. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, José Carlos Ruiz, ha mostrado todo su “apoyo a MAM Córdoba y a sus trabajadores y trabajadoras”, tachando de “sencillamente inaceptable” que una firma en expansión sufra este corte por trabas administrativas. Asimismo, el dirigente ha subrayado que “Córdoba necesita una administración que acompañe a quienes crean empleo y riqueza, no una Gerencia de Urbanismo atrapada en la falta de gestión y en la burocracia”.

El edil de la formación de izquierdas ha confirmado que llevará el asunto al Pleno municipal para pedir responsabilidades al equipo de gobierno. “En el próximo Pleno exigiremos al Gobierno de Bellido y a la Gerencia de Urbanismo que den explicaciones, que asuman sus responsabilidades y, sobre todo, que pongan una solución inmediata sobre la mesa”, ha avanzado Ruiz, culminando con que “las empresas cordobesas que apuestan por Córdoba merecen soluciones, no obstáculos”.

La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha firmado la autorización ambiental unificada para el proyecto de construcción de un camping junto al río Guadalquivir. La obra está promovida por la empresa Altanea Camp y el proyecto prevé disponer de hasta un millar de plazas.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que es la administración que debe conceder la licencia de obras. Antes, ha reclamado, entre otros trámites, una prospección arqueológica en la zona, que ha sido la que ha sacado a la luz la probable existencia de las primeras murallas de la ciudad prerromana de Corduba.

El proyecto Camp Bio se implantará en el paraje de la Alameda del Obispo sobre una superficie total de 6,9 hectáreas (68.147 metros cuadrados) distribuida en cuatro parcelas catastrales. Diseñado para albergar a un máximo de 945 visitantes, el complejo plantea un modelo de acampada sostenible basado en la denominada “arquitectura efímera”. Todas las edificaciones e infraestructuras serán desmontables o prefabricadas, asentadas sobre plataformas de madera elevadas que evitan el contacto directo con el terreno y prescinden por completo del uso de losas de hormigón y alquitrán.

El campamento contará con un total de 221 unidades de alojamiento divididas en tres tipologías y una zona de acampada. La oferta incluye 76 mobilhomes equipados con chasis de ruedas y materiales ecológicos, 30 tiendas de madera y lona ignífuga tipo safari Deluxe situadas en la zona más elevada y escarpada de la finca, 26 tiendas safari simples y una zona de 89 parcelas individuales orientadas a tiendas tradicionales y autocaravanas.

En la zona central se ubicarán las edificaciones comunitarias prefabricadas, que albergarán recepción, supermercado, un bar-restaurante con zona de ocio, una piscina tipo playa de profundidad máxima de 1,6 metros con área infantil adaptada y un estanque ornamental de 100 metros cúbicos con fuentes aireadoras para oxigenar el agua y regular la temperatura ambiental. El equipamiento se completa con dos pistas de pádel, una pista multideportiva y un circuito de calistenia.

Energía fotovoltaica, economía circular y 'buggies' eléctricos

El complejo ha sido concebido bajo un principio de emisiones cero de dióxido de carbono. La demanda eléctrica de la instalación —estimada en algo más de 370.000 kilowatios al año— será cubierta íntegramente mediante un sistema fotovoltaico con baterías de almacenamiento capaz de generar más de 400.000 kilowatios anuales, utilizando paneles colocados en las cubiertas de los edificios comunes y las marquesinas de aparcamiento.

Para restringir la circulación de vehículos de combustión, el transporte interior estará limitado a peatones y a una flota de buggies eléctricos que se recargarán con energía solar. Los recorridos internos se han estructurado en viales perimetrales de doble sentido para vehículos convencionales y caravanas, un circuito interior de un solo sentido para los coches eléctricos y una red de senderos peatonales de albero y materiales naturales.

Desde el punto de vista hidrológico, el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) confirma que el terreno se sitúa totalmente fuera de la Zona de Flujo Preferente y fuera de la Zona Inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno del río Guadalquivir. El suministro de agua potable y el vertido de aguas residuales se resolverán mediante conexiones directas a las redes municipales gestionadas por la empresa pública Emacsa.

A nivel ambiental, el dictamen de la Delegación Territorial aprueba la viabilidad de la actuación al respetar la vegetación arbórea existente e incorporar medidas correctoras para la fauna local. Entre estas actuaciones destacan la instalación de al menos 20 cajas nido para aves insectívoras, tres para murciélagos y cinco para rapaces nocturnas, la propuesta de crear un primillar mediante la técnica de hacking con pollos de cernícalo primilla suministrados por el Centro de Recuperación Los Villares y la apertura de pasos de fauna de 50 por 50 centímetros cada 100 metros en el cerramiento perimetral.

Una inversión de 10,6 millones de euros y hasta 48 empleos directos

La implantación del campamento turístico Camp Bio supondrá un desembolso económico total de 10.665.845 euros por parte de la empresa Altanea Camp S.L.. Este presupuesto se divide casi al 50% entre las obras de urbanización e infraestructura civil (5,33 millones de euros) y la adquisición e instalación de los módulos prefabricados y edificaciones (5,32 millones de euros).

En el plano laboral, la memoria económica proyecta que la explotación del camping generará una importante dinamización en la economía local, creando entre 30 y 48 puestos de trabajo directos según la estacionalidad (de 30 a 32 empleos en temporada baja, de 33 a 43 en media y de 42 a 48 en temporada alta). La cualificación urbanística de los terrenos otorgada por la autorización extraordinaria tendrá un plazo ilimitado, supeditado al mantenimiento continuo de la actividad.

Las antiguas murallas de Corduba

La intervención arqueológica preventiva encargada por la promotora a la firma Arqueobética y ejecutada mediante prospección geofísica por CM Prospections detectó importantes alineaciones de cimientos en la ladera orientada al sureste, entre el parque Cruz Conde y el cauce del río. Estos trabajos sacaron a la luz una sección de estructuras pétreas que coinciden con el trazado defensivo de la antigua Corduba de origen turdetano, fechada hacia el siglo III a.C. y situada en torno a la Colina de los Quemados.

Junto a la muralla prerromana y la posible puerta de acceso a la vieja urbe, las prospecciones localizaron en la parte central de las parcelas los restos de la histórica Casa o Hacienda Espartera. En esta zona se documentaron estructuras hidráulicas de interés, entre las que destacan una alberca, un pozo-noria con su camino de sangre y lienzos de muros construidos mediante la técnica de opus africanum. Por ello, la resolución ambiental impone la realización de un control arqueológico continuo en todos los movimientos de tierras y exige preservar el afloramiento defensivo, además de restaurar e integrar la alberca y la noria en el complejo turístico.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el expediente de contratación para redactar el levantamiento topográfico del Pósito de la Corredera. Un documento que tiene por objeto principal la elaboración de un estudio detallado en tres dimensiones. El ámbito de trabajo también integrará los edificios municipales contiguos de la Plaza del Socorro y del Arco Bajo.

Para la realización de estos trabajos técnicos, el decreto aprobado fija un gasto de 10.381,80 euros. La financiación se ejecutará con cargo a la partida presupuestaria en el presupuesto de la GMU para 2026, vinculada específicamente al proyecto de gasto destinado al Pósito de la Corredera.

Para poner en contexto, el Pósito de la Corredera es una edificación construida por el Concejo municipal en 1536, siendo el primer edificio institucional levantado en la plaza. Con el tiempo, la construcción del edificio de la Romana (adosado a su frente oriental), de la Cárcel y Casa del Corregidor (hoy el Mercado Sánchez Peña, adosado a su testero occidental) y la reforma de la propia Plaza de la Corredera en el último cuarto del siglo XVII -sustituyendo su crujía de cabecera-, lo convirtieron en un edificio oculto desde la vía pública, que conforma el centro de una manzana de marcada vocación dotacional.

Desde su adquisición, el Ayuntamiento realizó campañas de investigación, una actividad arqueológica preventiva, un estudio estructural y patológico y varias propuestas de recuperación, con distintos usos, que por diversos motivos finalmente no llegaron a materializarse. En la actualidad, el edificio permanece desocupado y en estado de ruina parcial consolidada. Ahora, el levantamiento topográfico es una realidad, un primer paso para un posible fin.

La asociación vecinal Aqua Vetus ha convocado una asamblea para el 10 de septiembre en la que se estudiarán acciones reivindicativas ante la necesidad urgente de habilitar un paso de peatones provisional en el entorno de la Glorieta de Turruñuelos mientras se ejecutan las obras de la ronda Oeste y Norte.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que se trata de una demanda concreta, dentro de las peticiones de mejores accesos peatonales al barrio, que ya “se trasladaron a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), pese a lo cual la Administración no ha ofrecido, por el momento, ninguna solución que palie el problema”.

“Según el calendario trasladado por la propia GMU, la pasarela de la Vereda de Trassierra podría empezar a construirse antes de que termine 2026. La de la Glorieta de Turruñuelos, sin embargo, está todavía en fase de licitación: el proyecto podría quedar redactado a final de este año y, si los presupuestos de 2027 lo permiten, las obras podrían arrancar en marzo o abril del próximo año”, han señalado los vecinos.

Todo ello, han explicado, “situaría su finalización en torno a octubre de 2027, lo que supone que el curso escolar 2026-2027 completo transcurrirá con el mismo problema de tránsito peatonal que sufre hoy el barrio”. Además, han agregado que “la propia Administración ha reconocido que, si todo va bien, la solución definitiva no estará disponible hasta septiembre de 2027, dada la complejidad de los trámites de contratación pública”.

Sin embargo, durante todo ese tiempo, las familias (y en particular los escolares) “seguirán sin un cruce seguro que comunique Huerta de Santa Isabel con el Parque Figueroa para acceder a la zona donde se ubican varios centros educativos, como el CEIP Julio Romero de Torres, el CEIP Tirso de Molina y el CEIP Mediterráneo; o en sentido opuesto, para acceder al IES Casiana Muñoz Tuñón, que recibe a estudiantes de diferentes barrios”, han lamentado.

Ante esta situación, Aqua Vetus de Poniente ha reiterado su voluntad de colaboración con las administraciones competentes, pero ha subrayado que “las familias del alumnado de estos centros vienen denunciando las dificultades diarias a las que se enfrentan para cruzar la ronda Oeste con sus hijos de camino a clase: un kilómetro de rodeo, polvo y ningún árbol de sombra”.

En este contexto, han lamentado que “el paso peatonal más cercano a la Glorieta de Turruñuelos (la rotonda de referencia del Barrio) se encuentra a un kilómetro de distancia, lo que obliga a las familias a un rodeo considerable en su trayecto diario a los colegios. A esto se suma que el terreno de las obras está levantado, generando una gran cantidad de polvo que afecta directamente a los niños, así como al resto del vecindario cuando intenta cruzar la ronda hacia la ciudad”.

Además, desde la asociación han lamentado que “en todo el trayecto no existe arbolado ni ningún elemento que proporcione sombra”, por lo que planteó a la GMU “la posibilidad de instalar toldos temporales mientras se completan las obras”, pero “la administración no ofreció ninguna solución al respecto alegando falta de espacio”.

Aqua Vetus ha trasladado también su “inquietud” por el próximo soterramiento previsto de la Glorieta María de Maeztu, donde se encuentra actualmente el paso peatonal que utilizan las familias del barrio. Las obras de soterramiento alejarán todavía más el único cruce disponible, agravando un problema que el vecindario ya considera “insostenible”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este martes el inicio de las obras del parque de Poniente-Miralbaida, una de las principales actuaciones previstas para completar el anillo verde de la ciudad y que permitirá incorporar unos 90.000 metros cuadrados —nueve hectáreas— de nueva zona verde en el entorno de la ronda de Poniente. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que la previsión municipal es que pueda estar terminado a comienzos de 2028 si los trabajos se desarrollan conforme a lo previsto.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que la puesta en marcha de esta actuación supone avanzar en uno de los grandes proyectos del mandato del alcalde, José María Bellido: la culminación del gran anillo verde de Córdoba. Torrico ha situado el parque de Poniente-Miralbaida dentro de una estrategia municipal que ya ha permitido intervenir en otros grandes espacios verdes de la ciudad, como El Patriarca, Levante o El Flamenco.

La actuación se suma así a un conjunto de proyectos que, según ha explicado el alcalde, permitirá alcanzar alrededor de 1,3 millones de metros cuadrados de nuevas zonas verdes impulsadas durante los últimos siete u ocho años. A ello se incorporarán los 763 árboles previstos específicamente en el parque de Poniente-Miralbaida, que se añadirán a los más de 1.500 ejemplares plantados en el conjunto de las actuaciones desarrolladas en este periodo.

Bellido ha subrayado que el anillo verde no es una iniciativa nueva, sino una previsión que ya figuraba en el planeamiento urbanístico de la ciudad. El sistema general estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2001, con antecedentes incluso en el planeamiento de 1986. Sin embargo, pese al crecimiento experimentado por Córdoba durante las últimas décadas, buena parte de esas zonas verdes no habían llegado a ejecutarse.

El alcalde ha defendido que uno de los objetivos de sus mandatos ha sido precisamente desarrollar esos espacios pendientes para compensar el crecimiento de la ciudad en materia de vivienda, infraestructuras, tráfico y nuevas construcciones con áreas destinadas a la convivencia, el ocio y la mejora de la calidad de vida.

En este contexto se sitúa el parque de Poniente-Miralbaida, que además de su dimensión —90.000 metros cuadrados— presenta una serie de características específicas relacionadas con la integración urbana y ambiental de la zona.

Un parque protegido del tráfico

El jefe del servicio de Proyectos de la Gerencia, Rafael Ruiz Jiménez, ha explicado que uno de los principales objetivos del diseño es crear espacios de estancia que queden protegidos del intenso tráfico que rodea actualmente el ámbito. El parque estará dividido en dos sectores por el trazado de la ronda de Poniente, pero ambos quedarán integrados dentro de la nueva zona verde.

El proyecto incorpora además sistemas urbanos de drenaje sostenible, destinados a gestionar de una manera más natural el agua de lluvia. La intención es que el agua quede retenida en el propio parque, se infiltre en el terreno y se reduzca así el volumen que termina llegando a la red de alcantarillado de la ciudad.

Esta solución forma parte del carácter ambiental de una actuación que pretende no limitarse a la creación de una superficie ajardinada, sino incorporar medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad del espacio y su comportamiento ante episodios de lluvia.

Otra de las particularidades del proyecto será la construcción de un aljibe y de una caseta destinada a los equipos de jardinería. Estas instalaciones estarán vinculadas al mantenimiento de este parque y también servirán de apoyo para el futuro parque de Poniente-Figueroa, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción.

Nueva conexión peatonal para Miralbaida

Uno de los aspectos destacados por el Ayuntamiento es la mejora de la conexión entre los barrios del entorno. El proyecto contempla una nueva conexión peatonal que permitirá enlazar Miralbaida con los barrios del Poniente a través de la zona verde.

El alcalde ha señalado que esta actuación resulta especialmente relevante porque Miralbaida es un barrio consolidado que lleva años esperando la creación de esta zona verde, mientras que en el entorno inmediato conviven áreas residenciales ya asentadas con nuevos ámbitos de expansión de la ciudad.

El parque se situará, por tanto, como elemento de conexión entre distintos sectores urbanos, desde Miralbaida y los barrios del Poniente hasta zonas de expansión como Arroyo del Moro, Las Islas y Las Delicias. El objetivo es que el nuevo espacio verde no funcione únicamente como un parque de proximidad, sino también como un elemento de continuidad peatonal entre barrios.

La actuación incluirá asimismo modificaciones en la configuración viaria. En concreto, se eliminará y desplazará un ramal que actualmente genera conflictos de circulación y trenzados cortos en la glorieta norte. Según la explicación técnica ofrecida por el Ayuntamiento, esta modificación permitirá mejorar las incorporaciones al tráfico urbano y estará acompañada de un nuevo paso de peatones.

De esta manera, la intervención combina la creación de zonas verdes con actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y la permeabilidad entre los barrios colindantes.

Primera gran actuación en los bordes de la ronda

Bellido ha situado el parque de Poniente-Miralbaida como el comienzo de una nueva fase dentro de la estrategia municipal de creación de zonas verdes. Después de actuaciones desarrolladas en espacios como El Patriarca, Levante, El Flamenco, La Rúa Filla o el Circuito del Tablero, el Ayuntamiento pretende ahora avanzar en los espacios situados en los bordes de las rondas de circunvalación.

En este sentido, el parque de Poniente-Miralbaida será una de las primeras actuaciones de gran entidad en este tipo de emplazamientos. El alcalde ha avanzado que posteriormente se continuará hacia el norte con el proyecto del parque de Poniente-Figueroa, cuyo proyecto ya se está redactando.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha denunciado la morosidad estructural del Consistorio y de algunos de sus organismos autónomos, atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que corresponden al mes de mayo de este año.

En concreto, Hurtado pone la atención en el récord de morosidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que teniendo 31 millones en el banco, sin embargo, paga a sus proveedores a 228 días, cuando la ley establece un plazo máximo de 30 días.

El segundo Organismo Autónomo más moroso es el IMDECO que paga a sus proveedores a 94 días, aun teniendo en el banco hasta 4 millones de euros ociosos.

Y en tercer lugar el propio Ayuntamiento, que tiene una muy preocupante morosidad, al pagar a sus proveedores a 62 días, más del doble del periodo medio permitido por ley, y teniendo en el banco un total de 154 millones de euros ociosos.

La morosidad del Ayuntamiento de Córdoba y de sus organismos autónomos les obliga a tener que pagar intereses de demora y a que las empresas oferten sus servicios u obras a precios superiores para poder asumir el coste financiero que les supone la tardanza en el cobro.

Hurtado considera que la morosidad del Ayuntamiento, disponiendo de tanto dinero en el banco, solo es imputable a la incapacidad de gestión del Gobierno de José María Bellido.

Las obras de rehabilitación de la antigua sede de la Real Academia de Córdoba, en el número 9 de la calle Ambrosio de Morales, han comenzado a revelar el valor histórico, artístico y simbólico de un inmueble cuyo estado de conservación es más delicado de lo que inicialmente se había previsto. Entre los hallazgos realizados durante los primeros meses de intervención destaca la identificación, en su artesonado policromado, de un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han visitado los trabajos, que comenzaron el pasado mes de abril y ejecuta la empresa Antroju SL por un importe de adjudicación de 571.758,23 euros y un plazo de ocho meses. La actuación tiene como objetivo la rehabilitación integral de las cubiertas, la consolidación estructural del edificio y la eliminación de las patologías provocadas por las filtraciones. De forma complementaria, está prevista la adecuación de la planta baja para su futura visita pública.

Durante estos cuatro meses, los trabajos previos han permitido conocer con mayor precisión el estado real del inmueble y descubrir elementos que permanecían ocultos tras intervenciones realizadas en distintas épocas.

Uno de los primeros trabajos ha sido la retirada de numerosos falsos techos. Los técnicos han localizado dobles falsos techos correspondientes a diferentes periodos, mientras que el desmontaje de los techos de cañizo ha requerido una intervención manual y selectiva debido a que los rollizos se encuentran embebidos en los muros. También se han localizado importantes sobrecargas en los forjados de madera. En ellos existían rellenos de gran espesor y elevado peso procedentes de actuaciones anteriores que no cumplen ninguna función estructural y que cargan innecesariamente unas vigas que presentan un estado de deterioro.

La intervención ha permitido además sacar a la luz una estructura mucho más compleja de lo que podía apreciarse a simple vista. Se han descubierto numerosos pilares de madera ocultos en los muros que reciben las cargas de las cerchas de la cubierta. En el patio, algunas columnas que aparentaban estar construidas con piedra artificial son en realidad revestimientos que esconden pilares estructurales de fundición de los siglos XIX y XX.

Un escudo de Castilla y León en el artesonado

El hallazgo más singular hasta el momento se encuentra en el artesonado policromado. Los trabajos de restauración han permitido identificar un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León. El mismo motivo aparece, junto a un león rampante con bordura de castillos vinculado a la heráldica histórica de Córdoba desde el antiguo sello del Concejo, documentado desde el siglo XIII, en el capitel del mainel de la ventana ajimezada de la fachada del inmueble.

Esta fachada, considerada la más antigua y mejor conservada del edificio, se asienta sobre la muralla romana. La presencia de este programa heráldico en diferentes elementos arquitectónicos refuerza, según la GMU, el excepcional valor histórico, artístico y simbólico del inmueble. Mientras avanzan los trabajos de investigación y consolidación, las obras se centran actualmente en el desmontaje de las tejas de la crujía sur, colindante con un bloque de apartamentos.

El diagnóstico realizado durante la intervención ha resultado más desfavorable que el establecido en el estudio de reconocimiento inicial elaborado por el laboratorio CEMOSA. Por el momento no se ha ejecutado ninguna reparación estructural definitiva, y los trabajos se han centrado en labores de prevención, investigación y estudio. Entre los principales problemas detectados destaca un importante ataque de termitas que afecta a numerosos elementos de madera y presenta indicios de actividad reciente o activa. La situación obligará a plantear un tratamiento integral específico contra estos insectos.

También se han localizado daños severos provocados por el agua. Entre ellos figuran los deterioros de las cabezas de las vigas de la entrada principal, afectados por filtraciones procedentes del balcón, y otros daños en la crujía situada hacia la calle Ambrosio de Morales. En algunas zonas ha sido necesario establecer medidas de seguridad y acordonar espacios.

La gravedad del estado de conservación ha obligado igualmente a realizar numerosos apeos. Se han apuntalado vigas y parte de los forjados de la planta baja y se ha ejecutado un apeo de urgencia en la cubierta de par y nudillo de la crujía Este debido a su mal estado. Ante la complejidad de la estructura mixta que está apareciendo durante la intervención, la GMU ha encargado a CEMOSA un nuevo y exhaustivo estudio estructural que permita evaluar el funcionamiento global del edificio y determinar con precisión el alcance de los daños.

La prioridad pasa ahora por la restauración integral de las cubiertas, considerada fundamental para garantizar la supervivencia del inmueble. La intervención tendrá que realizarse de forma sectorizada, debido a las diferentes características de las cubiertas: una zona oeste plana, una zona norte a un agua y las zonas sur y este a dos aguas con galerías.

También está pendiente la inspección de la estructura de la cubierta octogonal del patio central. Para poder acometerla y sustituir los elementos que se encuentren en mal estado será necesario instalar un gran andamiaje espacial que ocupará todo el patio. El montaje comenzará en los próximos días, después de haberse pospuesto para no interferir en las complejas labores de desescombro que se han desarrollado en el perímetro.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que la prioridad de esta primera fase es “salvar el edificio”, después de que los trabajos hayan puesto de manifiesto el avanzado deterioro que presentaba. “Se encontraba muy deteriorado y corríamos el riesgo de perder para siempre un importante elemento patrimonial de nuestra ciudad”, ha afirmado. Bellido ha asegurado que el Gobierno local continuará trabajando en la recuperación del inmueble para que, una vez finalizadas las actuaciones, pueda abrirse al público.

El alcalde ha destacado asimismo los elementos que están apareciendo durante la intervención, entre ellos el artesonado mudéjar policromado y los motivos que lo decoran, que permitirán recuperar parte de la historia de un edificio con una larga trayectoria vinculada a la ciudad.

Del Cabildo Viejo a la Real Academia

El inmueble municipal está catalogado con nivel de protección monumental (MV-41) y acumula varios siglos de historia. Entre los siglos XIV y 1583 fue sede del Cabildo Viejo de Córdoba. A partir de 1838 albergó la Fonda Rizzi, restaurante y Café Suizo. Posteriormente, entre 1928 y 1964, los actuales inmuebles de los números 9 y 9 bis fueron ocupados por la Oficina Principal del Monte de Piedad.

El 8 de enero de 1976 el edificio se convirtió en sede permanente de la Real Academia de Córdoba. En 1991 se elevó a pública la escritura de segregación y compraventa mediante la que el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba vendió al Ayuntamiento el inmueble objeto de la actuación, correspondiente al número 9 bis. Cinco años después, el 13 de junio de 1996, se formalizó la cesión gratuita del derecho de superficie a favor de la Real Academia de Córdoba por un periodo de 75 años.

En 1997 se incorporaron a la sede los inmuebles colindantes de los números 7 y 9. Posteriormente, la Academia renunció al derecho de superficie, con lo que el inmueble revirtió al Ayuntamiento de Córdoba.

La concesión provisional por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de una licencia de ampliación de actividad al restaurante Bodegas Campos para funcionar también como sala de fiestas ha motivado la presentación de alegaciones por parte de la Asociación Vecinal de Axerquía y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que consideran que el proyecto incumple diversa normativa y plantea riesgos para la seguridad de las personas usuarias.

Según las entidades vecinales, el establecimiento dispone de unos 1.800 metros cuadrados construidos, aunque el proyecto presentado para obtener la nueva licencia afecta únicamente a 122 metros cuadrados, incluidos dos aseos. Con esta actuación parcial, sostienen, el restaurante pretende regularizar una actividad que, según denuncian, lleva desarrollando desde hace décadas como sala de celebraciones sin la correspondiente licencia.

La nueva autorización permitiría al establecimiento aumentar significativamente su capacidad. En concreto, el proyecto contempla un aforo de 416 personas en un espacio de 106 metros cuadrados, además de ampliar el horario de apertura hasta las seis de la madrugada.

El presidente de la Asociación Vecinal de Axerquía, Rafael López, considera que la licencia constituye un “fraude de ley”, al entender que “insonorizando un espacio mínimo, y sin realizar una separación real de usos dentro del local, obtienen una licencia que duplica el aforo permitido, y que además no garantiza que las personas puedan estar en cualquier parte, patios incluidos, con las molestias que ello genera, hasta altas horas de la noche”.

Las alegaciones, que las asociaciones afirman haber elaborado con el asesoramiento de especialistas en derecho urbanístico y arquitectos, sostienen además que el proyecto presenta deficiencias que afectarían a la seguridad contra incendios. En este sentido, recuerdan que el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI) del Código Técnico de la Edificación prohíbe que las vías de evacuación de un establecimiento atraviesen otro local o sector que pueda encontrarse cerrado, bloqueado o sin supervisión.

A juicio de los firmantes, el hecho de que las personas asistentes al salón de celebraciones deban evacuar a través de un espacio que podría permanecer cerrado “invalida por completo las condiciones de seguridad, dimensionamiento de aforos y evacuación exigidas por ley”, por lo que consideran que esta circunstancia podría viciar de nulidad la licencia concedida.

Las asociaciones también denuncian que el proyecto incumple la normativa andaluza sobre calidad acústica y emisión de ruidos, además de presentar incongruencias en la diferenciación de usos de los distintos espacios y en los horarios de apertura previstos. El documento de alegaciones concluye cuestionando la actuación de la GMU, al denunciar una supuesta “patente arbitrariedad en la emisión de los informes técnicos favorables”, e insta al gobierno municipal a ejercer sus funciones de control y regulación.

Asimismo, las entidades enmarcan este caso dentro de una problemática más amplia que, a su juicio, afecta al Casco Histórico de Córdoba. Entre otras cuestiones, citan la proliferación de alojamientos turísticos, que consideran un obstáculo para acceder a una vivienda asequible y un factor de expulsión de la población residente; la saturación del espacio público por la celebración recurrente de eventos; la necesidad de culminar el mapa de ruidos incorporando el ocio nocturno; la falta de iniciativas de apoyo al comercio local y el abandono del mercado de La Corredera; así como la suciedad y el deterioro de diversas zonas del casco alejadas de los principales itinerarios turísticos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento en un litigio frente a una empresa inmobiliaria, que pretendía recuperar en los tribunales el importe abonado por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía.

El conflicto judicial se ha centrado en una autoliquidación practicada sobre una finca, por la cual la empresa solicitaba la rectificación y la devolución de 1.467,51 euros por ingresos indebidos. La entidad presentó su solicitud inicial en septiembre de 2024, pero tras no obtener respuesta municipal y agotar la vía administrativa mediante el Consejo Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas, decidió llevar el caso a los tribunales.

Sin embargo, el magistrado ha fallado a favor del consistorio al considerar que el derecho de la inmobiliaria a reclamar había prescrito. La sentencia aclara que, en el momento en que se presentó la solicitud de rectificación, el plazo legal de cuatro años para solicitar la devolución ya había vencido.

En este sentido, el fallo subraya que las doctrinas fijadas por tribunales superiores o resoluciones económico-administrativas no interrumpen ni reinician el plazo de prescripción para un contribuyente si este no participó directamente en esos pleitos anteriores. Es decir, el silencio administrativo del demandante le impide ganar después el proceso ante la justicia.

Como consecuencia, el juez ha declarado que la actuación municipal es conforme a Derecho y ha condenado a la inmobiliaria al pago de las costas procesales. Al tratarse de una resolución firme, no cabe contra ella ningún recurso ordinario.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha finalizado las obras de construcción e instalación del nuevo puente sobre el arroyo de Guadalbarbo, en la barriada de Alcolea. La nueva infraestructura, que fue adjudicada a la empresa Sepisur XXI, ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y desde la mañana de este jueves, día 30 de julio, ya está abierta al tráfico rodado en sus dos carriles.

Este nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, se sitúa a unos 50 metros, aguas abajo, del actual de Los Piconeros y, junto con los correspondientes ramales de acceso, dispone de un anchura de 10 metros, casi el doble que el actual, que permite la implementación de dos carriles de circulación de 3,50 metros de anchura.

La longitud total del nuevo puente es de 41,35 metros de luz sin ningún apoyo intermedio y se ha optado por la solución de puente mixto con losa de hormigón y arco metálico; para su implantación ha sido necesario expropiar un total de 3.266,46 metros de terrenos anexos a la obra.

Las obras comenzaron en el mes de julio de 2023, pero tuvieron que paralizarse pocos meses después por la redacción de un proyecto modificado para ejecutar trabajos de cimentación y consolidación de la losa central que no estaban previstos en el primer proyecto de obra. Este proyecto modificado ha supuesto un incremento en el presupuesto de un 14%.

La infraestructura construida permite, por un lado, proteger del deterioro por el tráfico el antiguo puente de Alcolea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, del otro, mejora la movilidad en la zona, con la implantación de los dos carriles de circulación, y especialmente el acceso a las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea, con las que conecta de forma directa.

En la mañana de este jueves, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, acudieron a la apertura al tráfico de este nuevo puente. Acerca de esta obra, el alcalde de Córdoba ha señalado que “con la reapertura al tráfico rodado finalizan los trabajos para una infraestructura muy necesaria en Alcolea. El nuevo puente mejora de forma sustancial la movilidad en todo este entorno y, además, nos permite proteger el antiguo puente que ahora quedará como paso peatonal, pero sin afección de tráfico de vehículos”, ha señalado Bellido que ha puesto de manifiesto que “ha sido una obra compleja que ha precisado de un modificado, pero que finalmente ha concluido y, como he señalado, supone un salto de calidad en la movilidad y en la preservación del patrimonio histórico de Alcolea”.