La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha matizado que la prórroga de diez días que se dio para ejercitar el derecho de retracto para adquirir los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia vence el 21 de octubre. A preguntas de este periódico, desde la Junta han aclarado que la ampliación de plazo era en días hábiles y no naturales, de manera que, si se cuenta desde el 6 de octubre y se descuenta el festivo del 12, el tiempo extra se agota el próximo miércoles.

Hasta entonces, no se esperan declaraciones al respecto. La semana pasada, cuando los seis meses de plazo teóricamente oficial llegaban a su fin, el Gobierno Andaluz decidió de manera unilateral ampliar en diez días el periodo para resolver y notificar el procedimiento del derecho de retracto sobre los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba.

En aquel momento, no se especificó que fueran diez días hábiles. Solo se dijo textualmente “diez días”. La justificación a esta “prórroga excepcional” respondía, según dijeron, “a la necesidad de garantizar plenamente los derechos de defensa y audiencia de las partes implicadas, antes de emitir la propuesta de resolución definitiva”.

Sin embargo, la parte principal implicada, el actual propietario, Antonio Amil, afirmó al día siguiente que no se le había notificado la prórroga, e insistió en que ni la Junta tenía, a su juicio, derecho de retracto, ni podía ampliar el plazo de manera unilateral.

Así las cosas, el final de este culebrón se vuelve a alargar otros cinco días, después de que la Junta de Andalucía iniciara en septiembre el expediente de retracto a petición del Ayuntamiento de Córdoba y con el objetivo de que sea el Consistorio el que finalmente adquiera los tres cines de verano por el precio de 300.000 euros.

Así lo explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, cuando confirmó que la Administración autonómica había ejercido el derecho “en favor, directamente, del Ayuntamiento” para que este “pueda adquirir los cines”. La fecha del 6 de octubre, según dijo el propio Gobierno Andaluz, era el límite paraejercer el derecho de retracto, argumentando que contaba con seis meses desde que tuvo conocimiento de la compraventa para tomar esta decisión. Ese plazo comenzó a contar el 6 de abril, cuando tuvo conocimiento de que Antonio Amil había adquirido los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo.

Desde hace dos décadas, un investigador berlinés recorre Córdoba en busca de las huellas de las ciudades que se esconden bajo la actual urbe. Cornelius Meyer es geofísico especializado en prospección arqueológica y uno de esos profesionales que trabajan con herramientas capaces de revelar lo que el ojo no puede ver a simple vista. Y eso que, como decía hace poco un famoso arqueólogo, en Córdoba no hay sorpresas, puesto que casi todo el mundo sabe qué si uno hinca una pala, puede desenterrar un tesoro histórico.

A pesar de ello, o más bien debido a eso mismo, los equipos de Meyer han rastreado terrenos en los que después se han construido barrios enteros, espacios del centro histórico y yacimientos arqueológicos. En las imágenes que obtiene, las anomalías del subsuelo se convierten en posibles muros, calles, viviendas, pozos o necrópolis. La arqueología empieza, en su caso, mucho antes de que entre en acción la pala. Sirve como un mapa en el que rastrear o precisamente para indicar donde es mejor no desenterrar un solo metro de terreno.

Meyer llegó a España a comienzos de este siglo, tiempo después de terminar sus estudios en Alemania y de pasar por México a mediados de los años 90 para seguir formándose y trabajar en prospecciones. Sus primeros proyectos españoles estuvieron vinculados al Instituto Arqueológico Alemán y a sus trabajos en yacimientos de Huelva y Sevilla. Fue a través de los contactos con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y la Universidad de Córdoba, como comenzó a trabajar en los grandes planes parciales del oeste de la ciudad, que entonces eran un dibujo en un plan general de ordenación, y hoy son ya barrios enteros con centenares de viviendas. Era alrededor de 2003 o 2004. Desde entonces, su relación con Córdoba no se ha interrumpido.

Todo esto lo cuenta Meyer tomándose un café y liando un cigarro en la facultad de Filosofía y Letras, donde ha intervenido en un congreso de arqueología. Era la primera vez que mostraba abiertamente la magnitud de sus prospecciones. Una ventana a dos décadas de rastreo tanto en la periferia como en el cogollo de una ciudad milenaria. Poco después, charlaba con Cordópolis en la que es su primera entrevista a un medio local.

Al alba

A las seis de la mañana, cuando todavía no aprieta el calor, Cornelius Meyer suele empezar a rastrear el subsuelo de Córdoba. Es el momento de sacar los equipos y recorrer el terreno en busca de señales que a simple vista no existen: los muros de una casa desaparecida, una calle sepultada o los restos de un barrio entero. Horas después, con el sol ya en lo alto y el termómetro acercándose a los 40 grados, las mediciones empiezan a dibujar una ciudad invisible bajo la que habitamos. “Es el encanto de este trabajo: en poco tiempo tienes la impresión de que puedes investigar muchas cosas a la vez”, explica este geofísico alemán sobre dos décadas de trabajo “muy interesantes”.

Explica que, en estos años, ha logrado acumular muchas experiencias y aprender muchas lecciones sobre cómo acercarnos a las preguntas de la historia. Y no solo en Córdoba, que es una ciudad que conoce bien, pero que no monopoliza su labor: su trabajo como geofísico autónomo, con más de 300 proyectos en más de 30 países, lo ha llevado por buena parte del Mediterráneo y Oriente Próximo.

No se puede conservar toda la historia tal y como está, y tampoco siempre tiene sentido hacerlo. Necesitamos espacio para vivir

Eso sí, reconoce que la ciudad andaluza es especial para él. No solo por los amigos que tiene, tras décadas de trabajo, sino porque le ofrece, además, un campo de investigación especialmente complejo. Su historia milenaria ha dejado sucesivas capas de ocupación, construcciones y transformaciones que se superponen unas a otras. A ello se suma la presencia de infraestructuras modernas, tuberías, cables y zanjas que interfieren en las mediciones. “Hay condiciones muy variables y, como Córdoba tiene una historia tan importante, hay muchos estratos para investigar. Eso complica un poco el trabajo, pero lo hace apasionante”, resume sobre una ciudad que, confiesa, le encanta tal y como está en el presente.

Los barrios que siguen bajo tierra

Una ciudad que ha crecido allí donde Meyer comenzó a rastrear. Porque uno de los grandes campos de trabajo de Meyer ha sido Poniente. Cuando comenzó a prospectar esta zona, hace dos décadas, buena parte de los terrenos que hoy están ocupados por edificios todavía esperaba su desarrollo urbanístico. Todo ello en una zona que, históricamente, había acogido los arrabales occidentales de la Córdoba andalusí. Un periodo que, aunque no estaba visible, habita bajo el subsuelo: las huellas de las casas, sus cimientos y la organización de barrios que habían desaparecido de la superficie.

“Las casas no se conservan, pero las plantas y los cimientos todavía están”, explica sobre los trabajos en una zona en la que sus prospecciones -que no eran entonces algo tan conocido como ahora- permitieron identificar trazados urbanos completos y reconocer estructuras que después podían ser investigadas mediante excavaciones arqueológicas. En algunos casos, las imágenes ofrecían un nivel de detalle extraordinario: calles, barrios e incluso edificios individuales.

Ese fue uno de los aspectos que más le sorprendió durante los primeros años. En el ámbito del plan parcial O-7, la prospección permitió dibujar con claridad las estructuras de los arrabales y las necrópolis islámicas que permanecían enterradas. “Nos sorprendió bastante que todo apareciera con tanta claridad en las imágenes. Los arqueólogos que excavaban después podían seguir los datos para encontrar las estructuras interesantes”, recuerda.

La experiencia también le permitió comprobar hasta qué punto las mediciones geofísicas podían anticipar lo que aparecería en una excavación. En el plan parcial PAU-1, en el norte de la ciudad, identificó a comienzos de siglo una construcción que se interpretó inicialmente como parte de una almunia califal vinculada a la zona de la Arruzafa. Más de veinte años después, este mismo año, una excavación arqueológica volvió sobre aquellas estructuras y confirmó una coincidencia muy notable entre las mediciones magnéticas y los restos encontrados. Se buscaba mítico el palacio de Abderramán, al Rusafa.

La interpretación histórica, sin embargo, continúa abierta. El arqueólogo es cauto y dice que la hipótesis inicial sobre la función y la cronología del edificio necesita revisarse, ya que todavía no está claro cuándo se construyó ni cuál fue exactamente su uso. Para Meyer, el caso ilustra tanto la capacidad de estas técnicas para localizar estructuras como sus límites: detectar un edificio enterrado no equivale a saber quién lo levantó, cuándo lo hizo o para qué servía.

A su juicio, el oeste de Córdoba sigue guardando otros puntos de interés. Alrededor de la antigua fábrica de Hitachi, por ejemplo, hay terrenos con restos arqueológicos pendientes de investigación. Sin embargo, aclara que la contaminación electromagnética y las interferencias de las instalaciones industriales complican el trabajo, pero no agotan las posibilidades de estudio. “Todavía queda mucho por investigar en esa zona”, advierte.

De Poniente a la Mezquita y el Alcázar

Con el paso de los años, los avances tecnológicos han permitido a Meyer ampliar su actividad a espacios más reducidos y complejos del centro histórico. Sus equipos actuales son más eficaces y precisos, lo que abre nuevas posibilidades en lugares donde las condiciones de trabajo son especialmente difíciles. El año pasado, su equipo prospectó las superficies accesibles de la zona del Alcázar Viejo, incluidos el patio de la antigua biblioteca y el entorno del Campo Santo de los Mártires. La variedad de estructuras y sedimentos, junto a las intervenciones modernas y las huellas de épocas anteriores, convirtió el trabajo en un ejercicio de interpretación especialmente delicado.

En general, toda la zona del Alcázar y los alrededores de la Mezquita son una zona compleja. En sus primeros niveles aparecen cables, tuberías y zanjas de instalaciones contemporáneas que dificultan la lectura del subsuelo. Sin embargo, en las zonas menos alteradas, como el patio de la biblioteca, las mediciones permiten identificar estructuras que deberán ponerse en relación con los restos ya conocidos por excavaciones anteriores.

Meyer insiste en que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas. Los datos están procesados, pero la interpretación exige contrastarlos con la información arqueológica y discutirlos con los especialistas que conocen el terreno. De hecho, avanza que, junto a Félix Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán, prepara una publicación sobre los trabajos realizados en el Alcázar Viejo, prevista para la próxima primavera.

“Estamos todavía al principio de la explicación y de la interpretación de lo que hay allí”, señala. Esa cautela forma parte de su método: la prospección geofísica no sustituye a la excavación, sino que proporciona información para orientar las preguntas y ayudar a comprender mejor lo que se encuentra bajo tierra.

La misma precaución aplica a otros espacios de la ciudad, como los terrenos próximos al Colegio Mayor Séneca donde se ha planteado un proyecto de un camping, que ya ha encontrado los primeros detractores. Meyer se mantiene al margen y se limita a contar su trabajo en una zona donde, hipotéticamente, podría haber estado el primer asentamiento de la ciudad. En una superficie relativamente pequeña, las mediciones han detectado posibles restos de distintas épocas, aunque la presencia de vallados, tuberías y otras infraestructuras modernas dificulta su lectura. Determinar si corresponden a la Córdoba prerromana, romana o a fases posteriores requiere la intervención de los arqueólogos.

“No podemos datar directamente las estructuras con la prospección geofísica”, aclara. La cronología debe establecerse a partir del contexto arqueológico, la identificación de diferentes estratos y, cuando resulta útil, la profundidad a la que aparecen los restos. Para ello emplea distintas técnicas, entre ellas el georradar y la prospección magnética, cuya eficacia depende de las características del terreno. En los suelos fluviales, como es el caso de esta zona, el georradar presenta más limitaciones que en el suelo antropogénico del centro histórico, formado por metros de sedimentos acumulados como consecuencia de la actividad humana.

Documentar lo que no siempre se conserva

Una de las cuestiones que acompañan al trabajo de Meyer es el destino de los restos que se localizan en terrenos destinados a la construcción. En los grandes desarrollos urbanísticos, las prospecciones pueden revelar barrios históricos enteros sin que eso implique necesariamente que vayan a conservarse físicamente. Para el investigador, esta situación no es exclusiva de Córdoba. El suelo es un recurso limitado y las ciudades necesitan espacio para crecer. No resulta posible preservar todos los vestigios de todas las épocas, aunque sí es importante documentarlos con el mayor detalle posible.

“No se puede conservar toda la historia tal y como está, y tampoco siempre tiene sentido hacerlo. Necesitamos espacio para vivir. Lo importante es documentar todo lo que se pueda para que las generaciones que vienen tengan una idea de su historia”, sostiene el investigador.

Su trabajo se desarrolla precisamente en ese punto de encuentro entre la investigación arqueológica y la transformación urbana. Meyer colabora con la Gerencia Municipal de Urbanismo, empresas especializadas en excavaciones y las administraciones responsables de la protección del patrimonio. Los resultados se comparten con los equipos que continúan la investigación y pueden servir de base para futuras publicaciones científicas.

La decisión sobre qué se conserva, qué se excava y qué acaba desapareciendo bajo una nueva construcción queda fuera de sus competencias. “Nosotros somos investigadores, no urbanistas ni economistas. Estoy contento si podemos identificar y documentar las cosas, pero decidir cómo se preservan o cómo se presentan al público no está en nuestras manos”, aclara.

Esa distancia respecto a las decisiones urbanísticas no significa que el investigador haya perdido la capacidad de sorprenderse ante lo que aparece en sus mediciones. Uno de sus recuerdos más significativos es, precisamente, la confirmación arqueológica de aquellas estructuras detectadas en el norte de Córdoba hace más de dos décadas y que este mismo año se han excavado en busca de al Rusafa. Ver que las formas registradas por los instrumentos coincidían con los restos excavados después fue una experiencia especialmente reveladora.

También le ha llamado la atención la extensión que llegó a alcanzar la Córdoba medieval, que en determinados momentos superó la superficie de la ciudad actual. Los arrabales y los espacios de ocupación histórica desbordan el perímetro que hoy asociamos al casco urbano y obligan a pensar Córdoba como una ciudad mucho más extensa y compleja de lo que sugieren sus monumentos visibles.

Una especialidad minoritaria y una ciudad a la que volver

La trayectoria de Meyer tiene otra particularidad: la continuidad. La prospección geofísica aplicada a la arqueología es una especialidad minoritaria, incluso dentro de la geofísica. En Europa, calcula, apenas unos cientos de profesionales trabajan en este ámbito, repartidos entre distintos territorios y periodos históricos. Otros equipos han investigado Córdoba, incluidos grupos universitarios y especialistas llegados de Inglaterra, Polonia o Alemania. Meyer no es el único que ha explorado su subsuelo, pero sí uno de los profesionales que han mantenido una presencia más constante durante las últimas dos décadas.

Su base continúa en Berlín, donde trabaja como geofísico autónomo y profesor invitado de prospección arqueológica en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (HTW). Su actividad internacional lo lleva de un proyecto a otro, pero Córdoba sigue siendo un lugar al que regresar cuando recibe un encargo.

Cuando llegó por primera vez, sabía que se encontraba ante una ciudad de gran importancia histórica, aunque todavía desconocía las condiciones concretas que iba a encontrar bajo sus calles. Su comparación más cercana era Colonia, otra ciudad, en esta caso alemana, con un pasado romano y varios metros de estratos históricos acumulados. Córdoba no era una excepción arqueológica en términos absolutos, pero la riqueza y la diversidad de sus ocupaciones le ofrecían un campo de trabajo especialmente atractivo.

Y también estaba la ciudad que se encuentra por encima del subsuelo: sus calles, sus amigos y el tiempo que ha ido pasando aquí. Meyer habla de Córdoba con la familiaridad de quien ha regresado durante veinte años y ha terminado incorporándola a su propia geografía personal. Después de tantas campañas, su conclusión es tan sencilla como contundente. En Córdoba, la historia no está únicamente en la Mezquita-Catedral, el Alcázar o los grandes monumentos. También permanece bajo los barrios modernos, en los terrenos que todavía no se han urbanizado y en los solares donde apenas hay señales visibles del pasado.

“Podríamos empezar aquí mismo y encontrar algo”, dice, mirando a su alrededor, en el patio de una facultad que casi desconocía y en el que, cuando el periodista se marcha, agota su cigarro de liar antes de marcharse.

El grupo municipal Hacemos Córdoba pide al alcalde, José María Bellido, que reflexione sobre los presupuestos de 2027 de la Gerencia Municipal de Urbanismo y le exige “un calendario concreto para ejecutar las inversiones pendientes”.

Según ha considerado la coalición en una nota, “no basta con volver a incluir proyectos en las cuentas si después no se materializan, especialmente cuando siguen sin atenderse necesidades de la ciudad en materia de vivienda pública, recuperación del patrimonio y equipamientos para los barrios”.

En concreto, de los aproximadamente 40 millones de euros previstos, casi 25 millones proceden de remanentes, alrededor del 62% del total, mientras que la ejecución presupuestaria de 2026 se sitúa en el 34%.

Para Hacemos Córdoba, estos datos reflejan la “incapacidad” del equipo de gobierno para convertir las previsiones presupuestarias en actuaciones reales, una situación que se aprecia en proyectos como el Anillo Verde de Parque Chinales, la adecuación del Puente de Hierro, la remodelación de Claudio Marcelo o las actuaciones de conservación del casco histórico, que continúan pendientes pese a figurar en las cuentas de distintos ejercicios.

“No pueden seguir anunciando inversiones año tras año mientras los proyectos continúan sobre el papel. La Gerencia tiene que explicar qué actuaciones va a ejecutar y cuándo”, ha reclamado la coalición, que considera “imprescindible establecer plazos concretos para que la ciudadanía pueda conocer cuándo se llevarán a cabo los proyectos y comprobar su cumplimiento”.

Además, Hacemos Córdoba ha advertido que los presupuestos no contemplan fondos para adquirir solares y edificios sin uso en el casco histórico que puedan destinarse a viviendas municipales de alquiler asequible. También reclama recursos para adquirir la casa número 4 de la plaza de San Agustín y rehabilitar la número 5, donde el vecindario demanda un equipamiento público.

A esto se suma el caso del inmueble de la calle Manríquez, número 2, cuya adquisición ha considerado que “debería haberse impulsado para estudiar posibles usos de interés público, incluido el residencial, en lugar de avanzar hacia una modificación urbanística que permitiría destinarlo a apartamentos turísticos”.

En suma, la coalición ha pedido al alcalde que revise las prioridades de la Gerencia y garantice que las inversiones presupuestadas cuenten con una planificación definida, plazos de ejecución y seguimiento. “Córdoba necesita saber cuándo van a hacerse realidad los proyectos que se anuncian y que las cuentas municipales respondan también a las necesidades de vivienda y de los barrios”, ha concluido Hacemos Córdoba.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Marina Montes, ha anunciado que la Administración autonómica ha optado, finalmente, por derribar y no rehabilitar el antiguo edificio sindical de la calle Marbella, abandonado y sin uso desde 2010, y cuyo mal estado ha aconsejado adoptar esta medida, que, no obstante, no impedirá llevar a cabo el proyecto previsto de levantar en el solar resultante una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Marina Montes, quien ha explicado que el pasado mes de diciembre, “cuando presentamos el proyecto para convertir el antiguo edificio de UGT de la calle Marbella en una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, explicamos que la intención inicial de la Junta era mantener el edificio y adaptar su estructura a las necesidades de la nueva oficina”.

“Desde entonces --ha proseguido--, se han realizado los estudios y análisis técnicos necesarios sobre el estado del inmueble y sus posibilidades de rehabilitación, y las conclusiones de esos informes aconsejan finalmente optar por el derribo del edificio, en lugar de acometer una intervención de rehabilitación sobre una estructura que presenta importantes dificultades”.

Por tanto, según ha subrayado la delegada de Empleo, “no cambia el objetivo de la Junta, lo que cambia es la solución técnica para alcanzarlo. Nuestro compromiso sigue siendo exactamente el mismo: recuperar este espacio, acabar con una situación de abandono que durante años ha afectado al entorno y convertirlo cuanto antes en una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, moderna, accesible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos y de los profesionales del SAE”.

De hecho, según ha señalado, “ya hemos dado un paso adelante y hemos sacado a licitación la redacción del proyecto de demolición. Queremos avanzar con la máxima agilidad para que, una vez completados los trámites necesarios, podamos abordar la construcción de la nueva oficina”, porque “la prioridad de la Junta es que un edificio que durante años ha sido un problema para el barrio se convierta, cuanto antes, en una infraestructura pública útil, moderna y vinculada a las políticas de empleo y formación”.

En concreto, ha sido la Dirección Provincial del SAE en Córdoba la que ha sacado a licitación pública la redacción del proyecto de demolición del antiguo edificio sindical ubicado en la calle Marbella número 1 de la capital cordobesa, y cuyo derribo se prevé mediante la adjudicación de un contrato de servicios, que tiene como objetivo principal la citada redacción del plan de demolición de la edificación, con un presupuesto base y un valor estimado de 12.100 euros y con una duración de ejecución establecida en tres meses.

Así lo recoge el expediente correspondiente publicado en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press y donde se detalla que las empresas interesadas deben presentar sus propuestas, por vía electrónica, antes de la fecha límite fijada para el próximo 14 de octubre de 2026 a las 9,00 horas. Toda la documentación complementaria, incluyendo la memoria justificativa de la contratación, se encuentra disponible para su consulta en el portal oficial de contratación pública de la Administración autonómica.

Una situación complicada por todo lo que significa que pasen los años y no puedas modificar tu casa. Los vecinos de las 250 viviendas pertenecientes al sector 3 de la barriada de Electromecánicas en Córdoba han presentado una alegación formal dirigida al alcalde, José María Bellido, y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico. La iniciativa pretende que el Ayuntamiento de la capital modifique la norma municipal para acabar con la paralización administrativa.

Todo ello se originó en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2001. Este marco normativo hizo que dichas propiedades quedasen catalogadas bajo la figura de 'elemento protegido', figurando en la sección tres con un nivel de protección máximo. Los afectados han sostenido que la mayoría del vecindario desconoce los motivos por los que se asignó dicho nivel de restricción en su momento.

De hecho, los vecinos han denunciado que la GMU ha denegado de forma continuada las licencias de obra necesarias tanto para intervenir en la estructura exterior como en el interior de las edificaciones. Una traba normativa imposibilita la ejecución de reparaciones urgentes, lo que ha derivado en un deterioro que esta vez los demandantes han clamado.

La realidad cambia tras 25 años

La zona afectada abarca exactamente a 250 inmuebles repartidos a lo largo de siete calles concretas del barrio. En específico, el ámbito de aplicación comprende los hogares situados en las calles Doctor Ángel de Castiñeira, Ingeniero Alfonso Churruca, Ingeniero Lino Arisqueta, Papa Juan XXIII, Compositor Gómez Navarro, Ingeniero Benito Arana e Ingeniero Antonio Carbonell.

Los vecinos de esta zona han recalcado a este periódico que la realidad social del barrio difiere sustancialmente de la existente hace 25 años. En las últimas décadas, se ha registrado una repoblación casi integral de las parcelas con nuevas familias, cuyas necesidades actuales de habitabilidad exigen acomodar la configuración interior de las casas a las pautas de vida contemporáneas.

El colectivo considera que la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOUM) 2026 ofrece la coyuntura idónea para solucionar esta demanda histórica. Dado que la administración local se encuentra realizando los estudios previos para la aprobación del nuevo marco que sustituirá al de 2001, los propietarios solicitan que la dirección técnica y los redactores del plan incorporen la modificación solicitada en el proyecto definitivo.

Como alternativa técnica, la representación vecinal plantea desvincular sus inmuebles del régimen de protección y equiparar su estatus al de los sectores 1 y 2 de la misma barriada, los cuales no enfrentan impedimentos urbanísticos. La propuesta sugiere reclasificar las fincas dentro de categorías ordinarias como 'Viviendas Unifamiliares adosadas' o 'Colonia Tradicional Popular', permitiendo tramitar licencias mediante los cauces habituales de la ciudad. Pese a que el escrito de alegaciones fue enviado oficialmente a la Alcaldía y a la GMU con fecha 18 de abril, los vecinos señalan que aún no han recibido respuesta institucional.

La Fundación Vímpyca, vinculada a la Iglesia Católica, ha presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba un estudio de detalle para reordenar la volumetría y las alturas de una parcela de su propiedad en Huerta de Santa Isabel Oeste. Esta iniciativa permitirá aprovechar el marco legal establecido por el reciente Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, incrementando en 63 las viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas en el suelo, hasta alcanzar un total de 382 inmuebles.

El planeamiento previo fijaba para esta gran parcela de 13.387,60 metros cuadrados un tope de 319 viviendas y una edificabilidad máxima de 32.866,56. Sin embargo, la aplicación del Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía autoriza un incremento del 20% en la densidad residencial y un 10% en el techo edificable para parcelas no edificadas destinadas a vivienda protegida. Con esta actualización, la edificabilidad máxima permitida en la finca pasa a ser de 36.153,22 metros cuadrado techo, capacitando a la promotora para aumentar la oferta de pisos protegidos en el sector.

Para materializar el aumento de edificabilidad sin sobrepasar la ocupación máxima del suelo (fijada en el 40% sobre rasante) ni mermar la calidad de los espacios libres del conjunto, el estudio rediseñado por los arquitectos Rafael Castelló Pérez y Soledad García Domenech plantea adaptar los parámetros de altura.

La propuesta amplía la altura regulada, pasando de la previsión original de planta baja más seis plantas (22,50 metros) a una configuración idéntica más un ático. Según justifica el equipo técnico, el cómputo de las terrazas voladas (que computan al 100% en ocupación y al 50% en edificabilidad) habría generado una asimetría volumétrica si se intentaba agotar el nuevo techo en solo siete plantas, lo que habría obligado a sacrificar equipamientos comunitarios en planta baja o la amplitud de las terrazas.

El proyecto incorpora severas condiciones de diseño para garantizar que la nueva planta ático se integre armónicamente en el entorno y no proyecte sombras perjudiciales hacia los viales o parcelas colindantes: Las plantas áticos deberán retranquearse al menos 5 metros respecto a las fachadas que dan a la calle; el ático no podrá ocupar más del 50% de la superficie de la planta inmediatamente inferior y se resolverá mediante piezas discontinuas; se prohíbe taxativamente construir cualquier elemento por encima de los 25,60 metros de altura máxima, lo que impide incluso la colocación de casetones o castilletes para escaleras y ascensores sobre la planta ático.

Con el tiempo que marcan los plazos administrativos, la ciudad de Córdoba sigue trabajando para dotarse de una de sus infraestructuras de emergencias más demandadas. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha impulsado el expediente de contratación para adjudicar, mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, el diseño arquitectónico y la dirección de obra del Nuevo Parque Central de Bomberos.

El objetivo prioritario de este procedimiento es seleccionar la propuesta arquitectónica más vanguardista y funcional, integrando tanto la concepción inicial como el posterior desarrollo técnico y constructivo, y parte de una petición expresa de la plantilla y la dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la capital, que lleva años reclamando cambiar de instalaciones.

Así, la futura infraestructura de hecho no irá en Los Custodios, sino que se levantará en la avenida de Menéndez Pidal, en unos terrenos situados en suelo no urbanizable en el paraje de la Alameda del Obispo^[. Se trata de una parcela que linda al sur con los terrenos del centro IFAPA y al este con la planta solar fotovoltaica La Pilarica.

Este nuevo emplazamiento permitirá jubilar de forma definitiva las históricas instalaciones de Vistalegra, que prestan servicio desde hace décadas pero han quedado completamente obsoletas. Los informes del SPEIS advertían de que el recinto actual no reúne las condiciones mínimas necesarias debido a su reducido tamaño, su forma irregular, el desgaste del edificio y las crecientes dificultades de acceso al encontrarse atrapado en plena malla residencial.

Frente a ello, la nueva sede, con salida directa a la Ronda Oeste, busca dotar al servicio de una conectividad viaria óptima, mayor capacidad operativa y una imagen institucional renovada que dignifique la profesión de bombero.

Un concurso en dos fases y primas económicas para los finalistas

Para lograr la máxima calidad y evitar dilaciones, el Ayuntamiento ha optado por un procedimiento restringido estructurado en dos fases. Una primera, la criba técnica, en la que se evaluará de forma unificada la solvencia y experiencia previa de los equipos licitadores en el diseño de edificios de equipamiento y parques de bomberos similares de gran escala, así como criterios de paridad de género. De este proceso preliminar se seleccionará únicamente a los tres mejores candidatos; y una segunda, el concurso de anteproyectos anónimo, en el que los tres equipos finalistas competirán presentando de manera anónima —bajo un lema identificativo— sus propuestas conceptuales.

Para compensar el exhaustivo esfuerzo técnico exigido a nivel de anteproyecto avanzado, cada uno de los tres finalistas recibirá una prima de compensación de 55.000 euros sin IVA (66.550 euros con IVA). En el caso del equipo ganador, dicho importe computará como pago a cuenta de los honorarios derivados de la adjudicación definitiva.

La evaluación de las propuestas correrá a cargo de un jurado cualificado, en el que al menos dos tercios de sus integrantes serán arquitectos o profesionales técnicos competentes. Estará presidido por la presidencia de la GMU y contará con la participación del Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, el Director Técnico y el Jefe del Servicio de Proyectos de la GMU, además del Jefe del SEIS, Daniel Muñoz, que es arquitecto de formación.

El jurado calificará los proyectos sobre un total de 100 puntos, priorizando la calidad arquitectónica, la funcionalidad, la sostenibilidad y valores medioambientales, la eficiencia energética y la viabilidad técnica y económica.

Inversión global y cronograma hasta 2030

El coste estimado de ejecución material de las futuras obras de construcción asciende a 7.127.700 euros. Por su parte, el presupuesto base de licitación destinado al concurso de proyectos, la redacción técnica y la posterior dirección facultativa de los trabajos alcanza los 826.280,69 euros con IVA.

El cronograma administrativo y de ejecución previsto contempla los siguientes hitos temporales:

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba contará en 2027 con un presupuesto de 31.628.669,87 euros, de los que 16.566.456,35 euros se destinarán a inversiones, según ha anunciado este lunes su presidente, Miguel Ángel Torrico. La inversión representa así el 52% del presupuesto total de la entidad.

Torrico ha defendido que las cuentas están “volcadas en la inversión” y en la mejora de la calidad de vida de los cordobeses, aunque ha destacado también el papel de la Gerencia en el impulso de la construcción de vivienda. En este sentido, ha asegurado que la planificación urbanística municipal permitirá la construcción de más de 4.500 viviendas en los próximos años, especialmente viviendas asequibles y sometidas a algún régimen de protección oficial.

La financiación de las inversiones procederá, por un lado, de las transferencias de capital del Ayuntamiento, que incluirán 4.270.401 euros procedentes fundamentalmente de los fondos europeos Edilquivir. El resto procederá de ingresos propios de la Gerencia, entre ellos los derivados de aprovechamientos urbanísticos, enajenaciones, concesiones e ingresos tributarios.

Entre las principales líneas de actuación figura la continuidad de la construcción del Anillo Verde de Córdoba, una de las prioridades de la Gerencia en los últimos ejercicios. En este marco se encuentra el parque de Ponient- Figueroa, que incluye las dos pasarelas, una que conectará Figueroa con el Hipercor y otra más al sur, entre Figueroa y la nueva zona de expansión en Poniente. Así, la pasarela sur ya se encuentra próxima a su licitación, mientras la pasarela norte está todavía en fase de redacción y se licitará una vez concluya el proyecto de obras en la Ronda Norte.

Otra de las grandes actuaciones será el nuevo acceso al polígono de Las Quemadas, cuya adjudicación está próxima, según Torrico, a la espera de completar la disponibilidad de los terrenos actualmente sometidos a un proceso de expropiación. También se retomará la instalación de elementos de sombra en las dos aceras de la A-431, una actuación que había quedado pendiente a la espera de las obras de refuerzo del puente sobre el ferrocarril ejecutadas por la Junta de Andalucía a instancias de Adif.

Entre las actuaciones vinculadas al Anillo Verde se encuentra asimismo el camino de la Alameda del Obispo, cuyo proyecto ya está terminado y que será licitado de forma inmediata por un presupuesto aproximado de 2,1 millones de euros. El listado de inversiones incluye además el jardín del Campo Santo de los Mártires, cuyo proyecto ya está redactado y cuya licitación se producirá una vez concluyan las obras previas del muro de cerramiento. También está terminado el proyecto de remodelación de la avenida de Gran Vía Parque, que será revisado con los representantes vecinales antes de salir a licitación. Torrico ha anunciado que esta semana se celebrará una reunión con los vecinos para recoger sus últimas valoraciones y aportaciones.

La GMU continuará igualmente con la recuperación de la zona arqueológica de Cercadillas, tanto mediante trabajos de limpieza del yacimiento como con actuaciones destinadas a su puesta en valor. Otra de las áreas de intervención será el antiguo cuartel de Lepanto, donde se contempla la transformación de la antigua farmacia militar en un centro de día para mayores, además de la ampliación de la biblioteca municipal y actuaciones en los espacios destinados al archivo municipal y al archivo de la propia Gerencia de Urbanismo.

En la iglesia de Santa Clara, una vez completada la primera fase, se incorporará una partida adicional para continuar con la segunda fase de la intervención. El proyecto de esta nueva actuación se encuentra actualmente en redacción. La GMU contempla también avanzar en el proyecto del nuevo parque de bomberos, para el que está prevista la licitación inmediata de un concurso de ideas. El objetivo es que durante 2027 pueda culminarse la redacción del proyecto.

En paralelo, se culminará el parque de Poniente-Miralbaida, actualmente en ejecución, y continuará la tramitación del proyecto de reforma de la avenida de Ollerías, que se encuentra en fase de redacción. La próxima semana está prevista una reunión con el Consejo de Distrito Centro para revisar el proyecto y recoger sus aportaciones. El paquete inversor incorpora también actuaciones relacionadas con las conexiones del Anillo Verde, entre ellas la adecuación del solar de la calle Teruel, un espacio actualmente abandonado que pretende convertirse en conexión entre el Parque del Canal y la avenida del Brillante.

A estas actuaciones se suma la intervención en la calle Sierra Nevada, actualmente en ejecución, y el conjunto residencial de Miraflores, destinado a alojamientos para jóvenes y financiado con fondos europeos. Torrico ha subrayado que buena parte de las inversiones corresponden a proyectos plurianuales que no comienzan y terminan dentro del mismo ejercicio presupuestario. Según ha señalado, se trata de actuaciones que ya están en ejecución, próximas a iniciarse o en fase de finalización.

El presidente de la GMU ha defendido que el objetivo es que la elevada inversión prevista para 2027 tenga un grado de ejecución efectivo. “Muchas veces los presupuestos reflejaban actuaciones que luego no llegaban a materializarse”, ha señalado, antes de asegurar que los proyectos incluidos en las cuentas del próximo año presentan un grado de madurez suficiente para comenzar o culminar sus obras.

Junto a las inversiones, la Gerencia prevé continuar con las mejoras organizativas y de gestión mediante los convenios con los colegios profesionales para colaborar en la tramitación de licencias y ocupaciones. Torrico ha avanzado que se pretende ampliar el ámbito de estos acuerdos para extender una fórmula que, según ha indicado, está funcionando de forma satisfactoria.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tramita un expediente para conocer si hubo vulneración de la normativa de ruido en el concierto que en la madruga del pasado sábado tuvo que suspender la Policía Local mientras tenía lugar en el recinto ferial El Arenal.

Según ha señalado el gerente de la GMU, Julián Álvarez, el procedimiento cuando hay denuncias por este tipo de situación es que se inicie un expediente en el se dará la oportunidad a la empresa de defenderse y, una vez se tenga toda la información, ya valorar si hay o no propuesta de sanción.

La Policía Local de Córdoba acudió en la madrugada del viernes al sábado a parar las actuaciones en un concierto que se estaba celebrando en el recinto ferial de El Arenal por el volumen de la música y tras recibir alrededor de un centenar de llamadas de vecinos con quejas sobre ello.

Según confirmaron fuentes de la Policía Local a este periódico, los agentes acudieron a las instalaciones del concierto en El Arenal a las 3:15 y se ordenó el cese de la actividad “por incumplimientos de emisión sonora y de horario”. Hasta entonces, el volumen de la música había provocado que numerosos vecinos de distintos puntos de la capital llamasen a la Policía por las molestias del concierto.

Córdoba es una ciudad de propietarios, pero también una ciudad donde una parte relevante del ladrillo se concentra en pocas manos. La gran mayoría de los titulares de viviendas de Córdoba solo tiene un inmueble a su nombre, pero el reparto cambia cuando se mira el número de propiedades: casi un tercio de los bienes urbanos de la capital pertenece a personas o entidades que acumulan dos o más inmuebles. Y cuanto más crece el patrimonio inmobiliario, más desaparece el propietario particular y más peso adquieren las sociedades y las entidades públicas.

Son datos extraídos del Catastro y correspondientes al año 2025, y que se deben analizar siempre en consonancia a otras tres ideas: Córdoba es la segunda capital andaluza donde más población vive en vivienda hipotecada y una de las que menos población tiene viviendo de alquiler de toda la comunidad autónoma (concretamente, el 9,8% de los cordobeses vive en un piso en régimen de arrendamiento, según los datos que publicó el INE en 2023); los últimos datos apuntan que siete de cada diez contratos de arrendamiento en la ciudad son indefinidos; lo que más crece en estos momentos es la compra de vivienda con financiación.

Sin embargo, los datos fríos del Catastro sí que muestran una brecha en el reparto de las viviendas de la capital cuando se analiza con detalle la titularidad del ladrillo. Los datos oficiales que radiografían la situación de los bienes urbanos en el municipio revelan una realidad de contrastes: aunque el modelo del propietario con una única vivienda sigue siendo la norma absoluta entre la ciudadanía, la concentración de patrimonio en manos de quienes tienen dos o más propiedades ha alcanzado un volumen extraordinario.

Así, en la actualidad, el 31% del total de las viviendas de la ciudad pertenece al segmento de la multipropiedad. Esta bolsa de inmuebles acumulados roza ya la cifra de 50.000 propiedades, dibujando un mapa urbano donde la inversión privada a pequeña escala convive puerta con puerta con el acaparamiento puramente institucional y corporativo

El 69% del parque inmobiliario está en manos de unipropietarios

Para comprender la magnitud de este reparto, es necesario observar las cifras globales. En Córdoba capital constan registrados un total de 158.277 inmuebles urbanos, los cuales se distribuyen entre 127.345 titulares tributarios. Si se divide este inmenso parque inmobiliario, se comprueba que 109.160 propiedades pertenecen a ciudadanos que ostentan un único bien a su nombre, lo que habitualmente se traduce en su primera y única residencia. Estos propietarios únicos representan casi el 86% de las personas que pagan impuestos por bienes inmuebles en la ciudad, pero, paradójicamente, solo controlan el 69% del volumen físico del ladrillo cordobés.

El contrapeso de la balanza lo conforman las 49.117 propiedades restantes. Toda esta ingente masa inmobiliaria se encuentra en manos de multipropietarios, lo que significa que el volumen de bienes gestionados por aquellos que acumulan patrimonio supone ya casi la mitad del peso que tienen las viviendas únicas.

Sin embargo, dentro de este grupo que aglutina casi un tercio de la ciudad, el mercado se fragmenta en realidades muy distintas que van desde el pequeño ahorrador o heredero hasta las grandes corporaciones, marcando límites muy definidos sobre quién puede acceder a cada nivel de riqueza.

En esta línea, los titulares extranjeros tienen además un peso reducido entre los propietarios de varios inmuebles. Los datos del Catastro registran 1.044 personas físicas extranjeras y siete entidades extranjeras como titulares de inmuebles urbanos en Córdoba. De ellas, 977 tienen un solo inmueble y 74 cuentan con entre dos y cinco. No figura ningún titular extranjero con más de cinco inmuebles.

La clase media inversora y las grandes fortunas inmobiliarias

El grueso de esta multipropiedad recae sobre lo que se podría denominar la clase media inversora. El registro catastral contabiliza a 17.802 titulares que poseen entre dos y cinco inmuebles, aglutinando un total de 40.382 propiedades. Este bloque está conformado en su abrumadora mayoría por familias y particulares que reflejan la estructura clásica del ahorro local: ciudadanos que complementan su residencia habitual con un segundo inmueble o una tercera propiedad.

A medida que el patrimonio exige mayor capacidad económica, el número de actores desciende bruscamente. En el siguiente escalón, el de aquellos que poseen entre seis y diez inmuebles, el padrón se reduce a 283 propietarios que gestionan, en su conjunto, algo más de 2.000 propiedades urbanas. Es al superar la decena de propiedades cuando se hace visible el verdadero techo de cristal del ciudadano de a pie.

El umbral de los 25 inmuebles marca la frontera absoluta de la riqueza inmobiliaria particular en Córdoba, ya que no existe ni una sola persona física que haya logrado rebasar esa cifra. El nivel máximo de acumulación por parte de ciudadanos se encuentra en la franja de 11 a 25 inmuebles, un estrato donde figuran 74 titulares que suman un total de 1.147 propiedades. Es precisamente aquí donde destacan 20 personas físicas nacionales —particulares cordobeses— que han logrado amasar un total conjunto de 296 inmuebles, lo que arroja una media de casi 15 propiedades por inversor.

Los grandes tenedores

Sin embargo, incluso en este nivel, el sesgo corporativo ya es dominante: junto a estos veinte particulares compiten 51 sociedades mercantiles que gestionan 796 inmuebles, dos administraciones públicas con 42 propiedades y una entidad sin ánimo de lucro que administra 13 bienes.

A partir de la propiedad número 26, el mercado local expulsa definitivamente al particular y se vuelve de naturaleza exclusivamente jurídica e institucional. En el tramo que va de los 26 a los 100 inmuebles figuran 20 grandes titulares que concentran un total de 912 bienes urbanos, sin que haya rastro de vecinos empadronados.

El dominio empresarial en este punto es rotundo, con 16 sociedades mercantiles que suman 732 propiedades. A ellas se suman una entidad sin ánimo de lucro con 89 propiedades, dos organismos públicos con 60 inmuebles y un titular de otra naturaleza jurídica que suma 31 bienes.

La cúpula: seis entidades con 4.668 propiedades

La cúpula del urbanismo cordobés está reservada para un grupo minúsculo pero de un poder abrumador. El gran vértice de la ciudad lo componen los grandes tenedores que superan los cien inmuebles. Son únicamente seis entidades, pero su capacidad de acaparamiento es tal que acumulan de forma conjunta 4.668 propiedades, multiplicando por cuatro todo el patrimonio del estrato anterior.

El desglose de esta élite confirma al sector público como el mayor actor inmobiliario de la capital: un único titular institucional (el Catastro no aclara cuál es, pero por los datos públicos, es la empresa pública AVRA), copa este nivel con la apabullante cifra de 3.227 inmuebles a su nombre.

El resto de este selecto club lo conforman tres grandes sociedades mercantiles —presumiblemente fondos de inversión, promotoras o entidades financieras— que suman 1.115 inmuebles, así como una entidad sin ánimo de lucro que acumula 123 propiedades y un último titular de distinta clasificación que gestiona 203 inmuebles.

El resultado del análisis de todos estos datos acaba mostrando una radiografía que evidencia que, si bien el mapa de vivienda de la ciudad pertenece en su mayoría a cientos de miles de vecinos y propietarios, la realidad es que los grandes paquetes inmobiliarios de la capital cordobesa son administrados, en buena medida, desde los despachos de grandes fondos y empresa públicas y privadas. Es la otra Córdoba, una ciudad prácticamente invisible que no aparece en los mapas urbanos, pero sí en los balances contables.

El mercado inmobiliario cordobés atraviesa un momento de evidente dinamismo, pero la radiografía de cómo se pagan las casas está cambiando en 2026. Aunque el volumen total de compraventas de viviendas sigue en ascenso (pese a que en julio ha habido menos transacciones), los compradores son cada vez más dependientes de la financiación bancaria.

El resultado es una tendencia clara: comprar una casa “a tocateja” o al contado es una práctica a la baja en la provincia. Y eso que, desde 2020 hasta 2024, el porcentaje de compras sin hipoteca pasó del 12,9% al 33,1%. En 2025, volvió a subir por encima del 35%, y ahora, en los primeros siete meses de 2026, cae hasta el 32%, según los datos mensuales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) tanto de transacciones de viviendas como de hipotecas.

El análisis de los datos refleja un panorama de crecimiento, aunque también de posible frenada. Así, entre enero y julio de 2026, Córdoba registró un total de 6.788 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un incremento del 6,29% frente a las 6.386 registradas en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el crecimiento del crédito hipotecario ha sido mucho más acelerado. En los primeros siete meses de este año se firmaron 4.566 hipotecas sobre viviendas, un notable aumento del 12,60% en comparación con las 4.055 que se constituyeron de enero a julio del año anterior.

El verdadero pulso del mercado aflora al cruzar ambas estadísticas del INE. La brecha entre las casas que se compran y las que se hipotecan nos da una radiografía muy aproximada de las operaciones que se realizan con fondos propios, sin necesidad de recurrir al banco. Y es aquí donde los números revelan un retroceso. Mientras que en los primeros siete meses de 2025 hubo 2.331 viviendas adquiridas sin financiación hipotecaria, en el mismo tramo de 2026 esa cifra ha caído hasta las 2.222 operaciones. Esto representa un descenso del 4,6% en las compras al contado.

En términos porcentuales, la pérdida de peso del comprador con liquidez total es evidente. Hace un año, el 63,5% de las viviendas vendidas en la provincia requerían pasar por la notaría para firmar un préstamo. Hoy, esa cuota de dependencia bancaria ha subido hasta el 67,2%.

Más compras, más exposición

Esta divergencia entre el alza general de las ventas y la caída de las operaciones al contado sugiere varios escenarios sociológicos y económicos en Córdoba. Por un lado, puede indicar una retirada progresiva del perfil inversor —aquel que dispone de liquidez inmediata y compra para alquilar—, dejando un mercado más dominado por familias y particulares que necesitan imperativamente el apoyo del banco para acceder a una vivienda.

Por otro lado, factores como la evolución de los precios de la vivienda o el desgaste del ahorro acumulado durante los últimos años podrían estar empujando a compradores que antes rozaban la capacidad de pago íntegro a tener que solicitar, al menos, una pequeña parte del capital a las entidades financieras.

En cualquier caso, este escenario es paradójico: por un lado certifica la reactivación del mercado, pero que lo vuelve ligeramente más vulnerable a las futuras decisiones sobre los tipos de interés que dicte el Banco Central Europeo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobará este jueves en un Consejo Rector Extraordinario las nuevas Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital, tras aceptar la incorporación de un total de 16 alegaciones.

El presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles que, una vez se ratifique el nuevo documento, se trasladará a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que, una vez convalide el proyecto, pase por Pleno y se incorpore a la normativa municipal.

Según la documentación facilitada a este periódico, en total se han aceptado 16 alegaciones a la actualización de las normas urbanísticas de Córdoba, con propuestas dirigidas a aclarar la interpretación de distintos artículos y flexibilizar algunas condiciones de construcción y rehabilitación. Entre las peticiones figuran facilitar la implantación de modelos de alojamiento como el coliving y el senior living, corregir los saltos en las exigencias de aparcamiento de los comercios, favorecer la instalación de pérgolas y placas solares, y permitir un uso más amplio de las cubiertas para el ocio y la estancia.

También reclaman mayor flexibilidad para la rehabilitación de edificios, especialmente en el cumplimiento de las superficies mínimas de las viviendas, así como modificaciones en las reglas de cálculo de la edificabilidad, las terrazas y los espacios comunes. En las zonas de viviendas unifamiliares aisladas, plantean que las parcelas grandes que no puedan dividirse físicamente puedan acoger varias viviendas mediante una división horizontal.

En general, las alegaciones apenas afectan a lo ya anunciado. Las nuevas normas vienen a sustituir de manera integral el marco operativo anterior, adaptándolo a la legislación andaluza vigente (la famosa LISTA) y estableciendo un nuevo modelo de ciudad con vigencia indefinida, e introduciendo nuevos criterios para el diseño de las viviendas y la adaptación climática.

El documento distingue entre viviendas compartimentadas y viviendas en espacio único, como los lofts, y establece condiciones específicas de habitabilidad para estas últimas. También contempla que las terrazas no voladas y los elementos abiertos no computen como superficie edificable hasta un límite del 15%, permitiendo toldos y cortinas de cristal, aunque sin destinarlos a ampliar las estancias interiores. Asimismo, abre la posibilidad de implantar alojamientos dotacionales temporales para colectivos vulnerables en determinados suelos de equipamiento público.

En materia ambiental, la normativa refuerza la protección del Anillo Verde y establece criterios para combatir el calor urbano. Entre las medidas figuran la prioridad de especies vegetales autóctonas, la conservación de al menos el 75% del suelo natural en las zonas verdes y la incorporación de pavimentos permeables, itinerarios peatonales y carriles independientes para bicicletas y patinetes. También se promueve el uso de materiales reciclados en las obras, la instalación de sistemas de drenaje sostenible para evitar el aumento de la escorrentía y la colocación de pérgolas solares en espacios públicos y aparcamientos.

Respecto al suelo no urbanizable, el texto fija condiciones para las construcciones vinculadas a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, con superficies mínimas de parcela que varían según el tipo de terreno. Las nuevas viviendas aisladas requerirán fincas de al menos diez hectáreas en la campiña y de 25 hectáreas en determinadas zonas forestales de la sierra. La normativa también plantea planes especiales para ordenar parcelaciones residenciales existentes, mejorar sus infraestructuras y abordar problemas de saneamiento, mientras que algunos ámbitos quedan sometidos a informes previos por su proximidad a Medina Azahara, el aeropuerto o zonas con riesgo de inundación.

El patrimonio histórico y arqueológico adquiere un papel destacado mediante un sistema de cautelas que obliga a realizar evaluaciones previas antes de ejecutar obras que afecten al subsuelo, con distintos niveles de supervisión y excavación en función del riesgo de hallar restos. Se refuerza además la protección de los restos de la muralla y de zonas como el Parque Cruz Conde. Por otro lado, la actualización regula la situación de los edificios construidos con anterioridad que no se ajusten al nuevo planeamiento, diferenciando entre inmuebles asimilados a licencia, construcciones totalmente fuera de ordenación y aquellas que presentan incumplimientos parciales y pueden seguir siendo objeto de obras de conservación, rehabilitación y mejora.

Nuevo trámite urbanístico finalizado para el enlace de la autovía A-4 (E-5) donde se ubicarán los accesos al Parque Industrial La Rinconada y la Base Logística del Ejército de Tierra. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes de forma definitiva el proyecto de expropiación forzosa para la obtención de los terrenos necesarios mediante el sistema de tasación conjunta.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha destacado a los periodistas que este paso permite desbloquear una actuación que “ha tenido bastantes vicisitudes, fundamentalmente por el retraso por parte del Ministerio de Fomento en conceder la Dirección General de Carreteras la autorización para poder aprobar este proyecto”.

Según ha explicado Torrico, tras obtener dicha autorización hace unos meses, resultaba imprescindible acometer la expropiación de los suelos necesarios para “dotar la obra de una mayor superficie”. Esta ampliación responde a una de las exigencias del informe de Carreteras, que planteaba la necesidad de que la nueva rotonda contase con un diámetro mayor.

Con la obtención del suelo desbloqueada, la Junta de Compensación Parque Logístico Empresarial de Córdoba “Gran Capitán” —entidad beneficiaria de la expropiación— podrá licitar el proyecto de ejecución, que ya se encontraba formalizado.

Alegaciones desestimadas

La aprobación definitiva del proyecto de modificación del enlace determina formalmente la declaración de utilidad pública de los terrenos, en el marco de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Asimismo, el Ayuntamiento ha ratificado la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados y ha desestimado las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, estimando de forma parcial únicamente la actualización del tipo de capitalización conforme a la normativa vigente.

Torrico ha enmarcado esta actuación dentro del desarrollo global del parque industrial, recordando que recientemente también se aprobó el contrato para la construcción del depósito de agua que dará suministro tanto a La Rinconada como a la futura Base Logística del Ejército de Tierra. “La parte civil de este proyecto, que es la que corresponde desarrollar a la Junta de Compensación de la que forma parte el Ayuntamiento, va avanzando en esos trámites al mismo tiempo que la parte que corresponde al Ministerio de Defensa”, ha subrayado el presidente de la GMU.

La licitación de las obras de la primera fase del nuevo vial de acceso al polígono industrial Las Quemadas desde la autovía A-4 continúa adelante, aunque con una rectificación de por medio. La Mesa de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba (GMU) ha corregido de oficio varios errores materiales detectados en el acta del procedimiento, relacionados con las mejoras y los importes económicos de las ofertas presentadas por las empresas participantes.

La corrección, notificada en agosto, afecta a la transcripción de algunos datos incluidos en la documentación publicada anteriormente y no modifica el sentido del procedimiento. La Mesa ha aplicado para ello la normativa sobre procedimiento administrativo común, que permite a las administraciones corregir de oficio errores materiales, de hecho o aritméticos.

Una vez subsanados los datos, el órgano de contratación ha requerido a dos de las cinco empresas candidatas que concurren al concurso para que justifiquen la viabilidad económica de sus propuestas. Ambas habían presentado ofertas por debajo del umbral establecido para considerar que una propuesta puede incurrir en una baja anormal o desproporcionada.

En concreto, la Mesa de Contratación ha fijado ese límite en 2.631.572,23 euros, sin IVA. Las dos ofertas que han quedado por debajo ascienden a 2.593.055,81 euros y 2.605.533,33 euros, respectivamente. Las empresas han dispuesto de un plazo de cinco días hábiles para aportar la documentación que justifique que pueden ejecutar las obras por los precios ofertados, sin que este periódico sepa en estos momentos si han atendido a la petición o han desistido en la licitación.

Antes de la apertura de las ofertas económicas, el informe técnico había puntuado las cinco propuestas admitidas en los criterios no cuantificables mediante fórmulas. Las valoraciones se situaron entre los 19 y los 28 puntos sobre 30. La propuesta que obtuvo la mayor valoración técnica ha sido Sepisur (la que está realizando las obras en el estadio El Arcángel), y alcanzó los 28 puntos, resultado de la puntuación obtenida tanto por la memoria técnica como por el programa de trabajo. El resto de las ofertas recibieron 23, 21 y 19 puntos en este apartado.

La licitación corresponde a las obras de la primera fase del nuevo acceso al polígono industrial Las Quemadas desde la A-4, una infraestructura planteada para generar una conexión directa con el recinto empresarial y mejorar su comunicación con la autovía.

Paralelamente al avance del procedimiento administrativo, la Asociación de Empresarios de Las Quemadas ha difundido un vídeo en el que muestra cómo será el trazado del futuro vial.

Según señalan, el nuevo acceso partirá del entorno del Camino Pecuario de las Quemadillas y avanzará hacia la calle C.6, donde se construirá una nueva glorieta. Desde este punto continuará hasta enlazar con la A-4 a la altura del kilómetro 396.

“La actuación permitirá, una vez ejecutada, dotar al polígono de un nuevo acceso directo desde la autovía y mejorar su conexión con una de las principales vías de comunicación de la ciudad”, afirman.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que las licencias de apartamentos turísticos concedidas en Córdoba rozan ya las 200 en lo que va de 2026, con la inmensa mayoría de estas autorizaciones concentradas en el casco histórico, después de que ayer la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobara otras 25.

Para la coalición, estos datos vuelven a evidenciar la “presión” que soporta el centro de la ciudad y la necesidad de revisar el alcance de la moratoria aprobada por el gobierno municipal. “Ya advertimos de que no podía limitarse a las viviendas de uso turístico. Tenía que extenderse también a los apartamentos turísticos y al conjunto de la ciudad”, señala Hacemos Córdoba.

El grupo municipal considera que esta proliferación de alojamientos turísticos está modificando progresivamente el carácter del casco histórico y dificultando su recuperación como espacio residencial. “El centro está perdiendo vecinos y vecinas y cada vez se orienta más hacia un modelo turístico. El PP lo ha convertido en un parque temático”.

Hacemos Córdoba pone como ejemplo de esta dinámica uno de los expedientes abordados ayer en Urbanismo, en concreto, el cambio de uso de un edificio de la Junta de Andalucía situado en la calle Manríquez para destinarlo a uso hotelero. Para el grupo municipal, este inmueble representa una oportunidad perdida para responder a las necesidades de la ciudad. “Estamos hablando de un edificio situado en pleno casco histórico que podría mantener un uso público o destinarse a vivienda a precios asequibles, contribuyendo a recuperar población residente”, señala.

La coalición reclama que “las políticas para el casco histórico tengan como objetivo hacer posible que la gente viva en él, junto con medidas que favorezcan el comercio de cercanía y los servicios necesarios para mantener una actividad cotidiana durante todo el año”. “Un casco histórico vivo necesita vecinos y vecinas, comercio y servicios, no solo visitantes. El turismo es importante para Córdoba, pero tiene que convivir con el derecho a vivir en nuestra ciudad”, sostiene Hacemos Córdoba.

Por ello, el grupo municipal exige al gobierno de Bellido que amplíe de inmediato la moratoria a los apartamentos turísticos y a toda Córdoba, y que impulse medidas concretas para recuperar vivienda y población residente en el casco histórico. “Hay que poner pie en pared y dejar de vender el casco al mejor postor. Desde Hacemos Córdoba apostamos por el turismo, pero no por un modelo sin control que vaya vaciando de vida nuestros barrios y nuestro casco histórico”, concluye la coalición.

Averroes está este año por todas partes en Córdoba, pero quizá no esté exactamente el Averroes que fue. Urbanísticamente hablando, la figura de este pensador, del que se cumple el 900 aniversario en 2026, ya estaba presente en la fisionomía de la propia ciudad: una escultura en la Judería, una calle, edificios educativos, un aulario universitario, un coro, un hotel, unos premios y distintas iniciativas culturales mantienen vivo el nombre de Ibn Rushd en la ciudad.

Sin embargo, un estudio de Rafael F. Vega-Pozuelo, publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles sostiene que la recuperación contemporánea de su figura responde a un proceso mucho más selectivo: Córdoba ha construido alrededor del filósofo un relato adaptado a las necesidades culturales, identitarias y turísticas del presente.

Sin usar el término, lo que viene a decir este trabajo, firmado por un experto del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, es que Córdoba está disneyificando la figura de Averroes, un filósofo que funciona hoy como un “recurso simbólico” activado estratégicamente para construir identidad y proyectar culturalmente Córdoba, aunque ello implique una simplificación de su figura histórica.

La pregunta, por tanto, no es si Córdoba recuerda a Averroes. A la vista está que lo hace. La cuestión es qué Averroes está recordando. Y aquí aparece una segunda voz que introduce un matiz importante. Para Manuel Pimentel, editor de la casa Almuzara, que es una de las que más ha publicado obras relacionadas o del propio Averroes, el problema no está necesariamente en que se divulgue una imagen sencilla del personaje. Al contrario: el primer paso es conseguir que la sociedad vuelva a hablar de él. “Si conseguimos que se hable de él, ya es un avance”, resume Pimentel, en una charla con este periódico.

Para el editor el objetivo no debería quedarse ahí. Después del conocimiento tiene que llegar el reconocimiento y, finalmente, la comprensión de su aportación. “Ojalá se conociera verdaderamente su aportación”, señala. Aunque introduce una comparación reveladora: tampoco puede darse por hecho que la mayoría de los ciudadanos conozca en profundidad el pensamiento de otros grandes filósofos españoles como Ortega y Gasset. La clave, por tanto, estaría en el gradiente: que Averroes vuelva a ser conocido para que pueda empezar a ser estudiado.

El Averroes que resulta más cómodo

En los discursos institucionales y turísticos analizados por el estudio de Vega-Pozuelo hay una serie de palabras que se repiten alrededor de su figura: tolerancia, convivencia intercultural, diálogo entre civilizaciones y avance del conocimiento. Son valores contemporáneos fácilmente reconocibles y que encajan a la perfección con la imagen de Córdoba como ciudad de encuentro entre culturas.

El problema, según el autor, es que esos atributos aparecen con frecuencia descontextualizados. Averroes queda convertido así en una especie de emblema de una Córdoba abierta, diversa y cosmopolita, mientras quedan en segundo plano otras dimensiones mucho más difíciles de condensar en un folleto turístico.

Porque Averroes no fue simplemente un filósofo que defendió el conocimiento y el entendimiento entre culturas. Fue también jurista, médico, filósofo y comentarista de Aristóteles. Ejerció como cadí, tuvo responsabilidades jurídicas y administrativas y estuvo relacionado con los círculos cortesanos almohades. Su vida estuvo marcada además por episodios de tensión política, exilio y rehabilitación. Es precisamente esa complejidad la que, según el estudio, pierde peso cuando el personaje histórico se transforma en patrimonio contemporáneo.

La investigación no sostiene que esos aspectos sean deliberadamente borrados de la ciudad ni que exista una estrategia explícita para ocultarlos. Lo que detecta es un proceso de selección: determinados rasgos son enfatizados porque resultan útiles para las narrativas actuales -la convivencia de las tres culturas, especialmente-, mientras otros —especialmente los relacionados con su pensamiento filosófico, jurídico y teológico y con los aspectos más complejos o conflictivos de su trayectoria— quedan relegados. Y ahí aparece la pregunta que sobrevuela todo el trabajo: ¿hasta qué punto estamos ante una recuperación de Averroes y hasta qué punto ante la construcción de un nuevo Averroes?

El filósofo que perdió en el mundo musulmán y ganó en Occidente

Pimentel, no obstante, considera que el debate palidece frente a la excepcionalidad de Averroes por su defensa de la razón dentro de la tradición islámica. “Él dijo: no todo es mística, no todo es emoción, sino que hay que meter razón, demostrar las cosas”, explica. En la interpretación que hace el editor de su pensamiento, Averroes defendió que la razón y la religión podían ser compatibles y que la razón podía constituir también una vía de conocimiento. Ahí, sostiene Pimentel, se encuentra uno de los grandes enfrentamientos intelectuales de su época: el protagonizado por Averroes y Al-Ghazali, que acabó marcando el devenir del Islam.

Esta es quizá una de las historias que más posibilidades ofrece para explicar al público quién fue realmente Averroes. Pimentel recuerda que Al-Ghazali había escrito La refutación de los filósofos, una crítica a la pretensión de los filósofos de utilizar la razón para abordar cuestiones relacionadas con Dios. Averroes respondió con La refutación de la refutación, defendiendo la compatibilidad entre razón y religión. La paradoja histórica que subraya Pimentel es que la tradición intelectual musulmana acabó siguiendo mayoritariamente la vía de Al-Ghazali, mientras que el pensamiento occidental encontró en Averroes uno de sus grandes referentes para recuperar la tradición racionalista.

“El mundo musulmán siguió a Al-Ghazali”, explica, mientras Occidente, paradójicamente, siguió “ese camino de la razón iniciado por Averroes” y esa trayectoria ayuda a explicar por qué su influencia desbordó por completo las fronteras de al-Ándalus. “Ningún otro pensador hispano ha tenido esa repercusión”, sostiene Pimentel, que llega a definir a Averroes como “el filósofo hispano más importante y más influyente y trascendente de la historia de España”.

Es una afirmación que el propio editor reconoce que le genera críticas, pero la acompaña de un argumento difícil de ignorar: la dimensión internacional de su legado. Dante lo incluyó en la Divina comedia. Rafael lo representó en La escuela de Atenas. Ha sido parte esencial de la obra de escritores como Borges o Salman Rushdie. Su influencia se proyectó sobre la tradición filosófica europea y mediterránea. Son tantas las huellas de Averroes en Occidente, resume Pimentel, que resulta difícil reducirlo simplemente al personaje que aparece sentado en una escultura de la Judería.

Una estatua en el corazón turístico de Córdoba

De esa estatua habla Vega-Pozuelo en su estudio. La forma en que el filósofo aparece físicamente en la ciudad también resulta reveladora. El estudio, muy centrado en el urbanismo, identifica una presencia territorial “limitada pero altamente significativa”. Los elementos asociados a Averroes no están repartidos de manera homogénea por Córdoba, sino que tienden a concentrarse en espacios con una elevada densidad patrimonial y una fuerte centralidad turística.

El ejemplo más evidente es su escultura en la Judería, elaborada por Pablo Yusti e inaugurada en 1967. El filósofo aparece sentado, en actitud reflexiva, reforzando precisamente su dimensión intelectual y su vínculo con el legado científico y cultural de al-Ándalus. Pero, sobre todo, la estatua está situada en uno de los espacios más visitados de la ciudad y dentro de los principales circuitos turísticos. El estudio interpreta esta concentración como una estrategia de alta visibilidad: no hace falta llenar la ciudad de referencias a Averroes si las que existen están situadas allí donde tienen mayor capacidad para ser vistas, fotografiadas, explicadas e incorporadas a los recorridos turísticos (de hecho, el estudio no menciona, pues es anterior, que el Ayuntamiento ha encargado un mural de grandes dimensiones sobre Averroes en la Ribera de Córdoba).

De esta manera, el filósofo termina formando parte de esa segunda ciudad que describe el estudio: no tanto la ciudad histórica en toda su extensión como la “ciudad histórico-turística”, el espacio del centro histórico con mayor capacidad de proyección simbólica hacia el visitante.

No obstante, la presencia de Averroes en Córdoba no se limita a la estatua. El estudio identifica la Casa Árabe, la calle Averroes, distintos centros educativos, el Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales y el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba. También aparece su nombre asociado a un establecimiento hotelero cercano al centro histórico. Frente a otras figuras andalusís, la de Averroes sí que goza de reconocimiento urbanístico en Córdoba, si bien una de las conclusiones del estudio es precisamente que la patrimonialización de Averroes se basa más en la alta visibilidad de determinados elementos que en una verdadera difusión territorial de su legado.

Mucho discurso, poca profundidad

La recuperación de Averroes está marcada por la onomástica. El contexto del 900 aniversario de su nacimiento ha funcionado en este caso como un potente acelerador a nivel local. El estudio identifica que se ha producido una notable reactivación institucional de la figura, con exposiciones, programas culturales y actividades destinadas a reforzar su visibilidad y presentarlo como un personaje de dimensión universal. Las conmemoraciones funcionan así como una especie de interruptor patrimonial: permiten volver a activar personajes del pasado y otorgarles nuevos significados en función de las necesidades del presente. En el caso de Averroes, ese presente parece necesitar un símbolo de conocimiento, diálogo y convivencia. Y Averroes encaja extraordinariamente bien.

Desde esa perspectiva, “disneyficar” puede ser una palabra provocadora, pero sirve para formular una cuestión real: ¿qué ocurre cuando un personaje histórico extremadamente complejo se convierte en un símbolo fácilmente consumible? El riesgo está en que la simplificación termine siendo todo lo que queda de la persona. El Averroes de los discursos políticos es fácilmente reconocible: filósofo cordobés, puente entre culturas, defensor del conocimiento, símbolo de convivencia. El Averroes histórico requiere bastante más trabajo: hay que explicar su pensamiento, su relación con Aristóteles, su actividad jurídica, su contexto político, sus relaciones con el poder, sus conflictos y las circunstancias de su exilio. El primero cabe en un discursito, en una estatua y en un mural; el segundo necesita un contexto.

El estudio termina definiendo a Averroes como un “artefacto territorial contemporáneo”. La expresión resume bien la paradoja: ya no opera solamente como un personaje histórico, sino como un instrumento mediante el cual Córdoba construye una determinada idea de sí misma. Eso explica tanto su potencia como sus límites. Aunque Pimentel considera que es también un punto de partida interesante. Es tan importante darlo a conocer como profundizar posteriormente en su obra, defiende.

De hecho, el editor y escritor cree que el 900 aniversario se queda corto al haberse convertido en algo fundamentalmente local. “Para mí, esto debería ser un acto de Estado”, afirma rotundo, sin querer desdeñar ninguno de los actos programados, pues defiende que hay algunos de gran enjundia. Lo dice alguien que se lanza también a recomendar Averroes. Introducción a su pensamiento, de Rafael Ramón Guerrero y Averroes. Una biografía intelectual, de Juan Antonio Pacheco, para poder conocer el pensamiento detrás de la estatua.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido este viernes la concesión de la licencia de obras y la autorización de ocupación de terrenos de uso público para instalar un poste de luz. La resolución administrativa llega apenas 24 horas después de que la empresa local Mantenimientos y Montajes Córdoba (MAM) denunciase públicamente haberse quedado sin suministro eléctrico tras meses de parálisis burocrática. Dicho post de Linkedin ya ha sido borrado por la organización.

La compañía se ha visto obligada a alquilar grupos electrógenos de urgencia para evitar el parón total de su actividad y proteger el empleo de sus 46 trabajadores directos. El corte de suministro por parte de Endesa se produjo tras concluir el plazo legal de fin de obra sin poder formalizar el contrato definitivo debido a la falta del permiso municipal. Según denunció la propia firma, la solicitud acumulaba nueve meses de espera en las dependencias municipales desde su registro inicial en diciembre del año pasado.

En cuanto a las especificaciones técnicas contempladas en la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la obra aprobada cuenta con un presupuesto de ejecución material de 1.012,07 euros y un plazo estimado de realización de 30 días. El proyecto, contempla una superficie afectada de 1,50 metros cuadrados y el retensado de un tendido aéreo de 55 metros de longitud.

Asimismo, el condicionado fijado por Urbanismo exige la coordinación previa con la Unidad de Pavimentación para el correcto sellado de zanjas y la reposición del firme asfáltico afectado. Además, la empresa deberá recabar una autorización de corte de tráfico ante el Departamento de Movilidad si las obras afectan a la calzada o al estacionamiento, así como notificar el inicio de los trabajos al vigilante de la Oficina de Vía Pública.

Esta aprobación administrativa desbloquea la situación operativa de la empresa cordobesa justo después de que el concejal de Izquierda Unida, José Carlos Ruiz, anunciase que llevaría la “negligencia burocrática” al próximo Pleno municipal para exigir responsabilidades al equipo de gobierno.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) abordará la próxima semana el informe-propuesta para dictaminar la aprobación inicial del Estudio de Ordenación sobre la parcela situada en la calle Manríquez número 2. Este paso administrativa y técnicamente decisivo inicia el procedimiento urbanístico para transformar la calificación del antiguo edificio de la administración autonómica, transitando de sistema general de equipamiento administrativo a uso residencial colectivo destinado a hotelero.

De forma paralela a la tramitación de este cambio de planeamiento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la cesión temporal del inmueble a la Universidad de Córdoba (UCO). La cesión se articulará por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos, con el objetivo de dotar a la institución académica de un espacio de transición para atender las necesidades docentes y de instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante el tiempo que se prolongue esta cesión provisional, la Junta de Andalucía asumirá íntegramente los costes de mantenimiento del edificio.

Esta solución temporal permitirá a la UCO disponer de superficie administrativa y académica mientras ejecuta las obras de ampliación de Filosofía y Letras en los terrenos recientemente adquiridos de la antigua Zona Militar.

Un inmueble del siglo XVIII con protección patrimonial

El inmueble de la calle Manríquez número 2 ocupa una parcela de 1.388 metros cuadrados en pleno Centro Histórico de Córdoba, muy próxima a la Mezquita-Catedral, y cuenta con una superficie construida consolidada de 2.002 metros cuadrados. El edificio es una construcción rehabilitada cuyo origen se remonta al siglo XVIII, albergó durante años la sede de la Delegación Territorial de Empleo y, posteriormente, de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Tras el traslado de estos servicios a dependencias administrativas unificadas, la Junta desafectó el bien al no resultar necesario para el servicio público.

Dado el nivel de protección patrimonial del edificio, las obras de adaptación hotelera no incrementarán la edificabilidad ni el volumen edificado. Se mantendrá intacta la organización espacial del inmueble, respetando sus elementos protegidos, como el patio-compás de entrada desde la calle Manríquez, el patio principal central y el tercer patio trasero hacia la calle Romero.

En cumplimiento de la ley LISTA, los titulares del suelo deben ceder a la administración municipal el 10% de dicho incremento. Al tratarse de una edificación histórica protegida en la que resulta inviable segregar suelo o crear proindivisos, la cesión de este aprovechamiento se materializará mediante su sustitución por el valor equivalente en metálico, cuya valoración técnica final corresponderá a los servicios municipales.

La oferta de alquiler por meses que muchos caseros usan para evitar la ley de vivienda se dispara en Córdoba. El alquiler de temporada, habitual para maestros o estudiantes, gana terreno con rapidez en Córdoba capital, aunque la ciudad todavía presenta uno de los mercados menos temporalizados de Andalucía.

Según el informe publicado por eldiario.es a partir de dos años de datos recogidos en el portal Idealista, en apenas dos años, el porcentaje de anuncios destinados en la capital cordobesa a alquileres de temporada ha pasado del 18,7% en septiembre de 2024 al 34% en agosto de 2026. Es decir, ha aumentado 15,3 puntos porcentuales y prácticamente ha duplicado su peso dentro de la oferta.

Si hace dos años, este tipo de alquiler se ofrecía en dos de cada diez anuncios, ahora se oferta en uno de cada tres. En agosto de 2026, había 225 anuncios de temporada sobre un total de 661. El cambio resulta especialmente significativo si se observa la evolución mes a mes. El gráfico muestra una tendencia ascendente desde el 18,7% registrado en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones durante el periodo. Córdoba ha ido acercándose progresivamente a la barrera del 30% hasta situarse en el 34% de agosto de 2026.

La paradoja es que, pese a este fuerte crecimiento, Córdoba es actualmente la capital andaluza donde menos peso tiene el alquiler de temporada entre las ciudades analizadas.

Un crecimiento importante desde una posición de partida baja

La comparación con otras capitales andaluzas permite entender mejor esta aparente contradicción. Córdoba crece con fuerza, pero parte de un nivel relativamente bajo. En el mismo periodo, Jaén ha pasado del 13,4% al 40,3%; Sevilla, del 20,6% al 41,5%; y Granada, del 20,2% al 42,8%.. En las capitales costeras donde la oferta temporal ya tenía mayor presencia, el porcentaje es todavía más elevado: Málaga alcanza el 48%, Huelva casi el 49&, Almería el 63,4% y Cádiz llega al 88,1%.

La fotografía final es, por tanto, muy diferente a la de hace dos años. Todas las capitales analizadas han aumentado el peso del alquiler de temporada, pero Córdoba lo ha hecho manteniéndose por debajo del resto. El dato más llamativo es Cádiz. Mientras en Córdoba uno de cada tres anuncios es de temporada, en la capital gaditana casi nueve de cada diez anuncios pertenecen a esta modalidad. Almería también presenta un mercado muy diferente, con casi dos tercios de la oferta destinada a alquileres temporales.

Córdoba se encuentra, por tanto, en una fase distinta del proceso. No lidera la temporalización del mercado andaluz, pero sí está experimentando un cambio significativo en la composición de su oferta.

De uno de cada cinco anuncios a uno de cada tres

Más allá de las comparaciones, el dato cordobés tiene importancia por sí mismo. En 2024, el alquiler de temporada representaba menos de una quinta parte de los anuncios. Ahora supone el 34%. El cambio significa que la modalidad ha dejado de ser una parte pequeña y específica del mercado para convertirse en uno de sus componentes principales.

Esto puede tener especial relevancia para quienes buscan una vivienda habitual. Aunque estos datos no permiten afirmar que el 34% del parque residencial cordobés esté destinado al alquiler temporal —se refieren a los anuncios publicados en el portal y a un momento concreto de cada mes—, sí muestran que una proporción cada vez mayor de la oferta que llega al mercado se formula para estancias limitadas.

Y ahí está una de las claves del fenómeno: no se trata únicamente de que aparezcan más viviendas de temporada, sino de qué viviendas dejan de ofrecerse, potencialmente, como alquiler de larga duración. Los precios aportan otro matiz interesante al caso cordobés. En agosto de 2026, el precio mediano anunciado era de 9,5 euros por metro cuadrado para el alquiler de temporada, frente a 9,2 euros en la larga estancia. La diferencia es de apenas 0,3 euros por metro cuadrado, alrededor de un 3,3%.

Por tanto, la creciente presencia del alquiler de temporada en Córdoba no puede explicarse únicamente por una enorme diferencia de precios entre ambas modalidades. Hay otros factores que pueden estar detrás de la decisión de los propietarios de optar por contratos temporales: la flexibilidad, la demanda de determinados colectivos o la posibilidad de adaptar el uso de la vivienda a periodos concretos.

La empresa Mantenimientos y Montajes Córdoba SL (MAM) ha denunciado Endesa le ha cortado el suministro eléctrico tras concluir el fin de obra obligatorio al no poder formalizar el nuevo contrato por carecer de la autorización municipal pertinente para un poste de tendido eléctrico. La compañía ha explicado que llevaba nueve meses esperando dicho permiso por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba después de solicitarlo el pasado mes de diciembre para cumplir con los requerimientos técnicos.

La propia entidad ha dado a conocer la situación a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, donde denuncia encontrarse en un escenario de “desamparo” y ha definido lo sucedido de “pura negligencia burocrática”. Desde su nacimiento en 2019, MAM ha experimentado un crecimiento notable al pasar de facturar dos millones de euros a superar los 30 en 2025, logrando ampliar su plantilla media hasta los 190 empleos directos.

En dicho escrito al que ha tenido acceso este periódico, MAM ha remarcado que solo entre 2025 y 2026 han invertido unos tres millones de euros y ha creado 35 nuevos puestos de trabajo sin recurrir a subvenciones. Por ello, ahora explican que afrontan tres trimestres de parálisis administrativa marcados por una “cadena interminable de excusas: bajas, permisos y falta de técnicos”.

Alquiler de grupos electrógenos y reacción de la oposición del Ayuntamiento

Aunque la reacción no ha tardado en llegar. Para impedir el cierre inmediato de las operaciones y evitar que 46 empleados se queden sin trabajar, MAM Córdoba ha alquilado de urgencia grupos electrógenos. Este sobrecoste económico extraordinario ha sido asumido por la empresa, mientras que MAM ha apuntado que la respuesta de los responsables políticos y técnicos de Urbanismo sigue siendo “el silencio, las largas y las reuniones que se posponen sin fechas concretas”.

Desde la compañía industrial han manifestado que resulta “muy doloroso ver cómo se despliega la alfombra roja y se agilizan trámites para inversiones externas”, mientras se castiga al tejido empresarial local con “la indiferencia y la lentitud extrema”.

Tras este anuncio, las respuestas también han llegado en el plano político. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, José Carlos Ruiz, ha mostrado todo su “apoyo a MAM Córdoba y a sus trabajadores y trabajadoras”, tachando de “sencillamente inaceptable” que una firma en expansión sufra este corte por trabas administrativas. Asimismo, el dirigente ha subrayado que “Córdoba necesita una administración que acompañe a quienes crean empleo y riqueza, no una Gerencia de Urbanismo atrapada en la falta de gestión y en la burocracia”.

El edil de la formación de izquierdas ha confirmado que llevará el asunto al Pleno municipal para pedir responsabilidades al equipo de gobierno. “En el próximo Pleno exigiremos al Gobierno de Bellido y a la Gerencia de Urbanismo que den explicaciones, que asuman sus responsabilidades y, sobre todo, que pongan una solución inmediata sobre la mesa”, ha avanzado Ruiz, culminando con que “las empresas cordobesas que apuestan por Córdoba merecen soluciones, no obstáculos”.