La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha acordado “la apertura de un periodo de información pública” relativo al expediente de 'Modificación sustancial de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) por el proyecto de ampliación de las instalaciones de Cunext en Córdoba“, en la Avenida de la Fábrica, promovido por Cunext Copper Industries.

Así lo recoge la resolución publicada por la citada Consejería en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, con el fin de que “cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en el procedimiento, presentar alegaciones y pronunciarse, tanto sobre la evaluación ambiental del proyecto, la evaluación de impacto en la salud, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la AAI”.

La ampliación de las instalaciones de Cunext en su factoría de la avenida de la Fábrica se inscribe, según han precisado a Europa Press fuentes de la compañía, “dentro del proyecto global del cobre verde”, que desarrolla en Córdoba en una nueva planta, puesta en marcha el pasado verano, y que conlleva también “ampliar la capacidad de producción en las instalaciones de la Avenida de la Fábrica”, en base a un proyecto que ahora se somete a información pública.

En cuanto a la nueva planta de cobre verde puesta en marcha por Cunext Group en Córdoba, se trata de “un proyecto industrial estratégico” que, según informó la compañía en su momento, “sitúa a la ciudad como referente europeo en sostenibilidad, innovación y descarbonización”.

La nueva instalación, ubicada junto a la carretera de Granada, la N-432, permitirá producir hasta 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre de máxima pureza a partir de materiales reciclados mediante un innovador proceso de electrólisis. Con ello, Cunext Group dará “un paso decisivo en la transformación de su actividad y en el impulso de una industria con una de las menores huellas de carbono del mundo”.

Además, la planta de cobre verde “responde a una necesidad estructural de reindustrialización en Europa y refuerza la autonomía industrial en un contexto marcado por la dependencia exterior de materias primas”. En este sentido, el cobre es “un material esencial para la transición energética, la electrificación, las redes eléctricas, las energías renovables y el desarrollo de nuevas infraestructuras industriales”.

La instalación permitirá “producir cobre a partir de materiales reciclados, evitando la extracción hasta 130.000 toneladas de cobre primario”. Este modelo “contribuirá a reducir de forma significativa el uso de recursos naturales y permitirá una disminución de la huella de carbono superior a un millón de toneladas de CO2”.

La apuesta de Cunext por el cobre verde se enmarca en “una estrategia más amplia de sostenibilidad, eficiencia energética y descarbonización industrial”. La compañía impulsa también el autoconsumo energético mediante placas fotovoltaicas, el transporte cero emisiones y la incorporación de tecnología para optimizar la eficiencia de sus procesos.

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente este martes la actualización de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un nuevo marco regulatorio que adapta el planeamiento municipal a la legislación urbanística andaluza (la conocida como Lista) y al Plan de Vivienda del Gobierno Central. La propuesta ha salido adelante en el Pleno extraordinario con los votos favorables de PP, PSOE y Vox y el rechazo de Hacemos Córdoba.

La aprobación culmina un proceso de renovación de la normativa que regula la construcción, la rehabilitación y los usos del suelo en la ciudad. El documento incorpora 16 alegaciones aceptadas durante su tramitación, con cambios dirigidos a aclarar la interpretación de distintos artículos y flexibilizar algunas condiciones de construcción y rehabilitación. Entre las novedades figuran facilitar la implantación de modelos de alojamiento como el coliving y el senior living, corregir las exigencias de aparcamiento para los comercios, favorecer la instalación de pérgolas y placas solares y permitir un uso más amplio de las cubiertas para el ocio y la estancia.

El nuevo texto también introduce cambios en las condiciones de habitabilidad de las viviendas, distingue entre las compartimentadas y las de espacio único, como los lofts, y permite que las terrazas no voladas y otros elementos abiertos no computen como superficie edificable hasta un límite del 15%. Además, abre la posibilidad de implantar alojamientos dotacionales temporales para colectivos vulnerables en determinados suelos de equipamiento público.

En materia ambiental, la actualización refuerza la protección del Anillo Verde y establece criterios para combatir el calor urbano, como la conservación de al menos el 75% del suelo natural en las zonas verdes, la prioridad de especies vegetales autóctonas y la incorporación de pavimentos permeables. También regula las construcciones en suelo no urbanizable, establece nuevas cautelas arqueológicas y diferencia la situación de los edificios anteriores que no se ajustan al nuevo planeamiento.

“Falta de transparencia”

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha justificado el voto contrario de su grupo por las deficiencias que, a su juicio, ha arrastrado la tramitación desde el inicio del expediente, en marzo. Hidalgo ha señalado que la normativa anterior contaba con 534 artículos y que 207 fueron suprimidos al quedar regulados por la LISTA. “Es un 38% del articulado suprimido y no hemos tenido los datos precisos de cómo se adapta a la normativa andaluza”, ha criticado.

El concejal ha explicado que su grupo pidió que se especificaran esos cambios y que se facilitara la documentación correspondiente, pero que no recibió esa información. También ha reprochado al gobierno municipal que limitara a 20 días el periodo de exposición pública, frente a los 60 días que reclamaba Hacemos Córdoba, por lo que ha esgrimido “falta de participación” para justificar el rechazo de su formación.

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha defendido el voto favorable de su grupo, aunque ha advertido de que las modificaciones introducidas son insuficientes. El PSOE ha valorado especialmente la adaptación al Plan de Vivienda del Gobierno, que permite destinar suelos dotacionales a incrementar el parque público de viviendas, y ha reclamado que se haga un uso adecuado de esa posibilidad, al contrario de lo que está haciendo la Junta de Andalucía.

Hurtado ha lamentado, sin embargo, que la nueva normativa no aproveche la oportunidad para extender a todos los distritos la moratoria de viviendas turísticas y apartamentos. También ha criticado que no se incremente la reserva de vivienda protegida en los nuevos suelos. El PSOE defiende que esta alcance el 75% y que tenga precios realmente asequibles. En este sentido, ha cuestionado los precios de las viviendas que Vimcorsa prevé construir en Campo de la Verdad, que ha situado en torno a los 200.000 euros.

El portavoz socialista ha señalado asimismo que el documento no recoge la exigencia de plantar 250 árboles por hectárea en toda la ciudad y en los parques públicos. A su juicio, existe el riesgo de que los nuevos espacios verdes tengan una masa arbórea insuficiente.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha evitado entrar en el debate sobre las críticas de los grupos de la oposición y ha defendido las ventajas de la nueva regulación. Ha destacado que la simplificación administrativa supone un importante avance y que el nuevo marco aportará seguridad jurídica y operativa, facilitando tanto la construcción de nuevas viviendas como la reforma de las ya existentes.

La nueva normativa se puede consultar en este enlace.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha advertido este lunes que “Córdoba no necesita más anuncios ni planes que lleguen tarde, sino un Ayuntamiento que resuelva los problemas cotidianos de sus vecinos. Después de siete años de gobierno del Partido Popular, las calles siguen presentando socavones, grietas y pavimentos deteriorados que afectan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía”. “No es de recibo que, después de siete años gobernando, haya calles en estas condiciones. El problema no es que aparezca un bache, sino que el Ayuntamiento no se anticipe, mantenga adecuadamente nuestras vías y ofrezca una respuesta eficaz”.

El Plan Asfalto 2025/2027 contempla actuaciones en 191 calles y una inversión global cercana a los diez millones de euros. Sin embargo, el responsable municipal de Infraestructuras ha señalado que Córdoba podría necesitar hasta ocho años para alcanzar un estado “óptimo” del asfaltado. “Si el propio Gobierno local reconoce que hacen falta tantos años, queda claro que el mantenimiento llega tarde y que sigue habiendo mucho trabajo pendiente”, afirma Ortiz en una nota de prensa.

El edil socialista también destaca la oportunidad que representan los recursos estatales. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España 94,85 millones de euros para 120 proyectos relacionados con los daños de las borrascas y la prevención de inundaciones, incluidos 27 millones para actuaciones de reasfaltado y acondicionamiento de calles y avenidas.

Estas cantidades corresponden a una solicitud municipal, no a fondos ya concedidos. “El Gobierno de España ha habilitado mecanismos de ayuda que pueden contribuir a mejorar nuestras infraestructuras. Ahora hay que avanzar en su tramitación y ejecutar los proyectos con rigor, transparencia y eficacia. Córdoba no puede permitirse más retrasos”, señala. Frente a esta situación, el PSOE reclama reparar los socavones más peligrosos, renovar el asfalto de las vías más deterioradas, arreglar los acerados levantados y mejorar los pasos peatonales y la accesibilidad para personas mayores, con movilidad reducida y familias con carritos infantiles.

También exige revisar los puntos donde las lluvias agravan los desperfectos y controlar la calidad de las obras para evitar reparaciones provisionales que obliguen a intervenir una y otra vez. “Los vecinos tienen derecho a saber qué calles se van a reparar, cuándo se ejecutarán las obras y si están bien hechas. No pedimos nada extraordinario: exigimos responsabilidad, previsión y resultados”, subraya Ortiz. El concejal concluye que “Córdoba merece barrios cuidados, itinerarios peatonales seguros y unas infraestructuras a la altura de la ciudad. Gobernar no es anunciar obras, sino planificarlas, ejecutarlas y garantizar que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Córdoba necesita gestión, y la necesita ya”.

Una de estas festividades que ha conseguido tener arraigo en Córdoba y sirve para que los más pequeños puedan disfrutar de una manera diferente. La fiesta de Halloween tiene cada vez más adeptos en España y en la capital cordobesa no iba a ser menos. Los niños -y no tan niños- se disfrazan y van pidiendo a sus vecinos el típico: “¿truco o trato?”, mientras intentan dar el mayor miedo posible. Aunque hay algunos que son más entrañables que tenebrosos, y así se ha demostrado en una calle de la ciudad califal, donde la temática se ha seguido al dedillo.

Este periódico se acercó a la calle López de Alba en la capital. Lo que parece una calle peatonal sin mayor historia, conforme avanzas vas viendo como las viviendas están auténticamente tematizadas. Unas brujas en los tejados, una cola de rata que sale de una ventana, unos pies que simulan que están aplastando a una niña, sangre en las paredes... y unos minidiablos recorriendo las calles pidiendo dulces.

Querían inmortalizar la fotografía a la vez que el humo empañaba las farolas, instaurando un clima tenebroso. Pero las risas estaban ahí. Una iniciativa que surgió de manera espontánea durante el Halloween del año pasado, cuando los residentes pasaron de ornamentar sus fachadas de forma independiente a entablar una sana competencia vecinal. De hecho, ya se vio como en la Navidad de 2025 también estaban decorando sus hogares, tal y como contó Cordópolis.

La unión de la comunidad vecinal

Y allí se encontraba Alicia, una de las vecinas que reside en la calle López de Alba. Esta residente es una de las que impulsa esta propuesta y ha explicado a este periódico que todo empezó al colocar una araña ornamental a la que otros respondieron con adornos cada vez más elaborados. Tras repetir la experiencia en Navidades, este año han vuelto a superar las expectativas añadiendo escobas voladoras y espadas a la vía, e incluso planean incorporar una bruja voladora para el próximo año.

Dicha actividad participativa ha consolidado una comunidad vecinal especialmente unida. La calle contiene a una generación de familias jóvenes que han construido recientemente sus viviendas y que todos ellos comparten hijos de edad muy parecida. Aunque esto no se queda aquí, debido a que también se combina con unos vecinos mayores. Pese a que esto podría suponer un choque generacional, se ha convertido en una excelente convivencia. Los residentes de más edad celebran que los niños tomen la calle y jueguen alejados de las pantallas, mientras los adultos comparten momentos de convivencia vecinal.

Esta iniciativa no se ha quedado únicamente en la calle, sino que, además, ha traspasado a otros barrios de Córdoba. Dicha ornamentación ha atraído a numerosos niños y familias fuera de la zona, todo ello en busca de un ambiente y de una diversión compartida entre todos los interesados.

Las peticiones de los vecinos para la seguridad vial

Aunque todo tiene sus problemas, y más cuando hay niños de por medio. Existe una preocupación latente respecto a la seguridad vial en dicha vía. A raíz de unas obras ejecutadas tras el periodo de la pandemia ocurrida por el Covid-19, la calle López de Alba fue catalogada como peatonal, pero mantiene la infraestructura visual y la trazabilidad de una vía convencional por la que siguen circulando vehículos.

Según ha expuesto y denunciado Alicia a este periódico, la señalización actual ubicada en la entrada resulta “altamente insuficiente” para advertir a los conductores que entran en una calle peatonal. Por ello, la vecina ha remitido diversos correos a la delegación de Urbanismo para solicitar la instalación de señales pintadas sobre el pavimento, similares a las empleadas en los entornos escolares, con el fin de incrementar la visibilidad.

El tránsito de vehículos a cierta velocidad representa un riesgo constante para los menores que juegan al pillapilla o van en bicicleta. Aunque siempre hay un adulto vigilando a los pequeños, el vecindario ya ha sufrido varios sustos por conductores que pasan rápido o reaccionan con molestia cuando se les pide moderar la marcha.

La Gerencia de Municipal de Urbanismo de Córdoba tramitará en su próxima comisión de licencias la solicitud para construir un edificio de 102 viviendas, con local comercial, 138 plazas de aparcamiento, 75 trasteros y piscina junto al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y el Parque Joyero.

El proyecto figura como propuesta de urgencia en el punto 13 del orden del día de este martes, 27 de octubre, dentro de las propuestas procedentes de la Oficina de Obras. El inmueble se levantará en la avenida de la Alameda, esquina con la avenida de Mirasierra, en la parcela 3 del Plan Parcial O-6. Es decir, se ubicará frente al barrio de Las Palmeras y junto a la gasolinera Petroil.

La solicitud de licencia de obra fue presentada el pasado 30 de junio por la sociedad Artelie Gestiona. El proyecto está firmado por los técnicos Rafael Castelló Pérez y Soledad García Domenech.

Además de las viviendas y las plazas de garaje, la promoción contempla un local comercial en el edificio y una zona de piscina para uso de los residentes. El expediente es el más llamativo entre la relación de licencias de obra que se tramitan por urgencia este martes.

El campamento juvenil de Campobosco, situado en Santa María de Trassierra, afronta un proyecto de reforma y regularización urbanística para adecuar sus instalaciones a la normativa vigente. La iniciativa, promovida por la Congregación Salesiana, está previsto que se someta el próximo miércoles a la aprobación del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. El documento presentado por los Salesianos reconoce que las edificaciones existentes se encuentran anticuadas y que no consta que dispongan de licencia, por lo que será necesario tramitar su legalización, además de ejecutar obras de adaptación.

La actuación se plantea sobre una parcela de 73.247,48 metros cuadrados, en el paraje conocido como Los Baldíos, junto a la urbanización Llanos de Arjona, en pleno corazón de Sierra Morena. El objetivo es consolidar el uso de estos terrenos como campamento juvenil, una actividad que la entidad religiosa vincula a la formación, la educación en el tiempo libre y el contacto con la naturaleza de niños y jóvenes.

El proyecto de actuación sostiene que las construcciones llevan décadas utilizándose para esta finalidad. La documentación señala que fueron levantadas entre 1985 y 2006 y que la implantación que ahora se pretende regularizar permitiría mantener la actividad en su emplazamiento actual sin necesidad de construir un nuevo complejo en otro lugar.

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es el reconocimiento expreso de la situación administrativa de las instalaciones. El documento técnico indica que los edificios se han venido utilizando como campamento juvenil, pero que están anticuados y “no consta que tengan licencia”. La Congregación Salesiana plantea, por tanto, no solo la reforma de los inmuebles, sino también la apertura de un expediente específico para legalizar las construcciones e instalaciones existentes.

La memoria sitúa los primeros edificios entre los años 1985 y 2006 y afirma que las instalaciones comenzaron a utilizarse de manera precaria hace alrededor de cuatro décadas. Para respaldar esa trayectoria, incorpora fotografías aéreas históricas con las que trata de acreditar la evolución del recinto a lo largo del tiempo.

Según el relato incluido en el proyecto, en las imágenes aéreas más antiguas ya se distinguían la piscina y algunas construcciones, entre ellas la cocina-comedor, el núcleo de aseos de los niños y el salón de usos múltiples. En las fotografías de 2005 aparecía construida prácticamente la totalidad de los edificios, mientras que en las de 2009 ya se observaban también la pista polideportiva y los cobertizos.

La antigüedad de las instalaciones constituye uno de los argumentos utilizados por los promotores para justificar que la solución más adecuada consiste en regularizar y mejorar lo existente, en lugar de trasladar la actividad a otra parcela y levantar nuevas edificaciones. La memoria sostiene que esa alternativa supondría un coste económico y ambiental superior para una actividad educativa sin ánimo de lucro.

Dormitorios, aseos, comedor, talleres y piscina

El recinto dispone de un conjunto de edificios e instalaciones destinados a cubrir las necesidades de alojamiento, manutención, convivencia y actividad física de los participantes. La documentación describe dormitorios diferenciados para niños y niñas, dependencias para los monitores, aseos, un salón de usos múltiples, cocina, comedor, talleres de manualidades, dos cobertizos abiertos, una pista polideportiva y una piscina con vestuarios.

El edificio destinado a los dormitorios de los niños cuenta con seis módulos, cinco de ellos equipados con literas y uno reservado a los monitores. La construcción ocupa una superficie de 120,33 metros cuadrados. El alojamiento de las niñas se organiza igualmente en módulos, con cinco espacios destinados a dormitorios y otro para los servicios higiénicos, y suma 131,97 metros cuadrados.

El proyecto recoge también un edificio para los monitores con planta baja y semisótano, así como un salón de usos múltiples de 43,50 metros cuadrados. La zona de cocina, comedor y talleres cuenta con distintas dependencias para preparar y servir las comidas y desarrollar actividades formativas.

A estos espacios se añaden dos cobertizos destinados a actividades al aire libre protegidas de la lluvia y el sol, una pista polideportiva de 21,80 por 26,80 metros y una piscina rectangular de 21,50 por 12 metros de lámina de agua. Se trata, por tanto, de un complejo que combina alojamiento y servicios básicos con instalaciones para el ocio, el deporte y la educación ambiental.

La memoria sostiene que el equipamiento existente permite desarrollar las actividades propias de un campamento juvenil sin necesidad de ejecutar nuevas edificaciones, abrir nuevos viales o desplegar infraestructuras adicionales de gran entidad. La intervención se concentraría en adecuar los edificios y poner al día sus instalaciones, aunque también contempla actuaciones en materia de urbanización, saneamiento y protección contra incendios.

Una capacidad de hasta 120 jóvenes

El documento calcula que el campamento tiene una capacidad máxima de alojamiento para 120 niños y jóvenes, además de los monitores encargados de las actividades. La previsión recogida en el estudio económico es mantener una ocupación media de 100 participantes durante al menos 90 días al año.

Los periodos de mayor actividad se concentran, según la memoria, en los meses de verano, desde mediados de junio hasta mediados de agosto. También se contempla el uso de las instalaciones durante algunos fines de semana completos y en Semana Santa.

La finalidad principal es atender a los grupos de jóvenes y alumnos vinculados a los centros educativos de la Congregación Salesiana en Córdoba y en el resto de Andalucía. El proyecto añade que las instalaciones podrían ser utilizadas por otras organizaciones juveniles, entre ellas grupos scouts y otras comunidades educativas.

Quienes quieran optar a una de las viviendas del Plan Vives ( plan por la vivienda económica y sostenible), podrán empezar a apuntarse la semana que viene, según ha anunciado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico.

Torrico, que informado de que el equipo de Gobierno del PP en Córdoba llevará el próximo lunes a la Junta de Gobierno Local la aprobación del plan, ha comunicado que, desde la próxima semana se abrirá la recepción de solicitudes en el registro de demandantes, tanto por vía telemática en el Ayuntamiento de Córdoba como en Vimcorsa, donde habrá un técnico dedicado específicamente a ello.

Así, ha precisado que quienes ya estén en el registro general de demandantes del Ayuntamiento deberán inscribirse además de forma específica para este plan. La selección de adjudicatarios se hará cuando se vayan sacando las promociones. En total, con cargo a este plan, se prevén construir más de 820 viviendas de alquiler asequible en los próximos años, repartidas en siete promociones distintas, de las que hay dos que están en redacción.

Los suelos y las cifras previstas son estas:

Torrico señaló que el reparto busca ser equilibrado por toda la ciudad, incluido el entorno del casco histórico y el centro, y que la GMU asumirá la formulación, planificación, dirección, supervisión y control del plan, que contempla la gestión directa por Vimcorsa y otras fórmulas de iniciativa pública, privada o mixta. Cinco de los suelos se sacarían de forma conjunta, probablemente mediante colaboración público-privada. También se prevé contar con ayuda estatal y europea, además de la aportación municipal.

De hecho, según ha señalado, los suelos del Campo de la Verdad y del Pretorio son los más avanzados, ya que el primero se tramita para ejecutarse dentro del plan y de una subvención europea, cuyos plazos, según Torrico, “son muy taxativos” y se están cumpliendo. En el Pretorio ya se trabaja en la redacción del proyecto, mediante gestión directa de Vimcorsa.

Solo alquiler

El presidente de la GMU insistió en que todas las viviendas serán de alquiler y lo seguirán siendo siempre. Se levantarán sobre suelos dotacionales, previstos para equipamientos públicos como educativos o deportivos. La ley de vivienda de Andalucía permite destinarlos a vivienda, pero solo en régimen de alquiler. En el caso de los jóvenes, solo podrán ocupar estas viviendas hasta los 35 años, edad a partir de la cual tendrán que abandonarlas para cederla a otro demandante. Para los mayores, hay más flexibilidad.

Cada vivienda tendrá un máximo de 45 metros cuadrados, aunque hasta el 15 % de las unidades podrá llegar a 70. Al menos un 15 % de la superficie se destinará a estancias y servicios comunes, para formar un conjunto residencial integrado. Los destinatarios prioritarios serán jóvenes y mayores, y, según la demanda, se podrá ampliar a otros colectivos.

Torrico explicó que todavía no hay precios de alquiler, que se fijarán promoción a promoción, cuando se conozca el coste de construcción. Se comprometió a que serán asequibles y “muy por debajo” de los del mercado, aunque admitió que los costes de construcción son variables y tienden al alza. El plazo estimado de ejecución del plan es de cuatro años. Torrico aclaró que las promociones irán entrando en servicio conforme se terminen, sin esperar al final de ese periodo.

La asociación vecinal Torre de la Malmuerta ha exigido que “se agilicen los trámites para las reparaciones definitivas” en este monumento - una fortificación declarada Bien de Interés Cultural (BIC)-, reparaciones que recuerdan están “contempladas en los informes técnicos”, en alusión a las deficiencias y actuaciones previstas en este enclave de Córdoba.

Los vecinos han recordado que, el pasado 15 de octubre, los bomberos realizaron una intervención en la Torre de la Malmuerta, en la que fueron a “proceder al saneamiento y retirar cascotes y fragmentos sueltos que corrían el riesgo de desprenderse a la vía pública”, según han explicado en un comunicado en sus redes sociales.

Ese día, una dotación de los bomberos con el camión escala comprobó los distintos elementos de la torre, para prevenir el riesgo de desprendimiento en una zona por la que transitan los peatones.

La asociación vecinal señala que “lleva tiempo registrando informes sobre el preocupante estado de conservación del monumento” y recuerdan que el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con “un informe técnico de la Gerencia de Urbanismo fechado el 10 de febrero de 2021, donde se detallaban las deficiencias y las actuaciones necesarias en la torre, que confirma nuestras denuncias”.

Por eso, creen, “la intervención de los bomberos demuestra la necesidad de una restauración definitiva” de la Torre de la Malmuerta. “Exigimos que se agilicen los trámites para las reparaciones definitivas contempladas en los informes técnicos. ¡Cuidemos Córdoba y su historia!”, piden desde la asociación de vecinos.

En distintas ocasiones, la asociación de vecinos Torre de la Malmuerta ha alertado sobre el grado de conservación de la Torre de la Malmuerta y que cuenta desde 2021 con un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que aconseja un plan de actuación para restaurar distintas zonas. Posteriormente, en 2024, volvieron a emitir un informe sobre los daños visibles en este monumento dirigido al Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo solicitando que se procediera “a la mayor brevedad posible y de manera progresiva, a corregir las deficiencias detectadas”.

En este ámbito, el citado informe advertía que “hay que frenar el deterioro progresivo que los años y los agentes externos le están provocando y prevenir que los pequeños desprendimientos que se producen en sus piedras (calcarenitas muy erosionable) puedan dañar a los transeúntes que por el lugar transitan”. Igualmente, señalaban la necesidad de proceder a la limpieza del monumento e informaban del “mal estado de conservación y peligroso deterioro” que está sufriendo la piedra exterior de la torre a causa de la acción de los agentes atmosféricos, la contaminación ambiental (del llamado mal de la piedra) y, muy especialmente, por la actividad, mecánica y química de las palomas en sus muros, y que se evidencia, muy especialmente, en el Arco de la Torre.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha matizado que la prórroga de diez días que se dio para ejercitar el derecho de retracto para adquirir los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia vence el 21 de octubre. A preguntas de este periódico, desde la Junta han aclarado que la ampliación de plazo era en días hábiles y no naturales, de manera que, si se cuenta desde el 6 de octubre y se descuenta el festivo del 12, el tiempo extra se agota el próximo miércoles.

Hasta entonces, no se esperan declaraciones al respecto. La semana pasada, cuando los seis meses de plazo teóricamente oficial llegaban a su fin, el Gobierno Andaluz decidió de manera unilateral ampliar en diez días el periodo para resolver y notificar el procedimiento del derecho de retracto sobre los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba.

En aquel momento, no se especificó que fueran diez días hábiles. Solo se dijo textualmente “diez días”. La justificación a esta “prórroga excepcional” respondía, según dijeron, “a la necesidad de garantizar plenamente los derechos de defensa y audiencia de las partes implicadas, antes de emitir la propuesta de resolución definitiva”.

Sin embargo, la parte principal implicada, el actual propietario, Antonio Amil, afirmó al día siguiente que no se le había notificado la prórroga, e insistió en que ni la Junta tenía, a su juicio, derecho de retracto, ni podía ampliar el plazo de manera unilateral.

Así las cosas, el final de este culebrón se vuelve a alargar otros cinco días, después de que la Junta de Andalucía iniciara en septiembre el expediente de retracto a petición del Ayuntamiento de Córdoba y con el objetivo de que sea el Consistorio el que finalmente adquiera los tres cines de verano por el precio de 300.000 euros.

Así lo explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, cuando confirmó que la Administración autonómica había ejercido el derecho “en favor, directamente, del Ayuntamiento” para que este “pueda adquirir los cines”. La fecha del 6 de octubre, según dijo el propio Gobierno Andaluz, era el límite paraejercer el derecho de retracto, argumentando que contaba con seis meses desde que tuvo conocimiento de la compraventa para tomar esta decisión. Ese plazo comenzó a contar el 6 de abril, cuando tuvo conocimiento de que Antonio Amil había adquirido los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo.

Desde hace dos décadas, un investigador berlinés recorre Córdoba en busca de las huellas de las ciudades que se esconden bajo la actual urbe. Cornelius Meyer es geofísico especializado en prospección arqueológica y uno de esos profesionales que trabajan con herramientas capaces de revelar lo que el ojo no puede ver a simple vista. Y eso que, como decía hace poco un famoso arqueólogo, en Córdoba no hay sorpresas, puesto que casi todo el mundo sabe qué si uno hinca una pala, puede desenterrar un tesoro histórico.

A pesar de ello, o más bien debido a eso mismo, los equipos de Meyer han rastreado terrenos en los que después se han construido barrios enteros, espacios del centro histórico y yacimientos arqueológicos. En las imágenes que obtiene, las anomalías del subsuelo se convierten en posibles muros, calles, viviendas, pozos o necrópolis. La arqueología empieza, en su caso, mucho antes de que entre en acción la pala. Sirve como un mapa en el que rastrear o precisamente para indicar donde es mejor no desenterrar un solo metro de terreno.

Meyer llegó a España a comienzos de este siglo, tiempo después de terminar sus estudios en Alemania y de pasar por México a mediados de los años 90 para seguir formándose y trabajar en prospecciones. Sus primeros proyectos españoles estuvieron vinculados al Instituto Arqueológico Alemán y a sus trabajos en yacimientos de Huelva y Sevilla. Fue a través de los contactos con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y la Universidad de Córdoba, como comenzó a trabajar en los grandes planes parciales del oeste de la ciudad, que entonces eran un dibujo en un plan general de ordenación, y hoy son ya barrios enteros con centenares de viviendas. Era alrededor de 2003 o 2004. Desde entonces, su relación con Córdoba no se ha interrumpido.

Todo esto lo cuenta Meyer tomándose un café y liando un cigarro en la facultad de Filosofía y Letras, donde ha intervenido en un congreso de arqueología. Era la primera vez que mostraba abiertamente la magnitud de sus prospecciones. Una ventana a dos décadas de rastreo tanto en la periferia como en el cogollo de una ciudad milenaria. Poco después, charlaba con Cordópolis en la que es su primera entrevista a un medio local.

Al alba

A las seis de la mañana, cuando todavía no aprieta el calor, Cornelius Meyer suele empezar a rastrear el subsuelo de Córdoba. Es el momento de sacar los equipos y recorrer el terreno en busca de señales que a simple vista no existen: los muros de una casa desaparecida, una calle sepultada o los restos de un barrio entero. Horas después, con el sol ya en lo alto y el termómetro acercándose a los 40 grados, las mediciones empiezan a dibujar una ciudad invisible bajo la que habitamos. “Es el encanto de este trabajo: en poco tiempo tienes la impresión de que puedes investigar muchas cosas a la vez”, explica este geofísico alemán sobre dos décadas de trabajo “muy interesantes”.

Explica que, en estos años, ha logrado acumular muchas experiencias y aprender muchas lecciones sobre cómo acercarnos a las preguntas de la historia. Y no solo en Córdoba, que es una ciudad que conoce bien, pero que no monopoliza su labor: su trabajo como geofísico autónomo, con más de 300 proyectos en más de 30 países, lo ha llevado por buena parte del Mediterráneo y Oriente Próximo.

No se puede conservar toda la historia tal y como está, y tampoco siempre tiene sentido hacerlo. Necesitamos espacio para vivir

Eso sí, reconoce que la ciudad andaluza es especial para él. No solo por los amigos que tiene, tras décadas de trabajo, sino porque le ofrece, además, un campo de investigación especialmente complejo. Su historia milenaria ha dejado sucesivas capas de ocupación, construcciones y transformaciones que se superponen unas a otras. A ello se suma la presencia de infraestructuras modernas, tuberías, cables y zanjas que interfieren en las mediciones. “Hay condiciones muy variables y, como Córdoba tiene una historia tan importante, hay muchos estratos para investigar. Eso complica un poco el trabajo, pero lo hace apasionante”, resume sobre una ciudad que, confiesa, le encanta tal y como está en el presente.

Los barrios que siguen bajo tierra

Una ciudad que ha crecido allí donde Meyer comenzó a rastrear. Porque uno de los grandes campos de trabajo de Meyer ha sido Poniente. Cuando comenzó a prospectar esta zona, hace dos décadas, buena parte de los terrenos que hoy están ocupados por edificios todavía esperaba su desarrollo urbanístico. Todo ello en una zona que, históricamente, había acogido los arrabales occidentales de la Córdoba andalusí. Un periodo que, aunque no estaba visible, habita bajo el subsuelo: las huellas de las casas, sus cimientos y la organización de barrios que habían desaparecido de la superficie.

“Las casas no se conservan, pero las plantas y los cimientos todavía están”, explica sobre los trabajos en una zona en la que sus prospecciones -que no eran entonces algo tan conocido como ahora- permitieron identificar trazados urbanos completos y reconocer estructuras que después podían ser investigadas mediante excavaciones arqueológicas. En algunos casos, las imágenes ofrecían un nivel de detalle extraordinario: calles, barrios e incluso edificios individuales.

Ese fue uno de los aspectos que más le sorprendió durante los primeros años. En el ámbito del plan parcial O-7, la prospección permitió dibujar con claridad las estructuras de los arrabales y las necrópolis islámicas que permanecían enterradas. “Nos sorprendió bastante que todo apareciera con tanta claridad en las imágenes. Los arqueólogos que excavaban después podían seguir los datos para encontrar las estructuras interesantes”, recuerda.

La experiencia también le permitió comprobar hasta qué punto las mediciones geofísicas podían anticipar lo que aparecería en una excavación. En el plan parcial PAU-1, en el norte de la ciudad, identificó a comienzos de siglo una construcción que se interpretó inicialmente como parte de una almunia califal vinculada a la zona de la Arruzafa. Más de veinte años después, este mismo año, una excavación arqueológica volvió sobre aquellas estructuras y confirmó una coincidencia muy notable entre las mediciones magnéticas y los restos encontrados. Se buscaba mítico el palacio de Abderramán, al Rusafa.

La interpretación histórica, sin embargo, continúa abierta. El arqueólogo es cauto y dice que la hipótesis inicial sobre la función y la cronología del edificio necesita revisarse, ya que todavía no está claro cuándo se construyó ni cuál fue exactamente su uso. Para Meyer, el caso ilustra tanto la capacidad de estas técnicas para localizar estructuras como sus límites: detectar un edificio enterrado no equivale a saber quién lo levantó, cuándo lo hizo o para qué servía.

A su juicio, el oeste de Córdoba sigue guardando otros puntos de interés. Alrededor de la antigua fábrica de Hitachi, por ejemplo, hay terrenos con restos arqueológicos pendientes de investigación. Sin embargo, aclara que la contaminación electromagnética y las interferencias de las instalaciones industriales complican el trabajo, pero no agotan las posibilidades de estudio. “Todavía queda mucho por investigar en esa zona”, advierte.

De Poniente a la Mezquita y el Alcázar

Con el paso de los años, los avances tecnológicos han permitido a Meyer ampliar su actividad a espacios más reducidos y complejos del centro histórico. Sus equipos actuales son más eficaces y precisos, lo que abre nuevas posibilidades en lugares donde las condiciones de trabajo son especialmente difíciles. El año pasado, su equipo prospectó las superficies accesibles de la zona del Alcázar Viejo, incluidos el patio de la antigua biblioteca y el entorno del Campo Santo de los Mártires. La variedad de estructuras y sedimentos, junto a las intervenciones modernas y las huellas de épocas anteriores, convirtió el trabajo en un ejercicio de interpretación especialmente delicado.

En general, toda la zona del Alcázar y los alrededores de la Mezquita son una zona compleja. En sus primeros niveles aparecen cables, tuberías y zanjas de instalaciones contemporáneas que dificultan la lectura del subsuelo. Sin embargo, en las zonas menos alteradas, como el patio de la biblioteca, las mediciones permiten identificar estructuras que deberán ponerse en relación con los restos ya conocidos por excavaciones anteriores.

Meyer insiste en que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas. Los datos están procesados, pero la interpretación exige contrastarlos con la información arqueológica y discutirlos con los especialistas que conocen el terreno. De hecho, avanza que, junto a Félix Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán, prepara una publicación sobre los trabajos realizados en el Alcázar Viejo, prevista para la próxima primavera.

“Estamos todavía al principio de la explicación y de la interpretación de lo que hay allí”, señala. Esa cautela forma parte de su método: la prospección geofísica no sustituye a la excavación, sino que proporciona información para orientar las preguntas y ayudar a comprender mejor lo que se encuentra bajo tierra.

La misma precaución aplica a otros espacios de la ciudad, como los terrenos próximos al Colegio Mayor Séneca donde se ha planteado un proyecto de un camping, que ya ha encontrado los primeros detractores. Meyer se mantiene al margen y se limita a contar su trabajo en una zona donde, hipotéticamente, podría haber estado el primer asentamiento de la ciudad. En una superficie relativamente pequeña, las mediciones han detectado posibles restos de distintas épocas, aunque la presencia de vallados, tuberías y otras infraestructuras modernas dificulta su lectura. Determinar si corresponden a la Córdoba prerromana, romana o a fases posteriores requiere la intervención de los arqueólogos.

“No podemos datar directamente las estructuras con la prospección geofísica”, aclara. La cronología debe establecerse a partir del contexto arqueológico, la identificación de diferentes estratos y, cuando resulta útil, la profundidad a la que aparecen los restos. Para ello emplea distintas técnicas, entre ellas el georradar y la prospección magnética, cuya eficacia depende de las características del terreno. En los suelos fluviales, como es el caso de esta zona, el georradar presenta más limitaciones que en el suelo antropogénico del centro histórico, formado por metros de sedimentos acumulados como consecuencia de la actividad humana.

Documentar lo que no siempre se conserva

Una de las cuestiones que acompañan al trabajo de Meyer es el destino de los restos que se localizan en terrenos destinados a la construcción. En los grandes desarrollos urbanísticos, las prospecciones pueden revelar barrios históricos enteros sin que eso implique necesariamente que vayan a conservarse físicamente. Para el investigador, esta situación no es exclusiva de Córdoba. El suelo es un recurso limitado y las ciudades necesitan espacio para crecer. No resulta posible preservar todos los vestigios de todas las épocas, aunque sí es importante documentarlos con el mayor detalle posible.

“No se puede conservar toda la historia tal y como está, y tampoco siempre tiene sentido hacerlo. Necesitamos espacio para vivir. Lo importante es documentar todo lo que se pueda para que las generaciones que vienen tengan una idea de su historia”, sostiene el investigador.

Su trabajo se desarrolla precisamente en ese punto de encuentro entre la investigación arqueológica y la transformación urbana. Meyer colabora con la Gerencia Municipal de Urbanismo, empresas especializadas en excavaciones y las administraciones responsables de la protección del patrimonio. Los resultados se comparten con los equipos que continúan la investigación y pueden servir de base para futuras publicaciones científicas.

La decisión sobre qué se conserva, qué se excava y qué acaba desapareciendo bajo una nueva construcción queda fuera de sus competencias. “Nosotros somos investigadores, no urbanistas ni economistas. Estoy contento si podemos identificar y documentar las cosas, pero decidir cómo se preservan o cómo se presentan al público no está en nuestras manos”, aclara.

Esa distancia respecto a las decisiones urbanísticas no significa que el investigador haya perdido la capacidad de sorprenderse ante lo que aparece en sus mediciones. Uno de sus recuerdos más significativos es, precisamente, la confirmación arqueológica de aquellas estructuras detectadas en el norte de Córdoba hace más de dos décadas y que este mismo año se han excavado en busca de al Rusafa. Ver que las formas registradas por los instrumentos coincidían con los restos excavados después fue una experiencia especialmente reveladora.

También le ha llamado la atención la extensión que llegó a alcanzar la Córdoba medieval, que en determinados momentos superó la superficie de la ciudad actual. Los arrabales y los espacios de ocupación histórica desbordan el perímetro que hoy asociamos al casco urbano y obligan a pensar Córdoba como una ciudad mucho más extensa y compleja de lo que sugieren sus monumentos visibles.

Una especialidad minoritaria y una ciudad a la que volver

La trayectoria de Meyer tiene otra particularidad: la continuidad. La prospección geofísica aplicada a la arqueología es una especialidad minoritaria, incluso dentro de la geofísica. En Europa, calcula, apenas unos cientos de profesionales trabajan en este ámbito, repartidos entre distintos territorios y periodos históricos. Otros equipos han investigado Córdoba, incluidos grupos universitarios y especialistas llegados de Inglaterra, Polonia o Alemania. Meyer no es el único que ha explorado su subsuelo, pero sí uno de los profesionales que han mantenido una presencia más constante durante las últimas dos décadas.

Su base continúa en Berlín, donde trabaja como geofísico autónomo y profesor invitado de prospección arqueológica en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (HTW). Su actividad internacional lo lleva de un proyecto a otro, pero Córdoba sigue siendo un lugar al que regresar cuando recibe un encargo.

Cuando llegó por primera vez, sabía que se encontraba ante una ciudad de gran importancia histórica, aunque todavía desconocía las condiciones concretas que iba a encontrar bajo sus calles. Su comparación más cercana era Colonia, otra ciudad, en esta caso alemana, con un pasado romano y varios metros de estratos históricos acumulados. Córdoba no era una excepción arqueológica en términos absolutos, pero la riqueza y la diversidad de sus ocupaciones le ofrecían un campo de trabajo especialmente atractivo.

Y también estaba la ciudad que se encuentra por encima del subsuelo: sus calles, sus amigos y el tiempo que ha ido pasando aquí. Meyer habla de Córdoba con la familiaridad de quien ha regresado durante veinte años y ha terminado incorporándola a su propia geografía personal. Después de tantas campañas, su conclusión es tan sencilla como contundente. En Córdoba, la historia no está únicamente en la Mezquita-Catedral, el Alcázar o los grandes monumentos. También permanece bajo los barrios modernos, en los terrenos que todavía no se han urbanizado y en los solares donde apenas hay señales visibles del pasado.

“Podríamos empezar aquí mismo y encontrar algo”, dice, mirando a su alrededor, en el patio de una facultad que casi desconocía y en el que, cuando el periodista se marcha, agota su cigarro de liar antes de marcharse.

El grupo municipal Hacemos Córdoba pide al alcalde, José María Bellido, que reflexione sobre los presupuestos de 2027 de la Gerencia Municipal de Urbanismo y le exige “un calendario concreto para ejecutar las inversiones pendientes”.

Según ha considerado la coalición en una nota, “no basta con volver a incluir proyectos en las cuentas si después no se materializan, especialmente cuando siguen sin atenderse necesidades de la ciudad en materia de vivienda pública, recuperación del patrimonio y equipamientos para los barrios”.

En concreto, de los aproximadamente 40 millones de euros previstos, casi 25 millones proceden de remanentes, alrededor del 62% del total, mientras que la ejecución presupuestaria de 2026 se sitúa en el 34%.

Para Hacemos Córdoba, estos datos reflejan la “incapacidad” del equipo de gobierno para convertir las previsiones presupuestarias en actuaciones reales, una situación que se aprecia en proyectos como el Anillo Verde de Parque Chinales, la adecuación del Puente de Hierro, la remodelación de Claudio Marcelo o las actuaciones de conservación del casco histórico, que continúan pendientes pese a figurar en las cuentas de distintos ejercicios.

“No pueden seguir anunciando inversiones año tras año mientras los proyectos continúan sobre el papel. La Gerencia tiene que explicar qué actuaciones va a ejecutar y cuándo”, ha reclamado la coalición, que considera “imprescindible establecer plazos concretos para que la ciudadanía pueda conocer cuándo se llevarán a cabo los proyectos y comprobar su cumplimiento”.

Además, Hacemos Córdoba ha advertido que los presupuestos no contemplan fondos para adquirir solares y edificios sin uso en el casco histórico que puedan destinarse a viviendas municipales de alquiler asequible. También reclama recursos para adquirir la casa número 4 de la plaza de San Agustín y rehabilitar la número 5, donde el vecindario demanda un equipamiento público.

A esto se suma el caso del inmueble de la calle Manríquez, número 2, cuya adquisición ha considerado que “debería haberse impulsado para estudiar posibles usos de interés público, incluido el residencial, en lugar de avanzar hacia una modificación urbanística que permitiría destinarlo a apartamentos turísticos”.

En suma, la coalición ha pedido al alcalde que revise las prioridades de la Gerencia y garantice que las inversiones presupuestadas cuenten con una planificación definida, plazos de ejecución y seguimiento. “Córdoba necesita saber cuándo van a hacerse realidad los proyectos que se anuncian y que las cuentas municipales respondan también a las necesidades de vivienda y de los barrios”, ha concluido Hacemos Córdoba.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Marina Montes, ha anunciado que la Administración autonómica ha optado, finalmente, por derribar y no rehabilitar el antiguo edificio sindical de la calle Marbella, abandonado y sin uso desde 2010, y cuyo mal estado ha aconsejado adoptar esta medida, que, no obstante, no impedirá llevar a cabo el proyecto previsto de levantar en el solar resultante una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Marina Montes, quien ha explicado que el pasado mes de diciembre, “cuando presentamos el proyecto para convertir el antiguo edificio de UGT de la calle Marbella en una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, explicamos que la intención inicial de la Junta era mantener el edificio y adaptar su estructura a las necesidades de la nueva oficina”.

“Desde entonces --ha proseguido--, se han realizado los estudios y análisis técnicos necesarios sobre el estado del inmueble y sus posibilidades de rehabilitación, y las conclusiones de esos informes aconsejan finalmente optar por el derribo del edificio, en lugar de acometer una intervención de rehabilitación sobre una estructura que presenta importantes dificultades”.

Por tanto, según ha subrayado la delegada de Empleo, “no cambia el objetivo de la Junta, lo que cambia es la solución técnica para alcanzarlo. Nuestro compromiso sigue siendo exactamente el mismo: recuperar este espacio, acabar con una situación de abandono que durante años ha afectado al entorno y convertirlo cuanto antes en una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, moderna, accesible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos y de los profesionales del SAE”.

De hecho, según ha señalado, “ya hemos dado un paso adelante y hemos sacado a licitación la redacción del proyecto de demolición. Queremos avanzar con la máxima agilidad para que, una vez completados los trámites necesarios, podamos abordar la construcción de la nueva oficina”, porque “la prioridad de la Junta es que un edificio que durante años ha sido un problema para el barrio se convierta, cuanto antes, en una infraestructura pública útil, moderna y vinculada a las políticas de empleo y formación”.

En concreto, ha sido la Dirección Provincial del SAE en Córdoba la que ha sacado a licitación pública la redacción del proyecto de demolición del antiguo edificio sindical ubicado en la calle Marbella número 1 de la capital cordobesa, y cuyo derribo se prevé mediante la adjudicación de un contrato de servicios, que tiene como objetivo principal la citada redacción del plan de demolición de la edificación, con un presupuesto base y un valor estimado de 12.100 euros y con una duración de ejecución establecida en tres meses.

Así lo recoge el expediente correspondiente publicado en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press y donde se detalla que las empresas interesadas deben presentar sus propuestas, por vía electrónica, antes de la fecha límite fijada para el próximo 14 de octubre de 2026 a las 9,00 horas. Toda la documentación complementaria, incluyendo la memoria justificativa de la contratación, se encuentra disponible para su consulta en el portal oficial de contratación pública de la Administración autonómica.

Una situación complicada por todo lo que significa que pasen los años y no puedas modificar tu casa. Los vecinos de las 250 viviendas pertenecientes al sector 3 de la barriada de Electromecánicas en Córdoba han presentado una alegación formal dirigida al alcalde, José María Bellido, y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico. La iniciativa pretende que el Ayuntamiento de la capital modifique la norma municipal para acabar con la paralización administrativa.

Todo ello se originó en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2001. Este marco normativo hizo que dichas propiedades quedasen catalogadas bajo la figura de 'elemento protegido', figurando en la sección tres con un nivel de protección máximo. Los afectados han sostenido que la mayoría del vecindario desconoce los motivos por los que se asignó dicho nivel de restricción en su momento.

De hecho, los vecinos han denunciado que la GMU ha denegado de forma continuada las licencias de obra necesarias tanto para intervenir en la estructura exterior como en el interior de las edificaciones. Una traba normativa imposibilita la ejecución de reparaciones urgentes, lo que ha derivado en un deterioro que esta vez los demandantes han clamado.

La realidad cambia tras 25 años

La zona afectada abarca exactamente a 250 inmuebles repartidos a lo largo de siete calles concretas del barrio. En específico, el ámbito de aplicación comprende los hogares situados en las calles Doctor Ángel de Castiñeira, Ingeniero Alfonso Churruca, Ingeniero Lino Arisqueta, Papa Juan XXIII, Compositor Gómez Navarro, Ingeniero Benito Arana e Ingeniero Antonio Carbonell.

Los vecinos de esta zona han recalcado a este periódico que la realidad social del barrio difiere sustancialmente de la existente hace 25 años. En las últimas décadas, se ha registrado una repoblación casi integral de las parcelas con nuevas familias, cuyas necesidades actuales de habitabilidad exigen acomodar la configuración interior de las casas a las pautas de vida contemporáneas.

El colectivo considera que la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOUM) 2026 ofrece la coyuntura idónea para solucionar esta demanda histórica. Dado que la administración local se encuentra realizando los estudios previos para la aprobación del nuevo marco que sustituirá al de 2001, los propietarios solicitan que la dirección técnica y los redactores del plan incorporen la modificación solicitada en el proyecto definitivo.

Como alternativa técnica, la representación vecinal plantea desvincular sus inmuebles del régimen de protección y equiparar su estatus al de los sectores 1 y 2 de la misma barriada, los cuales no enfrentan impedimentos urbanísticos. La propuesta sugiere reclasificar las fincas dentro de categorías ordinarias como 'Viviendas Unifamiliares adosadas' o 'Colonia Tradicional Popular', permitiendo tramitar licencias mediante los cauces habituales de la ciudad. Pese a que el escrito de alegaciones fue enviado oficialmente a la Alcaldía y a la GMU con fecha 18 de abril, los vecinos señalan que aún no han recibido respuesta institucional.

La Fundación Vímpyca, vinculada a la Iglesia Católica, ha presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba un estudio de detalle para reordenar la volumetría y las alturas de una parcela de su propiedad en Huerta de Santa Isabel Oeste. Esta iniciativa permitirá aprovechar el marco legal establecido por el reciente Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, incrementando en 63 las viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas en el suelo, hasta alcanzar un total de 382 inmuebles.

El planeamiento previo fijaba para esta gran parcela de 13.387,60 metros cuadrados un tope de 319 viviendas y una edificabilidad máxima de 32.866,56. Sin embargo, la aplicación del Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía autoriza un incremento del 20% en la densidad residencial y un 10% en el techo edificable para parcelas no edificadas destinadas a vivienda protegida. Con esta actualización, la edificabilidad máxima permitida en la finca pasa a ser de 36.153,22 metros cuadrado techo, capacitando a la promotora para aumentar la oferta de pisos protegidos en el sector.

Para materializar el aumento de edificabilidad sin sobrepasar la ocupación máxima del suelo (fijada en el 40% sobre rasante) ni mermar la calidad de los espacios libres del conjunto, el estudio rediseñado por los arquitectos Rafael Castelló Pérez y Soledad García Domenech plantea adaptar los parámetros de altura.

La propuesta amplía la altura regulada, pasando de la previsión original de planta baja más seis plantas (22,50 metros) a una configuración idéntica más un ático. Según justifica el equipo técnico, el cómputo de las terrazas voladas (que computan al 100% en ocupación y al 50% en edificabilidad) habría generado una asimetría volumétrica si se intentaba agotar el nuevo techo en solo siete plantas, lo que habría obligado a sacrificar equipamientos comunitarios en planta baja o la amplitud de las terrazas.

El proyecto incorpora severas condiciones de diseño para garantizar que la nueva planta ático se integre armónicamente en el entorno y no proyecte sombras perjudiciales hacia los viales o parcelas colindantes: Las plantas áticos deberán retranquearse al menos 5 metros respecto a las fachadas que dan a la calle; el ático no podrá ocupar más del 50% de la superficie de la planta inmediatamente inferior y se resolverá mediante piezas discontinuas; se prohíbe taxativamente construir cualquier elemento por encima de los 25,60 metros de altura máxima, lo que impide incluso la colocación de casetones o castilletes para escaleras y ascensores sobre la planta ático.

Con el tiempo que marcan los plazos administrativos, la ciudad de Córdoba sigue trabajando para dotarse de una de sus infraestructuras de emergencias más demandadas. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha impulsado el expediente de contratación para adjudicar, mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, el diseño arquitectónico y la dirección de obra del Nuevo Parque Central de Bomberos.

El objetivo prioritario de este procedimiento es seleccionar la propuesta arquitectónica más vanguardista y funcional, integrando tanto la concepción inicial como el posterior desarrollo técnico y constructivo, y parte de una petición expresa de la plantilla y la dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la capital, que lleva años reclamando cambiar de instalaciones.

Así, la futura infraestructura de hecho no irá en Los Custodios, sino que se levantará en la avenida de Menéndez Pidal, en unos terrenos situados en suelo no urbanizable en el paraje de la Alameda del Obispo^[. Se trata de una parcela que linda al sur con los terrenos del centro IFAPA y al este con la planta solar fotovoltaica La Pilarica.

Este nuevo emplazamiento permitirá jubilar de forma definitiva las históricas instalaciones de Vistalegra, que prestan servicio desde hace décadas pero han quedado completamente obsoletas. Los informes del SPEIS advertían de que el recinto actual no reúne las condiciones mínimas necesarias debido a su reducido tamaño, su forma irregular, el desgaste del edificio y las crecientes dificultades de acceso al encontrarse atrapado en plena malla residencial.

Frente a ello, la nueva sede, con salida directa a la Ronda Oeste, busca dotar al servicio de una conectividad viaria óptima, mayor capacidad operativa y una imagen institucional renovada que dignifique la profesión de bombero.

Un concurso en dos fases y primas económicas para los finalistas

Para lograr la máxima calidad y evitar dilaciones, el Ayuntamiento ha optado por un procedimiento restringido estructurado en dos fases. Una primera, la criba técnica, en la que se evaluará de forma unificada la solvencia y experiencia previa de los equipos licitadores en el diseño de edificios de equipamiento y parques de bomberos similares de gran escala, así como criterios de paridad de género. De este proceso preliminar se seleccionará únicamente a los tres mejores candidatos; y una segunda, el concurso de anteproyectos anónimo, en el que los tres equipos finalistas competirán presentando de manera anónima —bajo un lema identificativo— sus propuestas conceptuales.

Para compensar el exhaustivo esfuerzo técnico exigido a nivel de anteproyecto avanzado, cada uno de los tres finalistas recibirá una prima de compensación de 55.000 euros sin IVA (66.550 euros con IVA). En el caso del equipo ganador, dicho importe computará como pago a cuenta de los honorarios derivados de la adjudicación definitiva.

La evaluación de las propuestas correrá a cargo de un jurado cualificado, en el que al menos dos tercios de sus integrantes serán arquitectos o profesionales técnicos competentes. Estará presidido por la presidencia de la GMU y contará con la participación del Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, el Director Técnico y el Jefe del Servicio de Proyectos de la GMU, además del Jefe del SEIS, Daniel Muñoz, que es arquitecto de formación.

El jurado calificará los proyectos sobre un total de 100 puntos, priorizando la calidad arquitectónica, la funcionalidad, la sostenibilidad y valores medioambientales, la eficiencia energética y la viabilidad técnica y económica.

Inversión global y cronograma hasta 2030

El coste estimado de ejecución material de las futuras obras de construcción asciende a 7.127.700 euros. Por su parte, el presupuesto base de licitación destinado al concurso de proyectos, la redacción técnica y la posterior dirección facultativa de los trabajos alcanza los 826.280,69 euros con IVA.

El cronograma administrativo y de ejecución previsto contempla los siguientes hitos temporales:

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba contará en 2027 con un presupuesto de 31.628.669,87 euros, de los que 16.566.456,35 euros se destinarán a inversiones, según ha anunciado este lunes su presidente, Miguel Ángel Torrico. La inversión representa así el 52% del presupuesto total de la entidad.

Torrico ha defendido que las cuentas están “volcadas en la inversión” y en la mejora de la calidad de vida de los cordobeses, aunque ha destacado también el papel de la Gerencia en el impulso de la construcción de vivienda. En este sentido, ha asegurado que la planificación urbanística municipal permitirá la construcción de más de 4.500 viviendas en los próximos años, especialmente viviendas asequibles y sometidas a algún régimen de protección oficial.

La financiación de las inversiones procederá, por un lado, de las transferencias de capital del Ayuntamiento, que incluirán 4.270.401 euros procedentes fundamentalmente de los fondos europeos Edilquivir. El resto procederá de ingresos propios de la Gerencia, entre ellos los derivados de aprovechamientos urbanísticos, enajenaciones, concesiones e ingresos tributarios.

Entre las principales líneas de actuación figura la continuidad de la construcción del Anillo Verde de Córdoba, una de las prioridades de la Gerencia en los últimos ejercicios. En este marco se encuentra el parque de Ponient- Figueroa, que incluye las dos pasarelas, una que conectará Figueroa con el Hipercor y otra más al sur, entre Figueroa y la nueva zona de expansión en Poniente. Así, la pasarela sur ya se encuentra próxima a su licitación, mientras la pasarela norte está todavía en fase de redacción y se licitará una vez concluya el proyecto de obras en la Ronda Norte.

Otra de las grandes actuaciones será el nuevo acceso al polígono de Las Quemadas, cuya adjudicación está próxima, según Torrico, a la espera de completar la disponibilidad de los terrenos actualmente sometidos a un proceso de expropiación. También se retomará la instalación de elementos de sombra en las dos aceras de la A-431, una actuación que había quedado pendiente a la espera de las obras de refuerzo del puente sobre el ferrocarril ejecutadas por la Junta de Andalucía a instancias de Adif.

Entre las actuaciones vinculadas al Anillo Verde se encuentra asimismo el camino de la Alameda del Obispo, cuyo proyecto ya está terminado y que será licitado de forma inmediata por un presupuesto aproximado de 2,1 millones de euros. El listado de inversiones incluye además el jardín del Campo Santo de los Mártires, cuyo proyecto ya está redactado y cuya licitación se producirá una vez concluyan las obras previas del muro de cerramiento. También está terminado el proyecto de remodelación de la avenida de Gran Vía Parque, que será revisado con los representantes vecinales antes de salir a licitación. Torrico ha anunciado que esta semana se celebrará una reunión con los vecinos para recoger sus últimas valoraciones y aportaciones.

La GMU continuará igualmente con la recuperación de la zona arqueológica de Cercadillas, tanto mediante trabajos de limpieza del yacimiento como con actuaciones destinadas a su puesta en valor. Otra de las áreas de intervención será el antiguo cuartel de Lepanto, donde se contempla la transformación de la antigua farmacia militar en un centro de día para mayores, además de la ampliación de la biblioteca municipal y actuaciones en los espacios destinados al archivo municipal y al archivo de la propia Gerencia de Urbanismo.

En la iglesia de Santa Clara, una vez completada la primera fase, se incorporará una partida adicional para continuar con la segunda fase de la intervención. El proyecto de esta nueva actuación se encuentra actualmente en redacción. La GMU contempla también avanzar en el proyecto del nuevo parque de bomberos, para el que está prevista la licitación inmediata de un concurso de ideas. El objetivo es que durante 2027 pueda culminarse la redacción del proyecto.

En paralelo, se culminará el parque de Poniente-Miralbaida, actualmente en ejecución, y continuará la tramitación del proyecto de reforma de la avenida de Ollerías, que se encuentra en fase de redacción. La próxima semana está prevista una reunión con el Consejo de Distrito Centro para revisar el proyecto y recoger sus aportaciones. El paquete inversor incorpora también actuaciones relacionadas con las conexiones del Anillo Verde, entre ellas la adecuación del solar de la calle Teruel, un espacio actualmente abandonado que pretende convertirse en conexión entre el Parque del Canal y la avenida del Brillante.

A estas actuaciones se suma la intervención en la calle Sierra Nevada, actualmente en ejecución, y el conjunto residencial de Miraflores, destinado a alojamientos para jóvenes y financiado con fondos europeos. Torrico ha subrayado que buena parte de las inversiones corresponden a proyectos plurianuales que no comienzan y terminan dentro del mismo ejercicio presupuestario. Según ha señalado, se trata de actuaciones que ya están en ejecución, próximas a iniciarse o en fase de finalización.

El presidente de la GMU ha defendido que el objetivo es que la elevada inversión prevista para 2027 tenga un grado de ejecución efectivo. “Muchas veces los presupuestos reflejaban actuaciones que luego no llegaban a materializarse”, ha señalado, antes de asegurar que los proyectos incluidos en las cuentas del próximo año presentan un grado de madurez suficiente para comenzar o culminar sus obras.

Junto a las inversiones, la Gerencia prevé continuar con las mejoras organizativas y de gestión mediante los convenios con los colegios profesionales para colaborar en la tramitación de licencias y ocupaciones. Torrico ha avanzado que se pretende ampliar el ámbito de estos acuerdos para extender una fórmula que, según ha indicado, está funcionando de forma satisfactoria.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tramita un expediente para conocer si hubo vulneración de la normativa de ruido en el concierto que en la madruga del pasado sábado tuvo que suspender la Policía Local mientras tenía lugar en el recinto ferial El Arenal.

Según ha señalado el gerente de la GMU, Julián Álvarez, el procedimiento cuando hay denuncias por este tipo de situación es que se inicie un expediente en el se dará la oportunidad a la empresa de defenderse y, una vez se tenga toda la información, ya valorar si hay o no propuesta de sanción.

La Policía Local de Córdoba acudió en la madrugada del viernes al sábado a parar las actuaciones en un concierto que se estaba celebrando en el recinto ferial de El Arenal por el volumen de la música y tras recibir alrededor de un centenar de llamadas de vecinos con quejas sobre ello.

Según confirmaron fuentes de la Policía Local a este periódico, los agentes acudieron a las instalaciones del concierto en El Arenal a las 3:15 y se ordenó el cese de la actividad “por incumplimientos de emisión sonora y de horario”. Hasta entonces, el volumen de la música había provocado que numerosos vecinos de distintos puntos de la capital llamasen a la Policía por las molestias del concierto.

Córdoba es una ciudad de propietarios, pero también una ciudad donde una parte relevante del ladrillo se concentra en pocas manos. La gran mayoría de los titulares de viviendas de Córdoba solo tiene un inmueble a su nombre, pero el reparto cambia cuando se mira el número de propiedades: casi un tercio de los bienes urbanos de la capital pertenece a personas o entidades que acumulan dos o más inmuebles. Y cuanto más crece el patrimonio inmobiliario, más desaparece el propietario particular y más peso adquieren las sociedades y las entidades públicas.

Son datos extraídos del Catastro y correspondientes al año 2025, y que se deben analizar siempre en consonancia a otras tres ideas: Córdoba es la segunda capital andaluza donde más población vive en vivienda hipotecada y una de las que menos población tiene viviendo de alquiler de toda la comunidad autónoma (concretamente, el 9,8% de los cordobeses vive en un piso en régimen de arrendamiento, según los datos que publicó el INE en 2023); los últimos datos apuntan que siete de cada diez contratos de arrendamiento en la ciudad son indefinidos; lo que más crece en estos momentos es la compra de vivienda con financiación.

Sin embargo, los datos fríos del Catastro sí que muestran una brecha en el reparto de las viviendas de la capital cuando se analiza con detalle la titularidad del ladrillo. Los datos oficiales que radiografían la situación de los bienes urbanos en el municipio revelan una realidad de contrastes: aunque el modelo del propietario con una única vivienda sigue siendo la norma absoluta entre la ciudadanía, la concentración de patrimonio en manos de quienes tienen dos o más propiedades ha alcanzado un volumen extraordinario.

Así, en la actualidad, el 31% del total de las viviendas de la ciudad pertenece al segmento de la multipropiedad. Esta bolsa de inmuebles acumulados roza ya la cifra de 50.000 propiedades, dibujando un mapa urbano donde la inversión privada a pequeña escala convive puerta con puerta con el acaparamiento puramente institucional y corporativo

El 69% del parque inmobiliario está en manos de unipropietarios

Para comprender la magnitud de este reparto, es necesario observar las cifras globales. En Córdoba capital constan registrados un total de 158.277 inmuebles urbanos, los cuales se distribuyen entre 127.345 titulares tributarios. Si se divide este inmenso parque inmobiliario, se comprueba que 109.160 propiedades pertenecen a ciudadanos que ostentan un único bien a su nombre, lo que habitualmente se traduce en su primera y única residencia. Estos propietarios únicos representan casi el 86% de las personas que pagan impuestos por bienes inmuebles en la ciudad, pero, paradójicamente, solo controlan el 69% del volumen físico del ladrillo cordobés.

El contrapeso de la balanza lo conforman las 49.117 propiedades restantes. Toda esta ingente masa inmobiliaria se encuentra en manos de multipropietarios, lo que significa que el volumen de bienes gestionados por aquellos que acumulan patrimonio supone ya casi la mitad del peso que tienen las viviendas únicas.

Sin embargo, dentro de este grupo que aglutina casi un tercio de la ciudad, el mercado se fragmenta en realidades muy distintas que van desde el pequeño ahorrador o heredero hasta las grandes corporaciones, marcando límites muy definidos sobre quién puede acceder a cada nivel de riqueza.

En esta línea, los titulares extranjeros tienen además un peso reducido entre los propietarios de varios inmuebles. Los datos del Catastro registran 1.044 personas físicas extranjeras y siete entidades extranjeras como titulares de inmuebles urbanos en Córdoba. De ellas, 977 tienen un solo inmueble y 74 cuentan con entre dos y cinco. No figura ningún titular extranjero con más de cinco inmuebles.

La clase media inversora y las grandes fortunas inmobiliarias

El grueso de esta multipropiedad recae sobre lo que se podría denominar la clase media inversora. El registro catastral contabiliza a 17.802 titulares que poseen entre dos y cinco inmuebles, aglutinando un total de 40.382 propiedades. Este bloque está conformado en su abrumadora mayoría por familias y particulares que reflejan la estructura clásica del ahorro local: ciudadanos que complementan su residencia habitual con un segundo inmueble o una tercera propiedad.

A medida que el patrimonio exige mayor capacidad económica, el número de actores desciende bruscamente. En el siguiente escalón, el de aquellos que poseen entre seis y diez inmuebles, el padrón se reduce a 283 propietarios que gestionan, en su conjunto, algo más de 2.000 propiedades urbanas. Es al superar la decena de propiedades cuando se hace visible el verdadero techo de cristal del ciudadano de a pie.

El umbral de los 25 inmuebles marca la frontera absoluta de la riqueza inmobiliaria particular en Córdoba, ya que no existe ni una sola persona física que haya logrado rebasar esa cifra. El nivel máximo de acumulación por parte de ciudadanos se encuentra en la franja de 11 a 25 inmuebles, un estrato donde figuran 74 titulares que suman un total de 1.147 propiedades. Es precisamente aquí donde destacan 20 personas físicas nacionales —particulares cordobeses— que han logrado amasar un total conjunto de 296 inmuebles, lo que arroja una media de casi 15 propiedades por inversor.

Los grandes tenedores

Sin embargo, incluso en este nivel, el sesgo corporativo ya es dominante: junto a estos veinte particulares compiten 51 sociedades mercantiles que gestionan 796 inmuebles, dos administraciones públicas con 42 propiedades y una entidad sin ánimo de lucro que administra 13 bienes.

A partir de la propiedad número 26, el mercado local expulsa definitivamente al particular y se vuelve de naturaleza exclusivamente jurídica e institucional. En el tramo que va de los 26 a los 100 inmuebles figuran 20 grandes titulares que concentran un total de 912 bienes urbanos, sin que haya rastro de vecinos empadronados.

El dominio empresarial en este punto es rotundo, con 16 sociedades mercantiles que suman 732 propiedades. A ellas se suman una entidad sin ánimo de lucro con 89 propiedades, dos organismos públicos con 60 inmuebles y un titular de otra naturaleza jurídica que suma 31 bienes.

La cúpula: seis entidades con 4.668 propiedades

La cúpula del urbanismo cordobés está reservada para un grupo minúsculo pero de un poder abrumador. El gran vértice de la ciudad lo componen los grandes tenedores que superan los cien inmuebles. Son únicamente seis entidades, pero su capacidad de acaparamiento es tal que acumulan de forma conjunta 4.668 propiedades, multiplicando por cuatro todo el patrimonio del estrato anterior.

El desglose de esta élite confirma al sector público como el mayor actor inmobiliario de la capital: un único titular institucional (el Catastro no aclara cuál es, pero por los datos públicos, es la empresa pública AVRA), copa este nivel con la apabullante cifra de 3.227 inmuebles a su nombre.

El resto de este selecto club lo conforman tres grandes sociedades mercantiles —presumiblemente fondos de inversión, promotoras o entidades financieras— que suman 1.115 inmuebles, así como una entidad sin ánimo de lucro que acumula 123 propiedades y un último titular de distinta clasificación que gestiona 203 inmuebles.

El resultado del análisis de todos estos datos acaba mostrando una radiografía que evidencia que, si bien el mapa de vivienda de la ciudad pertenece en su mayoría a cientos de miles de vecinos y propietarios, la realidad es que los grandes paquetes inmobiliarios de la capital cordobesa son administrados, en buena medida, desde los despachos de grandes fondos y empresa públicas y privadas. Es la otra Córdoba, una ciudad prácticamente invisible que no aparece en los mapas urbanos, pero sí en los balances contables.

El mercado inmobiliario cordobés atraviesa un momento de evidente dinamismo, pero la radiografía de cómo se pagan las casas está cambiando en 2026. Aunque el volumen total de compraventas de viviendas sigue en ascenso (pese a que en julio ha habido menos transacciones), los compradores son cada vez más dependientes de la financiación bancaria.

El resultado es una tendencia clara: comprar una casa “a tocateja” o al contado es una práctica a la baja en la provincia. Y eso que, desde 2020 hasta 2024, el porcentaje de compras sin hipoteca pasó del 12,9% al 33,1%. En 2025, volvió a subir por encima del 35%, y ahora, en los primeros siete meses de 2026, cae hasta el 32%, según los datos mensuales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) tanto de transacciones de viviendas como de hipotecas.

El análisis de los datos refleja un panorama de crecimiento, aunque también de posible frenada. Así, entre enero y julio de 2026, Córdoba registró un total de 6.788 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un incremento del 6,29% frente a las 6.386 registradas en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el crecimiento del crédito hipotecario ha sido mucho más acelerado. En los primeros siete meses de este año se firmaron 4.566 hipotecas sobre viviendas, un notable aumento del 12,60% en comparación con las 4.055 que se constituyeron de enero a julio del año anterior.

El verdadero pulso del mercado aflora al cruzar ambas estadísticas del INE. La brecha entre las casas que se compran y las que se hipotecan nos da una radiografía muy aproximada de las operaciones que se realizan con fondos propios, sin necesidad de recurrir al banco. Y es aquí donde los números revelan un retroceso. Mientras que en los primeros siete meses de 2025 hubo 2.331 viviendas adquiridas sin financiación hipotecaria, en el mismo tramo de 2026 esa cifra ha caído hasta las 2.222 operaciones. Esto representa un descenso del 4,6% en las compras al contado.

En términos porcentuales, la pérdida de peso del comprador con liquidez total es evidente. Hace un año, el 63,5% de las viviendas vendidas en la provincia requerían pasar por la notaría para firmar un préstamo. Hoy, esa cuota de dependencia bancaria ha subido hasta el 67,2%.

Más compras, más exposición

Esta divergencia entre el alza general de las ventas y la caída de las operaciones al contado sugiere varios escenarios sociológicos y económicos en Córdoba. Por un lado, puede indicar una retirada progresiva del perfil inversor —aquel que dispone de liquidez inmediata y compra para alquilar—, dejando un mercado más dominado por familias y particulares que necesitan imperativamente el apoyo del banco para acceder a una vivienda.

Por otro lado, factores como la evolución de los precios de la vivienda o el desgaste del ahorro acumulado durante los últimos años podrían estar empujando a compradores que antes rozaban la capacidad de pago íntegro a tener que solicitar, al menos, una pequeña parte del capital a las entidades financieras.

En cualquier caso, este escenario es paradójico: por un lado certifica la reactivación del mercado, pero que lo vuelve ligeramente más vulnerable a las futuras decisiones sobre los tipos de interés que dicte el Banco Central Europeo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobará este jueves en un Consejo Rector Extraordinario las nuevas Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital, tras aceptar la incorporación de un total de 16 alegaciones.

El presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles que, una vez se ratifique el nuevo documento, se trasladará a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que, una vez convalide el proyecto, pase por Pleno y se incorpore a la normativa municipal.

Según la documentación facilitada a este periódico, en total se han aceptado 16 alegaciones a la actualización de las normas urbanísticas de Córdoba, con propuestas dirigidas a aclarar la interpretación de distintos artículos y flexibilizar algunas condiciones de construcción y rehabilitación. Entre las peticiones figuran facilitar la implantación de modelos de alojamiento como el coliving y el senior living, corregir los saltos en las exigencias de aparcamiento de los comercios, favorecer la instalación de pérgolas y placas solares, y permitir un uso más amplio de las cubiertas para el ocio y la estancia.

También reclaman mayor flexibilidad para la rehabilitación de edificios, especialmente en el cumplimiento de las superficies mínimas de las viviendas, así como modificaciones en las reglas de cálculo de la edificabilidad, las terrazas y los espacios comunes. En las zonas de viviendas unifamiliares aisladas, plantean que las parcelas grandes que no puedan dividirse físicamente puedan acoger varias viviendas mediante una división horizontal.

En general, las alegaciones apenas afectan a lo ya anunciado. Las nuevas normas vienen a sustituir de manera integral el marco operativo anterior, adaptándolo a la legislación andaluza vigente (la famosa LISTA) y estableciendo un nuevo modelo de ciudad con vigencia indefinida, e introduciendo nuevos criterios para el diseño de las viviendas y la adaptación climática.

El documento distingue entre viviendas compartimentadas y viviendas en espacio único, como los lofts, y establece condiciones específicas de habitabilidad para estas últimas. También contempla que las terrazas no voladas y los elementos abiertos no computen como superficie edificable hasta un límite del 15%, permitiendo toldos y cortinas de cristal, aunque sin destinarlos a ampliar las estancias interiores. Asimismo, abre la posibilidad de implantar alojamientos dotacionales temporales para colectivos vulnerables en determinados suelos de equipamiento público.

En materia ambiental, la normativa refuerza la protección del Anillo Verde y establece criterios para combatir el calor urbano. Entre las medidas figuran la prioridad de especies vegetales autóctonas, la conservación de al menos el 75% del suelo natural en las zonas verdes y la incorporación de pavimentos permeables, itinerarios peatonales y carriles independientes para bicicletas y patinetes. También se promueve el uso de materiales reciclados en las obras, la instalación de sistemas de drenaje sostenible para evitar el aumento de la escorrentía y la colocación de pérgolas solares en espacios públicos y aparcamientos.

Respecto al suelo no urbanizable, el texto fija condiciones para las construcciones vinculadas a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, con superficies mínimas de parcela que varían según el tipo de terreno. Las nuevas viviendas aisladas requerirán fincas de al menos diez hectáreas en la campiña y de 25 hectáreas en determinadas zonas forestales de la sierra. La normativa también plantea planes especiales para ordenar parcelaciones residenciales existentes, mejorar sus infraestructuras y abordar problemas de saneamiento, mientras que algunos ámbitos quedan sometidos a informes previos por su proximidad a Medina Azahara, el aeropuerto o zonas con riesgo de inundación.

El patrimonio histórico y arqueológico adquiere un papel destacado mediante un sistema de cautelas que obliga a realizar evaluaciones previas antes de ejecutar obras que afecten al subsuelo, con distintos niveles de supervisión y excavación en función del riesgo de hallar restos. Se refuerza además la protección de los restos de la muralla y de zonas como el Parque Cruz Conde. Por otro lado, la actualización regula la situación de los edificios construidos con anterioridad que no se ajusten al nuevo planeamiento, diferenciando entre inmuebles asimilados a licencia, construcciones totalmente fuera de ordenación y aquellas que presentan incumplimientos parciales y pueden seguir siendo objeto de obras de conservación, rehabilitación y mejora.