La Gerencia Municipal de Urbanismo ha finalizado las obras de construcción e instalación del nuevo puente sobre el arroyo de Guadalbarbo, en la barriada de Alcolea. La nueva infraestructura, que fue adjudicada a la empresa Sepisur XXI, ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y desde la mañana de este jueves, día 30 de julio, ya está abierta al tráfico rodado en sus dos carriles.

Este nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, se sitúa a unos 50 metros, aguas abajo, del actual de Los Piconeros y, junto con los correspondientes ramales de acceso, dispone de un anchura de 10 metros, casi el doble que el actual, que permite la implementación de dos carriles de circulación de 3,50 metros de anchura.

La longitud total del nuevo puente es de 41,35 metros de luz sin ningún apoyo intermedio y se ha optado por la solución de puente mixto con losa de hormigón y arco metálico; para su implantación ha sido necesario expropiar un total de 3.266,46 metros de terrenos anexos a la obra.

Las obras comenzaron en el mes de julio de 2023, pero tuvieron que paralizarse pocos meses después por la redacción de un proyecto modificado para ejecutar trabajos de cimentación y consolidación de la losa central que no estaban previstos en el primer proyecto de obra. Este proyecto modificado ha supuesto un incremento en el presupuesto de un 14%.

La infraestructura construida permite, por un lado, proteger del deterioro por el tráfico el antiguo puente de Alcolea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y, del otro, mejora la movilidad en la zona, con la implantación de los dos carriles de circulación, y especialmente el acceso a las urbanizaciones de El Sol y Encinares de Alcolea, con las que conecta de forma directa.

En la mañana de este jueves, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, acudieron a la apertura al tráfico de este nuevo puente. Acerca de esta obra, el alcalde de Córdoba ha señalado que “con la reapertura al tráfico rodado finalizan los trabajos para una infraestructura muy necesaria en Alcolea. El nuevo puente mejora de forma sustancial la movilidad en todo este entorno y, además, nos permite proteger el antiguo puente que ahora quedará como paso peatonal, pero sin afección de tráfico de vehículos”, ha señalado Bellido que ha puesto de manifiesto que “ha sido una obra compleja que ha precisado de un modificado, pero que finalmente ha concluido y, como he señalado, supone un salto de calidad en la movilidad y en la preservación del patrimonio histórico de Alcolea”.

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha trasladado a Vimcorsa la necesidad de actualizar las ayudas de rehabilitación en todos sus aspectos, pero muy especialmente en el capítulo del apoyo a la ciudadanía frente a las Inspecciones Técnicas de Construcción y Edificación (ITCE), las conocidas como las 'ITV de los edificios', cuyo plazo de aplicación obligatoria se fue prorrogando, pero que ya tiene como último plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los inmuebles con más de 50 años se hagan con esta certificación.

Según ha detallado el Consejo en una nota, “ello afecta directamente a miles de inmuebles, que en total sumarían unas 45.000 viviendas, principalmente en el distrito Centro, pero también en los primeros barrios de expansión de la ciudad en el siglo XX, entre ellos numerosos edificios de Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa-Valdeolleros, Campo de la Verdad y Sector Sur”.

Así, han recordado que “no contar con el preceptivo informe podría tener consecuencias administrativas y jurídicas en el futuro para las comunidades y propietarios, aunque por ahora la administración no esté incidiendo en este aspecto ni contempla imponer sanciones de forma inmediata”.

En todo caso, han propuesto que “se vayan incrementando las ayudas a rehabilitación, ya que, derivados de esos informes de las ITCE, muchos propietarios tendrán que verse obligados después, en un plazo no muy largo, a solucionar las deficiencias que se detecten ya sean en seguridad, estructura, fachadas, instalaciones de agua y luz, accesibilidad o eficiencia energética”.

Al respecto, el CMC ha apuntado que “en este capítulo Vimcorsa sólo contempló en el pasado ejercicio un centenar de ayudas, a todas luces insuficientes para el volumen que se espera en los próximos meses y años”, a la vez que ha anunciado que también hará llegar “estas inquietudes y propuestas al nuevo equipo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, tanto como administración directamente competente en vivienda --recordándole la necesidad de que se trasladen fondos al Ayuntamiento para dotar las ayudas de Vimcorsa-- como a la hora de agilizar sus propios programas de subvenciones a la rehabilitación, que apenas han llegado en la ciudad a unas 15 en año y medio”.

Otras ayudas “necesarias” son las que se reclaman para instalar ascensores en edificios antiguos y, ahora, para adaptar los elevadores existentes a la nueva instrucción de seguridad y accesibilidad de obligado cumplimiento desde principios de año. Incluso, el CMC ha alertado de “las consecuencias de la imposición de la Unión Europea de retirar todo el amianto --material presente en uralita tan usada hace décadas-- en un plazo de cinco años, lo que originará también importantes gastos para muchas comunidades y propietarios”.

En un último capítulo, el Consejo ha planteado crear una línea de ayudas para comunidades a cargo de espacios de propiedad privada y uso público que, aunque ya se pueden beneficiar de convenios para su mantenimiento con la Delegación de Infraestructuras, “en ocasiones necesitan pequeñas inversiones para adaptarse a los requisitos mínimos que se piden”.

Prioridades por distritos y barrios

El CMC también ha reflejado todas estas inquietudes territorialmente, en consonancia con las demandas de los consejos de distrito y demás entidades y colectivos ciudadanos. Así, para Parque Figueroa ha citado “la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga su compromiso, e implicar en ello a la Junta, para la tercera fase del programa de rehabilitación energética, además de recuperar proyectos pendientes de la primera y segunda fase”.

Igualmente, el Consejo ha señalado a Ciudad Jardín como “un barrio prioritario a la hora de la rehabilitación de edificios”; además de “ir preparando intervenciones específicas en el Distrito de Levante y en otros barrios como Valdeolleros, sin olvidar mantener las líneas de ayudas para el casco histórico que permitan frenar los casos de inmuebles notablemente deteriorados e incluso con riesgo de derrumbe”.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto aprobar la próxima semana el Plan de Reforma Interior SC 2-b, promovido por la empresa Pogacor, para la construcción de unas 140 viviendas junto a la avenida de las Ollerías de Córdoba.

La actuación se centra en una superficie de 6.871,23 metros cuadrados de suelo urbano, situada entre el eje estructurador de la Avenida de las Ollerías y la calle San Juan de la Cruz. El objetivo fundamental del documento, redactado por el equipo de Giménez Soldevilla Asociados S.L.P., es la renovación de este espacio donde actualmente coexisten edificaciones de tipo industrial con viviendas de tipologías obsoletas.

El plan propone sustituir estas estructuras por un desarrollo residencial moderno bajo la ordenanza de Manzana Cerrada (MC-1), similar a la del entorno circundante, facilitando así la puesta en servicio y mejora de esta porción de la ciudad.

Uno de los puntos clave del diseño es la volumetría de los nuevos edificios. La ordenación establece diferentes alturas para armonizar con el entorno y, especialmente, para lograr el “sellado” o tapado de las medianeras vistas presentes en los límites sur y este del ámbito. En las zonas de mayor porte (denominadas zonas 3 y 4), el proyecto permite alcanzar una altura de planta baja más seis (PB+6), mientras que otras áreas se limitan a tres o dos plantas.

Además, el plan garantiza la conectividad peatonal con la calle Bailén. Esta comunicación se resolverá mediante la creación de un pasaje en planta baja dentro del volumen edificatorio, lo que permitirá una integración total del nuevo sector con las calles colindantes de la zona consolidada.

Nuevos espacios verdes y viales

La reforma no solo contempla viviendas, sino una cesión de suelo para uso público. En total, se destinan 1.236 metros cuadrados a zonas verdes, concebidas como una extensión del Jardín del Santo Cristo. Estos espacios libres se han diseñado para dar continuidad espacial al parque ya existente al otro lado de la avenida de las Ollerías.

En cuanto a la infraestructura vial, el proyecto incluye el ensanchamiento de la Avenida de las Ollerías y la creación de nuevos viales interiores que sumarán 1.692 metros cuadrados. Estas mejoras buscan optimizar la accesibilidad y la articulación de toda la pieza urbana.

La propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fechada en julio de 2026, contempla una aprobación inicial que dará paso a un periodo de información pública de veinte días. Durante este proceso se solicitarán informes a diversos organismos, como la Consejería de Vivienda, Salud y empresas suministradoras como Emacsa y Endesa.

Cabe destacar que la actuación no requiere una Evaluación Ambiental Estratégica. El equipo redactor y la Administración han justificado que, al tratarse de una reforma en un área ya urbanizada de escasa entidad (menos de una hectárea) y sin presencia de flora o fauna de interés, no se prevén impactos significativos sobre el medio ambiente.

Un decreto firmado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El Consejo de Distrito Centro y la Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta han denunciado la paralización del proyecto de remodelación de la avenida de las Ollerías. Ambas entidades han exigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) su intervención inmediata para reactivar los planes y proporcionar información detallada sobre el contenido, el presupuesto y los nuevos plazos previstos para la ejecución de las obras.

Las organizaciones vecinales han recordado que ya ha transcurrido más de un año desde que se anunció oficialmente la remodelación. En aquel momento, los técnicos de la GMU explicaron las características iniciales y llegaron a plantear plazos tentativos que, hasta la fecha, “no se han cumplido”. A pesar de haber solicitado información de forma reiterada en diversos organismos, como la Junta Municipal del Distrito Centro o el Consejo del Movimiento Ciudadano, los vecinos han denunciado que siguen sin obtener respuestas concretas por parte de la administración.

Los colectivos han subrayado que han cumplido con su parte del proceso mediante un intenso trabajo de participación ciudadana. Este esfuerzo incluyó el buzoneo informativo por toda la avenida, la habilitación de un correo electrónico para sugerencias y un encuentro vecinal en la Facultad de Ciencias del Trabajo celebrado en octubre. Fruto de este proceso, se entregó oficialmente un informe detallado con reclamaciones para que el proyecto respete la identidad de Ollerías, recordándole a la GMU que, además de ser una vía de tráfico, es una calle con numerosas viviendas y comercios.

Sin embargo, la respuesta por parte de la GMU desde entonces ha sido el silencio o la recepción de “vagas informaciones” sobre supuestos informes pendientes de Sadeco, Aucorsa o Movilidad. Los vecinos han lamentado que, incluso tras la publicación del Plan Director del Arbolado —que dedica un apartado específico a esta avenida—, no se haya resuelto un “atasco” administrativo cuya causa exacta a día de hoy desconocen.

Los sondeos arqueológicos para certificar la viabilidad del parking subterráneo 'Puerta de Córdoba' que se proyecta en la avenida de Vallellano han arrancado este miércoles con la firma del acta de replanteo y el vallado de la primera zona en la que se excavará. El objetivo de los cinco sondeos que se harán será comprobar los hallazgos arqueológicos que pueda haber en la zona para permitir la construcción de este aparcamiento, siguiendo el eje desde avenida del Aeropuerto hasta cruzar Vallellano hacia Fleming.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha visitado la zona y ha explicado que estos trabajos arqueológicos tienen un plazo de ejecución de tres meses -hasta mediados de octubre- y permitirán “asegurar la viabilidad” del parking, que se ha orientado en sentido transversal a la avenida Vallellano para evitar el hallazgo de restos arqueológicos de mayor importancia.

En la zona elegida se sabe que hubo una vaguada utilizada como vertedero de la ciudad en el siglo XIX. No obstante, habrá que esperar a lo que muestren los cinco sondeos, que tendrán unas medidas de 10x5 metros y alcanzarán una profundidad de 2,5 hasta 4,5 metros, en virtud de la cota arqueológica. Antes de estas excavaciones ya se hicieron unos primeros sondeos que mostraron la potencia estratigráfica de la zona, con lo que Urbanismo decidió la ubicación transversal del aparcamiento. La empresa Salsum Arqueología es la adjudicataria de estas obras y cuentan con un presupuesto de 135.500 euros.

La previsión de Urbanismo pasa por que no se hallen “hallazgos relevantes” y el aparcamiento pueda ejecutarse en la ubicación dispuesta. A la vez, desde la GMU se está redactando el proyecto del parking que se prevé licitar a finales de este año o comienzos de 2027, según los plazos dados por Torrico, que fecha a lo largo del próximo año el comienzo de las obras del parking.

La empresa que ejecute la construcción del aparcamiento 'Puerta de Córdoba' tendrá durante unos años la concesión de plazas del parking, que en todo caso será tanto de rotación como para residentes y dar respuestas a problemas de aparcamiento en zonas colindantes.

Los trabajos de excavación que ahora se inician supondrán afecciones al tráfico rodado en la zona y coinciden en estas primeras semanas con otros que se están ejecutando en Vallelano a cargo de Elecnor y de mantenimiento de arquetas. Conforme avancen las excavaciones, el área de Movilidad del Ayuntamiento dispondrá los cortes de carriles necesarios y las alternativas para la circulación.

La Asociación Vecinal Galea Vetus y el Consejo de Distrito Centro han denunciado que la retirada de los fondos presupuestados destinados al equipamiento de la plaza de San Agustín hacia la obra del cerramiento del estadio El Arcángel deja, un año más, sin perspectivas de ejecución este equipamiento cívico y vecinal largamente reivindicado y prometido.

Con fecha 7 de julio ambas entidades reclamaron al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo la reversión de la transferencia presupuestaria. También solicitaban un informe sobre el estado de las negociaciones con AVRA y copia electrónica del Proyecto de Rehabilitación, sin respuesta a esta fecha.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local consuma la transferencia de los fondos de Plaza de San Agustín 5 al proyecto de remodelación del cerramiento en la fachada de Preferencia del Estadio Bahrein Nuevo Arcángel.

Tanto el Consejo de Distrito Centro como la AV Galea Vetus anuncian que no cejarán en su empeño de conseguir el equipamiento, llevando a cabo las acciones reivindicativas necesarias para revertir el abandono del Casco Histórico, concretado en esta ocasión en la retirada de fondos de este proyecto.

La decisión del Ayuntamiento de Córdoba de solicitar a la Junta de Andalucía que estudie el ejercicio del derecho de retracto sobre los antiguos cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia ha reabierto un nuevo debate jurídico sobre el alcance real de esa figura prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, remitió este miércoles un escrito a la Consejería de Cultura en el que sostiene que la Administración autonómica podría subrogarse en la compraventa de los tres inmuebles al considerar que se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba y que la transmisión se habría producido sin la comunicación previa prevista en el artículo 17 de la Ley 14/2007.

En el posterior Pleno, Bellido insistió varias veces en que es la Junta la que tenía ese derecho preferente a adquirir los tres cines sobre el Ayuntamiento, a pesar de que él mismo, como alcalde, renunció dos veces a ejercerlo sin mencionar dicha preferencia en ningún momento del proceso (ni en 2025, ni en 2026, cuando finalmente el empresario Antonio Amil compró los cines).

Este viernes, fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura y Turismo han confirmado a este periódico que ninguno de los cuatro cines de verano de Córdoba —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— figura inscrito individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni forma parte de manera individual del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ese dato resulta relevante porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico limita expresamente el derecho de tanteo y retracto a los bienes inscritos en el Catálogo General. En el caso concreto de los Conjuntos Históricos, como ocurre con el casco histórico de Córdoba, la norma restringe además esa posibilidad a tres supuestos: inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General, aquellos expresamente señalados en las instrucciones particulares o los que, además de encontrarse dentro del Conjunto Histórico, estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La confirmación de la Junta implica que los antiguos cines no cumplen, al menos, dos de esos requisitos esenciales, al no estar inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico. Queda por dilucidar si, por el hecho de que formen parte del Conjunto Histórico de Córdoba y que éste sí goce de protección patrimonail, le otorga al Gobierno Andaluz la capacidad de ejercer el derecho de retracto. Desde el Gobierno Andaluz, por el momento, solo han dicho que ésta es “una cuestión interpretable” que aún no se ha valorado.

Una cuestión ya planteada tras la compraventa

La posibilidad de que la Junta pudiera intervenir en la operación ya fue analizada por este periódico cuando se supo que se había formalizado la venta de los inmuebles el pasado mes de mayo. En aquel momento, Cordópolis consultó tanto con el Gobierno Andaluz como con expertos jurídicos que participaron en la operación.

Estos últimos transmitieron entonces que la notificación remitida a la Administración autonómica tuvo un carácter exclusivamente formal, al entender que la Junta carecía de herramientas legales para ejercer un derecho de adquisición preferente sobre unos inmuebles que no cuentan con protección patrimonial autonómica específica.

Esas mismas fuentes sostenían que la protección de los cines es exclusivamente urbanística. Los tres recintos aparecen recogidos en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”, una figura que preserva el destino general de los espacios, pero que no equivale a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos.

Esa protección urbanística impide determinadas transformaciones urbanísticas, pero no activa por sí sola el régimen de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Ayuntamiento, sin embargo, ahora sostiene que la Junta debería, como mínimo, estudiar si esto es así.

La interpretación del Ayuntamiento y la del propietario

El Ayuntamiento sostiene que concurren las circunstancias necesarias para que la Junta estudie el ejercicio del derecho de retracto y ha pedido formalmente a la Consejería que analice la operación. El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido desde que trascendió la compraventa que el Consistorio no podía intervenir directamente, en base a dos informes.

Esos dos informes son uno de 2024 del secretario del Pleno centrado en si el Consistorio podría llevar a cabo la actividad de cines de verano y otro de este año 2026 centrado en los efectos que tenía el cambio de propietario en el alquiler para eventos municipales de los cines que mantiene desde hace años el Gobierno Local. La realidad es que ninguno de esos dos informes mencionan en ninguna parte que es la Junta de Andalucía la que tiene preferencia en el derecho de tanteo y retracto.

Por su parte, el actual propietario insiste en que toda esta cuestión se estudió desde el principio y que la Junta de Andalucía no tiene el derecho de tanteo y retracto, que corresponde al Ayuntamiento por tener alquilados los cines hasta octubre (de hecho, Amil ha avanzado que en los próximos días volverá a ofrecerles el derecho de tanteo, ya que ha recibido una nueva oferta de 850.000 euros por los cines y entiende que el Consistorio tiene preferencia sobre el posible comprador).

En cualquier caso, el Ayuntamiento lo que ha pedido es que sea la Administración autonómica la que deba pronunciarse sobre esa interpretación jurídica y determinar si concurren o no los presupuestos legales para ejercer el retracto solicitado por el Ayuntamiento. Si la Junta dice que sí, técnicamente estaría dentro del plazo de seis meses para adquirirlos por 300.000 euros (ese fue el precio por los que los compró Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo). Si dice que no, el capítulo se tendrá que dar por cerrado.

La Junta pide tiempo

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este periódico evitan adelantar cuál será el criterio jurídico definitivo sobre la petición remitida por el alcalde y recuerdan que el departamento acaba de iniciar una nueva etapa tras los recientes cambios en el Gobierno andaluz.

“Es un tema que se va a estudiar y que queremos ver con todas las garantías, pero es que aún no ha dado tiempo”, señalan las mismas fuentes, que piden paciencia hasta que el nuevo equipo de la Consejería de Cultura tome posesión y pueda analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento antes de adoptar una decisión.

El propietario de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, Antonio Amil, volverá a ofrecer al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo sobre los tres inmuebles, esta vez a partir de una oferta de compra de 850.000 euros presentada por una asociación cordobesa vinculada a las artes escénicas.

Según ha explicado el empresario en declaraciones a Cordópolis, el escrito será registrado entre este viernes y comienzos de la próxima semana y permitirá al Consistorio decidir si iguala las condiciones económicas de la operación para adquirir los espacios.

Amil asegura que la entidad interesada desarrolla desde hace años su actividad en Córdoba y ha diseñado un proyecto cultural que compatibiliza la conservación de los antiguos cines con una programación estable de artes escénicas y actividades para los barrios. Aunque ha rehusado identificar a la asociación hasta que se formalice la comunicación al Ayuntamiento, sostiene que se trata de una iniciativa “muy atractiva” para la ciudad y que él mismo continuaría vinculado al proyecto como colaborador.

Asimismo, el propietario afirma que ha rechazado otras ofertas de compra porque considera que esta propuesta garantiza la continuidad del uso cultural de los tres recintos. “Queremos que esos espacios sigan teniendo cultura”, ha señalado Amil, que sostiene que esta nueva operación supone, a su juicio, que el Ayuntamiento sí dispone ahora de una vía para hacerse con los inmuebles si realmente existe voluntad política.

Fórmulas administrativas

“Le vamos a hacer llegar al Ayuntamiento un nuevo derecho de tanteo para que decida si quiere comprar o no los espacios”, ha insitido, antes de discrepar de la interpretación jurídica defendida por el equipo de gobierno municipal en torno al derecho de retracto.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que únicamente la Junta de Andalucía podría ejercer esa facultad sobre los inmuebles, Amil insiste en que la Administración autonómica carece de esa competencia porque los cines no están declarados individualmente como bienes protegidos dentro del Catálogo al que hace mención la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, según el equipo jurídico, sí que tiene ese derecho, puesto que mantiene un alquiler sobre dos de los tres espacios (y que sigue vigente hasta octubre, mes a partir del cual no se renovará).

Respecto al futuro de los cines, mantiene que el cierre de este verano no responde a una falta de interés empresarial, sino a la imposibilidad de obtener las autorizaciones necesarias para proyectar películas con seguridad jurídica. A su juicio, existen fórmulas administrativas para compatibilizar la actividad cinematográfica durante los meses estivales con el resto de usos culturales previstos para estos espacios.

Finalmente, el propietario asegura que continuará buscando soluciones que permitan mantener el carácter cultural de los tres antiguos cines de verano, ya sea mediante la adquisición por parte del Ayuntamiento o a través del proyecto impulsado por la asociación cordobesa interesada en la compra.

Hasta hace 40 años la Nacional IV atravesaba buena parte del casco urbano en dirección a Cádiz. Un torrente de coches y vehículos de gran tonelaje ejecutaban cada día una violenta fractura en el corazón de la ciudad, desde la Avenida de Libia a Ronda de los Mártires, hasta embocar en el Paseo de la Ribera antes de enfilar por el Puente de San Rafael.

El impacto urbano, en términos de polución y caos circulatorio, resulta hoy inimaginable. La ronda sur permitió en 1985 desviar el tráfico rodado y liberar a Córdoba de un pesado yugo que degradó la vida ciudadana hasta cotas inasumibles. Hubo que esperar unas cuantas décadas para que la Ribera recuperara uno de los espacios más privilegiados de la ciudad. Pocos dudan hoy de que la integración del río ha sido todo un éxito. Con un pequeño olvido: la Avenida del Alcázar.

Si usted abre Google Maps, observará que entre el Molino de la Albolafia y el Puente de San Rafael hay una vía de alta capacidad con cuatro carriles. En este tramo de casi 500 metros de largo y 16 de ancho aún pervive la vieja N-IV, que fue desviada en los años cincuenta para evitar dañar al Puente Romano. Uno de los carriles fue reconvertido para el tránsito de bicicletas, pero el resto sigue intacto, incluidas sus estrechas aceras invadidas por enormes farolas de hierro fundido.

La calzada presenta un aspecto fantasmal. El tráfico es prácticamente nulo y muy pocos peatones se atreven a transitar un espacio excepcional aunque deshabitado en pleno corazón del casco histórico. Desmantelar este agujero negro de cuatro carriles e integrarlo en el gran paseo fluvial del Guadalquivir es una de las asignaturas pendientes del Plan del Río. Ya el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 asumió la necesidad de eliminar esta infraestructura viaria que quebraba la ciudad en su conexión con el río y ocasionaba un impacto muy negativo.

En 2003 el Plan Especial de Protección del Casco Histórico avanzó en esa idea. La movilidad de la zona vieja debía reconfigurarse y progresar gradualmente hacia la peatonalización. Aunque fue el Plan Especial del Alcázar, elaborado en 2009, el documento que con más precisión urgió a la liquidación de la avenida a la vez que proponía por primera vez soluciones concretas. “Se busca devolver al recinto histórico amurallado una imagen similar a la que tenía antes de la construcción de la Avenida del Alcázar”, indica expresamente el texto.

El informe técnico ya dibujaba un nuevo espacio sin la calzada de cuatro carriles y la extensión de los Jardines del Alcázar hasta la orilla del río. El paseo bajo, hoy solitario y abandonado, quedaría absorbido por la recuperación del recinto amurallado original. “Se trata de establecer una continuidad entre espacios construidos y naturales, haciendo permeables los diferentes recintos, mediante la apertura de conexiones históricas actualmente perdidas o cegadas”, anuncia el Plan Especial. Se refería concretamente a la Puerta de los Sacos, el pasadizo entre los Jardines del Alcázar y Caballerizas, y la Puerta Barroca.

La propuesta contemplaba la creación de “pasarelas ligeras” que se adentren en los Sotos de la Albolafia con un “carácter lúdico” al objeto de “hacer presente” el río Guadalquivir. “Se busca la aproximación al agua y la creación de nuevos miradores y observatorios”, señala el documento. La intervención también preveía la eliminación del relleno sobre el que se asentó la Avenida del Alcázar en los años cincuenta y la recuperación de la rasante original, que descendía progresivamente hacia la Avenida del Corregidor.

Se está perdiendo un potencial tremendo de un paseo que conecte el Molino de la Albolafia con el Botánico

Rafael Obrero — Arquitecto

El muro que actualmente cierra los Jardines del Alcázar no tiene ningún valor histórico y sería suprimido. Como alternativa, los redactores sugerían algún tipo de torno flexible para controlar el flujo de turistas, ya que el nuevo paseo resultante tendría carácter abierto y público.

La reordenación del Alcázar y su integración en los márgenes del Guadalquivir es una asignatura pendiente desde hace cuatro décadas. El informe técnico fue guardado en un cajón y ningún equipo de Gobierno local ha puesto en marcha una reforma que, a todas luces, se antoja impostergable. Tampoco el Ayuntamiento presidido por José María Bellido, que ha rehusado responder a las cuestiones planteadas por este periódico.

Expertos consultados por Cordópolis subrayan la importancia capital de este tramo para comprender la historia de Córdoba hasta el siglo XIV. “Ahora mismo está irreconocible y es una pena”, indica un especialista con largos años de trayectoria. Se trataría de la operación más importante que queda por hacer en el corazón de la ciudad histórica y su impacto sobre el conjunto patrimonial sería extraordinario, sobre todo tratándose de una de las puertas de entrada a Córdoba.

Juan José Giner fue concejal de Urbanismo con Herminio Trigo, justo en los años en que se redactó el PGOU de 1986. “En ese plan ya se preveía incorporar los jardines del río con los del Alcázar y cerrar el tráfico de la avenida”, explica Giner, hoy presidente del Consejo del Distrito Centro. El dirigente vecinal es partidario de actuar en la zona, restringir el tráfico y recuperar la avenida como parte de los Jardines del Alcázar. “Es una oportunidad también para hacer un planteamiento global que incluya el paseo bajo y Caballerizas”.

El portavoz ciudadano apuesta por un “tratamiento ajardinado” en todo el espacio y un “paseo de sombra” con abundante arboleda entre la Noria de la Albolafia y el Puente de San Rafael. Giner confía en que los técnicos ejecuten un proyecto que integre adecuadamente el actual recinto del Alcázar con la terraza inferior del río y busquen soluciones para estimular que los ciudadanos reocupen un lugar hoy marginal y aislado. La remodelación urbanística, a juicio del portavoz vecinal, transformará “sustancialmente” la zona y pondrá a disposición de los cordobeses una nueva área de esparcimiento en el casco histórico.

“La actuación potente es la eliminación de la calzada y la recuperación de la topografía original descendente hasta el río”, razona el arquitecto Rafael Obrero, gerente de Vimcorsa entre 2007 y 2011. La intervención permitiría, además, no únicamente ampliar los Jardines del Alcázar y ponerlos en valor sino prolongar el paseo bajo, hoy infrautilizado, hasta el Botánico a través del pasadizo inferior del Puente de San Rafael. “Yo creo que se está perdiendo un potencial tremendo con ese paseo bajo que conecta la Noria de la Albolafia con el Molino del Museo de Paleobotánica y continúa hasta el Puente de Ibn Firnás”, explica el experto. “Y eso es una maravilla”.

Ese paseo se encuentra hoy fragmentado, sucio y casi impracticable, únicamente usado por senderistas y corredores que se atreven a transitarlo ocasionalmente. “No hay un esfuerzo municipal por mantener aquello en condiciones y yo creo que para ofrecer una cierta sensación de seguridad se podrían habilitar una serie de microusos, como un quiosco de bebidas u otras actividades, que incentivaran la afluencia de público”.

Esta avenida tiene que tener un tratamiento ajardinado y convertirse en un paseo de sombra

Juan José Giner — Presidente del Consejo de Distrito Centro

El desmantelamiento de la calzada de cuatro vías y la extensión de los Jardines del Alcázar hasta el Guadalquivir tendría además consecuencias bioclimáticas notables. “Tal como está aquello ahora, por lo pronto, actúa como una estufa magnífica que le está metiendo entre 5 y 6 grados a toda la zona”, reflexiona Obrero. “Está más que demostrado que esas lonchas de asfalto negro son un absorbente de calor tremendo, sobre todo a partir de estas fechas. Y lo segundo es que aquello es hoy un desierto que para nada apetece transitar”. Lo deseable, en opinión del arquitecto, sería habilitar un paseo sombreado que arrancase en el Molino de la Albolafia y llegara hasta prácticamente el Parque Cruz Conde.

Es probable que la remodelación tuviera que contemplar la necesidad de perfilar una vía de emergencia que permitiera el paso de vehículos sanitarios en dirección al Hospital Reina Sofía. “Esa es la única salvedad que habría que plantear ahí. El resto sería absolutamente peatonal y renaturalizado”, subraya.

Una intervención de esta índole impulsaría un “cambio drástico” de la zona similar al que desencadenó la reforma de la Puerta de Puente a principios de milenio. Aquella operación propulsó sustancialmente el casco histórico hasta el punto de convertir las inmediaciones de la Mezquita y el Puente Romano en uno de los corredores peatonales más frecuentados de la ciudad. “Mucha gente del barrio del Parque Cruz Conde, que ahora siente un rechazo porque es una zona árida, tendría un incentivo para acercarse al nuevo paseo del Alcázar”, afirma Obrero, que colabora como asesor técnico para Córdoba Ecuestre.

La reforma global del Alcázar-Caballerizas Reales incluye la actuación sobre la huerta y también sobre la muralla histórica de la Avenida del Corregidor, cuyo foso hoy es usado como aparcamiento de vehículos. El arquitecto considera que ese impacto visual debe ser suprimido en un futuro no lejano. “En una muralla de cientos de años no puedes tener los coches aparcados. Un monumento como este debe ser tratado dignamente”, zanja el experto.

Nuevo cambio de postura del Ayuntamiento de Córdoba respecto a los cines de verano. El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este miércoles una propuesta de declaración institucional dirigida al resto de grupos políticos para establecer una “hoja de ruta seria, cierta y posible” que garantice la protección de los antiguos cines de verano del casco histórico.

Aunque lo cierto es que el plan del Consistorio pasa por transformar estos espacios en “refugios climáticos” e “islas verdes urbanas”, integrándolos en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), sin entrar a gestionar la proyección de películas en el periodo estival, Torrico ha confirmado que la intención del Ayuntamiento es incorporar estos recintos al patrimonio público municipal, preferiblemente mediante una “negociación y adquisición voluntaria”, aunque sin descartar incluso la expropiación.

En este sentido, ha recordado que la oferta de 300.000 euros —la misma cantidad por la que el actual propietario adquirió los inmuebles— sigue sobre la mesa, a pesar de haber sido rechazada inicialmente. No obstante, el portavoz ha advertido que, si no se alcanza un acuerdo y el planeamiento reserva estos suelos para fines públicos, el Ayuntamiento analizará el uso de otros mecanismos legales, incluida la “expropiación por razón de interés público o utilidad social”.

El precedente del tanatorio de la Fuensanta y el desconocimiento sobre la Filmoteca

Lo que no cambia es que Torrico insiste por activa y por pasiva que el Ayuntamiento no puede asumir directamente la gestión de la actividad cinematográfica. Según ha explicado, el cine de verano es una actividad privada que opera en el mercado y el Consistorio no puede “mantener artificialmente negocios privados que no resulten viables” ni garantizar su rentabilidad.

Para justificar esta postura legal, Torrico ha puesto como ejemplo el fallido proyecto del tanatorio municipal de San Rafael. En aquel caso, ha recordado, los tribunales dieron la razón a los propietarios de tanatorios privados que denunciaron al Ayuntamiento por “vulnerar la libre competencia desde lo público”, lo que impidió que el proyecto municipal viera la luz.

También ha puesto como ejemplo a la Filmoteca de Andalucía (que sería el modelo clave que muestra que una administración pública sí puede proyectar películas aunque exista actividad comercial privada). Torrico, en este caso, ha errado al decir que no se cobra entrada en este espacio, cuando asistir a una proyección tiene un precio de 90 céntimos y basta mirar en internet para cercionarse).

No obstante, ha argumentado que sería “casi imposible” justificar la prestación del servicio de cine desde el ámbito público sin entrar en conflicto con el mercado, por lo que la proyección de películas solo se contempla como un “uso cultural compatible, estacional y complementario”, pero nunca como el destino primordial del suelo.

Torrico ha insistido en que, con esta iniciativa, el equipo de gobierno pretende “despejar cualquier duda” sobre el futuro de estos suelos y evitar rumores sobre posibles usos especulativos, como la construcción de viviendas o aparcamientos. La estrategia municipal busca que estos espacios sigan siendo equipamientos públicos dedicados a la convivencia vecinal, la cultura y la adaptación climática, asegurando su preservación como espacios abiertos y sombreados en el corazón del casco histórico.

En esta línea ha advertido de que, si no se alcanza un consenso antes del próximo lunes con el PSOE y Hacemos, que llevarán una moción sobre los cines de verano, el Partido Popular presentará una moción propia en el próximo pleno. Al ser preguntado por la diferencia entre esta nueva propuesta y la moción aprobada unánimemente en 2023, el portavoz ha asegurado que aquella iniciativa se centraba en solicitar la declaración de los cines como Bien de Interés Cultural (BIC).

Torrico ha señalado que no descarta incorporar dicha petición a la propuesta actual si el resto de grupos lo considera oportuno, aunque ha matizado que la protección urbanística del PGOM es lo “fundamental” para evitar que el suelo se use con fines lucrativos

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha iniciado las obras del Proyecto de Urbanización y Ampliación de la calle Sierra Nevada en las que se contempla, entre otras actuaciones, el soterramiento de línea de alta tensión de doble circuito de 66 kV, una actuación promovida por la GMU, redactada por Giménez Soldevilla Asociados SLP, y ejecutada por la empresa Jicar, con un presupuesto de adjudicación de 1,5 millones.

Según ha informado el Ayuntamiento, la intervención se desarrolla en el borde oeste de la barriada de Las Palmeras, en el ámbito comprendido entre la conexión con el vial del sector Huerta Santa Isabel Oeste y la glorieta de la carretera de Palma del Río, A-431. El proyecto tiene como objetivo mejorar la funcionalidad viaria de la zona, reforzar la seguridad de las infraestructuras existentes y dar continuidad a la ordenación urbana prevista en este sector de la ciudad.

La actuación contempla la reforma y ampliación de la calle Sierra Nevada, que pasará de su configuración actual a una sección con cuatro carriles de circulación, incorporando nuevos acerados, banda de aparcamiento, carril bici, ordenación del tráfico y mejora de las conexiones con las calles adyacentes de la barriada, entre ellas Sierra de Grazalema, Sierra de Aracena, Sierra de Guadarrama e Ingeniero Benito de Arana.

En este sentido, uno de los trabajos más relevantes será el soterramiento de la línea aérea de alta tensión de doble circuito de 66 kV, actualmente apoyada sobre postes en el entorno de la actuación. Esta operación permitirá eliminar elementos aéreos existentes, mejorar la integración urbana del ámbito y aumentar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

El proyecto incluye también la renovación del alumbrado público, con nuevas luminarias de tecnología LED, la adecuación de la red de imbornales y drenaje a la nueva sección viaria, la reposición y mejora de pavimentos, bordillos y señalización, así como actuaciones de jardinería, arbolado, riego y mobiliario urbano. La intervención se ha diseñado además con criterios de accesibilidad, incorporando pasos peatonales adaptados y pendientes compatibles con la normativa vigente.

El ámbito total de actuación alcanza aproximadamente los 9.500 metros cuadrados, con una longitud de eje viario cercana a los 400 metros. El plazo de ejecución previsto en el proyecto es de 14 meses desde el acta de replanteo. La empresa ejecutora coordinará el desarrollo de los trabajos con la dirección facultativa, la Gerencia Municipal de Urbanismo y las compañías suministradoras implicadas, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, la seguridad durante los trabajos y la continuidad de los servicios existentes.

“Con esta actuación, la calle Sierra Nevada se convertirá en un eje urbano de mayor capacidad, mejor integrado en su entorno y preparado para absorber las conexiones futuras con el desarrollo del sector Huerta Santa Isabel Oeste, contribuyendo a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana del borde oeste de Córdoba”, ha señalado el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico.

Las piscinas siguen multiplicándose en Córdoba. Y a un ritmo muy notable. Los últimos datos del Catastro sobre piscinas no cubiertas, correspondientes al ejercicio 2025, reflejan que la capital ha alcanzado las 12.330 instalaciones, una cifra que supone 410 más que hace un año, cuando el registro contabilizaba 11.920.

El incremento, del 3,4% en apenas 12 meses, confirma una tendencia al alza que se mantiene desde hace años y consolida a Córdoba como la ciudad española con mayor número de piscinas en relación a su población, muy por encima de otras ciudades con muchos más habitantes.

Con 323.262 habitantes, la ciudad de Córdoba dispone de una piscina por cada 26 vecinos, lo que equivale a 38 piscinas por cada 1.000 habitantes. Por comparar, basta mirar a la capital de reino. Madrid, con casi 3,5 millones de habitantes, suma 15.076 piscinas, apenas 2.700 piletas más que en la capital cordobesa.

Una capital donde la evolución es aún más evidente si se amplía la mirada. En 2019, antes de la pandemia, el municipio contaba con 11.266 piscinas, de modo que en siete años (de los que seis han sido de situación de sequía técnica), la ciudad ha incorporado 1.064 nuevas instalaciones, un crecimiento cercano al 9,5%.

La provincia también crece

El aumento no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia, los municipios distintos de Córdoba capital reúnen ya 22.344 piscinas, frente a las 20.774 contabilizadas en 2025. Es decir, han sumado 1.570 nuevas piscinas en un solo año, un incremento del 7,6%.

Si se compara con 2023, cuando el resto de municipios contabilizaban 20.465 piscinas, el crecimiento alcanza las 1.879 instalaciones, un 9,2% más.

En total, la provincia de Córdoba registra 34.674 piscinas no cubiertas, resultado de las 12.330 de la capital y las 22.344 repartidas por el resto de municipios. Los datos llegan, además, tras el primer año marcado por una mayor normalidad hídrica después de varios ejercicios condicionados por la sequía y las restricciones de agua.

Tras la capital, los municipios con mayor número de piscinas son Lucena, con 2.006; La Carlota, con 1.345; Montilla, con 1.297; Cabra, con 1.225; Puente Genil y Priego de Córdoba, ambos con 1.076; Almodóvar del Río, con 905; Baena, con 728; y Palma del Río, con 675.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la redacción del proyecto para transformar parte de las Caballerizas Reales en un nuevo espacio museístico. Se trata de la zona que el alcalde, José María Bellido, quiere destinar como subsede del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, con el cual ya ha firmado un protocolo, en medio de una intensa polémica.

La actuación, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, contempla el proyecto de adecuación de la planta primera de los edificios norte y este con el objetivo de convertirlos en un referente cultural. El contrato para la redacción cuenta con un presupuesto de 207.571,97 euros (IVA incluido), aunque servirá de base para unas obras cuyo presupuesto de ejecución material se estima en 2.450.672,64 euros.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la incorporación obligatoria de la metodología BIM (Building Information Modeling), un sistema de trabajo digital que permitirá crear un modelo virtual del edificio, conocido como “gemelo digital”. Este enfoque garantizará una gestión avanzada de la información conforme a estándares internacionales, y exigirá la figura de un BIM Manager que coordine todo el proceso y asegure la correcta integración de los datos entre disciplinas.

El contrato se ha organizado en cuatro ámbitos técnicos diferenciados para garantizar la especialización de cada fase del proyecto. El primero corresponde a arquitectura y estructuras, que concentra el 45% del presupuesto y abarca el diseño arquitectónico, el refuerzo de muros portantes y la creación de nuevos forjados de madera. El segundo se centra en la restauración patrimonial, con actuaciones sobre los muros de ladrillo, el artesonado de madera y el lienzo de la muralla romana situado en el pabellón Este, uno de los elementos de mayor valor histórico del conjunto.

El tercer ámbito corresponde a las mediciones y la seguridad, donde se evaluará la viabilidad económica del proyecto y se garantizará el control de calidad, asegurando que todas las mediciones estén vinculadas y sean trazables a partir del modelo digital. El cuarto bloque se ocupa de las instalaciones, y definirá los sistemas de climatización, iluminación LED, seguridad y telecomunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento del espacio como museo.

La intervención afecta a una superficie útil de 3.351,83 metros cuadrados (5.213,89 construidos) en un inmueble de alto valor patrimonial y que cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial, clasificado como nivel 0 de conservación integral. Tras anteriores actuaciones de consolidación estructural y rehabilitación de cubiertas, esta parte del edificio presenta actualmente una configuración diáfana, con arquerías de medio punto que han quedado plenamente visibles.

Las empresas adjudicatarias dispondrán de un plazo de seis meses para entregar la documentación completa, que se desarrollará en tres fases: una primera de modelado y definición patrimonial, una segunda de integración de instalaciones y coordinación espacial, y una última centrada en la obtención de mediciones y la elaboración del presupuesto.

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al gobierno de José María Bellido de haber justificado con “mentiras y falsedades” la renuncia del Ayuntamiento de Córdoba a ejercer el derecho de tanteo sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, una operación que, a juicio de los socialistas, ha supuesto la pérdida de “una oportunidad histórica” para incorporar estos inmuebles al patrimonio municipal.

La denuncia del PSOE llega después de recibir la respuesta oficial del Ayuntamiento a una petición de acceso a la documentación que sustentó la decisión de no ejercer el derecho de tanteo. En el escrito, firmado por el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, se comunica al portavoz socialista que ya ha tenido acceso a “toda la documentación obrante en el expediente de referencia”, sin que, según sostiene el PSOE, exista el informe jurídico al que el portavoz del gobierno municipal hizo referencia durante el último Pleno municipal.

La respuesta municipal se limita a indicar que toda la documentación disponible ya fue facilitada al grupo socialista, cuyo portavoz, Antonio Hurtado, sostiene que esta respuesta confirma que el informe jurídico citado por Torrico en el Pleno “no existe”, pese a que fue utilizado para defender que el Ayuntamiento no podía ejercer el derecho de tanteo cuando se iba a hacer efectiva la compra de los tres cines.

Durante el debate plenario, Torrico aseguró que una técnico administrativa general del departamento de Contratación había informado de que “no cabe ni el derecho de tanteo ni el retracto que podamos ejercer unilateralmente como administración”, al considerar que la operación quedaba sometida exclusivamente al derecho civil y fuera del ámbito de la contratación administrativa. Torrico llegó a leer literalmente algunos párrafos en el Pleno y, según explicó entonces, esa circunstancia obligó al Ayuntamiento a limitarse a tomar conocimiento de la comunicación remitida por los propietarios y, en caso de mantener interés en la adquisición, negociar una compra por la vía civil, que se intentó precisamente un día después de la sesión plenaria.

Sin embargo, el PSOE sigue sin tener acceso al documento y considera por tanto que la respuesta oficial del Ayuntamiento desmonta esa versión al no existir, según afirma, ningún informe jurídico que avalara dicha interpretación. Además, recuerda que el propio gobierno municipal llegó a plantear una oferta de compra por unos 300.000 euros, circunstancia que, a su juicio, evidencia que sí existía margen para intervenir en la operación.

Para los socialistas, la renuncia al ejercicio del derecho de tanteo se produjo en dos ocasiones (en 2025 y en 2026) y ambas decisiones se adoptaron “sin informe técnico alguno”, lo que, en su opinión, ha generado un importante perjuicio económico para las arcas municipales y ha impedido que Córdoba incorporara tres espacios con un importante valor cultural y patrimonial.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas por una actuación que califica de “grave” y acusa al ejecutivo de Bellido de haber intentado justificar la pérdida de los cines de verano con argumentos que, a la vista de la documentación recibida, considera falsos.

Este periódico ha solicitado el informe jurídico al Ayuntamiento de Córdoba, sin haber obtenido respuesta, en el momento de publicar esta noticia.

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha adjudicado las obras del futuro Parque Poniente Miralbaida, una de las grandes zonas verdes aún pendientes de ejecución en la ciudad y que supondrá la creación de un nuevo espacio de unos 90.000 metros cuadrados en el entorno oeste de la capital. La actuación ha sido adjudicada a la empresa cordobesa Jiménez y Carmona (Jícar), que ejecutará los trabajos por 4.591.950 euros, según consta en el documento de adjudicación al que ha tenido acceso este periódico.

La adjudicación pone fin al proceso de licitación iniciado el pasado año y permite encarar la construcción de uno de los proyectos más relevantes del denominado Anillo Verde de Córdoba. Según la documentación oficial, al concurso se presentaron doce empresas y varias ofertas fueron descartadas por considerarse anormalmente bajas.

El contrato salió a licitación con un presupuesto base de 5,08 millones de euros, aunque finalmente la oferta presentada por Jícar rebajó el coste hasta los 3,79 millones de euros sin impuestos, lo que eleva el importe total a 4,59 millones con IVA. El acuerdo de adjudicación fue adoptado el pasado 16 de junio y la formalización definitiva se producirá una vez transcurra el plazo legal para la presentación de recursos.

El proyecto permitirá ampliar la urbanización del Anillo Verde en el extremo occidental de Córdoba, sobre los terrenos reservados como espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbana situados entre los barrios de Miralbaida y Electromecánicas, por un lado, y Santa Isabel, por otro. La nueva zona verde ocupará una superficie cercana a los 90.000 metros cuadrados.

La actuación contempla la ejecución de caminos peatonales, la instalación de redes de riego, la plantación de arbolado y zonas ajardinadas, así como la colocación de mobiliario urbano, equipamientos y alumbrado. El plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

La construcción del Parque Poniente Miralbaida constituye una de las grandes asignaturas pendientes del desarrollo urbanístico de la ciudad y representa el penúltimo gran parque aún sin ejecutar en Córdoba. Con su puesta en marcha, el Consistorio continuará avanzando en la configuración del cinturón verde previsto alrededor del casco urbano.

La licitación de estas obras fue aprobada por Urbanismo el pasado verano y suponía desbloquear una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona. El parque está llamado a convertirse en uno de los principales pulmones verdes del distrito Noroeste y a conectar diferentes barrios mediante una gran franja ambiental.

Los trabajos de conservación y recuperación de la Ermita de la Aurora, que comenzaron el pasado mes de marzo y contaban con cuatro meses de plazo y un presupuesto de 43.142,72 euros, tendrán que prolongarse al hallar mayores afecciones en este enclave y tener que sumar actuaciones para acometer su rehabilitación total.

Así lo plantea un informe del Servicio de Actuaciones Estratégicas de la Oficina del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno sobre el estado de la actuación en la restauración del lienzo de la muralla y los paramentos de la Ermita de La Aurora. En dicho informe se constata que, en la actuación prevista y que se está ejecutando, “una vez que se ha podido acceder con medios de elevación a la zona superior de la muralla se han detectado deterioros mayores de los que inicialmente se pudieron detectar”.

“Existían afecciones en la coronación de la muralla, detectadas en la ejecución y que no pudieron ser vistas por su localización con anterioridad, que han conllevado por seguridad incluso la intervención del Cuerpo de Bomberos. Esta situación ha hecho que tengamos que incrementar las actuaciones en coronación para garantizar la consolidación estructural de esta zona así como la Seguridad”, aducen los técnicos de Urbanismo. “De igual forma, los dos huecos abiertos en el plano de la muralla y que forman parte de la constitución y la historia de la Ermita se encontraban en situación de mayor inestabilidad de la apreciada visualmente, por lo que el alcance de la intervención necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad es mayor que la proyectada”, constatan.

Hasta ahora, además de eso, se han realizado las labores de limpieza y eliminación de la vegetación que existía y cuyo crecimiento estaba descontrolado tanto en las jardineras existentes como sobre la muralla; se han eliminado los elementos de jardineras que se habían ejecutado en su momento con elementos añadidos y perjudicando la integridad del monumento; y con la documentación documental localizada se han podido establecer los elementos y zonas de la Ermita original pudiendo dar explicación a los dos huecos abiertos sobre el plano coincidente con la muralla.

Así las cosas, el informe de Urbanismo señala que “todas estas circunstancias han llevado a esta Dirección Técnica a priorizar estas actuaciones sobre las proyectadas, pudiéndose llevar a cabo porque no suponen modificación de proyecto ni de contrato al existir las partidas en proyecto para abordarlas suponiendo esta cuestión un ajuste en la localización de las unidades de proyecto. Lo que sí implica este hecho es que no se podrá dar por finalizada la actuación al haber aumentado el número de unidades y al encontrarnos en un procedimiento de contrato menor”.

Por todo ello, habrá que “licitar un nuevo proyecto que permita abordar el resto de actuaciones que no se pueden llevar a cabo con el proyecto actualmente en vigor”. Por lo tanto -avanzan-, “no se podrá poner este espacio en funcionamiento ni al servicio de los ciudadanos hasta que se licite y ejecute el nuevo proyecto”.

Las declaraciones cruzadas entre el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y el propietario de los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia, Antonio Amil, de los últimos días han logrado aclarar algunas preguntas, aunque también han dejado sin contestar dudas importantes que afectan, tanto al futuro de esos tres espacios, como al de la propia actividad de exhibición de cine durante la temporada estival.

Tras la rueda de prensa del pasado miércoles en la que Amil anunció que no habría cine en esos tres espacios y que, dado que Urbanismo no les concede licencia, deben ser considerados como “solares”, este periódico ha hablado con Miguel Ángel Torrico y, de nuevo con el empresario, para tratar de entender mejor la situación administrativa en la que están estos tres recintos.

Sin embargo, lejos de zanjar la polémica, las explicaciones de ambas partes dejan abiertas nuevas incógnitas sobre su futuro, más allá del cierre de este verano.

1. ¿Qué autorización necesitan realmente estos cines para funcionar?

El miércoles, Antonio Amil quiso poner el debate en la supuesta ausencia de licencia de apertura, ya que aseguró que Urbanismo se la niega porque incumple la normativa de ruidos que aprobó la Junta de Andalucía en 2025. Sin embargo, desde el Ayuntamiento sostienen que ese no es realmente el problema y que existe una confusión entre licencia de apertura y licencia de actividad. Según explica el presidente de Urbanismo, al tratarse históricamente de una actividad estacional, nunca fue necesaria una licencia específica de apertura, aunque la nueva normativa acústica obliga ahora a acreditar el cumplimiento de determinados requisitos cuando existen denuncias vecinales.

Amil discrepa completamente. Afirma que solicitó la licencia en junio de 2024, antes de la entrada en vigor del nuevo decreto andaluz sobre contaminación acústica (que es de febrero de 2025) y nunca la obtuvo. Y sostiene que Urbanismo no ha encontrado una solución para regular definitivamente estos espacios, a los que solo permite saltarse la normativa de ruido excepcionalmente durante un máximo de 24 jornadas al año.

2. ¿Por qué el Coliseo puede abrir y los otros tres no?

La explicación oficial del Ayuntamiento apunta a las denuncias vecinales. Según Torrico, en el Coliseo no constan denuncias por ruido, mientras que en Delicias y, sobre todo en Fuenseca, sí existen. En este sentido, el gestor del cine Coliseo confirma que tiene la licencia porque el año pasado realizó las adaptaciones técnicas necesarias para cumplir la normativa acústica (en este caso serían cuestiones como estudios acústicos, ajustar el volumen o modificar la orientación de los altavoces, entre otros).

Amil no comparte ese diagnóstico y considera que el problema no puede resolverse caso por caso, sino mediante una regulación específica para los cines históricos de verano.

3. ¿Qué papel han tenido realmente las denuncias vecinales?

Las declaraciones de Torrico introducen un elemento que hasta ahora apenas había aparecido en este debate, aunque tampoco ha sorprendido a quien ha seguido el periplo de Amil como gestor de los cines de verano y su peculiar relación con la vecindad. Según Urbanismo, la existencia de denuncias ciudadanas es el factor que impide que solicite incluso adaptar los cines a la nueva normativa acústica.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha precisado cuántas denuncias existen, cuándo se presentaron ni si afectan por igual a los dos recintos. Tampoco se conoce si esas denuncias se refieren exclusivamente a las proyecciones cinematográficas o a otras actividades desarrolladas durante el resto del año. De hecho, Antonio Amil asegura que las denuncias que ha recibido son por eventos realizados por el Ayuntamiento de Córdoba en sus cines (este sábado, por ejemplo, el Fuenseca acoge un concierto de la Noche Blanca), aunque no ha aportado prueba documental de ello.

En cualquier caso, Torrico sostiene que el Ayuntamiento está aplicando un criterio según el cual las actividades preexistentes continúan funcionando mientras no existan denuncias vecinales por ruido. Sin embargo, el Decreto 50/2025 de la Junta de Andalucía no recoge expresamente esa exención, sino que regula los límites acústicos y el procedimiento de inspección cuando se presentan denuncias. “¿Qué qué hemos hecho en Córdoba? Aplicar el mismo criterio que, por ejemplo, están aplicando en Málaga y Sevilla”, ha asegurado Torrico. Este periódico, por el momento, no ha dado con esa fórmula escrita en alguna ordenanza municipal o andaluza.

4. ¿Por qué el Ayuntamiento quiso comprarlos si reconoce que no quería mantener los cines?

Esta es probablemente la principal novedad política de estos días, en tanto que es un reconocimiento de que, más allá del embrollo urbanístico y administrativo, también hay falta de voluntad política. Torrico primero, y después el alcalde, han reconocido expresamente que el Ayuntamiento no ejerció el derecho de tanteo porque la compraventa obligaba a mantener la actividad de cine de verano y ese no era el objetivo municipal. Según explican, si finalmente pudieran adquirir los tres espacios, su uso principal será deportivo, social y vecinal, además de servir como isla climática para los barrios. Las proyecciones cinematográficas quedarían relegadas a un uso “residual”.

La afirmación modifica el debate mantenido durante las últimas semanas (o años, ya que hay plataformas ciudadanas que llevan intentando que los cines sean públicos desde 2024), ya que confirma que el Ayuntamiento nunca pretendió conservar estos espacios fundamentalmente como cines de verano, y que entiende que no es un servicio que se deba prestar desde el ayuntamiento.

5. ¿Cómo encajan las futuras subvenciones con esa posición?

Otra cuestión sigue sin respuesta. Todavía no se conocen las bases de la convocatoria de subvenciones específicas de 100.000 euros anunciadas por el Ayuntamiento hace ya nueve meses, por lo que sigue sin saberse cómo se compatibilizará esa política con la posición defendida ahora por el propio Gobierno municipal, que reconoce que dos de los tres cines de verano a los que iban dirigidas ni siquiera tienen licencia de apertura.

Amil, por su parte, sostiene que existen numerosas formas de apoyar la continuidad de los cines sin convertirlos en un servicio municipal: ayudas a la distribución de películas, descuentos para colectivos, campañas institucionales de publicidad o respaldo a proyectos culturales como el Museo del Cine.

6. ¿Qué futuro tienen realmente estos tres espacios?

La última incógnita continúa siendo la más importante. El proyecto de aparcamientos subterráneos ya fue rechazado por Urbanismo. El Ayuntamiento reconoce ahora que, de comprarlos, no los destinaría principalmente a cine de verano. Y los propietarios reclaman una regulación específica que permita compatibilizar las proyecciones con otros usos culturales durante el resto del año.

Entre tanto, Delicias, Fuenseca y Olimpia afrontan un verano sin cine y un más que posible largo invierno de abandono y dejadez. Todo ello, además, cargando con una frase lapidaria pronunciada directamente por su propietario y que pone en duda su futuro: “Esos espacios no son cines, son tres solares”.

El alcalde José María Bellido ha adelantado que las obras del cerramiento de la fachada de Preferencia y Fondo Norte comenzarán “de manera inminente”. Así lo ha hecho saber en la comparecencia ante los medios de comunicación para realizar un balance sobre sus tres últimos años de gestión en el Ayuntamiento de Córdoba. El máximo dirigente del Consistorio ha explicado que, para comenzar esta intervención, solo queda “firmar el contrato”.

Las obras fueron adjudicadas durante el pasado mes de febrero a la empresa Sepisur XXI SL por un montante de 1.052.196,39 euros. El proceso de adjudicación de la obra principal no fue excesivamente sencillo, ya que la Mesa de Contratación llegó a calificar la oferta de Sepisur como “desproporcionada” al presentar una rebaja de casi 200.000 euros respecto a sus competidores. Sin embargo, dicha empresa fue finalmente la elegida para encarar dicho proyecto.

Ahora bien, esta no ha sido la última traba administrativa que ha sufrido el cerramiento de El Arcángel. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba desvió fondos de tres proyectos ya presupuestados, como son el Córdoba Arena, la Plaza de San Agustín, y los Jardines Duque de Rivas, por valor de 600.000 euros que han ido destinados a las actuaciones en la zona de Preferencia y Fondo Sur del recinto municipal. Esto ha hecho que los vecinos de San Agustín realizarán una concentración pidiendo la renovación del inmueble número cinco en un espacio para el barrio.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba ha confirmado que esta modificación presupuestaria se firmó el pasado martes y ahora solo queda la rúbrica del contrato para que la empresa Sepisur XXI SL comience “de forma inminente” el cerramiento del estadio municipal El Arcángel.

Así será el cerramiento de El Arcángel

El proyecto, al que pudo acceder este periódico, pretende realizar una intervención centrada en completar los cerramientos exteriores, homogeneizar la estética del conjunto y mejorar la integración urbana del equipamiento en su entorno inmediato. El objetivo principal, en definitiva, es dotar al estadio de una imagen arquitectónica coherente, moderna y acorde a la importancia que tiene. Concretamente, se llevará a cabo el cierre de las zonas de Fondo Sur y Preferencia, que son las fachadas que se encuentran incompletas a día de hoy.

En el caso de la parte de mayor envergadura, el documento establece que habrá dos intervenciones bien diferenciadas. Por un lado, entre la primera y la quinta planta, se instalarán celosías de lamas verticales de aluminio orientables, similares a las que ya hay colocadas en la parte más cercana al Fondo Norte. Asimismo, entre la sexta y la octava se colocarán chapas de acero inoxidable perforadas, unificando la imagen con respecto a la parte orientada hacia el Centro Comercial El Arcángel.

De otra parte, el Fondo Sur, que fue la última zona en construirse, se completará al fin con el cerramiento de la fachada exterior completa a través de paneles de chapa de acero inoxidable perforado, contando a su vez con una estructura auxiliar metálica galvanizada.

La Plaza de San Agustín ha sido escenario este miércoles de una protesta vecinal que ha sido convocada por la Asociación Galea Vetus. Los residentes se concentraron frente al inmueble número 5 para denunciar la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de desviar fondos destinados a su rehabilitación hacia las obras de la fachada del estadio El Arcángel. En esta manifestación, los vecinos expresaron su indignación ante lo que consideran “un nuevo abandono institucional” de un barro señero del Casco Histórico.

El origen del conflicto reside en una modificación de crédito de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que detrayó 600.000 euros de varios proyectos para financiar el cierre de las fachadas del estadio El Arcángl. Pilar García, presidenta de Galea Vetus, ha detallado a este periódico que de esa cuantía, 250.000 euros correspondían al equipamiento de la casa número 5 de San Agustín. A esta cifra se sumarían otros 98.000 euros presupuestados a principios de año y que, según la asociación, también han “desaparecido”.

20 años tratando de intervenir en el inmueble

Dicha indignación no es nueva, ya que el edificio de la Plaza de San Agustín número 5 fue expropiado hace casi 20 años durante el mandato de Andrés Ocaña y desde entonces espera una intervención. Pilar García ha recordado que el barrio lleva dos décadas “detrás de que se ejecute lo que nos habían prometido”. Incluso se han mencionado también episodios previos de frustración, como la devolución de fondos europeos destinados a este proyecto.

Es por ello que la presidenta de Galea Vetus ha explicado que su barrio “no está aquí solamente para cruces”, ya que, a su juicio, el Ayuntamiento de Córdoba prioriza el aspecto festivo sobre sus necesidades estructurales. Tanto es así que Pilar García ha subrayado que San Agustín “no puede ser tratado simplemente como un decorado para eventos turísticos o celebraciones tradicionales”. Para los residentes, el desvío de dinero para “maquillar” la fachada de El Arcángel es una prueba de que el patrimonio del centro es “una prioridad secundaria para el actual gobierno”.

La situación se vio agravada en las denuncias vecinales por los problemas cotidianos que padece la zona, destacando la creciente “turistificación” y “la proliferación de licencias para apartamentos turísticos”. Galea Vetus ha denunciado que mientras se retiran inversiones en equipamiento para el barrio, los vecinos tienen cada vez más dificultades para residir en el Casco Histórico. “Todo tiene que ver con todo”, señaló García, vinculando la falta de servicios básicos con el deterioro del tejido vecinal frente al empuje del turismo masivo.

Un punto especialmente crítico para los manifestantes fue la falta de transparencia en la comunicación de esta decisión presupuestaria. Pilar García ha asegurado a este periódico que la asociación se enteró “de casualidad” del cambio de planes, ya que no hubo ninguna comunicación oficial ni en el seno de la asociación ni en el Consejo de Distrito. Los vecinos han lamentado que una decisión de tal calado para la vida del barrio se adoptara “con nocturnidad y alevosía”, sin diálogo previo con los afectados.

Las explicaciones dadas por el gobierno local tampoco han convencido a los vecinos tras una reunión reciente a la que asistió Miguel Ángel Torrico, de Urbanismo. Según el testimonio de Pilar García, la respuesta municipal fue que este año “no se va a hacer nada” con la casa de San Agustín y que el dinero presupuestado se echaría en un “cajón roto”.