La Oficina de Extranjería de Córdoba ha culminado con éxito el Plan Especial de tramitación puesto en marcha para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización derivado del Real Decreto 316/2026, logrando resolver el 97% de los expedientes incluidos en este programa extraordinario. 

El plan, desarrollado entre abril y junio, ha permitido tramitar 928 de los 955 expedientes pendientes que existían en la provincia cuando entró en vigor la nueva regulación el pasado 16 de abril. Los 27 expedientes restantes continúan en tramitación a la espera de que las personas interesadas aporten la documentación requerida para completar el procedimiento. 

La Subdelegación del Gobierno activó este dispositivo especial con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales presentadas desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. 

Un esfuerzo extraordinario para responder a una demanda histórica 

Los expedientes de arraigo han concentrado la mayor parte de la actividad desarrollada en el marco del plan, con 850 solicitudes tramitadas. A ellos se suman 70 expedientes correspondientes al régimen transitorio previsto para personas con solicitudes de protección internacional denegadas en vía firme y 35 solicitudes relativas a menores acompañados.

Del total de expedientes incluidos en el plan, 838 han obtenido una resolución favorable, lo que representa el 88% de los casos tramitados. El resto corresponde a archivos, inadmisiones, denegaciones y otras resoluciones de carácter procedimental. 

Más de 2.300 expedientes resueltos desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento 

La finalización de este plan especial pone el broche a más de un año de intensa actividad de la Oficina de Extranjería de Córdoba. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, la oficina ha gestionado 2.382 expedientes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 

De ellos, 2.350 han sido ya resueltos, lo que supone una tasa global de resolución del 99%. Los expedientes pendientes representan únicamente el 1% del total y corresponden, en su práctica totalidad, a procedimientos que requieren documentación adicional por parte de las personas solicitantes. 

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha destacado que “la extraordinaria respuesta de la Oficina de Extranjería demuestra el compromiso de los empleados públicos con una gestión ágil, eficaz y cercana. Detrás de cada expediente hay una persona o una familia que espera una respuesta administrativa que le permita desarrollar su proyecto de vida con seguridad jurídica”. 

López Losilla ha subrayado además que “el éxito de este plan especial ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación de todo el personal de la Oficina de Extranjería, que ha asumido una carga de trabajo excepcional para dar respuesta a una demanda sin precedentes en nuestra provincia”.

El Gobierno de España ha confirmado a través de una respuesta en el senado que tiene planeado una iniciativa para llevar a cabo una renovación de los sistemas de información en la estación de tren Córdoba - Julio Anguita. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, se estima que el contrato para el suministro e instalación de los nuevos paneles informativos pueda formalizarse en el primer semestre de 2027, una vez se complete el proceso de licitación y adjudicación correspondiente.

A la pregunta de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de España ha explicado que Adif ya tenía conocimiento previo de las deficiencias, las que han venido afectando la experiencia de los usuarios de la alta velocidad en la capital cordobesa. A pesar de que se dieron instrucciones a la empresa encargada del mantenimiento según el Ejecutivo, las intervenciones se han topado con dificultades operativas mayores debido al estado de la tecnología actual.

De hecho, Adif ha reconocido que existe una obsolescencia de la tecnología utilizada en los actuales teleindicadores de la vía. Todo ello se incrementa debido a que la mayoría de los materiales de repuesto necesarios para estas pantallas están actualmente descatalogados. Es por ello que, ante la imposibilidad de mantener los equipos viejos, la Subdirección de Estaciones Sur ha optado por promover un nuevo proceso de licitación que incluye a más estaciones que únicamente a la de Córdoba.

Mientras se espera a que la renovación sea efectiva en 2027, la administración ferroviaria asegura que se siguen empleando los recursos disponibles para reparar las averías existentes de forma provisional. De hecho, se ha informado de que todavía se mantienen algunos teleindicadores operativos en los mismos andenes para tratar de minimizar el impacto en los viajeros.

Para compensar los fallos visuales, Adif ha reforzado otros canales de comunicación en la estación. Actualmente, la información sobre las circulaciones se está garantizando mediante el uso de códigos QR, el sistema de megafonía de los andenes y la asistencia presencial del personal del servicio auxiliar situado en los accesos a las vías.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este viernes un debate que entra a escena en numerosas ocasiones en la primera plana mediática en España. Esta instalación ha organizado el encuentro-coloquio 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género' y bajo la premisa de que el feminismo es “el pilar de la democracia”. Así las cosas, diversas representantes políticas han analizado los avances logrados y los retos urgentes en un contexto de creciente polarización social.

En primer lugar, Ana López, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ha sido la primera representante en coger el testigo ante los medios de comunicación y ha puesto en valor el trabajo realizado durante años por el Ejecutivo en materia de igualdad. Además, la dirigente ha aprovechado para realizar un reconocimiento especial a María Teresa Varón, que ha estado también presente junto a las intervinientes en la atención a la prensa y que, tras ocho años de servicio público, emprenderá una nueva etapa personal.

Carmen Calvo y el resurgimiento de las corrientes “neofascistas”

Asimismo, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ha comparecido advirtiendo del “resurgimiento de corrientes neofascistas a nivel global”. Tanto es así que, según Calvo, estos movimientos tienen como objetivos principales abatir el feminismo y las políticas contra el cambio climático, utilizando liderazgos “fascistas y machistas” que atentan contra la autonomía de las mujeres. La dirigente cordobesa, además, ha afirmado que el avance de la dignidad femenina “no tiene punto de retorno”.

La exvicepresidenta del Gobierno de España ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de la desigualdad y la violencia sexual. Por otro lado, ha recordado que, incluso en una de las 20 mejores democracias del mundo, “las noticias sobre agresiones sexuales y asesinatos machistas son una realidad cotidiana”. Carmen Calvo ha subrayado que el patriarcado “sigue cometiendo tropelías” que va desde las pensiones hasta los delitos más graves.

Entretanto, Calvo ha apelado a los hombres demócratas y consecuentes para que se involucren activamente en esta lucha. La presidenta de Consejo de Estado ha cuestionado qué sucede en la mentalidad masculina “para que no se perciba a las mujeres como sujetos de respeto literal en todos los órdenes de la vida”.

La violencia de género y el feminismo interseccional

Como también miembro del coloquio que iba a desarrollarse después de la intervención ante los medios de comunicación, Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha definido la violencia machista como la “mayor evidencia” de la vulneración de los derechos humanos en la actualidad. Martínez ha defendido la “hoja de ruta” establecida por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Martínez ha señalado como retos fundamentales la mejora de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y la administración local. La delegada ha destacado que, aunque España cuenta con un gran despliegue de recursos, es necesario enlazar mejor las competencias para ofrecer una atención integral a las víctimas. Asimismo, ha puesto el foco en la precariedad económica que sufren muchas mujeres, la cual se convierte en un obstáculo crítico que les impide abandonar los entornos de violencia.

Un punto clave de la jornada ha sido la denuncia de las “violencias emergentes”, tales como la violencia digital y la violencia vicaria. Carmen Martínez ha calificado esta última como la forma más “inhumana” de maltrato, al utilizar a los hijos e hijas para dañar a las madres. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno está tramitando un proyecto de ley para abordar específicamente esta realidad y espera que cuente con el apoyo de todos los grupos responsables.

La diversidad también ha tenido un papel protagonista gracias a Beatriz Carrillo, directora general de Igualdad de Trato y No a la Discriminación contra el Racismo. Carrillo, de origen cordobés y de etnia gitana, ha defendido un feminismo interseccional que incluya a las mujeres migrantes y musulmanas, quienes a menudo son blanco de políticas basadas en el miedo y el odio.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representada por Administrativando Abogados, ha presentado una solicitud formal ante la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros y varios departamentos ministeriales para reclamar una reforma urgente del sistema de indemnizaciones aplicable a las víctimas de accidentes ferroviarios.

El escrito, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha sido remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el objetivo de actualizar el baremo recogido en el Real Decreto 627/2014, basado a su vez en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado en 1989.

La asociación sostiene que la experiencia derivada del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 ha evidenciado las carencias del sistema actual, al considerar que las compensaciones previstas resultan insuficientes para reconocer la totalidad de los daños sufridos por las víctimas.

Según explica el colectivo, la normativa vigente centra la protección en las lesiones físicas más graves, pero deja fuera numerosas secuelas que pueden tener un fuerte impacto en la vida de los afectados, como los trastornos psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las alteraciones del sueño o el miedo persistente a volver a utilizar el tren.

Por ello, la asociación reclama la creación de nuevas categorías indemnizatorias que contemplen de forma expresa los daños psicológicos y emocionales derivados de este tipo de siniestros, así como las limitaciones laborales y funcionales que puedan sufrir las víctimas aunque sus lesiones no sean catalogadas como graves.

Una ley de cuantías mínimas

Entre las medidas propuestas también se incluye la fijación de cuantías mínimas orientativas y el reconocimiento automático como víctimas, a efectos indemnizatorios, de todas las personas que viajen en un tren siniestrado, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas que puedan dejar desprotegidos a algunos afectados.

La petición va acompañada de un informe técnico titulado Revisión de la evidencia científica para los criterios de valoración neuropsicológica y psicopatológica en víctimas de catástrofe colectiva, trauma agudo y estrés postraumático complejo, elaborado por una psicóloga general sanitaria especializada en trauma complejo y neuropsicología clínica.

El documento revisa la evidencia científica y clínica existente sobre las secuelas neuropsicológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que presentan las víctimas de accidentes ferroviarios de carácter catastrófico. El informe concluye que los daños psicológicos derivados de experiencias traumáticas extremas constituyen lesiones reales, objetivables y susceptibles de valoración pericial.

Entre las consecuencias analizadas figuran las alteraciones de memoria, los fenómenos intrusivos asociados al trastorno de estrés postraumático, las conductas de evitación, la rigidez cognitiva, las alteraciones persistentes del estado de ánimo y los cuadros de hiperactivación fisiológica, todos ellos ampliamente reconocidos por la literatura científica internacional.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados y coordinador de la defensa jurídica de la asociación, asegura que “la normativa cuya modificación solicitamos está completamente desfasada y no responde de forma real, coherente y efectiva a las secuelas que padecen las víctimas de un siniestro como el de Adamuz”.

“Ninguna persona afectada por una tragedia de esta magnitud debe quedar desprotegida por la existencia de normas obsoletas o sistemas de valoración que no reflejen la realidad médica y humana de los daños sufridos”, añade.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar el ruido en la N-437, de acceso al aeropuerto de Córdoba, en el tramo comprendido entre los kilómetros 5,14 y 5,84, en la provincia de Córdoba, con una inversión de 3,2 millones de euros -impuestos incluidos-. Las obras han sido financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las actuaciones han consistido en la instalación de 1.200 metros de paneles en el citado tramo de la carretera, dispuestos en 625 metros en el margen derecho y 575 metros en el izquierdo.

Se han sustituido las barreras de seguridad existentes por unas nuevas barreras tipo New Jersey, sobre las que se han anclado los perfiles metálicos que sirven de soporte para los paneles acústicos. La altura total sobre el terreno, una vez instalados los paneles, es de dos metros.

Con el objetivo de preservar en óptimas condiciones las pantallas acústicas y prevenir actos vandálicos, los paneles son de hormigón fonoabsorbente. Este material sobresale por su alta capacidad de absorción acústica y, además, por una superficie texturizada y un diseño que dificultan la realización de pintadas y reducen la propensión a los actos vandálicos. Asimismo, se ha colocado nueva señalización vertical y se han repuesto los sistemas de drenaje existentes.

Estas obras forman parte de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba acogerá este viernes, 12 de junio, a partir de las 10:00, el encuentro-conversatorio 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género', una jornada de reflexión y diálogo que reunirá a representantes institucionales, juristas, académicas, profesionales y activistas comprometidas con la igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, la inauguración correrá a cargo de la subdelegada en Córdoba, Ana López, quien dará la bienvenida a las personas asistentes antes de la presentación de la actividad por parte de la jefa de la Unidad de Violencia sobre las Mujeres, María Teresa Varón.

El encuentro, que se celebrará en la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, contará con la participación de destacadas personalidades como Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que ofrecerá la ponencia marco bajo el título 'Feminismo es Democracia', así como con diversas mesas de exposiciones centradas en la pedagogía sistémica como herramienta para trascender el patriarcado y en el valor de las trayectorias y activismos feministas como motores de transformación social.

La jornada concluirá con la intervención de Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y con un espacio de diálogo participativo entre ponentes y asistentes.

Entre los objetivos del encuentro destacan visibilizar los avances en derechos y libertades impulsados por las políticas de igualdad, reconocer la aportación de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales e institucionales, fomentar el intercambio de experiencias y reafirmar el compromiso colectivo con la erradicación de las violencias de género y de cualquier forma de discriminación.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha señalado con motivo de esta iniciativa que “reunir en Córdoba a mujeres referentes procedentes de ámbitos tan diversos como la política, la judicatura, la universidad, la salud, el activismo o la educación supone una oportunidad para poner en valor el camino recorrido y seguir impulsando políticas públicas que garanticen derechos, igualdad real y una convivencia libre de violencia y discriminación.”

El Gobierno de España continúa avanzando en la recuperación de los municipios afectados por las intensas borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, un episodio meteorológico que golpeó con especial dureza a Andalucía y, particularmente, a la provincia de Córdoba.

Las fuertes lluvias provocaron importantes daños personales y materiales, obligaron al desalojo de más de 2.000 personas en Córdoba y su provincia y ocasionaron perjuicios en viviendas, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas y actividades económicas de distintos sectores. Por ello, 56 entidades locales, incluida la Diputación Provincial, fueron reconocidas como gravemente afectadas. De ellas, 55 han solicitado las ayudas yen 54 de ellos ya han completado la instrucción y certificación de sus expedientes.

Las solicitudes presentadas alcanzan un importe global de 71.814.841,35 euros, destacando actuaciones en municipios como Palma del Río, con más de 13 millones de euros; Montoro, con más de 7 millones; y La Carlota y El Viso, que superan los 1,5 millones de euros cada uno. Asimismo, ya se ha comunicado la resolución favorable a 37 municipios cordobeses por un importe conjunto superior a 49 millones de euros.

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de España actuó de forma inmediata en coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados. Durante los episodios más críticos se desplegaron efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, se activaron los centros de mantenimiento de carreteras y se reforzó la coordinación con los servicios de Protección Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Posteriormente, y con el objetivo de acelerar la recuperación de las zonas afectadas, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla un paquete extraordinario de ayudas dotado con 7.000 millones de euros para responder a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

De esta cantidad, 2.000 millones de euros están destinados específicamente a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras municipales y la ejecución de actuaciones que permitan prevenir futuras inundaciones y avenidas. Hasta la fecha, el Gobierno ya ha resuelto ayudas por valor de 889 millones de euros para 333 municipios de toda España, alcanzando al 59% de las entidades locales con derecho a acogerse a estas subvenciones. Las actuaciones financiadas incluyen la reparación de calles, carreteras y caminos; la reconstrucción de edificios y equipamientos públicos dañados; la restitución de escolleras y muros de contención; así como obras preventivas de encauzamiento, canalización y mejora de sistemas de drenaje.

Compromiso con el municipalismo

Estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el municipalismo y la autonomía local, incorporando medidas especialmente beneficiosas para los ayuntamientos afectados. Entre ellas destaca la financiación del 100% de los daños, sin necesidad de aportación económica municipal; el anticipo íntegro de las subvenciones, evitando tensiones de tesorería; y la posibilidad de ejecutar tanto obras de reparación como actuaciones preventivas que aumenten la resiliencia de los municipios frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Además, el programa permitirá impulsar infraestructuras de gran envergadura que, en muchos casos, resultaban difíciles de acometer por su elevado coste, generando al mismo tiempo actividad económica y empleo en el ámbito local a través de los procesos de contratación promovidos por los propios ayuntamientos.

Las entidades locales dispondrán de un plazo de ejecución de tres años para desarrollar los proyectos financiados, una medida especialmente relevante para los municipios de menor tamaño. Asimismo, se flexibiliza la regla de gasto municipal para que las inversiones vinculadas a la reconstrucción no computen dentro de los límites establecidos, permitiéndose además la utilización del superávit correspondiente al ejercicio 2025.

Con estas actuaciones, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la recuperación de los territorios afectados y con el fortalecimiento de las infraestructuras municipales para afrontar con mayores garantías futuros fenómenos meteorológicosadversos.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha remitido un nuevo escrito al Gobierno central en el que le reclama información, diálogo y el impulso a proyectos claves de ciudad paralizados por organismos dependientes de la Administración central, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que se le solicita, en primer lugar, que reconsidere su negativa a participar en la mesa técnica sobre inundaciones de Córdoba para la prevención de incidentes en el entorno de este cauce en el término municipal.

Capítulo aparte, en una nota el CMC recuerda la necesidad de abordar las fases que faltan del encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, un proyecto que quedó a medias hace 25 años y que será preciso actualizar para evitar inundaciones y desalentar las ocupaciones de las orillas del río.

Otras dos cuestiones claves son la limpieza y buen estado de los cauces de los arroyos de La Sierra que desembocan en el río, fuente de continuas situaciones de riesgo, y el muy reclamado soterramiento del Canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad, particularmente en la zona de expansión del casco urbano por el Oeste.

Solar de la antigua prisión

Otro eje de las demandas del CMC a la Administración central gira en torno al solar para la antigua prisión de Córdoba, en el barrio de Fátima, clave para esta zona de la ciudad y que quedó bloqueado tras un primer intento fallido en 2023 para licitar la urbanización por parte de la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciario y de la Seguridad del Estado (Siepse).

Su actual titular, Sepes, junto a la financiación del Ministerio de Vivienda, es ahora el organismo que debe ejecutar el proyecto de urbanización que permitirá crear en las casi 2,5 hectáreas del solar unos 15.569 m2 de zonas verdes y espacios libres, 4.028 m2 para equipamientos (incluido el centro cívico ya en uso), 1.204 m2 de viales y, la cuestión más importante para el barrio y la ciudad, un área de 5.390 m2 donde Vimcorsa construirá 236 viviendas.

Respecto a Adif

También la sociedad de infraestructuras ferroviaria Adif tiene una lista de proyectos pendientes en la ciudad, más allá habilitar estaciones de cercanía en el entorno del Parque Joyero y de Fátima (se sigue rechazando la propuesta de la avenida de la Igualdad por estar muy próxima a la propia estación central Julio Anguita), además de cuestiones como el paso subterráneo bajo las vías que divide a Villarrubia, permitir la instalación de toldos en el viaducto de Electromecánicas o desbloquear la reconversión del trazado de la antigua línea de Almorchón, entre Córdoba y Cerro Muriano, como vía verde.

Capítulo aparte está la necesidad de un pequeño ‘Plan Renfe’ que elimine y ponga el valor los terrenos de vías en Alcolea, que sigue hipotecando el futuro de la barriada y para la que la ciudadanía demanda una solución hace décadas.

El futuro de la comisaría

Por otra parte, señalan que una cuestión puntual, pero no menos importante para La Fuensanta y el distrito Sureste, es el futuro de la Comisaría del Campo de Madre de Dios, que dejará de tener funciones a finales de años o en 2027 tras la construcción de la nueva comisaría de Policía.

Al respecto, el CMC ya ha sido informado de que no hay un uso previsto para el inmueble, con un difícil reaprovechamiento del inmueble dado su deterioro y porque la propiedad del terreno está compartida desde la antigüedad con una mutualidad, por lo que se tendrá que estudiar una solución al efecto.

Sin embargo, el CMC, que por otro lado agradece la información recibida, teme que el edificio quede en el abandono y pueda ser objeto de ocupación, algo en lo que La Fuensanta tiene variados y siempre conflictivos antecedentes como lo fue el antiguo cine o, actualmente, la iglesia Madre de Dios.

Ante esta situación, el Consejo pide que se prevea la vigilancia de la comisaría tras su cercano cierre y que, además, se plantee ya el derribo del edificio para posteriormente, y una vez resueltos los problemas de titularidad del solar, se destine a un nuevo equipamiento consensuado con el consejo de distrito Sureste y el movimiento ciudadano en general.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos, y ha afirmado que es un “sólido candidato”.

Según el presidente del Gobierno, el titular de Agricultura --que le ha acompañado en su visita a la FAO en Roma-- es un “sólido candidato” como también lo es el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el también español Álvaro Lario, cuya reelección ha respaldado tras elogiar su “labor excelente”.

La decisión del relevo en el organismo internacional se decidirá entre junio y julio de 2027, pero la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que todavía es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

En todo caso, los aspirantes optarán al cargo de director general de la FAO para un mandato de cuatro años, prorrogable una única vez por un segundo periodo de cuatro años. La elección se decidirá por un voto secreto en el que cada una de las 193 delegaciones miembro de la FAO tendrán un voto.

Planas ha reconocido que es “un honor” que España promueva su candidatura a dirigir la FAO a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general.

El presidente también ha reivindicado a España como país referente en seguridad alimentaria y como potencia exportadora agrícola --la cuarta en Europa y la décima a nivel mundial--, gracias a la apuesta que se viene realizando desde el Gobierno en el impulso de la innovación, la agricultura familiar y profesional, así como en la participación de las mujeres en actividad agraria, la apertura comercial y la cooperación internacional. En España, el sector agroalimentario representa el 10% del PIB y la renta agraria ha aumentado un 12% respecto al año anterior.

En el acto en Roma de este martes, tanto el máximo responsable de la FAO como la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, han tenido palabras de elogio hacia el Gobierno español y Sánchez. “España es un importante socio y un aliado estratégico en la lucha contra el hambre y la desnutrición”, ha dicho Dongyu, agradeciendo el apoyo.

Por otra parte, el titular de la FAO ha alertado de que hay “una ventana para actuar, pero la ventana se está cerrando”. “Los seres humanos pueden demorar cualquier acción, pero las cosechas no pueden aplazarse”, ha subrayado, incidiendo en que de las decisiones que se adopten ahora dependerá si la crisis es manejable o, por el contrario, habrá una “crisis mundial alimentaria profunda en 2026 y 2027 y más allá”.

A su vez, la máxima responsable del PMA ha expresado su temor por la posibilidad de que el mundo se encuentre al borde de una hambruna y una emergencia de desnutrición “como no se había visto nunca” y “camina dormido hacia un momento que no tendrá marcha atrás”.

“Una emergencia de hambre y desnutrición a esta escala podría cobrarse incontables vidas y podría hundir economías, desestabilizar comunidades y hacer retroceder toda una generación”, ha prevenido McCain. Pero “esto todavía puede evitarse si actuamos de forma decisiva y actuamos juntos”, ha sostenido.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de España “qué inversiones concretas” tiene “previsto ejecutar” en la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2026-2034.

En concreto, en la exposición de motivos de la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha registrado Santiago para que sea respondida, también por escrito, por el Ejecutivo central, el diputado de Sumar ha indicado que “el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 900 millones de euros para la segunda fase del Plise, correspondiente al periodo 2026-2034”.

Dicha cantidad, según ha señalado en su pregunta el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, “supone un incremento del 50% respecto a la fase inicial (2019-2025)” del citado plan estatal, “dotada con 600 millones de euros”.

Ahora, tal y como ha precisado Enrique Santiago, “con esta nueva inversión, el volumen total destinado desde 2019 asciende a 1.900 millones de euros” y, “del total aprobado, 800 millones de euros se destinarán a actuaciones en infraestructuras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que 100 millones se asignarán a Ceuta y Melilla”.

El plan, tal y como ha recordado en su exposición el diputado por la provincia de Córdoba, “pretende abordar la modernización de un parque inmobiliario compuesto por 3.302 inmuebles, muchos de ellos con un elevado grado de antigüedad y obsolescencia”.

Ante ello y dado que no se han dado a conocer actuaciones específicas, Enrique Santiago ha preguntado “¿qué inversiones concretas, desglosadas por anualidades, proyectos, localidades e importes, tiene previsto ejecutar el Gobierno en la provincia de Córdoba en el marco del Plise 2026-2034, y cuáles son los plazos previstos para su ejecución?”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público para los servicios de redacción del proyecto de los sectores XVII, XVIII, XXVI y XXVII de la zona regable del Genil-Cabra. Esta licitación, a la que ha accedido este periódico y ha sido tramitada a través de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, marca un paso decisivo para la culminación de los regadíos en los términos municipales de Santaella y La Carlota. El contrato cuenta con un valor estimado de 1.174.174,22 euros.

Las empresas interesadas tienen como fecha límite el 9 de julio para presentar sus ofertas de forma electrónica. Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo de ejecución de 12 meses para completar los trabajos de redacción del proyecto constructivo. Esta fase técnica es esencial para definir con precisión las infraestructuras necesarias que permitirán la puesta en riego de una superficie aproximada de 6.600 hectáreas, destinadas fundamentalmente al cultivo de olivar.

El proyecto se redactará de manera unificada, integrando tanto la red principal -que incluye estaciones de bombeo, balsas y tuberías de gran diámetro- como la red secundaria de distribución y caminos. Esta fórmula de trabajo conjunto entre el Miteco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) busca que cada administración pueda licitar y ejecutar su parte de forma simultánea. En términos de inversión para las obras futuras, se estima un montante global próximo a los 31 millones de euros, aunque valoraciones técnicas sitúan la cifra en torno a los 45 millones de euros dependiendo de los elementos finales a ejecutar.

¿Cómo será la actuación?

El diseño técnico contempla un sistema de riego moderno, eficiente y telecontrolado, que será compatible con el uso sostenible de los recursos hídricos en la cuenca. Entre los elementos singulares que el proyecto debe definir se encuentra una balsa de regulación en la zona conocida como 'La Calva', con una capacidad de 1,98 hectómetros cúbicos. Asimismo, se aprovechará la actual Estación de Bombeo de La Catalineta como punto de partida para la ampliación, dividiendo la nueva zona en dos sub-zonas: una de riego por gravedad (2.000 hectáreas) y otra de riego a presión (4.600 hectáreas).

La futura infraestructura incluirá un avanzado sistema de telecontrol vía GSM, permitiendo el telemando de válvulas y la telelectura de más de 2.600 contadores de parcela. Este nivel de digitalización garantiza que cada regante abone el volumen de agua realmente consumido, fomentando el ahorro y la eficiencia energética en el sector agrario. El proyecto también deberá incluir estudios detallados de impacto ambiental, seguridad y salud, y el preceptivo anejo de expropiaciones para las superficies afectadas.

Desde el punto de vista social y económico, el impulso a estos regadíos supone un importante apoyo al desarrollo rural y a la modernización del sector agrario cordobés. El Gobierno ha destacado que esta transformación contribuye a la mejora de la resiliencia frente al cambio climático y ayuda a fijar población en el territorio al hacer más competitiva la agricultura local. La puesta en riego de estas nuevas hectáreas es una demanda histórica de la zona que finalmente encara su recta final administrativa.

El Gobierno ha celebrado este viernes en Córdoba el acto conmemorativo del 182º aniversario de la Guardia Civil como muestra de agradecimiento al trabajo desarrollado por la Benemérita el pasado 18 de enero, y días posteriores, durante la tragedia ferroviaria de Adamuz. El encargado de presidir el acto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha recordado a las 46 víctimas mortales y ha recordado “a los hombres y mujeres de la Guardia Civil” que estuvieron “allí donde más, se os necesitaba”, demostrando una “profesionalidad y humanidad”.

Durante su discurso, el ministro ha querido dar la “enhorabuena a todos los condecorados y condecoradas”, señalando que este es “un reconocimiento muy merecido” y que está seguro de que van a “honrar los galardones recibidos”. Marlaska ha destacado que “el deber permanente de auxiliar al ciudadano es una seña de identidad de la Guardia Civil, que pone siempre a la persona en el centro de la acción”, basando su servicio en la “entrega y protección al vulnerable”, valores que “hunden sus raíces en la figura del Duque de Ahumada”.

El ministro ha explicado que la elección de Córdoba para este acto no ha sido casual. Tras recordar el trabajo “incansable” de los agentes en la DANA de Valencia, ha señalado que “la tragedia nos paralizó una vez más el 18 de enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz con 46 fallecidos”. Dirigiéndose a los agentes, Marlaska ha afirmado que fueron ellos, “hombres y mujeres de la Guardia Civil, los que estuvisteis allí donde más se os necesitaba cuando se requería vuestra ayuda, demostrando vuestra profesionalidad y humanidad en un nuevo ejercicio de ejemplaridad y servicio público”.

En este contexto, ha puesto en valor la intervención de “más de 1.180 efectivos” que se volcaron en la gestión de la emergencia, incluyendo seguridad ciudadana, policía judicial, tráfico, reserva, y los servicios aéreos, de criminalística y cinológico. El ministro ha resaltado que “la coordinación de las unidades de la comandancia de Córdoba, junto con refuerzos de otros lugares, dejó patente la capacidad operativa de la institución” para responder a “situaciones de máxima complejidad”.

Además, Marlaska ha apuntado que la atención a las víctimas y familias en Adamuz se realizó con una entrega que refleja la “esencia misma de ser guardia civil: vocación de servicio, disponibilidad, cercanía, profesionalidad y profundo sentido del deber”. Estos mismos valores se han visto también en los incendios forestales del pasado verano y las inundaciones en Andalucía y Extremadura de febrero.

En el ámbito de la seguridad, el ministro ha destacadola lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección de los más vulnerables. Especial mención ha tenido la lucha contra la violencia de género, donde este cuerpo protege a “casi 1.000 víctimas en Córdoba” desde 2023. Además, ha celebrado los avances en igualdad, como el ascenso de dos mujeres a coronel y su deseo de contar pronto con la “primera general”.

El acto ha concluido con un emotivo reconocimiento a las familias y un “acto de justicia” hacia los fallecidos. Finalmente, se ha rendido un recuerdo solemne a quienes han muerto en acto de servicio, como Carlos Francisco, en Jerez de la Frontera; Alberto, en un dispositivo de evacuación, y Jerónimo y Germán, en las costas de Huelva. “Su legado permanecerá vivo”, ha concluido el ministro. Al evento han asistido también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; y otras autoridades, como el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja; el fiscal de Córdoba, Fernando Sobrón; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado el próximo 12 de junio a las 15:00 la fecha límite para que las empresas de ingeniería interesadas presenten sus ofertas para la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la futura autovía en la N-432. Esta licitación se centra específicamente en el tramo de unos 13 kilómetros que conecta Cerro Muriano con la capital cordobesa, un paso administrativo clave para la modernización de esta vía.

El contrato de servicios cuenta con un presupuesto base de licitación de 5.732.558,68 euros. Según los detalles publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y a los que ha accedido este periódico, el objeto principal es duplicar la calzada actual para transformar la carretera convencional en una autovía con dos carriles de 3,5 metros por sentido. El proyecto contempla una velocidad de diseño de entre 90 y 100 kilómetros por hora y la mejora de tres enlaces existentes mediante la construcción de glorietas para optimizar los flujos de tráfico.

Este avance se produce como continuación a las recientes gestiones del Gobierno, que también ha encargado un estudio informativo para analizar la viabilidad de extender la autovía en el corredor que une Espiel con Córdoba. De esta forma, se busca dar una solución integral a una zona que soporta los mayores picos de intensidad de tráfico de toda la provincia. Ahora queda que las empresas interesadas formulen su oferta a la Mesa de Contratación, todo ello antes del 12 de junio.

Una demanda histórica, aunque con muchas trabas

Como antecedente fundamental, cabe recordar que esta actuación responde a una demanda histórica. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lleva 25 años reclamando unánimemente la conversión de la N-432 en autovía. Durante décadas, las instituciones locales han denunciado que la conexión entre Badajoz, Córdoba y Granada ha sido la “gran olvidada” de las inversiones estatales en Andalucía.

La peligrosidad de la vía actual ha sido un factor determinante para acelerar estos trámites, ya que solo en el año 2025 la carretera se cobró la vida de diez personas en la provincia. Con una intensidad media diaria estimada en 30.000 vehículos, el flujo de tráfico se ve alimentado tanto por la actividad de la base militar de Cerro Muriano como por las numerosas urbanizaciones de la periferia norte de la ciudad.

Dada la elevada sensibilidad ecológica de la zona, el contrato establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Este requisito es esencial para asegurar que el nuevo trazado respete los estrictos condicionantes ambientales que en el pasado bloquearon otros intentos de desdoblamiento en este corredor.

En estudios previos, la presencia de poblaciones de lince ibérico y el terreno montañoso de Sierra Morena supusieron obstáculos insalvables que provocaron la caducidad de proyectos anteriores. Por ello, el consultor seleccionado deberá realizar un exhaustivo análisis de integración ambiental para evitar nuevos bloqueos administrativos.

Las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de un plazo total de 36 meses para completar la redacción de los documentos técnicos. Una vez que los proyectos de trazado y construcción estén finalizados, el Ministerio estima que el presupuesto necesario para la ejecución material de las obras ascenderá a unos 115 millones de euros. Esta cifra definitiva se ajustará tras las fases de supervisión dinámica intensiva a las que será sometido el estudio por su relevancia social y estratégica.

Un total de 2.343 personas migrantes han solicitado por vía telemática la solicitud de regularización en la provincia de Córdoba en el primer mes desde que se abrió el plazo el pasado 16 de abril, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto del Gobierno, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde el día 20 de ese mes también con atención presencial, en las oficinas habilitadas, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

En la provincia de Córdoba, la Subdelegación estimaba inicialmente que, ya sea por vía telemática o en atención presencial, se podrían adherir a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aclarado este jueves al PP, ante su demanda de que la de Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo, que en el Ministerio de Defensa y el del Interior ya vienen trabajando en este asunto y, de hecho, ya tienen “un proyecto redactado para que las Fuerzas Armadas y, por tanto, la Guardia Civil, sean también una profesión de riesgo”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en La Carlota (Córdoba), donde ha respaldado la campaña del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del próximo domingo, la ministra de Defensa ha explicado que “no hay que mezclar de las cosas”, pues “lo que pasó ayer” tenía que ver con “una proposición del Partido Popular, que está haciendo oportunismo en esto, cuando saben perfectamente que, tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, estamos trabajando”, y ya cuentan con “un texto escrito, para que, efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil sean una profesión de riesgo”.

En este punto, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas “están en este momento en 3.000 misiones, en profesiones de riesgo, en guerras como las de Líbano. Nuestra Guardia Civil está luchando contra el narcotráfico. Se merece lo mejor y desde luego, desde el Ministerio de Defensa estamos trabajando en ello, y en el Ministerio Interior también, sin oportunismos”.

Así, ha insistido en que en el Ministerio de Defensa, en “la parte que afecta a las Fuerzas Armadas y también a los guardias civiles”, disponen ya de “un texto redactado”, al considerar “que merecen ser una profesión de riesgo. No hay ninguna duda en ese tema sobre el compromiso, que está además plasmado en negro sobre blanco”, pues en el Gobierno de España “no hablamos, actuamos”, ha subrayado.

Abucheos a Marlaska

En cuanto a los abucheos de los que fue objeto ayer miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo estar “rabioso” y “dolido”, pero no “impotente”, por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha, Robles ha dicho creer “que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. Yo ahí respeto todas las expresiones”.

Sin embargo, ha señalado también que, “si algo hemos hecho, y desde luego desde el Ministerio de Defensa y, por tanto desde el Gobierno de España, ha sido sentirnos orgullosos, poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil”.

“Yo lo digo y lo digo todos los días desde hace ocho años, les admiro profundamente, aprendo de ellos cada día. Su solidaridad, su compromiso, su sacrificio, y claro que podemos todos hacer mucho más, pero el ejemplo que nos dan nuestros militares y nuestras guardias civiles sirviendo a España en el extranjero es único. Lo digo sin ningún complejo y con absoluto orgullo”.

A partir de ahí, Margarita Robles ha insistido en que respeteta “las expresiones públicas de todo el mundo, pero todo el mundo que nos conoce sabe el orgullo que sentimos de nuestros militares y de nuestros guardias civiles”.

Informe sobre narcolanchas

Por último, respecto al Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que recoge que hay más de 600 narcolanchas tipo 'go-fast' sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, la ministra de Defensa, tras aclarar que esa no es “un área específica” de su departamento, ha subrayado que, aún no “siendo competencia” del Ministerio de Defensa, “en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer”.

En este punto, Robles ha argumentado que “siempre hacen falta muchos más medios”, y ha recordado que “cuando llegamos hace ocho años al Gobierno” y en referencia a las Fuerzas Armadas, “es que no había ni munición”, a lo que ha añadido que, para ella, lo referido a la Guardia Civil o al Ejército no es “una cuestión de Estado”, sino que “es una cuestión de España, y nuestros militares y nuestros guardias civiles exigen y tienen derecho a que cada día trabajemos por y para ellos”, porque “trabajando por nuestros militares, por los guardias civiles, trabajamos por la paz, por la libertad, por el compromiso y por la libertad”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso al frente para la seguridad y modernización de una de las vías con más peligrosidad de toda la provincia cordobesa. El Gobierno ha encargado un nuevo estudio informativo para la transformación en autovía de un tramo crítico de la N-432. Esta actuación se centra inicialmente en el trayecto de 12,9 kilómetros que une Espiel con la capital cordobesa, una zona que actualmente soporta los mayores picos de intensidad de tráfico de toda la extensión cordobesa.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de licitación para las obras de 115 millones de euros -impuestos incluidos-. El objetivo principal es duplicar la calzada actual para convertirla en una autovía de dos carriles por sentido, mejorando así la funcionalidad, movilidad y, sobre todo, la seguridad vial en un entorno de orografía montañosa y compleja. Según el pliego de prescripciones técnicas, al que ha tenido acceso este periódico, la futura vía tendrá una velocidad de proyecto de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Se estima que el tronco principal de la autovía absorberá una intensidad media diaria (IMD) de unos 30.000 vehículos, un flujo alimentado significativamente por la actividad de la base militar de Cerro Muriano y las numerosas urbanizaciones de la zona.

La redacción de los proyectos de trazado y construcción se llevará a cabo en un plazo de 36 meses y empleará metodología BIM -un modelo 3D entre todos los agentes identificados- para garantizar la eficiencia en la gestión documental y técnica. El proceso se dividirá en cuatro fases que incluyen desde los trabajos topográficos y geotécnicos previos hasta la redacción definitiva del proyecto de construcción.

Dada la sensibilidad ecológica de la zona, el contrato establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Este requisito es fundamental, ya que el diseño debe ser compatible con la futura autovía A-81 y respetar los estrictos condicionantes ambientales que en el pasado han bloqueado otros tramos de este corredor. De hecho, este aspecto ha hecho que se cancelen otros estudios informativos en el pasado.

La insistencia del Ayuntamiento de Córdoba

Esta iniciativa gubernamental surge como respuesta a una demanda recurrente en la capital cordobesa, ya que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lleva 25 años reclamando de forma unánime la conversión de la N-432 en autovía. Durante décadas, las mociones municipales han insistido en que la conexión con Badajoz y Granada es la “gran olvidada” de las infraestructuras estatales en Andalucía.

Tanto es así que los antecedentes de este proyecto están marcados por la caducidad de estudios previos y la crisis económica de 2008, que paralizó los planes originales de la autovía A-81. Durante años, el Ejecutivo consideró inviable el trazado completo debido a los nuevos requisitos ambientales, especialmente por la presencia de poblaciones de lince ibérico en el sector Zafra-Espiel y la imposibilidad de abrir nuevas brechas en Sierra Morena.

Ante estos obstáculos, el Ministerio planteó recientemente soluciones alternativas de menor envergadura, como la creación de carreteras 2+1 (tres carriles con adelantamiento alterno) para el tramo entre Espiel y Cerro Muriano. Sin embargo, la alta siniestralidad de la vía ha forzado a priorizar el desdoble total (2+2) en el acceso a Córdoba capital.

La peligrosidad de la N-432 es un factor determinante en esta decisión. En los últimos meses, la carretera ha sido escenario de graves accidentes, incluyendo colisiones frontales mortales en Fuente Obejuna y choques con múltiples heridos, entre ellos menores, en las cercanías de Córdoba capital. Solo en el año 2025, esta vía se cobró la vida de diez personas en la provincia.

Además de la duplicación de la calzada, el nuevo contrato prevé la mejora de tres enlaces existentes, incluyendo la construcción de glorietas para facilitar los giros y accesos. También se contempla la instalación de al menos una estación de aforo fija para monitorizar el tráfico de forma continua una vez que la obra esté en explotación.

El pliego también destaca que el consultor deberá estudiar con detalle la reposición de caminos agrícolas, vías pecuarias y servicios afectados, manteniendo la coordinación con las administraciones locales y la Confederación Hidrográfica. Todo ello bajo una supervisión dinámica intensiva por parte de la Dirección General de Carreteras debido a la relevancia social de la actuación.

Una promesa que comenzó en 2019, pero que seis años después sigue en un limbo muy difícil de arreglar. El proyecto del apeadero o nueva estación de la avenida de la Igualdad se encuentra en un punto muerto administrativo. A pesar de las expectativas generadas en 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la infraestructura sigue sin contar con un proyecto en firme, lo que obliga a reiniciar gran parte de la tramitación burocrática necesaria para su ejecución.

La clave de este bloqueo reside en que el Ejecutivo ha reconocido oficialmente, en una respuesta reciente a los senadores populares, que será necesario licitar de nuevo el contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción. Esta decisión llega después de la resolución del contrato anterior, que se produjo en septiembre de 2024, sin que los trabajos técnicos llegaran a materializarse en un documento final entregado y aprobado por la administración ferroviaria.

Para retomar esta infraestructura, Adif deberá coordinar la nueva licitación con la aprobación de un preceptivo Estudio Informativo, cuya redacción es competencia directa del Ministerio. Actualmente, se están elaborando estudios informativos para nuevos apeaderos en la red convencional de Andalucía, incluyendo el de Córdoba, pero el proceso se encuentra todavía en fases iniciales de análisis de viabilidad y tramitación ambiental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los antecedentes de este estancamiento se remontan a finales de 2024, cuando se hizo pública la ruptura del compromiso con la anterior adjudicataria. El contrato original para el proyecto básico de la parada entre la estación Central y Rabanales se había adjudicado en 2019 a la empresa Ingerop T3 por un importe de 200.000 euros, con un plazo de ejecución que inicialmente debía concluir a finales de 2020.

Sin embargo, tras años de retrasos y con el impacto de la pandemia incluido, Adif y la empresa adjudicataria decidieron rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo. Aunque no se especificaron todas las causas de la liquidación, ABC Córdoba apuntó en 2024 que era debido al desfase temporal y a la necesidad de actualizar los criterios técnicos del proyecto ante el tiempo transcurrido desde su concepción inicial.

La ubicación elegida por criterios técnicos de Adif fue al principio de la avenida de la Igualdad, en la confluencia con la avenida de los Almogávares, tras descartar otras opciones como el barrio de Fátima. Los estudios previos determinaron que este emplazamiento garantizaba una mayor demanda de usuarios y una mejor integración urbana al dar servicio a una zona densamente poblada de la capital cordobesa.

En paralelo a la elección de la avenida de la Igualdad, el Gobierno también descartó definitivamente en 2024 la construcción de una parada de tren en el Parque Joyero, que pretendía dar servicio al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Según el Ejecutivo, los informes técnicos indicaron que dicha ubicación no generaría un nivel de demanda ferroviaria suficiente, priorizando en su lugar la parada del Vial Norte.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que seguirá “muy de cerca y con mucho interés” la evolución de la declaración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tonelerías de Montilla-Moriles por parte de la Unión Europea (UE), porque considera que la futura IGP “contribuirá no sólo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino”.

Al respecto, Planas ha visitado una de las empresas artesanales que promueven dicho reconocimiento, valorando que la tonelería es una actividad artesanal vinculada a la producción de vino en una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España, Montilla-Moriles y que hoy combina tradición y tecnificación.

Actualmente existen en la zona ocho tonelerías que dan empleo directo a 200 trabajadores, con una producción anual en torno a 40 millones de euros. La empresa visitada por el ministro, Tonelerías José Luis Rodríguez, tiene capacidad para producir 5.000 barriles al año, de entre uno hasta 500 litros. Además de fabricar toneles nuevos y envinados, tratan y reconstruyen barriles usados que han servido para criar oloroso, Pedro Ximénez o brandy.

Se trata de un sector en auge con proyección internacional, dado que a la demanda de la producción local se suma la tendencia creciente por parte de las destilerías de envejecer 'whiskys premium' y otros espirituosos en barriles envinados en vinos de Montilla-Moriles.

La reforma del reglamento de la Unión Europea sobre Indicaciones Geográficas, que entró en vigor en el mes de diciembre, permite extender los reconocimientos de IGP a productos artesanales e industriales, y no ya sólo a los alimentos. Las empresas toneleras de Montilla junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el respaldo del Ayuntamiento de Montilla promueven el reconocimiento de IGP que, al ser de ámbito autonómico, compete a la Junta de Andalucía, previo a su remisión a la Unión Europea.

Desarrollo rural en la PAC

Tras la visita a la tonelería, el ministro Planas ha mantenido una reunión con el alcalde de Montilla y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, y otros directivos de ésta en la que han tratado el futuro de los fondos de desarrollo rural dentro de la futura Política Agraria Común (PAC) post27. Planas ha insistido en “la necesidad de que, cuanto menos, se mantenga la consignación del actual período 2023-2027 y de que los programas de desarrollo rural tengan una consideración específica en los reglamentos”.

La REDR, que cuenta con unas 200 asociaciones de ámbito local, participa en la gestión del programa Leader, al que actualmente la PAC destina un mínimo obligatorio del 5% de los fondos de desarrollo rural, que en el caso de España asciende al 10%.

Entre los años 2014 y 2025, este programa recibió 1.200 millones de euros de fondos públicos al programa Leader, que movilizaron una inversión total de 3.000 millones de euros, que generaron más de 35.000 proyectos gestionados por los grupos de acción local que permitieron crear unos 72.000 puestos de trabajo.

Ayudas por borrascas

Por otro lado, en relación con las ayudas como consecuencia de las borrascas que se produjeron particularmente en Andalucía y en Extremadura a principios de año y que se aprobaron hace ya un par de meses, el ministro ha aseverado que “se ha ido avanzando no sólo en las listas de potenciales beneficiarios, sino ya comenzando los primeros pagos”.

Por ejemplo, en la primera relación en Montilla de beneficiarios que han aceptado la ayuda por parte del Gobierno de España para compensar las pérdidas, ha indicado que “hay 639 agricultores y ganaderos y la cantidad que se va a abonar es de 6,4 millones de euros”.

De igual modo, ha agregado, “en los seguros agrarios se ha eliminado la franquicia y aumentado la cofinanciación hasta el máximo límite legal, que es el 70%, y también se han efectuado ya los primeros pagos”, al tiempo que ha destacado que “son 19 caminos rurales por un importe aproximado de 600.000 euros los que se van a acometer en las próximas semanas y meses a través de Tragsa, para acondicionarlos al quedar dañados por las últimas lluvias”.

Instrucción con autobombas, herramientas y maquinaria pesada o desarrollo de técnicas para ataque directo al fuego. Estas son algunas de las prácticas que se llevarán a cabo, la próxima semana, durante unas jornadas preparatorias de la campaña de incendios 2026, por parte del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).  

Los ejercicios tendrán lugar en Córdoba y Jaén, donde se desplegarán cerca de 400 efectivos, 30 vehículos de extinción y dos máquinas empujadoras D7R, además de otro tipo de material con el que se ofrece apoyo a los dispositivos autonómicos durante la activación en caso de incendio.  

Un material al que se suman las aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la propia UME, en caso de ser necesario.  

El objetivo de este tipo de ejercicios no es otro que garantizar la formación continua y la preparación constante del personal de la UME para cualquier intervención, en este caso, el control y la extinción de incendios.  

Incendios como los del pasado verano en Córdoba quedó patente la capacidad de despliegue, respuesta y adaptación del personal y los medios de cualquiera de las unidades que la UME tiene repartidas por el territorio nacional, así como del resto de las Fuerzas Armadas.