La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este miércoles “a los diputados y diputadas por Córdoba del PP que apoyen los dos decretos de vivienda que el Gobierno de España someterá este viernes a convalidación en el Congreso, tras la crisis abierta por el desahucio de Maricarmen, y que incluyen medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, regulación de determinadas modalidades de alquiler y medidas dirigidas a favorecer el acceso a una vivienda asequible”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha situado estas medidas en el contexto de “la dificultad creciente para acceder a una vivienda, con más de 12.000 demandantes de VPO y esperas de hasta 25 años al ritmo actual de construcción en la provincia de Córdoba”, y ha defendido que “la vivienda es un derecho y no un negocio”, al tiempo que ha reclamado a todas las administraciones que ejerzan las competencias que tienen atribuidas.

“El problema de la vivienda no puede abordarse mirando hacia otro lado. Hace falta proteger a las familias, aumentar el parque de vivienda asequible y actuar frente a los precios que están dejando fuera del mercado a miles de personas”, ha señalado, para criticar la “gestión de brazos caídos” del Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) en Andalucía y su “absoluta falta de voluntad política, al dejar sin ejecutar más de 1.600 millones de euros destinados a políticas de vivienda desde 2020”.

Crespín ha puesto cifras a esa “dejadez del PP” en la provincia, precisando que “en la última década, Córdoba solo ha cumplido el 18% de lo que exige la ley, con menos de 200 VPO en la provincia”. Así, ha indicado que “la parálisis de la vivienda pública en nuestra provincia lleva la marca del PP y la indolencia de Moreno”.

La dirigente socialista ha insistido en que en la provincia “más de 12.000 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en la provincia, de ellas alrededor de 7.500 en Córdoba capital, según los datos municipales aportados por Vimcorsa”.

Crespín ha advertido que “el problema no es únicamente el volumen de personas que esperan una vivienda protegida, sino la escasa capacidad de respuesta de la oferta”. Según los datos trasladados por el PSOE, “la demanda incorpora unas 1.770 nuevas solicitudes cada año y se producen alrededor de 5,3 nuevos demandantes por cada vivienda entregada, una relación que mantiene una lista de espera que, al ritmo actual, podría equivaler a unos 25 años”.

“En Córdoba se apuntan cinco familias a la lista de vivienda protegida por cada una que recibe una casa. Esa es la realidad que hay detrás de cualquier balance triunfalista”, es decir, “personas que esperan durante años mientras la oferta no crece al ritmo que necesitan las familias”, ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha señalado igualmente que la construcción de vivienda protegida en la provincia se ha situado durante la última década “muy por debajo de los objetivos establecidos en la normativa andaluza”. Como ejemplos, ha citado que en 2022 la vivienda protegida representó apenas el 2,1% de las 1.091 viviendas visadas, mientras que en 2023 supuso el 8,4% de las 978 viviendas visadas, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

En la capital, Crespín ha denunciado el “mandato fallido” en materia de vivienda del gobierno municipal que encabeza el alcalde, José María Bellido (PP), pues “no ha entregado ninguna promoción de VPO en venta”, ni tampoco ha ampliado el parque público de alquiler, “que se mantiene estancado en 965 viviendas”, lo que evidencia que “para el PP el problema de la vivienda no es una prioridad, sino un negocio redondo con un derecho básico. No es normal que las viviendas se conviertan en pisos turísticos y los locales comerciales en viviendas. Es el mundo al revés”.

“Córdoba necesita vivienda protegida de forma urgente y sostenida. No podemos aceptar que una persona que se inscribe hoy deba esperar décadas para acceder a una vivienda mientras la demanda continúa creciendo año tras año”, ha señalado.

Crespín ha reclamado por ello a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan específico de vivienda asequible, con especial atención al incremento del parque público y protegido, y la rehabilitación y la promoción de vivienda destinada a familias con dificultades para acceder al mercado libre.

En este sentido, ha recordado que la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía atribuye a la Administración autonómica competencias en materia de planificación, promoción y protección de vivienda, mientras que contempla también la coordinación con los ayuntamientos y la programación de actuaciones para incrementar el parque público y protegido.

“La Junta tiene competencias y herramientas. Lo que hace falta es utilizarlas para responder a las necesidades de las familias y no limitarse a anunciar cifras que no consiguen reducir las listas de espera”, ha afirmado.

Por otro lado, Crespín ha reclamado que Andalucía “aproveche los recursos puestos a disposición por el Gobierno de España”, ya que “el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 718,2 millones de euros de financiación estatal para Andalucía, a los que se suma una aportación mínima de 478,8 millones de la comunidad autónoma, lo que supone una movilización prevista de 1.197 millones de euros en cinco años. La Junta ya recibió en agosto los primeros 136,8 millones correspondientes a la anualidad de 2026”.

“Hay financiación, hay instrumentos y hay una necesidad evidente. Lo que reclamamos es que las administraciones trabajen juntas y que ese dinero se traduzca en viviendas asequibles que lleguen realmente a las familias”, ha añadido.

La secretaria general socialista también ha defendido la aplicación en Andalucía de “las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda para aquellas zonas donde exista una especial presión sobre los precios del alquiler”. En Córdoba capital, Crespín ha señalado que el Ayuntamiento también dispone de instrumentos para intervenir sobre el mercado residencial y ha citado, entre ellos, las políticas relacionadas con la vivienda turística y el desarrollo de suelo y promociones destinadas a vivienda asequible.

Por último, ha considerado que el debate sobre los decretos que llegan este viernes al Congreso “debe abordarse desde las medidas concretas que incorporan para proteger a las personas vulnerables y mejorar el acceso a la vivienda”.

En este punto, ha insistido en que el PP “tiene ahora una oportunidad de oro para dejar de ser el representante político de los fondos buitre y ponerse del lado de quienes necesitan acceder a una vivienda”, porque “la vivienda tiene que volver a estar en el centro de las políticas públicas. Córdoba no puede permitirse que miles de familias permanezcan durante años en una lista de espera mientras la oferta de VPO sigue siendo insuficiente”, ha concluido Crespín.

La gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia de Córdoba ha reflejado durante los meses de julio y agosto de 2026 “unos elevados niveles de eficacia operativa y fortaleza económica”.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, en materia de tramitación de prestaciones, el Área de Jubilación, Muerte y Supervivencia ha acortado “significativamente” sus tiempos de respuesta, resolviendo los expedientes de jubilación en 4,07 días en julio y registrando en agosto “una marca récord” de sólo 3,03 días.

Asimismo, las prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor ha mantenido “una resolución ágil”, con demoras medias de 3,3 días en julio y 5,2 días en agosto. Por último, los expedientes de Incapacidad Temporal se han resuelto en menos de ocho días.

Respecto a las pensiones contributivas, la pensión media provincial ha alcanzado los 1.160,89 euros en julio (1.325,97 euros en jubilación) y se ha situado en 1.162,08 euros en agosto (1.327,17 euros en jubilación). El número total de pensiones abonadas ha ascendido a 186.059 en julio y 186.445 al cierre de agosto, algo que ha supuesto una inyección mensual en la economía provincial de más de 238 millones de euros. La cifra total destinada al pago de prestaciones en la provincia entre enero y julio ha superado los 1.866 millones de euros.

En cuanto al mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social ha cerrado julio con 311.000 ocupados (+2,12% interanual) y agosto con 310.207 afiliados (+1,62% interanual). “Pese a la desaceleración estacional veraniega en el sector agrario y en la hostelería, la provincia ha consolidado en agosto un incremento estructural de 4.939 trabajadores cotizantes más que en el mismo período del año anterior”, han destacado.

En el área de recaudación y gestión económico-financiera, la TGSS ha registrado “un significativo grado de ejecución”. La recaudación ejecutiva acumulada de enero a julio ha alcanzado los 23 millones de euros. Por su parte, la recaudación voluntaria acumulada hasta julio se ha elevado a 1.268,67 millones de euros. Asimismo, se han otorgado 1.419 aplazamientos de deuda en lo que va de año para facilitar el pago a empresas y autónomos.

“Impacto real de las políticas”

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha calificado como “muy positivos” estos resultados, subrayando que “las cifras alcanzadas en el arranque de 2026 acreditan el impacto real de las políticas públicas del Gobierno de España para consolidar el empleo, fortalecer las pensiones y garantizar una red de protección social eficaz que no deja a nadie atrás”.

En su intervención, ha trasladado “un reconocimiento explícito al conjunto de empleados públicos del INSS, de la TGSS y de la red de oficinas de atención presencial (Caiss) distribuidas por la provincia”, porque “resolver expedientes de jubilación en 7,78 días o tramitar la prestación por nacimiento en tres días demuestra el altísimo nivel de profesionalidad, vocación de servicio público y compromiso con el ciudadano que caracteriza a las plantillas de la Seguridad Social en Córdoba”.

Así, la Subdelegación del Gobierno ha reafirmado “el compromiso del Ejecutivo central con la modernización de la Administración General del Estado, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la atención integral y cercana a los trabajadores, familias y pensionistas de la provincia”.

Las últimas lluvias de finales del 2025 y principios de 2026 han hecho mella en gran parte de los pantanos de Andalucía. Con más agua en las reservas, pero con la posibilidad de que las estructuras estuviesen dañadas. Es por ello que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más concretamente la Dirección General del Agua, ha adjudicado el contrato para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las presas de Córdoba.

Dicha resolución oficial ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha recaído en la unión temporal de empresas formada por Sacyr Conservación SA y AIN Active SLU. Un contrato que se ha formalizado por un importe de 6.712.752,50 euros -impuestos incluidos- cuando la licitación inicial superaba los 15 millones. Además, este pliego contempla de ejecución inicial de 36 meses.

La licitación ha contado con una amplia participación empresarial al registrarse un total de 23 ofertas, todas ellas presentadas por pymes. Además, el ámbito de actuación comprende la realización de trabajos continuos de inspección, auscultación, conservación y vigilancia en 15 presas y embalses adscritos a la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la zona. Entre dichas infraestructuras se encuentran:

Los trabajos operativos previstos en el contrato se estructuran en tres bloques funcionales. El Grupo I abarca los servicios de planificación, control, inspección y mantenimiento preventivo de los servicios esenciales y los órganos de desagüe. El Grupo II aborda las labores de mantenimiento correctivo en elementos hidromecánicos, obras civiles, edificación, instalaciones eléctricas y caminos de acceso. Por último, el Grupo III contempla actuaciones de carácter excepcional para atender urgencias, emergencias o estudios técnicos específicos ordenados por la dirección del contrato.

Un pilar técnico del servicio será el soporte para el funcionamiento y actualización del programa informático Sipresas (Sistema de Información de Presas), alojado en los servidores centrales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Esta herramienta digital centraliza el registro diario de datos de auscultación e inspecciones de la cuenca. Los profesionales de la adjudicataria trabajarán en colaboración con la Dirección de Explotación del organismo de cuenca.

Aunque la zona operativa del contrato se centra administrativamente en Córdoba, la red de embalses atendida se extiende a términos municipales limítrofes en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada, como algunas de las mencionadas anteriormente. Estas infraestructuras resultan vitales para el ecosistema socioeconómico regional, al asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones e industrias, el riego agrícola, la producción hidroeléctrica y la defensa frente a avenidas e inundaciones.

La concentración convocada por Stop Desahucios y Movimiento por la Vivienda tras el desahucio de Maricarmen durante la pasada semana en Madrid ha sido objeto mediático en las últimas horas. Más de 100 personas han acampado a las puertas de las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pidiendo una serie de decretos que han sido desvelados este martes en el Consejo de Ministros. Aunque, como todo, esta iniciativa tenía fecha de caducidad.

Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, la concentración, que se inició el lunes con más de 1.000 personas en el entorno de la plaza de la Constitución, estaba planeada para que se terminara durante la tarde de este martes. Ahora bien, estaba condicionada a continuar por si ocurría algo extraordinario en el Consejo de Ministros, pero todo ha transcurrido como se esperaba. Sin embargo, aquí no ha quedado todo.

Stop desahucios y Movimiento por la Vivienda ha convocado una manifestación por la vivienda este domingo a partir de las 19:00 que saldrá desde la plaza de Costasol y que acabará en el Ayuntamiento de Córdoba. Todo ello en busca de luchar por una serie de decretos justos, tanto a la hora de la compraventa de inmuebles como del alquiler. Y todo lo que engloba ello. Esta decisión ha sido tomada por una asamblea de ambas plataformas y ha sido secundada por los asistentes.

Una concentración que dio de qué hablar

La concentración estaba prevista para este lunes, y los primeros minutos de la iniciativa hacía prever que no iba a ser muy participativa, pero no. Con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que, finalmente, se congregaron más de 1.000 personas. Pero lo importante no era la acumulación de gente, que también, sino que había manifestantes con la intención de acampar.

Y así fue. Unas 150 personas hicieron noche en la plaza de la Constitución en una concentración que ha dejado claro lo que la sociedad cordobesa le importa la vivienda. “Es necesario garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, recalcó una plataforma de Stop Desahucios que pidió “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

“¡De esta plaza, no nos vamos!”. Así fueron los cánticos justo antes del despliegue de unas tiendas de campaña que con el paso de los instantes fue a más. Una noche larga, pero que tiene un mensaje fuerte de lucha y acción por uno de los principales derechos de la sociedad española.

El desahucio de Maricarmen, en detonante

Y es que esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Ahora, todo en principio ha acabado. Los manifestantes ya descansan en sus casas, pero la intención de seguir protestando no se queda aquí. Stop Desahucios ha convocado para este domingo una iniciativa para seguir luchando por un decreto que mejore el estado de la vivienda.

Parte de la sociedad ha optado este lunes -y en jornadas anteriores- por manifestarse en contra de la política tanto del Gobierno central como de sus respectivas autonomías que se están siguiendo con la vivienda en los últimos años. La subida de la compraventa, unido a un alquiler inasumible en varios puntos del país, ha hecho que mucha gente esté bastante preocupada por esta situación, pero ha habido un hecho que ha servido para comenzar con las movilizaciones. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado que una multitud se concentre en Córdoba durante esta jornada, más concretamente en la Plaza de la Constitución.

En primer lugar, parecía que la concentración iba a ser minoritaria. Alrededor de unas 200 personas se citaban frente a las delegaciones del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía al grito de “¡Maricarmen, Maricarmen!”, e incluso un único valiente se atrevía con una tienda de campaña. Sin embargo, y con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que finalmente se congregaron más de 1.000 personas.

“Maricarmen ha marcado un camino”

En primera instancia, la plataforma Stop Desahucios cogió el megáfono para leer su escrito en el que explicaban que se quedarían en la calle para defender “el derecho al techo, al derecho a la vivienda”. Tanto es así que la organización ha explicado que es necesario “garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, por lo que piden “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

Siguiendo en este mismo hilo, la plataforma ha exigido un decreto que “defienda los derechos de verdad” para tener una “constitución mejor de la que tenemos”. Asimismo, también ha denunciado la especulación que existe, por lo que “tenemos que hacer frente a todo esto”. “La gente de la Junta de Andalucía no ha hecho nada al respecto. El año pasado sacó ley que lo único que hace es facilitar que se siga haciendo el negocio inmobiliario. Maricarmen ha marcado un camino y lo ha dicho muy claro”.

Y comienza la acampada

Al grito de “¡No nos moverán!”, y de “¡De esta plaza, no nos vamos!”, decenas de manifestantes allí presentes se han sentado en el suelo y han comenzado a desplegar todas las tiendas de campañas disponibles. El colectivo Movimiento por la Vivienda también ha estado presente en la Plaza de la Constitución y han sido los primeros en clamar por esta posibilidad. “Creíamos que era necesario hacer una votación para decidir si nos quedábamos o no, pero creo que no hace falta”, explicaron desde la plataforma Stop Desahucios.

Y allí tenían la firme intención de hacer noche hasta que acabase el Consejo de Ministros del Gobierno de España que se celebra durante la jornada del martes. Varios furgones de la Policía Nacional quedaban parados a la entrada de la avenida Conde de Vallellano a la espera de que la concentración no vaya a mayores, pero lo que es cierto es que decenas de manifestantes iban a acampar en plena Plaza de la Constitución.

Todo ello por el desahucio de Maricarmen

Esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Un proceso que se está alargando en el tiempo, pero que, al menos, continúa avanzando. En la última respuesta ofrecida en el Senado, el Gobierno de España ha precisado que la implantación del servicio de control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba se encuentra actualmente a la espera de disponer de todos los informes técnicos preceptivos favorables emitidos por los diversos organismos públicos implicados. Según detalla la contestación a la iniciativa de los parlamentarios populares, el procedimiento se rige por la norma que regula la habilitación de pasos fronterizos en recintos aeroportuarios mediante orden ministerial.

En dicha comunicación parlamentaria, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha aclarado que el proceso de autorización administrativa requiere el dictamen favorable del departamento u órgano del que dependa la infraestructura. En estos momentos, la tramitación continúa abierta mientras se recopilan las valoraciones técnicas de todas las entidades públicas afectadas.

Apoyo por parte de todos los partidos políticos

Esta última noticia por parte de la Administración central sigue a la postura fijada desde el ámbito municipal hace unos meses. En el Pleno celebrado el pasado 12 de marzo, la totalidad de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- respaldaron de forma unánime una moción conjunta para exigir al Gobierno la dotación de este control en la terminal cordobesa. La iniciativa aprobada en la corporación local subrayaba la relevancia de habilitar el aeropuerto como frontera exterior del espacio Schengen, condición imprescindible para posibilitar la llegada y salida de vuelos internacionales procedentes de países extracomunitarios.

Asimismo, la moción aceptada por todos los partidos insistía en que la apertura del control de pasaportes debe ir acompañada obligatoriamente de los medios operativos necesarios. En concreto, dicha petición instaba al Ministerio del Interior a proveer las instalaciones con los recursos materiales y humanos de la Policía Nacional indispensables para garantizar el servicio. De dicho pronunciamiento se dio traslado formal tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como al Ministerio del Interior para certificar el consenso institucional de la capital.

Por otro lado, y ya en octubre de 2025, el Ejecutivo había informado en el Senado de que el Ministerio del Interior mantenía en estudio la solicitud formal remitida por Aena para la apertura de la aduana y del control de fronteras en la infraestructura cordobesa. En aquel momento, el Gobierno confirmó que el gestor aeroportuario aún no contaba con la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque la propuesta respondía a la demanda recurrente de sectores económicos e instituciones locales para reforzar la conectividad y competitividad de la provincia.

Según la información facilitada por el Ejecutivo central, en caso de obtener el visto bueno definitivo, las labores de verificación documental se llevarían a cabo mediante la instalación de casetas de control específicas en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Esta distribución permitiría canalizar de forma diferenciada a los pasajeros de vuelos con origen o destino fuera del entorno Schengen.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si “¿intervendrá el Ministerio de Economía ante las autoridades japonesas para que estas pidan a la empresa Hitachi que respete los derechos laborales y atienda las justas reclamaciones de la plantilla de su fábrica en Córdoba?”.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie, también por escrito, sobre el conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa ante la falta de acuerdo entre empresa y sindicatos respecto al convenio colectivo y por las contrataciones externas que realiza la multinacional japonesa.

En este contexto el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados también ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cómo valora la actuación de vulneración de los derechos labores de los trabajadores de Hitachi Córdoba por la empresa?”, y “¿qué medidas adicionales planea tomar el Gobierno para que Hitachi devuelva cualquier subvención o exención fiscal recibida?”.

A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta registrada por Santiago esta misma semana, los trabajadores de Hitachi “se encuentran en una tensa situación tras una huelga indefinida que se suspendió a 7 de marzo” pasado, reivindicando “mejores condiciones, creación de empleo, renovación de convenio y mejor trato para la plantilla” y, “en medio de estas reivindicaciones, la empresa sancionó a 76 huelguistas” con “suspensión de empleo y sueldo” durante cuatro meses, si bien los juzgados de lo Social “ordenaron la suspensión de las medidas disciplinarias” y “cuestionaron la proporcionalidad de estas”.

Tras ello, según el relato de Santiago, “CCOO en el comité de empresa pidió un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales que están dejando claro que las actuaciones de la firma estaban vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

El “largo conflicto laboral”, según ha lamentado el diputado de Sumar por Córdoba, “que acumula 21 meses en la planta de Hitachi por la negociación del convenio colectivo, vuelve a escalar tras un periodo en primavera en el que dio visos de poder encauzarse. Lo que empezó como un conflicto contra diferencias salariales se ha transformado en una situación en la que se sanciona directamente a los representantes de la plantilla y en el que se sustituyen trabajadores y empleos, externalizando tareas mediante subcontratas”.

Por ello, entiende Santiago que “se deben seguir realizando las gestiones necesarias para que no se perciba ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

A su juidio, “es fundamental que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de 1o Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado en la exposición de motivos de su pregunta que “s imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”, y a la vez “el Ministerio de Economía debería advertir mediante un mensaje claro a las autoridades competentes de Japón, para que tomen medidas para que una multinacional de esa nación respete los derechos de los trabajadores de su planta en Córdoba y cambie de actitud”.

Una de las mayores inversiones ferroviarias que actualmente se proyecta en Córdoba está en su fase final para comenzar a acometerse. En una nueva respuesta en el Senado, Adif ha insistido en que se ha proyectado una remodelación en la terminal de transporte de mercancías de El Higuerón. Y dentro de esta iniciativa se encuentra el diseño de una nueva conexión viaria directa y la optimización de los accesos para agilizar la circulación de camiones y vehículos pesados en el entorno del complejo logístico.

Esta actuación continúa dando pasos al frente para que las máquinas comiencen a funcionar, ya que hace apenas cinco días concluyó el plazo para la presentación de ofertas de la licitación del servicio de redacción del proyecto de construcción. El proceso de recepción de propuestas electrónicas finalizó el pasado 18 de septiembre, pasando ahora a una nueva fase: la de evaluación por parte del órgano de contratación.

El proyecto y el enlace directo con el Parque Logístico

En cuanto a la infraestructura se refiere, los pliegos técnicos estipulan una reordenación completa del tráfico que entra y sale de la estación de El Higuerón, con una implantación de rotonda distribuidora en el acceso principal y el acondicionamiento de viales inferiores. Además, el proyecto definirá un nuevo punto de control de accesos a la zona intermodal, áreas específicas de aparcamiento para camiones y turismos, y un diseño enfocado a la gestión de las colas de espera que posiblemente tengan que esperar los vehículos pesados.

Esta mejora de conexiones por carretera, como se ha mencionado anteriormente, responde a los planes confirmados por el Gobierno de España en el Senado, donde ha ratificado la construcción de un enlace viario directo con el Parque Logístico de Córdoba, que a su vez es promovido por la Red Logística de Andalucía. Esta actuación permitirá el trasvase directo de Unidades de Transporte Intermodal -véase containers- entre camiones y vagones, mejorando así la capacidad operativa.

De forma paralela al tráfico rodado, el proyecto contempla una ambiciosa transformación ferroviaria para adaptar la terminal a la recepción de trenes de mercancías de hasta 740 metros de longitud. Este acondicionamiento llega para dar soporte a los tráficos previstos en la futura Autopista Ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, situando a la terminal cordobesa como una pieza estratégica del corredor.

Por otro lado, el Ejecutivo ha precisado que la planificación ferroviaria actual no contempla una conexión por tren entre la terminal de El Higuerón y el Aeropuerto de Córdoba. En su lugar, el diseño urbano y viario del proyecto deberá coordinarse con las obras de la Variante Oeste de Córdoba (tramo norte) desarrolladas por la Dirección General de Carreteras.

El principal problema que trae consigo la estación de Córdoba es la gran cantidad de tráfico que tiene día a día. La capital cordobesa se convirtió en el enlace perfecto de Madrid con el resto de Andalucía y eso ha hecho que la densidad de tráfico ferroviario en la ciudad se haya multiplicado en los últimos años. Pese a ello, el Gobierno de España ha anunciado a través de una respuesta parlamentaria que no ampliará el número de vías en la infraestructura denominada Córdoba-Julio Anguita.

Actualmente, en los planes del Ejecutivo central no está prevista una actuación contemplada en este sentido después de la pregunta escrita formulada en el Senado por los parlamentarios del Partido Popular. Pese a ello, el Gobierno de España no dice que no vaya a hacer nada para dotar de más fluidez a la estación de trenes de Córdoba. Pero sí que esta ampliación de las vías requiere un estudio de planificación previo para evaluar múltiples criterios técnicos y de demanda antes de determinar cualquier intervención física.

Pero lo que es cierto es que la estación de Córdoba está en un enclave que ya fue muy polémico en su día. La proyección es que esta infraestructura ferroviaria estuviese justo el yacimiento de Cercadilla, y así fue. Numerosas protestas llegaron para que el AVE no aterrizara de esta forma en la capital cordobesa, pero no se evitó. Ahora, su expansión queda atrapada en un problema de difícil solución. Por el momento, el Gobierno no se lo plantea, pero sí que otras medidas para paliar esta densidad de tráfico.

El bypass de Almodóvar del Río

Hay soluciones para esta problemática que no tienen por qué derivar en más vías en la estación, y así lo ha hecho saber el Gobierno de España. Esta institución ha centrado su actuación en la provincia en el desarrollo del proyecto de construcción del bypass de Almodóvar del Río. Esta modificación lleva un retraso cercano al año, pero servirá para reordenar el tráfico ferroviario y, por ello, ha sido la obra principal para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De hecho, la administración central ha sostenido en más de una ocasión que la puesta en servicio del bypass de Almodóvar del Río ayudará a disminuir la congestión en el sector de ancho de vía estándar UI de la estación de Córdoba y en sus andenes. Esta es la medida principal y que cree el Ministerio de Transportes por la cual no será necesario ampliar las vías de las ya existentes en la infraestructura de la capital cordobesa.

De forma paralela, la nueva infraestructura permitirá reducir los movimientos en la cabecera sur de la estación de Córdoba, agilizando el paso de los trenes por este punto clave del trazado. La medida responde al objetivo del Ministerio de continuar mejorando las conexiones en los distintos nodos de la red. Además, de que la obra en Almodóvar del Río aportará como beneficio directo una reducción de los tiempos de viaje en los trayectos entre la ciudad de Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada.

El nuevo apeadero o la reapertura de estaciones en la provincia

Por otro lado, el Gobierno de España continúa estudiando posibles mejoras en el nudo ferroviario de Córdoba. Y hay proyectos que incluso llevan más de un año gestándose. En abril de 2025, la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las sociedades Fulcrum, Planificación, Análisis y Proyectos, SAU y Tema Ingeniería SL está elaborando los estudios informativos para los proyectos de reapertura de la estación de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga; nuevo apeadero o estación en Córdoba, cuya tipología será determinada por el propio estudio.

Además, también el Ejecutivo encargó las reaperturas de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río a esta UTE. Aún se desconoce el estado de estos estudios, pero sí que, por el momento, se descarta la posibilidad de ampliar las vías de la infraestructura de Córdoba y que el Gobierno trabaja para disminuir el tráfico ferroviario.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar “próximamente” medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.

Planas ha explicado en concreto que trabaja con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de las que ha asegurado ser “perfectamente consciente”.

El ministro ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España anunciada este viernes por Asaja, COAG y UPA en protesta contra la subida “inasumible” del precio de los combustibles, que sitúa al sector en “una situación límite”, han advertido las OPA.

Planas ha recordado al respecto que España ha conseguido que la Comisión Europea autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo para compensar con ayudas de Estado hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero, sobre lo que trabaja ahora su departamento con los de Economía y Hacienda.

El titular de Agricultura ha trasladado su máximo respeto a las decisiones de las organizaciones profesionales agrarias pero ha aprovechado la ocasión para recordar que el precio del petróleo, de los fertilizantes, del gas o del amoníaco no depende del Gobierno y sí de los mercados internacionales, “como en tantas cosas en el mundo actual”.

Planas ha realizado estas declaraciones en su visita este viernes a las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea.

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de prácticamente 18 millones de euros en el Aeropuerto de Córdoba durante los próximos cinco años.

El plan inversor permitirá acometer distintas actuaciones destinadas a mejorar las instalaciones aeroportuarias, reforzar la seguridad y avanzar en la sostenibilidad y modernización de la infraestructura.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la adecuación del pavimento de la pista y de la plataforma del aeropuerto, una intervención orientada a garantizar el adecuado estado de estas superficies y mejorar las condiciones de operación del aeródromo.

Asimismo, el programa contempla la ampliación del edificio destinado al Servicio de Extinción de Incendios, con el objetivo de adaptar y mejorar las instalaciones vinculadas a la seguridad aeroportuaria.

El plan incluye también actuaciones en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, entre ellas el desarrollo de la tecnología LED en las instalaciones del aeropuerto.

La inversión forma parte del DORA 2027-2031, que prevé movilizar cerca de 13.000 millones de euros en la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.267 millones se destinarán a los aeropuertos de Andalucía.

El conjunto de inversiones permitirá avanzar hacia una red aeroportuaria más moderna, sostenible, segura y competitiva, con la mejora de las instalaciones y de la experiencia de los pasajeros como una de sus prioridades.

Las actuaciones previstas en el Aeropuerto de Córdoba se financiarán con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por Aena, sin recurrir a los Presupuestos Generales del Estado.

Paco y Toñi llegaron a la oficina de Mezquita Viajes a las 11:00. Con poca información y muchas ganas de viajar, preguntan a Fernando Sánchez, gerente de la agencia de viajes, si aún quedan ofertas para el Imserso. La demanda hace que tan solo queden muy pocas plazas. “Pero niño, ¿esto empezaba hoy?”. Y sí. A las 8:00 de la mañana ya había gente esperando en la puerta de este establecimiento, únicamente esperando suerte y que haya un destino que les complaciese.

La campaña de comercialización de los viajes del Imserso ha arrancado en Andalucía, y más concretamente en Córdoba, este martes, entre una gran expectación y una demanda muy fuerte. La jornada de venta prioritaria, destinadas a las personas con menores ingresos económicos o que no han viajado previamente con el programa, dieron comienzo el día 14 de septiembre, pero la cita intensa era hoy. “Había gente haciendo cola desde las 8:00”, relata Fernando Sánchez a este periódico.

En las agencias de viajes locales, la afluencia de clientes ha sido constante para intentar asegurar alguna de las cotizadas vacantes. El gerente de Mezquita Viajes ha descrito las dificultades operativas a las que se enfrentan cada mañana al abrir el sistema de gestión: “Tú te pones a hacer las reservas a las 9:00 de la mañana, tienes que meter todos los DNI e ir metiendo datos, pero tras hacer tres compromisos a la siguiente ya no hay plaza”.

Una plaza para cinco personas

El principal obstáculo de este programa radica en los últimos años y se ha vuelto más intenso en el presente en el desajuste estructural entre la oferta de viajes y el volumen de solicitantes. “El gran problema del Imserso es que hay una plaza por cada cinco acreditadas”. Con más de cinco millones de personas acreditadas en toda España y una oferta global que oscila únicamente entre 800.000 y 900.000 plazas a la venta, resulta extraordinariamente difícil que los usuarios consigan el destino y las fechas que desean.

Entre las modalidades más codiciadas por los cordobeses destacan los circuitos culturales y los viajes de turismo de naturaleza, como los orientados al Pirineo de Lérida, que ofrecen salidas muy reducidas de apenas 50 plazas por grupo. Esta concentración de solicitudes provoca que las plazas se agoten en minutos o queden bloqueadas en lista de espera. Ante la imposibilidad de conseguir viaje oficial, en algunos casos las agencias buscan hoteles económicos por libre para que los usuarios puedan completar sus rutas programadas.

Ante la velocidad a la que se colapsa la plataforma centralizada, las oportunidades de reserva varían notablemente según los medios disponibles. Sánchez ha señalado que los principales favorecidos en este escenario son “las grandes agencias que tienen siete u ocho empleados”, aunque matiza que son muy pocas las firmas que mantienen esas plantillas en la actualidad.

El responsable de Mezquita Viajes ha reflexionado, además, sobre cómo ha cambiado la finalidad del Imserso desde su creación. El programa nació para cubrir la baja ocupación hotelera en temporada baja y permitir viajar a colectivos con escasos recursos económicos. Sin embargo, en la actualidad se ha transformado en una oferta accesible a cualquier perfil, que abarca desde escapadas en tren o avión hasta itinerarios culturales e incluso viajes adaptados para acudir con mascotas.

Esta evolución contrasta con la pérdida de prestaciones tradicionales que servían de apoyo a las personas mayores en fechas señaladas. Años atrás, era habitual que ciertos hoteles permanecieran abiertos en Navidad y Fin de Año ofreciendo cenas de gala para atender a mayores que viven solos, un servicio que los establecimientos ya no suelen ofertar al no resultarles rentable. Además, acceder a un segundo viaje dentro de la misma temporada resulta sumamente complejo y conlleva una penalización de 100 euros introducida desde el año pasado.

Por su parte, Paco y Toñi se marchan de la agencia con un viaje a Matalascañas en pleno mes de marzo. Con la duda de acceder o no a este destino, el precio es inmejorable por diez días de desahogo, y solo pensar en ellos. “Es lo suyo”, le aconseja Fernando Sánchez antes de aceptar la reserva. Los viajes del Imserso, en resumidas cuentas, se hizo para que los mayores pudieran acceder a opciones de ocio accesibles. Como es el caso. Aunque la demanda cada vez suba más.

El Gobierno de España ha descartado la inclusión de la Variante Sur de la autovía A-4 en el anteproyecto para adecuar el corredor de Andalucía a su paso por la provincia de Córdoba. En una respuesta escrita en el Senado a la que ha accedido Cordópolis, el Ejecutivo ha priorizado intervenciones de carácter funcional sobre la infraestructura, aunque no descarta que este nuevo trazado alternativo llegue en un futuro a medio o largo plazo.

Dicha decisión llega después de una iniciativa parlamentaria presentada por los senadores del Grupo Popular. En este documento que ha podido consultar este periódico, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Córdoba. Desde el Ministerio se ha argumentado que el objeto del estudio se limita a mejoras funcionales locales y que la definición de un nuevo trazado fuera del casco urbano excede el alcance del proyecto aprobado.

En su lugar, el proyecto estatal mantiene la denominada 'Actuación nº 12', centrada en la construcción de vías colectoras en el entorno más próximo al casco urbano cordobés. El objetivo de estas vías es segregar el tráfico puramente local del de largo recorrido, facilitando los desplazamientos urbanos a menor velocidad y evitando interferencias con los flujos principales de la autovía. Es decir, que funcione como una circunvalación más segura.

No obstante y como se ha mencionado en el primer párrafo, el Ejecutivo deja una puerta abierta de cara al futuro al recordar que el trazado de la Variante Sur figura en el estudio informativo de la autovía Córdoba-Antequera, aprobado en diciembre de 1997. Según el Gobierno, la ejecución de las vías colectoras no es incompatible con este bypass, por lo que la nueva autovía al sur podría acometerse en una fase posterior en función de la evolución de la intensidad del tráfico y de la planificación presupuestaria.

Los grupos políticos se unieron en busca de la Variante Sur

Una decisión que choca con las peticiones que realizó el Ayuntamiento de Córdoba. En junio de 2025 se aprobó por unanimidad en el Pleno (PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox votaron a favor) una moción conjunta para exigir la Variante Sur. Los grupos municipales instaban al Ministerio a revisar el anteproyecto para evitar que el trazado mantuviera su paso directo por el término municipal, y así se descongestionase la capital.

El propósito del Consistorio era lograr que el tramo actual de la A-4 se convirtiera en una ronda urbana de circunvalación, desplazando la autovía hacia el sur. Con esta medida se pretendía liberar suelos industriales en zonas como El Arenal, facilitar la expansión urbana hacia el otro margen de la vía y descongestionar una arteria por la que circulan decenas de miles de vehículos diarios.

La reivindicación de una variante exterior acumula ya tres décadas de debates y aplazamientos en la capital. Concebida formalmente en los años noventa e incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001, la infraestructura planteaba un trazado de entre 12 y 14 kilómetros entre Alcolea y la Cuesta de los Visos. Aunque en 2008 se volvió a reclamar para reducir a la mitad el tráfico del tramo urbano, la crisis inmobiliaria relegó el plan a un cajón hasta sus recientes e infructuosos intentos de reactivación. Y seguirá, como mínimo, a corto plazo.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este jueves “un nuevo incumplimiento del gobierno de Pedro Sánchez con Córdoba, en esta ocasión en materia de accesibilidad”, tras conocer que “la reforma de la estación de tren de Córdoba prevista para 2026 finalmente no incluirá la adaptación de baños para personas ostomizadas, pese a que el Ejecutivo se había comprometido a ello en 2025”.

En declaraciones a los periodistas, Casanueva, acompañada por Antonio Bracero y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Ostomizados de Córdoba, ha trasladado la preocupación del colectivo y ha exigido al Gobierno explicaciones sobre los motivos por los que ha decidido retirar esta actuación. Según ha señalado, “el Ejecutivo se limita a aludir a una supuesta inviabilidad técnica, sin concretar cuáles son las razones que impiden llevar a cabo una adaptación cuyo coste es reducido para la Administración, pero que tiene un impacto enorme en la vida cotidiana de las personas ostomizadas”.

“No estamos hablando de un detalle menor, sino de una barrera que limita la movilidad, condiciona la vida social y laboral de muchas personas y supone incumplir un compromiso de accesibilidad adquirido con la sociedad”, ha afirmado la senadora popular.

La estación de tren de Córdoba recibió en 2025 cerca de seis millones de viajeros, por lo que, según Casanueva, “garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad en estas instalaciones debe ser una prioridad”. “Para una persona ostomizada, no disponer de un baño adaptado puede significar algo tan básico como no poder viajar, no poder salir de casa o tener que renunciar a actividades sociales, laborales o de ocio”, ha explicado.

La senadora ha lamentado que “el Gobierno se ha instalado en la hipocresía social”, al considerar que “cuando se les pregunta, anuncian titulares y compromisos, pero cuando llega el momento de ejecutarlos siempre aparece una excusa”. En este sentido, ha recordado que existen otros ejemplos de infraestructuras de la provincia en los que, a juicio del PP, “los compromisos del Ejecutivo no se han materializado”.

“La accesibilidad no puede quedarse en un eslogan”, ha subrayado, para apostillar que “no puede limitarse a poner una rampa o un ascensor”. “Accesibilidad también es poder utilizar un baño con dignidad, poder viajar sin miedo y poder trabajar, estudiar o hacer turismo sin que una condición médica convierta a una persona en un ciudadano de segunda”, ha remarcado Casanueva.

Regular por ley

La representante popular ha defendido que “el derecho a la movilidad y al uso del espacio público debe estar garantizado para todos los ciudadanos” y ha anunciado que el PP continuará trabajando para que “la adaptación de baños para personas ostomizadas quede regulada por ley en las principales infraestructuras de transporte”.

En este sentido, Casanueva ha recordado que el PP ya ha trasladado al Senado las reivindicaciones del colectivo de personas ostomizadas mediante preguntas escritas y una moción, y que, en el marco de la reforma de la Ley de Derechos y Deberes, su grupo ha presentado una enmienda para establecer por ley la instalación de baños adaptados para personas ostomizadas en estaciones de tren y autobús, aeropuertos y puertos.

Cabe recordar que en la estación de autobuses de Córdoba, en centros cívicos, en la Biblioteca Grupo Cántico, hospitales y otros espacios públicos de Córdoba ya cuentan con estos baños adaptados “gracias al compromiso del PP en las administraciones donde gestiona”.

“Desde el PP no vamos a permitir que la accesibilidad se quede en un titular mientras miles de españoles siguen encontrándose con barreras en su vida diaria”, ha declarado, para agregar que van a “seguir trabajando en el Congreso y en el Senado, impulsando iniciativas propias y buscando acuerdos con otras fuerzas políticas para que la accesibilidad de las personas ostomizadas sea una realidad”.

La Asociación de Ostomizados de Córdoba

Casanueva ha querido poner también en valor el trabajo que desarrolla la Asociación de Ostomizados de Córdoba, tanto en la capital como en el conjunto de la provincia, en defensa de los derechos y de la calidad de vida de las personas con ostomía, así como los avances que están logrando para visibilizar las necesidades del colectivo.

La senadora ha remarcado que “el contacto permanente entre el PP y la asociación ha permitido convertir sus reivindicaciones en iniciativas parlamentarias concretas”. “Estamos llevando la voz y las necesidades de las personas ostomizadas de Córdoba a Madrid, porque sus derechos deben estar garantizados en todo el territorio nacional y no depender de la voluntad o de compromisos que después no se cumplen”, ha aseverado.

“El objetivo es muy sencillo: que una persona con ostomía pueda viajar, trabajar, estudiar, hacer turismo o simplemente desplazarse con la misma libertad y dignidad que cualquier otro ciudadano”, ha expresado.

La violencia machista sigue siendo un problema real en toda la sociedad y más concretamente en Córdoba. Según los datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género -denominado Sistema Viogén- del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso este periódico, la provincia cordobesa contabiliza 2.210 casos activos bajo control policial directo. Es decir, un incremento de 68 casos respecto al mes de julio, cuando se registraban 2.142 expedientes.

Dentro del documento hay distintos niveles de riesgo y ahí se aprecia que el aumento de casos activos afecta de manera generalizada a casi todas las categorías. La franja de riesgo bajo continúa agrupando a la mayor parte de las mujeres en seguimiento, ascendiendo de 1.621 víctimas en julio a 1.662 en agosto -+41 casos-. Por su parte, el riesgo medio también ha experimentado un alza de 16 expedientes en cuatro semanas, pasando de las 490 mujeres contabilizadas en dicho mes a 506 al cierre de agosto.

Aunque lo notable es el incremento en niveles que requiere una protección más estrecha. Los casos evaluados bajo nivel de riesgo alto han subido 11 en apenas un mes. Aun así, de manera positiva también se subraya que en los balances estadísticos del Ministerio del Interior reflejan que, al igual que sucedía en julio, en la provincia de Córdoba no hay registrado ningún caso en nivel de riesgo extremo.

Menores a cargo y los expedientes de 'especial relevancia'

Por otro lado, el informe de agosto también tiene dentro un apartado específico dirigido a la protección del entorno familiar y de los menores dependientes de las víctimas. Al cierre de agosto, el sistema ha contabilizado en Córdoba 1.225 casos activos con menores a cargo de la víctima. De toda esta cantidad, un conjunto de 70 expedientes presenta a menores en situación de riesgo directo, alejándose de los 165 casos en esta situación que se notificaban en julio.

En cuanto a los expedientes calificados de 'especial relevancia' -aquellos en los que la combinación de indicadores advierte de una probabilidad mayor de que el agresos ejerza violencia muy grave o letal-, el balance a 31 de agosto cifra en 445 los casos activos de índole -405 con riesgo medio y 40 con riesgo alto-. Si se atiende a la serie acumulada, Córdoba contabiliza un total de 1.349 ccasos que han requerido esta evaluación, frente a los 1.306 acumulados que se registraban hasta julio.

Además, se han identificado 144 casos supervisados, una fase de seguimiento temporal previo a la inactivación definitiva que se aplica a supuestos de alta complejidad. Además, la provincia registra 13.209 casos inactivos (frente a los 13.153 de julio), expedientes que, aunque no precisan control policial directo, permanecen en el sistema con posibilidad de reactivación inmediata si varían las circunstancias.

La articulación de esta vigilancia preventiva en la provincia recae sobre la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones locales. Actualmente, 44 ayuntamientos de la provincia de Córdoba tienen a sus Policías Locales completamente integradas en el Sistema VioGén bajo el modo de interacción total, entre los que figura la capital cordobesa.

Las familias de los dos andaluces encarcelados desde enero de 2025 en la prisión de Black Beach en Guinea Ecuatorial, considerada una de las peores prisiones del mundo, han presentado una reclamación patrimonial por daños y perjuicios por la que consideran “inacción” del Ministerio de Exteriores respecto de sus casos y por los perjuicios personales que su encierro les está costando. Así lo ha señalado el representante legal de las familias, Manuel Madrid, que confirma la noticia adelantada por Ideal respecto de las situaciones del granadino, David Rodríguez, y del cordobés, Javier Marañón, los dos encarcelados tras participar como trabajadores en un proyecto supuestamente irregular para implantar la TDT en el país africano.

“A la vista de las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Asuntos Exteriores en diversas ocasiones y ver las faltas de resultados prácticos, y para forzar un poco una reacción, planteamos una reclamación por responsabilidad patrimonial, por lo que entendemos que es inacción o funcionamiento defectuoso de la administración pública, en concreto del Ministerio de Exteriores”, explica.

El representante de los dos andaluces encarcelados ha señalado que “estamos prácticamente en la misma situación que desde hace 18 meses”, y si bien refiere que ha habido algunas visitas consulares, “más allá de eso, ninguna gestión práctica que haya dado lugar, en primer lugar, a la liberación de los detenidos o, en segundo lugar, de carácter subsidiario, a mejorar sus condiciones, fundamentalmente condiciones que reúnan un mínimo de humanidad”.

'Doctrina José Couso'

Manuel Madrid ha explicado que para tomar esta nueva iniciativa de reclamar daños y perjuicios se han basado “salvando las distancias” en el caso del reportero gráfico español José Couso, asesinado durante la invasión estadounidense de Irak en 2003. “Entonces se dio lugar a una responsabilidad patrimonial por entender que el Estado español no había procurado los medios adecuados para indagar en las causas de ese asesinato en un tiroteo en el que resultó fallecido. Y aunque no estamos en ese caso, estrictamente sí que estamos en un supuesto de que precisamente por una falta de actuación adecuada del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues están estos dos señores padeciendo las consecuencias, con independencia de la responsabilidad que puedan tener las autoridades en Guinea Ecuatorial”.

Madrid ha insistido en que la causa que ha llevado a Rodríguez y Marañón a la cárcel en el país africano y que se prolonga desde enero de 2025 “es un procedimiento cuestionable desde el punto de vista de la legalidad”, y sobre todo, ha subrayado que para ambos se están manteniendo “unas condiciones que son completamente inhumanas y fuera de cualquier respecto a los derechos humanos mínimos”.

Además, ha recordado que David Rodríguez y Javier Marañón están en situación de prisión provisional “por un plazo más que sobrepasado de todo límite legal y de prorroga”. “Entonces, la única acción que quedaba por parte de la República Guinea era o ponerlos en libertad o llevarlos a juicio. Bueno, pues ni están en libertad ni tenemos una fecha próxima de juicio”. “Intuimos que este procedimiento se esté intentando utilizar como moneda de cambio para algún otro procedimiento que se siga, o bien contra bien contra Guinea o bien contra alguno de sus mandatarios o familia de mandatarios”, concluye.

Problemas de salud

Antonio Rodríguez, padre del granadino David Rodríguez, ha explicado a Europa Press que la familia sigue “con preocupación” la situación de David desde que está encarcelado y que se complica debido a problemas de salud. Al respecto ha señalado que le han aparecido bultos sobre la rodilla, y que se ha solicitado que la cónsul de España en Guinea Ecuatorial pueda visitar junto a un médico a David, que también es hipertenso y a quien han disminuido el número de visitas semanales, de tres a dos, en las que los amigos que tiene en el país le llevan medicinas y vitaminas ante el empeoramiento de su estado de salud.

Antonio Rodríguez ha señalado que no ha hablado con su hijo desde la pasada Navidad y que ahora sabe de él gracias a las visitas de sus amigos. Preguntado por el estado de ánimo de su hijo, ha asegurado que David “mantiene la ilusión”. “Él no ha cometido nada irregular, no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada, él no se ha llevado dinero. Entonces tiene la esperanza de que pueda ser absuelto”. Pero el padre de David se muestra escéptico respecto a un posible juicio por las condiciones de un país bajo el régimen dictatorial de Teodoro Obiang. “En caso de que haya juicio pues tememos que no sea con las garantías procesales correctas, o que se busque algo más para condenarlo”, señala Rodríguez.

“Hundidos, desencantados y desmoralizados”

En declaraciones a Europa Press, el hermano del cordobés Javier Marañón, Aarón Marañón, ha apuntado que David y Javier se encuentran “hundidos, desmoralizados y desencantados de todo el mundo” en referencia a que su caso no haya avanzado a pesar de que ha habido iniciativas a nivel europeo, como una resolución del Parlamento, ante la Casa Real, ante la ONU o ante el Vaticano, “y sobre todo ante nuestro Gobierno, que es quien debería de hacer algo efectivo, y que no consigue nada”.

Así ha dicho que espera que sirva la reclamación de daños y perjuicios presentada ante el Ministerio de Exteriores y que, de no ser contestada por esta administración, podría llevar a las familias a plantearla por vía judicial. “No han conseguido nada efectivo. Las condiciones de los detenidos y de la detención arbitraria que sufrieron siguen igual”, señala Aarón Marañón, que ha aseverado que la empresa de la que eran trabajadores su hermano y Rodríguez “tampoco paga el rescate que le pide Guinea alegando distintos problemas”. “Esta es una situación injusta, y además peligrosa por problemas, físicos, por enfermedades y por el peligro que les lleva estar en una prisión en las que todos los presos están juntos independientemente del delito”, subraya.

Aarón Marañón ha recordado que su hermano tiene una hija que apenas tenía unos meses cuando entró en prisión y a la que no ha vuelto a ver, y que Javier llegó incluso a ponerse en huelga de hambre durante algo más de un mes, aunque finalmente la abandonó. “La familia ha descubierto que tiene taquicardias que se trataba allí en Guinea, pero que ahora no le han permitido tratarse a pesar de que ha aportado un informe que maneja la embajada”, expone.

Y respecto del caso que les llevó a prisión se muestra tajante. “No hay ninguna lógica en que dos trabajadores básicos, como un administrativo --Javier Marañón-- y un técnico --David Rodríguez--, sean los responsables de los problemas de una empresa que tiene un contrato de 33 millones de euros. Eso no tiene ninguna base, ellos no son los directivos, ni tenían responsabilidad en ningún sentido. Entonces, a todas luces, es una detención injusta y que no está justificada suficientemente”.

El Gobierno de España destina tres millones de euros para siete proyectos de Inteligencia Artificial (IA) en la provincia de Córdoba, dentro de las convocatorias RedIA y RedIA Salud, impulsadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionadas por Red.es, que en el conjunto de Andalucía moviliza cerca de 39 millones euros para un total de 92 proyectos de IA, para acelerar su incorporación al tejido productivo y al ámbito sanitario.

La convocatoria RedIA, dotada con 130 millones de euros de fondos FEDER, permitirá financiar el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, así como su incorporación a los procesos productivos de las cadenas de valor, ha explicado el Gobierno en una nota. En Andalucía se han propuesto 74 proyectos beneficiarios, que representan el 24,6% del total nacional, con una ayuda propuesta de 29,2 millones de euros.

Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de proyectos, con 28 y una ayuda propuesta de 9,8 millones de euros, seguida de Málaga, con 18 proyectos y 5,9 millones; Granada y Córdoba, con 7 proyectos cada una y ayudas de 4,1 y 3 millones de euros, respectivamente.

Cádiz y Jaén cuentan con cinco proyectos cada una, con ayudas propuestas de 1,85 y 1,82 millones de euros, respectivamente, mientras que Almería y Huelva suman dos proyectos cada una, con ayudas de 1,52 y 1,18 millones de euros. Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a ámbitos como los asistentes inteligentes, los gemelos digitales, la robótica avanzada, la visión artificial, la ciberseguridad o los sistemas predictivos.

A nivel nacional, RedIA beneficiará a 300 proyectos empresariales, de los más de mil que se presentaron a la convocatoria. El 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros. Por su parte, la convocatoria RedIA Salud cuenta con una dotación nacional de 50 millones de euros para impulsar 72 proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario.

En Andalucía se han seleccionado 18 actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros. Los proyectos abarcarán distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, e incluyen iniciativas relacionadas con la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como con la respuesta ante emergencias.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros y constituye una apuesta del Gobierno por el desarrollo de una Inteligencia Artificial orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas, impulsar la innovación y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.

Las localidades cordobesas de Pedro Abad, Bujalance y El Carpio han recibido 23,99 millones de euros en aportaciones del Gobierno de España en el periodo 2018-2026, de los que 9,38 millones corresponden al PFEA, municipios que ha visitado este jueves la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, para participar en las respectivas juntas locales de seguridad.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, López ha mantenido reuniones de las juntas locales de seguridad de los tres municipios y ha conocido conocer sobre el terreno distintas actuaciones ejecutadas a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Más allá de la agenda institucional, el recorrido ha dibujado un mapa de inversión pública en el que el PFEA tiene un peso especialmente relevante. Las tres localidades acumulan 9.379.549,27 euros de aportaciones estatales vinculadas al programa, cerca de cuatro de cada diez euros del conjunto de las inversiones recogidas en las fichas.

Bujalance es el municipio con mayor volumen de recursos, con 15.012.196,12 euros. De esta cantidad, 5.999.361,76 euros corresponden al PFEA, a los que se suman, entre otras partidas, 4,61 millones en ayudas directas del Gobierno de España a agricultores y 2,31 millones en ayudas por la situación temporal gestionadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En El Carpio, las aportaciones contabilizadas ascienden a 6.172.249,62 euros, con 1.816.281,57 euros procedentes del PFEA. Destacan también los 2,44 millones de euros en ayudas del Gobierno de España por la situación temporal, además de 726.293,99 euros del CDTI y 612.430,10 euros en ayudas directas a agricultores.

Por su parte, Pedro Abad suma 2.813.264,71 euros, de los que 1.563.905,94 euros corresponden al PFEA. El municipio cuenta asimismo con aportaciones procedentes de programas como CDTI, Feder Educación y los programas de digitalización de empresas.

Igualmente, en la junta local de seguridad de dicho municipio se ha renovado el Convenio VioGen entre el municipio y el Estado para seguir garantizando la protección de las víctimas. Además, se ha autorizado por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una demanda histórica del municipio que permite la conexión de la A-4 con el Polígono Industrial.

La agenda de la subdelegada ha permitido abordar, además, la seguridad ciudadana desde una perspectiva local, con la celebración de las Juntas Locales de Seguridad de Pedro Abad, Bujalance y El Carpio. La singularidad de la jornada está precisamente en concentrar en un mismo recorrido tres realidades municipales diferentes: la coordinación en materia de seguridad y, al mismo tiempo, el seguimiento sobre el terreno de actuaciones que tienen un impacto directo en el empleo, los servicios y los espacios públicos de los municipios.

En este sentido, la subdelegada considera que la presencia del Gobierno de España en el territorio “no se limita a una partida presupuestaria concreta ni a una actuación aislada, sino que se materializa a través de programas de empleo, ayudas al sector agrario, financiación de proyectos, digitalización, educación, protección frente a la violencia de género y otros instrumentos de apoyo a los municipios”.

Renfe ya está estudiando la demanda de las conexiones ferroviarias entre Sevilla, Málaga y Granada ante la próxima puesta en servicio del by-pass de Almodóvar del Río. Así lo asegura el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por los senadores del PP Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego.

La respuesta del Ejecutivo confirma que el proyecto se encuentra en su tramo final. Según el Gobierno, “el expediente de las obras del by-pass de conexión está en su última fase de desarrollo”, después de un proceso que ha obligado a coordinar los trabajos de infraestructura, vía y energía con las instalaciones de señalización y con las actuaciones de renovación que se están ejecutando en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La principal novedad que aporta ahora el Gobierno es que Renfe está analizando ya la demanda en las diferentes líneas Avant con el objetivo de mejorar los servicios de Sevilla con Málaga y Granada. Es decir, la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura abre la puerta a replantear la oferta ferroviaria que conecta estas ciudades, aunque todavía no existe una cifra concreta de trenes que vayan a circular por el nuevo ramal.

El Gobierno deja claro que la infraestructura, por sí sola, no determina cuántos servicios utilizarán el nuevo itinerario. De hecho, explica que los servicios ferroviarios con parada en la estación de Córdoba serán fijados por los operadores cuando el by-pass entre en servicio. La nueva conexión tampoco obliga a eliminar todas las relaciones que actualmente realizan parada en Córdoba, que podrían mantenerse parcialmente “en función de las necesidades”.

Hay, además, una particularidad en el caso de los servicios Avant. El Ejecutivo recuerda que están incluidos en el contrato de Obligaciones de Servicio Público (OSP), por lo que cualquier modificación de los servicios actuales tendrá que tramitarse a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Veinte minutos menos entre Sevilla y Málaga o Granada

El by-pass de Almodóvar del Río está diseñado para conectar directamente las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. La infraestructura permitirá que los trenes que conecten Sevilla con Málaga y Granada puedan evitar el paso por Córdoba, con un ahorro estimado de unos 20 minutos de viaje. La inversión global prevista para el ramal asciende a 39 millones de euros, según la respuesta parlamentaria.

La actuación tiene también una segunda finalidad directamente relacionada con la estación de Córdoba. El Gobierno sostiene que la conexión permitirá reducir la congestión existente en el sector de ancho estándar UIC de la estación, así como en sus andenes y en los movimientos de trenes de la cabecera sur.

El proyecto llega así a una fase decisiva después de varios retrasos. En julio de 2025, el Ministerio de Transportes situaba la entrada en servicio en el segundo semestre de 2026, después de que el calendario inicial hubiera previsto su finalización para finales de 2024. En aquel momento, las vías y catenarias ya estaban instaladas y quedaban por completar las pruebas y la integración de los distintos sistemas.

Ahora, la respuesta remitida al Senado confirma que la actuación se encuentra en su última fase de desarrollo. El Gobierno explica que la complejidad del proceso ha estado precisamente en coordinar las obras y las pruebas en un espacio en el que conviven dos líneas de alta velocidad en servicio, además de renovaciones, mantenimientos, circulaciones de prueba y trabajos de formación.

A ello se ha sumado la necesidad de encajar las actuaciones del contrato dentro de la planificación general de renovación de las instalaciones de señalización y protección automática de tren de la línea Madrid-Sevilla.

Córdoba podrá seguir teniendo trenes con parada

La puesta en servicio del by-pass no significa, por tanto, que Córdoba vaya a quedar automáticamente fuera de las relaciones ferroviarias entre Sevilla y las ciudades de la Costa del Sol y Granada. El Gobierno señala expresamente que las conexiones con parada en la estación cordobesa podrán mantenerse de forma parcial. La decisión dependerá de las necesidades del servicio y de las decisiones de los operadores. En el caso de los servicios Avant sujetos a OSP, cualquier modificación de la oferta deberá contar además con la intervención del Ministerio de Transportes.

La cuestión adquiere especial relevancia por la elevada utilización de la infraestructura ferroviaria en Córdoba. El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en julio de 2025 que por la ciudad circulaban entonces 158 trenes diarios, frente a los seis que transitaban en 1994.

El primer by-pass, por tanto, persigue un doble efecto: mejorar los tiempos de viaje de las relaciones que no necesiten detenerse en Córdoba y, al mismo tiempo, liberar capacidad en la estación y en sus accesos para otros servicios ferroviarios.

Un segundo 'by-pass' para conectar Madrid y Jaén sin entrar en Córdoba

La actuación de Almodóvar no es, además, la única circunvalación ferroviaria que se plantea en el entorno de Córdoba. El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el estudio informativo para analizar una segunda conexión que permita enlazar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con el corredor ferroviario hacia Jaén sin necesidad de que los trenes tengan que entrar en Córdoba.

El objetivo es reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre Madrid y Jaén. Según el proyecto, actualmente el trayecto ronda las cuatro horas y la nueva conexión podría recortar alrededor de 50 minutos. El Ministerio adjudicó la redacción del estudio informativo por 530.400 euros.

La gran cuestión pendiente es dónde se construirá ese segundo enlace. El estudio contempla varias alternativas en el entorno de Córdoba, desde la zona de Adamuz y Montoro hasta opciones más próximas a Alcolea. Entre las posibilidades analizadas figuran trazados de diferente longitud, velocidad y complejidad constructiva, con afecciones ambientales y costes muy distintos.

Las alternativas del norte plantean conexiones en el entorno de Adamuz con la línea convencional entre Pedro Abad y Montoro. Una de ellas tendría 13,5 kilómetros, mientras que otra alcanzaría los 17,7 kilómetros e incorporaría un túnel de 1.175 metros. Una tercera opción, en el entorno de El Carpio y Adamuz, tendría unos nueve kilómetros, aunque exigiría casi tres kilómetros de túnel para evitar afecciones a espacios protegidos.

También se estudian opciones más próximas a Córdoba capital y a la barriada de Alcolea. Una de ellas tendría apenas 4,7 kilómetros, aunque con velocidades de circulación más reducidas, mientras que otra alcanzaría los 6,9 kilómetros y permitiría velocidades de hasta 200 kilómetros por hora en buena parte de su recorrido.

La alternativa más próxima a la capital aprovecha el intercambiador de Alcolea, pero su configuración limita la velocidad a unos 50 kilómetros por hora, motivo por el que los técnicos no la consideran prioritaria al no ofrecer un ahorro de tiempo suficiente.

Así, Córdoba se encuentra en el centro de una estrategia ferroviaria que contempla dos grandes circunvalaciones. La primera, la de Almodóvar del Río, está ya en su fase final de obras y permitirá desviar directamente hacia Málaga y Granada determinados servicios procedentes de Sevilla. La segunda, todavía en fase de estudio, pretende hacer lo mismo con las relaciones entre Madrid y Jaén, evitando que esos trenes tengan que entrar en la estación cordobesa.

El Gobierno de España ha condicionado nuevamente la construcción de la pasarela peatonal de la barriada de Villarrubia a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y Adif. Según ha manifestado el Ejecutivo central y ha podido conocer este periódico, el acuerdo sigue siendo el paso administrativo previo antes de que se pueda proceder a la licitación de las obras de esta infraestructura.

En una respuesta dirigida al Senado, el Gobierno ha detallado que, al tratarse de una actuación de permeabilidad urbana, el convenio debe definir con claridad el reparto de obligaciones entre ambas administraciones. Entre los puntos clave que debe asumir el Consistorio de Córdoba se encuentra, de forma explícita en el documento, el mantenimiento futuro de la pasarela una vez que esté ejecutada. Para facilitar dicho avance, el Ejecutivo ha asegurado que Adif está a su “plena disposición”.

Una obra que lleva bastantes años sin ser una realidad. Los vecinos de Villarrubia sufren dificultades a la hora de su movilidad diaria, ya que se ven obligados a cruzar las vías del tren mediante un paso urbano subterráneo construido en el año 1911. Este paso bajo tierra conecta la avenida de la Concordia al norte con la calle Guadalquivir al sur. Sin embargo, y tras décadas de uso y a pesar de algunas mejoras previas, el vecindario ha protagonizado en el pasado numerosas protestas exigiendo una alternativa más segura.

La reciente respuesta de la oposición

Y es que la falta de avances en la llegada de este convenio ha provocado finalmente una reacción política. Durante el último día del pasado mes de agosto, Hacemos Córdoba exigió en una nota remitida a los medios de comunicación que el alcalde José María Bellido “deje de mirar hacia otro lado” y que se implique de manera directa para ofrecer una solución definitiva. La coalición de izquierdas ha criticado la actitud del dirigente, además de que le ha acusado de mantener un enfrentamiento constante con el Gobierno de España.

La falta de avances en la rúbrica de este convenio ha provocado una dura reacción en la política local. El pasado 31 de agosto de 2026, el grupo municipal Hacemos Córdoba exigió con contundencia al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que “deje de mirar hacia otro lado” y que se implique de manera directa para ofrecer una solución definitiva a la barriada. La coalición de izquierdas ha criticado con dureza la actitud del regidor popular, al que acusa de mantener un enfrentamiento constante con el Gobierno central y de utilizar a los vecinos como “moneda de cambio” política en lugar de sentarse a negociar.

La tramitación de este proyecto ha estado marcado, a su vez, por constantes idas y venidas. En 2023, el Gobierno de España llegó a descartar la construcción de este paso elevado a medio plazo, aunque a principios de 2024 se empezaron formalmente los trabajos para el diseño de la infraestructura tras adjudicarse la redacción del proyecto. En septiembre de 2025, el proyecto básico ya se encontraba en fase de supervisión por parte del Gobierno.

Ante esta parálisis, la coalición Hacemos Córdoba ha reclamado que el año 2027 se convierta en el definitivo “punto de inflexión” para que la pasarela de Villarrubia deje de ser un proyecto postergado y se convierta en una realidad. “El Ayuntamiento debe ser el primero en colaborar”, concluyeron.