La violencia machista sigue siendo un problema real en toda la sociedad y más concretamente en Córdoba. Según los datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género -denominado Sistema Viogén- del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso este periódico, la provincia cordobesa contabiliza 2.210 casos activos bajo control policial directo. Es decir, un incremento de 68 casos respecto al mes de julio, cuando se registraban 2.142 expedientes.

Dentro del documento hay distintos niveles de riesgo y ahí se aprecia que el aumento de casos activos afecta de manera generalizada a casi todas las categorías. La franja de riesgo bajo continúa agrupando a la mayor parte de las mujeres en seguimiento, ascendiendo de 1.621 víctimas en julio a 1.662 en agosto -+41 casos-. Por su parte, el riesgo medio también ha experimentado un alza de 16 expedientes en cuatro semanas, pasando de las 490 mujeres contabilizadas en dicho mes a 506 al cierre de agosto.

Aunque lo notable es el incremento en niveles que requiere una protección más estrecha. Los casos evaluados bajo nivel de riesgo alto han subido 11 en apenas un mes. Aun así, de manera positiva también se subraya que en los balances estadísticos del Ministerio del Interior reflejan que, al igual que sucedía en julio, en la provincia de Córdoba no hay registrado ningún caso en nivel de riesgo extremo.

Menores a cargo y los expedientes de 'especial relevancia'

Por otro lado, el informe de agosto también tiene dentro un apartado específico dirigido a la protección del entorno familiar y de los menores dependientes de las víctimas. Al cierre de agosto, el sistema ha contabilizado en Córdoba 1.225 casos activos con menores a cargo de la víctima. De toda esta cantidad, un conjunto de 70 expedientes presenta a menores en situación de riesgo directo, alejándose de los 165 casos en esta situación que se notificaban en julio.

En cuanto a los expedientes calificados de 'especial relevancia' -aquellos en los que la combinación de indicadores advierte de una probabilidad mayor de que el agresos ejerza violencia muy grave o letal-, el balance a 31 de agosto cifra en 445 los casos activos de índole -405 con riesgo medio y 40 con riesgo alto-. Si se atiende a la serie acumulada, Córdoba contabiliza un total de 1.349 ccasos que han requerido esta evaluación, frente a los 1.306 acumulados que se registraban hasta julio.

Además, se han identificado 144 casos supervisados, una fase de seguimiento temporal previo a la inactivación definitiva que se aplica a supuestos de alta complejidad. Además, la provincia registra 13.209 casos inactivos (frente a los 13.153 de julio), expedientes que, aunque no precisan control policial directo, permanecen en el sistema con posibilidad de reactivación inmediata si varían las circunstancias.

La articulación de esta vigilancia preventiva en la provincia recae sobre la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones locales. Actualmente, 44 ayuntamientos de la provincia de Córdoba tienen a sus Policías Locales completamente integradas en el Sistema VioGén bajo el modo de interacción total, entre los que figura la capital cordobesa.

Las familias de los dos andaluces encarcelados desde enero de 2025 en la prisión de Black Beach en Guinea Ecuatorial, considerada una de las peores prisiones del mundo, han presentado una reclamación patrimonial por daños y perjuicios por la que consideran “inacción” del Ministerio de Exteriores respecto de sus casos y por los perjuicios personales que su encierro les está costando. Así lo ha señalado el representante legal de las familias, Manuel Madrid, que confirma la noticia adelantada por Ideal respecto de las situaciones del granadino, David Rodríguez, y del cordobés, Javier Marañón, los dos encarcelados tras participar como trabajadores en un proyecto supuestamente irregular para implantar la TDT en el país africano.

“A la vista de las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Asuntos Exteriores en diversas ocasiones y ver las faltas de resultados prácticos, y para forzar un poco una reacción, planteamos una reclamación por responsabilidad patrimonial, por lo que entendemos que es inacción o funcionamiento defectuoso de la administración pública, en concreto del Ministerio de Exteriores”, explica.

El representante de los dos andaluces encarcelados ha señalado que “estamos prácticamente en la misma situación que desde hace 18 meses”, y si bien refiere que ha habido algunas visitas consulares, “más allá de eso, ninguna gestión práctica que haya dado lugar, en primer lugar, a la liberación de los detenidos o, en segundo lugar, de carácter subsidiario, a mejorar sus condiciones, fundamentalmente condiciones que reúnan un mínimo de humanidad”.

'Doctrina José Couso'

Manuel Madrid ha explicado que para tomar esta nueva iniciativa de reclamar daños y perjuicios se han basado “salvando las distancias” en el caso del reportero gráfico español José Couso, asesinado durante la invasión estadounidense de Irak en 2003. “Entonces se dio lugar a una responsabilidad patrimonial por entender que el Estado español no había procurado los medios adecuados para indagar en las causas de ese asesinato en un tiroteo en el que resultó fallecido. Y aunque no estamos en ese caso, estrictamente sí que estamos en un supuesto de que precisamente por una falta de actuación adecuada del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues están estos dos señores padeciendo las consecuencias, con independencia de la responsabilidad que puedan tener las autoridades en Guinea Ecuatorial”.

Madrid ha insistido en que la causa que ha llevado a Rodríguez y Marañón a la cárcel en el país africano y que se prolonga desde enero de 2025 “es un procedimiento cuestionable desde el punto de vista de la legalidad”, y sobre todo, ha subrayado que para ambos se están manteniendo “unas condiciones que son completamente inhumanas y fuera de cualquier respecto a los derechos humanos mínimos”.

Además, ha recordado que David Rodríguez y Javier Marañón están en situación de prisión provisional “por un plazo más que sobrepasado de todo límite legal y de prorroga”. “Entonces, la única acción que quedaba por parte de la República Guinea era o ponerlos en libertad o llevarlos a juicio. Bueno, pues ni están en libertad ni tenemos una fecha próxima de juicio”. “Intuimos que este procedimiento se esté intentando utilizar como moneda de cambio para algún otro procedimiento que se siga, o bien contra bien contra Guinea o bien contra alguno de sus mandatarios o familia de mandatarios”, concluye.

Problemas de salud

Antonio Rodríguez, padre del granadino David Rodríguez, ha explicado a Europa Press que la familia sigue “con preocupación” la situación de David desde que está encarcelado y que se complica debido a problemas de salud. Al respecto ha señalado que le han aparecido bultos sobre la rodilla, y que se ha solicitado que la cónsul de España en Guinea Ecuatorial pueda visitar junto a un médico a David, que también es hipertenso y a quien han disminuido el número de visitas semanales, de tres a dos, en las que los amigos que tiene en el país le llevan medicinas y vitaminas ante el empeoramiento de su estado de salud.

Antonio Rodríguez ha señalado que no ha hablado con su hijo desde la pasada Navidad y que ahora sabe de él gracias a las visitas de sus amigos. Preguntado por el estado de ánimo de su hijo, ha asegurado que David “mantiene la ilusión”. “Él no ha cometido nada irregular, no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada, él no se ha llevado dinero. Entonces tiene la esperanza de que pueda ser absuelto”. Pero el padre de David se muestra escéptico respecto a un posible juicio por las condiciones de un país bajo el régimen dictatorial de Teodoro Obiang. “En caso de que haya juicio pues tememos que no sea con las garantías procesales correctas, o que se busque algo más para condenarlo”, señala Rodríguez.

“Hundidos, desencantados y desmoralizados”

En declaraciones a Europa Press, el hermano del cordobés Javier Marañón, Aarón Marañón, ha apuntado que David y Javier se encuentran “hundidos, desmoralizados y desencantados de todo el mundo” en referencia a que su caso no haya avanzado a pesar de que ha habido iniciativas a nivel europeo, como una resolución del Parlamento, ante la Casa Real, ante la ONU o ante el Vaticano, “y sobre todo ante nuestro Gobierno, que es quien debería de hacer algo efectivo, y que no consigue nada”.

Así ha dicho que espera que sirva la reclamación de daños y perjuicios presentada ante el Ministerio de Exteriores y que, de no ser contestada por esta administración, podría llevar a las familias a plantearla por vía judicial. “No han conseguido nada efectivo. Las condiciones de los detenidos y de la detención arbitraria que sufrieron siguen igual”, señala Aarón Marañón, que ha aseverado que la empresa de la que eran trabajadores su hermano y Rodríguez “tampoco paga el rescate que le pide Guinea alegando distintos problemas”. “Esta es una situación injusta, y además peligrosa por problemas, físicos, por enfermedades y por el peligro que les lleva estar en una prisión en las que todos los presos están juntos independientemente del delito”, subraya.

Aarón Marañón ha recordado que su hermano tiene una hija que apenas tenía unos meses cuando entró en prisión y a la que no ha vuelto a ver, y que Javier llegó incluso a ponerse en huelga de hambre durante algo más de un mes, aunque finalmente la abandonó. “La familia ha descubierto que tiene taquicardias que se trataba allí en Guinea, pero que ahora no le han permitido tratarse a pesar de que ha aportado un informe que maneja la embajada”, expone.

Y respecto del caso que les llevó a prisión se muestra tajante. “No hay ninguna lógica en que dos trabajadores básicos, como un administrativo --Javier Marañón-- y un técnico --David Rodríguez--, sean los responsables de los problemas de una empresa que tiene un contrato de 33 millones de euros. Eso no tiene ninguna base, ellos no son los directivos, ni tenían responsabilidad en ningún sentido. Entonces, a todas luces, es una detención injusta y que no está justificada suficientemente”.

El Gobierno de España destina tres millones de euros para siete proyectos de Inteligencia Artificial (IA) en la provincia de Córdoba, dentro de las convocatorias RedIA y RedIA Salud, impulsadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionadas por Red.es, que en el conjunto de Andalucía moviliza cerca de 39 millones euros para un total de 92 proyectos de IA, para acelerar su incorporación al tejido productivo y al ámbito sanitario.

La convocatoria RedIA, dotada con 130 millones de euros de fondos FEDER, permitirá financiar el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, así como su incorporación a los procesos productivos de las cadenas de valor, ha explicado el Gobierno en una nota. En Andalucía se han propuesto 74 proyectos beneficiarios, que representan el 24,6% del total nacional, con una ayuda propuesta de 29,2 millones de euros.

Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de proyectos, con 28 y una ayuda propuesta de 9,8 millones de euros, seguida de Málaga, con 18 proyectos y 5,9 millones; Granada y Córdoba, con 7 proyectos cada una y ayudas de 4,1 y 3 millones de euros, respectivamente.

Cádiz y Jaén cuentan con cinco proyectos cada una, con ayudas propuestas de 1,85 y 1,82 millones de euros, respectivamente, mientras que Almería y Huelva suman dos proyectos cada una, con ayudas de 1,52 y 1,18 millones de euros. Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a ámbitos como los asistentes inteligentes, los gemelos digitales, la robótica avanzada, la visión artificial, la ciberseguridad o los sistemas predictivos.

A nivel nacional, RedIA beneficiará a 300 proyectos empresariales, de los más de mil que se presentaron a la convocatoria. El 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros. Por su parte, la convocatoria RedIA Salud cuenta con una dotación nacional de 50 millones de euros para impulsar 72 proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario.

En Andalucía se han seleccionado 18 actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros. Los proyectos abarcarán distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, e incluyen iniciativas relacionadas con la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como con la respuesta ante emergencias.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros y constituye una apuesta del Gobierno por el desarrollo de una Inteligencia Artificial orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas, impulsar la innovación y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.

Las localidades cordobesas de Pedro Abad, Bujalance y El Carpio han recibido 23,99 millones de euros en aportaciones del Gobierno de España en el periodo 2018-2026, de los que 9,38 millones corresponden al PFEA, municipios que ha visitado este jueves la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, para participar en las respectivas juntas locales de seguridad.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, López ha mantenido reuniones de las juntas locales de seguridad de los tres municipios y ha conocido conocer sobre el terreno distintas actuaciones ejecutadas a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Más allá de la agenda institucional, el recorrido ha dibujado un mapa de inversión pública en el que el PFEA tiene un peso especialmente relevante. Las tres localidades acumulan 9.379.549,27 euros de aportaciones estatales vinculadas al programa, cerca de cuatro de cada diez euros del conjunto de las inversiones recogidas en las fichas.

Bujalance es el municipio con mayor volumen de recursos, con 15.012.196,12 euros. De esta cantidad, 5.999.361,76 euros corresponden al PFEA, a los que se suman, entre otras partidas, 4,61 millones en ayudas directas del Gobierno de España a agricultores y 2,31 millones en ayudas por la situación temporal gestionadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En El Carpio, las aportaciones contabilizadas ascienden a 6.172.249,62 euros, con 1.816.281,57 euros procedentes del PFEA. Destacan también los 2,44 millones de euros en ayudas del Gobierno de España por la situación temporal, además de 726.293,99 euros del CDTI y 612.430,10 euros en ayudas directas a agricultores.

Por su parte, Pedro Abad suma 2.813.264,71 euros, de los que 1.563.905,94 euros corresponden al PFEA. El municipio cuenta asimismo con aportaciones procedentes de programas como CDTI, Feder Educación y los programas de digitalización de empresas.

Igualmente, en la junta local de seguridad de dicho municipio se ha renovado el Convenio VioGen entre el municipio y el Estado para seguir garantizando la protección de las víctimas. Además, se ha autorizado por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una demanda histórica del municipio que permite la conexión de la A-4 con el Polígono Industrial.

La agenda de la subdelegada ha permitido abordar, además, la seguridad ciudadana desde una perspectiva local, con la celebración de las Juntas Locales de Seguridad de Pedro Abad, Bujalance y El Carpio. La singularidad de la jornada está precisamente en concentrar en un mismo recorrido tres realidades municipales diferentes: la coordinación en materia de seguridad y, al mismo tiempo, el seguimiento sobre el terreno de actuaciones que tienen un impacto directo en el empleo, los servicios y los espacios públicos de los municipios.

En este sentido, la subdelegada considera que la presencia del Gobierno de España en el territorio “no se limita a una partida presupuestaria concreta ni a una actuación aislada, sino que se materializa a través de programas de empleo, ayudas al sector agrario, financiación de proyectos, digitalización, educación, protección frente a la violencia de género y otros instrumentos de apoyo a los municipios”.

Renfe ya está estudiando la demanda de las conexiones ferroviarias entre Sevilla, Málaga y Granada ante la próxima puesta en servicio del by-pass de Almodóvar del Río. Así lo asegura el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por los senadores del PP Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego.

La respuesta del Ejecutivo confirma que el proyecto se encuentra en su tramo final. Según el Gobierno, “el expediente de las obras del by-pass de conexión está en su última fase de desarrollo”, después de un proceso que ha obligado a coordinar los trabajos de infraestructura, vía y energía con las instalaciones de señalización y con las actuaciones de renovación que se están ejecutando en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La principal novedad que aporta ahora el Gobierno es que Renfe está analizando ya la demanda en las diferentes líneas Avant con el objetivo de mejorar los servicios de Sevilla con Málaga y Granada. Es decir, la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura abre la puerta a replantear la oferta ferroviaria que conecta estas ciudades, aunque todavía no existe una cifra concreta de trenes que vayan a circular por el nuevo ramal.

El Gobierno deja claro que la infraestructura, por sí sola, no determina cuántos servicios utilizarán el nuevo itinerario. De hecho, explica que los servicios ferroviarios con parada en la estación de Córdoba serán fijados por los operadores cuando el by-pass entre en servicio. La nueva conexión tampoco obliga a eliminar todas las relaciones que actualmente realizan parada en Córdoba, que podrían mantenerse parcialmente “en función de las necesidades”.

Hay, además, una particularidad en el caso de los servicios Avant. El Ejecutivo recuerda que están incluidos en el contrato de Obligaciones de Servicio Público (OSP), por lo que cualquier modificación de los servicios actuales tendrá que tramitarse a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Veinte minutos menos entre Sevilla y Málaga o Granada

El by-pass de Almodóvar del Río está diseñado para conectar directamente las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. La infraestructura permitirá que los trenes que conecten Sevilla con Málaga y Granada puedan evitar el paso por Córdoba, con un ahorro estimado de unos 20 minutos de viaje. La inversión global prevista para el ramal asciende a 39 millones de euros, según la respuesta parlamentaria.

La actuación tiene también una segunda finalidad directamente relacionada con la estación de Córdoba. El Gobierno sostiene que la conexión permitirá reducir la congestión existente en el sector de ancho estándar UIC de la estación, así como en sus andenes y en los movimientos de trenes de la cabecera sur.

El proyecto llega así a una fase decisiva después de varios retrasos. En julio de 2025, el Ministerio de Transportes situaba la entrada en servicio en el segundo semestre de 2026, después de que el calendario inicial hubiera previsto su finalización para finales de 2024. En aquel momento, las vías y catenarias ya estaban instaladas y quedaban por completar las pruebas y la integración de los distintos sistemas.

Ahora, la respuesta remitida al Senado confirma que la actuación se encuentra en su última fase de desarrollo. El Gobierno explica que la complejidad del proceso ha estado precisamente en coordinar las obras y las pruebas en un espacio en el que conviven dos líneas de alta velocidad en servicio, además de renovaciones, mantenimientos, circulaciones de prueba y trabajos de formación.

A ello se ha sumado la necesidad de encajar las actuaciones del contrato dentro de la planificación general de renovación de las instalaciones de señalización y protección automática de tren de la línea Madrid-Sevilla.

Córdoba podrá seguir teniendo trenes con parada

La puesta en servicio del by-pass no significa, por tanto, que Córdoba vaya a quedar automáticamente fuera de las relaciones ferroviarias entre Sevilla y las ciudades de la Costa del Sol y Granada. El Gobierno señala expresamente que las conexiones con parada en la estación cordobesa podrán mantenerse de forma parcial. La decisión dependerá de las necesidades del servicio y de las decisiones de los operadores. En el caso de los servicios Avant sujetos a OSP, cualquier modificación de la oferta deberá contar además con la intervención del Ministerio de Transportes.

La cuestión adquiere especial relevancia por la elevada utilización de la infraestructura ferroviaria en Córdoba. El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en julio de 2025 que por la ciudad circulaban entonces 158 trenes diarios, frente a los seis que transitaban en 1994.

El primer by-pass, por tanto, persigue un doble efecto: mejorar los tiempos de viaje de las relaciones que no necesiten detenerse en Córdoba y, al mismo tiempo, liberar capacidad en la estación y en sus accesos para otros servicios ferroviarios.

Un segundo 'by-pass' para conectar Madrid y Jaén sin entrar en Córdoba

La actuación de Almodóvar no es, además, la única circunvalación ferroviaria que se plantea en el entorno de Córdoba. El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el estudio informativo para analizar una segunda conexión que permita enlazar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con el corredor ferroviario hacia Jaén sin necesidad de que los trenes tengan que entrar en Córdoba.

El objetivo es reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre Madrid y Jaén. Según el proyecto, actualmente el trayecto ronda las cuatro horas y la nueva conexión podría recortar alrededor de 50 minutos. El Ministerio adjudicó la redacción del estudio informativo por 530.400 euros.

La gran cuestión pendiente es dónde se construirá ese segundo enlace. El estudio contempla varias alternativas en el entorno de Córdoba, desde la zona de Adamuz y Montoro hasta opciones más próximas a Alcolea. Entre las posibilidades analizadas figuran trazados de diferente longitud, velocidad y complejidad constructiva, con afecciones ambientales y costes muy distintos.

Las alternativas del norte plantean conexiones en el entorno de Adamuz con la línea convencional entre Pedro Abad y Montoro. Una de ellas tendría 13,5 kilómetros, mientras que otra alcanzaría los 17,7 kilómetros e incorporaría un túnel de 1.175 metros. Una tercera opción, en el entorno de El Carpio y Adamuz, tendría unos nueve kilómetros, aunque exigiría casi tres kilómetros de túnel para evitar afecciones a espacios protegidos.

También se estudian opciones más próximas a Córdoba capital y a la barriada de Alcolea. Una de ellas tendría apenas 4,7 kilómetros, aunque con velocidades de circulación más reducidas, mientras que otra alcanzaría los 6,9 kilómetros y permitiría velocidades de hasta 200 kilómetros por hora en buena parte de su recorrido.

La alternativa más próxima a la capital aprovecha el intercambiador de Alcolea, pero su configuración limita la velocidad a unos 50 kilómetros por hora, motivo por el que los técnicos no la consideran prioritaria al no ofrecer un ahorro de tiempo suficiente.

Así, Córdoba se encuentra en el centro de una estrategia ferroviaria que contempla dos grandes circunvalaciones. La primera, la de Almodóvar del Río, está ya en su fase final de obras y permitirá desviar directamente hacia Málaga y Granada determinados servicios procedentes de Sevilla. La segunda, todavía en fase de estudio, pretende hacer lo mismo con las relaciones entre Madrid y Jaén, evitando que esos trenes tengan que entrar en la estación cordobesa.

El Gobierno de España ha condicionado nuevamente la construcción de la pasarela peatonal de la barriada de Villarrubia a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y Adif. Según ha manifestado el Ejecutivo central y ha podido conocer este periódico, el acuerdo sigue siendo el paso administrativo previo antes de que se pueda proceder a la licitación de las obras de esta infraestructura.

En una respuesta dirigida al Senado, el Gobierno ha detallado que, al tratarse de una actuación de permeabilidad urbana, el convenio debe definir con claridad el reparto de obligaciones entre ambas administraciones. Entre los puntos clave que debe asumir el Consistorio de Córdoba se encuentra, de forma explícita en el documento, el mantenimiento futuro de la pasarela una vez que esté ejecutada. Para facilitar dicho avance, el Ejecutivo ha asegurado que Adif está a su “plena disposición”.

Una obra que lleva bastantes años sin ser una realidad. Los vecinos de Villarrubia sufren dificultades a la hora de su movilidad diaria, ya que se ven obligados a cruzar las vías del tren mediante un paso urbano subterráneo construido en el año 1911. Este paso bajo tierra conecta la avenida de la Concordia al norte con la calle Guadalquivir al sur. Sin embargo, y tras décadas de uso y a pesar de algunas mejoras previas, el vecindario ha protagonizado en el pasado numerosas protestas exigiendo una alternativa más segura.

La reciente respuesta de la oposición

Y es que la falta de avances en la llegada de este convenio ha provocado finalmente una reacción política. Durante el último día del pasado mes de agosto, Hacemos Córdoba exigió en una nota remitida a los medios de comunicación que el alcalde José María Bellido “deje de mirar hacia otro lado” y que se implique de manera directa para ofrecer una solución definitiva. La coalición de izquierdas ha criticado la actitud del dirigente, además de que le ha acusado de mantener un enfrentamiento constante con el Gobierno de España.

La falta de avances en la rúbrica de este convenio ha provocado una dura reacción en la política local. El pasado 31 de agosto de 2026, el grupo municipal Hacemos Córdoba exigió con contundencia al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que “deje de mirar hacia otro lado” y que se implique de manera directa para ofrecer una solución definitiva a la barriada. La coalición de izquierdas ha criticado con dureza la actitud del regidor popular, al que acusa de mantener un enfrentamiento constante con el Gobierno central y de utilizar a los vecinos como “moneda de cambio” política en lugar de sentarse a negociar.

La tramitación de este proyecto ha estado marcado, a su vez, por constantes idas y venidas. En 2023, el Gobierno de España llegó a descartar la construcción de este paso elevado a medio plazo, aunque a principios de 2024 se empezaron formalmente los trabajos para el diseño de la infraestructura tras adjudicarse la redacción del proyecto. En septiembre de 2025, el proyecto básico ya se encontraba en fase de supervisión por parte del Gobierno.

Ante esta parálisis, la coalición Hacemos Córdoba ha reclamado que el año 2027 se convierta en el definitivo “punto de inflexión” para que la pasarela de Villarrubia deje de ser un proyecto postergado y se convierta en una realidad. “El Ayuntamiento debe ser el primero en colaborar”, concluyeron.

Un viernes de pleno agosto de 1979 un barco regular atraca discretamente en el puerto de Barcelona. Sin autoridades ni prensa, un coche fúnebre anónimo aguarda en el muelle para trasladar los restos del expresidente republicano Niceto Alcalá-Zamora, nacido en Priego de Córdoba y repatriado desde Argentina, por carretera hacia Madrid.

Cinco meses más tarde, en enero de 1980, la fragata Asturias de la Armada española fondea en aguas de Cartagena. Los restos de Alfonso XIII regresan desde Roma exactamente al mismo muelle desde el que partió al exilio en abril de 1931. 49 años después de la salida del rey, se realiza un complejo trasbordo del féretro a un patrullero. En tierra esperan su hijo Juan de Borbón y las cúpulas militares.

Esta es la crónica y sus consecuencias de dos entierros de jefes de Estado durante una Transición asimétrica, temerosa de sus propios símbolos republicanos y democráticos. Una actitud que privó de reconocimiento público a su primer presidente constitucional. Aquella injusta disparidad de entierros, uno republicano y otro real, relegó al olvido la legitimidad civil de la República mientras ensalzaba con pompa la restauración dinástica.

“Supongo que hay que contextualizar el momento, pero era obvio que había que contentar a la parte que venía de ganar e intentaba entrar en otra situación”, opina el profesor prieguense Manuel Molina, experto en la obra literaria de Alcalá-Zamora. “Se podría entender que hubiera precaución por el devenir, pero los hechos nos muestran por sí mismos hacia dónde se pretendía ir”, añade.

Fue el propio Alcalá-Zamora, cofundador del partido Derecha Liberal Republicana (DLR), quien el 14 de abril de 1931 se reunió con un intermediario clave, el conde de Romanones. En dicho encuentro, el republicano, actuando con la autoridad del Comité Revolucionario, le transmitió un ultimátum tajante: el rey debía abandonar España antes de la caída del sol de ese mismo día si quería que el Comité pudiera garantizar su seguridad y la de su familia frente a las masas populares que ya celebraban el triunfo del republicanismo en la calle.

Alcalá-Zamora fue, por encima de todo, un demócrata. Llegó al poder sin privilegios de cuna, siendo el civil que por vías democráticas ejerció durante más tiempo la jefatura del Estado en la historia de España, en concreto durante la II República (desde diciembre de 1931 a abril de 1936). Su republicanismo conservador y católico buscó tender puentes de concordia y moderación para asentar la democracia. Murió despojado de sus bienes en la austeridad del exilio.

Su figura contrasta con la trayectoria de Alfonso XIII (cuyo reinado discurrió entre 1902 y 1931), quien representó un modelo dinástico absolutista, marcado por la corrupción y la quiebra constitucional al haber respaldado la dictadura de Primo de Rivera y conspirado en el exilio con potencias fascistas para derribar la legalidad de la Segunda República, y acabar apoyando el golpe militar de Franco.

La paradoja de los retornos a España de los restos de ambos mandatarios radicó en cómo una democracia recién recuperada decidió esconder al que había sido su anterior jefe de Estado legítimo, mientras desplegaba todos sus recursos oficiales, militares y económicos para honrar al monarca que había abandonado el trono tras violar su juramento constitucional y respaldar una dictadura.

El laberinto político de la UCD y el temor del presidente Adolfo Suarez en plena Transición era el de “herir sensibilidades” en una democracia balbuceante que acababa de aprobar la Constitución. Desde 1977, el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa se opuso a la repatriación de Alcalá Zamora bajo el argumento de que traer a un expresidente legítimo “obligaría a rendirle honores de Estado”.

Tal era el temor que el presidente Suárez, tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio don Niceto, llegó a preguntar dos años después: “¿Con qué bandera lo vamos a enterrar?”.

El contraste de la voluntad política se evidenciaba en que el Gobierno autorizaba un operativo millonario para Alfonso XIII, que incluyó traslados en helicópteros de las Fuerzas Armadas y la apertura de bases militares al público. Un entierro de despliegue nacionalcatólico y monárquico frente a otro marcado por la frialdad burocrática.

El entierro clandestino de Alcalá-Zamora tuvo lugar a las 9 de la mañana del 11 de agosto de 1979 en el cementerio de la Almudena. El gobierno impuso un cupo máximo de 15 personas y el cementerio les negó disponer de un sacerdote para rezar un responso a pesar de haberlo pedido con antelación, y a pesar de que era de todos conocido que el expresidente fue muy católico.

Otro presidente, el de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Eduardo Prada, denunció impotente el “absoluto secreto” del entierro frente al gran homenaje que sí se había permitido, por ejemplo, al socialista, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra en el 36, Francisco Largo Caballero en abril del 78.

A 400 kilómetros de Madrid, en Priego de Córdoba, pueblo natal del presidente republicano, las cosas no eran mejores.“La verdad es que el pueblo no participó de esa vuelta”, explica Molina, aunque sí lo hizo dos años antes, en 1977, “cuando se restituyó una placa en su casa natal, que había sido destruida a martillazos en 1936”.

Unos meses más tarde, la pompa regia de las exequias de Alfonso XIII fue posible mediante un dispositivo militar coordinado por aire y tierra el sábado 19 de enero de 1980. Un viaje fúnebre hasta El Escorial escoltado por el clero castrense y los jefes del Estado Mayor al que se sumaron los alcaldes del trayecto. Incluso el presidente socialista de la Diputación de Madrid llamó a la población a llenar las calles para recibir los restos del rey fallecido en Roma.

El entierro definitivo en el panteón de Reyes de El Escorial estuvo presidido por la familia real en pleno, con honores de la Guardia Real, salvas de ordenanza y un funeral solemne oficiado por el cardenal Tarancón.

El limbo de Alcalá-Zamora

Existen más motivos que logran explicar por qué el presidente republicano fue el gran olvidado del relato democrático. Su caída en desgracia comenzó en la primavera de 1936, cuando fue destituido de la Presidencia. En sus memorias y escritos acusó al Frente Popular de perpetrar un fraude masivo e irregularidades graves tras las elecciones de febrero de 1936, calificándolo como el “pucherazo más gigantesco” de la historia del sufragio en España.

A juicio del profesor Manuel Molina, este olvido confirma una realidad. “Este país ha sido de polarizaciones y la figura de Alcalá-Zamora es uno de sus mejores ejemplos. Para la derecha fue un traidor republicano, y hay que entender que el concepto república se identifica con izquierda; y para esta fue un señor de derechas y católico. Tampoco tuvo un gran partido detrás que lo reivindicase. No era, como dijo Unamuno, ni de los hunos, ni de los hotros”.

Don Niceto quedó en un limbo político e histórico. Demasiado de derechas para la izquierda, demasiado republicano para la derecha. Para la izquierda representó un freno que impidió llevar a cabo una verdadera revolución integral de la República (siendo etiquetado despectivamente como un “beato de misa diaria” o “señorito andaluz”). Para la derecha, el simple hecho de ser republicano hizo que no quisieran reivindicarlo, arrastrando además los prejuicios de la propaganda que lo tildaban de “rojo pervertido” o “masón”.

El golpe de estado lo pilló viajando con su familia por el norte de Europa. Al enterarse del levantamiento militar, decidió no regresar a España, algo que le salvó la vida. A pesar de ser un hombre de derechas y profundamente católico, su firme convicción democrática le convirtió en un objetivo de la represión acusado de “forjar la subversión roja” pese a sus profundas convicciones conservadoras. Uno de sus hijos murió en el frente republicano y otro fue afiliado al Partido Socialista. En contraste, otro hijo tuvo al general Queipo de Llano como suegro.

Al final, el régimen franquista terminó incautándole todos sus bienes, imponiéndole una multa de 50 millones de pesetas y retirándole la nacionalidad, dando comienzo a un largo y penoso exilio que lo llevaría finalmente a Buenos Aires.

No murió en una cuneta, pero fue una víctima más de la represión franquista. Falleció en el sofá gastado de un modesto apartamento en la avenida Las Heras y fue enterrado inicialmente en la Chacarita con dos puñados de tierra, una de los Pirineos y otra de Priego de Córdoba, metidas en el ataúd.

“Murió pobre por convencimiento”, en palabras del profesor Molina. “Creo que es uno de sus mayores ejemplos morales. Pese a que le requisaron todo su patrimonio y el dictador intentó que volviera, se negó hasta que en España hubiese democracia, pese a la situación de pobreza en que acabó”. Sus palabras fueron que el día que volviese lo haría “para recuperar su patria no su patrimonio”.

30 años después de su fallecimiento, en plenas vacaciones de agosto y con el mayor de los secretismos, sus restos llegaron a España. Molina denuncia la “desmemoria histórica” de la democracia, ya que parece que rendir homenaje a Alcalá Zamora se percibe como un acto políticamente incómodo para los sucesivos presidentes del Gobierno democrático.

“Creo que es una falta de ejercicio democrático que dos presidentes de izquierda (Zapatero y Sánchez) hayan visitado la tumba de Azaña en Francia, incluso la de Antonio Machado y nunca la del presidente de la Segunda República en Madrid. Igual que Aznar reivindicando a Azaña y ni una palabra para Alcalá-Zamora. De la Moncloa al cementerio de La Almudena hay 14 kilómetros para ir a depositar una flor en su tumba”, denuncia el profesor prieguense.

A pesar de que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica a finales de 2007 abrió la vía legal para que las familias de las víctimas del franquismo reclamaran reparación moral, y de que los seis nietos de Niceto Alcalá-Zamora solicitaron formalmente un homenaje público al amparo de esta norma, Alcalá-Zamora murió con su nacionalidad sin retirar en Argentina, “una oportunidad perdida de honrarlo”, explica Molina.

“En 2013 el pueblo de Priego sufraga un busto y se instala en el Congreso, que hoy día está medio escondido en un pasillo. Lo más cercano al reconocimiento se realizó en 2021 por parte del secretario de estado de Memoria Democrática del PSOE con la entrega de un documento a sus nietas reconociendo su labor como presidente de la Segunda República y su contribución al desarrollo de los valores democráticos en España”, detalla.

Los especialistas llevan años señalando y haciendo pedagogía sobre que en España todavía existe una carencia de cultura histórica y política para comprender y aceptar que la República era una forma de Estado donde cabían, con total normalidad democrática, opciones conservadoras y de orden.

Quizás esta sea otra de las lecciones inacabadas de la Transición: la incapacidad del Estado para honrar a sus propios presidentes democráticos evidenciando cómo, en el espejo de 1979 y 1980, la Transición prefirió el silencio y el pacto de desmemoria antes que la asunción plena de su propia genealogía democrática y republicana.

95 años después de la proclamación de la Segunda República española, existe un sentimiento republicano en España, por mucho que el CIS no pregunte en sus sondeos sobre la monarquía desde la abdicación de Juan Carlos I. Pero una cosa son los sentimientos republicanos y otra muy distinta los partidos de este segmento, lo que hace preguntarse entre la utopía y la realidad del republicanismo en España.

Un movimiento que nació en la España del XIX como contestación al liberalismo. Sus valores eran muy ambiciosos en lo democrático, el bien común y la igualdad. Prueba de esa igualdad desde la base es el hecho de que don Niceto, aunque de familia terrateniente, fue uno de los pocos jefes de Estado de pueblo, y andaluz, que ha habido en España.

“Está en manos del profesorado de secundaria, visitar su casa-museo en Priego y explicar allí quién fue. Vienen institutos de fuera y algunos de Priego ni lo visitan”, sentencia Manuel Molina.

El Gobierno español se ha mostrado a favor de que el posible comprador de la aceitera Deoleo, en proceso de venta, sea una “entidad española” y “preserve los intereses industriales” españoles.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han trasladado a EFE que el proceso de venta de Deoleo es una “posible operación de compraventa privada entre empresas y fondos de inversión”. Desde el Ministerio están siguiendo el proceso en la medida que afecta al sector agroalimentario español y España es el primer productor mundial de aceite de oliva.

“La posición del Gobierno sería favorable a que el posible adquirente fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado”, han señalado las fuentes. Además, han sostenido que estarían en favor de “una opción que preserve nuestros intereses industriales”, al tiempo que “deberían respetarse estrictamente los intereses de nuestros olivicultores”.

La posible venta de Deoleo ha entrado en su fase final, con un cierre estimado para las próximas semanas, en una puja que ha resucitado la tradicional rivalidad por el mercado del aceite de oliva entre España e Italia, importantes productores a nivel mundial. Según medios locales, la italiana Coricelli ha presentado una oferta de 500 millones de euros a través de su “holding” con sede en Sevilla Farmers Elite Global, superando así la de 460 millones del grupo de cooperativas españolas Dcoop, considerado el mayor productor mundial de aceite de oliva.

En el pasado, Dcoop ya ha mostrado su interés por hacerse con el control de Deoleo, llegando incluso a pedir el apoyo del Gobierno para que la aceitera quede en manos españolas. La semana pasada, Deoleo reconoció que sus principales accionistas están analizando posibles alternativas estratégicas de inversión, entre las que no se descarta la posible venta de la totalidad o de parte de los activos y negocios del grupo.

Estos accionistas son Ole Investments, sociedad que posee el 50,9 % del capital social y está controlada por el fondo CVC, y los socios de Deoleo Holding B.V. ASO Lux 3 S.à r.l. (con el 17,3 % del capital) y ASO Lux 4 S.à r.l. (con el 28,6 %), ambos vinculados al fondo Alchemy. No obstante, Deoleo precisó que aún “no se ha tomado ninguna decisión definitiva” y que desconoce si el proceso en curso “derivará en una operación concreta ni, en su caso, los términos en que esta podría llevarse a cabo”.

El gran embudo del tráfico en Córdoba está en el paso de la Autovía del Sur (A-4) por la capital. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores ante el inicio de la operación especial por el puente del 15 de agosto que tienen que prestar especial atención a los diez kilómetros de la A-4 a su paso por la ciudad, especialmente en los accesos.

El problema de Córdoba con su autovía es endémico y no se ha resuelto, a pesar de que ya se identificó en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003. Entonces, se pidió al Gobierno que construyera una variante alejada del casco urbano, para que el tramo actual de autovía se quedase como una especie de circunvalación: la Ronda Sur o la CO-30.

Ese proyecto ha sido enterrado. Después de iniciar un proceso de estudio y de incluirlo en la gran reforma de la A-4 (una autovía que se aproxima a los 40 años de vida), el Gobierno se ha inclinado por reformar la actual carretera. Eso sí, haciéndola algo más ancha.

El Ejecutivo ha incluido esta actuación en un proyecto muy ambicioso: la reforma de toda la Autovía del Sur a su paso por la provincia de Córdoba, desde Villa del Río hasta La Carlota. En Córdoba capital, el plan pasa por una reforma integral de los diez kilómetros de autovía y sus enlaces que funcionan actualmente a modo de circunvalación, y que provocan que el tráfico sufra atascos constantes y reducciones de velocidad.

“La intervención principal de esta actuación se basa en dotar a ambas calzadas de la A-4 de una vía colectora-distribuidora a lo largo de todo su tramo periurbano”, consta en el proyecto, que este periódico publicó hace un año y medio. “Para ello se plantean dos nuevas calzadas unidireccionales de un mínimo de dos carriles paralelas a las actuales calzadas de la A-4. La calzada actual sentido Sevilla conformará la vía colectora-distribuidora oeste y la calzada actual de la A-4 en sentido Madrid pasará a ser la calzada principal de la A-4 en sentido Sevilla”, retrata.

“Para el sentido contrario se proyectan dos nuevas calzadas de manera que queden la mediana y la terciana de seis metros”. “Aprovechando la existencia de vías colectoras parciales al norte y al sur de la ciudad se han aprovechado las curvas situadas en los puntos kilométricos 400 y 403,4 para realizar las transiciones entre calzadas y la aparición de las nuevas mediante curvas con radio mínimo de 1.000 metros”. Con ese diámetro se ganará seguridad y la autovía podrá volver a tener un límite máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora.

De momento, el proyecto se está redactando. Para el inicio efectivo de las obras aún tienen que pasar varios años, entre informes de impacto ambiental, patrimonial y el lógico periodo de alegaciones. Mientras tanto, la autovía sigue actuando como un embudo, máxime en momentos como el actual. El 1 y el 15 de agosto son las dos jornadas en las que más movimientos en las carreteras hay previstos en toda España.

El viernes, primer gran día de complicaciones

La operación especial de la DGT arranca a las 15:00 del viernes 14 de agosto y se prolongará hasta las 24:00 del domingo 16. El dispositivo responde a la coincidencia de varios factores: el cambio de quincena de las vacaciones de agosto y los desplazamientos propios del fin de semana hacia las zonas del litoral y las playas, las áreas de montaña y las segundas residencias. La previsión es que el tráfico sea especialmente intenso durante estos tres días.

En la provincia de Córdoba están previstos unos 114.000 desplazamientos de largo recorrido durante la operación, una cifra que representa el 11,4% de todos los movimientos de este tipo previstos en Andalucía. La propia DGT destaca que el verano reúne unas condiciones de circulación diferentes a las del resto del año, con un mayor número de desplazamientos, tráfico más intenso y congestionado, más trayectos de largo recorrido y una mayor tendencia a conducir durante la noche.

La jornada del viernes 14 será especialmente delicada en la A-4. La previsión de la DGT sitúa entre las 15:00 y las 22:00 las horas de mayor intensidad de tráfico en la provincia. Es precisamente a partir de media tarde cuando comenzará a concentrarse buena parte del tráfico asociado a la salida del fin de semana y al cambio de quincena.

Para los conductores que atraviesen Córdoba, el punto conflictivo identificado por Tráfico se extiende entre los puntos kilométricos 399 y 409 de la A-4, prácticamente todo el tramo de la autovía que ejerce actualmente de gran circunvalación de la capital. La DGT señala como causa las posibles congestiones en los distintos accesos a la ronda exterior de Córdoba, con especial incidencia en las conexiones con la N-432, la A-45 y la CO-32.

No se trata, por tanto, únicamente de un problema para quienes tienen Córdoba como destino. El embudo puede afectar también a los conductores que utilizan la A-4 para cruzar la provincia, ya que cualquier retención en los enlaces de la capital tiene capacidad para propagarse rápidamente por las calzadas y complicar la circulación en ambos sentidos.

El sábado, dos franjas especialmente complicadas

El sábado 15 de agosto será la jornada central de la operación y también una de las más exigentes para las carreteras cordobesas. La previsión de la DGT concentra los periodos de mayor intensidad entre las 10:00 y las 15:00 y, de nuevo, entre las 18:00 y las 22:00.

La situación tiene una explicación evidente: a los desplazamientos de ida y vuelta propios del fin de semana se suma el movimiento de quienes comienzan o terminan sus vacaciones coincidiendo con el cambio de quincena. El resultado es una circulación especialmente intensa en las principales vías de paso de la provincia y, en el caso de la capital, una presión añadida sobre una infraestructura que ya soporta habitualmente un volumen elevado de tráfico.

La A-4 concentra así buena parte de la atención de Tráfico, no solo por el volumen de vehículos que soporta, sino por la configuración de sus enlaces. En apenas diez kilómetros se suceden las conexiones que permiten distribuir el tráfico hacia distintas zonas de Córdoba y hacia las carreteras que conducen al norte, al sur y al este de la provincia.

El domingo, el regreso vuelve a cargar la A-4

El domingo 16 de agosto cambiará el perfil de los desplazamientos. Después de las jornadas de salida y de los movimientos propios del festivo, buena parte del tráfico estará relacionado con el regreso. La DGT sitúa las franjas de mayor intensidad entre las 10:00 y las 15:00 y entre las 18:00 y las 22:00.

La tarde será especialmente importante para quienes regresen de las zonas de descanso y tengan que atravesar Córdoba por la A-4. El escenario es conocido: vehículos que llegan desde distintos puntos de la provincia y del litoral andaluz confluyen con el tráfico de largo recorrido que utiliza la Autovía del Sur para continuar hacia Madrid o Sevilla.

En esas circunstancias, los accesos a la ronda exterior se convierten en el punto más sensible. La DGT recomienda precisamente evitar las retenciones de la A-4 mediante itinerarios alternativos en determinados trayectos: entre Córdoba y el límite con Sevilla, utilizar la A-431; y entre Córdoba y el límite con Jaén, recurrir a la N-420, la carretera Córdoba-Tarragona por Cuenca.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

El diputado nacional del PSOE por Córdoba y portavoz de Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista, Alberto Mayoral, ha valorado este martes los datos de empleo publicados por el Ministerio de Trabajo, que sitúan a la provincia con 45.277 desempleados, tras registrar un descenso de 794 personas el pasado julio, y en comparación con julio de 2025 cuenta con 6.620 desempleados menos, con un descenso interanual del 12,2%, alcanzando así “el mejor dato de paro de los últimos 21 años, desde el inicio de la actual serie histórica en enero de 2005”.

Esto, según ha subrayado Mayoral a través de una nota, “confirma que las políticas del Gobierno de España funcionan”, pues “hoy hablamos de 794 personas que han dejado atrás el desempleo, y de 6.620 cordobeses menos en paro que hace un año, y de una provincia que alcanza el mejor dato de empleo de las dos últimas décadas”, lo cual “no es fruto de la casualidad, sino de una forma de gobernar basada en el diálogo social, la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el apoyo al tejido productivo”.

A este respecto, el diputado socialista ha recordado que “hubo quien aseguró que reforzar los derechos laborales destruiría empleo”, pero “hoy la realidad vuelve a desmontar ese discurso. Córdoba demuestra que es posible crear empleo, mejorar las condiciones laborales y hacer crecer la economía al mismo tiempo”, ha afirmado.

Mayoral ha subrayado que la reducción del paro en 6.620 personas en el último año, un 12,2% menos, demuestra que “no estamos ante un dato aislado, sino ante una tendencia sólida que confirma que las reformas impulsadas por el Gobierno de España están dando resultados. Cada persona que abandona las listas del paro representa una oportunidad, una familia que recupera tranquilidad y un proyecto de vida que vuelve a ponerse en marcha”.

El diputado por Córdoba ha defendido que “el empleo es la mejor política social”, y ha reiterado el “compromiso” del Gobierno de España de seguir impulsando medidas que favorezcan la creación de empleo de calidad. “Queda trabajo por hacer y no podemos conformarnos mientras haya cordobeses buscando una oportunidad laboral, pero los datos conocidos hoy demuestran que el camino emprendido es el correcto y que las políticas útiles mejoran la vida de la gente”.

Por último, Mayoral ha destacado que “alcanzar el menor número de personas desempleadas de los últimos 21 años no es solo una buena noticia estadística, es la constatación de que cuando se gobierna pensando en la mayoría, con diálogo social, estabilidad y justicia social, los resultados llegan a los hogares de nuestra provincia”.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado este viernes la “profunda preocupación” del Gobierno andaluz, por la situación que se está viviendo en Ceuta, ante la “avalancha” migratoria que está sufriendo la ciudad autónoma, asegurando que “lo que está pasando en Ceuta es algo que en la Unión Europea (UE) del siglo XXI no debería ocurrir jamás”, y ha señalado la “incapacidad” del Gobierno de España en el control de fronteras.

En este sentido y en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, el consejero ha criticado la gestión del Ejecutivo central en materia de control fronterizo, lamentando que “el Gobierno de España baje los brazos, reconozca su incapacidad, y abandone a su suerte a esa ciudad”, cuando, además, España tiene “una obligación de control de fronteras” en el marco de la UE, “que se está ignorando”, demostrando con ello el Ejecutivo central su “incompetencia” tras los sucesos registrados en la ciudad autónoma.

Además, Nieto ha manifestado su convicción de que “en los últimos días, en las últimas semanas, han llegado multitud de informes de inteligencia al Ministerio del Interior avisando de lo que estaba ocurriendo en el perímetro de la frontera de Ceuta”, lo que le ha llevado a criticar la “falta de refuerzos” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Ceuta.

A este respecto, José Antonio Nieto ha afirmado que “no se abandona su suerte a policías y guardias civiles que tienen que defender la frontera con una carencia de recursos lamentable”, ante una situación en la que “sus propias vidas están comprometidas”.

En conclusión, el consejero ha hecho un llamamiento directo al Gobierno de España para que “haga su trabajo, que reaccione y que demuestre a los españoles que hay un gobierno que es capaz de controlar una frontera, garantizar la seguridad de una ciudad entera y evitar muertes”, insistiendo en que “esto nunca tenía que haberse producido, nunca tenía que haberse llegado a la situación que se llegó ayer si hubiera un gobierno serio, responsable y con capacidad”.

Finalmente, ha subrayado la especial vulnerabilidad de Andalucía ante esta crisis, recordando que “nosotros somos frontera” y que “lo que ocurre cuando se desbordan completamente las capacidades de Ceuta y la frontera se borra literalmente, como está ocurriendo, sin control y sin gestión”, es que “ese impacto llega directamente a Andalucía”, pidiendo “un Gobierno que sea simplemente responsable y que cumpla con su deber y con su trabajo”.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha anunciado hoy en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) impulsará la restauración de su Cerco Industrial con una inversión de cuatro millones de euros.

La actuación será financiada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Miteco, para un proyecto que liderará la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) a través del programa COMPÁS, destinado a recuperar el patrimonio industrial en zonas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas de carbón para convertirlo en motor de desarrollo económico, turístico, cultural y social.

Este programa ha contado con la colaboración del Ministerio de Cultura que, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ha realizado la selección del proyecto tras un exhaustivo análisis de los bienes patrimoniales industriales de mayor relevancia en municipios de transición justa.

Un referente industrial

El Cerco Industrial conserva un conjunto de edificios singulares que permiten comprender la dimensión de la actividad minera e industrial que marcó la historia del municipio y de toda la comarca del Valle del Guadiato. Llegó a ser uno de los principales centros productores de carbón de España y un referente internacional de la fundición de plomo y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018.

Ciuden elaborará, en colaboración con el Ayuntamiento de PeñarroyaPueblonuevo, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, la Asociación La Maquinilla y otras asociaciones relacionadas con la recuperación del patrimonio del municipio, un proyecto previo que permitirá definir las actuaciones más adecuadas para el conjunto. Este trabajo servirá para establecer las prioridades de intervención y concretar las soluciones que mejor respondan a la conservación del patrimonio industrial, la mejora de los espacios y su futura utilización por parte de la ciudadanía y de los visitantes.

El proyecto parte del trabajo desarrollado durante los últimos años por el ayuntamiento y la Asociación La Maquinilla. La actuación de Ciuden permitirá culminar este proceso e integrar estas iniciativas en un proyecto de mayor alcance, concebido para convertir el Cerco Industrial en un referente nacional del patrimonio industrial y en un nuevo polo de atracción turística y cultural para la comarca.

Red de Experiencias Turísticas del Carbón

La restauración de esta instalación industrial permitirá, además, su vínculo con la Red de Experiencias Turísticas del Carbón. Se trata de una iniciativa de ámbito nacional impulsada por el ITJ y desarrollada por Ciuden que busca posicionar el patrimonio minero-industrial del carbón como motor de oportunidades y cohesión territorial, mediante la creación de una red colaborativa entre territorios con tradición minera para promover productos turísticos conjuntos, el intercambio de experiencias, la formación de agentes locales y el desarrollo de estrategias de promoción compartidas.

De este modo, la Red ofrece un marco de colaboración y promoción para el Cerco Industrial, mientras que el proyecto de recuperación anunciado hoy aportará a la Red uno de los complejos industriales más relevantes del patrimonio minero español.

Transición justa para el Valle del Guadiato

Esta actuación se suma a los 25,77 millones en ayudas concedidas por el Miteco, desde 2019, a 33 proyectos empresariales y municipales en el Valle del Guadiato para contribuir a la transición justa de la comarca tras el cierre de la central térmica de Puente Nuevo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el proceso para la investigación de yacimientos de minerales estratégicos en la Sierra Morena andaluza mediante la inscripción de una reserva provisional a favor del Estado que afecta a cuatro zonas situadas en las provincias de Jaén y Córdoba.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se enmarca en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 y tiene como objetivo evaluar el potencial de recursos considerados esenciales para la transición energética y la industria tecnológica, entre ellos antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc.

Según la resolución, la reserva comprende un total de 22 cuadrículas mineras distribuidas en cuatro áreas denominadas Santa Bárbara, Elena, Paquito la Manzana y Centenillo. Estas zonas han sido inscritas en el libro-registro de la Dirección General de Política Energética y Minas con el número 397 y quedan destinadas exclusivamente a labores de investigación de estos recursos minerales.

La actuación responde a la estrategia del Gobierno para reforzar el conocimiento de los recursos minerales disponibles en España y reducir la dependencia exterior de materias primas consideradas críticas para sectores como la fabricación de baterías, las energías renovables y la industria tecnológica.

La publicación del acuerdo no supone el inicio de actividades extractivas, sino la protección temporal de estas áreas para que el Estado pueda llevar a cabo los trabajos de exploración e investigación previstos antes de decidir sobre un eventual aprovechamiento minero.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha visitado este miércoles Villafranca de Córdoba y Villa del Río para conocer sobre el terreno distintas actuaciones financiadas por el Ejecutivo español y mantener encuentros con los responsables municipales, en una jornada centrada en poner en valor el impacto de las inversiones estatales en ambos municipios, con más de 22,5 millones de euros desde 2018.

Durante la visita, la subdelegada ha recorrido diversas actuaciones ejecutadas con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha participado en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y ha visitado la piscina municipal de Villa del Río.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha destacado que “el Gobierno de España mantiene un firme compromiso con los municipios, impulsando inversiones que generan empleo, modernizan las infraestructuras y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha subrayado que “la colaboración entre administraciones permite que estas inversiones lleguen donde realmente se necesitan y tengan un impacto directo en el desarrollo de los pueblos”. En Villafranca de Córdoba, las aportaciones del Gobierno entre 2018 y 2026 alcanzan los 12,9 millones de euros, destinados a programas que favorecen el desarrollo económico, la modernización del municipio y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales líneas de financiación destacan los 2,76 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los 2,4 millones de euros destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y 1,89 millones de euros invertidos a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

A ello se suman 2,22 millones de euros en ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de las borrascas sufridas en febrero en la provincia, 684.482,82 euros en ayudas directas a agricultores, así como el respaldo a la innovación empresarial, la digitalización de pymes y autónomos y la conservación del patrimonio histórico.

La subdelegada ha señalado que “cada actuación financiada por el Gobierno de España supone nuevas oportunidades para los municipios, porque detrás de cada inversión hay empleo, servicios públicos de mayor calidad y mejores condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su localidad”.

Por su parte, en Villa del Río, el Ejecutivo ha movilizado 9,64 millones de euros durante el mismo período. Entre las inversiones destacan 3,49 millones de euros destinados al PFEA, 1,16 millones de euros para proyectos de energías renovables, cerca de 600.000 euros para iniciativas de innovación empresarial a través del CDTI, además de 1,99 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas y 723.179,45 euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, junto a otras líneas de apoyo a la digitalización empresarial y al desarrollo económico local.

El PFEA, “instrumento fundamental”

La responsable del Gobierno en la provincia ha puesto de relieve el papel del PFEA como “una de las herramientas más eficaces para favorecer el desarrollo local”, afirmando que “el Programa de Fomento del Empleo Agrario continúa siendo un instrumento fundamental para crear empleo, mejorar las infraestructuras municipales y fijar población en el medio rural”.

Asimismo, la subdelegada ha asegurado que “el compromiso del Gobierno de España con la provincia se refleja en inversiones que llegan a todos los municipios, independientemente de su tamaño, y que contribuyen a construir un territorio con más oportunidades, más cohesión y mejores servicios para la ciudadanía”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen, ya que ha contabilizado cerca de 162.000 solicitudes (161.557), mientras que Córdoba se ha quedado cerca de superar las 10.000.

Por provincias, en Málaga se han registrado 39.899 solicitudes; en Sevilla, 33.690; en Almería, 32.638; en Granada, 16.629; en Cádiz, 11.641; en Huelva, 10.359; en Córdoba, 9.951 y en Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes ha presentado es la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%. Le siguen Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves en una atención a medios en Escúzar (Granada), que “todos salimos ganando” con el proceso de regularización que, en palabras de Fernández, supone “quitar carga de miedo y temor” y un “avance importantísimo”. El 58,2% de las solicitudes presentadas en Andalucía son de hombres frente a un 41,8% de mujeres.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha concluido la ministra.

Había muchas dudas que sobrevolaban el futuro energético del norte de la provincia de Córdoba, pero el Gobierno de España sigue desvelando los pasos a seguir para una infraestructura que entra dentro de la planificación general. La línea de alta tensión de 400 kV que conectará los territorios de Extremadura y parte de la extensión cordobesa se ha considerado prioritaria tras las alegaciones tanto para la Diputación de Córdoba como para la Junta de Andalucía y Ejecutivo central ya que asegura el suministro para la comarca.

El proyecto contempla una interconexión entre la zona extremeña de Maguilla, en la provincia de Badajoz, y la nueva subestación de Peñarroya-Pueblonuevo, ya en territorio cordobés. Según ha explicado el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria, esta infraestructura se ha considerado como “inaplazable” para frenar la despoblación en el norte de la provincia y sostener la red de distribución eléctrica, tanto de la capital como de las zonas rurales colindantes. La presión política ejercida por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía fue determinante para que el Ejecutivo rectificara su postura inicial, la cual dejaba esta infraestructura fuera de la planificación general.

El camino hasta llegar a 2030 con la intervención acabada

Aunque el Gobierno ha garantizado que la obra estará finalizada antes de 2030, el proyecto se encuentra todavía en una fase de tramitación técnica y administrativa. Inicialmente, esta conexión fue relegada a un anexo no vinculante debido a sus elevadas “dificultades técnicas y ambientales”, pero tras el periodo de alegaciones se determinó que existen trazas viables para su construcción. Esto ha permitido que el proyecto se integre plenamente en la planificación obligatoria de la red de transporte de energía eléctrica.

En una respuesta parlamentaria fechada en junio de 2026, el Gobierno aclaró que la propuesta de desarrollo de la red de transporte fue sometida a audiencia pública entre octubre y diciembre de 2025. Actualmente, el Operador del Sistema se encontraba realizando una fase de estudios basada en las alegaciones recibidas para elaborar la propuesta definitiva de planificación. Esta propuesta deberá someterse posteriormente a una Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como marca la legislación vigente sobre evaluación ambiental.

Por otro lado, la planificación general define las necesidades de la red, pero no el detalle paso por paso de la ejecución de cada obra. Por tanto, una vez que la planificación global sea aprobada de forma definitiva, se procederá a la redacción del proyecto de ejecución concreto. Será en ese momento cuando se inicien formalmente los estudios de impacto ambiental específicos para el trazado entre Córdoba y Extremadura.

Hasta la fecha, la tramitación sustantiva y ambiental del proyecto de ejecución como tal aún no se ha producido, ya que depende de la aprobación previa del marco general de planificación para el horizonte 2030. Pese a ello, el carácter vinculante otorgado por la Ley del Sector Eléctrico garantiza que, una vez aprobada, la administración está obligada a autorizar y construir las infraestructuras contempladas en dicho plan.

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha destacado este lunes que desde el Ejecutivo central “se cumple total y absolutamente con las previsiones de plazos” para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela' en el polígono de La Rinconada, de manera que ha apuntado que “en principio la idea inicial era que para el año 2029 estaría funcionando la base y se cumple totalmente”.

En declaraciones a los periodistas, la representante del Gobierno español en la provincia ha dicho que espera que “cuando se empiece la ejecución de la obra se siga produciendo este seguimiento de los plazos”, en las próximas semanas.

Además, ha resaltado que “hay una empresa cordobesa que forma parte de la UTE” adjudicataria de uno de los dos lotes de inicio de actuaciones, como es Magtel y “que probablemente vaya a redundar en la creación de puestos de trabajo”, ha elogiado.

“Si está todo como esperamos que va a estar, en el año 2029 la base va a estar funcionando, se van a crear 1.700 puestos de trabajo, que se ofertan dentro de la oferta de empleo público en diferentes fases”, ha subrayado López, a lo que ha agregado que “se estima que unos 2.000 empleos indirectos van a estar alrededor de la base”, con “empresas del sector, de la digitalización y de la defensa”.

Por tanto, la subdelegada ha afirmado que “podemos sentirnos muy satisfechos porque una apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la provincia va a crear muchos puestos de trabajo”.

Arroyos de la capital y La Colada-Sierra Boyera

En cuanto a proyectos por venir de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), López ha comentado que el encauzamiento de los arroyos en la capital se está “revisando”, a la vez que ha indicado que “en el Real Decreto 5/2026, el de las borrascas, aparecía la posibilidad de la introducción dentro de las solicitudes de proyectos que pudiesen afectar a las inundaciones”, apuntando a la posibilidad de que lo haga el Ayuntamiento.

En relación al trasvase entre La Colada y Sierra Boyera, ha dicho que “lo hizo el Gobierno de España, es un trasvase que funciona perfectamente, que no hay que duplicar y que ese dinero que pretendía la Junta lo más lógico es que los dediquen a otra cuestión, como por ejemplo la depuración de las aguas que llegan a La Colada, que están haciendo que se contamine de una forma considerable, una competencia clara de la Junta de Andalucía”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el acuerdo de ampliación del plazo de prestación de los servicios ferroviarios de proximidad, después de tres años de experiencia piloto y en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en el transporte ferroviario de viajeros.

En concreto, el Gobierno ha autorizado continuar con cinco servicios ferroviarios de proximidad, por servicios físicos y/o sinergiados: entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba), Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia, que llevan en marcha desde 2023.

Durante un plazo de tres años, estos servicios se han prestado de forma ininterrumpida como una experiencia piloto, ampliable a toda la vigencia del contrato Administración General del Estado (AGE)-Renfe, previo acuerdo del Consejo de Ministros y siempre que se cumplan unos determinados niveles de utilización.

Así, se amplían ahora -hasta la finalización del mencionado contrato, incluida su posible prórroga- y serán revisados en el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de este acuerdo, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

Los servicios ferroviarios de proximidad son aquellos con frecuencias intermedias entre los servicios de cercanías y los servicios de media distancia, cuya función es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana en las zonas en las que esta exista, según establece La Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Tras la evaluación de los servicios ferroviarios de proximidad actualmente declarados como OSP se han considerado eficientes cuatro de los cinco servicios físicos de las relaciones examinadas: Palma del Río-Villa del Río, Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia.

Asimismo, los servicios sinergiados de todas las relaciones examinadas se consideran eficientes.

Por el contrario, se ha catalogado de muy baja eficiencia el servicio de Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, señala el Departamento ministerial liderado por Óscar Puente, que apunta que los servicios de proximidad están relacionados con el derecho a la movilidad de todas las personas, la cohesión territorial y la movilidad sostenible.

El Ministerio de Defensa sigue encauzando el proyecto clave para la ciudad de Córdoba de cara a un futuro a corto plazo: la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General de Ejército Javier Varela'. Tras varios meses de espera, la Mesa de Contratación ha propuesto formalmente a las entidades que se encargarán de la dirección de obra y la gestión integrada de la construcción de la Fase I.

Este proyecto, considerado por el Gobierno como una iniciativa estratégica “de Estado”, centralizará capacidades tecnológicas avanzadas en una superficie de 85 hectáreas cedidas por el Ayuntamiento de Córdoba. Con un presupuesto de licitación para estas asistencias técnicas superior a los 8,8 millones de euros, el objetivo es garantizar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de seguridad, sostenibilidad y plazos previstos para esta gran infraestructura nacional.

En lo que respecta a la dirección facultativa de las obras, que comprende los lotes 1 y 2, la Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL. Esta compañía ha obtenido las puntuaciones más altas en ambos apartados, con 94 y 93,9 puntos respectivamente, superando a otros licitadores como la UTE Ghenova-GIS o Prointec. Sus funciones técnicas incluirán la dirección de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, y el control de calidad.

Por su parte, el lote 3, dedicado a la gestión integrada de la construcción, ha sido propuesto para la UTE conformada por Investigación y Control de Calidad, SAU (Incosa), Areall Base de Proyectos SL y Artelia Spain, SLU. Con una puntuación final de 90,14, este unión será el encargado de coordinar todos los lotes y unificar los procedimientos durante la Fase I, imponiéndose a ofertas presentadas por firmas como Ayesa, CBRE o la UTE Typsa-Cemosa-Svam.

Tras esta propuesta de adjudicación, las empresas seleccionadas deberán presentar ahora la documentación acreditativa final, que incluye los currículums firmados y las titulaciones oficiales del personal técnico que se adscribirá al contrato.