Raquel Casado García (Montilla, 1980) ocupará el cargo de subdelegada del Gobierno en funciones en Córdoba tras el cese publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de Ana López Losilla, que deja el puesto para ir en la lista electoral del PSOE por la provincia cordobesa a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado a este periódico que Raquel Casado, que fue nombrada en 2025 jefa de la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, es ahora subdelegada en funciones y en próximos días tomará posesión del cargo.

Como ha avanzado Diario Córdoba, Raquel Casado llega al cargo siendo también concejala en el Ayuntamiento de Montilla. En política, en las elecciones municipales de 2015 ya fue en la lista del PSOE en Montilla y asumió la sexta Tenencia de Alcaldía, que llevaba aparejada la Delegación de Obras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Agricultura. En los comicios locales de 2019, Casado se convirtió en tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla, así como en delegada del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente. Y tras las últimas municipales, en 2023 se mantuvo como tercera teniente de alcalde al frente del Área de Infraestructuras y Medio Ambiente.

Casado es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba (UCO) y máster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid y por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Funcionaria de carrera, profesionalmente, ha ejercido como educadora ambiental y profesora en Secundaria y a nivel universitario, y en el ámbito técnico, ha trabajado en la Universidad de Córdoba y como Técnica de Medio Ambiente para el Ayuntamiento de Montilla, según la biografía que facilita la web del Consistorio montillano.

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación de seis contratos de concesión de obras para la construcción y explotación de ocho nuevas áreas de servicio en la Red de Carreteras del Estado (RCE) dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. El valor estimado de dichos contratos asciende a 611,9 millones de euros (IVA no incluido). Una de estas áreas estará ubicada en la Autovía del Sur A-4 en Montoro (Córdoba).

La litación, que se divide en seis lotes, contempla obras para construir ocho áreas de servicio en la A-2, A-3, A-4, AP-7 y A-8 en La Caridad (Asturias), Penagos (Cantabria), Calatayud (Zaragoza), Montoro (Córdoba), Perales de Tajuña (Madrid), Saelices (Cuenca), Algemesí (Valencia), y La Roca del Vallés (Barcelona). Cinco de estas áreas serán dobles, una en cada margen. Las ubicaciones seleccionadas son terrenos de titularidad estatal que se encontraban infrautilizados y se ponen a disposición para agilizar el desarrollo de estas nuevas áreas.

Dichas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la implantación de infraestructura de recarga en la Red de Carreteras del Estado. La iniciativa se alinea con los objetivos de reducción de emisiones del transporte y contribuye al cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/1804 sobre la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos (AFIR).

El principal objetivo de este programa piloto es contribuir a la descarbonización del sector del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica proporcionando un marco estable para la instalación y explotación de puntos de recarga, y mejorar la oferta de servicios al usuario en las carreteras del Estado.

El programa se despliega mediante contratos de concesión de obras, los cuales comprenden la redacción de los correspondientes proyectos de construcción, que deberán ser aprobados por la Dirección General de Carreteras, así como la financiación y ejecución por el adjudicatario de las obras. Tras ello, podrá explotar las instalaciones del área de servicio durante el plazo concesional, entre 20 y 25 años, a cambio del pago de un canon a la Administración.

Luz verde a seis contratos de concesión de obras

El valor estimado de los seis contratos de concesión de obras, correspondientes a los seis lotes, asciende a 611,9 millones de euros (IVA no incluido), de los cuales unos 78 millones de euros (IVA no incluido) se corresponden con la construcción de las áreas de servicio (denominadas obras de primera implantación).

En concreto, los presupuestos estimados para la construcción de las áreas de servicio (obras de primera implantación) a realizar por el adjudicatario, divididos por lotes, son los siguientes (IVA incluido):

 Lote 1: abarca dos áreas de servicio.

Lote 2: abarca dos áreas de servicio.

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar cuatro mociones en el Pleno ordinario del próximo jueves sobre cuatro infraestructuras que reivindica al Gobierno central y que, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas, dirige al Ejecutivo actual y -asegura- también al nuevo que surja de las urnas.

El portavoz del PP y del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que se trata de cuatro infraestructuras “pendientes” por parte del Gobierno de España en Córdoba y que pretende “tanto reivindicarlas hasta el último minuto” al actual Ejecutivo como “seguir apostando por las mismas en el caso de que haya un cambio en el Gobierno” tras las elecciones del 29N.

La primera moción se refiere a dar un impulso a las actuaciones de adecuación integral en la autovía del Sur A4 a su paso por Córdoba, una vía que “se está convirtiendo en ronda urbana y necesita unas condiciones de mantenimiento para el uso que tiene”. Como complemento, la segunda moción pide la ejecución de la Variante Oeste, “de tal forma que tengamos la autovía y se mejoren las condiciones de conservación en el tramo actual de la A-4 para que sirva como la ronda urbana que es a día de hoy”.

Como tercera moción se solicita la puesta en servicio de los apeaderos de tren en el Parque Joyero -el PP sostiene que es necesario para la cantidad de personas que acuden al Centro de Convenciones y ofrece la colaboración del Ayuntamiento-, así como el de la zona de Levante en Fátima,

Y, por último, el PP insta al Gobierno a culminar las obras de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde Vimcorsa tiene comprometida la adquisición de una parte para la construcción de 90 viviendas y los populares critican que lleve “tres años de retrasos” la actuación del Ejecutivo.

Se esclarece una de las principales causas de la contaminación de uno de los embalses más importantes del norte de Córdoba. Tal y como explica en un informe al que ha tenido acceso este periódico, la Confederación Hidrográfica del Guadiana sitúa a las actividades ganaderas en el centro del problema de calidad de las aguas en dicho pantano y en el río Guadarramilla. El documento responde a una solicitud de información ambiental formulada tras la detección continuada de niveles elevados de fosfato y amonio en una sonda que está ubicada en El Viso.

El documento técnico elaborado por la Comisaría de Aguas ha concluido que la causa fundamental de esta problemática no radica en los vertidos urbanos o industriales, sino que en la contaminación difusa por las explotaciones ganaderas. Según el análisis del organismo de la cuenca, el aporte excesivo de nutrientes está deteriorando el estado ecológico de las aguas de superficie, lo que provoca un proceso de eutrofización en el embalse.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha aportado una comparativa demográfica y ganadera en la que demuestra que en la cuenca de aportación de La Colada coexisten 28.180 cabezas de ganado bovino frente a 23.974 habitantes empadronados. Pese a ello, el 98% de las aguas residuales urbanas de los núcleos de población cuenta con tratamiento y depuración, pero no consta que el aporte excesivo del ganado reciba otro tratamiento que no sea como abono agrícola.

La Confederación remite la información a la Junta de Andalucía

Una práctica que provoca que la llegada final de nitrógeno y fósforo a los cauces dependa de la capacidad de absorción del terreno a los purines y al estiércol. Si la aplicación del abono supera las necesidades de las plantas o si dichos residuos se almacenan sin las garantías pertinentes, los nutrientes terminan filtrándose o siendo arrastrados por el agua hacia el río o el embalse, por eso cuando llovía esta contaminación aumentaba, como ha mencionado este periódico en ocasiones anteriores.

El documento del organismo de cuenca ha recordado además que parte de la superficie de la cuenca receptora de La Colada está catalogada oficialmente como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos. Esta declaración fue realizada originalmente por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 36/2008 y ampliada en noviembre de 2020. Por tanto, y en materia de competencias, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha recalcado que este trabajo recae en el Gobierno autonómico, a la que corresponde vigilar las instalaciones de almacenamiento de residuos de las granjas y aplicar la Ley de residuos y suelos contaminados.

Ante esta situación, la Confederación ha confirmado que ha trasladado estos hechos a la Junta de Andalucía, tanto durante la tramitación del Plan Hidrológico de la Demarcación como mediante escritos específicos. En dichas comunicaciones, el organismo nacional ha apelado a la administración regional para que active sus facultades de inspección ambiental y haga cumplir el Programa de Actuación en Zonas Vulnerables.

Un congreso que viene a refrendar el papel que puede cosechar la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba durante un plazo medio de tiempo. La capital cordobesa se ha convertido desde el miércoles al jueves en el epicentro de la defensa europea, congregando a numerosas autoridades en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. En esta segunda jornada, Indra, EM&E Group, Santa Bárbara, Diputación de Córdoba, Gobierno de España o Universidad de Córdoba, entre otras instituciones, han marcado una agenda donde la formación y el futuro de la BLET ha estado encima de la mesa.

Uno de los temas que cobrarán mayor relevancia en las próximas elecciones generales -y sobre todo en la campaña electoral- es el tema del Ingreso Mínimo Vita, dato que ha actualizado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con respecto al mes de septiembre y sitúa la cuantía media mensual por beneficiario en la provincia de Córdoba en 140,50 euros. Una prestación que está orientada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en hogares vulnerables.

En lo que respecta a los números globales en la provincia de Córdoba, los datos a los que ha tenido acceso este periódico indican que se encuentran activas un total de 27.326 prestaciones en territorio cordobés. El conjunto de personas protegidas por estas ayudas alcanza a 84.875 beneficiarios. Además, el perfil de la unidad de convivencia presenta un ratio medio de 3,11 beneficiarios por cada prestación concedida. Por tanto, el importe bruto total abonado en la nómina mensual de septiembre ascendió a 12.308.465,29 euros en la provincia.

Al analizar la dotación asignada a los hogares, la cuantía media mensual por hogar en Córdoba se sitúa en 436,38 euros. Este dato refleja la prestación económica mensual media que perciben las unidades familiares tras aplicar las escalas y diferenciales vigentes.

Los datos de Córdoba con respecto a Andalucía...

Ahora toca comparar dichos datos con la realidad autonómica. Ahí se constata que la provincia cordobesa queda por debajo de la media andaluza. En el conjunto de Andalucía se contabilizan 279.969 prestaciones y 866.877 beneficiarios, siendo la cuantía media mensual por beneficiario de 156,41 euros. Esto implica que un beneficiario en Córdoba percibe de media casi 16 euros menos al mes que el promedio andaluz.

En la comparativa entre las ocho provincias andaluzas, Córdoba (140,50 euros) se posiciona en la parte baja de la tabla. Queda notablemente distanciada de provincias como Granada (192,22 euros por beneficiario) o Málaga (180,69 euros), situándose en un rango similar al de Huelva (140,45 euros) y únicamente por encima de Jaén (137,24 euros). Asimismo, del importe bruto total de la nómina andaluza (141.032.253,90 euros), Córdoba absorbe un 8,7% del total regional.

En la asignación por hogar a nivel autonómico, Andalucía registra un promedio de 484,29 euros mensuales con un ratio de 3,10 beneficiarios por prestación. La cifra autonómica supera en casi 48 euros la prestación media recibida por las unidades de convivencia cordobesas.

... y a nivel estatal

Al ampliar la perspectiva hacia el conjunto del país, las diferencias se acentúan aún más si cabe. En toda España, el Ingreso Mínimo Vital alcanza las 905.792 prestaciones y protege a 2.761.686 personas beneficiarias, representando un desembolso bruto mensual de 479.286.993,39 euros.

En el ámbito nacional, la cuantía media mensual por beneficiario es de 164,48 euros, lo que supone una diferencia de casi 24 euros mensuales por encima de los 140,50 euros registrados en Córdoba. Del mismo modo, la cuantía media estatal por hogar se sitúa en 501,49 euros (con un ratio medio de 3,05 personas por hogar), superando en más de 65 euros a la media por hogar de la provincia cordobesa.

Después de un año donde ha habido un descenso en los casos, Córdoba está atravesando un repunte sostenido en los últimos meses. Según los datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior y a los que ha podido acceder este periódico, la provincia cerró septiembre de 2026 con un total de 2.226 casos activos. Esta cifra confirma una tendencia al alza que ha llevado a rebasar de forma continuada el umbral de los 2.220 expedientes con protección o seguimiento policial activo.

Al analizar dicha evolución en los últimos dos meses, la comparación de los datos de septiembre de 2026 con sus dos precedentes refleja un incremento que roza los cien casos. A 31 de julio de 2026, la provincia contabilizaba 2.142 casos activos, número que ascendió a 2.210 casos al finalizar agosto y que volvió a incrementarse en septiembre hasta situarse en 2.226 expedientes. En conjunto, en tan solo dos meses transcurridos entre julio y septiembre, los casos activos se han incrementado en 84 unidades.

Unos datos que mantienen una tendencia más allá de los últimos 60 días

Si se amplía la perspectiva al último cuatrimestre, la comparativa revela una escalada ininterrumpida desde justo antes de verano -aunque Córdoba se puede considerar verano incluso mayo-. En junio, el registro marcaba 2.130 casos activos en la provincia. La secuencia posterior no ha experimentado tregua: 2.142 en julio, 2.210 en agosto y 2.226 en septiembre. Así, en el transcurso de estos cuatro meses, los casos activos en Córdoba han aumentado en 96 expedientes, rozando nuevamente el centenar de incremento acumulado desde el inicio del verano.

Asimismo, y dentro de los datos que aporta el Ministerio del Interior, los expedientes valorados han experimentado una evolución muy parecida en la provincia. Córdoba comenzó el verano con 2.079 casos valorados en junio, cifra que creció a 2.092 en julio, se elevó a 2.161 en agosto y culminó en 2.176 valoraciones activas en septiembre.

El impacto de este fenómeno se extiende también a la infancia, tal como reflejan los datos sobre menores a cargo de las víctimas en Córdoba. En junio se contabilizaban 1.192 casos con menores a cargo, un indicador que ascendió a 1.195 en julio, 1.225 en agosto y 1.234 en septiembre. En solo cuatro meses, 42 nuevas familias con menores han entrado en el ámbito de cobertura y vigilancia del sistema.

En cuanto al nivel de gravedad de los casos activos registrados en septiembre de 2026, las estadísticas provinciales detallan que 449 expedientes estaban calificados como de especial relevancia, de los que 39 presentaban riesgo alto y dos riesgo extremo. Asimismo, la provincia registró 77 casos con menores en situación de riesgo directo, de los que 7 se encontraban en nivel de riesgo alto.

Los datos a nivel nacional y regional

Andalucía contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 28.355 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, lo que supone el 26,5% de toda España. A nivel nacional, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo. De la cifra global 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 14.097 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 19 de ellos en riesgo extremo, 1.087 en alto y 12.991 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, Andalucía es la que registra mayor número de casos activos de violencia de género seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.

Asaja Córdoba ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentando “el retraso en el abono de las ayudas directas por el tren de borrascas de enero y febrero”, advirtiéndole en la misiva que “el 40 % de las ayudas sigue sin llegar a los agricultores y ganaderos afectados, mientras numerosas explotaciones continúan asumiendo con sus propios recursos las consecuencias de los temporales”.

Según ha informado la organización agraria en una nota, entre quienes aún no han recibido “ni un solo euro se encuentran las comunidades de bienes, las sociedades civiles y los titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025, además de agricultores y ganaderos pendientes de la corrección de errores en los anteriores listados. Todos ellos siguen a la espera de una tercera relación de potenciales beneficiarios que el Ministerio todavía no ha publicado”.

En este sentido, la patronal agraria ha recordado que “el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado el 17 de febrero, se presentó como una respuesta urgente a los daños, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, previa aceptación de los interesados. El Ministerio efectuó un primer pago el 29 de mayo y un segundo el 30 de junio, que suman 1.304 millones de euros destinados a 110.074 agricultores y ganaderos. Sin embargo, desde entonces no se ha publicado ningún nuevo listado que permita avanzar en el pago a los titulares pendientes”.

“No hay ninguna razón que justifique que un agricultor o ganadero cobrara en mayo y su vecino, con los mismos daños, siga esperando porque su explotación está a nombre de una comunidad de bienes o de una sociedad civil. Son explotaciones familiares y profesionales, con formas jurídicas habituales en el campo, que sufrieron las mismas borrascas y necesitan la misma respuesta*, han señalado desde Asaja Córdoba, quie ha insistido en que ”esta demora tiene consecuencias directas sobre la economía de las explotaciones“, pues ”los afectados llevan meses pagando reparaciones y soportando la pérdida de ingresos por la disminución de sus cosechas, al tiempo que deben afrontar los elevados costes de la nueva campaña: semillas, abonos, gasóleo, jornales y cuotas de préstamos“.

Para Asaja Córdoba, la demora “resulta incompatible con el carácter urgente con el que se anunciaron estas medidas”, argumentando que “una ayuda urgente que llega ocho o diez meses tarde pierde su finalidad”, de modo que, cuando “hay dinero presupuestado y sin gastar; lo que falta es agilidad para que llegue a las explotaciones afectadas”.

Junto a ello, la patronal agraria ha expresado su preocupación por que la convocatoria anticipada de elecciones generales “pueda añadir nuevos retrasos a la publicación del tercer listado y al pago de las ayudas pendientes”, avisando Asaja al Ministerio que “el calendario electoral no puede convertirse en una nueva demora para quienes llevan meses esperando. Los agricultores y ganaderos necesitan garantías de que el listado pendiente se publicará y las ayudas se pagarán antes de que termine el año”, y así se lo ha pedido en la mencionada carta al ministro Planas, al que ha pedido “un calendario de pago con fechas concretas, que garantice el abono antes de que termine el año”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si “¿puede el Gobierno confirmar cuándo se prevé la apertura de la línea Córdoba-Bobadilla, que pasa por municipios como Aguilar de la Frontera, Montilla o Puente Genil?”, en la provincia cordobesa.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie al respecto, también por escrito, dada la necesidad que hay, según entiende el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, de que se consolide, “de manera definitiva, el tren de proximidad” en Córdoba y en sus conexiones con provincias limítrofes.

A este respecto y en la exposición de motivos de su pregunta al Ejecutivo central, Santiago ha recordado que “la línea ferroviaria 400, que conecta el Alcázar de San Juan (Toledo) con Cádiz y que sirve de eje vertebrador para las conexiones de tren en Andalucía, va a ser cortada por obras al Sur de Almuradiel (Ciudad Real). Esto supone que el tráfico ferroviario entre Jaén y Córdoba continuará interrumpido hasta otoño de 2027, pese a que ya han sido reparados todos los daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la línea a comienzos de año”.

Por ello, según ha opinado Santiago, “debe de consolidarse de manera definitiva el tren de proximidad con algunas propuestas. Una de las prioridades debe ser la ampliación de la línea Córdoba-Bobadilla, en paradas como Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil”.

Además, a su juicio, “también es importante crear apeaderos” en la capital cordobesa, en concreto “en Chinales, Barriada de los Ángeles y en Córdoba Mercancías, que diera cobertura a los trabajadores del complejo ferroviario de El Higuerón, que actualmente tienen que desplazarse por sus medios”. Además, “hay que estudiar la posibilidad de ampliar paradas a municipios como El Carpio o Montoro, donde solo habría que recrecer los andenes de las estaciones”.

Base de Mantenimiento de Córdoba

Por otro lado, el diputado de Sumar por Córdoba ha señalado que “existe una problemática en la Base de Mantenimiento de Córdoba (BM), que se encarga de la reparación de material remolcado”, pues, “recientemente ha aumentado la preocupación por el futuro del taller debido al crecimiento de trenes autopropulsados y a la externalización de cargas de trabajo, teniendo en cuenta que este tipo de bases trabajan directamente con la Sociedad Mercantil Estatal (SME) de Mercancías”.

Actualmente, según ha precisado Santiago, “las unidades motoras utilizadas en el corredor son reparadas en la Base de Mantenimiento de Sevilla, con la pérdida de tiempo que supone el desplazamiento a esta base y el retorno” desde la misma, “pudiendo la BM de Córdoba ser aprovechada para esta cuestión”, considerando el portavoz de IU en el Congreso que “sería positivo, por tanto, que las unidades motoras que hagan el corredor del Guadalquivir sean reparadas en la BM de Córdoba, suponiendo un ahorro en coste de desplazamiento y agilizando el trabajo”.

Sin embargo, según ha lamentado, el cierre de la mencionada línea 400 “impide la llegada de material rodante para su reparación”, ya que “normalmente era la línea utilizada para hacer llegar los vagones que se reparan en la BM de Córdoba, obligando a realizarlas por la línea Sevilla-Zafra, que carece del personal suficiente y tiene limitaciones en la infraestructura necesaria para estas reparaciones”.

Por eso, según ha subrayado Santiago, “es imprescindible que se tome con seriedad la problemática de la Base de Mantenimiento de Córdoba, en cuanto a buscar soluciones que permitan la llegada de material para su reparación, y que se dote de los medios necesarios a la línea de Sevilla-Zafra, que permitan un tránsito aceptable mientras dure la situación anteriormente expuesta”.

En base a todo ello, el diputado por Córdoba ha preguntado al Gobierno central “¿cuál es el motivo por el que no se les adjudica actualmente una mayor carga de trabajo?” a la Base de Mantenimiento de Córdoba, “justificando así su mantenimiento y la seguridad laboral de su plantilla”, y ¿qué otras medidas implementará el Gobierno para asegurar el futuro del empleo de la Base de Mantenimiento de Córdoba?“.

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha celebrado este jueves la inclusión del eje Maguilla-Peñarroya y su subestación como proyecto preferente en la Planificación Eléctrica 2025-2030, una decisión que ha calificado como “una magnífica noticia para Córdoba, especialmente para el Guadiato y Los Pedroches”, y ha reclamado al Gobierno central que concrete su presupuesto.

En una nota, Molina ha destacado que este logro es fruto del “diálogo y el rigor” y del trabajo conjunto de la Junta con ayuntamientos, Diputación, empresarios y sindicatos, que permitió presentar unas “enmiendas técnicas impecables” cuando el proyecto estaba inicialmente fuera de la planificación.

“Andalucía ha hecho los deberes en renovables como nadie a nivel nacional y es justo que nuestros proyectos sean ahora prioritarios”, ha señalado.

El delegado ha subrayado que ahora hay que “pasar de la planificación a la realidad” y ha reclamado al Gobierno de España que “informe cuanto antes sobre la previsión presupuestaria concreta para esta infraestructura y el calendario real de ejecución”.

“Llevamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado y, por eso, es fundamental saber cómo se va a financiar este proyecto, qué partida económica está prevista y cuáles son los plazos reales. Desde la máxima lealtad institucional, pedimos esa información porque Córdoba necesita certezas”, ha afirmado.

Molina ha reiterado el compromiso de la Junta para agilizar su parte de la tramitación, asegurando que “vamos a trabajar para simplificar y agilizar al máximo todos los trámites que dependan de nosotros. Queremos ser aliados para que la burocracia sea cero y las obras empiecen cuanto antes”.

Más de 1.200 kilómetros en Andalucía

En el caso de Andalucía, la nueva propuesta del Ministerio prevé construir 19 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 1.283 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 651 Km de tendidos para incrementar su capacidad.

Además, se consideran preferentes varios ejes que conectan la Comunidad con Extremadura, Castilla-La Mancha, el eje Sur-Levante-Aragón, el refuerzo de la red en Jaén y actuaciones para mejorar la estabilidad del sistema con nuevos equipos, como 10 reactancias o dos compensadores síncronos.

En conjunto, el MITECO plantea atender una demanda adicional de 5 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. La industria, incluyendo la producción de hidrógeno, es la gran protagonista, con el 70% de las demandas cubiertas; el resto corresponde a nuevos desarrollos de vivienda, descarbonización de puertos y red ferroviaria, electrificación del transporte…

También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 8 GW, principalmente para instalaciones eólicas y solares, a las que se añade 1 GW adicional para almacenamiento, incluyendo nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

El MITECO lanzó a pública audiencia la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2030 en octubre de 2025, para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, otorgando prioridad a los proyectos industriales. Planteaba una inversión de 13.600 millones, con vistas a atender 27,7 GW de peticiones de acceso para demanda desde la red de transporte, destinadas a proyectos industriales, vivienda, hidrógeno verde, electrificación ferroviaria y portuaria…

Tras el análisis de las alegaciones recibidas, el MITECO ha diseñado una nueva Propuesta que prevé una inversión superior a los 17.000 millones, un 144% por encima de los 6.964 millones originales de la vigente Planificación con horizonte 2026, y muy lejos del volumen de inversión de otras planificaciones anteriores.

En el nuevo texto las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52%, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59.

También ha aumentado el número de parques de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros.

El colectivo Inquilinas de Córdoba ha hecho un llamamiento a participar este jueves 1 de octubre en una concentración y cacerolada ante el Ayuntamiento de Córdoba para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda. La protesta está prevista a las 20.30 horas y la plataforma reclama a los grupos políticos que apoyen el denominado decreto ‘Maricarmen’.

La movilización se enmarca en las protestas convocadas por los sindicatos de inquilinas en distintos puntos del Estado, que han llamado a realizar este jueves caceroladas frente a los ayuntamientos a partir de las 20.00 horas con el objetivo de reclamar a los grupos parlamentarios la convalidación de los dos decretos ley en materia de vivienda que, según sostienen, han sido impulsados por la presión de las movilizaciones sociales.

En Córdoba, la plataforma ha trasladado la convocatoria a las puertas del Ayuntamiento y ha animado a la ciudadanía a sumarse a la protesta. La concentración pretende poner el foco en las dificultades de acceso a la vivienda y en las medidas que las organizaciones consideran necesarias para hacer frente a la situación.

Además, el Movimiento por la Vivienda de Córdoba ha convocado una segunda movilización para este domingo 4 de octubre. La protesta comenzará a las 19.00 horas en la plaza de Costasol, atravesará Ciudad Jardín, Las Tendillas y acabará en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este miércoles “a los diputados y diputadas por Córdoba del PP que apoyen los dos decretos de vivienda que el Gobierno de España someterá este viernes a convalidación en el Congreso, tras la crisis abierta por el desahucio de Maricarmen, y que incluyen medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, regulación de determinadas modalidades de alquiler y medidas dirigidas a favorecer el acceso a una vivienda asequible”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha situado estas medidas en el contexto de “la dificultad creciente para acceder a una vivienda, con más de 12.000 demandantes de VPO y esperas de hasta 25 años al ritmo actual de construcción en la provincia de Córdoba”, y ha defendido que “la vivienda es un derecho y no un negocio”, al tiempo que ha reclamado a todas las administraciones que ejerzan las competencias que tienen atribuidas.

“El problema de la vivienda no puede abordarse mirando hacia otro lado. Hace falta proteger a las familias, aumentar el parque de vivienda asequible y actuar frente a los precios que están dejando fuera del mercado a miles de personas”, ha señalado, para criticar la “gestión de brazos caídos” del Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) en Andalucía y su “absoluta falta de voluntad política, al dejar sin ejecutar más de 1.600 millones de euros destinados a políticas de vivienda desde 2020”.

Crespín ha puesto cifras a esa “dejadez del PP” en la provincia, precisando que “en la última década, Córdoba solo ha cumplido el 18% de lo que exige la ley, con menos de 200 VPO en la provincia”. Así, ha indicado que “la parálisis de la vivienda pública en nuestra provincia lleva la marca del PP y la indolencia de Moreno”.

La dirigente socialista ha insistido en que en la provincia “más de 12.000 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en la provincia, de ellas alrededor de 7.500 en Córdoba capital, según los datos municipales aportados por Vimcorsa”.

Crespín ha advertido que “el problema no es únicamente el volumen de personas que esperan una vivienda protegida, sino la escasa capacidad de respuesta de la oferta”. Según los datos trasladados por el PSOE, “la demanda incorpora unas 1.770 nuevas solicitudes cada año y se producen alrededor de 5,3 nuevos demandantes por cada vivienda entregada, una relación que mantiene una lista de espera que, al ritmo actual, podría equivaler a unos 25 años”.

“En Córdoba se apuntan cinco familias a la lista de vivienda protegida por cada una que recibe una casa. Esa es la realidad que hay detrás de cualquier balance triunfalista”, es decir, “personas que esperan durante años mientras la oferta no crece al ritmo que necesitan las familias”, ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha señalado igualmente que la construcción de vivienda protegida en la provincia se ha situado durante la última década “muy por debajo de los objetivos establecidos en la normativa andaluza”. Como ejemplos, ha citado que en 2022 la vivienda protegida representó apenas el 2,1% de las 1.091 viviendas visadas, mientras que en 2023 supuso el 8,4% de las 978 viviendas visadas, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

En la capital, Crespín ha denunciado el “mandato fallido” en materia de vivienda del gobierno municipal que encabeza el alcalde, José María Bellido (PP), pues “no ha entregado ninguna promoción de VPO en venta”, ni tampoco ha ampliado el parque público de alquiler, “que se mantiene estancado en 965 viviendas”, lo que evidencia que “para el PP el problema de la vivienda no es una prioridad, sino un negocio redondo con un derecho básico. No es normal que las viviendas se conviertan en pisos turísticos y los locales comerciales en viviendas. Es el mundo al revés”.

“Córdoba necesita vivienda protegida de forma urgente y sostenida. No podemos aceptar que una persona que se inscribe hoy deba esperar décadas para acceder a una vivienda mientras la demanda continúa creciendo año tras año”, ha señalado.

Crespín ha reclamado por ello a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan específico de vivienda asequible, con especial atención al incremento del parque público y protegido, y la rehabilitación y la promoción de vivienda destinada a familias con dificultades para acceder al mercado libre.

En este sentido, ha recordado que la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía atribuye a la Administración autonómica competencias en materia de planificación, promoción y protección de vivienda, mientras que contempla también la coordinación con los ayuntamientos y la programación de actuaciones para incrementar el parque público y protegido.

“La Junta tiene competencias y herramientas. Lo que hace falta es utilizarlas para responder a las necesidades de las familias y no limitarse a anunciar cifras que no consiguen reducir las listas de espera”, ha afirmado.

Por otro lado, Crespín ha reclamado que Andalucía “aproveche los recursos puestos a disposición por el Gobierno de España”, ya que “el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 718,2 millones de euros de financiación estatal para Andalucía, a los que se suma una aportación mínima de 478,8 millones de la comunidad autónoma, lo que supone una movilización prevista de 1.197 millones de euros en cinco años. La Junta ya recibió en agosto los primeros 136,8 millones correspondientes a la anualidad de 2026”.

“Hay financiación, hay instrumentos y hay una necesidad evidente. Lo que reclamamos es que las administraciones trabajen juntas y que ese dinero se traduzca en viviendas asequibles que lleguen realmente a las familias”, ha añadido.

La secretaria general socialista también ha defendido la aplicación en Andalucía de “las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda para aquellas zonas donde exista una especial presión sobre los precios del alquiler”. En Córdoba capital, Crespín ha señalado que el Ayuntamiento también dispone de instrumentos para intervenir sobre el mercado residencial y ha citado, entre ellos, las políticas relacionadas con la vivienda turística y el desarrollo de suelo y promociones destinadas a vivienda asequible.

Por último, ha considerado que el debate sobre los decretos que llegan este viernes al Congreso “debe abordarse desde las medidas concretas que incorporan para proteger a las personas vulnerables y mejorar el acceso a la vivienda”.

En este punto, ha insistido en que el PP “tiene ahora una oportunidad de oro para dejar de ser el representante político de los fondos buitre y ponerse del lado de quienes necesitan acceder a una vivienda”, porque “la vivienda tiene que volver a estar en el centro de las políticas públicas. Córdoba no puede permitirse que miles de familias permanezcan durante años en una lista de espera mientras la oferta de VPO sigue siendo insuficiente”, ha concluido Crespín.

La gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia de Córdoba ha reflejado durante los meses de julio y agosto de 2026 “unos elevados niveles de eficacia operativa y fortaleza económica”.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, en materia de tramitación de prestaciones, el Área de Jubilación, Muerte y Supervivencia ha acortado “significativamente” sus tiempos de respuesta, resolviendo los expedientes de jubilación en 4,07 días en julio y registrando en agosto “una marca récord” de sólo 3,03 días.

Asimismo, las prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor ha mantenido “una resolución ágil”, con demoras medias de 3,3 días en julio y 5,2 días en agosto. Por último, los expedientes de Incapacidad Temporal se han resuelto en menos de ocho días.

Respecto a las pensiones contributivas, la pensión media provincial ha alcanzado los 1.160,89 euros en julio (1.325,97 euros en jubilación) y se ha situado en 1.162,08 euros en agosto (1.327,17 euros en jubilación). El número total de pensiones abonadas ha ascendido a 186.059 en julio y 186.445 al cierre de agosto, algo que ha supuesto una inyección mensual en la economía provincial de más de 238 millones de euros. La cifra total destinada al pago de prestaciones en la provincia entre enero y julio ha superado los 1.866 millones de euros.

En cuanto al mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social ha cerrado julio con 311.000 ocupados (+2,12% interanual) y agosto con 310.207 afiliados (+1,62% interanual). “Pese a la desaceleración estacional veraniega en el sector agrario y en la hostelería, la provincia ha consolidado en agosto un incremento estructural de 4.939 trabajadores cotizantes más que en el mismo período del año anterior”, han destacado.

En el área de recaudación y gestión económico-financiera, la TGSS ha registrado “un significativo grado de ejecución”. La recaudación ejecutiva acumulada de enero a julio ha alcanzado los 23 millones de euros. Por su parte, la recaudación voluntaria acumulada hasta julio se ha elevado a 1.268,67 millones de euros. Asimismo, se han otorgado 1.419 aplazamientos de deuda en lo que va de año para facilitar el pago a empresas y autónomos.

“Impacto real de las políticas”

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha calificado como “muy positivos” estos resultados, subrayando que “las cifras alcanzadas en el arranque de 2026 acreditan el impacto real de las políticas públicas del Gobierno de España para consolidar el empleo, fortalecer las pensiones y garantizar una red de protección social eficaz que no deja a nadie atrás”.

En su intervención, ha trasladado “un reconocimiento explícito al conjunto de empleados públicos del INSS, de la TGSS y de la red de oficinas de atención presencial (Caiss) distribuidas por la provincia”, porque “resolver expedientes de jubilación en 7,78 días o tramitar la prestación por nacimiento en tres días demuestra el altísimo nivel de profesionalidad, vocación de servicio público y compromiso con el ciudadano que caracteriza a las plantillas de la Seguridad Social en Córdoba”.

Así, la Subdelegación del Gobierno ha reafirmado “el compromiso del Ejecutivo central con la modernización de la Administración General del Estado, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la atención integral y cercana a los trabajadores, familias y pensionistas de la provincia”.

Las últimas lluvias de finales del 2025 y principios de 2026 han hecho mella en gran parte de los pantanos de Andalucía. Con más agua en las reservas, pero con la posibilidad de que las estructuras estuviesen dañadas. Es por ello que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más concretamente la Dirección General del Agua, ha adjudicado el contrato para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las presas de Córdoba.

Dicha resolución oficial ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha recaído en la unión temporal de empresas formada por Sacyr Conservación SA y AIN Active SLU. Un contrato que se ha formalizado por un importe de 6.712.752,50 euros -impuestos incluidos- cuando la licitación inicial superaba los 15 millones. Además, este pliego contempla de ejecución inicial de 36 meses.

La licitación ha contado con una amplia participación empresarial al registrarse un total de 23 ofertas, todas ellas presentadas por pymes. Además, el ámbito de actuación comprende la realización de trabajos continuos de inspección, auscultación, conservación y vigilancia en 15 presas y embalses adscritos a la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la zona. Entre dichas infraestructuras se encuentran:

Los trabajos operativos previstos en el contrato se estructuran en tres bloques funcionales. El Grupo I abarca los servicios de planificación, control, inspección y mantenimiento preventivo de los servicios esenciales y los órganos de desagüe. El Grupo II aborda las labores de mantenimiento correctivo en elementos hidromecánicos, obras civiles, edificación, instalaciones eléctricas y caminos de acceso. Por último, el Grupo III contempla actuaciones de carácter excepcional para atender urgencias, emergencias o estudios técnicos específicos ordenados por la dirección del contrato.

Un pilar técnico del servicio será el soporte para el funcionamiento y actualización del programa informático Sipresas (Sistema de Información de Presas), alojado en los servidores centrales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Esta herramienta digital centraliza el registro diario de datos de auscultación e inspecciones de la cuenca. Los profesionales de la adjudicataria trabajarán en colaboración con la Dirección de Explotación del organismo de cuenca.

Aunque la zona operativa del contrato se centra administrativamente en Córdoba, la red de embalses atendida se extiende a términos municipales limítrofes en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada, como algunas de las mencionadas anteriormente. Estas infraestructuras resultan vitales para el ecosistema socioeconómico regional, al asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones e industrias, el riego agrícola, la producción hidroeléctrica y la defensa frente a avenidas e inundaciones.

La concentración convocada por Stop Desahucios y Movimiento por la Vivienda tras el desahucio de Maricarmen durante la pasada semana en Madrid ha sido objeto mediático en las últimas horas. Más de 100 personas han acampado a las puertas de las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pidiendo una serie de decretos que han sido desvelados este martes en el Consejo de Ministros. Aunque, como todo, esta iniciativa tenía fecha de caducidad.

Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, la concentración, que se inició el lunes con más de 1.000 personas en el entorno de la plaza de la Constitución, estaba planeada para que se terminara durante la tarde de este martes. Ahora bien, estaba condicionada a continuar por si ocurría algo extraordinario en el Consejo de Ministros, pero todo ha transcurrido como se esperaba. Sin embargo, aquí no ha quedado todo.

Stop desahucios y Movimiento por la Vivienda ha convocado una manifestación por la vivienda este domingo a partir de las 19:00 que saldrá desde la plaza de Costasol y que acabará en el Ayuntamiento de Córdoba. Todo ello en busca de luchar por una serie de decretos justos, tanto a la hora de la compraventa de inmuebles como del alquiler. Y todo lo que engloba ello. Esta decisión ha sido tomada por una asamblea de ambas plataformas y ha sido secundada por los asistentes.

Una concentración que dio de qué hablar

La concentración estaba prevista para este lunes, y los primeros minutos de la iniciativa hacía prever que no iba a ser muy participativa, pero no. Con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que, finalmente, se congregaron más de 1.000 personas. Pero lo importante no era la acumulación de gente, que también, sino que había manifestantes con la intención de acampar.

Y así fue. Unas 150 personas hicieron noche en la plaza de la Constitución en una concentración que ha dejado claro lo que la sociedad cordobesa le importa la vivienda. “Es necesario garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, recalcó una plataforma de Stop Desahucios que pidió “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

“¡De esta plaza, no nos vamos!”. Así fueron los cánticos justo antes del despliegue de unas tiendas de campaña que con el paso de los instantes fue a más. Una noche larga, pero que tiene un mensaje fuerte de lucha y acción por uno de los principales derechos de la sociedad española.

El desahucio de Maricarmen, en detonante

Y es que esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Ahora, todo en principio ha acabado. Los manifestantes ya descansan en sus casas, pero la intención de seguir protestando no se queda aquí. Stop Desahucios ha convocado para este domingo una iniciativa para seguir luchando por un decreto que mejore el estado de la vivienda.

Parte de la sociedad ha optado este lunes -y en jornadas anteriores- por manifestarse en contra de la política tanto del Gobierno central como de sus respectivas autonomías que se están siguiendo con la vivienda en los últimos años. La subida de la compraventa, unido a un alquiler inasumible en varios puntos del país, ha hecho que mucha gente esté bastante preocupada por esta situación, pero ha habido un hecho que ha servido para comenzar con las movilizaciones. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado que una multitud se concentre en Córdoba durante esta jornada, más concretamente en la Plaza de la Constitución.

En primer lugar, parecía que la concentración iba a ser minoritaria. Alrededor de unas 200 personas se citaban frente a las delegaciones del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía al grito de “¡Maricarmen, Maricarmen!”, e incluso un único valiente se atrevía con una tienda de campaña. Sin embargo, y con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que finalmente se congregaron más de 1.000 personas.

“Maricarmen ha marcado un camino”

En primera instancia, la plataforma Stop Desahucios cogió el megáfono para leer su escrito en el que explicaban que se quedarían en la calle para defender “el derecho al techo, al derecho a la vivienda”. Tanto es así que la organización ha explicado que es necesario “garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, por lo que piden “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

Siguiendo en este mismo hilo, la plataforma ha exigido un decreto que “defienda los derechos de verdad” para tener una “constitución mejor de la que tenemos”. Asimismo, también ha denunciado la especulación que existe, por lo que “tenemos que hacer frente a todo esto”. “La gente de la Junta de Andalucía no ha hecho nada al respecto. El año pasado sacó ley que lo único que hace es facilitar que se siga haciendo el negocio inmobiliario. Maricarmen ha marcado un camino y lo ha dicho muy claro”.

Y comienza la acampada

Al grito de “¡No nos moverán!”, y de “¡De esta plaza, no nos vamos!”, decenas de manifestantes allí presentes se han sentado en el suelo y han comenzado a desplegar todas las tiendas de campañas disponibles. El colectivo Movimiento por la Vivienda también ha estado presente en la Plaza de la Constitución y han sido los primeros en clamar por esta posibilidad. “Creíamos que era necesario hacer una votación para decidir si nos quedábamos o no, pero creo que no hace falta”, explicaron desde la plataforma Stop Desahucios.

Y allí tenían la firme intención de hacer noche hasta que acabase el Consejo de Ministros del Gobierno de España que se celebra durante la jornada del martes. Varios furgones de la Policía Nacional quedaban parados a la entrada de la avenida Conde de Vallellano a la espera de que la concentración no vaya a mayores, pero lo que es cierto es que decenas de manifestantes iban a acampar en plena Plaza de la Constitución.

Todo ello por el desahucio de Maricarmen

Esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Un proceso que se está alargando en el tiempo, pero que, al menos, continúa avanzando. En la última respuesta ofrecida en el Senado, el Gobierno de España ha precisado que la implantación del servicio de control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba se encuentra actualmente a la espera de disponer de todos los informes técnicos preceptivos favorables emitidos por los diversos organismos públicos implicados. Según detalla la contestación a la iniciativa de los parlamentarios populares, el procedimiento se rige por la norma que regula la habilitación de pasos fronterizos en recintos aeroportuarios mediante orden ministerial.

En dicha comunicación parlamentaria, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha aclarado que el proceso de autorización administrativa requiere el dictamen favorable del departamento u órgano del que dependa la infraestructura. En estos momentos, la tramitación continúa abierta mientras se recopilan las valoraciones técnicas de todas las entidades públicas afectadas.

Apoyo por parte de todos los partidos políticos

Esta última noticia por parte de la Administración central sigue a la postura fijada desde el ámbito municipal hace unos meses. En el Pleno celebrado el pasado 12 de marzo, la totalidad de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- respaldaron de forma unánime una moción conjunta para exigir al Gobierno la dotación de este control en la terminal cordobesa. La iniciativa aprobada en la corporación local subrayaba la relevancia de habilitar el aeropuerto como frontera exterior del espacio Schengen, condición imprescindible para posibilitar la llegada y salida de vuelos internacionales procedentes de países extracomunitarios.

Asimismo, la moción aceptada por todos los partidos insistía en que la apertura del control de pasaportes debe ir acompañada obligatoriamente de los medios operativos necesarios. En concreto, dicha petición instaba al Ministerio del Interior a proveer las instalaciones con los recursos materiales y humanos de la Policía Nacional indispensables para garantizar el servicio. De dicho pronunciamiento se dio traslado formal tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como al Ministerio del Interior para certificar el consenso institucional de la capital.

Por otro lado, y ya en octubre de 2025, el Ejecutivo había informado en el Senado de que el Ministerio del Interior mantenía en estudio la solicitud formal remitida por Aena para la apertura de la aduana y del control de fronteras en la infraestructura cordobesa. En aquel momento, el Gobierno confirmó que el gestor aeroportuario aún no contaba con la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque la propuesta respondía a la demanda recurrente de sectores económicos e instituciones locales para reforzar la conectividad y competitividad de la provincia.

Según la información facilitada por el Ejecutivo central, en caso de obtener el visto bueno definitivo, las labores de verificación documental se llevarían a cabo mediante la instalación de casetas de control específicas en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Esta distribución permitiría canalizar de forma diferenciada a los pasajeros de vuelos con origen o destino fuera del entorno Schengen.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si “¿intervendrá el Ministerio de Economía ante las autoridades japonesas para que estas pidan a la empresa Hitachi que respete los derechos laborales y atienda las justas reclamaciones de la plantilla de su fábrica en Córdoba?”.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie, también por escrito, sobre el conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa ante la falta de acuerdo entre empresa y sindicatos respecto al convenio colectivo y por las contrataciones externas que realiza la multinacional japonesa.

En este contexto el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados también ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cómo valora la actuación de vulneración de los derechos labores de los trabajadores de Hitachi Córdoba por la empresa?”, y “¿qué medidas adicionales planea tomar el Gobierno para que Hitachi devuelva cualquier subvención o exención fiscal recibida?”.

A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta registrada por Santiago esta misma semana, los trabajadores de Hitachi “se encuentran en una tensa situación tras una huelga indefinida que se suspendió a 7 de marzo” pasado, reivindicando “mejores condiciones, creación de empleo, renovación de convenio y mejor trato para la plantilla” y, “en medio de estas reivindicaciones, la empresa sancionó a 76 huelguistas” con “suspensión de empleo y sueldo” durante cuatro meses, si bien los juzgados de lo Social “ordenaron la suspensión de las medidas disciplinarias” y “cuestionaron la proporcionalidad de estas”.

Tras ello, según el relato de Santiago, “CCOO en el comité de empresa pidió un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales que están dejando claro que las actuaciones de la firma estaban vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

El “largo conflicto laboral”, según ha lamentado el diputado de Sumar por Córdoba, “que acumula 21 meses en la planta de Hitachi por la negociación del convenio colectivo, vuelve a escalar tras un periodo en primavera en el que dio visos de poder encauzarse. Lo que empezó como un conflicto contra diferencias salariales se ha transformado en una situación en la que se sanciona directamente a los representantes de la plantilla y en el que se sustituyen trabajadores y empleos, externalizando tareas mediante subcontratas”.

Por ello, entiende Santiago que “se deben seguir realizando las gestiones necesarias para que no se perciba ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

A su juidio, “es fundamental que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de 1o Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado en la exposición de motivos de su pregunta que “s imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”, y a la vez “el Ministerio de Economía debería advertir mediante un mensaje claro a las autoridades competentes de Japón, para que tomen medidas para que una multinacional de esa nación respete los derechos de los trabajadores de su planta en Córdoba y cambie de actitud”.

Una de las mayores inversiones ferroviarias que actualmente se proyecta en Córdoba está en su fase final para comenzar a acometerse. En una nueva respuesta en el Senado, Adif ha insistido en que se ha proyectado una remodelación en la terminal de transporte de mercancías de El Higuerón. Y dentro de esta iniciativa se encuentra el diseño de una nueva conexión viaria directa y la optimización de los accesos para agilizar la circulación de camiones y vehículos pesados en el entorno del complejo logístico.

Esta actuación continúa dando pasos al frente para que las máquinas comiencen a funcionar, ya que hace apenas cinco días concluyó el plazo para la presentación de ofertas de la licitación del servicio de redacción del proyecto de construcción. El proceso de recepción de propuestas electrónicas finalizó el pasado 18 de septiembre, pasando ahora a una nueva fase: la de evaluación por parte del órgano de contratación.

El proyecto y el enlace directo con el Parque Logístico

En cuanto a la infraestructura se refiere, los pliegos técnicos estipulan una reordenación completa del tráfico que entra y sale de la estación de El Higuerón, con una implantación de rotonda distribuidora en el acceso principal y el acondicionamiento de viales inferiores. Además, el proyecto definirá un nuevo punto de control de accesos a la zona intermodal, áreas específicas de aparcamiento para camiones y turismos, y un diseño enfocado a la gestión de las colas de espera que posiblemente tengan que esperar los vehículos pesados.

Esta mejora de conexiones por carretera, como se ha mencionado anteriormente, responde a los planes confirmados por el Gobierno de España en el Senado, donde ha ratificado la construcción de un enlace viario directo con el Parque Logístico de Córdoba, que a su vez es promovido por la Red Logística de Andalucía. Esta actuación permitirá el trasvase directo de Unidades de Transporte Intermodal -véase containers- entre camiones y vagones, mejorando así la capacidad operativa.

De forma paralela al tráfico rodado, el proyecto contempla una ambiciosa transformación ferroviaria para adaptar la terminal a la recepción de trenes de mercancías de hasta 740 metros de longitud. Este acondicionamiento llega para dar soporte a los tráficos previstos en la futura Autopista Ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, situando a la terminal cordobesa como una pieza estratégica del corredor.

Por otro lado, el Ejecutivo ha precisado que la planificación ferroviaria actual no contempla una conexión por tren entre la terminal de El Higuerón y el Aeropuerto de Córdoba. En su lugar, el diseño urbano y viario del proyecto deberá coordinarse con las obras de la Variante Oeste de Córdoba (tramo norte) desarrolladas por la Dirección General de Carreteras.

El principal problema que trae consigo la estación de Córdoba es la gran cantidad de tráfico que tiene día a día. La capital cordobesa se convirtió en el enlace perfecto de Madrid con el resto de Andalucía y eso ha hecho que la densidad de tráfico ferroviario en la ciudad se haya multiplicado en los últimos años. Pese a ello, el Gobierno de España ha anunciado a través de una respuesta parlamentaria que no ampliará el número de vías en la infraestructura denominada Córdoba-Julio Anguita.

Actualmente, en los planes del Ejecutivo central no está prevista una actuación contemplada en este sentido después de la pregunta escrita formulada en el Senado por los parlamentarios del Partido Popular. Pese a ello, el Gobierno de España no dice que no vaya a hacer nada para dotar de más fluidez a la estación de trenes de Córdoba. Pero sí que esta ampliación de las vías requiere un estudio de planificación previo para evaluar múltiples criterios técnicos y de demanda antes de determinar cualquier intervención física.

Pero lo que es cierto es que la estación de Córdoba está en un enclave que ya fue muy polémico en su día. La proyección es que esta infraestructura ferroviaria estuviese justo el yacimiento de Cercadilla, y así fue. Numerosas protestas llegaron para que el AVE no aterrizara de esta forma en la capital cordobesa, pero no se evitó. Ahora, su expansión queda atrapada en un problema de difícil solución. Por el momento, el Gobierno no se lo plantea, pero sí que otras medidas para paliar esta densidad de tráfico.

El bypass de Almodóvar del Río

Hay soluciones para esta problemática que no tienen por qué derivar en más vías en la estación, y así lo ha hecho saber el Gobierno de España. Esta institución ha centrado su actuación en la provincia en el desarrollo del proyecto de construcción del bypass de Almodóvar del Río. Esta modificación lleva un retraso cercano al año, pero servirá para reordenar el tráfico ferroviario y, por ello, ha sido la obra principal para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De hecho, la administración central ha sostenido en más de una ocasión que la puesta en servicio del bypass de Almodóvar del Río ayudará a disminuir la congestión en el sector de ancho de vía estándar UI de la estación de Córdoba y en sus andenes. Esta es la medida principal y que cree el Ministerio de Transportes por la cual no será necesario ampliar las vías de las ya existentes en la infraestructura de la capital cordobesa.

De forma paralela, la nueva infraestructura permitirá reducir los movimientos en la cabecera sur de la estación de Córdoba, agilizando el paso de los trenes por este punto clave del trazado. La medida responde al objetivo del Ministerio de continuar mejorando las conexiones en los distintos nodos de la red. Además, de que la obra en Almodóvar del Río aportará como beneficio directo una reducción de los tiempos de viaje en los trayectos entre la ciudad de Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada.

El nuevo apeadero o la reapertura de estaciones en la provincia

Por otro lado, el Gobierno de España continúa estudiando posibles mejoras en el nudo ferroviario de Córdoba. Y hay proyectos que incluso llevan más de un año gestándose. En abril de 2025, la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las sociedades Fulcrum, Planificación, Análisis y Proyectos, SAU y Tema Ingeniería SL está elaborando los estudios informativos para los proyectos de reapertura de la estación de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga; nuevo apeadero o estación en Córdoba, cuya tipología será determinada por el propio estudio.

Además, también el Ejecutivo encargó las reaperturas de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río a esta UTE. Aún se desconoce el estado de estos estudios, pero sí que, por el momento, se descarta la posibilidad de ampliar las vías de la infraestructura de Córdoba y que el Gobierno trabaja para disminuir el tráfico ferroviario.