La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha visitado este miércoles Villafranca de Córdoba y Villa del Río para conocer sobre el terreno distintas actuaciones financiadas por el Ejecutivo español y mantener encuentros con los responsables municipales, en una jornada centrada en poner en valor el impacto de las inversiones estatales en ambos municipios, con más de 22,5 millones de euros desde 2018.

Durante la visita, la subdelegada ha recorrido diversas actuaciones ejecutadas con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha participado en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y ha visitado la piscina municipal de Villa del Río.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha destacado que “el Gobierno de España mantiene un firme compromiso con los municipios, impulsando inversiones que generan empleo, modernizan las infraestructuras y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha subrayado que “la colaboración entre administraciones permite que estas inversiones lleguen donde realmente se necesitan y tengan un impacto directo en el desarrollo de los pueblos”. En Villafranca de Córdoba, las aportaciones del Gobierno entre 2018 y 2026 alcanzan los 12,9 millones de euros, destinados a programas que favorecen el desarrollo económico, la modernización del municipio y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales líneas de financiación destacan los 2,76 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los 2,4 millones de euros destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y 1,89 millones de euros invertidos a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

A ello se suman 2,22 millones de euros en ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de las borrascas sufridas en febrero en la provincia, 684.482,82 euros en ayudas directas a agricultores, así como el respaldo a la innovación empresarial, la digitalización de pymes y autónomos y la conservación del patrimonio histórico.

La subdelegada ha señalado que “cada actuación financiada por el Gobierno de España supone nuevas oportunidades para los municipios, porque detrás de cada inversión hay empleo, servicios públicos de mayor calidad y mejores condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su localidad”.

Por su parte, en Villa del Río, el Ejecutivo ha movilizado 9,64 millones de euros durante el mismo período. Entre las inversiones destacan 3,49 millones de euros destinados al PFEA, 1,16 millones de euros para proyectos de energías renovables, cerca de 600.000 euros para iniciativas de innovación empresarial a través del CDTI, además de 1,99 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas y 723.179,45 euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, junto a otras líneas de apoyo a la digitalización empresarial y al desarrollo económico local.

El PFEA, “instrumento fundamental”

La responsable del Gobierno en la provincia ha puesto de relieve el papel del PFEA como “una de las herramientas más eficaces para favorecer el desarrollo local”, afirmando que “el Programa de Fomento del Empleo Agrario continúa siendo un instrumento fundamental para crear empleo, mejorar las infraestructuras municipales y fijar población en el medio rural”.

Asimismo, la subdelegada ha asegurado que “el compromiso del Gobierno de España con la provincia se refleja en inversiones que llegan a todos los municipios, independientemente de su tamaño, y que contribuyen a construir un territorio con más oportunidades, más cohesión y mejores servicios para la ciudadanía”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen, ya que ha contabilizado cerca de 162.000 solicitudes (161.557), mientras que Córdoba se ha quedado cerca de superar las 10.000.

Por provincias, en Málaga se han registrado 39.899 solicitudes; en Sevilla, 33.690; en Almería, 32.638; en Granada, 16.629; en Cádiz, 11.641; en Huelva, 10.359; en Córdoba, 9.951 y en Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes ha presentado es la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%. Le siguen Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves en una atención a medios en Escúzar (Granada), que “todos salimos ganando” con el proceso de regularización que, en palabras de Fernández, supone “quitar carga de miedo y temor” y un “avance importantísimo”. El 58,2% de las solicitudes presentadas en Andalucía son de hombres frente a un 41,8% de mujeres.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha concluido la ministra.

Había muchas dudas que sobrevolaban el futuro energético del norte de la provincia de Córdoba, pero el Gobierno de España sigue desvelando los pasos a seguir para una infraestructura que entra dentro de la planificación general. La línea de alta tensión de 400 kV que conectará los territorios de Extremadura y parte de la extensión cordobesa se ha considerado prioritaria tras las alegaciones tanto para la Diputación de Córdoba como para la Junta de Andalucía y Ejecutivo central ya que asegura el suministro para la comarca.

El proyecto contempla una interconexión entre la zona extremeña de Maguilla, en la provincia de Badajoz, y la nueva subestación de Peñarroya-Pueblonuevo, ya en territorio cordobés. Según ha explicado el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria, esta infraestructura se ha considerado como “inaplazable” para frenar la despoblación en el norte de la provincia y sostener la red de distribución eléctrica, tanto de la capital como de las zonas rurales colindantes. La presión política ejercida por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía fue determinante para que el Ejecutivo rectificara su postura inicial, la cual dejaba esta infraestructura fuera de la planificación general.

El camino hasta llegar a 2030 con la intervención acabada

Aunque el Gobierno ha garantizado que la obra estará finalizada antes de 2030, el proyecto se encuentra todavía en una fase de tramitación técnica y administrativa. Inicialmente, esta conexión fue relegada a un anexo no vinculante debido a sus elevadas “dificultades técnicas y ambientales”, pero tras el periodo de alegaciones se determinó que existen trazas viables para su construcción. Esto ha permitido que el proyecto se integre plenamente en la planificación obligatoria de la red de transporte de energía eléctrica.

En una respuesta parlamentaria fechada en junio de 2026, el Gobierno aclaró que la propuesta de desarrollo de la red de transporte fue sometida a audiencia pública entre octubre y diciembre de 2025. Actualmente, el Operador del Sistema se encontraba realizando una fase de estudios basada en las alegaciones recibidas para elaborar la propuesta definitiva de planificación. Esta propuesta deberá someterse posteriormente a una Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como marca la legislación vigente sobre evaluación ambiental.

Por otro lado, la planificación general define las necesidades de la red, pero no el detalle paso por paso de la ejecución de cada obra. Por tanto, una vez que la planificación global sea aprobada de forma definitiva, se procederá a la redacción del proyecto de ejecución concreto. Será en ese momento cuando se inicien formalmente los estudios de impacto ambiental específicos para el trazado entre Córdoba y Extremadura.

Hasta la fecha, la tramitación sustantiva y ambiental del proyecto de ejecución como tal aún no se ha producido, ya que depende de la aprobación previa del marco general de planificación para el horizonte 2030. Pese a ello, el carácter vinculante otorgado por la Ley del Sector Eléctrico garantiza que, una vez aprobada, la administración está obligada a autorizar y construir las infraestructuras contempladas en dicho plan.

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha destacado este lunes que desde el Ejecutivo central “se cumple total y absolutamente con las previsiones de plazos” para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela' en el polígono de La Rinconada, de manera que ha apuntado que “en principio la idea inicial era que para el año 2029 estaría funcionando la base y se cumple totalmente”.

En declaraciones a los periodistas, la representante del Gobierno español en la provincia ha dicho que espera que “cuando se empiece la ejecución de la obra se siga produciendo este seguimiento de los plazos”, en las próximas semanas.

Además, ha resaltado que “hay una empresa cordobesa que forma parte de la UTE” adjudicataria de uno de los dos lotes de inicio de actuaciones, como es Magtel y “que probablemente vaya a redundar en la creación de puestos de trabajo”, ha elogiado.

“Si está todo como esperamos que va a estar, en el año 2029 la base va a estar funcionando, se van a crear 1.700 puestos de trabajo, que se ofertan dentro de la oferta de empleo público en diferentes fases”, ha subrayado López, a lo que ha agregado que “se estima que unos 2.000 empleos indirectos van a estar alrededor de la base”, con “empresas del sector, de la digitalización y de la defensa”.

Por tanto, la subdelegada ha afirmado que “podemos sentirnos muy satisfechos porque una apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la provincia va a crear muchos puestos de trabajo”.

Arroyos de la capital y La Colada-Sierra Boyera

En cuanto a proyectos por venir de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), López ha comentado que el encauzamiento de los arroyos en la capital se está “revisando”, a la vez que ha indicado que “en el Real Decreto 5/2026, el de las borrascas, aparecía la posibilidad de la introducción dentro de las solicitudes de proyectos que pudiesen afectar a las inundaciones”, apuntando a la posibilidad de que lo haga el Ayuntamiento.

En relación al trasvase entre La Colada y Sierra Boyera, ha dicho que “lo hizo el Gobierno de España, es un trasvase que funciona perfectamente, que no hay que duplicar y que ese dinero que pretendía la Junta lo más lógico es que los dediquen a otra cuestión, como por ejemplo la depuración de las aguas que llegan a La Colada, que están haciendo que se contamine de una forma considerable, una competencia clara de la Junta de Andalucía”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el acuerdo de ampliación del plazo de prestación de los servicios ferroviarios de proximidad, después de tres años de experiencia piloto y en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en el transporte ferroviario de viajeros.

En concreto, el Gobierno ha autorizado continuar con cinco servicios ferroviarios de proximidad, por servicios físicos y/o sinergiados: entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba), Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia, que llevan en marcha desde 2023.

Durante un plazo de tres años, estos servicios se han prestado de forma ininterrumpida como una experiencia piloto, ampliable a toda la vigencia del contrato Administración General del Estado (AGE)-Renfe, previo acuerdo del Consejo de Ministros y siempre que se cumplan unos determinados niveles de utilización.

Así, se amplían ahora -hasta la finalización del mencionado contrato, incluida su posible prórroga- y serán revisados en el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de este acuerdo, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

Los servicios ferroviarios de proximidad son aquellos con frecuencias intermedias entre los servicios de cercanías y los servicios de media distancia, cuya función es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana en las zonas en las que esta exista, según establece La Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Tras la evaluación de los servicios ferroviarios de proximidad actualmente declarados como OSP se han considerado eficientes cuatro de los cinco servicios físicos de las relaciones examinadas: Palma del Río-Villa del Río, Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia.

Asimismo, los servicios sinergiados de todas las relaciones examinadas se consideran eficientes.

Por el contrario, se ha catalogado de muy baja eficiencia el servicio de Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, señala el Departamento ministerial liderado por Óscar Puente, que apunta que los servicios de proximidad están relacionados con el derecho a la movilidad de todas las personas, la cohesión territorial y la movilidad sostenible.

El Ministerio de Defensa sigue encauzando el proyecto clave para la ciudad de Córdoba de cara a un futuro a corto plazo: la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General de Ejército Javier Varela'. Tras varios meses de espera, la Mesa de Contratación ha propuesto formalmente a las entidades que se encargarán de la dirección de obra y la gestión integrada de la construcción de la Fase I.

Este proyecto, considerado por el Gobierno como una iniciativa estratégica “de Estado”, centralizará capacidades tecnológicas avanzadas en una superficie de 85 hectáreas cedidas por el Ayuntamiento de Córdoba. Con un presupuesto de licitación para estas asistencias técnicas superior a los 8,8 millones de euros, el objetivo es garantizar que la ejecución de la obra cumpla con los más altos estándares de seguridad, sostenibilidad y plazos previstos para esta gran infraestructura nacional.

En lo que respecta a la dirección facultativa de las obras, que comprende los lotes 1 y 2, la Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL. Esta compañía ha obtenido las puntuaciones más altas en ambos apartados, con 94 y 93,9 puntos respectivamente, superando a otros licitadores como la UTE Ghenova-GIS o Prointec. Sus funciones técnicas incluirán la dirección de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, y el control de calidad.

Por su parte, el lote 3, dedicado a la gestión integrada de la construcción, ha sido propuesto para la UTE conformada por Investigación y Control de Calidad, SAU (Incosa), Areall Base de Proyectos SL y Artelia Spain, SLU. Con una puntuación final de 90,14, este unión será el encargado de coordinar todos los lotes y unificar los procedimientos durante la Fase I, imponiéndose a ofertas presentadas por firmas como Ayesa, CBRE o la UTE Typsa-Cemosa-Svam.

Tras esta propuesta de adjudicación, las empresas seleccionadas deberán presentar ahora la documentación acreditativa final, que incluye los currículums firmados y las titulaciones oficiales del personal técnico que se adscribirá al contrato.

El personal a bordo de los trenes que se aseguran que todo vaya conforme a lo establecido en el corredor Sevilla-Córdoba-Jaén registró un total de 1.200 incidencias a lo largo del año 2025, según ha podido comprobar este periódico en una respuesta del Gobierno de España a senadores populares. Estas comunicaciones, realizadas por los interventores que son el primer punto de contacto con el usuario, tienen como objetivo principal la detección de oportunidades de mejora en tiempo real para optimizar la calidad del servicio ferroviario.

Además, el Ejecutivo ha explicado que la tipología de estas 1.200 incidencias es variada y no se limita exclusivamente a retrasos -aspecto muy demandado, de hecho, por los usuarios que cogen trenes diariamente. Tanto es así que los registros incluyen desde aspectos relacionados con el funcionamiento del material rodante -como problemas en enchufes, bandejas o servicios de los vagones- hasta gestiones directas con los clientes, tales como la coordinación de conexiones ferroviarias o situaciones específicas que requieren un seguimiento por parte de la compañía.

El Gobierno de España ha contextualizado este flujo de incidencias dentro de la actividad habitual de mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Además, ha señalado que muchas de las actuaciones de Adif se realizan en bandas horarias determinadas sobre vías que se mantienen en funcionamiento para evitar cortes totales del tráfico, por lo que estas intervenciones también hacen que las incidencias aumenten mientras duran los trabajos.

En lo relativo a la seguridad, el informe gubernamental ha detallado también la gestión de los denominados Partes de Información de Riesgos de Seguridad en la Circulación (PIRSC). Cuando el personal detecta un riesgo asociado a la infraestructura, este se traslada a Adif para su estudio y resolución. En el periodo analizado, se hace referencia a un grupo de 11 PIRSC específicos, de los cuales tres han sido recientemente resueltos, quedando todavía ocho expedientes pendientes de notificación oficial sobre su resolución final.

Para hacer frente a estas situaciones y normalizar el servicio ante cualquier contratiempo, Adif dispone de un Plan de Contingencias registrado ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Este plan protocoliza la respuesta integral ante emergencias, incluyendo la gestión de planes alternativos de transporte y la activación de recursos de intervención.

La Oficina de Extranjería de Córdoba ha culminado con éxito el Plan Especial de tramitación puesto en marcha para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización derivado del Real Decreto 316/2026, logrando resolver el 97% de los expedientes incluidos en este programa extraordinario. 

El plan, desarrollado entre abril y junio, ha permitido tramitar 928 de los 955 expedientes pendientes que existían en la provincia cuando entró en vigor la nueva regulación el pasado 16 de abril. Los 27 expedientes restantes continúan en tramitación a la espera de que las personas interesadas aporten la documentación requerida para completar el procedimiento. 

La Subdelegación del Gobierno activó este dispositivo especial con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales presentadas desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. 

Un esfuerzo extraordinario para responder a una demanda histórica 

Los expedientes de arraigo han concentrado la mayor parte de la actividad desarrollada en el marco del plan, con 850 solicitudes tramitadas. A ellos se suman 70 expedientes correspondientes al régimen transitorio previsto para personas con solicitudes de protección internacional denegadas en vía firme y 35 solicitudes relativas a menores acompañados.

Del total de expedientes incluidos en el plan, 838 han obtenido una resolución favorable, lo que representa el 88% de los casos tramitados. El resto corresponde a archivos, inadmisiones, denegaciones y otras resoluciones de carácter procedimental. 

Más de 2.300 expedientes resueltos desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento 

La finalización de este plan especial pone el broche a más de un año de intensa actividad de la Oficina de Extranjería de Córdoba. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, la oficina ha gestionado 2.382 expedientes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 

De ellos, 2.350 han sido ya resueltos, lo que supone una tasa global de resolución del 99%. Los expedientes pendientes representan únicamente el 1% del total y corresponden, en su práctica totalidad, a procedimientos que requieren documentación adicional por parte de las personas solicitantes. 

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha destacado que “la extraordinaria respuesta de la Oficina de Extranjería demuestra el compromiso de los empleados públicos con una gestión ágil, eficaz y cercana. Detrás de cada expediente hay una persona o una familia que espera una respuesta administrativa que le permita desarrollar su proyecto de vida con seguridad jurídica”. 

López Losilla ha subrayado además que “el éxito de este plan especial ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación de todo el personal de la Oficina de Extranjería, que ha asumido una carga de trabajo excepcional para dar respuesta a una demanda sin precedentes en nuestra provincia”.

El Gobierno de España ha confirmado a través de una respuesta en el senado que tiene planeado una iniciativa para llevar a cabo una renovación de los sistemas de información en la estación de tren Córdoba - Julio Anguita. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, se estima que el contrato para el suministro e instalación de los nuevos paneles informativos pueda formalizarse en el primer semestre de 2027, una vez se complete el proceso de licitación y adjudicación correspondiente.

A la pregunta de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de España ha explicado que Adif ya tenía conocimiento previo de las deficiencias, las que han venido afectando la experiencia de los usuarios de la alta velocidad en la capital cordobesa. A pesar de que se dieron instrucciones a la empresa encargada del mantenimiento según el Ejecutivo, las intervenciones se han topado con dificultades operativas mayores debido al estado de la tecnología actual.

De hecho, Adif ha reconocido que existe una obsolescencia de la tecnología utilizada en los actuales teleindicadores de la vía. Todo ello se incrementa debido a que la mayoría de los materiales de repuesto necesarios para estas pantallas están actualmente descatalogados. Es por ello que, ante la imposibilidad de mantener los equipos viejos, la Subdirección de Estaciones Sur ha optado por promover un nuevo proceso de licitación que incluye a más estaciones que únicamente a la de Córdoba.

Mientras se espera a que la renovación sea efectiva en 2027, la administración ferroviaria asegura que se siguen empleando los recursos disponibles para reparar las averías existentes de forma provisional. De hecho, se ha informado de que todavía se mantienen algunos teleindicadores operativos en los mismos andenes para tratar de minimizar el impacto en los viajeros.

Para compensar los fallos visuales, Adif ha reforzado otros canales de comunicación en la estación. Actualmente, la información sobre las circulaciones se está garantizando mediante el uso de códigos QR, el sistema de megafonía de los andenes y la asistencia presencial del personal del servicio auxiliar situado en los accesos a las vías.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este viernes un debate que entra a escena en numerosas ocasiones en la primera plana mediática en España. Esta instalación ha organizado el encuentro-coloquio 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género' y bajo la premisa de que el feminismo es “el pilar de la democracia”. Así las cosas, diversas representantes políticas han analizado los avances logrados y los retos urgentes en un contexto de creciente polarización social.

En primer lugar, Ana López, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ha sido la primera representante en coger el testigo ante los medios de comunicación y ha puesto en valor el trabajo realizado durante años por el Ejecutivo en materia de igualdad. Además, la dirigente ha aprovechado para realizar un reconocimiento especial a María Teresa Varón, que ha estado también presente junto a las intervinientes en la atención a la prensa y que, tras ocho años de servicio público, emprenderá una nueva etapa personal.

Carmen Calvo y el resurgimiento de las corrientes “neofascistas”

Asimismo, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ha comparecido advirtiendo del “resurgimiento de corrientes neofascistas a nivel global”. Tanto es así que, según Calvo, estos movimientos tienen como objetivos principales abatir el feminismo y las políticas contra el cambio climático, utilizando liderazgos “fascistas y machistas” que atentan contra la autonomía de las mujeres. La dirigente cordobesa, además, ha afirmado que el avance de la dignidad femenina “no tiene punto de retorno”.

La exvicepresidenta del Gobierno de España ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de la desigualdad y la violencia sexual. Por otro lado, ha recordado que, incluso en una de las 20 mejores democracias del mundo, “las noticias sobre agresiones sexuales y asesinatos machistas son una realidad cotidiana”. Carmen Calvo ha subrayado que el patriarcado “sigue cometiendo tropelías” que va desde las pensiones hasta los delitos más graves.

Entretanto, Calvo ha apelado a los hombres demócratas y consecuentes para que se involucren activamente en esta lucha. La presidenta de Consejo de Estado ha cuestionado qué sucede en la mentalidad masculina “para que no se perciba a las mujeres como sujetos de respeto literal en todos los órdenes de la vida”.

La violencia de género y el feminismo interseccional

Como también miembro del coloquio que iba a desarrollarse después de la intervención ante los medios de comunicación, Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha definido la violencia machista como la “mayor evidencia” de la vulneración de los derechos humanos en la actualidad. Martínez ha defendido la “hoja de ruta” establecida por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Martínez ha señalado como retos fundamentales la mejora de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y la administración local. La delegada ha destacado que, aunque España cuenta con un gran despliegue de recursos, es necesario enlazar mejor las competencias para ofrecer una atención integral a las víctimas. Asimismo, ha puesto el foco en la precariedad económica que sufren muchas mujeres, la cual se convierte en un obstáculo crítico que les impide abandonar los entornos de violencia.

Un punto clave de la jornada ha sido la denuncia de las “violencias emergentes”, tales como la violencia digital y la violencia vicaria. Carmen Martínez ha calificado esta última como la forma más “inhumana” de maltrato, al utilizar a los hijos e hijas para dañar a las madres. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno está tramitando un proyecto de ley para abordar específicamente esta realidad y espera que cuente con el apoyo de todos los grupos responsables.

La diversidad también ha tenido un papel protagonista gracias a Beatriz Carrillo, directora general de Igualdad de Trato y No a la Discriminación contra el Racismo. Carrillo, de origen cordobés y de etnia gitana, ha defendido un feminismo interseccional que incluya a las mujeres migrantes y musulmanas, quienes a menudo son blanco de políticas basadas en el miedo y el odio.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representada por Administrativando Abogados, ha presentado una solicitud formal ante la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros y varios departamentos ministeriales para reclamar una reforma urgente del sistema de indemnizaciones aplicable a las víctimas de accidentes ferroviarios.

El escrito, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha sido remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el objetivo de actualizar el baremo recogido en el Real Decreto 627/2014, basado a su vez en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado en 1989.

La asociación sostiene que la experiencia derivada del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 ha evidenciado las carencias del sistema actual, al considerar que las compensaciones previstas resultan insuficientes para reconocer la totalidad de los daños sufridos por las víctimas.

Según explica el colectivo, la normativa vigente centra la protección en las lesiones físicas más graves, pero deja fuera numerosas secuelas que pueden tener un fuerte impacto en la vida de los afectados, como los trastornos psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las alteraciones del sueño o el miedo persistente a volver a utilizar el tren.

Por ello, la asociación reclama la creación de nuevas categorías indemnizatorias que contemplen de forma expresa los daños psicológicos y emocionales derivados de este tipo de siniestros, así como las limitaciones laborales y funcionales que puedan sufrir las víctimas aunque sus lesiones no sean catalogadas como graves.

Una ley de cuantías mínimas

Entre las medidas propuestas también se incluye la fijación de cuantías mínimas orientativas y el reconocimiento automático como víctimas, a efectos indemnizatorios, de todas las personas que viajen en un tren siniestrado, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas que puedan dejar desprotegidos a algunos afectados.

La petición va acompañada de un informe técnico titulado Revisión de la evidencia científica para los criterios de valoración neuropsicológica y psicopatológica en víctimas de catástrofe colectiva, trauma agudo y estrés postraumático complejo, elaborado por una psicóloga general sanitaria especializada en trauma complejo y neuropsicología clínica.

El documento revisa la evidencia científica y clínica existente sobre las secuelas neuropsicológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que presentan las víctimas de accidentes ferroviarios de carácter catastrófico. El informe concluye que los daños psicológicos derivados de experiencias traumáticas extremas constituyen lesiones reales, objetivables y susceptibles de valoración pericial.

Entre las consecuencias analizadas figuran las alteraciones de memoria, los fenómenos intrusivos asociados al trastorno de estrés postraumático, las conductas de evitación, la rigidez cognitiva, las alteraciones persistentes del estado de ánimo y los cuadros de hiperactivación fisiológica, todos ellos ampliamente reconocidos por la literatura científica internacional.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados y coordinador de la defensa jurídica de la asociación, asegura que “la normativa cuya modificación solicitamos está completamente desfasada y no responde de forma real, coherente y efectiva a las secuelas que padecen las víctimas de un siniestro como el de Adamuz”.

“Ninguna persona afectada por una tragedia de esta magnitud debe quedar desprotegida por la existencia de normas obsoletas o sistemas de valoración que no reflejen la realidad médica y humana de los daños sufridos”, añade.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar el ruido en la N-437, de acceso al aeropuerto de Córdoba, en el tramo comprendido entre los kilómetros 5,14 y 5,84, en la provincia de Córdoba, con una inversión de 3,2 millones de euros -impuestos incluidos-. Las obras han sido financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las actuaciones han consistido en la instalación de 1.200 metros de paneles en el citado tramo de la carretera, dispuestos en 625 metros en el margen derecho y 575 metros en el izquierdo.

Se han sustituido las barreras de seguridad existentes por unas nuevas barreras tipo New Jersey, sobre las que se han anclado los perfiles metálicos que sirven de soporte para los paneles acústicos. La altura total sobre el terreno, una vez instalados los paneles, es de dos metros.

Con el objetivo de preservar en óptimas condiciones las pantallas acústicas y prevenir actos vandálicos, los paneles son de hormigón fonoabsorbente. Este material sobresale por su alta capacidad de absorción acústica y, además, por una superficie texturizada y un diseño que dificultan la realización de pintadas y reducen la propensión a los actos vandálicos. Asimismo, se ha colocado nueva señalización vertical y se han repuesto los sistemas de drenaje existentes.

Estas obras forman parte de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba acogerá este viernes, 12 de junio, a partir de las 10:00, el encuentro-conversatorio 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género', una jornada de reflexión y diálogo que reunirá a representantes institucionales, juristas, académicas, profesionales y activistas comprometidas con la igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, la inauguración correrá a cargo de la subdelegada en Córdoba, Ana López, quien dará la bienvenida a las personas asistentes antes de la presentación de la actividad por parte de la jefa de la Unidad de Violencia sobre las Mujeres, María Teresa Varón.

El encuentro, que se celebrará en la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, contará con la participación de destacadas personalidades como Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que ofrecerá la ponencia marco bajo el título 'Feminismo es Democracia', así como con diversas mesas de exposiciones centradas en la pedagogía sistémica como herramienta para trascender el patriarcado y en el valor de las trayectorias y activismos feministas como motores de transformación social.

La jornada concluirá con la intervención de Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y con un espacio de diálogo participativo entre ponentes y asistentes.

Entre los objetivos del encuentro destacan visibilizar los avances en derechos y libertades impulsados por las políticas de igualdad, reconocer la aportación de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales e institucionales, fomentar el intercambio de experiencias y reafirmar el compromiso colectivo con la erradicación de las violencias de género y de cualquier forma de discriminación.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha señalado con motivo de esta iniciativa que “reunir en Córdoba a mujeres referentes procedentes de ámbitos tan diversos como la política, la judicatura, la universidad, la salud, el activismo o la educación supone una oportunidad para poner en valor el camino recorrido y seguir impulsando políticas públicas que garanticen derechos, igualdad real y una convivencia libre de violencia y discriminación.”

El Gobierno de España continúa avanzando en la recuperación de los municipios afectados por las intensas borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, un episodio meteorológico que golpeó con especial dureza a Andalucía y, particularmente, a la provincia de Córdoba.

Las fuertes lluvias provocaron importantes daños personales y materiales, obligaron al desalojo de más de 2.000 personas en Córdoba y su provincia y ocasionaron perjuicios en viviendas, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas y actividades económicas de distintos sectores. Por ello, 56 entidades locales, incluida la Diputación Provincial, fueron reconocidas como gravemente afectadas. De ellas, 55 han solicitado las ayudas yen 54 de ellos ya han completado la instrucción y certificación de sus expedientes.

Las solicitudes presentadas alcanzan un importe global de 71.814.841,35 euros, destacando actuaciones en municipios como Palma del Río, con más de 13 millones de euros; Montoro, con más de 7 millones; y La Carlota y El Viso, que superan los 1,5 millones de euros cada uno. Asimismo, ya se ha comunicado la resolución favorable a 37 municipios cordobeses por un importe conjunto superior a 49 millones de euros.

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de España actuó de forma inmediata en coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados. Durante los episodios más críticos se desplegaron efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, se activaron los centros de mantenimiento de carreteras y se reforzó la coordinación con los servicios de Protección Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Posteriormente, y con el objetivo de acelerar la recuperación de las zonas afectadas, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla un paquete extraordinario de ayudas dotado con 7.000 millones de euros para responder a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

De esta cantidad, 2.000 millones de euros están destinados específicamente a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras municipales y la ejecución de actuaciones que permitan prevenir futuras inundaciones y avenidas. Hasta la fecha, el Gobierno ya ha resuelto ayudas por valor de 889 millones de euros para 333 municipios de toda España, alcanzando al 59% de las entidades locales con derecho a acogerse a estas subvenciones. Las actuaciones financiadas incluyen la reparación de calles, carreteras y caminos; la reconstrucción de edificios y equipamientos públicos dañados; la restitución de escolleras y muros de contención; así como obras preventivas de encauzamiento, canalización y mejora de sistemas de drenaje.

Compromiso con el municipalismo

Estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el municipalismo y la autonomía local, incorporando medidas especialmente beneficiosas para los ayuntamientos afectados. Entre ellas destaca la financiación del 100% de los daños, sin necesidad de aportación económica municipal; el anticipo íntegro de las subvenciones, evitando tensiones de tesorería; y la posibilidad de ejecutar tanto obras de reparación como actuaciones preventivas que aumenten la resiliencia de los municipios frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Además, el programa permitirá impulsar infraestructuras de gran envergadura que, en muchos casos, resultaban difíciles de acometer por su elevado coste, generando al mismo tiempo actividad económica y empleo en el ámbito local a través de los procesos de contratación promovidos por los propios ayuntamientos.

Las entidades locales dispondrán de un plazo de ejecución de tres años para desarrollar los proyectos financiados, una medida especialmente relevante para los municipios de menor tamaño. Asimismo, se flexibiliza la regla de gasto municipal para que las inversiones vinculadas a la reconstrucción no computen dentro de los límites establecidos, permitiéndose además la utilización del superávit correspondiente al ejercicio 2025.

Con estas actuaciones, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la recuperación de los territorios afectados y con el fortalecimiento de las infraestructuras municipales para afrontar con mayores garantías futuros fenómenos meteorológicosadversos.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha remitido un nuevo escrito al Gobierno central en el que le reclama información, diálogo y el impulso a proyectos claves de ciudad paralizados por organismos dependientes de la Administración central, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que se le solicita, en primer lugar, que reconsidere su negativa a participar en la mesa técnica sobre inundaciones de Córdoba para la prevención de incidentes en el entorno de este cauce en el término municipal.

Capítulo aparte, en una nota el CMC recuerda la necesidad de abordar las fases que faltan del encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, un proyecto que quedó a medias hace 25 años y que será preciso actualizar para evitar inundaciones y desalentar las ocupaciones de las orillas del río.

Otras dos cuestiones claves son la limpieza y buen estado de los cauces de los arroyos de La Sierra que desembocan en el río, fuente de continuas situaciones de riesgo, y el muy reclamado soterramiento del Canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad, particularmente en la zona de expansión del casco urbano por el Oeste.

Solar de la antigua prisión

Otro eje de las demandas del CMC a la Administración central gira en torno al solar para la antigua prisión de Córdoba, en el barrio de Fátima, clave para esta zona de la ciudad y que quedó bloqueado tras un primer intento fallido en 2023 para licitar la urbanización por parte de la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciario y de la Seguridad del Estado (Siepse).

Su actual titular, Sepes, junto a la financiación del Ministerio de Vivienda, es ahora el organismo que debe ejecutar el proyecto de urbanización que permitirá crear en las casi 2,5 hectáreas del solar unos 15.569 m2 de zonas verdes y espacios libres, 4.028 m2 para equipamientos (incluido el centro cívico ya en uso), 1.204 m2 de viales y, la cuestión más importante para el barrio y la ciudad, un área de 5.390 m2 donde Vimcorsa construirá 236 viviendas.

Respecto a Adif

También la sociedad de infraestructuras ferroviaria Adif tiene una lista de proyectos pendientes en la ciudad, más allá habilitar estaciones de cercanía en el entorno del Parque Joyero y de Fátima (se sigue rechazando la propuesta de la avenida de la Igualdad por estar muy próxima a la propia estación central Julio Anguita), además de cuestiones como el paso subterráneo bajo las vías que divide a Villarrubia, permitir la instalación de toldos en el viaducto de Electromecánicas o desbloquear la reconversión del trazado de la antigua línea de Almorchón, entre Córdoba y Cerro Muriano, como vía verde.

Capítulo aparte está la necesidad de un pequeño ‘Plan Renfe’ que elimine y ponga el valor los terrenos de vías en Alcolea, que sigue hipotecando el futuro de la barriada y para la que la ciudadanía demanda una solución hace décadas.

El futuro de la comisaría

Por otra parte, señalan que una cuestión puntual, pero no menos importante para La Fuensanta y el distrito Sureste, es el futuro de la Comisaría del Campo de Madre de Dios, que dejará de tener funciones a finales de años o en 2027 tras la construcción de la nueva comisaría de Policía.

Al respecto, el CMC ya ha sido informado de que no hay un uso previsto para el inmueble, con un difícil reaprovechamiento del inmueble dado su deterioro y porque la propiedad del terreno está compartida desde la antigüedad con una mutualidad, por lo que se tendrá que estudiar una solución al efecto.

Sin embargo, el CMC, que por otro lado agradece la información recibida, teme que el edificio quede en el abandono y pueda ser objeto de ocupación, algo en lo que La Fuensanta tiene variados y siempre conflictivos antecedentes como lo fue el antiguo cine o, actualmente, la iglesia Madre de Dios.

Ante esta situación, el Consejo pide que se prevea la vigilancia de la comisaría tras su cercano cierre y que, además, se plantee ya el derribo del edificio para posteriormente, y una vez resueltos los problemas de titularidad del solar, se destine a un nuevo equipamiento consensuado con el consejo de distrito Sureste y el movimiento ciudadano en general.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos, y ha afirmado que es un “sólido candidato”.

Según el presidente del Gobierno, el titular de Agricultura --que le ha acompañado en su visita a la FAO en Roma-- es un “sólido candidato” como también lo es el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el también español Álvaro Lario, cuya reelección ha respaldado tras elogiar su “labor excelente”.

La decisión del relevo en el organismo internacional se decidirá entre junio y julio de 2027, pero la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que todavía es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

En todo caso, los aspirantes optarán al cargo de director general de la FAO para un mandato de cuatro años, prorrogable una única vez por un segundo periodo de cuatro años. La elección se decidirá por un voto secreto en el que cada una de las 193 delegaciones miembro de la FAO tendrán un voto.

Planas ha reconocido que es “un honor” que España promueva su candidatura a dirigir la FAO a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general.

El presidente también ha reivindicado a España como país referente en seguridad alimentaria y como potencia exportadora agrícola --la cuarta en Europa y la décima a nivel mundial--, gracias a la apuesta que se viene realizando desde el Gobierno en el impulso de la innovación, la agricultura familiar y profesional, así como en la participación de las mujeres en actividad agraria, la apertura comercial y la cooperación internacional. En España, el sector agroalimentario representa el 10% del PIB y la renta agraria ha aumentado un 12% respecto al año anterior.

En el acto en Roma de este martes, tanto el máximo responsable de la FAO como la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, han tenido palabras de elogio hacia el Gobierno español y Sánchez. “España es un importante socio y un aliado estratégico en la lucha contra el hambre y la desnutrición”, ha dicho Dongyu, agradeciendo el apoyo.

Por otra parte, el titular de la FAO ha alertado de que hay “una ventana para actuar, pero la ventana se está cerrando”. “Los seres humanos pueden demorar cualquier acción, pero las cosechas no pueden aplazarse”, ha subrayado, incidiendo en que de las decisiones que se adopten ahora dependerá si la crisis es manejable o, por el contrario, habrá una “crisis mundial alimentaria profunda en 2026 y 2027 y más allá”.

A su vez, la máxima responsable del PMA ha expresado su temor por la posibilidad de que el mundo se encuentre al borde de una hambruna y una emergencia de desnutrición “como no se había visto nunca” y “camina dormido hacia un momento que no tendrá marcha atrás”.

“Una emergencia de hambre y desnutrición a esta escala podría cobrarse incontables vidas y podría hundir economías, desestabilizar comunidades y hacer retroceder toda una generación”, ha prevenido McCain. Pero “esto todavía puede evitarse si actuamos de forma decisiva y actuamos juntos”, ha sostenido.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de España “qué inversiones concretas” tiene “previsto ejecutar” en la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2026-2034.

En concreto, en la exposición de motivos de la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha registrado Santiago para que sea respondida, también por escrito, por el Ejecutivo central, el diputado de Sumar ha indicado que “el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 900 millones de euros para la segunda fase del Plise, correspondiente al periodo 2026-2034”.

Dicha cantidad, según ha señalado en su pregunta el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, “supone un incremento del 50% respecto a la fase inicial (2019-2025)” del citado plan estatal, “dotada con 600 millones de euros”.

Ahora, tal y como ha precisado Enrique Santiago, “con esta nueva inversión, el volumen total destinado desde 2019 asciende a 1.900 millones de euros” y, “del total aprobado, 800 millones de euros se destinarán a actuaciones en infraestructuras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que 100 millones se asignarán a Ceuta y Melilla”.

El plan, tal y como ha recordado en su exposición el diputado por la provincia de Córdoba, “pretende abordar la modernización de un parque inmobiliario compuesto por 3.302 inmuebles, muchos de ellos con un elevado grado de antigüedad y obsolescencia”.

Ante ello y dado que no se han dado a conocer actuaciones específicas, Enrique Santiago ha preguntado “¿qué inversiones concretas, desglosadas por anualidades, proyectos, localidades e importes, tiene previsto ejecutar el Gobierno en la provincia de Córdoba en el marco del Plise 2026-2034, y cuáles son los plazos previstos para su ejecución?”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público para los servicios de redacción del proyecto de los sectores XVII, XVIII, XXVI y XXVII de la zona regable del Genil-Cabra. Esta licitación, a la que ha accedido este periódico y ha sido tramitada a través de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, marca un paso decisivo para la culminación de los regadíos en los términos municipales de Santaella y La Carlota. El contrato cuenta con un valor estimado de 1.174.174,22 euros.

Las empresas interesadas tienen como fecha límite el 9 de julio para presentar sus ofertas de forma electrónica. Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo de ejecución de 12 meses para completar los trabajos de redacción del proyecto constructivo. Esta fase técnica es esencial para definir con precisión las infraestructuras necesarias que permitirán la puesta en riego de una superficie aproximada de 6.600 hectáreas, destinadas fundamentalmente al cultivo de olivar.

El proyecto se redactará de manera unificada, integrando tanto la red principal -que incluye estaciones de bombeo, balsas y tuberías de gran diámetro- como la red secundaria de distribución y caminos. Esta fórmula de trabajo conjunto entre el Miteco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) busca que cada administración pueda licitar y ejecutar su parte de forma simultánea. En términos de inversión para las obras futuras, se estima un montante global próximo a los 31 millones de euros, aunque valoraciones técnicas sitúan la cifra en torno a los 45 millones de euros dependiendo de los elementos finales a ejecutar.

¿Cómo será la actuación?

El diseño técnico contempla un sistema de riego moderno, eficiente y telecontrolado, que será compatible con el uso sostenible de los recursos hídricos en la cuenca. Entre los elementos singulares que el proyecto debe definir se encuentra una balsa de regulación en la zona conocida como 'La Calva', con una capacidad de 1,98 hectómetros cúbicos. Asimismo, se aprovechará la actual Estación de Bombeo de La Catalineta como punto de partida para la ampliación, dividiendo la nueva zona en dos sub-zonas: una de riego por gravedad (2.000 hectáreas) y otra de riego a presión (4.600 hectáreas).

La futura infraestructura incluirá un avanzado sistema de telecontrol vía GSM, permitiendo el telemando de válvulas y la telelectura de más de 2.600 contadores de parcela. Este nivel de digitalización garantiza que cada regante abone el volumen de agua realmente consumido, fomentando el ahorro y la eficiencia energética en el sector agrario. El proyecto también deberá incluir estudios detallados de impacto ambiental, seguridad y salud, y el preceptivo anejo de expropiaciones para las superficies afectadas.

Desde el punto de vista social y económico, el impulso a estos regadíos supone un importante apoyo al desarrollo rural y a la modernización del sector agrario cordobés. El Gobierno ha destacado que esta transformación contribuye a la mejora de la resiliencia frente al cambio climático y ayuda a fijar población en el territorio al hacer más competitiva la agricultura local. La puesta en riego de estas nuevas hectáreas es una demanda histórica de la zona que finalmente encara su recta final administrativa.

El Gobierno ha celebrado este viernes en Córdoba el acto conmemorativo del 182º aniversario de la Guardia Civil como muestra de agradecimiento al trabajo desarrollado por la Benemérita el pasado 18 de enero, y días posteriores, durante la tragedia ferroviaria de Adamuz. El encargado de presidir el acto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha recordado a las 46 víctimas mortales y ha recordado “a los hombres y mujeres de la Guardia Civil” que estuvieron “allí donde más, se os necesitaba”, demostrando una “profesionalidad y humanidad”.

Durante su discurso, el ministro ha querido dar la “enhorabuena a todos los condecorados y condecoradas”, señalando que este es “un reconocimiento muy merecido” y que está seguro de que van a “honrar los galardones recibidos”. Marlaska ha destacado que “el deber permanente de auxiliar al ciudadano es una seña de identidad de la Guardia Civil, que pone siempre a la persona en el centro de la acción”, basando su servicio en la “entrega y protección al vulnerable”, valores que “hunden sus raíces en la figura del Duque de Ahumada”.

El ministro ha explicado que la elección de Córdoba para este acto no ha sido casual. Tras recordar el trabajo “incansable” de los agentes en la DANA de Valencia, ha señalado que “la tragedia nos paralizó una vez más el 18 de enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz con 46 fallecidos”. Dirigiéndose a los agentes, Marlaska ha afirmado que fueron ellos, “hombres y mujeres de la Guardia Civil, los que estuvisteis allí donde más se os necesitaba cuando se requería vuestra ayuda, demostrando vuestra profesionalidad y humanidad en un nuevo ejercicio de ejemplaridad y servicio público”.

En este contexto, ha puesto en valor la intervención de “más de 1.180 efectivos” que se volcaron en la gestión de la emergencia, incluyendo seguridad ciudadana, policía judicial, tráfico, reserva, y los servicios aéreos, de criminalística y cinológico. El ministro ha resaltado que “la coordinación de las unidades de la comandancia de Córdoba, junto con refuerzos de otros lugares, dejó patente la capacidad operativa de la institución” para responder a “situaciones de máxima complejidad”.

Además, Marlaska ha apuntado que la atención a las víctimas y familias en Adamuz se realizó con una entrega que refleja la “esencia misma de ser guardia civil: vocación de servicio, disponibilidad, cercanía, profesionalidad y profundo sentido del deber”. Estos mismos valores se han visto también en los incendios forestales del pasado verano y las inundaciones en Andalucía y Extremadura de febrero.

En el ámbito de la seguridad, el ministro ha destacadola lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección de los más vulnerables. Especial mención ha tenido la lucha contra la violencia de género, donde este cuerpo protege a “casi 1.000 víctimas en Córdoba” desde 2023. Además, ha celebrado los avances en igualdad, como el ascenso de dos mujeres a coronel y su deseo de contar pronto con la “primera general”.

El acto ha concluido con un emotivo reconocimiento a las familias y un “acto de justicia” hacia los fallecidos. Finalmente, se ha rendido un recuerdo solemne a quienes han muerto en acto de servicio, como Carlos Francisco, en Jerez de la Frontera; Alberto, en un dispositivo de evacuación, y Jerónimo y Germán, en las costas de Huelva. “Su legado permanecerá vivo”, ha concluido el ministro. Al evento han asistido también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; y otras autoridades, como el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja; el fiscal de Córdoba, Fernando Sobrón; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido.