La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se encuentra trabajando en una alternativa técnica y ambientalmente viable que permita la transformación de la carretera N-432 en la autovía A-81 en un futuro a medio o largo plazo. Esta decisión, como ya ha ido informando este periódico meses atrás, surge tras el proceso de tramitación ambiental del tramo Córdoba-Granada, que no logró obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable debido a la sensibilidad del entorno y la dificultad para preservar los valores naturales de ese espacio.

Por tanto, esta situación ha derivado en que el Gobierno de España opte por un plan de actuaciones por fases que busque mejorar la seguridad de forma inmediata. Todo ello pensando y sin renunciar tanto a la duplicación de la calzada y a la reconversión finalmente en la autovía A-81, más aún viendo que los accidente con heridos graves o fallecidos ha ido en aumento en los últimos meses.

El problema ambiental, la principal traba a tener en cuenta

Los obstáculos ambientales han sido el principal motivo por el que la reconversión integral de la N-432 en autovía se considerase inviable a corto plazo. Entre los problemas detectados por el Gobierno de España ha destacado la presencia de poblaciones de lince ibérico en el sector Zafra-Espiel, así como la imposibilidad técnica de abrir nuevamente el núcleo de Sierra Morena. Por otro lado, el Ministerio ya explicó que los requisitos ambientales actuales son más duros que hace apenas dos décadas y toda esta situación ha conllevado que los proyectos originales hayan caducado.

Por tanto, el Ejecutivo ha ideado una medida prioritaria y es la redacción de un anteproyecto para la duplicación de la calzada en el tramo entre Cerro Muriano y Córdoba. Esta actuación responde, según el Gobierno de España, a la alta intensidad de tráfico que soporta la zona debido a la presencia de la base militar y diversas barriadas periféricas. Gracias a esto, se dotaría de mayor fluidez y capacidad a uno de los sectores más congestionados de la provincia, aunque no corta el problema de raíz.

De hecho, y tras dejar en un panorama secundario en varias ocasiones esta vía y diferentes tramos a su paso por Córdoba -sobre todo el que une con Granada por su DIA fallida- el Ministerio de Transportes ha confirmado que, por un lado, estudiará una alternativa ambientalmente viable para que la reconversión en autovía de la N-432 sea una realidad. De momento, las actuaciones prioritarias también se destinan al resto de tramos, donde el Ejecutivo ha propuesto, en su caso, un modelo de carretera 2+1.

De forma complementaria, durante el presente año 2026, se llevarán a cabo labores de conservación y mantenimiento ordinario en diversos tramos de la provincia de Córdoba. Estas tareas incluyen el sellado de fisuras, la reposición de marcas viales, la mejora de la señalización vertical y la adecuación de sistemas de contención. Estas acciones preventivas están diseñadas para garantizar el funcionamiento operativo de la infraestructura mientras se avanzan en los proyectos de mayor envergadura técnica.

En el fondo: los daños de las borrascas de enero y febrero

Asimismo y en este mismo documento al que ha accedido este periódico, el Ministerio ha programado una rehabilitación específica del firme en los puntos kilométricos 242-258 y 276-309 de la N-432. Esta intervención es especialmente necesaria tras el deterioro causado por la sucesión de trenes de borrascas ocurridos entre enero y febrero de 2026, que afectaron gravemente a la Red estatal. Con estas obras de reparación, se busca restituir las condiciones óptimas de funcionalidad y durabilidad de la carretera para mejorar la experiencia de conducción y la seguridad de los usuarios.

El diputado nacional de origen cordobés Alberto Mayoral ha destacado, en el marco de una jornada sobre trabajo e inteligencia artificial celebrada en el ámbito de la Comisión de Trabajo del Parlamento europeo, los datos de inversión pública en la provincia de Córdoba, que supera los 700 millones de euros entre fondos europeos y otras líneas de impulso económico y territorial.

Según ha informado este domingo el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que estas cifras “permiten comprobar la importancia de la inversión pública a la hora de acompañar la actividad económica, favorecer la modernización de nuestro tejido productivo y generar oportunidades para la provincia de Córdoba”.

En conjunto, la provincia supera los 702 millones de euros en distintas actuaciones e iniciativas “con impacto sobre el territorio, el empleo, la actividad empresarial y la mejora de oportunidades en numerosos municipios cordobeses”, según valoran desde el PSOE.

En el caso de Córdoba capital, el volumen de inversión se sitúa en torno a los 196,5 millones de euros, dentro de una distribución que alcanza al conjunto de la provincia y que, en palabras de Mayoral, “pone de relieve la necesidad de que las administraciones estén a la altura de los retos económicos y sociales de nuestra tierra”.

El diputado socialista ha defendido que detrás de estas cifras “hay respaldo a municipios, apoyo a la actividad económica, impulso a la modernización y actuaciones que contribuyen a sostener empleo y oportunidades en la provincia de Córdoba”.

Mayoral ha señalado además que estos datos “invitan a reflexionar sobre dos formas distintas de afrontar los problemas de Andalucía”. En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno andaluz “no esté respondiendo con la ambición necesaria a las necesidades reales de nuestra tierra”, y ha reclamado “más compromiso con los servicios públicos, con el empleo y con el desarrollo equilibrado de la provincia”.

Por último, ha considerado que “Córdoba necesita atención, inversión y una apuesta firme por su futuro”, y ha subrayado que la provincia “merece administraciones comprometidas con su potencial, con su tejido productivo y con la vida cotidiana de su gente”.

El Gobierno de la Nación ha aclarado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que, “en cuanto a la posibilidad de facilitar información sobre actuaciones inspectoras concretas en la empresa Hitachi Energy, debe subrayarse que, en relación con actuaciones en curso o ya finalizadas, rige el deber de sigilo”.

Así ha respondido el Gobierno de España, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, después que Santiago preguntase al Gobierno “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo, sobre el que aún no hay acuerdo, si bien ahora las jornadas de huelga están suspendidas.

Junto a ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados preguntó al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”.

Ante ello, el Ejecutivo central ha respondido que, respecto a facilitar información sobre las actuaciones que la Inspección de Trabajo haya llevado a cabo o esté realizando en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba “rige el deber de sigilo”, tal y como está “regulado en el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que impone a los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el deber de sigilo con un alcance muy amplio”.

Tanto es así, que dicho deber de sigilo se extiende, “tanto al origen de cualquier queja de la que tenga conocimiento sobre incumplimientos de las disposiciones legales, como a cualquier tipo de datos, informes o antecedentes de los que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por ello, “se considera que los datos solicitados, por afectar a una empresa en concreto, están comprendidos en el ámbito de reserva acotada por el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio y, por tanto, no se puede facilitar información al respecto”.

Junto a esto, según ha añadido el Gobierno de España en su respuesta a Enrique Santiago, “en el supuesto que nos ocupa, cabe indicar además que el ejercicio de acciones contra despidos se deben interponer ante la Jurisdicción Social, por ser el órgano competente para conocer sobre ellos”.

En cualquier caso, el Gobierno ha recordado “el derecho” que, por Ley, tiene “la persona trabajadora a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, de forma que, “en caso de incumplimiento que sea puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en caso de ser comprobado, dará lugar a la comisión de una infracción grave”, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, señalando que, “en los casos de impagos y retrasos reiterados del salario debido, será una infracción muy grave” la cometida.

Por último, el Ejecutivo central ha señalado que, “sin perjuicio de lo indicado, en relación con la posible presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que conllevarían el inicio de las actuaciones de comprobación correspondientes, se debe indicar que la ya referida Ley 23/2015, de 21 de julio, establece que la Inspección actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas de inspección, también a petición razonada de otros órganos, o por propia iniciativa de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social”.

Uno de los casos que no se termina de resolver y que ha comenzado con las decisiones drásticas. Carmen Montero, madre de Javier Marañón Montero, el cordobés retenido en Guinea Ecuatorial, ha anunciado que iniciará una huelga de hambre indefinida el próximo 22 de abril. Esta fecha coincide con el cumplimiento de un nuevo mes de lo que su familia califica como una “detención arbitraria” que se prolonga ya por casi 15 meses.

A sus 83 años, y tras haber pasado por cuatro intervenciones quirúrgicas en el último año, Carmen Montero ha tomado la decisión de dejar de tomar su medicación diaria. Según explican sus hijos en un comunicado oficial al que ha tenido acceso este periódico, la madre del cordobés padece diversas patologías y sufre crisis de ansiedad continuas ante la impotencia de no poder ayudar a su hijo. “Mi vida por la de Javi y Marina”, afirma refiriéndose a su hijo y a su nieta de apenas dos años. Su familia ha asegurado en el escrito que es una “mujer de palabra” y que, si en el plazo de una semana no se producen avances, dejará de comer hasta que Javier y su compañero, David Rodríguez, regresen a casa.

Antecedentes

Javier Marañón y David Rodríguez permanecen retenidos en una cárcel de Malabo desde el 22 de enero de 2025. Sus allegados han defendido desde el primer día que son personas “honestas y honradas” que están siendo retenidas contra su voluntad sin que existan cargos que justifiquen su estancia en prisión. Actualmente, los dos españoles se encuentran enfermos, sin posibilidad de recibir visitas y sobreviviendo en condiciones precarias.

A pesar de que el Parlamento Europeo emitió el pasado 8 de octubre una Declaración Institucional apoyada por todos los grupos políticos denunciando la “detención arbitraria”, la familia ha denunciado el silencio por parte de las autoridades españolas.

Los familiares han enviado miles de comunicados al Ministerio de Exteriores, a la Casa Real, al Defensor del Pueblo, a la ONU e incluso al Papa Francisco, sin obtener resultados concretos. El documento está dirigido directamente al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, preguntándole qué medidas va a tomar antes de que la salud de Carmen Montero llegue a un punto de no retorno. “¿Van a venir a darnos las condolencias?”, concluye el escrito.

Aena ha decidido insistir nuevamente al Gobierno de España para que el Aeropuerto de Córdoba cuente con los servicios de aduana necesarios para su expansión internacional. Esta petición data del pasado mes de febrero, según revela en una respuesta en el Senado a gobernantes populares, y busca desbloquear administrativamente una infraestructura que, pese a sus recientes mejoras, sigue limitada por la falta de permisos para operar vuelos con países fuera del espacio aéreo europeo.

Esta iniciativa, además, responde al interés por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Aena y Diputación de Córdoba de dotar a dicho aeropuerto de los servicios técnicos requeridos para gestionar el tráfico aéreo internacional con países no Schengen. Esta medida se ha convertido en una reclamación recurrente no solo en las instituciones cordobesas, sino que también de diversos sectores económicos locales, quienes consideran imprescindible potencial la conectividad para atraer turismo de largo alcance.

Una solicitud que ya viene de meses atrás

Aena ha vuelto a insistir de esta petición al Gobierno de España después de que ya lo solicitase a mediados del 2025. Según fuentes gubernamentales en respuestas parlamentarias registradas en el Senado, el Ministerio del Interior ha mantenido la solicitud en fase de estudio durante este tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno había confirmado que Aena aún no disponía de la autorización pertinente de la Secretaría de Estado de Seguridad para proceder a la habilitación definitiva.

Sin embargo, en los últimos meses las informaciones recogidas eran claras: este sistema no iba a llegar al Aeropuerto de Córdoba y eso hacía que las aerolíneas cesasen en su interés de llegar a la capital cordobesa. Pese a ello, la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, no cerró la puerta a la aduana y Aena se ha encargado de seguir insistiendo para que llegue a su fin.

El pasado 6 de febrero de 2026, la dirección de Aena ya remitió dicha petición formal a la Secretaría de Estado de Seguridad. En aquel documento, se solicitaba acordar la habilitación del punto Schengen para Córdoba, con el fin de disponer de los servicios necesarios para atender vuelos con procedencia y destino fuera de dicha zona, aunque, dos meses después, se sigue esperando una resolución favorable por parte del Gobierno de España.

El espacio Schengen

El proceso de habilitación como frontera exterior Schengen es complejo, ya que no se limita exclusivamente al control de pasaportes. La solicitud de Aena incluye la implantación de servicios aduaneros y de seguridad complementarios que garanticen el cumplimiento de la normativa europea. Actualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad continúa analizando junto a Aena cómo llevar a cabo esta implantación técnica.

Desde el punto de vista operativo, los planes ya están definidos en caso de recibir luz verde. Los controles documentales y de aduana se llevarían a cabo en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Para ello, se procedería a la instalación de las correspondientes casetas de control y el despliegue de los efectivos policiales y aduaneros necesarios, cumpliendo con la legalidad vigente.

Córdoba acogerá el próximo otoño un acto de carácter internacional con motivo del IX Centenario del nacimiento del filósofo andalusí Averroes, en el que participarán la Unesco y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Así lo ha anunciado este martes el presidente de esta última institución, Miguel Ángel Moratinos, durante la presentación de las actividades conmemorativas previstas para celebrar que se cumplen 900 años del nacimiento de esta figura, calificada como “patrimonio de la humanidad” por parte del exministro.

El acto, que previsiblemente se celebrará en octubre, incluirá una mesa redonda centrada en el pensamiento filosófico árabe, europeo y occidental, así como en la contribución científica de Averroes, cuya obra supuso, en palabras de Moratinos, un puente entre culturas y saberes. El alto mandatario ha destacado que se trata de una figura “que no puede ser ignorada cuando miramos hacia atrás hacia las grandes personalidades del mundo” y ha subrayado su papel en la consolidación del pensamiento universal.

El exministro ha explicado que la intención es organizar un gran evento con participación institucional de España y Marruecos, junto a entidades como Casa Árabe, la Junta de Andalucía y diversas organizaciones académicas, además de los dos grandes pilares de Naciones Unidas: la Unesco —cuya presencia ha dado prácticamente por garantizada, pese a que ha confesado que aún no está confirmada— y la Alianza de Civilizaciones.

“Averroes, aunque hispano-marroquí, es patrimonio de toda la humanidad”, ha señalado Moratinos, quien ha recordado que el pensador cordobés supo integrar el conocimiento acumulado de distintas tradiciones y transmitirlo a Occidente. En este sentido, ha destacado su papel como traductor y difusor de la filosofía griega, especialmente de Aristóteles, y su influencia posterior en figuras como Tomás de Aquino.

Durante su intervención, también ha puesto en valor la dimensión intelectual de Averroes como jurista y filósofo, subrayando su defensa del equilibrio entre religión y ciencia. “Advirtió de que ninguna debía prevalecer sobre la otra, sino convivir”, ha indicado, destacando que su pensamiento fue clave para situar la razón como eje del pensamiento crítico tanto en el mundo occidental como en el islámico.

Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha señalado que su país se suma a esta conmemoración por tratarse de “una personalidad excepcional que ha contribuido a toda la humanidad”. Asimismo, ha subrayado que las relaciones entre España y Marruecos atraviesan “un momento excepcional e histórico”.

El programa presentado ha sido dado a conocer en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en un acto en el que también han participado la subdelegada, Ana López, y el director general de Casa Árabe, Miguel Moro. Todos ellos han coincidido en destacar el simbolismo de Córdoba como espacio de convivencia y diálogo entre culturas, un espíritu que encarna la figura de Averroes y que se pretende proyectar con esta celebración internacional.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de una respuesta en el Senado tras la pregunta de miembros de la formación popular, ha revelado los últimos datos oficiales correspondientes a la nómina de febrero de 2026 con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ahí, Córdoba tiene una cuantía media mensual por hogar percibida que se sitúa en 468,29 euros, una cifra que se sitúa notablemente por debajo de la media nacional, establecida en 545,13 euros.

Una diferencia de casi 77 euros que coloca a Córdoba en la cola de las prestaciones del IMV en España. Dentro de Andalucía, este número se incrementa notablemente, ya que la provincia cordobesa es la que registra la ayuda media por hogar más baja. Se sitúa por detrás de otros territorios como Huelva (470,12 euros), Jaén (472,27 euros), o Sevilla (478,93 euros). En el otro extremo de esta clasificación se encuentra Málaga, donde recibe por vivienda más de 570 euros.

Los ingresos por persona, aún más notables en Córdoba

En la comparativa nacional, Córdoba comparte los puestos más bajos con provincias como Soria, que registra la cifra mínima absoluta con 364,60 euros, Guadalajara (426,80 euros), Segovia (428,24 euros) y Badajoz (434,89 euros). En el otro lado de la clasificación y con casi el doble de ayuda se encuentra la Comunidad Floral de Navarra, donde la cuantía media asciende a 748 euros o la ciudad autónoma de Melilla, con 714 euros.

La precariedad es más palpable cuando se analiza el ingreso por persona. Los 78.200 beneficiarios cordobeses del IMV perciben una cuantía media de 149,96 euros al mes por individuo. Una cifra que deja claro la media baja en Córdoba, aunque también Soria lidera este aspecto en el apartado nacional con 106,88 euros.

El perfil de las solicitudes: más mujeres y la gran mayoría, españoles

El perfil de quienes encabezan estas solicitudes en la provincia cordobesa tiene un marcado carácter femenino y nacional. De los titulares de la prestación, 18.623 son mujeres frente a 6.418 hombres, y la inmensa mayoría, un total de 24.026 titulares, poseen la nacionalidad española. La edad media del titular en Córdoba es de 43,62 años.

En cuanto a la composición de los hogares beneficiarios en Córdoba, destacan especialmente aquellos formados por dos adultos y dos menores, que suman 6.198 familias. Asimismo, existe una presencia importante de hogares con el complemento de ayuda para la infancia, llegando a 18.458 familias en la provincia que reciben una cuantía media por este concepto de 115,65 euros mensuales por hogar.

A pesar de estas cifras reducidas, la estadística muestra una evolución al alza en comparación con el año anterior. En febrero de 2025, la cuantía media en Córdoba era de 425,49 euros, lo que supone un incremento interanual de 42,80 euros, equivalente a una subida del 10,06%.

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con representantes de los 77 municipios de la provincia, con el objetivo de informar de manera detallada sobre el desarrollo, plazos y procedimiento de tramitación de las ayudas habilitadas por el Gobierno de la Nación para paliar los daños ocasionados por las recientes borrascas.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, este encuentro se produce tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de diversas normas que regulan estas ayudas, entre ellas el Real Decreto-ley 5/2026, la Orden 305/2026 y la Orden 312/2026 ambas de 27 de marzo. La mayoría de los municipios de la provincia van a poder recibir el 100% de los gastos de inversiones que hayan tenido que acometer con motivo de los acontecimientos climáticos sufridos.

La subdelegada ha destacado la importancia de esta reunión, como herramienta de coordinación para garantizar que todos los municipios dispongan de la información necesaria y puedan tramitar correctamente las ayudas dentro de los plazos establecidos. Además, se ha habilitado para dudas el correo 'OficinaAyudasCordoba@correo.gob.es'.

También ha subrayado Ana López el papel fundamental de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, tanto en la identificación de daños, como en el acompañamiento en los procedimientos administrativos.

El Gobierno de España, según ha señalado, “reafirma así su compromiso con la recuperación de los municipios afectados, facilitando recursos económicos y mecanismos ágiles que permitan restablecer cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas”.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dado un paso más para ultimar la construcción de áreas de servicio con estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en la Autovía del Sur A-4 en la provincia de Córdoba.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria para el levantamiento de actas para la ocupación de espacios afectados por este proyecto, es decir, para ejecutar las expropiaciones de terreno necesarias para llevar a cabo la construcción de estas estaciones. Así, se ha convocado a los titulares de bienes y derechos que se expropian por este proyecto para notificación de este paso.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó en febrero el expediente de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir estas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Las dos áreas de servicio proyectadas en Córdoba con estaciones de recarga ultrarápida estarán en la A-4 a su paso por Montoro, a ambos lados de la vía, en concreto en el kilómetro 353.

Estas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes para la dotación de este tipo de instalaciones en la Red de Carreteras del Estado, que tiene por objetivo contribuir a la descarbonización del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario.

Tras la aprobación del expediente de este proyecto, el Ministerio licita el correspondiente contrato de concesión de obras y la redacción del proyecto constructivo de las áreas de servicio por los correspondientes adjudicatarios de las concesiones. Una vez aprobados estos proyectos por la Dirección General de Carreteras, se proseguirá con la construcción y explotación de cada una de las áreas.

Tras las lluvias del pasado febrero, la duda del estado de las presas ha vuelto a surgir en primavera. Es por ello que necesitan una serie de trabajos después de estar en tensión continua, con muchas de ellas superando, incluso, el 100% de su capacidad. Gracias a esto, el Gobierno de España ha anunciado que está programada una inversión que supera los 5,6 millones de euros para 2026. Esta información ha sido compartida en una respuesta parlamentaria en el Senado al grupo popular.

Bajo la gestión directa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el plan de actuación contempla fondos para un total de catorce embalses y derivaciones muy importantes para el abastecimiento y la regulación del agua de la región. El proyecto que acaparará el mayor volumen de recursos económicos será el del embalse de Puente Nuevo, que cuenta con una asignación de 1.244.117,07 euros, situándose como la obra de mayor envergadura presupuestaria para este año. A esta le siguen en importancia financiera las intervenciones programadas en el pantano de Bembézar, con 684.202,14 euros, y el de Guadalmellato, que es clave para la capital cordobesa, que recibirá 611.106,31 euros.

El desglose presupuestario, al que ha tenido acceso este periódico gracias a la respuesta del Senado, también asigna cifras notables a otras presas de la cuenca. Y es que destacan las inversiones en el embalse de Retortillo, con 557.337,65 euros, y su correspondiente obra de derivación, que cuenta con 406.273,25 euros, así como la derivación de Bembézar en Hornachuelos, que recibirá 536.301,73 euros. Otras infraestructuras que han logrado financiación para mejoras técnicas y de seguridad son San Rafael Navallana con 321.387,82 euros, José Torán con 309.072,29 euros y Sierra Boyera, que tiene designados 235.006,48 euros.

La planificación de la CHG para 2026 se completa, además, con partidas menores, incluyendo los embalses de Vadomojón, que cuenta con 198.409,44 euros, Yeguas, con 197.346,37 euros, Martín Gonzalo, con un presupuesto de 161.106,31 euros, Iznájar, con 111.106,31 euros, y Guadanuño -104.969,55 euros-.

En otro orden, la respuesta del Gobierno ha recalcado que existen otras infraestructuras gestionadas por la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) para las que aún no ha sido posible cuantificar una cifra exacta de inversión.

Las lluvias y el paso del tráfico durante los últimos años han hecho que el firme de la vía principal de la provincia de Córdoba esté muy dañada. Es por ello que el Gobierno de España, mediante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha anunciado mediante una respuesta escrita a políticos populares en el Senado que trabaja para garantizar un adecuado nivel de servicio y las condiciones en la Red de Carreteras del Estado. Este objetivo también pasa por actuar en dos tramos de la A-4 a su paso por la extensión cordobesa.

Esta intervención es gracias al estado de deterioro que presenta la calzada en determinados puntos de su recorrido por la provincia. Los informes técnicos han señalado la existencia de daños tanto estructurales como superficiales, los cuales están directamente asociados al agotamiento de la vida útil de los materiales que componen el pavimento. Estos problemas se han visto agravados significativamente por la intensidad y la tipología del tráfico pesado que soporta diariamente esta arteria fundamental para la conectividad del sur peninsular.

Además, las lluvias del 2026 han hecho también que los baches sean una tónica general en las carreteras de Andalucía y Córdoba no se ha librado de ello. Muchos conductores y gruistas se quejaron de los agujeros que había en el asfalto a raíz de las precipitaciones caídas, sobre todo, a finales de febrero. Aunque estas actuaciones, que mejorarán el pavimento irregular en dos puntos de la A-4, no responden a esta problemática.

Las actuaciones en la A-4

Una de las actuaciones principales se localiza en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 347,550 y 374. Esta parte de la vía abarca desde el límite provincial con Jaén hasta el municipio de El Carpio. Las labores en esta zona se centrarán específicamente en la rehabilitación y mejora del firme, con el objetivo de sustituir la regularidad superficial y la capacidad estructural necesaria para que el tránsito de vehículos se realice de nuevo en condiciones óptimas de seguridad y comodidad.

Por otro lado, el Ministerio tiene en marcha la rehabilitación estructural de un segundo tramo que da, a su vez, continuidad al anterior. Se trata del trayecto que va desde el punto kilométrico 374 hasta el 399, cubriendo la distancia entre El Carpio y Córdoba ciudad. La suma de ambos proyectos permitirá una transformación completa de la vía en este trayecto, logrando que los conductores que se dirigen a la capital desde el este encuentren una carretera totalmente renovada en sus capacidades técnicas y de seguridad.

Pese a que no está reflejado en la respuesta del Senado, ahora solo quedaría la rehabilitación y mejora del firme en la A-4 en dirección Sevilla o Málaga, donde el pavimento también se encuentra en esta deficiente por, como se ha dicho anteriormente, los baches y el paso del tiempo debido al gran tráfico que esta carretera conlleva de manera diaria.

En relación a esto último, el Ministerio de Transportes ha adelantado que la atención a las carreteras cordobesas no se limitará exclusivamente a estos grandes tramos de la autovía. Se prevé la ejecución de diversos trabajos adicionales de reparación de firmes en distintos puntos de la Red de Carreteras del Estado repartidos por toda la geografía provincial. Estas intervenciones tienen como finalidad subsanar específicamente los desperfectos que han aparecido o se han agravado recientemente debido a los episodios meteorológicos adversos sufridos en la zona.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha lamentado este lunes que “el PSOE de María Jesús Montero ha enterrado la conversión en autovía de la N-432”, ante la respuesta parlamentaria del Gobierno a los senadores del PP en la que expone “las mejoras que pretende llevar a cabo en esta carretera a su paso por la provincia, y donde se da cuenta de la intención del Ejecutivo de duplicar carriles en determinados puntos”.

En una nota, Casanueva ha manifestado que “es otro engaño más del Gobierno de Sánchez, es una patada hacia adelante con una infraestructura que lleva demasiado tiempo metida en un cajón del Gobierno del PSOE”, al tiempo que ha afirmado que, con esta respuesta parlamentaria, “la única conclusión es que la N-432 no será una autovía, porque una autovía debe serlo desde el principio hasta el final, y ya sabemos por el propio Gobierno que el tramo Zafra-Espiel ni siquiera está en estudio en estos momentos”.

Además, ha afirmado que “esta nueva respuesta del Ministerio de Transportes deja claro que el tramo Córdoba-Granada tampoco será autovía, porque pretenden desdoblar algunos kilómetros entre Córdoba y Espejo, y del resto de carretera desde Espejo a Granada ni siquiera se hace mención cuando en este tramo entre Baena, Luque y Alcaudete existen muchos accidentes”.

Según ha expresado, “estas intenciones del Gobierno del PSOE son de dudosa credibilidad”, puesto que “el Ejecutivo no tiene Presupuestos Generales del Estado porque lleva tres años sin presentarlos”. “¿De dónde va a sacar el dinero para construir esos carriles nuevos?”, ha cuestionado la popular, quien ha apostillado que “esto es otra tomadura de pelo a los cordobeses, y ya está bien, porque es la seguridad vial de las personas que usan esta carretera a diario”.

Para la senadora, “el Gobierno del PSOE ha desperdiciado ocho años sin hacer nada ni para convertir en autovía ni para eliminar los puntos negros de una de las carreteras más peligrosas de España, según ha dejado claro el RACE”.

“Nunca han tenido intención de convertir en autovía la N-432, este es el castigo del PSOE a la provincia, y muy especialmente a la zona norte de la provincia donde sus municipios tienen que hacer frente al reto demográfico sin autovía, sin capacidad eléctrica para la industria y con la enésima negativa de la CHG para dejar que la Junta termine la conexión de La Colada”, ha afirmado, para reprochar “tanto castigo al norte de Córdoba”. “Los cordobeses no merecen este desprecio del PSOE y del Gobierno de Sánchez”, ha subrayado.

Así, ha remarcado que desde el PP de Córdoba seguirán “trabajando y reclamando mejoras reales en seguridad en una de las carreteras fundamentales en la provincia”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concretado sus planes para la mejora de la carretera N-432 a su paso por la provincia de Córdoba, descartando nuevamente la reconversión a una autovía integral de esta vía a corto e incluso medio plazo. Según una respuesta oficial del Gobierno de España en el Senado a la que ha tenido acceso este periódico, la estrategia se centrará en la duplicación de calzada en los tramos donde se ha detectado que hay un mayor tráfico y la creación de vías de tres carriles -en el formato conocido como 2+1- para mejorar tanto la fluidez como la seguridad para los vehículos.

La medida que más destaca en este documento para el entorno de la capital cordobesa es la redacción del anteproyecto de duplicación de calzada -es decir, 2+2- en el tramo comprendido entre Cerro Muriano -más concretamente en el punto kilómetro (p.k) 253,8- y el núcleo urbano de Córdoba -p.k 266.7-. Esta actuación tiene como objetivo dotar a este conflictivo trazado de dos carriles por sentido, respondiendo así a las demandas sobre la alta intensidad de tráfico que soporta esta vía con la base militar y las barriadas periféricas.

Sin embargo, este modelo no será el mismo para el resto de la provincia cordobesa. De hecho, y para otros sectores de la N-432 donde la construcción de una nueva autovía de nuevo trazado se considera inviable, el Gobierno de España ha optado por el modelo carretera 2+1 -dos carriles en un sentido y uno en el contrario, aunque con alternancia-. Ahí se trabaja en dos puntos concretamente: de Espiel a Cerro Muriano, entre los kilómetros 223,4 y 253,8; y de Córdoba a Espejo, desde el p.k 276 hasta el 306,4.

Estas actuaciones guiadas por el Gobierno de España buscan mejorar la seguridad viaria y facilitar los adelantamientos, rectificando curvas y eliminando tramos conflictivos en zonas donde la orografía y las restricciones ambientales impiden una obra de mayor envergadura. De hecho, estos son los principales inconvenientes por lo que el Ejecutivo ha optado por rechazar la reconversión de la N-432 en autovía en un plazo corto o medio plazo.

La autovía A-81: una opción que se desvanece

Estas decisiones y proyectos para renovar la N-432 hace que la reconversión que atraviese, sobre todo, la provincia de Córdoba por la parte noroeste no existirá, por lo menos, en los próximos años. El Gobierno de España admitió en respuestas al Senado anteriores -de las que también se hizo eco este periódico- que la caducidad de los proyectos originales y los nuevos requisitos ambientales -que, por cierto, son más estrictos que hace dos décadas- hacen “inviable” el trazado completo.

Son numerosos los problemas que se ha encontrado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para tratar esta reconversión. Por un lado, la presencia de linces ibéricos en el tramo de Zafra-Espiel y, por el otro, la imposibilidad de abrir una “nueva brecha” en el corazón de Sierra Morena. Además, el tramo que comprende entre Córdoba y Granada tampoco logró superar la declaración de impacto ambiental necesaria para la transformación de esta carretera en la famosa autovía A-8.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya adelantó con anterioridad que los esfuerzos del Gobierno de España estaban puestos en construir tramos de autovía en los alrededores de Granada y la conexión Badajoz-Zafra. Esta decisión dejaba en un limbo a unos de los puntos negros más destacado de todas las carreteras que comprenden la red viaria de Andalucía.

Todo ello unido a la falta de fondos comunitarios para nuevas autovías, España tendría que financiar estas obras. Por tanto, ha decidido optar por la mejora del trazado actual de la N-432 en lugar de reconvertir la carretera en autovía para que disminuyan los fallecidos en esta vía, que fueron diez durante el 2025. Aun así, el Gobierno no cierra la puerta a esta opción, ya que el tramo de Zafra y Espiel queda relegado a una segunda fase y a largo plazo, siempre y cuando exista un futuro estudio informativo.

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este viernes la “inversión histórica” del Gobierno de España en becas y ayudas al estudio, “una apuesta que beneficia a cerca de 21.500 estudiantes cordobeses y que vuelve a demostrar que, cuando gobierna el PSOE, la política sirve para proteger a las familias, abrir oportunidades y garantizar que ningún joven se quede atrás por falta de recursos”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que, “frente a ese esfuerzo del Gobierno de España, en Andalucía lo que hay es el modelo de Juanma Moreno (PP), basado en recortar la educación pública, favorecer a la enseñanza privada y dejar cada vez más solas a las familias andaluzas. Ésa es la verdad detrás de tanta propaganda”, la de “menos apoyo real a la escuela pública y más abandono para quienes dependen de los servicios públicos para salir adelante”.

El diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo central que preside el socialista Pedro Sánchez “ha aprobado una inversión histórica de 2.559 millones de euros en becas y ayudas al estudio” y, “además, Andalucía recibirá 16,3 millones de euros para libros de texto y material didáctico”.

Mayoral ha lamentado que, “mientras el Gobierno de España pone dinero para que estudiar no dependa del bolsillo de tu familia, Moreno sigue sin estar a la altura de lo que necesitan miles de padres y madres andaluces”. De hecho, según ha afirmado, el presidente andaluz “lleva años debilitando la educación pública, cerrando oportunidades y empujando a muchas familias a sentir que, si quieren certezas para sus hijos, tienen que buscárselas fuera del sistema público”.

“Ése es el problema de fondo --ha subrayado--, Moreno no cree en la educación pública como columna vertebral de la igualdad, y cuando uno no cree en lo público, acaba deteriorándolo”. Por eso, “no está defendiendo la educación pública andaluza”, sino que “la está dejando caer poco a poco, y mientras eso ocurre, mientras faltan respuestas y sobra propaganda, las familias siguen haciendo malabares para sacar adelante cada curso escolar”.

Lo que hace falta, según ha subrayado el diputado socialista, “no son eslóganes ni titulares vacíos. Lo que hace falta es compromiso, recursos y valentía política para defender de verdad la escuela pública”.

Mayoral ha añadido que “esa forma de gobernar castiga especialmente a provincias como Córdoba, donde muchas familias necesitan apoyo real para afrontar el coste del curso escolar y garantizar que sus hijos e hijas puedan estudiar con dignidad. Aquí no hacen falta fotos ni discursos huecos. Aquí lo que hace falta es un gobierno que se ponga del lado de la mayoría social, y hoy quien lo está haciendo es el Gobierno de España, no Moreno”.

Por último, Mayoral ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía “que deje de esconderse tras la propaganda y asuma su responsabilidad. No puede seguir vendiendo gestión mientras debilita la educación pública, protege otros intereses y abandona a las familias andaluzas. Ya está bien. La educación pública se defiende con hechos, no con campañas de imagen”.

Miembros de la Plataforma 'Que Pare el Tren en Los Pedroches' han entregado a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, las primeras hojas de firmas recogidas para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se reconozca la estación Villanueva de Córdoba-Los Pedroches como Obligación de Servicio Público (OSP) “que aseguraría frecuencias mínimas suficientes y estables, tarifas accesibles sin oscilaciones imposibles y una conectividad efectiva con Córdoba, Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona con el tren directo”.

Asimismo, según han detallado desde la plataforma, “estas firmas de los ciudadanos exigen que la Junta de Andalucía ponga en marcha la conexión de los pueblos de la comarca con la estación de una manera realmente operativa, que atienda a cada salida o llegada de los trenes, con dedicación exclusiva al servicio de la conexión con la estación, que permita acceder a la misma con facilidad y seguridad”.

Al respecto, han valorado que “la subdelegada se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones de la Comarca a las administraciones respectivas y ha mostrado su respaldo”, al tiempo que han remarcado que aprovecharán “cualquier visita o relación de los responsables de las diferentes administraciones para llevar la voz de los ciudadanos a los centros donde, con sus impuestos, se toman decisiones que afectan al futuro de la comarca”.

Familiares y amigos de Javier Marañón Montero -el joven de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)- y de David Rodríguez Ballesta, ambos encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

“Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta”, ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles “varios diputados del PP” y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido “con Podemos, PSOE e Izquierda Unida”.

“Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano”, ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que “las palabras e intenciones” se conviertan en hechos. “Hemos llamado su atención”, ha destacado.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

“Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan”, señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le proponen que “descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La hermana de Javier Marañón, el joven del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo que junto al granadino David Rodríguez está preso en Guinea Ecuatorial desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), registrará este miércoles las más de 45.000 firmas de apoyo que han recogido a través de 'Change.org/DavidyJavier' para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa para la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach”.

Según ha expuesto en un comunicado Laura, la hermana de Javier, “son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, al tiempo que ha avisado de que David y su hermano “pueden morir si no se actúa pronto”, de manera que ha rogado que no quieren que les den el pésame, sino que “los saquen de una vez de allí”.

Además del registro de firmas, familiares y amigos de David y Javier se concentrarán en la puerta del Congreso de los Diputados entre las 10,30 y las 12,30 horas de este miércoles, porque llevan “más de un año esperando una ayuda que nunca llega”, ha expresado Aarón, otro hermano de Javier, para indicar que van al Congreso porque ya no quieren “mediación de la embajada, sino que el Gobierno actúe directamente”, y esperan que “los diputados del resto de partidos salgan a apoyar”.

Al respecto, Laura ha avisado de que “desde enero de 2025 llevan privados de libertad injustamente”, a lo que ha agregado que “no les ven los médicos, no pueden hablar con sus abogados y no pueden ser visitados por sus familiares”. “David y Javier están detenidos sin responsabilidad en los hechos investigados, tras acudir a una reunión, sin ostentar ningún cargo directivo ni tener relación con las decisiones empresariales”, de modo que “son trabajadores inocentes”, se puede leer en la petición 'change.org/DavidyJavier' que fue lanzada por Laura en el mes de octubre.

Asimismo, en julio las familias fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en Pleno se aprobó por unanimidad “una resolución para que las instituciones europeas actuasen a favor de su libertad, pero no ha habido ningún resultado”, han lamentado, para pedir que “dejen de darle la espalda a estos trabajadores españoles”. Las familias temen que “si no se les saca ya pronto de la prisión de Black Beach de Guinea Ecuatorial, pueda costarles la vida”.

En este caso, Laura ha contado que su hermano Javier ha perdido ya “más de 20 kilos” y que David necesita “medicación constante que no saben si se le está suministrando”. “Es urgente que el Gobierno español actúe con firmeza y de inmediato”, porque “pueden morir y están en una situación límite”, ha apostillado.

La campaña lanzada hace unos meses ha conseguido reunir más de 45.000 firmas en donde insisten en que “la ineficacia del Gobierno puede costarles la vida”. A las firmas se han sumado muchos comentarios de apoyo y con petición “urgente” al Ejecutivo español para que actúe.

Vías de negociación

En concreto, el Gobierno de Guinea Ecuatorial avanzó en Navidad que se establecieron vías de negociación para “poner fin” al caso. El vicepresidente del país africano, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que exponía que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT establecieron “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, aseguró que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, apuntó que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

Desde la familia de Javier Marañón valoraron que la situación “mejoró”, en cuanto a recibir “algunas visitas y llamadas” de familiares, después los meses sin poder contactar con ellos, y esperaban que se llegara a un acuerdo “pronto” para que quedaran en libertad, algo que les habría gustado que fuese “antes de Navidad”, pero por el momento sin novedad, de ahí que acudan a la intercesión del Gobierno español.

Un respiro, aunque no muy notable para el bolsillo de los conductores de Córdoba. Según los datos registrados este 23 de marzo en el Geoportal de Gasolineras que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio del gasóleo A ha experimentado un descenso generalizado, situándose en la gran mayoría de las estaciones de servicio por debajo de la barrera psicológica de los dos euros por litro.

El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel ha hecho que la subida del combustible haya sido muy pronunciada. Por ello, era uno de los principales problemas que tenían que afrontar los españoles, pero las últimas medidas del Gobierno de España ha hecho que se estabilice esta tendencia. De hecho, las estaciones más baratas de marcas como Petroprix y Plenergy lideran el ranking de ahorro, ofreciendo el diésel a 1,649 euros el litro en diversos puntos de la capital, así como en Puente Genil y Lucena. Muy cerca de estas cifras se encuentran otras operadoras de bajo coste. Ballenoil, por ejemplo, mantiene un precio de 1,654 euros el litro en sus estaciones de Córdoba, Palma del Río, Lucena, Puente Genil, Villanueva de Córdoba y La Carlota.

En las estaciones de servicio de marcas tradicionales como Repsol, Cepsa y BP, los precios también reflejan una tendencia a la baja, aunque con cifras ligeramente superiores a las low cost. En la capital y provincia, los precios de Repsol oscilan mayoritariamente entre los 1,827 euros el litro y los 1,869 euros el litro, mientras que Cepsa presenta valores similares, situándose en torno a los 1,826 euros el litro en Priego de Córdoba y los 1,858 euros el litro en Córdoba capital. En municipios como Peñarroya-Pueblonuevo o Hinojosa del Duque, estos se mantienen en una horquilla de entre 1,739 euros el litro y 1,771 euros el litro.

A pesar de la bajada generalizada, todavía existen puntos aislados donde el diésel supera los dos euros. Las estaciones que presentan los precios más altos se encuentran en Villaviciosa de Córdoba, donde el litro alcanza los 2,079 euros el litro, y en Santa Cruz, con un precio de 2,038 euros el litro. También se registran valores de 2,029 euros el litro en puntos específicos de La Rambla y Montemayor.

Las medidas implementadas en el Gobierno de España

El pasado viernes, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas frente a la crisis por la guerra de Irán, tal y como informó eldiario.es. En su comparecencia, el presidente Pedro Sánchez enumeró una a una las medidas consensuadas, aunque no sin tensiones con Sumar, y explicó que iban a ir dirigidas tanto al alquiler como a los combustibles, unido a las gasolineras que Cordópolis te resume así:

¿Por qué sube la gasolina?

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha hecho que los ciudadanos estén más que pendientes de la subida del combustible que de otros problemas. Esta tendencia creciente ha hecho que el barril de Brent pase de cotizar en torno a los 60 dólares a superar a día de hoy los 109. Un vaivén muy importante, aunque tampoco se tiene en cuenta las cotizaciones internacionales de los combustibles que llegan ya refinados a las gasolineras -ahí también entra la oferta y la demanda, que en situaciones del estilo se dispara esta última-.

Este problema se agrava cuando se comprueba que Europa necesita de importaciones. Según ha confirmado ElPaís, este continente dispone de capacidad de refino suficiente para ser exportadora neta de gasolina, pero tiene un déficit a la hora del gasóleo, por lo que necesita pedir a otros países para satisfacer su demanda. Y ahí entra Estados Unidos -con quien España ahora mismo no está teniendo sus mejores relaciones- y Oriente Medio. La guerra entre estas dos potencias -la segunda más conectada con Irán- ha hecho que el Estrecho de Ormuz esté bloqueado por parte iraní. Una ubicación que está aumentando las tensiones en las últimas horas, con Irán y Estados Unidos queriendo controlarlo.

Gracias a este conflicto, el Gobierno de España ha decidido implantar una serie de ayudas para paliar este aumento del carburante tanto para las gasolineras como para los consumidores. Aunque se esperaba una bajada más pronunciada, este paquete anunciado por Pedro Sánchez ha hecho que la gran mayoría de los surtidores ya baje de esa barrera de los dos euros por litro en el diésel.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está trayendo consecuencias negativas a todo el planeta. Y España no se está librando de la subida de los precios. Más concretamente, el sistema agrario está atravesando un momento crítico debido, entre otras cosas, al encarecimiento que está sufriendo el gasóleo B, un carburante básico para la producción que, de media, está alcanzando picos de hasta 1,60 euros en la provincia de Córdoba. Esta escalada en los precios coincide con un periodo de intensa actividad para las explotaciones, por lo que estas labores no pueden detenerse pese a la falta de rentabilidad.

Más concretamente y para los que no sepan la diferencia entre un carburante u otro, el diésel A se utiliza como combustible para automóviles, el gasóleo B se utiliza para uso agrícola y de calefacción, el C es industrial, pero también se utiliza para calderas. El B está bonificado por el Gobierno de España y tiene un coste más controlado, pero eso no significa que se haya disparado, como se está viendo en los últimos días.

Según los datos actuales de las estaciones de servicio en Córdoba que ha podido consultar este periódico, el precio del gasóleo B ha subido significativamente, encontrando puntos donde ya supera los 1,70 euros en localidades como Villaviciosa de Córdoba o Palma del Río. Si bien existen cooperativas con precios ligeramente inferiores, la tendencia general sitúa el carburante en una horquilla de entre 1,40 euros y 1,50 euros.

Los agricultores y la “especulación salvaje”

Cordópolis se ha puesto en contacto con dos de las asociaciones más relevantes en este sentido para el sector agrario. Por un lado, Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, ha calificado esta situación como una “auténtica barbaridad”. El dirigente ha destacado que este encarecimiento llega en el peor momento posible, cuando los agricultores están “preparando para sembrar, recogiendo todavía aceituna y echando productos”. Según el secretario de UPA, el campo no puede esperar. “Si tienes que sembrar, tienes que sembrar. No puedes decir: ”espero unos días a ver si esto cambia“”.

Desde COAG Córdoba, su secretaria principal, Carmen Quintero, ha explicado que esta situación supone un “abuso” y ha denunciado una “especulación salvaje” por parte de las petroleras. La representante de esta asociación ha señalado a este periódico que el precio ha pasado de los 80-85 céntimos a superar los 1,50 euros de forma casi instantánea. “El campo no entiende de guerra”, afirma Quintero, criticando que se trasladen estos sobrecostes a las espaldas de los productores a pesar de que las empresas cuentan con existencias para 92 días compradas a precios anteriores.

La rentabilidad de las explotaciones, según el secretario de UPA, está actualmente “cogida con alfileres”. A la subida del diésel se suma el incremento de los fertilizantes, mientras que los precios de los productos que ellos venden, como los cereales o el aceite de oliva, no suben en la misma proporción. Paco Moreno ha advertido de que, si no se toman medidas contundentes, “muchas explotaciones irán a la ruina”.

Las medidas del Gobierno de España

Por otro lado, y ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Ministros ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para aprobar dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda.

En lo que respecta a los carburantes, el primer texto contará con el grueso de las medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, y un especial refuerzo a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También medidas de protección a colectivos vulnerables. Por tanto, comienzan las medidas del Ejecutivo ante una situación que genera mucha incertidumbre a los agricultores.