Una promesa que comenzó en 2019, pero que seis años después sigue en un limbo muy difícil de arreglar. El proyecto del apeadero o nueva estación de la avenida de la Igualdad se encuentra en un punto muerto administrativo. A pesar de las expectativas generadas en 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la infraestructura sigue sin contar con un proyecto en firme, lo que obliga a reiniciar gran parte de la tramitación burocrática necesaria para su ejecución.

La clave de este bloqueo reside en que el Ejecutivo ha reconocido oficialmente, en una respuesta reciente a los senadores populares, que será necesario licitar de nuevo el contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción. Esta decisión llega después de la resolución del contrato anterior, que se produjo en septiembre de 2024, sin que los trabajos técnicos llegaran a materializarse en un documento final entregado y aprobado por la administración ferroviaria.

Para retomar esta infraestructura, Adif deberá coordinar la nueva licitación con la aprobación de un preceptivo Estudio Informativo, cuya redacción es competencia directa del Ministerio. Actualmente, se están elaborando estudios informativos para nuevos apeaderos en la red convencional de Andalucía, incluyendo el de Córdoba, pero el proceso se encuentra todavía en fases iniciales de análisis de viabilidad y tramitación ambiental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los antecedentes de este estancamiento se remontan a finales de 2024, cuando se hizo pública la ruptura del compromiso con la anterior adjudicataria. El contrato original para el proyecto básico de la parada entre la estación Central y Rabanales se había adjudicado en 2019 a la empresa Ingerop T3 por un importe de 200.000 euros, con un plazo de ejecución que inicialmente debía concluir a finales de 2020.

Sin embargo, tras años de retrasos y con el impacto de la pandemia incluido, Adif y la empresa adjudicataria decidieron rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo. Aunque no se especificaron todas las causas de la liquidación, ABC Córdoba apuntó en 2024 que era debido al desfase temporal y a la necesidad de actualizar los criterios técnicos del proyecto ante el tiempo transcurrido desde su concepción inicial.

La ubicación elegida por criterios técnicos de Adif fue al principio de la avenida de la Igualdad, en la confluencia con la avenida de los Almogávares, tras descartar otras opciones como el barrio de Fátima. Los estudios previos determinaron que este emplazamiento garantizaba una mayor demanda de usuarios y una mejor integración urbana al dar servicio a una zona densamente poblada de la capital cordobesa.

En paralelo a la elección de la avenida de la Igualdad, el Gobierno también descartó definitivamente en 2024 la construcción de una parada de tren en el Parque Joyero, que pretendía dar servicio al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Según el Ejecutivo, los informes técnicos indicaron que dicha ubicación no generaría un nivel de demanda ferroviaria suficiente, priorizando en su lugar la parada del Vial Norte.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que seguirá “muy de cerca y con mucho interés” la evolución de la declaración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tonelerías de Montilla-Moriles por parte de la Unión Europea (UE), porque considera que la futura IGP “contribuirá no sólo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino”.

Al respecto, Planas ha visitado una de las empresas artesanales que promueven dicho reconocimiento, valorando que la tonelería es una actividad artesanal vinculada a la producción de vino en una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España, Montilla-Moriles y que hoy combina tradición y tecnificación.

Actualmente existen en la zona ocho tonelerías que dan empleo directo a 200 trabajadores, con una producción anual en torno a 40 millones de euros. La empresa visitada por el ministro, Tonelerías José Luis Rodríguez, tiene capacidad para producir 5.000 barriles al año, de entre uno hasta 500 litros. Además de fabricar toneles nuevos y envinados, tratan y reconstruyen barriles usados que han servido para criar oloroso, Pedro Ximénez o brandy.

Se trata de un sector en auge con proyección internacional, dado que a la demanda de la producción local se suma la tendencia creciente por parte de las destilerías de envejecer 'whiskys premium' y otros espirituosos en barriles envinados en vinos de Montilla-Moriles.

La reforma del reglamento de la Unión Europea sobre Indicaciones Geográficas, que entró en vigor en el mes de diciembre, permite extender los reconocimientos de IGP a productos artesanales e industriales, y no ya sólo a los alimentos. Las empresas toneleras de Montilla junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el respaldo del Ayuntamiento de Montilla promueven el reconocimiento de IGP que, al ser de ámbito autonómico, compete a la Junta de Andalucía, previo a su remisión a la Unión Europea.

Desarrollo rural en la PAC

Tras la visita a la tonelería, el ministro Planas ha mantenido una reunión con el alcalde de Montilla y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, y otros directivos de ésta en la que han tratado el futuro de los fondos de desarrollo rural dentro de la futura Política Agraria Común (PAC) post27. Planas ha insistido en “la necesidad de que, cuanto menos, se mantenga la consignación del actual período 2023-2027 y de que los programas de desarrollo rural tengan una consideración específica en los reglamentos”.

La REDR, que cuenta con unas 200 asociaciones de ámbito local, participa en la gestión del programa Leader, al que actualmente la PAC destina un mínimo obligatorio del 5% de los fondos de desarrollo rural, que en el caso de España asciende al 10%.

Entre los años 2014 y 2025, este programa recibió 1.200 millones de euros de fondos públicos al programa Leader, que movilizaron una inversión total de 3.000 millones de euros, que generaron más de 35.000 proyectos gestionados por los grupos de acción local que permitieron crear unos 72.000 puestos de trabajo.

Ayudas por borrascas

Por otro lado, en relación con las ayudas como consecuencia de las borrascas que se produjeron particularmente en Andalucía y en Extremadura a principios de año y que se aprobaron hace ya un par de meses, el ministro ha aseverado que “se ha ido avanzando no sólo en las listas de potenciales beneficiarios, sino ya comenzando los primeros pagos”.

Por ejemplo, en la primera relación en Montilla de beneficiarios que han aceptado la ayuda por parte del Gobierno de España para compensar las pérdidas, ha indicado que “hay 639 agricultores y ganaderos y la cantidad que se va a abonar es de 6,4 millones de euros”.

De igual modo, ha agregado, “en los seguros agrarios se ha eliminado la franquicia y aumentado la cofinanciación hasta el máximo límite legal, que es el 70%, y también se han efectuado ya los primeros pagos”, al tiempo que ha destacado que “son 19 caminos rurales por un importe aproximado de 600.000 euros los que se van a acometer en las próximas semanas y meses a través de Tragsa, para acondicionarlos al quedar dañados por las últimas lluvias”.

Instrucción con autobombas, herramientas y maquinaria pesada o desarrollo de técnicas para ataque directo al fuego. Estas son algunas de las prácticas que se llevarán a cabo, la próxima semana, durante unas jornadas preparatorias de la campaña de incendios 2026, por parte del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).  

Los ejercicios tendrán lugar en Córdoba y Jaén, donde se desplegarán cerca de 400 efectivos, 30 vehículos de extinción y dos máquinas empujadoras D7R, además de otro tipo de material con el que se ofrece apoyo a los dispositivos autonómicos durante la activación en caso de incendio.  

Un material al que se suman las aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la propia UME, en caso de ser necesario.  

El objetivo de este tipo de ejercicios no es otro que garantizar la formación continua y la preparación constante del personal de la UME para cualquier intervención, en este caso, el control y la extinción de incendios.  

Incendios como los del pasado verano en Córdoba quedó patente la capacidad de despliegue, respuesta y adaptación del personal y los medios de cualquiera de las unidades que la UME tiene repartidas por el territorio nacional, así como del resto de las Fuerzas Armadas.

Los familiares de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, confían en las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español tras una reunión este miércoles con el ministro, José Manuel Albares, encuentro que ha motivado que la madre de Javier haya dejado la huelga de hambre que empezó el día 22 de abril.

Según ha explicado a Europa Press el hermano de Javier, Aarón Marañón, el ministro ha recibido a “familiares y abogados de los dos trabajadores detenidos injustamente en Guinea Ecuatorial”, en una cita en la que los familiares han expuesto al ministro “la situación de incomunicación e indefensión de los trabajadores, además de lo injustificado de su detención durante 15 meses, dándole evidencias de su absoluta inocencia”.

Al respecto, ha comentado que “el ministro informó de las gestiones y contactos realizados por el mismo y se comprometió a hacer varias gestiones para que se respeten unos mínimos derechos fundamentales de los detenidos y trabajar para apoyar una pronta solución que logre su liberación”.

Mientras, Aarón ha explicado que su madre está “algo mejor, recuperándose de estas semanas de huelga de hambre y con mucha esperanza en que esta reunión dé algún resultado positivo y un cambio en la situación”, después de que la huelga de hambre la dejó el lunes cuando tuvieron “la confirmación de la reunión con el ministro para el miércoles”.

En este caso, las familias estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso y les recibieron varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

“Siguen incomunicados”

Sobre la situación de los dos detenidos, ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Hace más de un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estimaba oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La familia de Javier Marañón Montero, uno de los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025, mantendrá este miércoles una reunión en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en busca de avances que permitan desbloquear su situación.

Según ha explicado a este periódico Aarón Marañón, hermano del detenido, el encuentro ha sido confirmado recientemente por el equipo del ministro tras una solicitud cursada a través del entorno de María Jesús Montero, candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, que los atendió hace unos días en el transcurso de un mitin de Pedro Sánchez en Córdoba.

La reunión está prevista en la capital española el próximo 6 de mayo. La familia pretende trasladar al jefe de la diplomacia española su preocupación por la falta de progresos en el caso. “Hasta el momento no ha habido ningún cambio en 15 meses”, señaló Aarón Marañón, quien subrayó que el objetivo principal es obtener “alguna perspectiva de una solución efectiva”.

En este contexto, la madre de Javier ha decidido suspender la huelga de hambre que mantenía en señal de protesta, con la esperanza de que el encuentro con Exteriores pueda derivar en avances concretos.

Los allegados denuncian además la ausencia casi total de comunicación con el detenido. Según relataron, no han podido hablar con él desde hace 15 meses, salvo “unos segundos” durante una breve llamada el pasado 23 de diciembre. Tampoco han recibido cartas ni otras vías de contacto.

La última información indirecta sobre su estado procede de una visita consular realizada hace cerca de dos meses por la embajada española, aunque la familia asegura que oficialmente “no saben nada” sobre su situación actual. Los familiares confían en que la reunión del miércoles marque un punto de inflexión y permita abrir una vía de resolución tras más de un año de incertidumbre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que las labores de reparación urgente de los baches en la autovía A-4 se extenderán hasta finales de 2026. Esta medida llega tras el grave deterioro de la calzada en la carretera que une a Córdoba y a Sevilla, provocado por una sucesión de fenómenos meteorológicos adversos al inicio del año que han comprometido la seguridad vial en esta infraestructura clave del sur de España.

Según la respuesta oficial del Gobierno en el Senado a la que ha tenido acceso este periódico, el origen de estos daños se sitúa en los meses de enero y febrero, cuando el paso de siete borrascas consecutivas impidió la recuperación progresiva del firme. La intensidad de las precipitaciones generó baches y socavones que han motivado la tramitación de obras por la vía de emergencia para restituir las condiciones óptimas de circulación.

Las actuaciones a realizar

En la provincia de Sevilla, los trabajos se están centrando en el tramo de la A-4 que discurre desde el límite provincial con Córdoba hasta la capital sevillana, concretamente entre los puntos kilométricos 435 y 537. Estas actuaciones, integradas en un lote específico para la reparación de deterioros en la Red de Carreteras del Estado, se iniciaron en marzo y tienen como horizonte de finalización el cierre de 2026.

Simultáneamente, en la provincia de Córdoba se ejecutan labores similares en el trayecto de la autovía que conecta la capital cordobesa con el límite de Sevilla, entre los puntos kilométricos 399 y 435.

El resto de la A-4 y la N-432

Estas reparaciones de emergencia conviven con otros proyectos de rehabilitación estructural que el Gobierno ya tenía en marcha para renovar el pavimento agotado por el paso del tiempo y el tráfico pesado. Uno de ellos afecta al tramo entre el límite con Jaén y El Carpio (puntos kilométricos 347 a 374), una obra iniciada en julio de 2024 que cuenta con una inversión de más de 23 millones de euros.

Un segundo proyecto de gran envergadura da continuidad al anterior, cubriendo la distancia entre El Carpio y Córdoba ciudad (kilómetros 374 al 399). Con un presupuesto superior a los 22,8 millones de euros, esta actuación integral se desarrolla desde agosto de 2025 y está previsto que se prolongue hasta agosto de 2027.

Por otro lado, el Gobierno de España también está estudiando la posibilidad de convertir el corredor de la N-432 que va desde Badajoz hasta Granada -con dos tramos que comprenden a Córdoba- en la A-81. Una posibilidad que se ha ido desvaniendo con el paso de los meses, sobre todo en la parte que comprende a Espiel y la capital granadina. Pese a ello, el Ejecutivo ha vuelto a incidir que estará buscando una forma ambientalmente viable para que se lleve a cabo.

Mientras tanto, hay programadas una serie de actuaciones en esta carretera para paliar la cantidad de accidentes con personas fallecidas en los últimos meses. El 2025 acabó siendo el año negro en este sentido, con hasta 10 muertos en esta vía. Hace apenas unos días, un accidente en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna también acabó con la vida de una persona. Por tanto, el Gobierno de España continúa trabajando en los corredores que tiene a Córdoba como la conexión entre el resto de Andalucía o incluso con España.

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Ana López, ha presidido este jueves la primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2026, a la que ha asistido la directora provincial del SEPE, Alicia Vílchez.

El presupuesto para este ejercicio, que ha sido aprobado por unanimidad, es de 30.256.945,25 euros. Del total, 23.839.447,16 euros se destinarán a Garantía de Rentas y 6.417.498,09 euros a Generadores de Empleo Estable. Esta cuantía supondrá alrededor de 290.000 jornales, al igual que sucedió en el ejercicio anterior.

Según ha destacado la subdelegada del Gobierno, “como ya pasó el año anterior, habrá dos convocatorias: una para Garantía de Rentas, con concesión directa, y otra para proyectos Generadores de Empleo Estable mediante convocatoria de concurrencia competitiva, conforme a la Ley General de Subvenciones”.

Entre los criterios de selección se hará especial hincapié en aquellos proyectos que se hayan presentado que mejoren la empleabilidad en competencia y empleos que fomenten la capacitación digital o que se centren en el medio ambiente. Otra de las líneas de actuación a la hora de la selección de iniciativas es que estén integradas dentro del principio de igualdad.

“Generalmente, en los proyectos de PFEA suele haber más mujeres contratadas que hombres, lo que significa que la lucha por el reto demográfico también cuenta con la incorporación de las mujeres al mundo laboral como ancla de las familias al territorio”, ha aseverado.

Los proyectos cuya mano de obra está financiada por los fondos PFEA también son vertebradores de la economía local y comarcal. “Son iniciativas que, al fomentar el anclaje de la población al municipio, generan también importantes beneficios a las empresas que se encuentran instaladas en la zona”, ha resaltado López.

Asimismo, la mejora de las infraestructuras que traen aparejadas estos trabajos “facilita que otras empresas valoren su instalación en estas localidades, con lo cual, como efecto secundario, promueven también la creación de empleo y la mejora de la vida de las familias asentadas en estos municipios”, ha destacado la subdelegada del Gobierno.

Plan extraordinario

También, ha informado de que en las próximas semanas se aprobará el Plan Extraordinario de 50 millones de euros, que es una medida complementaria y cuyo marco lo establece el Real Decreto-ley 5/2026 que, como con la DANA, seguirá la misma línea de subvenciones nominativas a corporaciones locales para financiar contrataciones de personas trabajadoras desempleadas, gestionado por el SEPE.

Los municipios que podrán beneficiarse serán los que determine la Comisión de Evaluación del artículo 7.2 del mencionado Real Decreto-ley 5/2026.

La directora provincial del SEPE ha destacado que la propuesta de reparto de los fondos seguirá los criterios marcados “a nivel regional y nacional”.

La publicación de los extractos de las convocatorias se realizará a mediados del mes de mayo y la presentación de las solicitudes se realizará electrónicamente a través de la Sede Electrónica del SEPE ('https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/'). La fecha para completar o perfeccionar expedientes, tanto en Garantía de Rentas como en Generadores de Empleo Estable, será hasta el 15 de octubre de 2026.

Cuando han pasado más de tres meses desde el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y se cumple un año del apagón que afectó a todo el país, el director de campaña y secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha pedido este miércoles explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha asegurado, “da la espalda a cualquier tipo de responsabilidad”, y ha recordado la necesidad de seguir apostando por un Gobierno fuerte, “de estabilidad y moderación”, en Andalucía.

A este respecto y en una atención a medios, Repullo ha recordado que “ayer hacía un año del apagón y nadie ha dado una respuesta y nadie ha tomado ninguna responsabilidad ni cartas en el asunto”, según ha señalado junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, antes de mantener ambos un encuentro con agentes del sector turístico de Córdoba.

Repullo ha enfatizado que “hace más de tres meses, y esto tiene mucho que ver con el sector turístico, tuvimos el accidente de Adamuz y nadie da una explicación y nadie asume ninguna responsabilidad”, y ello pese a que, “desde el punto de vista de la tramitación del expediente judicial, está quedando claro que el siniestro fue consecuencia de la rotura de uno de los carriles del ferrocarril”. Sin embargo, no ha habido “ni una sola responsabilidad asumida por parte de Adif, ni por parte de Renfe, ni por parte del ministro, ni de nadie de su Ministerio”.

Huelga de médicos

Además, según ha añadido el secretario general de los populares andaluces, “estamos inmersos en una huelga de médicos, una huelga provocada porque la ministra no quiere sentarse a negociar con los médicos que tienen sus aspiraciones lógicas y normales”.

“Como consecuencia de eso --ha proseguido-- padecemos que 50.000 actuaciones médicas en Andalucía se bloquean cada día, 50.000 personas se quedan sin tener su prueba médica en el día de hoy, y mil oncologías no se han podido hacer en Andalucía”, opinando Repullo que “estamos ante la quiebra de las relaciones entre un Gobierno y un sector tan importante como la medicina”.

Empleo en Andalucía

Del mismo modo, el también número uno de la candidatura popular cordobesa a las elecciones del 17M ha resaltado “la estabilidad que ha garantizado Juanma Moreno durante los años que lleva transformando Andalucía, una estabilidad que no queremos perder, ahora que va a empezar la campaña en unos días”.

De hecho, según ha subrayado Repullo, esa estabilidad “tiene una consecuencia práctica muy simple y muy sencilla y que cae directamente en aquello que interesa a los ciudadanos, que es el empleo”.

Tanto es así que, tal y como ha recalcado Repullo, que “estamos en datos históricos en Andalucía en relación con el resto de España en creación de empleo”, para añadir que “esa es la demostración de que la estabilidad le va bien a Andalucía”.

“La estabilidad, la creación de empleo, la creación de empresas, la creación de futuro y esa moderación y esa vía andaluza en la que Juanma Moreno está liderando en Andalucía”, son los “elementos incontestables” que, a juicio de Repullo, “no se pueden parar ahora, si queremos que Andalucía siga progresando al ritmo que todos queremos”.

Turismo

Por su parte, el también alcalde de la ciudad de Córdoba, José María Bellido, ha destacado la “importancia de diferenciar la estabilidad y la gestión del lío y el ruido político, especialmente en materia turística”.

En este sentido ha subrayado el avance turístico en los últimos años, “gracias a la colaboración del PP en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación”, señalando la mejora de la conectividad aeroportuaria de Córdoba, con vuelos a Barcelona y Canarias, como un logro clave de este mandato.

Bellido ha defendido la necesidad de “mantener la estabilidad” y los gobiernos del Partido Popular “para seguir creciendo en conexiones y negociando con compañías aéreas”, y ha destacado los buenos resultados turísticos recientes, como en Semana Santa y las perspectivas para el inminente puente del 1 de mayo, “con una ocupación hotelera cercana al 90%”.

El candidato ha incidido en todo lo que se ha avanzado en la ordenación del turismo, “para fomentar la gestión, la eficacia, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos, regulando viviendas turísticas y la calidad de la atención”. La toma de decisiones “se basa en datos objetivos del Observatorio de Sostenibilidad Turística, no en criterios subjetivos”.

También ha recordado José María Bellido cómo “el sector turístico valora positivamente el trabajo conjunto, consolidando a Córdoba como un destino de calidad con auge en turismo de congresos y convenciones”.

Para finalizar ha pedido la confianza ciudadana “para continuar con la estabilidad y la gestión en Andalucía y en Córdoba, frente a otras propuestas del pasado que ponen en riesgo los avances logrados en nuestra tierra”.

Alrededor de un millar de personas migrantes han solicitado ya en la provincia de Córdoba su regularización, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ofrecido esta cifra al hacer un balance de cómo está desarrollándose este proceso en la provincia de Córdoba, donde la estimación inicial es que puedan adherirse a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

López ha explicado que la solicitud de regularización se está realizando tanto por vía telemática como presencialmente y ha apuntado que no se están cubriendo todas las citas cada día. Asimismo, ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para colaborar en el proceso de documentación que realizan los ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos las personas migrantes para solicitar su regularización.

En ese sentido, López ha apostado por “agilizar” el trabajo que desarrollan las administraciones en este proceso extraordinario y ha señalado que, si bien, “los primeros días fue más lento”, ya se viene desarrollando con normalidad y sin problemas.

“En su mayoría se trata de gente que llevan años aquí, están totalmente integrados, con trabajo y ganas de seguir trabajando y con ilusión”, ha dicho la subdelegada sobre muchas de las familias que en estos días han solicitado ya su regularización en nuestra provincia.

Los familiares del cordobés Javier Marañón Montero, uno de los dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025, ha logrado que la candidata socialista a la Junta de Andalucía y exvicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, se comprometa a mediar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir una reunión para tratar la situación de los detenidos.

Aprovechando la presencia del presidente Pedro Sánchez y de la dirección del partido en la capital cordobesa, los familiares de Marañón -preso desde enero de 2025 junto al granadino David Rodríguez Ballesta- acudieron al acto para visibilizar su desesperación. Tras las primeras palabras de Sánchez, la familia del cordobés intentaron llamar su atención, pero abandonaron el polideportivo donde ha tenido lugar el mitin con la promesa de la organización de ser atendidos por el presidente. Sin embargo, ha sido la exvicepresidenta del Gobierno quien se ha reunido brevemente con ellos.

Durante la conversación, la familia ha expuesto lo “injusto de la situación” que atraviesan los dos españoles, vinculados a un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Según ha relatado Aarón a este periódico, la respuesta ha sido una promesa de acción inmediata, ya que “a partir de mañana lunes, según nos ha dicho Montero, se va a intentar organizar una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores”, José Manuel Albares. Este compromiso institucional llega en un momento de extrema fragilidad para la familia dado que la madre de este cordobés, que tiene 83 años, ha iniciado esta semana una huelga de hambre y ha abandonado su medicación como medida de presión para conseguir la libertad de su hijo.

Supuesta desviación de fondos de la empresa para la que trabajaban

Cabe recordar que el pasado mes de enero, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales en la que señaló que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT habían establecido “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, aseguraba que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, recordaba que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

La madre de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, ha comenzado este miércoles una huelga de hambre, cuando se cumplen 15 meses desde que fueron detenidos ambos y teniendo en cuenta que ella tiene 83 años de edad y ha dejado de tomar su medicación hace varios días.

En una nota, la familia ha lamentado que las administraciones y autoridades no hayan conseguido “algo efectivo a favor de su hijo Javier y de su compañero de trabajo David, encarcelados injustamente desde hace 15 meses en Guinea Ecuatorial”. El caso aparece en un informe de Amnistía Internacional, según ha explicado el hermano de Javier, Aarón.

La progenitora, “que además de su avanzada edad padece varias patologías y ha sufrido operaciones hace unos meses”, se encuentra en “un delicado estado de salud”, pero ha decidido dar este paso ante “la incompetencia y los nulos resultados de las posibles gestiones que haya hecho el Ministerio de Exteriores/Gobierno y autoridades de exteriores europeas”.

Después de 15 meses, los dos trabajadores --un administrativo y un técnico de vídeo-- continúan en las mismas condiciones en la cárcel de Black Beach. “Su situación es cada vez más grave y concretamente, Javier, ha estado a punto de morir dos veces”, ha advertido de la familia.

En este sentido, han reprochado que “las autoridades no han conseguido su libertad, pero ni tan siquiera han conseguido que se respeten los mínimos derechos fundamentales: están incomunicados, sin derecho a visitas familiares, sin derecho a que contacten de ninguna manera con su abogado, sin derecho a que pasen una revisión médica seria en un centro hospitalario, tras haber sufrido distintas enfermedades, además de las crónicas que ya padecían, y sin juicio.... del que no se sabe nada”.

Además, “conociendo el anuncio de esta huelga de hambre, las autoridades no se han interesado en ningún momento por tener contacto con la familia, para poder darnos alguna noticia esperanzadora que tuviésemos como argumento para convencer a nuestra madre de tomar esta fatal decisión”, han remarcado.

Al respecto, han aseverado que intentarán “por todos los medios convencer” a su madre de que “no llegue hasta el final de esto”, mientras siguen “esperando a que las autoridades se pongan en contacto con nosotros y nos den algún resultado positivo pronto”. “No sólo la vida de Javier y David están en peligro, ahora también es la de nuestra madre”, han avisado, para suplicar “ayuda ya”.

Citas en el Congreso

Cuando estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso ambas familias fueron recibidas por varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

Sobre la situación de los dos detenidos, Aarón ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Más de 60.000 firmas

Hace un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial esta semana durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

El Gobierno de España ha explicado, en una respuesta parlamentaria del pasado lunes 20 de abril, que no tiene constancia de que se haya presentado alguna solicitud para realizar actuaciones mineras en el término municipal de Almodóvar del Río ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ante la posibilidad de la mina 'El Calamón'. Esta ha sido una cuestión planteada en el pasado por Enrique Santiago, diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados.

En dicho documento, el Ejecutivo ha aclarado que la competencia sobre la mina es exclusiva de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el traspaso de funciones en dicha materia. No obstante, el Gobierno ha puntualizado que, si llegase a producirse una solicitud que afectase al dominio público hidráulico, esta tendría que ser analizada rigurosamente por el organismo de cuenca.

Y es que este proyecto de mina ha tenido mucha polémica en un futuro cercano. El proyecto 'El Calamón', impulsado por la empresa Minorbis SL (Grupo Magtel) se encuentra en fase de solicitud de permiso de investigación para extraer plata, plomo y zinc en una superficie de unos 15 kilómetros cuadrados situados entre Almodóvar del Río y Posadas.

Alegaciones y movilización ciudadana

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha presentado alegaciones ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Córdoba. Su alcalde, Ramón Hernández, alertó sobre el “terrible impacto” que este “megaproyecto a cielo abierto” tendría sobre el medio ambiente, la salud pública y el patrimonio natural, sobre todo por su proximidad al embalse de La Breña II y al Parque Natural de Hornachuelos.

De hecho, ahí es donde ha querido incidir el Gobierno de España. La cercanía con uno de los pantanos más grandes de la provincia de Córdoba ha hecho que el Ejecutivo entienda que, para actuar en esta mina, sea necesario pedir un permiso ante la CHG, cosa que, en la actualidad, no se ha producido.

Por otro lado, la incertidumbre sobre el proyecto ha provocado el nacimiento de la Plataforma No a la Minería de Almodóvar y Posadas. Este colectivo vecinal denunció que, aunque se presente como una fase de investigación, los sondeos ya implican afecciones reales a los acuíferos y la biodiversidad. Entre las principales preocupaciones de la plataforma y el Consistorio destacan la contaminación del agua, el impacto acústico y atmosférico; y el daño al turismo.

Mientras el Gobierno central afirma no tener registros de solicitudes de intervención hídrica, el Ayuntamiento ya ha canalizado 62 alegaciones de particulares y entidades locales que exigen la aplicación del principio de precaución para evitar daños irreversibles en lo que consideran el “pulmón verde” de la comarca. La plataforma vecinal, por su parte, ya prepara su registro como asociación para emprender acciones legales contra el proyecto 'El Calamón' y otros posibles proyectos mineros detectados en la zona.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha denunciado la situación de desamparo que, a su juicio, sufren los municipios debido a la regularización a los migrantes que ha permitido el Gobierno de España. Torrico ha calificado de “cinismo extremo” las críticas del grupo socialista local, encabezado por Antonio Hurtado, al considerar que se está responsabilizando al Consistorio de una situación que no es de su competencia.

Según el portavoz popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado este “embolado” a los ayuntamientos de toda España sin proporcionar instrucciones claras sobre cómo abordarlo en el futuro. Torrico ha subrayado la falta de medios materiales y económicos previstos para desarrollar la atención necesaria, criticando que ni siquiera se haya informado sobre posibles compensaciones futuras por estos gastos extraordinarios.

En sus declaraciones, Torrico ha hecho especial hincapié en la “absoluta falta de lealtad institucional” del Gobierno de España, asegurando que no ha existido comunicación previa ni ningún tipo de coordinación para afrontar la regularización de migrantes en la ciudad. “Es el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha generado esta situación complicada”, ha reiterado el portavoz, señalando que el Ayuntamiento está respondiendo con sus propios recursos de la “mejor manera posible” a pesar de no ser una competencia propia.

Respecto a las colas generadas para realizar estos trámites, Torrico ha pedido a los cordobeses que tengan claro que esta es una situación provocada por el Gobierno Central. Asimismo, el portavoz ha comparado estas esperas con las que habitualmente se producen en las comisarías para la tramitación de documentos como el DNI o el pasaporte, restándoles excepcionalidad pero insistiendo en que los ayuntamientos están obligados a responder “sin ningún tipo de recurso” aportado por el Estado.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se encuentra trabajando en una alternativa técnica y ambientalmente viable que permita la transformación de la carretera N-432 en la autovía A-81 en un futuro a medio o largo plazo. Esta decisión, como ya ha ido informando este periódico meses atrás, surge tras el proceso de tramitación ambiental del tramo Córdoba-Granada, que no logró obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable debido a la sensibilidad del entorno y la dificultad para preservar los valores naturales de ese espacio.

Por tanto, esta situación ha derivado en que el Gobierno de España opte por un plan de actuaciones por fases que busque mejorar la seguridad de forma inmediata. Todo ello pensando y sin renunciar tanto a la duplicación de la calzada y a la reconversión finalmente en la autovía A-81, más aún viendo que los accidente con heridos graves o fallecidos ha ido en aumento en los últimos meses.

El problema ambiental, la principal traba a tener en cuenta

Los obstáculos ambientales han sido el principal motivo por el que la reconversión integral de la N-432 en autovía se considerase inviable a corto plazo. Entre los problemas detectados por el Gobierno de España ha destacado la presencia de poblaciones de lince ibérico en el sector Zafra-Espiel, así como la imposibilidad técnica de abrir nuevamente el núcleo de Sierra Morena. Por otro lado, el Ministerio ya explicó que los requisitos ambientales actuales son más duros que hace apenas dos décadas y toda esta situación ha conllevado que los proyectos originales hayan caducado.

Por tanto, el Ejecutivo ha ideado una medida prioritaria y es la redacción de un anteproyecto para la duplicación de la calzada en el tramo entre Cerro Muriano y Córdoba. Esta actuación responde, según el Gobierno de España, a la alta intensidad de tráfico que soporta la zona debido a la presencia de la base militar y diversas barriadas periféricas. Gracias a esto, se dotaría de mayor fluidez y capacidad a uno de los sectores más congestionados de la provincia, aunque no corta el problema de raíz.

De hecho, y tras dejar en un panorama secundario en varias ocasiones esta vía y diferentes tramos a su paso por Córdoba -sobre todo el que une con Granada por su DIA fallida- el Ministerio de Transportes ha confirmado que, por un lado, estudiará una alternativa ambientalmente viable para que la reconversión en autovía de la N-432 sea una realidad. De momento, las actuaciones prioritarias también se destinan al resto de tramos, donde el Ejecutivo ha propuesto, en su caso, un modelo de carretera 2+1.

De forma complementaria, durante el presente año 2026, se llevarán a cabo labores de conservación y mantenimiento ordinario en diversos tramos de la provincia de Córdoba. Estas tareas incluyen el sellado de fisuras, la reposición de marcas viales, la mejora de la señalización vertical y la adecuación de sistemas de contención. Estas acciones preventivas están diseñadas para garantizar el funcionamiento operativo de la infraestructura mientras se avanzan en los proyectos de mayor envergadura técnica.

En el fondo: los daños de las borrascas de enero y febrero

Asimismo y en este mismo documento al que ha accedido este periódico, el Ministerio ha programado una rehabilitación específica del firme en los puntos kilométricos 242-258 y 276-309 de la N-432. Esta intervención es especialmente necesaria tras el deterioro causado por la sucesión de trenes de borrascas ocurridos entre enero y febrero de 2026, que afectaron gravemente a la Red estatal. Con estas obras de reparación, se busca restituir las condiciones óptimas de funcionalidad y durabilidad de la carretera para mejorar la experiencia de conducción y la seguridad de los usuarios.

El diputado nacional de origen cordobés Alberto Mayoral ha destacado, en el marco de una jornada sobre trabajo e inteligencia artificial celebrada en el ámbito de la Comisión de Trabajo del Parlamento europeo, los datos de inversión pública en la provincia de Córdoba, que supera los 700 millones de euros entre fondos europeos y otras líneas de impulso económico y territorial.

Según ha informado este domingo el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que estas cifras “permiten comprobar la importancia de la inversión pública a la hora de acompañar la actividad económica, favorecer la modernización de nuestro tejido productivo y generar oportunidades para la provincia de Córdoba”.

En conjunto, la provincia supera los 702 millones de euros en distintas actuaciones e iniciativas “con impacto sobre el territorio, el empleo, la actividad empresarial y la mejora de oportunidades en numerosos municipios cordobeses”, según valoran desde el PSOE.

En el caso de Córdoba capital, el volumen de inversión se sitúa en torno a los 196,5 millones de euros, dentro de una distribución que alcanza al conjunto de la provincia y que, en palabras de Mayoral, “pone de relieve la necesidad de que las administraciones estén a la altura de los retos económicos y sociales de nuestra tierra”.

El diputado socialista ha defendido que detrás de estas cifras “hay respaldo a municipios, apoyo a la actividad económica, impulso a la modernización y actuaciones que contribuyen a sostener empleo y oportunidades en la provincia de Córdoba”.

Mayoral ha señalado además que estos datos “invitan a reflexionar sobre dos formas distintas de afrontar los problemas de Andalucía”. En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno andaluz “no esté respondiendo con la ambición necesaria a las necesidades reales de nuestra tierra”, y ha reclamado “más compromiso con los servicios públicos, con el empleo y con el desarrollo equilibrado de la provincia”.

Por último, ha considerado que “Córdoba necesita atención, inversión y una apuesta firme por su futuro”, y ha subrayado que la provincia “merece administraciones comprometidas con su potencial, con su tejido productivo y con la vida cotidiana de su gente”.

El Gobierno de la Nación ha aclarado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que, “en cuanto a la posibilidad de facilitar información sobre actuaciones inspectoras concretas en la empresa Hitachi Energy, debe subrayarse que, en relación con actuaciones en curso o ya finalizadas, rige el deber de sigilo”.

Así ha respondido el Gobierno de España, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, después que Santiago preguntase al Gobierno “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo, sobre el que aún no hay acuerdo, si bien ahora las jornadas de huelga están suspendidas.

Junto a ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados preguntó al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”.

Ante ello, el Ejecutivo central ha respondido que, respecto a facilitar información sobre las actuaciones que la Inspección de Trabajo haya llevado a cabo o esté realizando en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba “rige el deber de sigilo”, tal y como está “regulado en el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que impone a los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el deber de sigilo con un alcance muy amplio”.

Tanto es así, que dicho deber de sigilo se extiende, “tanto al origen de cualquier queja de la que tenga conocimiento sobre incumplimientos de las disposiciones legales, como a cualquier tipo de datos, informes o antecedentes de los que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por ello, “se considera que los datos solicitados, por afectar a una empresa en concreto, están comprendidos en el ámbito de reserva acotada por el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio y, por tanto, no se puede facilitar información al respecto”.

Junto a esto, según ha añadido el Gobierno de España en su respuesta a Enrique Santiago, “en el supuesto que nos ocupa, cabe indicar además que el ejercicio de acciones contra despidos se deben interponer ante la Jurisdicción Social, por ser el órgano competente para conocer sobre ellos”.

En cualquier caso, el Gobierno ha recordado “el derecho” que, por Ley, tiene “la persona trabajadora a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, de forma que, “en caso de incumplimiento que sea puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en caso de ser comprobado, dará lugar a la comisión de una infracción grave”, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, señalando que, “en los casos de impagos y retrasos reiterados del salario debido, será una infracción muy grave” la cometida.

Por último, el Ejecutivo central ha señalado que, “sin perjuicio de lo indicado, en relación con la posible presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que conllevarían el inicio de las actuaciones de comprobación correspondientes, se debe indicar que la ya referida Ley 23/2015, de 21 de julio, establece que la Inspección actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas de inspección, también a petición razonada de otros órganos, o por propia iniciativa de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social”.

Uno de los casos que no se termina de resolver y que ha comenzado con las decisiones drásticas. Carmen Montero, madre de Javier Marañón Montero, el cordobés retenido en Guinea Ecuatorial, ha anunciado que iniciará una huelga de hambre indefinida el próximo 22 de abril. Esta fecha coincide con el cumplimiento de un nuevo mes de lo que su familia califica como una “detención arbitraria” que se prolonga ya por casi 15 meses.

A sus 83 años, y tras haber pasado por cuatro intervenciones quirúrgicas en el último año, Carmen Montero ha tomado la decisión de dejar de tomar su medicación diaria. Según explican sus hijos en un comunicado oficial al que ha tenido acceso este periódico, la madre del cordobés padece diversas patologías y sufre crisis de ansiedad continuas ante la impotencia de no poder ayudar a su hijo. “Mi vida por la de Javi y Marina”, afirma refiriéndose a su hijo y a su nieta de apenas dos años. Su familia ha asegurado en el escrito que es una “mujer de palabra” y que, si en el plazo de una semana no se producen avances, dejará de comer hasta que Javier y su compañero, David Rodríguez, regresen a casa.

Antecedentes

Javier Marañón y David Rodríguez permanecen retenidos en una cárcel de Malabo desde el 22 de enero de 2025. Sus allegados han defendido desde el primer día que son personas “honestas y honradas” que están siendo retenidas contra su voluntad sin que existan cargos que justifiquen su estancia en prisión. Actualmente, los dos españoles se encuentran enfermos, sin posibilidad de recibir visitas y sobreviviendo en condiciones precarias.

A pesar de que el Parlamento Europeo emitió el pasado 8 de octubre una Declaración Institucional apoyada por todos los grupos políticos denunciando la “detención arbitraria”, la familia ha denunciado el silencio por parte de las autoridades españolas.

Los familiares han enviado miles de comunicados al Ministerio de Exteriores, a la Casa Real, al Defensor del Pueblo, a la ONU e incluso al Papa Francisco, sin obtener resultados concretos. El documento está dirigido directamente al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, preguntándole qué medidas va a tomar antes de que la salud de Carmen Montero llegue a un punto de no retorno. “¿Van a venir a darnos las condolencias?”, concluye el escrito.

Aena ha decidido insistir nuevamente al Gobierno de España para que el Aeropuerto de Córdoba cuente con los servicios de aduana necesarios para su expansión internacional. Esta petición data del pasado mes de febrero, según revela en una respuesta en el Senado a gobernantes populares, y busca desbloquear administrativamente una infraestructura que, pese a sus recientes mejoras, sigue limitada por la falta de permisos para operar vuelos con países fuera del espacio aéreo europeo.

Esta iniciativa, además, responde al interés por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Aena y Diputación de Córdoba de dotar a dicho aeropuerto de los servicios técnicos requeridos para gestionar el tráfico aéreo internacional con países no Schengen. Esta medida se ha convertido en una reclamación recurrente no solo en las instituciones cordobesas, sino que también de diversos sectores económicos locales, quienes consideran imprescindible potencial la conectividad para atraer turismo de largo alcance.

Una solicitud que ya viene de meses atrás

Aena ha vuelto a insistir de esta petición al Gobierno de España después de que ya lo solicitase a mediados del 2025. Según fuentes gubernamentales en respuestas parlamentarias registradas en el Senado, el Ministerio del Interior ha mantenido la solicitud en fase de estudio durante este tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno había confirmado que Aena aún no disponía de la autorización pertinente de la Secretaría de Estado de Seguridad para proceder a la habilitación definitiva.

Sin embargo, en los últimos meses las informaciones recogidas eran claras: este sistema no iba a llegar al Aeropuerto de Córdoba y eso hacía que las aerolíneas cesasen en su interés de llegar a la capital cordobesa. Pese a ello, la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, no cerró la puerta a la aduana y Aena se ha encargado de seguir insistiendo para que llegue a su fin.

El pasado 6 de febrero de 2026, la dirección de Aena ya remitió dicha petición formal a la Secretaría de Estado de Seguridad. En aquel documento, se solicitaba acordar la habilitación del punto Schengen para Córdoba, con el fin de disponer de los servicios necesarios para atender vuelos con procedencia y destino fuera de dicha zona, aunque, dos meses después, se sigue esperando una resolución favorable por parte del Gobierno de España.

El espacio Schengen

El proceso de habilitación como frontera exterior Schengen es complejo, ya que no se limita exclusivamente al control de pasaportes. La solicitud de Aena incluye la implantación de servicios aduaneros y de seguridad complementarios que garanticen el cumplimiento de la normativa europea. Actualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad continúa analizando junto a Aena cómo llevar a cabo esta implantación técnica.

Desde el punto de vista operativo, los planes ya están definidos en caso de recibir luz verde. Los controles documentales y de aduana se llevarían a cabo en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Para ello, se procedería a la instalación de las correspondientes casetas de control y el despliegue de los efectivos policiales y aduaneros necesarios, cumpliendo con la legalidad vigente.

Córdoba acogerá el próximo otoño un acto de carácter internacional con motivo del IX Centenario del nacimiento del filósofo andalusí Averroes, en el que participarán la Unesco y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Así lo ha anunciado este martes el presidente de esta última institución, Miguel Ángel Moratinos, durante la presentación de las actividades conmemorativas previstas para celebrar que se cumplen 900 años del nacimiento de esta figura, calificada como “patrimonio de la humanidad” por parte del exministro.

El acto, que previsiblemente se celebrará en octubre, incluirá una mesa redonda centrada en el pensamiento filosófico árabe, europeo y occidental, así como en la contribución científica de Averroes, cuya obra supuso, en palabras de Moratinos, un puente entre culturas y saberes. El alto mandatario ha destacado que se trata de una figura “que no puede ser ignorada cuando miramos hacia atrás hacia las grandes personalidades del mundo” y ha subrayado su papel en la consolidación del pensamiento universal.

El exministro ha explicado que la intención es organizar un gran evento con participación institucional de España y Marruecos, junto a entidades como Casa Árabe, la Junta de Andalucía y diversas organizaciones académicas, además de los dos grandes pilares de Naciones Unidas: la Unesco —cuya presencia ha dado prácticamente por garantizada, pese a que ha confesado que aún no está confirmada— y la Alianza de Civilizaciones.

“Averroes, aunque hispano-marroquí, es patrimonio de toda la humanidad”, ha señalado Moratinos, quien ha recordado que el pensador cordobés supo integrar el conocimiento acumulado de distintas tradiciones y transmitirlo a Occidente. En este sentido, ha destacado su papel como traductor y difusor de la filosofía griega, especialmente de Aristóteles, y su influencia posterior en figuras como Tomás de Aquino.

Durante su intervención, también ha puesto en valor la dimensión intelectual de Averroes como jurista y filósofo, subrayando su defensa del equilibrio entre religión y ciencia. “Advirtió de que ninguna debía prevalecer sobre la otra, sino convivir”, ha indicado, destacando que su pensamiento fue clave para situar la razón como eje del pensamiento crítico tanto en el mundo occidental como en el islámico.

Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha señalado que su país se suma a esta conmemoración por tratarse de “una personalidad excepcional que ha contribuido a toda la humanidad”. Asimismo, ha subrayado que las relaciones entre España y Marruecos atraviesan “un momento excepcional e histórico”.

El programa presentado ha sido dado a conocer en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en un acto en el que también han participado la subdelegada, Ana López, y el director general de Casa Árabe, Miguel Moro. Todos ellos han coincidido en destacar el simbolismo de Córdoba como espacio de convivencia y diálogo entre culturas, un espíritu que encarna la figura de Averroes y que se pretende proyectar con esta celebración internacional.