El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos, y ha afirmado que es un “sólido candidato”.

Según el presidente del Gobierno, el titular de Agricultura --que le ha acompañado en su visita a la FAO en Roma-- es un “sólido candidato” como también lo es el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el también español Álvaro Lario, cuya reelección ha respaldado tras elogiar su “labor excelente”.

La decisión del relevo en el organismo internacional se decidirá entre junio y julio de 2027, pero la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que todavía es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

En todo caso, los aspirantes optarán al cargo de director general de la FAO para un mandato de cuatro años, prorrogable una única vez por un segundo periodo de cuatro años. La elección se decidirá por un voto secreto en el que cada una de las 193 delegaciones miembro de la FAO tendrán un voto.

Planas ha reconocido que es “un honor” que España promueva su candidatura a dirigir la FAO a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general.

El presidente también ha reivindicado a España como país referente en seguridad alimentaria y como potencia exportadora agrícola --la cuarta en Europa y la décima a nivel mundial--, gracias a la apuesta que se viene realizando desde el Gobierno en el impulso de la innovación, la agricultura familiar y profesional, así como en la participación de las mujeres en actividad agraria, la apertura comercial y la cooperación internacional. En España, el sector agroalimentario representa el 10% del PIB y la renta agraria ha aumentado un 12% respecto al año anterior.

En el acto en Roma de este martes, tanto el máximo responsable de la FAO como la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, han tenido palabras de elogio hacia el Gobierno español y Sánchez. “España es un importante socio y un aliado estratégico en la lucha contra el hambre y la desnutrición”, ha dicho Dongyu, agradeciendo el apoyo.

Por otra parte, el titular de la FAO ha alertado de que hay “una ventana para actuar, pero la ventana se está cerrando”. “Los seres humanos pueden demorar cualquier acción, pero las cosechas no pueden aplazarse”, ha subrayado, incidiendo en que de las decisiones que se adopten ahora dependerá si la crisis es manejable o, por el contrario, habrá una “crisis mundial alimentaria profunda en 2026 y 2027 y más allá”.

A su vez, la máxima responsable del PMA ha expresado su temor por la posibilidad de que el mundo se encuentre al borde de una hambruna y una emergencia de desnutrición “como no se había visto nunca” y “camina dormido hacia un momento que no tendrá marcha atrás”.

“Una emergencia de hambre y desnutrición a esta escala podría cobrarse incontables vidas y podría hundir economías, desestabilizar comunidades y hacer retroceder toda una generación”, ha prevenido McCain. Pero “esto todavía puede evitarse si actuamos de forma decisiva y actuamos juntos”, ha sostenido.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de España “qué inversiones concretas” tiene “previsto ejecutar” en la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2026-2034.

En concreto, en la exposición de motivos de la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha registrado Santiago para que sea respondida, también por escrito, por el Ejecutivo central, el diputado de Sumar ha indicado que “el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 900 millones de euros para la segunda fase del Plise, correspondiente al periodo 2026-2034”.

Dicha cantidad, según ha señalado en su pregunta el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, “supone un incremento del 50% respecto a la fase inicial (2019-2025)” del citado plan estatal, “dotada con 600 millones de euros”.

Ahora, tal y como ha precisado Enrique Santiago, “con esta nueva inversión, el volumen total destinado desde 2019 asciende a 1.900 millones de euros” y, “del total aprobado, 800 millones de euros se destinarán a actuaciones en infraestructuras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que 100 millones se asignarán a Ceuta y Melilla”.

El plan, tal y como ha recordado en su exposición el diputado por la provincia de Córdoba, “pretende abordar la modernización de un parque inmobiliario compuesto por 3.302 inmuebles, muchos de ellos con un elevado grado de antigüedad y obsolescencia”.

Ante ello y dado que no se han dado a conocer actuaciones específicas, Enrique Santiago ha preguntado “¿qué inversiones concretas, desglosadas por anualidades, proyectos, localidades e importes, tiene previsto ejecutar el Gobierno en la provincia de Córdoba en el marco del Plise 2026-2034, y cuáles son los plazos previstos para su ejecución?”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público para los servicios de redacción del proyecto de los sectores XVII, XVIII, XXVI y XXVII de la zona regable del Genil-Cabra. Esta licitación, a la que ha accedido este periódico y ha sido tramitada a través de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, marca un paso decisivo para la culminación de los regadíos en los términos municipales de Santaella y La Carlota. El contrato cuenta con un valor estimado de 1.174.174,22 euros.

Las empresas interesadas tienen como fecha límite el 9 de julio para presentar sus ofertas de forma electrónica. Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo de ejecución de 12 meses para completar los trabajos de redacción del proyecto constructivo. Esta fase técnica es esencial para definir con precisión las infraestructuras necesarias que permitirán la puesta en riego de una superficie aproximada de 6.600 hectáreas, destinadas fundamentalmente al cultivo de olivar.

El proyecto se redactará de manera unificada, integrando tanto la red principal -que incluye estaciones de bombeo, balsas y tuberías de gran diámetro- como la red secundaria de distribución y caminos. Esta fórmula de trabajo conjunto entre el Miteco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) busca que cada administración pueda licitar y ejecutar su parte de forma simultánea. En términos de inversión para las obras futuras, se estima un montante global próximo a los 31 millones de euros, aunque valoraciones técnicas sitúan la cifra en torno a los 45 millones de euros dependiendo de los elementos finales a ejecutar.

¿Cómo será la actuación?

El diseño técnico contempla un sistema de riego moderno, eficiente y telecontrolado, que será compatible con el uso sostenible de los recursos hídricos en la cuenca. Entre los elementos singulares que el proyecto debe definir se encuentra una balsa de regulación en la zona conocida como 'La Calva', con una capacidad de 1,98 hectómetros cúbicos. Asimismo, se aprovechará la actual Estación de Bombeo de La Catalineta como punto de partida para la ampliación, dividiendo la nueva zona en dos sub-zonas: una de riego por gravedad (2.000 hectáreas) y otra de riego a presión (4.600 hectáreas).

La futura infraestructura incluirá un avanzado sistema de telecontrol vía GSM, permitiendo el telemando de válvulas y la telelectura de más de 2.600 contadores de parcela. Este nivel de digitalización garantiza que cada regante abone el volumen de agua realmente consumido, fomentando el ahorro y la eficiencia energética en el sector agrario. El proyecto también deberá incluir estudios detallados de impacto ambiental, seguridad y salud, y el preceptivo anejo de expropiaciones para las superficies afectadas.

Desde el punto de vista social y económico, el impulso a estos regadíos supone un importante apoyo al desarrollo rural y a la modernización del sector agrario cordobés. El Gobierno ha destacado que esta transformación contribuye a la mejora de la resiliencia frente al cambio climático y ayuda a fijar población en el territorio al hacer más competitiva la agricultura local. La puesta en riego de estas nuevas hectáreas es una demanda histórica de la zona que finalmente encara su recta final administrativa.

El Gobierno ha celebrado este viernes en Córdoba el acto conmemorativo del 182º aniversario de la Guardia Civil como muestra de agradecimiento al trabajo desarrollado por la Benemérita el pasado 18 de enero, y días posteriores, durante la tragedia ferroviaria de Adamuz. El encargado de presidir el acto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha recordado a las 46 víctimas mortales y ha recordado “a los hombres y mujeres de la Guardia Civil” que estuvieron “allí donde más, se os necesitaba”, demostrando una “profesionalidad y humanidad”.

Durante su discurso, el ministro ha querido dar la “enhorabuena a todos los condecorados y condecoradas”, señalando que este es “un reconocimiento muy merecido” y que está seguro de que van a “honrar los galardones recibidos”. Marlaska ha destacado que “el deber permanente de auxiliar al ciudadano es una seña de identidad de la Guardia Civil, que pone siempre a la persona en el centro de la acción”, basando su servicio en la “entrega y protección al vulnerable”, valores que “hunden sus raíces en la figura del Duque de Ahumada”.

El ministro ha explicado que la elección de Córdoba para este acto no ha sido casual. Tras recordar el trabajo “incansable” de los agentes en la DANA de Valencia, ha señalado que “la tragedia nos paralizó una vez más el 18 de enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz con 46 fallecidos”. Dirigiéndose a los agentes, Marlaska ha afirmado que fueron ellos, “hombres y mujeres de la Guardia Civil, los que estuvisteis allí donde más se os necesitaba cuando se requería vuestra ayuda, demostrando vuestra profesionalidad y humanidad en un nuevo ejercicio de ejemplaridad y servicio público”.

En este contexto, ha puesto en valor la intervención de “más de 1.180 efectivos” que se volcaron en la gestión de la emergencia, incluyendo seguridad ciudadana, policía judicial, tráfico, reserva, y los servicios aéreos, de criminalística y cinológico. El ministro ha resaltado que “la coordinación de las unidades de la comandancia de Córdoba, junto con refuerzos de otros lugares, dejó patente la capacidad operativa de la institución” para responder a “situaciones de máxima complejidad”.

Además, Marlaska ha apuntado que la atención a las víctimas y familias en Adamuz se realizó con una entrega que refleja la “esencia misma de ser guardia civil: vocación de servicio, disponibilidad, cercanía, profesionalidad y profundo sentido del deber”. Estos mismos valores se han visto también en los incendios forestales del pasado verano y las inundaciones en Andalucía y Extremadura de febrero.

En el ámbito de la seguridad, el ministro ha destacadola lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección de los más vulnerables. Especial mención ha tenido la lucha contra la violencia de género, donde este cuerpo protege a “casi 1.000 víctimas en Córdoba” desde 2023. Además, ha celebrado los avances en igualdad, como el ascenso de dos mujeres a coronel y su deseo de contar pronto con la “primera general”.

El acto ha concluido con un emotivo reconocimiento a las familias y un “acto de justicia” hacia los fallecidos. Finalmente, se ha rendido un recuerdo solemne a quienes han muerto en acto de servicio, como Carlos Francisco, en Jerez de la Frontera; Alberto, en un dispositivo de evacuación, y Jerónimo y Germán, en las costas de Huelva. “Su legado permanecerá vivo”, ha concluido el ministro. Al evento han asistido también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; y otras autoridades, como el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja; el fiscal de Córdoba, Fernando Sobrón; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado el próximo 12 de junio a las 15:00 la fecha límite para que las empresas de ingeniería interesadas presenten sus ofertas para la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la futura autovía en la N-432. Esta licitación se centra específicamente en el tramo de unos 13 kilómetros que conecta Cerro Muriano con la capital cordobesa, un paso administrativo clave para la modernización de esta vía.

El contrato de servicios cuenta con un presupuesto base de licitación de 5.732.558,68 euros. Según los detalles publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y a los que ha accedido este periódico, el objeto principal es duplicar la calzada actual para transformar la carretera convencional en una autovía con dos carriles de 3,5 metros por sentido. El proyecto contempla una velocidad de diseño de entre 90 y 100 kilómetros por hora y la mejora de tres enlaces existentes mediante la construcción de glorietas para optimizar los flujos de tráfico.

Este avance se produce como continuación a las recientes gestiones del Gobierno, que también ha encargado un estudio informativo para analizar la viabilidad de extender la autovía en el corredor que une Espiel con Córdoba. De esta forma, se busca dar una solución integral a una zona que soporta los mayores picos de intensidad de tráfico de toda la provincia. Ahora queda que las empresas interesadas formulen su oferta a la Mesa de Contratación, todo ello antes del 12 de junio.

Una demanda histórica, aunque con muchas trabas

Como antecedente fundamental, cabe recordar que esta actuación responde a una demanda histórica. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lleva 25 años reclamando unánimemente la conversión de la N-432 en autovía. Durante décadas, las instituciones locales han denunciado que la conexión entre Badajoz, Córdoba y Granada ha sido la “gran olvidada” de las inversiones estatales en Andalucía.

La peligrosidad de la vía actual ha sido un factor determinante para acelerar estos trámites, ya que solo en el año 2025 la carretera se cobró la vida de diez personas en la provincia. Con una intensidad media diaria estimada en 30.000 vehículos, el flujo de tráfico se ve alimentado tanto por la actividad de la base militar de Cerro Muriano como por las numerosas urbanizaciones de la periferia norte de la ciudad.

Dada la elevada sensibilidad ecológica de la zona, el contrato establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Este requisito es esencial para asegurar que el nuevo trazado respete los estrictos condicionantes ambientales que en el pasado bloquearon otros intentos de desdoblamiento en este corredor.

En estudios previos, la presencia de poblaciones de lince ibérico y el terreno montañoso de Sierra Morena supusieron obstáculos insalvables que provocaron la caducidad de proyectos anteriores. Por ello, el consultor seleccionado deberá realizar un exhaustivo análisis de integración ambiental para evitar nuevos bloqueos administrativos.

Las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de un plazo total de 36 meses para completar la redacción de los documentos técnicos. Una vez que los proyectos de trazado y construcción estén finalizados, el Ministerio estima que el presupuesto necesario para la ejecución material de las obras ascenderá a unos 115 millones de euros. Esta cifra definitiva se ajustará tras las fases de supervisión dinámica intensiva a las que será sometido el estudio por su relevancia social y estratégica.

Un total de 2.343 personas migrantes han solicitado por vía telemática la solicitud de regularización en la provincia de Córdoba en el primer mes desde que se abrió el plazo el pasado 16 de abril, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto del Gobierno, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde el día 20 de ese mes también con atención presencial, en las oficinas habilitadas, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

En la provincia de Córdoba, la Subdelegación estimaba inicialmente que, ya sea por vía telemática o en atención presencial, se podrían adherir a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aclarado este jueves al PP, ante su demanda de que la de Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo, que en el Ministerio de Defensa y el del Interior ya vienen trabajando en este asunto y, de hecho, ya tienen “un proyecto redactado para que las Fuerzas Armadas y, por tanto, la Guardia Civil, sean también una profesión de riesgo”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en La Carlota (Córdoba), donde ha respaldado la campaña del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del próximo domingo, la ministra de Defensa ha explicado que “no hay que mezclar de las cosas”, pues “lo que pasó ayer” tenía que ver con “una proposición del Partido Popular, que está haciendo oportunismo en esto, cuando saben perfectamente que, tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, estamos trabajando”, y ya cuentan con “un texto escrito, para que, efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil sean una profesión de riesgo”.

En este punto, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas “están en este momento en 3.000 misiones, en profesiones de riesgo, en guerras como las de Líbano. Nuestra Guardia Civil está luchando contra el narcotráfico. Se merece lo mejor y desde luego, desde el Ministerio de Defensa estamos trabajando en ello, y en el Ministerio Interior también, sin oportunismos”.

Así, ha insistido en que en el Ministerio de Defensa, en “la parte que afecta a las Fuerzas Armadas y también a los guardias civiles”, disponen ya de “un texto redactado”, al considerar “que merecen ser una profesión de riesgo. No hay ninguna duda en ese tema sobre el compromiso, que está además plasmado en negro sobre blanco”, pues en el Gobierno de España “no hablamos, actuamos”, ha subrayado.

Abucheos a Marlaska

En cuanto a los abucheos de los que fue objeto ayer miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo estar “rabioso” y “dolido”, pero no “impotente”, por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha, Robles ha dicho creer “que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. Yo ahí respeto todas las expresiones”.

Sin embargo, ha señalado también que, “si algo hemos hecho, y desde luego desde el Ministerio de Defensa y, por tanto desde el Gobierno de España, ha sido sentirnos orgullosos, poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil”.

“Yo lo digo y lo digo todos los días desde hace ocho años, les admiro profundamente, aprendo de ellos cada día. Su solidaridad, su compromiso, su sacrificio, y claro que podemos todos hacer mucho más, pero el ejemplo que nos dan nuestros militares y nuestras guardias civiles sirviendo a España en el extranjero es único. Lo digo sin ningún complejo y con absoluto orgullo”.

A partir de ahí, Margarita Robles ha insistido en que respeteta “las expresiones públicas de todo el mundo, pero todo el mundo que nos conoce sabe el orgullo que sentimos de nuestros militares y de nuestros guardias civiles”.

Informe sobre narcolanchas

Por último, respecto al Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que recoge que hay más de 600 narcolanchas tipo 'go-fast' sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, la ministra de Defensa, tras aclarar que esa no es “un área específica” de su departamento, ha subrayado que, aún no “siendo competencia” del Ministerio de Defensa, “en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer”.

En este punto, Robles ha argumentado que “siempre hacen falta muchos más medios”, y ha recordado que “cuando llegamos hace ocho años al Gobierno” y en referencia a las Fuerzas Armadas, “es que no había ni munición”, a lo que ha añadido que, para ella, lo referido a la Guardia Civil o al Ejército no es “una cuestión de Estado”, sino que “es una cuestión de España, y nuestros militares y nuestros guardias civiles exigen y tienen derecho a que cada día trabajemos por y para ellos”, porque “trabajando por nuestros militares, por los guardias civiles, trabajamos por la paz, por la libertad, por el compromiso y por la libertad”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso al frente para la seguridad y modernización de una de las vías con más peligrosidad de toda la provincia cordobesa. El Gobierno ha encargado un nuevo estudio informativo para la transformación en autovía de un tramo crítico de la N-432. Esta actuación se centra inicialmente en el trayecto de 12,9 kilómetros que une Espiel con la capital cordobesa, una zona que actualmente soporta los mayores picos de intensidad de tráfico de toda la extensión cordobesa.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de licitación para las obras de 115 millones de euros -impuestos incluidos-. El objetivo principal es duplicar la calzada actual para convertirla en una autovía de dos carriles por sentido, mejorando así la funcionalidad, movilidad y, sobre todo, la seguridad vial en un entorno de orografía montañosa y compleja. Según el pliego de prescripciones técnicas, al que ha tenido acceso este periódico, la futura vía tendrá una velocidad de proyecto de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Se estima que el tronco principal de la autovía absorberá una intensidad media diaria (IMD) de unos 30.000 vehículos, un flujo alimentado significativamente por la actividad de la base militar de Cerro Muriano y las numerosas urbanizaciones de la zona.

La redacción de los proyectos de trazado y construcción se llevará a cabo en un plazo de 36 meses y empleará metodología BIM -un modelo 3D entre todos los agentes identificados- para garantizar la eficiencia en la gestión documental y técnica. El proceso se dividirá en cuatro fases que incluyen desde los trabajos topográficos y geotécnicos previos hasta la redacción definitiva del proyecto de construcción.

Dada la sensibilidad ecológica de la zona, el contrato establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Este requisito es fundamental, ya que el diseño debe ser compatible con la futura autovía A-81 y respetar los estrictos condicionantes ambientales que en el pasado han bloqueado otros tramos de este corredor. De hecho, este aspecto ha hecho que se cancelen otros estudios informativos en el pasado.

La insistencia del Ayuntamiento de Córdoba

Esta iniciativa gubernamental surge como respuesta a una demanda recurrente en la capital cordobesa, ya que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lleva 25 años reclamando de forma unánime la conversión de la N-432 en autovía. Durante décadas, las mociones municipales han insistido en que la conexión con Badajoz y Granada es la “gran olvidada” de las infraestructuras estatales en Andalucía.

Tanto es así que los antecedentes de este proyecto están marcados por la caducidad de estudios previos y la crisis económica de 2008, que paralizó los planes originales de la autovía A-81. Durante años, el Ejecutivo consideró inviable el trazado completo debido a los nuevos requisitos ambientales, especialmente por la presencia de poblaciones de lince ibérico en el sector Zafra-Espiel y la imposibilidad de abrir nuevas brechas en Sierra Morena.

Ante estos obstáculos, el Ministerio planteó recientemente soluciones alternativas de menor envergadura, como la creación de carreteras 2+1 (tres carriles con adelantamiento alterno) para el tramo entre Espiel y Cerro Muriano. Sin embargo, la alta siniestralidad de la vía ha forzado a priorizar el desdoble total (2+2) en el acceso a Córdoba capital.

La peligrosidad de la N-432 es un factor determinante en esta decisión. En los últimos meses, la carretera ha sido escenario de graves accidentes, incluyendo colisiones frontales mortales en Fuente Obejuna y choques con múltiples heridos, entre ellos menores, en las cercanías de Córdoba capital. Solo en el año 2025, esta vía se cobró la vida de diez personas en la provincia.

Además de la duplicación de la calzada, el nuevo contrato prevé la mejora de tres enlaces existentes, incluyendo la construcción de glorietas para facilitar los giros y accesos. También se contempla la instalación de al menos una estación de aforo fija para monitorizar el tráfico de forma continua una vez que la obra esté en explotación.

El pliego también destaca que el consultor deberá estudiar con detalle la reposición de caminos agrícolas, vías pecuarias y servicios afectados, manteniendo la coordinación con las administraciones locales y la Confederación Hidrográfica. Todo ello bajo una supervisión dinámica intensiva por parte de la Dirección General de Carreteras debido a la relevancia social de la actuación.

Una promesa que comenzó en 2019, pero que seis años después sigue en un limbo muy difícil de arreglar. El proyecto del apeadero o nueva estación de la avenida de la Igualdad se encuentra en un punto muerto administrativo. A pesar de las expectativas generadas en 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la infraestructura sigue sin contar con un proyecto en firme, lo que obliga a reiniciar gran parte de la tramitación burocrática necesaria para su ejecución.

La clave de este bloqueo reside en que el Ejecutivo ha reconocido oficialmente, en una respuesta reciente a los senadores populares, que será necesario licitar de nuevo el contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción. Esta decisión llega después de la resolución del contrato anterior, que se produjo en septiembre de 2024, sin que los trabajos técnicos llegaran a materializarse en un documento final entregado y aprobado por la administración ferroviaria.

Para retomar esta infraestructura, Adif deberá coordinar la nueva licitación con la aprobación de un preceptivo Estudio Informativo, cuya redacción es competencia directa del Ministerio. Actualmente, se están elaborando estudios informativos para nuevos apeaderos en la red convencional de Andalucía, incluyendo el de Córdoba, pero el proceso se encuentra todavía en fases iniciales de análisis de viabilidad y tramitación ambiental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los antecedentes de este estancamiento se remontan a finales de 2024, cuando se hizo pública la ruptura del compromiso con la anterior adjudicataria. El contrato original para el proyecto básico de la parada entre la estación Central y Rabanales se había adjudicado en 2019 a la empresa Ingerop T3 por un importe de 200.000 euros, con un plazo de ejecución que inicialmente debía concluir a finales de 2020.

Sin embargo, tras años de retrasos y con el impacto de la pandemia incluido, Adif y la empresa adjudicataria decidieron rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo. Aunque no se especificaron todas las causas de la liquidación, ABC Córdoba apuntó en 2024 que era debido al desfase temporal y a la necesidad de actualizar los criterios técnicos del proyecto ante el tiempo transcurrido desde su concepción inicial.

La ubicación elegida por criterios técnicos de Adif fue al principio de la avenida de la Igualdad, en la confluencia con la avenida de los Almogávares, tras descartar otras opciones como el barrio de Fátima. Los estudios previos determinaron que este emplazamiento garantizaba una mayor demanda de usuarios y una mejor integración urbana al dar servicio a una zona densamente poblada de la capital cordobesa.

En paralelo a la elección de la avenida de la Igualdad, el Gobierno también descartó definitivamente en 2024 la construcción de una parada de tren en el Parque Joyero, que pretendía dar servicio al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Según el Ejecutivo, los informes técnicos indicaron que dicha ubicación no generaría un nivel de demanda ferroviaria suficiente, priorizando en su lugar la parada del Vial Norte.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que seguirá “muy de cerca y con mucho interés” la evolución de la declaración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tonelerías de Montilla-Moriles por parte de la Unión Europea (UE), porque considera que la futura IGP “contribuirá no sólo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino”.

Al respecto, Planas ha visitado una de las empresas artesanales que promueven dicho reconocimiento, valorando que la tonelería es una actividad artesanal vinculada a la producción de vino en una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España, Montilla-Moriles y que hoy combina tradición y tecnificación.

Actualmente existen en la zona ocho tonelerías que dan empleo directo a 200 trabajadores, con una producción anual en torno a 40 millones de euros. La empresa visitada por el ministro, Tonelerías José Luis Rodríguez, tiene capacidad para producir 5.000 barriles al año, de entre uno hasta 500 litros. Además de fabricar toneles nuevos y envinados, tratan y reconstruyen barriles usados que han servido para criar oloroso, Pedro Ximénez o brandy.

Se trata de un sector en auge con proyección internacional, dado que a la demanda de la producción local se suma la tendencia creciente por parte de las destilerías de envejecer 'whiskys premium' y otros espirituosos en barriles envinados en vinos de Montilla-Moriles.

La reforma del reglamento de la Unión Europea sobre Indicaciones Geográficas, que entró en vigor en el mes de diciembre, permite extender los reconocimientos de IGP a productos artesanales e industriales, y no ya sólo a los alimentos. Las empresas toneleras de Montilla junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el respaldo del Ayuntamiento de Montilla promueven el reconocimiento de IGP que, al ser de ámbito autonómico, compete a la Junta de Andalucía, previo a su remisión a la Unión Europea.

Desarrollo rural en la PAC

Tras la visita a la tonelería, el ministro Planas ha mantenido una reunión con el alcalde de Montilla y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, y otros directivos de ésta en la que han tratado el futuro de los fondos de desarrollo rural dentro de la futura Política Agraria Común (PAC) post27. Planas ha insistido en “la necesidad de que, cuanto menos, se mantenga la consignación del actual período 2023-2027 y de que los programas de desarrollo rural tengan una consideración específica en los reglamentos”.

La REDR, que cuenta con unas 200 asociaciones de ámbito local, participa en la gestión del programa Leader, al que actualmente la PAC destina un mínimo obligatorio del 5% de los fondos de desarrollo rural, que en el caso de España asciende al 10%.

Entre los años 2014 y 2025, este programa recibió 1.200 millones de euros de fondos públicos al programa Leader, que movilizaron una inversión total de 3.000 millones de euros, que generaron más de 35.000 proyectos gestionados por los grupos de acción local que permitieron crear unos 72.000 puestos de trabajo.

Ayudas por borrascas

Por otro lado, en relación con las ayudas como consecuencia de las borrascas que se produjeron particularmente en Andalucía y en Extremadura a principios de año y que se aprobaron hace ya un par de meses, el ministro ha aseverado que “se ha ido avanzando no sólo en las listas de potenciales beneficiarios, sino ya comenzando los primeros pagos”.

Por ejemplo, en la primera relación en Montilla de beneficiarios que han aceptado la ayuda por parte del Gobierno de España para compensar las pérdidas, ha indicado que “hay 639 agricultores y ganaderos y la cantidad que se va a abonar es de 6,4 millones de euros”.

De igual modo, ha agregado, “en los seguros agrarios se ha eliminado la franquicia y aumentado la cofinanciación hasta el máximo límite legal, que es el 70%, y también se han efectuado ya los primeros pagos”, al tiempo que ha destacado que “son 19 caminos rurales por un importe aproximado de 600.000 euros los que se van a acometer en las próximas semanas y meses a través de Tragsa, para acondicionarlos al quedar dañados por las últimas lluvias”.

Instrucción con autobombas, herramientas y maquinaria pesada o desarrollo de técnicas para ataque directo al fuego. Estas son algunas de las prácticas que se llevarán a cabo, la próxima semana, durante unas jornadas preparatorias de la campaña de incendios 2026, por parte del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME).  

Los ejercicios tendrán lugar en Córdoba y Jaén, donde se desplegarán cerca de 400 efectivos, 30 vehículos de extinción y dos máquinas empujadoras D7R, además de otro tipo de material con el que se ofrece apoyo a los dispositivos autonómicos durante la activación en caso de incendio.  

Un material al que se suman las aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la propia UME, en caso de ser necesario.  

El objetivo de este tipo de ejercicios no es otro que garantizar la formación continua y la preparación constante del personal de la UME para cualquier intervención, en este caso, el control y la extinción de incendios.  

Incendios como los del pasado verano en Córdoba quedó patente la capacidad de despliegue, respuesta y adaptación del personal y los medios de cualquiera de las unidades que la UME tiene repartidas por el territorio nacional, así como del resto de las Fuerzas Armadas.

Los familiares de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, confían en las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español tras una reunión este miércoles con el ministro, José Manuel Albares, encuentro que ha motivado que la madre de Javier haya dejado la huelga de hambre que empezó el día 22 de abril.

Según ha explicado a Europa Press el hermano de Javier, Aarón Marañón, el ministro ha recibido a “familiares y abogados de los dos trabajadores detenidos injustamente en Guinea Ecuatorial”, en una cita en la que los familiares han expuesto al ministro “la situación de incomunicación e indefensión de los trabajadores, además de lo injustificado de su detención durante 15 meses, dándole evidencias de su absoluta inocencia”.

Al respecto, ha comentado que “el ministro informó de las gestiones y contactos realizados por el mismo y se comprometió a hacer varias gestiones para que se respeten unos mínimos derechos fundamentales de los detenidos y trabajar para apoyar una pronta solución que logre su liberación”.

Mientras, Aarón ha explicado que su madre está “algo mejor, recuperándose de estas semanas de huelga de hambre y con mucha esperanza en que esta reunión dé algún resultado positivo y un cambio en la situación”, después de que la huelga de hambre la dejó el lunes cuando tuvieron “la confirmación de la reunión con el ministro para el miércoles”.

En este caso, las familias estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso y les recibieron varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

“Siguen incomunicados”

Sobre la situación de los dos detenidos, ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Hace más de un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estimaba oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La familia de Javier Marañón Montero, uno de los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025, mantendrá este miércoles una reunión en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en busca de avances que permitan desbloquear su situación.

Según ha explicado a este periódico Aarón Marañón, hermano del detenido, el encuentro ha sido confirmado recientemente por el equipo del ministro tras una solicitud cursada a través del entorno de María Jesús Montero, candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, que los atendió hace unos días en el transcurso de un mitin de Pedro Sánchez en Córdoba.

La reunión está prevista en la capital española el próximo 6 de mayo. La familia pretende trasladar al jefe de la diplomacia española su preocupación por la falta de progresos en el caso. “Hasta el momento no ha habido ningún cambio en 15 meses”, señaló Aarón Marañón, quien subrayó que el objetivo principal es obtener “alguna perspectiva de una solución efectiva”.

En este contexto, la madre de Javier ha decidido suspender la huelga de hambre que mantenía en señal de protesta, con la esperanza de que el encuentro con Exteriores pueda derivar en avances concretos.

Los allegados denuncian además la ausencia casi total de comunicación con el detenido. Según relataron, no han podido hablar con él desde hace 15 meses, salvo “unos segundos” durante una breve llamada el pasado 23 de diciembre. Tampoco han recibido cartas ni otras vías de contacto.

La última información indirecta sobre su estado procede de una visita consular realizada hace cerca de dos meses por la embajada española, aunque la familia asegura que oficialmente “no saben nada” sobre su situación actual. Los familiares confían en que la reunión del miércoles marque un punto de inflexión y permita abrir una vía de resolución tras más de un año de incertidumbre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que las labores de reparación urgente de los baches en la autovía A-4 se extenderán hasta finales de 2026. Esta medida llega tras el grave deterioro de la calzada en la carretera que une a Córdoba y a Sevilla, provocado por una sucesión de fenómenos meteorológicos adversos al inicio del año que han comprometido la seguridad vial en esta infraestructura clave del sur de España.

Según la respuesta oficial del Gobierno en el Senado a la que ha tenido acceso este periódico, el origen de estos daños se sitúa en los meses de enero y febrero, cuando el paso de siete borrascas consecutivas impidió la recuperación progresiva del firme. La intensidad de las precipitaciones generó baches y socavones que han motivado la tramitación de obras por la vía de emergencia para restituir las condiciones óptimas de circulación.

Las actuaciones a realizar

En la provincia de Sevilla, los trabajos se están centrando en el tramo de la A-4 que discurre desde el límite provincial con Córdoba hasta la capital sevillana, concretamente entre los puntos kilométricos 435 y 537. Estas actuaciones, integradas en un lote específico para la reparación de deterioros en la Red de Carreteras del Estado, se iniciaron en marzo y tienen como horizonte de finalización el cierre de 2026.

Simultáneamente, en la provincia de Córdoba se ejecutan labores similares en el trayecto de la autovía que conecta la capital cordobesa con el límite de Sevilla, entre los puntos kilométricos 399 y 435.

El resto de la A-4 y la N-432

Estas reparaciones de emergencia conviven con otros proyectos de rehabilitación estructural que el Gobierno ya tenía en marcha para renovar el pavimento agotado por el paso del tiempo y el tráfico pesado. Uno de ellos afecta al tramo entre el límite con Jaén y El Carpio (puntos kilométricos 347 a 374), una obra iniciada en julio de 2024 que cuenta con una inversión de más de 23 millones de euros.

Un segundo proyecto de gran envergadura da continuidad al anterior, cubriendo la distancia entre El Carpio y Córdoba ciudad (kilómetros 374 al 399). Con un presupuesto superior a los 22,8 millones de euros, esta actuación integral se desarrolla desde agosto de 2025 y está previsto que se prolongue hasta agosto de 2027.

Por otro lado, el Gobierno de España también está estudiando la posibilidad de convertir el corredor de la N-432 que va desde Badajoz hasta Granada -con dos tramos que comprenden a Córdoba- en la A-81. Una posibilidad que se ha ido desvaniendo con el paso de los meses, sobre todo en la parte que comprende a Espiel y la capital granadina. Pese a ello, el Ejecutivo ha vuelto a incidir que estará buscando una forma ambientalmente viable para que se lleve a cabo.

Mientras tanto, hay programadas una serie de actuaciones en esta carretera para paliar la cantidad de accidentes con personas fallecidas en los últimos meses. El 2025 acabó siendo el año negro en este sentido, con hasta 10 muertos en esta vía. Hace apenas unos días, un accidente en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna también acabó con la vida de una persona. Por tanto, el Gobierno de España continúa trabajando en los corredores que tiene a Córdoba como la conexión entre el resto de Andalucía o incluso con España.

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Ana López, ha presidido este jueves la primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2026, a la que ha asistido la directora provincial del SEPE, Alicia Vílchez.

El presupuesto para este ejercicio, que ha sido aprobado por unanimidad, es de 30.256.945,25 euros. Del total, 23.839.447,16 euros se destinarán a Garantía de Rentas y 6.417.498,09 euros a Generadores de Empleo Estable. Esta cuantía supondrá alrededor de 290.000 jornales, al igual que sucedió en el ejercicio anterior.

Según ha destacado la subdelegada del Gobierno, “como ya pasó el año anterior, habrá dos convocatorias: una para Garantía de Rentas, con concesión directa, y otra para proyectos Generadores de Empleo Estable mediante convocatoria de concurrencia competitiva, conforme a la Ley General de Subvenciones”.

Entre los criterios de selección se hará especial hincapié en aquellos proyectos que se hayan presentado que mejoren la empleabilidad en competencia y empleos que fomenten la capacitación digital o que se centren en el medio ambiente. Otra de las líneas de actuación a la hora de la selección de iniciativas es que estén integradas dentro del principio de igualdad.

“Generalmente, en los proyectos de PFEA suele haber más mujeres contratadas que hombres, lo que significa que la lucha por el reto demográfico también cuenta con la incorporación de las mujeres al mundo laboral como ancla de las familias al territorio”, ha aseverado.

Los proyectos cuya mano de obra está financiada por los fondos PFEA también son vertebradores de la economía local y comarcal. “Son iniciativas que, al fomentar el anclaje de la población al municipio, generan también importantes beneficios a las empresas que se encuentran instaladas en la zona”, ha resaltado López.

Asimismo, la mejora de las infraestructuras que traen aparejadas estos trabajos “facilita que otras empresas valoren su instalación en estas localidades, con lo cual, como efecto secundario, promueven también la creación de empleo y la mejora de la vida de las familias asentadas en estos municipios”, ha destacado la subdelegada del Gobierno.

Plan extraordinario

También, ha informado de que en las próximas semanas se aprobará el Plan Extraordinario de 50 millones de euros, que es una medida complementaria y cuyo marco lo establece el Real Decreto-ley 5/2026 que, como con la DANA, seguirá la misma línea de subvenciones nominativas a corporaciones locales para financiar contrataciones de personas trabajadoras desempleadas, gestionado por el SEPE.

Los municipios que podrán beneficiarse serán los que determine la Comisión de Evaluación del artículo 7.2 del mencionado Real Decreto-ley 5/2026.

La directora provincial del SEPE ha destacado que la propuesta de reparto de los fondos seguirá los criterios marcados “a nivel regional y nacional”.

La publicación de los extractos de las convocatorias se realizará a mediados del mes de mayo y la presentación de las solicitudes se realizará electrónicamente a través de la Sede Electrónica del SEPE ('https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/'). La fecha para completar o perfeccionar expedientes, tanto en Garantía de Rentas como en Generadores de Empleo Estable, será hasta el 15 de octubre de 2026.

Cuando han pasado más de tres meses desde el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y se cumple un año del apagón que afectó a todo el país, el director de campaña y secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha pedido este miércoles explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha asegurado, “da la espalda a cualquier tipo de responsabilidad”, y ha recordado la necesidad de seguir apostando por un Gobierno fuerte, “de estabilidad y moderación”, en Andalucía.

A este respecto y en una atención a medios, Repullo ha recordado que “ayer hacía un año del apagón y nadie ha dado una respuesta y nadie ha tomado ninguna responsabilidad ni cartas en el asunto”, según ha señalado junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, antes de mantener ambos un encuentro con agentes del sector turístico de Córdoba.

Repullo ha enfatizado que “hace más de tres meses, y esto tiene mucho que ver con el sector turístico, tuvimos el accidente de Adamuz y nadie da una explicación y nadie asume ninguna responsabilidad”, y ello pese a que, “desde el punto de vista de la tramitación del expediente judicial, está quedando claro que el siniestro fue consecuencia de la rotura de uno de los carriles del ferrocarril”. Sin embargo, no ha habido “ni una sola responsabilidad asumida por parte de Adif, ni por parte de Renfe, ni por parte del ministro, ni de nadie de su Ministerio”.

Huelga de médicos

Además, según ha añadido el secretario general de los populares andaluces, “estamos inmersos en una huelga de médicos, una huelga provocada porque la ministra no quiere sentarse a negociar con los médicos que tienen sus aspiraciones lógicas y normales”.

“Como consecuencia de eso --ha proseguido-- padecemos que 50.000 actuaciones médicas en Andalucía se bloquean cada día, 50.000 personas se quedan sin tener su prueba médica en el día de hoy, y mil oncologías no se han podido hacer en Andalucía”, opinando Repullo que “estamos ante la quiebra de las relaciones entre un Gobierno y un sector tan importante como la medicina”.

Empleo en Andalucía

Del mismo modo, el también número uno de la candidatura popular cordobesa a las elecciones del 17M ha resaltado “la estabilidad que ha garantizado Juanma Moreno durante los años que lleva transformando Andalucía, una estabilidad que no queremos perder, ahora que va a empezar la campaña en unos días”.

De hecho, según ha subrayado Repullo, esa estabilidad “tiene una consecuencia práctica muy simple y muy sencilla y que cae directamente en aquello que interesa a los ciudadanos, que es el empleo”.

Tanto es así que, tal y como ha recalcado Repullo, que “estamos en datos históricos en Andalucía en relación con el resto de España en creación de empleo”, para añadir que “esa es la demostración de que la estabilidad le va bien a Andalucía”.

“La estabilidad, la creación de empleo, la creación de empresas, la creación de futuro y esa moderación y esa vía andaluza en la que Juanma Moreno está liderando en Andalucía”, son los “elementos incontestables” que, a juicio de Repullo, “no se pueden parar ahora, si queremos que Andalucía siga progresando al ritmo que todos queremos”.

Turismo

Por su parte, el también alcalde de la ciudad de Córdoba, José María Bellido, ha destacado la “importancia de diferenciar la estabilidad y la gestión del lío y el ruido político, especialmente en materia turística”.

En este sentido ha subrayado el avance turístico en los últimos años, “gracias a la colaboración del PP en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación”, señalando la mejora de la conectividad aeroportuaria de Córdoba, con vuelos a Barcelona y Canarias, como un logro clave de este mandato.

Bellido ha defendido la necesidad de “mantener la estabilidad” y los gobiernos del Partido Popular “para seguir creciendo en conexiones y negociando con compañías aéreas”, y ha destacado los buenos resultados turísticos recientes, como en Semana Santa y las perspectivas para el inminente puente del 1 de mayo, “con una ocupación hotelera cercana al 90%”.

El candidato ha incidido en todo lo que se ha avanzado en la ordenación del turismo, “para fomentar la gestión, la eficacia, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos, regulando viviendas turísticas y la calidad de la atención”. La toma de decisiones “se basa en datos objetivos del Observatorio de Sostenibilidad Turística, no en criterios subjetivos”.

También ha recordado José María Bellido cómo “el sector turístico valora positivamente el trabajo conjunto, consolidando a Córdoba como un destino de calidad con auge en turismo de congresos y convenciones”.

Para finalizar ha pedido la confianza ciudadana “para continuar con la estabilidad y la gestión en Andalucía y en Córdoba, frente a otras propuestas del pasado que ponen en riesgo los avances logrados en nuestra tierra”.

Alrededor de un millar de personas migrantes han solicitado ya en la provincia de Córdoba su regularización, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ofrecido esta cifra al hacer un balance de cómo está desarrollándose este proceso en la provincia de Córdoba, donde la estimación inicial es que puedan adherirse a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

López ha explicado que la solicitud de regularización se está realizando tanto por vía telemática como presencialmente y ha apuntado que no se están cubriendo todas las citas cada día. Asimismo, ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para colaborar en el proceso de documentación que realizan los ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos las personas migrantes para solicitar su regularización.

En ese sentido, López ha apostado por “agilizar” el trabajo que desarrollan las administraciones en este proceso extraordinario y ha señalado que, si bien, “los primeros días fue más lento”, ya se viene desarrollando con normalidad y sin problemas.

“En su mayoría se trata de gente que llevan años aquí, están totalmente integrados, con trabajo y ganas de seguir trabajando y con ilusión”, ha dicho la subdelegada sobre muchas de las familias que en estos días han solicitado ya su regularización en nuestra provincia.

Los familiares del cordobés Javier Marañón Montero, uno de los dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025, ha logrado que la candidata socialista a la Junta de Andalucía y exvicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, se comprometa a mediar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir una reunión para tratar la situación de los detenidos.

Aprovechando la presencia del presidente Pedro Sánchez y de la dirección del partido en la capital cordobesa, los familiares de Marañón -preso desde enero de 2025 junto al granadino David Rodríguez Ballesta- acudieron al acto para visibilizar su desesperación. Tras las primeras palabras de Sánchez, la familia del cordobés intentaron llamar su atención, pero abandonaron el polideportivo donde ha tenido lugar el mitin con la promesa de la organización de ser atendidos por el presidente. Sin embargo, ha sido la exvicepresidenta del Gobierno quien se ha reunido brevemente con ellos.

Durante la conversación, la familia ha expuesto lo “injusto de la situación” que atraviesan los dos españoles, vinculados a un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Según ha relatado Aarón a este periódico, la respuesta ha sido una promesa de acción inmediata, ya que “a partir de mañana lunes, según nos ha dicho Montero, se va a intentar organizar una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores”, José Manuel Albares. Este compromiso institucional llega en un momento de extrema fragilidad para la familia dado que la madre de este cordobés, que tiene 83 años, ha iniciado esta semana una huelga de hambre y ha abandonado su medicación como medida de presión para conseguir la libertad de su hijo.

Supuesta desviación de fondos de la empresa para la que trabajaban

Cabe recordar que el pasado mes de enero, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales en la que señaló que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT habían establecido “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, aseguraba que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, recordaba que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

La madre de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, ha comenzado este miércoles una huelga de hambre, cuando se cumplen 15 meses desde que fueron detenidos ambos y teniendo en cuenta que ella tiene 83 años de edad y ha dejado de tomar su medicación hace varios días.

En una nota, la familia ha lamentado que las administraciones y autoridades no hayan conseguido “algo efectivo a favor de su hijo Javier y de su compañero de trabajo David, encarcelados injustamente desde hace 15 meses en Guinea Ecuatorial”. El caso aparece en un informe de Amnistía Internacional, según ha explicado el hermano de Javier, Aarón.

La progenitora, “que además de su avanzada edad padece varias patologías y ha sufrido operaciones hace unos meses”, se encuentra en “un delicado estado de salud”, pero ha decidido dar este paso ante “la incompetencia y los nulos resultados de las posibles gestiones que haya hecho el Ministerio de Exteriores/Gobierno y autoridades de exteriores europeas”.

Después de 15 meses, los dos trabajadores --un administrativo y un técnico de vídeo-- continúan en las mismas condiciones en la cárcel de Black Beach. “Su situación es cada vez más grave y concretamente, Javier, ha estado a punto de morir dos veces”, ha advertido de la familia.

En este sentido, han reprochado que “las autoridades no han conseguido su libertad, pero ni tan siquiera han conseguido que se respeten los mínimos derechos fundamentales: están incomunicados, sin derecho a visitas familiares, sin derecho a que contacten de ninguna manera con su abogado, sin derecho a que pasen una revisión médica seria en un centro hospitalario, tras haber sufrido distintas enfermedades, además de las crónicas que ya padecían, y sin juicio.... del que no se sabe nada”.

Además, “conociendo el anuncio de esta huelga de hambre, las autoridades no se han interesado en ningún momento por tener contacto con la familia, para poder darnos alguna noticia esperanzadora que tuviésemos como argumento para convencer a nuestra madre de tomar esta fatal decisión”, han remarcado.

Al respecto, han aseverado que intentarán “por todos los medios convencer” a su madre de que “no llegue hasta el final de esto”, mientras siguen “esperando a que las autoridades se pongan en contacto con nosotros y nos den algún resultado positivo pronto”. “No sólo la vida de Javier y David están en peligro, ahora también es la de nuestra madre”, han avisado, para suplicar “ayuda ya”.

Citas en el Congreso

Cuando estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso ambas familias fueron recibidas por varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

Sobre la situación de los dos detenidos, Aarón ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Más de 60.000 firmas

Hace un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial esta semana durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.