Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha recibido autorización ambiental y de obra por parte de la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba para la ampliación de la fábrica en la que ya opera en Rabanales 21 (actual Tech Park). Escribano adquirió dos parcelas que eran propiedad del Ayuntamiento en marzo. Ahora, acaba de recibir el permiso para ampliar su fábrica.

Este suelo anexo al de la antigua empresa Silos de Córdoba, en la que ha instalado su fábrica, es necesario para la ampliación de sus instalaciones. La compañía armamentística señala que estas dos parcelas, la IDR1 y la IDR3, son necesarias para dar continuidad a un proyecto relacionado con las necesidades de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, que se está construyendo a unos 15 kilómetros de distancia, en el polígono industrial de La Rinconada.

En su centro de Córdoba desarrolla y fabrica el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad, adjudicado por Defensa a la UTE Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions, con un contrato de 697 millones de euros. Esta empresa es la primera entidad de seguridad y defensa que crea un centro de desarrollo y producción en la provincia, tras la puesta en marcha del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Por otra parte, la Comisión de Licencias también le ha dado el visto bueno a Cunext Cooper para que amplíe la fábrica que posee en el Parque Joyero de Córdoba. El objetivo de Cunext pasa por mejorar sus instalaciones actuales, mientras avanza en el polo de cobre verde que está construyendo junto a la carretera de Granada.

El gran proyecto de expansión de Sanitas en Córdoba capital tiene luz verde administrativa. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto aprobar el próximo 9 de diciembre, la concesión de la licencia de obras para la construcción de un complejo sociosanitario de envergadura en la zona de Noreña, específicamente en la Avenida Arroyo del Moro haciendo esquina con la calle Lanzarote.

Se trata del paso definitivo para una de las inversiones privadas más importantes anunciadas en el sector salud en los últimos años. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía Sanitas Mayores S.L. ha recibido el visto bueno técnico para levantar un edificio híbrido que funcionará, a efectos prácticos, como un 'hub' de salud: integrará una residencia de mayores, un centro médico de especialidades y una clínica dental.

El proyecto se ubicará a escasos metros del Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino, consolidando esta zona de la ciudad —entre Arroyo del Moro y la zona de la Justicia— como el nuevo “distrito sanitario” de Córdoba, dada la alta concentración de clínicas y servicios de salud públicos y privados que se aglutinan en pocas manzanas.

Un edificio, tres usos y 25 millones de inversión

La licencia, solicitada formalmente el pasado 19 de septiembre, ampara la construcción de un inmueble diseñado por el equipo de arquitectos formado por Rafael Castelló, Soledad García Domenech, Daniel González Tello y Pedro Cardenal García. El objetivo de la compañía aseguradora es centralizar en este punto gran parte de la asistencia que presta a sus más de 40.000 asegurados en la provincia.

El plan de Sanitas pasa por una inversión global que ronda los 25 millones de euros y que se desglosa en tres áreas funcionales dentro del mismo complejo. La residencia de mayores será el corazón del edificio y la primera residencia propia de la compañía en Córdoba (la segunda en Andalucía tras la de Sevilla). Contará con 120 plazas y estará adaptada a los nuevos modelos de cuidados, con unidades de convivencia para evitar la masificación.

El centro médico no será un simple ambulatorio. La licencia contempla instalaciones para cirugía mayor ambulatoria. El centro dispondrá de un quirófano, sala de endoscopias y una unidad de radiodiagnóstico avanzada que incluirá un equipo de Resonancia Magnética. La oferta asistencial superará las 15 especialidades médicas. El complejo integrará también una clínica dental bajo la marca Millennium, sumándose a la red dental que la firma ya tiene en la ciudad.

Plazos: objetivo 2027

Con la aprobación de la licencia en la Gerencia de Urbanismo la próxima semana, la compañía tiene vía libre para el inicio inminente de los trabajos sobre el terreno. Aunque los plazos de ejecución de una obra de esta magnitud son extensos, la previsión que maneja la empresa es que el nuevo centro pueda estar operativo y abierto al público para finales del año 2027.

Este movimiento responde a la estrategia de Sanitas de crecer en el negocio de las residencias de mayores, un sector con alta demanda en Córdoba debido al envejecimiento de la población, y a la necesidad de dotar a sus asegurados de un “hospital de día” propio que descongestione la derivación a otros centros concertados de la capital.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba creará su propia Comisión Local de Patrimonio, un organismo en el que se tramitarán las autorizaciones y licencias que atañan al Casco Histórico, a excepción de las referentes a edificios protegidos, que seguirán pasando por la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía.

La GMU ha previsto en su presupuesto para 2026 la dotación de plazas de personal para esta nueva Comisión Local de Patrimonio. Ahora, la legislación permite que las ciudades con Casco Histórico y con un Plan Especial específico para esa zona puedan tener una comisión propia para abordar las licencias en ese espacio.

Urbanismo prevé que en este último trimestre del año esté listo el reglamento de esta comisión, así como la composición que tendrá -con personal propio y también de Cultura-. Con ello, se elevará a la Junta para que esta administración autorice a la comisión y delegue en ella las gestiones y licencias sobre el Casco Histórico no vinculadas a bienes protegidos.

En un primer momento, Urbanismo trabajará con personal de su área de Licencias en esta comisión, hasta que dote de plazas propias este nuevo organismo, cuya constitución y puesta en funcionamiento se prevé ya para principios del año 2026.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba va a rechazar la solicitud de legalización y reforma del edificio donde actualmente se ubica el bar de copas y discoteca Kamaleónika 84, situado en las instalaciones de la antigua estación de Renfe.

El asunto será elevado al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo el próximo lunes 22 de julio, donde previsiblemente será aprobado. La empresa promotora de la solicitud, Bambacafeteatro S.L., presentó el 26 de febrero de este año la petición formal para regularizar y reformar el local a través del técnico Juan José Lozano Pérez, ingeniero técnico industrial.

El expediente ha sido resuelto de forma desfavorable, al entender Urbanismo que la actividad propuesta —un bar con música— vulnera el uso original autorizado del inmueble, destinado exclusivamente a servicios de restauración y otros usos sociales.

Esta decisión es el último revés para Bambacafeteatro, entidad que gestiona actualmente Kamaleónika, anteriormente conocido como Amazónica, y que el Ayuntamiento quiere volver a licitar.

El inmueble fue adjudicado inicialmente a la empresa Sercolu en 2004 y posteriormente cedido en 2014 a La Antigua Estación de Córdoba. En 2020, esta última alcanzó un acuerdo privado con Bambacafeteatro para transferirle la explotación del local, pero dicho traspaso nunca obtuvo la autorización municipal.

Ya en febrero de 2020, el Ayuntamiento denegó la prórroga del contrato a La Antigua Estación de Córdoba S.L. y, en consecuencia, rechazó también la posterior solicitud de cesión presentada por Bambacafeteatro en abril del mismo año. Pese a varios intentos de notificación, el consistorio no pudo comunicar formalmente su decisión a la empresa debido al cierre del local, hecho que se considera imputable a la gestión de la sociedad arrendataria. En 2022, la Junta de Gobierno Local confirmó el rechazo mediante la figura del silencio administrativo negativo, decisión contra la que Bambacafeteatro presentó recurso de reposición, recientemente desestimado.

El Ayuntamiento argumenta que la relación contractual quedó extinguida desde la denegación de la prórroga, y que los pagos realizados por Bambacafeteatro no implican en ningún caso la aceptación tácita de la cesión del contrato, ya que la normativa exige autorización expresa para tal operación.

El expediente también subraya que la actividad de bar con música no se ajusta al uso autorizado originalmente en la concesión, lo que implica una modificación sustancial no permitida por los términos del contrato. A pesar de ello, tanto Amazónica como Kamaleónika han estado operando en la práctica como locales de ocio nocturno, transformando el espacio en una discoteca.

La comisión de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha dado cuenta de la solicitud de autorización para el proyecto de un hostal boutique en el barrio de la Judería de Córdoba.

La empresa Smartrental Zahara S.L. ha presentado el proyecto y ha solicitado la calificación ambiental para la actividad del alojamiento en tres edificios contiguos -los números 56, 58 y 60-, de la calle Cardenal González.

En uno de esos edificios estaba hasta hace unos años una histórica pensión, mientras que en otro había una casa de vecinos.

El convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para la agilización de la concesión de licencias ya da sus frutos. Desde enero de 2025 el COACo puede emitir informes técnicos urbanísticos que validen los proyectos de cara a obtener el visto bueno de Urbanismo. En estos tres primeros meses se ha recibido más de una treintena de expedientes y se han resuelto los primeros proyectos, que ya han obtenido sus respectivas licencias.

Según ha informado desde el Colegio, se trata de cuatro proyectos de conversión de local a viviendas, tres de reforma y obra nueva de viviendas unifamiliares y una instalación de ascensor, que han sido resueltos en un plazo aproximado de un mes y medio, un período significativamente inferior a los diez meses que, de media, se venía invirtiendo para este tipo de proceso.

Además, este modelo de colaboración pionero entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo, amparado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), ha despertado el interés de otros colegios oficiales de arquitectos andaluces, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, cuyos máximos representantes se han reunido con el equipo técnico del COACo y con los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo para conocer de primera mano cómo se ha implementado este servicio.

El COACo ha creado un departamento específico en su organigrama para integrar la revisión de los expedientes. El procedimiento es sencillo: los promotores, arquitectos y otros ciudadanos interesados pueden remitir al Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba la documentación de su proyecto a través de la página web del COACo.

Tras un primer plazo para la subsanación de errores o completar la documentación necesaria, los técnicos del COACo supervisan la información y, en caso de obtener el informe técnico urbanístico positivo, se remite a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es la encargada de emitir un informe jurídico sobre el proyecto. Si esa propuesta de resolución es positiva, el expediente se eleva a la comisión de licencias que concederá el visto bueno final, lo que permitiría iniciar la ejecución de las obras contenidas en el proyecto.

Para el secretario de la Junta de Gobierno del COACo, responsable colegial del nuevo servicio, Víctor Manuel Díaz Huerta, “se ha evidenciado que la colaboración y esfuerzo de los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Colegio Oficial de Arquitectos está ahora empezando a dar resultados, con las reducción de plazos obtenidos y que esta iniciativa ayuda a agilizar el desarrollo de proyectos, atendiendo así una demanda histórica de arquitectos, promotores y toda la ciudadanía en general”.

El objetivo, como recuerda el decano del COACo, Juan Eusebio Benito, es “colaborar desde nuestra institución al desarrollo económico de la ciudad y evitar obstáculos que ralentizan la puesta en marcha de este tipo de proyectos”.

Un ejemplo para otros colegios

Los colegios oficiales de arquitectos de Almería y Granada barajan ya implementar en su territorio este tipo de convenios con sus respectivas gerencias de urbanismo. Sus representantes se han reunido con los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y del COACo para conocer los detalles del proceso de trabajo.

El vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Luis Alberto Martinez Cañas, ha calificado esta iniciativa como “pionera” y ha asegurado que ya han trasladado al gobierno municipal de Granada el convenio aprobado en Córdoba. “Ahora hace falta que tengan la voluntad de seguir adelante con el ejemplo de Córdoba”, ha dicho Martínez Cañas.

El secretario del Colegio de Arquitectos de Granada, Francisco Sánchez, sostiene que “lo logrado en Córdoba podría ser un gran ejemplo para implantar un modelo similar en Granada” y ha aseverado que “lo que sí se ve es que para solventar estos problemas complejos lo único que hace falta es voluntad, y tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba como el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba han puesto encima de la mesa el problema, han apartado personalismos y eso es la clave para alcanzar el objetivo”.

Por su parte, el secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Javier Hidalgo, ha afirmado que pretenden replicar el modelo en el Ayuntamiento de Almería, y en los ayuntamientos de Vera y Níjar. “La misma problemática con el ritmo de las licencias que hay en Córdoba se da en Almería, así que teniendo la solución debemos aplicarla”, ha añadido.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobaron en julio de 2024 el convenio para la realización de tareas de carácter instrumental, material técnico, auxiliar o de apoyo en el ámbito urbanístico. Tras la adaptación de la estructura del COACo para acometer este trabajo, en enero de 2025 entró en servicio la recepción de expedientes para la tramitación de las licencias urbanísticas preceptivas.

Más de 45.000 cordobeses viven en zona inundable. La gran mayoría, más de 33.000, en Córdoba capital. Casi todos están en riesgo por las periódicas crecidas del río Guadalquivir, aunque también por otros como el río Cabra, el Genil o numerosos arroyos de la provincia. La última gran riada del río grande de Andalucía ocurrió en 2010, hace 14 años. Semanas de lluvia llenaron los embalses y el caudal se multiplicó. Tanto que fue incluso más intenso a su paso por Córdoba que el famoso barranco del Poyo de Valencia, ya que el caudal alcanzó los 2.100 metros cúbicos por segundo.

Aunque pudiera parecerlo, las de 2010 no fueron unas inundaciones extraordinarias, sino más bien modestas. En Córdoba capital se anegaron 150 casas y hubo que realojar a unos 700 vecinos. Pero en 1963, el caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzó los 6.000 metros cúbicos por segundo, tres veces más que en 2010. Es decir, con esa fuerza, el río hoy anegaría gran parte del barrio de la Fuensanta-Arenal, del Campo de la Verdad, de Alcolea, de las parcelaciones de Las Quemadas, del entorno del Aeropuerto, de El Higuerón... Unas 33.000 personas de la ciudad se verían afectadas por el desastre. Muchas lo perderían todo. También habría infraestructuras totalmente anegadas, como el Aeropuerto de Córdoba. El estadio de El Arcángel también y es probable que algunas zonas de la Autovía del Sur y de la línea de tren convencional entre Córdoba y Sevilla.

Para que se repita un fenómeno como el de 1963, que tampoco ha sido la gran riada del Guadalquivir (hay constancia de otras más importantes a principios del siglo XX y a finales del XIX), tiene que llover mucho, de manera muy continuada, especialmente en la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén. Y los embalses tienen que estar llenos. El Guadalquivir es uno de los ríos más regulados de Europa, precisamente para intentar controlar un caudal muy irregular, que sufre de tremendas sequías o salvajes crecidas. Pero hasta con una enorme cantidad de embalses, en caso de lluvias muy intensas podría volver a causar estragos.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició en 2010 un ambicioso plan de gestión de riesgos por inundaciones en toda la cuenca, a instancias de la Comisión Europea. Es de ese plan, que se actualiza cada seis años, de donde salen los datos de los más de 45.000 cordobeses que viven en zona inundable. La propia Confederación precisó un poco más con el término de “zona potencialmente inundable”, aquellas con un periodo de retorno menor. Es decir, hay 45.000 cordobeses en zonas inundables, con una probabilidad de que el agua llegue a sus viviendas de un año entre 500. Es el caso de la Mezquita de Córdoba, que está en esa zona inundable. Pero hay otro periodo de retorno menor. Esas viviendas son parte de las que el término municipal de la capital tiene en zona potencialmente inundable, que ascienden a un total de 4.565.

Son viviendas que se levantan en zonas inundables, con una probabilidad media u ocasional de sufrir episodios de riadas, según un estudio elaborado por elDiario.es según una investigación elaborada por rio.es a partir de datos del Catastro y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

                             

Las viviendas en riesgo de inundación

Porcentaje de viviendas construidas en zonas inundables sobre el total en cada municipio. Haz click para ver los datos de la provincia

Desliza para ver el mapa

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, Catastro

Antes de 2010, cada proyecto de construcción de una infraestructura, cada licencia de obra de una vivienda, nueva o a reformar, necesitaba de un informe de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que indicaba que era viable o no. O que podría ejecutarse si se ejecutaban medidas para evitar el riesgo de inundación. Pero después, esos planes supusieron una especie de enmienda a la totalidad: ya no hacían falta informes, en zona inundable no se podía construir o si se hacía, había cosas que no se podían hacer.

De esta forma, en los últimos 14 años ha habido una enorme paralización de licencias de obras en zonas “potencialmente inundables” de Córdoba, como el Campo de la Verdad, la Fuensanta o varios polígonos industriales. Para “minimizar” el riesgo a las personas y los bienes materiales, la Confederación prohíbe la construcción de sótanos en estas zonas. No se pueden construir garajes, por tanto. Pero es más, tampoco se pueden habitar los bajos de las viviendas.

En esencia, se insta a construir como ya se diseñó en 1964 el entonces conocido como Polígono de la Fuensanta-Santuario. En las zonas inundables se optó por levantar bloques de pisos con un bajo diáfano, donde se pueden aparcar vehículos pero por donde puede correr el agua en caso de inundación. Este modelo se ha repetido en otros puntos de la ciudad, como el barrio del Guadalquivir.

Desde que se aprobó el primer plan, la Confederación bloqueó, de facto, miles de licencias de obra. Tanto que se tuvo que reunir su presidente, Joaquín Paéz, con el alcalde, José María Bellido, en plena pandemia para intentar encontrar un término medio. De aquella reunión trascendieron varios acuerdos, pero la Confederación no cedió en que no se podían autorizar nuevos sótanos a los ya construidos y que tampoco se podrían habitar plantas bajas. Es más, en los planes en las parcelaciones, tanto los de mejora del medio rural como los que persiguen cierta normalización, se plantea que las viviendas se construyan con una planta baja también diáfana, con los pilares al aire, para evitar lo que ocurrió en 2010, que no deja de ser una inundación leve mirando los libros de historia y las grandes crecidas del Guadalquivir.

Pero tras aquella reunión sí que se cedió. La propia Confederación rebajó estos requisitos tan extremos a solo las zonas con más riesgo de inundación, pero no a todas. Así, se dejó fuera del mapa a Cañero o a las zonas más altas del Sector Sur, con riesgo pero menor. La Confederación cedió después de varias protestas ciudadanas, que denunciaban que la norma se aplicaba con muy poca laxitud y en zonas con riesgo mucho menor.

La normativa urbanística a aplicar en las zonas inundables proviene del reglamento que la Confederación aprobó en 2016, y que limita las nuevas construcciones, incluso en las consolidadas dentro del casco urbano. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico es el que ahora condiciona las obras que se pueden y no hacer en zonas inundables.

En el verano del año 2018, la Confederación comenzó a exigir a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba que aplicase el reglamento. Para ello se basó en sus propios mapas. Estos establecían tres tipos de avenidas: las que se suelen producir cada diez años, las que tienen un periodo de retorno de 100 años y las que lo tienen de 500 años. Ahora, se sigue el criterio de esas tres avenidas (la de los diez años es la que está considerada de riesgo extremo), pero el periodo de retorno a 500 años ya no llega tan lejos como se tenía diseñado.

El local comercial que hay en la esquina de la calle Capitulares con San Pablo, frente al Ayuntamiento de Córdoba, se convertirá en un bar sin cocina ni música. Esa es la licencia que ha solicitado el promotor del nuevo negocio a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Se trata, según el Catastro, de un local con una superficie construida de 112 metros cuadrados. Hasta no hace tanto, había una tienda de colchones y, desde hace meses, hay obras en su interior para su próxima apertura como local hostelero.

Este cambio de actividad será una de las cuestiones que se estudiarán en la próxima reunión de la Comisión de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba el próximo 14 de octubre. 

Otro de los asuntos será la legalización del Bar Recreo, un restaurante ubicado en uno de los patios del Colegio Salesianos, en la calle María Auxiliadora. 

Desde el pasado día 1 de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto el plazo para la renovación y presentación de nuevas solicitudes de licencias de ocupación temporal de espacios exteriores con veladores en la vía pública, según ha informado en una nota.

En este sentido, y según lo previsto en el artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Veladores, se establecen los siguientes plazos: desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2024 deberán presentar su solicitud aquellos establecimientos que ya obtuvieron licencia en el año 2024 o prórroga del año anterior y pretendan ocupar el dominio público durante todo el año 2025, con idénticas características en todos sus extremos al año anterior (artículo 26.3 de la Ordenanza Municipal de Veladores) debiendo emplear el modelo de renovación de licencia debidamente cumplimentado.

Asimismo, en ese plazo deberán presentar su solicitud también aquellos establecimientos que no obtuvieron licencia en 2024 o que la obtuvieron, pero tienen previsto solicitar una ocupación diferente a la autorizada y pretendan ocupar el dominio público durante todo el año, debiendo emplear en este caso el modelo de solicitud de licencia de instalación de terraza debidamente cumplimentado.

Y también aquellos establecimientos que se encuentren en las Zonas de Ordenación Conjunta y pretendan ocupar el dominio público, sea cual fuere el período en el que se pretenda instalar la terraza, periodo anual o de temporada, debiendo emplear el modelo de solicitud de Renovación o de Licencia Nueva según lo expuesto en los apartados anteriores.

Mientras, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2025: ◦ Dentro de este plazo, deberá presentar su solicitud aquellos establecimientos que se encuentren fuera de las Zonas de Ordenación Conjunta y soliciten licencia de temporada (1 de abril A 31 de octubre), debiendo emplear el modelo de solicitud de Renovación o de Licencia Nueva según lo recogido en los apartados anteriores.

Zonas de Ordenación Conjunta

Acerca de las Zonas de Ordenación Conjunta para el ejercicio 2025, el listado que se adjunta podrá ser susceptible de ampliación a otras zonas de la ciudad en caso de detectarse, a lo largo del año, conflictos en el uso de los espacios públicos con las terrazas y requiera para su solución un análisis más detenido del reparto y distribución de los veladores entre distintos establecimientos, según informa el Ayuntamiento.

Este listado comprende las siguientes zonas: • Plaza de las Tendillas • Cruz Conde • Historiador Díaz del Moral • Morería • Conde de Cárdenas • María Cristina • García Lovera • Victoriano Rivera-La Plata-Mármol de Bañuelos • Capitulares • Diario de Córdoba • Claudio Marcelo • San Fernando • Plaza de la Corredera • Plaza de San Miguel • Pastores • Plaza de San Ignacio de Loyola • Plaza del Escudo • Córdoba de Veracruz • Plaza de San Nicolás • Plaza de La Trinidad • Avda. Gran Capitán • Bulevar del Gran Capitán • Avenida Ronda de los Tejares y Plaza Flor del Olivo.

También se incluyen Avenida de la Libertad • Avenida Al-Nasir • Agrupación de Cofradías • Ronda de Isasa • Paseo de la Ribera • Enrique Romero de Torres • Plaza Cardenal Salazar • Plaza Judá Leví-Manríquez • Puerta de Almodóvar • María La Judía • Dolores Ibárruri • Poeta Juan Ramón Jiménez- Poeta Emilio Prados (Tablero) • Avenida de Barcelona • Plaza de la Oca • Plaza del Moreal • Avenida del Aeropuerto • Plaza de Costa Sol • Antonio Maura • Camino de los Sastres • Plaza de Matías Prats • Plaza de los Califas • Isla Fuerteventura • Isla Formentera • Avenida del Cairo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto otorgar licencia de obra para que el IES Ángel de Saavedra cuente con una nueva aula y estudios audiovisuales de Formación Profesional, en el que es el único instituto de la provincia en el que se ofrecen ciclos formativos de imagen y sonido.

Según el orden del día de la Comisión de Licencias de Urbanismo para su sesión prevista para este miércoles 11 de septiembre, se prevé aprobar la licencia para la “ampliación de espacios educativos” en este instituto, obras que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Las obras previstas permitirán disponer en el centro de dos nuevos espacios para que los estudiantes de estos ciclos formativos puedan llevar a cabo sus clases prácticas. En concreto, se plantea la construcción de un aula escenario de 150 metros cuadrados y de una zona para estudios de audiovisuales, en un espacio de 60 metros cuadrados.

Con ello, se pretenden actualizar y ampliar las instalaciones del IES Ángel de Saavedra, para el que la Agencia Pública Andaluza de Educación ha previsto el proyecto de obras, dentro de la parcela de unos 19.000 metros cuadrados en la que se levante el instituto.

Ecologistas en Acción de Córdoba ha reclamado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) información sobre si ha abierto expediente sancionador y ha ordenado restablecer el terreno a la empresa responsable de abrir una pista en suelo de especial protección en la Sierra de Córdoba, que se hizo para sustituir un poste de línea eléctrica y con la que se arrasó el monte mediterráneo de la zona, sin tener licencia para ello.

Urbanismo ha admitido que “no consta que se haya solicitado ni concedido licencia para la instalación de poste eléctrico y/o pista forestal de acceso”, según el informe elaborado por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia acerca de esta actuación. Y, ante ello, Ecologistas ha presentado un escrito para conocer “los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador incoado a los infractores”.

Esta actuación fue denunciada en febrero pasado por Ecologistas en Acción, que solicitaron información al respecto a Urbanismo para tener acceso a la licencia de obras y la autorización administrativa para esta sustitución de un poste de apoyo en la línea de suministro energético y la apertura de acceso o pista forestal. Y, en su informe de respuesta, Urbanismo admitió que no constaba que la compañía que realizó la actuación pidiera licencia ni, por tanto, se haya concedido.

La asociación ambientalista denunció que la apertura de la pista para instalar el poste eléctrico había arrasado con el monte mediterráneo, en suelo de especial protección, en la Sierra de Córdoba. En concreto, la actuación se hizo en la parcelación de Las Siete Fincas.

Por ello, ahora, Ecologistas reclama ahora a Urbanismo si ha abierto expediente sancionador, así como la personación de la asociación ambientalista con la condición de parte interesada en los citados expedientes“.

“De no estar abiertos, que se incoen expedientes”

No obstante, precisan en su escrito que, “de no estar iniciados -reclama- que se incoen los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador contra los infractores por los hechos conocidos”.

El informe del Servicio de Planeamiento de Urbanismo detallaba que, según la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), “el régimen jurídico de los terrenos objeto de informe es el de suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos”. En el PGOU de Córdoba, se califican como suelo no urbanizable de carácter natural o rural y en la subcategoría de suelo no urbanizable con parcelación.

Ecologistas recuerda que en su denuncia señalaban que la actuación para abrir la pista forestal habría provocado “el desmonte de unos 7.000 metros cuadrados de superficie forestal, que había arrasado con monte mediterráneo, en suelo de especial protección”.

La asociación ambientalista puso en conocimiento de estos hechos a la Junta de Andalucía, solicitando información al respecto a la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como a la de Industria y Minas, puesto que es esta última la que autoriza líneas eléctricas nuevas y modificaciones, con el informe preceptivo de Medio Ambiente. Asimismo, se presentó solicitud ante la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre esta actuación, que ahora ha contestado señalando que se hizo sin licencia, por lo que reclama conocer si se ha abierto expediente sancionador.

“No consta que se haya solicitado ni concedido licencia para la instalación de poste eléctrico y/o pista forestal de acceso”. Esta es la conclusión del informe elaborado por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba sobre la apertura de una pista en suelo de especial protección en la Sierra de Córdoba, que se hizo para sustituir un poste de línea eléctrica y con la que se arrasó el monte mediterráneo de la zona.

Esta actuación fue denunciada en febrero pasado por Ecologistas en Acción, que solicitaron información al respecto a Urbanismo para tener acceso a “copia de la licencia de obras y de la autorización administrativa” para esta sustitución del poste de apoyo en la línea de suministro energético y la apertura de acceso o pista forestal. Y en su informe de respuesta, Urbanismo admite que no consta que la compañía que realizó la actuación pidiera licencia ni, por tanto, se haya concedido.

La asociación ambientalista denunció que la apertura de la pista para instalar el poste eléctrico había arrasado con el monte mediterráneo, en suelo de especial protección, en la Sierra de Córdoba. En concreto, la actuación se hizo en la parcelación de Las Siete Fincas.

El informe de Urbanismo detalla que según la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), “el régimen jurídico de los terrenos objeto de informe es el de suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos”. En el PGOU de Córdoba, se califican como suelo no urbanizable de carácter natural o rural y en la subcategoría de suelo no urbanizable con parcelación.

Desde Ecologistas en Acción se constató que “el área afectada está localizada en la parte no consolidada -Las Siete Fincas Oeste- de esta parcelación y según la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, la categoría de este suelo es de especial protección”, de acuerdo con lo establecido en aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

Respecto a este asunto, la asociación precisa que, en una posterior adaptación a una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), “la parte menos consolidada de la citada parcelación ilegal, se categorizó como Suelo No Urbanizable-Carácter Natural o Rural de Especial Protección por Planificación Territorial Urbanística (SNU-CNR-EP-PTU)”. Y añade que, además, está incluido en el Plan de Protección del Medio Físico de Córdoba dentro del espacio protegido Sierra de Córdoba (FR-1).

La asociación ambientalista puso en conocimiento de estos hechos a la Junta de Andalucía, solicitando información al respecto a la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como a la de Industria y Minas, puesto que es esta última la que autoriza líneas eléctricas nuevas y modificaciones, con el informe preceptivo de Medio Ambiente. Asimismo, se presentó solicitud ante la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre esta actuación, que ahora ha contestado señalando que se hizo sin licencia.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, han firmado este miércoles el convenio de colaboración entre ambos organismos que permitirá a los segundos la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico auxiliar o de apoyo en el ámbito urbanístico. La firma de este convenio llega tras su aprobación en el Consejo Rector de la GMU, celebrado el 5 julio.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que este convenio ha sido posible gracias a la implantación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que, a través de su marco regulatorio establece la conveniencia y la oportunidad de que los ayuntamientos puedan poner en marcha este tipo de iniciativas.

En este sentido, el presidente de la GMU ha destacado “las importantes repercusiones para los ciudadanos de este acuerdo de colaboración público-privada que permitirá reducir significativamente los plazos de concesión de licencias y alcanzar el objetivo de resolución administrativa en un período inferior a los tres meses”.

Según las cláusulas del convenio suscrito, se establece la posibilidad de que los ciudadanos, a su libre elección y con un coste similar, puedan presentar una solicitud de licencia urbanística en el registro de la GMU o a través del Colegio de Arquitectos.

Al respecto, una parte de la tramitación de las licencias se realizará o bien en el Colegio, o bien en la GMU. La primera parte de la tramitación es la que puede realizar el Colegio: se comprueba que el expediente está completo, se solicitan los informes sectoriales necesarios y el Colegio realiza una comprobación previa de conformidad --debe emitir un Certificado de Conformidad Técnica y Urbanística (CTU), y un Informe Favorable de Verificación Urbanística--.

Desde ahí, continúa la tramitación exclusiva en la GMU, con la elaboración del Informe Técnico, posteriormente el Informe Jurídico, la propuesta de Resolución y la Resolución, tras pasar por la Comisión de Licencias.

“Una auténtica revolución”

Acerca de este convenio, Torrico ha indicado que “es una auténtica revolución por las implicaciones internas que tiene en el trabajo de la GMU”, dado que “implica una reorganización del servicio de licencias, dotarnos de nuevos modelos de tramitación administrativa, compartir experiencias con personas ajenas a la GMU, etc.”, y también es “la mayor apuesta por la colaboración público privada que hemos emprendido en muchos años”, ha valorado.

Así, el edil ha agradecido el trabajo de los técnicos de la Gerencia y la total disponibilidad y colaboración por parte del Colegio de Arquitectos durante las reuniones periódicas que se han celebrado en los últimos meses para “consolidar un acuerdo que, en el medio plazo, queremos extender a otros colegios profesionales”.

Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos ha agradecido a la Gerencia de Urbanismo su disposición para alcanzar este acuerdo. Benito considera “una muy buena noticia que este convenio de colaboración se haya alcanzado” y se ha mostrado “convencido de que permitirá agilizar la concesión de licencias, que es el objetivo final del mismo”.

El representante de los arquitectos entiende que “detrás de la propuesta del colegio de iniciar este proceso de colaboración con la administración reside el interés del Colegio de Arquitectos por ayudar a la ciudad y mejorar las condiciones de los arquitectos y sus clientes en los procesos de construcción en Córdoba”. El COACo espera suscribir convenios similares con otros municipios de la provincia.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha señalado que la GMU aprobará el próximo martes un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba por el cual estos profesionales podrán asumir “la realización de tareas de carácter instrumental técnico en el ámbito urbanístico”, de modo que podrán emitir certificados con el objetivo de agilizar la concesión de licencias.

Tal y como ha explicado Torrico en rueda de prensa, “esto tiene una importante repercusión en los usuarios”, ya que va a suponer que quienes se acojan a lo previsto en este convenio tengan “una muy significativa reducción de los plazos de concesión de licencia y de todos los títulos necesarios que la ley prevé para la apertura de negocios o para la construcción de cualquier edificio, obra o instalación que haya de realizarse”.

Asimismo, el presidente de Urbanismo ha detallado que este convenio se enmarca en el contexto de la nueva Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que permite “la colaboración con colegios oficiales profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de las normativas correspondientes en el ámbito urbanístico”.

De este modo, ha subrayado que “Córdoba va a ser la primera capital de provincia que se dota de este modelo” en Andalucía, que faculta a la institución colegial, “siempre que sea una petición libre y voluntaria del usuario de sus proyectos, de tareas de carácter instrumental, de control, inspección y verificación de no cumplimiento de las normativas correspondientes en el ámbito urbanístico”.

Dicha actuación, según ha detallado Torrico, “se va a concretar en un documento formal que se llamará Informe Favorable de Verificación Técnico-Urbanística, el cual va a incluir un certificado de conformidad técnica y urbanística”. Esa actuación colegial, que ha de regirse por los todos los términos previstos por la ley, “provocará, al ser recibido por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, una mera comprobación formal del contenido del mismo, dándose por buena esa certificación de conformidad técnica y urbanística”, lo que conlleva “una importante reducción de los plazos”.

El convenio, que también se quiere llevar a los colegios profesionales de arquitectos técnicos y de ingenieros, entre otros, “no tiene dotación económica” y serán “los propios usuarios que recurran al Colegio de Arquitectos los que lo van a costear”.

La GMU, ha explicado Torrico, está trabajando en otra iniciativa para “dotar al municipio de una ordenanza en materia de licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas que esté adaptada a la Lista”, dado que la actual “data de los tiempos de la LOUA y, evidentemente, la regulación legal ha cambiado”.

El objetivo de dicha ordenanza será dar “seguridad jurídica a los operadores en materia de urbanismo que estén en la ciudad y al mismo tiempo favorecer la agilidad, la rapidez y la eficacia en sus trámites administrativos y urbanísticos”, ha apostillado Torrico.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a información pública la concesión de la autorización para la renovación y ampliación del complejo industrial que Hitachi Energy, la antigua ABB, tiene en la ciudad, según ha divulgado la entidad a través de su propio tablón de anuncios. Ahora, los particulares y afectados tienen un plazo de un mes para presentar alegaciones. Después, se resolverán y se aprobará el permiso correspondiente.

Hitachi Energy tiene un ambicioso proyecto para la ciudad de Córdoba. El gigante de la construcción de generadores eléctricos de última generación. Ahora, tiene previsto fabricar las reactancias para energías renovables en su fábrica de Córdoba, junto a otra que posee en Suecia. También tiene previsto llevar a cabo una mejora en todas sus líneas de producción en la central de la avenida Conde de Zamora. El complejo industrial sigue siendo, en esencia, el mismo que adquirió cuando se compró la antigua ABB.

La fábrica de Córdoba fue fundada en 1930. Hitachi ya anunció que desde la fábrica de Córdoba se están llevando a cabo inversiones dentro de un plan muy ambicioso para la adecuación de sus instalaciones a las nuevas necesidades del mercado, industria 4.0. y los objetivos de sostenibilidad y desarrollo de la agenda 2030. Además de ser centro de excelencia de I+D de la tecnología acorazada dentro del grupo y la apuesta por ser base operativa de muchas de las posiciones globales del negocio de transformadores. 

La compañía tiene una gran importancia a nivel socioeconómico para la región, pues su ubicación estratégica le permite impactar en cerca de 500 familias con empleos tanto directos como indirectos. También cuenta con más de 150 proveedores nacionales. La fábrica de Córdoba exporta el 70%-80% de su producción a mercados tan importantes como Estados Unidos, Europa y proyectos estratégicos alrededor de todo el mundo.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba sumarán fuerzas para reforzar la labor inspectora sobre los vehículos con licencia de taxi y VTC (alquiler con conductor) y, con ello, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar situaciones de fraude e intrusismo en el sector.

Según ha informado la Junta en una nota, ambas administraciones han constituido una comisión mixta, que se reunirá periódicamente para analizar los resultados de estos trabajos conjuntos de inspección.

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Córdoba, Carmen Granados, ha explicado que esta comisión velará por el cumplimiento del convenio de colaboración, suscrito el pasado año entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Córdoba para la inspección y control del transporte público en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor (taxis y VTC).

En este sentido, la delegada territorial ha señalado que “el mejor camino es unir fuerzas para velar por los profesionales que cumplen con las normas, porque eso además redundará en un mejor servicio al ciudadano”.

El acuerdo, con una duración de cuatro años prorrogables, recoge el compromiso de ambas administraciones de ejercer competencias de vigilancia y control de forma coordinada. Para ello, la Consejería de Fomento ofrecerá, entre otras tareas, una formación específica a los agentes sobre el régimen jurídico de este tipo de transporte, mientras que el Ayuntamiento destinará, por su parte, un número de efectivos policiales suficientes.

Además, proporcionará a los agentes de la Policía Local dispositivos informáticos (tablets) para acceder y consultar los datos del Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos (RVTC) y del Registro de Empresas y Actividades del Transporte desde el lugar de la inspección, para aumentar la eficacia y la eficiencia de las labores de vigilancia.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a destinar agentes a la vigilancia y control de las licencias de taxi y VTC. Además, remitirá periódicamente a los Servicios de Transporte de la Delegación Territorial de la Consejería las denuncias interpuestas por la Policía Local dentro de su término.

La comisión mixta está integrada por representantes del Ayuntamiento de Córdoba, la Policía Local y la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento. En esta primera reunión, de hecho, estuvo presente por parte de la Junta, además de la delegada territorial de Fomento, el director general de Movilidad y Transporte, José Miguel Casasola.

Esta comisión “será la responsable de coordinar la programación cuatrimestral de los planes anuales de inspección, analizar los resultados obtenidos en los controles concertados y pronunciarse sobre las modificaciones que, en su caso, deban introducirse al convenio”, ha apuntado Granados.

La colaboración nace del cumplimiento de las medidas consensuadas con el sector del taxi, en la que se proponía la firma de convenios de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para la inspección y control de los servicios de las licencias VTC, una fórmula que se está aplicando ya en territorios como la ciudad de Málaga o el área de Prestación Conjunta de Granada.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maezto, se ha mostrado “sorprendido” por la respuesta recibida a una queja de una vecina por parte del Ayuntamiento de La Guijarrosa, en la provincia de Córdoba, por los horarios de un bar del municipio que además carece de licencia. La vecina ha acudido al Defensor del Pueblo tras haber presentado varias denuncias contra un establecimiento que, asegura, abre a las 6:00 de la mañana y cierra a la 1:00. A primera hora, señala, es el lugar de reunión habitual de los cazadores del pueblo, que usan la terraza “como si fuera de día”. El establecimiento cierra también muy tarde “con una terraza que corta la carretera” y hasta un tablao flamenco.

El Ayuntamiento ha respondido a la queja de la vecina, tramitada por el Defensor, y ha admitido que el establecimiento carece de licencia municipal ni para la actividad principal de bar ni para la terraza de veladores. Hace dos años fue denunciado por la Policía Autonómica.

“Desde esta perspectiva únicamente cabe concluir que se ha denunciado una actividad sin licencia y, por tanto, que se puede calificar como 'clandestina', calificativo reiteradamente utilizado por la jurisprudencia”, relata el Defensor en un extenso expediente. A Maeztu le resulta “verdaderamente sorprendente” la respuesta que ha dado el Ayuntamiento, que no solo no ha decidido adoptar medidas para cesar o clausurar el establecimiento mientras no tenga licencia, sino que “viene a justificar su permisividad y tolerancia” en que “es el único sitio de esparcimiento, reunión y convivencia, del que disfrutan actualmente las personas mayores del municipio, siendo los más perjudicados por enfrentamientos entre terceros”, según el relato remitido por el propio Consistorio

En el expediente, el Defensor tampoco sale de su asombro cuando lee que el equipo de gobierno de La Guijarrosa quiere “tratar como legal a este establecimiento sin licencia” después de haberle “dado indicaciones a la gerente para que cumpla los horarios establecidos en la normativa para establecimientos con licencia, ofreciendo una especie de 'carta de legalidad momentánea' para que parezca lo que hasta el momento no es -un bar con licencia-, al menos hasta que no obtenga su legalización”, señala.

Es más, le parece “verdaderamente singular” que la Alcaldía “haya tomado la iniciativa de mantener una reunión con el colectivo de cazadores y empresas del sector agrícola que visitan el establecimiento en la franja horaria que va de las 6:00 a las 9:00” de la mañana “con el fin de que tomen conocimiento del perjuicio que generan tanto a vecinos como al propio establecimiento, acordando que se reduzca la permanencia de personas en la plaza que acuden al establecimiento en esa franja horaria”, según cita textualmente a la respuesta del Ayuntamiento. “Es decir, que se pide a los clientes de un establecimiento hostelero sin licencia que mantengan una actitud cívica, o que reduzcan su presencia, pese a que la actividad a la que acuden, mientras no obtenga licencia y calificación, no es legal”, insiste el Defensor.

“Comprenderá ese Ayuntamiento que a esta Institución le resulte paradójica esta situación pues lo que hubiera podido esperarse de esa Alcaldía, sobre todo después de haber recibido la denuncia de la policía autonómica y de la vecina, es la incoación del preceptivo procedimiento administrativo sancionador y la clausura del establecimiento de bar hasta que hubiese obtenido la legalización preceptiva”, urge Maeztu, que insiste en que la propia Alcaldía reconoce “el perjuicio” que la actividad está generando a los vecinos.

“En consecuencia, mientras la actividad no se haya legalizado, no vemos razón alguna para mantenerla abierta”, concluye el Defensor, que reclama al Ayuntamiento una clausura inmediata si es que todavía no ha conseguido otorgarle la correspondiente licencia.

Vecinos y comerciantes de la zona centro han denunciado ante la Policía Local y la Gerencia de Urbanismo de Córdoba la apertura de un bar sin licencia de veladores en la calle Pastores, una perpendicular de la calle Cruz Conde, y cuyo funcionamiento lleva meses “perturbando” a los residentes y los comercios de la zona.

Desde su apertura, los vecinos y comerciantes han interpuesto varias denuncias tanto ante la Policía Local como ante Urbanismo alegando que carece, entre otras cuestiones, de calificación ambiental, declaración responsable, veladores y que ha sido reformado “sin permiso de obra”. Además, aseguran que se trata de un “bar ilegal sin licencia de apertura”.

La primera denuncia, con fecha de 27 de octubre y facilitada a este periódico, señala que el citado bar cuenta con veladores en la calle pese a carecer de licencia y recuerda que el negocio anterior dejó sin efecto la declaración responsable y la calefacción ambiental previa. 

Además, apuntan que el local ha sido “reformado y modificado sin el permiso de obra”, así como que “incumple la normativa de acceso para personas con discapacidad y movilidad reducida”, al contar “con un escalón de 40 centímetros que es la puerta de acceso a dicho bar”. También esgrimen que “va en contra de los estatutos de la comunidad, que prohíben negocios de estas características en nuestros pisos y locales comerciales”.

A continuación, el sábado día 4 de diciembre de 2023 se personó bajo denuncia una patrulla de la policía local de Córdoba en el local de la Calle Pastores, ya que los vecinos de las comunidades colindantes no podían acceder a dicha calle debido al incremento de veladores que pusieron en la vía pública sin licencia. Con esta denuncia se solicitó una reunión con el concejal de Urbanismo y el alcalde de Córdoba.

Con la llegada de la Navidad, la actividad en el bar se ha intensificado, de manera que, en los últimos días, los denunciantes se quejan de un incremento de ruido, suciedad, robos en los locales, permisividad con botellón en la zona, así como la imposibilidad de acceso a las viviendas “por el bloqueo que generan los clientes de un bar de apenas 10 metros cuadrados y que no tiene licencia”.

Este periódico ha podido confirmar que el citado local tiene abierto un expediente sancionador por carecer de licencia de veladores.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha ordenado el cierre de dos salas de fiesta de la ciudad: Impala, en Chinales, y Karma, en la avenida Apreama del polígono industrial Amargacena.

Este lunes, el presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha informado del cierre de ambas salas por no tener la licencia de actividad en vigor. El Ayuntamiento, por tanto, ha ordenado el cierre que en caso de no ejecutarse se llevará a cabo por la Policía Local. Los agentes tienen orden de precintar los recintos si observan actividad.

Estos cierres forman parte del plan de revisión del ocio nocturno que el alcalde, José María Bellido, anunció el pasado miércoles. El Ayuntamiento ha comprobado, según Torrico, que ambos locales habían solicitado los permisos pero que no habían ejecutado los requerimientos que se le habían hecho. Por tanto, procede su cierre.

En total, en Córdoba hay 12 licencias de discotecas, que ya habrían sido revisadas. A partir de ahora el Ayuntamiento tiene previsto seguir adelante con el plan y centrase en otras salas de fiestas.

En el caso de Impala y Karma, Torrico ha sostenido que ambas no tienen una actividad habitual, sino que abren cuando tienen prevista alguna actividad concreta.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento revisará de oficio los locales de ocio nocturno de la ciudad tras la reciente tragedia de Murcia, donde ha muerto 13 personas tras el incendio de una discoteca que no tenía licencia.

El regidor ha querido “aclarar” que “desde el Ayuntamiento de Córdoba no tenemos ninguna noticia de que haya ningún local de ocio nocturno que ahora mismo esté incumpliendo o bien licencia o bien condiciones de seguridad, y que todos están en condiciones de estar abiertos”, ha aseverado.

“No obstante, y visto la tremenda desgracia que ha ocurrido en Murcia, sí vamos a poner en marcha un plan especial de inspección de estos locales de ocio nocturno, comenzando por los que tienen un aforo de más de 100 personas”. Para vigilarlos, Bellido asegura que contará con los servicios técnicos de la Gerencia para determinar “que se está cumpliendo con la normativa y con la licencia que se les concedió”, y en segundo lugar, “que se siguen cumpliendo los temas relacionados con seguridad”.

“De esta forma, podremos tener la tranquilidad y estar seguros de que en Córdoba todo está funcionando bien y que no nos vamos a encontrar con ninguna desgracia como la que se ha vivido en Murcia”, ha concluido el regidor.