El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha señalado este martes que las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre los restos de la ronda Norte proponen dos soluciones: el “soterramiento para su conservación” o un “trazado alternativo” al diseño de la carretera, pero desde el Consistorio “no contemplamos esa posibilidad, puesto que la ruta actual es la que mejor se adapta a los objetivos de esa remodelación de la ronda Norte”.

Así lo ha señalado Torrico en un audio remitido a los medios en el que ha indicado que “una vez que hemos conocido, a través de algunos medios de comunicación, el contenido del informe” realizado por encargo de la Gerencia de Urbanismo para “la redacción del proyecto de catas arqueológicas del futuro trazado de la ronda Norte, en su trazado paralelo a la Avenida de La Arruzafilla”, queda claro que hay “dos opciones después del análisis, catálogo y estudio de los restos que allí han aparecido”, y, “desde luego, también se hace posible la posibilidad de que sean ampliados esos estudios”.

En cualquier caso, Torrico ha resaltado que “es un informe no vinculante y a quien le corresponde la decisión de qué pasará con ese trazado es, evidentemente, a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la materia”.

Sin embargo, el informe llega a la conclusión de que es posible el soterramiento de los restos “para su conservación, siempre y cuando ese soterramiento no conlleve daño a los mismos, sino que asegure precisamente esa conservación como objetivo principal”, mientras que “la otra alternativa sería la de trazar algún tipo de ruta o un trazado alternativo a la actual”.

Al respecto, Torrico ha recalcado que “desde el Ayuntamiento --ya lo ha dejado claro el alcalde-- no contemplamos esa posibilidad, puesto que la ruta actual es la que mejor se adapta a los objetivos de esa remodelación de la ronda Norte”, que consisten en “asegurar la seguridad y el descanso de los vecinos, alejando la ronda de los bloques de vivienda que están allí”. “Mover al norte ese trazado supondría también afectar a la calidad de vida de los vecinos, puesto que se metería en una zona verde ya prácticamente terminada”.

Para concluir, el responsable de Urbanismo ha resaltado “esa posibilidad del soterramiento para la conservación de los restos la contempla el informe”, aunque será ahora la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, la que tendrá que tomar la decisión final al respecto, puesto que la administración competente“.

El portavoz del Gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha criticado en una rueda de prensa las declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, sobre la titularidad de la Mezquita Catedral, un asunto que ha calificado de “jurídicamente resuelto” y “debate totalmente absurdo”.

Hurtado publicó un post en redes sociales en el que proponía al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que “tratase de recuperar la propiedad de la Mezquita-Catedral como bien de dominio público”.

Torrico ha recordado que el propio Gobierno de España, bajo presidencia socialista, reconoció en un informe del 16 de febrero de 2021 la legalidad de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, incluyendo entre ellas la Mezquita.

En este sentido, ha advertido que el Ayuntamiento no puede iniciar ningún procedimiento para reclamar la titularidad pública del monumento si el Ejecutivo central no lo declara previamente bien de dominio público. “Sería una acción temeraria, con posibles condenas judiciales y costes para la administración”, ha señalado.

Como alternativa, ha apuntado que el artículo 68 de la Ley de Bases de Régimen Local permite que cualquier vecino inicie acciones judiciales en nombre propio si el Ayuntamiento no actúa en un plazo de 30 días tras recibir un requerimiento, asumiendo las costas y consecuencias legales.

Torrico ha cuestionado qué ha cambiado desde 2021 para que el PSOE plantee ahora este asunto y ha criticado que la exalcaldesa Isabel Ambrosio se sume a la reclamación económica “cuando en sus cuatro años de mandato no hizo nada al respecto”.

El portavoz ha insistido en que la prioridad actual es el plan de autoprotección de la Mezquita Catedral y el plan de gestión del casco histórico, que cuentan con la coordinación de todas las administraciones implicadas.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha emitido un informe desfavorable que desestima la propuesta de construir aparcamientos subterráneos en los emblemáticos cines de verano de la ciudad. La decisión se fundamenta en la normativa urbanística vigente y la especial protección que recae sobre estos espacios.

El proyecto, impulsado por los propietarios y el gestor de los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia, buscaba la creación de un aparcamiento en cada una de estas ubicaciones. Sin embargo, un informe técnico y preceptivo elaborado por la responsable de la oficina del Casco Histórico ha concluido que es un proyecto inviable.

El informe esgrime, según ha detallado el presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, varias razones de peso para descartar el plan de los empresarios. Entre ellas, está que los tres cines de verano de la ciudad se encuentran especialmente protegidos, figurando cada uno con una ficha de protección dentro del catálogo de Bienes Protegidos del Casco Histórico.

Estas fichas establecen directrices claras para su desarrollo, y solo permiten usos compatibles que no afecten negativamente a los elementos de interés objeto de protección y a los niveles de intervención definidos, prohibiendo los usos restantes, como sería el caso de los aparcamientos.

De igual manera, Torrico ha remarcado que el Plan Especial de Protección del Casco Histórico no permite tampoco un proyecto de esta envergadura, puesto que plantea una ocupación del subsuelo. El informe subraya que los espacios catalogados y los espacios libres interiores deben quedar libres de ocupación.

Finalmente, han advertido de que la propuesta de estudio previo presentada no cumple con la normativa del plan especial de aplicación, ya que afecta negativamente a los elementos de interés objeto de protección y a los niveles de intervención. En consecuencia, el informe es desfavorable y se ha anunciado que, si la propuesta se sometiera a cualquier procedimiento de licencia, no sería autorizada.

Por todo ello, Torrico ha reiterado que la decisión se basa en el cumplimiento estricto de la legalidad y en los criterios técnicos y administrativos, y ha querido dejar claro que no es una cuestión de voluntad política, sino de la aplicación de informes técnicos. No obstante, ha avanzado, además, que Urbanismo no se plantea cambiar la normativa para permitir este tipo de proyectos.

El delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha defendido este viernes el trabajo para “incrementar la oferta del alquiler, de una forma tanto pública como con colaboración público-privada” de viviendas en el término de la capital.

En un audio tras conocerse los datos del informe del portal Idealista en cuanto a la vivienda de alquiler, el edil ha dicho que “aunque es cierto que se ha producido un incremento del 9,1% del precio de la vivienda de alquiler, también es cierto que se ha producido muy por debajo de las cifras del entorno, del 10,5% de la media de Andalucía o del 15% en ciudades como Málaga”.

Ante ello, Torrico ha valorado que “ya salió hace poco el plan Vives del Consistorio, por el cual se van a poner en carga 600 viviendas en los próximos años, destinadas fundamentalmente para jóvenes, que son los que tienen una mayor dificultad de acceso a la vivienda del mercado de alquiler”.

También, ha indicado que “se va a incrementar hasta el 50% el número de las viviendas de protección oficial, viviendas protegidas, en los nuevos planes de expansión urbanística de la ciudad”.

En definitiva, el concejal ha asegurado que trabajan para “poder seguir teniendo el nivel de precios de una forma controlada”, a la vez que ha advertido de “las políticas erróneas del Gobierno central, que obstaculiza la puesta en carga de más viviendas de alquiler, por las dificultades y la incertidumbre jurídica a las que someten a los propietarios”.

Por contra, ha dicho que desde el Ayuntamiento se sienten “satisfechos de que se controla o se modera el incremento del precio del alquiler” en la capital y espera que “con las medidas que vamos a poner en marcha en los próximos años todavía se pueda hablar de mejores cifras en cuanto al incremento del precio de la vivienda de alquiler en la ciudad”.

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el concejal delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha acordado destinar 97.399 euros para el desarrollo del servicio de atención psicológica inmediata 24 horas a mujeres víctimas de violencia de género en la Policía Local.

En una rueda de prensa, Torrico ha valorado el impulso a un servicio con profesionales especializados en el sector, “que darán atención permanente, constante y cercana a las mujeres víctimas de violencia de género en las dependencias de la Policía Local”.

Por otra parte, ha salido adelante un convenio con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo para la celebración del Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos a final de este mes, con una subvención de 70.000 euros, a la vez que se ha resuelto la convocatoria de subvenciones de Transformación Social para el año 2024.

También, se ha aprobado la adjudicación del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de nueva construcción del Centro Cívico Municipal Levante-Este, Carrera del Caballo, por 58.080 euros y un plazo de tres meses.

Al hilo, Ruiz Madruga ha explicado que “es una zona de la ciudad donde residen en torno a 6.500 vecinos y que a día de hoy no cuenta con ningún equipamiento de estas características que les ayude a que puedan desarrollar actividades, fomentar la convivencia entre vecinos y sea un lugar de participación”. El edil espera que “durante el año 2025 la obra pueda estar en desarrollo”.

El juez que instruye el segundo caso Infraestructuras en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba ha confirmado desestimado las declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal Miguel Ángel Torrico, como pretendía David Dorado, el exedil de Infraestructuras durante el pasado mandato, y que denunció los hechos que investiga el juzgado.

En un auto facilitado a los medios, el juez entiende que la declaración de ambos, en calidad de firmantes de dos expedientes sometidos a investigación, no procede. Concretamente, el auto destaca “la inutilidad de la prueba pretendida al no tener visos razonables de que su práctica pueda arrojar luz sobre el tema”.

“Es sabido que la intervención de dichos testigos es de todo punto formal y exigida por los mecanismos administrativos sobre la materia, cuando lo relevante en todo caso sería la información que puedan facilitar los órganos que ejercen la fiscalización de la contratación pública”, señala.

La petición

El exconcejal David Dorado, que fue arrestado en diciembre de 2022 en el primer caso Infraestructuras y que denunció un segundo caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, envió hace un año un escrito solicitando que declaren como testigos el alcalde, José María Bellido, y el concejal del PP Miguel Ángel Torrico. 

Dorado solicitaba su testificar por haber firmado Bellido y Torrico dos contratos sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales del equipo del exalcalde José Antonio Nieto, y que supusieron los trabajos de una de las empresas que están siendo investigadas por el juez en este segundo caso. El juez ya desestimó su testimonio en septiembre de 2023, pero Dorado lo recurrió y, ahora, de nuevo, se ha vuelto a desestimar.

En cualquier caso, el alcalde de Córdoba dijo que si el juez estimaba que tenía que ir a declarar como testigo, lo haría “encantado”, porque no tiene “ningún problema” y lo llevará “con orgullo”.

El concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este martes la conclusión de las obras para habilitar el aparcamiento en superficie junto al centro comercial El Arcángel, en la avenida Compositor Rafael Castro. El espacio, habilitado para estacionar 136 vehículos, fue acondicionado con una inversión de aproximadamente 110.000 euros.

Torrico destacó el impulso dado por el anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien inició el proyecto que finalmente ha culminado con la apertura del aparcamiento. Además, señaló que se seguirán estudiando mejoras adicionales en el área, como la plantación de árboles y la adecuación de zonas verdes, con el objetivo de garantizar un entorno más agradable y seguro para los vecinos.

En la comparecencia, un representante de la asociación de vecinos la Fuensanta expresó su agradecimiento al ayuntamiento y al concejal por el compromiso mostrado con esta obra. También mencionó otros problemas en el barrio, como la presencia de una antigua caseta eléctrica que genera inseguridad ciudadana, y solicitó la intervención de las autoridades para resolver estas cuestiones.

Los presupuestos para el año 2024 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se aprobarán el próximo viernes, reservan una partida de 300.000 euros para la redacción del que pretende ser uno de los grandes proyectos de la actual Corporación municipal: el Córdoba Arena. Este miércoles, el presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha desgranado el capítulo de inversiones para el próximo año en el que destaca, por novedoso, un proyecto que es “una promesa electoral” del alcalde, José María Bellido.

El Córdoba Arena se construirá para jubilar Vista Alegre, un pabellón polideportivo construido a mediados de los años noventa y que ahora mismo no se puede usar como pabellón multiusos. Por ejemplo, la pista no es accesible para organizar los conciertos que sí que se celebraron en el pasado. Tampoco para grandes eventos deportivos bajo techo, según el equipo de gobierno.

Por eso, la Gerencia ha reservado una partida de 300.000 euros para encargar la redacción de un proyecto. Eso sí, de momento no hay una ubicación decidida. El Ayuntamiento tiene suelo dotacional de sobra por toda la ciudad, especialmente en la zona de Poniente, para la construcción del ya llamado Córdoba Arena, pero no ha decidido dónde lo ubicará, según el propio presidente de la Gerencia. “Estamos trabajando en varias propuestas”, aseguró.

El plan es que el Córdoba Arena sea un espacio multidisciplinar, enfocado al deporte pero no solo. En la anterior Corporación se llegó a estudiar la posibilidad de integrarlo en el solar de Miraflores en el que se planteó un auditorio, una propuesta que ha naufragado. Ahora se trabaja con la idea de que disponga de una gran pista central y zonas deportivas anexas, como una piscina olímpica para poder acoger competiciones de natación. Todo esto saldrá del proyecto que se redacte y para el que se ha reservado una cantidad más que significativa de dinero.

Por otra parte, Urbanismo ha diseñado un presupuesto expansivo para 2023. “Pasa de los 18,9 millones a los 22,4, lo que representa un aumento del 18,7 % respecto al año 2023”, según detalló Torrico. “El incremento más importante, precisamente, es el de la partida de inversiones, que pasa, a grosso modo, de siete a diez millones de euros, es decir, con un incremento del 44 % respecto al año 2023. Y hay que destacar que ese incremento de gastos de inversiones o de inversión –yo no lo llamaría gasto, puesto que es una inversión– no se nutre exclusivamente del aumento de las transferencias municipales, sino que es la propia Gerencia, fundamentalmente a través del incremento de tasas y otros ingresos tributarios, con un incremento de 1,7 millones, y el de gestión del patrimonio inmobiliario, con un incremento de 1,6 millones de euros, el que se autofinancia”, ha detallado el concejal.

Los gastos de personal suben un 5%

El capítulo de gastos de personal tiene un importante incremento del 5 %. “Además de consolidar el proceso de estabilización en el que estamos inmersos, que ya afecta en torno a la mitad de la plantilla, para potenciar dos servicios, uno de nueva creación y otro que consideramos fundamental potenciar desde el punto de vista de personal. Me estoy refiriendo a este último, la oficina del territorio, que debe de impulsar todo el tema de la regularización y dotación de servicios a las parcelaciones”, ha explicado. Y, además, se va a crear un nuevo equipo, para desarrollar el que se ha venido a llamar como Plan General de Rehabilitación Municipal, “que vamos a trabajar desde ya, desde el ayuntamiento, para adaptarnos y ser de las primeras ciudades de Andalucía que se acojan a esta figura que viene descrita en la Ley de Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”.

En cuanto a las inversiones, Urbanismo seguirá centrándose en las zonas verdes y en los parques públicos. Así, a Mirabueno le corresponde una partida de 1,6 millones de euros, al parque de Poniente y Miralbaida 2,2 millones de euros, y a la urbanización de la zona libre del antiguo Hospital Militar otra de medio millón de euros. En inversiones también se han fijado los 2,3 millones de euros que se destinarán al polígono industrial que acogerá la Base Logística del Ejército o los 1,8 millones para urbanizar Huerta de Santa Isabel.

Aparte, se ha reservado una partida para la construcción de un acceso a Las Quemadas desde la Autovía del Sur y el dinero necesario para acabar la obra de reforma de la avenida de Trassierra. “Y, como remanente de 2023, seguiremos incorporando inversiones muy importantes para la ciudad, como el parque del Canal, por 500.000 euros, la sala museística de Caballerizas Reales, por 1,1 millones de euros, la mejora del camino de la Alameda del Obispo, por un millón de euros, o intervenciones en el antiguo cuartel de Lepanto, por 300.000 euros”, ha detallado el concejal.

Por último, se ha dotado dinero para el inicio de los trámites de dos nuevos proyectos: el nuevo parque de bomberos o una cata arqueológica para determinar la viabilidad de la construcción del parking subterráneo Puerta de Córdoba, planteado también por el alcalde en la avenida de Vallellano.

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado convenios con unos 120.000 euros para dos asociaciones de cara a la dinamización comercial.

En una rueda de prensa, el edil ha destacado que han salido adelante convenios con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Valdeolleros y Santa Rosa y con el Centro Comercial Abierto La Viñuela, cada una con una importe de unos 60.000 euros.

En cuanto a la Delegación de Servicios Sociales, ha recibido el visto bueno un convenio con Acisgru para un proyecto humanitario para paliar situaciones de emergencia en familias romaníes sobre necesidades de alimentación, limpieza e higiene de los adultos y, especialmente, lactantes y menores, para lo cual el Consistorio aporta 30.000 euros.

Asimismo, con el Banco de Alimentos Medina Azahara, para la financiación del proyecto 'Alimentos para la Solidaridad 2023', por 50.000 euros, y con el Banco de Alimentos Hermanos San Juan de Dios, para el proyecto de garantía alimentaria, también por un importe de 50.000 euros.

De la Delegación de Igualdad se ha aprobado un convenio con la Fundación Mujeres, para la promoción de buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad en empresas de la ciudad, con 15.000 euros, y con la Universidad de Córdoba para las jornadas en centros de Educación Secundaria, 'Igualdad, entornos digitales y adolescencia. Desafíos educativos', con una aportación municipal de 8.000 euros.

Respecto al área de Juventud, se han respaldado convenios con el Club Deportivo City Ladies, para el proyecto 'Ocio-tiempo libre, inclusión y valores sociales', con aportación de 10.000 euros; con Cáritas de la Parroquia Santa Luisa de Marillac, para el proyecto 'Isla Corazón', con 16.500 euros; con el Colegio de la Abogacía, para el proyecto de asesoramiento jurídico y mediación para jóvenes, por 13.000 euros, y con la Fundación Marcelino Champagnat, para el proyecto de 'Intervención socioeducativa y ocupacional para jóvenes en situación de vulnerabilidad' del barrio de la Fuensanta, con 20.000 euros.

También, han salido adelante convenios de la Delegación de Cultura con la Real Academia de Ciencia, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, con importe de 29.500 euros, para sus actividades, especialmente para el 'Congreso Internacional: El Arzobispo de Santa Fe y Virrey de Nueva Granada, don Antonio Caballero y Góngora (1723-1796) y su época', y con la Fundación Toro de Lidia para “la promoción de la cultura de Córdoba a través de sus más relevantes figuras taurina”, con una aportación de 5.000 euros, para el programa anual de actividades, ha apuntado el concejal.

Y de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, se recoge una ayuda de 15.000 euros a la Asociación de Patios Cordobeses 'Claveles y Gitanillas', para el proyecto de sus actividades culturales de conservación y mantenimiento de los patios en 2023.

Ecologistas en Acción en Córdoba ha otorgado su Premio Atila 2023 a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y a su presidente, Salvador Fuentes, por su “irresponsabilidad” al autorizar la construcción de un nuevo campo de golf en la capital.

En una nota de prensa, la asociación ha recordado que estos premios tienen el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas y entidades que hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente en el periodo transcurrido desde la convocatoria anterior” y “reconocer las barbaridades y los atentados ambientales ejecutados en la ciudad”. El próximo lunes, cinco de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y la organización lo celebra convocando estos premios.

Los Premios Atila constan de un primer premio denominado Atila, otorgado a la actuación más bárbara, y de un accésit denominado El caballo de Atila, que se entrega a la actuación que finaliza en segundo lugar del proceso de selección de candidatos al premio.

Además de por otorgar licencia para un nuevo campo de golf en Córdoba, Urbanismo y Fuentes han recibido el Premio Atila “por mentir reiteradamente en la búsqueda de soluciones para regular la instalación de placas solares en el casco histórico”. Así, en los últimos dos años, el presidente de la GMU ha hablado públicamente de “tejas solares”, de estudios con “expertos alemanes”, de “consultas a ICOMOS/UNESCO”, de “capas de cebolla”…. “Sin embargo al acceder a este expediente administrativo las asociaciones interesadas han comprobado que no había ningún informe ni estudio”, afirman desde Ecologistas en Acción.

Sobre la construcción del campo de golf, la asociación afirma que no hay “informes favorables de Emacsa, Confederación Hidrográfica o Comunidad de regantes. Con esta medida la GMU demuestra su absoluta irresponsabilidad en cuanto al cuidado y una adecuada gestión de un bien necesario y escaso como el agua”.

Por otro lado, el Premio Caballo de Atila ha sido otorgado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, “por conseguir saltarse la obligación legal de declarar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad”. “Lo que podría ser la Zona de Bajas Emisiones, mejorando el bienestar de la ciudadanía, reduciendo la contaminación y el ruido y fomentando una movilidad sostenible y una ciudad habitable, no se ha concretado en nada real. Para ello, ha dejado pasar todos los plazos para evitar implementar una medida obligatoria por ley (La ley 7/2020 de Cambio Climático y Transición Energética), aprobando finalmente una ZBE que no se diferencia de las ya implementadas zonas ACIRE”, denuncia la organización.

Con esta actuación, continúa la asociación, “no sólo compromete la salud de la ciudad (y del planeta) al no reducir las emisiones y contaminación provocadas por el exceso de transporte motorizado privado, sino que, además, es una medida antidemocrática, centrando la posibilidad de reducir la contaminación a tan sólo unos pocos barrios de Córdoba, dejando a todos los demás en la misma situación de insalubridad anterior”.

El candidato del PP a la reelección como alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha planteado este miércoles que, si gobierna de nuevo, impulsará la nueva ordenanza de movilidad y con ello la implantación de aparcamientos destinados a los vecinales, que serán gratuitos y estarán controlados por cámaras en el acceso a barrios residenciales como El Zumbacón y Miraflores-Campo de la Verdad, con la posibilidad de estudiar nuevas zonas.

En la Calle Espiel esquina con Virgen de Linares, junto al candidato Miguel Ángel Torrico, el popular ha valorado que “Córdoba ha sido una de las primeras ciudades que ha aprobado la zona de bajas emisiones, algo que era obligatorio desde primeros de este año”, en este caso “desde el consenso y el diálogo para una implantación que la ciudad ha acogido con absoluta naturalidad, sin polémicas, sin disputas, sin enfrentamientos, sin que nadie se haya sentido atacado y con una absoluta normalidad”.

Tras ello, ha apostado por “facilitar la vida de los cordobeses, que puedan vivir más cómodamente en los barrios residenciales”, algo que “ayuda al medio ambiente”, con “más facilidad para encontrar aparcamientos, que es menos tiempo circulando, menos tiempo emitiendo gases y menos tiempo contaminando la ciudad”.

Por eso, tras tener la nueva ordenanza de movilidad “aprobada en tiempo y forma”, ha propuesto “aprovechar esa ordenanza y establecer en los barrios que tienen las características de barrios residenciales, que no son de paso, zonas reservadas de aparcamiento vecinal gratuitas, para evitar que barrios que no son de paso se conviertan en barrios de paso y que barrios que son residenciales se conviertan en zonas de aparcamiento de otras personas que van desde otros lugares, por motivos turísticos o cualquier otro”.

En este sentido, el candidato ha apoyado “garantizar mejor calidad de vida de los vecinos, menos emisiones, menos circulación y que puedan encontrar rápidamente aparcamiento”, al tiempo que ha citado el Zumbacón y Miraflores, zona ésta última que “desde hace años, históricamente los vecinos lo demandan, porque en algunas ocasiones se convierte en una zona de aparcamiento cuando hay otros eventos de ciudad, de carácter cultural, de oferta de ocio o musical”, ha explicado.

Así, ha defendido “preservar la calidad de vida de los vecinos y el medio ambiente estableciendo las zonas reservadas de aparcamiento en Zumbacón, Miraflores-Campo de la Verdad y con el compromiso de estudiar en el futuro si estas situaciones son ampliables a otros barrios que tengan estas características, donde también contribuir a la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente”.

Más carriles bici

Por otra parte, el popular ha apuntado que quieren “mejorar otros aspectos dentro de la movilidad, como todo lo relacionado con la movilidad que no tiene que ver con vehículos a motor”, de modo que, en caso de ser alcalde, “se seguirá, como se ha hecho en este mandato, con una apuesta importante por los carriles bici y se ampliarán las zonas de aparcamiento para bicicletas”, que “se procurará que sean también mediante nuevas tecnologías”.

Igualmente, ha abogado por “la implantación de nuevas zonas de recarga para vehículos eléctricos, algo muy demandado”, después de que “se produce un aumento lógico de estos vehículos, con cero contaminación”, de forma que “en colaboración público-privada, se puedan hacer concesiones de zonas de la ciudad para establecer puntos de recarga para los usuarios de vehículos eléctricos”, ha resaltado.

Asimismo, se prevén bonificaciones fiscales en próximas ordenanzas que “incentiven el uso de vehículos de cero emisiones”, así como estudiar bonificaciones para dichos vehículos en las zonas azules, como “se hace también en otras ciudades de España”, ha apostillado el candidato del PP.

Puede ser “una realidad en 2023”

Mientras, Torrico cree que dichos aparcamientos pueden ser “una realidad en este mismo año 2023”, precisando que El Zumbacón es “uno de los barrios ideales para iniciar esa experiencia, para mejorar la movilidad y la accesibilidad de todos los vecinos”, a la vez que “hay trabajos avanzados en otros barrios, fundamentalmente el Campo de la Verdad y Fray Albino”, ha aseverado.

“Según se vaya resolviendo cómo funcionan las experiencias, se irá ampliando a nuevos puntos o barrios, compatibilizando con otros usos que en otros barrios han de darse”, ha remarcado el popular, quien ha comentado que “la tecnología permitirá llevar a cabo estas soluciones”.

Al respecto, ha avanzado que “el sistema previsto es a través de unas cámaras que registrarán el paso de los vehículos y los no autorizados tendrán un tiempo limitado para salir del barrio, para que no puedan pasar o hacer alguna pequeña carga y descarga”, a lo que ha agregado que el tiempo “se establecerá en consenso con los vecinos”.

De este modo, “los vehículos autorizados podrán permanecer para aparcar y no serán sancionados”, ha indicado, para enfatizar que “es un sistema muy poco invasivo y no necesita personal específico que repase coche a coche”.

También, ha defendido “una nueva regulación mucho más actualizada y más ágil de las zonas de carga y descarga para que todos los profesionales que realizan esas labores trabajen en mejores condiciones, al mismo tiempo que se compatibiliza con el uso del resto de vehículos”.

El concejal no adscrito David Dorado, que fue arrestado en diciembre en el primer caso Infraestructuras y que denunció un segundo caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, ha enviado un escrito solicitando que declaren como testigos el alcalde, José María Bellido, y el concejal del PP Miguel Ángel Torrico. Dorado se dirige al juez de Instrucción dos, Arturo Vicente, que instruye la causa judicial que dio origen precisamente la denuncia que él presentó.

En concreto, Dorado se refiere a las diligencias 1329/2022 y a dos contratos que firmaron Bellido y Torrico sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales del equipo del exalcalde José Antonio Nieto. Los dos expedientes se firman con una de las empresas que están siendo investigadas por el juez en este segundo caso. Dorado entregó su escrito, a través de su representación legal, este mismo lunes. El escrito ya ha sido trasladado a las partes para que lo valoren.

Este caso proviene de la denuncia que en su día presentó el concejal David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras contra el funcionario jefe del servicio de Alumbrado Público. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más. 

La instrucción va a coincidir en el tiempo con la del primer caso Infraestructuras, por la que fue detenido el propio David Dorado, además de su excoordinadora general, otro funcionario (el jefe de Colegios y Mantenimiento de edificios municipales) y una decena de empresarios. David Dorado está llamado a declarar como investigado ante el juez de Instrucción número cuatro el 17 de mayo, un día antes. Es decir, el caso seguirá vivo en plena campaña electoral.

En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

El exdelegado de Infraestructuras, exportavoz de Ciudadanos y, desde agosto, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, no ha podido asistir a la Junta de portavoces extraordinaria en la que la Asesoría Jurídica ha expuesto a todos los grupos la información reservada sobre el denominado 'caso Infraestructuras'.

Según ha detallado a este periódico el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, hay un informe del secretario del Pleno que señala que, como concejal no adscrito, Dorado no puede asistir a este órgano y que, en base a esta disquisición, no se le ha invitado. Torrico ha indicado que Dorado ha solicitado que se permitiera su asistencia, si bien, se ha considerado que “no era oportuno”. Tampoco ha asistido a la junta el secretario del Pleno, ya que “no era preceptiva su presencia”, en base al artículo 32 del reglamento orgánico del Pleno, ha concretado el concejal de Presidencia.

Por su parte, David Dorado ha señalado a este periódico que ha solicitado por escrito que se le permitiera asistir a la Junta de Portavoces extraordinaria. Su relato es que no ha obtenido respuesta pero igualmente ha asistido al salón de Plenos, donde se iba a celebrar, tras hablar con la mayoría de los portavoces de los grupos políticos.

El exdelegado de Infraestructuras señala que contaba con el apoyo de Vox, Podemos, IU y PSOE, si bien, cuando iba a empezar la reunión, el concejal delegado de Presidencia y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, le ha indicado que no podía participar en la Junta de Portavoces y le ha conminado a que abandonara la sala.

En la reunión estaba llamado a informar del 'caso Infraestructuras' el jefe de la Asesoría Jurídica, que en el último Pleno indicó a través del alcalde que está dispuesto a emprender “acciones legales” para “defender” su honor ante las presuntas acusaciones por parte de David Dorado, en las que se habría puesto en duda su “imparcialidad” en la investigación de lo sucedido en el área de Infraestructuras.

Unos días antes, el concejal no adscrito criticó, tras declarar ante el juez por el segundo 'caso Infraestructuras', que el Ayuntamiento de Córdoba aún no haya solicitado personarse en esta causa, a pesar de que aparece como “perjudicado”, y lo justificó aduciendo que el jefe de Asesoría Jurídica ya emitió un presunto informe a la Fiscalía diciendo “que no hay nada que investigar”.

El informe al que se refería era, en realidad, un documento fechado en mayo (dos meses antes de que la Fiscalía trasladara el caso al juzgado), en el consideraba “infundadas” las sospechas que vertía sobre la contratación de alumbrado público la auditoría encargada por Dorado cuando aún era delegado de Infraestructuras.

Facua Córdoba ha advertido de que el Ayuntamiento de la capital lleva nueve meses de retraso para adaptar la ordenanza municipal del taxi a la normativa andaluza. Según ha informado Facua a través de una nota de prensa, el Consistorio disponía de un plazo desde el 12 de febrero hasta el 12 de noviembre de 2021 para adaptar su Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi en el término municipal de Córdoba, según se establece en la disposición transitoria quinta del Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

En este sentido, Facua Córdoba señala que el Ayuntamiento “está vulnerando de forma sistemática lo dispuesto en el Reglamento andaluz del Taxi, y critica que el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, esté dictando decreto tras decreto en forma de parches, dando imagen de legalidad amparando dichas normas en el propio Decreto 84/2021”. “Todo ello sin que la ordenanza esté adaptada a la legislación andaluza, y sin ni siquiera haber dado el trámite obligatorio a las asociaciones de consumidores más representativas -entre otros colectivos- para que realicen sus aportaciones, tal y como establece la propia normativa autonómica”, asegura.

Facua Córdoba recuerda que el Ayuntamiento está obligado, entre otras cosas, a solicitar un informe previo a las asociaciones del sector del taxi, a los sindicatos, y a las organizaciones de consumidores sobre asuntos relacionados con las reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los periodos en que los vehículos con licencia vayan a interrumpir la prestación de los servicios por razones de ordenación del transporte o de control de la oferta. “El concejal de Movilidad, sin embargo, está gestionando dichos asuntos mediante decretos municipales, sin dar el trámite perceptivo a las distintas partes”, detalla.

La asociación señala que la modificación del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía, es consecuencia de cambios de gran importancia en la realidad del mercado del transporte de este tipo de servicios, y varios pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -así como del Tribunal Supremo- que afectan de manera significativa a su contenido, hicieron preciso llevar a cabo su revisión para ajustarlo a dichas modificaciones y, al mismo tiempo, introducir una nueva regulación que permitiese la modernización y flexibilidad del sector del taxi.

Por último, FACUA Córdoba ha pedido a Miguel Ángel Torrico que “no vulnere por más tiempo lo establecido en el Decreto 84/2021 y, sin más demora, empiece a trabajar con todas las partes en la adaptación de la ordenanza municipal y deje de dictar decreto tras decreto en contra de la propia legislación”.