La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar (Aremehisa) iniciará el próximo sábado día 18 de mayo los trabajos para localizar una fosa común del cementerio de Guadalcázar (Córdoba) en la que se encontrarían los restos de siete varones, todos ellos pertenecientes a la familia conocida como Los Carboneros.

En concreto se buscan los cuerpos de Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares, conocido como “Marcelino”; José Rodríguez Gil y su hijo José Rodríguez, naturales de Casariche y residentes en Fernán Núñez, todos ellos asesinados el día 16 de Septiembre de 1936. El equipo estará dirigido por la arqueóloga Virginia Barea Pareja. 

En 1929, esta familia había llegado a un acuerdo con el dueño del cortijo Villafranquilla para desmontar las tierras de monte y trabajarlas durante varios años en arrendamiento. Entre 1931 y 1936 las leyes republicanas paralizaron el desahucio al que se iban a ver sometidos, circunstancia que molestó al dueño de las tierras. Los colonos, ayudados por la Asociación Española de Agricultores, Arrendatarios, Aparceros y Medianeros de la Tierra, pleitearon en los juzgados y en la Audiencia Provincial de Córdoba, ganando la contienda legal y evitando el desalojo.

El estallido de la guerra les sorprendió trabajando en el cortijo. Según algunos testimonios y libros sobre la Guerra Civil, el 16 de septiembre por la mañana varios guardias civiles y falangistas los detuvieron y se los llevaron. Al día siguiente algunos familiares y conocidos se acercaron a Guadalcázar, pero la masacre ya se había consumado en el interior del cementerio. Solo logró salvar su vida Antonio Marín que, herido, se hizo el muerto y después huyó, saltando la tapia.

Ahora, la excavación comenzará en los espacios que ha marcado el georradar como sospechosos de poder alojar un espacio de enterramiento donde podrían encontrarse los cuerpos de los miembros de la familia.

Está sería la cuarta fase de la búsqueda que Aremehisa lleva realizadas en esta búsqueda desde el año 2015 en Guadalcázar. La intervención cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio cordobés.

El Palacio de la Merced acoge desde este viernes y hasta el 12 de mayo Golpe, Guerra y Posguerra en Andalucía, sobre el impacto en Andalucía del Golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil española. La exposición está compuesta por veinte paneles infográficos repartidos alrededor del patio blanco del palacio, que combinan imágenes, texto y visualizaciones de datos. Y que han sido elaborados a partir de fuentes documentales y orales recogidas por profesores universitarios e historiadores.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha explicado que la exposición es “una visita a lo largo de una época de la historia de España y de lo que supuso la Guerra Civil para el pueblo andaluz”, con un enfoque “más histórico que memorialista”. Además, ha señalado que el Palacio de la Merced es “un lugar emblemático y que es reflejo de la historia de Córdoba”, así como “de las referencias culturales y artística de cada momento histórico de la ciudad”. Y que por ello la Diputación cede su espacio a asociaciones como el Foro por la Memoria de Córdoba, que organiza esta exposición.

Por su parte, el presidente del foro, Luis Naranjo, ha asegurado que el objetivo de la exposición era contar “de la manera más fidedigna posible lo que pasó en nuestra historia reciente”, para que “no se repita un hecho como el que contamos en esta exposición”. Asimismo, ha señalado que se han utilizado “relatos historiográficos académicamente irreprochables”, con citas de especialistas de gran prestigio universitario como Gabriel Jackson, Ángel Viñas o Francisco Espinosa.

La exposición está dividida en cuatro grandes fases. En primer lugar, expone la situación de Andalucía tras la victoria del Frente Popular y antes del golpe. Después, una serie de paneles analizan el impacto del golpe de Estado y el desarrollo de la guerra de columnas en la región. La parte central de la exposición trata las grandes batallas de la República contra los golpistas, como la Campaña de la Aceituna o la toma de Málaga. Y finaliza exponiendo la represión tras la posguerra, con paneles sobre la violencia contra las mujeres, el exilio republicano o las fosas comunes. También dedica un panel a la acción civil en favor de la recuperación de la memoria histórica.

En el marco de las acciones llevadas a cabo por la Delegación de Infraestructuras en relación con la Memoria Democrática, el Ayuntamiento de Córdoba abrirá el próximo 8 de mayo la Oficina de Atención a las Víctimas del franquismo, una demanda largamente esperada por los colectivos memorialistas. Este espacio estará ubicado en el Centro Cívico de Levante, en la segunda planta, tras haber sido acondicionado específicamente para este propósito.

Un trabajador social será el encargado de atender la oficina y coordinar las acciones que se desarrollen en ella. El objetivo principal de esta Oficina será recopilar muestras de material genético de todas aquellas personas que puedan tener algún vínculo de parentesco con las víctimas cuyos restos sean exhumados de las fosas existentes tanto en el Cementerio de San Rafael como en el de la Salud. Estas muestras serán enviadas a un laboratorio acreditado, donde se cotejarán con los restos hallados en las distintas fosas.

Además de ser un punto de recogida de muestras, la oficina será el lugar donde se realicen entrevistas a familiares, se brinde información y se coordine con los colectivos memorialistas.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha anunciado la fecha de apertura durante una reunión con los colectivos memorialistas, en la que también se trató la planificación de los trabajos pendientes hasta diciembre de 2025. Esto marca la conclusión de las labores previstas en el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno central, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de los restos de las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael.

El contrato tiene como objetivo principal el servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes Zona Alta-San Plácido, Virgen de los Dolores y Cuadro Número Cuatro, del Cementerio Municipal de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, así como de la fosa Zona Ajardinada-Zona 6 del Cementerio de San Rafael.

El presupuesto base de licitación asciende a 1.322.314,05 euros, más 277.685,95 euros correspondientes al IVA, lo que suma un total de 1.600.000,00 euros. El plazo de ejecución se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este 1 de noviembre es el día en el que se recuerda a los difuntos, a los ausentes, a los que ya no están. Es una jornada en la que los amigos y familiares visitan los cementerios, y recuerdan la memoria de sus desaparecidos, con flores o en silencio.

En los dos grandes cementerios de Córdoba, La Salud y San Rafael, está la que probablemente sea la fosa común más grande de España, repleta de restos de las víctimas del franquismo. Durante casi 90 años, sus amigos y familiares no tuvieron un lugar para recordarlos ni llorarlos. Esta semana, y muy poco a poco, se ha iniciado el proceso para que esos miles (se especula con más de 4.000) de olvidados vuelvan a recuperar su memoria.

Los trabajos ya se han iniciado en la fosa común situada en el cuadro de la Virgen de los Dolores, en el cementerio de La Salud, en la que se calcula que puedan estar sepultadas entre 500 y 800 víctimas asesinadas en los primeros meses del golpe militar en 1936. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecuta los trabajos, Themis Córdoba, ya ha iniciado la excavación. Ha entrado la maquinaria, que ha retirado la parte superior de la fosa común, y se han instalado las carpas que buscan el mayor hermetismo posible para evitar la humedad durante los trabajos más delicados.

Los trabajadores de Themis Córdoba están excavando prácticamente a mano, como si de una intervención arqueológica se tratara, para buscar la mayor información posible. El objetivo no pasa solo por desenterrar a las víctimas, sino también por encontrar el contexto: cómo murieron, cuándo, quiénes son. Para eso hace falta que el ADN que se les extraiga esté en condiciones, que los trabajos sean lentos y delicados, que se analice hasta el último grano de tierra en busca de pruebas y evidencias, que lleven a la conclusión de lo que se sospecha: que fueron asesinados.

Cerca del cuadro de la Virgen de los Dolores, donde ya se trabaja, en el cuadro de San Ramón también se hallaron restos de personas represaliadas y se exhumaron a más de una veintena, obteniendo pruebas de ADN para cruzarlas con la de los familiares que buscan los restos de sus seres queridos. En otro cuadro, el de San Plácido, las catas arqueológicas también dieron resultado positivo y se sabe que allí reposan más represaliados en una fosa común.

En total, el estudio documental previo sobre las fosas del cementerio de La Salud y del de San Rafael señalan que en ambos camposantos de Córdoba se enterraron a más de 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y el franquismo. Por eso, durante todo este tiempo, sus familiares han llamado a su petición de justicia y reparación, La causa de los 4.000.

La editorial cordobesa Utopía ha publicado las memorias del líder sindical Eduardo Saborido, una de las figuras políticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Estas páginas recogen el testimonio personal de esta importante figura en los movimientos obreros y en la lucha antifranquista.

Saborido fue uno de los procesados en el Proceso 1001, un juicio contra el movimiento obrero en el que la policía franquista detuvo a casi toda la cúpula de Comisiones Obreras, con penas entre 12 y 20 años. El sevillano recibió la petición más elevada, 20 años y 6 meses. Esto ocurrió en una etapa de apertura del régimen, donde el espejismo de un país moderado quedó diluido en el plano internacional por estas condenas.

Estas memorias conforman la historia de un proceso personal y social de reconstrucción del movimiento obrero que, desde comienzos de la década de 1960, protagonizaron las Comisiones. Un proceso complicado de acumulación de fuerzas desde experiencias novedosas para la conquista de las libertades democráticas en el que Saborido, junto a otros militantes antifranquistas, antepuso su compromiso y la dignidad de su clase a su comodidad.

El sevillano ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1960 y participó en la creación de las primeras Comisiones Obreras de Sevilla, por las que en 1963 fue elegido enlace sindical y vocal del Sindicato Provincial del Metal. La Brigada Político-Social (BPS) lo detuvo por primera vez en 1967 por su militancia en el PCE; el 1º de Mayo de ese mismo año, sufrió su segunda detención y fue procesado por el Tribunal de Orden Público por manifestación ilegal.

Saborido estuvo detenido hasta en diez ocasiones, la última en 1976. Un año después, en la asamblea general de CCOO, aún en la ilegalidad, fue elegido primer Secretario General del sindicato en Andalucía.

Este libro recién publicado puede obtenerse a través de la página web de Utopía Libros.

La actual sede de Izquierda Unida y del PCE en el municipio cordobés de Pedro Abad descansa hoy sobre lo que hace menos de un siglo era hogar de Juan de Dios Venzala y Mercedes Pulido, una pareja de pescadores desterrados de su pueblo. Juan y Mercedes eran miembros del sindicato de la UGT y posteriormente militantes del Partido Comunista. Al acabar la guerra se tomaron represalias contra ellos y su familia: fueron torturados y encarcelados y, como cuenta hoy su nieto Francisco, también perdieron su casa.

Durante la Segunda República en España, Pedro Abad fue un municipio que contó con una importante presencia de organizaciones y grupos políticos de izquierda, como el Partido Comunista de España, la Federación Anarquista Ibérica, el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores, etcétera. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, Pedro Abad se convirtió en un escenario de lucha. En marzo de 1937 las tropas franquistas tomaron el control de la localidad y establecieron allí su gobierno. Muchas personas, al igual que Juan y Mercedes, tuvieron que huir del pueblo.  

El hijo mayor de la familia fue enviado al Pirineo para realizar trabajos forzados y sus padres fueron a prisión, “tras un juicio de cinco minutos en el que previamente habían sido torturados por las autoridades, se determina que tienen que ir a la cárcel. Dejan una deuda de 150 pesetas y pierden su casa. ¿Cómo iban a pagarla? Toda la sentencia era mentira.”, cuenta Francisco Luis Pérez Torres, nieto de una familia rota por el franquismo. “Tengo que luchar porque se conozca su historia”.

Francisco nació en Huesca y se crio en Barcelona. Su padre le había contado su historia: los trabajos forzados, tener que huir del pueblo en el que creció…. Pero no fue hasta su jubilación cuando se interesó en profundidad por la historia de sus abuelos. Era conocedor de su duro pasado, de las torturas y de la cárcel, pero quería saber dónde vivían, dónde creció su padre y qué había sido de esa casa.

Una investigación familiar

Fue al indagar cuando Francisco se dio cuenta de que la casa de sus abuelos seguía estando en el pueblo, aunque para su sorpresa ahora era sede de Izquierda Unida en el municipio. La casa fue comprada por el Partido Comunista Español (PCE) en 1998, después de haber estado más de 60 años embargada por el Gobierno franquista. La vivienda pasó a ser propiedad del Estado, hasta que salió a subasta pública.

“Deberían haber pedido una certificación del registro, me sorprende que el PCE no se informará de que la propiedad pudiera haber sido incautada con la historia y la cantidad de casos similares del pueblo. Me gustaría recuperar la casa, aunque por delante va que se conozca y reconozca la historia de mis abuelos”. El Ayuntamiento de Pedro Abad ha asegurado que “ni el Consistorio ni el partido (Izquierda Unida) tienen conocimiento suficiente sobre la historia” familiar de Francisco.

Francisco está ahora a la espera del reconocimiento del derecho de los bienes incautados a sus abuelos y se ha puesto en contacto con el Gobierno central, ya que lo considera “una demanda justa” por las condiciones en las que incautaron su casa y la injusticia cometida contra su familia.

Durante la ardua labor de investigar los juicios de sus abuelos, solicitar que se anulen y los cientos de páginas en dossieres militares, Francisco ha encontrado más personas con orígenes en Pedro Abad que comparten historias de lucha y resistencia contra el franquismo. Joana Lozano Sánchez se puso en contacto con Francisco para contar la historia de su madre y abuelos, también vecinos del pueblo cordobés de Pedro Abad.

Historias entrecruzadas

Es a través de Joana cuando Francisco descubre que su abuela y la de Joana compartieron celda durante cinco años. “Mi abuela nunca ha querido compartir historias de la cárcel o de la guerra, ella quería mirar hacia delante. Hay muchos vecinos del pueblo con historias parecidas, muy castigados por la guerra”, cuenta Joana.

Dolores Sánchez Villarejo, madre de Joana, fue parte del movimiento de Mujeres Antifascistas en Pedro Abad, su madre era la líder del movimiento, y juntas consiguieron deshacerse de los nombres de todas las integrantes del movimiento y así protegerlas del encarcelamiento. “Tuvieron que huir con los documentos para proteger a su gente, a mis abuelos los encarcelaron, pero mi madre pudo huir”, relata Joana.

Cientos de historias como esta están enterradas en el pasado de España, los que no pudieron defenderse tienen en su familia la oportunidad de recuperar al menos el orgullo y el honor de recibir una disculpa que, aunque tarde, conforta y recupera la esperanza en todas las familias fracturadas por momentos tan crueles de nuestra historia.

Francisco ha conseguido que el juicio contra sus abuelos se declare ilegítimo y ha recibido una declaración de reconocimiento y reparación personal. “Estoy agradecido con el Gobierno de España, se ha reparado el honor y moral, además de anular los juicios militares”, afirma Francisco, aunque sigue a la espera de si podrá recuperar lo que una vez fue el hogar de sus abuelos.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde la exposición 'Historia y memoria con nombre de mujer', organizada por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), con el patrocinio de la Delegación de Memoria Democrática de la institución provincial y la colaboración de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y de UGT-Andalucía, como homenaje a las cordobesas represaliadas en la Guerra Civil y el franquismo.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de la muestra, la delegada de Cultura de la Diputación, Salud Navajas, acompañada por la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla; la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, y la presidenta de Fudepa, María del Mar Serrano, entre otras autoridades, ha señalado que la muestra, que podrá visitarse hasta el 26 de marzo, se presenta como un homenaje a las represaliadas, “mujeres que hicieron historia y que, en la actualidad, son memoria y presente”.

Asimismo, Navajas ha añadido que “la muestra, a través de fotografías, textos o imágenes de prensa, entre otros recursos, rinde un homenaje a las mujeres que hicieron historia durante la guerra civil y el franquismo: las políticas, las milicianas, las presas o las maestras, entre otras”.

“La Diputación de Córdoba, desde hace tiempo, viene trabajando en pro de la Memoria Democrática, en pro de recuperar esa memoria y de hablar de esas personas que estaban olvidadas y, en este caso, se hace a través de Fudepa que ha tenido a bien recuperar ese trabajo, a esas mujeres, que silenciadas en todos los ámbitos de la vida pero, evidentemente, en la época de la guerra, en la época del franquismo, también sufrieron ese silencio”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha afirmado que esta exposición refleja “todo lo que padecimos las mujeres en una de las épocas más oscuras, más tremendas de la historia reciente de España”, aunque aún queda “mucho camino que recorrer”.

“UGT y Fudepa trabajamos en pro de dar a conocer los principios básicos inspiradores de la ley de memoria histórica, que son la verdad, la justicia y la reparación. Las mujeres antes de la Segunda República apenas teníamos derechos, con la llegada de la Segunda República y la promulgación de una Constitución, la de 1931, empezamos a tener algunos derechos”, ha afirmado.

En este contexto, Castilla cree “fundamental poner en valor la nueva ley de memoria histórica la ley 20/2022 del 19 de octubre, porque muchas mujeres sufrieron el escarnio público, fueron humilladas, exiliadas, apresadas, condenadas y muchas de ellas dieron su vida por defender los derechos de libertad”.

Cementerios de Córdoba

Preguntada acerca de cementerios de San Rafael y La Salud en Córdoba capital, Castilla, que ha señalado que “se sospecha que en Andalucía hay 45.000 represaliados que todavía están en las fosas comunes y las cunetas, lo que no entiendo es que no haya un impulso y un apoyo de todas las instituciones, administraciones públicas, sean del signo que sean y apuesten por la recuperación de esos cuerpos”, ha recalcado.

En este contexto, ha afirmado que “ningún político se tiene que sentir cómodo en un país donde existe tanto represaliado que no tiene una sepultura digna”. Asimismo, tampoco entiende “cómo la ley andaluza de memoria histórica no se dota económicamente, sabemos que sin dotación presupuestaria no sirve para nada. Porque las heridas hay que cerrarlas y la herida se cierra cuando exista ese trato justo a las víctimas y a sus familiares”, ha concluido.

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha firmado este martes el decreto de inicio del contrato del servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes Zona Alta-San Plácido, Virgen de los Dolores y Cuadro Número Cuatro, del Cementerio Municipal de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, así como de la fosa Zona Ajardinada-Zona 6 del Cementerio de San Rafael. El proyecto prevé la exhumación de los miles de represaliados en Córdoba por el franquismo.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 1.322.314,05 euros más 277.685,95 euros en concepto de IVA, lo que supone un total de 1,6 millones de euros. El plazo de ejecución se prolongará desde el día siguiente de la formalización del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según el delegado, “esta firma supone un paso muy importante para dar respuesta y satisfacer las legítimas aspiraciones de las asociaciones memorialistas y los familiares de las víctimas represaliadas en general, que llevan bastante tiempo esperando el desarrollo de actuaciones como las que hoy hemos iniciado”. La pasada semana, Álvarez ya firmó la adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael. Se está a la espera de que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Córdoba finalicen la tramitación de la adenda en lo que corresponde a cada una de estas administraciones.

El pasado 26 de julio se acordó por la Comisión de Seguimiento de este convenio proponer una modificación del mismo a través de una adenda, con la finalidad de modificar los plazos de ejecución y justificación global de los respectivos pagos, hasta el 31 de octubre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, respectivamente, así como modificar el calendario de pagos. La aportación de cada una de las administraciones es de 400.000 euros, desarrollándose los trabajos durante los años 2023, 2024 y 2025.

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha reclamado este jueves al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, las cuatro administraciones firmantes del convenio para la exhumación de las miles de víctimas de los franquistas arrojadas a las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba, “que inicien ya los trabajos, puesto que el retraso de dos años desde la firma del acuerdo es incomprensible”.

De hecho, según ha señalado la Coordinadora en una nota, dicho retraso “denota una absoluta dejadez y resulta insultante para las víctimas y sus familiares, que llevan tanto tiempo esperando”. Es por ello que la organización memorialista ha solicitado una reunión con todos los representantes institucionales, para dar una “respuesta urgente y definitiva” a las fosas de Córdoba capital.

“Solo tenemos conocimiento de la partida de 400.000 euros que la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática ha puesto a disposición del Ayuntamiento, al igual que la Diputación de Córdoba”, por lo que la Coordinadora se ha preguntado “a qué espera el Ayuntamiento para comenzar la intervención”.

La Coordinadora, que ya pidió “celeridad en las actuaciones y en el avance del proyecto”, tanto en 2021, como el pasado verano, ha lamentado que, “no solo no hayan comenzado los trabajos, sino que tampoco se dan explicaciones, ni información”.

La asociación memorialista Aremehisa ha iniciado un nuevo proceso de búsqueda de familiares personas asesinadas por los franquistas en la provincia durante la Guerra Civil y también en la posterior dictadura, en este caso para encontrar a las familias de “seis personas represaliadas en el año 1940, naturales o residentes en la localidad de Puente Genil (Córdoba)”.

En concreto, según ha informado Aremehisa en un comunicado remitido a Europa Press, estos represaliados, cuyos restos han sido recuperados e identificados por el colectivo memorialista en el Cementerio de Puente Genil, fueron “ejecutados” en el propio camposanto pontanés entre los meses de marzo y junio del año 1940, es decir, hasta 14 meses después de concluida la contienda.

Los restos corresponden a Marcos Jiménez Cantarero, el 'Capitalito', ejecutado el 9 de marzo del citado año en el Cementerio de Puente Genil, donde también fue ejecutado el 3 de abril Francisco Pozo Francisco, mientras que el 24 de abril fueron ejecutados en el camposanto Francisco Delgado Muñoz, Francisco Lavado Barcos y Francisco Jiménez Jiménez, cerrando la lista Emilio López Avisal, que fue ejecutado en el Cementerio de Puente Genil el día 11 de junio.

Aremehisa solicita ahora “cualquier tipo de información que permita obtener algún dato sobre estas personas y que pueda ayudar a identificar a posibles familiares directos”, de modo que, “si alguien dispone de información a este respecto”, puede ponerse en contacto con la asociación a través de su Facebook (https://www.facebook.com/aremehisa), también mediante el correo electrónico 'aremehisa@hotmail.com' y en el teléfono móvil 680634633.

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a concurso el contrato para realizar el sondeo que busque las dos grandes fosas de fusilados del cementerio de San Rafael en la ciudad. El pliego acumulaba un retraso de varios meses y acaba de ser publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. El mismo estará resuelto el 18 de agosto, según consta en el documento.

En concreto, el Consistorio busca un equipo que trabaje durante un mes y al que se financiará con 12.000 euros. Este equipo formado por al menos cuatro personas tendrá que excavar varias catas en el cementerio de San Rafael para tratar de determinar lo que se sospecha: que hay dos grandes fosas de represaliados tras el golpe militar de 1936 en España.

Localizar dos grandes fosas

El sondeo que se pretende llevar a cabo tiene como objetivo localizar dos grandes fosas comunes de personas represaliadas por el franquismo que, según los estudios previos, se encontrarían en una zona ajardinada del cementerio de San Rafael de la capital. Los testimonios orales, la documentación histórica, fotografías y los archivos apuntan a que allí podrían hallarse varios cientos de fusilados desde finales de 1939 hasta mediados de los años 40.

La sospecha de estas grandes fosas comunes se expuso por parte del equipo de investigación que llevó a cabo en 2020 unas primeras catas en el cementerio de San Rafael. Si bien esos trabajos solo hallaron enterramientos normalizados y no de represaliados, todos los indicios que obran en poder del equipo de historiadores, arqueólogos y antropólogos de la empresa Aranzadi que lo llevó a cabo, apuntaban a la existencia de dos grandes fosas donde yacen los fusilados. Y en las conclusiones de aquellas primeras catas se aconsejaba realizar un nuevo sondeo. Ese será el que se realice ahora. Todo el trabajo y el informe deben quedar concluidos en mayo y certificado así ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que financia este nuevo sondeo.

Los trabajos se ubicarán en un espacio verde del camposanto, en la zona denominada como cementerio civil. “La zona de enterramiento estudiada, cementerio civil o cuadro único, del cementerio de San Rafael de Córdoba, es sin lugar a dudas un espacio de enterramiento de personas represaliadas. Tenemos varias certezas, la primera son las fechas extremas de dichas inhumaciones, en cuanto a personas represaliadas se refiere, que abarcan desde el último trimestre de 1939 hasta bien entrado 1944”, se expone en el informe de la intervención arqueológica y estudio histórico de las fosas del cementerio de San Rafael de Córdoba que se hizo entre noviembre y diciembre de 2020, consultado por Cordópolis.

Enterramientos bajo una zona verde

Los expertos consideran que “existe una elevada posibilidad de hallar con un índice respetable de conservación un gran porcentaje de ambas fosas bajo esta zona verde y sus acerados perimetrales”. Se trataría de dos fosas: una primera con enterramientos de represaliados desde finales de 1939 y 1940, donde podrían encontrarse a personas condenadas a muerte por tribunales militares y quienes fallecieron siendo prisioneros en la cárcel. Mientras, en una segunda fosa, yacerían más personas represaliadas -según se cree-, a mediados de la década de los años 40.

El modo de proceder en esos años con los enterramientos en fosas comunes queda también al descubierto según el estudio histórico, que explica cómo una fosa de colmataba de cadáveres, se tapaba y, a continuación, se abría una nueva fosa para actuar de la misma forma.

Todos los estudios realizados calculan que, en el cementerio de San Rafael y el de La Salud, yacen más de 4.000 víctimas del golpe de 1936 y la represión franquista. Más de la mitad de esas personas están identificadas con nombres y apellidos, gracias al estudio documental, archivos y libros de enterramiento de ambos camposantos. En La Salud, recientemente se ha confirmado con otro sondeo el hallazgo de una gran fosa de represaliados de 1936. Y, ahora, este nuevo sondeo pretende hallar dos grandes fosas comunes en el cementerio de San Rafael.

El retraso a octubre del pliego para la contratación de los trabajos para la exhumación de las fosas comunes de los miles de cordobeses represaliados por el franquismo ha sentado como un jarro de agua fría entre los colectivos memorialistas. El presidente de Dejadnos llorar, Antonio Deza, ha lamentado este nuevo retraso en un proyecto que ya dispone de toda la financiación para arrancar y teme que el anuncio del concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, pueda poner en riesgo todo el proyecto. Antonio Deza, de hecho, se ha puesto en contacto con el alcalde, José María Bellido, al que ha escrito para pedirle que “ayude” a la Delegación de Infraestructuras a sacar adelante un proyecto que acumula meses de retraso.

El 11 de diciembre de 2020, las cuatro administraciones -Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba-, rubricaban en un acto solemne en el Rectorado el protocolo para llevar a cabo las tareas de exhumación de las fosas que se encuentran en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael, donde se calcula que hay más de 4.000 represaliados. En junio, el Gobierno entregó el dinero pendiente para iniciar los trabajos de exhumación en Córdoba. Pero esta semana, el propio Álvarez ha informado en la comisión que los pliegos no han podido redactarse aún y que al menos no saldrán a contratación hasta el mes de octubre.

“En todo este tiempo nos ha sobrado la paciencia y el respeto”, ha asegurado Antonio Deza, quien se ha mostrado agradecido a Álvarez durante su etapa al frente de Cecosam. De hecho, lo hizo públicamente. “Pero ha cambiado de delegación y desde primeros de año ha ido a peor”, ha lamentado, asegurando que “no nos ha contestado a ninguna de las llamadas ni escritos que le hemos enviado”.

Ante esta situación, “le hemos pedido al alcalde que ayude al departamento, porque Dejadnos llorar ha perdido la confianza en la capacidad de gestión del departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento y para hacerlo nos basamos en sus propias declaraciones”, ha aseverado Deza, quien se refiere a una entrevista del propio Álvarez en Radio Córdoba Cadena SER.

“Todos los trámites estaban cerrados a final del año 2021. Los pliegos podían haberse puesto en marcha en enero. Él mismo lo reconoce”, asegura, al tiempo que ha mostrado su “tempor” a que “el proyecto se vaya al traste” ya que “cada administración tiene sus propios condicionamientos con las partidas que aprueba”, ha señalado. En algunos casos, las subvenciones se vinculan con el ejercicio presupuestario. Si hay retraso, hay que justificarlo o algunas ayudas se podrían perder, que es lo que más teme Dejadnos llorar.

“También tememos que se cree un conflicto entre las propias administraciones tras estar todas de acuerdo” en el proyecto para la exhumación de las fosas comunes en Córdoba. Además, considera que el Ayuntamiento es la administración “clave” en todo el proceso y que Dejadnos llorar quiere ir “de la mano del Ayuntamiento”, sobre todo cuando se inicien los trabajos de exhumación. “A partir de entonces arranca una larga etapa”, ha asegurado.“ ”El protocolo se firmó en 2020 y en el 2021 los acuerdos con todo el dinero. Nos metemos en final de año sin haber hecho unos malditos pliegos“, lamentó Deza, quien reclama al Consistorio agilidad.

Al otro lado de la moneda de esas cifras están los nombres de las víctimas y los rostros, llenos de arrugas y peinando canas, de sus familiares, que 85 años después de los fusilamientos en el golpe de 1936, no han recuperado los restos de los suyos. La documentación y los sondeos hechos en el cementerio de La Salud ya han alumbrado que allí se ubica una de las fosas, probablemente con centenares de cuerpos, de aquel verano del 36. Algunos de los cuerpos han podido ser exhumados para avanzar en el estudio del sondeo. Pero, más allá de eso, el ingente trabajo de excavar las fosas y de exhumar a todos los represaliados, está aún pendiente.

La Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba han presentado este viernes las actividades desarrolladas desde su creación por la Cátedra de Memoria Democrática, la primera en este ámbito que se crea en Andalucía y la tercera de España.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el rector de la Universidad, Manuel Torralbo, han presidido esta presentación de la Cátedra de Memoria Democrática mediante la que “la Universidad se pone al servicio de conocer la verdad para todos”, en palabras de Torralbo.

El director de la Cátedra, el profesor Francisco Acosta -que forma parte de la misma junto a los profesores María José Ramos, Alicia Cárdenas, Pablo Rabasco, Antonio Manuel Rodríguez y Alejandro Ruiz Huertas-, ha desgranado los objetivos y las actividades que desde su creación realiza este organismo. “La memoria es un fenómeno complejo, una realidad multiforme, con una dimensión política, jurídica, sociológica, cultural e histórica. La Universidad no pierde de vista cuál es la voz que le corresponde, que es la de la investigación, el conocimiento y la formación” en este ámbito, ha dicho. “Nuestra voz no es la de las víctimas, con las que nos solidarizamos, ni la del político, ni la del juez, ni la del periodista… Nuestra voz es la de la academia en sentido amplio y crítico”.

El trabajo que viene desarrollando la Cátedra se basa, pues en arrojar luz desde el conocimiento científico para rescatar la memoria democrática de la provincia de Córdoba. Y para ello trabaja en cinco ejes o ámbitos.

Inventario de patrimonio memorial de la provincia

De un lado la Academia, con actividades formativas y de conocimiento, como el desarrollo de un curso de experto en memoria democrática que se pondrá en marcha curso en 2023. Se une la creación del sistema Sipdel, un software de inventariado de patrimonio democrático memorial local, que permitirá tener un patrimonio homogéneo de los municipios y del conjunto de la provincia.

Asimismo, por primera vez se llevará a cabo en otoño un encuentro de los investigadores de la provincia que han trabajado en el ámbito de la investigación histórica de la memoria.

En el eje de la Cultura, se desarrollan programas de difusión de la memoria democrática con Paradigma Radio, promoción de libros sobre memoria de diferentes géneros o de películas como ‘Pico Reja’.

En el tercer eje, denominado Memoria Viva, la Cátedra otorgará un premio cada año a personas o entidades que hayan destacado por su labor en la memoria democrática. El premio consistirá en sufragar un documental sobre la actividad premiada en cuestión y su publicación.

La Educación es el cuarto eje de la actividad de la Cátedra, para llevar actividades de memoria a las aulas, de manera que las futuras generaciones mantengan esa memoria sobre lo acontecido en su propia provincia y país hace menos de un siglo. Así, se han elaborado unidades didácticas para ESO y Bachillerato, que ya está a disposición de los centros de Secundaria y Bachillerato.

Proyecto Concord: consejos de guerra recuperados

Y en el quinto eje, Investigación, la acción que más tiempo lleva desarrollándose y que suma la esencia de la actividad investigadora de la Universidad para arrojar luz sobre los hechos históricos que ocurrieron. Se trata del proyecto Concord, que rescata la memoria de los consejos de guerra con miles de víctimas cordobesas. Ese trabajo recoge los expedientes, los digitaliza y extrae la información de forma sistemática y científica, volcándola después en una base de datos creada para que cualquier persona pueda acceder a dicha información.

Toda la actividad de la Cátedra de Memoria Democrática se puede consultar en su página web, además de materiales y enlaces de interés relacionados con ello.

Con todo, el acto de este viernes en la Diputación, al que han asistido autoridades y cargos públicos de las distintas administraciones, además de colectivos memorialistas y otros agentes sociales, ha servido para dar cuenta por primera vez de toda la actividad puesta en marcha por la Cátedra.

“Seguir construyendo y rescatando la memoria”

En palabras del presidente de la Diputación, “esta sociedad tiene una deuda con la justicia y la restauración de la memoria de tantas y tantas personas”, ha dicho para apostar por la tarea de la Cátedra de Memoria Democrática. “Aparte de la deuda moral, social, histórica, ética, de justicia… pues tenemos que conocer la historia tal y como ocurrió desde un punto de vista científico, para no repetirla”.

En ese mismo sentido se ha expresado el rector de la UCO –“nunca debemos olvidar de dónde venimos”, y ha defendido que es “un deber público de las instituciones” y una “obligación” de la Universidad la de “poner rigor, todo su conocimiento, su bases científicas y su experiencia”, al servicio de rescatar la memoria democrática de la provincia. “La Universidad al servicio para conocer la verdad para todos”.

En el acto también ha tomado la palabra Ramón Hernández, delegado de Memoria Democrática de la Diputación desde que se creara dicha delegación por vez primera en este mandato y que ha trabajado en este ámbito con colectivos memorialistas, con los ayuntamientos de la provincia, con centros educativos y con la propia Universidad, para poner en marcha distintas acciones, como esta Cátedra de Memoria Democrática. “Queda trabajo por delante, para seguir construyendo y rescatando la memoria, que es la razón de ser de esta Cátedra de la que estamos tan orgullosos”.

Herminio Trigo fue alcalde de Córdoba entre 1986 y 1995. Antes, fue la mano derecha de Julio Anguita, cuando éste se convirtió en el primer alcalde del PCE en una capital de provincia de España. Desde Capitulares, Trigo asistió y comandó la “transformación democrática” de una ciudad que a finales de los setenta se despertaba de cuarenta años de franquismo y en la que estaba todo por hacer en el Ayuntamiento. La editorial Almuzara acaba de editar Herminio Trigo. Memorias políticas, un libro llamado a ser clave para entender un periodo fundamental en la historia de la ciudad de Córdoba, escrito en primera persona por quien ostentó el bastón de mando.

Las memorias de Herminio Trigo tienen dos momentos clave, como si fueran un principio y un final, aunque el exalcalde ha querido centrarse mucho en el durante. El principio tiene que ver con la llegada de la democracia. “Llevaba mucho tiempo pensando que las nuevas generaciones, los menores de 40 años, no conocieron la dictadura ni cómo la generación de mayores trajo la democracia y lo que supuso para las ciudades”, explica, yéndose al principio. “Cuando van por los sitios, pasean por la ciudad, y ven las cosas que hay, creen que siempre han estado ahí. Y no, ha habido que hacerlas”, arranca.

El final es muy importante para un Herminio Trigo que avanza que lo que escribe “no le va a gustar a nadie, ni al PP, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida”. Trigo fue alcalde “hasta que me echaron”. Una condena en el último año de mandato por una contratación le llevó a dimitir. “Lo cuento con pormenores. El libro puede despertar animadversión”, reconoce. “Cuento lo que pasó. Lo documento. Tuve que luchar contra todos. Me tocó y ya está. Eso se resolvió echándome, claro”, lamenta un alcalde que reconoce que estuvo años sin poder pasar ni tan siquiera por la calle Capitulares.

Pero las memorias aluden mucho al durante, a ese periodo de casi dos décadas en el que “estaba todo por hacer” y en el que “cambió la ciudad”. Una de esas cosas que las nuevas generaciones pueden pensar que siempre estuvo ahí es el Plan Renfe. Córdoba era una ciudad partida por la mitad a causa de las vías del tren, que la dividía al norte y al sur. Más al sur también, el Guadalquivir y sus únicos dos puentes también dividían por tercera vez el casco urbano. “El tren era el problema más grave que tenía Córdoba y el que tardó más en resolverse. Todo eso lo cuento con anécdotas e historias que pasaban, en esa etapa donde la guerra de la estación fue grave para la ciudad”, relata. Fue algo que “transformó la ciudad, la más profunda que ha tenido durante el siglo XX”, asegura.

Una espina clavada

Trigo admite que se marchó de la Alcaldía con “una espina clavada”: la Capitalidad Cultural. Antes de 2016, Córdoba ya lo intentó en 1992, el gran año de España en el mundo. Pero no lo consiguió. Se impuso Madrid. Desde el equipo de gobierno, primero, y desde la Alcaldía, después, Trigo asegura que “la cultura siempre fue una pata muy importante de nuestros gobiernos”. Así, recuerda la recuperación del Gran Teatro, el papel de la Posada del Potro, alude a los nombres de Pedro Roso, Pedro Ruiz o Paco López, a los talleres de poesía, “a los Cuadernos de la Posada, certámenes de literatura, una investigación con premio Díaz del Moral... Eso produjo un cambio cultural en la ciudad, importante. Después vino la orquesta, la producción propia de óperas, y una serie de actividades que la cultura transformó. Logramos llevar la cultura a los barrios”, detalla.

Eran otros tiempos. “Pasamos de una dictadura a la democracia y la gente tenía mucho que decir”, destaca. Fue así como se le dio tanta importancia al movimiento ciudadano, a las asociaciones de vecinos, a la participación y a la construcción de centros cívicos. “Eso fue otra forma de gobernar que no era la habitual”. 

“Intentamos también en esa época proyectar la imagen de Córdoba con la celebración de congresos importantes, con los encuentros abrahámicos, poner Córdoba fuera, conectar, aspirar a la capitalidad cultural en 1992 que no fue posible”, relata, en un balance en detalle que ha tardado 30 años en reposar.

“Hicimos muchas cosas, sobre todo equipamientos”, agrega. Ahí estuvo el Palacio de Deportes de Vista Alegre, las pistas de atletismo del Fontanar o las salas deportivas de la ciudad. “Es que no había nada”. “Se potenció mucho el deporte y la práctica deportiva en la ciudad”, destaca.

“¡Trasladamos la Feria!”, recuerda también, “un hecho fundamental para la ciudad” que sacó una fiesta que se celebraba en los Jardines de La Victoria hacia El Arenal. “Fue un trabajo importante y muy serio”.

Herminio Trigo le dedica también un capítulo “a un jardín al que le tengo mucho cariño” y que se ejecutó en su Alcaldía: El Jardín de los Poetas.“Aquello era las Costanillas, la parte más despreciada de la ciudad. Lo convertimos en un sitio absolutamente genial. Le tengo mucho cariño. Tiene un mural de Pepe Duarte, nada menos”, se enorgullece.

Trigo detalla también “muchas anécdotas”. “No es un libro exhaustivo, pero lo más importante está dentro”, asegura. “Menciono a mucha gente, esto era una cuestión que de unos aprendí, otros colaboraron conmigo, fue gente que lo importante era formar un equipo. Me gustaba. Sabía que la base de todo éxito era eso. Los equipos fueron todos de ese nivel. Eso hizo posible que pudiéramos hacer lo que hicimos”, destaca.

Alcalde de clase obrera

Volviendo al principio: “Empiezo el libro con mi infancia. Quería dejar claro en este libro que es un poco mi autobiografía autorizada. Quería dejar claro de dónde vengo”. Herminio Trigo fue el primer alcalde “que procedía de la clase obrera, de la trabajadora”. “Llegué a base de esfuerzo familiar a poder estudiar, a adquirir conocimientos y las circunstancias me llevaron a ser alcalde. Eso quería dejarlo constar. Me parecía importante. Quizás desconocido para mucha gente”, asegura.

“La memoria siempre tiene un problema. Deja en el cajón del olvido las cosas malas, molestas y perjudiciales. La última es imposible de olvidar. Fue una herida que estuve varios años sin poder pasar por la puerta del Ayuntamiento. Lo que yo sufrí con aquello no lo podía ablandar ni pasar por el Ayuntamiento”, rememora Herminio Trigo, volviendo al final.

“Pero el resto: aprendí. Te dejabas la cabeza en conseguir algo, cuando lo conseguías, había otra esperando. Disfrutar, solo disfruté con Renfe, la inauguración de la estación. Lo demás te juro que no”, asegura a preguntas del periodista sobre si le daba tiempo a saborear aquellos pequeños éxitos de las inauguraciones. “Eran tantas las cosas que había, no me daba tiempo a disfrutar”. 

Herminio Trigo tuvo una carrera política muy ligada a Julio Anguita. “Hicimos vidas paralelas muchos años”. Se conocieron antes de la política. “Los dos nos caímos del caballo en Montilla”, recuerda, antes de la muerte de Franco. “Veníamos del Frente de Juventudes, dictadura pura y dura, nuestra formación era cristiana, católica, y franquista. Ya teníamos problemas de fe importantes. Descubrimos otro mundo: que existía la democracia, que existía la participación ciudadana. Empezamos a leer libros que nos facilitaban, libros nuevos, que no conocíamos. Eran libros prohibidos. Empezamos por leer a Miguel Hernández, a los poetas prohibidos. Son libros que nos apañamos a través del Ruedo Ibérico, en París. Empezamos a abrir una ventana”, recuerda, en aquellos años duros previos a la Transición. 

Y cita un nombre: Rafael Balsera, director del colegio Gran Capitán. “Hicimos amistad con él. Era un liberal. Serlo en la época de la dictadura, era ser rojo. Un hombre muy culto, nos suministraba libros, historia, clásicos del marxismos. Escondidos en el campo nos los pasábamos”, rememora. De hecho, recuerda que en Montilla había “una célula carlista”, dirigida por el conde de la Cortina, de Alvear. “Publicaban una revistilla llamada Qué pasa. En esa revista era antifranquista total. Tenía cuatro hojas, no más. Empezamos a leer cosas muy desconocidas, pero con sentido. Eso nos ayudó a descubrir ese mundo”, relata, sobre como Anguita y él acabaron finalmente dando un paso adelante. “Yo estaba en el PCE ya, pero en lo mío, en la cultura, en el cine, en otras historias. Cuando ponen a Julio de cabeza de lista, tira de mí”, explica. 

Preguntado sobre las diferencias del ayer y el hoy, Trigo reflexiona: “Para gobernar una ciudad, tienes que saber qué quieres. un proyecto de ciudad. Entre las cosas que quieres hacer, no tienes toda la razón”. “Los vecinos son los que realmente hacen ciudad. La hace el Ayuntamiento con los ciudadanos. Hay que saber qué hacer. Recabar opinión y rebatir propuestas. Eso hace que tengas idea de la ciudad más real”, recomienda. 

Cuando el PCE llegó a la Alcaldía de Córdoba en 1979, las prioridades eran muy diferentes. “Lo primero era darle vehículos a la policía y construir un parque de bomberos para que no estuvieran en una nave del parque Cruz Conde. Era tanto lo que había que hacer, que lo primero fue acudir a los problemas más urgentes”. “Después, ya está lo más importante”, detalla.

En aquellos años, los actores principales de la ciudad “no esperaban tener que negociar con los comunistas. No estaba en su credo”. Pero “la dictadura se había acabado”. “Tuve que enseñarle a muchos empresarios a ser empresarios”, asegura.

“Quedaron cosas. Las ciudades nunca se acaban”. Su asignatura pendiente, la Capitalidad. “Conseguí el casco histórico patrimonio de la humanidad. Pero no la capitalidad cultural. Teníamos todas las de perder. Lo intentamos lo que pudimos”, asegura.

Memorias políticas sale a la venta esta semana. Ya se puede comprar por internet. Con prólogo de Antonio Barragán, Herminio Trigo lo presentará “más adelante” en la República de las Letras. Y antes de despedirse, confiesa con un verso de Pablo Neruda a modo de resumen: “Confieso que he vivido”.