La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está trayendo consecuencias negativas a todo el planeta. Y España no se está librando de la subida de los precios. Más concretamente, el sistema agrario está atravesando un momento crítico debido, entre otras cosas, al encarecimiento que está sufriendo el gasóleo B, un carburante básico para la producción que, de media, está alcanzando picos de hasta 1,60 euros en la provincia de Córdoba. Esta escalada en los precios coincide con un periodo de intensa actividad para las explotaciones, por lo que estas labores no pueden detenerse pese a la falta de rentabilidad.

Más concretamente y para los que no sepan la diferencia entre un carburante u otro, el diésel A se utiliza como combustible para automóviles, el gasóleo B se utiliza para uso agrícola y de calefacción, el C es industrial, pero también se utiliza para calderas. El B está bonificado por el Gobierno de España y tiene un coste más controlado, pero eso no significa que se haya disparado, como se está viendo en los últimos días.

Según los datos actuales de las estaciones de servicio en Córdoba que ha podido consultar este periódico, el precio del gasóleo B ha subido significativamente, encontrando puntos donde ya supera los 1,70 euros en localidades como Villaviciosa de Córdoba o Palma del Río. Si bien existen cooperativas con precios ligeramente inferiores, la tendencia general sitúa el carburante en una horquilla de entre 1,40 euros y 1,50 euros.

Los agricultores y la “especulación salvaje”

Cordópolis se ha puesto en contacto con dos de las asociaciones más relevantes en este sentido para el sector agrario. Por un lado, Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, ha calificado esta situación como una “auténtica barbaridad”. El dirigente ha destacado que este encarecimiento llega en el peor momento posible, cuando los agricultores están “preparando para sembrar, recogiendo todavía aceituna y echando productos”. Según el secretario de UPA, el campo no puede esperar. “Si tienes que sembrar, tienes que sembrar. No puedes decir: ”espero unos días a ver si esto cambia“”.

Desde COAG Córdoba, su secretaria principal, Carmen Quintero, ha explicado que esta situación supone un “abuso” y ha denunciado una “especulación salvaje” por parte de las petroleras. La representante de esta asociación ha señalado a este periódico que el precio ha pasado de los 80-85 céntimos a superar los 1,50 euros de forma casi instantánea. “El campo no entiende de guerra”, afirma Quintero, criticando que se trasladen estos sobrecostes a las espaldas de los productores a pesar de que las empresas cuentan con existencias para 92 días compradas a precios anteriores.

La rentabilidad de las explotaciones, según el secretario de UPA, está actualmente “cogida con alfileres”. A la subida del diésel se suma el incremento de los fertilizantes, mientras que los precios de los productos que ellos venden, como los cereales o el aceite de oliva, no suben en la misma proporción. Paco Moreno ha advertido de que, si no se toman medidas contundentes, “muchas explotaciones irán a la ruina”.

Las medidas del Gobierno de España

Por otro lado, y ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Ministros ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para aprobar dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda.

En lo que respecta a los carburantes, el primer texto contará con el grueso de las medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, y un especial refuerzo a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También medidas de protección a colectivos vulnerables. Por tanto, comienzan las medidas del Ejecutivo ante una situación que genera mucha incertidumbre a los agricultores.

La escalada bélica en Oriente Medio y el conflicto abierto en Irán ya está impactando directamente en el campo andaluz. Los precios del gasóleo agrícola y de los fertilizantes se disparan en los mercados internacionales, confirmando los temores del sector agrario, según ha informado la organización agraria COAG a través de una nota de prensa.

“El campo andaluz vuelve a rehén de los especuladores de la guerra, soportando el impacto de crisis que ocurren a miles de kilómetros, que terminamos pagando aquí con gasóleo más caro, fertilizantes más caros y, en general, costes de producción que no paran de subir”, ha denunciado Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía.

La situación se agrava porque las subidas se trasladan al agricultor de forma inmediata, mientras que las bajadas tardan mucho más en reflejarse, sin llegar a volver a sus precios anteriores. Este desequilibrio, unido a posibles prácticas de coordinación para inflar precios, puede llevar a incrementos en el mercado, afectando gravemente la rentabilidad de las explotaciones, señala COAG.

El conflicto ha puesto en el punto de mira al Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y casi la mitad de la urea. La tensión en esta ruta estratégica ya provoca subidas en gasóleo, transporte, maquinaria y fertilizantes.

Según el análisis de los servicios técnicos de COAG Andalucía, la urea, uno de los fertilizantes más utilizados, presenta un extraordinario incremento en el precio: 100 euros más cara que la semana pasada.

En cuanto al gasóleo, el barril de Brent ha rozado los 85 dólares, activando compras masivas de futuros por si se cierra el Estrecho de Ormuz. Según los analistas, el techo rápido se fija en 92 dólares el Brent, pero si se corta físicamente el suministro, se superarían los 100-105 en horas.

Ante la evidencia de estas prácticas, Juan Luis Ávila señala que “no puede ser que cada crisis internacional se traduzca automáticamente en subidas inmediatas de los costes de producción del sector agrario, que es muy sensible a las fluctuaciones de precios por los escasos márgenes de rentabilidad que manejamos. Exigimos vigilancia activa del Gobierno y de la UE para detectar y frenar subidas injustificadas y coordinadas”.

COAG Andalucía recuerda que, si el conflicto se prolonga, el campo andaluz podría enfrentar una nueva escalada de costes como la vivida tras la guerra de Ucrania, cuando la energía y los fertilizantes golpearon duramente a miles de explotaciones.

En este sentido, hay que destacar un dato significativo que refuerza la idea de que los costes suben rápido, pero tardan mucho en bajar: tras la crisis de Ucrania, el índice de precios de los fertilizantes se estabilizó en un 66% por encima de lo que venía haciéndolo antes de 2020, mientras que los carburantes se quedaron en un 48 %. A esto se suma ahora una nueva ola de subidas que, objetivamente, no está justificada.

La historia se repite

Para COAG Andalucía está claro que la historia se repite y, como siempre, los perdedores son los agricultores y ganaderos, además de todos los ciudadanos europeos. “Todas estas situaciones evidencian la necesidad de ser soberanos a todos los niveles: alimentación, energía y fertilizantes… La UE solo habla de teoría y, cuando llegan estas situaciones, estamos como al principio”, expone Ávila.

En este sentido, hace pocos días, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, anunciaba la suspensión de aranceles a las importaciones de urea y amoniaco para abaratar costes a los agricultores europeos y sustituir el suministro ruso por fertilizantes de países árabes y del Golfo. “Sin embargo, el conflicto en Irán demuestra que el plan B de la UE no era sólido: la previsión de importar productos más baratos salta por los aires cuando la principal ruta marítima está amenazada por la guerra”, sostiene.

“Nuestros agricultores y ganaderos siguen produciendo a precios en origen que no cubren, en muchos casos, ni los costes. Es inadmisible que, por culpa de la especulación y la falta de previsión política, el sector vuelva a perder. Por ello, insistimos en que el Gobierno y la UE tienen que estar vigilantes y poner freno a las prácticas abusivas de un mercado dominado por la especulación”, concluye.

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado en la mañana de este miércoles los posibles efectos en el campo andaluz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda relación comercial ante el rechazo del presidente de España, Pedro Sánchez, de que los estadounidenses utilizaran las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán. Al respecto, las asociaciones han reclamado acuerdos con terceros países “para evitar incertidumbres”.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que Estados Unidos es “el segundo país exportador más importante que tenemos”, motivo por el que ha reclamado que “en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados”.

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan “que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano” ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido “prudencia” hasta conocer “si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España”.

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado a Europa Press que la postura del Gobierno español ante el “exabrupto” de Trump debería ser “la que conjuntamente tiene la Unión Europea”, así como ha pedido “no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas”.

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción, motivo por el que ha mostrado “su profunda preocupación” ante “un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios”, lo que supondría “un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces”, según han emitido en una nota.

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita”, ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que “cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos”, y los agricultores y ganaderos “no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”.

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un “efecto inmediato” en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones “vigilancia, anticipación y medidas preventivas” para evitar que una nueva crisis internacional “vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo”.

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les “llena de mucha incertidumbre” un conflicto con Estados Unidos, “sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa”.

“El 17% de nuestra producción se exportó a Estados Unidos, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España”, ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios “retomar las relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario”, mientras que ha deseado que “no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico”.

En contexto, Sánchez ha trasladado este miércoles que la posición española frente al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y ha asegurado no temer a las “represalias” por mantener esta postura. Asimismo, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición y ha señalado que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

El sector agrario de Córdoba ha anunciado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo 29 de enero con el objetivo de protestar contra la firma del acuerdo con Mercosur y otros tratados comerciales con terceros países que utilizan al campo como moneda de cambio. Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias denuncian que el sector ha llegado a una situación límite marcada por la reducción de activos, el cierre de explotaciones y el hundimiento de la ganadería, por lo que instan a agricultores, ganaderos y al resto de la ciudadanía a sumarse a estas protestas en defensa del mundo rural.

Los convocantes advierten que el acuerdo con Mercosur carece de reciprocidad y supone una competencia desleal que pone en peligro sectores clave para la provincia de Córdoba como los cítricos, la aceituna de mesa y la ganadería. Según detallan las organizaciones, se trata de un pacto desequilibrado donde incluso sectores como el aceite de oliva y el vino podrían verse perjudicados debido a los largos periodos de liberalización y a la ineficacia de las cláusulas de salvaguardia. Estas medidas de protección son consideradas insuficientes y difíciles de controlar en una Unión Europea que carece de un control de fronteras común y efectivo en origen.

La movilización también se dirige contra la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea, el cual plantea un recorte presupuestario que amenaza la arquitectura de la PAC. El sector agrario cordobés exige una política agraria robusta que no se convierta en un elemento residual, ya que de ella dependen la seguridad alimentaria y la estabilidad de las zonas rurales europeas. A esta preocupación se suma el incremento inasumible de los costes de producción, especialmente en energía y fertilizantes, junto a una carga burocrática creciente que dificulta el desarrollo eficiente de la actividad agraria.

En materia de agua, las organizaciones exigen garantías de acceso y un aumento de los regadíos en Córdoba a través de un Plan Hidrológico Nacional justo y una estrategia consensuada entre administraciones. Reclaman inversiones en infraestructuras que incluyan todas las fuentes disponibles, como aguas regeneradas o desaladas, para que el recurso hídrico deje de ser un arma política. Finalmente, el sector subraya la importancia de proteger la soberanía alimentaria aumentando los controles en las fronteras para asegurar que todos los alimentos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias y de producción que se imponen a los productores europeos.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la puesta en marcha de un proceso de movilización a nivel nacional que incluirá concentraciones, tractoradas y distintos actos reivindicativos en todo el territorio español. Las protestas culminarán con una jornada de movilización general para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario.

Las organizaciones han acordado dar flexibilidad a los distintos territorios para que puedan decidir la fecha y el formato de las movilizaciones en función de sus particularidades, aunque han subrayado la importancia de concentrar el mayor número posible de acciones el próximo 29 de enero, con el objetivo de lanzar un mensaje “claro y unitario” desde el conjunto del campo español.

“El objetivo es que se vea la fuerza del sector agrario en todo el territorio, con una respuesta coordinada frente a decisiones que nos afectan directamente”, ha señalado el presidente de Asaja en una nota remitida a los medios de comunicación. Las diferentes manifestaciones comenzarán el 26 de enero y culminarán el 30.

El acuerdo UE-Mercosur, principal detonante

Uno de los principales motivos de las movilizaciones es el rechazo frontal de Asaja al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en su formulación actual. La organización ha considerado que se trata de un acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y generador de competencia desleal para los productores europeos. Además, ha advertido de que el acuerdo pone en riesgo a sectores estratégicos como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura.

Según datos de la Comisión Europea citados por la organización, solo el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la UE son inspeccionados físicamente, un nivel que consideran claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria. Asaja ha recordado, por otro lado, que el propio Gobierno de Brasil ha reconocido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne.

La organización agraria también ha querido matizar algunos de los argumentos utilizados para defender el acuerdo, especialmente en relación con productos como el aceite de oliva o el vino. Asaja ha sostenido que, incluso en estos sectores, no se obtendrán beneficios reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

Asimismo, ha advertido de que presentar al aceite de oliva como uno de los grandes beneficiados del acuerdo “distorsiona la realidad” y oculta los desequilibrios que genera. En este contexto, Asaja ha recordado que la balanza comercial agroalimentaria con Mercosur es claramente deficitaria para España: en 2024 las importaciones superaron los 4.100 millones de euros, frente a exportaciones que apenas alcanzaron los 463 millones.

Preocupación por el presupuesto agrario europeo y los costes

Otro de los ejes de la protesta es el futuro presupuesto agrario de la Unión Europea. Asaja ha denunciado la falta de claridad en las cifras, la existencia de recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a agricultura y ganadería se diluyan bajo conceptos genéricos vinculados al medio rural. “La solución es sencilla: completar el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar y evitar recortes que pueden alcanzar el 22 %”, ha señalado el presidente de Asaja .

El aumento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que ha llevado al sector a movilizarse. Asaja ha alertado de que cultivos como los cereales podrían quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo.

Ante lo que consideran falta de medidas efectivas por parte de las administraciones competentes, COAG Andalucía ha decidido dar un paso al frente y buscar soluciones en el exterior frente a la expansión descontrolada de la ‘Vespa orientalis’ (avispón oriental).

Así, el responsable del sector apícola de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, acompañado por otro apicultor andaluz y un técnico apícola de la organización, se desplaza hoy a Chipre, país donde esta especie es autóctona y en el que ya cuentan con experiencia en la lucha contra esta avispa.

“Estamos desesperados. El avispón oriental está diezmando nuestros colmenares y no podemos seguir esperando a que las administraciones reaccionen. Necesitamos soluciones urgentes para frenar una situación que no solo afecta a los apicultores, sino también al equilibrio ambiental y a la ciudadanía en general”, ha denunciado Vázquez antes de emprender el viaje.

La ‘Vespa orientalis’ es una especie invasora imposible de erradicar, pero en Chipre han conseguido mantener sus poblaciones controladas y convivir con ella en cierto equilibrio, evitando la destrucción de las colmenas. El objetivo del viaje es conocer de primera mano, visitando distintos colmenares de la isla, las medidas aplicadas por los apicultores chipriotas, que podrían adaptarse a la realidad andaluza.

COAG Andalucía advierte de que la pasividad institucional está dejando a los apicultores en una situación límite. La organización insiste en la necesidad de implementar planes de control y apoyo al sector, puesto que la expansión de la ‘Vespa orientalis’ se suma a los numerosos problemas que ya afronta la

apicultura andaluza: sequías, fraude de las importaciones y crisis de rentabilidad.

COAG Andalucía exige una actuación inmediata y contundente de las administraciones públicas para poner en marcha medidas de control de esta especie invasora, así como apoyo a la investigación y transferencia de conocimientos que permitan proteger al sector apícola, esencial para la polinización y la biodiversidad.

El campo cordobés espera en medio de la incertidumbre la fecha de entrada en vigor el 1 de agosto de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos que se exporten desde la Unión Europea (UE) hasta el país norteamericano. La vía de la negociación que la UE quiere mantener abierta hasta el último momento, de momento no da certeza al sector agroganadero sobre cómo influirá en la exportación de productos desde Córdoba hasta Estados Unidos, donde el aceite de oliva supone la mitad de lo que la provincia vende al país norteamericano.

Además, si hace unos meses, inicialmente Trump consideraba que los aranceles que impondría a la UE serían del 20%, ahora el porcentaje ha subido hasta el 30% y el campo cordobés espera a ver cómo se producirá finalmente la entrada en vigor de estas tasas y qué medidas tomará la UE, además de las ayudas que puedan promover los gobiernos estatal y autonómico. En Córdoba, el sector del aceite de oliva copa el perjuicio que estos aranceles supondrán, aunque también afectarán a otros productos agro como el ajo o del sector cárnico, además del cobre.

Ante esta situación, las organizaciones agrarias de la provincia de Córdoba afrontan el golpe de los nuevos aranceles de EEUU -Trump ya los impuso a la aceituna de mesa y el aceite a granel en su anterior mandato-, y pide medidas “contundentes y firmes” a la UE que ayuden al sector a paliar este perjuicio.

Desde la organización agraria Asaja Córdoba, su secretario general, Rafael Navas, asegura que, ahora mismo, “hay mucha incertidumbre y lo que le exigimos a la Unión Europea y al Gobierno es que nos defiendan claramente ante estas guerras comerciales”.

Señalan que “todavía hay que ver los detalles” de cómo se pondrán finalmente en marcha los aranceles del 30% anunciados por Trump para todos los productos que lleguen a su país desde la UE “y si hay una respuesta de la Unión Europea con más aranceles”, algo a lo que el presidente de Estados Unidos ya ha advertido que respondería con el incremento de los suyos.

“No es una noticia para el sector agrolimentario, que siempre es utilizado como moneda de cambio”, señala Navas sobre la guerra comercial y la “merma de competitividad” que pueden acarrear estas tasas. “Nos preocupa Trump, pero también la gestión de los que nos tienen que defender, de la Unión Europea y del Gobierno de España”, por lo que reclama medidas “para competir en igualdad de condiciones” y cláusulas espejo para producciones llegadas de terceros países.

Asaja señala especialmente al sector del aceite de oliva en Córdoba como el principal afectado por los aranceles de EEUU, algo que “repercute en la exportación” desde la provincia. Y advierte que “estamos en una situación muy difícil, tanto los productores como los consumidores”, por la posible repercusión en los precios.

“¿Quién necesita a quién?”

Desde COAG, su secretaria general en Córdoba, Carmen Quintero, pide poner en contexto la situación a la que se enfrenta las exportaciones de aceite de oliva de Córdoba a EEUU: “Estados Unidos es el tercer país consumidor de aceite a nivel mundial con alrededor de 360.000 toneladas. Y solo producen un 3% de eso. A ver quién necesita de quién”.

Quintero reclama a la Unión Europea “medidas contundentes y firmes para hacer frente a este ataque de Estados Unidos” y ha defendido “la calidad de nuestros productos y que no se utilicen estos anuncios a costa de los pulmones de agricultores y ganaderos; que no pretendan bajar el precio a los productores porque ya de por sí nosotros apenas llegamos a cubrir los costes de producción”, advierte.

En medio de la incertidumbre y los sucesivos anuncios de Trump y el tira y afloja con la UE, Quintero pide esperar a ver la “aprobación formal” de las tasas para la UE: “Estamos acostumbrados ya a ver gobernantes que solo saben mirarse el ombligo, como Trump o Ursula von der Leyen”, ha afirmado, para reclamar que “se mire por el bienestar de la sociedad y la calidad de los alimentos”, de manera que se pongan en valor los productos del campo cordobés.

Por ello, desde COAG creen que “hace falta una Unión Europea fuerte y unida y no depender de lo que dice una persona incoherente que está haciendo una política perjudicial incluso para los propios ciudadanos de EEUU. Es un despropósito”.

Y, junto a ello, los productos del campo cordobés reclaman que “los gobernantes no utilicen la agricultura y la ganadería como moneda de cambio. La Unión Europea no se puede achantar ni estar bajo estas amenazas”.

Las exportaciones de Córdoba durante el año pasado a Estados Unidos llegaron a un total de 330 millones de euros, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), lo que viene a ser un 10% del total de exportaciones cordobesas al exterior. De los productos vendidos a Estados Unidos, el 60% fue aceite de oliva.

Ajos, vino, productos cárnicos y otros sectores

Aunque el aceite de oliva copa las exportaciones de Córdoba a Estados Unidos, hay otro puñado de productos que también se verán afectados por los aranceles impuestos a la UE. En el sector agro, el ajo, el vino y los productos cárnicos son algunos de ellos, aunque representan una escasa cantidad con respecto a las ventas al exterior cordobesas.

Durante el pasado año, por ejemplo, las exportaciones cordobesas a Estados Unidos de productos cárnicos sumaron 14.000 toneladas y unos 100 millones de euros, mientras que el vino rondó los 500.000 euros.El otro gran producto de las exportaciones de Córdoba al exterior es el cobre y que, en el caso de las ventas a Estados Unidos, mueve más de 8,5 millones de euros al año y está en crecimiento.

La exportación de grupos electrógenos desde Córdoba a Estados Unidos supusieron 60 millones de euros el año pasado y el sector de la joyería vendió unos diez millones de euros.

El mildiu ha hecho estragos durante los últimos meses en los viñedos de Montilla-Moriles. El hongo ha afectado a muchas plantas que estarían en su última fase de maduración para la vendimia de las próximas semanas. Sin embargo, el calor, las temperaturas y esta enfermedad hacen que entre los viticultores haya muchas dudas, sobre todo en cuanto a fechas de recogida de la uva. De hecho, la tendencia en los últimos años era que la vendimia más tempranera de Europa fuese aún más adelantada en el tiempo, pero estos problemas han hecho que la cosecha, incluso, se retrase. Aunque, en cambio, hay disparidad de opiniones.

Y es que este periódico se ha puesto en contacto con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En primer lugar, Manuel Alférez, responsable de Montilla-Moriles para COAG, ha explicado que, en primer lugar, la vendimia general no va a ser más temprana que en los últimos años. De hecho, el seguimiento de vinos jóvenes como Moscatel o Verdejo tiene una previsión de los últimos días de julio, al tener un ciclo de maduración más corto. Por tanto, la recogida comenzará entre el 26 y el 29 de este mes.

Todo ello en referencia al vino joven. El resto, “una incógnita”. “El Pedro Ximénez tiene mucha hoja y en la cepa hay muy pocas cargas debido al mildiu, por lo que puede hacer que haya una maduración más rápida”. Aun así, Alférez ha apuntado que, pese al hongo, el crecimiento ha sido “normal”, pero la producción será menor y eso hace que “tenga mejores condiciones para crecer”. Aunque, de momento, no hay una predicción. “Posiblemente, estaremos en 15 o 16 millones de uvas, por lo que será un 50% menos que el año pasado, por lo que habrá que disponer de un reparto de uva entre las cooperativas y bodegas de vino dulce diferente”. Por tanto, Manuel Alférez ha apuntado que este año habrá una vendimia “muy dispar”.

Una vendimia más tardía, a la espera del mildiu

Juan Manuel Centella, presidente de la sectorial de viña de Asaja, ha apuntado a que la vendimia será “más tarde que otros años”, incluso ha precisado que son unos “diez días más tarde”, aunque “todo puede cambiar”. “La buena temperatura de mayo hizo que se retrasase el estado de la planta” y, por consiguiente, “la vendimia”. De hecho, “este año no hay ninguna variedad que se pueda recoger en los próximos diez o 15 días”. Sin embargo, la aparición del hongo han hecho saltar todas las predicciones. “El mildiu ha hecho que no sepamos lo que puede pasar. Todo cambia”.

Por su parte, Centella ha aseverado que este es un año “complicado” para el viñedo de Montilla-Moriles, y el calor puede moderar este problema en según qué parcelas. “Hay plantas que no contamos ni con ellas porque el mildiu ha arrasado con la uva. Por otro lado, nos encontramos con otras parcelas que no presentan ningún síntoma y tienen la maduración atrasada. Pero, después, hay otras que hay un mildiu significante y que también ha afectado a la vegetación. Las temperaturas altas puede hacer que el estado de estas viñas sea peor en muy poco tiempo”.

Seguirá siendo la vendimia más tempranera de Europa

Asimismo, Félix Ruiz, secretario de organización de UPA Córdoba, también ha confirmado que la vendimia parece que va a ir entre “siete y diez días” más tarde, pero reina el desconocimiento. “Está coincidiendo con la Feria de Montilla y todavía no han hecho muestreos con los vinos más jóvenes. El sentir general es que va más tarde”, ha apuntado antes de especificar que el calor, por el momento, no ha afectado en demasía, pero porque no ha coincidido con “el envero o la maduración”. Eso podría hacer que la recogida “se adelantase drásticamente”.

Y es que el mildiu ha hecho estragos como se ha mencionado anteriormente a viñedos de Montilla-Moriles, pero eso no quiere decir que a todos. Aun así, Félix estuvo presencialmente en la zona durante el pasado sábado y una cepa normal que podía tener hasta 18 racimos, en esta ocasión podría tener solo dos. “Eso puede ser que a la hora de tener toda la planta preparada para más racimos y concentrar todos los nutrientes en dos o tres racimos, esos siete o diez pueden hacer que se adelante la vendimia”.

Aun así, no corre el riesgo que vuelva a ser la vendimia más temprana de Europa, salvo un hipotético adelanto de Málaga. Ya en 2023, Asaja Córdoba informó del comienzo de la vendimia el 17 de julio, dos semanas antes con respecto al 2022. Ahí, ya era la primera en el Viejo Continente, aunque con el paso de los años se ha ido adelantando poco a poco, hasta 2025. El mildiu y las suaves temperaturas de mayo han hecho que todo vaya a su cauce natural, aunque con una producción escasa y unos daños que costará paliarlos en los próximos meses.

Los apicultores temen un verano con un incremento notable del avispón oriental (Vespa orientalis) y sus efectos en Andalucía, ante el “preocupante incremento de avistamientos de reinas esta primavera, lo que anticipa una expansión sin precedentes de la especie durante los próximos meses”, según han advertido desde la organización agraria COAG. La alerta se proyecta sobre la amenaza que el avispón oriental supone para el sector apícola, ya que esta especie es capaz de destruir por completo las colmenas de abejas.

Hay que recordar que, durante el verano de 2024, ejemplares de avispón oriental fueron detectados e identificados en varios puntos de la provincia de Córdoba, como Montilla o la capital y sus barriadas de Trassierra y Villarrubia. Se considera una especie invasiva que destruye insectos autóctonos, como es el caso de las abejas, ya que el avispón oriental se alimenta de abejas, miel y néctar, arrasando en pocos días colmenas completas.

“Este año hemos detectado un número muy superior de reinas respecto a campañas anteriores. Esto indica que nos enfrentamos a un problema mucho mayor conforme avance el verano, especialmente en el pico de actividad previsto para finales de agosto”, ha advertido el responsable de Apicultura de COAG Andalucía, Antonio Vázquez.

Ahora, recuerda que el avispón oriental ya ha sido declarado oficialmente como Especie Exótica Invasora por parte del Estado, una medida que llegó tras la labor constante de denuncia, seguimiento e impulso de la organización agraria con informes y movilización institucional.

Exigen un plan contra su expansión

Por ello, reclaman a la Junta de Andalucía la puesta en marcha inmediata de un plan de control y lucha contra el avispón oriental. COAG Andalucía urge a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a que no demore más la puesta en marcha de un programa específico de actuación, con medios suficientes, coordinación con ayuntamientos y protocolos de detección y destrucción de nidos.

Vázquez insiste en que no se puede esperar a que la expansión alcance niveles críticos: “Es necesario actuar desde ya, con medidas preventivas y no reactivas, para proteger la biodiversidad, la apicultura y los cultivos andaluces, altamente expuestos a esta amenaza”.

Cómo proceder ante la detección de ejemplares

Además, COAG Andalucía reclama que se clarifique de forma urgente cómo debe procederse ante el avistamiento de nidos de avispón oriental, ya que actualmente no existe una vía clara y accesible de actuación para ciudadanos, agricultores ni técnicos municipales.

“Es una cuestión de seguridad ambiental, agraria y sanitaria. No puede ser que, con la especie ya catalogada como invasora, sigamos sin saber qué hacer cuando se detecta un nido. Necesitamos coordinación y una respuesta eficaz desde la administración”, concluye el responsable apícola.

La organización agraria denuncia que se quedó en convocar una mesa de trabajo para tratar estos temas y reitera su disposición a colaborar con la Junta de Andalucía para definir y desplegar una estrategia eficaz que frene la expansión de esta especie y evite daños irreversibles en el medio rural andaluz.

El sector del cereal, reunido este viernes, ha hecho balance de la campaña y ha advertido de la crítica situación que atraviesan los productores, asfixiados por el encarecimiento de los costes de producción, los bajos precios y la falta de rentabilidad, que pone en riesgo la viabilidad del cultivo en amplias zonas del país. Como muestra de la preocupación generalizada, Asaja, COAG y UPA han convocado una concentración el próximo miércoles 4 de junio frente a las puertas del Ministerio de Agricultura.

Según los datos recopilados por el sector a partir de la información aportada por las distintas comunidades autónomas, la previsión de cosecha nacional de cereales de invierno se sitúa en 19,5 millones de toneladas. Esto supone un incremento de aproximadamente un 20% respecto a la campaña pasada, marcada por la irregularidad en muchas zonas. Este volumen es comparable al de 2020, considerado uno de los mejores años recientes para el sector.

Por cultivos, se estiman 9,8 millones de toneladas de cebada, 7,7 millones de toneladas de trigo blando y 2 millones de toneladas del resto de cereales (trigo duro, avena, centeno y triticale). El maíz, debido a su comportamiento productivo distinto, queda fuera de esta estimación.

Producción al alza, rentabilidad bajo mínimos

A pesar del buen dato de producción, la rentabilidad sigue siendo negativa —o prácticamente nula— para muchos agricultores. El caso de Castilla y León, principal comunidad productora, lo ilustra con claridad. Con una superficie sembrada de 1,78 millones de hectáreas, se prevé una producción de 7,88 millones de toneladas, un 20% más que en la campaña anterior. Sin embargo, el valor total de la cosecha apenas cubriría los gastos de producción.

Con costes medios de unos 800 euros por hectárea, el margen para el agricultor se sitúa en apenas 18 a 20 euros por hectárea. “Trabajar todo un año para este resultado es insostenible”, denuncian desde Asaja, COAG y UPA.

Presión internacional, mercados intervenidos y costes disparados

Entre los factores que agravan la situación, el sector señala la llegada masiva de cereales procedentes de Ucrania, que entran en el mercado europeo sin ningún tipo de control arancelario ni contingente. Esto ha desestabilizado los precios tanto a nivel nacional como europeo.

Además, mientras los productores europeos compiten en desventaja, Bruselas mantiene los aranceles sobre los fertilizantes importados desde Rusia y Bielorrusia, lo que encarece artificialmente un insumo básico para el cultivo. Este sobrecoste, derivado de decisiones políticas más que del mercado, ha supuesto un golpe añadido para los cerealistas.

Solo en Castilla y León, se estima que el gasto en fertilizantes y nitratos ha superado los 500 millones de euros esta campaña. Por ello, el sector plantea como medida urgente un programa de ayudas directas ligado a las facturas de compra de fertilizantes, de forma que los fondos se destinen exclusivamente a quienes realmente han asumido estos costes.

El sector exige soluciones urgentes

Además de esta ayuda específica, Asaja, COAG y UPA reclaman al Gobierno que defienda con firmeza los intereses de los cerealistas en la Unión Europea. Exigen una revisión de los acuerdos comerciales que permiten la entrada descontrolada de cereal extracomunitario y piden medidas de defensa similares a las aplicadas en otros sectores.

La gravedad de la situación ha llevado a estas organizaciones a convocar una concentración frente al Ministerio de Agricultura el próximo miércoles 4 de junio, a las 12:00. Una protesta que, avisan, podría ser el inicio de una movilización más amplia si no se adoptan medidas concretas y efectivas. “La rentabilidad del cereal no se puede seguir fiando a cosechas excepcionales mientras los costes siguen desbocados y los precios hundidos. El riesgo es que muchos agricultores opten directamente por dejar de sembrar”, advierten desde el sector.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado este martes una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia y tener un coste de hasta 2.800 millones de euros para los olivareros.

“Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes, ya que hay un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,5 euros/Kg) y el valor que debería tener (5,55 euros/Kg) según el análisis riguroso de las universidades de Jaén, Córdoba y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)”, ha afirmado el secretario general de la asociación, Miguel Padilla.

En concreto, dicho estudio ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado.

“Infracción grave” de la legislación vigente

Así, se han considerado tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado.

Esta comparación ha permitido identificar márgenes “injustificables” entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible “desequilibrio provocado intencionadamente”. En este sentido, desde COAG destacan que, de confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, se estaría ante una “infracción grave” de la legislación vigente.

En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados. De esta manera, de mantenerse dicha distorsión en los precios, los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2.800 millones de euros en esta campaña.

“No hablamos de percepciones ni de sensaciones, hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores”, ha reiterado Padilla.

En relación a ello, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha indicado que el mercado “no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo”.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros”, ha remarcado.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado “un grave desfase” entre el precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y el valor que, según las condiciones actuales del mercado, debería alcanzar.

En concreto, “el precio medio actual, que ronda los 3,5 euros/kilo, se sitúa al menos dos euros por debajo” de lo que arroja el estudio elaborado por un equipo de investigación formado por expertos de las universidades de Jaén y Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

Este informe, encargado por la mesa que preside COAG en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Diputación de Jaén, forma parte del desarrollo de un 'software' especializado en la detección de desequilibrios de mercado en el sector oleícola, según ha informado en una nota la organización agraria.

A partir de este modelo de previsión, y considerando los datos de cierre de campaña 2023-2024 y los aforos previstos para la campaña 2024-2025, se estima que el precio del AOVE en origen “debería situarse entre los 5,55 y los 6,14 euros/kilo, en función de si la producción final alcanza 1,5 o 1,29 millones de toneladas, respectivamente”.

Teniendo en cuenta las salidas de aceite al mercado que se han producido desde el mes de octubre a marzo; y la media de precio en origen en estos meses (4,49 euros) en el que el aceite se ha situado un euro por debajo del precio estimado en el estudio (5,55 euros), “los olivareros han dejado de percibir debido a la distorsión de mercado 626 millones de euros”.

Actualmente, se paga en origen en torno a los 3,5 euro/kilos, “lo que podría suponer, de mantener la media del precio del aceite, que los olivareros dejen de percibir en la campaña 2.800 millones de euros”. Cada mes que pasa “los olivareros están dejando de percibir 260 millones de euros; más de 8,6 millones diarios”.

El coordinador general de COAG-Jaén y responsable del sector del olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha señalado que venían “denunciando la situación” y “este estudio viene a confirmar las sospechas de que no se están cumpliendo las reglas de la oferta y la demanda”.

“¿Qué está ocurriendo en el mercado para que los precios se mantengan artificialmente bajos? ¿Acuerdos comerciales o prácticas desleales por parte de algunos operadores del mercado que estarían forzando una caída de precios injustificada, en perjuicio directo de los productores”, se ha preguntado.

Por todo ello, el próximo 13 de mayo COAG presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando una investigación urgente y exhaustiva que permita esclarecer si se están produciendo prácticas que vulneren la ley de la cadena alimentaria y atenten contra la viabilidad económica de miles de olivareros.

“No nos vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se perpetúa un modelo de negocio especulativo en el que se infravalora sistemáticamente el trabajo del campo. Exigimos transparencia y justicia en los precios”, ha subrayado Ávila.

UGT-FICA ha firmado este jueves las nuevas tablas del Convenio Provincial del Campo para el año 2025, juntamente con las patronales ASAJA y COAG, y sin el respaldo del resto de centrales sindicales, ni de la UPA.

El incremento rubricado por los representantes de UGT y la patronal del campo ha sido del 4,41% sobre todos los conceptos salariales, lo que permite, según expresó el secretario de Acción Laboral de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, “que los casi 55.000 trabajadores del sector sigan teniendo sus retribuciones por encima del SMI, siendo Córdoba la única provincia de la Comunidad que cumple esta condición”.

Concretamente, el salario día para el 2025 para las personas trabajadoras fijas discontinuas y temporales pasa a ser de 60,96 euros, y de 38,69 euros día para los fijos. Este incremento tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025, por lo que Lopera advirtió que “las empresas tendrán que abonar los atrasos correspondientes”.

Por otra parte, el secretario ugetista recalcó es que “la Comisión Paritaria del convenio colectivo, con la única representación sindical de UGT, ha aclarado el artículo 20 del convenio colectivo que regula el Plus de Distancia, resolviendo que su redacción deja muy claro que el plus de distancia hay que abonarlo a todas las personas trabajadoras, independientemente del lugar donde vivan, a razón de 0.26 euros el kilómetro que separe dicho domicilio del centro de trabajo”.

Lopera recordó que “el seguro obligatorio que se introduzco en el texto del nuevo convenio para la Incapacidad permanente ha entrado en vigor desde el 1 de enero del 2025, que afecta a todas las personas trabajadoras del sector independientemente del contrato que tengan”.

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA finalizó señalando que “con todo esto, se demuestra que aquellos que estuvieron criticando a UGT por la firma del convenio no llevaban razón en sus críticas y, si tiramos de hemeroteca, podemos ver que con las propuestas de incrementos que ellos hacían hoy las personas trabajadoras del campo estarían cobrando menos que con lo que se firmó y que aquellos convenios provinciales que CCOO ha firmado en solitario en otras provincias, y aquí nos lo quería poner de referencia, están por debajo del de Córdoba e incluso uno de ellos con artículos anulados por el juzgado de los social, por lo que llamamos a la sensatez y a mirar, por encima de cualquier otro interés, por el de los trabajadores y trabajadoras del campo en nuestra provincia”.

UGT es el sindicato mayoritario del sector, y desde la firma del convenio colectivo, ha aumentado su representatividad.

La Coordinadora andaluza Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Andalucía) pide al Gobierno que fuerce una investigación de Competencia de posibles acuerdos en la compraventa de aceite de oliva en origen ante la sospecha de que se están forzando los precios drásticamente a la baja, incluso por debajo de los costes de producción.

Los últimos datos del PoolRed con precios medios de la última semana ponen de manifiesto que el precio del aceite de oliva ha pasado en pocas semanas de ocho euros en origen a poco menos de cuatro euros. En concreto, el precio medio del aceite de oliva virgen extra (la categoría superior) en la provincia de Jaén ha sido de 3,86 euros el kilo. 

El responsable de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, asegura que “todo hace ver que se está produciendo una bajada artificial del precio del aceite, y nos hace sospechar que podrían estar realizando acuerdos comerciales forzando a la baja el precio de forma artificial”.

“Si tuviéramos pruebas, ya estarían denunciadas, pero no tenemos medios para acceder a ellas, por lo que exigimos a Competencia que investigue los hechos” Especialmente, cuando los datos de cosecha a nivel mundial muestran que la producción dará, apenas, para abastecer el mercado durante un año“.

Otro dato a tener en cuenta, señala COAG en un comunicado, es que aunque las previsiones de cosecha son superiores a la de años anteriores en España, y más concretamente en Andalucía, “después de tres años muy malos, las existencias actuales de aceite a 30 de noviembre eran 50.000 toneladas menor a las del año pasado”.

La organización también ha hecho un llamamiento a los grandes grupos aceiteros y cooperativas para que un sector maduro como este “sea capaz de enfrentarse a estrategias artificiales de bajada del precio del aceite y se saque al mercado” un producto “con precios sensatos que no hagan tambalear las economías de los productores”.

Expomiel, la gran cita anual del sector apícola que acoge Córdoba desde hace 27 años, es el escenario al que en esta edición acuden los apicultores con el debate centrado en la amenaza de la expansión del avispón oriental, una especie invasiva que acaba con abejas y colmenas y que ya se ha expandido por distintas provincias.

La Jornada Técnica de Expomiel, en la que participarán unos 200 profesionales del sector, y donde se analizarán y debatirán los temas que más están preocupando en la actualidad a los apicultores andaluces, abordará asuntos como el fraude de la miel falsa que comercializa la industria y también la expansión sin control de la ‘vespa orientalis’, que además tienen consecuencias para la salud pública, para el medio ambiente y población andaluza en general, según ha informado la organización agroganadera COAG.

El responsable de Apicultura de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, ha participado en la inauguración de Expomiel en Córdoba y se ha referido a ese gran problema al que se está enfrentando el sector apícola andaluz: la descontrolada expansión del avispón oriental, una especie exótica muy dañina y voraz que está aniquilando las colmenas. “Estoy indignado. Desde 2021, cuando solo había dos focos muy localizados en Algeciras (Cádiz) y Málaga, hemos tenido reuniones con Medio Ambiente para que se diera solución a la invasión del avispón oriental y pararlo a tiempo, pero no han hecho nada. Ni siquiera la Consejería ha querido participar mañana (sábado) en la jornada técnica en la que vamos a debatir sobre este tema”.

Gravedad de la expansión por toda Andalucía

Desde COAG Andalucía no se ha parado de advertir de la gravedad de esta expansión. “En un año o año y medio estará en toda Andalucía y eliminará las colmenas y, por tanto, tampoco habrá polinización -añade Vázquez-. Pero no solo eso, el avispón oriental es un grave problema para toda Andalucía, para toda la población. Ataca a la fruta madura, es un problema medioambiental porque lo devora todo, y es un problema de salud pública. Va a tener coste de vidas humanas, lo llevo diciendo desde el primer día. La velutina, que es una especie prima hermana, va por 9 o 10 muertes. Aquí ya ha habido sustos de agricultores que han pisado nidos con los tractores, senderistas, ganado muerto… Y también afecta al turismo, ya que están por las playas y por la ciudad. Un dato significativo: en Málaga se han retirado ya 1.200 nidos”.

“Se tiene que dar el paso adelante -concluye-. También en la investigación, con la implicación de las universidades, para ver cómo combatirla. Vamos a ponernos las pilas todos, vamos a concienciarnos y a solucionar esto. Puede desaparecer la apicultura en muchas zonas de Andalucía e, insisto, puede costar vidas humanas”.

Otros retos del sector

Durante el acto de inauguración, Vázquez ha afirmado que “después de una dura sequía, este año tenemos miel gracias a las lluvias, pero no tenemos quien nos la compre, por lo que la única salida es la venta directa, como la que hacemos en eventos como Expomiel, el comercio de cercanía, ferias de muestras y mercadillos”.

Y es que, según apunta Vázquez, la industria “nos ha echado el cerrojo y no nos compra ni un kilo de miel, ya que sólo buscan hacer dinero y se surten de sirope que compran a precios irrisorios. De esta manera, nos están asfixiando, nos han echado de los lineales. Es muy raro encontrar un bote de miel que sea miel en las cadenas de distribución”.

Respecto al fraude la miel, el responsable de Apicultura de COAG Andalucía destaca que la propia Comisión Europea ha reconocido que el 51% de las mieles que entran en Europa no son mieles. “Pero hace falta que den un paso más en la lucha contra el fraude: tener analíticas homologadas para detectar estas falsas mieles. Exigimos que se homologuen cuanto antes los test que detectan el fraude de la miel”.

La Jornada Técnica que tendrá lugar este sábado concluirá por la tarde con la entrega del XII Premio ‘Tintxu Ruiz’, con el que se distingue a alguna persona por su labor en favor de la apicultura. También mañana se entregarán los premios del Concurso de Calidad de Mieles, en el que se otorgan cuatro premios y cuatro accésit en las modalidades de monoflorales claras, monoflorales oscuras, multiflorales y ecológicas. 

Expomiel celebra su 27 edición desde este viernes y hasta el domingo en Córdoba, un evento temático en torno a la miel y la apicultura, organizado por COAG Andalucía, junto a la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba, que se ha convertido en todo un referente para el sector a nivel nacional. Incluye un completo programa ya que, además de los 15 stands que se pueden visitar, cuenta con catas dirigidas, visita de colegios y actividades para los niños, así como con los tradicionales concursos de mieles.

La preocupación de los apicultores por lo que ya llaman “invasión” del avispón oriental -una especie invasiva que acaba con colmenas y abejas-, va a ser uno de los asuntos que se aborden en la próxima edición de Expomiel 2024, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en Córdoba.

Así lo anuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, que da la voz de alarma ante la invasión del avispón oriental: “Ya no es solo un desastre para los apicultores, ahora es un peligro para todos”, en palabras de Antonio Vázquez, responsable del sector apícola de COAG Andalucía.

Para esta organización agraria, “la expansión de esta especie exótica se podría haber frenado, pero la desidia de la administración autonómica, concretamente de la Consejería de Medio Ambiente, ha provocado que el avispón oriental campe a sus anchas por Andalucía, destruyendo colmenares, aniquilando insectos, estropeando frutos, empezando a desequilibrar el ecosistema y provocando grandes sustos a los ciudadanos, aunque, por suerte, no hay que lamentar males mayores, pero el riesgo de que ocurra una desgracia es una realidad”.

Lo que empezó hace tres años como un avistamiento aislado de ‘vespa orientalis’ en la provincia de Cádiz (muy probablemente entrara por el Puerto de Algeciras), ha terminado convirtiéndose en una invasión en toda regla que, prácticamente, se extiende por toda Andalucía, asentándose, sobre todo, en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Y también ha llegado a Córdoba.

Y es que ejemplares de avispón oriental han sido identificados ya en varios puntos de la provincia de Córdoba, como Montilla o la capital y sus barriadas de Trassierra y Villarrubia. Cordópolis avanzaba el pasado verano cómo el avispón oriental, especie invasiva que destruye colmenas al alimentarse de abejas, néctar y miel, ha sido avistada en Córdoba capital. Si en 2022 fue avistado un ejemplar en Puente Genil, en agosto fue identificado otro individuo en una piscina particular de Montilla y colmenas de Villarrubia ya se habían visto afectadas, a final de ese mes aparecían avispones orientales en la zona de la Albaida.

Cabe recordar que el avispón oriental fue avistado en España por primera vez en Valencia en 2013. Cinco años después fue localizada su presencia en Algeciras. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial en toda la Andalucía meridional y el levante español. Nativo del Mediterráneo oriental y Asia, el himenóptero tiene un tamaño medio no superior a los 23 milímetros en las obreras y casi 30 en las reinas, pero exhibe una actividad predadora muy notable, arrasando en pocos días colmenas de abejas completas. La capacidad predadora de la variante oriental es una seria amenaza para la producción apícola, sobre la que puede tener devastadores efectos.

“Se podría haber frenado” 

Desde COAG, Antonio Vázquez considera que “se podría haber frenado si se hubieran tomado medidas nada más conocerse la presencia del avispón oriental en nuestro territorio”. En este sentido, asegura que desde COAG Andalucía se han llevado a cabo numerosas comunicaciones y peticiones a la Consejería de Medio Ambiente para que tomara cartas en el asunto y parar la expansión, “pero no se ha hecho nada y ahora sufrimos las consecuencias”.

Desde esta organización agraria se quiere hacer hincapié en la peligrosidad de esta especie radica, especialmente, en la ubicación de sus nidos, pues pueden localizarse cerca de los núcleos urbanos y a ras de suelo. Y es que, al tocar los nidos se pueden producir ataques múltiples, con riesgo de desenlaces fatales. Su picadura, además, es muy dolorosa y puede causar cuadros alérgicos.

“Ya se han dado casos -explica- de agricultores que han pisado un nido con el tractor y han sufrido un ataque muy agresivo de estos avispones. La suerte fue que el tractor tenía cabina, por lo que se evitó una desgracia. Pero cualquiera que vaya paseando por el campo y tenga la mala suerte de pisar uno de estos nidos puede estar en peligro de muerte”.

Los apicultores fueron los primeros en sufrir las consecuencias de esta especie tan devastadora, ya que ataca a las colmenas de abejas, matándolas y haciendo que disminuya la producción de miel. En los últimos años, su extensión poblacional está suponiendo un verdadero problema para la apicultura, provocando grandes pérdidas a muchos apicultores, pero también para el avispón autóctono (Vespa crabro), que tiene que competir por el hábitat y la alimentación. Hay que destacar igualmente que la ‘Vespa orientalis’ puede provocar importantes pérdidas en el sector agrícola al atacar los frutos y dejarlos sin valor comercial.

Por todo ello, desde COAG Andalucía se exige a la Junta de Andalucía que tome conciencia de lo que está sucediendo y decrete medidas urgentes (localización y destrucción de nidos, monitorización, estudios sobre sus hábitos, trampeo y métodos de lucha, etc.), para frenar esta expansión que supone un grave problema, no solo para el sector agrario, sino para toda la sociedad y el ecosistema andaluz. “Exigimos a la Consejería de Medio Ambiente que ejerza de una vez por todas su responsabilidad y que lleve a cabo un plan de choque urgente para frenar el crecimiento de la población de la ‘vespa orientalis”.

Y para abordar esta problemática, a la cita de Expomiel se ha invitado a la Jornada de Apicultura al director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez. “Queremos que se hagan las cosas bien y de manera coordinada, un plan de choque que controle la expansión”, señala Antonio Vázquez, quien añade que “esperamos que a nivel estatal sea ya declarada especie exótica invasora y que Gobierno y Junta pongan en marcha un plan específico para, al menos, paliar la situación y frenar la expansión”, concluyen.

Organizaciones de agricultores de Córdoba han rechazado que el sector productor tenga que hacer frente a lo que consideran “una mala gestión” del Consejo Regulador de la DOP, organismo que para afrontar su situación económico-financiera ha aprobado subir un 100% las cuotas ordinarias que pagan por hectárea los viticultores además de pagar otra cuota extraordinaria. Tanto la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han criticado esta medida.

Según avanzó este periódico, la cuota habitual que pagan los viticultores se ha subido a más del doble, como muestran algunos de los afectados que han pasado de pagar 10,60 euros por hectárea el año pasado a 21,82 euros ahora. Además, de otro lado, el comité permanente del Consejo Regulador de la DOP Montilla Moriles aprobó a finales de agosto establecer una cuota extraordinaria para todos los operadores con la que hacer frente al estado económico-financiero de la entidad. La cuantía total de la cuota extraordinaria asciende a 195.000 euros en un principio. Así, los agricultores hacen cuentas y tendrán que pagar unos 13 euros por hectárea de cuota extraordinaria. Y, en total, la subida de la cuota habitual más esta extraordinaria, hace que deben abonar unos 24 euros más por hectárea este año, alrededor de un 130% más que el año pasado.

Ante ello, desde COAG, el responsable del sector, Manuel Alférez, explica a este periódico que la subida de las cuotas y la extraordinaria “es consecuencia de la deuda que ya tiene la DOP. De entrada, posiblemente la mala gestión de los últimos años ha hecho que arrastre una deuda por no tener en cuenta sus presupuestos. Se han excedido en los gastos”, dice en referencia al Consejo Regulador.

Y añade cómo la falta de liquidación de las ayudas de la Junta de Andalucía sobre la organización de la Cata del Vino -que fue suspendida este año-, hace que esa deuda “la tiene asumida ahora mismo la Denominación de Origen Protegida”.

Petición de aclaración sobre los 195.000 euros de cuota extra

Sobre la necesidad de girar una cuota total extraordinaria de 195.000 euros, desde COAG “hemos pedido más aclaración sobre lo que compone la deuda y de dónde provienen las distintas partidas pendientes de pago”. “Lo que quieren es que eso lo pague el sector, ya sean viticultores o bodegueros”, critica Alférez. “COAG no está de acuerdo en esa cuota especial” porque, a su juicio, “ahora quieren que el sector productor asuma una mala gestión” en el Consejo Regulador, reitera. Un sector que pasa por una “situación difícil”, con cada vez menos viñedos y costes de producción al alza mientras el precio de la uva roza la rentabilidad.

Por eso, reclaman que haya “más controles” en la gestión de la DOP. “Entendemos que es preciso tener la Denominación de Origen Protegido, eso no se pone en cuestión. Pero se trata de que seamos más exigentes con lo que se aprueba y más respetuosos con los presupuestos que tenemos”.

Esa “mala gestión” es también lo que achacan desde UPA al Consejo Regulador. “Nos parece una decisión un tanto precipitada y aleatoria”, indica Miguel Cobos desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos sobre el aumento de las cuotas a los agricultores. “Subir las cuotas ordinarias el doble es un disparate y sin motivo ni explicación ninguna a los agricultores”.

Y, sobre la cuota extraordinaria, constata que “es para tapar un agujero que no se va a tapar en su totalidad y que entendemos que se ha generado por una mala gestión del Consejo Regulador”.

“Un disparate de subida”

Sobre ello, también llama la atención sobre la situación que atraviesan los agricultores, que “no es bollante, con cada vez menos superficie de viña, con los costes subiendo de una forma importante”. Por eso, la subida de las cuotas que deben abonar a la DOP les parece “una medida poco informada, poco consensuada; un disparate de subida”.

Desde UPA entienden que, antes de aprobar la subida de las cuotas ordinarias y el establecimiento de una cuota extraordinaria, “tendrían que haber hablado con los agricultores y las cooperativas y haber buscado un consenso. Esa falta de información ha hecho que los agricultores estén de uñas y disconformes absolutamente con el tema”, constata.

Este periódico se ha puesto también en contacto con la organización agraria Asaja para conocer su posición sobre este asunto, sin que hasta el momento haya habido una respuesta.

Igualmente, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles ha declinado hacer declaraciones sobre esta cuestión.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha “decidido no firmar el nuevo convenio del campo, que han rubricado hoy las patronales Asaja y COAG y el sindicato UGT” para la provincia y que, para CCOO, constituye “un ataque al empleo”, pues “viene a deteriorar aún más un sector ya de por sí muy precario y, en vez de avanzar en derechos, los destruye”.

En este sentido y a través de una nota, el secretario general del mencionado sindicato, Agustín Jiménez, ha explicado que, “tras celebrar una asamblea de trabajadores del campo, en la que expresaron su absoluto rechazo al nuevo convenio”, CCOO ha “decidido no respaldarlo” y lamenta que “UGT se haya rebajado a firmar un acuerdo, que vende como un avance, cuando saben bien que es destructivo y lo único que va a conseguir es seguir echando a gente del campo”.

Jiménez ha afirmado que “la subida salarial es tan vergonzosa que en el texto del convenio se remiten a la tabla salarial y ni siquiera se atreven a explicar que del 6,5% de subida salarial pactada para este año, un 5% corresponde al SMI, que es de obligada aplicación, es decir, no es fruto de la negociación”, mientras que “el 1,5% restante supone 45 céntimos de euros por jornada, es decir, que la subida real es de menos de ocho céntimos de euro la hora”, y además, “como aplican el SMI a unas tablas incorrectas, la subida no es realmente del 5%”.

Por eso, a CCOO le da “vergüenza este convenio” y ha criticado que “UGT haya roto la unidad de acción y firme subidas salariales que no van a permitir recuperar poder adquisitivo a las personas, y medidas que precarizan aún más las condiciones laborales del sector”. En concreto, Jiménez se ha referido a la modificación de la incapacidad temporal, pues, “hasta ahora, si un trabajador se daba de baja por enfermedad cobraba el 100% de su salario. Ahora, los tres primeros días no cobrará nada y a partir del cuarto cobrará un 50%”, es decir, que “en el campo ya no te puedes poner ni malo”.

Por su parte, el responsable del Campo de CCOO en Córdoba, Manuel Muñoz, ha añadido que su sindicato ha hecho “muchas concesiones durante la negociación del convenio. De hecho, estábamos dispuestos a aceptar una subida del 2,5% para cada año, es decir, dos puntos por encima de lo que finalmente han cerrado”, y “luego la patronal se queja de que no encuentra mano de obra, pero son ellos los que están generando el problema, porque lo que van buscando en realidad es recuperar el contingente de personas trabajadoras extranjeras y pagar menos”.

Así, en CCOO se han preguntado “quién va a querer trabajar en el campo, un sector en el que todas las categorías cobran lo mismo, y en el que el sindicato mayoritario, en vez de defender sus derechos, prefiere firmar un convenio lesivo con tal de seguir presumiendo de ser el mayoritario”.

UGT asegura que se gana en “derechos económicos”

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Córdoba, Pedro Téllez, ha afirmado este martes que el nuevo convenio provincial del campo en Córdoba, firmado por su sindicato y las patronales agrarias Asaja y COAG, y que afectará a más de 65.000 trabajadores de la provincia, es “el mejor convenio del campo que se haya firmado en Andalucía, tanto en derechos económicos, como sociales”.

En concreto y según ha informado el sindicato en una nota, el nuevo convenio del campo cordobés tiene una vigencia de tres años, hasta final de 2026, y se aplicará con carácter retroactivo desde enero de este año, “a todos los efectos económicos y retributivos”, según ha destacado Téllez.

El secretario general de UGT FICA Córdoba ha precisado que “el nuevo acuerdo supondrá una subida salarial de, como mínimo, el 10,5% en todos sus conceptos económicos, comenzando con una subida, desde principios de año, tanto en salarios, como en complementos, de un 6,5%, y con la garantía de un aumento, tanto para 2025, como para 2026, de un 2%, en el caso de que haya una subida del SMI inferior a esta cifra, pero garantizando, en el caso de que el SMI suba por encima del 2%, que se equipare a esa subida”.

Por otra parte, Téllez ha señalado que, con la firma de este convenio, se han actualizado y regularizado aspectos normativos y sociales, y ha resaltado “la mejora del complemento por incapacidad y la mejora de las condiciones de los fijos discontinuos”, un colectivo que, “respecto al de todos los trabajadores del campo, ha aumentado un 45%”.

Otra de las novedades del acuerdo es “la inclusión de un seguro de vida para todas las personas trabajadoras del campo, lo que va a mejorar, sin duda, las condiciones sociales de este colectivo”.

UGT ostenta en estos momentos la representatividad del 67% de los trabajadores del campo en Córdoba, por lo que Téllez ha lamentado que “otros sindicatos no se hubieran unido a la firma de este acuerdo”, que en UGT valoran “muy positivamente, al ser el que ofrece en estos momentos las mayores subidas económicas y el mejor salario de todas las provincias andaluzas”.

De hecho, según ha explicado Téllez, “tras la firma de este convenio, los trabajadores pasan a cobrar por jornada de trabajo la cantidad de 58,39 euros, la cantidad más alta reflejada en convenio de todas las provincias andaluzas, algo que, junto a las mejoras sociales, van a marcar los próximos años”.

Las patronales agrarias Asaja y COAG y Cooperativas Agro-alimentarias han convocado para este miércoles 24 de abril una concentración, ante la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, por la “supervivencia del campo”, y con un “reparto de naranjas en señal de protesta”.

Así lo han anunciaron en su momento quienes este miércoles encabezarán la protesta, es decir, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, y la secretaria general COAG Córdoba, Carmen Quintero, explicando que mediante la concentración exigirán “otra PAC que responda a las necesidades del sector agrario”, agua suficiente para los cultivos, “igualdad en las relaciones comerciales con terceros países, preferencia comunitaria y simplificación de la burocracia”.

Todo ello es preciso porque, según recogen en su tabla reivindicativa, “en estos momentos seguimos encontrándonos en una situación ruinosa para todos los sectores productivos de Córdoba, debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, a los altos costes de los 'inputs' necesarios para producir, la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva”, a lo que se suma “la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector”.

Entienden los responsables de las organizaciones agrarias convocantes que “el Ministerio de Agricultura ha planteado un paquete de 43 medidas para resolver problemas del sector”, pero resulta que “estas medidas son absolutamente insuficientes, pues no abordan ni resuelven el enorme daño” que están provocando “la nueva PAC y el conjunto de políticas laborales, las subidas de impuestos y lo mal llamado verde” a “todos los agricultores y ganaderos”.

De hecho y a su juicio, “las propuestas del Ministerio no solucionan ni abordan los verdaderos problemas del sector”, ya que las medidas planteadas, en unos casos “corrigen muy pocos de los grandes disparates técnicos que tiene la PAC impuesta, además de forma inconcreta y por desarrollar, por lo que son muy insuficientes”, mientras que otras medidas “mantienen cuestiones ya existentes, sobre todo en fiscalidad, por lo que no son ninguna novedad” y, por último, incluyen “muchas promesas a futuro sin concretar ni definir con claridad, que habrá que ver si podrán ponerse en marcha alguna vez”.

A todo ello, hay que añadir que “no hay ninguna medida para el sector ganadero extensivo, ni medidas de otros ministerios a favor del campo” y, según las organizaciones convocantes de la protesta, “conviene recordar que esta PAC fue impuesta por el Gobierno de España, por el ministro Planas, que apoyó, aprobó y se felicitó de lo que se acordó en Bruselas”, es decir, “una PAC que tiene menos dinero, más burocracia, más obligaciones y da lugar a menos producciones”.

Por ello, el motivo de mantener las protestas es “la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en nuestra provincia”.

Se trata de proteger a “una actividad cuyo futuro está en peligro, por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores”, de ahí que Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias exigen “dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia de un mundo rural y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2”.

En consecuencia, reclaman que “el Gobierno apueste de forma decidida por una política hidráulica con inversiones en infraestructuras”, la “eliminación de burocracia y simplificación real de la PAC”, también “impulsar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea (UE)”, además de “reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva”, y aplicar una “reforma laboral adaptada a la realidad de la actividad agrícola y ganadera”, teniendo en cuenta que “el empleo agrario es de carácter temporal”.

Junto a ello, desde Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias se demandan, igualmente, “medidas de apoyo reales al relevo generacional”, además de “adaptar los objetivos medioambientales del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor”, promover “ayudas directas para afrontar la sequía en consonancia con los costes de producción actuales y que también tengan en cuenta el impacto en la comercialización de muchas cooperativas por la falta de producción”, y “sacar al lobo del Lespre”, para proteger así a la cabaña ganadera.

Su abuelo era agricultor. Su padre cuidaba becerros desde que tenía cinco años. Y ella se crió aplastando algodón en el remolque. Lleva la agricultura en las venas. Literalmente. “Me daban un cubito chiquito para coger aceitunas. Y he ido a recoger sandías”, asegura sobre los años tiernos de su infancia. Ha conocido las alegrías de la tierra, pero también sus angustias. Como la catástrofe de la sequía del 92. “Recuerdo la incertidumbre de mis padres cuando no podían sembrar en la finca. Todo eso se palpaba en casa. Estaba en el ambiente”. Quizás por esa razón quiso volar del pueblo y estudió una carrera en la Universidad de Málaga. Aunque acabó años después al frente de la finca familiar, cuyas tierras arrendó a sus padres cuando se jubilaron.

Ahora tiene una plantación de espárragos, parte de los cuales vende en fresco y el resto los dedica a la exportación. “Un día en mi vida es frenético”, detalla. Se levanta con frecuencia a las seis y media de la mañana, desayuna y una hora después ya está en el tajo. Emplea a tres jornaleras como fijas discontinuas y en los tres meses y medio de campaña hay días en que saca 200 kilos de herbáceas. Antes combinaba los espárragos con las sandías y los melones, en la época estival, pero la pertinaz sequía y la escasez de agua ya no lo permite.

Es secretaria provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desde 2013. Un día su padre la llevó a una asamblea de agricultores en Puente Genil. Era la única mujer joven, tomó la palabra, lanzó algunas propuestas y el cargo le cayó en la mano como fruta madura. Son las diez de la mañana en la sede de COAG de la Avenida del Aeropuerto y acaba de llegar procedente de su pueblo.

Se han concedido regadíos de forma desorbitada

PREGUNTA (P). ¿Lo del campo qué es: una fiebre o una pulmonía?

RESPUESTA (R). Es algo que viene ya agravado con el tiempo. No es una cosa que digas: “Me he levantado, me ha dado fiebre y voy a salir a cortar una carretera”. Viene provocado por una situación prolongada en el tiempo donde se ha dejado al sector primario en el último punto de las agendas de todos los políticos. No le dan prioridad y es un tema prioritario. Porque es la producción de alimentos. Hay una situación de hartazgo que ha durado mucho en el tiempo.

P. Dígame las tres claves de la protesta.

R. La pérdida de la rentabilidad es fundamental. El tema de los mercados y las producciones que vienen de terceros países. Y la burocracia de la PAC. Es que se han pasado siete pueblos con esta reforma.

P. ¿Quién tiene culpa de la falta de rentabilidad?

R. Quien permite que no se establezcan unos parámetros de los costes de producción y la formación del precio en unas condiciones dignas con las que los agricultores y los ganaderos puedan vivir. Lo que no puede ser es que tú compres la semilla de patatas a ochenta céntimos, llegue la hora de la recolección y no te la paguen ni a veinte céntimos. Con todos los costes y la complejidad que tiene producir alimentos en una etapa de sequía como la que llevamos.

P. Usted cree que los precios tienen que estar intervenidos.

R. Yo no digo que los precios se tengan que intervenir, pero los mercados, de vez en cuando, hay que ordenarlos. Lo que no puede ser es que los consumidores se estén quejando cada vez más de lo que le cuesta la cesta de la compra y aquí se esté trabajando para los fondos de inversión y la distribución. Y no se esté en ningún momento mirando por la conservación del empleo y la actividad agraria. Eso tampoco se puede consentir.

P. El mercado no ordena racional ni justamente los precios.

R. No. Hablará con la otra parte de la cadena y le dirán lo contrario. Pero nosotros no entendemos cómo la naranja está al precio que está en el supermercado y se la estén pagando al agricultor al precio que se la están pagando. No entendemos cómo se están cayendo los limones de los árboles porque no se pueden coger por el precio y vengan limones de Sudáfrica. Hay una gran hipocresía en la Unión Europea. Por un lado, quieren una PAC más verde, medioambientalmente hablando, y eso genera un sobrecoste en nuestra actividad, además de que es contraproducente. Porque si tú me pides una cubierta vegetal en plena sequía entra en competencia con la viña y con el olivo ¿Qué sentido tiene? Se han pasado siete pueblos y han ido a apretar cuando peor estamos.

P. ¿Quién se queda con los márgenes?

R. Con los márgenes se quedan quienes mueven los hilos.

Mis espárragos se consumen en Alemania y aquí comemos los de Perú

P. ¿Quién mueve los hilos?

R. Pues quien tiene la pasta y el poder.

P. ¿Y esos quiénes son?

R. Los dueños de grandes empresas. Los iluminados como le llamamos nosotros. Y hay quien les dice los piratas comerciales. Estamos cansados. Hay una ley de la cadena agroalimentaria y, sin embargo, no se han actualizado los costes de referencia.

P. ¿A quién teme más: al lobby ecologista o a los fondos de inversión?

R. A los dos.

P. ¿Usted, como agricultora, se siente ecologista?

R. Yo soy ecologista. Si me encuentro una liebre chiquita la dejo donde está. Si me encuentro un nido de pájaro lo dejo donde está. Esa rama no se toca. Hay gente que sale a hacer senderismo y tira botellas de plástico. A mí me gusta que mi entorno donde trabajo esté limpio. Es que nosotros somos garantes de que el medio ambiente funcione porque somos los primeros interesados en que nuestro ámbito de trabajo esté limpio. En mi explotación vas a ver hormigas, vas a ver liebres, vas a ver pájaros, vas a ver serpientes porque procuramos que esos animales estén en su ecosistema.

P. ¿La ley de la cadena alimentaria funciona?

R. No funciona porque no se ha dotado presupuestariamente. Tenemos una declaración de buenas intenciones, pero no se ha dotado de recursos para que pueda funcionar. Nosotros necesitamos que se tomen en serio la ley de la cadena alimentaria.

P. ¿Qué presupuesto hace falta para cumplir el objeto de la ley?

R. Yo no le sabría decir una cifra de lo que haría falta dotar de presupuesto esa ley, pero, a veces, no es cuestión de dinero, sino de establecer un listado de costes de producción. Un compañero ganadero decía el otro día: “Es una vergüenza que a mí me obliguen a firmar en un contrato un precio cuando luego no me están respetando mis costes de producción”. Es que es muy sencillo hablar del big data, de la revolución de las tecnologías y que el Ministerio de Agricultura, a día de hoy, sea el que esté más obsoleto porque es incapaz de poner en marcha un registro de contratos digitales donde se pueda saber de primera mano quién está incumpliendo esa ley de la cadena.

El sector primario es el último punto de la agenda política

P. La ley de la oferta y la demanda no funciona en la agricultura.

R. No funciona. Y nosotros no tenemos las mismas condiciones ni contamos con las mismas oportunidades que los productos que vienen de terceros países. Que tampoco queremos producir en esas condiciones. Nosotros vivimos en un Estado de derecho y creemos que las leyes están para cumplirlas. Pero hay que exigirle lo mismo a los que vienen de fuera.

P. ¿Qué le pide al ministro de Agricultura?

R. Que si es incapaz de resolver el problema que se vaya a su casa. Eso es lo que le pediría. Porque llevamos años topándonos con un muro de hormigón.

P. ¿Y a la consejera del ramo qué le pide?

R. A la consejera de Agricultura le diría que se tome en serio los decretos de sequía. Y que los dote de presupuesto para ayudar a todos los sectores que están afectados. Hay comunidades autónomas que han destinado presupuesto y han agilizado el tema de los pagos de las ayudas y esta Consejería no está a la altura cuando la gente lo ha necesitado.

P. ¿Las políticas climáticas son el enemigo?

R. Lo que hace falta es que las políticas que se lleven a cabo sean coherentes. Aquí no podemos decir que las vacas contaminan, que la agricultura contamina, y más contamina un barco trayendo toneladas y toneladas de alimentos. ¿Eso por qué no se regula? ¿Por qué no se controla? Porque eso también es contaminación del medio ambiente. Lo que hace falta es coherencia. Si se establecen políticas que sean para mejorar el medio ambiente y paliar ese cambio climático sean ustedes coherentes y aplíquenlo en más sectores.

P. ¿Usted cree en la agricultura de cercanía?

R. Yo sí.

P. ¿Y cree que la mayor parte de los agricultores la defiende?

R. Evidentemente hay cultivos y sectores que no pueden ser de cercanía porque si te vas a Jaén o a Córdoba cada vez hay más producción de aceite de oliva. De aceite podrás hacer una parte de consumo de cercanía, pero cuando tienes un monocultivo como ese no te queda más remedio que venderlo fuera. Se ha roto el equilibrio. Aquí teníamos en Córdoba un mapa de cultivos que era envidiable. Teníamos sectores y todo tipo de cultivos. Y, sin embargo, en los últimos años eso ha desaparecido. A mí cada vez me cuesta más trabajo buscar una tierra en calma para poder sembrar hortícolas. Si yo quiero ampliar mi producción, no tengo donde arrendar tierras porque todo es monocultivo del superintensivo.

En la agricultura no funciona la ley de la oferta y la demanda

P. El olivo se está quedando con todo.

R. Se está quedando con todo y no hay agua para regar tanto olivo.

P. Cada producto que consumimos en la frutería ha recorrido entre 2.000 y 3.000 kilómetros de distancia. ¿Qué disparate es este?

R. Eso es a lo que nos ha llevado la llamada globalización. Mis espárragos no los consumen los españoles.

P. ¿Quién los consume?

R. Los alemanes. Los franceses. Esos son los que comen nuestros espárragos. Los espárragos producidos por nosotros van todos fuera. No se quedan en España.

P. ¿Y nosotros qué espárragos consumimos?

R. Los que vienen de Perú.

P. ¿Y por qué hacemos esos intercambios tan extraños?

R. Porque esto está estructurado de manera que los productos tienen que viajar tantísimos kilómetros y pierden sus propiedades naturales. Porque no es lo mismo que tú cortes un espárrago hoy y hoy mismo lo tienes en tu frutería más cercana. No tiene nada que ver. A mi finca viene gente a comprar espárragos los fines de semana y tengo que parar de cogerlos porque me piden por favor que se los venda. Y yo aquí no vendo espárragos. Pero me insisten: “¡Por favor, que me han hablado muy bien de estos espárragos y los del supermercado no son así!”. Eso se llama producto de cercanía.

P. ¿La soberanía alimentaria es una quimera?

R. Pues no deberíamos de verla como una quimera. La soberanía deberíamos de verla como una necesidad, si queremos sanar todas las enfermedades que estamos descubriendo cada día. Y es por la forma en cómo nos alimentamos. Ahora queremos comer fresas o melocotones todo el año. Se ha perdido la temporalidad de los productos. Eso también va contra natura.

La extrema derecha no tiene ni idea del sector agrario

P. ¿Quién tiene que ordenar todo este desatino?

R. Se tendrán que poner de acuerdo los gobiernos porque la ciudadanía está enfermando. Y cada vez hay más enfermedades. Y hay que tomarse la soberanía alimentaria como una prioridad en la agenda de todos los políticos igual que sean de una ideología o sean de otra. Pero se lo tienen que tomar en serio. El tema de la alimentación no es para especular y ganar dinero. De hecho, yo si quisiera ganar dinero me hubiera metido a programadora o a inversora, pero es que a mí no me interesa ganar dinero. Yo lo que quiero es vivir dignamente.

P. ¿Y vive dignamente?

R. No. Ahora mismo mi actividad no es rentable.

P. ¿Usted pierde dinero?

R. Yo he perdido dinero esta campaña pasada. Le he pagado hasta al último proveedor y al último trabajador y estoy al día en la Seguridad Social. Ahora: no me preguntes si tengo para comer dentro de dos meses.

P. ¿Ecología y agricultura caben en la misma ecuación?

R. Caben en la misma ecuación, pero esa ecuación es complicada.

P. ¿Por qué?

R. La ecología es compatible con la agricultura. De hecho, muchos agricultores de convencional se han pasado al ecológico. Pero para ser ecológicos necesitamos tomarnoslo en serio. Yo no puedo ser ganadera ecológica porque a mí no me garantizan que haya piensos ecológicos. Entonces me parece una hipocresía pagar para que me pongan un sello de que mi carne es ecológica cuando yo no la he podido alimentar con pienso ecológico en una parte del proceso de engorde. Y eso es otro debate que levanta ampollas. Pero eso es así. Aquí no podemos hacer que las certificadoras de ecológico se conviertan en un negocio cuando eso tendría que estar gestionado de otra forma. Y garantizar que desde el principio de producir un alimento hasta el final todo haya sido ecológico. Conozco a muchos agricultores que están superimplicados en la producción de alimentos ecológicos, pero se topan con una triste realidad. Tiene que haber un precio que marque la diferencia con el producto convencional

Si el ministro de Agricultura no es capaz de resolver el problema que se vaya a su casa

P. ¿Los productos agrícolas de terceros países son competencia desleal?

R. Totalmente. Empresas españolas se van a Marruecos y están produciendo a más bajo coste sin garantías sanitarias, sin controles de ningún tipo y haciendo prácticamente lo que les da la gana. Y no hay nadie que ponga orden.

P. Nos estamos haciendo trampa al solitario.

R. Sí. ¿Y por qué eso no se investiga? A mí me parece muy bien que tiene que haber buena relación entre los países. Pero una cosa es que se tenga buena relación entre los países y otra cosa es que seamos tontos.

P. ¿No hay cláusulas espejo?

R. No hay cláusulas espejo porque hay a quien no le interesa que existan esas clausulas espejo.

P. ¿A quién no le interesa?

R. Pues yo creo que Luis Planas tiene que tener amigos en algún fondo de inversión.

P. ¿Usted cree?

R. Que un ministro sea de Agricultura y no esté mirando para que el sector primario sea rentable y garantizar su supervivencia, a mí me da que pensar que este hombre tiene acciones o algún fondo de inversión. Que no lo sé.

P. Las políticas comunitarias son las que permiten que entren productos de fuera.

R. ¿Entonces en Francia por qué funcionan de otra manera? Y es también un país de la Unión Europea.

No hay agua para regar tanto olivo

P. Francia se está quejando por lo mismo que los agricultores españoles.

R. Francia se está quejando ahora, pero ha estado muchos años en que lo primero son los productos que se producen allí y luego, si no hay, se traen de fuera.

P. Los franceses dicen que son los agricultores españoles los que tienen unas condiciones fitosanitarias distintas.

R. Eso no es así porque tenemos las mismas normas que tienen los franceses. Como agricultora, he sufrido que la UE prohíba materias activas y mis cultivos estén enfermos sin que yo los pueda sanar. No sé en qué se basan los agricultores franceses para decir eso. Quizás hay algún interés en echarnos a pelear entre los agricultores de los dos países, que eso es otra estrategia también. Estamos a las puertas de unas elecciones europeas e interesa desviar la atención de lo verdaderamente importante: que es una reforma de la PAC nociva para el modelo profesional agrario.

P. ¿Hay agua para todos?

R. No hay agua para todos.

P. Los expertos auguran un descenso entre el 5% y el 20% de pluviometría en la cuenca mediterránea para los próximos años.

R. Eso forma parte del cambio climático y de lo que nos espera.

P. Tenemos menos agua y más regadío.

R. Y más que quieren poner.

P. ¿Y cuál es su opinión?

R. Que las cosas no se han hecho bien.

La soberanía es una necesidad si queremos acabar con las nuevas enfermedades

P. ¿Qué no se ha hecho bien?

R. Ha habido una forma de conceder regadíos desorbitada. Entre las provincias hay grandes agravios históricos, ahora han llegado las restricciones y no hay agua para todos. A esto le tienes que añadir el cambio del mapa de cultivos. Que digan que siembran olivos porque no necesitan agua es mentira. El olivo es un ser vivo y, si no bebes agua, ¿qué pasa? Que te mueres, ¿no? No se puede engañar a la gente.

P. ¿Sobra regadío?

R. Tal como estamos no sobra regadío. Lo que hace falta es gestionar bien el agua que hay. Hay regadíos que tienen derechos adquiridos y no se les pueden quitar. Yo llevo años que no puedo cultivar las 16 hectáreas que tengo.

P. ¿Por qué?

R. Porque no tengo agua.

P. A usted le dan una cantidad de agua anual.

R. Claro. Y con ese agua no tengo para producir lo que producía hace ocho años. Ni de lejos.

P. ¿Por qué?

R. Porque si yo sembraba en una finca habas y luego melón para el verano, no puedo hacer hoy eso. No tengo la misma agua. Tengo el 80% menos. Y pago lo mismo de impuestos.

P. María José Polo, vicerrectora de la Universidad de Córdoba y experta en gestión de agua, dice lo siguiente: “Tenemos más regadíos del que podemos abastecer de forma segura”. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

R. Porque hubo una etapa de auge de los regadíos y todo lo que se haya hecho de forma desmesurada afecta a lo que está pasando ahora mismo. Si en una provincia se han dado hectáreas y hectáreas de regadíos cuando había agua sin tener en cuenta los periodos prolongados de sequía algo se ha hecho mal. ¿No? Córdoba es la provincia que más agua almacena y la que menos superficie de regadío tiene.

Se ha perdido la temporalidad de los productos y eso va contra natura

P. Almacenamos agua para otras provincias.

R. Claro.

P. En la agricultura, ¿regadío o muerte?

R. Cuando tú llevas ya años con una sequía persistente se muere hasta el ganado. Hay ganaderos que sacrifican el ganado y agricultores que siembran una quinta parte de su superficie. Hay agricultores que o guardan el agua para los olivos o no tienen aceitunas para la campaña.

P. El regadío es más rentable que el secano.

R. Evidentemente. Pero también tiene más costes que el secano.

P. Los agricultores prefieren el regadío.

R. Pero cuando llega un periodo de sequía, ¿qué familia está ocho años sin producir y sin generar una renta? Los del secano llevan años agonizando. Con estos períodos tan prolongados que no cae ni una gota de agua, esos olivos están condenados a desaparecer. En este contexto, o riegas algo, o te cae agua de lluvia, o tú vas a morir.

P. El olivar superintensivo está ganando por goleada en la campiña.

R. Sí.

P. ¿Los cereales han dicho adiós en Córdoba?

R. Triste realidad pero es así. Cada vez hay menos superficie dedicada a ese cultivo.

Hay a quien no le interesa las cláusulas espejo con terceros países

P. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno y la Junta?

R. Que el presidente del Gobierno se tome esto como un asunto de Estado, convoque a unos cuantos ministros y lleven a cabo una serie de de propuestas y medidas para paliar esto. Luis Planas es incapaz de arreglarlo.

P. La Unión Europea gasta el 33% de su presupuesto en subvenciones agrícolas. 45.000 millones van para España. ¿No es suficiente?

R. No todo ese dinero va a ayudas directas a los agricultores. En la reforma de la PAC se han metido hectáreas que antes no se contemplaban. Y lo que ha pretendido Luis Planas es dar café para todos. Nos hemos encontrado con cerros pelados que son improductivos y que ahora cobran una subvención cuando ni tienen carga ganadera ni tienen nada.

P. ¿Los agricultores son de derechas o lo parece?

R. Los habrá de derechas, de izquierdas y de centro. No tienes por qué asociar que un agricultor sea de derechas. Cada agricultor tendrá su corazón donde crea que lo tiene que tener. Y hay mucha gente del campo que no quiere ser ni de izquierda ni de derecha y no quiere saber nada de la clase política. Porque están decepcionados y defraudados.

P. ¿La extrema derecha está ganando la partida del campo?

R. La extrema derecha ha demostrado que no tiene ni idea de lo que es el sector agrario. Han querido aprovechar una situación de crispación pero le ha salido el tiro por la culata. No es la primera vez. Quieren ganar esa parcela pero los agricultores no son tontos. Compañeros agricultores han ido a las protestas y cuando han visto que una dirigente representante de extrema derecha ha cogido el micrófono se han subido a su tractor y se han dado media vuelta. Al agricultor no lo van a tomar por tonto. En el momento en que han querido politizar y sacar un rédito político de estas movidas han pinchado.

P. ¿Esto es una huelga patronal?

R. Esto es una huelga de agricultores y de ganaderos. Esto es una huelga de padres de familia que sienten frustración porque no le pueden garantizar una calidad de vida a sus hijos. Esto es una huelga porque la gente del campo ha dicho basta y queremos que nuestra situación mejore. No podemos subsistir de esta manera.

P. ¿Qué pasa con el relevo generacional en la agricultura?

R. Que la gente se incorpora con ayudas y cuando pasan cinco años y padecen tantísimas calamidades dicen bye bye.

En Córdoba teníamos un mapa de cultivos envidiable que ha desaparecido

P. ¿Y quién va a cultivar el campo?

R. Por eso estamos apretando. Queremos una estabilidad y que el trabajo que nosotros desempeñamos sea algo equilibrado y con una garantía de que podamos vivir dignamente.

P. ¿Hacia qué futuro nos dirigimos?

R. Depende de si la clase política de este país actúa de forma inteligente y llega a un acuerdo. Si no, vamos mal. El de la alimentación es un sector estratégico. Tenemos que comer todos los días. Los que nos dedicamos a la agricultura no somos inversores ni especuladores. Nosotros lo que queremos hacer es producir alimentos para dar un abastecimiento a la sociedad. Pero queremos vivir dignamente de nuestro trabajo. No tenemos la culpa de la subida de los alimentos. No sacamos ni siquiera renta para poder subsistir. Un agricultor tiene que invertir en semillas, en mano de obra, en costes energéticos y cuando llega la hora de vender su producto se encuentra rodeado de piratas que van a pegarle bocados.