La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido este martes en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, generando un intenso debate político y social en torno a un conflicto laboral que ya está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha confirmado durante su intervención que ya mantuvo un encuentro previo con representantes del colectivo y que tiene prevista una nueva reunión a las 12:45 horas con la patronal del sector de la construcción. Este anuncio ha sido recibido con aplausos por parte de los gruistas presentes en el salón de plenos.

Desde la oposición, el concejal socialista Antonio Hurtado ha instado al alcalde a implicarse de manera más directa en la resolución del conflicto, subrayando el impacto que la huelga está teniendo en la paralización de promociones de vivienda. “Esto afecta a muchas obras que están paradas”, ha señalado, al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha rechazado cualquier tipo de presión o amenaza hacia los trabajadores.

Hurtado ha abogado por una negociación prolongada si es necesario, en la que ambas partes cedan para alcanzar un acuerdo. “Estas familias están sufriendo porque no les llega el sueldo a sus casas, y también los propios empresarios”, ha añadido, en una intervención que también ha sido respaldada con aplausos por los gruístas asistentes.

El edil ha ido más allá al pedir al alcalde que, de forma inmediata tras la finalización del pleno, se siente a dialogar con los trabajadores. “Con nuestro apoyo va a contar y, seguro, con el del resto de los representantes de Córdoba”, ha afirmado.

En la misma línea, Irene Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba, ha aprovechado su turno de palabra para solicitar al regidor que actúe como mediador en este conflicto laboral, tal y como ha hecho en otras situaciones similares. Su intervención también ha sido recibida con el respaldo del colectivo presente.

UGT FICA Córdoba y el Sindicato del Hábitat de CCOO en Córdoba han manifestado en un comunicado su “absoluto desacuerdo” con las declaraciones realizadas por la patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, en relación con el conflicto laboral que mantienen los operadores de grúa torre del sector.

Desde estas organizaciones sindical rechazan el tono y el contenido de la nota difundida por Construcor, “en la que se descalifica a estos profesionales calificándolos de 'privilegiados'”. “Los gruistas son trabajadores altamente cualificados que desempeñan una labor de enorme responsabilidad en materia de seguridad en las obras, tanto para ellos mismos como para el conjunto de trabajadores que operan en los tajos. Su trabajo requiere formación específica, habilitación profesional y una atención permanente que garantiza el desarrollo seguro de la actividad constructiva”, sostienen ambos sindicatos.

Sobre ello indican que que “resulta especialmente preocupante que Construcor intente trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de este colectivo, utilizando descalificaciones que solo buscan generar confusión y enfrentar a los propios trabajadores del sector”.

Ambos sindicatos consideran “absolutamente inaceptable que se intente desacreditar públicamente a este colectivo y trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de sus reivindicaciones legítimas. El conflicto actual no responde a ningún ”abuso“, como pretende hacer ver la patronal, sino a la necesidad de regular adecuadamente un complemento que compense la especial responsabilidad y condiciones del puesto de trabajo”.

En relación con la subida del plus mencionada por Construcor, desde CCOO y UGT recuerdan que se trató de una medida transitoria adoptada mientras se mantenía la mesa de negociación abierta hasta conseguir el acuerdo definitivo teniendo como objetivo el ya alcanzado en otras provincias andaluzas, para dejarlo regulado dentro del marco del convenio de manera definitiva.

Además, creen que resulta necesario aclarar que este asunto ya ha sido resuelto mediante el diálogo y la negociación en Sevilla, donde el sector de gruistas alcanzó recientemente un acuerdo que fija el plus en 38,50 euros diarios, fruto del entendimiento entre las partes. Los gruistas cordobeses no son distintos ni tienen menos responsabilidades, y se rigen por las mismas normas, exigencias de cualificación profesional y condiciones de habilitación que el resto de operadores de grúa torre en Andalucía. “Por tanto, resulta razonable que sus condiciones laborales puedan equipararse a las que ya se han acordado en otros territorios del mismo sector”, explican.

Asimismo, “resulta especialmente grave que la patronal intente enfrentar a los distintos trabajadores del sector, responsabilizando a los gruistas del parón de las obras o de los posibles retrasos en la entrega de viviendas. Los conflictos laborales se resuelven ediante negociación y diálogo, no mediante la descalificación de los trabajadores ni amenazas de medidas tan extremas como un cierre patronal. Es igualmente grave que la patronal intente responsabilizar a los gruistas del parón de las obras o de posibles retrasos en la entrega de viviendas, cuando conoce perfectamente que los conflictos laborales se resuelven mediante negociación y no mediante campañas de desprestigio”.

UGT y CCOO insisten en que la única vía para resolver esta situación pasa por retomar el diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, fundamental para garantizar la paz social y el equilibrio entre empresas y trabajadores.

“Lamentamos profundamente que Construcor haya optado por la confrontación pública en lugar de asumir su responsabilidad y contribuir a una solución que permita normalizar la actividad del sector. Por ello, hacemos un llamamiento a Construcor para que abandone la confrontación pública, retire las descalificaciones hacia el colectivo de gruistas y se siente a negociar con responsabilidad para encontrar una solución que permita normalizar la actividad del sector en Córdoba”.

“Desde el Sindicato del Hábitat y UGT FICA de Córdoba continuaremos defendiendo los derechos y la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, incluyendo a los operadores de grúa torre, cuya profesionalidad y compromiso con la seguridad de las obras son incuestionables”, concluye el comunicado.

Más de veinte empresas afectadas por la huelga de gruistas se han reunido esta mañana en Construcor para seguir mostrando su rechazo al conflicto y tomar las medidas contundentes que sean necesarias. “Buscamos evitar el abuso de los trabajadores más privilegiados del sector”.

Según un comunicado enviado por Constructor a este periódico, las empresas ya atendieron la demanda que hicieron los gruistas en noviembre pasado de subida del plus, “a pesar de que no está incluido en el convenio general de la construcción”, y pasó de 13 a 26 euros diarios, un cien por cien más. Una subida temporal mientras se consultaba si esta medida era legal a la comisión paritaria del sector. 

“Los gruistas ya cobraban el plus más alto de toda Andalucía y el doble que en Málaga, Cádiz o Jaén. Tanto, que hoy ganan más que los encargados y capataces que los supervisan en la obra. Y hablan de una subida en Sevilla, como si no se hubiera hecho ya en Córdoba con ese cien por cien”, explican las empresas.

Por otro lado, las empresas también han expuesto que los trabajadores del sector, “engañados por los huelguistas”, sufren “las consecuencias por el parón de las obras; las familias en la entrega de viviendas y las empresas acumulan pérdidas superiores al millón de euros. Todo porque el pequeño colectivo más privilegiado del sector no tiene suficiente con una subida del cien por cien, después de haberlo aceptado hace cuatro meses y ahora quiere un 500”. 

Por ello, las empresas han acordado tomar todas las medidas a su alcance sin descartar hasta “un cierre patronal si los huelguistas persisten en su actitud, con lo que ello supondría para el conjunto del sector y para la sociedad”.

Más de un centenar de gruistas, según los sindicatos CCOO y UGT, se ha concentrado este lunes ante una obra en las inmediaciones de Miralbaida, en Córdoba capital, para protestar por “la actitud” de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, en el marco de las negociaciones iniciadas tras la demanda de subida salarial planteada por los trabajadores, que la han reclamado con una huelga.

Según han informado los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba en un comunicado conjunto, en la patronal “se han enrocado en una cifra que ni siquiera compensaría las pérdidas generadas por los trabajadores en estos días de huelga y se han cerrado a negociar”, cuando “la huelga, que ha superado el mes desde su inicio, ha afectado a más de 60 obras en toda la provincia”.

El origen del conflicto está relacionado con la exigencia por parte de los trabajadores de una subida salarial, pues el pasado noviembre “se llegó a un acuerdo para una subida inicial transitoria que afectaría desde enero de 2025, pero que tendría su revisión en el presente año 2026”.

La negativa inicial de Construcor a revisar esta subida fue el origen de la convocatoria de huelga, negando la patronal el acuerdo de revisión y afirmando que la cifra solicitada por los trabajadores excede lo que el artículo 50 del convenio del sector establece.

Tras ello y respecto a la postura actual de la patronal, el responsable sindical Antonio Heredia (UGT) ha criticado el “chantaje” de Construcor al exigir que “debemos aceptar una subida transitoria de 13 euros y desconvocar la huelga para avanzar en las negociaciones”.

Por otra parte, Heredia ha asegurado que Constructor ha dado “órdenes, tras el inicio de la huelga, de posponer los pagos de los atrasos de 2024 y 2025 hasta que la huelga se desconvoque, lo que ha generado una enorme confusión en las empresas del sector, ya que algunas han procedido al pago, otras no, y muchas no conocen realmente el motivo de esta directiva de la patronal y muestran su desacuerdo con estas formas de actuar, por lo que han procedido a realizar los pagos correspondientes”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, ha remarcado que “el convenio de aplicación en la construcción es un convenio estatal, y es el mismo para todas las provincias, pero en cada una se firman sus propias tablas salariales, y en Sevilla se ha revisado el salario de los gruistas. Si allí se ha conseguido significa que aquí tenemos margen”.

Sin embargo, según ha lamentao, “aquí lo que tenemos es una negativa tajante de la patronal, que lo que nos dice es esto es lo que hay, que si lo queremos, nos reunimos y que si no, pues no, y lo que nos ofrecen es lo que ya teníamos a 31 de diciembre de 2025”.

Los operadores de grúa torre se han manifestando en la mañana de este martes frente a la sede de Constructor. Tras más de diez días de huelga ininterrumpida, este colectivo ha vuelto a exigir una mejora salarial, pero sobre todo instan a la patronal a reunirse y buscar un diálogo y un acuerdo entre ambas partes. En la concentración ha estado presente David Quintana, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y David García, en representación de más de una decena de trabajadores que han estado presentes en la avenida Ronda de los Tejares, 32.

La huelga está teniendo un impacto directo en el sector, con un seguimiento del 100% por parte de los trabajadores. Según David Quintana, la inactividad de los gruistas ha provocado que más de 60 obras se encuentren prácticamente paradas tanto en Córdoba capital como en la provincia. “La grúa es quien mete el material para que el resto de trabajadores puedan hacer su trabajo; desde hace 12 días en las obras no puede entrar nada”, ha explicado Quintana.

Desde el CCOO han criticado en una comparecencia ante los medios de comunicación presentes que Construcor se escude en que las peticiones están fuera del convenio, algo que han calificado de “totalmente falso”. Han señalado que en otras provincias, como Sevilla, ya se han alcanzado acuerdos satisfactorios y reclaman el mismo trato para los trabajadores cordobeses. “En Córdoba no trabajan menos los gruistas, ni su trabajo tiene menos valor”, ha defendido el responsable sindical, quien ha asegurado que están dispuestos a negociar en cualquier momento y lugar, aunque de momento no hay ninguna reunión prevista.

Condiciones “insostenibles” y presión extrema

Por su parte, los trabajadores han denunciado que su situación es límite debido al aumento del ritmo de trabajo y la presión en las obras actuales en comparación con décadas pasadas. David García, operador de grúa con 20 años de experiencia, ha señalado que las obras en la actualidad “quieren hacer la misma cantidad de viviendas en bastante menos tiempo”, lo que conlleva un consiguiente peligro de accidente y una carga mental constante. “Esto es insostenible”, explica.

El conflicto amenaza con endurecerse tras las acusaciones del sindicato sobre posibles maniobras de “esquirolaje”. Quintana ha advertido que se están utilizando medios externos y desmontando grúas torre para sustituirlas por camiones grúa con el fin de sabotear la huelga. El colectivo ha anunciado que, de persistir estas prácticas, acudirán a la Inspección de Trabajo, asegurando que los gruistas “están todos a una” y no cederán ante las presiones.

Los operadores de grúas-torre han pedido este jueves al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que medie ante la directiva de la patronal de la construcción, Construcor, para “desbloquear la situación” que mantiene en huelga al colectivo desde hace once días, “por la intransigencia de la patronal de sentarse a negociar una mejora salarial, tal y como se acordó en noviembre”.

Los representantes de los gruistas, que han estado acompañados por el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, David Quintana, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, se han reunido también con los concejales del grupo del PSOE, con el mismo objetivo de explicarles el motivo de la huelga, “que no es otro que negociar una subida salarial que equipare los salarios de este colectivo al del resto de los profesionales que trabajan en el sector”.

En ambas reuniones, tanto Quintana como el portavoz de los operadores de grúas-torre, el delegado de UGT Antonio Herencia, han manifestado “la importancia de este colectivo que mantiene paralizadas más de 60 obras en toda la provincia”.

En este sentido, han recordado a los representantes municipales que “sin la grúa-torre, los demás profesionales no pueden trabajar”, y han advertido de que “algunas constructoras están usando subterfugios para evitar el efecto de la grúa, como contratar a camiones de mudanza y camiones grúa, que no tienen las certificaciones ni la formación en prevención de riesgos laborales necesarias para trabajar en la obra, cuestión que ya ha sido puesta en conocimiento de la autoridad laboral”.

Además, han destacado “la enorme responsabilidad que conlleva el manejo de estas grúas”. De hecho, “los operadores son los únicos profesionales de las obras que tienen responsabilidad penal, precisamente, por la importancia de las consecuencias que puede tener un accidente de una grúa-torre”, han aseverado.

Perjuicios y costes

Mientras, el colectivo ha lamentado “el perjuicio que está causando por el retraso y paralización de las obras”, pero también ha destacado que “los costes que va a suponer esta paralización ya superan con creces el aumento salarial” que solicitan, “que es de 25 euros sobre una parte de su salario actual”.

En cualquier caso, han remarcado que “los gruistas no son los que están provocando la paralización de las obras, es la patronal Constructor y su negativa a sentarse a negociar la que causa esta lamentable situación”. Por ello, han vuelto a tender la mano a la parte empresarial, “para que como ya se ha hecho en la vecina provincia de Sevilla, se sienten a negociar, porque hay soluciones legales”.

En este sentido, tanto CCOO como UGT han pedido a Construcor que “escuche a sus asociados, muchos de los cuales apuestan por la negociación para dar una salida a un conflicto que no beneficia a nadie”.

Construcor exhibe unión frente a la huelga convocada por los gruistas

Por su parte, desde la secretaría general de Construcor se ha emitido un comunicado con el que quieren “dejar claro que siempre ha estado dispuesta y sigue estando dispuesta a negociar”. Añade que, de hecho, cuando surgió el conflicto, la asociación asumió el compromiso de trabajar para atender las reivindicaciones de los gruistas y ofreció una medida transitoria extraordinaria: mantener un incremento del plus de gruista mientras se consultaba a la Comisión Paritaria del sector (formada por sindicatos y empresarios) a nivel nacional, donde se vela por el cumplimiento del Convenio General del Sector de la Construcción.

Explica que esa consulta se elevó porque el denominado plus de gruista es una materia que no es libremente negociable, ya que tiene límites expresamente establecidos en el artículo 50 del Convenio de la Construcción, que es la norma que regula el conjunto del sector en toda España.

Dicho de otro modo: ni las empresas ni los sindicatos provinciales pueden negociar por encima de los límites fijados en el convenio general, porque se trata de una norma de obligado cumplimiento para todos. Pretender lo contrario supone, sencillamente, ignorar la regulación que rige nuestro propio sector. Y las pretensiones de los gruistas están por encima de los límites fijados en el convenio del sector. De ahí, la consulta, que contó con el compromiso de los gruistas y los sindicatos, indica el comunicado.

Esta medida transitoria consistió en subir el plus de 13 a 25 euros (noviembre y diciembre) y en enero actualizarlo con el IPC. Tal y como se ha hecho y tal como se ha abonado. Todo ello, repetimos, mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria.

Construcor argumenta que los gruistas han convocado la huelga exigiendo ahora que ese plus, que ya se subió un cien por cien, se suba otro cien por cien sobre esa cantidad. Es decir, de los 26 euros actuales -y transitorios, subidos desde los 13- a 52, “algo que no solo se ha hablado o discutido, sino que se ha convertido en su única propuesta, trasladada además poniéndose en huelga sin más”.

“Construcor y el sector están absolutamente unidos frente a la huelga por estas razones tan evidentes y no puede admitir una huelga convocada de esta manera, rompiendo de improviso el compromiso asumido, ni puede aceptar que los huelguistas mientan sobre su convocatoria”, sostiene la patronal del sector.

Además, y en contacto diario con las empresas del sector, recuerdan que mantienen relaciones directas y fluidas con sus trabajadores y saben que buena parte del colectivo no está recibiendo una explicación clara de que lo que se está reclamando.

Sostienen que resulta especialmente grave que quienes dicen representar al colectivo de trabajadores hayan optado por personalizar este conflicto señalando públicamente a personas concretas, como la presidenta los vicepresidentes o el consejo de Gobierno de Construcor y traten de confundir a las administraciones y a la sociedad mintiendo abiertamente sobre lo que están buscando: una subida consolidada del 400 por ciento, callando que ya se les había subido un 100 por cien como gesto de buena voluntad mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria.

Construcor lamenta profundamente que se haya optado por esta vía y reitera que seguirá defendiendo “un marco de negociación serio, responsable y respetuoso con las reglas que rigen el sector. Porque negociar siempre es posible, pero nunca fuera del cauce legal y menos con mentiras, ruido y amenazas”, concluye el comunicado.

El colectivo de operadores de grúa-torre que están en huelga en Córdoba ha hecho este martes un llamamiento a la patronal de la construcción en la provincia, Constructor, para que “escuche a sus asociados, que, en su mayoría, se muestran dispuestos a negociar una mejora salarial” para estos trabajadores, siendo la falta de acuerdo al respecto la que “ha provocado la convocatoria de huelga indefinida que cumple hoy su novena jornada”.

Según ha informado CCOO en una nota, así lo ha señalado el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, asegurando que “la postura de Constructor es bastante absurda y no representa a la de todo el sector, por lo que estamos viendo”, siendo “una postura de cabezonería por parte de la presidenta, María Dolores Jiménez, y del vicepresidente, Antonio Torres”.

A juicio de Quintana, “es incomprensible la postura de la patronal, porque no se está pidiendo nada desorbitado, se está pidiendo una equiparación de su salario con el resto de trabajadores de la construcción. Ellos han mostrado una disponibilidad permanente al diálogo y las peticiones están dentro de la legalidad, del marco que establece el convenio de la construcción”.

En este sentido, Antonio Herencia, en representación de los gruistas, ha afirmado que “la patronal ha intentado presentar este conflicto como una cuestión ajena a sus competencias, cuando en el último Sercla previo a la huelga se dejó claro” que lo que lo planteado por los representantes de los trabajadores “no es una modificación del plus de dedicación, sino una mejora salarial dentro del marco de la negociación provincial”.

Es decir, se trata de “una reivindicación plenamente encuadrada en el ámbito que corresponde y que puede abordarse sin necesidad de alterar ningún artículo del convenio general”, añadiendo Herencia que, “desde el punto de vista económico, la situación resulta difícil de justificar”, pues “las penalizaciones por retrasos en promociones de esta envergadura pueden suponer pérdidas diarias muy superiores al coste anual de la mejora salarial” que solicitan los gruistas en huelga.

Además, según ha señalado el responsable sindical, “la prolongación del conflicto tampoco beneficia al resto de empresas del sector, que están asumiendo retrasos y sobrecostes diarios por decisiones que no dependen de ellas. Mantener esta situación perjudica al conjunto de la construcción en Córdoba y retrasa proyectos que podrían avanzar con normalidad”.

En esta línea, el responsable de CCOO ha dicho no comprender que en Construcor “se estén dedicando a intoxicar a empresas y a la opinión pública contando cuestiones que no son reales”, porque “no se está pidiendo una subida desproporcionada. Ellos hablan de que los gruistas piden un aumento del 500%, cuando lo que están pidiendo es un aumento de 25 euros sobre una parte de su salario, sobre el plus de dedicación, que lo único que va a hacer es igualar su salario al del resto de sectores de la construcción”.

Los dos sindicatos más representativos del sector de la construcción en Córdoba, UGT-FICA y CCOO Habitar, han llegado a un acuerdo con la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), para desconvocar la huelga en el subsector de gruistas que estaba previsto que comenzara mañana miércoles 12 noviembre.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, “el acuerdo es muy satisfactorio, ya que va a permitir que el plus de dedicación que se regula en el articulo 47 del convenio colectivo de la construcción de Córdoba, y que afecta a todos los gruistas de la provincia, pase a la cantidad de 25,40 euros, en lugar de los 12,23 euros que se venían percibiendo hasta la fecha”.

El acuerdo contempla, igualmente, “un periodo de consultas inmediato para actualizar las tablas salariales con los incrementos pactados, 3,9% para 2025 y 3% para 2026, en todos los conceptos retributivos del convenio, además del compromiso de acordar el calendario laboral para el próximo 2026 para todo el sector”.

También se incrementará el plan de pensiones, “en un 0,5% para el presente 2025 y un 0,25% para el próximo 2026, que en el caso de Córdoba lo disfrutan más de 10.000 trabajadores del sector que se encuentran de alta de dicho plan”. Además, “la cantidad para el plus de disponibilidad para 2026 también se pactará en dicha comisión, cobrándose, mientras tanto, los 25,40 euros más el 3% de subida de 2026”.

Sindicatos y patronal se han puesto como “fecha tope para tener todo acordado el 31 de diciembre de 2025, existiendo buena disposición por ambas partes para que lo antes posible de esa fecha tope esté todo acordado”. El acuerdo alcanzado en el marco del Sercla se trasladará en acta a la comisión negociadora del convenio, “para que en el menor tiempo posible se pueda registrar, para su posterior publicación en el BOP”, resaltando también los sindicatos que “ya se ha activado la petición de los coeficientes reductores para que los trabajadores del sector puedan anticipar su edad de jubilación sin penalización ninguna”.

Construcor ha reunido a sus asociados en una asamblea extraordinaria para analizar las cuestiones más importantes para el sector en la recta final de año y fijar actuaciones para el próximo. Entre ellas, el empleo ha ocupado el principal análisis, por la falta de profesionales, y la necesidad imperiosa de que se conozca la realidad de las condiciones laborales del sector, que ofrecen y favorecen el desarrollo de una carrera profesional de larga trayectoria.  

Para ello, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, y presidente de la Federación Andaluza de Contratistas, Rafael Sánchez, ha expuesto el trabajo que realiza la Fundación y los retos más inmediatos que está acometiendo.  

De la misma manera, los empresarios han dialogado sobre la situación general y el problema de la vivienda, mostrando su preocupación ante una deriva de costes que escapa a su actuación, especialmente en el ámbito fiscal y la disponibilidad de suelos, cuestiones que reclaman soluciones de calado reales para evitar que sigan subiendo.  

La asamblea, en la que participaron la práctica totalidad de las empresas asociadas, ha acordado un calendario de trabajo para proponer medidas en torno a estas cuestiones y concienciar a la sociedad de la auténtica realidad del sector.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado “el nuevo regalo fiscal” del gobierno local que preside el alcalde, José María Bellido, a las constructoras “después de subirnos agua y basura a los ciudadanos por la voracidad fiscal que practica con el ciudadano de a pie”.

En concreto, Hurtado hace mención a la propuesta de modificación en la tasa por ocupación de terrenos de uso público de mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones análogas para 2025, que se llevará al próximo Pleno para su aprobación inicial y que supone una rebaja para las constructoras de hasta 32.617,31€.

El portavoz socialista critica que este “regalo fiscal” a las constructoras se suma a las rebajas del 2% del IAE e ICIO y del 2% de la tasa de licencias de obra que se aprobaron y entraron en vigor el día 1 de enero de este año.

A su vez, ha detallado que Bellido ha subido la basura en un 50% a los ciudadanos y la subida del agua ha sido del 15%, por lo que se paga hasta 100 euros más al año por familia.

El portavoz socialista ha criticado que estos regalos fiscales “se hacen a cambio de nada, puesto que no incide en la bajada del precio de la vivienda, sino en el aumento de beneficios de las constructoras a costa de los recursos públicos”.

Asimismo, lamenta que Bellido “esté entregado al interés particular de los poderosos, ofreciendo regalos fiscales que para colmo no sólo suponen una merma en los ingresos para la prestación de servicios municipales, sino que además tienen un importante efecto en la disminución del límite de gasto que el Ayuntamiento de Córdoba debe cumplir conforme a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Por todo ello, Hurtado ha avanzado que el PSOE votará en contra de esta rebaja fiscal a las constructoras en el próximo Pleno y presentará las reclamaciones correspondientes en el trámite de aprobación definitiva.

Dos tercios de las empresas cordobesas del sector de la construcción cerrarán 2024 cumpliendo los objetivos previstos para el año, según los resultados de la Encuesta Anual de Situación y Perspectivas que realiza la patronal cordobesa del sector de la construcción, Construcor.

En números y según los datos obtenidos de dicha encuesta, un 70% acabarán el ejercicio cumpliendo objetivos, un 23% lo harán por debajo y solo un 7% los mejorarán. En cuanto a los factores que se analizan tradicionalmente, facturación (ventas), empleo, inversión y beneficios, los resultados reflejan el estrechamiento de márgenes y el aumento de costes que ha afectado al sector, estos últimos en línea con la mayoría del tejido empresarial pyme a nivel nacional. De hecho, el 85% de las empresas encuestadas se incluyen en dicha clasificación al contar entre once y 250 empleados.

En relación con la facturación, el 70% ha cumplido y solo el 11,8 ha estado por debajo, mientras que un 17 lo ha hecho por encima. En empleo, destaca el hecho de que el 53% ha contratado más personal y el 47 ha seguido con el mismo, sin que ninguna lo haya reducido, efecto también de la falta de personal que sufre el sector.

En cuanto a la inversión, la inmensa mayoría, un 88%, ha cumplido objetivos y un 11,8 lo ha hecho por encima, sin que tampoco ninguna no haya llegado a no alcanzar los objetivos y, finalmente, en relación a los beneficios, el 58,8% declara haberlos alcanzados mientras que el 41 no lo ha hecho, reflejo del estrechamiento de márgenes y aumento de costes antes citado.

Previsiones 2025

En cuanto a las previsiones para 2025, se repite el patrón habitual por el que las empresas son más optimistas en cuanto a su actividad propia frente a la del sector, y valorar positivamente a la coyuntura económica. Así, el 53% calcula que 2025 será un mejor año para su empresa y el 29 que repetirá los resultados de 2024, frente a un 17,6 que estima que será peor. Sin embargo, la valoración para el sector es menor, ya que solo un 35% considera que 2025 será un mejor año que 2024 y hasta un 23 por ciento que será peor.

Finalmente, en cuanto a la coyuntura económica, hasta un 53% piensa que será igual en 2025, --el crecimiento de la economía andaluza se situará este año en el 2,7% según el consenso de los servicios de análisis-- y hasta un 41,2% estima que 2025 será un mejor año. En este sentido, se espera el mismo crecimiento para Andalucía, con dos décimas por encima de la media nacional, lo que acerca la valoración de las empresas del sector con las previsiones económicas regionales.

Retos y tecnología

La encuesta recoge también los retos que las empresas consideran más importantes y el más destacado es la falta de trabajadores, que repite una vez más en cabeza en esta quinta edición. Después, le siguen el coste de los materiales, la financiación, los cumplimientos normativos, y la innovación tecnológica.

Además y, como novedad, se ha preguntado a las empresas sobre el uso de la tecnología. Si bien, la mayor parte concentran su uso en modelos BIM, impresión 3D y realidad virtual, la pregunta se ha centrado sobre el uso de la Inteligencia Artificial Generativa. Un 47% está comenzando a utilizarla y otro 47 reconoce no estar aprovechando todavía su potencial.

La Encuesta, que llega a su quinta edición, ha sido elaborada entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre a partir de las respuestas de 43 asociados de Construcor, cuyas actividades corresponden a edificación residencial, gestión inmobiliaria, obra civil, infraestructuras, industrias auxiliares y materiales de construcción e ingeniería.

La asociación de empresarios de la construcción e infraestructuras de Córdob, Construcor, ha celebrado la absolución del empresario José Romero del denominado “Caso Astapa” y lamenta “el enorme daño personal y empresarial que ha sufrido tras más de 16 años de acusaciones que se han demostrado inexistentes”.

En una nota, la asociación, quiere “reivindicar su figura como referente del sector de la construcción y reconocer su extraordinario esfuerzo y tesón personal para hacer frente al daño reputacional a lo largo de todos estos años al frente de la empresa”.

De igual manera, Construcor “condena la injusticia moral que representa la lentitud de un proceso de estas características y las consecuencias que acarrea para las personas, las empresas y sus trabajadores y profesionales”. 

La asociación cordobesa de constructores Construcor avisa de que las licitaciones públicas pueden seguir quedando desiertas “si no se actualiza el porcentaje mínimo de gastos generales sobre el presupuesto de ejecución de las obras, tal y como ha propuesto la Confederación Nacional de la Construcción, que estima recuperar el porcentaje del 17 mínimo que se redujo en su día hasta el 13”.

En este sentido, Construcor recuerda que la evolución normativa en materia laboral y medioambiental “han disparado los gastos generales de las empresas, en algunos casos hasta el 50 por ciento en las dos últimas décadas, hacen que el actual porcentaje del 13 por ciento, salvo alguna excepción, pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulta a todas luces insuficiente”.

Junto a lo anterior, Construcor reitera, como viene haciendo en los últimos años, que a la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.

Asimismo, Construcor “lleva tiempo alertando de estos problemas con la contratación pública como consecuencia, entre otras causas, de la escasez de trabajadores; de la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos; del abuso de los medios propios por parte de la Administración, caso de la empresa pública Tracsa; de los problemas que genera el actual sistema de clasificación y de la necesidad de buscar fórmulas para no obligar a las empresas a presentar bajas desproporcionadas para tener opciones de ser adjudicatarias

La realidad del mercado

Por ello, desde Construcor, se quiere advertir que los proyectos que se liciten deben ajustarse a la realidad del mercado y de las empresas, especialmente mirando a la revisión del PGOM, y sus infraestructuras, y la regeneración urbanística de la capital cordobesa y evitar expectativas imposibles de cumplir cuyos costes recaigan en las propias empresas y en el conjunto de la ciudadanía.

La asociación de empresarios de la construcción de Córdoba, Construcor, pedirá que se modifiquen los criterios de cómputo de edificabilidad de las viviendas para el máximo aprovechamiento de las superficies “en beneficio de los compradores y los ciudadanos”.

Así lo trasladará la Asociación a la Gerencia Municipal de Urbanismo en los próximos días con el fin de ampliar y mejorar dichas superficies “para redundar en la calidad de vida de los ciudadanos y maximizar la compra de la vivienda, una de las principales inversiones que se realiza en la vida de las personas”, según informan a través de una nota de prensa.

Esta medida, analizada y tomada en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, se acompañará de otras relacionadas con dos ordenanzas, la primera, la reguladora en materia del régimen de obras y actividades mediante Licencia, Declaración Responsable y Comunicación Previa y la segunda, la de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Es decir, tanto en materia de vivienda nueva como de rehabilitación del parque actual.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo

Asimismo, y tras analizar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el Consejo de Gobierno estima que se deben adoptar medidas a corto plazo para corregir los desajustes de la oferta de vivienda nueva, “actualmente insuficiente para atender la demanda general, así como las necesidades de las personas como menos recursos, así como incrementar la densidad y edificabilidad de las viviendas, e impulsar la reutilización de suelo y edificios vacantes o infrautilizados, con criterios de sostenibilidad y eficiencia”.

En este sentido, desde la Asociación se pide que se ponga fin a las prórrogas o aplazamientos de la obligatoriedad de elaborar los informes técnicos de la situación de los edificios, claves para la rehabilitación, y fomentar los sistemas de colaboración públicos privada.  

La Junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que preside Antonio Toledano, se opone a la propuesta planteada por los constructores para que se aumente en los barrios en expansión la altura de los edificios residenciales a más de las seis plantas recogidas en el actual PGOU.

A su juicio, se trata de “una medida que a buen seguro no conseguirá abaratar la vivienda, como argumenta la patronal de la construcción, y que no responde a los problemas de fondo de la sociedad cordobesa en esa materia, concretamente, con una juventud muy castigada por el paro que no puede acceder a este derecho constitucional, mientras falta por desarrollar el anunciado plan municipal de vivienda y se relega la rehabilitación en los barrios consolidados y la creación de VPO”.

Toledano ha hecho estas manifestaciones después de que el alcalde, José María Bellido, propusiera el lunes abrir un debate ciudadano sobre una reciente propuesta de la asociación Construcor para permitir que en los nuevos barrios se pueda construir edificios de viviendas de ocho plantas o más, en contra de la limitación de seis plantas que configura la tipología en Córdoba en todo el municipio salvo casos puntuales.

Al respecto, ya se ha pronunciado el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación reconocido por el Ayuntamiento, recordando que las excepciones para edificar con más altura ya son numerosas y que la experiencia demuestra que los precios no se abaratan (casos de la Torre del Agua o Chinales) dando al final un rendimiento mayor a los suelos, pero “sin que haya ninguna contrapartida” medioambiental o de espacios y equipamientos.

Desde un punto de vista aún más social, el presidente de Al-Zahara no solo coincide con el CMC en la ineficacia de la medida, que solo aumentarían los beneficios de los constructores, y que no soluciona los problemas de fondo como el imposible acceso a la vivienda a una gran parte de la población.

Antonio Toledano también muestra su preocupación por cómo se desarrollará y si dará respuesta a la situación el anunciado Plan Municipal de Vivienda 2024-29, mientras que el debate sobre el número de plantas en barrios de expansión relega “cuestiones realmente urgentes como la necesidad de Vivienda de Protección Oficial (VPO), viviendas de tipo social, y la necesidad de la rehabilitación de edificios en los numerosos barrios consolidados de nuestra ciudad o con la reciente polémica por la nueva ley estatal de seguridad en ascensores que obligará en ocasiones a fuertes gastos para el vecindario”.

Y todo ello, mientras “el precio de la vivienda nueva supera la cota de la ‘burbuja del ladrillo’ 2008 y los alquileres alcanzan récords históricos de la mano de las más rentables viviendas para uso turístico, para la que falta una regulación mayor”.

Así, el responsable de Al-Zahara insiste en que el debate sobre el aumento de plantas en los bloques de viviendas, “no será eficaz para reducir el precio”, además de parecer ineficaz viene a eclipsar “muchas otras necesidades habitacionales de la sociedadcordobesa, que en la práctica se ve cada vez más privada de ese derecho constitucional de acceso a una vivienda digna”.

Córdoba, a diferencia de otras capitales andaluzas especialmente las de la costa, tiene una densidad de población baja. Las normas urbanísticas de la ciudad, ya incluso en las de los años ochenta, optaron por una ciudad que creciese más a lo ancho que a lo alto, y lograron un municipio que se puede observar con continuidad, sin demasiados hitos que impidan una contemplación de Sierra Morena. Esta semana, la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, a través de su presidenta, María Dolores Jiménez, ha pedido al Ayuntamiento que acabe con una supuesta prohibición que limita la altura máxima de los edificios de viviendas, que no podrían sobrepasar las seis plantas. Pero en esencia en Córdoba es posible construir viviendas a más altura. Y de hecho se ha construido así. Solo que requiere un importante trabajo administrativo.

Este martes, y en respuesta a la propuesta de Construcor, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, citó el caso de la Torre del Agua, un edificio de viviendas de 14 plantas. Pero existe otro que supera las seis plantas de reciente construcción: el proyecto de Tribeka y Kronos Homes en las antiguas instalaciones de Baldomero Moreno, que ha levantado nueve plantas no sin antes modificar el plan parcial.

La ordenanza de edificación de Córdoba señala las alturas máximas a construir, que dependen de la anchura de las calles. Si el vial tiene menos de ocho metros de ancho no se podrán construir edificios de más de dos plantas, como es el caso de la mayor parte del casco histórico de Córdoba, repleto de calles estrechas. Entre ocho y diez metros de anchura de calle se podrá llegar a las tres plantas, entre diez y 14 metros son cuatro plantas, entre 14 y 16 metros cinco plantas, y en las avenidas de más de 16 metros de anchura se podrá llegar ya a las seis plantas.

La norma cita que en ese caso el máximo será de seis plantas, pero no que esté prohibido construir más. Solo que para hacerlo deberá justificarse a través de la redacción de un plan parcial concreto. Y eso ha sido, precisamente, lo que se ha hecho en las antiguas instalaciones de Baldomero Moreno, que requirió de la aprobación del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y tras una dura pugna con la propia Junta de Andalucía, que no estaba muy convencida.

En este caso, los promotores argumentaron que las nueve plantas no iban a impedir la contemplación de la sierra de Córdoba, ya que se construía un bloque compacto de 20 metros de altura que no tendría impacto visual alguno. Y se convenció a la administración.

Otro proyecto en el Cordel de Écija

A través de un plan parcial también se le dio el visto bueno al proyecto de la Torre del Agua, con sus 14 plantas, cada una con su piscina. E incluso se llegó a plantear otro plan parcial más, en este caso promovido por la Junta de Andalucía, en el Cordel de Écija que también preveía la construcción de edificios de viviendas de más de seis alturas, como recuerda el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia.

La propuesta de Construcor llega en el momento en el que se está iniciando el proceso para revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, en vigor desde el año 2003, aunque aprobado en 2001. El alcalde ya planteó que las nuevas normas no deberían ampliar la superficie de suelo urbanizable de la ciudad, que todavía no se ha colmatado. En esencia, la propuesta de Construcor llevaría a que se permitiese, sin necesidad de aprobar planes parciales de modificación, la construcción de más de seis alturas en las nuevas promociones, aumentando de esta forma la rentabilidad de sus inversiones.

El debate acaba de llegar a Córdoba. Y al calor del mismo se plantean nuevos conceptos urbanísticos, como los de la ciudad compacta y sostenible, en la que se considera más viable construir más hacia arriba que a lo ancho. Eso sí, acabaría con una tradición milenaria en una ciudad en la que no abundan, precisamente, los edificios altos, sino todo lo contrario.

De momento, el edificio más alto de la ciudad sigue siendo la Torre de la Mezquita Catedral y sus 55 metros. Después está la Torre del Agua, con 49 metros y sus 14 plantas, repleto ya de vecinos.

El alcalde dice que buscará el “consenso”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ante la propuesta lanzada por la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, para que se permita levantar edificios de más de seis plantas de altura en las zonas de expansión de la ciudad, ha anunciado este martes que la estudirá, pero que la decisión última deber ser objeto de “consenso”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras presentar las actividades de verano que se desarrollan en el Centro de Educación Vial, Bellido ha dicho que, dado que la citada patronal de la construcció es “una asociación muy consolidada, muy seria y muy leal a la ciudad, que hace planteamientos que están estudiados”, al menos va a “tomar en consideración la propuesta y estudiarla”, pues eso es “lo que corresponde”.

En cualquier caso, según ha argumentado, la ciudad de Córdoba “ha crecido con un modelo de altura que está muy consolidado en el tiempo”, de ahí que, “cualquier cambio, que puede ser positivo, requiere que hagamos un esfuerzo previo de consenso, es decir, si esa propuesta se debe sacar adelante o no, será algo que tengamos que discutir entre todos, entre los grupos políticos que conforman el Pleno, que tendrán algo que decir”, y “también el conjunto de la sociedad”.

Ello es preciso, según ha defendido, “porque es un cambio que, de producirse”, modificaría “algo que viene haciéndose durante décadas y, en segundo lugar, porque si hay que hacer un cambio, tendría que ser con vocación de continuidad”, de ahí la necesidad del “consenso”.

En consecuencia, en el gobierno municipal del PP van a tomar “en consideración la propuesta” de Construcor, que “puede tener aspectos positivos”, pero, “a partir de ahí, hay que empezar a trabajarla” y, para ello, Bellido espera que Construcor “presente un documento elaborado, que no sea solo una reflexión, sino que, técnicamente, elaboren un documento que puedan presentar al Ayuntamiento”.

Cuando eso se produzca, habrá que “estudiarlo, tanto en el propio Ayuntamiento como, por supuesto, a través de la participación ciudadana”, lo que se haría “a través de la herramienta que tenemos para hacerlo, que es el Consejo Social de la Ciudad, donde está todo el mundo”, pues en el mismo están representados “la Universidad, los empresarios, los sindicatos y el movimiento ciudadano”, con lo que “es el órgano que, para cambios de este tipo, se tendría que posicionar”.

De este modo, “si Construcor hace esa propuesta de una forma seria y viable técnicamente, con un documento, pues lo primero sería estudiarla en la Gerencia de Urbanismo y, a la vez, en el mismo momento, que el Consejo Social también dictaminara su posición, sobre si ve conveniente o no este cambio”.

Los empresarios de la Construcción esperan que 2024 sea mejor que 2023, un año en el que la mayoría, un 76 por ciento, cumplió sus objetivos, frente a solo un ocho, que declaró que el año fue peor de lo esperado.

Según los resultados de la Encuesta Anual de Situación que realiza Construcor entre sus asociados, la mayoría de las empresas, tres de cada cuatro, ha mantenido la estabilidad registrada en los dos últimos ejercicios, cumpliendo con las previsiones que se habían marcado al principio de cada año.

Pese al aumento generalizado de costes registrado el año pasado, el mismo porcentaje de empresas, el 76 por ciento, lograron sus objetivos de facturación (ventas, proyectos y licitación) e inversión (nuevas operaciones) y solo un ocho por ciento no los alcanzaron. En cuanto a la contratación y los beneficios, hasta un 16 por ciento registraron un ejercicio por debajo de lo que se habían marcado.

De hecho, entre las cuestiones que más afectaron a las empresas se encuentran los costes laborales, el alza constante de los costes de los materiales y la falta de trabajadores, causas que inciden directamente en los capítulos de contratación y beneficios.

Por otra parte, las empresas pudieron hacer frente a los costes financieros y fiscales de mejor manera, a pesar de la persistencia de la subida de los tipos de interés que superó durante varios meses la cota del cuatro por ciento (Euribor a doce meses), ya que la subida más importante se registró en 2022, cuando se elevaron un 3,5 por ciento entre enero y diciembre.

Previsiones para 2024

También, como suele ser habitual en los últimos años, las empresas esperan un mejor año para su actividad que para el conjunto del sector y para la economía en general. De hecho, hasta el 60 por ciento espera que mejoren sus resultados y un 32 que se mantengan como el año pasado, frente a sólo un 28 por ciento que espera una mejor marcha del sector y un 36 que prevé que la economía empeore este 2024 frente al año pasado.

En cuanto a la situación general, es de destacar que la inestabilidad política sea la cuarta preocupación de las empresas, factor que se relaciona con la inseguridad jurídica y los vaivenes de la política económica, que estiman pueden afectar a la situación genérica de las empresas más allá del propio sector.

Finalmente, también hay una serie de empresas que consideran imprescindible seguir avanzando en la simplificación administrativa para mejorar la actividad tanto del sector como de las empresas en general.

En esta edición de la Encuesta Anual de Construcor han participado 44 empresas asociadas dedicadas a la edificación residencial, la promoción inmobiliaria, la obra civil, las infraestructuras relacionadas con la construcción y la Ingeniería y los resultados se han obtenido entre el 10 y el 19 de enero de 2024. 

Construcor, la patronal de las empresas constructoras de Córdoba, “rechazado y condena” las presuntas actuaciones de la promotora inmobiliaria con sede social en Córdoba que ha sido acusada de una estafa por valor de 20 millones de euros a familias de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Murcia, que desembolsaron una media de 20.000 euros en concepto de reserva por unas viviendas que no se construirán.

Los constructores cordobeses aunados en Construcor se han referido en este sentido a la información publicada por Cordópolis y denunciada también en otros medios de comunicación locales andaluces. Sobre ello, sostienen que esta sociedad -que responde en el Registro Mercantil al nombre de CJDE FAM 2016 SL, está domiciliada en la calle Profesor Juan Carandell y Pecaray de Córdoba, y utilizaba como nombre comercial el de Grupo 21-, “no tiene actividad local ni es conocida o mantiene vínculos conocidos con las empresas cordobesas del sector ”.

Asimismo, aseguran que las presuntas actuaciones de las que es acusada “son absolutamente rechazadas por Construcor y las empresas promotoras cordobesas de la asociación”.

Para los constructores locales, “el hecho de tener su sede social en Córdoba, sin más, no la reconoce como empresa local ni la acredita como empresa promotora cordobesa ya que, como se indica, carece de trayectoria y actividad conocidas en la ciudad y perjudica la reputación del resto de las empresas promotoras del sector cordobés”.

Desde Construcor se quiere recordar que el comprador de una vivienda debe exigir el cumplimiento de las garantías que marca la Ley, tal y como se hace con normalidad en cualquier adquisición, y evitar entregas de dinero sin las contrapartidas de garantías sobre su destino. 

La asociación de empresarios de la construcción Construcor y los sindicatos CCOO-Hábitat y FICA-UGT han firmado el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción para la provincia. Es uno de los convenios más importantes de la economía cordobesa, ya que afecta directamente a 21.000 trabajadores y a 2.785 empresas, y ello con independencia del efecto arrastre que tiene sobre otras actividades económicas.

Así, se mantiene la cláusula de garantía salarial, sin efectos retroactivos, pactada el año pasado en 2024 para corregir la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. En concreto, se trata de una cláusula referenciada al valor promedio de los incrementos porcentuales interanuales que experimente el IPC en el período 2022-2024, y operará cuando dicho valor registre un nivel superior al 10%, y siempre con un máximo de un 13%. El 25 por ciento de ese exceso se aplicará sobre las tablas salariales de 2024.

En segundo lugar, se ha acordado la aportación económica que las empresas deberán realizar al plan de pensiones y de empleo acordado en el ámbito del Convenio General del Sector para potenciar, a través de la negociación colectiva, un sistema de previsión social complementario de las pensiones públicas, en especial la de jubilación. Esta iniciativa se alinea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, y su finalidad básica y primordial es facilitar al conjunto de las personas que trabajen en el sector el acceso a planes de ahorro que no comprometan sus niveles de renta. La cuantía de dicha aportación se ha calculado tomando como referencia las tablas salariales del año 2021.

Por otra parte, se ha fijado también el cuadro calendario para 2024, que contempla una jornada continuada, de siete horas efectivas de trabajo, desde el 17 de junio hasta el 13 de septiembre, ambos inclusive, para reducir los riesgos vinculados al estrés térmico por las altas temperaturas.

Con este convenio, los agentes sociales y las empresas de la construcción buscan dar estabilidad al sector, modernizando las relaciones laborales y asegurando una paz social que contribuya a relanzar la economía cordobesa.

La presidenta de Construcor, Mª Dolores Jiménez, ha reivindicado el papel de las empresas cordobesas del sector de las infraestructuras en la nueva legislatura abierta tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en las que “deben iniciarse e impulsarse muchos proyectos fundamentales para Córdoba y su provincia con unas administraciones del mismo signo en la ciudad, la provincia y Andalucía”.

Esta “alineación política debe profundizar en la estabilidad y la seguridad jurídica para que las empresas puedan planificar sus objetivos de crecimiento, contratación e inversión con unas administraciones coordinadas en unas mismas políticas” ha apuntado la presidenta.

En este sentido, ha pedido profundizar en la simplificación administrativa, “una necesidad que siempre está ahí”; “en la agilización de medidas sobre las que ya hay acuerdos”, en referencia en clave local a cuestiones como la recogida neumática, y en la “eficiencia general de las administraciones” para facilitar la actividad de las empresas en los próximos años, tras los ajustes que puedan venir con la vuelta a las reglas fiscales europeas tras la pandemia.

Sobre ello, Mª Dolores Jiménez ha insistido en trabajar al máximo en las fórmulas de colaboración público-privada “más allá de la retórica” y ha recordado que es imprescindible “eliminar el ruido contra las empresas de estos últimos años que ha buscado la desafección social frente a quienes creamos empleo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y en su mayor parte somos empresas medianas y pequeñas”.

Licitaciones y Vivienda

Sobre otras cuestiones de relevancia, la presidenta de Construcor ha pedido que se profundicen en los procesos de licitaciones públicas para mejorar sus resultados, con la aplicación efectiva de las leyes de contratación públicas, recordando que desde Construcor se ha impulsado la Mesa de Contratación Pública en el seno de la Federación Andaluza, FADECO Contratistas.

En cuanto a la vivienda, Mª Dolores Jiménez ha señalado que estamos ante un problema de oferta de vivienda nueva en cuanto al mercado libre, aunque en Córdoba, el mercado se regula por sí solo y absorbe las nuevas promociones con normalidad. No obstante, ha reivindicado la reforma del sistema de VPO, para que se adapte a los costes reales de las empresas, y la búsqueda de fórmulas de nueva vivienda social.

En este sentido, considera que el actual PGOU debe ir adaptándose en los próximos años a las demandas latentes en la ciudad y que la rehabilitación de viviendas debe ser otro de los objetivos prioritarios en materia de política urbanística, atendiendo a la sostenibilidad como eje esencial.

Innovación, sector inmobiliario y empleo

En el transcurso de la asamblea, se ha celebrado una sesión técnica de trabajo en la que han intervenido, en primer lugar, José María Basáñez y José Antonio Muro, presidente y director general del grupo Tecnitasa, el primer grupo de valoración y consultoría de España en capilaridad, con presencia en Córdoba.

José María Basáñez ha dado una visión general del sector inmobiliario en España y previsiones entre final de este año y el próximo, así como sus necesidades para mantenerse como uno de los grandes motores de la economía, mientras que José María Muro ha hablado sobre el sector de la valoración apuntando algunos de los retos a los que se enfrenta hoy en día.

Acto seguido ha intervenido Flor Zafra, directora general de Baublock, que ha hablado sobre innovación y sostenibilidad en el sector y los nuevos materiales de construcción, para la mejora de la productividad en los procesos constructivos y la contribución en materia de eficiencia energética y reducción de la huella de carbono.

Finalmente, han intervenido Francisco Carmona, secretario general de Construcor, y Juan Antonio Rodríguez, de la Fundación Laboral de la Construccion, que han analizado el problema de la falta de empleo cualificado en el sector y han presentado el programa “Construyendo Empleo” por el que la Fundación impulsa la incorporación de nuevos trabajadores al sector.