La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de hasta 15 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. El acusado será juzgado el próximo 12 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en una fecha no concretada cuando el acusado se dirigió al dormitorio donde se encontraba la víctima. Una vez allí, comenzó a besarla y realizarle tocamientos. El relato detalla que el procesado introdujo la mano de la víctima en su pantalón para que esta le masturbara, procediendo posteriormente a la penetración vaginal.

Por estos hechos, el fiscal califica lo sucedido como un delito continuado de agresión sexual. En su petición de penas, además de los 15 años de prisión, se solicita una medida de libertad vigilada durante 10 años que se ejecutaría tras cumplir la condena de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama la prohibición de que el acusado se aproxime o comunique con la víctima por un periodo de 16 años.

La acusación también incluye la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta. El documento aclara que se aplica la Ley Orgánica 10/2022 al ser considerada la regulación vigente más favorable para el acusado en este procedimiento.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión a un vecino de Aguilar de la Frontera por un delito de abuso sexual cometido contra una joven a la que conoció en una fiesta y de la que se aprovechó cuando se encontraba ebria e inconsciente.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de febrero de 2020, tras coincidir acusado y víctima en una celebración relacionada con una despedida de trabajo. Ambos acudieron posteriormente a un bar de copas situado en el polígono Calonge de Sevilla, donde consumieron una cantidad indeterminada de alcohol. Más tarde, decidieron desplazarse al domicilio de la joven, al que llegaron sobre las 6:00. El acusado condujo el vehículo de la víctima y permaneció después en su dormitorio, pese a conocer el estado en el que esta se encontraba. La mujer convivía en la vivienda con otras dos compañeras de piso.

El tribunal ha delcarado probado que el acusado actuó “con la finalidad de satisfacer su deseo sexual” y que fue plenamente consciente del estado en el que se encontraba la víctima, que presentaba “vómitos provocados por la situación etílica y precisando de la ayuda para que no se desplomara”. Pese a ello, el fallo afirma que el procesado, “valiéndose de la situación de inconsciencia en la que ella se encontraba, mantuvo relaciones sexuales plenas con penetración vaginal, sin que ésta tuviera capacidad para consentir libremente las mismas”.

Reconocimiento de los hechos

La Audiencia Provincial subraya que la condena se fundamenta, principalmente, en el reconocimiento del propio acusado durante el juicio oral. Junto a ello, el tribunal ha apreciado las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, señalando que “desde que ocurrieron los hechos han transcurrido más de cinco años”. En este tiempo, el acusado ha reparado el daño ingresando en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.000 euros.

Esta cantidad será entregada a la víctima en concepto de daños morales. Además, el condenado deberá asumir el pago de todas las costas del procedimiento, incluidas las devengadas por la acusación particular“. Además de la pena de prisión, el fallo incluye al condenado una medida de libertad vigilada durante cuatro años, así como la inhabilitación especial durante cuatro años para ejercer cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad.

El tribunal le ha impuesto igualmente una orden de alejamiento superior a 300 metros respecto de la víctima y otra de comunicación con ella, ambas, durante cuatro años. Por último, a petición de la defensa y con el informe favorable del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, el tribunal ha acordado la suspensión de la condena de prisión durante tres años, condicionada a que el condenado -que no tiene antecedentes penales- no vuelva a cometer ningún delito durante ese periodo y comunique cualquier cambio de domicilio.

Los delitos contra la libertad sexual registrados en la provincia de Córdoba descendieron levemente en 2024, aunque continúan en cifras altas. Según el informe anual correspondiente al pasado año, se contabilizaron 258 hechos conocidos, once menos que en 2023, cuando se alcanzó el máximo de la serie con 269 casos. Pese a esta bajada, la cifra sigue por encima de los 241 delitos registrados en 2022.

La tasa de criminalidad sexual se situó en 3,3 delitos por cada 10.000 habitantes, una ligera reducción respecto a la tasa de 3,5 de 2023, aunque superior a la de 2022, que fue de 3,1. Esta tendencia a la baja contrasta con la tendencia a nivel nacional, donde el total de delitos sexuales conocidos aumentó en un 4,68 % de 2023 a 2024.

Más agresiones sexuales sin penetración y la pornografía infantil

Por tipología, los datos reflejan una evolución desigual. Las agresiones sexuales sin penetración son los casos más frecuentes (y engloban lo que, hasta 2022 estaba tipificado como abuso sexual). En 2024 continuaron al alza hasta alcanzar los 169 casos en 2024, frente a los 166 del año anterior y los 152 de 2022.

En cambio, las agresiones sexuales con penetración (las violaciones) descendieron. Se registraron 43 casos, nueve menos que en 2023, aunque la cifra sigue siendo superior a la de 2022, cuando se contabilizaron 39. Especialmente significativo es el aumento de los delitos de pornografía infantil, que se duplicaron en un solo año: pasaron de cinco casos en 2023 a once en 2024, frente a los cuatro registrados en 2022.

Por el contrario, varias tipologías vinculadas a la ciberdelincuencia y a los delitos de exhibición sexual mostraron una tendencia a la baja. Los casos de grooming (contacto con menores de 16 años mediante tecnología y con fines sexuales) se redujeron a cinco, la mitad que en 2023 y muy por debajo de los doce registrados en 2022.

El exhibicionismo también continuó descendiendo, con diez hechos conocidos, frente a los trece del año anterior y los dieciocho de 2022. La corrupción de menores dio lugar a nueve investigaciones, una cifra similar a la de 2023.

Alta eficacia policial

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantuvo una elevada tasa de resolución. En 2024 se esclarecieron 217 de los 258 delitos registrados, lo que supone un porcentaje de esclarecimiento del 84,1 %, cercano al máximo alcanzado en 2023.

En total, 156 personas fueron detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, aunque claramente superior a la de 2022. El número de victimizaciones también descendió levemente, con 263 casos registrados en 2024, frente a los 276 de 2023. Las agresiones sexuales sin penetración concentraron el mayor número de víctimas (177), seguidas por las agresiones sexuales con penetración, con 43 victimizaciones.

Los datos de criminalidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2025 en la provincia de Córdoba revelan un fuerte incremento en los delitos contra la libertad sexual, que alcanzaron los 188 casos, un 13,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La tendencia ascendente afecta a la mayoría de municipios y se acentúa especialmente en los delitos más graves.

La categoría más grave, las agresiones sexuales con penetración, registró 43 casos entre enero y septiembre, lo que supone un aumento interanual del 34,4%. Este incremento se concentra sobre todo en municipios con subidas especialmente abruptas. Córdoba capital continúa siendo el municipio con mayor número de casos, con 25 investigaciones abiertas, lo que representa un crecimiento del 38,9% respecto al mismo periodo de 2024.

En términos numéricos, son siete casos más que el mismo periodo del año anterior, concentrando la capital más de la mitad de las agresiones con penetración contabilizadas en toda la provincia, con una media preocupante de ocho violaciones cada trimestre.

Por su parte, en Palma del Río se contabilizaron tres casos, frente al único registrado en 2024. Priego de Córdoba anotó un caso, frente a ninguno el año previo. Lucena se mantuvo estable con dos casos, idéntica cifra que en 2024. Los municipios de Cabra, Montilla y Puente Genil no registraron ninguna agresión con penetración en 2025. En Cabra, sin embargo, fueron dos, una más que en los primeros tres meses del año anterior, cuando se contabilizó un caso.

Sube también el resto de delitos sexuales

El resto de delitos sexuales —aquellos que no implican penetración— también aumentaron durante los primeros nueve meses del año, alcanzando los 145 casos, 12 más que el año pasado. No obstante, la evolución de esta categoría presenta diferencias notables entre municipios.

En Cabra se registraron tres casos, frente a uno del año anterior. También Montilla experimentó un aumento, con cinco casos en 2025, tres más que en 2024. Puente Genil sumó 12 casos, seis más que el año pasado.

Córdoba capital, en contraste con lo sucedido con las agresiones con penetración, redujo esta subcategoría hasta 73 casos, ocho menos que en 2024. Además, Palma del Río también experimentó una caída en estos delitos, con tres casos, uno menos que el año anterior. Lucena anotó diez casos, uno menos que en 2024, mientras que Priego de Córdoba se mantuvo estable con un único caso registrado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 14 años y tres meses de prisión a un hombre por abusar sexualmente de manera continuada de la hija de su novia durante casi cinco años en un pueblo de Córdoba. El alto tribunal ha confirmado íntegramente las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la de la Audiencia Provincial de Córdoba, que reflejan un lustro de abusos y vejaciones sufridos por la niña.

Los hechos probados, que fueron asumidos y ratificados en todas las instancias judiciales, describen que en marzo de 2011, el condenado inició una relación con una mujer, quien tenía dos hijos menores de fruto de otra relación. Comenzaron a vivir juntos y la pareja tuvo un hijo. Durante un periodo de entre tres y casi cinco años, cuando la menor tenía aproximadamente ocho años, el hombre -con intención sexual y aprovechando la ausencia de la madre en el domicilio familiar- “logró imponerse a la voluntad” de la menor. Prácticamente a diario, en el domicilio familiar, realizaba prácticas sexuales que incluían tocamientos genitales, penetraciones anales (desde los ocho años y hasta los 11), y posteriormente también vaginales, así como felaciones.

Estos actos se cometían sin el uso de preservativos y con eyaculación en el exterior. Todo ello sucedía “a pesar de la negativa de la menor”, lo que provocaba un “comportamiento violento” por parte del agresor, que incluía golpes, empujones y tirones de cabello. Además, el hombre profirió “graves amenazas” hacia la menor y su hermano si revelaban lo sucedido. La Sala del Supremo subraya que estas acciones provocaron en la víctima un “continuo estado de humillación y desasosiego que menoscabó gravemente su dignidad y causó un grave daño emocional”.

El Supremo ha rechazado todos los motivos alegados por el condenado y ha confirmado todos los extremos de la sentencia de la Audiencia. Así, el hombre tiene prohibido residir o aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudios, o cualquier otro lugar que frecuente, así como de comunicarse con ella, durante 15 años y tres meses. También se le han impuesto diez años de libertad vigilada y 19 años y tres meses de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad. Adicionalmente, se le ha privado del ejercicio de la patria potestad durante seis años y se le ha condenado a indemnizar a la víctima con 10.000 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a siete años de prisión por abusar sexualmente con acceso carnal de su pareja tras quedar demostrado que la joven se negó y que se encontraba muy mareada tras el viaje en coche que emprendió la pareja hacia el parque periurbano de Los Villares, a donde el chico condujo para mantener relaciones sexuales.

Según la sentencia, los jóvenes tuvieron una relación sentimental durante 13 años, empezándola cuando ambos eran menores de edad. Durante 2019 estuvieron conviviendo durante ocho meses, retornando después cada uno de ellos a sus respectivos domicilios en Córdoba capital. Debido al comportamiento celoso, posesivo y controlador del acusado, según la sentencia, así como a sus constantes requerimientos para mantener relaciones sexuales a diario, la relación de pareja se fue deteriorando y en enero de 2020, la víctima decidió poner fin a la misma, si bien en julio de ese mismo año y debido a los persistentes ruegos del acusado, aceptó reanudarla.

Durante un noche de septiembre 2020, la pareja fue a un restaurante y, tras la cena, el condenado propuso a la víctima ir a Los Villares para mantener allí relaciones sexuales, a lo que ella se negó de plano debido a que se sentía indispuesta y próxima a vomitar y, por ello, no le agradaba la idea de circular por una carretera con curvas pronunciadas. Además, la joven no tenía en esos momentos ningún apetito sexual. Pese a ello, el condenado contestó que no iba a parar, que llevaba tiempo sin hacerlo y que iban a ir de todos modos.

La joven fue violada pese a su negativa y a encontrarse mareada

Sobre las 0:30, el procesado detuvo el vehículo en un lugar solitario de Los Villares y la joven salió de inmediato del coche para vomitar. Mostrándose indiferente al estado en el que su novia se encontraba y con absoluto desprecio por ser mujer -señala el tribunal-, el hombre la besó en los labios y acabó violándola, eyaculando en su interior y sin ningún tipo de protección, mientras manifestaba la joven que no quería. Una vez que el acusado quedó sexualmente satisfecho, ambos subieron al vehículo y emprendieron el regreso a Córdoba, permaneciendo la víctima durante todo el trayecto en silencio, produciéndose a partir de este episodio la ruptura definitiva de dicha pareja. A consecuencia de esto, la víctima sufre un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo.

Durante el juicio, el joven declaró que las relaciones sexuales fueron consentidas, pero el tribunal ha fallado que es improbable que una persona que acababa de vomitar “estuviera voluntariamente dispuesta a consentir” una relación sexual de ese calibre. Además, unas conservaciones de WhatsApp entre la víctima y el condenado refrendan la ausencia de consentimiento por parte de la chica. En esas conversaciones, el joven le decía que “se me fue un poco”, “no iba con malas”, “me he equivocado” y “lo de ayer fue sin querer”, mientras que ella le transmitió que se “sintió como un trapo” y le reclamó que “siempre hacía lo mismo”. “Te da igual si estoy mal o si no tengo ganas”, le llegó a decir la víctima, que concluyó la conversación diciéndole que la dejara en paz y que no quería hablar más. Ante ello, el joven le aseguró que lo sentía y que no le dejara.

Al día siguiente de los hechos, la joven, en estado de shock, fue al Hospital Reina Sofía de Córdoba para solicitar la píldora del día después. Ante las preguntas de los facultativos sanitarios, les comentó lo que había pasado, quienes le hicieron reconocimientos médicos. Después, la joven denunció a su pareja.

La víctima había sufrido un aborto previo

En la vista, la víctima declaró que era habitual que el joven eyaculara en su interior y que insistía en mantener relaciones sexuales sin tomar medida alguna. Hasta tal punto de que la joven acabó quedándose embarazada en una ocasión. No obstante, abortó después de que el condenado le dijera que el hijo “era de otro”.

Por todo ello, la Audiencia lo ha condenado a siete años de prisión con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género, al considerar el tribunal que el acusado actuó movido por una actitud de dominación y deprecio hacia la mujer.

Además, se le ha impuesto siete años de libertad vigilada, ocho años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, a quien deberá pagar 10.000 euros de indemnización, y el pago de las costas. La sentencia ha sido recurrida por la defensa del condenado.

El balance de criminalidad del primer trimestre de este año hecho público por el Ministerio del Interior muestra una subida del 6% en los delitos investigados en la capital cordobesa por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado, que han registrado notables incrementos en reyertas, violaciones y robos en viviendas.

Los datos de la capital contrastan con los datos provinciales, ya que, en el global, la criminalidad desciende en la provincia, mientras crece en el principal núcleo poblacional. Así, entre enero y marzo de 2025 se han registrado un total de 4.361 infracciones penales, frente a las 4.117 del primer trimestre de 2024. 

El mayor número de delitos registrados en la capital corresponden a lo que se considera criminalidad convencional (un total de 3.443), que crece un 10,5% respecto a enero-marzo de 2024, con los hurtos (un total de 1.049) como el más habitual en lo que llevamos de año.

No obstante, la subida más importante se da en otros delitos más graves: las violaciones (agresión sexual con penetración) han pasado de 5 a 11 (una subida del 120%), mientras que las reyertas han pasado de 25 en el inicio de 2024 a 45 entre enero y marzo de 2025, un aumento del 80%.

En cuanto a los robos en viviendas, que han sido una de las principales preocupaciones vecinales en los últimos meses, la estadística de este arranque del año sí que muestra un aumento notable. Concretamente, se han registrado 122 frente a los 92 que hubo entre enero y marzo de 2024, un aumento del 32,6%.

Además, en el inicio de este 2025 se ha contabilizado un homicidio consumado (el que tuvo lugar en El Arenal, puesto que el crimen de Las Moreras fue en abril), tres en grado de tentativa, y un secuestro. Son todos ellos delitos que en 2024 no se registraron.

En el otro lado de la balanza está la caída en los robos de vehículos, que han pasado de 52 en 2024 a 32 en el primer trimestre de 2025. También se han registrado menos delitos informáticos (de 1.001 a 918), con una caída en las estafas y otro tipo de ciberdelitos.

Datos provinciales

A nivel provincial, el año ha arrancado con un total de 7.994 infracciones penales, frente a las 8.066 de ese periodo de 2024, según la estádistica del Ministerio de Interior, consultada por Cordópolis.

Al igual que en la capital, el mayor número de delitos cometidos en este primer trimestre corresponde a los hurtos, con 1.621. Mientras, los robos en domicilios y establecimientos sumaron 224 a nivel provincial, y caen un 15,5%.

También crecen las reyertas o pelea tumultuarias, que pasan de 85 a 103 (+ 21,2%), aunque la subida más notable es la de las violaciones, que han pasado de 9 a 21 en el mismo periodo de 2024 a 2025 (una subida del 133%).

En el resto de municipios de más de 20.000 habitantes de los que hay datos, son los siguientes: en Cabra, la criminalidad desciende un 15,1% respecto al primer trimestre de 2024, un dato similar al 15,3% de caída en Lucena.

En Montilla, la criminalidad cae un 13,2%, mientras que en Palma del Río la caída es del 4,4%, y en Priego es de un 14,3%.

El único municipio grande, además de Córdoba, donde crece la criminalidad es en Puente Gentil, donde los delitos han crecido un 4,7% respecto al primer trimestre de 2025.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 15 años de prisión impuesta a un abuelo cordobés por un delito continuado de agresión sexual con prevalimiento de su parentesco contra su nieta de nueve años. Desde finales del verano de 2016, la niña sufrió tocamientos sexuales por parte de su abuelo paterno y hasta en cinco ocasiones la violó, obligándola a hacerle felaciones. En 2017, el condenado intentó violarla vaginalmente, pero la menor pudo huir. Estos episodios se repitieron hasta enero de 2018, cuando la niña se los contó a su madre.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el abuelo cometió estos delitos aprovechando la frecuente visita de la menor a sus domicilios en Madrid y Guadalajara, especialmente durante el verano, y la buena relación que mantenía con ella. A finales del verano de 2016, cuando la víctima tenía nueve años, estando ambos solos en el salón de la vivienda de Madrid mientras la abuela se duchaba, y tras pedirle la nieta un masaje, el abuelo le tocó sus partes íntimas.

Desde ese momento y hasta enero de 2018, el encartado aprovechó los momentos en los que se quedaba a solas con su nieta en ambas viviendas para volver a tocar sus partes íntimas, llegando a introducir los dedos en la vagina en repetidas ocasiones. En estos actos, el abuelo agarraba fuertemente de los brazos a la menor para vencer su resistencia. Además, en cinco ocasiones la violó, introduciendo su pene en la boca de la menor mientras la agarraba fuertemente de la cabeza.

A finales del verano de 2017, estando en la casa de verano de Guadalajara, llevó a su nieta a una habitación, la tiró encima de la cama, la desnudó de cintura para abajo y se desnudó él mismo, e intentó violarla vaginalmente, no logrando su objetivo porque la niña pudo huir. Estos hechos se prolongaron hasta enero de 2018, cuando la menor contó lo ocurrido a su madre.

Como resultado de estos hechos probados, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a este hombre 15 años de prisión, quien presentó un recurso ante el Supremo, que lo ha rechazado íntegramente. El tribunal ha creído el relato de la menor, sustentado en otros elementos probatorios, como un informe de la psicóloga del Centro de Atención Psicoterapéutica en Violencia Sexual Infantil y Adolescente (CIASI) y la sintomatología de afectación psicológica de la menor.

Además, al igual que la Audiencia de Madrid, ha considerado que los hechos probados describen claramente una conducta de agresión sexual con violencia que justificaba la subsunción en dichos artículos. Asimismo, el abuelo cuestionó la cantidad a indemnizar a su nieta. En ese sentido, y aun reconociendo el Supremo la dificultad para cuantificar el daño moral sufrido por la niña, ha considerado que la cantidad fijada es proporcional y razonable atendiendo a la gravedad de los hechos y las consecuencias sufridas por la víctima, calificando el daño moral como de primer grado por afectar gravemente al nivel más elemental de calidad de vida de la menor.

Junto a la pena de prisión, el Alto Tribunal español también mantiene la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su nieta, de su domicilio, centro escolar y lugar de trabajo, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 años. Asimismo, se confirma la medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la pena de prisión y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por un tiempo de 19 años.

Por último, el condenado deberá indemnizar a su nieta en la cantidad de 30.000 euros y tendrá que pagar las costas del procedimiento, incluyendo las de la acusación particular.

Los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba han usado hasta 14 veces la palabra “consentimiento” en una sentencia pionera en la provincia, en la que han condenado a un joven a siete años y medio de prisión por la violación de una chica. Los jueces insisten en el fallo judicial en que la joven no pudo “prestar consentimiento” por su estado de embriaguez. Los tres magistrados aluden a la famosa ley del Solo sí es sí, 10/2022, para clarificar qué es y qué no es consentimiento.

Los hechos que se han juzgado ocurrieron en septiembre del año 2019. La víctima estaba, junto a otra amiga, en una discoteca del centro de Córdoba. Las dos estaban acompañadas a su vez de un grupo de amigos. La denunciante presentaba un evidente estado de embriaguez y, aunque no se ha considerado probado en el juicio por el tiempo en el que pasó hasta que se le hicieron las pruebas, llegó a asegurar que podría haber sido sometida a algún tipo de sumisión química. Las cámaras del local de ocio, a las que accedió la Policía Nacional, muestran cómo es acompañada a los servicios y cómo tiene que ser sacada de allí sin prácticamente poder sostenerse en pie y vomitando.

Según consta en la sentencia, la joven, defendida por la abogada cordobesa Aurora Genovés, acudió junto a su amiga al piso de un amigo, muy próximo a la discoteca. En el interior de la vivienda, la víctima fue ayudada por su amiga, que en el cuarto de baño la metió en la bañera incluso. Después, la dejó acostada en una habitación y se fue a dormir con la que era su pareja sentimental. A la vivienda le acompañó otro joven más, que según el fallo judicial se introdujo en el dormitorio de la víctima, donde habría aprovechado su estado de embriaguez para agredirla sexualmente. Según consta en la sentencia, la penetró tanto anal como vaginalmente, eyaculó en su vagina y la forzó a realizarle una felación. Consta también que mientras la agredía el estado de embriaguez de la joven era tal que se encontraba vomitando.

La joven no denunció los hechos hasta el día siguiente. En el hospital, la ginecóloga que la atendió señaló que tenía “la ansiedad a flor de piel” y evidenció que había sufrido heridas. También se comprobó que el ADN del semen que había en su vagina se correspondía con el del denunciado, que fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional por el juzgado de guardia.

No obstante, la defensa del procesado ha pedido su libre absolución al considerar que las relaciones sexuales, que admite, fueron consentidas. Los jueces sostienen en una amplia sentencia de 32 folios todo lo contrario. Y para hacerlo despejan las dudas jurídicas con las consideraciones de la ley del Solo sí es sí.

De esta manera, insisten en que en el momento de los hechos el “estado de aturdimiento y desorientación que seguía sufriendo por su estado de embriaguez” era tal “que la dejaba indefensa ante dichas acciones e impedida de prestar consentimiento”. Los magistrados se basan en el análisis de las imágenes de la discoteca y en las testificales de los acompañantes tanto de la víctima como del procesado.

La defensa del joven condenado argumentó que la chica le realizó una “felación”. La joven admitió la felación pero insistió en que “no era consciente” de lo que estaba ocurriendo. En su testimonio, ratificado primero ante la Policía y después en el juzgado de Instrucción y también durante el juicio, la joven coincide en señalar en que no recuerda nada desde que comenzó a sentirse mal en la discoteca hasta que se despertó en la cama, sin saber qué estaba pasando, siendo agredida sexualmente.

“Es muy significativo, a nuestro entender, que el perito resalte que ella describía, en un momento tan cercano a la producción de las mismas, como ejecutadas 'contra su voluntad' tanto la penetración anal como la vaginal, y, en cuanto a la bucal, aunque no descartaba 'cierta voluntariedad', la inscribía dentro de lo que definía como un 'estado confuso' de la reconocida que, según el facultativo, les transmitió un 'pensamiento confuso de tener que dar placer', lo cual creemos que, ante la nítida ausencia de aceptación de las otras dos modalidades de acceso corporal, resulta insuficiente para generar un propio y verdadero consentimiento”, exponen los tres magistrados en esta sentencia pionera en Córdoba.

La condena

Por estos hechos, los jueces han condenado al acusado a siete años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual con penetración y siete años de libertad vigilada. Se le aplica el atenuante de reparación del daño al haber depositado 10.000 euros en el juzgado en concepto de indemnización.

Por otra parte, los jueces le absuelven de una segunda agresión sexual. En este caso, se refieren a la amiga de la víctima, que la acompañó a la vivienda. Según denunció posteriormente la amiga, el procesado también le agredió a ella, en uno de los momentos en los que se levantó para ver si su amiga se encontraba bien. Esta chica llegó a presentar incluso un parte de lesiones, con cardenales en los brazos y en su vagina. Pero los jueces consideran que ella es la única testigo de estos hechos y que presentó la denuncia mucho más tarde, lo que a su juicio le restaría credibilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a nueve años de cárcel a un hombre como autor responsable de un delito de agresión sexual cometido sobre su expareja delante de sus dos hijos menores de edad, con un año y medio y tres años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantuvo una relación de pareja durante unos tres años con la víctima, que finalizó en octubre de 2019 y de dicha relación nació un hijo, que tenía 18 meses en la fecha de los hechos, conviviendo en la vivienda también otro hijo de tres años de edad, de una relación anterior de la mujer.

El día 29 de octubre de 2020, sobre las 14:30, el procesado se presentó en el domicilio de ella, para comer con ella y con los dos menores. Tras almorzar, él empezó a jugar con los niños en el salón, si bien en un momento se puso en pie e “intentó agarrar” a la mujer “para darle un beso”, algo que ella rechazó, pero el acusado presuntamente la tumbó en el suelo, para posteriormente cometer el delito, según los jueces.

Al respecto, relatan que “la víctima trataba de zafarse dado que los menores se encontraban presentes, acercándose, incluso, uno de ellos por detrás del acusado y le dió golpes en la espalda y cabeza”.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre la mujer durante diez años, la pena de libertad vigilada durante otros diez años, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 14 años, la privación de la patria potestad por cuatro años y el pago de una indemnización a la mujer en la cantidad de 10.000 euros por los daños morales “a consecuencia de la violencia sexual ejercida sobre ella”.

Dominique Pelicot y Jean Pierre Maréchal son monstruos. Mucho peor que monstruos, porque quiero pensar que un monstruo no tiene conciencia de serlo. Ellos lo admiten abiertamente ante el tribunal.

Reconocer, como ambos han hecho, que durante años drogaron y violaron a sus propias esposas y a la del otro —hasta actuaban en “equipo”—, ofreciéndolas y subastándolas con una técnica depurada a otros tantos monstruos, es tan impropio de la naturaleza humana que reconozco abiertamente que mi oposición inquebrantable a la pena de muerte se ha resentido unos segundos al escuchar las crónicas de este juicio.

El maestro y el discípulo, que así se consideraban entre ellos, intercambiaban mensajes sobre cómo drogar a sus mujeres, qué dosis era la aconsejable para que no hubiera rastro, e incluso se compartían las fotos de ambas siendo abusadas por otros. ¡Qué decir de esa pléyade de hombres “comunes” y hasta anónimos que visitaban los dormitorios ajenos para abusar de unas esposas inertes, drogadas y ajenas, ante los monstruos oferentes y presentes! Y yo me pregunto: ¿a la mañana siguiente, todos como si nada? ¿A su trabajo, al médico, a llevar a los niños al colegio? ¿Sin rastro de conciencia? ¿Un día tras otro, durante años? La degradación de la condición humana está llegando a tal extremo que me cuesta trabajo desasirme de un turbador pensamiento: el ser humano está mutando hacia la locura como normalidad. No puede ser de otra manera.

Las personas con firmes principios democráticos, que creemos en el artículo 25 de la Constitución, cuando proclama que las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social y la reeducación del condenado, a veces, durante instantes, dejamos de creer. Hay monstruos que nos lo ponen muy difícil, pues sabemos que nunca habrá ni reinserción, ni cambio, ni reeducación.

Pelicot no cumplirá ni cadena perpetua, pues por los cargos que se le imputan, la pena máxima en Francia serían 20 años. ¡Qué tiempo tan insuficiente para que un monstruo se convierta en un ángel! ¿No creen?

Esta semana ha sido dura. He oído cosas horribles. Y no estaba en Aviñón, estaba aquí, en mi despacho. Los abogados, demasiadas veces, nos enfrentamos e incluso nos codeamos con monstruos. Esos que te miran y cuesta trabajo que la sangre no se te hiele, o esos que percibes enfrente y sabes de su maldad, mientras te preguntas cómo debes actuar para que, al menos, causen el menor daño posible.

No digo que antes no hubiera casos terribles, de esos que nos ponían la piel de gallina, pero sí afirmo de manera rotunda que la perversión humana, la capacidad de hacer daño a otro y de zaherir hasta a los que “queremos”, está aumentando. Los delitos en el ámbito de la familia, con respecto a los hijos —y la utilización que de ellos se hace hasta incluso la muerte—, la violencia contra las mujeres e incluso contra algunos hombres; la violencia, en fin, en el ámbito que debiera ser lo más sagrado para el ser humano —la familia— está alcanzando una escalada de terror y horror que jamás he vivido en los casi 40 años que llevo en esta profesión.

Monstruos siempre hubo, ahora, familiares, muchos más.

La Fiscalía de Menores no investigará la supuesta violación grupal a una alumna de 6º de Primaria, por parte de, al menos, ocho compañeros de curso, en un colegio de Peñaflor (Sevilla), que habría tenido lugar el pasado 17 de mayo, al tener todos los menores presuntamente implicados en el caso menos de 14 años y entrar el asunto en la Fiscalía el día 13 de junio. La supuesta agresión sexual fue denunciada por la familia de acogida al Grupo de Menores de la Policía Nacional de Córdoba y la menor fue atendida en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa.

La Fiscalía de Menores “no puede hacer ningún tipo de investigación” al ser menores de 14 años y lo que se ha hecho es “oficiar al Servicio de Protección de Menores, como dice la Ley del Menor en el artículo 3, relativo al régimen de los menores de 14 años”, tal como detalla en un comunicado.

“Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes”.

De este modo, el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores “testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”.

Asimismo, también se ofició al colegio, para que, en el ámbito de sus competencias adopten medidas de protección de la menor.

La supuesta agresión sexual fue denunciada por la familia de acogida al Grupo de Menores de la Policía Nacional de Córdoba, según consta en el escrito al que tuvo acceso Europa Press, fechado el 31 de mayo, donde consta el relato de los hechos y se indica que los denunciantes aportaron el informe de Alta de Urgencias del Hospital Reina Sofía.

En esa denuncia se detalla que el citado episodio se habría producido en torno a las 12,00 horas del 17 de mayo, “antes de que los alumnos salieran al patio, momento en el que fue apartada de la vista de estudiantes y profesores y llevada hasta el cuarto de baño de las niñas”, lugar en el que se habría producido la violación.

El Consistorio, por medio de un comunicado, al tratarse de un caso que involucra a menores, destacaba que “la protección y el bienestar de estos prevalecen sobre cualquier otro interés”, al tiempo que pedía “respeto y discreción” a todos los implicados y a la comunidad en general“.

Desde los Servicios Sociales municipales se han activado todos los protocolos establecidos para situaciones de esta naturaleza y se han puesto a disposición de la familia afectada todos los recursos y apoyos al alcance. Cualquier otra familia que requiera de esos recursos puede solicitarlos sin dudar, añadía el comunicado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a M. B., un ciudadano de 25 años, a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual y un delito leve de lesiones. Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2021, cuando el acusado agredió sexualmente a la víctima, después de que este último decidiera no continuar con un encuentro sexual consensuado. Además, M. B. propinó un golpe en el rostro de la víctima durante un altercado posterior.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, también prohíbe al condenado a comunicarse o acercarse a la víctima durante los próximos seis años, y a pagar una multa de 300 euros por el delito leve de lesiones.

Según los hechos probados, relatados en la sentencia, M. B. llevó a la víctima a un lugar apartado donde, tras un cambio de decisión por parte de este hombre de no continuar con el acto sexual, procedió a agredirle sexualmente sin su consentimiento. Posteriormente, en un altercado, M. B. golpeó a a este hombre causándole una lesión facial.

Según el escrito de la Fiscalía, que pedía una pena de siete años de cárcel, los hechos ocurrieron en la barriada de Alcolea en agosto de 2021. En un momento indeterminado, el acusado se encontraba con un grupo de amigos cuando al mismo lugar llegó la víctima junto a una amiga, entablando ambos grupos una conversación.

Durante el transcurso de la charla entre el acusado y el joven, ambos decidieron marcharse en el coche de este último a una zona de la barriada con el fin de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, una vez que comenzaron a tocarse en el interior del vehículo, el denunciante decidió que no quería continuar ante el comportamiento brusco del acusado. Además, según el escrito del Ministerio Público, el joven le manifestó de forma explícita que no quería seguir con el contacto sexual.

El caso de una supuesta violación grupal a una menor de 12 años de edad a manos de, al menos, ocho compañeros de curso (6º de Primaria) en un colegio de Peñaflor (Sevilla) está siendo investigado por la Fiscalía de Menores y también está siendo estudiado por otras delegaciones competentes, como el Consistorio y la Junta de Andalucía. De hecho, el asunto “está judicializado” e Inspección de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP está elaborando un informe “que pondrá a disposición del juzgado”, según informan fuentes de Educación.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el abuelo paterno de la menor, supuestamente víctima de una agresión sexual y con una discapacidad intelectual reconocida del 50%, ha afirmado que fue ella quien lo confesó, “días después” de que se produjera el episodio, el pasado 17 de mayo.

La pareja sentimental del abuelo, que tampoco ha querido desvelar su nombre para preservar la intimidad de la familia, ha relatado cómo observó en la niña un comportamiento “raro, con malos modos, cuando normalmente no es así”. “Nos reconoció, a su hermana mayor y a mí, después de mostrarse muy nerviosa, qué le habían hecho sus compañeros e incluso desveló, uno por uno, quienes habían sido los agresores”.

Desde el Ayuntamiento, por el momento, han declinado hacer valoración alguna acerca de esta presunta agresión a la menor y cuestionado al respecto han remitido a un comunicado que tienen previsto enviar este miércoles.

El abuelo paterno es el responsable de la menor ya que se encuentra en situación de acogida desde hace tres años. “Estoy deseando que llegue el informe médico para mostrárselo al director del colegio, que no se cree que esto haya sucedido, aunque tenga que ir a su casa para presentárselo”, ha asegurado, al tiempo que ha criticado que los Servicios Sociales municipales “no se hayan puesto en contacto con nosotros”.

La supuesta agresión sexual fue denunciada por la familia de acogida al Grupo de Menores de la Policía Nacional de Córdoba, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el 31 de mayo, donde consta el relato de los hechos y se indica que los denunciantes aportaron el informe de Alta de Urgencias del Hospital Reina Sofía.

Asimismo, en la denuncia se detalla que el citado episodio se habría producido en torno a las 12,00 horas del pasado 17 de mayo, “antes de que los alumnos salieran al patio, momento en el que fue apartada de la vista de estudiantes y profesores y llevada hasta el cuarto de baño de las niñas”, lugar en el que se habría producido la violación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a diez años de cárcel a un hombre por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre una niña, amiga de la hija de su pareja, desde los 12 años.

Según recoge la resolución del Alto Tribunal andaluz, los jueces han desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y han confirmado la sentencia dictada por la Sección Segunda, aunque cabe presentar recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el acusado, a partir de la segunda mitad del año 2018 y hasta mayo de 2019, comenzó a acercarse a la menor, en aquella época de 12 años de edad, y “con evidente ánimo libidinoso”, cuando la menor acudía a su domicilio e iba al instituto “le realizaba tocamientos”.

Sobre el mes de febrero de 2019, el acusado abordó a la menor en la calle y la invitó a subir a su coche e ir a una parcela situada a las afueras de un pueblo, donde supuestamente cometió una agresión sexual. Algo que también sucedió dos o tres semanas después y en el mes de abril de ese año, según los magistrados, que precisan que “el acusado exigía a la menor que no dijera a nadie lo que estaba sucediendo”.

Además de la pena de cárcel, el varón ha sido condenado a ocho años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de la menor durante un período de 15 años y el pago de 15.000 euros de indemnización.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar la próxima semana a un hombre acusado de agredir sexualmente a otro y provocarle lesiones.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la barriada de Alcolea en agosto de 2021. En un momento indeterminado, el acusado se encontraba con un grupo de amigos cuando al mismo lugar llegó la víctima junto a una amiga, entablando ambos grupos una conversación.

Durante el transcurso de la charla entre el acusado y el joven, ambos decidieron marcharse en el coche de este último a una zona de la barriada con el fin de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, una vez que comenzaron a tocarse en el interior del vehículo, el denunciante decidió que no quería continuar ante el comportamiento brusco del acusado. Además, según el escrito del Ministerio Público, el joven le manifestó de forma explícita que no quería seguir con el contacto sexual.

A pesar de ello, el acusado sacó bruscamente del coche a la víctima y la empujó de espaldas contra el turismo, impidiendo que se moviera, momento en que se produjo la agresión sexual en contra de su voluntad.

Por todo ello, el fiscal pide siete años de prisión por el delito de agresión sexual y la imposición de una prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo en un radio de 500 metros, y otra de comunicación por cualquier medio durante un plazo de nueve años. Asimismo, la Fiscalía ha solicitado la medida de libertad vigilada durante ocho años. La víctima no reclama ningún tipo de indemnización.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un joven que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a cuatro años de cárcel y cinco años de libertad vigilada, acusado de un delito de agresión sexual supuestamente cometido sobre una joven amiga vecina de una urbanización de la capital cordobesa, tras “contradicciones e incoherencias” en las declaraciones y el relato de ella.

Según recoge la sentencia del Alto Tribunal andaluz, los magistrados estiman el recurso de apelación interpuesto por el acusado y revocan la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, aunque contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado por el TSJA que “como venía siendo habitual, por mor de la estrecha relación de amistad” que vinculaba a la joven y al procesado desde hacía unos siete años, “intensificada por razones de vecindad, al residir ambas familias en la misma urbanización durante un dilatado período de tiempo”, ella, el día 3 de octubre de 2020, visitó al varón en su domicilio de la capital.

Durante una franja cercana a las dos horas, ambos jóvenes estuvieron consumiendo una litrona de cerveza que había traído consigo la joven, la cual anteriormente había estado en compañía de su progenitor con el que bebió una cerveza, al tiempo que escuchaban música y jugaban con el móvil.

Sobre las 21:00 de dicha jornada y tras haber confiado el joven a su amiga “la reciente ruptura con su pareja y sincerarse ella sobre las vicisitudes, de análoga naturaleza, que atravesaba la suya propia”, él le confesó que se sentía atraído por ella, tras lo cual supuestamente iniciaron una relación sexual, que “resultó abortada o interrumpida al recibir una llamada telefónica ella minutos después” por parte de un amigo, a quien le dijo que quería quedar con él y acordaron que la recogería transcurridos diez o 15 minutos.

Así, se marchó de la casa del joven para ser recogida por su amigo en su automóvil, el cual al notarla “rara” le preguntó la razón de su estado de ánimo, “sin que la interpelada contestase nada al respecto”, a la vez que se dirigieron a un parque, donde ella “se había citado con un grupo de amigos, con los que consumieron bebidas y departieron en amigable compañía, manteniendo ella un comportamiento de normalidad, pero sin intervenir en las conversaciones de los allí presentes --permaneció callada y sin hablar, según sus palabras--”.

Posteriormente, el procesado conectó con la joven por una red social para interesarse por su estado de ánimo y le contestó que “se encontraba bien”, y más tarde cuando ella se encontraba en compañía del joven con el que salía --conocido del procesado-- la misma le espetó con que “la dejase en paz”.

El día 5 del citado mes, “por propia iniciativa”, ella relató al amigo que la recogió fuera de la casa que el procesado la había “forzado, que intentó mantener con ella relaciones sexuales”, pero sin llegar a determinar de forma concreta lo que le llegó a hacer y que “albergaba temor --miedo-- tanto a que dicho episodio llegase a conocimiento de sus padres, como por la posibilidad de encontrarse con él en la calle y lo que éste pudiera decirle”. También se lo contó a su tutor y por su mediación a una docente, a la que relató que el joven la “obligó a hacer algo que no llegó a concretar”.

Finalmente, el día 24 de octubre de 2020, ella, “una vez participado el episodio de autos a sus padres y acompañada por los mismos, formuló denuncia en la comisaría de Córdoba Este, relatando los hechos que dieron inicio a las presentes actuaciones”.

Postura del TSJA

En sus fundamentos de derecho, el TSJA indica que no atribuye a la joven “una incredibilidad basada en reproches imputables a la conducta exhibida en el curso de las presentes actuaciones, y ello sin perjuicio del derecho que le asiste a arrepentirse o desdecirse de un comportamiento que a posteriori consideró erróneo”, pero sí detectan “un relato incoherente en determinados aspectos”, considerando que “la declaración adolece de una corroboración mínimamente sólida, lógica y consistente”.

Así, apuntan a “contradicciones e incoherencias”, que “en definitiva privan al relato de la necesaria conexión, lógica y coherencia entre las diversas versiones narradas en momentos diferentes”.

Sentado lo cual a criterio del tribunal de apelación, “el de instancia no ha colmado suficientemente esta exigencia de motivación en su análisis del testimonio de la denunciante y del conjunto de la prueba practicada; errando por tanto en la argumentación reflejada en sus fundamentos de derecho”, agrega la sentencia.

Por tanto, todo ello lleva a concluir que “no hay prueba de cargo que detente la idoneidad, aptitud, habilidad y suficiencia necesarias para enervar o desvirtuar la presunción de inocencia que, por mor de lo establecido en el artículo 24.2 de la Carta Magna, ampara al acusado y que en consecuencia debe ser dictada una sentencia absolutoria”.

Cabe señalar que el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba estableció medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación sobre la joven el día 27 de octubre del año 2020, a la vez que la Audiencia también condenó al joven a una orden de alejamiento durante un período de seis años y una indemnización a ella en la cantidad de 3.000 euros, incrementada con los intereses legales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado cuatro años la pena de cárcel, pasando de 12 a ocho, impuesta a un varón, de 43 años de edad y en prisión provisional desde noviembre de 2022, por un delito de agresión sexual supuestamente cometido sobre su mujer, al aplicarle la atenuante de embriaguez, que también le aplican en un delito de malos tratos, y lo absuelven de un delito de malos tratos habituales por el que lo condenaban a dos años de cárcel, por unos hechos ocurridos en una localidad de la provincia de Córdoba y en Barcelona.

Según recoge la sentencia del Alto Tribunal andaluz, los magistrados estiman en parte el recurso de apelación interpuesto por el procesado contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, manteniendo la indemnización acordada en favor de la perjudicada, con 5.000 euros por los daños morales que le ha causado, así como 20 euros por responsabilidad civil.

No obstante, le absuelven de un delito de malos tratos habituales que se le imputaba y lo condenaban a dos años de cárcel, porque “la enorme distancia temporal entre uno de los hechos y los restantes, impide estimar la existencia” de dicho delito que “abarque a todos”; mientras que sí lo condenan, por el delito de agresión sexual, con la agravante de parentesco y la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de ocho años de prisión, tras los 12 años iniciales; la inhabilitación especial de la patria potestad durante seis años, igual que en la sentencia recurrida, y orden de alejamiento durante 13 años, además de libertad vigilada por tiempo de diez años, mismas condenas que la Audiencia.

Por otra parte, es condenado, por un delito de malos tratos del artículo 153.1 del Código Penal, con la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de siete meses de prisión, tras los nueve meses de la primera instancia; orden de alejamiento durante el mismo tiempo, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. Además, se mantienen en los mismos términos acordados las condenas por un delito de malos tratos, con nueve meses de cárcel; amenazas, con un año de prisión, y delito leve de daños, con multa de 300 euros. Contra la sentencia del TSJA cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Los hechos

En concreto, se da por probado que el procesado comenzó una relación sentimental en el mes de agosto de 2014 con la afectada, iniciando ambos un mes más tarde una convivencia en común en Mallorca hasta el mes de abril de 2015 que trasladaron su residencia a Córdoba, siendo hasta septiembre que se desplazaron a vivir a un municipio de la provincia cordobesa, período este de tiempo en el que “no existió ningún tipo de problema derivado de la convivencia”. De dicha relación nació en noviembre de 2016 un hijo.

Al respecto, los jueces detallan que “con ocasión de un viaje a Barcelona para visitar a la tía de ella, en diciembre de 2015, teniendo el acusado parcialmente afectadas sus facultades intelectivas y volitivas por el alcohol que había ingerido previamente, de forma repentina se montó de rodillas sobre ella cuando estaba en el baño lavándose los dientes, la agarró del cabello por atrás, la zarandeó, y mientras que con una mano le tapaba la boca para evitar que pudiera pedir ayuda, con la otra la agarraba del brazo, tirándola al suelo e inmovilizándola con su rodilla para posteriormente levantarla y llevarla a su dormitorio, donde le pidió perdón por lo que le había hecho”.

Igualmente, en abril de 2017 cuando ambos salieron de madrugada de la cafetería que regentaban en común y llegaron a su domicilio, supuestamente cometió la agresión sexual, tras negarse ella, a la vez que “la amenazó con que la iba a matar a ella y a su hijo o iba a mandar a un amigo suyo a matarlos, marchándose éste de la habitación y aprovechando ella para coger el móvil y pedir ayuda”, si bien el acusado se percató y “le arrancó el móvil de las manos, doblándolo, rompiéndolo y tirándolo al suelo”. “También en esta ocasión él tenía parcialmente afectadas sus facultades debido al alcohol que había consumido”, según añade la resolución del TSJA.

Días después, en mayo, cuando terminaron al medio día de trabajar se marcharon para su domicilio y estando la mujer limpiando el baño, el procesado “con intención de mantener relaciones sexuales la agarró del cabello empujándola hacia la pared, elevándola del cuello contra la pared, pudiendo zafarse y hacer uso del móvil para llamar a la madre del acusado y posteriormente coger su vehículo para marcharse a la cafetería, donde de nuevo el acusado volvió a amenazarla diciéndole que como lo denunciara la iba a matar”.

Por último, el día que se marchaba definitivamente el procesado para coger un avión hacia Mallorca, “con la señal del dedo pasándoselo por su cuello amenazó a la víctima, a la hermana de ésta y a una amiga de ambas, al tiempo que ”estando en el aeropuerto y tras el control que venía ejerciendo sobre ella y que a través de su móvil controlaba las cámaras de seguridad de la cafetería“ que regentaban, la llamó por teléfono y ”de forma amenazante“ le dijo que ”se marcharan esas dos que estaban ahí, refiriéndose a su hermana y a la amiga de ambas“.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 17 años y medio de cárcel a una madre acusada de delitos de agresión sexual y de trata de seres humanos tras supuestamente vender a su hija de 12 años, casarla y permitir que otro joven la agrediera sexualmente para saldar una deuda de 4.000 euros. Además, le han impuesto orden de alejamiento y la privación de la patria potestad respecto a su hija.

También han sido condenadas otras cinco personas a penas de entre 12 años y seis meses y dos años y medio de prisión, entre ellas, la pareja de la madre de la niña, la progenitora y los tíos del joven de 17 años con el que fue casada, así como el hermano de este último.

Según recoge la sentencia del Alto Tribunal andaluz, los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por una de las acusadas y confirman dicha resolución de la Audiencia Provincial, aunque cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En este sentido, se da por probado que en marzo de 2021 la menor, de nacionalidad rumana, residía de manera estable en un asentamiento de familias de etnia gitana de este país, ubicado en un descampado de la capital cordobesa, viviendo allí con su madre, sus dos hermanos más pequeños y la actual pareja sentimental de su madre.

En esas fechas, su madre y su pareja tenían contraída la referida deuda con otros dos acusados, tíos del menor, “que con insistencia venían reclamándoles”.

Como quiera que no disponían de dicho dinero, “puestos de común acuerdo, decidieron que la menor fuera casada por su rito con A.” --respecto del que se han seguido actuaciones en la Fiscalía de Menores de Córdoba--, sobrino de la acusada que reclamaba el importe y que contaba con 17 años de edad.

La madre del menor aceptó el acuerdo, de modo que “le pagaría a los acusados la cantidad adeudada, para que a su vez éstos se la entregaran a sus acreedores y a cambio, una vez celebrado el matrimonio, la menor se desplazaría con ellos a La Coruña para vivir juntos, imponiéndole de este modo un matrimonio forzoso”, según señala la resolución.

La menor, que apenas conocía a A., “carecía de toda capacidad de decisión por su corta edad de 12 años, lo que motivó que le impusieron la boda y pactaron que la celebración de la misma tendría lugar el tercer fin de semana del mes de marzo de 2021”. Así, la madre del menor se desplazó junto con él y otro hijo, que “conocía y participaba de los planes acordados, para lo cual trajeron consigo el dinero hasta Córdoba y se encontraron con sus familiares en el asentamiento en el que éstos residían”.

El día 20 de marzo, día previo al enlace, la pareja de la madre de la menor expuso a ésta “la decisión de casarla con A., manifestando ella su negativa en todo momento, si bien tuvo que ceder a sus exigencias”. A continuación, la trasladaron hasta la vivienda de los acusados que pedían el dinero, “obligándola a permanecer allí esa noche, convenciéndola del matrimonio, para así dejar de ser una carga para su familia”.

En la mañana del día 21 de marzo tuvo lugar la celebración del acto ritual del casamiento, si bien “previo a ello se celebró otro ritual que según sus costumbres consistía en comprobar la virginidad de la futura contrayente”. Para ello, la madre y la tía del menor, “con el consentimiento de la madre de la menor, presente en el acto, llevaron a la menor a una habitación” en la que presuntamente cometieron sobre ella la agresión sexual.

Entrega del dinero

Tras ello, se inició la celebración del enlace, entregando la madre de la niña y su pareja a los tíos del menor el dinero pactado que habían recibido de la madre del joven.

Seguidamente y cumpliendo lo acordado, la menor fue trasladada a La Coruña para vivir con su marido en el domicilio de su nueva familia. Durante el tiempo que la menor permaneció en el domicilio, convivió con A. como un matrimonio, “si bien ella nunca prestó su consentimiento a mantener relaciones sexuales con él”.

En el citado domicilio, según expone la sentencia, “la menor fue sometida a los deseos de su marido y su suegra, quien le retiró toda la documentación, obligándola a permanecer en el domicilio mencionado del cual no podía salir, a fin de garantizar el pacto económico al que llegaron con los otros acusados, evitando así que se pudiera escapar”.

Por dicha razón, la menor estuvo “vigilada en todo momento”, a la vez que “le retuvo el pasaporte y el certificado de nacimiento de la menor”.

Localizada por la Policía

No obstante, sobre las 9,00 horas del día 14 de abril de 2021 agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba practicaron diligencia de entrada y registro en el citado domicilio, autorizada por auto de fecha 13 de abril de 2021 del Juzgado de Instrucción no 7 de Córdoba, localizando de esta manera a la menor.

La Junta de Andalucía, en su condición de entidad pública de protección de menores, declaró el desamparo provisional de la menor en acuerdo de fecha 22 de abril de 2021.

Los acusados carecían de antecedentes penales al tiempo de los hechos, salvo la pareja de la madre de la menor y los tíos del joven, que cuentan con antecedentes penales no computables.

Además de las condenas de cárcel, la Audiencia impuso a todos los acusados la obligación de abonar conjunta y solidariamente a la menor la suma de 12.000 euros por los daños morales sufridos por ella, así como el pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

El período de privación de libertad aplicado durante la tramitación del procedimiento ha de serle abonado a los acusados para el cumplimiento de las penas de prisión que se les impone. También se declara el comiso de los efectos intervenidos en esta causa.