Tres personas han sido detenidas en Córdoba tras una intervención policial en un piso de la avenida de Granada, en el Sector Sur, en el que los agentes se incautaron más de 100 gramos de marihuana y unos 50 gramos de hachís, según fuentes conocedoras de la operación.

La actuación tuvo lugar el viernes por la mañana, cuando la Policía registró la vivienda, lo cual condujo a la detención de tres personas. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial a lo largo del fin de semana, y han quedado en libertad con cargos, después de comparecer ante el juzgado de guardia este sábado.

Según la información facilitada por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez, la causa corresponde al Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, aunque la decisión de dejarlos en libertad fue adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4, que se encontraba de guardia.

La investigación sigue abierta, según ha podido saber este periódico.

El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

Lo que se perfilaba como el pilar económico para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra los supuestos cabecillas de la red de las 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado desvirtuado este jueves en la Audiencia Provincial de Córdoba. En el marco del juicio contra este entramado, la prueba pericial de la Guardia Civil sobre las dos empresas supuestamente utilizadas como pantalla ha quedado muy en entredicho tras destaparse graves errores contables relativos a una empresa en cuestión: la que está directamente relacionada con los tres supuestos líderes de la red.

La sesión, centrada en la toma de declaración a los dos guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Córdoba, ha derivado en un enfrentamiento dialéctico constante con las defensas que se ha prolongado durante más de una hora y media. La tensión ha alcanzado tal nivel que el juez se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para aplacar el tono del interrogatorio, advirtiendo a las partes de que la vista no era “un juego entre peritos o ver quién sabe más”, sino un interrogatorio formal dentro de una causa penal.

El análisis financiero del Instituto Armado se centró exclusivamente en dos sociedades mercantiles para intentar probar el supuesto blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Hay que recordar que la causa se inició con una investigación de la Policía Judicial de Córdoba y afectaba directamente a una organización asentada en la capital dedicada a la adquisición e introducción de hachís desde el norte de África. La red lo almacenaba y, tras ello, lo distribuía por Francia. En esta actividad delictiva, la Guardia Civil detectó dos empresas que habrían servido para blanquear el dinero conseguido con la droga.

Sin embargo, y pese a que las actuaciones policiales constataron la existencia de esa red -a quien se le aprehendió 20 toneladas de hachís ocultas en tomates-, la sesión de este jueves ha sembrado serias dudas de que una en concreto -dedicada al vinilado de vehículos- se hubiera usado para tal fin. La segunda analizada se habría utilizado como empresa pantalla de la organización para dar cobertura al transporte de la droga y para el arrendamiento de naves industriales usadas como puntos de almacenamiento del hachís. Los dos acusados que aparecen como administrador y testaferro de la entidad reconocieron los hechos el primer día de juicio.

La tesis de la Guardia Civil sobre la primera empresa -donde la Fiscalía situaba inicialmente un descuadre cercano a los 180.000 euros- ha comenzado a desmoronarse durante el interrogatorio ejercido por la letrada de la acusada M.D.F.P., administradora de la empresa. La defensa ha puesto sobre la mesa que los instructores han ignorado en su informe el saldo bancario con el que la sociedad inició 2022. Cuestionados por el juez sobre por qué en el análisis de otra sociedad de la causa sí se había computado el saldo de tesorería inicial y en el caso de ésta se había omitido, los agentes de la Guardia Civil han admitido la existencia de ese “error”, aunque se han mostrado incapaces de explicar la disparidad de estos criterios.

Ante esto, el fiscal ha tenido que intervenir en el plenario para recalcular a cuánto ascendería el blanqueo de capitales, cuestión clave para sustentar la acusación. En este momento, los agentes han echado cuentas de nuevo, reduciendo la cuantía de los 188.000 euros iniciales a 126.000 euros. Sin embargo, tampoco sería así. Un perito de la defensa, presente durante toda la declaración de los guardias civiles, ha desglosado los balances de la empresa, siendo “la diferencia entre ingresos y gastos igual a cero. La inyección de capital de procedencia desconocida no se desprende de ningún lugar, sino que es un fallo aritmético”, ha concluido.

Asimismo, el perito ha echado por tierra la sospecha sobre 4.460 euros en efectivo atribuidos por la investigación a posibles inyecciones del narcotráfico, aportando las facturas correlativas emitidas a clientes entre enero y febrero de 2023 que justificarían el cobro de dicho importe en metálico. Esa documentación, entre otra, no consta en el informe de la Guardia Civil. En consecuencia, para el perito, esta empresa “era la antítesis del blanqueo”, definiéndola como una pequeña empresa que “más que ganar, simplemente subsistía”. A ello se ha sumado el dato de que la Agencia Tributaria no ha incoado sanción ni expediente alguno contra esta empresa.

Los tres principales acusados niegan los hechos

La sesión también ha acogido las declaraciones de los tres acusados que se han negado a cualquier acuerdo: A.G.P, Rambito, acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de la mercantil protagonista de la sesión de este jueves; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad y sobrino de Rambito. Rambito se ha limitado a despachar su declaración con un “no he cometido ningún delito de tráfico de drogas ni he blanqueado”. Cuestionado por los balizamientos por GPS de la Policía que situaban de forma reiterada vehículos de la red en las inmediaciones de su domicilio, Rambito lo ha justificado en que “toda la urbanización aparca” en su calle porque está cerca de “un supermercado, una farmacia y bares”. Asimismo, ha asegurado que “nunca” se ha subido a un BMW, tal y como habría quedado demostrado en los seguimientos policiales.

Pro su parte, M.D.F.P. ha querido quitarse el rol de liderazgo que le atribuyen los investigadores asegurando que “nunca” ha dado instrucciones a nadie. Además, ha justificado la creación de la empresa porque “desde pequeña” le han gustado los coches. Sin embargo, al ser confrontada en relación con la contratación de la carretilla para la logística de la droga, la procesada ha echado balones fuera asegurando que se enteró de esta cuestión cuando la Policía Nacional la citó en comisaría y que “iba a ser detenida”. Según su versión, tras quedar en libertad llamó a R.P.s. y este se justificó diciendo que le había hecho un “favor” a un tercero, que se trata de uno de los procesados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno de declaración, R.P. ha rechazado cualquier implicación en los hechos, aunque sí ha reconocido que usó la empresa para el alquiler de la carretilla para hacer un “favor”. “Si me imagino que es para lo que fue, no lo habría hecho”, ha asegurado.

Tras esta sesión, la Sección Tercera de la Audiencia afrontará este viernes la cuarta y última del juicio en la que las protagonistas serán, sin duda, las conclusiones definitivas que eleve la Fiscalía.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra la trama acusada de ocultar el alijo de 20 toneladas de hachís en el interior de falsos tomates. La jornada ha estado marcada por las lagunas de memoria de varios testigos y, sobre todo, por un importante giro en el calendario judicial: la renuncia de testificales por parte de las partes ha despejado la agenda y permitirá adelantar el final de un juicio que inicialmente estaba previsto que se prolongase hasta el 30 de octubre, fecha en la que ya con seguridad no habrá sesión.

Durante la mañana han comparecido cuatro de los testigos. Uno de ellos ha sido el representante de una inmobiliaria que ha admitido haber enseñado la nave donde se incautó el mayor alijo de la droga tras recibir la llamada de un intermediario, alegando que le indicaron que era “para almacenamiento”. Aunque ha afirmado no recordar nombres específicos ni el de la empresa pantalla usada por la red, ha acabado ratificando ante la sala el reconocimiento fotográfico que hizo en su día ante la Policía, donde identificó a dos de los implicados.

En la misma línea ha declarado el joven que habría alquilado a la red la carretilla elevadora usada para cargar la droga. Pese a responder reiteradamente que no se acordaba de los pormenores por el tiempo transcurrido, ha ratificado la identificación que hizo en sede policial. Por su parte, también ha declarado un corredor de seguros que conocía desde hacía años a Rambito, el líder de la trama, y al acusado J.A.R.M., que este martes reconoció haber ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de la nave donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

Después de estas declaraciones, la sesión ha avanzado drásticamente, ya que las partes han renunciado a la comparecencia de los otros cinco testigos agendados para este miércoles. De cara a este jueves, la Fiscalía ha renunciado a las declaraciones de dos médicos forenses, así como a los testimonios del Jefe de Sección del Área de Sanidad de Sevilla y del Jefe de Sección de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, al no haberse impugnado los análisis ni la custodia de la droga incautada.

Por tanto, este jueves comparecerán los dos agentes de la Guardia Civil del Equipo de Delitos Económicos de Córdoba para ratificar el informe económico-patrimonial, un perito de una de las defensas y los tres principales acusados: A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Aunque tras estas declaraciones se podría abordar la lectura de los informes de las partes, el juez José Francisco Yarza Sanz ha acordado que esta última fase se retrase al viernes. El motivo es que la Fiscalía aún no tiene los documentos que acreditarían la situación de drogodependencia de todos los acusados que este martes reconocieron los hechos. Sin estos escritos, el Ministerio Público no puede reducir las penas de prisión a las que, presumiblemente, ha llegado con las defensas.

Una vez que el viernes finalice la fase de lecturas de los informes y se dé la última palabra a los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas en el marco de los dispositivos preventivos establecidos para la lucha contra la delincuencia y el menudeo de estupefacientes en esta capital cordobesa.

La primera actuación tuvo lugar el pasado 14 de julio por la noche, en la zona centro de la ciudad, cuando los agentes observaron a un individuo que, al detectar la presencia policial, arrojó rápidamente un cigarro al suelo e introdujo un objeto en una riñonera que portaba una mujer que se encontraba junto a él.

Ante esta conducta sospechosa, los agentes procedieron a su identificación y a comprobar el contenido de la riñonera, localizando en su interior un envoltorio de papel de aluminio con unos 110 gramos de hachís. Una vez detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tras el oportuno cacheo superficial, los agentes hallaron ocultos en el interior de su calcetín otros 10 gramos de hachís.

Intervenidas 380 plantas de marihuana en el maletero de un vehículo en el Sector Sur

La segunda intervención se desarrolló durante la madrugada del 15 de julio, dentro de la denominada Operación Verano, dispositivo con el que se intensifican los controles de personas y vehículos en diferentes puntos de la ciudad para la prevención de la actividad delictiva durante los meses estivales. En esta ocasión, los agentes dieron el alto a un turismo en la zona del Sector Sur de Córdoba, procediendo a la identificación de sus ocupantes.

Durante la actuación, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, por lo que realizaron una inspección más exhaustiva. En el maletero localizaron tres cajas que contenían plantas de marihuana, siendo un total de 380 las plantas intervenidas.

Ante estos hechos, dos de los ocupantes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente durante la tarde de ayer.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho personas a 32 años y medio de prisión, y a casi 22 millones de euros en multas por formar una red de narcotráfico que utilizaba transportes legales de mercancías para distribuir droga desde Andalucía hacia el norte de España. La sentencia, a la que ha accedido este periódico, pone fin a un proceso iniciado en 2020 tras la interceptación en la provincia de Córdoba de un camión que transportaba una ingente cantidad de hachís oculta en un cargamento de aceite de oliva.

Fue en junio de 2020 cuando agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un camión a la entrada de la localidad de Belmez, momento en el que se percataron del “alto estado de nerviosismo” en el conductor. Tras una inspección de la carga, que oficialmente consistía en palés de aceite de oliva de una empresa de Jaén con destino a Francia, los guardias civiles hallaron dos grandes cajones de plástico que contenían 665.820 gramos de resina de hachís. La droga, distribuida en 171 bolsas transparentes, tenía un valor de mercado estimado en 3.748.566,60 euros. El conductor intentó engañar a los agentes afirmando que creía transportar piezas de coche, pero el tribunal ha considerado inverosímil su versión, ya que los fardos eran visibles al abrir los cajones de plástico.

Según los hechos probados, el operativo fue el resultado de un acuerdo previo iniciado en abril de 2020 entre otros dos acusados, A. e I. El primero se encargaba de conseguir la sustancia a través de Desiderio y de preparar la logística en una nave de un polígono de Antequera. Por su parte, el segundo aportaba la infraestructura de transporte mediante su empresa con sede en Galicia, dando instrucciones directas al conductor sobre dónde recoger la carga.

El día del transporte, J. -otro acusado-, utilizando una carretilla elevadora, cargó los cajones con el hachís en el remolque del camión bajo la supervisión directa de A. Tras la carga, este tapó los paquetes con un cartón antes de que el vehículo emprendiera rumbo hacia el norte atravesando Córdoba.

Dos personas murieron en un accidente de helicóptero vinculado a la red

La investigación policial, liderada por la Unidad Central Operativa de Málaga, permitió descubrir que la red pretendía usar un helicóptero para introducir hachís. La aeronave se estrelló el 27 de julio de 2020 en Pedrera (Sevilla), falleciendo sus dos ocupantes, entre ellos, un hombre que había participado en la carga del camión en Antequera. Antes del siniestro, A. había intentado comprar un visor nocturno en una armería de Toledo para “volar con un helicóptero por la noche”.

La operación continuó hasta marzo de 2021, cuando se logró desmantelar una importante infraestructura de transporte marítimo. En registros realizados en naves industriales de Colmenar y Alhaurín el Grande, se intervinieron dos embarcaciones semirrígidas consideradas género prohibido. En estas instalaciones también se hallaron más de 2.000 litros de gasolina en garrafas, máquinas de envasado al vacío y dispositivos GPS.

Rebaja significativa de las penas y las multas

El fallo de la Audiencia Nacional ha supuesto una reducción significativa respecto a las peticiones del Ministerio Fiscal, que solicitaba un total de 92 años de prisión y más de 62 millones de euros en multas. Los motivos de esta reducción penal han sido dos. En primer lugar, la Audiencia Nacional ha determinado que los condenados no constituían una organización criminal, sino que eran codelincuentes. En segundo lugar, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque el proceso se ha prolongado durante seis años.

De esta forma, la Sala ha condenado a ocho personas. A los cinco principales responsables del transporte de los 665 kilos de hachís les ha impuesto una pena individual de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 4.000.000 de euros. Por la posesión de embarcaciones semirrígidas de alta potencia, la Audiencia Nacional ha condenado a otras tres personas a una pena de tres años y un día de prisión. Esta misma pena también se le ha impuesto a dos de los principales responsables del transporte de hachís. En relación con este delito, las multas varían según el valor de la embarcación y van desde los 280.001 euros hasta los 455.001.

Por último, el tribunal ha absuelto a dos procesados por haber sido investigados a sus espaldas sin ser informados de su condición hasta que se les notificó el auto de procesamiento, lo que ha vulnerado su derecho a la defensa.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Córdoba un importante operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes, que se ha saldado con la incautación de más de 250 kilogramos de droga y la detención de una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El dispositivo, establecido en el Polígono industrial de Chinales, permitió el seguimiento y posterior interceptación de una furgoneta. Al ser detectada por los agentes, el conductor intentó darse a la fuga, siendo finalmente interceptada a escasos metros del alto policial.

Tras asegurar el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior se transportaba una gran cantidad de droga: 100 paquetes de un kilogramo de cocaína y 150 kilogramos de hachís, ambos preparados para su distribución en el mercado ilícito.

Esta operación, representa un importante golpe contra el narcotráfico y una actuación significativa dentro de la lucha contra el tráfico de drogas.

La Guardia Civil dentro del marco de la operación que venía desarrollando en la provincia ha desarticulado una organización criminal de dicada al tráfico de drogas y ha detenido a 16 personas, vecinas de diferentes localidades de la provincia, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.  

La operación se ha saldado con la detención de 16 personas, la aprehensión de más de 1.200 kilogramos de hachís, más de 1,3 kilogramos de cocaína y la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia, dedicada al tráfico de resina de cannabis-hachís. Dicha operación se ha desarrollado en tres fases.

La primera fase de la investigación se inició el pasado mes de julio, tras interceptar la Guardia Civil en el término municipal de Lucena, un camión que transportaba 1.200 kilogramos de hachís, procediendose a la detención de cinco personas, que por orden judicial ingresaron en prisión. Fruto de la labor de investigación desarrollada tras este hallazgo, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga detectó la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al transporte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Como resultado de estas labores de investigación posteriores, el pasado mes de septiembre se desarrolló la segunda fase de la operación, que culminó con la detención de un hombre de 46 años, vecino de Cabra (Córdoba) y el desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína, en el que se intervinieron diversos útiles para su manipulación, entre ellos una prensa hidráulica destinada a la elaboración de bloques de entre medio kilogramo y un kilogramo, así como sustancias de adulteración como cafeína y acetona.

Cocaína

Durante esta fase se incautaron 40 dosis de cocaína preparadas para su venta, así como tres bloques de cocaína en roca de 800 gramos, 200 y otros 200, alcanzando un total de 1,3 kilogramos de cocaína, además de 500 gramos de hachís y 4.000 euros en efectivo.

La tercera y definitiva fase de la operación se desarrolló a mediados del mes de diciembre y se saldó con la detención de otras diez personas, integrantes todas ellas de la organización criminal investigada y vinculadas a las sustancias estupefacientes intervenidas. Asimismo, en esta última fase de la operación, se han practicado registros en siete viviendas, una nave y un lagar, ubicados en las localidades de Badolatosa (Sevilla), Navas del Selpillar, Moriles y Córdoba capital.

En estos registros realizados, se ha procedido, entre otros, a la aprehensión de más de 35.000 euros en efectivo, 280 tabletas de resina de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 30 kilogramos, cuatro vehículos, diversos dispositivos electrónicos, una pistola táser y 1.200 kilos de aceituna sustraída.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal que operaba en distintos puntos de la provincia, asestando un importante golpe al tráfico de drogas y a las actividades delictivas asociadas.

Como balance final de la operación, se ha procedido a la detención de 16 personas, seis de las cuales han ingresado en prisión, se han aprehendido más de 1.230 kilogramos de hachís, 1,3 kilogramos de cocaína, unos 39.000 euros, en billetes fraccionados, cuatro vehículos, una pistola táser y 1.200 kilogramos de aceituna sustraída

En la fase de explotación de esta operación han intervenido unos 150 efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, efectivos Agrupación Rural de Seguridad, con base en Sevilla, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con perros adiestrados, el servicio aéreo con drones y personal del Equipo ROCA y de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Lucena.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas tras interceptar una furgoneta en la autovía A-4, a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real). En el interior del vehículo se localizaron 12 fardos de hachís ocultos en el maletero, que arrojaron un peso de más de 400 kilogramos.

Los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia, en el que los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba, detectaron una furgoneta que les resultó sospechosa, circulando por la Autovía A-4 en dirección a Madrid, lo que motivó la activación de un dispositivo de seguimiento. Instantes después, localizaron un segundo vehículo realizando funciones de escolta y seguridad al primero.

En el transcurso de la intervención, se solicitó la colaboración de unidades de la Policía que permitió interceptar el vehículo en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real). Los ocupantes, ante la presencia policial, emprendieron la huida tras ignorar las indicaciones policiales, incluso uno de ellos inició la fuga a pie.

Como resultado de la operación, se intervino 12 fardos de hachís ocultos en el maletero del vehículo, que arrojaron más de 400 kilogramos, procediendo a la detención de los tres ocupantes de los vehículos por su participación en un delito de tráfico de drogas, quienes por decreto de la autoridad judicial, se encuentra en prisión provisional.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la jornada de este miércoles a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, con más de medio kilo de hachís recién expulsado del cuerpo de una mula, según el olor que procedía de las diferentes bellotas, según han confirmado a este periódico diferentes fuentes.

Los hechos se produjeron en la calle Pintor Pedro Bueno del barrio de la Fuensanta, pasadas las 21:00 de este miércoles. Los dos arrestados viajaban a bordo de un ciclomotor cuando se toparon con una patrulla de la Policía Nacional. Los sospechosos mostraron una actitud esquiva en cuanto vieron a los agentes. Eso llevó a los policías a darles el alto, pero los jóvenes intentaron huir incluso a pie de la zona.

Finalmente, los dos jóvenes fueron arrestados. En la huida, uno de ellos arrojó una bolsa debajo de un coche, que recuperaron posteriormente los policías. En un registro superficial, se le localizó otra bolsa similar en una riñonera.

Dentro de las bolsas los agentes comprobaron cómo había varias bellotas de hachís. En el pesaje posterior se comprobó que se trataba de 536 gramos de hachís. La droga habría alcanzado un valor superior a los 3.500 euros en su venta en el mercado negro.

Los dos detenidos comparecieron en la mañana de este jueves ante la autoridad judicial. El mayor de edad, defendido por la abogada María del Mar Jiménez, y el menor quedaron finalmente en libertad con cargos.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección momentos antes del acceso a las visitas programadas con algunos de los reclusos, en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública, que previamente había sido marcada por un can de la unidad cinológica de Instituciones Penitencias. A dicha persona le fueron localizadas una bellota aparentemente de hachís, arrojando un peso de 10 gramos y una papelina de cocaína arrojando un peso de un gramo.

Los hechos descritos podrían constituir un delito contra la salud pública (tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas), con el agravante de haberse realizado en un centro penitenciario, castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos, según el vigente Código Penal.

La colaboración entre agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, está aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Mayo de 2013. Noche del día 3. La Policía Nacional explosiona una operación contra el tráfico de drogas, hachís más concretamente. Pocas jornadas como aquella se recuerdan en el polígono industrial Amargacena, en Córdoba capital. En una nave, los agentes encontraron el mayor alijo de hachís incautado hasta el momento no solo en España, sino también en Europa: 52,6 toneladas. Esta misma semana, la Policía Nacional intervino en Almería 15,3 toneladas de esta droga escondidas entre palés de sandías y dentro de lo que parecían ser batatas. A pesar de estas cantidades, el alijo incautado hace 12 años en Córdoba sigue liderando la mayor incautación de hachís de Europa.

A diferencia del caso almeriense, la droga incautada en la nave industrial del polígono Amargacena no estaba oculta de ninguna manera sofisticada que ayudara a pasar desaparecida. Cuando los agentes entraron en el inmueble, se encontraron más de 1.700 fardos de hachís, con un peso aproximado de 30 kilos cada uno. Unos estaban repartidos entre 19 grandes cajas de cartón y otros, de forma independiente. No obstante, el hallazgo podría haber sido mayor dado que la investigación permitió constatar que la banda propietaria del hachís alquiló dos naves en este polígono entre enero y febrero de ese año para recepcionar la droga. La primera ya había sido vaciada cuando los agentes entraron en la segunda. En aquel año, la droga incautada en Córdoba -la operación se abriría posteriormente a otras localidades- habría supuesto un beneficio a los narcotraficantes de unos 80 millones de euros.

Esta operación policial comenzó a raíz de la denuncia de un camionero que acudió a recoger maquinaria a una nave anexa. Allí sorprendió a varias personas, que serían miembros de una banda rival, que trataba de robar varios fardos de hachís. El camionero fue maniatado y amordazado, y en el interior descubrió a otras dos personas que permanecían atadas tumbadas en el suelo mientras varios individuos armados parecían registrarla para robar el hachís, según explicó el entonces jefe superior de la Policía nacional de Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez.

Posteriormente, tras la denuncia del transportista, los agentes acudieron a la nave industrial y comprobaron que la puerta de acceso se encontraba taponada desde el interior con cinco grandes bloques de hormigón con la finalidad de impedir la entrada. Al registrar la nave, los agentes encontraron las 52,6 toneladas de hachís. Según la policía, la organización de narcotraficantes eligió la capital cordobesa por ser un lugar alejado de su entorno de actuación y porque consideraban que desde Córdoba era más fácil la distribución de la droga, que procedía de África.

Tres años después, seis personas condenadas

El operativo se saldó con diez personas detenidas, de las que seis fueron sentenciadas en 2016 por la Audiencia Nacional. Fueron condenados a penas que sumaban 29 años y 6 meses de cárcel al considerarlos autores de introducir en España la droga incautada en Córdoba y a la que humo que sumar 13,4 toneladas más. La Fiscalía llegó a pedir penas de hasta 45 años de cárcel.

El tribunal consideró probado que cuatro de los condenados, junto a un quinto, fallecido en el momento del fallo, constituían un grupo dentro de una organización criminal que introdujo en España 66,6 toneladas de hachís en el 2013, fecha en la que el valor de tal cantidad hubiese alcanzado en el mercado ilícito más de 100 millones de euros.

Dicha droga estaba oculta en naves de Sevilla, Córdoba y Granada a nombre de uno de los acusados y del fallecido hasta que una pelea ocurrida en uno de los almacenes de la capital cordobesa destapó la trama y los agentes policiales comenzaron a encontrar el resto de lugares de almacenamiento de los estupefacientes.

En el marco de agresiones entre los acusados, un coche quedó empotrado en la nave de Córdoba, donde la policía halló las 19 cajas de cartón sobre palets, además de 362 fardos de más de 11.000 kilos de hachís, mientras que el resto, hasta las 66,6 toneladas, fue decomisado en distintos almacenes de las tres provincias andaluzas donde la red tenía su logística de compraventa de droga.

Las diligencias policiales, las testificales y los documentos probatorios llevaron al tribunal a absolver a tres encausados por el delito contra la salud pública del que se les acusaba, así como a una mujer por el delito de denuncia falsa que se le imputaba.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona comunicante como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones con el auxilio de la Unidad cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una joven, como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Esta persona al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su ropa interior, entregando la misma 12 bellotas al parecer de hachís con un peso total de unos 123,9 gramos.

La Guardia Civil ha puesto a la detenida a disposición judicial.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido desarrollada de forma conjunta, por funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección momentos antes del acceso a las visitas programadas con algunos de los reclusos, en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Previamente, había sido marcada por un perro detector de drogas de la Guardia Civil.

Dicha persona, tras ser preguntada si portaba algún tipo de sustancia estupefaciente, hizo entrega de forma voluntaria a una funcionaria de una bellota de hachís, que arrojó un peso de unos 11 gramos. Ante ello, se procedió a su detención como presunta autora de un delito de tráfico de drogas por intentar introducir sustancias estupefacientes en el interior del Centro Penitenciario.

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y la sustancia estupefaciente intervenida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una mujer por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, cuando transportaba más de 90 kilos de hachís en el maletero de su vehículo.

La detención tuvo lugar el día 10 de enero, en la zona del Sector Sur de esta capital, cuando agentes de esta Comisaría Provincial de Policía Nacional de Córdoba, que se encontraban realizando un dispositivo de prevención de consumo de sustancias estupefacientes, observaron una furgoneta que, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra de conducción sospechosa.

De inmediato, los actuantes realizando un seguimiento de la furgoneta, interceptándolo a escasos metros. Tras identificar a la conductora y registrar el vehículo, encontraron en el maletero tres fardos, que contenían 90,6 kilos de hachís, dispuesto en pastillas, procediendo a la detención de la conductora de la furgoneta.

Según informa la Policía, la arrestada fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien ordenó su ingreso en prisión de manera preventiva.

Denuncias anónimas para erradicar el menudeo de droga

Se recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía donde existe un apartado específico al efecto.

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Agentes del cuerpo observaron, en un punto de identificación de personas y vehículos establecido durante un servicio de seguridad ciudadana desarrollado por el casco urbano de Priego de Córdoba, a una persona conocida de los guardias civiles por sus antecedentes policiales, quien al detectar la presencia de los agentes en la zona intentó no cruzarse con los mismos.

Tras observar los guardias civiles el estado de nerviosismo que presentaba el sospechoso, decidieron interceptarlo y proceder al registro superficial del mismo, lo que permitió localizar entre la ropa que vestía 94 gramos de hachís.

Ante ello, los guardias civiles procedieron a la detención del mismo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Detenido y droga intervenida han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda, qué si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde donde le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, lleva a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona comunicante como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones con el auxilio de la Unidad Cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una joven, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Dicha persona al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su ropa interior, entregando la misma 11 bellotas al parecer de hachís con un peso total de unos 106 gramos. 

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

La Guardia Civil de Córdoba en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, ha llevado a cabo una actuación que ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones con el auxilio de la Unidad cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una joven, como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Dicha persona, al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su interior envuelta en plástico, entregando la misma 2 bellotas al parecer de hachís con un peso total de unos 50 gramos.  

Aunque en principio las cantidades aprehendidas puedan no parecer notorias, la verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario, radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón tras ser interceptado en un control policial portando en ese momento 58 kilos de hachís en el maletero de su vehículo.

La detención se produjo el pasado 3 de mayo, por la zona del parque Cruz Conde en Córdoba, en el transcurso de un control de prevención y represión de sustancias estupefacientes efectuado por la Policía Nacional en la capital cordobesa. Dicho control forma parte de los planes y medidas de prevención de sustancias relacionadas con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes que se llevan a cabo en la ciudad.

Los agentes observaron cómo un vehículo realizaba maniobras evasivas al percatarse de la presencia policial, por lo que los agentes de inmediato procedieron a darle el alto e identificar al conductor, descubriendo que transportaba en el maletero del vehículo 58 kilos de hachís.

En ese mismo instante, el conductor del vehículo fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Posteriormente, los investigadores especialistas en este tipo de delitos, tras las pesquisas correspondientes, realizaron una entrada y registro en el domicilio del detenido, encontrando en una estancia 43 kilos de hachís metido en bolsas, haciendo un total de 101 kilos de hachís intervenido.

El presunto autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien acordó su ingreso en prisión.