La Asociación Vecinal Amargacena, del Barrio del Guadalquivir de Córdoba, ha protagonizado este jueves una concentración de protesta frente a la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de las viviendas sociales de la Manzana 14 del barrio, “cuyo fuerte deterioro muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”.

Así lo han explicado los convocantes durante la lectura de un comunicado, en el que han dado cuenta de “una situación que pone en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad de 94 familias” que viven en esta manzana, entre las calles Libertador Simón Bolívar y Libertador Hidalgo y Costilla, propiedad de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado, “en esta construcción aparecieron grietas hace años causadas por aguas subterráneas que afectan a la cimentación, según se les explicó a los arrendatarios”, de modo que “la situación llevó a la Junta a inyectar hormigón en el subsuelo y a tapar las grietas que, pese a todo, volvieron a aparecer y necesitaron una segunda actuación acometida recientemente”.

“El tiempo dirá si la solución es definitiva o solo temporal”, han manifestado con “escepticismo”, al tiempo que han advertido de que “los problemas para los que se han venido negociando soluciones van mucho más allá, ya que la vida diaria se desarrolla entre filtraciones de agua, techos caídos, humedad constante, malos olores, desagües rotos, contadores eléctricos expuestos al agua, patios sin mantenimiento, árboles caídos retirados por los propios residentes y suciedad que deriva en plagas de ratas, cucarachas y mosquitos”.

Así, han remarcado que “lo que debería ser un hogar se ha convertido en un espacio donde muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”. “La situación es aún más gravosa al sumarse una barrera administrativa injusta, ya que para reportar una incidencia, AVRA exige trámites escritos y por registro --un proceso lento, rígido y, para muchas personas, inaccesible--, cuyo resultado son meses, e incluso más de un año, esperando soluciones que nunca llegan”, han apuntado.

Piden la rehabilitación

“Frente a las promesas incumplidas de un proyecto de rehabilitación integral, seguimiento y nuevas reuniones, sin que se hayan detectado avances, respuestas y ninguna voluntad política visible”, la Asociación Vecinal ha pasado a reclamar públicamente la citada “rehabilitación integral real, urgente, y con un calendario de intervenciones claro”.

Además, han pedido “transparencia absoluta en las actuaciones y decisiones, la constitución inmediata de comunidades de arrendatarios para poder gestionar el día y día y defender derechos colectivos y, en resumen, respeto, dignidad y una solución definitiva, no más parches”.

La asociación vecinal Amargacena del Barrio del Guadalquivir, una de las más veteranas del movimiento vecinal cordobés, ha protagonizado esta mañana una concentración de protesta frente a la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de las viviendas sociales de la manzana 14 del barrio, cuyo fuerte deterioro “muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”, han explicado los convocantes durante la lectura de un comunicado.

El escrito informativo y de protesta da cuenta de una situación que “pone en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad de 94 familias” que viven en esta manzana, entre las calles Libertador Simón Bolívar y Libertador Hidalgo y Costilla, propiedad de la Junta de Andalucía. En esta construcción aparecieron grietas hace años causadas por aguas subterráneas que afectan a la cimentación, según se les explicó a los arrendatarios. La situación llevó a la Junta a inyectar hormigón en el subsuelo y a tapar las grietas que, pese a todo, volvieron a aparecer y necesitaron una segunda actuación acometida recientemente. “El tiempo dirá si la solución es definitiva o solo temporal”, explican en el comunicado con escepticismo.

Sin embargo, denuncian los afectados, los problemas para los que se han venido negociando soluciones van mucho más allá, ya que “la vida diaria se desarrolla entre filtraciones de agua, techos caídos, humedad constante, malos olores, desagües rotos, contadores eléctricos expuestos al agua, patios sin mantenimiento, árboles caídos retirados por los propios residentes y suciedad que deriva en plagas de ratas, cucarachas y mosquitos.” Así, “lo que debería ser un hogar se ha convertido en un espacio donde muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”.

La situación es aún más gravosa al sumarse “una barrera administrativa injusta”, ya que “para reportar una incidencia, AVRA exige trámites escritos y por registro (un proceso lento, rígido y , para muchas personas, inaccesible), cuyo resultado son meses, e incluso más de un año, esperando soluciones que nunca llegan”.

Frente a las “promesas incumplidas” de un proyecto de rehabilitación integral, seguimiento y nuevas reuniones, sin que se hayan detectado “avances”, “respuestas” y ninguna “voluntad política visible”, la asociación vecinal ha pasado a reclamar públicamente la citada “rehabilitación integral real, urgente” y con un calendario de intervenciones claro. Además, pide “transparencia absoluta en las actuaciones y decisiones”, la constitución inmediata de comunidades de arrendatarios para poder gestionar el día y día y defender derechos colectivos“ y, en resumen, ”respeto, dignidad y una solución definitiva, no más parches“, sentencia el comunicado leído esta mañana.

La Asociación de Vecinos de La Voz de las Moreras ha denunciado en un comunicado público “la degradación bestial” que vive este barrio de la capital, por lo que considera que “es urgente la puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación, ya que nos van a convertir en el gueto de Córdoba”.

Asimismo, denuncian “una vez más y no sabemos cuántas, el pasotismo total del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)”. Es más, aseguran, “el patrimonio municipal de este barrio de Córdoba se encuentra abandonado y vandalizado. Este Ayuntamiento del PP con el alcalde, José María Bellido, a la cabeza nos demuestra una vez más que en Córdoba hay barrios de primera y de segunda”. Y, por otro lado, señalan que la Agencia de Vivienda de Junta de Andalucia “tiene el parque de vivendas abandonado a su suerte”.

El presidente de la asociación vecinal, Francisco Zamora, pide que se establezca una reunión de trabajo conjunta con las administraciones implicadas, en la que “el alcalde tomara las riendas de esta situación y saque a nuestro barrio del pozo en el que nos encontramos actualmente”, dice en el comunicado.

Eliminación del centro de educación de adultos

Otra de las denuncias que realian los vecinos es la eliminación del centro de educación de adultos en la zona, así como la disminución de trabajadores sociales en el barrio o que “la Policía no esté en las calles de Las Moreras”.

Aseguran que “la desatención del barrio de Las Moreras se ve y se siente apenas pisarlo. Los problemas son de fondo, llevan años y la solución a muchos de ellos pasa por un trabajo en conjunto entre todas las administraciones públicas. Las dificultades son muchas y los vecinos nos sentimos abandonados”. Por ello, el presidente de la asociación insiste en la necesidad de que se ponga en marcha “una actuación urgente” en un barrio que “está totalmente dejado; parecemos tercermundistas”.

Y constatan que las denuncias en este sentido, tanto de asociaciones, colectivos, ongs y vecinos particulares “son muchas y no se nos da soluciones reales a los problemas de la barriada”.

Como ejemplo, explican que, tras las últimas lluvias, las cubiertas de los bloques no están en condiciones y los pisos terceros se inundan de las goteras, llegando a salir agua por los enchufes con aguas fecales saliendo por los bajos de los bloques y desprendimientos de techos.

La Asociación Vecinal Amargacena ha denunciado en un comunicado la situación de las viviendas de la Manzana 14 del Barrio Guadalquivir, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, que aseguran es “cada día más precaria y de riesgo”.

“Las viviendas de esta manzana son alquiladas y propiedad de la Junta de Andalucía; llevan años de abandono y dejadez, así como las zonas comunes”, indican para desgranar a continuación lo que los vecinos de este edificio sifren: “viviendas con goteras y humedades que producen derivaciones eléctricas con riesgo de descargas; techos rajados; caída de azulejos; amplias grietas, tanto en los exteriores como dentro de las viviendas; cornisas desprendidas con riesgo de continuar cayendo y provocar heridas a personas...”, relatan.

Recuerdan que, desde hace años tanto los vecinos como la propia asociación que los representa “venimos denunciando este deterioro, la falta de atención y preocupación por parte de la Junta de Andalucía”. Sin embargo, critican, “los escritos y reuniones solicitando el arreglo, en algunos casos urgentes de los daños existentes y permanentes en viviendas y zonas comunes, han caído en saco roto”.

“A lo más que ha llegado la Junta de Andalucía es a realizar el inyectado de hormigón en la cimentación para evitar los continuos movimientos de varios bloques, lo que viene produciendo desde hace años amplias grietas en viviendas como en escaleras, fachadas...”, aseguran.

Ante esta situación, desde la Asociación Vecinal Amargacena solicitan poder reunirse con la Junta “para tratar todas estas situaciones, cómo y cuándo se van a abordar su solución, que se nos informe si se está trabajando en el Proyecto de Rehabilitación, presupuesto, redacción del proyecto, etc”“.

“Sabemos que esto procesos son lentos, por ello pedimos que se pongan a trabajar en este sentido. Desde hace casi un año estamos esperando contestación. Continuaremos denunciando y realizando actuaciones encaminadas a la solución de las deficiencias de las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía”, concluye su comunicado la junta directiva de la asociación vecinal.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que apremie a la Agencia de la Vivienda AVRA, de la Junta de Andalucía, para regularizar las viviendas sociales en Moreras y dar una solución a los bajos sin cédula de habitabilidad, al tiempo que ha instado al regidor a que se responsabilice de los vecinos y vecinas de Las Moreras e impulse una mejora en las viviendas sociales en la barriada, todo ello tras el grave incidente en el que falleció una persona en un bajo de Las Moreras.

Bernal ha recordado que todos los pisos de Las Moreras son propiedad de AVRA, la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía que construyó estas viviendas sociales en la década de los 80, y que, por lo tanto, “el alcalde debe solicitar al Gobierno de la Junta una colaboración urgente para mejorar esta infraestructura, ya que AVRA es la responsable del mantenimiento y rehabilitación de las viviendas”.

Además del mantenimiento, la edil ha considerado necesario regularizar la situación de todos los vecinos y vecinas, para lo cual se necesita de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, así como que la propia AVRA realice un plan de rehabilitación y de regularización de las viviendas con la revisión de todos los inquilinos con la titularidad al día.

Asimismo, ha indicado que “queda también pendiente que todos los bajos de las viviendas sean regularizados, con su cédula de habitabilidad y adjudicación a quien corresponda por el turno ordinario”, ya que se tratan de viviendas con acceso directo a la calle, por lo que podían tener preferencia en la adjudicación para personas con dificultades de movilidad y accesibilidad.

“Para hacer esto hace falta fortalecer los equipos de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, de forma que puedan colaborar en esa revisión de la adjudicación de viviendas, con visitas domiciliarias y expedientes de regularización, y el alcalde tiene que exigir a la Junta de Andalucía que AVRA mantenga las viviendas y dé una solución a los bajos sin cédula de habitabilidad”, ha concluido.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha avanzado este sábado que acudirá al Defensor del Pueblo para que Vimcorsa y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza (AVRA) dejen de cobrar el IBI a sus inquilinos tras recibir la negativa del Consejo Social de Córdoba para hacer un informe sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 2023. 

El socialista ha comentado que se dirigirá al Defensor del Pueblo para plantear que los organismos o empresas públicas que gestionan el parque público de viviendas en régimen de alquiler dejen de trasladar el pago del IBI a sus inquilinos. 

Según Hurtado, el Consejo Social le ha dado respuesta a la solicitud de informe sobre el cobro indebido del IBI a los inquilinos, argumentando que el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria del día 16 de mayo de 2024, considera que no es competente para la realización del informe solicitado. 

Según Hurtado, la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que son ilegales el cobro a los inquilinos del IBI y que en este tipo de contratos de arrendamiento de viviendas públicas no cabe la repercusión del mencionado impuesto municipal al arrendatario, en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

En Córdoba, según los datos que figuran en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Vimcorsa tiene un parque público de 965 viviendas en alquiler, y AVRA tiene un parque público de 3.360 viviendas en alquiler en barriadas como Palmeras, Moreras, Torremolinos y Guadalquivir, y se les está cobrando indebidamente el Impuesto de Bienes Inmuebles que según la sentencia del Tribunal Supremo le corresponde pagar al propietario y es un gasto que no se puede trasladar al inquilino, según Hurtado. 

El portavoz socialista lleva meses insistiendo al Gobierno de José María Bellido que deje de cobrarle a los inquilinos el IBI correspondiente al año 2024, a lo que el Gobierno local reitera que lo están estudiando sin tomar determinación alguno, con el perjuicio económico a familias en gran parte con rentas bajas o muy bajas.

El parque público de vivienda de la provincia de Córdoba registró un total de 282 actuaciones de lanzamiento y desahucio en cuatro años, en concreto desde 2019 a 2022, según datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Por años, se contabilizaron 48 lanzamientos en viviendas públicas de la provincia de Córdoba en 2019; en 2020, año de la pandemia, fueron 53; al año siguiente subieron hasta registarse 102 desahucios; y en 2022 se produjeron un total de 79 lanzamientos.

En esos cuatro años, Córdoba capital registró actuaciones de lanzamiento y desahucio en su parque público de viviendas en cada una de las anualidades analizadas.

Además, se produjeron en esta provincia casos en otros siete municipios en 2020, en un total de nueve localidades en 2021 y en once términos municipales en 2022, que fueron, en concreto, Córdoba, Baena, Lucena, Montilla, Peñarroya, Pozoblanco, Puente Genil, Rute, Santaella, La Victoria y Villa del Río.

Datos de Andalucía y provincias

En el concjunto de Andalucía, se registraron entre los años 2019 y 2022 un total de 2.753 actuaciones de lanzamiento/desahucio en viviendas del parque público, si bien la cifra contabilizada en 2022 -637- fue un 26% inferior a la de 864 anotada en 2019. Son cifras que ha detallado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una respuesta escrita a una pregunta formulada por diputados del Grupo Socialista, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

La respuesta de la consejera de Vivienda detalla las actuaciones de lanzamiento/desahucio del parque público andaluz entre los años 2019 y 2022 por provincia, municipio y año.

Además, precisa que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) “no tiene establecido un protocolo específico de acompañamiento e intervención psicosocial en los supuestos de lanzamientos/desahucios, dado que la posible intervención social no es competencia de AVRA, sino de los servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento”, y ello “con independencia de que a lo largo de la tramitación de estas actuaciones se dé traslado a dichos servicios sociales por si fuera necesaria su intervención”.

No obstante esto, AVRA “cuenta con un equipo de trabajadores sociales cualificados en cada provincia para la gestión y administración de su parque público de vivienda”, según apostilla Rocío Díaz en su respuesta a los diputados del PSOE-A.

Desahucios por años

De los datos incluidos en la respuesta se desprende que el año del periodo analizado en el que se contabilizaron más actuaciones de lanzamiento/desahucio en el parque público de vivienda de Andalucía fue 2019, con un total de 864, de las que casi una cuarta parte --un total de 280-- se registraron en la provincia de Jaén, que sumó más del doble de actuaciones que la de Cádiz, que sumó 126.

En las demás provincias se registraron, en el referido año 2019, un total de 108 actuaciones de lanzamiento/desahucio en Sevilla, 106 en Almería, 72 en Málaga, 71 en Granada, 53 en Huelva y 48 en Córdoba.

En 2020, primer año de la pandemia de Covid-19 que motivó en marzo la declaración, por parte del Gobierno, del estado de alarma en España y el confinamiento generalizado de la población en sus domicilios durante unos meses, la cifra de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas andaluzas se redujo en un 35 por ciento en comparación con 2019, hasta quedarse en un total de 561.

Por provincias, Sevilla concentró 184 de dichas actuaciones, situándose así por delante de Granada, con 86; Jaén, con 72, y Huelva, con 64. En el parque público de viviendas de Cádiz se registraron 54 actuaciones de lanzamiento/desahucio, mientras que en Córdoba fueron 53; en Almería, 28, y en Málaga, 20.

El número de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas de Andalucía volvió a repuntar en 2021, con un 23 por ciento más de actuaciones que el año anterior, hasta alcanzar un total de 691, de las que los volúmenes más destacados se localizaron en Sevilla, con 180; Jaén, con 133; Cádiz, con 104, y Córdoba, con 102.

Por debajo del centenar de actuaciones se situaron aquel año las provincias de Granada --con 84--, Huelva (33), Málaga (28), y Almería, con 27 en su parque público de viviendas.

En el año 2022, la Junta contabilizó un total de 637 actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público de viviendas, un ocho por ciento menos que en 2021, con sólo dos provincias --Jaén y Sevilla-- con más de un centenar de casos; en concreto, 186 y 178, respectivamente.

En las demás provincias se registraron en el año 2022 un total de 92 actuaciones en Cádiz, 79 en Córdoba, 56 en Granada, 22 en Huelva, 13 en Almería y once en Málaga.

Por municipios en Andalucía

De los datos desglosados por provincias y municipios incluidos en esta respuesta se desprende que las actuaciones de lanzamiento/desahucio en la provincia de Almería se produjeron en doce municipios en el año 2019, en once en el año 2020, en seis en 2021, mientras que en 2022 se localizaron en nueve municipios, que fueron, en concreto, Almería capital, Vera, Arboleas, Vélez-Rubio, Huércal, Vícar, Los Gallardos, Gérgal y Níjar.

En la provincia de Cádiz, un total de nueve municipios concentraron las actuaciones de lanzamiento/desahucio contabilizadas en su parque público de vivienda tanto en el año 2019 como en 2020, mientras que en 2021 se repartieron entre 15 localidades, y en 2022 entre doce municipios, que fueron Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Jerez, Olvera, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.

En lo que respecta a la provincia de Granada, también su capital registró actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público tanto en el año 2019 como en 2020, 2021 y 2022. En total, estos casos se produjeron en 15 municipios granadinos en el año 2019, en cinco en 2020, en 13 en 2021 y en siete en 2022, último año analizado, que fueron Granada capital, Cúllar, Guadalhortuna, Guadix, Fuente Vaqueros, Pinos Puente y Salobreña.

En la provincia de Huelva, las actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas se repartieron entre diez municipios en el año 2019, entre 14 en 2020, entre 13 en 2021 y entre once en el año 2022, que fueron, en concreto, Almonte, Ayamonte, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, La Antilla-Lepe, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros.

El número de municipios de Jaén en los que se contabilizaron casos de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas osciló entre un total de 27 en el año 2019 y de 14 tanto en 2021 como en 2022. En ese último año, estas actuaciones se registraron en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Bailén, La Carolina, Hinojares, Jabalquinto, Jaén, Linares, Mancha Real, Mengíbar, Sorihuela, Úbeda y Villacarrillo.

Con un número menor de localidades afectadas por actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas se situó la provincia de Málaga, donde estos casos se registraron en cuatro municipios en 2019, en dos tanto en 2020 como en 2021, y en seis en 2022, que fueron Archidona, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga, Ronda y Pizarra.

Finalmente, en un total de 23 municipios de la provincia de Sevilla se contabilizaron actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas, una cifra que se incrementó hasta los 26 en 2020 y hasta los 25 en 2021, y que se redujo hasta 22 en 2022.

En ese último año analizado, los 22 municipios sevillanos donde tuvieron lugar actuaciones de lanzamientos/desahucios en las viviendas de su parque público fueron Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Camas, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Écija, Huévar, Lora del Río, Mairena del Alcor, Morón, Los Palacios, La Puebla de Cazalla, La Rinconada, El Ronquillo, San José de la Rinconada, Utrera, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río, El Viso del Alcor y Sevilla capital.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha visitado este martes las viviendas de Acera del Río, en la capital cordobesa, y ha contactado con la plataforma de vecinos, “que se sienten acosados” por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que ha pedido “que ponga fin a las presiones que está ejerciendo contra la comunidad vecinal”.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha exigido a dicha agencia, perteneciente a la Junta de Andalucía, “que ponga fin al acoso que llevan años sufriendo los vecinos de Acera del Río”, lo cual hace AVRA “desahuciando a las familias y tapiando las viviendas, sin explicación alguna y sin uso social” posterior para las mismas.

Según ha lamentado Hurtado, “AVRA lleva años desahuciando a familias de Acera del Río, habiendo más de 50 viviendas vacías y tapiadas en estos momentos, y a quienes no pueden desahuciar les invitan a que abandonen las viviendas ofreciéndoles, en algunos casos, otras viviendas en mucho peor estado y lugar”.

Junto a ello, Hurtado ha criticado que el Ayuntamiento de Córdoba, “que es el que gestiona el registro de demandantes de viviendas a través de Vimcorsa, no se esté ofreciendo estas viviendas para cumplir con el uso social que tiene esta promoción en régimen de alquiler de la Junta de Andalucía”, y ello cuando “en la capital hay 5.000 familias demandando viviendas en régimen de compra venta o de alquiler”, según ha subrayado.

Hurtado ha criticado que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), estuvo “hace unos días inaugurando la obra en Doctor Rafael Blanco León, a escasos 50 metros de estas viviendas, donde los vecinos están siendo acosados por AVRA para que abandonen sus viviendas, sin mostrar interés alguno por su difícil situación, a pesar de saber de su problema, pues la plataforma de Acera del Río le entregó en el Pleno una carta al alcalde para informarle de su situación”.

A juicio de Hurtado, “a Bellido no le preocupan ni le interesan los problemas de habitabilidad que están sufriendo estas familias humildes de Córdoba, desentendiéndose de todo lo que no sea la foto propagandística de un gobierno sin compromiso social alguno”.

Además, ha reprochado que “AVRA no se presta a negociar y ofrecer soluciones a estas familias sobre la deuda acumulada que pueden tener algunas de ellas”, porque el portavoz socialista tiene muy claro que “el objetivo es dejar todas las viviendas vacías para poderlas vender sin ocupantes”.

“Los vecinos denuncian que primero los desahucian, después tapian las viviendas, y una vez que queden todas vacías venderán la totalidad de las viviendas a un fondo buitre para que las conviertan en viviendas turísticas o las alquilen por una renta superior”.

La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba se reunirá este jueves con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para conocer si el Gobierno andaluz cuenta con un plan futuro de construcción de vivienda social en Córdoba.

Esta reunión ha sido fechada este mismo lunes después de que la Plataforma se haya persona en la sede de AVRA tras los intentos infructuosos, en noviembre y diciembre, de conseguir un encuentro con el director provincial de la Agencia, Rafael Gil.

Previamente, la Plataforma se ha concentrado en la Glorieta Llanos del Pretorio para denunciar “la inacción” de la Junta de Andalucía en materia de vivienda y para señalar que España “está a la cola de Europa en creación” de residencias sociales, ha apuntado Rafael Blázquez. De hecho, es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida: según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo, el peso de esta vivienda sobre el total es de 2,5% cuando la media europea es del 9,3%.

Además, ha denunciado que en la zona de Acera del Río “hay viviendas tapiadas, algo que no nos podemos permitir, y casas vacías en El Carpio”. A su vez, ha recordado que la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda “está asfixiada, sin medios ni personal”.

Por último, Blazquez ha afeado a las instituciones públicas que “apuesten por los pisos turísticos” y ha anunciado “que sin más viviendas sociales no se puede afrontar la situación de emergencia habitacional” que se vive en Córdoba.

Cristina, una de las vecinas del bloque de viviendas sociales que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene en la Acera del Río, en Córdoba, está en plena mudanza. La mujer, madre de tres hijos, tiene unos días para marcharse del piso donde ha vivido en los últimos seis años y por el que, los primeros cuatro, estuvo pagando un alquiler de 300 euros al mes.

A las puertas de un bloque en el que hay más casas tapiadas que habitadas, Cristina reconoce sin ningún tipo de reparo que hace dos años que dejó de pagar el alquiler. Cuenta que entonces se separó, que estaba desempleada (aún sigue en el paro) y que no tenía más entrada de dinero que una ayuda de 480 euros.

Así que, tras solicitar una rebaja en el precio que nunca fue respondida, Cristina asumió hace meses que tenía que abandonar la casa donde vive con sus tres hijos y su nuera y que se tiene que marchar a otra vivienda social de alquiler más asequible.

El problema está en que el pasado verano recibió una carta de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba, en la que le indicaba que, como madre de una familia numerosa, estaba en lista de espera para acceder a un piso en el mismo bloque del que la desalojaban pero por un tercio del precio que ha estado pagando ella. 

Concretamente, según la carta, mostrada a este periódico, Vimcorsa ofrece ahora un piso como el suyo por 117 euros de alquiler social al mes. “Así que fui y les dije que me quería quedar en mi piso pagando 117 euros al mes pero me han dicho que no, que no hay manera, que me tengo que ir de aquí”, relata, aceptando, al mismo tiempo, que no le queda más remedio que abandonar el piso donde lleva seis años viviendo y marcharse a otro en el barrio del Guadalquivir, no muy lejos de donde ha estado viviendo.

Otros desahucios y denuncias políticas

Su caso no es el único. En junio, una familia formada por un padre, una madre y sus tres hijos -un mayor de edad de 20 años, un menor de 12 y otra de 19, con parálisis cerebral- fue desahuciada después de tres años sin pagar el alquiler. Ahora, los vecinos dicen que las cartas de desahucio se amontonan en los buzones.

“Nos están echando. Algunos llevamos años acumulando una deuda que no podemos pagar. Y, ahora, todas las casas que ves tapiadas las están alquilando a 100 euros”, afirma esta vecina de un bloque cuya comunidad lleva meses denunciando el mal estado general de las instalaciones.

En este sentido, el pasado verano, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ya denunció que en esta promoción social de 70 viviendas había “50 pisos tapiados” y aseguró que AVRA estaba “echando de allí a los inquilinos”.

Este viernes, ha sido el diputado andaluz de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, el que ha visitado la promoción para comprobar sobre el terreno las denuncias que le han trasladado los vecinos. En declaraciones a este periódico, Gómez Jurado, ha lamentado que la Junta de Andalucía “sigue desahuciando familias y sigue subiendo los precios de los alquileres a las familias” en un bloque, cuyas zonas comunes “siguen estando completamente abandonadas, rotas y sucias”.

“Los vecinos nos cuentan que los gerentes y que la propia Junta de Andalucía no les hacen caso, no escuchan sus demandas, que básicamente consisten en que el estado de los bloques es lamentable, que hay ascensores que no funcionan, incluso partes del edificio que se están hundiendo. Lo que le exigimos a la Junta de Andalucía, y lo llevamos esta misma semana a pleno, será que se tomen en serio la situación de estos bloques y, por supuesto, que dejen de echar de sus casas a familias y que dejen de echar de sus casas a menores”, ha señalado el parlamentario andaluz de Por Andalucía.

Por su parte, desde el Gobierno Andaluz han reconocido a este periódico que se están mandando cartas de desahucio a los arrendadores que han dejado de pagar, y han recordado que los bloques de la Acera del Río no son Vivienda de Inserción Social, sino Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA).

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes, 5 de septiembre, el nombramiento de Susana Cayuelas Porras como nueva directora de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Por otro lado, el Consejo ha nombrado también este martes a José Manuel Correa Reyes como delegado del Gobierno andaluz en Huelva, cuyo puesto ya ejercía en funciones desde junio de este año, así como ha designado a Jaime Pérez Guerrero y Francisco de Paula José Juárez Martín como delegados territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en las provincias de Huelva y Sevilla, respectivamente.

La nueva directora de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Susana Cayuelas, nació en Córdoba en 1967 y es diseñadora de interiores por la escuela de diseño IADE por la Universidad de Nebrija (Madrid), según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno.

En los últimos cuatro años ha sido delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla, sumando en una primera etapa las competencias en Cultura y Patrimonio Histórico y, posteriormente, entre mayo y septiembre de 2022, la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Anteriormente, su trayectoria estuvo ligada a su profesión, que ejerció desde 1991 con intervenciones en Madrid, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Omán y Londres.

En 1994, Susana Cayuelas se embarcó en un estudio de arquitectura para tareas de interiorismo, gestión de materiales y acabados, llevando también a cabo la gerencia del mismo. Tiene en su haber más de 80 obras construidas entre viviendas, hoteles, apartamentos o locales.

Entre 2017 y 2019 colaboró con la AMF dei Musei Fiorentini en la preservación y conservación del patrimonio museístico de Florencia, y ha formado parte del equipo ganador de doce concursos públicos de arquitectura y, además, es autora de la novela histórica 'Cartas desde Manila', ambientada en Filipinas en el siglo XIX.

Por su lado, el nuevo delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, Francisco de Paula José Juárez Martín, nació en Herrera (Sevilla) en 1976 y es arquitecto técnico por la EUAT de la Universidad de Sevilla.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la empresa privada desarrollando las funciones de jefe de obra, si bien en 2011 inició su trayectoria política como concejal en el Ayuntamiento de Herrera, donde ha desempeñado labores en el gobierno municipal como delegado de Urbanismo, Desarrollo Rural y Servicios.

La concejal del Grupo Municipal Socialista en Córdoba y secretaria de Educación de la CEP del PSOE de Córdoba, Carmen González, ha denunciado que al menos tres manzanas de viviendas de Las Palmeras no tienen servicio de Correos porque los bloques de pisos carecen de buzones, una competencia que recaería en la Agencia de Vivienda Avra, dependiente de la Junta de Andalucía, y subsidiariamente en el Gobierno local de Córdoba por las consecuencias que tienen estos vecinos en su día a día.  

González ha expuesto que son decenas de familias las que han sido “borradas” del mapa por la “dejadez y la negligencia” de la Junta y el Ayuntamiento al no reponer los buzones en los bloques afectados de Las Palmeras, lo que les impide recibir correspondencia a través de correos y, por tanto, quedar al margen de los servicios públicos como pueden ser citas médicas o tramitación de recibos de la administración. 

Cortes de agua

Precisamente, los vecinos de la zona han informado que operarios de la empresa municipal de aguas Emacsa están procediendo esta semana a llevar a cabo cortes de agua por impago en Las Palmeras a los vecinos que no disponen de servicio de correo al no haber recibido ni las facturas de consumo de agua, ni notificaciones por impago, ni apercibimiento de cortes de agua, lo que también eleva el Grupo Municipal Socialista al Gobierno local para que tome cartas en el asunto y solucione el problema. 

La concejal ha recordado que anteriormente el problema de la falta de buzones era solucionado por los carteros al dejar toda la correspondencia del bloque en el rellano de la escalera donde cada vecino recogía la suya, una acción que está prohibida ya por la Ley de Protección de Datos, con lo cual la correspondencia no es depositada en ninguna parte, salvo las cartas certificadas, que sí deben ser entregadas en mano en el domicilio. El resto vuelven para la central al no haber un lugar físico donde depositarlas.

Carmen González urge al Ayuntamiento a que actúe de “canal y mediador” para que la Agencia de la Vivienda, titular de los bloques de Las Palmeras y por lo tanto responsible del mantenimiento de los mismos, reponga cuanto antes los buzones, sobre todo por la singularidad social de algunos vecinos afectados que carecen de conexión on line para recibir citaciones médicas o solventar cuestiones administrativas.

Las humedades en la vivienda donde viven los padres y la tía de Anabel llega ya a tres zonas de la casa, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Así lo ha denunciado la cordobesa a este medio.

Según el testimonio de la joven, a finales de febrero comenzó a caer agua por el techo de la cocina, “y creíamos que era del termo”, cuenta. Pero la humedad ha ido a más, ha seguido creciendo y ya llega “al salón, la cocina y el pasillo”. Justo en el salón está cerca de una lámpara por lo que Anabel teme “que se produzca un cortocircuito y haya un incendio”. Por esta causa, explica, su madre lleva varias semanas sin dormir. “Se queda despierta en el sofá temiendo que se incendie la casa y no poder salir”, ya que esta es un bajo y las ventanas tienen rejas.

La familia dio parte AVRA, según explica Anabel, en febrero cuando se personaron en las oficinas por primera vez. Aunque desde la Junta de Andalucía a quien pertenece la agencia, han indicado a este medio que la primera notificación recibida del problema fue a principios del mes de julio. Este miércoles, señalan, ha sido la última vez que se han desplazado hasta la calle Acera del Río para intentar solucionar el problema.

Según ha indicado la hija de una de las afectadas por las humedades, un albañil se desplazó en el mes de abril a la vivienda, observando por un ojo de buey y sin encontrar “ninguna incidencia”. Por otro lado, Anabel señala la poca información recibida a pesar de que este albañil aseguró que “iba a dar parte a la empresa responsable del bloque”.

Al parecer, cuentan las mismas fuentes de la Junta, este procede de una vivienda de la segunda planta, dos por encima de la afectada. Por diversos problemas de la persona que reside en la misma, el acceso a esta ha sido difícil para los técnicos de la agencia, quien finalmente han comprobado este miércoles dónde radica el problema.

AVRA ha asegurado a este medio que, una vez conocido de dónde viene el problema, intentarán dar solución lo más pronto posible y con la intención de hacerlo correctamente para evitar futuros incidentes.

El Consejo Rector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha dado su aprobación a 12 actuaciones de rehabilitación para mejorar el comportamiento energético de otras promociones del parque público residencial en alquiler de la Junta de Andalucía, con 586 viviendas, repartidas por las ocho provincias andaluzas. Las actuaciones se financiarán con fondos europeos del Programa Operativo Feder 2021-2027, aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2022, y su coste se fija en 13,4 millones de euros. En el caso de Córdoba, las actuaciones aprobadas afectan a 27 viviendas ubicadas en la calle Corredera 43 de la capital.

En una nota de prensa, la Consejería de Fomento ha declarado que los 12 expedientes de obras aprobados por el Consejo Rector de AVRA se ajustan al objetivo específico del programa Feder que trata de fomentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases invernadero.

Asimismo, ha añadido que desde hace años, la Agencia viene trabajando en la rehabilitación energética de edificios y vivienda del parque público residencial en alquiler, mediante la incorporación de sistemas innovadores de energías renovables, con el doble objetivo de mejorar el confort en los inmuebles que están situados en entornos vulnerables y afectados por la pobreza energética y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para contribuir a detener el deterioro medioambiental.

Las actuaciones que han sido aprobadas se ejecutarán en 24 viviendas de la calle San Juan, 23 en Albox (Almería); 18 viviendas en la calle Cantería, 22 en Vélez Rubio (Almería), 108 viviendas en la calle Alegría, 1 en Cádiz; 36 viviendas en la calle Modesto Cendoya 1, 3 y 5 de Granada; 48 viviendas en la calle Padre Llanos 1 al 4 en Guadix (Granada), y 48 viviendas en la calle Cádiz 1, 3 y 5 de Ayamonte (Huelva).

A estas se suman 50 viviendas en la calle 28 de Febrero 1 al 7 de Bailén (Jaén), 17 viviendas en la calle Betania 9, 11 y 13 de Jaén, 104 viviendas en las calles Hurtado 11 y 15 y Postigo 20, 24 y 26 de Málaga, 82 viviendas en la calle Antonio Ferrandis Chanquete 18 y 20 de Nerja (Málaga) y 24 viviendas en el Polígono el Rancho, 1, fase 4, en Morón de la Frontera (Sevilla). Las doce actuaciones aprobadas por el Consejo Rector se licitarán antes de que finalice el presente año y se ejecutarán a lo largo de 2024.

Las intervenciones propuestas consistirán en la aplicación de medidas para mejorar su comportamiento energético, como la incorporación de más aislamiento térmico en las fachadas con mejora de acabados y renovación del aspecto exterior de los edificios; sustitución de las ventanas actuales de vidrio simple por otras compactas con persianas que aumentan el aislamiento térmico y acústico y reducen la estanqueidad; incorporación de nuevo material aislante en las cubiertas; colocación de sistemas de ventilación con recuperación de calor para aumentar el confort en las viviendas y, por último, dotación de nuevas instalaciones de energía solar térmica o fotovoltaica, en algunos casos, para generar agua caliente sanitaria.

Además, en determinados edificios se instalarán sistemas de monitorización para conocer los consumos de energías provenientes del suministro general y de aquella otra asociada a la climatización, como también la temperatura y humedad de las viviendas y las concentraciones de CO2 para, a partir de los datos recibidos, analizar el resultado que generan las medidas que se van a implementar al ejecutar estas obras.

Barriada Guadalquivir de Córdoba

El Consejo Rector ha dado también su aprobación a una actuación en la Manzana 14 de la barriada Guadalquivir, por la cual se ejecutarán obras de consolidación y rehabilitación de cuatro bloques, en los edificios C2 y C4, que suman 25 viviendas en alquiler titularidad de AVRA. En estos edificios, localizados en la calle Libertador Hidalgo Costilla, 14, se han detectado defectos en la cimentación que se van a corregir con esta actuación, cuyo coste se estima en 627.584 euros

Por último, el Consejo Rector ha aprobado una modificación relativa a la participación de la Agencia en la actuación de Cabezo de la Joya, en Huelva. Por su parte, AVRA fija su participación en cargas en un 30,18%, a lo que supone una inversión de 1.161.303 euros sin IVA; si bien los costes pendientes, tras deducir lo que ya está ejecutado, se reducen a 895.070 euros.

La participación en los beneficios de esta actuación se fija, tras esta modificación, en un 27,16%, lo que se traduce en suelo residencial con capacidad para 90 viviendas, de ellas 72 protegidas y las 18 restantes de precio libre, además de una parcela comercial compatible con residencial.

Saray y José, los cordobeses que consiguieron parar su desahucio in extremis en el Sector Sur, han visto cumplido el anhelo que les ha llevado hasta el día de hoy: lograr una vivienda con un alquiler social que les permitirá experimentar el sentimiento de la tranquilidad que ya apenas recordaban.

La sorpresa la conocieron este miércoles, tras una llamada de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía. Un día antes, el martes, la entidad contactó con la pareja para preguntarle que si estaba dispuesta a aceptar un piso en Moreras en el caso de ofrecimiento. “Claramente dijimos que sí, pero pensábamos que esa pregunta nos la hacían como otra tantas que hemos contestado”, afirma Saray, que reconoce que “es increíble” haber recibido esta oportunidad habitacional. “Creíamos que nunca llegaría este momento”.

Pero nada más lejos de la realidad: un día después de esa primera llamada, la pareja recibió otra y, más tarde, se encontraba en la sede de AVRA firmando el contrato de alquiler. “Ni siquiera habíamos visto el piso. No nos hacía falta para saber que era el nuestro”, cuenta la joven, que rebosa de felicidad. “Tiene tres habitaciones y ya mi hija me ha pedido que si puede tener un cuarto propio”.

Tras la firma del contrato, la pareja -que ha estado muy apoyada por la plataforma Stop Desahucios- pudo conocer el piso donde vivirá a partir de septiembre, ya que actualmente no está habitable. “Quienes vivieron allí no valoraron lo que tenían y no han sabido cuidar la vivienda”. Para Saray y José, esta es una nueva oportunidad para empezar de cero. Hace diez años que esperan una vivienda de alquiler social. Las circunstancias y la necesidades les llevaron, en 2016, a ocupar un local de AVRA en el mismo barrio donde ahora la agencia le ha otorgado un piso en alquiler.

Recientemente, la pareja ha conocido que ha estado penalizada durante siete años en el registro de demandante de vivienda protegida debido a esta ocupación por la que fue al banquillo de los acusados, resultando absuelta porque el juez entendió la extrema necesidad de los jóvenes, con dos hijos de dos años y sietes meses cuando sucedieron los hechos.

Ahora llega una nueva vida para estos jóvenes, que volverán a dormir tranquilos y sin la incertidumbre de qué hacer al día siguiente para conseguir un techo para sus hijos. “Sabemos que ya es nuestro piso, donde estaremos pagando el alquiler la comunidad y todos los suministros. Ya descansamos”.

El concejal electo y candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa por Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha pedido este martes al alcalde en funciones y candidato a la reelección por el PP, José María Bellido, “que medie” para que el Gobierno andaluz del PP “dé marcha atrás en su decisión de desahuciar a familias vulnerables, tal y como ocurrió el pasado viernes, cuando echaron a una madre con tres hijos, de las que una tiene incluso parálisis cerebral”.

En este sentido y en una nota, Hidalgo ha lamentado que “la empresa pública de vivienda a nivel autonómico, AVRA, en vez de facilitar y garantizar un derecho básico como es la vivienda, se dedique, primero a no mantener en condiciones el parque público de viviendas, y segundo a echar a la calle a personas que no tienen recursos económicos suficientes para afrontar una alternativa habitacional”.

A esto se suma, que “el gobierno municipal, con su alcalde al frente, está mirando para otro lado, obviando que la ciudadanía de Córdoba también es competencia suya, pues la administración más cercana debe trabajar por garantizar ese derecho básico, como es la vivienda”.

La coalición de izquierdas considera “inadmisible esta situación, que ha tenido lugar por acción de AVRA, que ni siquiera ha tenido en cuenta la solicitud de la familia de un plan de pago de la deuda acorde a sus condiciones económicas, y por la pasividad del Ayuntamiento”.

Hacemos Córdoba ha reclamado a AVRA “que la familia retorne a la vivienda de la que ha sido desahuciada, puesto que ha sido adaptada con su esfuerzo y durante los años que han permanecido en ella”, y al mismo tiempo ha abogado por “un Ayuntamiento de las personas y con las personas, que ponga el cuidado de las mismas en el centro las políticas”.

A este respecto, Hidalgo ha recordado que en Córdoba, “en el mandato de 2015/19”, bajo el gobierno local de PSOE e IU, “impulsamos proyectos como el Centro de Emergencias Habitacional, que este gobierno municipal no ha finalizado, tras cuatro años de mandato, y que ahora sería fundamental para abordar este tipo de situaciones”.

Desde Hacemos Córdoba han criticado, a su vez, “la subida en el precio del alquiler en el parque público de viviendas de la Junta de Andalucía, que en los últimos años ha experimentado un aumento del 25% en el caso de la familia desahuciada el pasado viernes, pasando de 270 a 340 euros”, siendo “lamentable que el Gobierno andaluz baje los impuestos a las grandes fortunas mientras sube los precios del alquiler y echa de sus casas a quienes tienen bajos recursos económicos”.

El concejal electo Antonio Hurtado ha denunciado este sábado que la familia desahuciada en la calle Acera del Río 45 de Córdoba -de la que informó este viernes Cordópolis- ha querido saldar la deuda acumulada con AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucia, para evitar el desahucio que tuvo lugar ayer y no se le ha admitido.

En una nota, Hurtado señala que la familia desahuciada está formada por un matrimonio con tres hijos, uno de ellos menor de edad y otra hija con una discapacidad del 95%, y cuando se ha producido el lanzamiento no ha sido asistida por los servicios sociales municipales y a través de la policía local se ha podido albergar en una pensión de forma transitoria por no tener lugar donde ir.

Hurtado denuncia la “falta de sensibilidad” con la familia por parte de la Junta de Andalucia y del Ayuntamiento de Córdoba: la Junta de Andalucía por no aceptar el pago de la deuda contraída por la familia en concepto de alquiler; y el Ayuntamiento por no asistir a través de los servicios sociales a la familia para facilitarle una emergencia habitacional.

También ha criticado que, “en muchas ocasiones ya, en ese inmueble AVRA tiene ya hasta 50 viviendas vacías y tapiadas que no se ofrecen a las más de 6.000 familias que están esperando una vivienda en Córdoba”. Asegura que la ocupación de las viviendas de ese inmueble no llegan a 20 pisos y “los vecinos temen que los quieran echar a todos para vender la totalidad del inmueble a un fondo buitre”.

Hurtado critica “la política de desmantelamiento de la escasa vivienda social que hay en Córdoba por parte de la Junta de Andalucia y del Ayuntamiento de Córdoba y que se permita tener cientos de viviendas tapiadas y sin ser habitadas por familias necesitadas”. Y exige una solución de AVRA o de VIMCORSA “ante la dramática situación de esta familia que está en la calle con un menor de edad y una niña con una elevadísima discapacidad”.

El Consejo Rector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), máximo órgano de dirección de dicho organismo adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha aprobado en su última sesión la ejecución de actuaciones para mejorar la accesibilidad en viviendas del parque público residencial en alquiler en Andalucía. Entre ellas se encuentran la instalación de rampas en dos promociones, que suman 19 viviendas, en Pozoblanco y Córdoba capital. 

Estas actuaciones se adscriben al Programa de Accesibilidad del Parque Público de la Agencia, que se viene ejecutando anualmente desde la anterior legislatura. Además de la actuación aprobada para las promociones de Pozoblanco y Córdoba, han obtenido visto bueno del Consejo Rector de la Agencia otras 15 actuaciones en Andalucía. El presupuesto que destinará la agencia al conjunto de estas obras asciende a 2.539.893 euros.  

En el caso de la provincia de Córdoba, las actuaciones aprobadas, que se ejecutarán entre 2023 y el próximo año, contemplan la instalación de rampas de acceso en el grupo CO-0935, con 12 viviendas y ubicado en la urbanización El Torilejo, de Pozoblanco.

De igual manera, se intervendrá en la mejora de la accesibilidad de una  promoción de siete viviendas en la calle Mucho Trigo, de la capital cordobesas. A estas dos actuaciones se les ha asignado un presupuesto de 106.987 euros que será financiado por AVRA con sus recursos propios.

El próximo 15 de septiembre comenzarán las obras contratadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para mejorar las 96 viviendas que conforman la Manzana 17 de la barriada Guadalquivir, en Córdoba. Esta actuación, que será ejecutada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como titular de las viviendas, supondrá una inversión de 1,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos React EU para la recuperación de la pandemia. La empresa adjudicataria del contrato, Lirola Ingeniería y Obras, acometerá trabajos de rehabilitación energética y reparaciones en la red de saneamiento de los edificios, entre otras mejoras, y deberá hacerlo en un plazo de nueve meses.

El director general de AVRA, Juan Carlos del Pino, ha destacado la importancia de las obras que se van a ejecutar en la Manzana 17, que “vendrán a mejorar notablemente la calidad de vida de las 96 familias que residen en esta promoción, las cuales van a tener más confort en sus viviendas, lo que ayudará a disminuir el consumo de energía, proporcionando así bienestar y mejora de la economía doméstica en tiempos complicados como los que estamos atravesando en la actualidad”. 

Juan Carlos del Pino ha resaltado, además, la parte del proyecto que “permitirá actuar en la red de saneamiento de los edificios, con lo que la Agencia va a resolver con esta obra los problemas de atoro de las tuberías, que vienen provocando la presencia de aguas sucias en el exterior de los bloques”, ha señalado el director general de AVRA. 

La actuación en la Manzana 17 trata de mejorar el comportamiento energético de dos edificios situados en la barriada Guadalquivir, delimitados por las calles Libertador Joaquín José de Silva Xavier y Libertador Andrés de Santa Cruz, que fueron construidos a principios de los 90. La promoción, con viviendas en bajo y tres plantas, conforma una manzana cerrada, con 14 portales que dan acceso a las 96 viviendas.

Las obras que se va a acometer son de tres tipos: por una parte, se hará una actuación de rehabilitación energética, pero también se acometerán trabajos de conservación y mantenimiento, así como mejoras diversas para facilitar la accesibilidad.

La rehabilitación para aumentar la eficiencia energética consistirá, por una parte, en aplicar medidas sobre la envolvente de los edificios, tales como un sistema de aislamiento térmico (SATE) en las fachadas y el refuerzo del aislamiento de las cubiertas, y por otro lado, se sustituirán las instalaciones existentes por otras nuevas, tales como placas fotovoltaicas para generación de electricidad destinada a las viviendas.

Las actuaciones complementarias consistirán en la renovación de la red de saneamiento horizontal bajo forjado sanitario, incluida la retirada de lodos y desechos existentes; la limpieza de la red hasta la conexión municipal, creando accesos para facilitar el registro de dicha cámara; y la revisión de los módulos de centralización de contadores y derivaciones.

También se mejorará la iluminación de zonas comunes instalando luminarias LED, eliminando pulsadores y colocando un sistema de control de presencia; se repondrá el alumbrado de emergencia y se repararán las placas exteriores de porteros electrónicos y antenas colectivas de cada portal. Por último, se mejorará la accesibilidad a los edificios construyendo rampas en los portales donde existen desniveles.

Además de esta actuación, AVRA va a iniciar en breve obras para aumentar la eficiencia energética en otra promoción de su titularidad en Córdoba, concretamente localizada en la barriada las Moreras. Se trata de la rehabilitación energética de los bloques 11 al 15 del Patio Poeta Gabriel Celaya, en la barriada de Las Moreras, que beneficiará a 76 familias residentes en esos edificios.

Estas dos intervenciones en el parque público residencial de AVRA en Córdoba se enmarcan en la segunda fase del programa de obras para mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda en alquiler con fondos React EU, fase que fue aprobada por el Consejo Rector en febrero de este año y contiene 12 actuaciones a ejecutar en promociones residenciales de toda la comunidad autónoma, que suman 414 viviendas, con un presupuesto de 10,1 millones de euros. Esta segunda fase de obras con financiación React EU da continuidad a la anterior, con 23 actuaciones para 624 viviendas, que se encuentra en plena ejecución con una inversión de 12,6 millones. 

Las obras actúan sobre los elementos comunes de los edificios residenciales, para mejorar su eficiencia y reducir el consumo de energía por parte de las familias inquilinas, contribuyendo así a luchar contra el riesgo de pobreza energética y la exclusión social. Estas medidas permitirán también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera mediante el uso de fuentes de energía renovable.

Junto a las dos intervenciones de Córdoba, se están contratando otras dos en los municipios gaditanos de La Barca de la Florida y Paterna de Rivera; dos más en Villanueva de las Torres y Morelábor, municipios ambos de Granada; una actuación en una promoción de San Juan del Puerto (Huelva), tres en la provincia de Jaén (Lupión, Navas de Tolosa y Mengíbar) y por último, una más en el barrio sevillano de Los Bermejales.

Cuatro familias de Córdoba, que habían recibido en alquiler sendas viviendas públicas con desperfectos, han conseguido que la constructora que realizó obras en dichas viviendas les arregle los desperfectos, después de haber acudido al Defensor del Pueblo Andaluz.

La Oficina del Defensor ha explicado que cuatro familias inquilinas en viviendas de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) fueron las adjudicatarias de las mismas en marzo de 2020, en plena explosión de la pandemia de la Covid. “Las viviendas fueron entregadas con una serie de desperfectos”, asegura, que se comunicaron posteriormente y “habiéndose reparado solo algunos de ellos”.

Así, el Defensor admitió la queja de las familias y se solicitó informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que también se habían quejado los vecinos por los desperfectos, para los que solicitaban reparaciones. “En la relación de incidencias figuraban zócalos deteriorados, suelos en mal estado, puertas que no cerraban, problemas de presión con el suministro de agua potable, entrada de agua de lluvia en una de las viviendas, puesta en marcha del ascensor, falta del número postal en el acceso a la promoción, restos de materiales de obra depositados en el trastero comunitario, árbol en mal estado en la planta primera y falta de conexión a fibra óptica”, enumeran en la queja.

Con ello, desde los servicios técnicos de AVRA en Córdoba se había dirigido notificación tanto a la dirección facultativa que redactó y dirigió el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del edificio, como a la empresa constructora responsable de las mencionadas obras. Y en otoño de 2020, empleados de la empresa constructora se personaron en la promoción para valorar el estado de la misma y determinar los trabajos a realizar en los meses posteriores.

Los arreglos se ejecutaron y en abril de 2021 se comprobaron en una visita por parte de AVRA en Córdoba y la empresa constructora, “comprobando ambos que los defectos expuestos en el escrito presentado por la comunidad de vecinos habían sido resueltos”.