El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) frente a una sentencia del Tribunal Supremo que no encontraba argumentos para indemnizar a una mujer que sufrió un trato vejatorio durante una detención en Córdoba.

La APDHA ha destacado la importancia de este proceso y su relación con la eficacia de los dictámenes de los órganos internacionales de derechos humanos. “El hecho de que esta admisión haya sido acordada por el Pleno del Tribunal Constitucional, y no por una de sus salas, constituye un indicador inequívoco de la especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar directamente a la articulación entre el Derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, señalan.

El caso trae causa del asunto E.L.G., resuelto en 2019 por el Comité contra la Tortura, en el que se declararon vulneraciones de derechos fundamentales —relacionadas con la prohibición de malos tratos— y se instó al Estado español a proporcionar una reparación plena y efectiva, incluyendo indemnización por daños materiales y morales, rehabilitación y la adopción de medidas dirigidas a evitar la repetición de los hechos. Se trataba de una ciudadana que, con carácter previo a la detención, se encontraba bien y que a la salida tenía la nariz rota. Además en la comisaría se negaron a avisar a los servicios médicos por lo que tuvo que requerirlos desde su móvil la víctima. El estado no pudo dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido y se limitó a negar los hechos.

Pese a ello, el Tribunal Supremo concluyó que dichos dictámenes no podían fundamentar responsabilidad patrimonial del Estado. Más aún, no solo negó su carácter indemnizable, sino que privó a estos pronunciamientos de toda eficacia jurídica sustantiva, reduciéndolos en la práctica a meras recomendaciones sin capacidad para incidir en la decisión de los tribunales ni en la garantía de reparación de las víctimas. Ello a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta interpretación ha sido sostenida por el propio Estado en el procedimiento de seguimiento internacional. El Comité contra la Tortura ha constatado expresamente la falta de implementación de su decisión, manteniendo abierto el diálogo con España y recordando su obligación de actuar de buena fe y de garantizar una reparación completa, incluida la compensación económica, así como medidas efectivas de no repetición .

En este contexto, la admisión del recurso de amparo adquiere una relevancia extraordinaria. Si bien el Tribunal Constitucional había apuntado en resoluciones anteriores que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no carecen de valor, lo hizo sin entrar en el núcleo del problema . La presente admisión abre la vía para que, por primera vez, el Tribunal se pronuncie de forma expresa sobre su alcance jurídico y su eficacia real.

Este pronunciamiento se produce además en un momento especialmente significativo para el sistema internacional de derechos humanos. En un contexto global en el que algunas potencias muestran un progresivo distanciamiento respecto del Derecho Internacional, resulta fundamental que Estados como España refuercen su compromiso con los mecanismos internacionales y prediquen con el ejemplo, garantizando el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas en ese marco.

Paralelamente, comienzan a abrirse vías de avance en el plano normativo interno. En particular, el proyecto de reforma de LECrim en tramitación introduce la posibilidad de revisar sentencias firmes cuando un comité de Naciones Unidas haya declarado la vulneración de derechos reconocidos en tratados ratificados por España, acercando su tratamiento al de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este desarrollo legislativo evidencia que el debate está abierto y que existe margen para reforzar la eficacia de estos mecanismos.

Para la APDHA, este momento debe ser aprovechado no solo para consolidar esta evolución, sino también para impulsar medidas estructurales que garanticen la plena efectividad del sistema internacional de protección. En este sentido, la organización considera necesario avanzar hacia el reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico español del carácter vinculante de los dictámenes de los comités de naciones unidas, así como establecer mecanismos automáticos de ejecución y reparación para las víctimas.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos internos de prevención, control y rendición de cuentas frente a las vulneraciones de derechos humanos, garantizando que los pronunciamientos internacionales tengan una traducción efectiva en la práctica administrativa y judicial.

La organización confía en que el Tribunal Constitucional esté a la altura de este desafío histórico y contribuya a fortalecer el sistema de garantías, tanto en el ámbito interno como en su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado la reclamación de un vecino de Córdoba que solicitaba una indemnización de 8.145 euros al Ayuntamiento por los daños causados por la entrada de agua en su local. El demandante sostenía que las filtraciones se debían al mal estado del acerado público. Concretamente al levantamiento del pavimento provocado —según su versión— por las raíces de un árbol, lo que habría generado una pendiente que favorecía la entrada de agua de lluvia en el inmueble.

Sin embargo, el juez no ha apreciado pruebas suficientes que acrediten esa relación directa entre el estado de la vía pública y los daños sufridos. Tras analizar los informes periciales y la documentación gráfica aportada, la sentencia concluye que no se ha demostrado la existencia de una pendiente invertida ni de un defecto relevante en la acera que pueda imputarse a la Administración.

Por el contrario, el fallo apunta a que la causa más probable de las filtraciones radica en las propias características del local, situado a ras de calle y sin elementos de protección —como un escalón o barrera— que impidan la entrada de agua en episodios de lluvia intensa.

Asimismo, el juzgado destaca que, aunque se detectó un pequeño desperfecto en una zona del acerado posiblemente vinculado a raíces, este no se encontraba junto a la entrada del inmueble ni era suficiente para justificar los daños alegados.

En consecuencia, la resolución descarta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en el caso. No obstante, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes al considerar que existían dudas razonables en el litigio. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario.

El Ayuntamiento de Córdoba se personará en un proceso judicial abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la ciudad. Todo porque un vecino ha interpuesto una demanda contra la administración municipal por los daños sufridos en su propiedad, supuestamente causados por el crecimiento de las raíces de un naranjo de la vía pública.

Según consta en el expediente de la Asesoría Jurídica, el origen del conflicto se remonta al 20 de octubre de 2025, fecha en la que el afectado presentó una reclamación patrimonial inicial contra el consistorio. En aquel momento, el vecino denunció que las raíces del árbol habían provocado la rotura de la acometida de agua de su vivienda, lo que derivó en una inundación de la planta baja del inmueble.

La vía judicial se ha activado tras la desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación original. Al no obtener respuesta por parte del Consistorio en los plazos legales, el demandante ha decidido elevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento contencioso abreviado.

Por su parte, la Asesoría Jurídica municipal ya ha comunicado a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos.

El caso seguirá ahora su curso en el Tribunal de Instancia de la Plaza número 3, donde se determinará si existe responsabilidad municipal en los daños causados por el arbolado público.

Condenan al Ayuntamiento a indemnizar a un motorista por un socavón sin señalizar

Además, la Junta de Gobierno Local ha recibido comunicación este lunes de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un ciudadano tras sufrir un accidente de moto provocado por las deficiencias del firme.

El incidente ocurrió en la calle Sanchuelo, donde el demandante sufrió una caída al transitar sobre un socavón en la calzada que se encontraba sin señalizar. Ante la falta de respuesta del Consistorio a su reclamación inicial, presentada el 9 de abril de 2025 —lo que legalmente se conoce como desestimación por silencio administrativo—, el afectado decidió llevar el caso a los tribunales.

Aunque la pretensión indemnizatoria original del motorista ascendía a 630,43 euros, el tribunal ha dictado una estimación parcial del recurso. En su fallo, el juez ha reconocido el derecho del accidentado a ser indemnizado por la administración local con una cuantía de 158 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la sentencia hasta su pago total.

La resolució tiene carácter de sentencia firme, lo que significa que no admite recurso ordinario alguno. Por este motivo, la Asesoría Jurídica municipal ha recomendado a la Junta de Gobierno Local que adopte el acuerdo de acatar el fallo y proceda al pago de la compensación reconocida al motorista.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los tres jóvenes que estaban procesados como autores de un delito de intento de asesinato y otro de lesiones. Los hechos por los que han sido juzgados, y absueltos, ocurrieron el 31 de julio de 2021 en el recinto ferial de El Arenal. Durante un botellón, se produjo una pelea que acabó con un joven herido muy grave y un vehículo destrozado a pedradas.

Los magistrados sostienen su sentencia en la falta de pruebas contra los tres procesados. Para el fallo fue clave el juicio oral, donde la defensa, llevada a cabo por la abogada María del Mar Jiménez, insistió en las contradicciones en las declaraciones de los testigos y las víctimas. La propia Fiscalía tildó de “errática” la investigación policial.

El suceso se desencadenó alrededor de las 5:00, cuando un grupo de amigos celebraba un cumpleaños. Según recogen los hechos probados, un individuo se acercó al grupo para pedir una botella de alcohol y, tras una discusión, logró llevársela. La tensión aumentó cuando esta persona regresó acompañada de entre veinte y treinta individuos y llegó a exhibir una navaja.

En medio de este clima agresivo, la situación estalló de forma violenta. Uno de los hermanos que participaba en el botellón recibió un botellazo en el rostro por parte de una persona que no pudo ser identificada. Al intentar defenderlo, su hermano salió tras el agresor, pero fue rodeado y derribado al suelo por varios individuos. Fue en ese momento cuando le asestaron dos puñaladas en el costado con un arma blanca que nunca fue hallada.

Heridas de extrema gravedad

Las lesiones sufridas por el apuñalado fueron de tal magnitud que, según los informes forenses, habrían sido mortales de no haber recibido atención médica inmediata. El joven sufrió una herida penetrante que le causó una laceración hepática, una herida en el diafragma y una pequeña laceración pulmonar. Debido a la pérdida de casi un litro de sangre y al riesgo vital, tuvo que ser ingresado en la UCI y someterse a intervenciones quirúrgicas de urgencia. Como secuela permanente, le queda una cicatriz de 32 centímetros en el abdomen.

Además de las agresiones personales, un grupo de personas comenzó a lanzar piedras contra el vehículo Seat León de las víctimas, causándole daños valorados en más de 2.600 euros.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el tribunal ha considerado que no existe una prueba de cargo suficiente para condenar a los acusados J.A.M., A.C.C. y Y.C.B.. En el caso del acusado de intento de asesinato, J. A. M. la sentencia destaca la debilidad de las pruebas. Durante el proceso, se llegó a identificar hasta a tres personas distintas como autores del apuñalamiento, y en el juicio oral, los testigos volvieron a señalar a una persona de origen magrebí que no era el acusado.

Respecto a A. C. C., a quien se le imputaba el botellazo, el tribunal señala que el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima estuvo “viciado” por informaciones previas obtenidas en redes sociales y rumores. Además, resultaba poco verosímil que el acusado pudiera agredir por la espalda a alguien con quien estaba discutiendo de frente.

Finalmente, sobre Y. C. B., la absolución es calificada de “manifiesta” ante la “orfandad probatoria absoluta”. Ni siquiera se pudo acreditar su presencia en el lugar de los hechos, y su imputación inicial se basó en un reconocimiento irregular que no fue ratificado en el juicio.

La sentencia, dictada el 17 de marzo de 2026, declara de oficio las costas procesales y deja sin efecto las medidas cautelares. No obstante, se ha reservado la posibilidad de que los afectados ejerzan acciones civiles por los daños en el vehículo en un procedimiento aparte.

Un testigo ha explicado este viernes durante el juicio de la Audiencia Provincial de Albacete contra el marido acusado de asesinar a su esposa de 26 años en 2022 en Montemayor (Córdoba) que las mujeres con las que convivía la víctima no la asistieron después de que el agresor la dejara apuñalada en la puerta de la casa “porque había fallado a su marido por serle infiel y porque tenían miedo de dejar huellas y que la Policía las acusase a ellas”.

Según ha relatado el testigo, quien pertenecía al colectivo de rumanos que se trasladó al pueblo cordobés para trabajar en la campaña del ajo junto al matrimonio, todos sabían que la víctima llevaba tiempo siendo infiel al marido con el sobrino de este, menor de edad.

“Yo conviví con el sobrino cuando estábamos trabajando en Aranda del Duero y vi cómo se enviaba con la mujer mensajes por teléfono con corazones y besos”, ha añadido el testigo, quien ha asegurado que intentó hacer capturas de pantalla y enviárselas a su móvil, pero que el joven se lo quitó de las manos y lo rompió.

En el relato, el testigo ha asegurado que el sobrino y la mujer tenían planes “para fugarse y abandonar al marido”, algo que ha cuestionado la fiscal, asegurando que “no cuadra con lo que han dicho otros testigos de que la víctima no quería dejar a su pareja por amor a los hijos que tenía con él”.

El mismo testigo ha contradicho varios puntos de su anterior declaración en el Juzgado de Instrucción debido, según él mismo ha aclarado, a que “en aquel momento estaba borracho y además estaba saliendo con una pariente de la víctima”, quien le propuso que hablara mal del acusado.

El marido se negaba a reconocer la infidelidad y por ello, según ha explicado, el testigo grabó junto a otro compañero a la mujer y al sobrino a escondidas días antes de los hechos, cuando aún estaban haciendo labores en los campos de Aranda del Duero. “Vimos a la mujer y al sobrino en una fuente y los grabamos con el móvil”, ha detallado con ayuda de un traductor, mientras se mostraba al jurado popular los vídeos en cuestión.

Se dan un beso

En los vídeos se ha apreciado cómo la mujer y el joven se abrazan cariñosamente y se dan un beso, momento en que se dan cuenta de que habían sido descubiertos y salen corriendo. La grabación, según ha relatado el testigo, se la enseñaron al marido cuando se habían instalado en Montemayor, aprovechando que el grupo de hombres había salido de fiesta a una feria cercana.

“El marido era mi amigo desde la infancia y pensaba que lo mejor era demostrárselo”, ha justificado. “Se enfadó al verlo, dio un puñetazo en la mesa y tiró los vasos antes de irse solo de vuelta al pueblo”, ha añadido el testigo.

Cuando regresó a Montemayor, el testigo ha afirmado que el marido pilló a su sobrino y a su mujer en la cama, según le confesó una de las mujeres de la casa después, dato que no había revelado antes en el interrogatorio de instrucción “porque la Policía no me lo preguntó”.

Esa noche el acusado confrontó a su mujer por la infidelidad. La víctima se asustó tanto que salió de la casa y huyó por el pueblo en busca de ayuda. Finalmente, su marido la alcanzó en un olivar, donde le asestó diez puñaladas en las piernas antes de recogerla y dejarla en la entrada de la vivienda. Allí avisó al resto de sus congéneres de lo ocurrido y, según varios testigos, les confesó que la había apuñalado. Antes de huir pidió dinero y después se dio a la fuga, siendo arrestado en un pueblo de Cuenca.

En la sesión de este viernes también han testificado agentes que analizaron el coche con el que se fugó el acusado y las muestras de sangre que se encontraron en él, confirmando que eran de la mujer, del marido y de un segundo varón.

La defensa del acusado ha reconocido los hechos, pero ha pedido que se rebaje el delito de asesinato a homicidio, asegurando que se trató de un arrebato, y ha rebatido la agravante de violencia de género que solicita la Fiscalía. La acusación ha pedido 25 años de cárcel y una indemnización para los familiares de más de 250.000 euros.

El juicio continuará el próximo lunes, 26 de enero, en la Audiencia Provincial de Albacete, con las pruebas testificales.

Geolocalización por móvil

Previamente, este jueves, varios agentes de Policía y la Guardia Civil han ofrecido su testimonio en la Audiencia Provincial de Albacete para dar detalles del operativo que se desplegó ante la muerte de la joven de 26 años a manos de su marido y cómo se procedió a la detención del autor en un pueblo de Cuenca gracias a la geolocalización de su teléfono móvil.

Según han declarado los agentes ante el jurado popular, fueron capaces de localizar al marido fugado a las afueras del pueblo conquense de San Clemente, por lo que movilizaron agentes de la zona a los que dieron fotografías del sospechoso y del vehículo con el que había huido.

“Nos avisaron de que había una persona que podría haber cometido un homicidio en Córdoba y que su teléfono móvil había dado señal en la zona de nuestra demarcación”, ha explicado uno de los testigos, para agregar que estuvieron “buscando por la zona donde sabíamos que vivía gente de la misma nacionalidad (rumana) que el acusado”.

Finalmente, los agentes localizaron el coche aparcado en un cortijo alquilado a una familia dedicada a la chatarra, ante lo cual desplegaron un “operativo de cerramiento” para rodear la vivienda y evitar una posible escapada.

“Fue entonces cuando salió el arrendatario a hablar con nosotros. Le enseñamos la fotografía del sospechoso y nos confirmó que estaba dentro. Entró a hablar con él y el acusado se entregó sin resistencia”, ha detallado otro agente. El abogado defensor ha aprovechado la ocasión para hacer énfasis “en la actitud de colaboración” del procesado.

Agravante por violencia de género

Durante la sesión, otra agente, encargada de recoger el testimonio de familiares, ha asegurado que una de las tías de la víctima tenía conocimiento de que el marido había agredido a su mujer con anterioridad, pero que ésta se negaba a abandonarlo por amor a sus hijos.

La Fiscalía ha señalado este hecho dentro de sus argumentos de tratarse de un caso de violencia de género, y que supondría una agravante, frente al móvil de arrebato que intenta sostener la defensa, la cual ha solicitado rebajar el crimen a homicidio.

El jurado popular también ha contemplado varios minutos de una grabación de los agentes llegando a la vivienda de Montemayor donde residía la pareja, minutos después de la primera llamada al 112. El marido, según ha reconocido su propia defensa, la dejó abandonada en la entrada de la casa tras asestarle diez puñaladas en un olivar a las afueras del pueblo y avisó a los demás cohabitantes para que se hicieran cargo de ella. Previamente, la pareja había discutido a causa de una infidelidad que había tenido la esposa con su sobrino, menor de edad.

Los demás inquilinos, también de origen rumano, fueron los encargados de llamar a la ambulancia. “Cuando llegamos le tomé el pulso y vi que aún tenía”, ha declarado el agente que realizó la grabación. No obstante, y pese a estar rodeada de sus congéneres, ninguno había atendido sus heridas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Para cuando la ambulancia llegó, la mujer había perdido demasiada sangre, falleciendo horas después en el hospital.

La Fiscalía ha pedido un total de 25 años de cárcel para el acusado, privación de la patria potestad de los dos hijos que tuvo con la víctima y libertad vigilada durante cinco años. Además, también ha pedido una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida, 100.000 euros para cada uno de los hijos y 28.000 euros para cada una de las hermanas.

Curiosa novedad económica la que se ha conocido este mismo viernes. Y que puede ser muy positiva a nivel financiero en clave blanquiverde. El Real Madrid CF ha emitido un comunicado en el que revela que ha ganado un nuevo litigio frente a LaLiga, mediante el cual, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que condena a dicho organismo deportivo a pagar una cantidad de dinero a diversos clubes del fútbol español. Entre ellos, efectivamente, está el Córdoba CF. Dicha sentencia, según expone el club blanco, confirma “plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015”, la cual, a su parecer, fue “ilegal” y “alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes”.

En este sentido, “el Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-16 al margen de lo previsto en la ley”, añade el escrito. Así, como consecuencia de ello, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los estatutos entonces vigentes, siendo un 60% de los ingresos para los clubes de Primera y un 40% para los de Segunda. En todo caso, teniendo un reparto igualitario entre todas las entidades dentro de cada categoría. De este modo, el conjunto blanquiverde militaba en ese entonces en la categoría de plata tras su reciente descenso de Primera.

El comunicado señala a continuación que el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División aquel curso. Además del Córdoba CF, figuraban Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Por lo tanto, la entidad cordobesa recibiría unos cuatro millones de euros.

Con todo, hay que decir que, a día de hoy, existe cierta incertidumbre sobre quién percibirá tal cantidad de dinero. Fuentes consultados por Cordópolis afirman que dicha cifra la recibirá el Córdoba CF SAD, entidad controlada por Carlos González, quien era además el presidente del club blanquiverde en aquella etapa. Eso sí, las dudas sobrevuelan a raíz del proceso de venta de la unidad productiva a Unión Futbolística Cordobesa, encargada de representar al actual Córdoba CF desde entonces. Eso sí, este periódico también se ha puesto en contacto con el club de El Arcángel, quien de momento desconoce el alcance de la sentencia y se encuentra a la espera de obtener mayor información.

No cesan de producirse novedades judiciales en torno al Córdoba CF. Si la pasada semana se conocía que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso de casación de Carlos González por la venta de la unidad productiva del conjunto blanquiverde por un “defecto de forma”, ahora la novedad es relativa a Jesús León.

En efecto, ya que la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el montoreño contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2024, mediante la que el expresidente blanquiverde había sido declarado culpable del concurso del Córdoba CF SAD, por lo cual había sido condenado a abonar 3,8 millones de euros en concepto de indemnización y daños, además de quedar inhabilitado durante tres años para gestionar bienes ajenos.

En aquel entonces, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil indicaba que “queda probado que el presidente del Consejo de Administración fue quien directa y decisoriamente participó en todos los actos que generaron y agravaron la insolvencia, sin que los demás miembros del consejo tuvieran capacidad de decisión ni conocimiento previo”.

Así las cosas, la Audiencia ha desestimado el recurso de la defensa de León, tal y como ha quedado expuesto en el fallo adelantado por Diario Córdoba y al que ha tenido acceso igualmente Cordópolis.

Contra el mismo, eso sí, cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, a interponer ante esta sala en el plazo de veinte días.

Punto y final. La larga batalla judicial que mantenía el expresidente Carlos González por la propiedad del Córdoba Club de Fútbol ha escrito este miércoles el que parece que será, al menos en este ámbito, su capítulo definitivo. Tras conocerse a ultima hora de este martes la inadmisión de su recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, el propio González ha confirmado a La Jugada, de Canal Sur Radio que arroja la toalla en el litigio. De esta forma, el empresario tinerfeño ha asegurado que no acudirá a las últimas instancias que le quedaban, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Estrasburgo, afirmando rotunda y escuetamente: “Esto acaba aquí”.

La decisión supone el cierre de un complejo litigio que se ha extendido durante años, desde que Infinity adquiriese la Unidad Productiva del club en el concurso de acreedores de la SAD a finales de 2019. Aunque la vía deportiva e institucional avanzaba bajo la gestión de la nueva propiedad, esta última batalla legal mantenía una remota incertidumbre sobre el proceso.

El varapalo del Supremo: un “defecto de forma”

Y es que esta renuncia a seguir pleiteando por parte de González llega solo unas horas después de conocerse el último y duro varapalo judicial. Este martes trascendió la providencia del Tribunal Supremo, firmada el pasado 29 de octubre, en la que la Sección de Admisión de la Sala Primera inadmitía el recurso de casación presentado por Azaveco (sociedad de González) contra la venta de la Unidad Productiva.

Lo más llamativo de la resolución judicial es que el Alto Tribunal ni siquiera entró a valorar el fondo del asunto. La inadmisión se produjo, según el escrito firmado por los magistrados Ignacio Sánchez Gargallo, Pedro José Vela Torres y Antonio García Martínez, por un “defecto de forma”.

El motivo: “Mezclar cuestiones heterogéneas”

El Supremo reprocha al expresidente, en base al artículo 483.2.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la “falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso de los requisitos del encabezamiento, estructura y desarrollo de los motivos”.

En esencia, los magistrados detallan que el recurso de González “mezcla en un mismo motivo cuestiones heterogéneas y de muy variada naturaleza” que hubieran requerido un tratamiento separado en motivos distintos. El tribunal señala que el escrito no puede estructurarse en “submotivos” y que, en este caso, se mezclaban cuestiones de naturaleza procesal con el fondo del debate.

Al no formularse correctamente, el TS rechazó el recurso de casación sin más trámite, lo que “comporta la improcedencia del extraordinario por infracción procesal formulado conjuntamente”. Esta decisión convertía en firme la sentencia de la Audiencia Provincial, que ya había desestimado las pretensioniones de González.

Por lo tanto, aunque al expresidente le quedaban las vías del Constitucional o Estrasburgo, su confirmación de este miércoles de que “esto acaba aquí” cierra de manera definitiva la batalla legal por el Córdoba CF, legitimando por completo la operación que dio entrada a Infinity hace ya seis años en el club blanquiverde.

El 14 de septiembre del año 2007 era un viernes más para un numeroso grupo de ecologistas, ganaderos y vecinos de Posadas. Como venían haciendo en los últimos fines de semana, acudían al conocido como camino de los Torilejos, una vía pecuaria de titularidad pública que estaba cortada por una valla. La familia Sánchez Ramade, unos empresarios muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Pero aquel viernes los manifestantes se encontraron con que la valla estaba protegida por un nutrido grupo de guardias civiles. Las defensas de varios de los ecologistas aseguran que a diferencia de protestas anteriores, los agentes no les estaban grabando, sino esperando. Y pronto comenzaron los disturbios. Los agentes protegieron la valla y pronto cargaron contra los manifestantes, que como cada día de protesta querían acudir lo más cerca posible. Las cargas policiales se extendieron por el campo, por casi todo el término municipal de Posadas y hasta dentro del pueblo. Incluso al día siguiente.

Aquella jornada acabó con detenidos y hasta guardias civiles heridos. Uno de ellos perdió un ojo. Uno de los arrestados fue desterrado de su pueblo por orden judicial y se tuvo que marchar a vivir a otro municipio cercano. El objetivo era que no siguiera alentando más manifestaciones. Este miércoles, 18 años después, está previsto que 15 de los detenidos se sienten por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo harán en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, en un juicio que debía haber comenzado hace años, pero que se ha ido retrasando y retrasando. Unas veces, por enfermedad de abogados. Otra, por recursos y recusaciones. También incluso por la falta de espacio para acoger a todos los acusados y sus abogados. E incluso por la no disponibilidad de micrófonos suficientes.

18 años después, los 15 de Torilejos se enfrentan a una pena de prisión que no supera los dos años de cárcel por cabeza. Se le acusa de delitos de desórdenes públicos, de atentado contra la autoridad y de lesiones. En este tiempo, uno de los guardias civiles heridos, y principal testigo de la Fiscalía, ha fallecido.

Lo que ocurrió en Posadas sí que tiene una condena, pero no por la protesta, sino por lo que pasó en un bar horas después, cuando la Guardia Civil acudió a identificar a varios de los sospechosos. Entonces hubo cargas y peleas, que acabaron con cuatro personas identificadas y posteriormente condenadas a entre 18 meses de cárcel y a tres años de prisión por atentado contra la autoridad. Esta sentencia llegó diez años después de los hechos. 

Las defensas reclaman la libre absolución

Tras 18 años procesados, con el horizonte de sentarse en el banquillo de los acusados y acabar siendo condenados, ahora los abogados de los ecologistas y vecinos de Posadas reclaman la libre absolución. No solo por las dilaciones del proceso, que también, sino por cómo se ha desarrollado.

Uno de los abogados de tres de los acusados es el letrado cordobés Javier Vilaplana. A pesar del tiempo que ha pasado y sobre todo teniendo en cuenta que el camino era público y la protesta, por tanto, defendía el interés general, el abogado sostiene que “no ha quedado definido quién atacó a quién”. Asegura que muchas de las identificaciones se produjeron por grabaciones anteriores, y no del día de los hechos, en el que hubo órdenes de no filmar lo sucedido por parte de la Guardia Civil.

También asegura que hubo una “extralimitación” policial ya que los agentes “cargaron sin motivo”. Además, sostiene que hubo agentes que presentaron las mismas lesiones tanto en los sucesos de la cancela como en los posteriores del bar, ya juzgados y condenados.

El caso ha llevado a dos vocales de la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad Castellana de Madrid, Hilario Villalvilla Asenjo y Luis de Andrés del Pozo, a presentar un escrito dirigido al Juzgado en el que se reclama la absolución de todos los acusados. El escrito asegura que “los vecinos encausados defendieron en todo momento la legalidad vigente en materia de defensa de la propiedad pública del suelo del Camino de dominio y uso público de Los Torilejos que había sido cerrado ilegalmente por el propietario de un predio particular” e incluso invoca a dos artículos de la Constitución, el 19 y el 45.

Los abogados han pedido la declaración como testigo del que entonces era subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, del PSOE. En su momento, este político fue reprobado por el Ayuntamiento de Posadas, junto al exalcalde Guillermo Benítez y al ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey, todos socialistas.

Un camino público

El camino de Torilejos es una histórica vía pecuaria que une los pueblos de Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. Desde que el Tribunal Supremo le diese la razón a la administración, la cancela está desmontada y el camino abierto.

Actualmente, esta vía pecuaria sigue siendo utilizada por los ganaderos trashumantes de la zona, cada vez menos. Pero especialmente por senderistas y ciclistas, como un acceso al sotomonte de Sierra Morena y al entorno del embalse de La Breña II. Desde que se retiró no ha habido ningún incidente.

El juicio por el crimen ocurrido en una vivienda de la calle Platero Pedro de Bares, en Córdoba, ha concluido con el veredicto del jurado popular, que ha declarado culpable a S. O. del asesinato con alevosía de un hombre al que asestó una puñalada mortal. La decisión se produce tras varios días de vistas orales en los que se han escuchado los testimonios de testigos, peritos, forenses y del propio acusado, que en todo momento trató de defender que actuó en legítima defensa.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de abril de 2024, cuando una fuerte discusión en el interior del domicilio derivó en una agresión con arma blanca. La víctima recibió una cuchillada que acabó con su vida prácticamente en el acto. Durante su declaración, S. O. reconoció haber sido el autor de la puñalada, pero alegó que se produjo en el transcurso de un forcejeo y sin intención de acabar con la vida del fallecido. Según su versión, la víctima le había atacado previamente y él actuó para protegerse.

La Fiscalía y las dos acusaciones particulares —en representación de la familia del fallecido— sostuvieron lo contrario. Para ellas, el acusado atacó de manera sorpresiva y en una situación que eliminaba cualquier posibilidad de defensa de la víctima. Por ello, pidieron que los hechos se calificaran como un delito de asesinato con alevosía, lo que conlleva una pena más grave que la de homicidio simple, como así ha sido finalmente.

Tras deliberar, el jurado popular se inclinó por la tesis acusatoria y declaró culpable a S. O., descartando que existiera legítima defensa ni atenuante por no estar en condiciones a la hora de realizar los hechos. Este pronunciamiento abre ahora el paso a la fijación de la condena, que corresponderá determinar al tribunal en la sentencia que se dictará en los próximos días. Por su parte, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, mientras que la Defensa ha requerido que no se pague responsabilidad civil.

Ahora, serán los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, presidida por Juan Luis Rascón, los que decidan la pena que se le debe imponer a S. O., algo que deberá ser comunicado en los próximos días una vez que se redacte la sentencia siguiendo la decisión del jurado popular.

La Ciudad de la Justicia ha acogido este lunes el juicio por la muerte de Alejandro Ortega causada por un apuñalamiento el pasado 1 de febrero en El Arenal. El acusado, menor de edad en el momento de los hechos, se enfrenta a una petición por parte de la acusación de internamiento de ocho años en un centro y a una indemnización de 450.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante la vista, el joven acusado se negó a responder a las preguntas de la acusación de la víctima, limitándose a contestar únicamente a su abogado defensor. La defensa sostiene su inocencia y niega que existan pruebas suficientes para probar que fuese él el autor de los hechos. Sin embargo, la acusación subrayó que varios testigos lo identificaron en el lugar de los hechos, tanto en persona como en fotografías mostradas la misma noche del suceso.

La acusación quiere que se le juzgue como un delito de asesinato con alevosía, mientras que la defensa rechaza esta calificación y defiende que no concurren tales circunstancias. Además, las partes discreparon respecto a la existencia de posibles atenuantes, basándose en los informes forenses, que también han aparecido en la vista.

En el apartado monetario, la acusación elevó la petición inicial de 400.000 a 450.000 euros, argumentando que “no se trata de dinero, sino de cómo valorar la pérdida irreparable de una vida”. La representación de la Junta de Andalucía, personada en el procedimiento, no cuestionó esta cifra al existir jurisprudencia previa que respalda este tipo de indemnizaciones.

El juicio, desarrollado a puerta cerrada por tratarse de un menor, fue calificado por las partes como “especialmente duro”. Solo pudieron acceder familiares directos, quedando excluidos otros allegados. Según señaló la acusación, el caso refleja “una tragedia que podría haberle ocurrido a cualquiera” y advirtió del riesgo de reincidencia por parte del acusado.

El mes de septiembre ha comenzado fuerte en la Ciudad de la Justicia. Las instalaciones cordobesas han acogido este lunes el juicio por la muerte de Alejandro Ortega, el joven fallecido el pasado mes de febrero por una apuñalada en El Arenal. Un caso que conmocionó a Córdoba y que ha provocado que en semanas anteriores se buscase una concentración que, finalmente, ha llegado.

Y es que más de un centenar de personas se han congregado a las puertas de la Ciudad de la Justicia con un único mensaje: “Justicia para Álex”. Desde las 8:00, está concentración ya era una realidad, con los manifestantes de manera ordenada y portando una camiseta negra con el nombre del fallecido. Los familiares también han estado presentes en dicho acto, siendo los padres los primeros en entrar visiblemente afectados por la pérdida de su hijo.

Asimismo, su abuelo Pedro ha atendido a Cordópolis explicando que estos meses han sido “especialmente duros”. “Es un sin vivir. Todos los días lloramos”, ha afirmado justo antes de entrar a la Ciudad de la Justicia. Aun así, y minutos antes, el presunto autor del asesinato pudo acceder a las instalaciones sin problema por la puerta lateral, siendo transportado por un vehículo camuflado y sin llamar la atención de los manifestantes.

Por otro lado, el juicio se ha visto retrasado por la tardanza de una vista que comenzó antes. Pese a ello, y gracias a un fuerte dispositivo policial que ha estado presente antes y durante el acto, la concentración se ha desarrollado sin problemas. Por tanto, todo queda pendiente de lo que dictamine la justicia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de unos honorarios de 28.925 euros reclamados por una abogada en concepto de costas procesales en un procedimiento juzgado en Córdoba contra el BBVA. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la entidad financiera, que consideraba excesiva esa cantidad, y ha respaldado el criterio de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), que fijó la cuantía en base a la complejidad del caso y al trabajo realizado ante el propio Supremo.

La abogada llevó a los tribunales al BBVA tras una demanda en la que solicitaba la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés (swaps); un producto complejo que fue comercializado por BBVA y cuya legalidad fue impugnada por un cliente cordobés al entender que no recibió información suficiente sobre los riesgos. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba condenó a la entidad y, posteriormente, la sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de la capital.

El BBVA recurrió la decisión ante el Supremo mediante recursos de casación y por infracción procesal, pero ambos fueron inadmitidos, lo que dejó en firme la condena y obligó al banco a pagar las costas. Fue entonces cuando surgió la disputa sobre los honorarios de la abogada de la parte ganadora, quien reclamó 28.925 euros (IVA incluido). El banco impugnó esa cifra proponiendo un máximo de 1.000 euros más IVA. Sin embargo, la letrada desestimó la impugnación y confirmó la minuta, considerando la cuantía del pleito (superior a 600.000 euros) y el alto grado de complejidad jurídica del asunto, centrado en contratos financieros sofisticados.

Ante ello, el BBVA volvió a recurrir al Supremo, quien ha rechazado sus argumentos, subrayando que los honorarios son razonables y que no puede entenderse que exista arbitrariedad, falta de proporcionalidad o infracción procesal alguna en el decreto de la LAJ. Además, la Sala reconoció el trabajo técnico de la letrada en la fase de admisión de los recursos ante el Supremo, donde presentó alegaciones frente a cinco motivos de inadmisión.

Finalmente, el Supremo ha decidido no imponer costas adicionales a BBVA por este recurso, aunque sí perderá el depósito judicial constituido para recurrir. La resolución es firme.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a dos guardias civiles destinados en el Puesto de Villanueva del Duque, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de Fuente la Lancha como autor de un delito de conducción sin permiso y otro de atentado en concurso ideal con un delito leve de lesiones, imponiéndole penas que suman quince meses de prisión, así como a indemnizar a uno de los agentes por las lesiones causadas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de junio, cuando los agentes se encontraban en la travesía de Fuente la Lancha y observaron que un vehículo realizaba una maniobra evasiva al percatarse de su presencia. Ante ello, los guardias civiles siguieron a dicho vehículo y al requerirle la documentación el acusado bajó del vehículo y le propinó un puñetazo a uno de los agentes, al que agarró del cuello y siguió golpeándole hasta que intervino el otro compañero.

Además insultó a los dos guardias civiles, escupiendo en la cara a uno de ellos, y se resistió con mucha violencia a la detención, hasta el punto de que fue necesario el apoyo de las patrullas que había en otras localidades próximas. El agresor tenía retirados todos los puntos del permiso de conducir, y ya había sido condenado por el delito de conducción sin permiso anteriormente hasta en siete ocasiones durante los últimos años, así como por un delito de atentado y otro de lesiones.

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los dos guardias civiles, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, aplicándose la agravante de reincidencia respecto a los delitos de conducción sin permiso y de atentado, y la atenuante de reparación del daño al haber indemnizado ya al agente por las lesiones causadas, y además debe pagar la multa impuesta y las costas procesales”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “urge que se agraven las penas por este tipo de hechos, porque son indignantes casos como este, cuando el agresor acumula tantas condenas previas por el mismo delito, pero además debe incrementarse la protección jurídica de los guardias civiles, dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y sobre todo reconocerles como profesión de riesgo”.

Los datos oficiales obtenidos por AUGC son preocupantes, porque durante el periodo de 2020 a 2024 se registraron en Andalucía nada menos que 1.455 agresiones a guardias civiles y 1.536 agentes lesionados, de los cuales 596 causaron baja. Las agresiones físicas y verbales a los guardias civiles no paran de crecer, sin que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil garanticen una respuesta efectiva a esta problemática, por lo que está enviándose un mensaje de impunidad a quienes agreden a los guardias civiles.

Este martes se conoció una de las novedades más significativas de los últimos años en clave blanquiverde. En este caso, no era relativo al césped, sino a uno de los asuntos que ha mantenido el foco cordobesista en los juzgados durante meses. El 'Caso Saqueo' sumó un capítulo, sobre el papel, casi definitivo, con la sentencia por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, la cual declara a Jesús León como culpable y lo condena a cumplir seis años y nueve meses de presión, además de abonar al Córdoba CF SAD algo más de dos millones de euros. Con todo, León, que es el condenado principal en una sentencia donde también figura su hermano Ildefonso, se muestra tranquilo ante la misma, que será recurrida, tal y como reconoció a los compañeros de 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur.

Sea como sea, el proceso ha sido largo y las sesiones de vista pública se han alargado durante varios meses con multitud de jornadas de declaraciones en la Ciudad de Justicia. Todo ello ha deparado en un documento final que consta de más de 50 páginas, y al que ha tenido acceso a este periódico. De este modo, entre los muchos asuntos que trata la sentencia, uno de los más destacados a lo largo del juicio ha sido el relativo a la famosa adenda para la construcción de la Ciudad Deportiva, que deparó a su vez en el conocido Caso Chalet, mediante el que tanto Jesús León como Carlos González fueron condenados el pasado mes de marzo a cuatro años de cárcel, al ser considerados culpables de desviar un millón de euros del club para la reforma de una vivienda en Madrid.

En este sentido, ese famoso documento salió a colación a lo largo de todo el proceso. De hecho, el propio León declaró que la misma era “real” y que no había “duda” de ello, al tiempo que González, durante su declaración, negó vehementemente cualquier conocimiento sobre dicha adenda y, por tanto, la imposibilidad de haberla firmado él mismo. Sobre esta cuestión hablaron otros exdirectivos del Córdoba CF, tales como Magdalena Entrenas, Alfredo García Amado o Juan Ramón Berdugo, quienes admitieron haber tenido conocimiento de la misma a través de una fotocopia mostrada por el propio empresario montoreño.

Así, la sentencia actual del Caso Saqueo recuerda que en julio del 2018, Jesús León, en calidad de presidente del Córdoba CF, ordenó una transferencia de un millón de euros a favor de Grucal Properties por el concepto “acuerdo indemnización Ciudad Deportiva”. Inmediatamente, León traspasó 940.000 euros de esa cuenta de Grucal hacia otra de Aglomerados Córdoba, siendo él mismo el propietario de ambas sociedades. Así, la sentencia señala que “para dar cobertura formal y contable a la transferencia”, Jesús León, “directamente o a través de otra persona”, confecciona un documento “no original” denominado 'Adendum al contrato de fecha 28 de octubre de 2014, suscrito entre Córdoba CF SAD y Grupo Constructor Grucal Andalucía S.A', el cual contiene una reproducción de la firma de Carlos González “no consentida por este”. Tal adenda contenía la siguiente cláusula: “para el caso que en el plazo de un año, a contar desde la fecha de formalización del contrato, no se hubieran iniciado las obras por causas ajenas al Córdoba CF o a la propia Fundación, el contratista tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización el 20% del valor total del contrato”.

Igualmente, el documento expone que la adenda “no fue contemplada” en el momento de la venta del club por parte de Carlos González a Jesús León, lo cual hubiera sido “normal” teniendo en cuenta “la fecha” y “la cuantía” de la misma, y “no tuvo reflejo contable deudor alguno en los libros del Córdoba CF SAD”, ni como “acreedor en las sociedades limitadas Grucal Properties y Grucal Infraestructuras antes de materializarse la compensación del millón de euros”.

Por todo ello, se pone de manifiesto que Jesús León deberá pagar al Córdoba CF una cuantía de 940.000 euros, por el dinero percibido de la entidad mercantil deportiva a cobijo de la supuesta adenda al contrato de construcción de la Ciudad Deportiva en materia de responsabilidad criminal, así como un millón de euros por el mismo concepto en materia de responsabilidad civil.

Un proceso que se ha hecho esperar, y mucho, aunque ya hay sentencia. El expresidente del Córdoba CF, Jesús León, ha sido condenado a seis años y nueve meses de cárcel por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. El montoreño estaba siendo juzgado por el conocido como 'Caso Saqueo', mediante el que se investigaba la sustracción de parte del patrimonio del Córdoba CF durante la etapa de este como presidente del club, y el cual estaba acusado por delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. De este modo, la sentencia, que ha sido adelantada por Cadena SER Córdoba y a la que ha tenido acceso igualmente Cordópolis, determina que sean casi siete años de prisión para el empresario cordobés.

En el texto, firmado por el juez Juan Luis Rascón, se determina que León sea finalmente juzgado como autor de un delito continuado de apropiación indebida que reviste especial gravedad por su cuantía y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y privado en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Así, la pena, como se ha dicho, es de seis años y nueve meses de prisión, además de una multa de 18 meses con cuota diaria de 40 euros y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. Igualmente, se especifica que al penado se le abonarán cinco meses para el cumplimiento de la pena privativa de libertad, por el tiempo que estuvo sometido a medidas cautelares en esta causa.

Con todo, además, en materia de responsabilidad civil, la sentencia establece que Jesús León deberá abonar a la sociedad anónima deportiva Córdoba CF -por los daños y perjuicios causados- la cuantía de 2.088.835,77 euros. De igual manera, tanto León como su hermano Idelfonso abonarán al club las siguientes cantidades: 269.000 euros por las transferencias recibidas por la sociedad “Mencía Proyects” de la mercantil deportiva y que no se devolvieron, así como 92.426 euros, a razón de las transferencias recibidas por la sociedad “Tecnoglobal Aplicaciones” de la mercantil deportiva y que no se devolvieron.

En otro orden de cosas, se ha decidido absolver tanto a Francisco de Paula López como a José María León, uno de los hermanos de Jesús y quien ya fue retirado en su día de la acusión. Por su parte, el otro de los hermanos acusados, Ildefonso León, ha sido condenado como “cómplice de un delito de apropiación indebida que reviste especial gravedad por su cuantía y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento privado en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”. La pena en su caso es de dos años de prisión, una multa de seis meses con la cuota diaria de 20 euros y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. Tanto Jesús León como su esposa, Isabel Madueño, han sido absueltos por el delito de blanqueo de capitales.

Con todo, hay que decir que dicha sentencia es susceptible de recurso de apelación, a interponer ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía en término de diez días.

Un hombre condenado en cinco ocasiones por robos y pendiente de penas de prisión por dos sentencias por delitos cometidos en Córdoba se enfrenta ahora a una petición de 18 años de cárcel por nuevos robos cometidos después, en pisos con sus moradores dentro, esta vez en Almería.

Este lunes, la Audiencia Provincial de Almería tenía previsto el juicio contra este hombre, con numerosos antecedentes penales y penas de prisión pendientes. En concreto, le constan cinco condenas anteriores por delitos de robo con fuerza en las cosas de las que tres han sido ya cumplidas, si bien en el momento de los hechos tenía pendientes dos de ellas por sentencias de 2020 de Córdoba que suman un año y siete meses de prisión. Ahora se le juzga como presunto autor de tres nuevos delitos de robo en viviendas de Almería a las que habría accedido mientras sus moradores dormían, hechos por los que la Fiscalía reclama para él 18 años de prisión.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el Ministerio Público da cuenta de los asaltos que cometieron, siempre de madrugada y tras trepar a un primer piso, entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2024 en distintos puntos de la ciudad. Así, señala un primer robo el 28 de octubre en el que el acusado habría escalado hasta la terraza de un primer piso en El Zapillo para introducirse en la vivienda en la que dormía una familia para, una vez dentro, fracturar la cerradura de los armarios de aluminio de la terraza.

El acusado se habría hecho con un carrito de la compra, una caja de herramientas con taladro y otros accesorios, así como con prendas de vestir y algunos electrodomésticos antes de abandonar el domicilio, en el que se causaron daños por valor de 35 euros y se sustrajeron objetos por valor de unos 1.400 euros. El segundo robo tuvo lugar la madrugada siguiente en la zona de Oliveros, donde pasadas las 2:00, el acusado también habría escalado hasta el primer piso y habría entrado por la ventana del salón a la vivienda en la que su morador dormía.

En este caso, el acusado habría sustraído de la mesa del comedor un paquete de tabaco y una cartera, con diversa documentación personal, 150 euros y tarjetas bancarias y 150 euros en metálico, con los que se hizo abandonando la vivienda.

Según las pesquisas que obran en autos, el ladrón habría empleado una tarjeta bancaria para hacer compras y moverse en taxi, con un gasto de unos 124 euros. Estos gastos son reclamados por el afectado, quien se vio obligado a renovar su documentación tras el robo.

El último de los asaltos investigados tuvo lugar en la madrugada del 7 de noviembre en la zona de Altamira, donde el acusado habría vuelto a escalar a un primer piso para entrar por la ventana en una vivienda y sustraer un portátil, un paquete de tabaco y un mechero a su dueño mientras que este dormía, lo que generó un perjuicio económico por encima de los mil euros.

El maratoniano juicio por el 'Caso Saqueo' del Córdoba CF ha quedado este lunes, 2 de junio, visto para sentencia. La decimoquinta y última sesión ha estado dedicada a la exposición de las conclusiones finales de las defensas de los acusados y al turno de última palabra, donde el principal encausado, Jesús León, tras reiterar su inocencia, ha pedido perdón “en el caso de que haya dañado a alguien”. La Fiscalía, por su parte, tal como expuso en la penúltima jornada, mantiene su petición de 8,5 años de prisión para el expresidente por presunta administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Eso sí, la sentencia, según anunció el presidente del tribunal, Juan Luis Rascón Ortega, no se espera antes de julio o septiembre de este año, tal y como ha confirmado al final de una larga sesión que comenzó con un retraso de media hora debido a un problema en la notificación a las partes acusadas sobre la continuación del juicio en las fechas previstas, solventado con la sustitución temporal de algunos letrados hasta su llegada.

La defensa de Jesús León solicita la absolución y cuestiona la validez del proceso

La defensa de Jesús León ha solicitado su libre absolución, basando su alegato final en las irregularidades procesales que invalidarían el proceso; las presuntas animadversiones personales contra su cliente; y la condición de León como propietario casi total del club. Así, ha denunciado diversas irregularidades procesales que, a su juicio, invalidarían el proceso, señalando entre ellas posibles nulidades en la entrada y registro de su domicilio, su detención, la cadena de custodia de pruebas, y una supuesta vulneración de su intimidad por la utilización de mensajes entre León y su esposa. Además, ha argumentado que la investigación se extendió indebidamente y que no se le facilitó el contenido de sus ordenadores y móviles -recibiendo solo “CDs en blanco”-, lo que le impidió defenderse adecuadamente sobre la autenticidad de la polémica adenda del millón de euros, que radicaría en los emails perdidos en esos CDs.

En cuanto a las acusaciones económicas, la letrada ha negado los delitos de apropiación indebida y administración desleal, argumentando que, al ser León dueño del 98,7% del club, no se puede hablar de daño a un “patrimonio ajeno” en los mismos términos. Ha defendido los cobros de León, cifrados por la defensa en unos 170.000 euros netos, como una remuneración por su dedicación exclusiva y su “obsesión” por la salvación del Córdoba CF, “tras dejar todas sus empresas”, y no por su cargo de presidente, justificando la cuantía de 400.000 euros anuales por ser igual a la del anterior mandatario y el cambio de empresa gestora (de Grucal a Aglomerados) como una “exigencia de LaLiga”. Ha afirmado también que los préstamos entre el club y sus sociedades están mayoritariamente saldados.

Por ello, la defensa ha insistido en la validez de la adenda del millón de euros, criticando la falta de pruebas sobre su falsificación por parte de León, y finalmente, ha calificado de “imposible” el delito de blanqueo de capitales, ya que todas las operaciones fueron bancarias y no existen cuentas en paraísos fiscales. Además, ha recordado al tribunal que León ya enfrenta múltiples condenas y reclamaciones económicas en otras instancias judiciales, apelando a un castigo proporcional y al principio de que la vía penal debe ser el último recurso. “¿Qué delito ha cometido Jesús León, presidir el Córdoba CF? Ya lo ha dicho y lo ha pagado con creces”, ha concluido la abogada.

Las otras defensas también buscan la absolución

En un tono más breve, el letrado de Ildefonso León (petición fiscal de 4,5 años) ha solicitado igualmente la absolución, argumentando que el dinero que salió a sus empresas retornó al Córdoba CF para el pago en efectivo a futbolistas y que “ni Ildefonso ni Jesús León se quedaron con dinero alguno”, siendo “las perjudicadas las empresas, que adelantaron dinero para evitar el colapso del club”. Similarmente, el abogado de Francisco López Valero (petición fiscal de 5 años) lo ha presentado como un “consejero de paja” y un “trabajador que cumple instrucciones”, negando su cooperación necesaria. Las defensas de Grucal Infraestructuras y Tecnoglobal también han pedido la absolución.

La última palabra de los acusados: inocencia, perdón y alusiones al coste personal

En el turno de última palabra, Isabel Madueño, esposa de Jesús León, visiblemente afectada, ha tomado la palabra para justificar su anterior petición de preservar su intimidad. Ha explicado que su principal motivación era “proteger a mis tres niños” del “juicio mediático” y de las “agresiones físicas y verbales” que, según ha afirmado, han sufrido durante los seis años que ha durado el procedimiento, afectando especialmente la adolescencia de uno de ellos. Ni Ildefonso León ni Francisco López Valero han querido añadir nada a lo expuesto por sus defensas.

Jesús León, por su parte, sí ha empleado extensamente su turno final. Tras ratificar la defensa de su abogada e insistir en las deudas heredadas al comprar el club, se ha presentado como víctima de una “presunción social de culpabilidad” y de lo que ha calificado como “un ataque iniciado por Luis Oliver al que se ha ido sumando gente para formar una tormenta perfecta. Al ataque se suma Carlos González, alentado por alguna prensa. En un momento determinado también se suma nuestra queridísima Magdalena Entrenas. Parece propio de una película, pero es una realidad. El viaje a Ucrania, me han intentado echar de la carretera, pintadas en el colegio de mis hijos, en mi casa… Es inhumano”. Ha concluido afirmando: “No sé si lo he hecho bien o mal, pero yo aquí llego con una presunción clara de culpabilidad ante la sociedad. Termino declarándome inocente”, para después añadir: “En cualquier caso, de todos y de los juzgados aquí, todos -los actos- se han hecho sin mala intención, con el ánimo de no dañar a nadie, y que en el caso de que haya dañado a alguien, aprovecho para pedir perdón”.

El juicio ha quedado así visto para sentencia.

El juicio por el caso saqueo del Córdoba CF será, al parecer, un procedimiento muy parecido al de la historia interminable. Y es que no se atisba aún un final inmediato a la vista pública, que estaba prevista que tuviera 9 sesiones, aunque finalmente parece que se alargará hasta las 14. Este lunes se ha celebrado una jornada más tranquila, pero altamente densa, en la que se han ido manifestando las conclusiones finales de cada parte. En este sentido, el alegato más extenso ha llegado por parte de la acusación principal, que no es otra que la del Ministerio Fiscal.

El mismo ha mantenido su postura en la petición de condena para Jesús León. Hay que recordar que, tras la reducción de un año en la solicitud que se llevó a cabo este lunes, la misma ha quedado desglosada en seis años y medio de cárcel por los delitos continuados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, junto con una multa de 18 meses con cuota diaria de 200 euros (aproximadamente 108.000 euros). Asimismo, por el delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía pide para el expresidente dos años de prisión y una multa de 198.270 euros.

Y es que, el fiscal ha hecho hincapié, durante sus conclusiones, que “no se puede confundir la sociedad con la persona que la administra”, rebatiendo el argumento de la defensa en lo que respecta al proceso de caja única, donde se movía el dinero indistintamente entre las sociedades de León. Asimismo, ha recordado que, tal y como han puntualizado diversos testigos que formaron parte de su consejo, “todas las decisiones que se tomaban en el club en materia económica se hacían” por parte del montoreño, y “ya no solo sin consultar al resto de consejeros, sino ocultando información”. En este sentido, ha matizado que es cierto que “tenía las facultades otorgadas” para ello, aunque eso evidencia “una gestión poco trasparente”.  

Respecto al conocido contrato de apoyo a la gestión que firmó como presidente del club con una empresa de su propiedad, la acusación ha expuesto que, básicamente, consistía en que “Jesús león, como presidente del Córdoba CF, contrata a Jesús león como administrador de Grucal, para que Jesús León apoye en la gestión de Jesús León”. Por tanto, “se contrata a sí mismo”, ha insistido, alegato al que también han aludido las acusaciones particulares del Córdoba CF y de Minoritarios CCF.

De este modo, ha indicado que “el club ya tenía personal contratado para desarrollar las acciones que se demandan” en ese contrato de apoyo a la gestión, el cual entiende que se fija de una manera “desmesurada”, además de reiterar que se produce un “perjuicio al patrimonio del club”.

Respecto a otro de los acusados, Francisco López Valero, quien se enfrenta ahora a una petición de cinco años de prisión y una multa de seis meses con cuota diaria de 100 euros, el fiscal ha reconocido que durante todo el proceso ha tenido dudas en referencia a su participación dentro de los delitos mencionados, aunque ha concluido que es un “cooperador necesario” y que no tuvo una “participación accidental en el saqueo del club”, remarcando que “se nos ha querido dibujar al señor López Valero como un mero administrativo sin competencia alguna y al servicio del señor León”, pero “fue director financiero del Córdoba CF y director financiero y de administración de Grucal”, además de “consejero” de la entidad blanquiverde.

Por tanto, “actúa con conocimiento de los hechos que se están cometiendo por parte del presidente” y “realiza actos decisivos”, como la “firma del contrato de apoyo a la gestión o la emisión de facturas falsas, entendemos, con la idea de contribuir al propósito de los actos del señor León”. Eso sí, ha puntualizado que “no existe la más mínima prueba de que haya enriquecimiento” por su parte.

En lo referente a Ildefonso León, para quien se pide cuatro años y medio de prisión y una multa de 12 meses con cuota diaria de 200 euros, ha detallado la existencia de transferencias bancarias del club hacia dos sociedades de este, sobre las cuales se emiten unas factures que son “obviamente falsas, por unos servicios que no se han prestado”. Según la defensa, esa salida de dinero se revierte a beneficio del club a través de efectivo, un argumento que admitió el exjugador blanquiverde Aythami Artiles, pero que, en palabras del fiscal, se “contradice” con el testimonio de Luis Oliver, Teodoro Brea o del director de protocolo, quienes “dijeron que no hubo sobresueldos ni pagos en metálico”, por lo que “el tribunal deberá decidir entre unos testimonios u otros. Alguno está faltando a la verdad”. Eso sí, para él, “no es suficiente” la declaración del central canario, al no quedar demostrada la existencia de ese dinero en B.

Por su parte, la acusación del Córdoba CF ha puntualizado que “la falsedad documental ocurre simplemente en la existencia de facturas falsas, independientemente de a qué se haya dedicado el dinero”, además de explicar que “el dinero sale del club hacia ciertas sociedades, pero nadie ha dicho que haya vuelto al club, solo los acusados”, los cuales “defienden que se hizo en un circuito en efectivo”, pero “no se ha corroborado que ese dinero se haya dado de esa manera, solo con el testimonio de un futbolista, de un dinero que no se ha contabilizado, ni rastreado”.

La defensa de Isabel Madueño pide su absolución

Entre los acusados, tan solo ha declarado este martes la letrada de Isabel Madueño, quien ha pedido “una sentencia absolutoria por el delito de blanqueo de capitales”, que es por el que se le acusa y a través del que se piden dos años de prisión y una multa de 198.270 euros. Para su defensa, durante la investigación ha habido “vulneración del derecho de privacidad por diversos mensajes telefónicos con su marido”, además de recalcar que “no existe ni una sola prueba de cargo que permita dictar una sentencia condenatoria” contra ella, además de recordar su estado de “dependencia” hacia su esposo.

A tal efecto se ha referido igualmente la acusación del conjunto cordobesista, para quien resulta “curioso que la señora Madueño no conociera nada de esas situaciones”, dado que “adquiere dos sociedades del señor Leon y está dada de alta por prestación de servicios”. Por lo tanto, “no podía desconocer el alcance de dichos actos”.

La duodécima sesión del juicio por el 'Caso Saqueo' ha tenido como protagonista casi absoluto al expresidente del Córdoba CF, Jesús León, quien durante más de dos horas ha defendido que “no hizo nada malo” en su gestión al frente de la entidad. El empresario montoreño, para quien la Fiscalía solicita ahora 8,5 años de prisión (tras una rebaja desde los 9,5 iniciales) por presunta administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, ha desgranado su versión de los hechos y su operativa financiera, clave para entender los múltiples movimientos, según él justificados, entre sus empresas y el propio Córdoba CF.

Desde un visible nerviosismo inicial, Jesús León ha argumentado la autenticidad de la polémica adenda del millón de euros, reiterando que era “real, sin duda”. Posteriormente ha justificado su manejo económico bajo un criterio de “caja única”, admitiendo finalmente diferentes pagos “en efectivo” a jugadores. Todo ello, según su relato, en un contexto de “acoso y derribo” por parte de Carlos González -en el que implicó también a la exconsejera Magdalena Entrenas por la retención del libro de accionistas- y con un club que ha descrito como una “patata caliente” que tuvo que gestionar con premura. En un momento de su testimonio, al contextualizar los hechos, llegó a afirmar: “Yo pasé de ser Dios a padecer el diablo, pero hubo un momento que fui yo aquí”.

La compra del club: una “patata caliente” y la irrupción de Luis Oliver

León ha comenzado su testimonio remontándose a su relación con Carlos González, originada, según explicó, cuando su empresa ejecutaba la Ciudad Deportiva del Granada CF y González contactó con él. El montoreño ha reiterado que la oportunidad de compra surgió en noviembre de 2017, cuando el club era una “patata caliente”. De igual forma, Jesús León ha reconocido que necesitaba “ayuda económica” -ya que su capacidad no era suficiente en ese momento por inversiones cuya reversión esperaba para finales de 2018, situación que González conocía- y “capacidad deportiva”, para poder adquirir el club, recurriendo a Luis Oliver.

Tras un accidentado proceso inicial, donde León describió cómo González, en un primer intento de compraventa de las acciones, llegó a tomar el cheque del segundo pago y marcharse de la notaría sin firmar, y después de que González manifestara no querer a Oliver en el club, se acordó que Oliver asumiría la dirección deportiva y León adquiriría el club en solitario.

La polémica adenda del millón de euros: “Carlos González, López Valero y yo sabemos que es real”

Sobre la adenda del millón de euros, León ha sido categórico: “la adenda es real, y no hay duda”. Ha insistido, en que la recibió “por correo electrónico a través de Andrés Delgado” -quien, según detalló, se la envió ya firmada por Carlos González tras varios requerimientos-, pese a que este último, en su reciente declaración como testigo, negó tal envío o haber gestionado la firma de González. León ha justificado el haber tardado en reclamar y cobrar esta cantidad (supuestamente desde 2015 que se acordó, hasta la 2018/19 cuando se cobró) porque lo hizo “cuando lo consideró oportuno y lo necesitaba”.

Ha argumentado además que no se contabilizó antes por ser un “contrato suspensivo” cuyo devengo se produce al cumplirse la condición, y que el motivo de la misma era compensar a Grucal por el compromiso adquirido para la Ciudad Deportiva y el rechazo de otros proyectos ante las demoras en la licencia. Así, ha mantenido su versión sobre el proceso de firma y la autenticidad del sello, afirmando que el sello redondo que, según él, figura en la adenda “es el sello de don Carlos González evidentemente”, contradiciendo así las observaciones de la excontable Rosa Agredano sobre la forma del mismo y a quién correspondía. Para reforzar su argumento, León ha planteado retóricamente ante la sala: “Si tengo el 98,7% de la sociedad y quiero sacar un millón de euros de esta, lo llevo a la cuenta con socios y ya está. ¿Qué necesidad tengo yo de meter en juego un documento falso?”

Gestión financiera: una “caja única”, contratos y pagos en efectivo a jugadores

León se ha pronunciado extensamente sobre los préstamos que el Córdoba CF realizó a varias de sus empresas. En este punto, ha insistido en que su grupo de empresas, incluido el club, funcionaba con el “criterio de caja única”, principal argumento de defensa, lo que, a su entender, implicaba que “no había que documentar por criterio cada movimiento”, aunque se hizo “a posteriori bajo el criterio de la auditoría suscitada”. Así, ha justificado que la posterior documentación de estas salidas como préstamos se hizo a petición de la contable del Córdoba CF, Rosa Agredano, pero ha subrayado que, bajo su criterio de caja única, “no tenía obligación de hacerlo”.

En cuanto a los contratos de servicios de ayuda a la gestión por los que sus empresas facturaron al Córdoba CF, León ha atribuido los cambios de empresa y de importe a una “recomendación de Javier Tebas”. Ha asegurado que el presidente de LaLiga le indicó que debía usar la empresa directamente vinculada al club (Aglomerados), que no quería que firmara nadie del entorno de Luis Oliver, y que tomó como referencia para el precio el contrato previo de Carlos González por “pista” del propio Tebas. Esto, a pesar de que el fiscal ha señalado en su interrogatorio la aparente duplicidad de funciones.

Uno de los puntos más sensibles ha sido el destino del dinero que salió del Córdoba CF hacia empresas de sus hermanos, Ildefonso y José María. León ha asegurado que “todo el dinero que ha salido del Córdoba ha vuelto al Córdoba CF”, y ha descrito el circuito por el cual, a través de las empresas de sus hermanos y de Teodoro Brea, se le entregaba el dinero en efectivo “a los jugadores de más caché, solo”. Ha querido remarcar que esta operativa es “pago en efectivo, no en B ni en negro, que tiene una connotación fea”. Esta versión contradice su declaración inicial en instrucción; un cambio que ahora ha justificado en su “temor” y “riesgo aparente” en aquel momento, y su decisión actual de “declarar la verdad en todo”. Finalmente, León señaló que su esposa, Isabel Madueño, “no tomó ninguna decisión ni se quedó con ningún euro del Córdoba”, detallando la trazabilidad de los fondos en sus cuentas para desvincularlos del club.

Consecuencias personales y modificación de penas por la Fiscalía

El expresidente ha concluido su declaración visiblemente afectado por las consecuencias personales del proceso. Después de que su propia defensa recordase las sentencias previas que ya le han condenado (confirmando él mismo la del mercantil, la de la venta del club a González y la de la Ciudad Deportiva), León ha apuntado que “no hay ninguna buena” consecuencia de comprar el Córdoba CF, obligándole la situación a mudarse de ciudad por el impacto en su familia.

Tras su testimonio, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales, rebajando la petición de pena para Jesús León a 8,5 años de prisión. También ajustó las peticiones para Francisco López Valero (inicialmente a 5 años), mantuvo la de Ildefonso León (4,5 años) y redujo la de Isabel Madueño a 2 años, además de retirar la acusación contra José María León López. Así, la vista oral continuará mañana, martes 20 de mayo, con las conclusiones definitivas de las partes.