El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar con 2.231,92 euros a un conductor cuyo vehículo resultó dañado por la caída de una rama de grandes dimensiones mientras se encontraba estacionado en una calle perpendicular a la avenida de Rabanales. La sentencia, del Tribunal Contencioso-Administrativo, estima parcialmente el recurso presentado por el afectado contra la desestimación presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

El texto judicial indica que los hechos se produjeron el 9 de julio de 2025, cuando el automóvil estaba aparcado en las inmediaciones del gimnasio Aira. El propietario reclamó inicialmente 3.379,13 euros por los desperfectos ocasionados en el vehículo, aunque la cantidad objeto del procedimiento quedó reducida a 2.678,57 euros después de que su compañía aseguradora le abonara 700,56 euros por la sustitución de las lunas.

El tribunal considera acreditada la relación entre la caída de la rama y el funcionamiento del servicio público de mantenimiento del arbolado, a partir de los informes elaborados por la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

No obstante, la resolución limita la indemnización a los daños cuya relación con el siniestro ha quedado probada. El magistrado excluye los desperfectos situados en el lado izquierdo del vehículo y en las puertas traseras, al no aparecer reflejados en el parte del servicio de bomberos ni quedar acreditada su vinculación con la caída de la rama.

Por este motivo, la sentencia descuenta 446,65 euros, con el IVA incluido, de la cantidad reclamada y fija la indemnización en 2.231,92 euros. Para recibir el importe correspondiente al IVA, el conductor deberá presentar la factura oficial de reparación en el plazo de un mes desde la firmeza de la resolución. El fallo no establece una imposición especial de costas procesales.

El juzgado rechaza otra reclamación similar por estar el árbol en una parcela privada

Paralelamente, en otra resolución, la Plaza Judicial número 4 de la misma Sección de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente una reclamación contra el Ayuntamiento de Córdoba por los daños ocasionados por la caída de una rama sobre un vehículo estacionado en la calle Santa Colomba.

La sentencia, dictada el 9 de septiembre de 2026, responde a la demanda presentada por Mapfre España, que reclamaba 902,30 euros por vía de subrogación por los daños registrados el 19 de agosto de 2024 en un turismo aparcado en la citada calle. El siniestro estuvo provocado por el desplome de una rama de un ejemplar de Acer negundo.

En este caso, el tribunal concluye que el árbol no pertenecía al dominio público viario, sino que se encontraba en un parterre ubicado dentro de una parcela privada de uso público en la barriada de la Fuensanta. La decisión se apoya en los informes y planos urbanísticos aportados al procedimiento.

La resolución establece que la obligación de mantenimiento y conservación de estos espacios corresponde a los propietarios de las parcelas, por lo que no aprecia un título de imputación que permita atribuir la responsabilidad al Ayuntamiento. En consecuencia, rechaza la reclamación de la aseguradora.

El juzgado tampoco impone las costas procesales en este segundo procedimiento. Entre los motivos señalados figura la existencia de serias dudas jurídicas sobre el asunto, así como el hecho de que la Administración no hubiera resuelto expresamente la reclamación en la vía administrativa.

19 años después, los 15 de Torilejos (como son conocidos en Posadas, Córdoba) han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. Los 15 de Torilejos formaban parte de un grupo ecologista que en el año 2007 protestaba cada semana ante la cancela instalada por la familia Sánchez Ramade en un camino público. Torilejos es hoy una vía abierta al público. Pero el 14 de septiembre del año 2007 un importante dispositivo de la Guardia Civil acudió a la cancela a custodiarla. Cuando la protesta llegó a su fin y mucha gente se había marchado, ya casi al anochecer, se produjo un encontronazo entre el dispositivo policial y los manifestantes.

Desde hace 19 años, estos 15 ecologistas (en su mayoría vecinos de Posadas) han permanecido en situación procesal de investigados o acusados. En todos estos años, la instrucción se ha ido alargando. Uno de los principales agentes de la Guardia Civil que los acusaba ha fallecido. Muchos de los agentes que prestaron testimonio en el juicio habían olvidado gran parte de lo sucedido o fueron muy imprecisos en sus interrogatorios.

En una extensa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza sostiene la inocencia de los acusados en la vaguedad de las pruebas aportadas y en la contrariedad de los testimonios de los agentes de la Guardia Civil. También descarta que los manifestantes acudiesen a la cancela con la intención de agredir a los guardias civiles, como se afirmaba, o incluso que ya portasen mochilas cargadas de piedras o adoquines. E incluso llega a sostener que a diferencia de las jornadas de protesta que se venían desarrollando en la zona en aquella jornada el dispositivo policial fue especialmente importante.

La familia Sánchez Ramade, unos empresarios cordobeses muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Cada viernes, entre 50 y 80 personas acudía a protestar para que se abriese el camino. Entre los manifestantes había personas mayores e incluso niños. Cada viernes, sostiene la sentencia, la Guardia Civil se presentaba en la zona y grababa la protesta. Los agentes se llegaban a despedir de los manifestantes cuando concluían hasta el viernes siguiente. Pero aquel viernes, la defensa de los ecologistas ha sostenido en el juicio que los guardias no les estaban grabando —no se ha aportado ninguna imagen en el juicio— sino esperando.

Una concentración que se repetía cada viernes

En las protestas anteriores, además, los manifestantes reclamaban el acceso al camino y, al menos de manera simbólica, terminaban entrando en él. La sentencia señala que esas concentraciones se venían desarrollando desde hacía aproximadamente dos meses y que las anteriores habían sido grabadas por los agentes, aunque esas imágenes no fueron incorporadas a la causa. Para la magistrada, disponer de ellas habría resultado especialmente útil para comprobar cómo se desarrollaban aquellas protestas.

La diferencia de aquella tarde estuvo, entre otras cuestiones, en el número de agentes desplegados. La resolución considera probado que se comisionó un dispositivo más numeroso que en las jornadas anteriores, con guardias civiles situados tanto fuera como dentro de la finca y varios vehículos policiales en su interior.

Sobre las 20:30, cuando ya estaba anocheciendo, permanecían en el lugar los acusados y aproximadamente otras cincuenta personas que no fueron identificadas. Algunos de los concentrados hablaron con el sargento que estaba al mando del dispositivo para reclamar que el camino era público y cuestionar que se impidiera el acceso. La sentencia recoge que estaban molestos, pero no da por acreditado qué ocurrió exactamente después, según consta en los hechos probados descritos por la jueza.

Lo que sí considera probado es que se produjo un altercado entre agentes y concentrados y que durante el mismo se lanzaron piedras de manera indiscriminada contra los guardias civiles. Algunos agentes resultaron lesionados y dos vehículos oficiales sufrieron desperfectos. Los agentes utilizaron material antidisturbios y terminaron refugiándose en el interior de la finca.

La magistrada concluye que no se ha acreditado que el altercado hubiera sido previamente concertado ni que respondiera a un plan preconcebido en el que participaran, en mayor o menor medida, los acusados. Tampoco considera probada la participación concreta de ninguno de ellos en el altercado.

La existencia de un enfrentamiento no implica, jurídicamente, que pueda atribuirse automáticamente su responsabilidad penal a todas las personas que estaban presentes. Y eso es precisamente lo que, después de analizar durante decenas de páginas las declaraciones de los agentes, las de los acusados y la documentación incorporada a la causa, concluye la magistrada.

Una de las hipótesis que manejaban las acusaciones era que los manifestantes habían acudido a la concentración preparados para atacar a los agentes. La supuesta prueba de esa planificación previa eran las piedras, ladrillos o adoquines que algunos agentes aseguraron haber visto en las mochilas de los concentrados. La sentencia no da por probado ese extremo.

La magistrada explica que una agente afirmó en el juicio que los manifestantes habían lanzado “adoquines”, pero que ese dato no había aparecido con esa precisión en su declaración durante la instrucción. Otros agentes aseguraron que no habían visto ni recordaban ladrillos. Y en la inspección ocular realizada al día siguiente las piedras aparecían ya amontonadas, cuando habían transcurrido horas tanto desde el incidente de la cancela como desde el episodio posterior ocurrido aquella madrugada en el bar Campo de Tiro. Por ello, la persona que realizó aquella inspección no podía determinar que esas piedras hubieran sido llevadas en las mochilas de los acusados.

La jueza también concede relevancia a que dos agentes afirmasen en el juicio haber visto recoger piedras, pero no hubieran trasladado ese dato en el atestado inicial. A su juicio, esa contradicción afecta directamente a la hipótesis de que hubiera una preparación previa.

Tampoco encaja, según la resolución, la supuesta planificación con el desarrollo habitual de las concentraciones. Los propios testimonios apuntaban a que las protestas anteriores tenían un carácter similar y que en ocasiones los asistentes habían podido acceder al camino por el lateral de una finca colindante. Incluso un agente de la Brigada de Información declaró que no esperaba lo que finalmente sucedió.

Las identificaciones, el otro gran problema de la acusación

La segunda gran dificultad que encuentra la sentencia está en identificar quién hizo qué. Los agentes sí situaron a los acusados en el lugar. Eso no se discute. La cuestión era determinar si alguno de ellos había participado en las agresiones, en el lanzamiento de piedras o en los daños por los que se pedía su condena. Y ahí, según la jueza, la prueba no alcanza el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria.

La resolución analiza de forma individualizada diferentes testimonios y encuentra contradicciones. Una de las agentes, por ejemplo, atribuyó a un acusado papeles diferentes en distintos momentos de la investigación: en una ocasión lo situó lanzando piedras y posteriormente afirmó que la había agredido. La magistrada también destaca que otros testigos lo situaban en la cabecera de la concentración, reclamando el acceso al camino.

La situación se complica todavía más porque uno de los principales agentes que aparecía como perjudicado había fallecido antes de la celebración del juicio y su declaración no fue incorporada al plenario por la vía procesal correspondiente. Además, la jueza considera acreditado que las lesiones que inicialmente se le atribuían como consecuencia del incidente de Torilejos correspondían en realidad a otro episodio ocurrido horas después, en el bar Campo de Tiro.

La sentencia recuerda que aquel segundo episodio ya había sido juzgado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba en 2017. Por aquellos hechos fueron condenados dos de los acusados. Las lesiones y determinados daños que se reclamaban ahora en el procedimiento de Torilejos habían quedado vinculados por la sentencia a aquel episodio posterior. La jueza aprecia, por ello, cosa juzgada respecto de esas lesiones y daños.

La resolución llega después de que, en la última sesión del juicio celebrada en diciembre de 2025, la propia Fiscalía mantuviera la acusación sobre los delitos pero reconociera una de las principales dificultades del caso: que los testigos hablaban del lanzamiento de piedras, pero no podían identificar quién las había lanzado ni quién había causado con ellas las lesiones.

La Fiscalía mantuvo entonces que los hechos podían ser constitutivos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños, pero admitió que no había quedado acreditada la participación concreta de los acusados. También retiró la acusación por las lesiones de uno de los agentes al concluir que se habían producido en el episodio posterior del bar Campo de Tiro y no durante la protesta de la cancela.

La acusación particular de los agentes defendió una interpretación muy distinta. Sus abogados sostuvieron que los hechos habían quedado probados y que la actuación de los acusados había estado organizada. Uno de los letrados llegó a describir la protesta como una estrategia preparada y comparó el episodio con una batalla. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución al considerar que no existía una identificación rigurosa de los autores y que no había prueba de cargo suficiente.

La sentencia acaba decantándose por esta última cuestión estrictamente jurídica: no por considerar que no hubiera ocurrido ningún altercado, sino porque no se ha probado que los acusados fueran quienes participaron en los actos delictivos que se les atribuían.

La jueza: los agentes pueden ser prueba, pero aquí existen contradicciones

La magistrada dedica una parte importante de la resolución a explicar el valor de las declaraciones de los agentes de la autoridad. La sentencia recuerda que las declaraciones de policías y guardias civiles pueden constituir prueba de cargo suficiente cuando los agentes son testigos de hechos que conocen directamente en el ejercicio de sus funciones. Pero introduce una precisión relevante para este caso: cuando los propios agentes son quienes han resultado involucrados en los hechos que están siendo juzgados, sus declaraciones deben valorarse como cualquier otra prueba testifical y no disfrutan automáticamente de un valor probatorio privilegiado.

A partir de ahí, la magistrada examina las diferentes versiones y concluye que las identificaciones no resultan suficientemente sólidas. En algunos casos, los propios agentes manifestaron no recordar haber realizado determinados reconocimientos fotográficos. En otros, las identificaciones se realizaron sobre personas que simplemente estaban presentes en el lugar. La sentencia destaca además que la visibilidad era reducida porque el altercado se produjo cuando estaba anocheciendo y que en la zona permanecían más de cincuenta personas. La conclusión de la jueza es tajante: “la prueba practicada ha resultado insuficiente para considerar acreditada la participación en los hechos de los acusados”.

La magistrada recuerda que la presunción de inocencia exige que exista una prueba de cargo suficiente para poder condenar. No basta con que exista una sospecha, una posibilidad o que una persona estuviera presente cuando se produjeron los hechos. La sentencia cita la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada mediante una actividad probatoria suficiente, practicada con las garantías procesales y de la que pueda deducirse racionalmente la culpabilidad del acusado.

Casi dos décadas de procedimiento

La sentencia llega después de una tramitación excepcionalmente larga. Las diligencias previas se incoaron en septiembre de 2007. El procedimiento abreviado no quedó encauzado hasta 2016 y la apertura del juicio oral se acordó en 2019. Después llegaron nuevos aplazamientos y suspensiones. La propia sentencia enumera varios de ellos: problemas técnicos para grabar el audio, cambios en los señalamientos, una recusación, una urgencia médica de uno de los abogados de la acusación particular, problemas relacionados con las defensas, recursos y nuevas designaciones de letrados.

Cuando finalmente se fijó el juicio, se necesitaron varias jornadas para practicar toda la prueba. La primera sesión incluso tuvo que suspenderse por la falta de citación de uno de los acusados. Finalmente, la vista se desarrolló en cinco sesiones antes de quedar vista para sentencia. La propia resolución reconoce expresamente que en la tramitación no se han respetado los plazos ordinarios, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, la complejidad de la causa, el número de acusados y la duración de las fases de instrucción y enjuiciamiento.

El paso del tiempo ha tenido además una consecuencia directa sobre la prueba: uno de los agentes que figuraba entre los perjudicados falleció antes del juicio y otros testigos tuvieron dificultades para recordar con precisión lo ocurrido aquella tarde de septiembre de 2007.

Un camino que ya está abierto

Mientras el procedimiento penal se prolongaba durante casi dos décadas, la disputa sobre el camino de Torilejos siguió su propio recorrido. La vía que motivó las protestas es un antiguo camino pecuario que une Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. La cancela ya no existe. El camino está abierto y continúa siendo utilizado, tanto por ganaderos como por senderistas y ciclistas. La apertura se produjo después de que la Junta de Andalucía obtuviera respaldo judicial a su carácter público.

El contraste temporal resulta especialmente llamativo: aquello que en 2007 movilizó durante semanas a vecinos, ganaderos y colectivos ecologistas y que acabó desembocando en un procedimiento penal de casi veinte años forma hoy parte de una vía pública abierta al tránsito.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba (Plaza nº 1) ha absuelto a Jesús León, expresidente y máximo accionista del Córdoba CF, y a su esposa, Isabel María Madueño, del delito de alzamiento de bienes, el único que finalmente llegó a juicio. La agencia que le acusaba (Mesas Sport) había pedido para el montoreño hasta 10 años de cárcel sumando ese delito a otro de estafa, pero esta segunda acusación se cayó nada más arrancar la vista, que se centró por tanto solo en el alzamiento. La sentencia 186/2026, dictada el 16 de junio por la jueza María Victoria Fernández de Molina Tirado y notificada este lunes, pone fin en primera instancia a la causa que arrancó con la querella de Mesas Sport, la agencia de representación de García Amado, que ejerció la acusación particular con el letrado Javier Tebas Llanas -hijo del presidente de LaLiga- al frente.

El caso se remonta a diciembre de 2018, cuando León firmó en nombre de Grucal Properties un préstamo de 500.000 euros con Mesas Sport, con un interés fijo de 100.000 euros y vencimiento el 30 de junio de 2019. En aquel contrato quedó constancia de que el montoreño controlaba el 100% de Grucal Propierties, que a su vez era titular del 100% de Aglomerados Córdoba y esta del 98,71% de las acciones del Córdoba CF SAD. El 27 de junio de 2019, tres días antes de que venciera la deuda, León traspasó a su mujer la totalidad de las participaciones de la sociedad -ya rebautizada como Khalifa Properties- por solo 5.000 euros. Llegada la fecha, no se devolvieron ni el principal ni los intereses.

Por esos hechos, el Ministerio Fiscal pedía 2 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados, mientras que la acusación particular elevaba la petición a 4 años para León por el alzamiento de bienes y reclamaba además una responsabilidad civil de 600.000 euros, a abonar de forma solidaria por el matrimonio junto a los intereses legales.

Pese a ello, la jueza no esconde sus reservas sobre la operación. La sentencia califica de “precio vil” la venta de las participaciones (5.000 euros) a Madueño, y desmonta el esfuerzo de la defensa por presentar unas acciones sin valor: poco antes, Aglomerados Córdoba las había adquirido por 9,5 millones de euros y, ya en concurso, el club vendió su unidad productiva a la Unión Futbolística Cordobesa por 3 millones en enero de 2020. “Nadie vende un equipo de fútbol por 5.000 euros”, zanja la magistrada, que suma el precio irrisorio, el parentesco de la compradora y la proximidad del vencimiento para inferir que el propósito de León era poner ese patrimonio “fuera del alcance de sus acreedores”.

Sin embargo, todas esas sospechas no han bastado para condenar al expresidente, y la clave de la absolución está en cómo estaba garantizado el préstamo. Lo que de verdad respondía de aquellos 500.000 euros no era el dinero personal de León, sino las acciones del Córdoba CF, y esas acciones nunca estuvieron a su nombre: eran de Aglomerados Córdoba, una de las empresas de la cadena, que además había firmado el préstamo como avalista. Por eso, aunque León traspasó Grucal a su mujer, la empresa que debía el dinero seguía siendo la misma y su nueva dueña la heredó con todas las deudas incluidas, de modo que las acciones del club continuaron al alcance de Mesas Sport para cobrarse. “En los términos tan blindados en los que estaba redactado el contrato, la acreedora siempre contaba con la garantía del 98,71% de las acciones del Córdoba CF SAD”, concluye la jueza, que recuerda además que León tenía inmuebles tasados en 700.000 euros con los que también podría haber respondido.

Con las costas declaradas de oficio, la resolución no es firme. Las partes disponen de diez días desde la notificación para presentar recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la sexta sesión del juicio a Carlos González, una jornada larga y de marcado carácter técnico, dedicada por entero a la prueba pericial. A lo largo de casi cinco horas se han sucedido cuatro comparecencias que han ofrecido lecturas opuestas de las mismas operaciones: los dos administradores judiciales del club y un perito policial apreciaron en sus informes indicios de irregularidad en varias de ellas; el auditor propuesto por las defensas, en cambio, descartó que ninguna de estas operaciones causara perjuicio al Córdoba CF.

Las operaciones examinadas fueron, en esencia, las mismas en todas las periciales: facturas de Ecco Documática -después Azaveco- en conceptos de gestión de la entidad, los contratos del club con Football Management Sánchez -la sociedad de Salvador Sánchez- en materia de secretaría técnica y scouting, los préstamos cruzados entre el club y las empresas de González entre los que se encuentran el millón y medio para la Ciudad Deportiva, los gastos con tarjetas de crédito y el reparto de dividendos de 2016. El desacuerdo no se centró tanto en los hechos como en su interpretación y en si la documentación bastaba para acreditar dichas operaciones.

Dudas sobre el soporte de las facturas

Los administradores judiciales Francisco Estepa, abogado, y Francisco Javier Bernabéu, economista -coautores del mismo informe-, sostuvieron que varias de esas facturas carecían de soporte más allá del propio documento y que nadie en el club supo precisar a qué servicios correspondían. Estepa apuntó a un perjuicio en el pago del IVA, y describió una operativa de saldos entre el club y las sociedades de González que se anulaban con facturas en sentido contrario. Por otr olado, sobre los cargos de tarjeta, Bernabéu señaló pagos que no le constaban justificados, como compras en joyerías o en videojuegos en línea, y calificó a Andrés Delgado, otro de los acusados, de “autónomo dependiente”. Ambos coincidieron, no obstante, en lo que las defensas subrayaron en su turno: las cuentas se aprobaron en junta y se auditaron sin salvedades sobre estas operaciones, el Consejo Superior de Deportes validó el reparto de dividendos una vez subsanado y no consta ninguna acción de responsabilidad contra el consejo de administración.

El tercer compareciente, un agente e inspector de policía autor de tres informes de 2021, reconoció que trabajó únicamente con la documentación facilitada -“solo fotocopias de facturas”- y que su trabajo era “un análisis de documentos, sin haber contrastado servicios”. Admitió que su hipótesis sobre una posible descapitalización del club era “una hipótesis de trabajo que habría que contrastar con una auditoría más profunda”, que no entrevistó a los auditores externos y que “en ningún momento” afirmó que los servicios fueran simulados. Resumió su propia limitación con una frase: “El papel y la contabilidad lo aguantan todo. La realidad puede ser otra”.

“Ningún perjuicio para el club”

El giro de la jornada llegó con Alberto Rábano, auditor de KPMG y perito propuesto por la defensa de González. Rábano negó perjuicio alguno en todas las operaciones y enmarcó cada una en la evolución del club: según su informe, el Córdoba pasó de acumular cerca de 11 millones de euros en pérdidas antes de González a un beneficio de 11,5 millones en su etapa, en paralelo al ascenso a Primera División.

Con ello, defendió que los intereses cuestionados en los préstamos eran razonables para un club en concurso al que ningún banco daba crédito, que externalizar la secretaría técnica no duplicaba funciones y que los contratos con la sociedad de Salvador Sánchez debían verse como “una inversión” hacia el ascenso. Dedicó el tramo final a desacreditar el informe de BDO en el que se apoya parte de la acusación: al tratarse de un informe de procedimientos acordados, diseñados por el cliente -LaLiga-, a su juicio no permite alcanzar una conclusión válida fuera de ese marco.

El juicio entra ahora en su tramo decisivo. La sesión de este lunes ha dejado pendientes para este martes nuevas testificales, entre ellas las de BDO y el Consejo Superior de Deportes, antes de la fase que cerrará la vista: la declaración de los acusados, incluido el propio Carlos González.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este jueves la quinta sesión del juicio a Carlos González, una jornada de testigos de perfiles dispares de la que ha salido la explicación de la defensa a uno de los gastos cuestionados en sesiones anteriores: el servicio prestado en el chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, que la contable del club y el responsable de la empresa Unicontrol ya situaron en jornadas previas.

Emilio Rodríguez, director de seguridad del club durante la etapa de González y hoy jefe de seguridad corporativa de LaLiga, ha enmarcado ese servicio en el contexto de las amenazas que, según ha relatado, sufría el entonces presidente. Ha descrito un clima de máxima tensión en la temporada 2016-17, con González “amenazado en redes sociales y amenazado físicamente y personalmente” hacia él y su familia por los resultados deportivos y la relación con la afición, y ha asegurado que su equipo detectó amenazas de muerte y que el dirigente sufrió cuatro intentos de agresión en su presencia.

Por esa razón, ha explicado, el club reforzó su protección: un vehículo para los desplazamientos, acceso autorizado hasta la misma puerta del estadio y, en su domicilio madrileño, un sistema de videovigilancia, antiintrusión y personal auxiliar en la garita de entrada. Preguntado por si es habitual que un club asuma la seguridad de un directivo amenazado por el ejercicio de su cargo, ha respondido que sí y que lo consultó con responsables de otros clubes. Sobre las facturas de ese servicio, las mismas que el responsable de Unicontrol declaró no haber cobrado, ha precisado que se abonaron “hasta que estuve yo” y que los últimos pagos quedaron pendientes cuando González ya había dejado el club, en febrero de 2018.

Carlos González, “la pieza final” en las decisiones

La jornada ha vuelto a incidir, a través de varios testigos, en el papel central de González incluso después de ceder la presidencia a su hijo Alejandro en diciembre de 2016. Ignacio Luque, periodista de Diario Córdoba que cubría la actualidad del club en aquellos años, ha asegurado que “en el club no se movía un papel” sin el conocimiento de González y que, para la afición, “quien fichaba era Carlos González”. También ha situado a Salvador Sánchez -otro de los acusados- como un representante de futbolistas de la confianza de González que ejercía, sin nombramiento formal, de secretario técnico.

En la misma línea se ha pronunciado Miguel Linares, secretario técnico del filial en la 2016-17, que ha sostenido que “prácticamente no se podía hacer ninguna operación sin su autorización” y que “todo pasaba por él como último filtro”. Sobre el reparto de papeles en 2017, lo ha resumido así: “Con Carlos González como pieza final en cualquier decisión y con Alejandro González como comentario de cualquier intención deportiva”. Linares ha atribuido además a González la elección de Luis Carrión y Jorge Romero: “Fueron entrenadores con el sello de Carlos”. El testimonio de Linares, además, ha servido a la defensa para combatir la acusación de simulación de servicios. A preguntas de los letrados sobre si las labores de González eran tangibles o ficticias, el exsecretario técnico ha sido tajante: “Tangible totalmente. Sin su autorización no se podía hacer nada. (...) La firma de cualquier documento necesitaba la suya”.

La estructura administrativa, desde Madrid

La sesión se había abierto con dos testimonios sobre la gestión de los primeros años. El economista Luis Yáñez, contratado a finales de 2011 para elaborar el plan de viabilidad y negociar con los acreedores de un club entonces en concurso, ha confirmado que parte de las reuniones se celebraron en la sede de Ecco Documática, la empresa de González en Madrid, aunque la mayoría tuvieron lugar en El Arcángel. La administrativa Clotilde Jurado ha ratificado que la gestión laboral y de nóminas del club pasó a llevarse desde Madrid por personal de esa sociedad, si bien ha dicho desconocer los detalles contables y ha asegurado que nunca recibió instrucciones para ocultar o simular gastos.

A este bloque inicial se sumó el exresponsable de la marca Nike en España, César Ros, quien confirmó haber mantenido múltiples reuniones tanto con Javier Jiménez como con Carlos González en Córdoba para gestionar la uniformidad del equipo.

Una vez concluida esta sesión, el juicio continuará el próximo lunes con nuevas testificales.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la cuarta sesión del juicio a Carlos González, marcada en su plano deportivo por las testificales de los exentrenadores Luis Carrión y Jorge Romero, quienes han reafirmado el papel decisorio del empresario blanquiverde. Ambos técnicos han evidenciado ante el tribunal que el máximo accionista seguía dirigiendo la entidad de forma efectiva y negociando las condiciones contractuales en 2017, a pesar de que su hijo, Alejandro González, ocupara formalmente el cargo de presidente del club.

En la vertiente económica, la jornada ha contado con la declaración clave por videoconferencia de Iván Zaldúa, asesor fiscal y secretario del consejo de administración desde 2017 hasta la venta de las acciones. Zaldúa ha servido de escudo jurídico para la gestión contable de González al defender la absoluta corrección de las operaciones bajo sospecha y justificar, basándose en una situación de solvencia holgada, el polémico y millonario reparto de dividendos realizado por la sociedad.

Luis Carrión y Jorge Romero apuntan a Carlos González

El bloque de testimonios deportivos aportó luz sobre el funcionamiento interno y la jerarquía real en los despachos del club. Luis Carrión explicó que negoció sus condiciones directamente con Carlos González y que este “estaba al tanto de todo”, aunque matizó que en el día a día su interlocutor habitual no era el mandatario, que residía en Madrid, sino el director deportivo, Álex Gómez: “Se acababa hablando de los perfiles de jugadores que yo quería con el director deportivo, que era quien estaba más a mano”.

Mucho más rotundo se mostró Jorge Romero, quien dirigió al primer equipo entre el 5 de diciembre de 2017 y el 12 de febrero de 2018. El técnico cordobés aseguró que fue Carlos González quien le propuso el cargo y negoció su contrato, obviando la figura del presidente formal: “Yo con quien trataba y con quien sentía que era el presidente era don Carlos (González)”. A la pregunta de si el padre fue la referencia constante en las decisiones estratégicas de aquel curso, Romero respondió sin dudar: “Sí, sin duda”.

El reparto de dividendos, “inadecuado” para el CSD pese a cumplir los requisitos

Sobre el reparto de dividendos de 2016, una de las operaciones centrales y por las que ha preguntado la Fiscalía a lo largo del juicio, Zaldúa ha declarado que se informó al Consejo Superior de Deportes (CSD), que los auditores analizaron el estado de caja y que la distribución se hizo “de manera correcta”, sin impugnación de minoritarios ni de terceros. El testigo ha reconocido, no obstante, que el CSD envió una comunicación “bastante curiosa”: el organismo confirmaba por escrito que se cumplían los requisitos legales, pero consideraba “inadecuado” el reparto porque el drenaje de recursos no se correspondía, a su juicio, con la situación financiera del club.

Para Zaldúa, sin embargo, esa objeción era “conceptual”. Ha defendido que repartir dividendos en una sociedad anónima deportiva (SAD), aunque poco habitual, es “perfectamente válido”, y ha sostenido que el Córdoba fue uno de los primeros clubes en hacerlo, antes de que la práctica se repitiera en otras entidades. A su juicio, la SAD afrontó la operación en una situación de solvencia “holgada” pese a encontrarse en fase de cumplimiento del concurso previo, y ha recordado que siguió pagando sus deudas hasta la venta de las acciones: “El club se saneó entero”.

El interrogatorio repasó después, una por una, las demás operaciones que figuran en la causa -entre ellas el préstamo de 1.120.000 euros que la sociedad de Salvador Sánchez concedió a González a título personal, la factura de Azaveco o los contratos de scouting con Football Management-, y en todas ellas Zaldúa defendió su corrección y negó que existiera irregularidad alguna. A su juicio, ninguna de esas operaciones supuso “un menoscabo” para el patrimonio del club. Eso sí, en pleno repaso, el presidente del tribunal tuvo que interrumpir a la defensa para recordar que no se juzga “la gestión global” de González, sino hechos y contratos concretos, y pidió a las partes ceñirse a ellos.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes la tercera sesión del juicio a Carlos González, de nuevo dedicada a las declaraciones de los testigos. Entre ellos ha comparecido José María Córdoba, presidente de la asociación de accionistas minoritarios del Córdoba CF, un colectivo que la Fiscalía señaló en la primera sesión como uno de los posibles perjudicados por la gestión que se juzga. Su declaración guarda relación directa con uno de los asuntos en disputa: la responsabilidad civil.

González, propietario y máximo accionista del club entre 2011 y 2018, se enfrenta a una petición fiscal de cerca de nueve años de prisión por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción en los negocios. En la primera sesión, las defensas discutieron la legitimación de la Fiscalía para reclamar una responsabilidad civil en nombre de un club que renunció a ejercerla, y el Ministerio Público respondió que seguía habiendo perjudicados, entre ellos los accionistas minoritarios. Este martes ha declarado, precisamente, el representante de ese colectivo.

José María Córdoba, que preside la asociación de accionistas minoritarios del Córdoba CF, ha declarado que solo recibió “el papel” del ofrecimiento para personarse y reclamar en la causa y que no está al tanto de ese trámite. Ante la Fiscalía ha trasladado sobre todo un malestar general con la etapa de González, de quien ha dicho que, a su llegada, “nos anularon”, y que ponía “abogados delante” a los pequeños accionistas para dificultarles la entrada en las juntas. Ha asegurado que la asociación llegó a reunir a unos 400 socios que pusieron sus acciones ante notario y ha resumido así su sensación: “Perjudicados lógicamente estamos. Nos hemos quedado sin el Córdoba, que está ahora en Andaluza con González. Hay otro al que le dicen Córdoba y resulta que es Unión Futbolística Cordobesa. No rezamos en ese club cuando lógicamente dimos los dineros para estar ahí”.

Buena parte de lo que la defensa le preguntó, sin embargo, escapaba a su conocimiento directo, ya que los minoritarios no participaban en las decisiones por las que se le interrogaba. Así, ha dicho no recordar cuándo se repartieron los dividendos de 2016 y ha precisado que no estuvieron presentes cuando se aprobaron. Sobre si la asociación llegó a ser vocal del consejo de administración, como ha sostenido la defensa, ha respondido “yo no vi nada”, y ha remitido al abogado que los representaba las preguntas sobre si impugnaron las cuentas. Sí ha confirmado dos extremos: que aprobaron las cuentas anuales “con un abogado” y que a los minoritarios se les reintegró el dividendo que les correspondía. Preguntado por los resultados deportivos de aquella etapa, ha reconocido además que González “ha hecho cosas que son buenas”, aunque “siempre ha chocado con los abonados y los accionistas”.

El servicio en el chalet de La Moraleja

La sesión se ha detenido también en uno de los asuntos sobre los que preguntó la Fiscalía: el servicio prestado en el chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, ya mencionado el día anterior por la contable del club. Miguel Ángel Sola, responsable de la empresa Unicontrol, ha explicado que el jefe de seguridad del Córdoba, Emilio Rodríguez, le propuso a finales de 2017 prestar un servicio de portería en la vivienda del entonces propietario. Según ha precisado, consistía en labores de conserjería -controlar quién entraba y salía- y no de vigilancia, y arrancó el 1 de diciembre de 2017.

Sola ha declarado que emitió tres facturas, por unos 9.000 euros, que nunca se abonaron: tras el cambio de propiedad, en enero de 2018, el club rechazó pagarlas. “Desde el minuto uno me dijeron que se prestase ese servicio”, ha relatado, antes de explicar que finalizó la prestación al ver que las facturas no se cobraban. El testigo ha situado además a otra empresa, ELA, prestando ese mismo servicio de portería en el chalet, contratada por el club, hasta noviembre de 2017.

Una extrabajadora niega que hubiera simulación

La jornada se había abierto con la declaración de Carmen Sánchez, una de las dos trabajadoras de Ecco Documática -la empresa de González en Madrid- que el club subrogó en septiembre de 2013 y despidió, de forma improcedente, en mayo de 2014. El interrogatorio de la Fiscalía se dirigió a un punto concreto: que el Córdoba asumió la indemnización y la antigüedad de una trabajadora procedente de la empresa de González, una antigüedad que se remontaba a 1999. Sánchez ha confirmado que el club le abonó esa indemnización respetando esos años y que el despido se produjo porque no podía trasladarse a Córdoba. A preguntas de la defensa, ha negado que la operación encubriera una simulación y ha sostenido que su salida de la empresa fue real y su indemnización, ajustada a la ley.

Estaba previsto que este martes declarara también María del Mar Muñoz, expresidenta de la Fundación Córdoba CF y esposa de Carlos González, pero la Fiscalía renunció a su testimonio. El juicio continúa esta semana con nuevas testificales.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la segunda sesión del juicio contra Carlos González, la primera dedicada a las declaraciones de los testigos después de que la jornada inicial, el pasado viernes, se centrara en las cuestiones previas. La vista oral, que se ha prolongado durante más de tres horas centrándose en el apartado financiero, ha arrancado con una renuncia llamativa por parte de la defensa principal, que ha descartado el testimonio del exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto. Tras este trámite, ha comparecido Jesús León cuya denuncia, presentada en septiembre de 2019 dio origen al proceso, que ha sostenido que no cree que hubiera delito en la gestión de su antecesor y que presentó aquella denuncia como una medida de defensa.

González, propietario y máximo accionista del club entre 2011 y 2018, está acusado junto a otras cinco personas de presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción en los negocios, unos cargos por los que la Fiscalía reclama para él cerca de nueve años de prisión. No estuvo presente en la sala, al acogerse a la dispensa que el tribunal concedió en la primera sesión a los acusados. La causa, repartida en nueve jornadas, busca esclarecer si realizó operaciones irregulares que dañaron el patrimonio del club en sus años de mayor bonanza, tras el ascenso a Primera División en 2014. Aquella denuncia de León llegó a archivarse en 2023, pero la Audiencia reabrió el caso tras un recurso de la Fiscalía.

La denuncia de León, un “mecanismo puramente de defensa”

A preguntas del Ministerio Fiscal sobre en qué basó el perjuicio económico que hizo constar en su denuncia, León ha respondido que, pese a lo que él mismo consignó entonces, “sigo pensando para mí que no hay delito”. Según su relato, la querella se gestó como un “mecanismo puramente de defensa” al verse sometido a una fuerte presión: González y Luis Oliver le habían denunciado antes por hechos parecidos y él respondió presentando la suya, apoyada en una auditoría de BDO de 2015. “Si para mí se iba a considerar delito, entendía que para Carlos también, pero pensando que no era delito”, ha argumentado. Esta reiterada insistencia a la hora de reivindicar que “no era delito” ha provocado que el presidente del tribunal, José García Morillo-Velarde Pérez, le llamara al orden y le reprendiera de forma severa para recordarle que su papel en la sala era el de testigo.

Durante su comparecencia, el montoreño ha descrito una situación económica delicada a su llegada a los despachos de El Arcángel en enero de 2018. Frente a los beneficios que defiende la gestión anterior, ha asegurado que encontró un “déficit de 4,1 millones de euros”, de los cuales tres “no estaban activados en las cuentas” y correspondían, según dijo, a pagos a acreedores y procedimientos judiciales. Además, ha relatado que tuvo que abonar “200 y poco mil euros” a González para liquidar el contrato de prestación de servicios que este mantenía con el club, que asegura que le “obligó a pagarlo para no iniciar el procedimiento de reclamación”.

Agredano contradice a León

La versión sobre las cuentas que ha ofrecido Jesús León ha contrastado de forma directa con el testimonio de la siguiente testigo, Rosa Agredano. La responsable del departamento de contabilidad del Córdoba CF, cargo que ha ocupado durante la etapa de González y también antes y después de ella, ha negado que existiera ese déficit. “El club estaba saneado completamente”, ha defendido, y ha recordado que en el momento de la venta había “un pagaré de un millón de euros en las cuentas”, que atribuyó a la venta de un jugador y situó en el traspaso de Florin Andone. Agredano ha admitido que siempre hay “deuda corriente”, pero ha subrayado que la entidad estaba al día con Hacienda, nóminas y proveedores.

Más allá del cruce de cifras, su testimonio ha servido para describir el modo de operar de González, a quien ha presentado como un dirigente personalista que concentraba la presidencia y la dirección financiera. “Las decisiones importantes, todas Carlos”, ha resumido, atribuyéndole tanto el préstamo de 910.000 euros que el club concedió a una de sus empresas como el reparto de dividendos, dos de las operaciones que sostienen la acusación.

La contable, que ha reconocido que los gastos de las tarjetas de presidencia no siempre venían justificados, ha insistido en su papel meramente técnico. “Somos meros brazos ejecutores”, ha dicho, antes de resumir su relación con los pagos: “Recibo las instrucciones, se contabiliza, lo pagan y ya está”. Aun así, ha confirmado el pago durante meses de facturas que, según dijo, no llevaban nombre y que atribuyó a la vigilancia de un chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, catalogadas primero como “mantenimiento” y después a través de la empresa Unicontrol.

La conexión con la empresa de Madrid

La jornada se ha completado con el repaso al vínculo del club con Ecco Documática -después rebautizada como Azaveco-, la empresa de González en Madrid, que cesó su actividad en 2014 tras perder a clientes clave. Sus dos últimos testigos, Inmaculada Barcelona y Blas López de la Reina, han declarado por videoconferencia al residir fuera de Córdoba y han confirmado que en los primeros años de mandato un grupo de empleados de esa empresa realizaba desde la capital tareas administrativas, laborales y financieras para el Córdoba CF.

Ese vínculo es uno de los puntos que examina la Fiscalía, que investiga si el club asumió de forma irregular el coste de los despidos de la empresa madrileña. Al menos dos de esos trabajadores fueron subrogados por el club en septiembre de 2013 y despedidos apenas unos meses después, en mayo de 2014, una operación que la acusación cifra en un perjuicio de unos 50.000 euros. “Estuvieron trabajando seis meses y cobraron como si estuviesen trabajando diez años”, ha resumido Agredano a preguntas del presidente del tribunal.

El juicio continuará este martes con nuevas testificales.

Las reacciones a la noticia publicada en la noche de ayer por parte de 'Cordópolis' no se han hecho esperar. Primero fue el Córdoba CF a través de un comunicado oficial y, durante la tarde, el Comité Olímpico Español ha desmentido la implicación de su presidente, Alejandro Blanco, en los hechos relacionados con la venta judicial del Córdoba CF que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba.

En un comunicado, el COE ha asegurado que su presidente no tuvo participación en la operación más allá de la “mera presentación de los intervinientes” y ha recalcado que no realizó actividad alguna ni percibió “retribución, estipendio o ventaja” como consecuencia de dicha presentación.

La reacción del organismo llega después de que se conocieran la apertura de diligencias tras una querella presentada por Hartmann & Morato Sports, acreedora del Córdoba CF. La denuncia cuestiona la legalidad de la operación por la que Unión Futbolística Cordobesa SAD adquirió la unidad productiva del club en 2019 y pasó a competir bajo la denominación de Córdoba CF.

Según se recoge en la querella a la que tuvo acceso este periódico, en las diligencias aparecen los nombres de Alejandro Blanco y de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No obstante, el COE ha subrayado que es “completamente ajeno” a las vicisitudes de las entidades deportivas y a sus procesos judiciales.

El organismo también ha señalado que la inscripción del Córdoba se produjo como consecuencia de una resolución dictada en septiembre de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, encargado de tramitar el concurso de la entidad. Por ello, sostiene que los hechos señalados serían atribuibles a la actuación judicial y no a Blanco.

El COE ha defendido que la actuación de su presidente se enmarca en las relaciones institucionales y el conocimiento de distintos agentes acumulados durante años de representación del deporte español.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora social contra el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la nulidad de su despido, por el que ya cobró indemnización.

Ahora, el tribunal ratifica la sentencia de instancia que declaró el cese como despido improcedente, pero rechaza las pretensiones de la demandante de calificarlo como nulo por vulneración de derechos fundamentales. La resolución analiza el caso de una empleada que prestaba servicios para el consistorio desde el año 2001 y ostentaba la condición de personal laboral indefinido no fijo desde 2012.

El cese se produjo el 31 de enero de 2023 , tras no superar la trabajadora un proceso selectivo de oposición por turno libre convocado en 2020 para cubrir 26 plazas de trabajador social. La recurrente solicitaba la nulidad del despido argumentando una vulneración de la garantía de indemnidad por represalias tras litigios previos y que la resolución fue dictada por un órgano incompetente.

Sin embargo, la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba. El TSJA concluye que no hubo represalias, ya que la medida afectó a otros 12 trabajadores en la misma situación que no superaron la oposición. La sentencia subraya que la trabajadora no impugnó en su momento la convocatoria de 2020 , la cual fue declarada conforme a derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Además, el tribunal aclara que el Ayuntamiento de Córdoba, al ser un municipio de gran población , tiene delegadas las competencias de despido en la Junta de Gobierno Local y sus miembros, por lo que el decreto de cese fue dictado por un órgano competente.

Así, aunque se descarta la nulidad —que habría implicado la readmisión inmediata—, se mantiene la declaración de improcedencia. Según consta en los hechos probados, a la trabajadora ya se le abonó una indemnización de 50.995,03 euros en su última nómina tras la extinción del contrato. Contra esta resolución del TSJA aún cabe la interposición de un recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ordenado la reapertura de una investigación penal contra dos agentes de la Policía Nacional -de los cuales uno de ellos era subinspector y jefe de Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- por la presunta comisión de delitos de detención ilegal, falsedad documental y torturas.

En un auto fechado el 16 de abril de 2026, el tribunal ha revocado el archivo previo de la causa dictado por un juzgado de instrucción y ha estimado los recursos de apelación interpuestos por dos denunciantes, que contaban además con el respaldo y la adhesión del Ministerio Fiscal. El auto, facilitado a este periódico, indica que, contrariamente a lo sostenido por la instructora inicial, existe en la causa “una pluralidad de indicios más que suficientes” para acordar que el procedimiento avance a la fase intermedia previa al juicio.

Los hechos investigados se retrotraen al 24 de junio de 2024, cuando centenares de personas y aficionados acompañaron a los jugadores del Córdoba CF en su celebración por el ascenso del equipo a Segunda División. El fin de fiesta se produjo en la plaza de Las Tendillas, donde, en un momento dado, la Policía Nacional cargó alegando “una pelea entre ultras y el lanzamiento de objetos a sus vehículos” que se saldó con una persona detenida.

El joven pasó aquella noche en el calabozo y después ingresó en el Hospital Reina Sofía debido a las lesiones que sufrió. Cuando salió del hospital, interpuso una denuncia, mientras él mismo afrontaba un cargo de atentado contra la autoridad. El segundo denunciante se personó como acusación en el proceso, tras identificar a uno de los policías como el que supuestamente le agredió también a él.

Un atestado de Asuntos Internos

Entre las pruebas que sustentan la reapertura del caso se encuentran las propias declaraciones de las presuntas víctimas, apoyadas por partes de asistencia médica y documentación fotográfica que acreditan lesiones “compatibles con el modo de producción por ellos descrito”. A estas evidencias médicas se suman las declaraciones de dos testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como las conclusiones de un atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la propia Policía Nacional.

Según relata el auto de la Audiencia, la investigación interna de Asuntos Internos incluyó un estudio de las grabaciones y comunicaciones entre los agentes la noche del suceso, además de realizar ruedas de reconocimiento fotográfico. En dichas diligencias, los denunciantes identificaron plenamente a los policías ahora investigados como los presuntos autores de las agresiones y detenciones.

El tribunal ha reprochado a la jueza de instrucción que basara el archivo de la causa “sustancialmente en sus declaraciones [las de los policías]” y en un boletín de denuncia elaborado por los mismos agentes. En este sentido, la Audiencia ha invocado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual advierte que cuando los propios miembros de las fuerzas de seguridad figuran como posibles autores de delitos graves (como torturas o detención ilegal), sus testimonios no pueden considerarse “prueba plena y objetiva” por el mero hecho de ser agentes de la autoridad, ya que esto supondría una degradación de la presunción de inocencia de los afectados.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Córdoba ordena al juzgado de origen que dicte la resolución pertinente para disponer el progreso de la causa criminal a su fase intermedia, permitiendo a las acusaciones formular sus cargos y continuar el proceso hacia un posible juicio oral.

Por su parte, la resolución aclara que también continúa viva la causa contra uno de los denunciantes, representado por el letrado Francisco Poyatos, por un presunto delito de atentado.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) frente a una sentencia del Tribunal Supremo que no encontraba argumentos para indemnizar a una mujer que sufrió un trato vejatorio durante una detención en Córdoba.

La APDHA ha destacado la importancia de este proceso y su relación con la eficacia de los dictámenes de los órganos internacionales de derechos humanos. “El hecho de que esta admisión haya sido acordada por el Pleno del Tribunal Constitucional, y no por una de sus salas, constituye un indicador inequívoco de la especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar directamente a la articulación entre el Derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, señalan.

El caso trae causa del asunto E.L.G., resuelto en 2019 por el Comité contra la Tortura, en el que se declararon vulneraciones de derechos fundamentales —relacionadas con la prohibición de malos tratos— y se instó al Estado español a proporcionar una reparación plena y efectiva, incluyendo indemnización por daños materiales y morales, rehabilitación y la adopción de medidas dirigidas a evitar la repetición de los hechos. Se trataba de una ciudadana que, con carácter previo a la detención, se encontraba bien y que a la salida tenía la nariz rota. Además en la comisaría se negaron a avisar a los servicios médicos por lo que tuvo que requerirlos desde su móvil la víctima. El estado no pudo dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido y se limitó a negar los hechos.

Pese a ello, el Tribunal Supremo concluyó que dichos dictámenes no podían fundamentar responsabilidad patrimonial del Estado. Más aún, no solo negó su carácter indemnizable, sino que privó a estos pronunciamientos de toda eficacia jurídica sustantiva, reduciéndolos en la práctica a meras recomendaciones sin capacidad para incidir en la decisión de los tribunales ni en la garantía de reparación de las víctimas. Ello a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta interpretación ha sido sostenida por el propio Estado en el procedimiento de seguimiento internacional. El Comité contra la Tortura ha constatado expresamente la falta de implementación de su decisión, manteniendo abierto el diálogo con España y recordando su obligación de actuar de buena fe y de garantizar una reparación completa, incluida la compensación económica, así como medidas efectivas de no repetición .

En este contexto, la admisión del recurso de amparo adquiere una relevancia extraordinaria. Si bien el Tribunal Constitucional había apuntado en resoluciones anteriores que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no carecen de valor, lo hizo sin entrar en el núcleo del problema . La presente admisión abre la vía para que, por primera vez, el Tribunal se pronuncie de forma expresa sobre su alcance jurídico y su eficacia real.

Este pronunciamiento se produce además en un momento especialmente significativo para el sistema internacional de derechos humanos. En un contexto global en el que algunas potencias muestran un progresivo distanciamiento respecto del Derecho Internacional, resulta fundamental que Estados como España refuercen su compromiso con los mecanismos internacionales y prediquen con el ejemplo, garantizando el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas en ese marco.

Paralelamente, comienzan a abrirse vías de avance en el plano normativo interno. En particular, el proyecto de reforma de LECrim en tramitación introduce la posibilidad de revisar sentencias firmes cuando un comité de Naciones Unidas haya declarado la vulneración de derechos reconocidos en tratados ratificados por España, acercando su tratamiento al de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este desarrollo legislativo evidencia que el debate está abierto y que existe margen para reforzar la eficacia de estos mecanismos.

Para la APDHA, este momento debe ser aprovechado no solo para consolidar esta evolución, sino también para impulsar medidas estructurales que garanticen la plena efectividad del sistema internacional de protección. En este sentido, la organización considera necesario avanzar hacia el reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico español del carácter vinculante de los dictámenes de los comités de naciones unidas, así como establecer mecanismos automáticos de ejecución y reparación para las víctimas.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos internos de prevención, control y rendición de cuentas frente a las vulneraciones de derechos humanos, garantizando que los pronunciamientos internacionales tengan una traducción efectiva en la práctica administrativa y judicial.

La organización confía en que el Tribunal Constitucional esté a la altura de este desafío histórico y contribuya a fortalecer el sistema de garantías, tanto en el ámbito interno como en su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado la reclamación de un vecino de Córdoba que solicitaba una indemnización de 8.145 euros al Ayuntamiento por los daños causados por la entrada de agua en su local. El demandante sostenía que las filtraciones se debían al mal estado del acerado público. Concretamente al levantamiento del pavimento provocado —según su versión— por las raíces de un árbol, lo que habría generado una pendiente que favorecía la entrada de agua de lluvia en el inmueble.

Sin embargo, el juez no ha apreciado pruebas suficientes que acrediten esa relación directa entre el estado de la vía pública y los daños sufridos. Tras analizar los informes periciales y la documentación gráfica aportada, la sentencia concluye que no se ha demostrado la existencia de una pendiente invertida ni de un defecto relevante en la acera que pueda imputarse a la Administración.

Por el contrario, el fallo apunta a que la causa más probable de las filtraciones radica en las propias características del local, situado a ras de calle y sin elementos de protección —como un escalón o barrera— que impidan la entrada de agua en episodios de lluvia intensa.

Asimismo, el juzgado destaca que, aunque se detectó un pequeño desperfecto en una zona del acerado posiblemente vinculado a raíces, este no se encontraba junto a la entrada del inmueble ni era suficiente para justificar los daños alegados.

En consecuencia, la resolución descarta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en el caso. No obstante, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes al considerar que existían dudas razonables en el litigio. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario.

El Ayuntamiento de Córdoba se personará en un proceso judicial abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la ciudad. Todo porque un vecino ha interpuesto una demanda contra la administración municipal por los daños sufridos en su propiedad, supuestamente causados por el crecimiento de las raíces de un naranjo de la vía pública.

Según consta en el expediente de la Asesoría Jurídica, el origen del conflicto se remonta al 20 de octubre de 2025, fecha en la que el afectado presentó una reclamación patrimonial inicial contra el consistorio. En aquel momento, el vecino denunció que las raíces del árbol habían provocado la rotura de la acometida de agua de su vivienda, lo que derivó en una inundación de la planta baja del inmueble.

La vía judicial se ha activado tras la desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación original. Al no obtener respuesta por parte del Consistorio en los plazos legales, el demandante ha decidido elevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento contencioso abreviado.

Por su parte, la Asesoría Jurídica municipal ya ha comunicado a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos.

El caso seguirá ahora su curso en el Tribunal de Instancia de la Plaza número 3, donde se determinará si existe responsabilidad municipal en los daños causados por el arbolado público.

Condenan al Ayuntamiento a indemnizar a un motorista por un socavón sin señalizar

Además, la Junta de Gobierno Local ha recibido comunicación este lunes de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un ciudadano tras sufrir un accidente de moto provocado por las deficiencias del firme.

El incidente ocurrió en la calle Sanchuelo, donde el demandante sufrió una caída al transitar sobre un socavón en la calzada que se encontraba sin señalizar. Ante la falta de respuesta del Consistorio a su reclamación inicial, presentada el 9 de abril de 2025 —lo que legalmente se conoce como desestimación por silencio administrativo—, el afectado decidió llevar el caso a los tribunales.

Aunque la pretensión indemnizatoria original del motorista ascendía a 630,43 euros, el tribunal ha dictado una estimación parcial del recurso. En su fallo, el juez ha reconocido el derecho del accidentado a ser indemnizado por la administración local con una cuantía de 158 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la sentencia hasta su pago total.

La resolució tiene carácter de sentencia firme, lo que significa que no admite recurso ordinario alguno. Por este motivo, la Asesoría Jurídica municipal ha recomendado a la Junta de Gobierno Local que adopte el acuerdo de acatar el fallo y proceda al pago de la compensación reconocida al motorista.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los tres jóvenes que estaban procesados como autores de un delito de intento de asesinato y otro de lesiones. Los hechos por los que han sido juzgados, y absueltos, ocurrieron el 31 de julio de 2021 en el recinto ferial de El Arenal. Durante un botellón, se produjo una pelea que acabó con un joven herido muy grave y un vehículo destrozado a pedradas.

Los magistrados sostienen su sentencia en la falta de pruebas contra los tres procesados. Para el fallo fue clave el juicio oral, donde la defensa, llevada a cabo por la abogada María del Mar Jiménez, insistió en las contradicciones en las declaraciones de los testigos y las víctimas. La propia Fiscalía tildó de “errática” la investigación policial.

El suceso se desencadenó alrededor de las 5:00, cuando un grupo de amigos celebraba un cumpleaños. Según recogen los hechos probados, un individuo se acercó al grupo para pedir una botella de alcohol y, tras una discusión, logró llevársela. La tensión aumentó cuando esta persona regresó acompañada de entre veinte y treinta individuos y llegó a exhibir una navaja.

En medio de este clima agresivo, la situación estalló de forma violenta. Uno de los hermanos que participaba en el botellón recibió un botellazo en el rostro por parte de una persona que no pudo ser identificada. Al intentar defenderlo, su hermano salió tras el agresor, pero fue rodeado y derribado al suelo por varios individuos. Fue en ese momento cuando le asestaron dos puñaladas en el costado con un arma blanca que nunca fue hallada.

Heridas de extrema gravedad

Las lesiones sufridas por el apuñalado fueron de tal magnitud que, según los informes forenses, habrían sido mortales de no haber recibido atención médica inmediata. El joven sufrió una herida penetrante que le causó una laceración hepática, una herida en el diafragma y una pequeña laceración pulmonar. Debido a la pérdida de casi un litro de sangre y al riesgo vital, tuvo que ser ingresado en la UCI y someterse a intervenciones quirúrgicas de urgencia. Como secuela permanente, le queda una cicatriz de 32 centímetros en el abdomen.

Además de las agresiones personales, un grupo de personas comenzó a lanzar piedras contra el vehículo Seat León de las víctimas, causándole daños valorados en más de 2.600 euros.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el tribunal ha considerado que no existe una prueba de cargo suficiente para condenar a los acusados J.A.M., A.C.C. y Y.C.B.. En el caso del acusado de intento de asesinato, J. A. M. la sentencia destaca la debilidad de las pruebas. Durante el proceso, se llegó a identificar hasta a tres personas distintas como autores del apuñalamiento, y en el juicio oral, los testigos volvieron a señalar a una persona de origen magrebí que no era el acusado.

Respecto a A. C. C., a quien se le imputaba el botellazo, el tribunal señala que el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima estuvo “viciado” por informaciones previas obtenidas en redes sociales y rumores. Además, resultaba poco verosímil que el acusado pudiera agredir por la espalda a alguien con quien estaba discutiendo de frente.

Finalmente, sobre Y. C. B., la absolución es calificada de “manifiesta” ante la “orfandad probatoria absoluta”. Ni siquiera se pudo acreditar su presencia en el lugar de los hechos, y su imputación inicial se basó en un reconocimiento irregular que no fue ratificado en el juicio.

La sentencia, dictada el 17 de marzo de 2026, declara de oficio las costas procesales y deja sin efecto las medidas cautelares. No obstante, se ha reservado la posibilidad de que los afectados ejerzan acciones civiles por los daños en el vehículo en un procedimiento aparte.

Un testigo ha explicado este viernes durante el juicio de la Audiencia Provincial de Albacete contra el marido acusado de asesinar a su esposa de 26 años en 2022 en Montemayor (Córdoba) que las mujeres con las que convivía la víctima no la asistieron después de que el agresor la dejara apuñalada en la puerta de la casa “porque había fallado a su marido por serle infiel y porque tenían miedo de dejar huellas y que la Policía las acusase a ellas”.

Según ha relatado el testigo, quien pertenecía al colectivo de rumanos que se trasladó al pueblo cordobés para trabajar en la campaña del ajo junto al matrimonio, todos sabían que la víctima llevaba tiempo siendo infiel al marido con el sobrino de este, menor de edad.

“Yo conviví con el sobrino cuando estábamos trabajando en Aranda del Duero y vi cómo se enviaba con la mujer mensajes por teléfono con corazones y besos”, ha añadido el testigo, quien ha asegurado que intentó hacer capturas de pantalla y enviárselas a su móvil, pero que el joven se lo quitó de las manos y lo rompió.

En el relato, el testigo ha asegurado que el sobrino y la mujer tenían planes “para fugarse y abandonar al marido”, algo que ha cuestionado la fiscal, asegurando que “no cuadra con lo que han dicho otros testigos de que la víctima no quería dejar a su pareja por amor a los hijos que tenía con él”.

El mismo testigo ha contradicho varios puntos de su anterior declaración en el Juzgado de Instrucción debido, según él mismo ha aclarado, a que “en aquel momento estaba borracho y además estaba saliendo con una pariente de la víctima”, quien le propuso que hablara mal del acusado.

El marido se negaba a reconocer la infidelidad y por ello, según ha explicado, el testigo grabó junto a otro compañero a la mujer y al sobrino a escondidas días antes de los hechos, cuando aún estaban haciendo labores en los campos de Aranda del Duero. “Vimos a la mujer y al sobrino en una fuente y los grabamos con el móvil”, ha detallado con ayuda de un traductor, mientras se mostraba al jurado popular los vídeos en cuestión.

Se dan un beso

En los vídeos se ha apreciado cómo la mujer y el joven se abrazan cariñosamente y se dan un beso, momento en que se dan cuenta de que habían sido descubiertos y salen corriendo. La grabación, según ha relatado el testigo, se la enseñaron al marido cuando se habían instalado en Montemayor, aprovechando que el grupo de hombres había salido de fiesta a una feria cercana.

“El marido era mi amigo desde la infancia y pensaba que lo mejor era demostrárselo”, ha justificado. “Se enfadó al verlo, dio un puñetazo en la mesa y tiró los vasos antes de irse solo de vuelta al pueblo”, ha añadido el testigo.

Cuando regresó a Montemayor, el testigo ha afirmado que el marido pilló a su sobrino y a su mujer en la cama, según le confesó una de las mujeres de la casa después, dato que no había revelado antes en el interrogatorio de instrucción “porque la Policía no me lo preguntó”.

Esa noche el acusado confrontó a su mujer por la infidelidad. La víctima se asustó tanto que salió de la casa y huyó por el pueblo en busca de ayuda. Finalmente, su marido la alcanzó en un olivar, donde le asestó diez puñaladas en las piernas antes de recogerla y dejarla en la entrada de la vivienda. Allí avisó al resto de sus congéneres de lo ocurrido y, según varios testigos, les confesó que la había apuñalado. Antes de huir pidió dinero y después se dio a la fuga, siendo arrestado en un pueblo de Cuenca.

En la sesión de este viernes también han testificado agentes que analizaron el coche con el que se fugó el acusado y las muestras de sangre que se encontraron en él, confirmando que eran de la mujer, del marido y de un segundo varón.

La defensa del acusado ha reconocido los hechos, pero ha pedido que se rebaje el delito de asesinato a homicidio, asegurando que se trató de un arrebato, y ha rebatido la agravante de violencia de género que solicita la Fiscalía. La acusación ha pedido 25 años de cárcel y una indemnización para los familiares de más de 250.000 euros.

El juicio continuará el próximo lunes, 26 de enero, en la Audiencia Provincial de Albacete, con las pruebas testificales.

Geolocalización por móvil

Previamente, este jueves, varios agentes de Policía y la Guardia Civil han ofrecido su testimonio en la Audiencia Provincial de Albacete para dar detalles del operativo que se desplegó ante la muerte de la joven de 26 años a manos de su marido y cómo se procedió a la detención del autor en un pueblo de Cuenca gracias a la geolocalización de su teléfono móvil.

Según han declarado los agentes ante el jurado popular, fueron capaces de localizar al marido fugado a las afueras del pueblo conquense de San Clemente, por lo que movilizaron agentes de la zona a los que dieron fotografías del sospechoso y del vehículo con el que había huido.

“Nos avisaron de que había una persona que podría haber cometido un homicidio en Córdoba y que su teléfono móvil había dado señal en la zona de nuestra demarcación”, ha explicado uno de los testigos, para agregar que estuvieron “buscando por la zona donde sabíamos que vivía gente de la misma nacionalidad (rumana) que el acusado”.

Finalmente, los agentes localizaron el coche aparcado en un cortijo alquilado a una familia dedicada a la chatarra, ante lo cual desplegaron un “operativo de cerramiento” para rodear la vivienda y evitar una posible escapada.

“Fue entonces cuando salió el arrendatario a hablar con nosotros. Le enseñamos la fotografía del sospechoso y nos confirmó que estaba dentro. Entró a hablar con él y el acusado se entregó sin resistencia”, ha detallado otro agente. El abogado defensor ha aprovechado la ocasión para hacer énfasis “en la actitud de colaboración” del procesado.

Agravante por violencia de género

Durante la sesión, otra agente, encargada de recoger el testimonio de familiares, ha asegurado que una de las tías de la víctima tenía conocimiento de que el marido había agredido a su mujer con anterioridad, pero que ésta se negaba a abandonarlo por amor a sus hijos.

La Fiscalía ha señalado este hecho dentro de sus argumentos de tratarse de un caso de violencia de género, y que supondría una agravante, frente al móvil de arrebato que intenta sostener la defensa, la cual ha solicitado rebajar el crimen a homicidio.

El jurado popular también ha contemplado varios minutos de una grabación de los agentes llegando a la vivienda de Montemayor donde residía la pareja, minutos después de la primera llamada al 112. El marido, según ha reconocido su propia defensa, la dejó abandonada en la entrada de la casa tras asestarle diez puñaladas en un olivar a las afueras del pueblo y avisó a los demás cohabitantes para que se hicieran cargo de ella. Previamente, la pareja había discutido a causa de una infidelidad que había tenido la esposa con su sobrino, menor de edad.

Los demás inquilinos, también de origen rumano, fueron los encargados de llamar a la ambulancia. “Cuando llegamos le tomé el pulso y vi que aún tenía”, ha declarado el agente que realizó la grabación. No obstante, y pese a estar rodeada de sus congéneres, ninguno había atendido sus heridas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Para cuando la ambulancia llegó, la mujer había perdido demasiada sangre, falleciendo horas después en el hospital.

La Fiscalía ha pedido un total de 25 años de cárcel para el acusado, privación de la patria potestad de los dos hijos que tuvo con la víctima y libertad vigilada durante cinco años. Además, también ha pedido una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida, 100.000 euros para cada uno de los hijos y 28.000 euros para cada una de las hermanas.

Curiosa novedad económica la que se ha conocido este mismo viernes. Y que puede ser muy positiva a nivel financiero en clave blanquiverde. El Real Madrid CF ha emitido un comunicado en el que revela que ha ganado un nuevo litigio frente a LaLiga, mediante el cual, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que condena a dicho organismo deportivo a pagar una cantidad de dinero a diversos clubes del fútbol español. Entre ellos, efectivamente, está el Córdoba CF. Dicha sentencia, según expone el club blanco, confirma “plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015”, la cual, a su parecer, fue “ilegal” y “alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes”.

En este sentido, “el Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-16 al margen de lo previsto en la ley”, añade el escrito. Así, como consecuencia de ello, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los estatutos entonces vigentes, siendo un 60% de los ingresos para los clubes de Primera y un 40% para los de Segunda. En todo caso, teniendo un reparto igualitario entre todas las entidades dentro de cada categoría. De este modo, el conjunto blanquiverde militaba en ese entonces en la categoría de plata tras su reciente descenso de Primera.

El comunicado señala a continuación que el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División aquel curso. Además del Córdoba CF, figuraban Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Por lo tanto, la entidad cordobesa recibiría unos cuatro millones de euros.

Con todo, hay que decir que, a día de hoy, existe cierta incertidumbre sobre quién percibirá tal cantidad de dinero. Fuentes consultados por Cordópolis afirman que dicha cifra la recibirá el Córdoba CF SAD, entidad controlada por Carlos González, quien era además el presidente del club blanquiverde en aquella etapa. Eso sí, las dudas sobrevuelan a raíz del proceso de venta de la unidad productiva a Unión Futbolística Cordobesa, encargada de representar al actual Córdoba CF desde entonces. Eso sí, este periódico también se ha puesto en contacto con el club de El Arcángel, quien de momento desconoce el alcance de la sentencia y se encuentra a la espera de obtener mayor información.

No cesan de producirse novedades judiciales en torno al Córdoba CF. Si la pasada semana se conocía que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso de casación de Carlos González por la venta de la unidad productiva del conjunto blanquiverde por un “defecto de forma”, ahora la novedad es relativa a Jesús León.

En efecto, ya que la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el montoreño contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2024, mediante la que el expresidente blanquiverde había sido declarado culpable del concurso del Córdoba CF SAD, por lo cual había sido condenado a abonar 3,8 millones de euros en concepto de indemnización y daños, además de quedar inhabilitado durante tres años para gestionar bienes ajenos.

En aquel entonces, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil indicaba que “queda probado que el presidente del Consejo de Administración fue quien directa y decisoriamente participó en todos los actos que generaron y agravaron la insolvencia, sin que los demás miembros del consejo tuvieran capacidad de decisión ni conocimiento previo”.

Así las cosas, la Audiencia ha desestimado el recurso de la defensa de León, tal y como ha quedado expuesto en el fallo adelantado por Diario Córdoba y al que ha tenido acceso igualmente Cordópolis.

Contra el mismo, eso sí, cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, a interponer ante esta sala en el plazo de veinte días.