El Ayuntamiento de Guadalcázar (Córdoba) busca que la solidaridad y la implicación ciudadana vuelvan a convertirse en una herramienta para apoyar a quienes más lo necesitan. A través del Área de Bienestar Social y con la colaboración de la Diputación de Córdoba, pone en marcha una nueva edición del Proyecto ColaborAcción 2026, un programa que ofrece ayudas en pañales y material escolar a cambio de la realización de servicios en beneficio de la comunidad.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, la propuesta mantiene una filosofía clara: transformar la participación ciudadana en un recurso útil para el municipio y, al mismo tiempo, aliviar la economía de las familias que atraviesan dificultades. De esta forma, las personas participantes colaboran en distintas tareas de interés general y reciben, como contraprestación, ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas de sus hijos.

La convocatoria está dirigida a madres y padres empadronados en Guadalcázar con una antigüedad mínima de dos meses en la fecha de publicación de las bases, con hijos en etapa infantil hasta 2º de ESO y que se encuentren en una situación económica complicada, ya sea por falta de ingresos, ingresos insuficientes, una carga hipotecaria elevada en relación con los ingresos familiares o el desempleo de alguno de los miembros de la unidad familiar.

Las plazas son limitadas y, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, se realizará un baremo para determinar las personas beneficiarias del programa.

Trabajos en beneficio de la comunidad

Quienes resulten seleccionados desarrollarán aproximadamente doce horas de servicio a la comunidad, distribuidas en alguno de los cuatro bloques previstos por el proyecto: cuidado del medio ambiente; apoyo a la educación y concienciación para la ciudadanía; apoyo a programas culturales y de difusión; y prevención y salud. La asignación de cada participante dependerá de su experiencia laboral y/o formación, estableciéndose un horario adaptado a las funciones que desempeñe.

Como reconocimiento a esa colaboración, cada participante recibirá pañales por un valor de 100 euros o podrá acogerse al programa de ayudas para material escolar, según la convocatoria correspondiente.

Para acceder al programa será necesario presentar la documentación requerida: copia del DNI, demanda de empleo, acreditación de ingresos o prestaciones en caso de haber trabajado, informe de vida laboral, volante de empadronamiento familiar, certificado bancario de hipoteca y/o préstamo personal, si existiera, copia del libro de familia, currículum vitae y la solicitud oficial, disponible tanto en el Ayuntamiento como en la página web municipal.

Las personas que no hayan prestado el servicio correspondiente en ediciones anteriores no podrán optar a la ayuda.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 13 de julio de 2026. Con esta nueva edición del Proyecto ColaborAcción, Guadalcázar vuelve a apostar por una fórmula que une participación ciudadana y apoyo a las familias, convirtiendo el compromiso con el municipio en una respuesta a necesidades cotidianas como la adquisición de pañales o material escolar.

La primera palabra que Miriam aprendió de niña fue avión (tiyara, en árabe). Tenía tan solo once meses y los aviones de guerra israelíes sobrevolaban a diario Ibilín, el pueblo donde nació, en dirección a Líbano. Hablamos del año 1982. El Ejército hebreo había invadido territorio libanés y se plantó a las puertas de Beirut donde se atrincheraba Yasir Arafat al frente de la resistencia palestina en el exilio. Miriam Toukan nació con el ruido ensordecedor de las bombas y el motor amenazante de los aviones de combate. Fue la primera guerra que sintió encima de su cabeza, pero no la última.

Su familia es oriunda de Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel. En 1948 fue expulsada por colonos europeos que le arrebataron su casa y la de miles de palestinos, muchos de los cuales nunca más pudieron regresar a su tierra. La familia de Miriam se partió en dos. Su padre pudo refugiarse en Ibilín, en la región de Galilea, que hoy forma parte del Estado judío. El resto vive en la diáspora ante la negativa de Tel Aviv de admitir el regreso de los refugiados, en abierto desafío a las resoluciones internacionales de la ONU.

La imagen de los aviones de guerra surcando el cielo de Ibilín se incrustó en su memoria como una alerta imborrable. Justo por eso muchos años después fundó una asociación con el nombre de Cometas de Papel. Convertir los símbolos bélicos en señales de paz ha sido el motor de su vida como artista y abogada palestina en un contexto de extrema hostilidad.

Aterrizó en Córdoba en 2017 al frente de un movimiento pacifista arabo-israelí denominado Mujeres de blanco y aquí acabó fundando una familia años después. Cantante y activista por la paz, Miriam Toukan ha alzado su espléndida voz en escenarios de medio mundo. Y ahora quiere poner su granito de arena para aliviar la dramática situación que viven miles de niños y niñas palestinas, víctimas de la brutal represión israelí, singularmente en Gaza pero también en Cisjordania.

Hoy mismo llegarán a Córdoba ocho niños y una niña palestinos en el marco del primer proyecto humanitario puesto en marcha por Cometas de Papel, cuyo presidente de honor es Rafael Molina. “Es un sueño que tenía desde hace muchos años”, asegura Miriam. “Yo quería traer a cien niños, pero la realidad es muy complicada”. Y los recursos limitados. El proyecto está financiado por donaciones particulares y los fondos obtenidos de un concierto benéfico celebrado hace dos semanas en el Jardín Botánico.

Todos los niños vienen de Ramala, la capital administrativa de Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel desde 1967. Tienen entre 6 y 13 años y provienen de un club de fútbol llamado 5v5 que ha colaborado activamente en el proyecto. Muchos tuvieron que ser descartados por las dificultades burocráticas planteadas por las autoridades israelíes. La mayoría ha viajado por tierra hasta Ammán, la capital jordana, con la incertidumbre que conlleva siempre atravesar los puestos de control fronterizo. “Los padres tenían mucho miedo, pero todos querían que sus hijos pudieran salir de la zona de conflicto al menos durante dos semanas”, explica la cantante y activista afincada en Córdoba. Todos han podido visualizar en un vídeo las casas de acogida donde van a alojarse sus hijos y han tenido información detallada sobre la atención diaria que van a recibir.

Es la primera vez que los chicos van a salir de Ramala. La movilidad en los Territorios Ocupados está severamente limitada por los continuos check point militares israelíes, que complican enormemente la vida cotidiana de los palestinos. “Para ir a la universidad o al hospital tienen que esperar muchos días tres o cuatro horas en los controles militares. Son niños que viven la guerra cada día y están expuestos a la violencia permanente”, lamenta Miriam. Es difícil encontrar a un joven palestino de Cisjordania que no tenga un familiar en la cárcel o fallecido por la acción impune de los colonos o el Ejército israelí.

Son niños que viven la guerra cada día y están expuestos a la violencia

Miriam Toukan — Cantante y activista palestina

Los niños están muy emocionados por pisar suelo español, donde juegan algunos de sus ídolos futbolistas. “Para los palestinos, España es el país número uno del fútbol. Allí todo el mundo es del Real Madrid o del Barcelona”, señala. Lamine Yamal exhibió una bandera palestina en la celebración de la Liga española y esa imagen ha dado la vuelta al mundo, sobre todo, en los Territorios Ocupados, donde su figura ha ganado enteros en popularidad. De hecho, los organizadores están intentando llevar a los chavales al Santiago Bernabéu antes de su regreso a Ramala, aunque la gestión no es fácil.

Gracias a un acuerdo con el Colegio Séneca, una cooperativa de enseñanza ubicada en el barrio de Fátima, los niños palestinos participarán de forma diaria en un campamento de verano organizado en sus propias instalaciones. Buena parte de las familias de acogida tienen a sus propios hijos en el centro escolar, cuyo ideario apuesta por los valores de la diversidad, la integración y la igualdad de género. “El colegio ha abierto sus brazos al proyecto”, agradece Miriam.

Entre las 10.00 y las 14.00 horas de cada mañana, los chicos de Ramala participarán en talleres diversos y podrán jugar al fútbol o bañarse en la piscina. Por la tarde y noche, ya estarán con sus familias de acogida, que se han coordinado para llevarlos al Zoológico, Medina Azahara, el Jardín Botánico, la Torre de la Calahorra, la Casa Andalusí, actuaciones de circo o conciertos de música.

María José y Pedro es una de las familias que han decidido acoger a niños palestinos en su casa. En este caso, por partida doble. Kamal y Saba, de 11 años cada uno, ocuparán la habitación de uno de sus hijos. “Desde que comenzó el genocidio de Gaza, hemos visto montones de vídeos con niños pasándolo terriblemente mal. Y vimos la posibilidad de traernos a uno para darles la oportunidad de apartarlos de la violencia y el ambiente nefasto que están viviendo”, explica María José al otro lado del teléfono.

Es espantoso e injusto lo que están sufriendo

María José — Familia de acogida

Ninguno de los dos habla ni inglés ni árabe, pero se han descargado una aplicación de traducción simultánea que les facilitará la comunicación. “Mis dos hijos están encantados de que vengan”, indica. Ya tienen preparada una batería de actividades para los chavales, la mayor parte de ellas en colaboración con el resto de familias. “Es la primera vez que vamos a hacer algo así. Yo estoy confiada en que todo va a salir bien”, añade.

María José y Pedro tuvieron la oportunidad de hablar con los niños a través de una vídeoconferencia. “Algunos decían que querían montar en bicicleta. En realidad, sé poco de su ciudad de origen. Miriam dice que están encerrados y no pueden salir de la ciudad debido a las restricciones de Israel”. Kamal y Saba son niños cristianos, aunque otros pertenecen a familias musulmanas. Para ellos, ya han preparado comida halal adecuada a los preceptos islámicos.

“El tema de Palestina me ha interesado siempre, como cualquier otro pueblo que viva oprimido”, afirma María José. “Es espantoso e injusto lo que están sufriendo y eso lo entiende cualquiera que tenga corazón”. Los niños vienen acompañados por tres monitores y se establecerán en Córdoba por espacio de 15 días antes de regresar nuevamente al ojo del huracán de Oriente Medio. No es demasiado tiempo pero sí el suficiente para cambiar, al menos durante dos semanas, los aviones de guerra por cometas de papel.

“Cuando dejaba el videojuego, se volvía agresivo”. “Llegó a amenazar con tirarse por el balcón”. “Cuando empezaba, no sabías cuándo iba a acabar de jugar”. “Mi hija no era así, es como si nos la hubieran cambiado”. “Tenía grupos multitudinarios de WhatsApp y recibía mensajes de desconocidos. Le mandaban stickers eróticos”. “Todo esto nos viene largo, no sabíamos cómo afrontarlo”.

Estas son algunas de las alertas que saltaron en la vida normal de dos familias de Córdoba cuando sus hijos adolescentes empezaron a tener un uso desmedido de las pantallas, un abuso de dispositivos como el teléfono móvil o los videojuegos, que acabó por alterar sus conductas, su desarrollo social y la vida familiar. La siempre particular etapa de la adolescencia se unió a los problemas relacionados con el consumo de nuevas tecnologías a esa edad. Y ese cóctel, que puede suponer una adicción digital y sus consecuencias, hizo que acudieran a recibir ayuda profesional para frenar y reconducir la situación, donde acompañar a las familias y educar en el uso de las pantallas es el objetivo.

El testimonio -con nombres ficticios para preservar su anonimato- que han prestado a Cordópolis ambas familias y los profesionales que las atienden muestran cómo el abuso de las pantallas puede llegar a alterar sus vidas. Guille tiene 14 años y es buen estudiante, cuentan sus padres. Tuvo teléfono móvil a los trece años y el uso de la Play estaba restringido a los fines de semana. “Su problema son los videojuegos”. Recuerdan que, durante un día en casa de unos amigos “probó el Fornite” -un videojuego en línea con más jugadores-, y luego se lo instaló sin saberlo sus padres. “El demonio ha entrado en casa”. Es la frase que su madre, Rocío, dice para describir la situación que se desencadenó a partir de entonces.

Aislamiento y cambio de carácter

La situación se complicó: no admitía negociaciones sobre las horas de juego, argumentaba que todos sus amigos estaban conectados jugando, se aislaba de su familia, dejó de salir con amigos, abandonó el deporte, empezó a ser desordenado y su carácter también se vio afectado, describen sus padres. La gota que colmó el vaso fue la agresividad que mostraba cuando dejaba de jugar y su contrariedad por ello hasta el punto de amenazar con el suicidio, con tirarse por el balcón.

La derivación de su pediatra cuando sus padres insistieron en la gravedad de la conducta de Guille fue lo que les llevó a la puerta de la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba (IPBS) que, específicamente, tiene un programa de Intervención Psicoeducativa con menores, jóvenes y familias para acompañarlas y prevenir los consumos de sustancias o nuevas tecnologías y pantallas que suponen un riesgo.

A esta misma puerta de ayuda llegaron los padres de María, de 12 años. En su caso, la derivación la hizo la especialista de Salud Mental que trata a esta adolescente diagnosticada de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Hace unos meses que le compraron un teléfono móvil, con la condición de no usarlo en casa, para localizarla porque su trastorno hacía que, a veces, se despistara del grupo de amigas y se perdiera, cuentan sus padres, José y María. Pero, además de esa utilidad, la chica encontró en el móvil una ventana para relacionarse que le resultaba más sencilla, sin prever las consecuencias que puede tener el uso de internet a esas edades.

“Cada vez veíamos que los usaba más, el móvil y la tablet”, relata su madre sobre cómo detectaron el abuso de pantallas. Y se dieron cuenta de que tenía “grupos multitudinarios en WhatsApp”, de personas desconocidas, de las que recibía mensajes. “Le mandaban stickers eróticos”, pone como ejemplo. Además, “enlazaba las horas del día” usando el teléfono para llamadas, para escuchar música o para estar en internet. “Ella lo justificaba. Es algo que le entretiene, habla con amigos, ve vídeos... Son muchos estímulos”, precisamente algo que encaja como 'alimento' para su hiperactividad. Y cuando intentaban cortarle el uso del móvil, su respuesta sacaba la rebeldía adolescente: “No es justo, me estáis aislando”.

“Es como si nos la hubieran cambiado. Ella no era así”

“Es como si nos la hubieran cambiado. Ella no era así. Te trata con la punta del pie. Es muy duro, desde por la mañana hasta por la noche”, dice preocupada su madre. Y, a la vez, notan cambios en el ánimo de su hija: “Le bajan la autoestima”, dice, sobre los mensajes que recibe de desconocidos en esos grupos de mensajería: “Cree que no vale nada”. Ante esta situación, en las familias saltan las alarmas: “Nos viene largo todo esto, no sabemos cómo afrontarlo. Necesitamos ayuda”.

Esa ayuda la prestan en este centro la psicóloga Ana Anguita y el educador social Yayo Cazallo, encargados de escuchar a los menores y sus familias, de planificar una intervención con ellos y desarrollarla en distintas sesiones, para reconducir el abuso de pantallas y sus consecuencias en las conductas de los chicos y la vida familiar. En una primera entrevista de acogida evalúan cada caso particular y, a partir de ahí, llega la atención profesional específica.

Toca discernir lo que son comportamientos propios de la adolescencia, el cuestionamiento de la autoridad paternal, la rebeldía y los cambios en los intereses y relaciones de los chicos -ahora todo eso con el uso de pantallas de por medio-, de las líneas rojas en sus conductas que hay que frenar, como los insultos o el autoritarismo de estos menores, explica Cazallo.

Todo eso hay que explicárselo a los padres y madres, para establecer la situación real. “Las familias llegan muy preocupadas” dice el educador social, ya sea por el abuso de horas en el uso de dispositivos o por las reacciones negativas que asocian a esto. “Hay que rebajar el miedo y plantear la medida de las cosas”, señala sobre cómo utilizar pantallas es algo que sí o sí va a pasar: “Las usan para relacionarse, para su ocio...”. Pero hay que estar atentos a esas “respuestas airadas, a que afecte al sueño o la alimentación, o al rendimiento académico”, a las líneas rojas que no se deben saltar.

Aprendizaje y ayuda para las familias

Las familias aprenden a vadear la adolescencia con el elemento de las pantallas incluido. “Sabemos que no hay que entrar en un permanente conflicto con él por eso”, cuenta Rafa sobre su hijo. “Si uno le riñe en un momento dado, el otro (componente de la pareja) no”, dice para que el menor no vea un muro de sus padres ante él sino que tenga siempre a quién hablarle y no se aísle más. Y poner unas normas para el uso de los dispositivos.

“Tiene que haber comunicación, también normas, consensuadas con él para que sea más fácil que las asuma y también se pueda apelar a su responsabilidad si no lo hace”, apunta el educador social.

“A las familias se les ofrecen unas pautas, unas normas”, explica la psicóloga. En este centro intervienen con los padres de María, mientras se coordinan para que Salud Mental siga su atención a la menor con TDAH. “Es importante que los padres tengan un espacio al que acudir, donde expresar lo que están viviendo en casa”. Y que sirva de acompañamiento para el proceso vital que están pasando sus hijos.

“Acompañar y educar en el uso de las pantallas”, repiten los profesionales sobre su labor y su objetivo. Un objetivo que va viendo resultados cuando los chavales adecuan el uso de dispositivos y se reconduce con normas y límites. Evitan, de esa manera, caer en una adicción de la que cada vez ven a menores con más corta edad. “Con las pantallas cada vez llegan chicos y chicas antes, nos encontramos con casos incluso de 10 años”, alerta Anguita.

Para que salten esas alarmas a tiempo, pediatras, enfermeras escolares o especialistas en Salud Mental son quienes derivan a los menores y sus familias a este centro cuando detectan posibles abusos de pantallas y consecuencias en la conducta. Actualmente, la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba actúa con 14 menores y sus familias por el uso desmedido de dispositivos tecnológicos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha entregado las placas conmemorativas a las entidades sociales que han desarrollado los 121 proyectos de transformación y voluntariado social gracias a las subvenciones del Ayuntamiento.

Según ha informado el Ayuntamiento, el acto, celebrado en el Centro Cultural Osio, ha servido para “reconocer la labor del tejido asociativo en el desarrollo de proyectos en favor de las personas más vulnerables”. En concreto, se trata de dos líneas de subvenciones impulsadas por la delegación de Servicios Sociales, que ascienden a un total de 1.343.758 euros.

Por un lado, 'Transforma Córdoba', destinada a mejorar la cohesión social y las condiciones de vida de los más vulnerables, y, por otro, 'Voluntariado Social', dirigida al fomento del voluntariado en el desarrollo de actuaciones sociales.

En la convocatoria 'Transforma Córdoba' se han subvencionado 45 proyectos, frente a los 36 del año anterior, con una cuantía total destinada a esta línea de 887.758 euros, superando los 661.790 euros de 2025. Además, la subvención máxima por proyecto también ha aumentado, pasando de 17.000 a 20.000 euros.

Por su parte, la línea de 'Voluntariado Social' ha permitido financiar 76 proyectos, frente a los 59 de 2025, con una dotación total de 456.000 euros, frente a los 295.000 euros del ejercicio anterior, elevando además la cuantía por proyecto de 5.000 a 6.000 euros.

Durante el acto, el alcalde ha agradecido “el compromiso, la dedicación y la labor diaria de las entidades sociales” y ha destacado que su trabajo “resulta imprescindible para construir una ciudad más cohesionada, inclusiva y solidaria”.

Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento se seguirá apostando por reforzar el tejido social, con el que hoy se reafirma el compromiso, reconociendo su papel esencial en la atención social y en la mejora de la calidad de vida de cientos de familias y personas en situación de vulnerabilidad”.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sociales de la provincia, “un instrumento clave para seguir construyendo una provincia más justa, más inclusiva y más cohesionada”.

Así lo ha expresado en rueda de prensa la delegada de Derechos Sociales en la institución provincial, Irene Aguilera, quien ha afirmado que “hasta el 25 de mayo estará abierto, en la sede electrónica del IPBS, el trámite para presentar las solicitudes, a esta línea de ayudas que cuenta en este 2026 con 700.000 euros”.

Aguilera ha remarcado que “la convocatoria se articula en distintas líneas de actuación que abarcan todo el ciclo vital y diferentes situaciones de vulnerabilidad. Así, las entidades sociales de la provincia podrán presentar proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia, de apoyo a las familias en situación de dificultad, a la atención de personas mayores y a personas con discapacidad”.

Del mismo modo, ha añadido, “serán subvencionables propuestas dirigidas a la prevención e intervención en adicciones, la promoción del voluntariado, el acceso a recursos básicos y la mejora de condiciones de vida en situaciones de exclusión”.

La también presidenta del IPBS ha hecho hincapié en que “no obstante, se considerarán prioritarias las acciones dirigidas a la prevención de conductas de riesgo en menores, a la inserción sociolaboral de nuestros jóvenes, al apoyo a familias con menores en situaciones complejas o a la atención a mujeres en riesgo de exclusión”.

Según ha comentado Aguilera, “a estas propuestas se suman las centradas en la lucha contra la soledad de los mayores, los proyectos de apoyo terapéutico, la atención a enfermedades raras y, de forma muy destacada, toda la línea dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

En este contexto, desde el IPBS se le da “un papel muy relevante a aquellas acciones que se centran en mujeres víctimas de trata y aquellas desarrolladas en zonas desfavorecidas de municipios pequeños, donde la desigualdad es más destacada”, ha apostillado Aguilera.

En definitiva, según ha insistido, se trata de “una línea de ayudas que viene a corresponder con el compromiso que mantienen las entidades de carácter social de nuestra provincia, un compromiso que nos permite llegar a rincones a los que las administraciones no podemos llegar solas, detectando necesidades, acompañando a personas y generando oportunidades reales de cambio”.

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, junto a Acción contra el Hambre, han hecho hoy entrega de 31 tarjetas multiservicio a otras tantas familias afectadas por las pasadas inundaciones, con el objetivo de apoyar su recuperación y cubrir las necesidades básicas de forma inmediata.

Según ha informado el Ayuntamiento, cada una de las tarjetas cuenta con un importe de 750 euros y pueden ser usadas de forma libre y sin restricciones, lo que permite a cada familia destinarlas a aquello que más necesita en función de su situación. Además, pueden utilizarse tanto en comercios de proximidad como en grandes superficies y también en compras realizadas de forma online, para facilitar un acceso flexible y adaptado a cada realidad.

El Colegio de Trabajo Social ha colaborado en la identificación de las familias beneficiarias y en el acompañamiento durante el proceso, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma ágil y eficaz a quienes lo necesitan.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que “estas ayudas, en forma de tarjetas solidarias, nos han permitido dar una respuesta inmediata a las familias afectadas, ofreciéndoles un apoyo directo que se adapta a sus necesidades concretas”.

Contador ha añadido que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para acompañar a las personas damnificadas con todos los recursos disponibles”.

Por su parte, la delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto, ha explicado que “el reparto ha sido muy rápido y ágil gracias al trabajo previo y a la coordinación con el Ayuntamiento. Nuestras Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que nos permite llegar a las familias cuando más lo necesitan”.

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y el Colegio Profesional de Trabajo Social de la ciudad han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la atención a afectados por las recientes inundaciones, estableciendo un modelo de actuación que servirá de precedente para un posible convenio marco de colaboración en el ámbito de la atención social a la emergencia.

Según ha informado el Consistorio, gracias a este convenio, se activará al Grupo de Intervención de Emergencias Sociales del Colegio (Giseco), con el objetivo de ofrecer atención directa, orientación personalizada y asistencia técnica a todos los cordobeses damnificados que deseen solicitar las ayudas extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

El acuerdo permitirá coordinar recursos y agilizar la tramitación de solicitudes, facilitando el aceso a las líneas de apoyo económico y social puestas en marcha para paliar los daños ocasionados por las inundaciones. Para ello, el Colegio ha habilitado el teléfono móvil 608756632, donde el personal técnico realizará un triaje, asignará la cita previa y ofrecerá información sobre los requisitos y la documentación necesaria para la tramitación de las ayudas, de lunes a viernes de 09,30 a 13,30 horas y martes y jueves de 17,30 a 19,30 horas.

Posteriormente, los solicitantes serán atendidos por el Grupo de Emergencias Sociales para acompañamiento en la cumplimentación del formulario, revisión de la documentación y orientación para la correcta presentación de la solicitud.

Asimismo, las ayudas de carácter local se coordinarán desde la propia Delegación de Servicios Sociales, siguiendo los cauces habituales de atención solicitando una cita en los centros de servicios sociales comunitarios, a través de la plataforma CitaPluss.

“Recuperar la normalidad lo antes posible”

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que “la coordinación entre administraciones, colegios profesionales y entidades sociales es fundamental para llegar a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia como la que hemos vivido”. Contador ha asegurado que tienen “el objetivo común” de acompañar a afectados “facilitando información, apoyo técnico y recursos económicos para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible”.

Por su parte, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba, María Angustias Varo, ha subrayado que amparadas en los “valores profesionales y en el Código Deontológico”, que nos compromete con “la defensa de la dignidad, la justicia social y la atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad” ponen a disposición de la ciudadanía el Grupo de Intervención en Emergencias Sociales del Colegio.

“Con ello, reforzamos la respuesta social ante la urgencia y la excepcionalidad derivadas de esta emergencia y de la limitación de los plazos administrativos, colaborando estrechamente con el Ayuntamiento”, ha resaltado.

Tarjetas multiservicios

A estas medidas se suma la colaboración de Acción contra el Hambre y la Fundación Mapfre, que entregarán alrededor de 40 tarjetas multiservicios por importe de 750 euros cada una. Estas tarjetas serán gestionadas también por la Delegación del Ayuntamiento y permitirán cubrir necesidades básicas y gastos derivados de los daños sufridos.

La delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto Fernández, ha explicado que “las Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que permite llegar a las familias cuando más lo necesitan”.

“En Córdoba vamos a poder distribuirlas con agilidad gracias al trabajo previo y a la coordinación con Servicios Sociales”, ha apuntado, para comentar que “con ellas, las familias podrán empezar a cubrir su necesidades esenciales cuanto antes, eligiendo en qué gastan el dinero, y, al mismo tiempo, contribuyendo a reactivar el comercio local”.

Una iniciativa ciudadana, en la que han participado exalcaldes y exconcejales de todos los partidos, trabajadores sociales, técnicos, colectivos sociales, asociaciones de mujeres y otras entidades y organizaciones, ha sido remitida al Ayuntamiento y a los grupos políticos municipales proponiendo un reconocimiento de la ciudad para la que fue concejala en la segunda y tercera corporaciones democráticas del Consistorio Manuela Corredera, creadora del moderno sistema de servicios sociales y las primeras políticas de igualdad.

La iniciativa ciudadana propone, en concreto, un tributo público de la ciudad ya sea con la dedicatoria de un edificio municipal relevante, espacio público significativo o cualquier otra fórmula que se decida y tenga una visibilidad acorde a los méritos.

La sindicalista de CCOO y comprometida política llegó al Ayuntamiento de Córdoba en 1983 y asumió el reto de convertir la labor voluntarista de una única trabajadora municipal, que distribuía unas poquísimas ayudas puntuales caritativas a la manera de la antigua beneficencia, en unos servicios sociales modernos e integrados de ayuda al ciudadano en todos los aspectos, todo ello partiendo de dos técnicas sociales y un psicólogo que formaron el primer equipo de un departamento municipal estructurado y con objetivos claros para atender a la ciudadanía, recuerda Javier Lucena, que llegó a ser jefe de los Servicios Sociales y que es uno de los muchos técnicos firmantes de la petición que ha llegado al Ayuntamiento.

También el exalcalde Herminio Trigo está en la larga lista de peticionarios de este reconocimiento público para Manuela Corredera, a la que pone como ejemplo “de lo mucho que se puede hacer con un buen equipo y con una buena decisión política, aunque no hubiera todos los recursos que se querían”. “Además de su personalidad y de ser una trabajadora incansable, gracias a ellas se crearon unos servicios de desarrollo comunitario muy integrado, que fue ejemplo para otras muchas ciudades de España y que abarcaba infancia, educación, salud...” afirma el también exalcalde Manuel Pérez.

Estas tres voces coinciden también en destacar el logro que supuso el trabajo de Manuela Corredera al convertir “unos simples actos de caridad”, un “quita vergüenzas del Ayuntamiento” en un “servicio con criterios, moderno y entendido como un derecho” para “la dignidad” del solicitante.

De aquel equipo de tres técnicos, y de la aplicación de las políticas sociales que aplicó Corredera, se consolidaron unos servicios municipales pioneros en España e imitados en otros muchos Ayuntamientos; también fue el germen de otros numerosos servicios y estructuras municipales que se fueron desgajando, como el servicio de educadores desde aquel “Programa de Prevención de Conductas Asociales”, el Centro Provincial de Drogodependencias partiendo del “Programa de Prevención de Adicciones” municipal, además de ser el embrión del Departamento de la Mujer, el servicio de ayuda a domicilio, la actual red de centros cívicos, programas de participación e incluso el Imdeec desde aquella incipiente Agencia de Desarrollo, explica Javier Lucena. “Tenía una auténtica conciencia de lo que es la política social”, afirma por su parte Herminio Trigo.

Según ha trascendido, la petición ciudadana, que también ha sido respaldada por el Consejo del Movimiento Ciudadano, ha sido recibida con una especial consideración y muy favorablemente en la Alcaldía, así como por parte de grupos políticos municipales.

La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba han vuelto a concentrarse, un lunes más, y en esta ocasión lo han hecho con un mensaje “contra el gasto armamentístico” y por una mayor inversión en pensiones, sanidad, residencias y servicios sociales públicos, según la convocatoria hecha por este colectivo.

Entre sus reivindicaciones, que han hecho visibles en una concentración en Capitulares ante el Ayuntamiento de Córdoba, la plataforma de pensionistas ha apostado por “defender nuestros derechos” y ha reiterado sus peticiones de igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, además de eliminar la brecha de género en salarios y pensiones. “Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defiende”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto urgir a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba para que, “sin más dilación” se reconozca el derecho de una mujer dependiente severa a revisar su programa de atención y su derecho de acceso al servicio de atención residencial, tras más de dos años de espera tras la solicitud de su familia, según ha difundido la oficina del Defensor.

La queja sobre esta situación llegó al Defensor del Pueblo en marzo de 2025, donde la familia exponía que la mujer tenía reconocida la situación de dependencia, en grado II, como “dependencia severa” y, por ello, disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio. No obstante, “debido al empeoramiento de su situación” tuvo que ingresar en un centro de atención residencial de manera privada, a la vez que los familiares solicitaban la revisión de su grado de dependencia y del programa individual de atención, con el fin de modificar el recurso concedido por el servicio de atención residencial, todo ello “sin haber obtenido resolución en ninguno de los dos procedimientos”, según constata el Defensor.

Admitida a trámite la queja por esta institución, esta requirió un informe sobre el caso a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, constató que existía “en su expediente la solicitud de revisión del recurso asignado de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema por la interesada”. E. igualmente, “consta que el expediente se encuentra en el trámite de asignación gestor / sin gestor asignado”.

Sobre ello, se abunda en que, “el expediente de la interesada se encuentra a la espera de ser citado por la empresa encargada de la gestión de este trámite (Call Center)”. Y, hasta que no se le asigne gestor y una cita, no tendría asignación, a su vez, de un “técnico de valoración competente por territorio, a efectos de que pueda realizar la visita de valoración, lo que esperemos se produzca a la mayor brevedad posible”.

Ante esto, el Defensor recuerda que la normativa establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”. Y, además, el nuevo procedimiento de la Junta de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, “queda infringido su artículo 156.3 que fija en tres meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de revisión del programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales”.

Con todo ello, el Defensor ha formulado una resolución ante la Junta para recordar “los deberes legales” a los que debe atender este caso “y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento”. Por ello, insta a que, “sin más dilación, se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la resolución reconociendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

El Ayuntamiento de Lucena acaba de licitar un contrato que une el servicio de atención a personas migrantes temporeras y sus familias en riesgo de exclusión social tanto en el Centro de Atención Básica al Inmigrante (CABI) durante el día como en el Centro de Pernocta por las noches para temporeros en periodos de olas de frío.

El contrato, que sale a licitación por un valor estimado de 408.277,60 euros, contempla por primera vez -según confirman fuentes municipales a este periódico-, ambos servicios. Así, el Centro de Atención Básica al Inmigrante y el Centro de Pernocta para personas temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío son equipamientos básicos de Servicios Sociales, de titularidad pública, que se constituyen como recursos municipales cuya finalidad es el desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la prevención, atención, promoción e inserción social del colectivo de inmigrantes y emigrantes temporeras en el que además se ofrecen distintos servicios a los usuarios con el fin de dar cobertura a algunas de las necesidades básicas del colectivo que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social.

De un lado, el CABI es un recurso social especializado dirigido a personas inmigrantes y autóctonas que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social ofreciendo diferentes servicios para la cobertura de necesidades básicas y para favorecer la inclusión social de los usuarios inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social. Pretende dar respuesta a las necesidades de información, atención e inserción social del colectivo en el municipio de Lucena a: Inmigrantes de paso o que acaban de llegar a la ciudad, y que se desplazan de unas zonas a otras en busca de trabajo; colectivo en situación de sinhogarismo de la ciudad; y transeúntes que se desplazan de una ciudad a otra.

Allí se les ofrece un servicio de atención sobre su situación, alimento, ducha, lavandería, servicio de ropero y clases de lengua española. Esta atención se realiza durante todo el año, si bien el horario más amplio se establece en los meses de la recogida de la aceituna cuando acuden más temporeros a la localidad. Así, de noviembre a febrero se les atiende de 16:30 a 20:30 de lunes a domingo. De octubre a marzo también se ofrece en horario de mañana 10:30 a 12:30 de lunes a viernes laborales. Mientras, de abril a septiembre el horario se restringe a dos horas de 10:30 a 12:30 tres días laborales entre semana. La prestación del servicio se realiza en las instalaciones municipales ubicadas en la planta baja de la plaza de Toros de Lucena.

Centro de pernocta

Por su parte, el Centro de Pernocta va dirigido a personas mayores de 18 años temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío. Pretende dar respuesta a la necesidad de vivienda de las personas inmigrantes temporeras que acuden al municipio para trabajar en la campaña agrícola durante un período de tiempo limitado y no encuentran un alojamiento temporal durante su estancia en el municipio.

La prestación del servicio se prevé, atendiendo o no al inicio de la campaña agrícola, del 16 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027, para 20 plazas como máximo, en un equipamiento que facilitará el Ayuntamiento de Lucena. El servicio de alojamiento comenzará a las 21:00 y finalizará a las 7:00 del día siguiente.

Tiene como objetivos garantizar el alojamiento temporal como necesidad básica a las personas temporeras que se encuentren en el municipio y no cuenten con recursos económicos suficientes para poder hacer frente al gasto de la misma; facilitar a las personas temporeras un espacio de permanencia temporal, para que en coordinación con el resto de recursos del municipio puedan mejorar sus condiciones sociosanitarias; favorecer una atención digna a las personas temporeras que llegan a Lucena a trabajar o en búsqueda de un puesto de trabajo para la temporada de campaña agrícola; y disminuir la exclusión residencial de personas inmigrantes temporeras.

La prestación del servicio del Centro de Pernocta se realizará en las instalaciones municipales ubicadas en el Módulo Mayo, Complejo Educativo Los Santos, un edificio de titularidad municipal, ya que se requiere de una infraestructura y equipamiento adecuados a las características del servicio que se pretende contratar. Se ofrecerá servicio de transporte desde el CABI de atención diurna al Centro de Pernocta.

La teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha recibido este viernes a una representación de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Virginia Commonwealth University (VCU), por una iniciativa conjunta en el ámbito del envejecimiento saludable.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el encuentro, que ha tenido lugar en el Centro de Participación Activa de Huerta de la Reina, han estado presentes Manuel Rich, por la UCO, y los profesores de la VCU Humberto Fabelo y Denise Brunette.

La visita al Centro de Mayores de Huerta de la Reina ha tenido como fin conocer las políticas municipales en materia de servicios sociales y atención a las personas mayores. En dicha reunión, Contador ha explicado el trabajo diario que se hace en cada uno de los 14 Cpapm y la cantidad de actividades que se programan y realizan orientadas a los mayores, como son talleres, viajes culturales, rutas y visitas guiadas, campeonatos de juegos, grupos de baile, coro y carnaval, y charlas sobre nutrición y salud.

Contador ha resaltado el aumento de la participación, ya que se ha pasado de tener en 2018 un total de 562 altas al año en nuevos usuarios en los distintos centros a alcanzar en 2025 la cifra de 1.329 nuevas altas al año.

El programa conjunto permitirá que 17 estudiantes de los másters de Trabajo Social, Gerontología, Administración Sanitaria y Salud Laboral de la VCU se desplacen a Córdoba para conocer de primera mano el modelo español de atención a las personas mayores, un modelo de referencia a nivel internacional.

Dicho modelo está alineado con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se fundamenta en la Atención Centrada en la Persona (ACP) y en la implementación del programa Icope (Atención Integrada para las Personas Mayores).

Debido a la relevancia de su sistema de atención, la OMS ha designado a España como sede del II Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que tendrá lugar en junio de 2026 en San Sebastián. Este contexto sitúa a España y, en particular, a Andalucía, como un entorno privilegiado para el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del envejecimiento.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, han presentado este miércoles el nuevo dispositivo de cajero, que va junto con una página web, que se llama Cita Plus, y que se va a poder utilizar tanto en los centros de servicios sociales comunitarios, con el cajero, como desde casa, con la web, cualquier día de la semana y a cualquier hora, para solicitar una cita de Servicios Sociales, de cara a reducir las listas de espera en dicha área, todo ello tras invertir más de 500.000 euros, con financiación europea, autonómica y municipal.

En el Centro de Servicios Sociales de Carlos III, junto a Felipe Luque, de la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, el regidor ha destacado que es una medida, disponible desde la próxima semana con la web, para “mejorar la calidad de vida y también los servicios públicos del Ayuntamiento”, después de que el número de usuarios de Servicios Sociales durante el año 2025 ha sido de 35.000, con un total de 56.000 consultas.

En este sentido, ha elogiado que “se descarga a los trabajadores sociales de los trámites sencillos, además de las peticiones de cita”, de manera que “puedan dedicarse a la labor más importante de su trabajo que se basa en todos los informes que tienen que hacer en materias bastante delicadas”.

Las consultas se pueden hacer para ayudas económicas, el Servicio de Atención Domiciliaria Municipal, Dependencia, el corte de suministros, desalojos o desahucios, el Ingreso mínimo vital (IMV), la Renta mínima de inserción social de Andalucía (Rmisa), la solicitud de certificados e informes sociales, informar sobre maltrato y las ayudas del cheque bebé, entre otros trámites.

Al respecto, la concejal ha explicado que pretenden “acercar y recortar la lista de espera, que se ha mejorado muchísimo, porque en el año 2019 había más de 70 días y ahora en unos dos días recibes la llamada del trabajador social para ver la urgencia de la cita y dependiendo de eso atender en la inmediatez o tener una espera de una semana, dependiendo de cada uno de los casos”.

Así, ha comentado que con el nuevo sistema pretenden que “ese cribado que se hace ahora telefónicamente en la primera llamada poderlo acortar a través de Cita Plus”, desarrollado por la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, siendo un desarrollo pionero en Córdoba “exclusivamente y que ahora seguramente habrá otras ciudades que quieran saber cómo funciona, porque es un paso más en acercar los servicios sociales a la gente”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado los dispositivos de atención social ante el descenso de las temperaturas con la ampliación de plazas para personas sin hogar. Concretamente, el consistorio ha activado un refuerzo de la red de acogida, sumando 35 plazas adicionales a las 20 habituales. De éstas, 25 plazas serán gestionadas por Proyecto Hombre y otras 10 en colaboración con la entidad Ainet.

Así lo ha comunicado la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, en una comparecencia junto al alcalde, José María Bellido, para presentar el nuevo sistema tecnológico Cita Plus que busca modernizar la gestión de los servicios sociales comunitarios.

Contador ha explicado que, pese al frío, la ocupación en los dispositivos habilitados por el Ayuntamiento aún no ha alcanzado el máximo disponible, con alrededor de 15 plazas ocupadas en Proyecto Hombre durante la noche pasada.

Todo ello en la presentación de Cita Plus, un sistema “pionero”, según el equipo de Gobierno, y que combina cajeros físicos instalados en los centros de servicios sociales con una aplicación web accesible las 24 horas del día. La herramienta ha supuesto una inversión superior a los 500.000 euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos Next Generation, aportaciones de la Junta de Andalucía y recursos municipales.

El sistema, desarrollado por la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, entrará en funcionamiento la próxima semana y está diseñado para liberar a los trabajadores sociales de tareas administrativas básicas, permitiéndoles centrarse en intervenciones más complejas y especializadas. Además, incorpora mejoras de accesibilidad para personas con baja visión, como el aumento del contraste y del tamaño de la letra en pantalla.

En este sentido, el alcalde destacó que Córdoba ha logrado reducir el tiempo de espera para el triaje inicial en servicios sociales de 70 días en 2019 a apenas uno o dos días en la actualidad. En este contexto, Cita Plus permitirá solicitar citas en cualquier momento, realizar trámites sencillos de manera autónoma —como solicitudes de ayudas económicas o del SAS municipal— y reducir la brecha digital gracias a los cajeros presenciales destinados a personas sin acceso a medios telemáticos en sus hogares.

La empresa del bus turístico de Córdoba, City Sightseeing, en colaboración con la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, ha reunido más de 500 juguetes y juegos que serán distribuidos a través de entidades sociales entre niños de familias vulnerables de la capital.

Esta es la octava edición de esta iniciativa, que City Sightseeing ha llevado a cabo en el mes de diciembre, recogiendo juegos y juguetes, y como novedad este año, también donaciones económicas en favor de la ONG Mi pequeño deseo, que ayuda a cumplir los deseos de niños hospitalizados.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la responsable de operaciones de City Sightseeing en Córdoba, Inmaculada Guillén, han valorado esta iniciativa con la que, de manera desinteresada, el bus turístico ayuda a recoger los juguetes. A cambio de la donación, las personas que han dado un juego, cuentan con una invitación para hacer el recorrido en el bus entre enero y febrero.

Los juguetes recogidos serán distribuidos entre cinco entidades sociales que se encargarán de envolverlos y prepararlos para que lleguen a las casas de los menores para la festividad de los Reyes Magos.

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves un acto de reconocimiento y homenaje por los 40 años de trayectoria y andadura de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba, “motor de ayuda que ha ido creciendo a lo largo de los años y que hoy día presta atención a través de todos sus programas a más de 56.000 personas”.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas previas al encuentro el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “hoy es un día muy importante para la Diputación porque celebramos contar con un gran manto social que hace una cobertura impagable gracias a 208 profesionales, a un presupuesto que supera los 100 millones de euros y a once Zonas de Servicios Básicos”.

“Lo que fue en su día una cuestión de beneficencia con la Orden Mercedaria y recoger a personas que lo necesitaban para darles una oportunidad en la vida, ocho siglos después sigue siendo una gran obra social basada en los derechos sociales. Por ello, es momento de rendir homenaje a todas las personas que fueron delegados en estos 40 años, porque la labor social que hace la Diputación es impagable, nos hace ser mejores personas y nos sitúa al lado de la gente”, ha manifestado.

Fuentes ha abundado en que “detrás de cada número y detrás de cada programa hay rostros, hay historias, hay mayores que han podido continuar en sus hogares gracias a la ayuda a domicilio, hay familias que recibieron orientación en momentos de incertidumbre y mujeres que encontraron apoyo para reconstruir su vida. También hay menores a los que se les garantizó un entorno seguro o personas que, gracias al acompañamiento profesional, recuperaron la esperanza”.

Por todo ello, ha subrayado, “hoy queremos rendir un merecido homenaje a todos los que han hecho esto posible, comenzando por los trabajadores que iniciaron el proyecto y ya se jubilan, hasta los gerentes y presidentes del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) en estos 40 años y las instituciones, valorando aquí el papel fundamental de los ayuntamientos, que han sido y son la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, y la Junta de Andalucía, como garante de este servicio”.

Además, ha querido mencionar a las entidades sociales “porque son el corazón social de Andalucía y aliadas en avanzar hacia una sociedad más igualitaria, solidaria y comprometida”.

El máximo representante de la Diputación ha concluido su intervención con un mensaje de esperanza en el futuro, resaltando que “estamos en un momento decisivo con retos como el envejecimiento de la población, la despoblación rural, la soledad no deseada, la digitalización y la inteligencia artificial, la atención a la dependencia o las nuevas formas de vulnerabilidad. Pero frente a estos desafíos, contamos con una pieza fundamental para construir un sistema social fuerte, moderno, ágil y cercano”.

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, ha reiterado durante la clausura del acto que “hoy celebramos cuatro décadas en las que los Servicios Sociales Comunitarios se han convertido en pieza fundamental de nuestro estado del bienestar, cuarenta años en los que miles de personas han encontrado en ellos orientación, acompañamiento y un espacio donde ser apoyadas”.

“Hoy día el IPBS es mucho más que un organismo público, es un motor constante y una auténtica red de apoyo para nuestros pueblos, una red a la que acuden no sólo personas que buscan respuesta ante una emergencia sobrevenida o una situación de especial vulnerabilidad, sino quienes necesitan recursos para atender a un familiar dependiente, quienes desean participar en talleres para nuestros mayores o quienes necesitan apoyo emocional y profesional”, ha manifestado.

El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, y el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, que han recogido sendos reconocimientos.

Datos

En la actualidad, el IPBS cuenta con 208 trabajadores, de los cuales el 41% son trabajadores sociales, el 17% son psicólogos, el 11% educadores y un 7% son médicos. Anualmente atiende a más de 56.000 personas ya sea a través de la ayuda a domicilio, los diferentes programas de mayores, infancia y familias, los de empleo y emergencia social, las ayudas económicas familiares, los equipos de tratamiento familiar o a través de intervenciones en materia de información, valoración y asesoramiento.

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, está implantado en 69 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, gracias a la estrecha colaboración existente entre el IPBS y dichos ayuntamientos, y atiende diariamente a más de 8.500 personas con 4,5 millones de horas de servicios y una inversión de 72 millones de euros. Este servicio genera en la provincia más de 3.000 puestos de trabajo directos contribuyendo al asentamiento y arraigo de la población al territorio.

Córdoba ha registrado la cifra más alta de personas en situación de sinhogarismo desde que se inició el ejercicio de recuento en 2015, alcanzando un total de 447 personas. Este dato fue presentado en el marco de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el 26 de noviembre.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y la directora del área de Inclusión de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Cruz, presentaron los resultados preliminares del estudio. Este recuento, coordinado por el Aula de Sinhogarismo de la UCO y la Delegación de Servicios Sociales, en colaboración con la Red Coabita, busca visibilizar a la población cordobesa que se encuentra en una situación de calle, sin un techo donde dormir o en infraviviendas.

La cifra de 447 personas identificadas en 2025 se constituye como el récord histórico, superando las 371 personas contadas en 2024 y las 245 registradas en 2015. La tendencia en Córdoba es al alza y sostenida, lo cual es coherente con la evolución observada en el conjunto del Estado español, atribuida a las dificultades de acceso a la vivienda y la precarización residencial.

El recuento fue realizado como una “fotografía puntual” entre el 4 y el 6 de noviembre (ampliando la ventana temporal a 48 horas para reducir la pérdida de casos). Una de las novedades de este año fue que la UCO asumió el diseño, la coordinación y el análisis, buscando dotar de mayor rigor metodológico y evidencia científica a los datos para orientar las políticas públicas.

El sinhogarismo, un fenómeno estructural y multidimensional

El estudio enfatiza que el sinhogarismo es mucho más que solo las personas que duermen a la intemperie. El recuento se centró en las personas atendidas por los recursos de la Red Coabita y otras entidades participantes, y se basa en la clasificación europea ETOS, que distingue entre las situaciones más graves.

La distribución de las 447 personas por tipología residencial más extrema es la siguiente:

Radiografía de las personas en situación de sinhogarismo

El análisis demográfico confirma tendencias observadas a escala nacional e internacional:

Cronificación y Uso de Recursos

El análisis también constató la cronificación de las dificultades residenciales. Casi el 60% de las personas acumula más de un año en esta situación, y un 19% supera los cinco años. Esta tendencia, observada en todo el Estado, refuerza la necesidad de políticas de prevención y acompañamiento continuado.

Entre las causas mencionadas por las propias personas, la pérdida de empleo o ingresos (35%) y los conflictos o rupturas familiares (25%) aparecen con mayor frecuencia. En este contexto, se reconoce que el sinhogarismo se está trasladando a ciudades medianas: hay personas con trabajo y Seguridad Social que no pueden acceder a una vivienda debido a los precios prohibitivos y los salarios bajos.

Respecto al uso de recursos, los servicios básicos como duchas y lavandería (57,5%) y los comedores sociales (47%) son los más utilizados. Sin embargo, la oficina de vivienda para solicitar ayuda de alquiler o vivienda pública es el recurso menos utilizado, con solo el 1,3% de uso, lo que se considera un “claro punto de mejora”.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, enfatizó que este estudio sirve de guía para fortalecer distintos ámbitos de atención. La colaboración entre el Ayuntamiento, la Red Coabita (integrada por multitud de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Don Bosco, etc.) y la universidad es clave para fundamentar políticas públicas basadas en la evidencia.

Como parte de la respuesta institucional, se ha elaborado una Guía de recursos sociales para personas sin hogar, en colaboración con la UCO y la Red Coabita, que será presentada en las jornadas. Esta guía, que contará con una versión digital, recopila todos los recursos asistenciales (habitacionales, alimentarios, etc.) ofrecidos por entidades de la Red y otras organizaciones en la ciudad. El objetivo final es garantizar alternativas habitacionales dignas y estables y abordar la exclusión desde un enfoque integral y preventivo.

Proyecto Hombre Córdoba, en su 31º aniversario, ha presentado este viernes su Memoria Anual 2024, documento en el que se pone de manifiesto la atención a más de 900 personas, además de llegar a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios.

Según ha indicado Proyecto Hombre en una nota, la presentación de la memoria ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur con la participación de Berta Aparicio, gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS); María Jesús Botella, delegada de Salud y Consumo de la Junta; Jesús Manuel Coca, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y del director-presidente de Proyecto Hombre Córdoba y provincia, Jesús Tamayo.

El documento refleja un año de “crecimiento sostenido e innovación metodológica, en el que la entidad ha fortalecido su modelo de intervención biopsicosocial y su red de atención en Córdoba y provincia”. Además, durante 2024 se han consolidado los programas de tratamiento, prevención, inserción sociolaboral y apoyo familiar, con una atención centrada en la persona y una mirada integral hacia la salud mental, la igualdad y la inclusión social.

Proyecto Hombre Córdoba mantiene un sistema diversificado de recursos que incluye el Programa Base, el Programa Activ@ para adolescentes y familias, Apoyo/Concili@, el Programa de Reducción de Daños y la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, referente nacional en el ámbito penitenciario.

La entidad también ha desarrollado programas específicos de intervención social como el Centro de Día para Personas sin Hogar, que ofreció atención a 176 personas usuarias durante las alertas climáticas, además de iniciativas de sensibilización y prevención como Trébol, Cuenta Contigo, Taseval y Regenerar.

En el ámbito de la inserción sociolaboral, el programa 'Insola+' y los itinerarios individualizados de integración han permitido que numerosas personas usuarias accedan a formación, prácticas o empleo, reforzando su autonomía y la sostenibilidad de su proceso de cambio.

La prevención sigue siendo una línea estratégica para la entidad que, a lo largo de 2024, ha desarrollado talleres en centros educativos y con Ampas, campañas sobre consumo de cannabis y acciones en el entorno laboral, además de la celebración del IV Cross Solidario Entre Castillos.

Durante 2024, Proyecto Hombre Córdoba ha reforzado su presencia en la provincia con actuaciones en municipios como Bujalance, Cañete de las Torres, La Rambla, Cabra y Montoro, y con la apertura de un nuevo recurso en Hinojosa del Duque, destinado a mejorar la atención en la zona norte de la provincia de Córdoba y facilitar el acceso a los programas de tratamiento y prevención.

Además, cabe destacar que más de 200 personas voluntarias han colaborado activamente en los distintos dispositivos de Proyecto Hombre Córdoba, tanto en el acompañamiento terapéutico como en tareas logísticas y de apoyo comunitario.

La Memoria 2024 concluye con una valoración “muy positiva del ejercicio”, señalando el crecimiento en número y diversidad de personas usuarias atendidas y la consolidación del modelo de trabajo en red. Durante el pasado año, Proyecto Hombre Córdoba atendió a “más de 900 personas a través de sus distintos programas terapéuticos y recursos de apoyo, y llegó a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios”.

Los principales retos para 2025 se centran en la innovación terapéutica, la salud mental, la prevención con jóvenes y familias y el fortalecimiento de la red provincial. Treinta y un años después de su creación, Proyecto Hombre Córdoba continúa siendo un referente en la atención a las adicciones y en la promoción de la salud integral, reafirmando su compromiso con una sociedad más solidaria, justa y saludable.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado públicamente este martes que la Junta de Andalucía “ha perdido toda la documentación, todas las solicitudes y todas las revisiones de la ley de Dependencia del año 2023”, según ha dicho el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez.

“A día de hoy, todas las personas y familiares que hayan solicitado por sus necesidades aplicar la ley de Dependencia en los municipios de la provincia de Córdoba, no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo con la documentación, porque al parecer el Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido todas las solicitudes y eso supone que todas las personas del año 2023 no constan en ningún registro”, ha afirmado.

Sebastián Pérez ha explicado que, por las informaciones que han llegado a IU de los diferentes municipios de la provincia, “de forma informal, los trabajadores sociales están informando a las personas que ellos tienen constancia de forma personal que lo solicitaron en el 2023 y que están esperando la revisión o el alta en la ley de dependencia. Les están informando de que, al parecer, la Junta de Andalucía no les trae información, pero que esa documentación de esos registros y esas solicitudes no constan en ningún lado y que las han perdido, planteándole de forma muy grave el asunto en que tienen que volver a realizar la nueva solicitud o la nueva revisión de caso”.

“Eso supone de facto comenzar de nuevo todo el proceso por una cuestión muy simple, porque ahora actualmente la ley de Dependencia está en un retraso de unos dos años. Y eso significa que hoy, por desgracia, hay familiares de todos nosotros, personas dependientes que están falleciendo sin que la ayuda a domicilio se les haya concedido, ni que los grados de revisión que sean se estén solicitando estén se estén concediendo”, ha denunciado.

“Nuevo escándalo del Gobierno andaluz”

Para Pérez “estamos ante un nuevo escándalo de una gestión nefasta del gobierno andaluz, del Partido Popular, que de facto lo que está realizando es destrozar y cargarse la ley de Dependencia. Hoy, para las personas que en el año 2023, según sus derechos, solicitaron la ley de Dependencia, de facto, el Gobierno andaluz se la ha cargado. No existe”.

Ante ello, desde IU han exigido que “el Gobierno andaluz informe de qué es lo que está ocurriendo, porque lo más grave aún es que, al perder todos los registros, no saben a quién tienen que comunicarle que todas esas solicitudes se han realizado. Estamos hablando de miles de personas que hoy están esperando en sus casas un procedimiento y un derecho administrativo que tienen, el cual el gobierno andaluz lo está incumpliendo de forma sistemática”.

Para Izquierda Unida en Córdoba, se trataría de “un mismo modus operandi”, del Gobierno de la Junta “colapsando y destrozando los servicios públicos para que, finalmente, solo aquellas familias con capacidad económica puedan mantener a sus familiares. Estamos hablando de un drama familiar y un drama personal que a día de hoy es todo un auténtico escándalo”.

Interposición de recursos

Ante esta situación, desde Izquierda Unida han advertido que los familiares de personas que hayan solicitado en 2023 la Dependencia “pueden y deben plantear los diferentes recursos de alzada en sus diferentes municipios”.

En segundo término, invitan a que “planteen las reclamaciones” y en tercer término, desde el Grupo Parlamentario de IU anunciando que solicitarán “que haga las consideraciones y las iniciativas necesarias para que el Gobierno andaluz dé inmediatas explicaciones y no juegue como siempre a tratar de ocultar un asunto muy importante”.

“Estamos hablando que en la provincia de Córdoba, una provincia con una población muy envejecida con alta con un alto porcentaje de personas dependientes, de facto la ley de Dependencia no existe. Es un auténtico drama porque, detrás de todo esto, hay personas y familiares esperando en sus casas unas revisiones, unas solicitudes y unas altas que no les han llegado y que no les van a llegar nunca”, ha asegurado Sebastián Pérez.

Según ha afirmado el coordinador provincial de IU, esta situación “nos consta que está ocurriendo en la provincia de Córdoba” y ha exigido que la delegada de Servicios Sociales “dé explicaciones” y se vea “si este asunto se está extendiendo por toda Andalucía”.

Por último, desde IU aseguran que “valoran llevar a los tribunales de justicia” este asunto porque, a su juicio, “supone de facto, haberse cargado un derecho constitucional y un derecho fundamental como es en este caso la ley de Dependencia, que a día de hoy para las personas que lo solicitaron y pidieron revisión en el 2023 no existe porque han perdido toda la documentación y todas las solicitudes y no informan de eso a la ciudadanía andaluza, ni a la familia ni a las personas que han solicitado tal derecho”.

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha informado de un paso decisivo hacia la inclusión y la cohesión social con la firma del convenio entre el Ayuntamiento, la Fundación Cajasur y la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad (Cocemfe–Córdoba Inclusiva), que permitirá dar uso social a ocho de las dieciséis viviendas recientemente construidas en la calle Béjar.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en la comarca, donde el municipio se convierte en pionero al destinar vivienda pública a colectivos vulnerables bajo un modelo que combina alquiler social, apoyo profesional y apuesta por la autonomía personal.

Viviendas sociales de titularidad municipal

Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento y se concederán en régimen de alquiler social según las ordenanzas municipales. Los destinatarios principales son personas con discapacidad, mayores y colectivos en riesgo de exclusión. La otra mitad de los alojamientos se reserva para jóvenes en proceso de emancipación y familias que necesiten soluciones temporales de vivienda.

El alcalde, Julián López, subrayó que la firma supone “un día feliz para Hornachuelos, porque damos sentido a la construcción de estas viviendas dotándolas de un carácter social. Queremos que sirvan para lo que fueron concebidas: ayudar a las personas que más lo necesitan”.

Proyecto Vida Autónoma e Independiente

La iniciativa se articula bajo el proyecto “Vida Autónoma e Independiente”, cuyo objetivo es facilitar que las personas con discapacidad vivan de forma autónoma, participen en su comunidad y desarrollen al máximo sus capacidades.

Aunque no se trata de pisos tutelados, los inquilinos contarán con el apoyo de asistentes personales y otros profesionales que les ayudarán en su día a día: gestión del tiempo, búsqueda de empleo, asesoramiento en cuestiones cotidianas y resolución de problemas. El acompañamiento se prestará según las necesidades individuales, con un número de horas determinado para cada usuario.

Un edificio con historia y vocación social

El inmueble, construido en la parcela del antiguo Hospital de la Caridad —donado por una fundación local para darle un nuevo uso social—, cuenta con dos plantas y más de 885 metros cuadrados. Todas las viviendas están adaptadas con elementos de accesibilidad, como puertas amplias y cuartos de baño accesibles.

Gracias a una subvención de Fundación Cajasur, se podrán equipar y amueblar los alojamientos en función del presupuesto disponible. “Este es un proyecto de innovación social real”, afirmó Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación. “Muchas veces hablamos de inclusión en congresos y reuniones, pero pocas veces llega a ejecutarse. Aquí se han dado todos los ingredientes para hacerlo posible, y además es una herramienta contra la despoblación rural”.

Adjudicación en marcha

Actualmente, cinco de las ocho viviendas reservadas a personas con discapacidad ya tienen adjudicatarios, mientras que tres están aún pendientes de asignar. En el caso de los mayores, de las tres viviendas disponibles solo una está ocupada, y en el cupo general se han adjudicado tres de cinco. Para la adjudicación se está usando las peticiones de los vecinos inscritos en el registro municipal de demanda de vivienda.

El proceso, que se encontraba retrasado por la conexión al suministro eléctrico, se desbloqueará en los próximos días, lo que permitirá a los adjudicatarios formalizar contratos y tomar posesión de los inmuebles.

Hornachuelos, referente en la comarca

La jornada de la firma reunió a representantes de asociaciones locales y comarcales —Apannedis, Caminando Juntos, Detumo y Sonrisas— que mostraron su respaldo a la iniciativa.

Con este paso, Hornachuelos no solo refuerza su compromiso con los colectivos más vulnerables, sino que también se convierte en referente comarcal en innovación social. Un modelo que demuestra cómo la colaboración entre administraciones, entidades sociales y fundaciones puede transformar un municipio y marcar un camino replicable en otros territorios rurales.