La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, junto a Acción contra el Hambre, han hecho hoy entrega de 31 tarjetas multiservicio a otras tantas familias afectadas por las pasadas inundaciones, con el objetivo de apoyar su recuperación y cubrir las necesidades básicas de forma inmediata.

Según ha informado el Ayuntamiento, cada una de las tarjetas cuenta con un importe de 750 euros y pueden ser usadas de forma libre y sin restricciones, lo que permite a cada familia destinarlas a aquello que más necesita en función de su situación. Además, pueden utilizarse tanto en comercios de proximidad como en grandes superficies y también en compras realizadas de forma online, para facilitar un acceso flexible y adaptado a cada realidad.

El Colegio de Trabajo Social ha colaborado en la identificación de las familias beneficiarias y en el acompañamiento durante el proceso, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma ágil y eficaz a quienes lo necesitan.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que “estas ayudas, en forma de tarjetas solidarias, nos han permitido dar una respuesta inmediata a las familias afectadas, ofreciéndoles un apoyo directo que se adapta a sus necesidades concretas”.

Contador ha añadido que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para acompañar a las personas damnificadas con todos los recursos disponibles”.

Por su parte, la delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto, ha explicado que “el reparto ha sido muy rápido y ágil gracias al trabajo previo y a la coordinación con el Ayuntamiento. Nuestras Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que nos permite llegar a las familias cuando más lo necesitan”.

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y el Colegio Profesional de Trabajo Social de la ciudad han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la atención a afectados por las recientes inundaciones, estableciendo un modelo de actuación que servirá de precedente para un posible convenio marco de colaboración en el ámbito de la atención social a la emergencia.

Según ha informado el Consistorio, gracias a este convenio, se activará al Grupo de Intervención de Emergencias Sociales del Colegio (Giseco), con el objetivo de ofrecer atención directa, orientación personalizada y asistencia técnica a todos los cordobeses damnificados que deseen solicitar las ayudas extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

El acuerdo permitirá coordinar recursos y agilizar la tramitación de solicitudes, facilitando el aceso a las líneas de apoyo económico y social puestas en marcha para paliar los daños ocasionados por las inundaciones. Para ello, el Colegio ha habilitado el teléfono móvil 608756632, donde el personal técnico realizará un triaje, asignará la cita previa y ofrecerá información sobre los requisitos y la documentación necesaria para la tramitación de las ayudas, de lunes a viernes de 09,30 a 13,30 horas y martes y jueves de 17,30 a 19,30 horas.

Posteriormente, los solicitantes serán atendidos por el Grupo de Emergencias Sociales para acompañamiento en la cumplimentación del formulario, revisión de la documentación y orientación para la correcta presentación de la solicitud.

Asimismo, las ayudas de carácter local se coordinarán desde la propia Delegación de Servicios Sociales, siguiendo los cauces habituales de atención solicitando una cita en los centros de servicios sociales comunitarios, a través de la plataforma CitaPluss.

“Recuperar la normalidad lo antes posible”

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que “la coordinación entre administraciones, colegios profesionales y entidades sociales es fundamental para llegar a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia como la que hemos vivido”. Contador ha asegurado que tienen “el objetivo común” de acompañar a afectados “facilitando información, apoyo técnico y recursos económicos para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible”.

Por su parte, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba, María Angustias Varo, ha subrayado que amparadas en los “valores profesionales y en el Código Deontológico”, que nos compromete con “la defensa de la dignidad, la justicia social y la atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad” ponen a disposición de la ciudadanía el Grupo de Intervención en Emergencias Sociales del Colegio.

“Con ello, reforzamos la respuesta social ante la urgencia y la excepcionalidad derivadas de esta emergencia y de la limitación de los plazos administrativos, colaborando estrechamente con el Ayuntamiento”, ha resaltado.

Tarjetas multiservicios

A estas medidas se suma la colaboración de Acción contra el Hambre y la Fundación Mapfre, que entregarán alrededor de 40 tarjetas multiservicios por importe de 750 euros cada una. Estas tarjetas serán gestionadas también por la Delegación del Ayuntamiento y permitirán cubrir necesidades básicas y gastos derivados de los daños sufridos.

La delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto Fernández, ha explicado que “las Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que permite llegar a las familias cuando más lo necesitan”.

“En Córdoba vamos a poder distribuirlas con agilidad gracias al trabajo previo y a la coordinación con Servicios Sociales”, ha apuntado, para comentar que “con ellas, las familias podrán empezar a cubrir su necesidades esenciales cuanto antes, eligiendo en qué gastan el dinero, y, al mismo tiempo, contribuyendo a reactivar el comercio local”.

Una iniciativa ciudadana, en la que han participado exalcaldes y exconcejales de todos los partidos, trabajadores sociales, técnicos, colectivos sociales, asociaciones de mujeres y otras entidades y organizaciones, ha sido remitida al Ayuntamiento y a los grupos políticos municipales proponiendo un reconocimiento de la ciudad para la que fue concejala en la segunda y tercera corporaciones democráticas del Consistorio Manuela Corredera, creadora del moderno sistema de servicios sociales y las primeras políticas de igualdad.

La iniciativa ciudadana propone, en concreto, un tributo público de la ciudad ya sea con la dedicatoria de un edificio municipal relevante, espacio público significativo o cualquier otra fórmula que se decida y tenga una visibilidad acorde a los méritos.

La sindicalista de CCOO y comprometida política llegó al Ayuntamiento de Córdoba en 1983 y asumió el reto de convertir la labor voluntarista de una única trabajadora municipal, que distribuía unas poquísimas ayudas puntuales caritativas a la manera de la antigua beneficencia, en unos servicios sociales modernos e integrados de ayuda al ciudadano en todos los aspectos, todo ello partiendo de dos técnicas sociales y un psicólogo que formaron el primer equipo de un departamento municipal estructurado y con objetivos claros para atender a la ciudadanía, recuerda Javier Lucena, que llegó a ser jefe de los Servicios Sociales y que es uno de los muchos técnicos firmantes de la petición que ha llegado al Ayuntamiento.

También el exalcalde Herminio Trigo está en la larga lista de peticionarios de este reconocimiento público para Manuela Corredera, a la que pone como ejemplo “de lo mucho que se puede hacer con un buen equipo y con una buena decisión política, aunque no hubiera todos los recursos que se querían”. “Además de su personalidad y de ser una trabajadora incansable, gracias a ellas se crearon unos servicios de desarrollo comunitario muy integrado, que fue ejemplo para otras muchas ciudades de España y que abarcaba infancia, educación, salud...” afirma el también exalcalde Manuel Pérez.

Estas tres voces coinciden también en destacar el logro que supuso el trabajo de Manuela Corredera al convertir “unos simples actos de caridad”, un “quita vergüenzas del Ayuntamiento” en un “servicio con criterios, moderno y entendido como un derecho” para “la dignidad” del solicitante.

De aquel equipo de tres técnicos, y de la aplicación de las políticas sociales que aplicó Corredera, se consolidaron unos servicios municipales pioneros en España e imitados en otros muchos Ayuntamientos; también fue el germen de otros numerosos servicios y estructuras municipales que se fueron desgajando, como el servicio de educadores desde aquel “Programa de Prevención de Conductas Asociales”, el Centro Provincial de Drogodependencias partiendo del “Programa de Prevención de Adicciones” municipal, además de ser el embrión del Departamento de la Mujer, el servicio de ayuda a domicilio, la actual red de centros cívicos, programas de participación e incluso el Imdeec desde aquella incipiente Agencia de Desarrollo, explica Javier Lucena. “Tenía una auténtica conciencia de lo que es la política social”, afirma por su parte Herminio Trigo.

Según ha trascendido, la petición ciudadana, que también ha sido respaldada por el Consejo del Movimiento Ciudadano, ha sido recibida con una especial consideración y muy favorablemente en la Alcaldía, así como por parte de grupos políticos municipales.

La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba han vuelto a concentrarse, un lunes más, y en esta ocasión lo han hecho con un mensaje “contra el gasto armamentístico” y por una mayor inversión en pensiones, sanidad, residencias y servicios sociales públicos, según la convocatoria hecha por este colectivo.

Entre sus reivindicaciones, que han hecho visibles en una concentración en Capitulares ante el Ayuntamiento de Córdoba, la plataforma de pensionistas ha apostado por “defender nuestros derechos” y ha reiterado sus peticiones de igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, además de eliminar la brecha de género en salarios y pensiones. “Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defiende”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto urgir a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba para que, “sin más dilación” se reconozca el derecho de una mujer dependiente severa a revisar su programa de atención y su derecho de acceso al servicio de atención residencial, tras más de dos años de espera tras la solicitud de su familia, según ha difundido la oficina del Defensor.

La queja sobre esta situación llegó al Defensor del Pueblo en marzo de 2025, donde la familia exponía que la mujer tenía reconocida la situación de dependencia, en grado II, como “dependencia severa” y, por ello, disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio. No obstante, “debido al empeoramiento de su situación” tuvo que ingresar en un centro de atención residencial de manera privada, a la vez que los familiares solicitaban la revisión de su grado de dependencia y del programa individual de atención, con el fin de modificar el recurso concedido por el servicio de atención residencial, todo ello “sin haber obtenido resolución en ninguno de los dos procedimientos”, según constata el Defensor.

Admitida a trámite la queja por esta institución, esta requirió un informe sobre el caso a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, constató que existía “en su expediente la solicitud de revisión del recurso asignado de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema por la interesada”. E. igualmente, “consta que el expediente se encuentra en el trámite de asignación gestor / sin gestor asignado”.

Sobre ello, se abunda en que, “el expediente de la interesada se encuentra a la espera de ser citado por la empresa encargada de la gestión de este trámite (Call Center)”. Y, hasta que no se le asigne gestor y una cita, no tendría asignación, a su vez, de un “técnico de valoración competente por territorio, a efectos de que pueda realizar la visita de valoración, lo que esperemos se produzca a la mayor brevedad posible”.

Ante esto, el Defensor recuerda que la normativa establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”. Y, además, el nuevo procedimiento de la Junta de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, “queda infringido su artículo 156.3 que fija en tres meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de revisión del programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales”.

Con todo ello, el Defensor ha formulado una resolución ante la Junta para recordar “los deberes legales” a los que debe atender este caso “y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento”. Por ello, insta a que, “sin más dilación, se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la resolución reconociendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

El Ayuntamiento de Lucena acaba de licitar un contrato que une el servicio de atención a personas migrantes temporeras y sus familias en riesgo de exclusión social tanto en el Centro de Atención Básica al Inmigrante (CABI) durante el día como en el Centro de Pernocta por las noches para temporeros en periodos de olas de frío.

El contrato, que sale a licitación por un valor estimado de 408.277,60 euros, contempla por primera vez -según confirman fuentes municipales a este periódico-, ambos servicios. Así, el Centro de Atención Básica al Inmigrante y el Centro de Pernocta para personas temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío son equipamientos básicos de Servicios Sociales, de titularidad pública, que se constituyen como recursos municipales cuya finalidad es el desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la prevención, atención, promoción e inserción social del colectivo de inmigrantes y emigrantes temporeras en el que además se ofrecen distintos servicios a los usuarios con el fin de dar cobertura a algunas de las necesidades básicas del colectivo que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social.

De un lado, el CABI es un recurso social especializado dirigido a personas inmigrantes y autóctonas que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social ofreciendo diferentes servicios para la cobertura de necesidades básicas y para favorecer la inclusión social de los usuarios inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social. Pretende dar respuesta a las necesidades de información, atención e inserción social del colectivo en el municipio de Lucena a: Inmigrantes de paso o que acaban de llegar a la ciudad, y que se desplazan de unas zonas a otras en busca de trabajo; colectivo en situación de sinhogarismo de la ciudad; y transeúntes que se desplazan de una ciudad a otra.

Allí se les ofrece un servicio de atención sobre su situación, alimento, ducha, lavandería, servicio de ropero y clases de lengua española. Esta atención se realiza durante todo el año, si bien el horario más amplio se establece en los meses de la recogida de la aceituna cuando acuden más temporeros a la localidad. Así, de noviembre a febrero se les atiende de 16:30 a 20:30 de lunes a domingo. De octubre a marzo también se ofrece en horario de mañana 10:30 a 12:30 de lunes a viernes laborales. Mientras, de abril a septiembre el horario se restringe a dos horas de 10:30 a 12:30 tres días laborales entre semana. La prestación del servicio se realiza en las instalaciones municipales ubicadas en la planta baja de la plaza de Toros de Lucena.

Centro de pernocta

Por su parte, el Centro de Pernocta va dirigido a personas mayores de 18 años temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío. Pretende dar respuesta a la necesidad de vivienda de las personas inmigrantes temporeras que acuden al municipio para trabajar en la campaña agrícola durante un período de tiempo limitado y no encuentran un alojamiento temporal durante su estancia en el municipio.

La prestación del servicio se prevé, atendiendo o no al inicio de la campaña agrícola, del 16 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027, para 20 plazas como máximo, en un equipamiento que facilitará el Ayuntamiento de Lucena. El servicio de alojamiento comenzará a las 21:00 y finalizará a las 7:00 del día siguiente.

Tiene como objetivos garantizar el alojamiento temporal como necesidad básica a las personas temporeras que se encuentren en el municipio y no cuenten con recursos económicos suficientes para poder hacer frente al gasto de la misma; facilitar a las personas temporeras un espacio de permanencia temporal, para que en coordinación con el resto de recursos del municipio puedan mejorar sus condiciones sociosanitarias; favorecer una atención digna a las personas temporeras que llegan a Lucena a trabajar o en búsqueda de un puesto de trabajo para la temporada de campaña agrícola; y disminuir la exclusión residencial de personas inmigrantes temporeras.

La prestación del servicio del Centro de Pernocta se realizará en las instalaciones municipales ubicadas en el Módulo Mayo, Complejo Educativo Los Santos, un edificio de titularidad municipal, ya que se requiere de una infraestructura y equipamiento adecuados a las características del servicio que se pretende contratar. Se ofrecerá servicio de transporte desde el CABI de atención diurna al Centro de Pernocta.

La teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha recibido este viernes a una representación de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Virginia Commonwealth University (VCU), por una iniciativa conjunta en el ámbito del envejecimiento saludable.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el encuentro, que ha tenido lugar en el Centro de Participación Activa de Huerta de la Reina, han estado presentes Manuel Rich, por la UCO, y los profesores de la VCU Humberto Fabelo y Denise Brunette.

La visita al Centro de Mayores de Huerta de la Reina ha tenido como fin conocer las políticas municipales en materia de servicios sociales y atención a las personas mayores. En dicha reunión, Contador ha explicado el trabajo diario que se hace en cada uno de los 14 Cpapm y la cantidad de actividades que se programan y realizan orientadas a los mayores, como son talleres, viajes culturales, rutas y visitas guiadas, campeonatos de juegos, grupos de baile, coro y carnaval, y charlas sobre nutrición y salud.

Contador ha resaltado el aumento de la participación, ya que se ha pasado de tener en 2018 un total de 562 altas al año en nuevos usuarios en los distintos centros a alcanzar en 2025 la cifra de 1.329 nuevas altas al año.

El programa conjunto permitirá que 17 estudiantes de los másters de Trabajo Social, Gerontología, Administración Sanitaria y Salud Laboral de la VCU se desplacen a Córdoba para conocer de primera mano el modelo español de atención a las personas mayores, un modelo de referencia a nivel internacional.

Dicho modelo está alineado con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se fundamenta en la Atención Centrada en la Persona (ACP) y en la implementación del programa Icope (Atención Integrada para las Personas Mayores).

Debido a la relevancia de su sistema de atención, la OMS ha designado a España como sede del II Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que tendrá lugar en junio de 2026 en San Sebastián. Este contexto sitúa a España y, en particular, a Andalucía, como un entorno privilegiado para el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del envejecimiento.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, han presentado este miércoles el nuevo dispositivo de cajero, que va junto con una página web, que se llama Cita Plus, y que se va a poder utilizar tanto en los centros de servicios sociales comunitarios, con el cajero, como desde casa, con la web, cualquier día de la semana y a cualquier hora, para solicitar una cita de Servicios Sociales, de cara a reducir las listas de espera en dicha área, todo ello tras invertir más de 500.000 euros, con financiación europea, autonómica y municipal.

En el Centro de Servicios Sociales de Carlos III, junto a Felipe Luque, de la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, el regidor ha destacado que es una medida, disponible desde la próxima semana con la web, para “mejorar la calidad de vida y también los servicios públicos del Ayuntamiento”, después de que el número de usuarios de Servicios Sociales durante el año 2025 ha sido de 35.000, con un total de 56.000 consultas.

En este sentido, ha elogiado que “se descarga a los trabajadores sociales de los trámites sencillos, además de las peticiones de cita”, de manera que “puedan dedicarse a la labor más importante de su trabajo que se basa en todos los informes que tienen que hacer en materias bastante delicadas”.

Las consultas se pueden hacer para ayudas económicas, el Servicio de Atención Domiciliaria Municipal, Dependencia, el corte de suministros, desalojos o desahucios, el Ingreso mínimo vital (IMV), la Renta mínima de inserción social de Andalucía (Rmisa), la solicitud de certificados e informes sociales, informar sobre maltrato y las ayudas del cheque bebé, entre otros trámites.

Al respecto, la concejal ha explicado que pretenden “acercar y recortar la lista de espera, que se ha mejorado muchísimo, porque en el año 2019 había más de 70 días y ahora en unos dos días recibes la llamada del trabajador social para ver la urgencia de la cita y dependiendo de eso atender en la inmediatez o tener una espera de una semana, dependiendo de cada uno de los casos”.

Así, ha comentado que con el nuevo sistema pretenden que “ese cribado que se hace ahora telefónicamente en la primera llamada poderlo acortar a través de Cita Plus”, desarrollado por la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, siendo un desarrollo pionero en Córdoba “exclusivamente y que ahora seguramente habrá otras ciudades que quieran saber cómo funciona, porque es un paso más en acercar los servicios sociales a la gente”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado los dispositivos de atención social ante el descenso de las temperaturas con la ampliación de plazas para personas sin hogar. Concretamente, el consistorio ha activado un refuerzo de la red de acogida, sumando 35 plazas adicionales a las 20 habituales. De éstas, 25 plazas serán gestionadas por Proyecto Hombre y otras 10 en colaboración con la entidad Ainet.

Así lo ha comunicado la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, en una comparecencia junto al alcalde, José María Bellido, para presentar el nuevo sistema tecnológico Cita Plus que busca modernizar la gestión de los servicios sociales comunitarios.

Contador ha explicado que, pese al frío, la ocupación en los dispositivos habilitados por el Ayuntamiento aún no ha alcanzado el máximo disponible, con alrededor de 15 plazas ocupadas en Proyecto Hombre durante la noche pasada.

Todo ello en la presentación de Cita Plus, un sistema “pionero”, según el equipo de Gobierno, y que combina cajeros físicos instalados en los centros de servicios sociales con una aplicación web accesible las 24 horas del día. La herramienta ha supuesto una inversión superior a los 500.000 euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos Next Generation, aportaciones de la Junta de Andalucía y recursos municipales.

El sistema, desarrollado por la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, entrará en funcionamiento la próxima semana y está diseñado para liberar a los trabajadores sociales de tareas administrativas básicas, permitiéndoles centrarse en intervenciones más complejas y especializadas. Además, incorpora mejoras de accesibilidad para personas con baja visión, como el aumento del contraste y del tamaño de la letra en pantalla.

En este sentido, el alcalde destacó que Córdoba ha logrado reducir el tiempo de espera para el triaje inicial en servicios sociales de 70 días en 2019 a apenas uno o dos días en la actualidad. En este contexto, Cita Plus permitirá solicitar citas en cualquier momento, realizar trámites sencillos de manera autónoma —como solicitudes de ayudas económicas o del SAS municipal— y reducir la brecha digital gracias a los cajeros presenciales destinados a personas sin acceso a medios telemáticos en sus hogares.

La empresa del bus turístico de Córdoba, City Sightseeing, en colaboración con la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, ha reunido más de 500 juguetes y juegos que serán distribuidos a través de entidades sociales entre niños de familias vulnerables de la capital.

Esta es la octava edición de esta iniciativa, que City Sightseeing ha llevado a cabo en el mes de diciembre, recogiendo juegos y juguetes, y como novedad este año, también donaciones económicas en favor de la ONG Mi pequeño deseo, que ayuda a cumplir los deseos de niños hospitalizados.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la responsable de operaciones de City Sightseeing en Córdoba, Inmaculada Guillén, han valorado esta iniciativa con la que, de manera desinteresada, el bus turístico ayuda a recoger los juguetes. A cambio de la donación, las personas que han dado un juego, cuentan con una invitación para hacer el recorrido en el bus entre enero y febrero.

Los juguetes recogidos serán distribuidos entre cinco entidades sociales que se encargarán de envolverlos y prepararlos para que lleguen a las casas de los menores para la festividad de los Reyes Magos.

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves un acto de reconocimiento y homenaje por los 40 años de trayectoria y andadura de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba, “motor de ayuda que ha ido creciendo a lo largo de los años y que hoy día presta atención a través de todos sus programas a más de 56.000 personas”.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas previas al encuentro el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “hoy es un día muy importante para la Diputación porque celebramos contar con un gran manto social que hace una cobertura impagable gracias a 208 profesionales, a un presupuesto que supera los 100 millones de euros y a once Zonas de Servicios Básicos”.

“Lo que fue en su día una cuestión de beneficencia con la Orden Mercedaria y recoger a personas que lo necesitaban para darles una oportunidad en la vida, ocho siglos después sigue siendo una gran obra social basada en los derechos sociales. Por ello, es momento de rendir homenaje a todas las personas que fueron delegados en estos 40 años, porque la labor social que hace la Diputación es impagable, nos hace ser mejores personas y nos sitúa al lado de la gente”, ha manifestado.

Fuentes ha abundado en que “detrás de cada número y detrás de cada programa hay rostros, hay historias, hay mayores que han podido continuar en sus hogares gracias a la ayuda a domicilio, hay familias que recibieron orientación en momentos de incertidumbre y mujeres que encontraron apoyo para reconstruir su vida. También hay menores a los que se les garantizó un entorno seguro o personas que, gracias al acompañamiento profesional, recuperaron la esperanza”.

Por todo ello, ha subrayado, “hoy queremos rendir un merecido homenaje a todos los que han hecho esto posible, comenzando por los trabajadores que iniciaron el proyecto y ya se jubilan, hasta los gerentes y presidentes del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) en estos 40 años y las instituciones, valorando aquí el papel fundamental de los ayuntamientos, que han sido y son la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, y la Junta de Andalucía, como garante de este servicio”.

Además, ha querido mencionar a las entidades sociales “porque son el corazón social de Andalucía y aliadas en avanzar hacia una sociedad más igualitaria, solidaria y comprometida”.

El máximo representante de la Diputación ha concluido su intervención con un mensaje de esperanza en el futuro, resaltando que “estamos en un momento decisivo con retos como el envejecimiento de la población, la despoblación rural, la soledad no deseada, la digitalización y la inteligencia artificial, la atención a la dependencia o las nuevas formas de vulnerabilidad. Pero frente a estos desafíos, contamos con una pieza fundamental para construir un sistema social fuerte, moderno, ágil y cercano”.

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, ha reiterado durante la clausura del acto que “hoy celebramos cuatro décadas en las que los Servicios Sociales Comunitarios se han convertido en pieza fundamental de nuestro estado del bienestar, cuarenta años en los que miles de personas han encontrado en ellos orientación, acompañamiento y un espacio donde ser apoyadas”.

“Hoy día el IPBS es mucho más que un organismo público, es un motor constante y una auténtica red de apoyo para nuestros pueblos, una red a la que acuden no sólo personas que buscan respuesta ante una emergencia sobrevenida o una situación de especial vulnerabilidad, sino quienes necesitan recursos para atender a un familiar dependiente, quienes desean participar en talleres para nuestros mayores o quienes necesitan apoyo emocional y profesional”, ha manifestado.

El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, y el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, que han recogido sendos reconocimientos.

Datos

En la actualidad, el IPBS cuenta con 208 trabajadores, de los cuales el 41% son trabajadores sociales, el 17% son psicólogos, el 11% educadores y un 7% son médicos. Anualmente atiende a más de 56.000 personas ya sea a través de la ayuda a domicilio, los diferentes programas de mayores, infancia y familias, los de empleo y emergencia social, las ayudas económicas familiares, los equipos de tratamiento familiar o a través de intervenciones en materia de información, valoración y asesoramiento.

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, está implantado en 69 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, gracias a la estrecha colaboración existente entre el IPBS y dichos ayuntamientos, y atiende diariamente a más de 8.500 personas con 4,5 millones de horas de servicios y una inversión de 72 millones de euros. Este servicio genera en la provincia más de 3.000 puestos de trabajo directos contribuyendo al asentamiento y arraigo de la población al territorio.

Córdoba ha registrado la cifra más alta de personas en situación de sinhogarismo desde que se inició el ejercicio de recuento en 2015, alcanzando un total de 447 personas. Este dato fue presentado en el marco de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el 26 de noviembre.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y la directora del área de Inclusión de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Cruz, presentaron los resultados preliminares del estudio. Este recuento, coordinado por el Aula de Sinhogarismo de la UCO y la Delegación de Servicios Sociales, en colaboración con la Red Coabita, busca visibilizar a la población cordobesa que se encuentra en una situación de calle, sin un techo donde dormir o en infraviviendas.

La cifra de 447 personas identificadas en 2025 se constituye como el récord histórico, superando las 371 personas contadas en 2024 y las 245 registradas en 2015. La tendencia en Córdoba es al alza y sostenida, lo cual es coherente con la evolución observada en el conjunto del Estado español, atribuida a las dificultades de acceso a la vivienda y la precarización residencial.

El recuento fue realizado como una “fotografía puntual” entre el 4 y el 6 de noviembre (ampliando la ventana temporal a 48 horas para reducir la pérdida de casos). Una de las novedades de este año fue que la UCO asumió el diseño, la coordinación y el análisis, buscando dotar de mayor rigor metodológico y evidencia científica a los datos para orientar las políticas públicas.

El sinhogarismo, un fenómeno estructural y multidimensional

El estudio enfatiza que el sinhogarismo es mucho más que solo las personas que duermen a la intemperie. El recuento se centró en las personas atendidas por los recursos de la Red Coabita y otras entidades participantes, y se basa en la clasificación europea ETOS, que distingue entre las situaciones más graves.

La distribución de las 447 personas por tipología residencial más extrema es la siguiente:

Radiografía de las personas en situación de sinhogarismo

El análisis demográfico confirma tendencias observadas a escala nacional e internacional:

Cronificación y Uso de Recursos

El análisis también constató la cronificación de las dificultades residenciales. Casi el 60% de las personas acumula más de un año en esta situación, y un 19% supera los cinco años. Esta tendencia, observada en todo el Estado, refuerza la necesidad de políticas de prevención y acompañamiento continuado.

Entre las causas mencionadas por las propias personas, la pérdida de empleo o ingresos (35%) y los conflictos o rupturas familiares (25%) aparecen con mayor frecuencia. En este contexto, se reconoce que el sinhogarismo se está trasladando a ciudades medianas: hay personas con trabajo y Seguridad Social que no pueden acceder a una vivienda debido a los precios prohibitivos y los salarios bajos.

Respecto al uso de recursos, los servicios básicos como duchas y lavandería (57,5%) y los comedores sociales (47%) son los más utilizados. Sin embargo, la oficina de vivienda para solicitar ayuda de alquiler o vivienda pública es el recurso menos utilizado, con solo el 1,3% de uso, lo que se considera un “claro punto de mejora”.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, enfatizó que este estudio sirve de guía para fortalecer distintos ámbitos de atención. La colaboración entre el Ayuntamiento, la Red Coabita (integrada por multitud de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Don Bosco, etc.) y la universidad es clave para fundamentar políticas públicas basadas en la evidencia.

Como parte de la respuesta institucional, se ha elaborado una Guía de recursos sociales para personas sin hogar, en colaboración con la UCO y la Red Coabita, que será presentada en las jornadas. Esta guía, que contará con una versión digital, recopila todos los recursos asistenciales (habitacionales, alimentarios, etc.) ofrecidos por entidades de la Red y otras organizaciones en la ciudad. El objetivo final es garantizar alternativas habitacionales dignas y estables y abordar la exclusión desde un enfoque integral y preventivo.

Proyecto Hombre Córdoba, en su 31º aniversario, ha presentado este viernes su Memoria Anual 2024, documento en el que se pone de manifiesto la atención a más de 900 personas, además de llegar a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios.

Según ha indicado Proyecto Hombre en una nota, la presentación de la memoria ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur con la participación de Berta Aparicio, gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS); María Jesús Botella, delegada de Salud y Consumo de la Junta; Jesús Manuel Coca, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y del director-presidente de Proyecto Hombre Córdoba y provincia, Jesús Tamayo.

El documento refleja un año de “crecimiento sostenido e innovación metodológica, en el que la entidad ha fortalecido su modelo de intervención biopsicosocial y su red de atención en Córdoba y provincia”. Además, durante 2024 se han consolidado los programas de tratamiento, prevención, inserción sociolaboral y apoyo familiar, con una atención centrada en la persona y una mirada integral hacia la salud mental, la igualdad y la inclusión social.

Proyecto Hombre Córdoba mantiene un sistema diversificado de recursos que incluye el Programa Base, el Programa Activ@ para adolescentes y familias, Apoyo/Concili@, el Programa de Reducción de Daños y la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, referente nacional en el ámbito penitenciario.

La entidad también ha desarrollado programas específicos de intervención social como el Centro de Día para Personas sin Hogar, que ofreció atención a 176 personas usuarias durante las alertas climáticas, además de iniciativas de sensibilización y prevención como Trébol, Cuenta Contigo, Taseval y Regenerar.

En el ámbito de la inserción sociolaboral, el programa 'Insola+' y los itinerarios individualizados de integración han permitido que numerosas personas usuarias accedan a formación, prácticas o empleo, reforzando su autonomía y la sostenibilidad de su proceso de cambio.

La prevención sigue siendo una línea estratégica para la entidad que, a lo largo de 2024, ha desarrollado talleres en centros educativos y con Ampas, campañas sobre consumo de cannabis y acciones en el entorno laboral, además de la celebración del IV Cross Solidario Entre Castillos.

Durante 2024, Proyecto Hombre Córdoba ha reforzado su presencia en la provincia con actuaciones en municipios como Bujalance, Cañete de las Torres, La Rambla, Cabra y Montoro, y con la apertura de un nuevo recurso en Hinojosa del Duque, destinado a mejorar la atención en la zona norte de la provincia de Córdoba y facilitar el acceso a los programas de tratamiento y prevención.

Además, cabe destacar que más de 200 personas voluntarias han colaborado activamente en los distintos dispositivos de Proyecto Hombre Córdoba, tanto en el acompañamiento terapéutico como en tareas logísticas y de apoyo comunitario.

La Memoria 2024 concluye con una valoración “muy positiva del ejercicio”, señalando el crecimiento en número y diversidad de personas usuarias atendidas y la consolidación del modelo de trabajo en red. Durante el pasado año, Proyecto Hombre Córdoba atendió a “más de 900 personas a través de sus distintos programas terapéuticos y recursos de apoyo, y llegó a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios”.

Los principales retos para 2025 se centran en la innovación terapéutica, la salud mental, la prevención con jóvenes y familias y el fortalecimiento de la red provincial. Treinta y un años después de su creación, Proyecto Hombre Córdoba continúa siendo un referente en la atención a las adicciones y en la promoción de la salud integral, reafirmando su compromiso con una sociedad más solidaria, justa y saludable.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado públicamente este martes que la Junta de Andalucía “ha perdido toda la documentación, todas las solicitudes y todas las revisiones de la ley de Dependencia del año 2023”, según ha dicho el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez.

“A día de hoy, todas las personas y familiares que hayan solicitado por sus necesidades aplicar la ley de Dependencia en los municipios de la provincia de Córdoba, no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo con la documentación, porque al parecer el Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido todas las solicitudes y eso supone que todas las personas del año 2023 no constan en ningún registro”, ha afirmado.

Sebastián Pérez ha explicado que, por las informaciones que han llegado a IU de los diferentes municipios de la provincia, “de forma informal, los trabajadores sociales están informando a las personas que ellos tienen constancia de forma personal que lo solicitaron en el 2023 y que están esperando la revisión o el alta en la ley de dependencia. Les están informando de que, al parecer, la Junta de Andalucía no les trae información, pero que esa documentación de esos registros y esas solicitudes no constan en ningún lado y que las han perdido, planteándole de forma muy grave el asunto en que tienen que volver a realizar la nueva solicitud o la nueva revisión de caso”.

“Eso supone de facto comenzar de nuevo todo el proceso por una cuestión muy simple, porque ahora actualmente la ley de Dependencia está en un retraso de unos dos años. Y eso significa que hoy, por desgracia, hay familiares de todos nosotros, personas dependientes que están falleciendo sin que la ayuda a domicilio se les haya concedido, ni que los grados de revisión que sean se estén solicitando estén se estén concediendo”, ha denunciado.

“Nuevo escándalo del Gobierno andaluz”

Para Pérez “estamos ante un nuevo escándalo de una gestión nefasta del gobierno andaluz, del Partido Popular, que de facto lo que está realizando es destrozar y cargarse la ley de Dependencia. Hoy, para las personas que en el año 2023, según sus derechos, solicitaron la ley de Dependencia, de facto, el Gobierno andaluz se la ha cargado. No existe”.

Ante ello, desde IU han exigido que “el Gobierno andaluz informe de qué es lo que está ocurriendo, porque lo más grave aún es que, al perder todos los registros, no saben a quién tienen que comunicarle que todas esas solicitudes se han realizado. Estamos hablando de miles de personas que hoy están esperando en sus casas un procedimiento y un derecho administrativo que tienen, el cual el gobierno andaluz lo está incumpliendo de forma sistemática”.

Para Izquierda Unida en Córdoba, se trataría de “un mismo modus operandi”, del Gobierno de la Junta “colapsando y destrozando los servicios públicos para que, finalmente, solo aquellas familias con capacidad económica puedan mantener a sus familiares. Estamos hablando de un drama familiar y un drama personal que a día de hoy es todo un auténtico escándalo”.

Interposición de recursos

Ante esta situación, desde Izquierda Unida han advertido que los familiares de personas que hayan solicitado en 2023 la Dependencia “pueden y deben plantear los diferentes recursos de alzada en sus diferentes municipios”.

En segundo término, invitan a que “planteen las reclamaciones” y en tercer término, desde el Grupo Parlamentario de IU anunciando que solicitarán “que haga las consideraciones y las iniciativas necesarias para que el Gobierno andaluz dé inmediatas explicaciones y no juegue como siempre a tratar de ocultar un asunto muy importante”.

“Estamos hablando que en la provincia de Córdoba, una provincia con una población muy envejecida con alta con un alto porcentaje de personas dependientes, de facto la ley de Dependencia no existe. Es un auténtico drama porque, detrás de todo esto, hay personas y familiares esperando en sus casas unas revisiones, unas solicitudes y unas altas que no les han llegado y que no les van a llegar nunca”, ha asegurado Sebastián Pérez.

Según ha afirmado el coordinador provincial de IU, esta situación “nos consta que está ocurriendo en la provincia de Córdoba” y ha exigido que la delegada de Servicios Sociales “dé explicaciones” y se vea “si este asunto se está extendiendo por toda Andalucía”.

Por último, desde IU aseguran que “valoran llevar a los tribunales de justicia” este asunto porque, a su juicio, “supone de facto, haberse cargado un derecho constitucional y un derecho fundamental como es en este caso la ley de Dependencia, que a día de hoy para las personas que lo solicitaron y pidieron revisión en el 2023 no existe porque han perdido toda la documentación y todas las solicitudes y no informan de eso a la ciudadanía andaluza, ni a la familia ni a las personas que han solicitado tal derecho”.

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha informado de un paso decisivo hacia la inclusión y la cohesión social con la firma del convenio entre el Ayuntamiento, la Fundación Cajasur y la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad (Cocemfe–Córdoba Inclusiva), que permitirá dar uso social a ocho de las dieciséis viviendas recientemente construidas en la calle Béjar.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en la comarca, donde el municipio se convierte en pionero al destinar vivienda pública a colectivos vulnerables bajo un modelo que combina alquiler social, apoyo profesional y apuesta por la autonomía personal.

Viviendas sociales de titularidad municipal

Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento y se concederán en régimen de alquiler social según las ordenanzas municipales. Los destinatarios principales son personas con discapacidad, mayores y colectivos en riesgo de exclusión. La otra mitad de los alojamientos se reserva para jóvenes en proceso de emancipación y familias que necesiten soluciones temporales de vivienda.

El alcalde, Julián López, subrayó que la firma supone “un día feliz para Hornachuelos, porque damos sentido a la construcción de estas viviendas dotándolas de un carácter social. Queremos que sirvan para lo que fueron concebidas: ayudar a las personas que más lo necesitan”.

Proyecto Vida Autónoma e Independiente

La iniciativa se articula bajo el proyecto “Vida Autónoma e Independiente”, cuyo objetivo es facilitar que las personas con discapacidad vivan de forma autónoma, participen en su comunidad y desarrollen al máximo sus capacidades.

Aunque no se trata de pisos tutelados, los inquilinos contarán con el apoyo de asistentes personales y otros profesionales que les ayudarán en su día a día: gestión del tiempo, búsqueda de empleo, asesoramiento en cuestiones cotidianas y resolución de problemas. El acompañamiento se prestará según las necesidades individuales, con un número de horas determinado para cada usuario.

Un edificio con historia y vocación social

El inmueble, construido en la parcela del antiguo Hospital de la Caridad —donado por una fundación local para darle un nuevo uso social—, cuenta con dos plantas y más de 885 metros cuadrados. Todas las viviendas están adaptadas con elementos de accesibilidad, como puertas amplias y cuartos de baño accesibles.

Gracias a una subvención de Fundación Cajasur, se podrán equipar y amueblar los alojamientos en función del presupuesto disponible. “Este es un proyecto de innovación social real”, afirmó Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación. “Muchas veces hablamos de inclusión en congresos y reuniones, pero pocas veces llega a ejecutarse. Aquí se han dado todos los ingredientes para hacerlo posible, y además es una herramienta contra la despoblación rural”.

Adjudicación en marcha

Actualmente, cinco de las ocho viviendas reservadas a personas con discapacidad ya tienen adjudicatarios, mientras que tres están aún pendientes de asignar. En el caso de los mayores, de las tres viviendas disponibles solo una está ocupada, y en el cupo general se han adjudicado tres de cinco. Para la adjudicación se está usando las peticiones de los vecinos inscritos en el registro municipal de demanda de vivienda.

El proceso, que se encontraba retrasado por la conexión al suministro eléctrico, se desbloqueará en los próximos días, lo que permitirá a los adjudicatarios formalizar contratos y tomar posesión de los inmuebles.

Hornachuelos, referente en la comarca

La jornada de la firma reunió a representantes de asociaciones locales y comarcales —Apannedis, Caminando Juntos, Detumo y Sonrisas— que mostraron su respaldo a la iniciativa.

Con este paso, Hornachuelos no solo refuerza su compromiso con los colectivos más vulnerables, sino que también se convierte en referente comarcal en innovación social. Un modelo que demuestra cómo la colaboración entre administraciones, entidades sociales y fundaciones puede transformar un municipio y marcar un camino replicable en otros territorios rurales.

“El sector social es esencial”. Y un grupo de sus trabajadores, partiendo de esa premisa, se han concentrado este sábado en el centro de Córdoba para reclamar a la administración mejores condiciones laborales, menos precariedad en los contratos, más seguridad y una ratio adecuada de usuarios por cada trabajador.

Trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos o animadores socioculturales que trabajan en centros específicos con menores o víctimas de violencia de género, entre otros muchos, han constituido en Córdoba la Plataforma de Profesionales del Sector Social y han arrancado el curso con una concentración en el Bulevar de Gran Capitán para hacer visibles sus reivindicaciones.

“Sector social en lucha”, “La precariedad laboral mata” o “Contratos basura” se podía leer en algunas de las pancartas y mensajes que han mostrado en la protesta, donde han reclamado a la administración -la mayoría depende de la Junta de Andalucía- una mejora en sus condiciones de trabajo.

Las protestas de estos trabajadores del sector social, que comenzaron tras el asesinato en marzo de una educadora social en Badajoz en un piso de menores tutelados, se centran en aumentar la seguridad de los profesionales, también en reducir la ratio de usuarios de los que tiene que hacerse cargo cada trabajador y contra la privatización de los servicios.

Señalan que en estas circunstancias están tanto trabajadores del sector público como del privado, que además soportan una “carga mental” especial dada las características de los usuarios con los que trabajan y la longitud de los turnos a los que tienen que hacer frente.

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha informado este jueves de la entrada en vigor de la nueva orden publicada en el BOJA el pasado 3 de septiembre que regula, por primera vez en Andalucía, la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia para colectivos especialmente vulnerables.

“Se trata de un paso más en el nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía para avanzar en la atención a la dependencia y garantizar la protección de quienes más lo necesitan”, ha señalado la delegada, quien ha destacado que la norma es fruto de un trabajo conjunto con profesionales, entidades y oficinas territoriales.

Entre los supuestos recogidos en la orden se encuentran la prioridad en la valoración para menores hasta los 14 años (antes solo hasta los 7), personas mayores de 90 años, pacientes de ELA, personas en situación de cuidados paliativos, entre otros. También se beneficiarán de esta Orden personas con discapacidad que finalizan su etapa educativa y precisan continuidad asistencial.

Esta medida se suma al nuevo sistema de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Junta y que permite unificar en un solo procedimiento la valoración y la asignación de recursos. También, “este Decreto ha permitido que los datos de los usuarios estén sólo en un sistema informático en vez de en los cinco que había anteriormente, con lo que se garantiza más rapidez y eficacia, evitando retrasos derivados de la gestión en distintas aplicaciones informáticas”, ha puntualizado Sánchez.

La delegada ha recordado que la financiación autonómica destinada a la dependencia ha alcanzado en 2025 los 2.331 millones de euros, lo que ha permitido a Andalucía registrar un récord histórico de prestaciones y personas beneficiarias a fecha de 31 de julio.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que el sistema de la dependencia “requiere el esfuerzo compartido que marca la ley”, reclamando al Gobierno de España que cumpla con la aportación del 50% de la financiación, tal y como ya ocurre en comunidades como el País Vasco.

Sánchez ha explicado que en Córdoba se ha reforzado el personal con profesionales adicionales desde julio hasta diciembre, lo que está permitiendo agilizar valoraciones y resoluciones. “Estamos priorizando casos como personas mayores de 90 años o pacientes en cuidados paliativos, al tiempo que mantenemos la atención del resto de expedientes con la misma agilidad”, ha añadido.

Reivindicación de financiación al 50%

La delegada ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con la aportación del 50% en la financiación de la dependencia, tal y como establece la ley y ya ocurre en comunidades como el País Vasco.

Por último, ha subrayado que la Consejería “seguirá trabajando para reducir los tiempos de espera”, y ha reiterado que “Andalucía avanza en la mejora del sistema de dependencia con más derechos y mayor protección para las personas más vulnerables, creando un sistema más eficaz, más ágil y más humano”.

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha explicado en la mañana del viernes que el Centro de Inserción Sociolaboral Duque de Rivas, ubicado en la barriada de Las Palmeras, comenzará este año un nuevo curso académico para formar a 240 alumnos.

Contador ha expresado que, en esta segunda edición, el proyecto cuenta con un presupuesto de 534.659 euros, un 15% más que el año pasado. También ha detallado que el curso anterior se formó a 160 personas, de las cuales el 40% cuentan con un puesto de trabajo.

El plan, que será aprobado por la Junta de Gobierno Local del próximo lunes, ofrecerá formación en siete ámbitos profesionales: actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería; actividades auxiliares de almacén; operaciones básicas de piso y alojamiento; operaciones básicas de restauración y bar; atención sociosanitaria a personas en el domicilio; servicios auxiliares de estética; y operaciones auxiliares de montaje en redes eléctricas.

La teniente ha confirmado que los cursos de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y operaciones básicas de piso y alojamiento han sido los más demandados por las empresas y, por tanto, los que más inserción laboral han tenido. Por este motivo, en esta segunda edición habrá dos cursos de estas especialidades.

21 itinerarios de inserción sociolaboral

Contador ha detallado que este año se van a ofrecer 21 itinerarios o cursos, en los que de media habrá diez personas, con la excepción de los sociosanitarios, que cuentan con un aforo de 15 estudiantes.

La delegada ha comentado que los cursos más “básicos”, como el de auxiliares de almacén, tienen una duración de 140 horas, mientras que el de apoyo psicosocial, incluido en el itinerario sociosanitario, alcanza las 290 horas.

Las entidades sociales u ONG interesadas podrán presentar sus proyectos durante diez días hábiles a partir de la publicación en el BOP. Esta actividad, según Contador, empezará este año 2025 y continuará hasta el 30 de junio de 2026, ampliable hasta el 31 de julio.

El objetivo de esta actividad, según la delegada, es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social. “Este curso está dirigido a todos los cordobeses, para que puedan tener una formación que les facilite luego entrar en el mundo laboral”, ha concluido.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este viernes de que el lunes pasará por Junta de Gobierno Local la resolución de las ayudas al voluntariado que se sacaron hace apenas un mes, con un importe de 300.000 euros, de los que se han concedido 295.000 euros, y dos líneas de actuación.

En una rueda de prensa, la edil ha detallado que “una línea va dirigida a la actuación en el ámbito social de las entidades del Tercer Sector y la segunda línea va a la actuación que promueve el voluntariado dentro de entidades”. La primera línea va dotada con 200.000 euros y la segunda, estrenada en 2024, con 100.000. Cada proyecto tiene un importe subvencionable de 5.000 euros.

Al respecto, dentro de la primera línea se han dado 40 ayudas y en la segunda línea, un total de 19 ayudas, de manera que han sido 295.000 euros los que se han dado, dado que “al quedar vacante una de las ayudas de la línea dos, se han tenido que recortar 5.000 euros que irán a otras subvenciones que desde la Delegación se ponen en marcha”, según ha explicado.

Entretanto, ha indicado que “en los últimos años se había visto una bajada del voluntariado y vimos importante apoyar todo lo que tiene que ver con estas entidades y también a la Plataforma del Voluntariado, que tan buena labor hace en la ciudad para incentivar a las entidades para que pudieran realizar actividades, tanto para dar a conocer su propio día a día, como hacer voluntariado dentro de ellas”.

Son las 10:00 de la mañana y el sol comienza a picar en el asfalto de la carretera de Trassierra, a la que pone banda sonora el zumbido de helicópteros del Infoca desde hace casi 15 horas. A la sombra de un árbol, un grupo de una decena de personas descansa. La mayoría son adultos, aunque también hay un anciano sentado en una silla plegable, que apoya su brazo derecho en un bastón.

Permanece en silencio mientras el resto cuenta cómo ha vivido la noche. La mayoría oculta las ojeras tras unas gafas de sol. Son algunos de los vecinos de Santa Ana de la Albaida que han vivido en vilo el incendio que, desde la tarde de este martes, asola las faldas de Sierra Morena, a tan solo unos miles de metros de la capital cordobesa.

El grupo ha pasado la noche en el mismo parque en el que, por la mañana, hablan con la prensa. Y, aunque empiezan contando su relato sobre el desalojo, en la conversación pronto se cuela el humo de la indignación, el cansancio y la resignación. Lo lógico entre quienes llevan toda la noche mirando a un monte en el que están sus casas y sus pertenencias, y del que emanaba un haz de luz que ha sido un pequeño terremoto en sus vidas.

Aviones y humo como primera alarma

Todo comenzó poco antes de las ocho de la tarde del día anterior. En una zona conocida como La Albaida, asociada a un castillo de origen árabe. El fuego se activó rápido. El aire se volvió denso y el olor a quemado despertó la alarma de algunos vecinos como Pedro -nombre ficticio- que, para cuando llegó la policía y la Guardia Civil, ya había empaquetado lo justo para largarse. “El sonido de los aviones me dijo que no era algo normal”, recuerda a Cordópolis este vecino de Santa Ana que recuerda con precisión la hora de su desalojo.

Eran las 19:35 cuando la Policía Local llamó a su puerta. Había tenido tiempo para recoger a sus dos perros y un ordenador portátil, su única herramienta de trabajo. El resto de su familia, por fortuna, estaba en la playa. Él, en cambio, vivió la noche como un exilio forzoso en casa de sus padres.

La evacuación no se limitó a Santa Ana. También alcanzó a zonas próximas, como Castillo del Albaida. De allí es el suegro de Juan, un joven que intentaba este miércoles a primera hora volver a la casa para recoger las medicinas olvidadas por el anciano en el apuro del desalojo. No lo consiguió: las autoridades mantenían cortado el acceso por seguridad.

Una noche a la intemperie o en alojamientos limitados

La noche se convirtió en un interrogante sin respuesta para muchos vecinos. El desalojo global, contando los dos clubs de campo que hay en la zona y que a esa hora estaban llenos, superó el medio millar de personas. Pero eran los vecinos de las urbanizaciones los que estaban realmente en un aprieto: ¿Dónde dormir cuando la casa se ha quedado atrás y no hay previsiones claras de retorno?

Mientras la mayoría, como Pedro, lograron refugiarse en viviendas prestadas —él mencionaba con una sonrisa amarga su “cama de soltero”—, otros pasaron las horas más largas en coches estacionados junto al punto de atención a los vecinos, ubicado en la media rotonda que da acceso a la carretera de Trassierra. Allí han pasado la noche algunas familias simplemente sentadas en bancos y bordillos, aguardando que alguien ofreciera una manta, una botella de agua o al menos una palabra de consuelo.

Lo contaban ellos mismos con cierto enfado. El contraste entre la necesidad y la ayuda disponible fue uno de los temas más comentados al amanecer. Algunos vecinos han denunciado no haber recibido ni agua ni alimentos por parte de los equipos de emergencia. “Aquí nadie ha dicho que estaban asuntos sociales, ni que había agua, ni comida, ni nada”, se lamentaba una mujer, alzando la voz por encima del murmullo de la desconfianza.

Se llamaba Irene, era joven, morena y llevaba gafas de sol. Mientras los ánimos se han ido caldeando, ella ha mantenido serenidad, pero ha insistido en contar su caso: Cruz Roja le ha prestado una manta térmica y, en un momento dado, cuando ha ido a la gasolinera más próxima para hacer de vientre, un voluntario le ha dicho que no se llevara el abrigo.

Otros vecinos de la zona desalojados, sin embargo, ofrecían una versión distinta. Una mujer presente aseguraba que sí se ofrecieron recursos. A su lado había una mujer que había sido realojada en el Hotel Averroes. Pero, a su alrededor, los rostros seguían incrédulos. “Solo tres o cuatro”, insistían, refiriéndose a los afortunados que lograron un techo.

Aplauso para bomberos y policía

Como en casi todas las crisis, las valoraciones sobre la respuesta institucional se dividen en función de cada vivencia. Mientras algunos vecinos hablaban acaloradamente, por la carretera de Trassierra baja andando John Douglas, un hombre originario de Richmond, Virginia (Estados Unidos), al que le pilló el incendio solo en casa de su cuñado, en Santa Ana. En el punto donde la Policía Local controlaba el tráfico le esperaba su pareja, que lo ha besado con efusividad al verlo.

El norteamericano estaba vendado, pero no por las llamas, sino porque había sufrido un accidente de moto anterior. Su cuñado, según cuenta, se fue de la casa diez minutos antes de que se iniciara el fuego. Él aguantó más, lo desalojaron de madrugada. Y estaba conforme con cómo se han hecho las cosas: “La labor de los bomberos fue fantástica, y la de la policía también”, ha afirmado. “Todo el mundo hizo un muy buen trabajo. La verdad, han sido muy profesionales”, reiteraba.

Otros vecinos también han relatado gestos de humanidad y esfuerzo: policías ayudando a mujeres con movilidad reducida a evacuar, agentes subiendo a cinco perros en un vehículo oficial para alejarlos del fuego. Hubo agradecimiento sincero hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad, no tanto hacia los responsables políticos.

Información contradictoria y el impacto emocional

El origen del incendio sigue siendo objeto de especulación: una colilla, tal vez, o alguna chispa en la cuneta de la carretera de Trassierra. Pero lo cierto es que, aunque ninguna vivienda de Santa Ana ha llegado a arder, las llamas han estado demasiado cerca como para no dejar huella. Muchos vecinos hablan del entorno natural perdido como si hablaran de un viejo amigo fallecido: “Era nuestro parque de atracciones”, decía con nostalgia Pedro, consciente de que el tesoro natural que tiene Córdoba ha sido devorado en parte por el fuego.

Él, al contrario que muchos vecinos de la zona, no ha querido tampoco estar toda la noche siguiendo la evolución. Lo cierto es que, por las características que tiene la zona de Trassierra -por su peligrosidad, más bien-, los vecinos están muy organizados para prevenir y actuar ante situaciones como la de este martes. Lo cuenta Minerva —que también prefiere usar nombre ficticio—. Ella no ha sido evacuada, pero vivió la noche siguiendo cada actualización a través del grupo vecinal de “pronto auxilio” Las Siete Fincas.

Gracias a su coordinador, conectado con el puesto de mando, muchos de los vecinos de la zona recibían datos casi en tiempo real. Pero incluso así, cuando la información era directa, surgían contradicciones: mientras los canales oficiales hablaban de estabilización, los técnicos del entorno aseguraban que el fuego se acercaba peligrosamente a la finca de Piquín e incluso hacia la zona de Las Ermitas.

Vuelta controlada a sus casas

Al medio día, el incendio aún no había sido perimetrado. El sol ya era de los que hacen pupa y el trabajo contra el fuego sigue siendo intenso. Los vecinos de Santa Ana de la Albaida comenzaban a impacientarse por la situación de sus mascotas y pertenencias. Para dar respuesta a esta situación, el Infoca ha estado identificando las viviendas afectadas y una patrulla local acompañará a los residentes que lo soliciten para que puedan acceder a sus casas de forma controlada.

Según la información suministrada por las autoridades, se les iba a permitir permanecer en el interior durante un máximo de treinta minutos, con el fin de recoger medicamentos, animales o artículos esenciales. Además, según ha informado el propio Infoca, el Ayuntamiento de Córdoba habilitará espacios para alojar temporalmente durante lo que queda de día a los residentes de las 60 viviendas que siguen sin poder regresar a sus hogares. En ese sentido, el Centro de Emergencia Habitacional que gestiona al Ayuntamiento de Córdoba ya había acogido a 11 personas (de un total de tres familias) desalojadas por el incendio.

Para cuando cuando se ha permitido de nuevo el acceso controlado de los vecinos a sus casas, algunos mostraban cierta impaciencia por ver qué todo estaba en su lugar. A las 14:40, un total de 32 familias habían decidido acudir de nuevo a sus viviendas para recoger medicinas, enseres personales y atender a mascotas, acompañadas por Policía Local y Protección Civil.

Otros no se fiaban e incluso preferían posponerlo algo más. Para estos últimos, las cenizas del mal recuerdo tardarán en apagarse mucho más tiempo de lo que tardará en extinguirse el incendio de Santa Ana de la Albaida.