El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena de un año, seis meses y un día de prisión impuesta a a un hombre en Córdoba como autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado por la Policía vendiendo 0,3 gramos de cocaína. El alto tribunal andaluz ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado contra la resolución previa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a las 2:00 del 14 de septiembre de 2022. Según recoge el fallo, facilitado a este periódico por el TSJA, el acusado se citó con un comprador en la avenida de los Almogávares para entregarle una papelina de cocaína a cambio de dinero. El procesado se aproximó a un vehículo estacionado y entregó la sustancia al ocupante del asiento del copiloto, momento en el que ambos fueron sorprendidos por una patrulla de agentes de la Policía de paisano.

La droga incautada, que pesaba 0,3 gramos y tenía una pureza media, ha sido valorada en el mercado ilícito en unos 14 euros. Asimismo, la Policía intervino un billete de cinco euros implicado en la transacción.

En su recurso de apelación, la defensa argumentó que el comprador se retractó durante el juicio oral al negar que el procesado le hubiera entregado la sustancia, lo que a su juicio destruía la principal prueba de cargo. Sin embargo, el magistrado ponente de la Sala del TSJA precisa que las manifestaciones del comprador en sede policial no se realizaron en fase de instrucción judicial con las debidas garantías ni posibilidad de contradicción por la defensa. Por ello, el tribunal centró su análisis en el testimonio de los agentes actuantes en el plenario.

Por ello, para el tribunal, la declaración presencial de los policías constituye “prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

Por otro lado, la defensa también cuestionó la proporcionalidad de la pena fijada en relación a la baja cantidad incautada, la falta de antecedentes penales y el arraigo social y laboral del procesado, quien acreditó un contrato de trabajo como taxista en Madrid. Sin embargo, el TSJA ha rechazado estas alegaciones al recordar que la Audiencia ya aplicó el tipo atenuado de menor entidad y rebajó la pena en un grado hasta su mínima extensión legal (un año, seis meses y un día de prisión), además de imponer una multa de siete euros. Asimismo, la sentencia ha ratificado el decomiso de la droga incautada y la devolución de los cinco euros intervenidos al comprador.

Contra esta resolución dictada por el TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles el juicio contra los integrantes de una red de blanqueo de capitales desarticulada por la Guardia Civil en la Operación Carrus. La vista –que estaba prevista para tres jornadas– se ha zanjado tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los procesados, quienes han reconocido formalmente su participación en los hechos tras aplicárseles a todos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los hechos que han sido juzgados se remontan a 2018, cuando la Guardia Civil desarticuló una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico del Estrecho de Gibraltar. El modus operandi era la compra vehículos de alta gama a través de empresas pantallas ubicadas en Córdoba. Aunque los coches se ponían a nombres de los acusados, los usaban los narcotraficantes. Al inicio de la sesión, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación formal contra tres de los encausados –V. R., R. P. y J. L. S.–. Para los otros 13 procesados en la causa, las condenas finales -entre nueve y un año de cárcel- han supuesto una importante rebaja frente a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que solicitaba entre cinco y seis años de prisión para cada uno de ellos.

Las condenas impuestas por el tribunal llevan aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, industria o comercio relacionada con la compraventa e importación de vehículos. Esta medida busca impedir legalmente que los condenados puedan volver a administrar, constituir o participar en empresas del sector automovilístico o mercantil para realizar operativas similares.

El considerado líder y principal administrador de la red societaria, R. M. R., y su cómplice, M.M. R., han sido condenados a una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros y 32.571,07 euros, respectivamente. Sobre el resto de los procesados, la Audiencia ha agrupado las sanciones fijando diez meses de prisión para la práctica totalidad de ellos, diferenciando los importes de las multas según el nivel de implicación acreditado.

Así, dos acusados han sido condenados a diez meses de cárcel y una multa individual de 32.571,07 euros. En un segundo grupo, otros dos procesados han aceptado penas de diez meses de prisión y multas fijadas en 1.500 euros cada uno. Por su parte, otros dos han sido condenados a diez meses de prisión con sanciones pecuniarias de mayor cuantía: 4.000 euros para el primero, 50.000 euros para el segundo y 75.000 euros para el tercero.

Finalmente, para el último condenado se ha establecido la pena privativa de libertad más baja, fijada en nueve meses y 22 días de prisión, junto a un año de inhabilitación y una multa simbólica de un euro al no haberse podido determinar el número exacto de operaciones en las que intervino ni la cuantía económica precisa que manejó o se llevó. Dado que el Código Penal español exige que el delito de blanqueo conlleve una multa económica, además de la pena de prisión, la Fiscalía ha cumplido este trámite exigiéndole esta multa simbólica.

La Audiencia suspende la ejecución de la pena a todos los condenados

Tras la imposición de las penas, el tribunal ha dictado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión para todos los condenados tras contar con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía. El plazo de suspensión ha quedado fijado en tres años para R. M. R. y en dos años, para los demás procesados. No obstante, al constar antecedentes penales en las hojas del historial delictivo de este procesado y de otros dos, el tribunal ha supeditado la suspensión de la pena al cumplimiento adicional de trabajos en beneficio de la comunidad: cuatro meses en el caso de R. M. R., y dos meses para los otros dos. Además, las defensas dispondrán de un plazo de 10 días para presentar ante la Audiencia un calendario de pago fraccionado de las multas.

Una red de alcance nacional con base societaria en Córdoba

Las investigaciones policiales arrancaron en el marco de los dispositivos de la Guardia Civil para combatir las estructuras financieras del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Agentes de la Comandancia de Algeciras detectaron un concesionario que suministraba vehículos de gran cilindrada tanto al cabecilla de esta red, R.M. R., como a los líderes de otros clanes de la zona.

La organización criminal, conocida entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar como el clan Baba, llegó a blanquear más de 5,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en el conjunto de sus operaciones. Aunque la trama no blanqueó la totalidad de ese dinero únicamente en Córdoba, la provincia funcionaba como la base neurálgica societaria de la red: el jefe del entramado administraba desde tierras cordobesas varias empresas pantalla dedicadas a la importación y compraventa de automóviles de alta gama desde Alemania, cuyos costes por unidad superaban habitualmente los 100.000 euros.

El modus operandi consistía en registrar y mantener formalmente los coches a nombre de los acusados o de las sociedades intermediarias durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, la Guardia Civil constató que los vehículos eran entregados directamente a conocidos narcotraficantes e integrantes de clanes del Estrecho para su uso cotidiano. De este modo, los delincuentes lograban disfrutar de un elevado patrimonio sin vinculación directa ni levantar sospechas ante la Hacienda Pública.

Dado el alcance de la red, la Operación Carrus conllevó la detención de 88 personas y la investigación de otras 19 en múltiples puntos de la geografía nacional, como Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Madrid, Barcelona, Alicante, Ceuta, Pontevedra o Ciudad Real. La operativa global incluía el movimiento de fondos a través de más de 48 cuentas bancarias, habiéndose intervenido en los registros dos inmuebles, 37 vehículos de alta gama, una motocicleta y diverso material informático.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intervenirle un envoltorio con unos 20 gramos de una sustancia con apariencia de cocaína durante un servicio de vigilancia en la zona del Granadal.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando funcionarios de la Policía Nacional que patrullaban de paisano por la zona del polígono El Granadal observaron a dos personas con una actitud sospechosa, lo que les hizo pensar que podrían estar consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente.

Al aproximarse al lugar e identificarse como policías, los intervinientes observaron cómo la mujer arrojaba un objeto al suelo, que, una vez localizado por los agentes, resultó ser un envoltorio con una sustancia en su interior, reconociendo la detenida que se trataba de cocaína, en una cantidad aproximada de 20 gramos, que había sido adquirida momentos antes. 

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la investigada como presunta autora de un delito contra la salud pública, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, cometido en la localidad de Hinojosa del Duque.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fuente Obejuna se desplazaron hasta Hinojosa del Duque tras recibir un aviso de la Central COS por un supuesto altercado familiar en un domicilio.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se entrevistaron con el morador de la vivienda, quien manifestó que se encontraba solo en el domicilio y que no había mantenido ninguna discusión con nadie, invitando a los agentes a acceder al domicilio para comprobarlo, dando para ello su consentimiento expreso y facilitando el acceso al interior de la vivienda.

Durante la permanencia de los agentes en el domicilio, mientras realizaban las comprobaciones oportunas, observaron a través del cerramiento que daba acceso al patio exterior varias plantas que, por sus características, aspecto y el olor que desprendían, pudieran tratarse de marihuana, por lo que preguntaron al morador por su origen, que confirmó que eran plantas de marihuana que cultivaba para propio consumo.

Ante estos hechos, los guardias civiles aprehendieron las plantas localizadas, siendo 39 en total, de entre 60 y 100 centímetros de altura, con numerosos cogollos y arrojando un peso total de 2.640 gramos, por lo que procedieron a la investigación de dicha persona por un supuesto delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción.

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tráfico y cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, contribuyendo con estas actuaciones a evitar que este tipo de sustancias lleguen al mercado ilícito y proteger la salud pública.

El conductor de un camión que circulaba por un polígono industrial de la localidad cordobesa de Puente Genil ha sido interceptado y, tras practicarle el test de drogas, este arrojó un resultado positivo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de septiembre por la tarde, cuando la Guardia Civil interceptó e inmovilizó al camionero en el polígono industrial Huerto del Francés de la localidad pontanesa. En ese momento, se activó a la Policía Local para que acudiera al lugar y realizara el test al conductor.

Según informa la Policía Local, se realizó la prueba de detección de drogas y el resultado fue positivo, por lo que se iniciaron las correspondientes actuaciones, elevando las denuncias contra el conductor y quedando el camión inmovilizado en el mismo lugar.

La Policía Local recuerda que cuando alguien se pone al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas, sus reflejos, su capacidad de reacción y su percepción pueden verse seriamente alterados, por lo que no esas sustancias no son compatibles con la conducción. Asimismo, destaca la colaboración entre cuerpos policiales como algo fundamental para prevenir riesgos y proteger a todos los usuarios de la carretera.

La Guardia Civil y la Policía Local de Puente Genil (Córdoba) han colaborado en la interceptación de un motorista que conducía bajo los efectos de cocaína y opiáceos.

Ese fue el resultado del test de drogas que se le practicó después de que fuera interceptado en la carretera A-304 a la altura del cruce de Los Arenales, en Puente Genil. Tras ser interceptado por la Guardia Civil y ante la sospecha de que pudiera conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, una patrulla de la Policía Local llevó a cabo las pruebas de detección de drogas.

Según ha informado la Policía Local, realizada la correspondiente prueba, esta arrojó resultado positivo en cocaína y opiáceos. Como resultado, se procedió a la inmovilización de la motocicleta y su traslado al depósito municipal, además de formular la correspondiente propuesta de sanción.

La infracción cometida conlleva una sanción económica de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, conforme a la normativa vigente.

La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual de 2025, en la que se pone de manifiesto un incremento del 45% en las causas por tráfico de drogas durante 2025 en la provincia de Córdoba, en contraste con el descenso general, situándola entre las provincias con mayor crecimiento y la de más aumento en Andalucía.

Ese dato viene a corroborar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció hace unas semanas, cuando alertó de que en la provincia de Córdoba se incrementaron nada menos que un 1.649% las incautaciones de hachís en 2025 respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento experimentado a nivel andaluz y nacional. Lo cierto es que la memoria de la Fiscalía confirma el diagnóstico de esta asociación sobre el narcotráfico y respalda sus demandas legislativas. 

Por un lado, el Ministerio Público advierte del desplazamiento del narcotráfico “a zonas geográficas contiguas donde se espera menor presión policial”, y AUGC lleva años avisando que, debido al endémico y cada vez más acuciante déficit de guardias civiles, la provincia cordobesa es utilizada por las organizaciones criminales como zona logística para el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga desde las costas andaluzas hasta el resto del país e incluso hacia otros países europeos. 

Por otro lado, la Fiscalía advierte que “la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite”, coincidiendo con las denuncias de AUGC sobre la creciente impunidad y descaro con que actúan los narcotraficantes en todo el territorio andaluz, al ser conocedores de la falta de efectivos policiales y del grave déficit de medios materiales.

Además, la Fiscalía Antidroga constata en sus sucesivas memorias que la respuesta legislativa al narcotráfico es prácticamente inexistente, porque en los últimos años solo se ha producido una reforma, la tipificación como delito del denominado “petaqueo”, regulación que AUGC llevaba cinco años reclamando.

Aunque Interior no quiera reconocerlo y las instituciones provinciales no sean conscientes del problema, lo cierto es que los narcotraficantes y sus redes de apoyo están cada vez más asentados en esta provincia, con guarderías de droga, delincuentes más violentos y armas de fuego.

Y para poder luchar con eficacia contra esa delincuencia organizada, AUGC reclama el incremento de la plantilla provincial de la Guardia Civil con al menos 300 efectivos, el refuerzo de las unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, la dotación de medios adecuados y suficientes, la protección jurídica para los agentes, el endurecimiento de las penas y el reconocimiento como profesión de riesgo para guardias civiles y policías nacionales.

Mientras que a nivel autonómico, esta asociación considera que el Gobierno debe adoptar urgentemente una serie de medidas, como la restitución del OCON-Sur, la declaración como Zona de Especial Singularidad, el establecimiento de un plan plurianual para la renovación de medios navales, la dotación de medios no letales de interceptación, la protección frente al señalamiento de agentes y sus familias, el respaldo a las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía,

La Guardia Civil ha detenido en La Rambla a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación se produjo en un punto de identificación de personas y vehículos establecido en uno de los accesos a la localidad de La Rambla, donde una patrulla observó un turismo que resultó sospechoso a los guardias civiles, que decidieron pararlo.

Tras parar el vehículo e identificar a su conductor, que resultó ser un vecino de La Rambla, de 44 años de edad, observaron que su conductor se encontraba en un estado de gran nerviosismo, lo que resultó sospechoso a los agentes, por lo que decidieron efectuar un registro superficial de turismo.

El registro practicado permitió localizar en su interior, una bolsa atada con un alambre que el conductor del vehículo manifestó que se trataba de cocaína, la cual tras su pesaje arrojó un peso de 32 gramos.

Ante este hallazgo, los guardias civiles procedieron a la detención del conductor del vehículo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a la intervención de la droga.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como supuestos autores de un delito de cultivo de marihuana, tras localizar una plantación de cannabis sativa en una finca situada en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba).

La actuación se inició en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para detectar cultivos ilícitos de marihuana en la comarca, al obtener por diferentes fuentes, informaciones que señalaban a una finca concreta como supuesto lugar del cultivo ilegal.

La plantación se encontraba ubicada en una zona de difícil acceso y entre la arboleda de la finca, y había sido acondicionada para albergar un elevado número de plantas. Para dificultar su detección y detectar la posible presencia policial, los responsables habían instalado un sistema de videovigilancia.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron un invernadero utilizado para la germinación y cultivo inicial de las plantas, donde se sembraban las semillas previamente tratadas. Posteriormente, las plantas eran trasplantadas y distribuidas entre la vegetación de la finca.

En total, fueron localizadas 1.647 plantas de marihuana, además de semillas, fertilizantes y numerosos efectos y útiles empleados para el cultivo y mantenimiento de la plantación.

Asimismo, los Guardias Civiles comprobaron que la explotación disponía de un sofisticado sistema de riego, que se abastecía de agua procedente de un arroyo situado en las inmediaciones.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil logró determinar la identidad de dos de los presuntos responsables, procediendo a la detención de uno de ellos y a la identificación del segundo, que quedó investigado en relación con los hechos.

En el lugar también fueron intervenidos un vehículo tipo quad y un remolque, que eran utilizados para desplazarse por el interior de la finca durante las labores relacionadas con el cultivo.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pozoblanco, competente para continuar con las actuaciones judiciales.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a seis años de prisión y multa de casi 90.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con notoria importancia. El hombre alquiló un coche en Lucena, que no devolvió cuando venció el contrato y que fue encontrado en Valencia. Cuando el turismo regreso al municipio cordobés, la sorpresa de la empresa lucentina fue mayúscula: en el maletero había casi un kilo de cocaína.

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado venía utilizando para sus desplazamientos un turismo propiedad de una empresa de alquiler de vehículos de Lucena. En junio de 2025 venció el contrato de arrendamiento sin que el procesado lo renovara, por lo que fue avisado de que el coche le sería retirado durante la primera semana de agosto. Sin embargo, el vehículo no fue entregado a la empresa.

Mediante el análisis del dispositivo GPS del coche, la investigación judicial acreditó que el 6 de agosto de 2025 el turismo efectuó diversos desplazamientos entre las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por los enclaves murcianos de Sangonera La Seca y Cañada Hermosa. En uno de estos trayectos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína (con una pureza media del 80,92%), valorados 29.065 euros.

El 7 de agosto, sobre la 1:25, el representante de la empresa propietaria localizó el turismo en una calle de Valencia gracias al sistema de geolocalización. El coche fue recuperado gracias a una segunda llave y trasladado a Lucena. Días después, el 11 de agosto, el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo el 5 de agosto en la entrada de Mercamurcia y que este le había comunicado la existencia de un kilo de cocaína en el interior. Tras personarse un dispositivo de la Brigada de Policía Judicial de Lucena en las instalaciones de la empresa, los agentes hallaron el paquete de droga en el maletero, bajo la bandeja y en el compartimento de la rueda de repuesto, procediendo a su aprehensión y al posterior decomiso y destrucción.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Murcial lo condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 87.195 euros, fallo que el condenado recurrió ante el TSJM. En su escrito de apelación, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba testifical y una supuesta denegación indebida de diligencias esenciales, como el acceso a grabaciones de cámaras y la geolocalización del teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la Sala ha determinado que esta última nunca fue propuesta en el escrito de defensa ni al inicio de la vista oral, y ha calificado la solicitud sobre las cámaras de seguridad como una diligencia puramente exploratoria e inadmisible por extemporánea. Asimismo, el tribunal ha dado solidez a la prueba indiciaria, concluyendo que la versión exculpatoria ofrecida por el acusado era falsa e incompatible con los datos del GPS y los testimonios practicados en el juicio.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Califa-Doja, ha desmantelado en Córdoba una plantación de marihuana instalada en el interior de un inmueble y ha detenido a tres personas relacionadas con su explotación y la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La actuación se inició a raíz de una investigación desarrollada por componentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que permitió obtener indicios claros sobre la existencia de una instalación destinada al cultivo intensivo de marihuana del tipo “indoor”.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble, donde localizaron dos plantaciones en las que se intervinieron aproximadamente 600 plantas de cannabis, además de diversos útiles y efectos empleados para su cultivo y mantenimiento.

Durante la actuación, los agentes localizaron en el interior de las instalaciones a una persona que, presuntamente, ejercía funciones de vigilancia y custodia de las plantaciones, permaneciendo de forma habitual en unas dependencias que presentaban condiciones precarias de habitabilidad e higiene.

En el registro fue hallada e intervenida igualmente un arma de fuego, aparentemente modificada (escopeta de cañones recortados) y munición asociada, efectos que están siendo sometidos a las correspondientes comprobaciones y trazabilidad. Este tipo de armas puede estar relacionado con las funciones de protección y seguridad de plantaciones dedicadas al cultivo y tráfico ilícito de drogas.

Los agentes constataron, además, la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica, utilizada para abastecer el elevado consumo energético requerido por las instalaciones de cultivo. Esta conexión, además del perjuicio económico ocasionado, suponía un grave riesgo para la seguridad de las personas que pudieran encontrarse en el inmueble por el riesgo de electrocución e incendio que presentaba.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas, a las que se investiga por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenir 79 gramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo habilitado en un envase de pintura en espray.

La actuación se produjo mientras una patrulla de Seguridad Ciudadana prestaba servicio por la localidad reseñada, cuando los agentes observaron un ciclomotor cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, modificó bruscamente su trayectoria realizando maniobras encaminadas a eludir el control.

Ante esta actitud, los guardias civiles procedieron a identificar al conductor e inspeccionar el vehículo. Durante el registro, localizaron seis envases metálicos de pintura en espray comprobando que, uno de ellos, disponía de un elaborado sistema de doble fondo mediante una tapa roscada que ocultaba tres envoltorios con una sustancia en polvo de color blanquecino.

La prueba orientativa de detección de sustancias estupefacientes confirmó que se trataba de cocaína, arrojando un peso total de 79 gramos, por lo que los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, interviniendo igualmente la droga, 220€ de dinero en efectivo y el ciclomotor utilizado.

Tres de los seis detenidos el pasado jueves en Alcolea tras un operativo contra el tráfico de drogas han quedado en libertad con cargos después de que hayan abonado cada uno 4.000 euros de fianza para salir de prisión. Se trata de los únicos arrestados que estaban en la cárcel de Córdoba vinculados a esta intervención policial.

Según fuentes cercanas a la investigación, la redada se inició a primera hora de la mañana del pasado jueves, con agentes de la Policía Nacional fuertemente armados, que registraron hasta cuatro viviendas en Alcolea.

Como resultado del operativo, seis personas fueron detenidas, de las que cinco pasaron al juzgado de guardia y una fue puesta en libertad en comisaría. De esos cinco arrestados, dos fueron puestos en libertad el pasado viernes, pero tres sí ingresaron en prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda organizada. Cerca de una semana después de su entrada en la cárcel, los arrestados -defendido por la letrada Mar Jiménez- han quedado en libertad provisional y con cargos.

Un joven ha sido condenado a seis meses de prisión y a una multa de 140 euros por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido distribuyendo sustancias estupefacientes en el recinto ferial de Santa María de Trásierra. La sentencia de apelación de la Audiendia Provincial de Córdoba ratifica que el intenso olor a marihuana que emanaba del acusado fue el indicio clave que permitió a los agentes de la Policía Nacional proceder a su registro y posterior detención.

Los hechos se remontan a la madrugada a agosto de 2024, aproximadamente a las 2:30. La intervención policial se inició tras el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la presencia de un joven vendiendo “porros” en la feria. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en el puesto de la Cruz Roja, donde se encontraba acompañando a un amigo que se sentía indispuesto. Al aproximarse, los policías no solo comprobaron que su descripción física coincidía con la facilitada, sino que detectaron que el individuo “desprendía un fuerte olor a marihuana”.

Tras realizarle un cacheo de seguridad, los agentes hallaron casi diez gramos de marihuana en cinco envoltorios de plástico, cerca de dos gramos de resina de hachís distribuidos en seis trozos independientes y 42,10 euros en efectivos fraccionados en billetes y numerosas monedas. El valor total de la droga en el mercado ilícito se calculó en algo más de 73 euros.

Según recoge la sentencia, el acusado admitió que “llevaba la droga así preparada para su venta porque no estaba su madre y necesitaba subsistir”. A pesar de que la defensa solicitó la absolución alegando que la pequeña cantidad era para autoconsumo, la Audiencia ha desestimado el recurso ante los indicios suficientes de tráfico de drogas, como son la presentación de la misma en monodosis, la posesión de dinero fraccionado de forma poco usual y la propia admisión del investigado.

Operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico en la barriada de Alcolea, en la periferia de Córdoba capital. Según ha podido saber este periódico, los agentes se han desplegado desde esta mañana tanto en Alcolea como en la barriada de Los Ángeles, en una operación que ha culminado con seis personas detenidas.

Se ha tratado de una intervención centrada en el tráfico de drogas y la organización criminal. El operativo ha sido llevado a cabo bajo la dirección del grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción.

La redada se ha iniciado a primera hora de la mañana, con agentes fuertemente armados, que han registrado hasta cuatro viviendas de esta barriada. Una barriada que está, además, en plena celebración de la Feria, que arrancó este martes y se prolonga hasta el domingo

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario y, en estos momentos, solo se conoce el número de detenidos y que en las próximas horas se les tomará declaración antes de que pasen a disposición judicial.

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas en el marco de los dispositivos preventivos establecidos para la lucha contra la delincuencia y el menudeo de estupefacientes en esta capital cordobesa.

La primera actuación tuvo lugar el pasado 14 de julio por la noche, en la zona centro de la ciudad, cuando los agentes observaron a un individuo que, al detectar la presencia policial, arrojó rápidamente un cigarro al suelo e introdujo un objeto en una riñonera que portaba una mujer que se encontraba junto a él.

Ante esta conducta sospechosa, los agentes procedieron a su identificación y a comprobar el contenido de la riñonera, localizando en su interior un envoltorio de papel de aluminio con unos 110 gramos de hachís. Una vez detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tras el oportuno cacheo superficial, los agentes hallaron ocultos en el interior de su calcetín otros 10 gramos de hachís.

Intervenidas 380 plantas de marihuana en el maletero de un vehículo en el Sector Sur

La segunda intervención se desarrolló durante la madrugada del 15 de julio, dentro de la denominada Operación Verano, dispositivo con el que se intensifican los controles de personas y vehículos en diferentes puntos de la ciudad para la prevención de la actividad delictiva durante los meses estivales. En esta ocasión, los agentes dieron el alto a un turismo en la zona del Sector Sur de Córdoba, procediendo a la identificación de sus ocupantes.

Durante la actuación, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, por lo que realizaron una inspección más exhaustiva. En el maletero localizaron tres cajas que contenían plantas de marihuana, siendo un total de 380 las plantas intervenidas.

Ante estos hechos, dos de los ocupantes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente durante la tarde de ayer.

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba a una persona, vecina de la localidad, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación se llevó a cabo el pasado 25 de junio cuando efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en la zona de la estación de autobuses, con ocasión del Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio.

Durante el servicio, los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud nerviosa y esquiva, cambiando bruscamente la dirección del paso, dando la vuelta y acelerando el paso, por lo que procedieron a su identificación.

Al observar los guardias civiles que la persona aumentaba su nerviosismo, decidieron realizar una inspección superficial de sus pertenencias, encontrando, ocultas entre sus prendas, cuatro bellotas de hachís, con un peso total de 41,5 gramos, así como dos dosis de una sustancia que, al parecer, resultó ser pasta de base de cocaína, portando también un arma blanca tipo navaja.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, interviniendo la sustancia estupefaciente hallada.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida y la droga intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo y ha investigado a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La Benemérita tuvo conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, de que en el interior de una vivienda de Peñarroya-Pueblonuevo podría estar ubicado una plantación de marihuana.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble que podría albergar la plantación.

Tras localizar el inmueble y entrevistarse con el morador, se procedió al registro del mismo, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 33 plantas, de un metro de altura, con cogollos y que fue totalmente desmantelada. Asimismo, se localizó útiles para la instalación de una posible plantación indoor.

La Guardia Civil, como consecuencia de los hechos descritos, ha procedido a la investigación de los dos moradores de la vivienda donde se ubicaba la plantación.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.