El tipo de droga que se mueve por Andalucía es diferente según la provincia en la que estemos. En las zonas de costa, el hachís y la cocaína son las sustancias estupefacientes predominantes. En el interior, la protagonista es la marihuana. Del contrabando de droga sabe bastante el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez, quien ha alertado de la expansión “brutal” del cultivo de la marihuana.

Así lo ha declarado esta semana en el marco de las Jornadas sobre Prevención del Fraude y Lucha contra la Corrupción, organizadas por la Oficina Andaluza Antifraude y celebradas en el Colegio de la Abogacía de Córdoba en colaboración con la Agencia Tributaria, donde el responsable aduanero ha detallado la radiografía del delito fiscal y el narcotráfico en la provincia. El balance expuesto en estas jornadas habla por sí solo. En lo que va de año, el organismo dependiente de la Agencia Tributaria ha participado en el desmantelamiento de unas 20 plantaciones de marihuana en la provincia de Córdoba, una cifra inédita.

Pero la marihuana que hoy germina entre las naves industriales y las fincas discretas de Córdoba no se queda en las calles de la ciudad. Forma parte de un engranaje logístico mayor, perfectamente articulado para la exportación. “Toda la marihuana que se está plantando no se queda aquí. La que se coge, los cogollos, se mete al vacío y se manda para Centroeuropa. Aquí se está consumiendo muy poca de la que se está plantando”, explica Sánchez, quien es jefe de Vigilancia Aduanera en Córdoba desde mayo de 2010.

La ramificación del negocio desborda, además, los límites provinciales. En colaboración constante con la Policía Nacional y la Guardia Civil, las pesquisas iniciadas en Córdoba han desembocado en grandes operativos regionales. Tal y como ha contado, ocurrió recientemente en la provincia de Sevilla, con entradas simultáneas en municipios como Marinaleda o El Palmar de Troya, donde se llegaron a registrar más de una veintena de inmuebles de forma coordinada: en todos ellos el resultado fue positivo, hallando entre dos y tres cultivos en cada casa. Un patrón que se repite en puntos calientes de la región como Granada, donde la actividad es “impresionante y con intervenciones todos los días”, asegura.

Madrid como asentamiento de organizaciones criminales

Si la marihuana representa la cara más visible de la expansión delictiva en la provincia, el contrabando de tabaco también está muy presente. En la calle, el fraude fiscal que rodea al cigarrillo o a la picadura alcanza proporciones astronómicas, según los datos ofrecidos por Sánchez. “Una cajetilla que cuesta cuatro euros tiene más de un 80% de impuestos defraudados; lo que es la materia prima del tabaco no llega ni al 17%”, recalca este profesional, quien ostenta la Medalla de la Policía Local de Córdoba en su modalidad de Plata (2014) y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2015).

En relación con las aprehensiones de picadura de tabaco en Córdoba, Sánchez ha asegurado que estas intervenciones han bajado porque las organizaciones delictivas, muchas de ellas dirigidas por redes radicadas en Écija, han comenzado a trasladar sus centros de procesado a Madrid y sus alrededores. “Allí se dispersan más que aquí, donde estaban prácticamente muy controladas. Antes era casi diario coger un centro de picado en el sur”, aclara Sánchez, quien pone también la lupa sobre la falta de colaboración de algunas agencias de mensajería que canalizan los paquetes: “Muchas viven de ese volumen de envíos”.

Durante su intervención, hizo alusión a algunas de las actuaciones llevadas a cabo desde Córdoba. En noviembre de 2025, una investigación conjunta entre Vigilancia Aduanera de Córdoba y la Policía Nacional de Écija tiró del hilo de una red que picaba tabaco en Talavera de la Reina (Toledo). El seguimiento de las furgonetas condujo a los agentes hasta Mogente (Valencia), a una antigua carpintería que había quedado arrasada e inutilizada tras el paso de la devastadora DANA. En la planta baja de aquella nave inundada, la red mantenía activa una fábrica clandestina con ocho trabajadores de nacionalidad bielorrusa y un cocinero marroquí. El balance: 185.000 cajetillas y 1.500 kilos de picadura incautados.

En otra de las últimas grandes operaciones contra el cigarrillo, desplegada entre Vigilancia Aduanera de Córdoba, la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Marbella, la pista se extendió por cinco municipios: Los Algarbes (La Carlota), Santaella, Écija y Marbella. Cuatro registros simultáneos se saldaron con 12 personas detenidas y 137.000 cajetillas intervenidas.

Entregas controladas a través de empresas de mensajería

Frente al volumen de la marihuana y el tabaco, la cocaína y el hachís discurren en Córdoba por otros cauces más reducidos. El patrón habitual de entrada son las entregas controladas de paquetería: sustancias que vuelan en aviones comerciales son interceptadas por los escáneres aduaneros en el aeropuerto de Madrid-Barajas -principalmente- y, con la correspondiente autorización judicial, se dejan seguir hasta su destino en Córdoba, donde los agentes supervisan la entrega antes de abrir el paquete. Es decir, en lugar de incautar la droga de inmediato en la aduana -lo que alertaría al comprador, por ejemplo-, los agentes solicitan al juez que la mercancía continúe su ruta ordinaria de mensajería bajo vigilancia policial.

Una vez coordinado el dispositivo con Vigilancia Aduanera en Córdoba, los agentes despliegan un seguimiento sobre el paquete en el momento exacto en que la empresa de mensajería efectúa el reparto en la dirección señalada. Posteriormente, tanto el arrestado como el envío precintado se trasladan ante el juez, en cuya presencia se procede a la apertura oficial del paquete y al pesaje de la droga.

Para luchar contra estos delitos, Vigilancia Aduanera cuenta en toda Andalucía con una infraestructura considerable: 147 vehículos terrestres (entre coches camuflados, furgonetas y motos), dos camiones de monitorización telefónica móvil, un camión escáner, la furgoneta de rastreo Medusa, cuatro helicópteros, una flota marítima de 44 embarcaciones y 21 drones. Todo este despliegue de medios busca equilibrar la balanza frente a unas organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas. En una provincia como Córdoba sin frontera marítima ni aduana fija, el trabajo del equipo que dirige Sánchez Jiménez discurre a ras de suelo: “Estamos en la calle”, sintetiza el jefe del servicio. Una labor silenciosa de investigación y rastreo para evitar que el discurrir de la droga por el interior de Andalucía.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana a gran escala instalada en una nave de varias plantas de la zona de Levante de la capital cordobesa. En la intervención han sido detenidas cuatro personas, integrantes de un grupo criminal organizado y jerarquizado, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició a raíz de informaciones recibidas que apuntaban a la existencia de un cultivo indoor en el interior del inmueble. Durante el mes de octubre, los investigadores desarrollaron numerosas gestiones que les permitieron constatar los indicios propios de este tipo de instalaciones, entre ellos, un intenso olor a marihuana perceptible desde el exterior. Según ha podido saber este periódico, el juzgado de guardia ha decretado la libertad para los detenidos.

Además, durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron la presencia constante de una persona en el interior del inmueble así como de las medidas que autoprotección que adoptaban.

La investigación ha permitido acreditar que el grupo funcionaba con una estructura bien organizada, apoyada en terceras personas para las labores de transporte, mano de obra y seguridad. Por una parte, el presunto líder dirigía y abastecía la plantación evitando todo contacto directo con ella, mientras que otras personas se encargaban de la gestión diaria de la nave, que servía de enlace con terceros, además de quienes se encargaban del custodiar el cultivo de forma permanente. Otro de los detenidos se encargaba de los traslados del responsable de la organización, además de la contravigilancia del entorno del inmueble.

Casi 600 plantas en cinco salas de cultivo

La entrada y registro confirmó las sospechas de los investigadores. Los agentes localizaron, distribuidas en dos plantas, cinco estancias acondicionadas para el cultivo, con casi 600 plantas de marihuana floridas de tallo alto, unos 250 tallos con cogollos colgados para su secado y en torno a 130 sacos con tallos recién cortados, lo que evidencia que se acababa de realizar una recolección. Asimismo, se intervinieron diversos útiles destinados al cultivo, como lámparas, balastros, filtros de grandes dimensiones con extractor, un fumigador y diversos equipos de aire acondicionado.

Técnicos de la compañía de suministro eléctrico que participaron en el registro constataron además la existencia de una conexión fraudulenta a la red, siendo este tipo de enganches habituales en las plantaciones de interior, lo que además implica un grave riesgo de incendio, tanto para el propio inmueble como para su entorno.

A los cuatro detenidos se les atribuye la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta para identificar al resto de personas que colaboraban con el grupo, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Se recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía donde existe un apartado específico al efecto.

La Policía de Puente Genil (Córdoba) ha interceptado a un conductor que circulaba drogado, en sentido contrario, sin permiso de conducir en vigor y, además, sin el seguro obligatorio del vehículo.

Según ha informado la Policía Local del municipio pontanés, agentes del cuerpo se encontraban realizando un servicio ordinario durante la madrugada del lunes 19 de octubre y, sobre las 2:20, interceptaron a un turismo que circulaba en sentido contrario por la calle Murcia de esta localidad.

Tras parar al conductor por tal motivo, le practicaron las pruebas de alcohol y drogas, resultando positivo en sustancias estupefacientes, indican en la información facilitada. Asimismo, comprobaron que el conductor no disponía del permiso de conducir clase B en vigor y, además, el vehículo carecía de seguro obligatorio, por lo que fue retirado por la grúa municipal.

Junto a las denuncias interpuestas por todos estos hechos, los agentes de la Policía Local intervinieron cautelarmente distintos objetos que transportaba en el vehículo, al no poderse acreditar su procedencia por parte del conductor. Entre los efectos intervenidos figuran varios dispositivos electrónicos, accesorios de vehículos y dos relojes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona del Sector Sur de la capital a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle unos 375 gramos de cocaína envasada al vacío, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 22.000 euros.

A mediados del mes de octubre, agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de prevención y control del tráfico y consumo de drogas en diversos centros de ocio de la capital. Los efectivos repararon en un hombre que caminaba por la zona del Sector Sur portando una mochila negra y que, visiblemente inquieto, no dejaba de mirar a su alrededor por toda la vía pública.

Sin perderle de vista, los agentes comprobaron cómo, al llegar cerca de un punto de venta de droga habitual, el sujeto se detenía durante unos diez minutos en actitud de espera, siendo finalmente interceptado por los agentes en la vía pública, a escasos metros de aquel punto.

Cocaína envasada al vacío

Durante la intervención, los policías localizaron en el interior de la mochila una bolsa con cerca de 375 gramos de cocaína envasada al vacío, además de una pequeña cantidad de marihuana. Por estos hechos, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Con esta actuación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con la protección de la salud pública, manteniendo una presencia activa y constante en los espacios de mayor afluencia de la ciudad.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Lucena dos grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, en dos operaciones sucesivas que han culminado con la detención de seis personas y la intervención de sustancias estupefacientes, dosis preparadas para su venta, básculas de precisión y dinero en efectivo.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo en la localidad, abriendo una investigación para el esclarecimiento de los hechos que les llevó a comprobar cómo detrás de ella se encontraba un grupo delictivo integrado por cuatro personas, dos de las cuales ejercían como principales responsables.

Los investigados concertaban encuentros con los consumidores en puntos previamente acordados y, sobre todo, vendían la droga en un local en el que residían tres de ellos, un espacio que además estaba destinado al consumo de estas sustancias estupefacientes. Tras una compleja investigación, a principios de octubre los agentes culminaron las pesquisas con una operación en la que detuvieron a los cuatro integrantes del grupo por tráfico de drogas, interviniendo cocaína, heroína, hachís y otras sustancias, así como dosis para su venta, básculas de precisión, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Operación BOLA: una vivienda dedicada a la venta de droga en Lucena

A comienzos de octubre, otras informaciones recibidas dieron lugar a una nueva investigación en la que los especialistas lograron corroborar que otro grupo delictivo desarrollaba su actividad en la misma localidad. Las primeras averiguaciones permitieron identificar a dos personas como principales responsables de los hechos investigados, quienes acordaban encuentros con los consumidores en lugares concretos y, fundamentalmente, vendían la sustancia en la vivienda en la que ambas residían.

Fruto de la investigación policial, a mediados del pasado mes de octubre, la Policía Nacional estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de las dos personas por tráfico de drogas, interviniendo más de medio centenar de gramos de cocaína, hachís preparado en dosis para su venta y una báscula de precisión.

La Policía Nacional agradece la colaboración de la ciudadanía y recuerda que cualquier dato sobre la venta o el consumo de droga en la vía pública, en locales o en viviendas puede comunicarse a través del teléfono 091 o a través del correo antidroga@policia.es

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han desmantelado una infraestructura destinada al cultivo intensivo de marihuana en el interior de una vivienda situada en la zona del Higuerón, en el marco de la operación policial denominada “Mezquita”.

Como resultado de la actuación, han sido detenidas dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Durante el registro, los agentes intervinieron más de 7.000 euros en efectivo, 65 gramos de hachís y unos 11 gramos de cogollos de marihuana.

La investigación se inició tras tener conocimiento de diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación de interior en el inmueble. Realizadas las correspondientes gestiones policiales, se solicitó y obtuvo la preceptiva autorización judicial de entrada y registro en dicho inmueble.

Cuatro habitaciones acondicionadas

En el interior de la vivienda, los investigadores localizaron cuatro habitaciones acondicionadas como salas de cultivo. Todas ellas disponían de lámparas de alta potencia, sistemas de climatización, extractores, ventiladores y demás elementos necesarios para el cultivo de marihuana, todos ellos instalados, conectados y preparados para su funcionamiento.

Durante el registro, los agentes localizaron más de 7.000 euros en efectivo, ocultos en distintas zonas del inmueble. Asimismo, fueron intervenidos 65 gramos de hachís y  unos 11 gramos de cogollos de marihuana.

Los agentes comprobaron también que la vivienda disponía de una conexión fraudulenta a la red de suministro eléctrico que permitía eludir el contador. Este tipo de enganches se emplea habitualmente para mantener el elevado consumo energético que requieren los sistemas de iluminación, ventilación y climatización propios de este tipo de cultivos.

Se recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía donde existe un apartado específico al efecto.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado la suspensión del juicio fijado para esta semana contra los 16 integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo masivo, procesado, extracción de resina y exportación de mariahuana en la capital y la provincia. La vista oral ha tenido que ser aplazada antes del trámite de cuestiones previas debido a la renuncia de dos de los abogados de la defensa, circunstancia que ha obligado al tribunal a posponer el señalamiento.

Esta causa sienta en el banquillo a un grupo que operaba bajo la apariencia de una sociedad de agricultura y jardinería para abastecer y gestionar campos de cultivo e instalaciones indoor distribuidas por varios puntos de la provincia.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la red criminal se organizaba en un clan familiar dirigido por uno de los procesados -quien ostentaba el máximo poder económico y controlaba una empresa pantalla-, asistido por sus dos hermanos y un asesor agrícola.

El entramado articulaba sus funciones en tres escalones claramente delimitados. En el primer eslabón estaba este grupo dirigente, encargado de la financiación, dirección de la empresa instrumental y adquisición de materiales agrícolas. Uno de los hermanos del líder de la red actuaba como conector directo con el grupo extranjero, el otro hermano asumía la logística y coordinación del montaje de plantaciones, y el asesor agrícola aportaba sus conocimientos del sector para localizar fincas y supervisar el desarrollo de los cultivos.

En el medio de la pirámides se encontraba la rama albanesa, formada por otros cuatro procesados, que explotaba grandes extensiones agrícolas en Villalón (Fuente Palmera) bajo la falsa cobertura de un sembrado de cáñamo industrial, además de dedicarse al secado, tamizado, extracción de polen mediante prensado y envasado al vacío para enviar la droga a terceros países. En el equipo de logística y custodia de la droga había otros ocho procesados.

Casi 187 kilos de droga intervenidos en naves, fincas y chalés

La investigación que acabó con la detención de estas 16 personas comenzó en febrero de 2024, pero no fue hasta junio y julio cuando fueron arrestadas. Durante las entradas y registros de los inmuebles, las fuerzas de seguridad decomisaron un total de 170,85 kilos de marihuana, valorados en el mercado ilícito en 1.069.552 euros, así como 16,11 kilos de hachís (polvo y bloques de resina), con una valoración económica de 108.306 euros.

Las intervenciones se llevaron a cabo en chalés y casas de las urbanizaciones La Perla, Fontanar de Quintos, La Canchuela-Majaneque, calle El Trigal, la nave de la empresa en la carretera A-431, una finca en Villalón y una parcela ubicada en Almodóvar del Río.

Los agentes incautaron envasadoras al vacío, extractores rotativos de polen y prensas, al tiempo que constataron enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en las instalaciones indoor. Además, se intervinieron tres armas de fuego: una pistola corta, una carabina y un bolígrafo-pistola artesanal.

Por el delito contra la salud pública con las agravantes de cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, la Fiscalía pide diez años y dos meses de prisión para el líder de la red, sus dos hermanos, el asesor agrícola y uno de los procesados que se encargaba de la vigilancia. A esta pena hay que añadir una multa de dos millones de euros y otra de 1.200 euros por el delito de defraudación de fluido eléctrico. Esta última multa afecta también a otro procesado, quien, según la Fiscalía, fue utilizado como testaferro para la titularidad de los vehículos e inmuebles que usaba la red.

Para los otros 11 encausados, el Ministerio Público solicita seis años de prisión y una multa de un millón de euros por el delito contra la salud público, con las mismas agravantes que el resto de procesados. Además, la Fiscalía interesa dos años de prisión para el líder de la banda, quien habría arrojado la pistola y el bolígrafo-pistola durante la intervención policial, y nueve meses de cárcel para el hermano de este después de que las fuerzas de seguridad encontraran una carabina en su domicilio.

Tras la suspensión, la Audiencia deberá fijar nuevas fechas de juicio, ya que esta causa estaba previsto juzgarse durante cuatro días.

El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena de un año, seis meses y un día de prisión impuesta a a un hombre en Córdoba como autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado por la Policía vendiendo 0,3 gramos de cocaína. El alto tribunal andaluz ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado contra la resolución previa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a las 2:00 del 14 de septiembre de 2022. Según recoge el fallo, facilitado a este periódico por el TSJA, el acusado se citó con un comprador en la avenida de los Almogávares para entregarle una papelina de cocaína a cambio de dinero. El procesado se aproximó a un vehículo estacionado y entregó la sustancia al ocupante del asiento del copiloto, momento en el que ambos fueron sorprendidos por una patrulla de agentes de la Policía de paisano.

La droga incautada, que pesaba 0,3 gramos y tenía una pureza media, ha sido valorada en el mercado ilícito en unos 14 euros. Asimismo, la Policía intervino un billete de cinco euros implicado en la transacción.

En su recurso de apelación, la defensa argumentó que el comprador se retractó durante el juicio oral al negar que el procesado le hubiera entregado la sustancia, lo que a su juicio destruía la principal prueba de cargo. Sin embargo, el magistrado ponente de la Sala del TSJA precisa que las manifestaciones del comprador en sede policial no se realizaron en fase de instrucción judicial con las debidas garantías ni posibilidad de contradicción por la defensa. Por ello, el tribunal centró su análisis en el testimonio de los agentes actuantes en el plenario.

Por ello, para el tribunal, la declaración presencial de los policías constituye “prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

Por otro lado, la defensa también cuestionó la proporcionalidad de la pena fijada en relación a la baja cantidad incautada, la falta de antecedentes penales y el arraigo social y laboral del procesado, quien acreditó un contrato de trabajo como taxista en Madrid. Sin embargo, el TSJA ha rechazado estas alegaciones al recordar que la Audiencia ya aplicó el tipo atenuado de menor entidad y rebajó la pena en un grado hasta su mínima extensión legal (un año, seis meses y un día de prisión), además de imponer una multa de siete euros. Asimismo, la sentencia ha ratificado el decomiso de la droga incautada y la devolución de los cinco euros intervenidos al comprador.

Contra esta resolución dictada por el TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles el juicio contra los integrantes de una red de blanqueo de capitales desarticulada por la Guardia Civil en la Operación Carrus. La vista –que estaba prevista para tres jornadas– se ha zanjado tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los procesados, quienes han reconocido formalmente su participación en los hechos tras aplicárseles a todos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los hechos que han sido juzgados se remontan a 2018, cuando la Guardia Civil desarticuló una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico del Estrecho de Gibraltar. El modus operandi era la compra vehículos de alta gama a través de empresas pantallas ubicadas en Córdoba. Aunque los coches se ponían a nombres de los acusados, los usaban los narcotraficantes. Al inicio de la sesión, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación formal contra tres de los encausados –V. R., R. P. y J. L. S.–. Para los otros 13 procesados en la causa, las condenas finales -entre nueve y un año de cárcel- han supuesto una importante rebaja frente a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que solicitaba entre cinco y seis años de prisión para cada uno de ellos.

Las condenas impuestas por el tribunal llevan aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, industria o comercio relacionada con la compraventa e importación de vehículos. Esta medida busca impedir legalmente que los condenados puedan volver a administrar, constituir o participar en empresas del sector automovilístico o mercantil para realizar operativas similares.

El considerado líder y principal administrador de la red societaria, R. M. R., y su cómplice, M.M. R., han sido condenados a una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros y 32.571,07 euros, respectivamente. Sobre el resto de los procesados, la Audiencia ha agrupado las sanciones fijando diez meses de prisión para la práctica totalidad de ellos, diferenciando los importes de las multas según el nivel de implicación acreditado.

Así, dos acusados han sido condenados a diez meses de cárcel y una multa individual de 32.571,07 euros. En un segundo grupo, otros dos procesados han aceptado penas de diez meses de prisión y multas fijadas en 1.500 euros cada uno. Por su parte, otros dos han sido condenados a diez meses de prisión con sanciones pecuniarias de mayor cuantía: 4.000 euros para el primero, 50.000 euros para el segundo y 75.000 euros para el tercero.

Finalmente, para el último condenado se ha establecido la pena privativa de libertad más baja, fijada en nueve meses y 22 días de prisión, junto a un año de inhabilitación y una multa simbólica de un euro al no haberse podido determinar el número exacto de operaciones en las que intervino ni la cuantía económica precisa que manejó o se llevó. Dado que el Código Penal español exige que el delito de blanqueo conlleve una multa económica, además de la pena de prisión, la Fiscalía ha cumplido este trámite exigiéndole esta multa simbólica.

La Audiencia suspende la ejecución de la pena a todos los condenados

Tras la imposición de las penas, el tribunal ha dictado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión para todos los condenados tras contar con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía. El plazo de suspensión ha quedado fijado en tres años para R. M. R. y en dos años, para los demás procesados. No obstante, al constar antecedentes penales en las hojas del historial delictivo de este procesado y de otros dos, el tribunal ha supeditado la suspensión de la pena al cumplimiento adicional de trabajos en beneficio de la comunidad: cuatro meses en el caso de R. M. R., y dos meses para los otros dos. Además, las defensas dispondrán de un plazo de 10 días para presentar ante la Audiencia un calendario de pago fraccionado de las multas.

Una red de alcance nacional con base societaria en Córdoba

Las investigaciones policiales arrancaron en el marco de los dispositivos de la Guardia Civil para combatir las estructuras financieras del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Agentes de la Comandancia de Algeciras detectaron un concesionario que suministraba vehículos de gran cilindrada tanto al cabecilla de esta red, R.M. R., como a los líderes de otros clanes de la zona.

La organización criminal, conocida entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar como el clan Baba, llegó a blanquear más de 5,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en el conjunto de sus operaciones. Aunque la trama no blanqueó la totalidad de ese dinero únicamente en Córdoba, la provincia funcionaba como la base neurálgica societaria de la red: el jefe del entramado administraba desde tierras cordobesas varias empresas pantalla dedicadas a la importación y compraventa de automóviles de alta gama desde Alemania, cuyos costes por unidad superaban habitualmente los 100.000 euros.

El modus operandi consistía en registrar y mantener formalmente los coches a nombre de los acusados o de las sociedades intermediarias durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, la Guardia Civil constató que los vehículos eran entregados directamente a conocidos narcotraficantes e integrantes de clanes del Estrecho para su uso cotidiano. De este modo, los delincuentes lograban disfrutar de un elevado patrimonio sin vinculación directa ni levantar sospechas ante la Hacienda Pública.

Dado el alcance de la red, la Operación Carrus conllevó la detención de 88 personas y la investigación de otras 19 en múltiples puntos de la geografía nacional, como Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Madrid, Barcelona, Alicante, Ceuta, Pontevedra o Ciudad Real. La operativa global incluía el movimiento de fondos a través de más de 48 cuentas bancarias, habiéndose intervenido en los registros dos inmuebles, 37 vehículos de alta gama, una motocicleta y diverso material informático.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intervenirle un envoltorio con unos 20 gramos de una sustancia con apariencia de cocaína durante un servicio de vigilancia en la zona del Granadal.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando funcionarios de la Policía Nacional que patrullaban de paisano por la zona del polígono El Granadal observaron a dos personas con una actitud sospechosa, lo que les hizo pensar que podrían estar consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente.

Al aproximarse al lugar e identificarse como policías, los intervinientes observaron cómo la mujer arrojaba un objeto al suelo, que, una vez localizado por los agentes, resultó ser un envoltorio con una sustancia en su interior, reconociendo la detenida que se trataba de cocaína, en una cantidad aproximada de 20 gramos, que había sido adquirida momentos antes. 

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la investigada como presunta autora de un delito contra la salud pública, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, cometido en la localidad de Hinojosa del Duque.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fuente Obejuna se desplazaron hasta Hinojosa del Duque tras recibir un aviso de la Central COS por un supuesto altercado familiar en un domicilio.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se entrevistaron con el morador de la vivienda, quien manifestó que se encontraba solo en el domicilio y que no había mantenido ninguna discusión con nadie, invitando a los agentes a acceder al domicilio para comprobarlo, dando para ello su consentimiento expreso y facilitando el acceso al interior de la vivienda.

Durante la permanencia de los agentes en el domicilio, mientras realizaban las comprobaciones oportunas, observaron a través del cerramiento que daba acceso al patio exterior varias plantas que, por sus características, aspecto y el olor que desprendían, pudieran tratarse de marihuana, por lo que preguntaron al morador por su origen, que confirmó que eran plantas de marihuana que cultivaba para propio consumo.

Ante estos hechos, los guardias civiles aprehendieron las plantas localizadas, siendo 39 en total, de entre 60 y 100 centímetros de altura, con numerosos cogollos y arrojando un peso total de 2.640 gramos, por lo que procedieron a la investigación de dicha persona por un supuesto delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción.

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tráfico y cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, contribuyendo con estas actuaciones a evitar que este tipo de sustancias lleguen al mercado ilícito y proteger la salud pública.

El conductor de un camión que circulaba por un polígono industrial de la localidad cordobesa de Puente Genil ha sido interceptado y, tras practicarle el test de drogas, este arrojó un resultado positivo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de septiembre por la tarde, cuando la Guardia Civil interceptó e inmovilizó al camionero en el polígono industrial Huerto del Francés de la localidad pontanesa. En ese momento, se activó a la Policía Local para que acudiera al lugar y realizara el test al conductor.

Según informa la Policía Local, se realizó la prueba de detección de drogas y el resultado fue positivo, por lo que se iniciaron las correspondientes actuaciones, elevando las denuncias contra el conductor y quedando el camión inmovilizado en el mismo lugar.

La Policía Local recuerda que cuando alguien se pone al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas, sus reflejos, su capacidad de reacción y su percepción pueden verse seriamente alterados, por lo que no esas sustancias no son compatibles con la conducción. Asimismo, destaca la colaboración entre cuerpos policiales como algo fundamental para prevenir riesgos y proteger a todos los usuarios de la carretera.

La Guardia Civil y la Policía Local de Puente Genil (Córdoba) han colaborado en la interceptación de un motorista que conducía bajo los efectos de cocaína y opiáceos.

Ese fue el resultado del test de drogas que se le practicó después de que fuera interceptado en la carretera A-304 a la altura del cruce de Los Arenales, en Puente Genil. Tras ser interceptado por la Guardia Civil y ante la sospecha de que pudiera conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, una patrulla de la Policía Local llevó a cabo las pruebas de detección de drogas.

Según ha informado la Policía Local, realizada la correspondiente prueba, esta arrojó resultado positivo en cocaína y opiáceos. Como resultado, se procedió a la inmovilización de la motocicleta y su traslado al depósito municipal, además de formular la correspondiente propuesta de sanción.

La infracción cometida conlleva una sanción económica de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, conforme a la normativa vigente.

La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual de 2025, en la que se pone de manifiesto un incremento del 45% en las causas por tráfico de drogas durante 2025 en la provincia de Córdoba, en contraste con el descenso general, situándola entre las provincias con mayor crecimiento y la de más aumento en Andalucía.

Ese dato viene a corroborar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció hace unas semanas, cuando alertó de que en la provincia de Córdoba se incrementaron nada menos que un 1.649% las incautaciones de hachís en 2025 respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento experimentado a nivel andaluz y nacional. Lo cierto es que la memoria de la Fiscalía confirma el diagnóstico de esta asociación sobre el narcotráfico y respalda sus demandas legislativas. 

Por un lado, el Ministerio Público advierte del desplazamiento del narcotráfico “a zonas geográficas contiguas donde se espera menor presión policial”, y AUGC lleva años avisando que, debido al endémico y cada vez más acuciante déficit de guardias civiles, la provincia cordobesa es utilizada por las organizaciones criminales como zona logística para el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga desde las costas andaluzas hasta el resto del país e incluso hacia otros países europeos. 

Por otro lado, la Fiscalía advierte que “la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite”, coincidiendo con las denuncias de AUGC sobre la creciente impunidad y descaro con que actúan los narcotraficantes en todo el territorio andaluz, al ser conocedores de la falta de efectivos policiales y del grave déficit de medios materiales.

Además, la Fiscalía Antidroga constata en sus sucesivas memorias que la respuesta legislativa al narcotráfico es prácticamente inexistente, porque en los últimos años solo se ha producido una reforma, la tipificación como delito del denominado “petaqueo”, regulación que AUGC llevaba cinco años reclamando.

Aunque Interior no quiera reconocerlo y las instituciones provinciales no sean conscientes del problema, lo cierto es que los narcotraficantes y sus redes de apoyo están cada vez más asentados en esta provincia, con guarderías de droga, delincuentes más violentos y armas de fuego.

Y para poder luchar con eficacia contra esa delincuencia organizada, AUGC reclama el incremento de la plantilla provincial de la Guardia Civil con al menos 300 efectivos, el refuerzo de las unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, la dotación de medios adecuados y suficientes, la protección jurídica para los agentes, el endurecimiento de las penas y el reconocimiento como profesión de riesgo para guardias civiles y policías nacionales.

Mientras que a nivel autonómico, esta asociación considera que el Gobierno debe adoptar urgentemente una serie de medidas, como la restitución del OCON-Sur, la declaración como Zona de Especial Singularidad, el establecimiento de un plan plurianual para la renovación de medios navales, la dotación de medios no letales de interceptación, la protección frente al señalamiento de agentes y sus familias, el respaldo a las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía,

La Guardia Civil ha detenido en La Rambla a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación se produjo en un punto de identificación de personas y vehículos establecido en uno de los accesos a la localidad de La Rambla, donde una patrulla observó un turismo que resultó sospechoso a los guardias civiles, que decidieron pararlo.

Tras parar el vehículo e identificar a su conductor, que resultó ser un vecino de La Rambla, de 44 años de edad, observaron que su conductor se encontraba en un estado de gran nerviosismo, lo que resultó sospechoso a los agentes, por lo que decidieron efectuar un registro superficial de turismo.

El registro practicado permitió localizar en su interior, una bolsa atada con un alambre que el conductor del vehículo manifestó que se trataba de cocaína, la cual tras su pesaje arrojó un peso de 32 gramos.

Ante este hallazgo, los guardias civiles procedieron a la detención del conductor del vehículo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a la intervención de la droga.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como supuestos autores de un delito de cultivo de marihuana, tras localizar una plantación de cannabis sativa en una finca situada en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba).

La actuación se inició en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para detectar cultivos ilícitos de marihuana en la comarca, al obtener por diferentes fuentes, informaciones que señalaban a una finca concreta como supuesto lugar del cultivo ilegal.

La plantación se encontraba ubicada en una zona de difícil acceso y entre la arboleda de la finca, y había sido acondicionada para albergar un elevado número de plantas. Para dificultar su detección y detectar la posible presencia policial, los responsables habían instalado un sistema de videovigilancia.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron un invernadero utilizado para la germinación y cultivo inicial de las plantas, donde se sembraban las semillas previamente tratadas. Posteriormente, las plantas eran trasplantadas y distribuidas entre la vegetación de la finca.

En total, fueron localizadas 1.647 plantas de marihuana, además de semillas, fertilizantes y numerosos efectos y útiles empleados para el cultivo y mantenimiento de la plantación.

Asimismo, los Guardias Civiles comprobaron que la explotación disponía de un sofisticado sistema de riego, que se abastecía de agua procedente de un arroyo situado en las inmediaciones.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil logró determinar la identidad de dos de los presuntos responsables, procediendo a la detención de uno de ellos y a la identificación del segundo, que quedó investigado en relación con los hechos.

En el lugar también fueron intervenidos un vehículo tipo quad y un remolque, que eran utilizados para desplazarse por el interior de la finca durante las labores relacionadas con el cultivo.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pozoblanco, competente para continuar con las actuaciones judiciales.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a seis años de prisión y multa de casi 90.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con notoria importancia. El hombre alquiló un coche en Lucena, que no devolvió cuando venció el contrato y que fue encontrado en Valencia. Cuando el turismo regreso al municipio cordobés, la sorpresa de la empresa lucentina fue mayúscula: en el maletero había casi un kilo de cocaína.

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado venía utilizando para sus desplazamientos un turismo propiedad de una empresa de alquiler de vehículos de Lucena. En junio de 2025 venció el contrato de arrendamiento sin que el procesado lo renovara, por lo que fue avisado de que el coche le sería retirado durante la primera semana de agosto. Sin embargo, el vehículo no fue entregado a la empresa.

Mediante el análisis del dispositivo GPS del coche, la investigación judicial acreditó que el 6 de agosto de 2025 el turismo efectuó diversos desplazamientos entre las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por los enclaves murcianos de Sangonera La Seca y Cañada Hermosa. En uno de estos trayectos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína (con una pureza media del 80,92%), valorados 29.065 euros.

El 7 de agosto, sobre la 1:25, el representante de la empresa propietaria localizó el turismo en una calle de Valencia gracias al sistema de geolocalización. El coche fue recuperado gracias a una segunda llave y trasladado a Lucena. Días después, el 11 de agosto, el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo el 5 de agosto en la entrada de Mercamurcia y que este le había comunicado la existencia de un kilo de cocaína en el interior. Tras personarse un dispositivo de la Brigada de Policía Judicial de Lucena en las instalaciones de la empresa, los agentes hallaron el paquete de droga en el maletero, bajo la bandeja y en el compartimento de la rueda de repuesto, procediendo a su aprehensión y al posterior decomiso y destrucción.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Murcial lo condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 87.195 euros, fallo que el condenado recurrió ante el TSJM. En su escrito de apelación, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba testifical y una supuesta denegación indebida de diligencias esenciales, como el acceso a grabaciones de cámaras y la geolocalización del teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la Sala ha determinado que esta última nunca fue propuesta en el escrito de defensa ni al inicio de la vista oral, y ha calificado la solicitud sobre las cámaras de seguridad como una diligencia puramente exploratoria e inadmisible por extemporánea. Asimismo, el tribunal ha dado solidez a la prueba indiciaria, concluyendo que la versión exculpatoria ofrecida por el acusado era falsa e incompatible con los datos del GPS y los testimonios practicados en el juicio.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Califa-Doja, ha desmantelado en Córdoba una plantación de marihuana instalada en el interior de un inmueble y ha detenido a tres personas relacionadas con su explotación y la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La actuación se inició a raíz de una investigación desarrollada por componentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que permitió obtener indicios claros sobre la existencia de una instalación destinada al cultivo intensivo de marihuana del tipo “indoor”.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble, donde localizaron dos plantaciones en las que se intervinieron aproximadamente 600 plantas de cannabis, además de diversos útiles y efectos empleados para su cultivo y mantenimiento.

Durante la actuación, los agentes localizaron en el interior de las instalaciones a una persona que, presuntamente, ejercía funciones de vigilancia y custodia de las plantaciones, permaneciendo de forma habitual en unas dependencias que presentaban condiciones precarias de habitabilidad e higiene.

En el registro fue hallada e intervenida igualmente un arma de fuego, aparentemente modificada (escopeta de cañones recortados) y munición asociada, efectos que están siendo sometidos a las correspondientes comprobaciones y trazabilidad. Este tipo de armas puede estar relacionado con las funciones de protección y seguridad de plantaciones dedicadas al cultivo y tráfico ilícito de drogas.

Los agentes constataron, además, la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica, utilizada para abastecer el elevado consumo energético requerido por las instalaciones de cultivo. Esta conexión, además del perjuicio económico ocasionado, suponía un grave riesgo para la seguridad de las personas que pudieran encontrarse en el inmueble por el riesgo de electrocución e incendio que presentaba.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas, a las que se investiga por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.