El derecho a la eutanasia, la última de las conquistas civiles arrancadas a la inercia tradicionalista española, afronta serias dificultades de aplicación en Andalucía. Solo 0,32 de cada 1.000 fallecimientos en nuestra región se producen en ejecución de la Ley de Eutanasia, que ahora cumple su cuarto año de vida. La cifra representa menos de la mitad del promedio registrado en España (0,77) en 2023, que es el último año del que se disponen de datos globales de todas las comunidades autónomas.

Solo Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla presentan números más escuálidos en la aplicación de una norma que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el PP y que ofrece un comportamiento muy desigual en cada uno de los territorios de España. Euskadi (2,02), Navarra (1,71) y Canarias (1,40) lideran la tabla en un país muy alejado todavía de las cifras de prestación en los más avanzados de Europa. En Países Bajos, por ejemplo, 58 de cada 1.000 muertes tienen lugar a través de la eutanasia. Es decir, 181 veces más que Andalucía.

La Ley de Eutanasia cumple cuatro años con un balance manifiestamente mejorable y plagado de incidencias y atascos burocráticos. En datos redondos, Andalucía registró 209 solicitudes, de las cuales se tramitaron formalmente 142 expedientes, lo que representa el 57% del total. Solo 81 acabaron en prestación efectiva de la ayuda a morir a enfermos terminales o sometidos a un dolor insoportable e irreversible.

Málaga acapara la mayor parte de las eutanasias: 31. Y representa el 36% de todas las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Le siguen Sevilla (14) y Granada (10). Córdoba, en cambio, ha anotado solo 3 suicidios autorizados desde 2022; es decir, el 4% del total andaluz. Muy por debajo del 9% que aporta al conjunto regional en términos de población.

Las tres eutanasias practicadas en Córdoba se produjeron en 2023. Ni en 2022 ni en 2024 llegaron a concretarse ninguno de los cinco expedientes tramitados esos dos años. Uno de ellos fue informado favorablemente y autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación, pero el paciente murió antes de la eutanasia. En 2024 trece solicitantes fallecieron en Andalucía antes de completarse el expediente.

¿Qué está pasando en Andalucía con la Ley de Eutanasia? El responsable regional de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Gabriel Sánchez Bellón, apunta a varios factores decisivos en el bloqueo de la normativa. “Nunca ha habido una campaña informativa de la Junta de Andalucía, no solo hacia la ciudadanía en general, sino tampoco entre el personal sanitario”, lamenta en conversación telefónica. Pero, sobre todo, “falta formación de los profesionales” y especialmente de los equipos médicos de referencia que estipula la ley.

Uno de los principales problemas cuando un enfermo solicita la ayuda a morir reside en encontrar un médico responsable que ponga en marcha el proceso deliberativo. Y no es, en principio, debido al número excesivo de objetores de conciencia. En Andalucía, la cifra de objetores registrados a día de hoy se sitúa en 1.608, una cantidad baja en proporción a los 100.000 médicos y enfermeros colegiados. “Ese no es el problema”, subraya Sánchez Bellón. “El problema es lo que denominamos la objeción sobrevenida o de conveniencia”, precisa el responsable de DMD. Es decir, los médicos que rechazan asumir el trámite cuando se les presenta el caso por falta de tiempo, desconocimiento de la materia o simplemente para esquivar problemas.

¿La Junta de Andalucía está boicoteando la aplicación de la Ley de Eutanasia? “Por omisión”, responde Bellón. “No ha puesto en marcha una campaña en contra”, afirma, “pero tampoco hace nada por favorecerla”. Los equipos de referencia, por ejemplo, han sido puestos en marcha con tres años de retraso. Y ese es un instrumento capital para el desarrollo de la norma. “Todavía no están funcionando realmente. Depende de cada provincia y distrito, y en función de la implicación del personal”, puntualiza.

Muchos médicos no se quieren señalar. Eso es un problema

Gabriel Sánchez Bellón — Presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Andalucía

En el 90% de los casos, las solicitudes de eutanasia llegan al médico de cabecera. El facultativo puede asumir el trámite o derivarlo al gerente del distrito o director del área sanitaria. La primera entrevista con el solicitante abre un proceso deliberativo. A los 15 días se produce una nueva entrevista para certificar que el paciente se mantiene en su decisión. Si sigue adelante en el proceso, pasa al siguiente escalón: el médico consultor, que suele ser un especialista de la enfermedad del paciente. Revisa el expediente elaborado por el médico responsable y puede entrevistar al solicitante si lo estima conveniente. Entonces, elabora un informe y lo entrega a la Comisión de Garantía y Evaluación, compuesta por trece profesionales de la medicina y el derecho.

Hay médicos que evitan asumir estos casos. “Muchos no se quieren señalar”, explica Sánchez Bellón. “Señalarse es que te digan que eres el médico de la eutanasia y existe una presión social muy conservadora en el sector. Eso es un problema”. Tanto que encontrar un médico responsable que se haga cargo del expediente no es una tarea fácil. Y eso tiene graves consecuencias. Más de un tercio de las personas que piden la eutanasia mueren en el proceso.

El tiempo medio de tramitación entre la solicitud y la eutanasia es de 66 días, el doble de lo previsto en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y 17 más que la media española. Todas las prestaciones de ayuda a morir durante el pasado año en Andalucía fueron realizadas por la sanidad pública, pese a que se trata de un derecho ciudadano incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En España, solo el 8% de las prestaciones se realizan en la sanidad privada.

Los gobiernos autonómicos colaboran poco o nada en el desarrollo de la norma. A junio de 2025, más de la mitad de las comunidades aún no habían publicado el informe anual de la eutanasia, obligatorio por ley. Canarias y la Comunidad Valenciana ni siquiera han presentado el correspondiente a 2023. “Cada comunidad va a su aire. Y esto es intolerable”, protesta el responsable de DMD Andalucía.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la memoria anual sobre la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia (Ley Orgánica 3/2021) a lo largo de 2024 en Andalucía, que recoge que 28 personas, de un total de 72 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir el año pasado.

El informe, elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, detalla que 50 de las 72 solicitudes dieron lugar a la apertura de expediente por la Comisión.

Según ha recogido la Junta en una nota, de las 22 restantes, 13 no dieron lugar por fallecimiento antes del inicio de la tramitación del expediente, cuatro por desistimientos previos al inicio del proceso ante la comisión, cuatro solicitudes han tenido informe desfavorable por parte del médico responsable, que no han sido objeto de reclamación; y una solicitud, presentada en 2024, no tenía toda la documentación para su tramitación.

En cuanto a las prestaciones realizadas, una se realizó en Almería, otra en Cádiz, cuatro en Granada, dos en Huelva, 15 en Málaga y cinco en Sevilla. Las 50 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 28 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; nueve fallecieron durante la tramitación del expediente y 13 expedientes tuvieron resolución desfavorable. De estas 50 solicitudes, 32 fueron presentadas por hombres y 18 por mujeres.

Por provincias se presentaron tres en Almería, tres en Cádiz, tres en Córdoba, siete en Granada, tres en Huelva, 23 en Málaga, ocho en Sevilla y ninguna en Jaén. Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a solicitar la ayuda médica a morir son en primer lugar los procesos neurodegenerativos, con 21 expedientes, seguido por procesos oncológicos con 16 expedientes y los procesos pluripatológicos/crónicos complejos con diez expedientes.

Así, el 94% de las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. Y no se ha presentado ninguna revocación tras la firma del consentimiento informado por parte del paciente, según ha indicado la Junta.

Por otro lado, el número de prestaciones en las que se realizaron donaciones de órganos fueron cinco, lo que ha dado lugar a la donación de un total de 18 órganos: diez riñones, cinco hígados, dos pulmones y un páncreas. En cuanto al número de reclamaciones presentadas ante la comisión, fueron 13, de las que tres fueron resueltas favorablemente, nueve desfavorablemente y en un caso se ha acordado retrotraer las actuaciones, no pronunciándose sobre la prestación.

Asimismo, ha señalado que desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2024, 1.608 profesionales sanitarios se han acogido a la objeción de conciencia. Desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia, 209 personas han solicitado la prestación, de las que 81 la recibieron; se han tramitado 142 expedientes y no se inició la tramitación de 67 solicitudes.

Por provincias, en total acumulado de personas que recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir es de seis personas en Almería, nueve en Cádiz, tres en Córdoba, diez en Granada, seis en Huelva, dos en Jaén, 31 en Málaga y 14 en Sevilla.

Durante sus 15 años como obispo de Córdoba, Demetrio Fernández nunca le ha temido a la polémica ni a las críticas sociales que pudieran surgir tras sus numerosas proclamas con el feminismo, el colectivo LGTBI o el derecho al aborto.

Desde su llegada a la Diócesis de Córdoba, el prelado ha lanzado mensajes tanto en sus homilías como en sus cartas semanales que han sido censurados por sectores de la población que no veía en ellas la realidad de la sociedad. Estas reiteradas declaraciones críticas han llevado a denuncias por parte de colectivos y personas individuales, como a apostasías colectivas como las que se llevaron a cabo en 2017 y 2022.

Comparar el asesinato de Ruth y José con el aborto

En octubre de 2012, Fernández apenas llevaba dos años presidiendo el Obispado de Córdoba y la ciudad aún se reponía de la noticia que sorprendió a todos en verano: los huesos hallados en Las Quemadillas no eran de roedores, sino de dos niños de las edades que tenían Ruth y José cuando “desaparecieron” en octubre de 2011. La sentencia llegaría en 2013, cuando la Audiencia Provincial condenó al padre de los menores, José Bretón, a 40 años de cárcel por el doble asesinato.

El drama que supuso este caso en la sociedad española fue usado por el obispo de Córdoba en 2012 para denunciar el derecho al aborto. “Ningún crimen tan horrible como el del aborto, cuando una madre se ve en la situación de matar al niño que ha concebido en sus entrañas. Que el seno materno, el lugar más seguro y más cálido para el ser humano, no sea nunca más un lugar de amenaza para el ser humano naciente, ya desde su concepción, incluso antes de su anidación en el útero materno”. “No vale invocar el derecho de la madre para matar a su hijo. ¡Ningún padre, ninguna madre tiene derecho a matar a su hijo! Que Ruth y José nos lo hagan entender a todos”, llegó a afirmar.

El aborto, “una matanza de inocentes”

Las críticas al aborto han sido una constante desde su llegada al Obispado de Córdoba; un derecho que ha definido como “una matanza de inocentes” y que “no puede ejercerse cuando está en juego la vida de un sujeto humano, porque la decisión presionada por intereses egoístas, no respeta la vida y elimina al que estorba”.

En otra ocasión ha señalado que la vida “ha de ser acompañada y protegida, precisamente cuando es más frágil”, de modo que “la decisión de eliminar a los que estorban, o por su minusvalía o por su calidad de vida o por una falsa compasión (para que no sufran), es una postura arrogante, que se considera juez y dueña de la vida de los demás”.

Cabe recordar que la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón -centro privado religioso adscrito a la Universidad de Córdoba (UCO)-, convocó en 2017 el premio Madre y maestra de vida a través del cual “galardonaba” con 2.000 euros a las estudiantes universitarias que se habían quedado embarazadas y habían decidido continuar con la gestación. Tras esta polémica, la UCO emitió un comunicado en el que aseguraba que la adscripción académica no suponía “compartir las iniciativas” de este centro.

También sobre el aborto, en otra carta de abril de 2018, alababa a aquellas “universitarias” que, ante “un embarazo imprevisto, contra viento y marea han adoptado la postura contracultural de aceptar al hijo de sus entrañas, no han cedido a la presión homicida y ahora gozan de su criatura, que no cambiarían por nadie ni por nada en el mundo”.

Las mujeres no tienen el “don” para ejercer el sacerdocio

Entre sus primeras cartas semanales más polémicas está la que publicó en junio de 2013, cuando afirmó que la mujer “jamás” podrá ser sacerdote, ya que “no se trata de un derecho, sino un don”. “La Iglesia ha establecido que la ordenación sacerdotal solo puede concederse a varones y es algo que no podrá ser reformado nunca jamás, porque el papa Juan Pablo II la ha dictado apoyado en el ejemplo de Jesús, en la Palabra de Dios, en la tradición viva de la Iglesia y en su infalibilidad pontificia”.

El feminismo como “una bomba atómica”

La ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. Así se manifestó Demetrio en agosto de 2016 sobre la Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid, sumándose a una nota emitida entonces por los obispos de Getafe y Alcalá de Henares.

En aquellas declaraciones, el obispo de Córdoba aseguraba que “¡cómo no lo vamos a compartir! Lo que el Papa dice, lo compartimos todos los obispos”, y que lo defendido por quienes eran sus compañeros era la tesis que defendía el papa Francisco. “Teniendo delante lo que dice él -este, los anteriores y los que vengan-, tenemos lo que piensa la Iglesia”.

Estas declaraciones llevaron al entonces diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, a iniciar una recogida de firmas para que la Fiscalía actuara ante lo que pudieran ser declaraciones “homofóbicas”.

El papel de la mujer, “dar calor al hogar”

Su visión machista de la mujer también ha llevado a Demetrio a asegurar que el papel de esta es el de “dar calor en el hogar” mientras que “cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa”. En concreto y según la visión del obispo, el hombre “aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad”.

En el caso de la mujer, en diciembre de 2015 opinaba que esta “tiene una aportación específica, da calor al hogar, acogida, ternura. El genio femenino enriquece grandemente la familia”, de modo que, “cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa. Esa complementariedad puede verse truncada por la falta de uno de ellos, y la familia más amplia -abuelos, tíos- puede suplirla”.

El matrimonio es “indisoluble”

En 2015, y en alusión a las reformas dentro de la Iglesia plantadas en aquel momento por el papa Francisco sobre el divorcio y la nulidad matrimonial, Fernández defendió que “nadie puede deshacer -ni siquiera el Papa- lo que Dios ha unido por voluntad de los esposos en el sacramento del matrimonio”. En esa línea, defendía en una carta pastoral que la Iglesia debe mantener su máxima de “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” y planteaba que el matrimonio es “indisoluble” y el divorcio, “una verdadera plaga”.

Cambio en el nombre de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Si hay una polémica por la que el obispo de Córdoba tuvo que dar marcha atrás es la que tiene que ver con la forma de llamar a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Fernández siempre defendió que el monumento es una Catedral exclusivamente que se asienta sobre una antigua mezquita. El discurso oficial de la Diócesis alcanzó al Cabildo, que le cambió el nombre al monumento, que oficialmente pasó a llamarse Catedral de Córdoba, antigua mezquita aljama, en minúscula. La protesta ciudadana, impulsada por la plataforma Mezquita Catedral, provocó la indignación de la Unesco. El Cabildo acabó rectificando y eliminando toda la cartelería de la visita turística, y el templo pasó a llamarse Conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba.

La reproducción asistida, “un aquelarre químico”

En esa misma línea, el prelado ha llegado a comprar las técnicas de reproducción asistida con un “aquelarre químico de laboratorio” para defender el modelo de familia que la Iglesia toma de ejemplo y que se forma “por la unión de los esposos que normalmente se convierten en padres”. A su modo de entender “la procreación”, los hijos deben ser fruto del “abrazo amoroso de los esposos”, algo que en su opinión “no puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio (fecundación 'in vitro')”. Por ello, “todo tipo” de fecundación artificial “rompe” la armonía de la creación. 

Estas palabras llevaron a un científico cordobés, David Lozano –doctor en Ingeniería, investigador en Gestión de Recursos Hídricos y antropólogo-, lanzo a través de Change.org una petición para proteger a los menores contra su discriminación en función del origen su concepción.

Contra la Ley de Eutanasia

El proyecto de Ley de Eutanasia del Gobierno también encontró, en marzo de 2020, el rechazo del obispo de Córdoba, ya que, a su juicio, la norma suponía “un nuevo ataque a la dignidad de la persona” y “una nueva actuación de la cultura de la muerte”, cuando lo que debe es dedicar más medios a cuidados paliativos para “matar” el dolor de los enfermos y no a estos, pero sin llegar al encarnizamiento terapéutico, pues tampoco hay que “prolongar la vida a toda costa”.

Alegría tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía

El 2 de diciembre de 2018, Andalucía afrontó una jornada electoral en la que, aunque ganó el PSOE, el PP -por primera vez en su historia- se hizo con la presidencia de la Junta tras un pacto de Gobierno con Ciudadanos y acuerdo con Vox para lograr sus votos. Los populares y la formación naranja pusieron, así fin, a casi 40 años de gobiernos socialistas, lo que llevó al obispo de Córdoba a mostrar su “alegría” porque Andalucía se había convertido en la “pionera del cambio social”.

“Andalucía tiene una sensibilidad propia, Andalucía sabe lo que quiere y a donde va. Harta de promesas incumplidas, que la tienen a la cola en tantos aspectos, pide a gritos ser protagonista de su propia historia, y que no contradigan sus sentimientos más nobles”, añadía en una carta semanal titulada Vuelco en Andalucía.

Esta carta también tuvo una respuesta de Hurtado, que acusó al prelado de apoyar“ al fascismo” y estar muy contento con Vox.

La unidad de España

Tras el referéndum de independencia de Cataluña, que se celebró el 1 de octubre de 2017, Fernández defendió en una homilía que “la patria está en peligro” y acompañado de mandos policiales y autoridades civiles de la provincia con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios -patrón de la Policía Nacional. Ocho años después, alertó de nuevo de la “desintegración de la unidad de España” y apeló al espíritu del apóstol Santiago para la difusión de la fe católica para evitar “ese mal”.

Por ninguno de estos mensajes, ni el obispo ni la Diócesis de Córdoba han formulado jamás ninguna rectificación.

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ha organizado este viernes el primer Encuentro virtual de comisiones de garantía y evaluación para la prestación de ayuda para morir en el que han participado comisiones de otras comunidades autónomas, representantes del Ministerio de Sanidad y miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente con el fin de analizar la evolución de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia.

Desde su puesta en marcha, se han atendido 90 expedientes de alta complejidad. Según los datos recogidos en el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, 24 personas, de un total de 56 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir en la comunidad autónoma el año pasado. De ellas, cuatro eran personas de la provincia de Córdoba.

Un total de 16 de las 56 solicitudes de la prestación no dieron lugar a la tramitación del expediente por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro) y por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos). Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; una ha tenido una resolución favorable pero ha pedido aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación y las nueve restantes han recibido resoluciones desfavorables.

Por provincias

Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho, en Cádiz; cuatro, en Córdoba; dos, en Granada; una, en Huelva; una, en Jaén; trece, en Málaga; y siete, en Sevilla.

En el encuentro, al que han acudido también la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén, Elena González; y el presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación para la Ley de Eutanasia en Andalucía, Serafín Romero; se ha contado la experiencia de las comunidades y ha permitido a los asistentes “identificar acciones de mejora y buenas prácticas en esta materia”, tal como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir, que ha llevado a cabo su 54 sesión desde que se constituyó el 10 de noviembre de 2021, es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actúa con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones. Está adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de salud.

Está compuesto por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y derecho, todos ellos expertos en bioética, y cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y once vocales. Corresponde a la Comisión, con carácter general, la verificación previa del cumplimiento de las garantías y el procedimiento regulador de la prestación, así como el control posterior del mismo.

Específicamente, la Comisión debe resolver las reclamaciones que se interpongan ante la denegación de la prestación por parte del médico responsable, del médico consultor o las solicitudes que se eleven al pleno en caso de disparidad en el informe que han de emitir los miembros de la Comisión designados para llevar a cabo la verificación previa de la prestación.

Asimismo, corresponde a la Comisión la verificación de la prestación una vez ésta se haya realizado, la detección de problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LORE, además de la propuesta de mejoras para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos. Deberá, igualmente, resolver las dudas o cuestiones que puedan surgir durante el procedimiento de aplicación de la LORE, en calidad de órgano consultivo y elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de su aplicación.

Gabriel Sánchez Bellón pudo haber contraído el compromiso con el derecho a una muerte digna a través de la militancia cívica. Que también. Pero tomó conciencia de la indignidad del dolor y el naufragio humano cuando contempló a un ser querido arrasado por la esclerosis múltiple. Ese desmoronamiento lento y cruel de la vida hasta reducirte a un montón de huesos inmóviles. Fue aquel trance desgarrador el que lo empujó a implicarse en la batalla ciudadana en defensa de la eutanasia.

Su amiga asumió su destino con una naturalidad encomiable. Jamás se quejó de su fatal desventura ni se planteó por asomo el último recurso a la muerte asistida. Pero Sánchez Bellón sacó conclusiones éticas que aún hoy, muchos años después, vertebran su vida. Lo primero que hizo fue redactar su propio testamento vital, mucho antes de que la eutanasia se vislumbrara en el horizonte como un proyecto de ley. Y se incorporó a la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En 2016, fue invitado a Córdoba el doctor Luis Montes, ceñudamente perseguido por la Comunidad de Madrid a cuenta del polémico caso de las sedaciones en enfermos terminales. Fue un punto de inflexión. Se creó un grupo local estable y activo en una ciudad secularmente adormecida. Desde 2022 Sánchez Bellón preside DMD Andalucía.

Acaban de cumplirse tres años de la Ley de Eutanasia, un hito histórico que coloca a España en la vanguardia de los derechos civiles. El pasado año, 323 personas ejercieron su derecho a la muerte digna, un 12% más que en 2022. Entre obstáculos administrativos y resistencias ancestrales, la ley se abre paso, día a día, para ofrecer a miles de enfermos sin retorno una salida más allá del dolor desmedido y la vida que ya no merece ser vivida.

PREGUNTA. Si somos dueños de nuestra vida, ¿somos dueños de nuestra muerte?

RESPUESTA. Con muchos paréntesis.

P. ¿Qué paréntesis?

R. Vivimos en sociedad y estamos condicionados por un montón de aspectos de tipo social, político, cultural o familiar. Cada persona pretende vivir lo más libremente posible y también tener libertad para la muerte. Hay que distinguir entre el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. De hecho, la Ley de Eutanasia plantea dos contextos distintos. Uno es la enfermedad grave, irreversible, con grandes dolores, sufrimiento físico o psíquico y sin perspectivas. Ese es el caso clásico en los países europeos y en Canadá. Aquí no. Aquí el caso mayoritario es el supuesto de las enfermedades neurodegenerativas, donde hay un padecimiento insoportable aunque sin perspectiva de muerte inminente. Pueden ser quince, veinte o treinta años.

Fijar el día de tu propia muerte no es fácil

P. ¿El Estado tiene derecho a opinar sobre nuestra elección a morir?

R. No tiene derecho pero en parte sí. Estamos en una sociedad muy amplia, muy variada. El Estado, según la Constitución, tiene el deber de proteger la vida de los ciudadanos. Si alguien intenta quitártela es sancionado con un castigo. Y tiene el deber de favorecer tu vida con un sistema educativo y sanitario, con el derecho a la vivienda o con un trabajo digno que te permita vivir. Tradicionalmente se ha dicho que no se podía legislar sobre la eutanasia porque es justo lo contrario. Pero la legislación sobre la eutanasia se basa en el artículo 1 de la Constitución: la libertad como base esencial de todo. O el artículo décimo, que habla de la dignidad. O el 15, que se refiere a la integridad. Una persona libre y consciente tiene el derecho reconocido en esta ley a decir: “Yo no quiero llegar a tal situación. Yo quiero intervenir en mi muerte”. Y, en función de esa libertad, de esa autonomía y de esa integridad de la persona, se reconoce este nuevo derecho, que es un derecho fundamental.

P. ¿La Ley de Eutanasia garantiza realmente que somos dueños de nuestra muerte?

R. Hay una serie de controles muy fuertes. La ley española es muy garantista. Una primera deliberación se produce con el que será médico o médica referente. Y se pide la solicitud. A los quince días se repite. Y otra nueva solicitud. Después se presenta a la comisión de garantías aunque primero hay otro paso: un médico o médica consultora tiene que dar su opinión. Normalmente es un especialista de la enfermedad. Entonces la comisión designa a un médico y a un jurista que revisa todo esto. No hay un derecho al suicidio como tal. Esto debe quedar claro. Es muy distinto. Aquí lo que tú pides es que un médico o una médica te administre un fármaco por una vía que en cinco minutos pone fin a tu vida. O que te receten un producto que te tomas oralmente y tú eres quien abre la llave. Eso es el suicidio médicamente asistido. No tiene que ver con el suicidio clásico.

Hay un objetivo a largo plazo que es lo que se llama la libre disponibilidad de la propia vida. Puede haber situaciones de personas que no tienen una enfermedad grave mortal inminente. Tiene 80 años, achaques, no se puede mover bien, su familia está lejos, no le gusta como está el mundo y no quiere seguir viviendo aquí. Cree que su vida se ha acabado. Entonces pide que se le reconozca el derecho a morir pero con un control médico. Eso no existe ahora mismo. En Holanda ya ha habido dos o tres veces proyectos de ley que nunca han salido adelante. Lo que se llama los proyectos de ley de vida cumplida.

En el primer caso de eutanasia de Córdoba, el paciente se murió tres días antes

P. ¿Cuál es el país más avanzado en el mundo?

R. Países Bajos.

P. ¿Y cuál fue el primero?

R. Países Bajos también.

P. ¿Muchos países han legalizado la eutanasia?

R. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España. Se aprobó en Portugal pero no va a salir. El presidente de la República lo retuvo muchísimo tiempo y ahora encima ha ganado las elecciones la derecha. Hay proyectos en Austria y en Alemania, donde se produjo una sentencia constitucional clave. Luego está Canadá, Colombia, Perú y varios estados de México y de Estados Unidos, pero solo suicidio médicamente asistido. También en la mayor parte de los estados de Australia. Y hay un caso muy especial: Suiza. Allí la eutanasia no está permitida pero sí el suicidio médicamente asistido.

Gabriel Sánchez Bellón (Úbeda, 1952) ha sido profesor de enseñanza media toda su vida profesional. Se estrenó en el instituto de Baena el mismo año en que los ayuntamientos recuperaban su pulso democrático tras la larga pesadilla franquista. “Fue un año estupendo”, afirma sentado en un banco del parque Juan Carlos I, en Ciudad Jardín. Al curso siguiente se incorporó al equipo del López Neira, donde trabajó 33 años consecutivos hasta su jubilación.

Ha estado vinculado permanentemente en causas ciudadanas de distinto signo. En los ochenta, frecuentaba el Círculo Cultural Juan XXIII y se implicó en la campaña anti OTAN que fracturó al país y centrifugó a la izquierda. La paz y el desarme ha estimulado gran parte de su compromiso cívico, principalmente de la mano del ya desaparecido Instituto de Estudios Transnacionales, y ha participado activamente en algunos cineclubes.

P. Casi dos terceras partes de las solicitudes de eutanasia en Andalucía no se cumplen. ¿Sabe por qué?

R. Hay mucha diferencia entre las solicitudes y la prestación de ayuda a morir. Lo que ocurre es que la solicitud lleva mucho tiempo y en Andalucía encontrar médico responsable o consultor es bastante difícil.

P. ¿Por qué?

R. Primero porque hay muchos médicos objetores, aunque tampoco haya una masa, ni mucho menos.

P. Poco más de 1.300, ¿no?

R. Exacto. O sea, que en comparación con el total de sanitarios es poca gente. Pero hay muchos que no se han inscrito en el registro de objetores de conciencia y cuando se encuentran con la eutanasia se declaran objetores.

La eutanasia se está practicando casi únicamente en la sanidad pública

P. ¿Por qué?

R. Hay una actitud de la Junta que no es que boicotee la ley, pero no se está haciendo lo suficiente para que el personal médico de enfermería esté informado bien de qué es la norma y qué supone. Lo que nosotros pedimos a la Junta es algo que en otras comunidades está funcionando muy bien: que se creen equipos de referentes. Es decir: médicos, médicas, enfermeros que estudien la ley bien y conozcan el proceso. El tema de las solicitudes iría mucho mejor de cómo ha ido. En 2022 hubo 81 solicitudes y 29 casos de eutanasia. Mucha gente estaba muy mal, sobre todo de oncología, y la pidió. Pero como el proceso era tan lento y funcionaba tan mal mucha gente se murió antes de la eutanasia. En 2023 ha habido solo 56 solicitudes y 24 casos de ayuda a morir. Porcentualmente ha subido un poco. ¿Qué pasa? Puede ser que la gente se haya enterado mejor y, por tanto, haya habido más solicitudes autorizadas.

P. 24 muertes asistidas en 2023 y cuatro en Córdoba. ¿Todo en orden?

R. No se trata de hacer un campeonato a ver quién tiene más cifras. Ganaría Cataluña por supuesto. El tema no es tanto el número sino la manera en que se haga y, sobre todo, si las solicitudes siguen rápidamente su curso. Si en vez de 75 días de media fueran los 35 o 40 días que dice la ley muchas más de esas solicitudes acabarían en prestación de ayuda a morir. El primer caso que se autorizó en Córdoba, la persona se murió tres días antes. Hay muchos de esos casos. Y hay casos de maltrato administrativo. Médicos que empiezan a boicotear. Gente que lo hace porque ideológicamente está en contra.

P. ¿Y la administración lo permite?

R. Lo que no debería de haber es la posibilidad de que intervinieran. Pero sabemos que ha habido algunos casos. Va subiendo el número de eutanasias. El primer año fueron quinientas y pico solicitudes y doscientas y pico prácticas. Este año han sido 727 solicitudes y 323 prácticas.

P. ¿La eutanasia es un acto de valentía o un signo de cobardía?

R. De valentía total. Todos queremos vivir. Tú ves qué situación tienes y dices: “Yo quiero afrontar esto sin sufrimiento”. Y fijas el día de tu propia muerte. Eso no es fácil hacerlo. Saber que hoy me despido, que dentro de diez minutos me van a poner la vía y adiós mundo cruel. La gente que se opone a la ley dice que no habría eutanasia si hubiera buenos cuidados paliativos y la persona tuviera el cariño de su familia y de la sociedad. No estamos de acuerdo. Los paliativos se contraponen muchas veces a la eutanasia. Y son paralelos. Son dos tipos de actos médicos. Nadie quiere sufrir. En DMD estamos a favor de los paliativos totalmente. La experiencia de Bélgica y Países Bajos indica que cuando se aprobó la ley los paliativos se dispararon. ¿Por qué? Hasta la Ley de Eutanasia y, sobre todo, a partir de la persecución del doctor Montes no había muchos médicos que se atrevieran a aplicar paliativos en serio. Te podían denunciar y acusar de haber matado a un paciente. ¿Por qué hay que esperar diez días de sufrimiento cuando a lo mejor en ocho o diez horas se va a morir?

P. Se cumplen tres años de la Ley. ¿Conclusiones?

R. Hay un hecho positivo: la Ley se ha puesto en marcha y se está cumpliendo. Con muchas dificultades y desigualdades enormes entre territorios. Cataluña o Navarra no tienen nada que ver con Extremadura, Murcia o Andalucía. Y además se está practicando casi únicamente en la sanidad pública. Aquí no ha habido como en el aborto aquel movimiento de objeción absolutamente absurdo. Hasta las limpiadoras decían que eran objetoras a la Ley del Aborto. Se temía que ahora hubiera una derivación a centros privados, como pasó con el aborto, pero eso no se ha producido. La valoración negativa es que no ha habido por parte de todos los gobiernos autónomos el esfuerzo de información, de formación y de difusión. En el norte de España la sociedad parece mucho más abierta.

La Junta no hace lo suficiente para formar a los sanitarios

P. España registra una tasa del 0,07% sobre el total de fallecimientos, una cifra muy baja con respecto a Europa. ¿Dónde está el atasco?

R. Primero: estamos empezando. Luego, todas esas dificultades de formación del personal sanitario. Y que hay una presión a veces muy fuerte, que en otros países no existe. En Bélgica la Iglesia católica lógicamente se ha opuesto a la Ley de Eutanasia, igual que algunos partidos de la derecha, pero no ha habido una guerra tremenda como aquí.

P. La Ley fue aprobada en el voto contrario de PP, Vox y UPN. ¿Casualidad?

R. No. Es lógico. Son los partidos de la derecha muy relacionados con la Iglesia. El PP se opuso sistemáticamente al divorcio porque iba a ser el fin de la familia. Luego al aborto. Más tarde a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora se ha opuesto a la eutanasia. Todo lo que sea avance de derechos personales los partidos de la derecha en España se oponen. Aunque luego en la práctica ya hacen otra cosa. El caso más llamativo fue la oposición al matrimonio igualitario cuando dijeron que era el colmo y el fin de la familia. Y, al poco, el señor Maroto se casó con su novio y hasta Aznar y Rajoy fueron a la boda. Entonces, ¿para qué tanta manifestación con los obispos?

P. ¿Hay ideología en la muerte asistida?

R. No tiene por qué haber. En todo caso, la ideología de la libertad, de la dignidad y la autodeterminación de la persona. Politizarlo aquí en España creo que se ha llegado demasiado al extremo y se ha utilizado la Ley como un arma contra el Gobierno. El clima político en España no tiene comparación con un país como Bélgica.

P. La Iglesia cree que la muerte está en manos de Dios.

R. No solo la Iglesia católica. Todas las religiones piensan que la vida es algo que Dios nos da. Y, por tanto, Dios nos quita. La Iglesia ha dado algunos pasos. La Conferencia Episcopal publicó un documento en el cual recomienda que se haga un testamento vital, pero no se puede rechazar la alimentación por sonda nasogástrica ni la hidratación. Y además tienes que poner una coletilla advirtiendo que no quieres que te practiquen la eutanasia. Es absurdo. Acepta también los paliativos. Y ahora cada vez más ya proclama que no se debe de hacer la obstinación terapéutica: empeñarse en poner tratamientos a una persona con siete cables y un montón de tubos.

P. ¿La derecha española está cautiva de la Iglesia católica en asuntos morales?

R. Cautiva no. Se utilizan mutuamente. La derecha sabe que cuenta con la Iglesia para muchos temas y eso te da un altavoz y una legitimación social. Y la Iglesia lo mismo. En determinados puntos están totalmente de acuerdo. Pero no podemos olvidar que luego hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco publica una encíclica y pone el sistema capitalista como algo criminal. Ahí la derecha no dice nada.

La derecha española se opone a todo lo que sea avance de los derechos personales

P. Uno de cada tres solicitantes fallece antes de recibir la eutanasia.

R. Eso es lo más grave ahora mismo. Los retrasos en enfermedades neurodegenerativas no son tan graves. Que una persona que sabe que le quedan todavía diez años de esclerosis le den la eutanasia en cuarenta o en cincuenta días no es tan grave. Pero en enfermedades oncológicas o insuficiencia grave respiratoria o hepática diez días son muchos días. Que este año hayan muerto tantas personas durante la tramitación de la primera solicitud e incluso gente con el sí indica que hay un problema grave.

P. ¿La objeción de conciencia es un derecho que niega otro derecho?

R. La Constitución española solo incluye una objeción: el servicio militar. Aquello dejó de tener sentido cuando se aceptó la prestación social sustitutoria y luego se acabó el servicio militar obligatorio. Cuando se plantea la Ley del Aborto hay esa enorme presión por parte de los colegios médicos, la Iglesia y los partidos de la derecha. Hay personas que consideran que la vida va desde el momento de la concepción hasta su final natural. Lo natural durante milenios ha sido que la gente se moría antes de los cuarenta años y de cada cien niños que nacían se morían setenta. Ahora se ha incluido la objeción para la prestación de ayuda a morir. Eso tiene un problema: choca con otro derecho. El derecho de la persona que solicitó la muerte digna. En caso de choque de los dos derechos tiene que primar el derecho del paciente.

P. Más de 1.300 sanitarios se han declarado objetores en toda Andalucía. ¿Muchos o pocos?

R. En cifras globales son pocos. Lo que pasa es que están desigualmente repartidos. Es curioso que el porcentaje respecto a los médicos, el primer sitio con más objetores sea Sevilla pero el segundo es Córdoba cuando por su población debería estar en cuarto lugar.

P. ¿Por qué?

R. Estamos en una sociedad muy especial. Tal vez en el personal médico de Córdoba hay más peso de las creencias religiosas o de un planteamiento filosófico en contra. La gente que presenta la objeción desde el principio es porque ya ideológicamente lo tiene claro. Pero luego está la objeción sobrevenida de gente que no ha objetado pero le pesa ponerse con este tipo de expedientes. Lo que hay que hacer es favorecer que se encuentren con la suficiente información y formación para que no se asusten.

P. Leo en la prensa lo siguiente: “Hay denegaciones inaceptables que incumplen la ley”.

R. Sí. Hay casos muy fuertes. Por ejemplo, en Valencia una mujer dice que en el momento en que ella no sepa quién es ni conozca a nadie pide la ayuda médica a morir. Y el informe de los médicos dice que la mujer no muestra ningún síntoma de sufrimiento. Y la mujer no tiene por qué estar retorciéndose en la cama.

P. Hay que respetar su voluntad.

R. O, por ejemplo, en Andalucía un hombre con esclerosis desde 2010 y que va cada vez peor y el médico rechaza la petición porque el paciente se niega a probar nuevos tratamientos. Y el hombre dice que en función de la ley de 2002 tiene derecho a rechazar un tratamiento. ¿Para qué quiero yo un tratamiento que me va a mantener en una situación que yo considero insoportable por más años?

Córdoba es la segunda provincia con más objetores cuando es la cuarta en población

P. Andalucía registra solo el 0,59% de testimonios vitales, muy por debajo de la media española. ¿Qué nos pasa en el sur con la muerte?

R. Las sociedades en el norte son un poco distintas y aquí el tema de la muerte no tiene tanto predicamento. Hay un problema con el testamento vital y es bastante grave. Nunca la Junta hizo campañas amplias de difusión de este derecho. Eso no se ha hecho y lo pedimos por activa y por pasiva continuamente. Pero es que hay más problemas. Hay en Andalucía 55 puntos de registro. Eso no significa que durante todos los días haya funcionarios que están atendiendo, sino que a lo mejor es una mañana o dos a la semana. Hay poca gente para la demanda que hay, que ha aumentado mucho en estos años. Ante esa situación la Junta no está haciendo el esfuerzo que pedimos de que se extiendan más los centros. Y hay otro problema últimamente que es gravísimo: la aplicación informática falla cada dos por tres.

P. ¿Casualidad o boicot?

R. Cada cual puede hacer su valoración. Lo que no parece normal es que pase en una administración del potencial de la Junta de Andalucía, con la cantidad de funcionarios y los equipos informáticos. Eso demuestra que hay poco interés.

P. Todos somos iguales ante la muerte dependiendo en qué comunidad autónoma nazcas.

R. Desgraciadamente ese es el problema. No es lo mismo que te mueras en Navarra o que te mueras aquí. Y no solo eso. Es que dentro de las comunidades también depende de los médicos.

P. ¿Qué le pide a la consejera del ramo?

R. No tenemos contacto directo con la consejera. Pero a la Junta siempre le pedimos lo mismo. Respecto al testamento vital, una campaña amplia de difusión, ampliar los puntos y las horas de registro y un sistema informático que funcione. En cuanto a la eutanasia, mucha más información, formación del personal y como punto clave la creación de los equipos de referencia.

P. ¿Los europeos se mueren mejor?

R. Depende del país. Los franceses se van a Bélgica para poder disponer de ese derecho a morir dignamente que en Francia, el país de las libertades y de las revoluciones, aun no ha llegado. El presidente Macron anunció una ley pero muy restrictiva. En otros países como Hungría o Italia no es lo mismo. En Italia, el Tribunal Constitucional dijo que había que legislar para reconocer el derecho a ayudar a otros a morir yendo a Suiza. Dio un año para que el Parlamento legisle, pero el Parlamento Italiano no estaba para esa idea y no ha legislado.

Todas las religiones piensan que la vida es algo que Dios nos da y Dios nos quita

P. ¿Elegir cómo queremos morir es un signo de modernidad?

R. Jordi Ibáñez Fanés escribió un libro titulado Morir o no morir. Un dilema moderno. Si entendemos por modernidad el cambio radical de la Ilustración y la revolución liberal, cuando aparecen las libertades y los derechos personales, este nuevo derecho es otro signo de modernidad.

P. ¿Qué caso le atravesó el corazón?

R. El más importante que hemos tenido ha sido el caso de José Díaz en Huelva. El presidente de la comisión decía: “Esto es la ley de Murphy. Si puede salir mal, sale peor”. Este es un hombre que se intoxica y le ocasiona un problema cerebral que cada vez se va haciendo más grave. Empieza a perder la vista, la capacidad de hablar y la movilidad. Entonces ya en 2022 hace una solicitud de ayuda a morir. Tardan un montón de tiempo en encontrar un médico dispuesto a ser el referente del caso y cuando lo encuentran dice que José Díaz no está para la eutanasia. Entonces el paciente y su familia recurren al contencioso administrativo. Y el tribunal de Huelva le da la razón a la comisión y al médico.

Entonces el hombre está cada vez peor. Y a finales de 2023 empieza el proceso nuevo, pero no hay quien haga de médico referente en Huelva. Hasta que llega una médica de un centro de salud y empieza un proceso pero muy mal llevado. Por fin hace los papeles en regla y da el primer paso. El segundo paso es el médico consultor. Y le dicen que solo hay un neurólogo en Huelva dispuesto, pero tiene una lista de espera de un año. ¿Cómo es posible que el Servicio Andaluz de Salud llegue a decir esa barbaridad cuando sabes que son siete días? Se ofrece una médica que era rehabilitadora pero el SAS dice que no.

P. También leo en prensa lo siguiente: “Los centros privados no garantizan el derecho en las mismas condiciones que la pública”.

R. Esto es una irregularidad absoluta. La prestación de ayuda a morir está incluida en la cartera de servicios. Y eso sirve para la sanidad pública y para Muface, que lo tiene incluido. Pero no lo han puesto en marcha. Hubo en Andalucía un par de casos que fueron derivados a la sanidad pública y la Junta incluso anunció que estaba dispuesta a asumir todos los casos que hubiera pero las compañías dijeron que no. La verdad es que tienes que pasarte a la pública para recibir la ayuda a morir.

P. ¿Cuál será su última voluntad?

R. Que se cumpla mi testamento vital. Que en el momento en que yo no sepa quién soy ni reconozca a mis familiares y amistades, se me practique la ayuda a morir.

Hay casos de maltrato administrativo, con médicos que boicotean la eutanasia

La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia entró en vigor el 25 de junio de 2021, pero no fue hasta finales de ese año cuando la normativa empezó a aplicarse en Andalucía. Gracias a esta legislación, quien lo desee y responda a todos los requisitos que la respaldan puede ver cumplido su derecho a recibir ayuda para morir, es decir, la eutanasia. Son muy pocos los datos que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ofrece sobre esta cuestión y los últimos son los relativos al período que va de noviembre de 2021 a diciembre de 2022. Durante este tiempo, Córdoba ha registrado el primer caso de eutanasia de su historia.

Así lo ha confirmado a este periódico la asociación Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, quien también señala que, de acuerdo con los datos de la Junta, durante este período se han registrado únicamente dos expedientes en Córdoba. Uno sí se llevó a término pero el otro, no, dado que la solicitante falleció días antes de recibir la eutanasia que le había sido aprobada, justamente para el puente de Todos los Santos del año pasado. A nivel andaluz, la prestación ha sido recibida por 29 personas, aunque la Junta no segrega por provincias.

Se han contabilizado un total de 81 solicitudes, de las cuales 52 (tres en 2021 y 49 en 2022) han dado lugar a la apertura de un expediente por la Comisión, y 29 no, por diferentes causas legalmente establecidas. En cuanto a las solicitudes que han dado lugar a apertura de expediente desagregadas por sexo, 32 han sido presentadas por hombres y 20 por mujeres.

Por provincias, donde más solicitudes se han presentado ha sido Málaga, con 18, seguida por Sevilla y Granada, con ocho; Cádiz, con siete; Jaén, con cinco; Almería, con tres; y Córdoba y Huelva, con dos. Por edades de los solicitantes, el grueso lo conforman personas de 70 a 79 años, con 18 solicitudes, y de 50 a 59 años, con 12.

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a la ayuda médica a morir son los procesos oncológicos, neurodegenerativos y pluripatología/crónicos complejos. De forma muy mayoritaria las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar.

Plazos “eternos” ante la dificultad para “encontrar médicos responsables”

En base a esta información facilitada por la Junta de Andalucía, el intervalo de tiempo que transcurre desde la primera solicitud hasta que se autoriza la realización de la eutanasia es de 81,96 días, una cifra muy alta. Quince días después del fallecimiento de la mujer cordobesa que solicitó la eutanasia pero que murió antes de recibirla, una amiga redactó este artículo para el Blog del Lector de Cordópolis en el que criticaba justamente estos plazos. Según la asociación Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, los mismos responden a la dificultad de los solicitantes para encontrar “médicos responsables debido al número de objetores”.

Así, los últimos datos distribuidos por Salud es que en Andalucía hay 803 objetores frente a la eutanasia: 468, en Atención Primaria y 335, en hospitales. Por provincias, Córdoba es la segunda con el dato más alto, con 154 profesionales, sólo superada por Sevilla, con 184. En la provincia cordobesa, 87 objetores están en Atención Primaria y 68, en hospitales. Les siguen Málaga, con 144; Huelva, con 131; Cádiz, con 84, Granada, con 45; Jaén, con 32; y Almería, con 29.

No obstante, desde la Junta insisten en que el intervalo de tiempo está condicionado por los plazos que se impone el propio paciente y la necesidad de deliberación entre paciente/familia/médico responsable, teniendo en cuenta que los plazos marcados por la Ley Orgánico lo son para los profesionales y sin que exista plazo para los solicitantes de la prestación al momento de presentar la segunda solicitud.

Aún así, la Junta también reconoce que este tiempo depende de la agilidad del propio médico responsable, ya que “se trata de una nueva prestación en la que no había precedentes ni hábito de gestión. Es de esperar que en los próximos años este tiempo se reduzca en cuanto al factor dependiente” de dicho médico.

La Junta informa de que los datos relativos a 2023 se conocerán en 2024.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la aplicación en la comunidad autónoma de la Regulación de la Eutanasia en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2022, en el que se han contabilizado un total de 81 solicitudes, de las cuales 52 (3 en 2021 y 49 en 2022) han dado lugar a la apertura de un expediente por la Comisión, y 29 no, por diferentes causas legalmente establecidas. La prestación ha sido recibida por 29 personas. 

En cuanto a las solicitudes que han dado lugar a apertura de expediente por provincias, el informe refleja que en Almería se han presentado tres, siete en Cádiz, dos en Córdoba, ocho en Granada, cinco en Jaén, dos e Huelva, 18 en Málaga y ocho en Sevilla. Desagregadas por sexo, 32 han sido presentadas por hombres y 20 por mujeres. 

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a la ayuda médica a morir son los procesos oncológicos, neurodegenerativos y pluripatología/crónicos complejos; y, de forma muy mayoritaria, las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. El número de casos en que el paciente ha revocado la solicitud de la prestación ha sido de tres y el número de prestaciones en las que se ha realizado donación de órganos ha sido de dos. 

El informe recoge también que el número de profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia es 803, de los cuales 468 son de Atención Primaria y 335 de Atención Hospitalaria. Por provincias, en Almería se han acogido 29 profesionales, 84 en Cádiz, 154 en Córdoba, 45 en Granada, 131 en Huelva, 32 en Jaén, 144 en Málaga y 184 en Sevilla. 

La comisión, que ha celebrado en el periodo referido 24 sesiones y ha evacuado 33 informes a consultas presentadas desde diferentes ámbitos del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de asociaciones o entidades privadas, ha recibido 21 reclamaciones de las que cuatro han sido resueltas favorablemente, 16 han resueltas desfavorablemente y en un caso el paciente ha fallecido antes de la resolución. 

La provincia de Córdoba es la segunda de Andalucía con un mayor número de profesionales sanitarios que se declaran objetores para practicar la eutanasia y ayudar a morir según marca la ley de muerte digna en vigor.

En concreto, en Córdoba hay un total de 155 profesionales sanitarios que se han inscrito en el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía, según la información obtenida por Córdópolis de la Consejería de Salud y Consumo a través del Portal de Transparencia.

El número de profesionales sanitarios que muestran su objeción a ayudar a morir a personas enfermas que lo piden según el derecho establecido por ley asciende a un total de 803 en toda Andalucía. La provincia con un número mayor es Sevilla, con 184, seguida por Córdoba con los citados 155 profesionales.

Le siguen las provincias de Málaga -con 141 objetores-, Huelva -con otros 131-, Cádiz -con 84 profesionales-, Granada tiene 45 objetores para ayudar a morir, mientras que la provincia de Jaén contabiliza 34 y, por último, Almería tiene 29 profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores para practicar la eutanasia.

Declaración de objeción de conciencia

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, está en vigor desde el 25 de junio de 2021. El Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía muestra las citadas cifras a fecha 7 de febrero, el último registro facilitado en la información del Portal de Transparencia.

Se trata de los datos de “profesionales cuyas declaraciones de objeción de conciencia a la prestación de ayuda a morir han sido presentadas e inscritas” en dicho registro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 236/2021, de 19 de octubre.

Desde el Portal de Transparencia no se ha facilitado más información acerca del número de solicitudes eutanasia registradas en Córdoba y el resto de provincias andaluzas, así como la cifra de eutanasias practicadas y no practicadas, argumentando que “actualmente el informe está pendiente de toma de conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y de publicación general” tras ello.

Quién puede pedir la eutanasia y cómo hacerlo

La ley establece un marco legal que introduce el derecho a la eutanasia en el ordenamiento jurídico. Es decir, la actuación que produce la muerte de una persona a petición “informada, expresa y reiterada” en el tiempo por ella “y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”, esgrime el preámbulo.

Esta ayuda para morir puede producirse de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de 'suicidio asistido' –el texto no lo nombra así– que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso.

Pueden solicitarla las personas mayores de edad con nacionalidad española, residencia legal o que cuenten con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Debe sufrir una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”. Además, tiene que ser “capaz” de obrar y decidir y hacerlo de “forma autónoma, consciente, informada” y sin presión externa.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha vuelto a cargar contra el aborto en su última misiva pastoral, en la que critica que “continúa el chorro de abortos a diario en nuestro entorno”, a pesar de que defiende que “la persona que viene al mundo ya existía desde siempre”.

En la carta, el obispo lamenta que se subraye “el derecho de la madre a eliminar a su hijo en el seno materno” y no se tenga en cuenta “el derecho del que va a nacer”. “La vida se desprecia y se elimina violentamente, hasta llegar a considerarlo un derecho progresista”, afirma.

A su juicio, “no puede haber progreso cuando incluye la matanza de miles, de millones de inocentes”, por lo que pide “estar atento” y salir “al encuentro de personas tentadas al aborto”, algo que considera “una profunda desgracia de nuestro tiempo”.

Además, pide tener presente “la vida de tantas personas en su etapa final, para las que no hay cuidados paliativos, sino eliminación por la vía de la eutanasia legal”.

También lamenta que nos acostumbremos a noticias que llegan a diario como la de “tantos refugiados e inmigrantes, que está en peligro, y muchos de ellos la pierden en el intento de alcanzar un lugar donde poder sobrevivir” o “el número de suicidios en nuestro contexto, y de suicidios jóvenes, que ha crecido exponencialmente en los últimos años”.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía prevé modificar el decreto que crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía para suprimir distinciones que se contemplan en el mismo en torno a los supuestos de objeción de conciencia con el fin de alinearse con la normativa estatal, que no incluye esas diferencias.

Así se desprende de la información que la propia Consejería ha incluido en el procedimiento de consulta pública que ha abierto de forma previa a la elaboración del decreto por el que se modificará el número 236/2021, de 19 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía y la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según expone la Consejería en la información relativa a dicha consulta pública previa, consultada por Europa Press, el artículo 5.c., del referido decreto andaluz 236/2021, distingue dos “supuestos de objeción de conciencia” a declarar en el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia; en concreto, el supuesto de “administración directa al paciente de sustancia por parte de profesional sanitario competente”, y el de “prescripción o suministro al paciente por parte de profesional sanitario de sustancia, de manera que ésta se le pueda auto administrar, para causar su propia muerte”.

Sin embargo, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, de la que emana el mandato dirigido a las comunidades para que creen un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de la ayuda para morir, “no distingue entre aquellos profesionales que administren, prescriban o suministren las sustancias necesarias para tal fin ni los profesionales directamente implicados en el procedimiento de la prestación de ayuda para morir cuya colaboración es necesaria para culminar en los referidos actos”, según reconoce la Consejería.

En ese sentido, el departamento que dirige Jesús Aguirre sostiene que “la experiencia en la aplicación” del decreto 236/2021 “ha mostrado la necesidad de modificar el artículo 5 'Contenido del Registro'”, para “mejorar la técnica normativa y para garantizar una mayor claridad y seguridad jurídica que permita la plena aplicabilidad y eficacia del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia”.

Así, desde la Junta justifican la necesidad de modificar el citado artículo 5 del decreto “en base al principio de que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir”.

Por otra parte, con el nuevo decreto que contempla la Junta se quiere permitir que la Secretaría de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir que también se regula el Decreto 236/2021 “sea desempeñada por personal funcionario de la Consejería competente en materia de salud entre el personal funcionario de la Consejería del Grupo A1, con licenciatura o grado en Derecho, con nivel 27 como mínimo”.

Al respecto, desde la Junta argumentan que “la posibilidad de que el nivel de la persona a cargo de la Secretaría sea nivel 27 facilitará el desempeño de estas funciones conforme a las disponibilidades de recursos humanos de la Consejería y para los casos de suplencia por vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Secretaría”.

La Consejería sostiene que “no tiene identificadas soluciones alternativas que permitan conseguir los objetivos expuestos distintas a la tramitación de un proyecto normativo que modifique el Decreto 236/2021, de 19 de octubre”.

Consulta pública previa

Así las cosas, en el marco de este proceso de consulta pública previa, la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados por la Junta acerca de esta propuesta a través del correo electrónico 'consultas.previas.csafa@juntadeandalucia.es'.

Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente, en un plazo de tiempo que entró en vigor el pasado 4 de abril y se extenderá hasta el próximo día 26.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto por el que se crea y regula el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la comisión de garantía y evaluación para la prestación de la ayuda a morir de la Comunidad Autónoma, que desarrolla la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la Eutanasia en España.

Según el Ejecutivo andaluz, estos órganos harán efectivos el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir y el derecho de toda persona a solicitar y recibir dicha ayuda.

Así, mediante este decreto se da cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, de 24 de marzo, que regula el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones legalmente exigidas a solicitar y recibir ayuda necesaria para morir, el procedimiento y las garantías que han de observarse.

El registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia será único y estará adscrito al órgano directivo con competencias en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que adoptará las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos inscritos.

Según la Junta, el objeto del registro será facilitar la necesaria información para que los centros y establecimientos sanitarios puedan garantizar una adecuada gestión de la prestación sanitaria de ayuda a morir, así como facilitar a la Administración del Estado, en los términos legalmente previsto, la información que permita elaborar el informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021.

La declaración de objeción de conciencia se ajustará al modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de salud y se presentará en el Registro electrónico único de la Junta de Andalucía. El profesional sanitario podrá revocar esta declaración en cualquier momento, también vía telemática.

Por otra parte, la comisión de garantía y evaluación para la prestación de ayuda para morir es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, adscrito a la Viceconsejería de la Consejería de Salud, que se encarga de las actuaciones de verificación previa relacionadas con la prestación de ayuda a morir.

Entre sus funciones específicas destacan el resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse según lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo. Además, verificará en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado conforme a los procedimientos previstos en la normativa vigente.

En lo que respecta a la composición de la comisión, se ha delimitado en 13 el número de sus miembros, ostentando dos de ellos la Presidencia y la Vicepresidencia. Para garantizar el cumplimiento de los plazos que marca la Ley 3/2021 se ha previsto la existencia de seis suplentes.

La comisión estará compuesta por personas con formación y experiencia específica en Bioética, así como en diferentes competencias en los ámbitos asistenciales que más incidencia tienen en las posibles solicitudes, estando además asistida por la persona titular de la Secretaría que actuará con voz, pero sin voto. Los miembros de la Comisión serán cinco titulados en Medicina, cinco titulados en Derecho y tres titulados en Enfermería.

En su composición primará su formación y/o pertenencia a comités de Bioética, así como su experiencia asistencial. Sus funciones vienen delimitadas en la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, de 24 de marzo.

Más de 4.000 cordobeses han dejado por escrito qué hacer en caso de pérdida total de facultades o ante una enfermedad irreversible. Concretamente, 4.110 vecinos de la provincia han suscrito un testamento vital en el Registro de Voluntades Anticipadas (RVA) desde que la Junta de Andalucía lo puso en marcha en 2004. Curiosamente, 2020 ha sido el año en que menos solicitudes ha habido.

La importancia del testamento vital aumenta con la aprobación de la nueva ley de eutanasia y es bastante probable que muchos de quienes han dejado por escrito cómo afrontar esta situación indeseada tengan que modificarlo, ahora que la legislación abre la posibilidad de solicitar el suicidio médico asistido.

La ley que convierte a España en el séptimo país del mundo en regular la eutanasia fue aprobada en el Congreso por 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, y entrará en vigor dentro de tres meses. Aún es pronto para conocer sus aplicaciones prácticas en la sanidad cordobesa, que sigue a la espera de recibir las instrucciones concretas de aplicación.

Sin embargo, ya se sabe cómo funciona la solicitud para poder ejercer este derecho. De entrada, es necesario tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

Sin embargo, ante los casos de personas que no están conscientes o en plenitud de facultades, la eutanasia puede aplicársele si ha “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos”.

Interlocutor ante los médicos

En este caso, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento, en el que habitualmente se nombra a una persona que ejerza de interlocutor ante los médicos. En el caso de que no lo hubiera, la ley establece que “el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia”.

La provincia de Córdoba es la quinta de Andalucía en número de testamentos vitales, lejos de Málaga, que encabeza este registro, con 10.300 solicitudes a fecha de diciembre de 2020 (últimos datos publicados). A Málaga le siguen Sevilla, con 8.978; Granada, con 6.157; Cádiz, con 6.060. A continuación va Córdoba.

El trámite para realizar el testamento vital es sencillo y se puede hacer por teléfono (en el 955 545 060) o a través de la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS). También en cuatro puntos habilitados para ello: en la Delegación Territorial de Salud, en el Hospital Universitario Reina Sofía, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra y en Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco.