El Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba) ha modificado la placa conmemorativa en el monolito sobre una fosa de represaliados por el franquismo en el municipio, después de que fuera trasladada a la Fiscalía la queja de una asociación memorialista por el texto que se instaló inicialmente, que junto a las víctimas del franquismo incluía a las del terrorismo.

Hay que recordar que, en agosto pasado, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba (Armhb) mostró su indignación por la inscripción colocada en el monolito situado sobre los terrenos donde fue localizada una fosa con once víctimas de la represión franquista. La asociación consideraba que el texto no rendía un homenaje específico a las personas represaliadas y reclamó su retirada y la colocación de una nueva inscripción consensuada con las familias. La polémica se centraba especialmente en la referencia que aparecía en la placa a las “víctimas del terrorismo”. El texto inicial del monolito señalaba: “Espacio dedicado al recuerdo, el honor y la dignidad de todas las personas que sufrieron la violencia y la sinrazón de la Guerra Civil y la posguerra, así como de las víctimas del terrorismo. Por la paz, la convivencia y la libertad. Encinas Reales, 2025. Gabriel Prieto Navarro. Alcalde”. La Armhb denuncia que en la inscripción no se identifica expresamente a las víctimas del franquismo ni a las personas cuyos restos fueron localizados en la fosa.

Esa denuncia pública fue puesta en conocimiento también ante la Fiscalía en representación del colectivo memorialista, al considerar que “se ha podido producir una vulneración de la Ley de Memoria Democrática”. “El texto supone un agravio para las víctimas y sus familiares dado que no fueron víctimas de la guerra civil, pues en Córdoba y toda su provincia hubo represión, no guerra. Además, argumenta que en el texto añade una referencia a víctimas del terrorismo”, indicaba la denuncia.

Fiscalía incoó expediente

Tras ello, la Fiscalía de Memoria Democrática acordó abrir expediente gubernativo para dar traslado de la denuncia sobre la presunta vulneración de la Ley de Memoria en la placa instalada, según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Cordópolis. En base a la normativa y legislación vigente en materia de Memoria Histórica, con fecha 31 de agosto de 2026 se procedió a la incoación del expediente gubernativo por parte de la Fiscalía que, recuerda podrá requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y sus agentes para el ejercicio de sus funciones.

Con ello, se acordó notificar la denuncia a los organismos de Memoria Democrática competentes, por un lado, a la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España y, por otro lado, al organismo competente de la Junta de Andalucía -Comisionado para la Concordia-.

Y tras este expediente y su tramitación, el Ayuntamiento ha procedido a modificar hace unos días la placa que se puede ver en el monolito, según ha confirmado a este periódico el alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto. El nuevo texto que ahora homenajea a los represaliados dice lo siguiente:

'Encinar de la memoria. En recuerdo de las víctimas del golpe de estado, la Guerra Civil y la posguerra de España. En reconocimiento y reparación del buen nombre y su dignidad humana. Descansen en paz'.

Así pues, se ha modificado el texto, eliminando la referencia a las víctimas del terrorismo, así como el nombre del alcalde que gobierna el municipio actualmente.

La Fiscalía de Córdoba ha decidido no recurrir la sentencia del pasado mes de septiembre que absolvió a la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Carmen Prada, acusada de un delito de homicidio por imprudencia profesional tras el fallecimiento de un paciente en junio de 2020.

Una vez agotados los diez días hábiles para poder presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, el Ministerio Público da por bueno el criterio de la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba y renuncia a reabrir el debate judicial sobre la responsabilidad penal de la facultativa.

Durante el proceso, el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión y la inhabilitación profesional para la médica al considerar que pudo incurrir en una imprudencia al no dispensar los recursos asistenciales necesarios al paciente. Sin embargo, tras analizar de forma exhaustiva el desarrollo del juicio y el contenido de la resolución judicial dictada a finales de septiembre, la Fiscalía ha concluido que no concurren los presupuestos legales ni técnicos para sostener un recurso con garantías de prosperar ante la Audiencia Provincial.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 respaldó las tesis de la defensa al descartar la existencia de una negligencia o de un error de diagnóstico en la atención dispensada. La magistrada falló que la patología que presentaba el paciente y sus problemas de adicción asociados no se correspondían con los criterios establecidos para su ingreso en una comunidad terapéutica o en determinados recursos de mayor intensidad, descartando asimismo que la actuación de la psiquiatra guardase relación de causalidad con la muerte de este paciente.

Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Con la renuncia de la Fiscalía a recurrir, la absolución de la responsable sanitaria queda a un paso de ser plenamente firme, salvo que la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, decida formalizar un recurso.

La Fiscalía de Córdoba pide un año de prisión para un hombre al que acusa de haber engatusado a un comprador haciéndole creer que adquiría una propiedad plenamente calificada como coto de caza para la captura de jabalíes y muflones.

Según recogen las conclusiones provisionales del escrito del Ministerio Fiscal, el acusado actuó impulsado por un ánimo de ilícito beneficio económico. Durante las negociaciones, hizo creer al comprador que el objeto principal de la finca era su explotación como coto de caza y que se transmitiría con dicha titularidad, siendo la práctica de la caza la razón determinante por la que la víctima decidió emprender la compra.

Para cerrar el negocio, las partes acordaron tanto un precio por la finca como un importe adicional por los derechos a formar parte de la sociedad vinculada a la actividad cinegética. Bajo las indicaciones del vendedor y con la firme seguridad transmitida por este de que en la finca podría cazar jabalíes y muflones, el comprador procedió a firmar en primer lugar un contrato de arras, mediante el cual entregó una suma de dinero en concepto de reserva.

Posteriormente, y persistiendo en la misma creencia engañosa de que la finca era en efecto un coto cinegético operativo, el comprador suscribió un contrato de promesa de compraventa de participaciones sociales de la sociedad matriz, realizando una segunda entrega de dinero al acusado.

Sin embargo, tras desembolsar dichos importes, el comprador constató que la finca no reunía las condiciones y características prometidas en la venta y que se le habían ocultado graves deficiencias legales e infraestructurales. Además, la finca no contaba con las hectáreas mínimas requeridas para configurarse como coto de caza por sí misma, siendo indispensable disponer de la cesión de derechos de fincas colindantes.

Igualmente, comprobó que la propiedad adolecía del correspondiente Plan Técnico de Caza, documento administrativo obligatorio sin el cual no se permite ejercer actividad cinegética alguna. Dicho plan no pudo emitirse debido a irregularidades detectadas en la propia finca, entre las que destaca la presencia de un cercado con cable de acero. Debido a estas deficiencias estructurales y legales, resultaba imposible cazar jabalíes o muflones en el terreno.

En la actualidad, el comprador no se encuentra en posesión de la finca ni se le han devuelto los importes económicos entregados al acusado, motivo por el cual el perjudicado reclama la devolución íntegra del dinero abonado.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide un año y medio de prisión, el pago de las costas y la obligación de indemnizar a la víctima con todas las cantidades abonadas. El juicio prevé celebrarse la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha asumido la investigación de la contaminación en los ríos del norte de Córdoba tras la denuncia de un vecino de la zona. Este vecino presentó un escrito ante la Guardia Civil y también ante la Fiscalía General del Estado. El ministerio público ha considerado que existen indicios de delito y ha reenviado a su vez la denuncia a la Fiscalía Provincial de Córdoba, para que instruya las correspondientes diligencias de investigación.

El traslado de la documentación está fechado el pasado 29 de septiembre. El caso ya ha sido asumido por la fiscal delegada de Medio Ambiente en Córdoba, que será la que ahora determine el alcance de la investigación y si es necesario reclamar documentación.

El origen de la denuncia por contaminación en el río Guadarramilla se encuentra en la sonda pública de control que hay en El Viso, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la que ha podido acceder Cordópolis. Esta herramienta está instalada en el cauce del río, justo antes de su desembocadura en el pantano, por lo que se conoce qué vertido va a La Colada. De hecho, los registros del sistema de información ambiental muestran episodios continuados de contaminación, en los que las concentraciones saturan con frecuencia la capacidad máxima de medición del propio sensor, según el denunciante.

El nivel de fosfatos y amonio

En el caso de los fosfatos, el límite legal en España se fija en dos miligramos por litro. Sin embargo, los sensores han detectado picos de hasta 22,73 miligramos por litro, lo que supone superar en más de diez veces los niveles máximos autorizados por la legislación. Por su parte, la presencia de amonio en el agua ha alcanzado concentraciones superiores a los 20 miligramos por litro, multiplicando por 30 los valores habituales y sobrepasando el tope físico de medición de la propia sonda del Gobierno.

La Colada es un embalse clave para el norte de la provincia. Se construyó para abastecer a todo el norte y también al sur de Castilla y La Mancha. No obstante, desde que se puso en servicio nunca ha podido usarse para el fin por el que fue diseñado. La contaminación de sus aguas hace imposible su potabilización.

Hace tres años, durante la grave sequía de la Península Ibérica, el embalse de Sierra Boyera se secó completamente. La alternativa estaba en La Colada, que comenzó a bombear agua hacia Sierra Boyera para que el suministro de agua potable no se interrumpiera. Sin embargo, la contaminación del agua hizo que la Junta declarase su consumo como no apto. Esos 80.000 vecinos tuvieron que estar bebiendo agua embotellada o suministrada por camiones cisterna.

La Colada sí que abasteció a la comarca de un agua no potable, que se usaba solo para duchas o para lavar. No obstante, la turbidez del agua e incluso su olor provocó graves problemas en todo el sistema, que hubo que limpiar.

La crisis se solucionó cuando llovió. Las intensas precipitaciones volvieron a llenar Sierra Boyera, cuya agua sí que es más fácil de potabilizar. Pero el problema en La Colada se mantuvo.

Diferentes fuerzas políticas, como IU, y organizaciones ecologistas llevan años reclamando actuaciones de urgencia para acabar con el origen de los vertidos en la cuenca de La Colada. Un último informe de Ecologistas en Acción determinó que en la zona hay depuradoras pendientes de construir o insuficientes, como el caso de Pozoblanco, algo que a su juicio agrava los episodios de contaminación.

Ahora el caso está en manos de la Fiscalía y también de la Guardia Civil. Ambas instituciones tendrán que determinar si finalmente hay indicios de delito contra el medio ambiente o no.

La Fiscalía de Córdoba afrontó durante 2025 un volumen de actividad que supera las 30.000 diligencias previas en la provincia. En concreto, la Memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge la incoación de 30.635 diligencias previas, lo que supone un incremento del 9,19% respecto al año anterior, cuando se registraron 28.058. El crecimiento es además superior al experimentado entre 2023 y 2024, que fue del 6,99%.

Las diligencias previas constituyen una de las principales vías de entrada de los procedimientos penales y permiten tomar el pulso a la actividad que llega a los órganos judiciales. El incremento registrado en Córdoba sitúa a la provincia entre las que experimentaron un aumento más significativo durante el ejercicio, en un contexto en el que el conjunto de Andalucía pasó de 340.478 diligencias previas en 2024 a 340.701 en 2025, un crecimiento muy inferior al registrado en Córdoba.

A este volumen de procedimientos se suma una intensa actividad de la Fiscalía en las distintas fases del proceso penal. Durante 2025 se contabilizaron en Córdoba 316 diligencias de investigación, 6.222 calificaciones y 5.439 sentencias. Las calificaciones son los escritos mediante los que el Ministerio Fiscal fija su posición ante el órgano judicial en los procedimientos que llegan a esa fase.

Más procedimientos abreviados y más escritos de acusación

La evolución de los procedimientos revela también un incremento de los asuntos que avanzan hacia fases posteriores de la tramitación penal. En los procedimientos abreviados incoados en los juzgados de instrucción de Córdoba se produjo un aumento del 8,4% respecto a 2024. En total, la provincia contabilizó 2.947 procedimientos abreviados durante el ejercicio.

El crecimiento resulta todavía más visible en los escritos de calificación. La Fiscalía señala que en Córdoba se produjo un “notable incremento” de los escritos de acusación en procedimientos ante el Tribunal del Jurado, sumarios y, especialmente, procedimientos abreviados. En estos últimos, el aumento fue del 16%, equivalente a 322 procedimientos más que el año anterior.

No todos los indicadores evolucionaron al alza. Las diligencias urgentes descendieron ligeramente: pasaron de 3.289 en 2024 a 3.260 en 2025, mientras que los juicios por delitos leves aumentaron de 4.017 a 4.206, un 4,7%. Los sumarios, reservados para delitos de mayor gravedad, bajaron de 48 a 46. Por el contrario, los procedimientos ante el Tribunal del Jurado pasaron de siete a nueve, un incremento del 28,6%.

El balance muestra, por tanto, una actividad que no se limita a la apertura de investigaciones. Una parte relevante del trabajo de la Fiscalía se concentra en el seguimiento y tramitación de procedimientos que avanzan hacia el enjuiciamiento, con un aumento especialmente destacado de los procedimientos abreviados y de los escritos de acusación.

La investigación policial y los delitos contra la salud pública

Entre las especialidades que recoge la Memoria aparece también la evolución de los delitos contra la salud pública. En este ámbito, la Fiscalía señala específicamente que en Córdoba se observa un “notable incremento de diligencias previas”, que relaciona con un mayor número de investigaciones policiales que han obtenido un resultado positivo.

La situación de Córdoba aparece diferenciada de la descrita para otras provincias andaluzas, especialmente Huelva, Cádiz o Almería, donde la Memoria dedica una atención importante a las rutas marítimas, las narcolanchas, el suministro de combustible y las grandes operaciones de tráfico de drogas.

En el caso cordobés, la Fiscalía pone el foco en la evolución de organizaciones criminales asentadas en la provincia. En concreto, advierte de que algunas de ellas han incorporado rápidamente la cocaína a su actividad sin abandonar el tráfico de hachís. La propia Memoria vincula esta evolución con un aumento de la violencia y hace referencia a la aparición de armas de guerra en determinados episodios investigados.

La actividad de la Fiscalía se extiende igualmente a los procedimientos de especial gravedad que llegan al Tribunal del Jurado. En Córdoba se incoaron nueve procedimientos durante 2025, frente a los siete del ejercicio anterior. El incremento fue del 28,6%, después de que ya se hubiera producido un aumento entre 2023 y 2024.

En paralelo, los sumarios experimentaron un ligero descenso, con 46 procedimientos frente a los 48 de 2024. La diferencia entre ambas cifras refleja que la evolución de la actividad de la Fiscalía no responde a una única tendencia, sino a comportamientos diferentes según el tipo de procedimiento.

Un volumen de trabajo que se traduce en miles de calificaciones

En términos globales, los datos dibujan una Fiscalía Provincial con una elevada carga de trabajo penal. Las 6.222 calificaciones formuladas durante el año constituyen uno de los principales indicadores de esa actividad, mientras que las 5.439 sentencias registradas muestran el volumen de procedimientos en los que se alcanzó la fase de resolución judicial.

A ello se añaden las 316 diligencias de investigación y los miles de procedimientos iniciados durante el ejercicio. El dato más significativo se encuentra, no obstante, en la evolución de las diligencias previas: más de 30.000 en un solo año y un crecimiento del 9,19% respecto a 2024.

La fotografía que deja la Memoria de 2025 es, por tanto, la de una Fiscalía que afronta un incremento notable de la entrada de procedimientos penales y, al mismo tiempo, una mayor actividad en determinadas fases de tramitación. El aumento de las investigaciones por delitos contra la salud pública forma parte de ese escenario, pero comparte protagonismo con una actividad mucho más amplia que abarca desde los procedimientos ordinarios hasta los asuntos que terminan ante el Tribunal del Jurado.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de las obras de arte que pertenecían a la persona con la que convivía en un piso de Córdoba y venderlas posteriormente en un anticuario. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, la acusada convivía con la víctima en una vivienda en la que se encontraban diversas obras pictóricas y piezas de arte procedentes de la herencia familiar de esta última. La víctima se marchó a vivir a otro lugar, dejando en el inmueble sus bienes y enseres.

Fue entonces, siempre según la Fiscalía, cuando la acusada, “guiada por el ánimo de enriquecimiento injusto”, se habría apoderado de las obras de arte, pese a conocer quién era su propietario, para posteriormente venderlas.

El escrito sostiene que la mujer acudió a un establecimiento de Córdoba dedicado a la compra de este tipo de bienes y manifestó que las obras eran de su propiedad. El responsable del negocio se desplazó hasta el domicilio para comprobar los objetos que pretendía vender y, tras acordar el precio, adquirió cinco lotes de obras de arte.

La Fiscalía sostiene que las piezas procedían de la herencia familiar de la víctima y que la persona que las adquirió conocía su procedencia. Por estos hechos, además de la acusada que habría realizado las ventas, hay otros tres acusados para los que el Ministerio Público solicita penas de tres años de prisión para cada uno por sendos delitos continuados de receptación.

Los hechos, según la calificación provisional, serían constitutivos para la principal acusada de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que para los otros tres procesados la Fiscalía aprecia tres delitos continuados de receptación, uno para cada acusado.

Para la mujer acusada de la apropiación, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para cada uno de los otros tres acusados, la petición fiscal asciende a tres años de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita dos años y seis meses de prisión para un hombre al que acusa de estafar a otra persona con la supuesta organización de un concierto en Córdoba. El juicio se celebrará el próximo 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido a la víctima la posibilidad de organizar un concierto en un teatro de Córdoba, con la participación de un cantante y otros artistas, y le habría planteado que ambos participarían al 50% de los beneficios del evento.

Para dar apariencia de realidad al proyecto, siempre según la Fiscalía, el acusado habría mostrado a la perjudicada documentación relativa a la contratación del cantante y otros artistas, así como información sobre las tarifas aplicables para la cesión de las instalaciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). También le habría presentado un pacto de socios destinado a crear una empresa de eventos.

La Fiscalía sostiene que el negocio ofrecido era ficticio y que, mediante esta supuesta operación, el acusado consiguió que la perjudicada le entregara un total de 14.531 euros en concepto de inversión para el proyecto.

Sin embargo, el concierto nunca llegó a celebrarse. Ante las dudas sobre la veracidad del negocio, la víctima reclamó al acusado la devolución del dinero aportado. De acuerdo con el escrito fiscal, únicamente consiguió recuperar 1.000 euros, además de que el acusado firmara un documento de reconocimiento de deuda.

El Ministerio Público sostiene que, hasta la fecha, el acusado no ha reintegrado el resto de la cantidad presuntamente defraudada y que tampoco habría tenido intención de llevar a cabo el negocio que había ofrecido.

La Fiscalía califica estos hechos, de forma provisional, como un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal. Considera al acusado responsable en concepto de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por estos hechos, solicita para él una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y el pago de las costas. La vista oral está señalada para el 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de tres años de cárcel para dos acusados de provocar un pequeño incendio forestal en la provincia, según consta la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Los dos procesados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 24 de septiembre, donde serán juzgados.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se produjeron en una finca de la provincia, donde se originó un incendio forestal que llegó a afectar a una superficie de aproximadamente 0,15 hectáreas de terreno forestal.

La acusación sostiene que, en momentos anteriores al incendio, los dos acusados, “actuando de común acuerdo” y con la intención de causar un daño al medio natural, utilizaron un mechero o un medio similar, que no ha podido ser determinado, para prender fuego a la vegetación existente en cinco focos diferentes. El terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas.

Uno de los elementos determinantes para que el incendio no alcanzara mayores dimensiones fue, según recoge la Fiscalía, la rápida intervención derivada de la detección del fuego. En la finca, un guarda dio aviso de la existencia del incendio forestal, lo que permitió que la situación no evolucionara hacia un siniestro de mayor entidad.

A ello se sumaron las condiciones meteorológicas de aquella noche. El Ministerio Público señala que el fuego se extinguió sin que fuera necesaria una intervención de los servicios de extinción y atribuye la ausencia de una mayor propagación a las condiciones climatológicas, ya que el viento era “insignificante” y la probabilidad de ignición era baja. Precisamente estas circunstancias hicieron que el incendio quedara finalmente reducido a una extensión muy limitada. La Fiscalía señala expresamente que no se ocasionaron gastos de extinción.

Pese a la reducida superficie afectada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, previsto en el artículo 352.1 del Código Penal.

Regresaron a la finca con un rifle

La actuación que se atribuye a los acusados no habría terminado con la provocación de los cinco focos. Posteriormente, según la calificación provisional, ambos regresaron nuevamente a la finca portando un arma de fuego para cuya tenencia carecían de la licencia preceptiva. La Fiscalía sostiene que los acusados escondieron el arma entre los arbustos con la finalidad de evitar ser localizados con ella por los guardas de la finca.

El arma fue finalmente localizada y, según consta en el escrito del Ministerio Público, se trataba de un rifle monotiro de percusión central de la marca BRNO, de calibre 243 Winchester. El informe incorporado al procedimiento concluyó que el arma se encontraba en correcto estado de funcionamiento y que disparaba con normalidad utilizando la munición adecuada a sus características y calibre. Por este segundo hecho, la Fiscalía acusa a los dos procesados de un delito de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía considera que los dos acusados son responsables de ambos delitos en concepto de autores, al entender que actuaron conjuntamente. Asimismo, señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito de incendio forestal, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios.

La petición económica supone una multa de 4.800 euros para cada acusado, de acuerdo con la cuota diaria y la duración solicitadas por la Fiscalía. El escrito añade que, en caso de impago, procedería la responsabilidad personal subsidiaria de ocho meses de privación de libertad, conforme al artículo 53 del Código Penal.

A estas penas se suma, por el delito de tenencia ilícita de armas, una condena de un año de prisión para cada procesado, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Córdoba acumulan meses de espera para poder llevar a cabo las visitas entre menores e hijos acordadas en sentencias. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025 tras hacer suyas las manifestaciones realizadas por el ministerio público cordobés.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro PEFs ubicados en Córdoba capital, Lucena, Posadas y Pozoblanco. Se trata de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

Este recurso interviene cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Entre las modalidades que se llevan a cabo en estos puntos se encuentran la entrega y recogida, las visitas tuteladas, las visitas no tuteladas y los acompañamientos.

Según advierte el Ministerio Público, la sobrecarga del Punto de Encuentro Familiar en la provincia cordobesa está generando abultadas listas de espera. Esta falta de capacidad operativa impide, por tanto, aplicar de forma inmediata los regímenes de estancia y régimen de visitas acordados por los tribunales, demorando el inicio de las reuniones tuteladas hasta varios meses después de que los juzgados hayan dictado la correspondiente resolución.

Este escenario de colapso en los Puntos de Encuentro Familiar contrasta con la evolución experimentada por la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Córdoba, tal y como ha reflejado la Fiscalía General del Estado en su memoria. En su documento, el Ministerio Público ha situado este servicio cordobés como un modelo de referencia autonómico e itinerante gracias a una estructura dividida en dos equipos de trabajo (el de Córdoba capital y el equipo Itinerante), integrados cada uno por juristas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta labor itinerante permite desplazar la asistencia directa a los municipios de la provincia, evitando desplazamientos de riesgo y mejorando la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que ha ratificado la prisión provisional, comunicada e incondicional para un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito cualificado de tráfico de drogas. La resolución judicial, a la que ha accedido este periódico, el perfil delictivo y la escurridiza trayectoria del investigado, que permanecía en paradero desconocido para la justicia española tras haber esquivado previamente dos requisitorias de detención dictadas por los juzgados de instrucción de Córdoba.

El fallo del tribunal de alzada ha desestimado de forma categórica el recurso de apelación presentado por la defensa del reclamado contra el auto del juzgado que acordó su ingreso cautelar en prisión en el marco del expediente de extradición.

Durante el recurso, la defensa del investigado solicitó su puesta en libertad alegando un arraigo acreditado en territorio español. Sin embargo, los magistrados han respaldado de manera unánime el criterio de la Fiscalía, que se opuso frontalmente a la excarcelación por el “elevado riesgo de fuga” que presenta el sospechoso.

Para la Sala de lo Penal, la gravedad de los delitos de narcotráfico imputados por las autoridades marroquíes -respaldados mediante una notificación roja de la Interpol basada en una orden de arresto internacional- justifica con creces su continuidad en prisión provisional hasta que se complete el expediente de extradición.

En el momento de su arresto, el prófugo tenía vigentes dos órdenes de búsqueda y captura emitidas por dos secciones de instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. Para el tribunal, este historial de requisitorias pendientes evidencia una clara y continuada conducta dirigida a eludir la acción de la justicia, lo que anula cualquier argumento basado en su arraigo personal o familiar en el país.

Si la Audiencia Nacional y el Gobierno -el último paso para la extradición depende de una resolución del Consejo de Ministros, que se basa en un fallo judicial previo- terminan acordando que el detenido debe ser extraditada, la entrega podrá aplazarse hasta que sea juzgado por las causas que tiene pendientes en Córdoba o hasta que cumpla las penas que se le imponga en las mismas en caso de ser condenado.

La itinerancia de los temporeros que trabajan en el campo cordobés dificulta sobremanera poder investigar la explotación laboral que se produce en este sector. Así lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía Provincial de Córdoba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, hecha pública este jueves. El documento dedica un apartado especial a las trabas que enfrentan los fiscales delegados en toda España, situando el caso de Córdoba como “paradigmático” en lo que respecta a la vulnerabilidad y la falta de protección efectiva de los jornaleros en el sector agrícola.

Según recoge el documento, el perfil de las víctimas de estos delitos sigue estando muy definido: trabajadores agrícolas extranjeros que participan durante campañas de recolección de muy corta duración en cultivos emblemáticos de la provincia, como la aceituna, la naranja o el trigo.

El gran obstáculo para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto no radica únicamente en la detección inicial de las posibles irregularidades, sino en la extrema itinerancia de los afectados. Buena parte de las diligencias son de “difícil tramitación”, señala la fiscalía cordobesa, debido a que los temporeros se desplazan constantemente entre distintos municipios o provincias siguiendo el calendario de las cosechas.

Esta alta movilidad hace que su localización posterior por parte de las fuerzas de seguridad resulte muy costosa o directamente imposible cuando los juzgados los citan para tomarles declaración. Al tratarse de cuadrillas integradas por numerosos perjudicados que desempeñan sus labores durante “escasos días” en un lugar concreto, los investigadores se ven incapaces de realizar a tiempo la preconstitución de la prueba, el mecanismo legal para blindar el testimonio antes de que la persona abandone la provincia.

La memoria del Ministerio Público pone también el foco en la estructura interna de estas cuadrillas agrícolas. Habitualmente, los grupos de jornaleros están comandados por la persona que les ofrece el trabajo y los dirige sobre el terreno, conocida popularmente en el campo andaluz como el manijero. Por ello, la Fiscalía de Córdoba ha advertido que esta figura “coopera necesariamente en la ejecución del delito” y actúa como un intermediario clave. En la mayoría de las ocasiones, el propio manijero es también de nacionalidad extranjera, lo que facilita un vínculo de dependencia directa con los trabajadores y dificulta aún más que estos se atrevan a señalar los abusos o a colaborar con la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Inspección de Trabajo.

Un mapa de dificultades en toda España

El diagnóstico que realiza la Fiscalía de Córdoba no es un caso aislado, sino que se encuadra en un contexto nacional caracterizado por la indefensión sistemática de las víctimas en los sectores más precarizados. Mientras que en Córdoba y Ciudad Real el principal obstáculo es la itinerancia de los temporeros agrícolas, en provincias como Lleida, la Policía Nacional ha detectado un notable incremento de la usurpación de estado civil mediante los denominados “contratos heredados”. Esta práctica consiste en utilizar la documentación (DNI, NIE o tarjeta roja) de personas en situación legal para trabajar en el campo o la hostelería, permitiendo que el titular real cotice a la Seguridad Social mientras el trabajador efectivo busca acreditar su posterior arraigo.

Por su parte, en grandes núcleos urbanos y sectores como la hostelería o el alterne -con especial incidencia en áreas como Madrid o Zaragoza-, el problema radica en la alineación involuntaria de la propia víctima con el investigado. Ya sea por temor a represalias directas de sus explotadores o por considerar al empleador como una persona que les ha prestado ayuda, es frecuente que los trabajadores irregulares o las mujeres en locales de nocturnidad se nieguen a denunciar e incluso afirmen ante los inspectores de trabajo o la Policía ser meros clientes del establecimiento.

La Fiscalía ha elevado a la Audiencia Provincial su petición de condena para un acusado de los delitos de agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, por lo que pide penas que suman doce años y dos meses de prisión, además de la prohibición de acercarse ni comunicarse con la víctima.

En su calificación, la Fiscalía señala que se originó una discusión entre el acusado y la víctima, momento en el que el hombre inmovilizó las manos de la víctima colocándoselas detrás de su propio cuerpo y acto seguido se produjo la agresión.

De los hechos cometidos, la Fiscalía entiende que el acusado cometió presuntamente un delito de agresión sexual, por el que pide para él diez años de prisión, así como la prohibición de acercarse a la víctima e menos de cien metros ni comunicarse con ella en dieciséis años.

Asimismo, le acusa de un delito de amenazas por el que pide 18 meses de prisión y tres años de orden de alejamiento, mientras que por el delito de malos tratos en el ámbito familiar incluye una petición de ocho meses de prisión, privación de tener arma durante dos años y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar la semana que viene a dos hombres acusados de asaltar e intentar prender fuego a una vivienda en Córdoba mientras sus ocupantes se encontraban en el interior. El Ministerio Público pide para ellos ocho años de cárcel.

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron cuando los acusados se desplazaron en vehículo a una calle de Córdoba con el objetivo de localizar a una persona con la que, al parecer, mantenían desavenencias por motivos familiares. En un primer momento, se equivocaron de domicilio y golpearon la puerta y partieron una maceta en una vivienda ajena, llegando a romper la cerradura antes de percatarse de su error.

Tras darse cuenta de que se habían equivocado, los dos acusados se trasladaron a la vivienda correcta en la misma calle. Allí, despertaron a la víctima y a su familia a base de golpes en la puerta y gritos amenazantes. Aunque abandonaron el lugar ante la llegada de la Policía, regresaron una vez que las patrullas se marcharon, armados con navajas. En este segundo ataque, los acusados no se limitaron a las amenazas verbales. Según la calificación fiscal, prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que asomaba por una ventana del salón, protegida únicamente por un cartón.

El escrito de calificación subraya que esta acción puso en grave peligro la vida de los ocupantes, dada la “alta combustibilidad” de los materiales y la proximidad de unas cortinas que podrían haber propagado el fuego rápidamente por todo el inmueble. El incendio no llegó a mayores gracias a que el propio afectado logró sofocar las llamas de inmediato. Poco después, una dotación policial interceptó a los sospechosos, quienes portaban en ese momento dos navajas de 16 y 10 centímetros de hoja.

Por tanto, la Fiscalía pide siete años de prisión por el delito de tentativa de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas y un año de cárcel por un delito de amenazas. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicación con las víctimas durante un periodo de tres años, así como el decomiso y destrucción de las navajas intervenidas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar el próximo 22 de junio a un hombre acusado de agredir brutalmente a un compañero de trabajo y para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Según el escrito provisional de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 tras una discusión entre el acusado y la víctima. En un momento dado, el procesado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el acusado aprovechó que se encontraba en el suelo para atacarlo por la espalda. El escrito de conclusiones provisionales detalla que el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba.La agresión no cesó ahí, ya que, según la Fiscalía, el acusado continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente sobre el suelo.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, haciendo especial hincapié en la deformidad que la víctima sufre como consecuencia del ataque. Por ello, pide cuatro años de prisión y el pago de las costas.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

La Justicia busca nuevas fórmulas para responder a las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ante la imposibilidad de ejercer acciones penales en muchos casos, la Ley de Memoria Democrática introdujo una nueva herramienta muy valiosa: el expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de hechos pasados, al que ya ha recurrido varias familias de Córdoba.

Según explica a Cordópolis la fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, este procedimiento permite “declarar ante la jurisdicción civil que los hechos sucedieron de una determinada manera o bajo una determinada circunstancia”. Se trata de una vía que se activa cuando no hay un autor conocido vivo o los delitos han prescrito, ofreciendo una “garantía muy efectiva” para quienes buscan justicia décadas después.

Entre los usos más importantes de esta vía civil está la de la corrección de los archivos oficiales. La fiscal explica que, en ocasiones, en el Registro Civil “consta que el fallecimiento fue por muerte natural o no está bien inscrita la causa”. Con este nuevo trámite, se puede solicitar que se “anule esa inscripción y se proceda a la rectificación del asiento registral de acuerdo con la realidad”.

Además, estos expedientes tienen un “componente eminentemente reparador” al actuar sobre las sentencias de los tribunales militares y consejos de guerra. Aunque la ley ya declara esas condenas como nulas, las familias pueden acudir a esta vía para que un juez certifique oficialmente que “en ningún caso el familiar cometió los hechos que se recogen en la sentencia” o que lo ocurrido “no se corresponde con la realidad reflejada” en aquel momento.

En la provincia de Córdoba, aunque ya se han registrado solicitudes de familiares, la fiscal aclara que “todavía no se han incoado” formalmente los expedientes en el juzgado porque se encuentran en una etapa crucial de “investigación previa”. “Necesitamos conseguir pruebas que acrediten lo que están solicitando”, explica la fiscal, subrayando que es necesario “articular ese escrito en torno a una documentación y una prueba” sólida antes de presentar la demanda ante el juez.

Para la Fiscalía, esta “justicia restaurativa” se sustenta en los cuatro pilares internacionales de los derechos humanos: “Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, valores que, según la fiscal, son la base de la actual legislación de memoria en España. Se trata, en definitiva, de una vía que está resultando “muy satisfactoria” en otros puntos de España, como en Galicia, y que ahora empieza a caminar en los tribunales cordobeses.

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.