La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar sustraer un patinete eléctrico tras agredir y vejar a su dueño en plena vía pública. Los hechos, que se remontan al año 2024, terminaron de forma abrupta para el presunto delincuente, quien fue detenido de forma inmediata por los agentes de policía presentes en la zona.

Según el relato del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado se aproximó a la víctima mientras esta circulaba con su patinete. Sin mediar palabra más allá de los insultos, el procesado comenzó a proferir expresiones vejatorias con el fin de exponer a la víctima “a la mofa de quienes pasaban por la vía pública”, para acto seguido propinarle un puñetazo en el rostro.

Lejos de deponer su actitud, y mientras el agredido intentaba contactar con las fuerzas de seguridad para denunciar lo ocurrido, el acusado continuó persiguiéndolo. Con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, el procesado llegó a esgrimir un objeto punzante, obligando a la víctima a retroceder y logrando hacerse con el patinete. Sin embargo, la intervención policial fue instantánea, impidiendo que el acusado pudiera huir con el vehículo y procediendo a su arresto en el mismo lugar de los hechos.

Por estos sucesos, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de tres delitos: robo con violencia en grado de tentativa, un delito leve de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (este último en concurso con un delito contra la integridad moral).

Petición de penas

La acusación pública solicita para el procesado un conjunto de penas que suman dos años y nueve meses de cárcel. En concreto, interesa una condena de dos años de prisión por el intento de robo con violencia. A esto se añade una petición de nueve meses de prisión y una multa de nueve meses (con una cuota diaria de 10 euros) por el delito contra los derechos fundamentales, al apreciar la agravante de discriminación.

Asimismo, por el delito leve de lesiones derivado del puñetazo, se solicita otra multa de dos meses a razón de 10 euros diarios. Además de las penas privativas de libertad y económicas, el Ministerio Fiscal pide que se le imponga la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre por un periodo de cuatro años, junto con el pago de las costas procesales.

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos, ha renovado su cargo después de que el Boletín Oficial de España (BOE) haya publicado este miércoles su nombramiento. Sobrón lleva en el cargo desde 2021.

Esta renovación llega después de la propuesta previa formulada por la Fiscal General del Estado, tras haber consultado al Consejo Fiscal. El pasado mes de febrero, la fiscal general del Estado -Teresa Peramato Martín- apuntó que el “currículum” y “el minucioso plan de actuación” de Sobrón “muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo”.

Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que espera que la Fiscalía abra diligencias para analizar la actuación del Ayuntamiento durante las recientes inundaciones, convencido de que el proceso permitirá demostrar que la respuesta municipal fue “ejemplar”. El regidor también ha criticado duramente a la Federación Córdoba Extrarradio, que ha anunciado acciones legales contra el Consistorio por su gestión de la emergencia.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha restado importancia a las acusaciones y ha afirmado que el gobierno municipal ha estado centrado desde el primer momento en hacer frente a la crisis y en la recuperación de la ciudad. “No voy a dedicar mucho tiempo a responder porque en lo que estamos desde las inundaciones es en responder a lo ocurrido”, ha señalado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento activó medidas de prevención desde los primeros momentos, en coordinación con otras administraciones y siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica sobre la evolución del río y de los arroyos. “Creo que hay que recordar esos días. La labor del Ayuntamiento fue ejemplar, ejemplar. Y la colaboración entre las instituciones fue ejemplar”, ha defendido.

El alcalde ha sostenido que la respuesta recibió una valoración positiva por parte de la ciudadanía. “Hay una valoración unánime de la sociedad cordobesa y andaluza sobre cómo se actuó ante esa situación”, ha afirmado.

Tras la fase más crítica, el Consistorio centró sus esfuerzos en la recuperación de la normalidad. Bellido ha recordado las labores de limpieza de vías públicas, la coordinación con Cruz Roja para atender a los vecinos afectados y las actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias económicas de las inundaciones.

“Volver a un plano de actualidad”

En relación con las críticas de la Federación Córdoba Extrarradio, el alcalde ha cuestionado las motivaciones de quienes impulsan la iniciativa y ha señalado que se trata de un colectivo que ya ha intentó sin éxito tener presencia política en el pasado. A su juicio, están intentando “volver a un plano de actualidad” aprovechando el contexto generado por las inundaciones.

Pese a ello, Bellido ha manifestado que no tiene inconveniente en que la Fiscalía investigue la actuación municipal. “Yo espero que la Fiscalía abra diligencias, francamente, lo espero y lo deseo porque eso nos permitirá aportar todo lo que se hizo”, ha indicado.

El alcalde ha explicado que durante los días más complicados se mantuvieron reuniones prácticamente permanentes del comité de emergencia para evaluar los riesgos y actuar con antelación, incluyendo evacuaciones preventivas cuando fue necesario. Asimismo, ha recordado que muchos de los daños se produjeron en zonas consideradas inundables, según los mapas de la Confederación Hidrográfica, y que las fuertes lluvias provocaron también el desbordamiento de arroyos en distintos puntos de Andalucía.

“Nosotros no tenemos en nuestra mano que no llueva ni que no crezca el río”, ha señalado Bellido, quien ha subrayado que el caudal llegó a obligar incluso al cierre del puente romano. El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento aportará toda la documentación que sea necesaria si se abre una investigación. “No solo es que no tengamos miedo, sino que estamos orgullosos de la labor que hicimos”, ha afirmado.

Mientras tanto, ha asegurado que el gobierno municipal continuará centrado en la recuperación de la ciudad. “Seguiremos avanzando en la recuperación, que es lo que nos toca ahora, sin distraernos de ese objetivo”, ha concluido.

El fiscal Alejandro Izuel Gastón, que instruye el caso Adamuz ante el Tribunal número dos de Montoro, ha respondido a la empresa pública ADIF. La entidad había pedido a la jueza del caso, Cristina Pastor Recover, que le aclarase dónde y con cuánto tiempo tiene que pedir permiso para hacer algún tipo de obra o intervención en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo entre Guadalmez y Córdoba que es donde se produjo el accidente ferroviario entre un Iryo y un Alvia que dejó 46 fallecidos y 155 heridos.

La Fiscalía responde a ADIF que tiene que pedir permiso en un radio de cinco kilómetros aproximado desde el lugar en el que se produjo el accidente, junto a la estación técnica de Adamuz. La Fiscalía entiende que “dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno en el que se produjo el accidente ferroviario”.

Por eso, contesta a la empresa pública “la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia de Montoro se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno (en este caso la infraestructura ferroviaria)”. ADIF ya retiró material de la zona no precintada cuatro días después del accidente, cuando ya se había rescatado a la última víctima mortal, algo que contrarió a la Guardia Civil y supuso una advertencia por parte de la jueza. Posteriormente, ha comunicado a la jueza una intervención para la sustitución de un carril de la vía a unos metros del lugar del siniestro. La jueza se lo ha denegado y le ha pedido que lo comunique con al menos un margen de plazo de 15 dñias..

“Entendemos procedente que por ADIF ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura ferroviaria que suponga una alteración material de los elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable”, señala el fiscal en una providencia remitida al juzgado y a la que ha tenido acceso a este periódico.

Así, la Fiscalía considera que “la delimitación territorial del tramo” debe abarcar desde los kilómetros 321,098 hasta el 315,974. “En lo que se refiere a los tiempos”, la Fiscalía espera que las comunicaciones de Adif llegen en un plazo “que permita tener conocimiento previo de la instructora con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación adecuadas”. En este caso, coincide con la jueza: 15 días.

La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

La Fiscalía de Córdoba ha archivado la denuncia que presentaron PSOE y Hacemos Córdoba contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por una supuesta falta de protección de los restos arqueológicos hallados en las catas previas a la construcción de de la Ronda Norte de la ciudad. La Fiscalía de Córdoba llegó a abrir una investigación para determinar si habría un presunto delito patrimonial en la falta de protección de los restos del yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte, sobre el que descargaron las fuertes precipitaciones del pasado 29 de octubre de 2025.

Finalmente, y tras las diligencias previas, la Fiscalía entiende que no hay indicios de delito sobre la actuación tanto del gobierno andaluz como del Consistorio cordobés, según la resolución del ministerio público. El Ministerio Fiscal abrió diligencias el pasado 24 de noviembre, atendiendo una denuncia formulada por el PSOE y Hacemos Córdoba. 

Los restos

El conjunto hallado está encabezado por una basílica cristiana de tres naves, con ábside al oeste y posible nártex al este, con unas dimensiones aproximadas de 20 metros en sentido este-oeste y 13 metros en sentido norte-sur. Adosados a la basílica, y sin comunicación directa con ella, se han documentado dos monasterios, uno al norte (masculino) y otro al sur (femenino), ambos simétricos y organizados en torno a claustros porticados. La presencia de un posible baptisterio o estructura hidráulica en la mitad oriental de los terrenos completa el panorama de este importante sitio.

La cronología de este núcleo se sitúa desde el siglo VIII y a lo largo del IX, coincidiendo con el periodo emiral, y es notable la ausencia de materiales califales. Los muros principales son de tapial, enlucidos y pintados de blanco, y los pavimentos son de mortero de cal y gravilla, pintados a la almagra. Los restos evidencian una reconstrucción mozárabe de una iglesia anterior, de época tardorromana o visigoda, que habría estado en uso entre finales del siglo V y finales del siglo VII. Esta reconstrucción se relaciona con la autorización otorgada por Abd al-Rahman I en 784-85 a los cristianos para reedificar iglesias en la periferia de la Medina, a cambio de la cesión de la mitad de la basílica de San Vicente para la Mezquita Aljama.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento de Fernando Sobrón Ostos para renovar como fiscal jefe en la provincia de Córdoba, cargo en el que lleva desde el año 2021.

Según ha detallado el Ministerio Público, Fernando Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

Al respecto, Peramato ha señalado que “su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo”.

Tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, la fiscal general ha decidido el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Público que propondrá al Gobierno. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/7/2026 de 13 de enero (BOE del 15 de enero de 2026).

Peramato ha basado su elección en “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía”.

La Fiscalía pide a un varón penas de siete años y seis meses de prisión y orden de alejamiento durante 12 años por la supuesta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras intentar matar con un cuchillo a un hombre después de una discusión entre ambos que se inició al insultar éste último a una mujer. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, un hombre contactó telefónicamente con una mujer y durante la conversación él supuestamente profirió insultos contra ella, por lo que ésta última cortó la comunicación, razón por la que él se personó en la puerta del domicilio “manifestando expresiones intimidatorias” dirigidas a ella y al varón procesado.

Tras ello, ella contactó telefónicamente con el hombre acusado, al que comentó el incidente vivido, “lo que motivó que éste contactara telefónicamente” con el varón, al que “reprochó su actuar”. Posteriormente, dicho hombre localizó al procesado, “quien en esos momentos portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja, comenzando entre ellos una fuerte discusión, en el curso de la cual se agredieron mutuamente”, llegando el acusado a propinar con el cuchillo varios golpes al varón, que sufrió lesiones.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de hasta 15 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. El acusado será juzgado el próximo 12 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en una fecha no concretada cuando el acusado se dirigió al dormitorio donde se encontraba la víctima. Una vez allí, comenzó a besarla y realizarle tocamientos. El relato detalla que el procesado introdujo la mano de la víctima en su pantalón para que esta le masturbara, procediendo posteriormente a la penetración vaginal.

Por estos hechos, el fiscal califica lo sucedido como un delito continuado de agresión sexual. En su petición de penas, además de los 15 años de prisión, se solicita una medida de libertad vigilada durante 10 años que se ejecutaría tras cumplir la condena de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama la prohibición de que el acusado se aproxime o comunique con la víctima por un periodo de 16 años.

La acusación también incluye la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta. El documento aclara que se aplica la Ley Orgánica 10/2022 al ser considerada la regulación vigente más favorable para el acusado en este procedimiento.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha informado que ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Montoro que encargue a varios ingenieros de caminos, canales y puertos la elaboración de un informe pericial para determinar las causas del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que han muerto 46 personas y han resultado heridas 154.

Según ha informado la propia Fiscalía, la solicitud de este informes se hace “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”, exponen.

De momento, el accidente está siendo investigado por la unidad de Criminalística de la Guardia Civil, además de la Policía Judicial del instituto armado en Córdoba. Por su parte, la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios (CIAT) del Ministerio de Transportes está realizando también su propia investigación.

Esta sería por tanto la tercera investigación en marcha, en caso de que la jueza que instruye la causa asuma la petición de la Fiscalía. Sería la Junta de Andalucía la encargada de nombrar a los peritos independientes que tendrían que realizar este trabajo.

La Fiscalía de Córdoba ha pedido al Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, con 45 fallecidos y 125 heridos, del domingo 18 de enero, que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación.

Así lo han destacado fuentes del Ministerio Público, tras estar previsto el volcado de la información de ambas cajas este martes en Madrid con la presencia de una comisión judicial delegada, si bien la Fiscalía ha solicitado que sea en presencia de las juezas que instruyen la causa. El Tribunal de Instancia se tendrá que pronunciar ahora sobre dicha petición.

Al respecto, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil el jueves pasado en dicho Juzgado recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio “especializado en tratamiento de material metalúrgico” de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Instrucción con dos juezas y petición de un refuerzo

En relación con la causa, que hasta el viernes registraba una decena de denuncias y siete personaciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visitó la semana pasada los juzgados de Montoro, para un encuentro con las juezas y el personal del órgano judicial para interesarse por las necesidades y refuerzos.

Así, manifestó que “ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil”, de manera que “todo, absolutamente todo, se está haciendo con control de conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial”, expresando que se queda “tranquilo con las dos titulares que hay ahora mismo” en el juzgado.

Además, Del Río adelantó que se incorporarán el día 9 de febrero dos nuevas juezas titulares, concretamente una de ellas a la plaza número 2, “que es la que tiene turnado este procedimiento”, a lo que agregó que “desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas”.

“Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite, por tanto, que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la plaza número 2”, detalló el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Igualmente, aseguró que se va a “pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento”. “Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner”, apostilló, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, de forma que este miércoles se han incorporado ya dos funcionarias para la tramitación procesal. Y se va a pedir un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos. Ante ello, espera “una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo”.

No obstante, admitió que “va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada”, por lo que “son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima”. Así, elogió que “tanto las actuales juezas que están trabajando, como las que se incorporan, son personas que tienen ya una experiencia dilatada”, dado que “aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejo y con una preparación inicial de prácticas ya de varios años”. Por tanto, subrayó que “hay que confiar plenamente”.

La cadena de custodia

En cuanto a las posibles causas del accidente y su investigación, Del Río remarcó que “va a ser compleja, porque se van a tener que hacer muchas pruebas periciales, se tienen que recoger vestigios de todo tipo”. “A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la juez en su momento, cuando sea necesario, de la letrada también para ese trabajo, que sea un buen trabajo”, expresó, apuntando que “ahora mismo se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones”, de modo que “ya veremos en qué dirección se avanza en un sitio u otro, según las periciales y las pruebas”, mantuvo.

Respecto a las personaciones en la causa, señalado a “la unificación a lo mejor de personaciones”, algo que “habrá que trabajarlo, porque si no, entonces puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades, y que se pueda trabajar de forma correcta”.

Asimismo, mencionó que dicha plaza del Juzgado lleva también causas de violencia sobre la mujer, “por tanto tiene un trasiego diario delicado”, de ahí que justifique la petición de refuerzos, “porque luego habrá que tomar muchas declaraciones a todas las familias y los heridos”.

De este modo, espera que el procedimiento “no se dilate o se pierda el tiempo”, reflexionando que “el problema de la justicia es de verdad que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia”, de forma que cree que “no debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia”.

“Hay que ver la complejidad de las pruebas, porque somos conscientes que va a haber distintas periciales porque hay muchos intereses en juego, hay distintas compañías, distintas posibilidades de cuál ha sido la causa del accidente, y entonces eso va a influir, pero ahí es donde tendrá que estar la dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya una cierta inercia de trabajo”, argumentó.

Ofrecimiento de acciones a heridos y familias

En relación al ofrecimiento de acciones a los familiares y heridos, el presidente del TSJA explicó que “es un tema procesal”, de manera que “ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales”. “Hay que abrir una pieza por cada una de esas personas que se conecta con la propia persona y con los familiares, y se hace un ofrecimiento”, precisó, agregando que “si no se puede, por la circunstancia médica, se hace a los familiares”.

“Todo eso hay que llevarlo individualmente por protección de datos”, aclaró, resaltando que “algunas de esas piezas serán de heridos que en un momento cercano pues podrán curarse, ojalá sea todo así, y en otros, a lo mejor la curación tarda mucho más tiempo el ofrecimiento de acciones”.

Sumar ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que actúe de oficio e investigue penalmente la actitud de la dirección de Hitachi Energy en Córdoba ante lo que considera una “vulneración grave y continuada” de los derechos de su plantilla, con la que mantiene desde hace meses un conflicto sindical derivado de la firma del nuevo convenio sectorial.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, tras mantener un encuentro con miembros del comité de empresa y con el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez. Tras la reunión, Santiago ha indicado que la multinacional “bordea claramente la legalidad penal” y reclamó una investigación inmediata para comprobar un posible incumplimiento del artículo 315 del Código Penal, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

“No se puede seguir esperando mientras se dilata desde la justicia una situación de vulneración de derechos sociales tan evidente”, afirmó, insistiendo en que la Fiscalía debe actuar sin esperar a que el conflicto siga alargándose en los juzgados de lo social. A su juicio, “Hitachi se ha equivocado de siglo”, y la empresa “se comporta como si viviéramos en una época en la que no existían los derechos de los trabajadores”.

El diputado de Sumar ha calificado de “especialmente chocante” esta actitud en una compañía que obtiene “beneficios abultados y suficientes precisamente gracias al trabajo de sus empleados”, y que, además, ha recibido subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y se ha beneficiado de exenciones fiscales del Ayuntamiento de Córdoba.

“Y, aun así, no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales”, ha lamentado Santiago, recordando que los trabajadores únicamente reclaman “un convenio colectivo justo, sin doble escala salarial”, que garantice que los empleados más jóvenes puedan disfrutar de los derechos conquistados por las generaciones anteriores.

Frente a estas reivindicaciones, denunció que la empresa ha impuesto hasta 78 sanciones en una unidad productiva de poco más de 200 trabajadores, dentro de una plantilla total de unos 480 empleados que trabajan a turnos. “Hitachi bordea claramente la legalidad penal de este país”, ha afirmado el portavoz de IU en el Congreso, quien ha recordado que las suspensiones de empleo y sueldo de 120 días son una medida que “no está contemplada en la legislación laboral vigente”.

Caja de resistencia y movilizaciones

Durante la comparecencia ante los medios, el presidente del comité de empresa, Álvaro Leiva, ha explicado que los trabajadores llevan meses manteniendo reuniones con dirigentes políticos e instituciones “buscando mantener la lucha y una salida negociada al conflicto”, aunque lamentó que “la empresa sigue completamente alejada del diálogo”. En el ámbito judicial, recordó que se propusieron cuatro reuniones en sede judicial, de las que finalmente se celebraron tres, sin que se haya producido ningún avance sustancial.

Leiva ha denunciado que Hitachi mantiene activas 66 sanciones disciplinarias —la mayoría de 60 días— y subrayó que la última propuesta presentada por la empresa “no incluye la retirada de las sanciones”, algo que consideran inasumible. Asimismo, aclaró que estas propuestas “no afectan en absoluto al curso judicial del conflicto”, que sigue abierto. A esta situación se suma, según indicó, la ausencia de un calendario laboral y de un plan de igualdad en la planta cordobesa.

El comité de empresa anunció también la reactivación de las movilizaciones, suspendidas temporalmente tras la tragedia ocurrida en Adamuz. El calendario inicial preveía una primera jornada de protestas el miércoles 4 de febrero, a la que seguirán nuevas acciones que se irán anunciando.

Además, los trabajadores han abierto una caja de solidaridad para apoyar a las personas sancionadas, algunas de las cuales han sufrido suspensiones de empleo y sueldo de larga duración, lo que está provocando graves dificultades económicas en numerosas familias. Santiago, de hecho, ha animado la ciudadanía cordobesa a apoyar la caja de resistencia de los trabajadores afectados, ya que hay ocho de ellos que no podrán cobrar su nómina hasta el mes de mayo.

Contra el Comité de Empresa

En la misma línea, Agustín Jiménez señaló que CCOO ha dado a la empresa “todas las oportunidades posibles” para cerrar el conflicto, con hasta 70 mediaciones realizadas sin éxito. El sindicato ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de lo Social y recuerda que el convenio estatal del metal fija en 60 días la sanción máxima permitida. Sin embargo, seis de los ocho miembros de la comisión negociadora han sido sancionados con esa duración máxima, lo que, a juicio de CCOO, evidencia una estrategia de represalia.

“Son prácticas destinadas a cargarse al Comité de Empresa, que ha sostenido un buen convenio colectivo durante años y que ahora la dirección quiere romper para abaratar costes de producción”, denunció Jiménez. Añadió que, si la empresa persiste en su negativa a negociar, el sindicato está a la espera de que actúe la Fiscalía y no descarta emprender acciones penales por delitos contra los trabajadores.

El responsable sindical denunció además un clima de intimidación dentro de la fábrica, con la presencia de más de 40 vigilantes de seguridad, así como la existencia de numerosas denuncias en los juzgados de lo social, entre ellas contra un acuerdo firmado por UGT que, según CCOO, vulnera el derecho fundamental a la huelga, y que firmaron de forma unilateral con la empresa a finales de diciembre.

Álvaro Leiva, visible emocionado, ha querido subrayar que los trabajadores “no quieren echar por tierra una fábrica que ha dado de comer a cientos de familias durante más de cien años de historia en Córdoba”. Sin embargo, acusó a la empresa de “jugar al desgaste”, prolongando el conflicto en el tiempo. “Aguantamos gracias al apoyo de nuestras familias y a la unión que mantenemos entre compañeros, reuniéndonos varios días a la semana. Esa unidad es la clave y es el consejo que damos a otras plantillas en conflicto”, concluyó.

El Fiscal Jefe de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos, ha anunciado este miércoles que se ha creado un grupo de trabajo integrado por tres fiscales para colaborar estrechamente con el Tribunal de Instancia plaza número 2 -anteriormente, Juzgado de Instrucción número 2- de Montoro en la investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado domingo en el que, por el momento, han fallecido 43 personas y ha dejado decenas de heridos.

Santos Sobrón, quien se desplazó al lugar de los hechos el mismo domingo, ha comenzado su intervención expresando su pésame a todas las víctimas y deseando la pronta recuperación de los heridos que aún reciben asistencia médica en diversos hospitales de Andalucía. Según ha explicado, estuvo presente en la zona del siniestro junto a la Fiscal Superior de Andalucía, Ana María Tárrago Ruiz, y el fiscal que tiene asignado Montoro. Además, ha visitado el Centro de Identificación de Datos para supervisar las labores de identificación de los fallecidos.

La investigación judicial está siendo dirigida por el Juzgado de Montoro, el cual ya ha incoado diligencias previas. Santos Sobrón ha advertido que, aunque se espera que el proceso sea lo menos dilatado posible, se prevé “una instrucción compleja y larga”. Actualmente, el equipo del Ministerio Fiscal mantiene contacto permanente con la Guardia Civil y otros grupos periciales que participan en el esclarecimiento de los hechos.

En esa línea, no ha querido avanzar ningún dato de la investigación, alegando que la misma se encuentra “en una fase inicial” y que no “existen resultados”. Asimismo, no ha ofrecido información sobre la existencia o no de denuncias de familiares de las víctimas y ha rechazado realizar cualquier tipo de declaración relativa a la denuncia que sí habría interpuesto la asociación conspiranoica Liberum.

Sobre el grupo de trabajo compuesto por los tres fiscales, Santos Sobrón ha dicho que “podría ampliarse si fuera necesario” conforme avance la investigación. Más allá de los trámites judiciales, Santos Sobrón ha lamentado que la Fiscalía de Córdoba “nunca ha asistido a una tragedia de tal magnitud” y que los miembros que acudieron al lugar quedaron profundamente afectados por lo visto.

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la portavoz y presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de sus redes sociales. La denuncia llega después de que el PSOE y Hacemos Córdoba acudieran a la Fiscalía denunciando que Vox, en una rueda de prensa y en un vídeo, había vinculado el rezo musulmán al aire libre en Las Setas, con el que la comunidad islámica de Córdoba rompía el Ramadán, con el yihadismo. Tras la instrucción del caso, y haber recibido incluso el informe de la Policía Nacional, la Fiscalía ha puesto el caso en manos del juez decano de Córdoba, para que reparta el asunto entre el magistrado que considere y que inicie las correspondientes diligencias.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba, al que ha tenido acceso este periódico, acuerda también incoar más diligencias contra la cuenta de redes sociales de Vox en el Parlamento de Andalucía, por si también la considera presunta responsable de haber difundido un contenido xenófobo.

El 31 de marzo de 2024, Vox publicó una nota de prensa, con vídeo, en la que hablaba su portavoz y presidenta, Paula Badanelli, en la que denunciaba la concentración de centenares de musulmanes en el espacio público de Las Setas de Córdoba. Badanelli decía que este hecho había generado alarma entre los vecinos de la zona que habían “inundado” las redes sociales de Vox. “Nos encontramos en Las Setas, en una zona residencial tranquila de Córdoba, junto a un centro de salud. Ayer se produjo aquí un hecho insólito: centenares de musulmanes se congregaron para rezar, provocando la alarma entre los vecinos”, exponía Badanelli. “El problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás”, aseguraba.

Tras esta afirmación la portavoz de VOX nombró a varios de los detenidos el sábado anterior Barcelona. “Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Omar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali. Eso no es un delito de odio, eso es un listado registrado por la policía de las personas que han sido detenidas en Barcelona”.

“Si no, protegemos nuestras fronteras. Si en nuestro país pueden entrar cualquiera sin identificar, nuestro país no tiene fronteras seguras y cada vez los problemas relacionados con la inmigración ilegal descontrolada va a ir a más”, aseguraba. Además, aludía a la reciente detención en Córdoba de “un peligroso yihadista”. “Son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra. No queremos que la gente tenga que circular por la calle sin miedo (sic). No queremos religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer”, señalaba.

Por último, desde la formación de Santiago Abascal insistían: “decimos alto y claro, hay que reforzar nuestras fronteras, no a la inmigración ilegal. No queremos en nuestro país personas sin identificar, sin ningún control que al final terminan por delinquir”.

Tristeza en la comunidad musulmana de Córdoba

Esta nota de prensa provocó indignación y tristeza entre la comunidad musulmana de Córdoba, que consideró de xenofobia las palabras de la presidenta de Vox, que también es concejala del Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a este periódico, el promotor de este encuentro, un ingeniero agrónomo afincado en Córdoba desde hace 25 años, explicaba que la iniciativa del rezo con motivo del fin del Ramadán surgió “como un esfuerzo por reunir a las diferentes comunidades musulmanas de la ciudad”, cuyas mezquitas operan de manera independiente. De hecho, había sido la primera vez que se ha realizado en Córdoba y el objetivo era replicar los rezos que se hacen en grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

El PSOE y Hacemos optaron por acudir a la Fiscalía, que encargó oficios a la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Córdoba. Los agentes analizaron también las redes sociales tanto de Vox como de Badanelli, y en su oficio consideraron que el vídeo “relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con la inmigración ilegal”.

El Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato procesados por la muerte del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio acometido el 21 de diciembre de 2023 en la base militar cordobesa de Cerro Muriano.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente procesado.

Por otra parte, la Fiscalía expone en su escrito que “no se aprecia responsabilidad penal” en la conducta de un teniente coronel y un comandante que fueron procesados en el caso, para quienes considera que “procede la libre absolución”, con “todos los pronunciamientos a su favor”.

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil --en este momento procesal, sin perjuicio de los incrementos o cuantías que resulten del acto de la vista oral-- un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal Común”.

Fue en julio de 2024 cuando el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y que ha indagado este caso, dictó un auto con el que procesó por estos hechos al capitán Zúñiga, el teniente Tato, el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro. Los procesamientos del sargento Castroviejo y el coronel Navarro ya fueron revocados.

“Criterio improvisado”

En concreto, se detalla en la calificación del fiscal que de las diligencias judiciales practicadas resulta que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y el 22 de diciembre de 2023 en Cerro Muriano, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio realizado el día 21 de diciembre de 2023.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo Miguel Ángel Jímenez Andújar y el soldado Carlos León Rico, “tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, el teniente coronel Zanfaño --en comisión de servicio desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023-- o al comandante Velasco --nombrado en sustitución--”.

Según el fiscal, “en ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de la circular 305/23, para que la práctica se realizase conforme había ideado”.

El ejercicio consistía en cruzar a nado el pantano, por el lugar que el capitán Zúñiga y el teniente Tato “habían supervisado previamente, es decir, desde una orilla de entrada hasta la opuesta, equipados con el uniforme camuflaje, fusil de asalto HK, mochila de combate y casco”. La mochila iría colocada delante del cuerpo como flotador, para lo que era imprescindible que estuviera perfectamente estanca para poder impulsarse con las piernas.

El teniente Tato, “conocedor del diseño y preparación de la actividad, sabedor de que se trataba de un ejercicio de flotabilidad, así como de las condiciones en las que se había colocado la cuerda, no ordenó, ni se preocupó de hacer las comprobaciones previas necesarias respecto a la estanqueidad de las mochilas y su sección continuó portando una mina de instrucción que se les había asignado, cuyo peso era superior a tres kilos, lo que dificultó posteriormente la flotabilidad y las condiciones para mantenerse en el agua a una temperatura muy baja”.

“El desorden se produjo de manera inmediata”

Durante el ejercicio, el capitán les indicó “de forma reiterada que la cuerda era una cuerda guía y no una línea de vida, por lo que no debían sujetarse salvo en el caso de necesidad”, a lo que se añade que “no hubo unas instrucciones claras y precisas por parte del capitán Zúñiga y del teniente Tato y el desorden se produjo de manera inmediata, puesto que tenían dificultades para moverse por un fondo fangoso y con ramas”.

Al hilo, se indica que “la profundidad y la temperatura del agua --alrededor de unos ocho grados-- dificultaban que pudieran avanzar y la mayoría de las mochilas no permitían la flotabilidad, unos compañeros se adelantaban a otros, sólo se veían cabezas que subían y bajaban, sin poder distinguir de quién se trataba, se escucharon gritos de auxilio, se sujetaban entre ellos o buscaban donde agarrarse a la cuerda, mientras que insistentemente el capitán decía que se soltaran de la cuerda”.

En un momento dado, “la cuerda perdió tensión e incluso llegó a quedarse sumergida siendo utilizada por algún soldado para elevarse”. La mayoría de los soldados fueron ayudados a salir por la orilla de entrada. Uno de ellos vio como el cabo Jiménez “tenía dificultades para avanzar, pidiendo a los compañeros que le ayudasen”.

Sin ambulancia

En cuanto al apoyo sanitario, ese día la ambulancia no estuvo presente en las inmediaciones del pantano. La actividad coincidió con un ejercicio de tiro nivel 1, circunstancia que “se hizo saber al capitán” la noche anterior y reiterada esa mañana, “con la advertencia de que ante una eventual necesidad no estaría en disposición de acudir rápidamente”.

Ante la situación creada y la desaparición en el agua del cabo Jiménez, el capitán ordenó al teniente Ojeda que “pidiese urgentemente la ambulancia, que se presentó en la zona del pantano nueve minutos más tarde. A las 9,42 horas, el capitán habló con el 112 para comunicar que ”un militar se había ahogado“. No se percataron de la desaparición del soldado León hasta que no se hizo un recuento de personal en una zona situada a unos 500 metros aproximadamente del embalse.

Soldados con hipotermia

Además del fallecimiento de los dos militares, durante la realización del citado ejercicio dos soldados precisaron de asistencia sanitaria por síntomas de hipotermia. Uno de ellos, “auxiliado en la orilla del pantano en estado de inconsciencia”. Ambos soldados fueron trasladados en ambulancia al hospital, donde fueron atendidos por hipotermia.

Los cuerpos de los dos fallecidos fueron localizados sumergidos en el lago y recuperados por agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Constan informes de autopsia en los que la causa de la muerte en ambos casos fue “síndrome anóxico por sumersión”.

La Fiscalía de Córdoba ha abierto una investigación para determinar si habría un presunto delito patrimonial en la falta de protección de los restos del yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte, sobre el que descargaron las fuertes precipitaciones del pasado 29 de octubre.

El Ministerio Fiscal ha ordenado a la Guardia Civil, a través del SEPRONA y con el apoyo de la dirección arqueológica del proyecto, realizar una inspección detallada del yacimiento. Además, ha solicitado informes a la Delegación de Cultura y a la Gerencia Municipal de Urbanismo para aclarar qué medidas preventivas se adoptaron, si correspondían a sus competencias y si se aplicaron de forma adecuada.

Se investiga si los hechos pudieran constituir un delito contra el Patrimonio Histórico, ya sea por dolo eventual o por imprudencia. El decreto fiscal recuerda que tanto la Delegación Territorial de Cultura como la Ponencia Técnica habían advertido, en resoluciones emitidas entre julio y octubre de 2025, de la necesidad urgente de proteger los vestigios ante la llegada de las lluvias otoñales. Los informes técnicos alertaban de la “fragilidad” del conjunto exhumado —formado por muros de tapial y pavimentos de mortero de cal extremadamente permeables— y recomendaban su cubrición inmediata para evitar deterioros.

El Ministerio Fiscal abrió diligencias el pasado 24 de noviembre, atendiendo una denuncia formulada por el PSOE y Hacemos Córdoba. Ahora tendrá que determinar si hay delito en el hecho de que los restos estuvieran a la intemperie cuando llegaron las lluvias, pese a que había un mandato expreso para cubrirlos de la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía fechado el 3 de octubre.

Sin embargo, el episodio de precipitaciones del 29 de octubre descargó con fuerza sobre la zona donde se excavaba el yacimiento, que había revelado estructuras de enorme relevancia, incluida una basílica paleocristiana considerada única en la Península Ibérica. Pese a las advertencias reiteradas de especialistas y a una resolución de la Delegación de Cultura emitida 26 días antes de la tormenta, los restos permanecían descubiertos en el momento en que cayó la primera lluvia intensa del otoño.

Imágenes y testimonios recogidos entonces por este periódico mostraron acumulación de agua sobre los muros, fabricados con materiales de alta vulnerabilidad a la humedad. Aquella situación desencadenó críticas y abrió un debate público sobre la actuación de la Junta.

La postura de la Junta

Tras el episodio, el Gobierno Andaluz defendió que la cubrición provisional con geotextil —supervisada por el arqueólogo director— se había ejecutado el mismo día 29, si bien fotografías captadas por Cordópolis pusieron en cuestión dicha afirmación. Los restos quedaron correctamente protegidos a partir del 30 de octubre. La Junta sostuvo entonces que todo se había realizado siguiendo “las indicaciones de Cultura y del arqueólogo responsable” y dentro de los protocolos habituales.

Posteriormente se formalizó el contrato de consolidación y restauración del enclave. “El equipo de restauración ha tomado contacto con el enclave y ha vuelto a revisar la protección provisional, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan iniciar las labores más delicadas”, señaló la Junta el 14 de noviembre, concidiendo con una segunda gran regada en la zona, tras el paso de la borrasca Claudia, aunque, esta vez, con la cubrición geotextil colocada.

Tres semanas después de aquella nota, el Gobierno Andaluz mantenía esta semana que los primeros trabajos de revisión, limpieza y consolidación acometidos tras el episodio de fuertes lluvias del 29 de octubre en el yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte no han detectado daños en los restos excavados

La Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba organizará el próximo 10 de diciembre un acto en las fosas de represaliados del cementerio de La Salud para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, acto en el que está prevista la intervención de la fiscal delegada de Memoria Democrática en Córdoba.

La fiscal especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática, María Florentina Aguado, participará en un acto junto a familiares de las víctimas, que reclamarán una vez más su derecho a la verdad, la justicia y la reparación por la represión sufrida. De hecho, el acto prevé un espacio de “micrófono abierto” para que puedan intervenir los familiares de las víctimas.

Según ha dado a conocer la Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba al acto también se convoca a la ciudadanía para participar en el acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos junto a los trabajos que se desarrollan en el cementerio de La Salud “donde se están llevando a cabo las exhumaciones de las víctimas de los crímenes franquistas”.

“Este encuentro tiene como objetivo reivindicar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, acompañar a las familias y reconocer la labor que se desarrolla en este espacio de memoria”, argumentan desde la organización.

Por todo ello, se invita a “todas las personas, asociaciones y colectivos sensibles con la defensa de los Derechos Humanos a unirse a esta jornada de respeto y compromiso. Porque la dignidad no prescribe y la memoria es un derecho”, concluyen.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará el próximo 11 de diciembre a una mujer acusada de un lito de extorsión y otro de blanqueo de capitales, según la calificación de la Fiscalía Provincial. En total, se enfrenta a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel.

Según consta en la calificación de la Fiscalía, la acusada fue denunciada por un hombre. Este contactó a través de un servicio de mensajería con una mujer que ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero. El hombre exigió que le enviara una fotografía antes de contratar el servicio, pero como no respondió finalmente no lo hizo.

Esa misma tarde, el hombre recibió un mensaje de una “persona desconocida” en el que pedía el pago inmediato de 600 euros “por haber molestado a sus chicas”. De lo contrario, aseguraba, se pasaría por su domicilio para matarlo.

El hombre, amedrentado, según el relato del Ministerio Fiscal, finalmente hizo el abono en la cuenta de esta persona. La titular de la cuenta era la acusada, “concertada con los desconocidos autores y con plena consciencia del origen ilícito de la transferencia”.