La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar la semana que viene a dos hombres acusados de asaltar e intentar prender fuego a una vivienda en Córdoba mientras sus ocupantes se encontraban en el interior. El Ministerio Público pide para ellos ocho años de cárcel.

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron cuando los acusados se desplazaron en vehículo a una calle de Córdoba con el objetivo de localizar a una persona con la que, al parecer, mantenían desavenencias por motivos familiares. En un primer momento, se equivocaron de domicilio y golpearon la puerta y partieron una maceta en una vivienda ajena, llegando a romper la cerradura antes de percatarse de su error.

Tras darse cuenta de que se habían equivocado, los dos acusados se trasladaron a la vivienda correcta en la misma calle. Allí, despertaron a la víctima y a su familia a base de golpes en la puerta y gritos amenazantes. Aunque abandonaron el lugar ante la llegada de la Policía, regresaron una vez que las patrullas se marcharon, armados con navajas. En este segundo ataque, los acusados no se limitaron a las amenazas verbales. Según la calificación fiscal, prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que asomaba por una ventana del salón, protegida únicamente por un cartón.

El escrito de calificación subraya que esta acción puso en grave peligro la vida de los ocupantes, dada la “alta combustibilidad” de los materiales y la proximidad de unas cortinas que podrían haber propagado el fuego rápidamente por todo el inmueble. El incendio no llegó a mayores gracias a que el propio afectado logró sofocar las llamas de inmediato. Poco después, una dotación policial interceptó a los sospechosos, quienes portaban en ese momento dos navajas de 16 y 10 centímetros de hoja.

Por tanto, la Fiscalía pide siete años de prisión por el delito de tentativa de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas y un año de cárcel por un delito de amenazas. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicación con las víctimas durante un periodo de tres años, así como el decomiso y destrucción de las navajas intervenidas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar el próximo 22 de junio a un hombre acusado de agredir brutalmente a un compañero de trabajo y para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Según el escrito provisional de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 tras una discusión entre el acusado y la víctima. En un momento dado, el procesado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el acusado aprovechó que se encontraba en el suelo para atacarlo por la espalda. El escrito de conclusiones provisionales detalla que el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba.La agresión no cesó ahí, ya que, según la Fiscalía, el acusado continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente sobre el suelo.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, haciendo especial hincapié en la deformidad que la víctima sufre como consecuencia del ataque. Por ello, pide cuatro años de prisión y el pago de las costas.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

La Justicia busca nuevas fórmulas para responder a las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ante la imposibilidad de ejercer acciones penales en muchos casos, la Ley de Memoria Democrática introdujo una nueva herramienta muy valiosa: el expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de hechos pasados, al que ya ha recurrido varias familias de Córdoba.

Según explica a Cordópolis la fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, este procedimiento permite “declarar ante la jurisdicción civil que los hechos sucedieron de una determinada manera o bajo una determinada circunstancia”. Se trata de una vía que se activa cuando no hay un autor conocido vivo o los delitos han prescrito, ofreciendo una “garantía muy efectiva” para quienes buscan justicia décadas después.

Entre los usos más importantes de esta vía civil está la de la corrección de los archivos oficiales. La fiscal explica que, en ocasiones, en el Registro Civil “consta que el fallecimiento fue por muerte natural o no está bien inscrita la causa”. Con este nuevo trámite, se puede solicitar que se “anule esa inscripción y se proceda a la rectificación del asiento registral de acuerdo con la realidad”.

Además, estos expedientes tienen un “componente eminentemente reparador” al actuar sobre las sentencias de los tribunales militares y consejos de guerra. Aunque la ley ya declara esas condenas como nulas, las familias pueden acudir a esta vía para que un juez certifique oficialmente que “en ningún caso el familiar cometió los hechos que se recogen en la sentencia” o que lo ocurrido “no se corresponde con la realidad reflejada” en aquel momento.

En la provincia de Córdoba, aunque ya se han registrado solicitudes de familiares, la fiscal aclara que “todavía no se han incoado” formalmente los expedientes en el juzgado porque se encuentran en una etapa crucial de “investigación previa”. “Necesitamos conseguir pruebas que acrediten lo que están solicitando”, explica la fiscal, subrayando que es necesario “articular ese escrito en torno a una documentación y una prueba” sólida antes de presentar la demanda ante el juez.

Para la Fiscalía, esta “justicia restaurativa” se sustenta en los cuatro pilares internacionales de los derechos humanos: “Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, valores que, según la fiscal, son la base de la actual legislación de memoria en España. Se trata, en definitiva, de una vía que está resultando “muy satisfactoria” en otros puntos de España, como en Galicia, y que ahora empieza a caminar en los tribunales cordobeses.

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar sustraer un patinete eléctrico tras agredir y vejar a su dueño en plena vía pública. Los hechos, que se remontan al año 2024, terminaron de forma abrupta para el presunto delincuente, quien fue detenido de forma inmediata por los agentes de policía presentes en la zona.

Según el relato del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado se aproximó a la víctima mientras esta circulaba con su patinete. Sin mediar palabra más allá de los insultos, el procesado comenzó a proferir expresiones vejatorias con el fin de exponer a la víctima “a la mofa de quienes pasaban por la vía pública”, para acto seguido propinarle un puñetazo en el rostro.

Lejos de deponer su actitud, y mientras el agredido intentaba contactar con las fuerzas de seguridad para denunciar lo ocurrido, el acusado continuó persiguiéndolo. Con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, el procesado llegó a esgrimir un objeto punzante, obligando a la víctima a retroceder y logrando hacerse con el patinete. Sin embargo, la intervención policial fue instantánea, impidiendo que el acusado pudiera huir con el vehículo y procediendo a su arresto en el mismo lugar de los hechos.

Por estos sucesos, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de tres delitos: robo con violencia en grado de tentativa, un delito leve de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (este último en concurso con un delito contra la integridad moral).

Petición de penas

La acusación pública solicita para el procesado un conjunto de penas que suman dos años y nueve meses de cárcel. En concreto, interesa una condena de dos años de prisión por el intento de robo con violencia. A esto se añade una petición de nueve meses de prisión y una multa de nueve meses (con una cuota diaria de 10 euros) por el delito contra los derechos fundamentales, al apreciar la agravante de discriminación.

Asimismo, por el delito leve de lesiones derivado del puñetazo, se solicita otra multa de dos meses a razón de 10 euros diarios. Además de las penas privativas de libertad y económicas, el Ministerio Fiscal pide que se le imponga la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre por un periodo de cuatro años, junto con el pago de las costas procesales.

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos, ha renovado su cargo después de que el Boletín Oficial de España (BOE) haya publicado este miércoles su nombramiento. Sobrón lleva en el cargo desde 2021.

Esta renovación llega después de la propuesta previa formulada por la Fiscal General del Estado, tras haber consultado al Consejo Fiscal. El pasado mes de febrero, la fiscal general del Estado -Teresa Peramato Martín- apuntó que el “currículum” y “el minucioso plan de actuación” de Sobrón “muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo”.

Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que espera que la Fiscalía abra diligencias para analizar la actuación del Ayuntamiento durante las recientes inundaciones, convencido de que el proceso permitirá demostrar que la respuesta municipal fue “ejemplar”. El regidor también ha criticado duramente a la Federación Córdoba Extrarradio, que ha anunciado acciones legales contra el Consistorio por su gestión de la emergencia.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha restado importancia a las acusaciones y ha afirmado que el gobierno municipal ha estado centrado desde el primer momento en hacer frente a la crisis y en la recuperación de la ciudad. “No voy a dedicar mucho tiempo a responder porque en lo que estamos desde las inundaciones es en responder a lo ocurrido”, ha señalado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento activó medidas de prevención desde los primeros momentos, en coordinación con otras administraciones y siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica sobre la evolución del río y de los arroyos. “Creo que hay que recordar esos días. La labor del Ayuntamiento fue ejemplar, ejemplar. Y la colaboración entre las instituciones fue ejemplar”, ha defendido.

El alcalde ha sostenido que la respuesta recibió una valoración positiva por parte de la ciudadanía. “Hay una valoración unánime de la sociedad cordobesa y andaluza sobre cómo se actuó ante esa situación”, ha afirmado.

Tras la fase más crítica, el Consistorio centró sus esfuerzos en la recuperación de la normalidad. Bellido ha recordado las labores de limpieza de vías públicas, la coordinación con Cruz Roja para atender a los vecinos afectados y las actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias económicas de las inundaciones.

“Volver a un plano de actualidad”

En relación con las críticas de la Federación Córdoba Extrarradio, el alcalde ha cuestionado las motivaciones de quienes impulsan la iniciativa y ha señalado que se trata de un colectivo que ya ha intentó sin éxito tener presencia política en el pasado. A su juicio, están intentando “volver a un plano de actualidad” aprovechando el contexto generado por las inundaciones.

Pese a ello, Bellido ha manifestado que no tiene inconveniente en que la Fiscalía investigue la actuación municipal. “Yo espero que la Fiscalía abra diligencias, francamente, lo espero y lo deseo porque eso nos permitirá aportar todo lo que se hizo”, ha indicado.

El alcalde ha explicado que durante los días más complicados se mantuvieron reuniones prácticamente permanentes del comité de emergencia para evaluar los riesgos y actuar con antelación, incluyendo evacuaciones preventivas cuando fue necesario. Asimismo, ha recordado que muchos de los daños se produjeron en zonas consideradas inundables, según los mapas de la Confederación Hidrográfica, y que las fuertes lluvias provocaron también el desbordamiento de arroyos en distintos puntos de Andalucía.

“Nosotros no tenemos en nuestra mano que no llueva ni que no crezca el río”, ha señalado Bellido, quien ha subrayado que el caudal llegó a obligar incluso al cierre del puente romano. El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento aportará toda la documentación que sea necesaria si se abre una investigación. “No solo es que no tengamos miedo, sino que estamos orgullosos de la labor que hicimos”, ha afirmado.

Mientras tanto, ha asegurado que el gobierno municipal continuará centrado en la recuperación de la ciudad. “Seguiremos avanzando en la recuperación, que es lo que nos toca ahora, sin distraernos de ese objetivo”, ha concluido.

El fiscal Alejandro Izuel Gastón, que instruye el caso Adamuz ante el Tribunal número dos de Montoro, ha respondido a la empresa pública ADIF. La entidad había pedido a la jueza del caso, Cristina Pastor Recover, que le aclarase dónde y con cuánto tiempo tiene que pedir permiso para hacer algún tipo de obra o intervención en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo entre Guadalmez y Córdoba que es donde se produjo el accidente ferroviario entre un Iryo y un Alvia que dejó 46 fallecidos y 155 heridos.

La Fiscalía responde a ADIF que tiene que pedir permiso en un radio de cinco kilómetros aproximado desde el lugar en el que se produjo el accidente, junto a la estación técnica de Adamuz. La Fiscalía entiende que “dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno en el que se produjo el accidente ferroviario”.

Por eso, contesta a la empresa pública “la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia de Montoro se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno (en este caso la infraestructura ferroviaria)”. ADIF ya retiró material de la zona no precintada cuatro días después del accidente, cuando ya se había rescatado a la última víctima mortal, algo que contrarió a la Guardia Civil y supuso una advertencia por parte de la jueza. Posteriormente, ha comunicado a la jueza una intervención para la sustitución de un carril de la vía a unos metros del lugar del siniestro. La jueza se lo ha denegado y le ha pedido que lo comunique con al menos un margen de plazo de 15 dñias..

“Entendemos procedente que por ADIF ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura ferroviaria que suponga una alteración material de los elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable”, señala el fiscal en una providencia remitida al juzgado y a la que ha tenido acceso a este periódico.

Así, la Fiscalía considera que “la delimitación territorial del tramo” debe abarcar desde los kilómetros 321,098 hasta el 315,974. “En lo que se refiere a los tiempos”, la Fiscalía espera que las comunicaciones de Adif llegen en un plazo “que permita tener conocimiento previo de la instructora con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación adecuadas”. En este caso, coincide con la jueza: 15 días.

La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

La Fiscalía de Córdoba ha archivado la denuncia que presentaron PSOE y Hacemos Córdoba contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por una supuesta falta de protección de los restos arqueológicos hallados en las catas previas a la construcción de de la Ronda Norte de la ciudad. La Fiscalía de Córdoba llegó a abrir una investigación para determinar si habría un presunto delito patrimonial en la falta de protección de los restos del yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte, sobre el que descargaron las fuertes precipitaciones del pasado 29 de octubre de 2025.

Finalmente, y tras las diligencias previas, la Fiscalía entiende que no hay indicios de delito sobre la actuación tanto del gobierno andaluz como del Consistorio cordobés, según la resolución del ministerio público. El Ministerio Fiscal abrió diligencias el pasado 24 de noviembre, atendiendo una denuncia formulada por el PSOE y Hacemos Córdoba. 

Los restos

El conjunto hallado está encabezado por una basílica cristiana de tres naves, con ábside al oeste y posible nártex al este, con unas dimensiones aproximadas de 20 metros en sentido este-oeste y 13 metros en sentido norte-sur. Adosados a la basílica, y sin comunicación directa con ella, se han documentado dos monasterios, uno al norte (masculino) y otro al sur (femenino), ambos simétricos y organizados en torno a claustros porticados. La presencia de un posible baptisterio o estructura hidráulica en la mitad oriental de los terrenos completa el panorama de este importante sitio.

La cronología de este núcleo se sitúa desde el siglo VIII y a lo largo del IX, coincidiendo con el periodo emiral, y es notable la ausencia de materiales califales. Los muros principales son de tapial, enlucidos y pintados de blanco, y los pavimentos son de mortero de cal y gravilla, pintados a la almagra. Los restos evidencian una reconstrucción mozárabe de una iglesia anterior, de época tardorromana o visigoda, que habría estado en uso entre finales del siglo V y finales del siglo VII. Esta reconstrucción se relaciona con la autorización otorgada por Abd al-Rahman I en 784-85 a los cristianos para reedificar iglesias en la periferia de la Medina, a cambio de la cesión de la mitad de la basílica de San Vicente para la Mezquita Aljama.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento de Fernando Sobrón Ostos para renovar como fiscal jefe en la provincia de Córdoba, cargo en el que lleva desde el año 2021.

Según ha detallado el Ministerio Público, Fernando Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

Al respecto, Peramato ha señalado que “su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo”.

Tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, la fiscal general ha decidido el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Público que propondrá al Gobierno. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 86 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/7/2026 de 13 de enero (BOE del 15 de enero de 2026).

Peramato ha basado su elección en “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía”.

La Fiscalía pide a un varón penas de siete años y seis meses de prisión y orden de alejamiento durante 12 años por la supuesta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras intentar matar con un cuchillo a un hombre después de una discusión entre ambos que se inició al insultar éste último a una mujer. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, un hombre contactó telefónicamente con una mujer y durante la conversación él supuestamente profirió insultos contra ella, por lo que ésta última cortó la comunicación, razón por la que él se personó en la puerta del domicilio “manifestando expresiones intimidatorias” dirigidas a ella y al varón procesado.

Tras ello, ella contactó telefónicamente con el hombre acusado, al que comentó el incidente vivido, “lo que motivó que éste contactara telefónicamente” con el varón, al que “reprochó su actuar”. Posteriormente, dicho hombre localizó al procesado, “quien en esos momentos portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja, comenzando entre ellos una fuerte discusión, en el curso de la cual se agredieron mutuamente”, llegando el acusado a propinar con el cuchillo varios golpes al varón, que sufrió lesiones.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de hasta 15 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. El acusado será juzgado el próximo 12 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en una fecha no concretada cuando el acusado se dirigió al dormitorio donde se encontraba la víctima. Una vez allí, comenzó a besarla y realizarle tocamientos. El relato detalla que el procesado introdujo la mano de la víctima en su pantalón para que esta le masturbara, procediendo posteriormente a la penetración vaginal.

Por estos hechos, el fiscal califica lo sucedido como un delito continuado de agresión sexual. En su petición de penas, además de los 15 años de prisión, se solicita una medida de libertad vigilada durante 10 años que se ejecutaría tras cumplir la condena de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama la prohibición de que el acusado se aproxime o comunique con la víctima por un periodo de 16 años.

La acusación también incluye la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la pena de prisión impuesta. El documento aclara que se aplica la Ley Orgánica 10/2022 al ser considerada la regulación vigente más favorable para el acusado en este procedimiento.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha informado que ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Montoro que encargue a varios ingenieros de caminos, canales y puertos la elaboración de un informe pericial para determinar las causas del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que han muerto 46 personas y han resultado heridas 154.

Según ha informado la propia Fiscalía, la solicitud de este informes se hace “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”, exponen.

De momento, el accidente está siendo investigado por la unidad de Criminalística de la Guardia Civil, además de la Policía Judicial del instituto armado en Córdoba. Por su parte, la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios (CIAT) del Ministerio de Transportes está realizando también su propia investigación.

Esta sería por tanto la tercera investigación en marcha, en caso de que la jueza que instruye la causa asuma la petición de la Fiscalía. Sería la Junta de Andalucía la encargada de nombrar a los peritos independientes que tendrían que realizar este trabajo.

La Fiscalía de Córdoba ha pedido al Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, con 45 fallecidos y 125 heridos, del domingo 18 de enero, que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación.

Así lo han destacado fuentes del Ministerio Público, tras estar previsto el volcado de la información de ambas cajas este martes en Madrid con la presencia de una comisión judicial delegada, si bien la Fiscalía ha solicitado que sea en presencia de las juezas que instruyen la causa. El Tribunal de Instancia se tendrá que pronunciar ahora sobre dicha petición.

Al respecto, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil el jueves pasado en dicho Juzgado recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio “especializado en tratamiento de material metalúrgico” de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Instrucción con dos juezas y petición de un refuerzo

En relación con la causa, que hasta el viernes registraba una decena de denuncias y siete personaciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visitó la semana pasada los juzgados de Montoro, para un encuentro con las juezas y el personal del órgano judicial para interesarse por las necesidades y refuerzos.

Así, manifestó que “ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil”, de manera que “todo, absolutamente todo, se está haciendo con control de conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial”, expresando que se queda “tranquilo con las dos titulares que hay ahora mismo” en el juzgado.

Además, Del Río adelantó que se incorporarán el día 9 de febrero dos nuevas juezas titulares, concretamente una de ellas a la plaza número 2, “que es la que tiene turnado este procedimiento”, a lo que agregó que “desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas”.

“Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite, por tanto, que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la plaza número 2”, detalló el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Igualmente, aseguró que se va a “pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento”. “Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner”, apostilló, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, de forma que este miércoles se han incorporado ya dos funcionarias para la tramitación procesal. Y se va a pedir un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos. Ante ello, espera “una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo”.

No obstante, admitió que “va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada”, por lo que “son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima”. Así, elogió que “tanto las actuales juezas que están trabajando, como las que se incorporan, son personas que tienen ya una experiencia dilatada”, dado que “aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejo y con una preparación inicial de prácticas ya de varios años”. Por tanto, subrayó que “hay que confiar plenamente”.

La cadena de custodia

En cuanto a las posibles causas del accidente y su investigación, Del Río remarcó que “va a ser compleja, porque se van a tener que hacer muchas pruebas periciales, se tienen que recoger vestigios de todo tipo”. “A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la juez en su momento, cuando sea necesario, de la letrada también para ese trabajo, que sea un buen trabajo”, expresó, apuntando que “ahora mismo se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones”, de modo que “ya veremos en qué dirección se avanza en un sitio u otro, según las periciales y las pruebas”, mantuvo.

Respecto a las personaciones en la causa, señalado a “la unificación a lo mejor de personaciones”, algo que “habrá que trabajarlo, porque si no, entonces puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades, y que se pueda trabajar de forma correcta”.

Asimismo, mencionó que dicha plaza del Juzgado lleva también causas de violencia sobre la mujer, “por tanto tiene un trasiego diario delicado”, de ahí que justifique la petición de refuerzos, “porque luego habrá que tomar muchas declaraciones a todas las familias y los heridos”.

De este modo, espera que el procedimiento “no se dilate o se pierda el tiempo”, reflexionando que “el problema de la justicia es de verdad que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia”, de forma que cree que “no debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia”.

“Hay que ver la complejidad de las pruebas, porque somos conscientes que va a haber distintas periciales porque hay muchos intereses en juego, hay distintas compañías, distintas posibilidades de cuál ha sido la causa del accidente, y entonces eso va a influir, pero ahí es donde tendrá que estar la dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya una cierta inercia de trabajo”, argumentó.

Ofrecimiento de acciones a heridos y familias

En relación al ofrecimiento de acciones a los familiares y heridos, el presidente del TSJA explicó que “es un tema procesal”, de manera que “ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales”. “Hay que abrir una pieza por cada una de esas personas que se conecta con la propia persona y con los familiares, y se hace un ofrecimiento”, precisó, agregando que “si no se puede, por la circunstancia médica, se hace a los familiares”.

“Todo eso hay que llevarlo individualmente por protección de datos”, aclaró, resaltando que “algunas de esas piezas serán de heridos que en un momento cercano pues podrán curarse, ojalá sea todo así, y en otros, a lo mejor la curación tarda mucho más tiempo el ofrecimiento de acciones”.

Sumar ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que actúe de oficio e investigue penalmente la actitud de la dirección de Hitachi Energy en Córdoba ante lo que considera una “vulneración grave y continuada” de los derechos de su plantilla, con la que mantiene desde hace meses un conflicto sindical derivado de la firma del nuevo convenio sectorial.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, tras mantener un encuentro con miembros del comité de empresa y con el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez. Tras la reunión, Santiago ha indicado que la multinacional “bordea claramente la legalidad penal” y reclamó una investigación inmediata para comprobar un posible incumplimiento del artículo 315 del Código Penal, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

“No se puede seguir esperando mientras se dilata desde la justicia una situación de vulneración de derechos sociales tan evidente”, afirmó, insistiendo en que la Fiscalía debe actuar sin esperar a que el conflicto siga alargándose en los juzgados de lo social. A su juicio, “Hitachi se ha equivocado de siglo”, y la empresa “se comporta como si viviéramos en una época en la que no existían los derechos de los trabajadores”.

El diputado de Sumar ha calificado de “especialmente chocante” esta actitud en una compañía que obtiene “beneficios abultados y suficientes precisamente gracias al trabajo de sus empleados”, y que, además, ha recibido subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y se ha beneficiado de exenciones fiscales del Ayuntamiento de Córdoba.

“Y, aun así, no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y sociales”, ha lamentado Santiago, recordando que los trabajadores únicamente reclaman “un convenio colectivo justo, sin doble escala salarial”, que garantice que los empleados más jóvenes puedan disfrutar de los derechos conquistados por las generaciones anteriores.

Frente a estas reivindicaciones, denunció que la empresa ha impuesto hasta 78 sanciones en una unidad productiva de poco más de 200 trabajadores, dentro de una plantilla total de unos 480 empleados que trabajan a turnos. “Hitachi bordea claramente la legalidad penal de este país”, ha afirmado el portavoz de IU en el Congreso, quien ha recordado que las suspensiones de empleo y sueldo de 120 días son una medida que “no está contemplada en la legislación laboral vigente”.

Caja de resistencia y movilizaciones

Durante la comparecencia ante los medios, el presidente del comité de empresa, Álvaro Leiva, ha explicado que los trabajadores llevan meses manteniendo reuniones con dirigentes políticos e instituciones “buscando mantener la lucha y una salida negociada al conflicto”, aunque lamentó que “la empresa sigue completamente alejada del diálogo”. En el ámbito judicial, recordó que se propusieron cuatro reuniones en sede judicial, de las que finalmente se celebraron tres, sin que se haya producido ningún avance sustancial.

Leiva ha denunciado que Hitachi mantiene activas 66 sanciones disciplinarias —la mayoría de 60 días— y subrayó que la última propuesta presentada por la empresa “no incluye la retirada de las sanciones”, algo que consideran inasumible. Asimismo, aclaró que estas propuestas “no afectan en absoluto al curso judicial del conflicto”, que sigue abierto. A esta situación se suma, según indicó, la ausencia de un calendario laboral y de un plan de igualdad en la planta cordobesa.

El comité de empresa anunció también la reactivación de las movilizaciones, suspendidas temporalmente tras la tragedia ocurrida en Adamuz. El calendario inicial preveía una primera jornada de protestas el miércoles 4 de febrero, a la que seguirán nuevas acciones que se irán anunciando.

Además, los trabajadores han abierto una caja de solidaridad para apoyar a las personas sancionadas, algunas de las cuales han sufrido suspensiones de empleo y sueldo de larga duración, lo que está provocando graves dificultades económicas en numerosas familias. Santiago, de hecho, ha animado la ciudadanía cordobesa a apoyar la caja de resistencia de los trabajadores afectados, ya que hay ocho de ellos que no podrán cobrar su nómina hasta el mes de mayo.

Contra el Comité de Empresa

En la misma línea, Agustín Jiménez señaló que CCOO ha dado a la empresa “todas las oportunidades posibles” para cerrar el conflicto, con hasta 70 mediaciones realizadas sin éxito. El sindicato ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de lo Social y recuerda que el convenio estatal del metal fija en 60 días la sanción máxima permitida. Sin embargo, seis de los ocho miembros de la comisión negociadora han sido sancionados con esa duración máxima, lo que, a juicio de CCOO, evidencia una estrategia de represalia.

“Son prácticas destinadas a cargarse al Comité de Empresa, que ha sostenido un buen convenio colectivo durante años y que ahora la dirección quiere romper para abaratar costes de producción”, denunció Jiménez. Añadió que, si la empresa persiste en su negativa a negociar, el sindicato está a la espera de que actúe la Fiscalía y no descarta emprender acciones penales por delitos contra los trabajadores.

El responsable sindical denunció además un clima de intimidación dentro de la fábrica, con la presencia de más de 40 vigilantes de seguridad, así como la existencia de numerosas denuncias en los juzgados de lo social, entre ellas contra un acuerdo firmado por UGT que, según CCOO, vulnera el derecho fundamental a la huelga, y que firmaron de forma unilateral con la empresa a finales de diciembre.

Álvaro Leiva, visible emocionado, ha querido subrayar que los trabajadores “no quieren echar por tierra una fábrica que ha dado de comer a cientos de familias durante más de cien años de historia en Córdoba”. Sin embargo, acusó a la empresa de “jugar al desgaste”, prolongando el conflicto en el tiempo. “Aguantamos gracias al apoyo de nuestras familias y a la unión que mantenemos entre compañeros, reuniéndonos varios días a la semana. Esa unidad es la clave y es el consejo que damos a otras plantillas en conflicto”, concluyó.