La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de las obras de arte que pertenecían a la persona con la que convivía en un piso de Córdoba y venderlas posteriormente en un anticuario. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, la acusada convivía con la víctima en una vivienda en la que se encontraban diversas obras pictóricas y piezas de arte procedentes de la herencia familiar de esta última. La víctima se marchó a vivir a otro lugar, dejando en el inmueble sus bienes y enseres.

Fue entonces, siempre según la Fiscalía, cuando la acusada, “guiada por el ánimo de enriquecimiento injusto”, se habría apoderado de las obras de arte, pese a conocer quién era su propietario, para posteriormente venderlas.

El escrito sostiene que la mujer acudió a un establecimiento de Córdoba dedicado a la compra de este tipo de bienes y manifestó que las obras eran de su propiedad. El responsable del negocio se desplazó hasta el domicilio para comprobar los objetos que pretendía vender y, tras acordar el precio, adquirió cinco lotes de obras de arte.

La Fiscalía sostiene que las piezas procedían de la herencia familiar de la víctima y que la persona que las adquirió conocía su procedencia. Por estos hechos, además de la acusada que habría realizado las ventas, hay otros tres acusados para los que el Ministerio Público solicita penas de tres años de prisión para cada uno por sendos delitos continuados de receptación.

Los hechos, según la calificación provisional, serían constitutivos para la principal acusada de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que para los otros tres procesados la Fiscalía aprecia tres delitos continuados de receptación, uno para cada acusado.

Para la mujer acusada de la apropiación, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para cada uno de los otros tres acusados, la petición fiscal asciende a tres años de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita dos años y seis meses de prisión para un hombre al que acusa de estafar a otra persona con la supuesta organización de un concierto en Córdoba. El juicio se celebrará el próximo 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido a la víctima la posibilidad de organizar un concierto en un teatro de Córdoba, con la participación de un cantante y otros artistas, y le habría planteado que ambos participarían al 50% de los beneficios del evento.

Para dar apariencia de realidad al proyecto, siempre según la Fiscalía, el acusado habría mostrado a la perjudicada documentación relativa a la contratación del cantante y otros artistas, así como información sobre las tarifas aplicables para la cesión de las instalaciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). También le habría presentado un pacto de socios destinado a crear una empresa de eventos.

La Fiscalía sostiene que el negocio ofrecido era ficticio y que, mediante esta supuesta operación, el acusado consiguió que la perjudicada le entregara un total de 14.531 euros en concepto de inversión para el proyecto.

Sin embargo, el concierto nunca llegó a celebrarse. Ante las dudas sobre la veracidad del negocio, la víctima reclamó al acusado la devolución del dinero aportado. De acuerdo con el escrito fiscal, únicamente consiguió recuperar 1.000 euros, además de que el acusado firmara un documento de reconocimiento de deuda.

El Ministerio Público sostiene que, hasta la fecha, el acusado no ha reintegrado el resto de la cantidad presuntamente defraudada y que tampoco habría tenido intención de llevar a cabo el negocio que había ofrecido.

La Fiscalía califica estos hechos, de forma provisional, como un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal. Considera al acusado responsable en concepto de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por estos hechos, solicita para él una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y el pago de las costas. La vista oral está señalada para el 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de tres años de cárcel para dos acusados de provocar un pequeño incendio forestal en la provincia, según consta la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Los dos procesados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 24 de septiembre, donde serán juzgados.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se produjeron en una finca de la provincia, donde se originó un incendio forestal que llegó a afectar a una superficie de aproximadamente 0,15 hectáreas de terreno forestal.

La acusación sostiene que, en momentos anteriores al incendio, los dos acusados, “actuando de común acuerdo” y con la intención de causar un daño al medio natural, utilizaron un mechero o un medio similar, que no ha podido ser determinado, para prender fuego a la vegetación existente en cinco focos diferentes. El terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas.

Uno de los elementos determinantes para que el incendio no alcanzara mayores dimensiones fue, según recoge la Fiscalía, la rápida intervención derivada de la detección del fuego. En la finca, un guarda dio aviso de la existencia del incendio forestal, lo que permitió que la situación no evolucionara hacia un siniestro de mayor entidad.

A ello se sumaron las condiciones meteorológicas de aquella noche. El Ministerio Público señala que el fuego se extinguió sin que fuera necesaria una intervención de los servicios de extinción y atribuye la ausencia de una mayor propagación a las condiciones climatológicas, ya que el viento era “insignificante” y la probabilidad de ignición era baja. Precisamente estas circunstancias hicieron que el incendio quedara finalmente reducido a una extensión muy limitada. La Fiscalía señala expresamente que no se ocasionaron gastos de extinción.

Pese a la reducida superficie afectada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, previsto en el artículo 352.1 del Código Penal.

Regresaron a la finca con un rifle

La actuación que se atribuye a los acusados no habría terminado con la provocación de los cinco focos. Posteriormente, según la calificación provisional, ambos regresaron nuevamente a la finca portando un arma de fuego para cuya tenencia carecían de la licencia preceptiva. La Fiscalía sostiene que los acusados escondieron el arma entre los arbustos con la finalidad de evitar ser localizados con ella por los guardas de la finca.

El arma fue finalmente localizada y, según consta en el escrito del Ministerio Público, se trataba de un rifle monotiro de percusión central de la marca BRNO, de calibre 243 Winchester. El informe incorporado al procedimiento concluyó que el arma se encontraba en correcto estado de funcionamiento y que disparaba con normalidad utilizando la munición adecuada a sus características y calibre. Por este segundo hecho, la Fiscalía acusa a los dos procesados de un delito de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía considera que los dos acusados son responsables de ambos delitos en concepto de autores, al entender que actuaron conjuntamente. Asimismo, señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito de incendio forestal, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios.

La petición económica supone una multa de 4.800 euros para cada acusado, de acuerdo con la cuota diaria y la duración solicitadas por la Fiscalía. El escrito añade que, en caso de impago, procedería la responsabilidad personal subsidiaria de ocho meses de privación de libertad, conforme al artículo 53 del Código Penal.

A estas penas se suma, por el delito de tenencia ilícita de armas, una condena de un año de prisión para cada procesado, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Córdoba acumulan meses de espera para poder llevar a cabo las visitas entre menores e hijos acordadas en sentencias. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025 tras hacer suyas las manifestaciones realizadas por el ministerio público cordobés.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro PEFs ubicados en Córdoba capital, Lucena, Posadas y Pozoblanco. Se trata de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

Este recurso interviene cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Entre las modalidades que se llevan a cabo en estos puntos se encuentran la entrega y recogida, las visitas tuteladas, las visitas no tuteladas y los acompañamientos.

Según advierte el Ministerio Público, la sobrecarga del Punto de Encuentro Familiar en la provincia cordobesa está generando abultadas listas de espera. Esta falta de capacidad operativa impide, por tanto, aplicar de forma inmediata los regímenes de estancia y régimen de visitas acordados por los tribunales, demorando el inicio de las reuniones tuteladas hasta varios meses después de que los juzgados hayan dictado la correspondiente resolución.

Este escenario de colapso en los Puntos de Encuentro Familiar contrasta con la evolución experimentada por la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Córdoba, tal y como ha reflejado la Fiscalía General del Estado en su memoria. En su documento, el Ministerio Público ha situado este servicio cordobés como un modelo de referencia autonómico e itinerante gracias a una estructura dividida en dos equipos de trabajo (el de Córdoba capital y el equipo Itinerante), integrados cada uno por juristas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta labor itinerante permite desplazar la asistencia directa a los municipios de la provincia, evitando desplazamientos de riesgo y mejorando la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que ha ratificado la prisión provisional, comunicada e incondicional para un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito cualificado de tráfico de drogas. La resolución judicial, a la que ha accedido este periódico, el perfil delictivo y la escurridiza trayectoria del investigado, que permanecía en paradero desconocido para la justicia española tras haber esquivado previamente dos requisitorias de detención dictadas por los juzgados de instrucción de Córdoba.

El fallo del tribunal de alzada ha desestimado de forma categórica el recurso de apelación presentado por la defensa del reclamado contra el auto del juzgado que acordó su ingreso cautelar en prisión en el marco del expediente de extradición.

Durante el recurso, la defensa del investigado solicitó su puesta en libertad alegando un arraigo acreditado en territorio español. Sin embargo, los magistrados han respaldado de manera unánime el criterio de la Fiscalía, que se opuso frontalmente a la excarcelación por el “elevado riesgo de fuga” que presenta el sospechoso.

Para la Sala de lo Penal, la gravedad de los delitos de narcotráfico imputados por las autoridades marroquíes -respaldados mediante una notificación roja de la Interpol basada en una orden de arresto internacional- justifica con creces su continuidad en prisión provisional hasta que se complete el expediente de extradición.

En el momento de su arresto, el prófugo tenía vigentes dos órdenes de búsqueda y captura emitidas por dos secciones de instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. Para el tribunal, este historial de requisitorias pendientes evidencia una clara y continuada conducta dirigida a eludir la acción de la justicia, lo que anula cualquier argumento basado en su arraigo personal o familiar en el país.

Si la Audiencia Nacional y el Gobierno -el último paso para la extradición depende de una resolución del Consejo de Ministros, que se basa en un fallo judicial previo- terminan acordando que el detenido debe ser extraditada, la entrega podrá aplazarse hasta que sea juzgado por las causas que tiene pendientes en Córdoba o hasta que cumpla las penas que se le imponga en las mismas en caso de ser condenado.

La itinerancia de los temporeros que trabajan en el campo cordobés dificulta sobremanera poder investigar la explotación laboral que se produce en este sector. Así lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía Provincial de Córdoba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, hecha pública este jueves. El documento dedica un apartado especial a las trabas que enfrentan los fiscales delegados en toda España, situando el caso de Córdoba como “paradigmático” en lo que respecta a la vulnerabilidad y la falta de protección efectiva de los jornaleros en el sector agrícola.

Según recoge el documento, el perfil de las víctimas de estos delitos sigue estando muy definido: trabajadores agrícolas extranjeros que participan durante campañas de recolección de muy corta duración en cultivos emblemáticos de la provincia, como la aceituna, la naranja o el trigo.

El gran obstáculo para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto no radica únicamente en la detección inicial de las posibles irregularidades, sino en la extrema itinerancia de los afectados. Buena parte de las diligencias son de “difícil tramitación”, señala la fiscalía cordobesa, debido a que los temporeros se desplazan constantemente entre distintos municipios o provincias siguiendo el calendario de las cosechas.

Esta alta movilidad hace que su localización posterior por parte de las fuerzas de seguridad resulte muy costosa o directamente imposible cuando los juzgados los citan para tomarles declaración. Al tratarse de cuadrillas integradas por numerosos perjudicados que desempeñan sus labores durante “escasos días” en un lugar concreto, los investigadores se ven incapaces de realizar a tiempo la preconstitución de la prueba, el mecanismo legal para blindar el testimonio antes de que la persona abandone la provincia.

La memoria del Ministerio Público pone también el foco en la estructura interna de estas cuadrillas agrícolas. Habitualmente, los grupos de jornaleros están comandados por la persona que les ofrece el trabajo y los dirige sobre el terreno, conocida popularmente en el campo andaluz como el manijero. Por ello, la Fiscalía de Córdoba ha advertido que esta figura “coopera necesariamente en la ejecución del delito” y actúa como un intermediario clave. En la mayoría de las ocasiones, el propio manijero es también de nacionalidad extranjera, lo que facilita un vínculo de dependencia directa con los trabajadores y dificulta aún más que estos se atrevan a señalar los abusos o a colaborar con la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Inspección de Trabajo.

Un mapa de dificultades en toda España

El diagnóstico que realiza la Fiscalía de Córdoba no es un caso aislado, sino que se encuadra en un contexto nacional caracterizado por la indefensión sistemática de las víctimas en los sectores más precarizados. Mientras que en Córdoba y Ciudad Real el principal obstáculo es la itinerancia de los temporeros agrícolas, en provincias como Lleida, la Policía Nacional ha detectado un notable incremento de la usurpación de estado civil mediante los denominados “contratos heredados”. Esta práctica consiste en utilizar la documentación (DNI, NIE o tarjeta roja) de personas en situación legal para trabajar en el campo o la hostelería, permitiendo que el titular real cotice a la Seguridad Social mientras el trabajador efectivo busca acreditar su posterior arraigo.

Por su parte, en grandes núcleos urbanos y sectores como la hostelería o el alterne -con especial incidencia en áreas como Madrid o Zaragoza-, el problema radica en la alineación involuntaria de la propia víctima con el investigado. Ya sea por temor a represalias directas de sus explotadores o por considerar al empleador como una persona que les ha prestado ayuda, es frecuente que los trabajadores irregulares o las mujeres en locales de nocturnidad se nieguen a denunciar e incluso afirmen ante los inspectores de trabajo o la Policía ser meros clientes del establecimiento.

La Fiscalía ha elevado a la Audiencia Provincial su petición de condena para un acusado de los delitos de agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, por lo que pide penas que suman doce años y dos meses de prisión, además de la prohibición de acercarse ni comunicarse con la víctima.

En su calificación, la Fiscalía señala que se originó una discusión entre el acusado y la víctima, momento en el que el hombre inmovilizó las manos de la víctima colocándoselas detrás de su propio cuerpo y acto seguido se produjo la agresión.

De los hechos cometidos, la Fiscalía entiende que el acusado cometió presuntamente un delito de agresión sexual, por el que pide para él diez años de prisión, así como la prohibición de acercarse a la víctima e menos de cien metros ni comunicarse con ella en dieciséis años.

Asimismo, le acusa de un delito de amenazas por el que pide 18 meses de prisión y tres años de orden de alejamiento, mientras que por el delito de malos tratos en el ámbito familiar incluye una petición de ocho meses de prisión, privación de tener arma durante dos años y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar la semana que viene a dos hombres acusados de asaltar e intentar prender fuego a una vivienda en Córdoba mientras sus ocupantes se encontraban en el interior. El Ministerio Público pide para ellos ocho años de cárcel.

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron cuando los acusados se desplazaron en vehículo a una calle de Córdoba con el objetivo de localizar a una persona con la que, al parecer, mantenían desavenencias por motivos familiares. En un primer momento, se equivocaron de domicilio y golpearon la puerta y partieron una maceta en una vivienda ajena, llegando a romper la cerradura antes de percatarse de su error.

Tras darse cuenta de que se habían equivocado, los dos acusados se trasladaron a la vivienda correcta en la misma calle. Allí, despertaron a la víctima y a su familia a base de golpes en la puerta y gritos amenazantes. Aunque abandonaron el lugar ante la llegada de la Policía, regresaron una vez que las patrullas se marcharon, armados con navajas. En este segundo ataque, los acusados no se limitaron a las amenazas verbales. Según la calificación fiscal, prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que asomaba por una ventana del salón, protegida únicamente por un cartón.

El escrito de calificación subraya que esta acción puso en grave peligro la vida de los ocupantes, dada la “alta combustibilidad” de los materiales y la proximidad de unas cortinas que podrían haber propagado el fuego rápidamente por todo el inmueble. El incendio no llegó a mayores gracias a que el propio afectado logró sofocar las llamas de inmediato. Poco después, una dotación policial interceptó a los sospechosos, quienes portaban en ese momento dos navajas de 16 y 10 centímetros de hoja.

Por tanto, la Fiscalía pide siete años de prisión por el delito de tentativa de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas y un año de cárcel por un delito de amenazas. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicación con las víctimas durante un periodo de tres años, así como el decomiso y destrucción de las navajas intervenidas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar el próximo 22 de junio a un hombre acusado de agredir brutalmente a un compañero de trabajo y para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Según el escrito provisional de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 tras una discusión entre el acusado y la víctima. En un momento dado, el procesado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el acusado aprovechó que se encontraba en el suelo para atacarlo por la espalda. El escrito de conclusiones provisionales detalla que el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba.La agresión no cesó ahí, ya que, según la Fiscalía, el acusado continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente sobre el suelo.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, haciendo especial hincapié en la deformidad que la víctima sufre como consecuencia del ataque. Por ello, pide cuatro años de prisión y el pago de las costas.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

La Justicia busca nuevas fórmulas para responder a las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ante la imposibilidad de ejercer acciones penales en muchos casos, la Ley de Memoria Democrática introdujo una nueva herramienta muy valiosa: el expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de hechos pasados, al que ya ha recurrido varias familias de Córdoba.

Según explica a Cordópolis la fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, este procedimiento permite “declarar ante la jurisdicción civil que los hechos sucedieron de una determinada manera o bajo una determinada circunstancia”. Se trata de una vía que se activa cuando no hay un autor conocido vivo o los delitos han prescrito, ofreciendo una “garantía muy efectiva” para quienes buscan justicia décadas después.

Entre los usos más importantes de esta vía civil está la de la corrección de los archivos oficiales. La fiscal explica que, en ocasiones, en el Registro Civil “consta que el fallecimiento fue por muerte natural o no está bien inscrita la causa”. Con este nuevo trámite, se puede solicitar que se “anule esa inscripción y se proceda a la rectificación del asiento registral de acuerdo con la realidad”.

Además, estos expedientes tienen un “componente eminentemente reparador” al actuar sobre las sentencias de los tribunales militares y consejos de guerra. Aunque la ley ya declara esas condenas como nulas, las familias pueden acudir a esta vía para que un juez certifique oficialmente que “en ningún caso el familiar cometió los hechos que se recogen en la sentencia” o que lo ocurrido “no se corresponde con la realidad reflejada” en aquel momento.

En la provincia de Córdoba, aunque ya se han registrado solicitudes de familiares, la fiscal aclara que “todavía no se han incoado” formalmente los expedientes en el juzgado porque se encuentran en una etapa crucial de “investigación previa”. “Necesitamos conseguir pruebas que acrediten lo que están solicitando”, explica la fiscal, subrayando que es necesario “articular ese escrito en torno a una documentación y una prueba” sólida antes de presentar la demanda ante el juez.

Para la Fiscalía, esta “justicia restaurativa” se sustenta en los cuatro pilares internacionales de los derechos humanos: “Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, valores que, según la fiscal, son la base de la actual legislación de memoria en España. Se trata, en definitiva, de una vía que está resultando “muy satisfactoria” en otros puntos de España, como en Galicia, y que ahora empieza a caminar en los tribunales cordobeses.

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar sustraer un patinete eléctrico tras agredir y vejar a su dueño en plena vía pública. Los hechos, que se remontan al año 2024, terminaron de forma abrupta para el presunto delincuente, quien fue detenido de forma inmediata por los agentes de policía presentes en la zona.

Según el relato del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado se aproximó a la víctima mientras esta circulaba con su patinete. Sin mediar palabra más allá de los insultos, el procesado comenzó a proferir expresiones vejatorias con el fin de exponer a la víctima “a la mofa de quienes pasaban por la vía pública”, para acto seguido propinarle un puñetazo en el rostro.

Lejos de deponer su actitud, y mientras el agredido intentaba contactar con las fuerzas de seguridad para denunciar lo ocurrido, el acusado continuó persiguiéndolo. Con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, el procesado llegó a esgrimir un objeto punzante, obligando a la víctima a retroceder y logrando hacerse con el patinete. Sin embargo, la intervención policial fue instantánea, impidiendo que el acusado pudiera huir con el vehículo y procediendo a su arresto en el mismo lugar de los hechos.

Por estos sucesos, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de tres delitos: robo con violencia en grado de tentativa, un delito leve de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (este último en concurso con un delito contra la integridad moral).

Petición de penas

La acusación pública solicita para el procesado un conjunto de penas que suman dos años y nueve meses de cárcel. En concreto, interesa una condena de dos años de prisión por el intento de robo con violencia. A esto se añade una petición de nueve meses de prisión y una multa de nueve meses (con una cuota diaria de 10 euros) por el delito contra los derechos fundamentales, al apreciar la agravante de discriminación.

Asimismo, por el delito leve de lesiones derivado del puñetazo, se solicita otra multa de dos meses a razón de 10 euros diarios. Además de las penas privativas de libertad y económicas, el Ministerio Fiscal pide que se le imponga la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre por un periodo de cuatro años, junto con el pago de las costas procesales.

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos, ha renovado su cargo después de que el Boletín Oficial de España (BOE) haya publicado este miércoles su nombramiento. Sobrón lleva en el cargo desde 2021.

Esta renovación llega después de la propuesta previa formulada por la Fiscal General del Estado, tras haber consultado al Consejo Fiscal. El pasado mes de febrero, la fiscal general del Estado -Teresa Peramato Martín- apuntó que el “currículum” y “el minucioso plan de actuación” de Sobrón “muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales y el trabajo en equipo”.

Sobrón Ostos es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo y lo Social.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que espera que la Fiscalía abra diligencias para analizar la actuación del Ayuntamiento durante las recientes inundaciones, convencido de que el proceso permitirá demostrar que la respuesta municipal fue “ejemplar”. El regidor también ha criticado duramente a la Federación Córdoba Extrarradio, que ha anunciado acciones legales contra el Consistorio por su gestión de la emergencia.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha restado importancia a las acusaciones y ha afirmado que el gobierno municipal ha estado centrado desde el primer momento en hacer frente a la crisis y en la recuperación de la ciudad. “No voy a dedicar mucho tiempo a responder porque en lo que estamos desde las inundaciones es en responder a lo ocurrido”, ha señalado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento activó medidas de prevención desde los primeros momentos, en coordinación con otras administraciones y siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica sobre la evolución del río y de los arroyos. “Creo que hay que recordar esos días. La labor del Ayuntamiento fue ejemplar, ejemplar. Y la colaboración entre las instituciones fue ejemplar”, ha defendido.

El alcalde ha sostenido que la respuesta recibió una valoración positiva por parte de la ciudadanía. “Hay una valoración unánime de la sociedad cordobesa y andaluza sobre cómo se actuó ante esa situación”, ha afirmado.

Tras la fase más crítica, el Consistorio centró sus esfuerzos en la recuperación de la normalidad. Bellido ha recordado las labores de limpieza de vías públicas, la coordinación con Cruz Roja para atender a los vecinos afectados y las actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias económicas de las inundaciones.

“Volver a un plano de actualidad”

En relación con las críticas de la Federación Córdoba Extrarradio, el alcalde ha cuestionado las motivaciones de quienes impulsan la iniciativa y ha señalado que se trata de un colectivo que ya ha intentó sin éxito tener presencia política en el pasado. A su juicio, están intentando “volver a un plano de actualidad” aprovechando el contexto generado por las inundaciones.

Pese a ello, Bellido ha manifestado que no tiene inconveniente en que la Fiscalía investigue la actuación municipal. “Yo espero que la Fiscalía abra diligencias, francamente, lo espero y lo deseo porque eso nos permitirá aportar todo lo que se hizo”, ha indicado.

El alcalde ha explicado que durante los días más complicados se mantuvieron reuniones prácticamente permanentes del comité de emergencia para evaluar los riesgos y actuar con antelación, incluyendo evacuaciones preventivas cuando fue necesario. Asimismo, ha recordado que muchos de los daños se produjeron en zonas consideradas inundables, según los mapas de la Confederación Hidrográfica, y que las fuertes lluvias provocaron también el desbordamiento de arroyos en distintos puntos de Andalucía.

“Nosotros no tenemos en nuestra mano que no llueva ni que no crezca el río”, ha señalado Bellido, quien ha subrayado que el caudal llegó a obligar incluso al cierre del puente romano. El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento aportará toda la documentación que sea necesaria si se abre una investigación. “No solo es que no tengamos miedo, sino que estamos orgullosos de la labor que hicimos”, ha afirmado.

Mientras tanto, ha asegurado que el gobierno municipal continuará centrado en la recuperación de la ciudad. “Seguiremos avanzando en la recuperación, que es lo que nos toca ahora, sin distraernos de ese objetivo”, ha concluido.

El fiscal Alejandro Izuel Gastón, que instruye el caso Adamuz ante el Tribunal número dos de Montoro, ha respondido a la empresa pública ADIF. La entidad había pedido a la jueza del caso, Cristina Pastor Recover, que le aclarase dónde y con cuánto tiempo tiene que pedir permiso para hacer algún tipo de obra o intervención en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo entre Guadalmez y Córdoba que es donde se produjo el accidente ferroviario entre un Iryo y un Alvia que dejó 46 fallecidos y 155 heridos.

La Fiscalía responde a ADIF que tiene que pedir permiso en un radio de cinco kilómetros aproximado desde el lugar en el que se produjo el accidente, junto a la estación técnica de Adamuz. La Fiscalía entiende que “dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno en el que se produjo el accidente ferroviario”.

Por eso, contesta a la empresa pública “la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia de Montoro se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno (en este caso la infraestructura ferroviaria)”. ADIF ya retiró material de la zona no precintada cuatro días después del accidente, cuando ya se había rescatado a la última víctima mortal, algo que contrarió a la Guardia Civil y supuso una advertencia por parte de la jueza. Posteriormente, ha comunicado a la jueza una intervención para la sustitución de un carril de la vía a unos metros del lugar del siniestro. La jueza se lo ha denegado y le ha pedido que lo comunique con al menos un margen de plazo de 15 dñias..

“Entendemos procedente que por ADIF ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura ferroviaria que suponga una alteración material de los elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable”, señala el fiscal en una providencia remitida al juzgado y a la que ha tenido acceso a este periódico.

Así, la Fiscalía considera que “la delimitación territorial del tramo” debe abarcar desde los kilómetros 321,098 hasta el 315,974. “En lo que se refiere a los tiempos”, la Fiscalía espera que las comunicaciones de Adif llegen en un plazo “que permita tener conocimiento previo de la instructora con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación adecuadas”. En este caso, coincide con la jueza: 15 días.

La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.