El reconocimiento y prestaciones de la ley de Dependencia, los asuntos relacionados con la salud y los que versan sobre educación copan las quejas que llegaron al Defensor del Pueblo de Andalucía desde la provincia de Córdoba en el año 2025.

Según se expone en el Informe Anual 2025 del Defensor -consultado por este periódico-, durante el año pasado este organismo gestionó un total de 1.154 quejas sobre la provincia de Córdoba, de las que 898 se iniciaron en ese ejercicio.

En ese total, sobresalen las 252 quejas relacionadas con la Dependencia. Le siguen 119 quejas relacionadas con personal del sector público y, tras ellas, la salud (93) y la educación (85), copan las quejas mayoritarias que desde Córdoba han llegado al Defensor.

El listado que figura en el informe se completa en los grupos de mayores quejas con las relacionadas con la gestión de la discapacidad (72), la vivienda (65), el medio ambiente (56) y actuaciones en consumo (52).

El Informe Anual del Defensor, que fue presentado la última semana de marzo, analiza las principales actuaciones en cada uno de los ámbitos, señalando las quejas y expedientes abiertos, con los casos más destacados en cada provincia.

El Defensor del Pueblo de Andalucía ha indicado al Ayuntamiento de Córdoba que debe empadronar a los ciudadanos que lo hayan solicitado y no tengan una respuesta antes de tres meses, ya que opera a su favor el “silencio positivo” de la administración en este caso y debe expedir el certificado.

Así lo expone el Defensor, Jesús Maeztu, en el Informe Anual correspondiente a 2025 que ha presentado recientemente, donde dedica un apartado a las “dilaciones en resolver los expedientes de empadronamiento” y destaca que, sobre este asunto, “la mayor parte de las quejas recibidas en las que se observan dilaciones muy considerables se refieren a la ciudad de Córdoba”.

El Defensor ha tramitado un expediente sobre los retrasos en los empadronamientos en Córdoba y, en respuesta, el Ayuntamiento informaba de que “desde el pasado ejercicio 2022 se han ido desarrollando medidas de reorganización encaminadas a preparar a la Unidad de Estadística para dar una mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía”.

Tras detectar que eran muchos los expedientes que no se resolvían en el plazo indicado por el Ayuntamiento de Córdoba, en 2025, el Defensor ha dictado resolución en la que se le solicitaba que se adoptaran las medidas necesarias para resolver los expedientes en el plazo de tres meses y que, en el caso de exceder este plazo, se proceda al empadronamiento de las personas solicitantes por operar el silencio positivo y que se emita de oficio el certificado correspondiente para hacerlo valer ante las administraciones pertinentes.

“Igualmente se le ha sugerido que se informe a la ciudadanía sobre el derecho de las personas a instar la inscripción por silencio positivo pasados los tres meses desde la fecha de la solicitud”, indica el Defensor en su informe.

Respuesta del Ayuntamiento: “Perjuicios del empadronamiento a ciegas”

En el informe remitido por el Ayuntamiento como respuesta a esta resolución del Defensor, el Consistorio indica que se ha contratado un nuevo aplicativo que tenía previsto implementarse en noviembre de 2025, “el cual viene a mejorar la operatividad del servicio ya que posibilita la automatización de determinados procedimientos que en la actualidad resultan lentos y tediosos”.

Asimismo, reconocen que las dilaciones oscilan en un plazo de “once meses” y trasladan igualmente una serie de cuestiones que han detectado que dificultan dar una respuesta en el plazo indicado. Sin embargo, una vez analizadas estas con detenimiento por la Defensoría, entiende “que son las mismas a las que otras capitales de provincia se han enfrentado sin que se haya detectado una repercusión tan acusada en los expedientes de empadronamiento”.

En cuanto a la recomendación para la aplicación del silencio administrativo positivo para aquellas solicitudes que excedan los tres meses desde su fecha de registro, el Defensor advierte que entiende que el Consistorio no acepta su recomendación “dado que exponen que el empadronamiento 'a ciegas' por aplicación automática del silencio positivo sin verificación documental puede generar graves perjuicios a terceros, como titulares o arrendadores de inmuebles, y podría dar lugar a responsabilidades patrimoniales por actuaciones administrativas contrarias a Derecho”.

A juicio del Defensor, se trata de “un pronunciamiento que consideramos no ha tenido en cuenta lo expuesto por el propio Consejo de Empadronamiento y , por lo tanto, no ajustado a la normativa de referencia” sobre estos procesos administrativos.

El Informe Anual del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, correspondiente a 2025, que ha sido presentado este pasado miércoles, tiene en el reconocimiento del derecho y las ayudas a la Dependencia uno de los principales asuntos que copan las quejas que han llegado desde Córdoba hasta este organismo y sobre las que ha tramitado quejas y expedientes ante la institución competente, en este caso la Junta de Andalucía.

En este resumen anual, se señalan distintos casos de quejas llegadas desde la provincia de Córdoba y se denuncia que la espera media de los usuarios de Dependencia supera un plazo de más de dos años desde la solicitud. Además, entre los casos más destacados, hay algunos donde la espera es mayor de tres años sin obtener la resolución y situaciones en las que el usuario llegó a fallecer sin que se le reconociera el grado al que tenía derecho ni se prestara el recurso solicitado.

Sobre este caso, la oficina de Jesús Maeztu, recuerda “como muestra desafortunada, el fallecimiento a finales de 2025 de la vecina de 61 años de edad de una localidad de Córdoba, paciente oncológica, con metástasis cerebrales, pulmonares y abdominales, cuyo hijo nos explicaba que había solicitado el reconocimiento de su dependencia en abril de 2024 y cuyo expediente se vio enredado en los entresijos de la migración de datos, hasta ser valorada en noviembre de 2025, muy poco antes de fallecer sin grado ni recurso”.

Así, el informe del Defensor analiza en un apartado específico cómo el reconocimiento conjunto de la situación de Dependencia y el derecho a la prestación dejan un rastro de retraso y espera para los usuarios y sus familias. En el caso de la provincia cordobesa, pone varios ejemplos, como los casos “de la vecina de Priego de Córdoba que presentó su solicitud en septiembre de 2022 y fue valorada en mayo de 2024, sin tener resolución en enero de 2026” y también “la de Córdoba capital, con procedimiento iniciado en diciembre de 2023 y sin siquiera valorar en enero de 2026”.

“Un plazo superior a dos años desde la solicitud”

En el caso de la solicitud de revisión del grado de Dependencia, el Defensor constata por las quejas recibidas y la información solicitada sobre estas a la administración que, en la provincia de Córdoba “de los informes extraemos un plazo aproximado superior a dos años desde la solicitud”.

De hecho, durante 2025, las quejas sobre Dependencia supusieron el mayor grupo de denuncias trasladadas al Defensor desde Córdoba: a lo largo del año se gestionaron 252 quejas sobre este ámbito, de las 1.154 totales de todos los temas. Solo en 2025 se inició la tramitación de 898 quejas sobre la Dependencia.

El tiempo de espera superior a dos años se constata también en otras provincias como Sevilla, Málaga, Almería o Cádiz. Y el Defensor advierte, en relación con el conjunto de Andalucía, que “nos enfrentamos a más fallecimientos de andaluces y andaluzas con expedientes inconclusos y con la impotencia y la indignación de sus familias”.

El Defensor recuerda que el procedimiento dirigido al reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a sus prestaciones en Andalucía está sujeto a un plazo de tramitación ordinaria máximo de seis meses, dentro del cual la resolución que le ponga término habrá de haber sido dictada y notificada a la parte peticionaria.

El informe pone de manifiesto los cambios normativos que se han llevado a cabo en los últimos tiempos como el reconocimiento conjunto de la situación de dependencia y del derecho a prestación. Pero el Defensor indica que “este cambio trascendental -cuyo objetivo es la simplificación procedimental- ha supuesto que, junto a los procedimientos iniciados a partir del 16 de marzo de 2024, que siguen la dinámica descrita, coexistan los expedientes incoados previamente a dicha fecha con arreglo al proceder derogado que, o bien se acomodan a la nueva regulación de procedimiento único si la valoración aún no se había realizado, o bien habiendo recaído resolución de grado, continúan su tramitación con el procedimiento dirigido a que los Servicios Sociales Comunitarios efectúen la propuesta de PIA y/o a que se emita la resolución aprobando el recurso si ya había sido propuesto”.

Los procedimientos, además, se han visto afectados por un proceso de “migración de datos” a un aplicativo informático de gestión unificada, que no cuenta con pleno desarrollo y no permite realizar todas las gestiones, generando diferentes incidencias. “Las manifestaciones de los andaluces y andaluzas nos trasladan miles de testimonios de impotencia, como muestra fidedigna de lo que también reconocen desde la Administración autonómica”, concluye sobre este aspecto, con los informes emitidos al respecto.

El Defensor del Pueblo andaluz ha emitido una resolución por la que insta a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba a que, “sin más dilación”, se reconozca el grado de una mujer de 61 años, dependiente y paciente oncológica, que esperaba dicha resolución desde hacía meses y necesitaba la ayuda de otra persona para su vida diaria. Tras solicitar el reconocimiento de grado y tras pasar siete meses sin respuesta, la familia acudió al Defensor para elevar su queja.

Según la información difundida por la Oficina del Defensor, se pide que se realice la valoración y el dictado de la resolución sobre la situación de dependencia de la mujer y el reconocimiento del servicio o prestación correspondiente. Y recuerda que la norma establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses”.

Sobre el caso, explica que, en abril de 2024, la familia inició el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia de la mujer y del derecho de prestaciones del sistema de Dependencia. Sin embargo, siete meses después, sin haber obtenido resolución, elevaron su queja al Defensor exponiendo la situación y la falta de respuesta de la administración. Ante ello, desde esta institución requirieron información a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, en un informe, “señaló que el expediente se encontraba en fase de validación de documentos, a realizar por la empresa adjudicataria de la grabación”.

Entretanto, la familia de la mujer exponía que no tenían conocimiento avances en la tramitación de la valoración de dependencia de la mujer. Y que esta, por otro lado, había sufrido un empeoramiento debido al progreso de su enfermedad.

Por todo ello, el Defensor urgía el deber de la administración de dar respuesta y a que, sin más demora, se impulsara la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y la prestación que la mujer necesitaba.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba ha abierto un expediente para investigar la posible contaminación generada por una planta de hormigón ubicada en las cercanías de una zona de viviendas de Peñarroya-Pueblonuevo.

La administración autonómica está actuando tras solicitarlo los vecinos, que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz con su queja, y del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuentes de la Junta confirman a Cordópolis que se han ordenado mediciones de la calidad del aire para determinar los niveles de contaminación que pueda generar la planta de hormigón.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz admitió a trámite de la queja de los vecinos afectados, cuyas viviendas se ubican en una zona residencial del núcleo urbano del municipio, colindante con el polígono El Antolín, donde se encuentra la citada planta de fabricación de hormigón “a menos de 50 metros de la vivienda más próxima”.

En la información facilitada sobre esta denuncia, se explica que en la planta de hormigón “se almacena el material (cemento en polvo que posteriormente se mezcla con los áridos)” y que “está generando una cantidad ingente de polvo de dicho material que se esparce por toda la zona, lo que está provocando según manifiestan problemas de salud además de problemas relacionados con el medio ambiente”.

Actuación del Defensor del Pueblo

Ante esta situación, los vecinos remitieron escritos denunciando la misma ante la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Sin haber recibido respuesta de estas administraciones en un primer momento, acudieron al Defensor, que abrió expediente y medió, celebrando una reunión con las partes afectadas.

Como resultado, tanto el Ayuntamiento como la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente establecieron una hoja de ruta conjunta con distintas medidas, entre las que destaca la investigación por parte de la Junta: “Confirma que la empresa está siendo investigada y existe un expediente abierto en fase de instrucción”. Esto está acompañado de la medición de calidad del aire en la zona afectada.

Asimismo, el Ayuntamiento revisará el expediente de la licencia municipal y ha solicitado asesoramiento técnico y jurídico a la Diputación de Córdoba, recoge el Defensor.

Una vecina de La Carlota (Córdoba) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo andaluz que recibía facturas de la luz muy elevadas que no se ajustaban al consumo eléctrico que realizaba, constatándose finalmente que la lectura de esas facturas correspondían realmente al contador de un vecino.

La mujer se dirigió al Defensor exponiendo su discrepancia con la facturación recibida de Energía XXI en su vivienda. En la reclamación formulada a esta empresa le contestaron que la distribuidora comunicaba que, tras las comprobaciones realizadas en el campo, el contador instalado era correcto y no existía inversión de contadores. “Sin embargo, un instalador autorizado pudo comprobar y certificar el cruce de contadores”, recoge el expediente de la Oficina del Defensor.

Tras acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su localidad se derivó la reclamación a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba, a la que remitió el debido formulario cumplimentado con fecha 1 de octubre de 2024.

Posteriormente, cada mes había ido enviando sus facturas al técnico que tramitaba su expediente a través de correo electrónico y, de vez en cuando, había contactado por teléfono para saber cómo iba el proceso. Le indicaban que aún no se había recibido contestación ni por parte de distribuidora ni comercializadora.

Cambiaron el contador del vecino en lugar del suyo

No obstante, “en varias ocasiones visitaron el contador, ya que sus llamadas no cesaban, tanto a distribuidora como a comercializadora. En una de las visitas, por fin lo detectan y aceptan que, en diciembre de 2024, fueron a cambiar su contador y se lo cambiaron al vecino por error”.

“Entonces, de inmediato, querían cambiar su contador, a lo cual se niega por recomendación de personal de la administración, ya que las lecturas no se podrían rescatar y así no podría recuperar las cantidades elevadas de facturas pagadas erróneamente”. Entretanto le seguían cobrando facturas elevadas y, aunque en la app de su comercializadora ya le aparecían facturas negativas, no le devolvían el dinero.

Entretanto y pese al tiempo transcurrido, no había recibido respuesta de la administración y desconocía si habían contestado comercializadora y distribuidora a la reclamación, para solucionar el problema de las lecturas del contador equivocado y poder recuperar el dinero cobrado de más.

Con todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz admitió a trámite la queja de esta vecina de La Carlota y solicitó la colaboración de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba para interesar la necesidad de la resolución del expediente iniciado. Dicha administración trasladó los trámites y actuaciones realizados ya en ese momento en el expediente afectado, por lo que el Defensor asegura en su información que el problema denunciado se encontraba ya en vías de ser solucionado.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto urgir a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba para que, “sin más dilación” se reconozca el derecho de una mujer dependiente severa a revisar su programa de atención y su derecho de acceso al servicio de atención residencial, tras más de dos años de espera tras la solicitud de su familia, según ha difundido la oficina del Defensor.

La queja sobre esta situación llegó al Defensor del Pueblo en marzo de 2025, donde la familia exponía que la mujer tenía reconocida la situación de dependencia, en grado II, como “dependencia severa” y, por ello, disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio. No obstante, “debido al empeoramiento de su situación” tuvo que ingresar en un centro de atención residencial de manera privada, a la vez que los familiares solicitaban la revisión de su grado de dependencia y del programa individual de atención, con el fin de modificar el recurso concedido por el servicio de atención residencial, todo ello “sin haber obtenido resolución en ninguno de los dos procedimientos”, según constata el Defensor.

Admitida a trámite la queja por esta institución, esta requirió un informe sobre el caso a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, constató que existía “en su expediente la solicitud de revisión del recurso asignado de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema por la interesada”. E. igualmente, “consta que el expediente se encuentra en el trámite de asignación gestor / sin gestor asignado”.

Sobre ello, se abunda en que, “el expediente de la interesada se encuentra a la espera de ser citado por la empresa encargada de la gestión de este trámite (Call Center)”. Y, hasta que no se le asigne gestor y una cita, no tendría asignación, a su vez, de un “técnico de valoración competente por territorio, a efectos de que pueda realizar la visita de valoración, lo que esperemos se produzca a la mayor brevedad posible”.

Ante esto, el Defensor recuerda que la normativa establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”. Y, además, el nuevo procedimiento de la Junta de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, “queda infringido su artículo 156.3 que fija en tres meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de revisión del programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales”.

Con todo ello, el Defensor ha formulado una resolución ante la Junta para recordar “los deberes legales” a los que debe atender este caso “y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento”. Por ello, insta a que, “sin más dilación, se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la resolución reconociendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha logrado que se apliquen medidas correctoras en un garaje de Montilla, tras una denuncia vecinal por el elevado nivel de ruido que provocaba la apertura y cierre constante de la puerta automática de la cochera. El organismo ha conseguido que el Ayuntamiento de Montilla ordenase la paralización del mecanismo hasta que se sustituyese por uno menos ruidoso y acorde con los límites acústicos legales, ante las continuas molestias que sufrían los residentes afectados.

Según la resolución registrada como Queja número 24/9375, un vecino de Montilla solicitó la intervención de la institución para denunciar que los niveles sonoros generados por la puerta del garaje —propiedad de una empresa y usada por múltiples usuarios— superaban con holgura los máximos establecidos por la normativa contra la contaminación acústica. El ruido era especialmente intenso durante las primeras horas de la mañana, cuando el tránsito de vehículos era mayor, y afectaba de forma directa al descanso y la calidad de vida de quienes vivían en las viviendas colindantes.

Tras admitir a trámite la queja, el Defensor solicitó al Ayuntamiento de Montilla información sobre las actuaciones municipales. Los servicios técnicos del consistorio realizaron mediciones acústicas que determinaron que el sonido de la apertura excedía en más de 6 decibelios (dBA) el nivel máximo permitido por ley en zonas residenciales. El informe técnico señaló que esta infracción era considerada muy grave y exigía la adopción inmediata de medidas para corregir la situación.

Como resultado de esas mediciones, el Ayuntamiento ordenó la paralización del uso del mecanismo de apertura del garaje hasta que se ajustase a los parámetros acústicos establecidos. Entre las medidas provisionales sugeridas estaban la insonorización del motor, la instalación de amortiguadores, y la sustitución de elementos generadores de ruido, con el fin de reducir la transmisión de vibraciones y niveles sonoros al entorno.

Sustitución por un motor silencioso

Tras estos pasos, la empresa titular de las cocheras procedió a implementar medidas correctivas. De acuerdo con la documentación aportada al Defensor, se cambió el motor original por uno electromecánico de características más silenciosas y se reforzó la batiente de la puerta con material amortiguador para minimizar el impacto acústico. Una nueva medición acústica certificada por técnico independiente determinó que la intervención había sido satisfactoria y que los niveles de ruido quedaban dentro de los límites legales permitidos.

Con la verificación técnica favorable, la instancia promovida por el Defensor quedó resuelta y el expediente fue cerrado y archivado, al considerar que la queja había sido atendida con eficacia y que se había restaurado el derecho al descanso de los vecinos afectados.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maetzu, ha informado de que abrirá una investigación de oficio para estudiar los casos de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores.

Así lo ha informado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha adelantado que “se está estudiando los testimonios y toda la información disponible de mujeres que sufren retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía”, para tras ello, iniciar una investigación de oficio.

En contexto, este pasado jueves, la Junta de Andalucía comenzó a llamar a 2.000 mujeres que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido “errores de comunicación” en estos casos.

La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, se comprometía con la asociación Amama, que ha desvelado los casos y con la que se reunió este jueves, a “depurar responsabilidades” y dar más información en el plazo de un mes.

Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y “varios centros de salud”. En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que “tendría que estar ya operativo”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que entre este año y 2026 dotará a las bibliotecas municipales con 18 nuevas plazas de personal que servirán para cumplir los horarios y aperturas de estos centros al público conforme a la normativa, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz elevara una queja por incumplir el servicio de atención a la ciudadanía.

En la pasada primavera, el Defensor se hacía eco de una queja ciudadana por los cierres de las bibliotecas de la red municipal y, tras recibir información del Ayuntamiento, se constataba en un informe dictado por el Departamento de Bibliotecas que dichos servicios culturales tuvieron que cerrar al público 238 veces en 2024. Se aludía a que la falta de personal no permitía el cumplimiento de horarios de atención al público establecidos reglamentariamente y a que tampoco se puede garantizar su apertura todos los días laborables de lunes a viernes.

Por ello, el Defensor instaba al Ayuntamiento a “disponer un plan de medidas de ordenación del servicio de bibliotecas de gestión municipal, garantizando el régimen de jornadas y horarios fijados por la normativa, así como disponer la cartera de servicios que cada biblioteca debe ofrecer a la ciudadanía”.  Se describía que se había producido “un proceso paulatino de ausencia de recursos de personal en estos destinos que se ha ido prolongando en el tiempo y que exigían una nueva orientación de reposición y refuerzo del personal”. 

Respuesta del Ayuntamiento

Ante esta solicitud, este verano, el Ayuntamiento ha dado respuesta sobre sus acciones al respecto con un informe de la Asesoría Jurídica municipal, en el que se explica que las bases de la convocatoria en turno de promoción interna ofertan siete plazas de ayudante de biblioteca correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2023 y 2024.

Y, junto a ello, en la oferta de empleo público de 2025 se incluyen cuatro plazas de auxiliar de biblioteca, “por lo que entre lo que resta del presente año y el próximo 2026 se dotará al Departamento de Bibliotecas con siete ayudantes de biblioteca en turno de promoción interna y cuatro auxiliares de biblioteca en turno libre -más siete vacantes-, con lo que se podría llegar a la dotación de siete ayudantes de biblioteca y once auxiliares de biblioteca”.

En resumen, señala el Defensor, en estos dos años se dispone a “dotarse con 18 plazas que paliarían la falta de personal que existe en la actualidad”. Con ello, esta institución valora la actuación sobre los recursos humanos en las bibliotecas “y, por tanto, hemos de suponer un cambio en la situación que fue motivo de análisis a través de la tramitación de la presente queja”, expone en su escrito la Oficina del Defensor.

Por ello, concluye este expediente dando por bueno el impulso a las actuaciones para recuperar los niveles de atención y servicio en las bibliotecas municipales de Córdoba.

El viceportavoz de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha denunciado este lunes el estado lamentable de la calle Colombia, en Huerta de la Reina, tras una remodelación concluida hace poco más de dos años y de la que, según indica, el Ayuntamiento no le da informaciópn pese haberla solicitado hace más de un año.

De hecho, Fernández ha explicado que el Defensor del Pueblo ha admitido la queja presentada por Hacemos Córdoba y ha recalcado que el Ayuntamiento “tendrá que entregar por fin la documentación que se niega a facilitar desde hace más de un año”. “Que tengamos que recurrir al Defensor del Pueblo para obtener unos papeles que deberían estar en cualquier cajón es una auténtica vergüenza”, ha señalado.

Fernández ha remarcado que “lo que debería ser una calle recién arreglada parece en realidad una vía abandonada: los hundimientos se vuelven a abrir, los coches rozan en los resaltos, las alcantarillas se hunden y las aceras están deterioradas en muchas esquinas”. Según ha explicado, “la situación va a peor y lo más grave es que por aquí pasa la línea 9 de Aucorsa, con el riesgo que eso supone para los autobuses públicos y para los pasajeros”.

El viceportavoz también ha denunciado que el gobierno municipal dejó pasar el periodo de garantía de la obra sin exigir a la empresa adjudicataria que reparara los desperfectos. “Ese plazo ya ha pasado y ahora los vecinos y vecinas tendrán que pagar dos veces por la misma calle. Todo por la dejadez del alcalde y del delegado de Infraestructuras, incapaces de defender los intereses de Córdoba”, ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que el PP presentó esta obra como un ejemplo de buena gestión al adjudicarse con un 21 % de rebaja, más de 100.000 euros menos del presupuesto inicial. “El resultado está a la vista: una obra low cost que se traduce en hundimientos, alcantarillas en mal estado y aceras impracticables. Cuando se recorta tanto, o se baja la calidad de los materiales o se precariza a los trabajadores. Lo único que buscaban era hacerse la foto y vender propaganda barata”, ha denunciado.

Por último, desde Hacemos Córdoba han exigido que el Ayuntamiento “entregue de una vez toda la documentación de la obra y que actúe con urgencia en la calle Colombia para reparar los daños”. “Lo que ocurre en esta calle es el reflejo del modelo de gobierno del PP: ocultar información, despreciar a la oposición, abandonar los barrios y malgastar el dinero público. Esta chapuza jamás la consentirían delante de sus casas”, ha concluido Fernández.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer una resolución tramitada ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que insta a que “sin más dilación” se impulse la aprobación del nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios para una mujer gran dependiente de 93 años, para la que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

Según ha difundido la oficina del Defensor, la familia de la nonagenaria exponía que tenía reconocido el Grado III, de Gran Dependencia por el que ya disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio, pero dada su situación, en noviembre de 2023 presentó solicitud para la revisión del programa individual de atención para adecuar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio a su estado. Tras no recibir resolución de la Junta, se dirigió al Defensor, que admitió a trámite su queja.

Esta institución requirió información a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, casi un año después de la solicitud presentada por la familia de la anciana, respondió que las solicitudes de revisión del programa individual de atención a dependientes “se están tramitando por su orden de incoación”.

Pasado el tiempo y sin tener noticia de la resolución - “la interesada nos informa que no se ha producido avance alguno en la tramitación de expediente de esta mujer de 93 años de edad y condición de gran dependiente”-,  personal de la oficina del Defensor volvió a constatar en febrero de 2025 que la propuesta del plan individual de atención con el aumento de la ayuda a domicilio estaba aún pendiente del dictado de la correspondiente resolución.

“Aluvión de peticiones”

En la tramitación de esta queja, la Junta argumenta ante el Defensor que “la publicación del RD 675/2023, de 18 de julio, ha supuesto un verdadero aluvión de miles de peticiones de revisión para la adecuación de las horas, habiéndose atendido esta revisión de noviembre de 2023 por su orden de entrada, pasando ahora, tal como se ha dicho a la siguiente fase de elaboración de la Propuesta por los Servicios Sociales, los cuales también han visto incrementar enormemente su carga de trabajo”.

Con todo, el Defensor acuerda instar a la Junta a que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la correspondiente resolución por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”, dice el escrito de esta institución.

Asimismo, traslada “una vez más, nuestra profunda preocupación por la demora que afecta a los expedientes de dependencia, sobre todo cuando la persona dependiente tiene edad avanzada y delicado estado de salud, como es este caso”.

“En estos supuestos, el tiempo en la tramitación es una cuenta atrás en sus vidas, de ahí que debamos insistir en la importancia de cumplir con los plazos establecidos en la normativa o con una demora prudencial, evitando así que la persona solicitante llegue al término de su vida sin disfrutar de un derecho que le corresponde”.

Más de 2.000 personas en situación de dependencia en la provincia de Córdoba están a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva su solicitud de revisión del Programa Individual de Atención (PIA), el documento que reconoce oficialmente el derecho a recibir ayuda a domicilio en mayor intensidad. Este retraso, que supera el plazo legal de tres meses establecido por el Decreto-ley 3/2024, ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a abrir una investigación de oficio por posible vulneración de derechos fundamentales.

La situación afecta especialmente a personas con grado I de dependencia (moderada), que a raíz del nuevo Real Decreto, tienen derecho a recibir un mínimo de 20 horas mensuales de ayuda, frente a las 10 que venían recibiendo. Sin embargo, la aplicación de esta mejora exige una revisión formal del PIA, y los retrasos generalizados en su tramitación han bloqueado el acceso efectivo al nuevo derecho.

Según los datos aportados por la Delegación Territorial de Inclusión Social en Córdoba al Defensor del Pueblo Andaluz, el volumen de solicitudes en tramitación es considerable: Más de 1.100 expedientes de personas con dependencia moderada (Grado I), aproximadamente 500 expedientes en revisión para dependencia severa (Grado II) y 417 expedientes pendientes para personas con gran dependencia (Grado III).

En total, 2.017 expedientes están sin resolver, a pesar de que muchas de estas personas iniciaron el procedimiento entre enero y marzo de este año. Según la normativa vigente, la administración autonómica tenía un plazo máximo de tres meses para resolver, algo que claramente no se está cumpliendo.

Posible vulneración de derechos

Ante el aluvión de quejas recibidas desde distintas provincias —con Córdoba entre las más afectadas—, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir una investigación de oficio. El objetivo es valorar si los retrasos suponen una vulneración del derecho a una administración eficaz y a la atención social reconocida legalmente.

“Es inaceptable que cientos de personas sigan esperando una resolución que debe dictarse en tres meses por ley. En muchos casos, hablamos de personas mayores que han fallecido sin haber recibido nunca la ampliación de horas que les correspondía”, señala el informe del Defensor.

Además, se ha requerido a la Junta que aporte información precisa y detallada sobre: el número de solicitudes por tipo de dependencia, las fases de tramitación en las que se encuentran (valoración, informe, validación), los recursos presupuestarios y personales destinados a la resolución de los expedientes y las medidas correctoras o de refuerzo previstas.

Las familias, al límite

Organizaciones sociales y asociaciones de familiares denuncian que el retraso en la adecuación del servicio está dejando a muchas personas sin cobertura suficiente, obligando a las familias a asumir la atención directa o a contratar servicios privados.

La Junta de Andalucía admite que los retrasos existen, pero los atribuye a un “colapso administrativo sobrevenido” por la entrada en vigor del nuevo decreto, que ha generado una “avalancha” de solicitudes difícil de absorber con los recursos actuales.

Fuentes de la Delegación Territorial explican que la tramitación se realiza en varias fases —valoración técnica, propuesta municipal, validación final— y que la validación es el cuello de botella más crítico, debido a la falta de personal administrativo para revisar los expedientes.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que se están tomando medidas para agilizar el procedimiento, entre ellas, el refuerzo de personal en las delegaciones territoriales, la digitalización de parte de los procesos de validación y la reducción de la documentación requerida para casos repetidos.

Un problema estructural

Esta situación no afecta solo a Córdoba, sino que tiene alcance regional, y pone de manifiesto una debilidad estructural en el sistema de atención a la dependencia en Andalucía. Según el Defensor del Pueblo, la administración debe revisar su capacidad de respuesta ante reformas normativas que generan derechos subjetivos inmediatos, como es el caso del aumento de horas mínimas para dependencia moderada.

Además, el informe alerta sobre la brecha de desigualdad territorial, ya que no todas las provincias están igual de afectadas, y algunos municipios —por falta de recursos o de coordinación— presentan tasas de tramitación mucho más bajas que otros.

La queja de un vecino de Córdoba para que se investigue por qué la alerta sanitaria no se activó en la ola de calor que sufrió la capital cordobesa a finales del mes de junio, pese a que hubo temperaturas que superaron el umbral para activar dicha alerta, ha sido elevada al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.

Dicha queja había llegado en primera instancia al Defensor del Pueblo Andaluz, con el objetivo de que esta institución se interesase en conocer por qué mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitía avisos naranjas por hasta 43 grados en junio en Córdoba, en la página del Ministerio de Sanidad la alerta de riesgo para la población era nulo, pese a superarse el umbral de temperatura máxima para activar dicha alerta.

En un escrito del Defensor andaluz, se determina que al tratarse de entidades dependientes de la administración central -tanto Aemet como el Ministerio de Sanidad-, debe ser el Defensor del Pueblo a nivel estatal el que se interese por este asunto. Así las cosas, la queja por escrito ya ha sido elevada ya a dicha institución nacional, según ha podido comprobar este periódico.

En la denuncia ciudadana, se recuerda que Córdoba sufrió una ola de calor a finales de junio y primeros de julio, con temperaturas máximas que superaron el umbral para activar la alerta sanitaria. La Agencia Estatal de Meteorología emitió diariamente en esas jornadas avisos meteorológicos y, en concreto en ese episodio de calor, “Aemet ha emitido avisos naranjas (riesgo importante) de hasta 43 grados y, en cambio, en la página del Ministerio de Sanidad, el aviso de riesgo para la población era nulo (color verde)”.

Asimismo, la queja ciudadana recuerda que “en el protocolo de Sanidad, Córdoba tiene establecido el nivel de riesgo a partir de 40.4 ºC. En cambio, las temperaturas que está registrando el observatorio oficial de Aemet en el Aeropuerto de Córdoba son superiores a ese umbral y, como comprobará cuando solicite los datos a la Agencia, cercanos al nivel de riesgo máximo”, sin que se activara la alerta sanitaria en “un asunto fundamental para la protección de la salud de la población”.

En concreto, en la capital, desde el 24 de junio y en cinco días consecutivos, las máximas registradas fueron de 40,8 ºC; 40,8 ºC; 40,4 ºC; 41,9 ºC y 41,7 ºC, todas por encima del umbral establecido por Sanidad, pero en ninguna de estas jornadas se activó alerta alguna por parte del Ministerio.

El umbral más alto de España

Córdoba capital, la Campiña y el Valle del Guadalquivir tienen el umbral más alto de España para que se activen las primeras alertas por calor extremo. El criterio señala que la previsión tiene que avisar de que al menos habrá tres días consecutivos con temperaturas superiores a los 40,4 ºC. La Aemet no previó que esas temperaturas máximas se superaran durante tres días consecutivos en el episodio de calor en junio, pero sucedió y durante cinco tardes seguidas se alcanzaron valores superiores a los 40,4 ºC en el observatorio de la Aemet en Córdoba capital, en el Aeropuerto.

Los criterios de Sanidad, que se basan también en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y que se quedó corta, fueron insuficientes para que el Gobierno decretara alertas y pidiera a la población que se protegiera del calor, del sol y de las altas temperaturas.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido recientemente un escrito de un vecino de Córdoba que solicita que esta institución se interese e investigue por qué la alerta sanitaria no se activó en la ola de calor que sufrió la capital cordobesa a finales del mes de junio, pese a que hubo temperaturas que superaron el umbral para activar dicha alerta.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este periódico, se envió al Defensor a primeros de este mes de julio como una “queja” por la alerta sanitaria en relación a la meteorología. En ese sentido, se señala que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite diariamente avisos meteorológicos y predicciones meteorológicas para la provincia de Córdoba y que, en el episodio de calor de finales de junio y primeros de julio, “Aemet ha emitido avisos naranjas (riesgo importante) de hasta 43 grados y, en cambio, en la página del Ministerio de Sanidad, el aviso de riesgo para la población era nulo (color verde)”.

Asimismo, la queja ciudadana recuerda que “en el protocolo de Sanidad, Córdoba tiene establecido el nivel de riesgo a partir de 40.4 ºC. En cambio, las temperaturas que está registrando el observatorio oficial de Aemet en el Aeropuerto de Córdoba son superiores a ese umbral y, como comprobará cuando solicite los datos a la Agencia, cercanos al nivel de riesgo máximo”, sin que se activara la alerta sanitaria en “un asunto fundamental para la protección de la salud de la población”.

El umbral más alto de España

Córdoba capital, la Campiña y el Valle del Guadalquivir tienen el umbral más alto de España para que se activen las primeras alertas por calor extremo. El criterio señala que la previsión tiene que avisar de que al menos habrá tres días consecutivos con temperaturas superiores a los 40,4 ºC. La Aemet no previó que esas temperaturas máximas se superaran durante tres días consecutivos en el episodio de calor en junio, pero sucedió y durante cinco tardes seguidas se alcanzaron valores superiores a los 40,4 ºC en el observatorio de la Aemet en Córdoba capital, en el Aeropuerto.

En concreto, en la capital, desde el 24 de junio y en cinco días consecutivos, las máximas registradas fueron de 40,8 ºC; 40,8 ºC; 40,4 ºC; 41,9 ºC y 41,7 ºC, todas por encima del umbral establecido por Sanidad, pero en ninguna de estas jornadas se activó alerta alguna por parte del Ministerio.

Los criterios de Sanidad, que se basan también en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que se quedó corta, fueron insuficientes para que el Gobierno decretara alertas y pidiera a la población que se protegiera del calor, del sol y de las altas temperaturas.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto un expediente dando respuesta a una queja de un vecino de Obejo (Córdoba) para reclamar la resolución de un procedimiento de deslinde que se encontraba paralizado desde hacía años.

Según ha dado a conocer la Oficina del Defensor, la queja recibida se registró en noviembre de 2024, dando cuenta de que, meses antes, el 13 de junio de 2024, este vecino se había dirigido al Ayuntamiento de Obejo “solicitando la resolución de un procedimiento de deslinde paralizado desde hacía años, sin que hasta la fecha hubiera recibido una respuesta”.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo Andaluz acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a dicho ayuntamiento “que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto”.

No obstante y ante al expediente del Defensor, “a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 30 de diciembre de 2024 y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo”, de manera que el Ayuntamiento de Obejo ni había respondido al vecino ni al propio Defensor.

Ante tales circunstancias, “no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja”, por lo que el Defensor plasma en su expediente “la obligación de resolver a cargo de la administración pública”, además del significado del silencio administrativo negativo y “el derecho del ciudadano a una buena administración”.

Por todo ello, el Defensor insta al Ayuntamiento de Obejo a seguir sus deberes legales, que se concretan “en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la solicitud presentada por la parte afectada” hace ahora casi un año.

La normativa andaluza impide que el Cabildo vete que los guías turísticos titulados interpreten la Mezquita de Córdoba. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado el Defensor del Pueblo Andaluz tras estudiar las reclamaciones de varios intérpretes oficiales respecto a las pruebas de selección de guías que realizó la insitución eclesiástica en 2023 con las que habilitaba al personal que puede explicar el principal monumento de la ciudad, y uno de los más importantes de España y Europa.

La resolución, dada a conocer este jueves por este periódico, también refleja que la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba ha ofrecido una respuesta limitada a las reclamaciones que en su día le trasladaron los afectados, así como que ha incurrido en una una falta de acción decisiva para garantizar el cumplimiento de su propia normativa de guías turísticos.

En el escrito, facilitado a Cordópolis, el Defensor respalda la decisión de la Delegación de Turismo de no aplicar el régimen sancionador de la Ley de Turismo al Cabildo, si bien le recuerda que, más allá de las sanciones, las propias pruebas que convocó en 2023 (que, en rigor, no eran las primeras) contravienen expresamente el marco regulatorio autonómico que habilita a los guías titulados y les permite ejercer libremente en toda la comunidad autónoma.

Cita la resolución la normativa autonómica andaluza, específicamente la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía y el Decreto 8/2015 regulador de guías de turismo, que establece que la habilitación para ejercer como guía corresponde a la Administración turística autonómica. Y que dicha habilitación se obtiene tras acreditar cualificación profesional y competencias lingüísticas o mediante la superación de pruebas de aptitud convocadas por la Consejería competente. Así, una vez habilitados, los guías pueden desarrollar libremente su actividad en Andalucía sin necesidad de presentar documentación, comunicación alguna ni someterse al cumplimiento de requisitos adicionales.

“Requisitos adicionales”

Con esta normativa sobre la mesa, el Defensor argumenta que las pruebas que hizo el Cabildo actúan como “requisitos adicionales” que contravienen expresamente el marco regulatorio autonómico. De hecho, la constatación por parte de la propia inspección turística de la existencia de estas pruebas confirma que generan una innegable consecuencia que afecta el ejercicio profesional de los guías habilitados.

Así, el organismo ciudadano critica duramente la sugerencia de la Delegación de que el colectivo afectado acuda a la justicia ordinaria para defender sus intereses particulares. El Defensor considera que, más allá de las consecuencias individuales, la situación afecta un “interés general” que la Administración Pública Turística de Andalucía tiene la “inexcusable e irrenunciable responsabilidad de salvaguardar”. Este interés general está vinculado a la protección del patrimonio histórico y a la regulación de una actividad, como la de los guías, que el propio marco normativo autonómico protege y promueve bajo principios de libertad y prestación de servicios.

Por ello, expresa su preocupación por la “falta de significativas reacciones” por parte de la administración competente. De hecho, más allá de una investigación abierta y archivada, no le consta que la Delegación Territorial haya adoptado iniciativas concretas o se haya posicionado formalmente ante los responsables del recinto monumental respecto a estos condicionantes de acceso impuestos a los guías profesionales.

Incluso este jueves, la Delegación de Turismo ha evitado comentar la resolución del Defensor del Pueblo. Cuestionada por este periódico, ha eludido hacer declaraciones al respecto. En su día, en noviembre de 2023, el entonces delegado de Turismo, Eduardo Lucena, aseguró a Cordópolis que abordaría esta cuestión en una reunión con el Cabildo Catedral de Córdoba. El Defensor del Pueblo, sin embargo, carece de datos al respecto, puesto que el Gobierno Andaluz solo le ha trasladado el informe que desechó cualquier sanción e invitó a los afectados a acudir a los tribunales.

Ahora, el Defensor le ha dado un plazo de un mes para que “disponga las actuaciones necesarias en el ámbito de sus potestades y competencias para garantizar el ejercicio profesional de Guías de Turismo acreditados y habilitados sin condiciones ni requisitos ajenos a la normativa” en la Mezquita-Catedral. O, de lo contrario, para argumentar, si las hubiera, las razones por las que, en Córdoba, hay guías titulados que pueden interpretar cualquier monumento de la ciudad, menos el más importante, que todavía hoy, es el único monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz que veta a guías turísticos habilitados oficialmente.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado al Gobierno Municipal del PP que corrija y amplíe los horarios de las bibliotecas municipales de la capital tras la queja admitida por el Defensor del Pueblo Andaluz -avanzada por este periódico-, a tenor de las reclamaciones de cordobeses y cordobesas sobre el horario de apertura.

“Desde el PSOE reclamamos que se modifique este error y se abran las bibliotecas municipales en el horario que contempla la normativa, e incluso ampliándolo para periodos extraordinarios de estudios”, ha explicado la edil, que ha añadido que las bibliotecas están consideradas instituciones culturales y siguen la legislación de Bibliotecas de Andalucía, “por lo que el Ayuntamiento de Córdoba no puede hacer y tener el horario que quiera, motivo por el que el Defensor del Pueblo Andaluz ha podido hacer una reclamación al alcalde, José María Bellido, sobre el mal horario adjudicado a las bibliotecas”.

Bernal ha rechazado el argumento del PP en el Ayuntamiento para justificar el horario, esto es, la falta personal, “cuando lo que realmente ocurre es que habiendo sobrado dinero del presupuesto anual en el Año 2024, el Gobierno del PP no es capaz de gestionar personal de refuerzo para abrir una biblioteca pública y dar un servicio de calidad”. Así, ha dicho que al Gobierno del PP “se le olvida que maneja dinero público que proviene, entre otras fuentes, de subvenciones e impuestos de la ciudadanía, por lo que tiene la obligación de usar ese dinero para dar servicios públicos de buena calidad”.

La capitular ha defendido que las bibliotecas atienden, en especial, a una población joven que en algunos casos no tienen en sus viviendas las condiciones más idóneas para el estudio y encuentran en la biblioteca un espacio donde poder cumplir con sus obligaciones académicas. La necesidad, además, se amplía en ciertas épocas del año, donde se concentran exámenes y trabajos que precisan de mucho tiempo de estudio, por lo que utilizan los espacios públicos.

“Cualquier empresa privada, cuando existen periodos extraordinarios de trabajo, no se le ocurre cerrar, lo que hace es ampliar el personal de manera temporal. Eso supone mirar por la empresa y atender al cliente. El Gobierno del PP, ni mira por el Ayuntamiento ni atiende bien a los ciudadanos. En las bibliotecas municipales no ha gestionado la ampliación de personal para que cumpla con el horario estipulado, ni para abrir en los periodos extraordinarios que todos los estudiantes solicitan”, ha insistido.

Isabel Bernal ha comparado Córdoba con otras capitales andaluzas, en las que hay bibliotecas municipales que abren incluso días festivos como por ejemplo en Granada capital, la de Zaidín, Cartuja-Almanjayar y la del Albaicín; en Sevilla, la biblioteca de Montequinto o Alberto Lista; y en Huelva, la biblioteca Federico García Lorca. “Córdoba también tendría que tener alguna biblioteca municipal abierta en días festivos”, ha reclamado Bernal, que urge a que las bibliotecas municipales tengan mayor horario de apertura y que se consideren los periodos extraordinarios en los que hay mayor afluencia de estudiantes para dar un verdadero servicio cultural de calidad.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado una queja al Ayuntamiento de Córdoba sobre la regulación de los servicios prestados y los horarios de apertura de las bibliotecas en Córdoba. En concreto, este organismo ha acogido una iniciativa ciudadana dirigida a solicitar las prestaciones de estos recursos culturales en las condiciones establecidas en un primer momento.

Y es que se ha recalcado en dicha solicitud que el horario de atención de las bibliotecas de la red municipal es de 24 horas semanales, de las que 20 son en horario de tarde y cuatro en horario de mañana. Asimismo, la queja se remite especialmente al espacio de Levante, pero también ha especificado el Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe dictado por el Departamento de Bibliotecas, que dichos servicios culturales tuvieron que cerrar al público 238 veces en 2024, siendo la de Levante en 36 de ellas.

Gracias a esto, el departamento de Jesús Maeztu ha explicado que tanto la biblioteca Levante como el resto de la red municipal no alcanzan con el horario de atención al público establecido reglamentariamente, ni tampoco garantiza su apertura en los días laborables.

El déficit de plantilla, la gestión inadecuada de bajas y permisos y la insuficiencia de servicios prestados están siendo las protagonistas en el día a día de estos servicios culturales. Es por ello que el Consistorio ha reconocido la situación y afirma haber solicitado refuerzos de personal, aunque, según el Defensor, no se han adoptado medidas efectivas para que esto se haya solucionado.

Esto ha hecho que el Defensor del Pueblo Andaluz destaque que esta situación vulnera los derechos de acceso a la cultura e información recogidos en la Ley 16/2003, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, y refleja una planificación insuficiente en la dotación de recursos humanos y materiales.

Tras este suceso, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado al Ayuntamiento de Córdoba que disponga de un plan de medidas de ordenación del servicio de bibliotecas de gestión municipal, garantizando así el régimen de jornadas y horarios fijados con anteriormente. Todo ello, además, para disponer de la cartera de servicios de cada espacio cultural.

Las cuestiones relacionadas con la salud y la dependencia suman casi el 40% de las reclamaciones relativas a políticas sobre las personas que llegaron al Defensor del Pueblo andaluz desde la provincia de Córdoba durante el pasado ejercicio 2024.

En la provincia de Córdoba, en relación a la sanidad y las quejas sobre la atención en salud, el informe señala que en la provincia de Córdoba estas reclamaciones ocuparon el 20,5% del total de las del ámbito de políticas sobre las personas, mientras que las relacionadas con la atención a la dependencia supusieron el 18,5%. Ambas sumaron, así, el 39% del total.

Así se desprende del informe anual que el Defensor ha presentado en el Parlamento de Andalucía, recogiendo todas las quejas y actuaciones que esta institución ha llevado a cabo durante el pasado año. Como síntesis general, las reclamaciones sobre políticas que afectan directamente a las personas han copado las quejas, con la salud, la dependencia y la vivienda en cabeza, sumando el 59% de las recibidas desde Córdoba.

El informe del Defensor indica que, durante el último año, “como en los precedentes, hemos seguido enfrentando desafíos como la sobrecarga del sistema de Atención Primaria, las interminables listas de espera o la falta de facultativos/as de determinadas especialidades, en particular en algunas áreas sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Más de dos años de espera en Dependencia

En cuanto a Dependencia, con el 18,5% de las quejas de políticas sobre las personas, el informe indica que “los tiempos de respuesta para la valoración siguen siendo no inferiores a la anualidad y en numerosos casos resultan excesivos”, entre los que cita la provincia de Córdoba donde “encontramos tiempos de incluso dos años, con solicitudes pendientes que datan de 2022, no atendidas o atendidas en 2024, frente a la exigencia de este derecho subjetivo en seis meses”. 

En este sentido, el Defensor precisa que “la Delegación Territorial de Córdoba recoge en sus informes respuestas bastante más tempranas en la valoración para la revisión de grado, que, sin embargo, se truncan por el lento avance del volcado de datos desde el sistema transitorio, que retrasa el dictado de la resolución”.

En lo alusivo a las revisiones de grado, por otra parte, el Defensor constata que “hemos experimentado un fenómeno hasta ahora desconocido, que se concreta en la práctica equiparación entre el número de quejas fundadas en la dilación en la valoración inicial del grado de dependencia y las que se suscitan en torno a la revisión de la situación solicitada a instancia de parte por el empeoramiento”.

Por eso, cree que “todo ello, en conjunción, supone un verdadero desequilibrio del sistema y agrava un momento de tránsito de por sí inestable, hasta el punto de que las revisiones de grado acumulan las mayores demoras, aunque no en todas las provincias por igual. Mención especial dedicamos también a las dilaciones en las valoraciones de la discapacidad y en cómo frustran los derechos de las personas con discapacidad. Unos derechos que no pueden ser invocados mientras tanto no se les haya reconocido el grado de discapacidad, dejando a estas personas en un limbo jurídico”.

Por otra parte, la gestión sobre asuntos relacionados con la discapacidad suma el 15,3% de las reclamaciones al Defensor desde Córdoba y el 14,8% son asuntos sobre vivienda.