La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia a prisión de dos hombres que entraron al abandonado camping municipal, ubicado en El Brillante, e intentaron robar las tuberías de gas. El Juzgado de lo Penal número 2 de la capital los condenó a siete y ocho meses de prisión, respectivamente, y ahora la Audiencia ha ratificado el fallo, rechazando el recurso de las defensas.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los dos acusados actuaron de común acuerdo, escalaron y saltaron una valla de aproximadamente dos metros de altura. Una vez en el interior del camping, los asaltantes se dirigieron a las dependencias de un quiosco situado en la zona de la piscina. Allí fracturaron y extrajeron las tuberías correspondientes a la instalación de gas, procediendo a apilar los tubos de metal con el fin de sacarlos del lugar y apoderarse de ellos.

Sin embargo, los procesados fueron sorprendidos in fraganti por una patrulla de tres agentes de la Policía Nacional, que los detuvo en el instante. A pesar de que los peritos tasaron los desperfectos globales del camping en 28.450 euros debido al progresivo deterioro y vandalismo que sufre, el Ayuntamiento de Córdoba no ha reclamado nada al no poderse determinar con exactitud qué daños concretos habían sido provocados de manera exclusiva por estos imputados.

Dado que las penas impuestas no superan los dos años de prisión, el Juzgado de lo Penal número 2 deberá dictaminar ahora si procede o no la suspensión del ingreso en prisión de los condenados.

La decisión de acudir a la Justicia y solicitar una orden de alejamiento no suele producirse durante la convivencia o el noviazgo, sino como una medida de respuesta ante la escalada de violencia que sobreviene una vez rota la relación. Según la última estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al segundo trimestre de 2026, tres de cada cuatro mujeres que requirieron protección judicial en la provincia de Córdoba (el 75,7 %) lo hicieron por el acoso, las amenazas o las agresiones sufridas a manos de sus exparejas o excónyuges.

El desglose de los datos judiciales revela que, de las 111 solicitudes de orden de protección tramitadas entre abril y junio en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cordobeses, 84 se dirigieron contra relaciones sentimentales ya extinguidas. En concreto, 74 correspondieron a exrelaciones afectivas de hecho y 10 a excónyuges. Por el contrario, solo en el 24,3 % de los expedientes (27 casos) la víctima mantenía el vínculo afectivo o el matrimonio activo al momento de instar la medida cautelar (16 parejas de hecho y 11 matrimonios).

Asimismo, el 100 % de las órdenes de protección incoadas en la provincia partieron de la solicitud directa de la mujer al denunciar, sin que conste la iniciación de oficio por parte de los juzgados o a propuesta del Ministerio Fiscal en este trimestre.

Radiografía del delito: 914 denuncias y prevalencia del maltrato leve

Durante los tres meses analizados, los juzgados de la provincia recibieron un total de 914 denuncias por violencia de género, que afectaron a 887 mujeres víctimas (736 de nacionalidad española y 151 extranjeras) y a un menor tutelado. Esta cifra sitúa la proporción de mujeres que tramitan una orden de protección en el 12,14 % sobre el total de denunciantes.

En cuanto al canal de entrada a los tribunales, el atestado policial con denuncia directa de la víctima fue la vía principal (653 casos, el 71,4 %), seguido de los atestados iniciados por intervención directa de las fuerzas de seguridad (125 casos, 13,7 %) y los partes de lesiones remitidos directamente desde los centros sanitarios al juzgado (112 casos, 12,2 %). Los atestados formalizados por familiares representaron 13 causas (1,4 %) y los servicios asistenciales derivaron 11 expedientes (1,2 %), mientras que ninguna denuncia fue presentada directamente por la víctima en la sede judicial.

En el plano procesal, 73 víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo (42 españolas y 31 extranjeras), lo que supone una tasa de renuncia al proceso del 7,98 %.

En lo relativo a las tipologías penales, en Córdoba se ingresaron un total de 989 delitos. La inmensa mayoría de la actividad delictiva correspondió a malos tratos leves y lesiones del artículo 153 del Código Penal, con 703 infracciones (el 71,1 % del total). Le siguieron las causas por maltrato habitual o psicológico del artículo 173 CP (109 delitos, 11,0 %), el quebrantamiento de penas (57 casos), el quebrantamiento de medidas cautelares (54 casos) y los delitos contra la libertad, como amenazas o coacciones (46 casos). Asimismo, se contabilizaron siete delitos por lesiones graves del artículo 148 y siguientes, cinco contra la integridad moral, tres contra la libertad e indemnidad sexual, dos por impago de prestaciones familiares, una por quebrantamiento de la intimidad y una causa incoada por homicidio en grado de tentativa o consumado.

Los juzgados conceden un 83,8% de las órdenes de protección solicitadas

Ante las 111 solicitudes tramitadas, la respuesta de la Judicatura cordobesa arrojó un elevado grado de amparo: se concedieron 93 órdenes de protección (el 83,78 % de las solicitadas) y se denegaron 18 (el 16,22 %). Estas concesiones se tradujeron en la adopción de 280 medidas cautelares de protección, como son órdenes de alejamiento (91), prohibiciones de comunicación (87) y órdenes de expulsión o prohibición de regresar al lugar del delito (35). Además, los jueces decretaron el ingreso en prisión provisional de cinco denunciados y adoptaron otras 12 medidas cautelares penales.

En el ámbito civil, los juzgados fijaron 17 prestaciones de alimentos, atribuyeron la vivienda familiar a la víctima en diez ocasiones, acordaron seis suspensiones de la guarda y custodia de menores, seis suspensiones del régimen de visitas y otras 11 medidas complementarias.

Un 95,2 % de condenas en las sentencias de la provincia

En último lugar, en este segundo trimestre se juzgaron a 190 hombres (165 españoles y 25 extranjeros) de las que 181 fueron condenados (144 españoles y 37 extranjeros) y nueve, absueltos (todos españoles). Esos datos sitúan la tasa global de condenas en Córdoba en el 95,26 %.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a solo dos años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente de manera continuada a una menor de edad residente en Córdoba. La notable rebaja de la condena, frente a los 14 años de cárcel que solicitaba inicialmente la Fiscalía, responde al pago previo de 150.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, lo que ha permitido aplicarle la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Los hechos probados se remontan a agosto de 2025. El procesado, que en el momento de los hechos tenía 59 años, mantenía una relación de cercanía y familiaridad la menor, que tenía 15 años. Cuando la víctima tenía diez años, el acusado comenzó a interesarse por ella, llamándola esporádicamente, haciéndole regalos e invitándola, junto a su hermana mayor y a su madre, al bautizo de su propia hija en Palma de Mallorca.

A raíz de este encuentro las relaciones entre la menor y el procesado se hicieron más frecuentes con llamadas y alguna visita a Córdoba, donde la menor vive, y a Barcelona, donde reside el encausado, así como a pasar unas vacaciones en Mallorca junto a su hermana. El acusado ha venido haciendo entregas de dinero y regalos a la menor al tener conocimiento de la precaria situación económica familiar y a fin de ganarse su confianza, prometiendo a la misma que también iba a ayudar a su padre el cual se encontraba en prisión.

En agosto de 2025, el acusado le propuso a la menor que se vieran en Sevilla, a lo que la menor accedió, siempre con el consentimiento de su madre. Para ello, la víctima se desplazó en tren desde la estación de Córdoba hasta la capital hispalense. Una vez allí, el acusado la trasladó a un céntrico hotel donde había reservado una habitación con cama de matrimonio. Tras salir a cenar e ir de compras, ambos regresaron al hotel sobre la 1:00. Cuando la víctima se dispuso a dormir vestida con un pijama y habiendo colocado una almohada como barrera de separación en medio de la cama, el condenado la retiró y se abalanzó sobre la niña.

En ese momento, ella se quedó completamente paralizada y entró en estado de shock. Tras esto, el acusado la besó, la sometió a tocamientos, le mordió un pecho y la violó. Estas agresiones sexuales continuaron de forma reiterada durante más de cuatro horas, hasta cerca de las 5:00. A las 6:30 de esa misma mañana, el agresor la acompañó en taxi hasta la estación de Santa Justa para embarcarla de vuelta en un tren rumbo a Córdoba.

Al llegar a la estación cordobesa, la menor fue encontrada desconsolada por un conocido de la familia, a quien apenas pudo formular lo que le había sucedido. Tras acudir a su domicilio y relatar los hechos a su madre, fue trasladada de urgencia a un hospital de Córdoba, donde la exploración médica confirmó lesiones físicas y erosiones compatibles con la agresión relatada. El agresor fue detenido e ingresó en prisión provisional el 4 de septiembre de 2025.

Al inicio del juicio, el acusado reconoció los hechos y se declaró culpable. A cambio del ingreso de 150.000 euros como reparación económica para la víctima, el Ministerio Fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones provisionales para aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño, reduciendo la pena en dos grados. En consecuencia, el hombre ha sido condenado a dos años de prisión, a los que se les restará el tiempo que ha estado en prisión preventiva. Además, dada la duración de la pena, puede solicitar la ejecución de la misma.

Junto a la pena privativa de libertad, la Audiencia de Sevilla le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante diez años, una pena de inhabilitación de 20 años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores y una década de libertad vigilada.

Una educadora del centro de menores Lucano, ubicado en Cerro Muriano (Córdoba), ha logrado que la Justicia le reconozca un plus de peligrosidad de más de 11.000 euros después de que hayan quedado constatadas las deficiencias de seguridad con las que trabajan en este servicio de atención a niños y jóvenes.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, da por probado que en las instalaciones se desempeñan las labores “sin contar con las medidas sanitarias de protección adecuadas y sin apoyo de vigilantes profesionales para evitar los ataques que sufre el personal que trabaja en dichos centros”. En el caso del de Córdoba, se trata de un servicio de la Junta de Andalucía que acoge a menores desprotegidos y vulnerables, y , de forma ocasional, a niños extranjeros no acompañados.

La trabajadora que demandó a la Junta de Andalucía consideraba que se le debía aplicar un plus de penosidad y peligrosidad ante esa realidad de desprotección que ha quedado probada en la sentencia del alto tribunal andaluz, fallo que confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba y que rechaza el recurso presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno andaluz.

Tras la sentencia condenatoria, la Junta recurrió, sosteniendo que se habían puesto en marcha informes técnicos y medidas correctoras para atenuar las circunstancias peligrosas, pero no impugnó el relato de los hechos, por lo que el tribunal andaluz lo ha dado por válido. Además, la Junta consideró que habían prescrito los salarios adeudados con anterioridad a diciembre de 2018, un motivo que también ha sido rechazado por tratarse de una cuestión nueva que no fue planteada ante el juzgado cordobés.

En el fallo, el TSJA ha dejado de manifiesto que en el centro se producen situaciones de conflicto continuadas, por lo que los profesionales deben desenvolverse cotidianamente en un entorno expuesto a agresiones e intimidaciones sin disponer de vigilancia privada profesional ni de recursos preventivos adecuados. Estas situaciones, bajo el juicio de este tribunal, son inherentes al puesto, pero ello no resta un ápice de razón a que se exija un plus de peligrosidad cuando las condiciones reales colocan a los trabajadores en una situación de riesgo significativamente superior a la habitual sin que su salario básico contemple dicha penosidad.

Junto a la confirmación de la cuantía económica fijada a favor de la educadora, la sentencia ha condenado a la Consejería al pago de las costas procesales, fijando los honorarios del letrado de la trabajadora en 300 euros más IVA.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a dos personas como autores responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados antes de la celebración del juicio. Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil (la Comandancia de Córdoba, la Compañía de Montilla, y el puesto de Baena) permitieron destapar la actividad ilícita que ambos procesados llevaban a cabo en dos viviendas de la localidad cordobesa de Montilla.

Entre los meses de mayo y noviembre de 2021, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en torno a los domicilios, interceptando de manera constante a compradores que salían de las viviendas portando papelinas de sustancias estupefacientes. En los registros de los inmuebles, los investigadores lograron decomisar hasta siete tipos diferentes de drogas y fármacos (incluyendo mezclas de heroína y cocaína, cannabis/marihuana con plantación indoor incluida, metadona, lormetazepam, mirtazapina y alprazolam), arrojando un peso global que ronda los 300 gramos.

Además, se incautaron básculas de precisión, recortes de plástico para la confección de papelinas, anotaciones contables manuscritas y 195 euros en efectivo procedentes presumiblemente de la venta ilícita.

En consecuencia, la Audiencia ha condenado a ambos procesados a tres años de prisión, pero solo al hombre se le ha aplicado al atenuante de drogadicción al acreditarse que, en el momento de los hechos, se encontraba en tratamiento de deshabituación en el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Al reconocérsele esta atenuante, el condenado puede solicitar la suspensión de su ingreso en prisión siempre y cuando siga con su tratamiento. Por último, el tribunal le ha impuesto una multa de 304,27 euros, equivalente al valor de la droga intervenida.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la orden de expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en la zona Schengen durante ocho años impuesta a un ciudadano extranjero afincado en Córdoba tras fallar que una condena penal de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia de género constituye un elemento agravante suficiente para expulsarlo de España.

La resolución, a la que ha accedido Cordópolis, desestima el recurso interpuesto por el afectado contra un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba. Con esta decisión, el alto tribunal andaluz avala la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que en febrero de 2023 dictó la resolución de expulsión al considerar incompatible su estancia en el país con los antecedentes penales acumulados y el incumplimiento de las órdenes administrativas previas.

El origen del expediente se remonta a marzo de 2022, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba constataron que al hombre le había sido denegada en 2019 una solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales y que, al no haber abandonado el país dentro del plazo fijado, su estancia era irregular.

Sin embargo, el elemento que terminó de decantar el expediente administrativo no fue únicamente la falta de papeles, sino una sentencia de 2022 del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba por la que fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar a la pena de 40 días de trabajos comunitarios y a 18 meses de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima.

En su defensa, el abogado alegó que la medida era desproporcionada y solicitó la revocación de la expulsión apelando a un sólido arraigo en la capital cordobesa. Entre la documentación aportada figuraban certificados de empadronamiento continuado, historial de asistencia sanitaria, informes favorables de servicios sociales comunitarios, acreditaciones de envío de remesas e incluso una propuesta formal de contrato de trabajo destinada a regularizar su situación administrativa. Asimismo, el letrado cuestionó que este delito leve pudiera justificar una sanción administrativa de tal trascendencia.

No obstante, los magistrados del TSJA han señalado que la estancia irregular en España se sanciona con una multa. Si a ello se suma alguna agravante -como en este caso era el incumplimiento de una orden previa de salida y la condena firme de ese delito leve-, la Subdelegación decretó de forma acertada su expulsión de España.

En su fallo, el TSJA ha ido más allá y ha considerado que esta condena de 40 días de trabajos comunitarios supone una clara “inadaptación al orden social y jurídico español”. En consecuencia, el alto tribunal andaluz ha concluido que la medida de expulsión resulta proporcional y ajustada a derecho, confirmando igualmente la prohibición de retorno a España y al resto de países del espacio Schengen durante un plazo de ocho años (el periodo máximo son diez). El hombre deberá, además, abonar el pago de las costas, fijadas en un máximo de 500 euros más IVA.

Una pareja de Córdoba -un hombre y una mujer- se enfrenta a más de 70 años de cárcel cada uno por secuestrar y violar a una mujer a la que captaron como vientre de alquiler, una práctica ilegal en España. El juicio iba a celebrarse esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, pero el tribunal tuvo que suspenderlo después de que la acusada no se presentara, por lo que se ha dictado la correspondiente orden de búsqueda y captura.

Se trata del primer caso de vientre de alquiler en Córdoba que trasciende a los medios de comunicación. La calificación del Ministerio Fiscal, a la que ha accedido este periódico, narra un auténtico horror que la víctima habría vivido en apenas ocho días en el primer trimestre de 2022. Ella es una mujer peruana, con muy pocos recursos, que decidió ser vientre de alquiler para esta pareja, pero acabo siendo secuestrada y violada.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de diciembre de 2021, fecha en la que los acusados se pusieron en contacto a través de Facebook con la víctima, que se encontraba en Perú. Ambas partes convinieron un acuerdo económico de entre 15.000 y 20.000 euros a cambio de que la mujer viajara a España, residiera en su domicilio y se quedara embarazada del hombre manteniendo relaciones sexuales. Los procesados también le prometieron ayudarla a obtener los papeles necesarios para residir legalmente en el país.

La víctima aterrizó en el aeropuerto de Sevilla en enero de 2022, donde fue recogida por el matrimonio para trasladarla a su vivienda en Dos Torres. Pese a que la víctima manifestó desde el principio su deseo de que el procedimiento se llevara a cabo mediante inseminación artificial, la pareja se negó por motivos económicos y la obligó a mantener un primer encuentro sexual el 31 de enero.

La víctima fue violada hasta cinco ocasiones

La violencia continuó al día siguiente, el martes 1 de febrero de 2022, cuando la víctima se negó a mantener nuevos encuentros al recordar que el pacto contemplaba una única relación. Ante su negativa, la acusada atemorizó y gritó a la víctima, hizo subir a su esposo al dormitorio y cerró la puerta con llave para que mantuviesen relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Pero los abusos y las coacciones se repitieron en los días sucesivos. El 3 de febrero, y ante una nueva negativa, la acusada amenazó a la víctima con ir a por un cuchillo y matarla. El procesado volvió a agredirla sexualmente y, al no lograr excitarse, su mujer lo masturbó y obligó a la víctima a tumbarse para consumar el acto. El 4 de febrero, la acusada insultó gravemente a la víctima llamándola “puta, zorra, perra” y reiteró que la mataría si no accedía. El acusado volvió a violarla. Como medida de control, el matrimonio cortó el wifi de la vivienda para aislarla de su familia.

El 5 de febrero, al comunicar la víctima que un tío suyo pasaría a recogerla, la procesada enfureció, le propinó un puñetazo en la cara y le aseguró que solo saldría muerta de la casa. Los procesados cerraron todas las puertas de la vivienda y mantuvieron el wifi cortado, obligándola de nuevo a mantener relaciones esa misma noche.

Durante los días 6 y 7 de febrero continuaron las agresiones físicas y sexuales. Según la Fiscalía, la acusada agarró del pelo a la víctima y la golpeó en la cara. En ese instante, el procesado -defendido por la letrada Aurora Díaz- le recriminó su comportamiento. Además, la víctima sufrió una nueva violación después de que la procesada la agarrara del pelo nuevamente. El 8 de febrero, esta mujer la amenazó de nuevo, asegurándole que de la casa no iba “a salir viva”, sino “ahorcada y muerta”. Ese mismo día, aprovechando que los acusados no estaban en la casa, pudo abrir un cerrojo oxidado de una puerta y huir, acudiendo de inmediato a la Guardia Civil.

Las peticiones de pena totales superan los 140 años de cárcel

De acuerdo a este relato de hechos, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 65 años de prisión por los cinco delitos de agresión sexual. Además, solicita 15 años de libertad vigilada posterior, diez de inhabilitación para profesiones con menores y 25 de prohibición de aproximación.

A esta pena hay que sumar otros cinco años para cada uno por detención ilegal. De este modo, por ambos delitos, las peticiones de prisión son de 140 años. Además, la procesada se enfrenta a 15 meses de prisión por tres delitos de amenazas y una multa de 1.080 euros por dos delitos de maltrato de obra.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados.

El Sindicato Médico de Córdoba ha logrado “una sentencia favorable que reconoce el derecho de una ginecóloga del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a percibir la prestación por riesgo durante la lactancia natural, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la hubiera denegado”.

Según ha informado el Sindicato Médico en una nota, la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, “pone de manifiesto la importancia de evaluar correctamente los riesgos laborales durante la lactancia y de garantizar una protección efectiva a las profesionales sanitarias”, siendo uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia el que “los riesgos laborales de la facultativa no eran desconocidos para la Administración sanitaria” andaluza.

Así, “la evaluación específica de su puesto de trabajo, como especialista en Ginecología y Obstetricia, identificaba expresamente la exposición a agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4, así como la presencia de agentes citotóxicos”. Además, “el propio expediente del SAS reflejaba que su puesto no figuraba entre los considerados exentos de riesgo de exposición a agentes biológicos transmisibles”.

Es decir, “la Administración sanitaria disponía de información que identificaba riesgos en el puesto de una profesional que se encontraba en periodo de lactancia”, señalando el Sindicato Médico que las única medida que se adoptó “para garantizar su protección frente a esos riesgos” consistió en “eliminar las guardias nocturnas” para esta ginecóloga, lo cual, a juicio del sindicato, “no equivale a eliminar los riesgos”, pues “una médica puede dejar de realizar guardias y continuar expuesta a agentes infecciosos durante su actividad asistencial ordinaria”.

De hecho, “la evaluación del puesto advertía de la posibilidad de atender a pacientes con enfermedades transmisibles, incluso sin diagnosticar, y contemplaba medidas específicas para evitar determinadas exposiciones”. En este sentido, “la sentencia distingue, precisamente, entre las molestias que pueden ocasionar la nocturnidad y el trabajo a turnos, y la existencia de otros riesgos laborales que requieren una valoración y protección específicas”.

En cualquier caso, “a pesar de la documentación existente, el INSS denegó la prestación basándose en un informe médico que no analizaba los riesgos biológicos y citotóxicos identificados en el puesto, ni las posibles medidas para evitarlos”, mientras que el juzgado “considera que esta omisión resulta determinante y, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la carga de la prueba, reconoce el derecho de la trabajadora a la prestación por riesgo durante la lactancia natural”.

La resolución también “reconoce su derecho correspondiente al periodo legalmente protegido, aunque deberán aplicarse las deducciones o compensaciones que procedan por los salarios que haya percibido mientras continuaba trabajando”. Es decir, “el hecho de haber seguido prestando servicios no ha impedido que la Justicia reconozca su derecho”.

El Sindicato Médico ha argumentado que, “aunque la denegación de la prestación fue realizada por el INSS, no podemos olvidar que el SAS, como empleador, es el responsable de garantizar la protección de la salud de sus profesionales frente a los riesgos derivados del trabajo”, y “esa responsabilidad exige evaluar adecuadamente los riesgos durante la lactancia, adoptar las medidas de adaptación necesarias y valorar, cuando proceda, el cambio temporal a un puesto compatible”.

En este sentido, el Sindicato Médico de Córdoba ha lamentado que “el Servicio Andaluz de Salud ni siquiera compareció al juicio en el que se debatía el derecho de una de sus médicas a la protección durante la lactancia”, cuando era “necesario que el SAS explique qué medidas preventivas concretas se adoptaron ante los riesgos identificados”, y también “cómo garantiza situaciones similares en otros centros sanitarios”.

Por ultimo, el Sindicato Médico ha considerado que esta sentencia “tiene especial interés para las facultativas del SAS que trabajan en puestos con exposición a agentes biológicos o sustancias peligrosas y que encuentran dificultades para acceder a la prestación por riesgo durante la lactancia”, ya que el fallo judicial “recuerda que las evaluaciones de riesgos deben tener en cuenta las circunstancias específicas de las trabajadoras lactantes y que las deficiencias en esa valoración no pueden utilizarse para excluirlas injustificadamente de la protección”.

Un juez de Córdoba ha rechazado que el Ayuntamiento y su aseguradora tengan que indemnizar con 13.393,39 euros a una vecina que se cayó en la avenida de Nuestra Señora de la Fuensanta. El magistrado considera que el desnivel con el que tropezó, de unos 2 centímetros, no tiene entidad suficiente para atribuir la caída al servicio público. La sentencia, dictada el 20 de julio, es firme y no admite recurso ordinario.

El accidente ocurrió el 11 de junio de 2025, sobre las 21:30 horas. Según la demanda, caminaba a la altura de un negocio de alimentación y bebidas cuando pisó una loseta rota y suelta que se levantó, y cayó al suelo. Se golpeó el rostro, la nariz, la mano izquierda, el tórax y las rodillas. La cantidad reclamada, basada en un informe pericial, incluía días de perjuicio personal moderado, secuelas funcionales, perjuicio estético y perjuicio por la intervención quirúrgica.

La afectada presentó su reclamación el 16 de junio de 2025 y, al no recibir respuesta, recurrió ante los tribunales la desestimación presunta por silencio administrativo. El Ayuntamiento y la aseguradora, personada como codemandada, se opusieron al entender que no existía relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño, ya que el defecto no era lo bastante relevante para provocar la caída. La compañía añadió que el informe pericial incluía secuelas ajenas al accidente.

El juez da por probado que la mujer tropezó en el lugar y el momento descritos, a partir del informe de la Policía Local y de las declaraciones como testigos del encargado del establecimiento, que presenció la caída, y de otra persona que lo acompañaba.

Sin embargo, concluye que no hay relación de causalidad jurídica entre el servicio público y las lesiones. Las fotografías de la Policía Local, que colocó un encendedor como referencia de tamaño, muestran un pequeño desnivel entre dos losetas de no más de 2 centímetros. El magistrado lo describe como un “desperfecto mínimo” en una zona peatonal ancha, de suelo firme y liso, que ni siquiera altera de forma significativa la rasante y que no puede considerarse un obstáculo capaz de provocar por sí mismo la caída de una persona media que camine con la debida precaución.

La sentencia señala además que el Ayuntamiento omitió el informe del servicio municipal implicado, un trámite que la ley considera preceptivo, de modo que las fotografías policiales son la única prueba objetiva sobre la entidad del defecto.

El fallo apunta que el suceso, “en todo caso de lamentar”, pudo deberse a otros motivos ajenos al servicio público, como la distracción de la lesionada al caminar. Recuerda la doctrina del Tribunal Supremo según la cual la responsabilidad patrimonial es objetiva, pero no convierte a las administraciones en “aseguradoras universales” de cualquier daño que ocurra en la vía pública. También cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de otros tribunales en casos similares de baldosas sueltas o desniveles de escasa entidad.

La resolución añade que la reparación posterior de la calle no supone reconocer responsabilidad, sino que responde a la conveniencia de mejorar la vía y evitar peligros a los peatones.

Aunque desestima íntegramente el recurso, el juez no impone las costas a la demandante, al considerar que el defecto denunciado existía realmente y que resultaba difícil apreciar jurídicamente el nexo causal.

El magistrado de la plaza número 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha confirmado la ilegalidad de la concentración llevada a cabo los días 19 y 20 de noviembre del año 2025 por un total de sesenta trabajadores de Hitachi Energy Spain S.L. en las instalaciones de la empresa, al no estar amparada en el derecho de huelga y constituir en este sentido una infracción muy grave conforme al convenio colectivo de la empresa, aunque ha acordado rebajar la sanción impuesta de 60 a 30 días de suspensión de empleo y sueldo al considerar la misma “desproporcionada”. 

En una sentencia fechada el día 16 de octubre, contra la que cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla, el juez desestima la demanda de nulidad de la sanción, vulneración de derechos fundamentales y reclamación de indemnización interpuesta por los trabajadores de Hitachi, pero estima parcialmente la demanda subsidiaria interpuesta por los mismos trabajadores y rebaja la sanción, condenando a la empresa al pago de los salarios que hayan dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción parcialmente revocada. 

El juez relata en la sentencia que los hechos se produjeron sobre las 13,30 horas del día 19 de noviembre del pasado año 2025, cuando, conocida la apertura de expediente disciplinario al presidente y al secretario del comité de empresa en el marco de una huelga indefinida convocada una semana antes, un grupo de trabajadores del turno se mañana se concentró en las instalaciones de Hitachi, y más en concreto en la zona de taller, una concentración a la que posteriormente se unieron operarios del turno de tarde. encontrándose entre todos ellos los trabajadores demandantes. 

En este sentido, el magistrado indica que, tras ser requeridos por la empresa sobre el motivo de la concentración, los trabajadores les manifestaron que estaban allí por la apertura de los expedientes disciplinarios referidos y que permanecerían en el centro de trabajo de manera indefinida hasta que no se produjera la retirada de los mismos, momento a partir del cual, “de manera verbal y directa primero y después en dos reuniones y con remisión de un correo electrónico a los operarios, se les requirió por la empresa para que abandonaran el centro de trabajo al tratarse de una ocupación ilegal del mismo, haciendo caso omiso los trabajadores concentrados”. 

Posturas “contradictorias” de las partes 

De este modo, y sin más comunicación desde las 18,30/19,00 horas del día 19 de noviembre de 2025, los trabajadores permanecieron en el centro de trabajo, abandonando el mismo entre las 5,00 y las 7,37 horas de la madrugada del día 20 de noviembre, pone de manifiesto el juez, que recuerda que, por estos hechos, la empresa puso tres tipos de sanciones, en concreto 120 días de suspensión de empleo y sueldo a los que consideraba impulsores de la concentración; 60 días a los identificados como participantes y 21 días a los que, según la defensa empresarial, reconocieron los hechos y pidieron perdón, constituyendo el segundo grupo los demandantes de este proceso.

Así, en el juicio el debate se centró sobre los motivos de la concentración y la existencia o no de requerimientos empresariales para que los trabajadores abandonaran el centro de trabajo, señalando el juez que, en este planteamiento, las posturas “fueron totalmente contradictorias”, ya que quienes declararon como testigos propuestos por la empresa sostuvieron el relato de la carta de sanción, mientras que los que testificaron a propuesta de los trabajadores negaron lo anterior y defendieron que la concentración tuvo el carácter de asamblea informativa para informar sobre el desarrollo de la huelga y la manifestación/preparación del día siguiente, negando que fueran requeridos para abandonar el centro de trabajo. 

“En esta contradicción hay que darle la razón a la parte empresarial”, sostiene el magistrado, que considera que la declaración de quienes depusieron a instancia de los trabajadores “no es creíble, pues sus manifestaciones son contradictorias entre sí y con sus propias manifestaciones en unos casos, carentes de sentido en otros, y en la mayoría de las ocasiones con respuestas evasivas”, mientras que, frente a ello, “las declaraciones de quienes depusieron a instancia de la empresa no presentan contradicciones internas ni externas, son coherentes con el resto de la prueba practicada y no adolecen de la falta de sentido antes referida”. 

El juez concluye en este sentido que “la concentración que provocó la sanción, tanto en sus motivos que la originaron, como en los reiterados requerimientos empresariales para que los trabajadores abandonaran las instalaciones del centro, es tal como se indica en la carta de sanción”, argumentando al hilo de ello que la concentración “no tenía como fin reunirse para ”el desenvolvimiento de la huelga y para la solución de la misma“”, sino que su fin “era protestar por la apertura del expediente sancionador a dos compañeros y obligar a la empresa a su retirada”, punto en el que asevera que “una reacción derivada de una actuación durante el periodo de huelga no se puede considerar como el cumplimiento de los objetivos de la huelga”, y, por tanto, la concentración no puede ampararse en el derecho fundamental de huelga para justificarla. 

Infracción muy grave 

Además, y según prosigue el magistrado, “no forma parte del contenido del derecho de huelga porque existió una negativa de los trabajadores a una ”legítima orden de abandono“ realizada por la empresa”, indicando que, aunque “es cierto que la concentración no se hizo con violencia, no impidió el trabajo de otros compañeros y no afectó al proceso productivo”, la ocupación de locales está prohibida, aludiendo en este sentido a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

“Al no haberse desarrollado la actuación de los trabajadores dentro del derecho de huelga, ni haberlo comprometido la empresa, que requirió de manera lícita y reiterativa para los desalojos, el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga no se ha visto comprometido con la sanción disciplinaria impuesta”, por lo que el juez desestima por este motivo su nulidad. Los trabajadores, de manera subsidiaria, solicitaron la improcedencia de las sanciones.

En este punto, el magistrado concluye que el comportamiento “es lo suficientemente grave y culpable para calificar la permanencia de los trabajadores en la empresa los días 19 y 20 de noviembre como una infracción muy grave”, ya que, aunque “es cierto que no hubo violencia física, daños ni limitación a la actividad de otros compañeros, se ha fijado que la concentración quedaba fuera del propio calendario y objetivos de la huelga, que se hizo con la oposición expresa de la empresa, desobedeciendo los reiterados requerimientos de desalojo, con una permanencia injustificada de entre 14 y 17 horas y participando de manera grupal en una actuación que obligó a la empresa a adoptar importantes medidas de seguridad”, motivos que llevan al juez a confirmar el carácter grave y culpable de los hechos y la infracción como falta muy grave.

Seguidamente, analiza la proporcionalidad entre la infracción confirmada y la sanción impuesta, considerando que “resulta difícil fijar unos días de sanción, pretendiendo que los trabajadores tengan un castigo proporcionado a los hechos cometidos e imputables”, ya que, “si bien se ha declarado probado que los hechos objeto de sanción no se pueden incardinar dentro de la huelga convocada y la libertad sindical de los trabajadores en su participación, no se puede perder de vista la existencia de este conflicto y las tensiones propias que ocasiona, en la interpretación extensa que debe realizarse al ejercicio de estos derechos”, lo cual “podría conducir a la posibilidad de una sanción mínima, pero el comportamiento colectivo coactivo y desobediente aleja tal posibilidad”, por lo que revoca parcialmente la sanción y la reduce a la mitad, de 60 a 30 días de suspensión de empleo y sueldo, un periodo que valora “como proporcional a los hechos declarados probados y al régimen disciplinario del convenio de aplicación”.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a seis meses de prisión para una mujer que sustrajo 700 euros en efectivo de una cartera que un cliente dejó olvidada sobre el asiento de una mesa del bingo ubicada en el centro de la capital. La Sección Segunda desestima así el recurso de apelación presentado por la procesada y confirma íntegramente la sentencia dictada por l Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.

Según recoge la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante la noche del 4 de mayo de 2024 en el Bingo Zahira, a donde acudió la víctima acompañada de su esposa. Ya dentro, se sentó en una de las mesas donde también se encontraba la acusada. En un momento dado, el hombre sacó su cartera con la intención de comprar varios cartones de bingo. Al volver a guardarla, por un descuido, la cartera se le quedó sobre el asiento del sillón sin que él se diera cuenta.

A los pocos momentos, el cliente se cambió de sillón, aunque dentro de la misma mesa. Fue entonces cuando la procesada, percatándose de lo ocurrido, acercó la silla en la que había quedado abandonada la billetera, la cogió y sustrajo los 700 euros que había en su interior. De inmediato, devolvió disimuladamente la cartera al asiento de donde la había cogido. Transcurridos solo unos minutos, la víctima se dio cuenta de que no llevaba encima su documentación. Al localizar la cartera en el sillón y comprobar su interior, descubrió que le faltaban los 700 euros que acababa de cobrar previamente por unos trabajos realizados, un dinero que no ha podido recuperar y que sigue reclamando.

El juzgado de instancia la condenó a seis meses de prisión por un delito menos grave de hurto, además de a indemnizar al hombre con el dinero que le sustrajo. En su recurso, la mujer alegó que no había pruebas suficientes para condenarla, que no se había acreditado la existencia del dinero sustraído y que solo se limitó a dejar la cartera en el sillón, sin tocar su contenido. Sin embargo, el tribunal ha considerado de vital importancia el atestado policial y, muy especialmente, las cámaras de seguridad del bingo. En las grabaciones examinadas se observa con claridad cómo la procesada introdujo la mano en la billetera olvidada, extrajo papel moneda y se lo guardó en el interior del sujetador, dejando posteriormente la cartera en el mismo lugar justo antes de que el hombre se diera cuenta de que la había perdido.

Por todo ello, los magistrados han confirmado la sentencia, aunque las costas han sido declaradas de oficio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha abierto la vía del indulto para un padre condenado por no pagar la pensión de alimentos de su hija menor. En la resolución, a la que ha accedido Cordópolis, el tribunal revisa la orden de alejamiento impuesta en primera instancia y plantea la posibilidad de indultar o suspender la pena para evitar que la niña quede desprotegida, dado que en la actualidad convive con él y ostenta su guarda y custodia.

El fallo estima de forma parcial el recurso de apelación presentado por el progenitor y reduce de un año a seis meses la prohibición de acercamiento a la menor al apreciar un defecto procesal en la actuación de la Fiscalía. Al mismo tiempo, la Sala mantiene la pena principal de seis meses de multa y la obligación de indemnizar a la madre con 10.664 euros por las cuotas adeudadas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba aprobó el convenio de divorcio de la pareja, fijando la obligación del padre de ingresar 248 euros mensuales para la manutención de su primera hija, que quedó inicialmente bajo la custodia de la madre. Sin embargo, el padre dejó de ingresar la cuota de marzo de 2021 y desatendió el pago de manera continuada desde abril de 2022 hasta el juicio, celebrado en octubre de 2025. Pese a que la defensa alegó dificultades económicas tras perder su trabajo y tener tres hijos más con su nueva pareja, los magistrados confirman que el acusado alternó empleos con subsidios de desempleo superiores a los 1.000 euros mensuales sin aportar un solo euro a la menor durante más de dos años, por lo que revalidan la condena económica.

La gran paradoja de este procedimiento radica en que, durante los años que tardó en tramitarse la causa penal, la realidad familiar dio un giro de 180 grados: la menor pasó a estar bajo la guarda y custodia legal del padre. Al constatar esta circunstancia antes del juicio oral, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones e interesó la medida de alejamiento exclusivamente respecto de la exmujer.

Atendiendo a esa petición, la jueza de instancia no incluyó a la niña en la orden de alejamiento. Sin embargo, tras notificarse la sentencia inicial, la Fiscalía alegó un supuesto “error material” e impulsó un auto posterior para añadir también la prohibición de acercamiento hacia la menor durante un año.

La Audiencia subraya ahora que esa adición posterior fue irregular porque el juzgado no incurrió en ninguna omisión, sino que se limitó a resolver lo que las acusaciones habían pedido. No obstante, al tratarse de un delito de impago de pensiones, se debe aplicar por ley una orden de alejamiento respecto de la menor. Así, la Sala ha optado por reajustar la orden de alejamiento respecto a la hija, reduciéndola al mínimo legal de seis meses.

Dado que la jurisdicción penal no tiene competencias para retirar o modificar las medidas de custodia -materia reservada en exclusiva a Familia-, los magistrados han apelado directamente al juzgado que deba ejecutar la condena para que suspenda o adapte la pena basándose en el principio del interés superior de la niña, evitando así provocar una situación de indefensión o desamparo a la menor.

Al mismo tiempo, la Audiencia ha abierto la puerta a la tramitación de un indulto parcial ante el Ministerio de Justicia que deje sin efecto la prohibición de acercamiento mientras la menor continúe bajo el cuidado directo de su padre.

El abultado historial del conocido delincuente como El Gamba suma una nueva condena firme. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la resolución impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital, por lo que el procesado encadena su décima condena tras acumular cerca de dos décadas de actividad delictiva.

Los hechos que han motivado esta nueva sentencia se remontan a la mañana del 5 de mayo de 2023. Alrededor de las 9:50, el acusado se desplazó en un turismo hasta una vivienda situada en Almodóvar del Río. Lo hizo conduciendo el vehículo pese a carecer por completo de permiso, al no haberlo obtenido nunca, y acompañado por una mujer cuya identidad no pudo ser determinada.

Una vez en el lugar, saltó la valla perimetral de la finca para acceder al recinto exterior de la propiedad. Ya dentro, desvalijó parte de las pertenencias del inmueble apoderándose de cuatro neumáticos, un juego de llantas de un vehículo Mercedes-Benz, un gato hidráulico y una batería de coche. Para consumar el robo, su acompañante le auxilió desde el exterior recibiendo los objetos por encima del cercado para introducirlos rápidamente en el coche. Ambos se dieron a la fuga a continuación con el acusado nuevamente al volante. Los efectos sustraídos, que no han podido ser recuperados, fueron tasados pericialmente en 817 euros. Por estos hechos, fue condenado a un total de tres años y 11 meses de cárcel, tras aplicársele la agravante de reincidencia.

En su recurso de apelación, la defensa de El Gamba alegó que la pena era desproporcionada y que el inmueble no podía ser considerado una casa habitada. Sin embargo, la Audiencia sostiene que, gracias a las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el inmueble era una parcela. Sobre la desproporción de la condena, el tribunal ha mostrado su “estupefacción”, recordando que la jueza de instancia aplicó directamente el mínimo legal.

Con esta resolución, El Gamba alcanza las diez sentencias firmes desde 2008 y dictadas por órganos judiciales de Córdoba, Posadas y Badajoz por delitos de robo con fuerza, hurtos, sustracción de vehículos y conducción sin carné o con pérdida total de puntos. Además de las penas privativas de libertad, el condenado deberá indemnizar al propietario del chalé con 817 euros más los intereses legales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará la semana que viene a cinco personas que se vieron involucradas en una pelea entre familias en 2025. En total, la Fiscalía pide 26 años de prisión entre todos, así como medidas de alejamiento y libertad vigilada.

Según el escrito del Ministerio Público, en el transcurso de la discusión, ambas familias portaban palos, piedras y cuchillos, agrediéndose mutuamente. Dos de los acusados golpearon con una piedra y con un cuchillo en la cabeza a otro procesado al tiempo que el padre de aquellos golpearon igualmente a este acusado con una hoz atada a un palo.

Durante esta agresión, dos personas acudieron a auxiliarlo, momento en que otro imputado le pegó al ya herido un puñetazo en la boca y con ayuda de un palo de madera asestó a otra persona un golpe en la cara a otra persona. Mientras se producía la pelea, dos de los acusados intentaron acabar con la vida de uno de los implicados en la pelea asestándole dos navajazos y golpeándole la cabeza con un hacha.

En consecuencia, la Fiscalía pide siete años de prisión para dos personas pro un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, solicita una orden de alejamiento y de comunicación con respecto de la víctima durante diez años, junto a la medida de libertad vigilada.

Para esta víctima, que también está imputada, y para otro acusado, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel por un delito de lesiones, así como una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años con respecto de otra víctima a quienes ambos investigados habrían agredido.

En esta última agresión habría participado un último acusado, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión y una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años acusado de un delito de lesiones. Además, se enfrenta a tres años de prisión por otro delito de lesiones y una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones.

Un fallo en la calificación jurídica por parte del Ministerio Fiscal ha librado de la condena a una mujer acusada de gastar casi 11.000 euros de la anciana a la que cuidaba en Córdoba. La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de la procesada, señalando que acusarla de un delito de apropiación indebida en lugar de estafa impide imponerle una pena sin vulnerar sus derechos fundamentales.

Según la sentencia facilitada por el TSJA, los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero de 2021 y julio de 2022, cuando la acusaba cuidado de forma eventual a una mujer nacida en 1938 que vivía sola y cuyo estado de salud era precario. Durante ese tiempo, la cuidadora utilizó la tarjeta de crédito de la víctima para realizar múltiples compras en establecimientos y plataformas online, así como extracciones en cajeros automáticos (en ocasiones por importes superiores a los 400 euros), acumulando un total de 10.875,85 euros. Todas estas operaciones se realizaron sin el conocimiento ni el consentimiento de la titular.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba absolvió a la mujer, fallo que fue recurrido por la Fiscalía ante el TSJA. El Ministerio Público solicitaba que la mujer fuera condenada por apropiación indebida o, de forma subsidiaria, por un delito de estafa impropia, sosteniendo que la víctima le había entregado voluntariamente la tarjeta y el número PIN para hacer frente a los gastos del hogar.

Sin embargo, en la sentencia dictada por el tribunal andaluz se remarca que la resolución de la Audiencia estableció como hecho probado que la procesada usó la tarjeta de forma fraudulenta y sin consentimiento, pero en ningún momento acreditó que la anciana le hubiera entregado de manera voluntaria la tarjeta. Esta distinción es clave: mientras que la apropiación indebida exige que el acusado haya recibido el bien de forma legítima antes de apropiarse de él, el uso engañoso o no autorizado de una tarjeta constituye un delito de estafa.

Ante ello, el tribunal ha confirmado la absolución de la acusada y ha declarado de oficio las costas de la segunda instancia.

La plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a Cajasur Banco a devolver 3.954,40 euros a un cliente que sufrió una estafa informática en su móvil. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, condena además a la entidad al pago de los intereses y de las costas.

Los hechos se remontan a finales de septiembre de 2023, cuando el demandante detectó una serie de cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por un importe total que inicialmente superaba los 18.000 euros. Aunque el banco logró detener y retroceder gran parte de las transacciones sospechosas, rechazó devolver el perjuicio económico final de casi 4.000 euros alegando que el usuario había incurrido en una “negligencia grave” al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, infectando su terminal con un malware que capturó sus credenciales de acceso.

Frente a esta postura, la víctima, defendida por el despacho Cabrera Abogados, acudió a los tribunales sosteniendo que en ningún momento autorizó ni consintió dichas operaciones y que la responsabilidad debía recaer sobre el banco. En el fallo, la jueza recuerda que la responsabilidad en este tipo de operaciones no autorizadas es de carácter cuasi-objetivo para las entidades financieras, a las que corresponde probar que existió fraude o una negligencia grave por parte del usuario.

Además, la sentencia recalca que ser víctima de un engaño cibernético complejo no constituye negligencia grave y cuestiona el intento de la banca de desvincularse de los riesgos del canal móvil. “Ha sido la banca la que principalmente se ha beneficiado de las nuevas tecnologías: su uso le ha permitido abaratar costes mediante el sistema de que sean los clientes los que realicen materialmente las operaciones. Resulta justo que sea el banco el que se haga cargo de ese margen de riesgo que ha introducido el uso de las nuevas tecnologías”, recoge el fallo.

La cantidad que el banco deberá devolver al usuario se ajusta a la cuantía al importe real defraudado tras el bloqueo parcial ejercido por la entidad y las reclamaciones previas. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de cuatro años y un día de prisión impuesta a un hombre por un delito de abuso sexual cometido sobre la hija de tres años de una amiga en Córdoba capital. La resolución confirma asimismo la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Córdoba, que le impone seis años de inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad, remunerada o no, que conlleve contacto directo con menores de edad.

Los hechos sucedieron el 2 de enero de 2022. El procesado se encontraba en la vivienda de su amiga tras ser invitado a comer debido a la estrecha relación de amistad y confianza que mantennían. Aprovechando que la mujer subió un momento a la azotea a tender la ropa y dejó a sus dos hijos -de tres y cinco años- a su cuidado, el hombre sentó a la pequeña en su regazo con las piernas abiertas y le realizó tocamientos reiterados en la zona genital por encima de la ropa.

Al regresar, la madre sorprendió al hombre in fraganti. Tras presenciar la escena, la mujer trasladó inmediatamente a la menor al hospital. Aunque la progenitora relató los hechos ante el juzgado de instrucción, no los denunció ni ha ejercido la acusación particular. De hecho, pidió el archivo de las actuaciones para evitar que la niña pasara “por un trauma” y que “no quería saber nada más del tema”. Sin embargo, al tratarse de un delito perseguible de oficio que afecta a una menor, el Ministerio Fiscal asumió la causa hasta lograr la condena.

En la resolución del recurso, el TSJA ha rechazado la versión del procesado, quien alegó que solo intentaba “remeterle la ropa” a la niña, y concluye que el relato de la madre es plenamente veraz y que no existía ningún motivo para inventar una acusación de tal gravedad.

El cordobés que incendió la barra del bar Las Postas, ubicado en la Avenida de Cádiz del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca tras pedir “mayonesa o kétchup” para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros, ha aceptado tres años y medio de cárcel, si bien enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión.

Durante la sesión, celebrada durante la presente jornada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, este varón, a preguntas del fiscal, ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina tras esta negativa, a sabiendas de que el establecimiento se encontraba repleto de clientes en ese momento.

Tras este reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes personadas con las penas y hechos consensuados, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena privativa de libertad.

Ello, al tener en cuenta además que este hombre abonó con carácter previo a la celebración de la cita y en concepto de responsabilidad civil por los daños causados un total de 9.245 euros.

Por ello, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que además ha sido valorado en menor grado y considerado de menor entidad.

El implicado, además, ha aceptado multas de algo más de 76 euros por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajan en el establecimiento. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que el propietario, en el momento de los hechos, comentó a esta agencia que en principio el hombre mostró “normalidad” ante la falta de ambas salsas.

“Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más”, detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha solicitado un informe exhaustivo de la situación social y habitacional de las mujeres afectadas tras la clausura de un club de la capital, ubicado en Chinales, después de que la Policía Nacional haya situado allí una red de prostitución.

Hay que recordar que la clausura temporal del establecimiento se produjo el pasado 15 de octubre a petición de la Fiscalía de Córdoba. El objetivo de esta medida es neutralizar cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción de la causa. Esta providencia de la jueza llega después de que el abogado de las investigadas solicitara una modificación parcial de la clausura dado que el cierre había dejado a las mujeres en una situación de “desamparo habitacional” al no disponer de un lugar alternativo donde dormir.

Por este motivo, el letrado solicitó, con carácter urgente, permitir la pernocta de las mujeres en sus habitaciones y el uso de los servicios básicos -manteniendo sellada la actividad comercial y prohibiendo la entrada de clientes- o, subsidiariamente, la intervención urgente de los servicios sociales de emergencia.

Ante esta solicitud, la jueza ha emitido una providencia requiriendo al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional para que informe sobre tres cuestiones. En primer lugar, la magistrada quiere saber cuántas mujeres había en el club en el momento en que fue precintado. En segundo lugar, urge a que la Policía informe sobre si se les ofreció un lugar donde residir en el momento de la intervención, detallando qué alternativas se les propusieron y cuál fue la respuesta individual de cada una de ellas.

En tercer y último lugar, la jueza interesa saber si, actualmente, todas las mujeres tienen un lugar donde vivir. En el caso de que alguna carezcan del mismo, los agentes deberán hacer las gestiones oportunas con organizaciones o Servicios Sociales para que todas estén bajo techo.

Operativo de la Policía

El operativo policial inicial se saldó con la detención de siete personas en Córdoba y dos en Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, drogas y documentación. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión preventiva, dictando el juzgado su libertad provisional con medidas cautelares como comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional para una de las investigadas y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

De acuerdo con el atestado policial, la organización criminal operaba captando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo. Una vez en España, la red presuntamente las sometía a un control férreo de tarifas y horarios para forzarlas a ejercer la prostitución de manera ininterrumpida, las 24 horas de los siete días de la semana.

Tras la investigación, las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investiga el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba tiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

“Sin informador, no hay lucha contra la corrupción”. Con esta rotunda premisa, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha urgido en Córdoba a establecer mecanismos reales para proteger a quienes denuncian irregularidades frente al terrible miedo a sufrir represalias laborales o personales. Ha sido durante la inauguración de las jornadas sobre prevención del fraude y lucha contra la corrupción celebradas en el Colegio de la Abogacía, un foro en el que el jefe antifraude ha advertido de que la persona que da el paso de alertar “muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias”.

Durante su intervención, Sánchez Zamorano, que ha recordado sus 40 años de trayectoria como magistrado, ha subrayado que una buena parte de las denuncias que ha recibido su departamento se han registrado de manera anónima precisamente por ese temor a las represalias. Para abordar este reto democrático, el director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piña, especialista en la materia, ha sido el encargado de abordar cómo se gestiona tanto la protección del informante como la denuncia anónima. Asimismo, Sanchez Zamorano ha querido reconocer expresamente el papel indispensable de los profesionales del derecho en este engranaje, ya que, tal y como ha aseverado, “sin abogados, no hay tutela judicial efectiva”.

Previamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido con firmeza que “una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad”. Arias ha reivindicado que los abogados y abogadas se han consolidado como “los primeros detectores de humo cuando se produce un tema” y actúan siempre como “el primer escudo” ciudadano frente a las irregularidades. Además, ha alertado de la gravedad de estos delitos, subrayando que el fraude y la corrupción “deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley”. Por ello, ha exigido que la colaboración entre organismos no sea una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en espacios reales de trabajo.

En esta misma línea de defensa de lo público, el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha remarcado que luchar contra el fraude ha significado “defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y “proteger los recursos públicos”. Fernández ha explicado que “quien defrauda no solo incumple una norma, sino que está obteniendo una ventaja injusta frente a otros”, un comportamiento que perjudica directamente a aquellas empresas y profesionales que “actúan honestamente”. El delegado ha recordado las dos vías de actuación de la Agencia: el fomento del cumplimiento voluntario y la persecución implacable del delito. En este punto, ha aprovechado para alabar efusivamente la labor “a veces muy callada y muy soterrada, pero importantísima” del servicio de Vigilancia Aduanera frente al contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.

La apertura del acto ha sido clausurada por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, quien ha asegurado que desde la llegada de Vox a la Consejería de Justicia se ha asumido “el absoluto compromiso de intentar solventar los problemas” crónicos de la administración, reconociendo abiertamente “unos déficits de recursos humanos muy importantes”.

Para hacer frente a esta situación y dotar de medios a la justicia, Cañizares ha aportado cifras y medidas concretas, como los “236 refuerzos en toda Andalucía”, y ha anunciado se cubrirán “95 plazas judiciales y 36 de fiscales”. Igualmente, ha adelantado el compromiso autonómico de dotar de infraestructura y ordenadores a los nuevos despachos y de incorporar a 160 funcionarios. En estas jornadas también intervendrán el magistrado de lo Penal de Córoba José Ignacio Vilaplanza y el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez.