La Fiscalía ha elevado a la Audiencia Provincial su petición de condena para un acusado de los delitos de agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, por lo que pide penas que suman doce años y dos meses de prisión, además de la prohibición de acercarse ni comunicarse con la víctima.

En su calificación, la Fiscalía señala que se originó una discusión entre el acusado y la víctima, momento en el que el hombre inmovilizó las manos de la víctima colocándoselas detrás de su propio cuerpo y acto seguido se produjo la agresión.

De los hechos cometidos, la Fiscalía entiende que el acusado cometió presuntamente un delito de agresión sexual, por el que pide para él diez años de prisión, así como la prohibición de acercarse a la víctima e menos de cien metros ni comunicarse con ella en dieciséis años.

Asimismo, le acusa de un delito de amenazas por el que pide 18 meses de prisión y tres años de orden de alejamiento, mientras que por el delito de malos tratos en el ámbito familiar incluye una petición de ocho meses de prisión, privación de tener arma durante dos años y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

Una constructora y una promotora de Córdoba deberán pagar más de 140.000 euros, además de los intereses, a un grupo de vecinos de un residencial que denunciaron los continuos fallos del sistema de aerotermia desde que las viviendas fueron entregadas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado íntegramente los recursos de apelación de ambas mercantiles y confirmando la condena solidaria que las obliga a indemnizar a 11 familias.

Según consta en la resolución, los propietarios afectados venían sufriendo desde el inicio continuas deficiencias en el rendimiento de los equipos de climatización de sus inmuebles. Tras años de averías e infructuosos intentos de arreglo por parte de la constructora -la cual llegó a demandar en un proceso paralelo a la subcontrata instaladora-, los vecinos acudieron a una firma especializada del sector para realizar una inspección individualizada vivienda por vivienda.

El informe técnico demostró que la maquinaria y los interacumuladores finalmente colocados por la promotora y la constructora no se correspondían con los modelos y potencias especificados en el proyecto inicial. Esta carencia de potencia impedía alcanzar unas condiciones mínimas de confort térmico en una ciudad como Córdoba, donde las temperaturas de verano e invierno alcanzan cotas extremas.

El tribunal ha detallado en su sentencia que no resulta “lógico ni prudente” obligar a los propietarios a asumir reparaciones parciales o soluciones de menor calado cuando han estado “años sufriendo dichos problemas de climatización y del defectuoso servicio de agua caliente sanitaria en una ciudad como Córdoba capital, donde las temperaturas invernales y veraniegas suelen ser muy opuestas y extremas en ambos supuestos, incluidas las de invierno.

La Audiencia Provincial ha respaldado íntegramente el criterio adoptado en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba, validando los presupuestos de reparación de la empresa que contrataron las 11 familias afectadas para sustituir e instalar correctamente los equipos de climatización y agua caliente por aerotermia en las diez viviendas. Las empresas han sido condenadas, además, a abonar el pago de las costas de esta segunda instancia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la nulidad del despido de un empleado de la cafetería del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba a quien la empresa concesionaria, Mediterránea de Catering, echó al mes de su incorporación alegando no haber superado el periodo de prueba. La Sala de lo Social ha respaldado la resolución previa dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba al entender que la cláusula del contrato que regulaba dicho periodo de prueba no era válido porque la empresa no fijó la duración del mismo.

El origen del conflicto laboral se remonta a finales de 2022, cuando el demandante aceptó la propuesta de la adjudicataria del servicio de hostelería del hospital para incorporarse como jefe de barra. En aquel momento, el trabajador estaba disfrutando del permiso por nacimiento de su hijo tras trabajado en otro establecimiento hostelero. Para poder incorporarse de forma inmediata al nuevo puesto en el Reina Sofía, el empleado renunció a las semanas de descanso por paternidad que aún le quedaban pendientes. Sin embargo, apenas un mes después de la firma del contrato y de su inicio en la cafetería, la compañía le notificó por correo electrónico la rescisión de su contrato argumentando que no había superado el periodo de prueba por una supuesta “falta de liderazgo y de habilidades sociales”.

La decisión dejó al trabajador en una situación de extrema vulnerabilidad económica y administrativa. Al haber renunciado a su baja paternal para cambiar de empresa sin cumplir el periodo mínimo obligatorio de descanso fijado por la norma, la Seguridad Social le denegó la reanudación de la prestación por nacimiento. Del mismo modo, el Servicio Público de Empleo Estatal le denegó el acceso al subsidio por desempleo al no acumular el tiempo mínimo de cotización exigido en la nueva firma tras una salida voluntaria de la anterior.

Ante esta situación, el trabajador demandó a la empresa, ganando en primera instancia y ahora en el TSJA, que ha declarado el despido nulo por dos motivos. En primer lugar, porque el contrato firmado no ponía cuántos días o meses duraba exactamente el periodo de prueba, sino que ponía una frase genérica que remitía al convenio colectivo. En su sentencia, el alto tribunal andaluz ha hecho alusión a la jurisprudencia del Supremo, que exige que la duración exacta del periodo de prueba esté especificada. Al no estar fijada, ese periodo de prueba no es válido y, por tanto, echarlo al mes no fue “no superar la prueba”, sino un despido improcedente.

En segundo lugar, el TSJA ha declarado este como un despido nulo por la particularidad del trabajador: un empleado que acababa de ser padre. La ley protege a los trabajadores que vuelven de una baja de paternidad/maternidad durante los 12 meses siguientes al nacimiento. En su defensa, la empresa alegó que esa regla no aplicaba porque el trabajador venía de otra empresa, argumento que ha rechazado el tribunal, aclarando que la protección por paternidad también le cubre, aunque haya cambiado de empresa.

Así las cosas, el TSJA ha condenado a la entidad a readmitir al trabajador en su puesto, pagarle todos los sueldos perdidos desde que lo despidieron en enero de 2023 y abonar 600 euros de las costas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un conductor de Baena que, pese a contar con un extenso historial de delitos contra la seguridad vial, volvió a ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado, ratificando íntegramente la resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba. Se trata de la quinta condena por este motivo que pesa sobre el condenado, a quien la Audiencia ha definido como un “verdadero fracaso resocializador”.

El incidente se remonta a la noche del 27 de julio de 2025 en Baena. Minutos antes de la 1:00, agentes de la Policía Local acudieron a un establecimiento de la localidad tras recibir un aviso de que un cliente estaba molestando a la clientela. Al personarse en el lugar, los agentes se encontraron con el implicado cuando se disponía a marcharse. Al detectar evidentes síntomas de que se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, los policías le recomendaron de forma explícita que no condujera. Sin embargo, la advertencia fue ignorada de inmediato.

Poco después, mientras los agentes patrullaban por una calle, observaron cómo un coche se dirigía hacia ellos sin las luces encendidas e invadiendo el carril contrario. Tras darle el alto, el conductor mostró serias dificultades incluso para lograr aparcar el coche. Al someterlo a la prueba de alcoholemia, el test arrojó un resultado de 1,01 miligramos de alcohol por litro de aire espirado a las 01:03. En la segunda prueba, realizada unos 15 minutos más tarde y aplicando el margen de error legal, la tasa definitiva quedó fijada en 0,934 mg/l, lo que casi cuadruplica el límite general permitido de 0,25 mg/l.

Los agentes hicieron constar en el atestado un detallado cuadro de síntomas de embriaguez: el acusado presentaba un rostro sudoroso y congestionado, ojos velados, brillantes y apagados, habla pastosa y titubeante, nistagmos, olor a alcohol notorio a distancia en el aliento, andar oscilante y un comportamiento que alternaba entre lo educado y lo exaltado, repitiendo de forma constante las mismas frases e ideas.

Esta es la quinta condena que tiene el hombre por conducir borracho, después de las sentencias firmadas en 2009, 2014 y dos en febrero de 2020. Además, también tiene una condena de 2014 por conducir sin permiso. No obstante, estos fallos no han computado a efectos de reincidencia dado el periodo de tiempo transcurrido entre los mismos y los hechos condenados en esta última sentencia.

Tras el recurso del condenado, la Audiencia ha recalcado la gravedad de los hechos y ha recordado que la jueza de primera instancia ya fue benévola al optar por una pena de multa en lugar de la prisión que contempla el Código Penal. Además, la magistrada aplicó una de las cuotas diarias más bajas permitidas por la ley. De este modo, además de la multa de 1.440 euros, el tribunal ha ratificado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 18 meses y el pago de las costas de primera instancia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a cerca de una veintena de acusados vinculados a la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias.

En un primer momento, la Audiencia fijó la celebración de este juicio entre el 19 y el 23 de octubre. Sin embargo, ha tenido que modificar el cronograma debido a un problema de incompatibilidad con la agenda de un letrado -al coincidir con un procedimiento preferente ante el Tribunal del Jurado-. Por tanto, el juicio se ha adelantado a los días 6, 7, 8 y 9, celebrándose la última sesión el 30 de octubre.

Las investigaciones judiciales se remontan a mayo de 2020, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Córdoba localizó las naves de operaciones de la banda. A lo largo del operativo, las fuerzas de seguridad lograron incautar un peso neto total de 20.543.003 gramos (más de 20,5 toneladas) de hachís. Entre las mayores incautaciones destaca el registro de un camión en el Polígono Industrial Las Viñas de Mollina (Málaga), donde se encontraron 18,5 toneladas netas de hachís ocultas bajo un cargamento simulado de tomates. Según estimaciones de la Dirección General de la Policía, el valor total de la sustancia intervenida en el mercado ilícito asciende a 138.931.831 euros.

La Fiscalía señala como líderes de la trama a A.G.P., alias Rambito, y a su pareja. Bajo su mando, la red operaba con una estructura piramidal que controlaba naves industriales en Palma del Río y Mollina, sirviéndose de una flota de camiones para distribuir la droga hacia Europa, principalmente a Francia. Para ocultar los inmensos beneficios del narcotráfico, los líderes constituyeron dos empresas fantasmas. Tras analizar sus cuentas, la investigación reveló un patrimonio injustificado y desvíos de dinero en efectivo de origen ilícito que superan con creces los ingresos declarados de las firmas.

El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para Rambito y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Mención aparte merece el caso de uno de los procesados, quien protagonizó una espectacular fuga de 40 kilómetros por carreteras de Sevilla a bordo de un coche cargado con 288 kilos de hachís, llegando a embestir un vehículo oficial y lesionar a dos agentes de la Guardia Civil. Además de los siete años de prisión por el tráfico de drogas, el fiscal exige para él penas adicionales que suman siete años y 11 meses de cárcel por conducción temeraria, conducir sin puntos en el carnet, falsedad en documento oficial y atentado contra los agentes de la autoridad, así como diversas multas y compensaciones económicas a los dos guardias lesionados.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha decretado la puesta en libertad provisional con medidas cautelares para el joven procesado por intentar apuñalar a un conductor de Aucorsa tras una discusión de tráfico el pasado mes de noviembre. La Sección Segunda de la Audiencia ha estimado el recurso de súplica presentado por su abogado, José Rafael Palomino, dejando sin efecto la prisión preventiva en la que se encontraba desde que se entregó en comisaría dos días después de los hechos. El procesado ha estado en la cárcel desde el 24 de noviembre.

La decisión de la Audiencia se produce en paralelo a la tramitación del caso en la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba. El pasado mes de marzo, la magistrada titular dictó un auto de procesamiento contra el joven al apreciar indicios racionales de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, convirtiendo las diligencias previas en un sumario ordinario. Esta calificación abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

Según consta en el auto judicial, los hechos se desencadenaron el pasado 22 de noviembre a las 18:48 en la parada de Camino de la Barca. El investigado, que circulaba en patinete, recriminó al conductor que se había saltado un ceda el paso. En el transcurso de la disputa, el conductor cerró la ventanilla atrapando la mano del procesado y causándole lesiones.

Tras este primer incidente, el joven acudió a su domicilio para armarse con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Posteriormente se desplazó hasta otra parada en Campo Madre de Dios, donde esperó durante 17 minutos hasta la llegada del mismo autobús a las 20:05. Una vez a bordo, intentó asestar dos puñaladas al trabajador: primero, a través de la ranura del cajetín de cobro y, después, bordeando la mampara de protección. A pesar de que la víctima logró esquivar los cortes y solo sufrió una contusión en el hombro, la jueza señala que las cámaras de seguridad reflejan que el investigado actuó con “premeditación y clara intención de causar un daño grave o la muerte”.

El informe forense, clave para la excarcelación

A pesar de la gravedad de la imputación de la jueza instructora, la Sección Segunda de la Audiencia ha considerado que no es necesario que el joven continúe privado de libertad tras pasar nueve meses en prisión preventiva. La resolución judicial se fundamenta en un informe pericial forense emitido el pasado 11 de agosto (junto a dos periciales aportadas por la defensa), el cual no fue valorado en resoluciones anteriores. El dictamen médico concluye que el procesado no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. Los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano.

La Audiencia argumenta que, al descartar los forenses que el investigado sufra una patología o un rasgo violento con falta de control de impulsos en entorno abierto, el riesgo de reiteración delictiva disminuye sensiblemente. Asimismo, el tribunal subraya el arraigo familiar y laboral del joven en Córdoba, así como el hecho de que la fase de instrucción ya se encuentra totalmente agotada. De este modo, el joven ha quedado en libertad con varias medidas cautelares, como la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, comparecencias periódicas todos los lunes en el juzgado, la retirada del pasaporte y la obligación de notificar el domicilio donde resida.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará el próximo mes de enero al pandillero acusado de intentar matar a un joven por una supuesta rivalidad entre maras, las conocidas bandas de El Salvador. Según ha confirmado la abogada de la defensa, María del Mar Jiménez Sánchez, la causa se desarrollará durante un único día, el 19.

Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

Cinco años y seis meses de prisión. Esa es la pena que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a un hombre quien en enero de 2022 se enfrentó violentamente a la Guardia Civil con un cuchillo de cocina para boicotear la detención de su hijo, lesionó en el rostro a uno de los agentes y terminó atrincherándose en la vivienda de una vecina en la que se encontraban dos menores.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que el procesado ya había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad: la primera, por la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial en marzo de 2018, y la segunda, por el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital en noviembre del mismo año.

Los hechos juzgados se desencadenaron el 10 de enero de 2022, cuando la Guardia Civil organizó un operativo policial de localización y arresto en torno a un inmueble donde se encontraba oculto el hijo del acusado. Al tener conocimiento de la presencia de las patrullas, su padre se personó en el lugar en un estado de gran alteración, esgrimiendo un cuchillo de cocina de 24 centímetros de longitud y amenazando con cortarse el cuello ante los agentes. Blandiendo el arma con energía, se encaró con los guardias civiles al grito de “perros, os voy a matar...” para exigirles que le permitiesen el paso.

Ante la agresividad del hombre, la patrulla optó por permitirle acceder a la casa para evitar males mayores, de la que salió poco después acompañado por su hijo mientras ambos eran seguidos a corta distancia por los efectivos policiales, que continuaron recibiendo continuas amenazas de muerte. Al alcanzar una zona despejada, uno de los agentes se abalanzó sobre el acusado para intentar arrebatarle el arma blanca mientras un compañero trataba de reducirlo. Sin embargo, el procesado entabló un duro forcejeo en el que no soltó el cuchillo, zafándose de la patrulla y dándose a la fuga a pie. En ese momento, el hijo del procesado aprovechó para huir.

A causa de esta intervención violentada, uno de los guardias civiles sufrió un corte inciso profundo en el rostro de unos cinco centímetros, que se extendió desde la raíz nasal hasta la región del ojo izquierdo. La herida requirió asistencia de urgencia y una intervención de sutura por planos, tardando 52 días en curar con un perjuicio personal moderado y dejándole como secuela una cicatriz visible de siete centímetros que supone un perjuicio estético ligero.

En su huida, el acusado entró en un edificio cercano, echó la puerta abajo de una patada e irrumpió ensangrentado y cuchillo en mano en el domicilio de una vecina, que en ese momento se hallaba dentro junto a sus dos hijos menores de edad. El procesado conminó a la mujer a guardar silencio y se sentó en una butaca del salón sin dejar de esgrimir el cuchillo de cocina. Tras algo más de diez minutos en los que la mujer y su hijo mayor pudieron moverse por el piso, la familia logró salir al exterior, momento en el que la patrulla de la Guardia Civil que rodeaba el inmueble accedió a la vivienda para reducirlo y detenerlo.

A consecuencia de su arresto, el procesado estuvo en prisión preventiva desde el 10 de enero hasta el 14 de septiembre de 2022. Desde esa fecha, quedó en libertad provisional sometido a medidas cautelares que le prohibían abandonar el territorio nacional con retirada del pasaporte, le imponían la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y fijaban una orden de alejamiento e incomunicación con la vecina afectada.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial lo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito de atentado agravado por el empleo de instrumento peligroso, a un año de cárcel por un delito de lesiones y otro más por el de coacciones. El tribunal ha descartado la acusación de detención ilegal formulada por la Fiscalía y la acusación particular al considerar que la limitación de movimiento que sufrió la vecina no era el objetivo del acusado, sino una consecuencia de su intento de ocultarse de la Guardia Civil.

El tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas tras apreciar un estancamiento “extraordinario e indebido” en la fase intermedia de la causa dentro del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Posadas, donde las diligencias sufrieron una parálisis ininterrumpida de más de un año entre abril de 2023 y octubre de 2024. Asimismo, la sentencia ha rechazado la atenuante de toxicomanía solicitada por la defensa al no haberse aportado ninguna prueba que acreditara que el procesado actuara con las facultades mermadas por el consumo de drogas.

Por último, el condenado deberá indemnizar al guardia civil herido con 9.120 euros y abonar las costas del juicio.

La Administración de Justicia ha comenzado a dar salida al tapón de vacantes que arrastran desde hace años las dependencias judiciales de la provincia de Córdoba. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer este lunes la adjudicación definitiva de destinos correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2022, una de las mayores de empleo público desplegada en el ámbito judicial en la última década.

En la provincia de Córdoba, el impacto directo de esta resolución se traduce en la llegada de tres funcionarios de carrera a tres juzgados situados fuera de la capital: Lucena, Palma del Río y Villanueva de Córdoba. Las adscripciones refuerzan de forma permanente las plantillas de los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal y Administrativa, dos áreas operativas clave para el día a día de las sedes y la tramitación de los expedientes.

En concreto, el Servicio Común de Tramitación de Lucena y la Oficina de Justicia de Villanueva de Córdoba recibirán ambas un nuevo personal titular en el Cuerpo de Auxilio Judicial. Por su parte, la Oficina de Justicia de Palma del Río sumará un puesto definitivo en el escalafón de Tramitación Procesal y Administrativa.

La resolución marca además el calendario formal para la toma de posesión. Los profesionales adscritos a estos destinos dispondrán de un plazo improrrogable de 20 días hábiles, a contar desde el próximo 1 de septiembre, para personarse y formalizar la toma de posesión ante la jefatura de personal de la Delegación Territorial de Justicia en Córdoba.

La llegada efectiva de estos funcionarios de carrera implicará, de manera paralela, el cese automático del personal interino que hasta la fecha venía cubriendo estas vacantes de forma provisional. Asimismo, la normativa fija que los profesionales que asuman estos destinos con carácter forzoso -es decir, quienes preferían otra provincia, pero les tocó esta por puntuación- deberán permanecer obligatoriamente en sus puestos un mínimo de dos años antes de poder solicitar cualquier concurso ordinario de traslados. Con esta exigencia, la Administración busca garantizar la estabilidad del servicio en los juzgados de la provincia.

La Sección de Instrucción número 7 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha asumido definitivamente la investigación de una presunta red de estafas informáticas dedicada a la oferta engañosa de coches clásicos por internet.

Según ha podido saber este periódico, en las diligencias de investigación constan tres denuncias de compradores perjudicados con residencia en el extranjero, todos ellos engañados bajo el mismo modus operandi. Uno de ellos es un ciudadano francés que abonó 1.000 euros en concepto de señal por un modelo Triumph TR3 tras contactar por WhatsApp con los supuestos vendedores a través de una página web fraudulenta.

El comprador viajó desde París hasta A Coruña confiando en acudir al taller donde supuestamente se custodiaba el automóvil. Sin embargo, al llegar a la dirección indicada, comprobó que se trataba de un edificio residencial sin rastro de actividad comercial y que los estafadores habían cortado todo contacto. A esta denuncia se suman otras dos de víctimas internacionales que cayeron en el mismo engaño tras realizar transferencias bancarias como reserva.

Aunque la investigación se inició en Galicia por ser el lugar a donde se desplazó el denunciante, las pesquisas policiales constataron que la cuenta bancaria del BBVA que recibió el dinero tenía su domicilio fiscal en Córdoba, ciudad donde además reside el investigado titular de la misma. Por tanto, tras una cuestión de competencia elevada al Tribunal Supremo, será el juzcado cordobés el encargado de la instrucción del caso.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer que reclamaba la devolución del dinero invertido en acondicionar una planta de un edificio propiedad de su exsuegro, donde residió durante años junto a su pareja, el hijo del dueño. El alto tribunal español revoca así la sentencia de un juzgado de Montilla, que después fue confirmada por la Audiencia Provincial, invocando el “enriquecimiento injusto” que supondría que el hombre tuviera una vivienda nueva sin ofrecer ninguna compensación a su exnuera.

La historia se remonta 2009, en Montilla. Tras quedarse en paro y enfrentar dificultades económicas, la pareja decidió trasladarse a esta localidad cordobesa para instalarse en un inmueble propiedad del padre del joven. La vivienda, sin embargo, no estaba terminada: la planta destinada a la pareja era una estructura diáfana de hormigón armado, sin condiciones de habitabilidad.

Entre 2009 y 2010, la mujer, con el apoyo de su propia familia, financió íntegramente toda la obra, además de dotar al piso de mobiliario. El coste total de esta transformación, según los hechos probados en la sentencia, ascendió a 47.463,02 euros, una cantidad que la demandante cubrió mediante transferencias bancarias de sus padres y abuelas.

La convivencia se mantuvo hasta abril de 2016, cuando la relación sentimental se deterioró hasta provocar la salida de la mujer del domicilio junto a su hijo menor. Tras la ruptura, la demandante reclamó la inversión realizada, argumentando que el dueño del inmueble les había prometido en su día escriturar la vivienda a nombre de la pareja -una promesa que nunca se cumplió- y que, ahora, el exsuegro se beneficiaba de una propiedad completamente terminada sin haber costeado nada.

¿Accesión inmobiliaria o enriquecimiento injusto?

La demanda fue rechazada inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla, sentencia que después confirmó la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Ambos tribunales se basaron en una figura jurídica llamada “accesión inmobiliaria”, que regula qué ocurre cuando alguien edifica en suelo ajeno. Los tribunales cordobeses razonaron que, como existía esa norma específica, la mujer debía haber reclamado por esa vía y no por la del “enriquecimiento injusto”.

En el derecho español, el enriquecimiento injusto es una herramienta “subsidiaria”, lo que significa que solo se puede usar si no hay otra ley específica para el caso. Los jueces de Córdoba interpretaron que, al existir la “accesión”, esa vía estaba bloqueada para la demandante, dejándola sin posibilidad de recuperar su inversión.

Sin embargo, el Supremo ha desmontado este argumento, aclarando que la norma de la “accesión” no se puede aplicar cuando el dueño del inmueble conoce, tolera y autoriza expresamente las obras, como ocurrió en este caso, donde incluso el hijo del propietario participó en los trabajos. Al no ser un caso de accesión, no existía ninguna otra norma legal específica que regulara este conflicto concreto. Por tanto, el alto tribunal concluye que la vía del enriquecimiento injusto era perfectamente válida, dejando claro que el propietario se ha visto beneficiado al quedarse con una vivienda terminada y revalorizada a costa de un “empobrecimiento” claro de su exnuera, sin que exista causa legal que lo justifique.

Como resultado, el Supremo condena al exsuegro a abonar a la recurrente los 47.463,02 euros reclamados, más los intereses legales generados desde la presentación de la demanda, además de imponer al demandado el pago de las costas procesales de la primera instancia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, a través de una sentencia de conformidad entre las partes, ha condenado a tres años de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de robo con fuerza cometido en Almodóvar del Río durante los primeros días de diciembre de 2025. Es la séptima condena que pesa sobre este procesado y por delitos similares.

Los hechos probados señalan que los robos arrancaron en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 en la sede de la Asociación Cultural El Ateneo. El acusado escaló por la cancela del restaurante de la planta baja hasta el primer piso, donde fracturó una contraventana de madera para sustraer un portátil, un móvil y un pendrive. Acto seguido, forzó la separación metálica interior para acceder al propio bar, apoderándose de 1.100 euros en metálico y 440 euros en décimos de lotería.

Dos días después, sobre las 3:20 del 3 de diciembre, palanqueó la persiana metálica de una librería y sustrajo 500 euros en efectivo de la caja registradora. Inmediatamente después, intentó asaltar una cafetería empleando una barra de hierro sobre la puerta de entrada, aunque no logró acceder al interior. Esa misma tarde, la pareja del procesado entregó voluntariamente en dependencias policiales el portátil y varios cupones de lotería, que ya han sido devueltos a sus dueños.

Para la condena, el tribunal ha aplicado la agravante de multirreincidencia, ya que el procesado acumula seis condenas anteriores por robos con fuerza dictadas por juzgados de Córdoba y Sevilla entre 2018 y 2024. Asimismo, la sentencia reconoce la atenuante analógica de adicción grave a las drogas, al constatar que el procesado actuaba bajo un plan preconcebido para costearse sustancias estupefacientes, consumo que mermaba levemente sus facultades.

El procesado, que deberá abonar las costas del juicio e indemnizar a los afectados, está en prisión desde que fue detenido el pasado 5 de diciembre, periodo que se le abonará para el cómputo de la condena. Además, la Audiencia ha remitido la sentencia al Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla para que determine si procede revocar los beneficios de la suspensión de una pena anterior de seis meses de cárcel.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Lucena plaza número 1 ha abierto diligencias previas contra el Ayuntamiento de Lucena por hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra animales domésticos y le ordena que suministre comida y agua a una colonia de unos 40 gatos ubicada en terrenos municipales.

El auto del juzgado -al que ha tenido acceso este periódico y que ha sido adelantado por Lucena Hoy-, responde a una denuncia interpuesta por la responsable de la asociación protectora CER Lucena que había asumido el cuidado de la colonia felina y apunta a la omisión del deber del Ayuntamiento para atender a estos animales.

En el escrito del juzgado, fechado el pasado 14 de agosto, se acuerda incoar diligencias previas y se requiere al Ayuntamiento de Lucena “a fin de que procure sustento (con suministro de comida y agua)” a los gatos “y, siendo posible, proceda a la recogida de los que se encuentren extraviados y abandonados, en un centro de protección animal”.

También requiere al Consistorio para que permita a la asociación denunciante a acceder al recinto en que se encuentra la colonia para atender su cuidado y, asimismo, el juez pide que aporte el expediente del contrato relativo a la gestión y mantenimiento de las colonias felinas, a la vez que debe justificar por qué motivo no ha intervenido en este caso.

Pide al Seprona un informe sobre la colonia de gatos

De igual manera, también se le pide al Ayuntamiento conocer si cuenta con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales durante las 24 horas y ordena librar oficio al Seprona de la Guardia Civil para que acuda a la parcela y verifique el estado en que se encuentra la colonia de gatos, realizando un informe de ello.

Este auto del juzgado llega tras la denuncia interpuesta por la responsable de la protectora -consultada por este periódico-, “en calidad de cuidadora de facto y gestora sustituta” sobre el cuidado de la colonia felina, que apuntaba ante el Juzgado de Instrucción de Guardia los posibles hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra animales domésticos con resultado de muerte, así como de daños, contra el propietario del solar y también contra los responsables de las tareas de desbroce del mismo que arrasaron la colonia felina este verano.

En su denuncia expone que desde hace aproximadamente un año y medio ejerce de forma diaria las labores de alimentación, control y cuidados de la colonia de gatos ubicada en el solar, con la solicitud al Ayuntamiento del carnet de cuidadora autorizada y la regularización formal de la citada colonia. “Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha mantenido un absoluto silencio administrativo, omitiendo el desarrollo de los Programas de Gestión de Colonias Felinas que le impone el artículo 39 de la Ley 7/2023. Esta continuada inactividad de la administración local obligó a la denunciante, por razones de extrema necesidad y humanidad, a asumir de su propio patrimonio los gastos de alimentación, veterinario e infraestructuras de la colonia felina, actuando como gestora de un servicio público obligatorio desatendido”.

Por ello, apunta a la “inactividad del Ayuntamiento de Lucena” en el cuidado del núcleo felino y precisa que, en dos escritos presentados en julio, notificó al Consistorio que cesaba definitivamente su labor voluntaria de alimentación, abastecimiento de agua y cuidado sanitario de los gatos, advirtiendo que a partir del 1 de agosto “la posición de garante, la custodia legal y la responsabilidad exclusiva sobre el bienestar e integridad de los 40 gatos recaía única y directamente sobre el Ayuntamiento de Lucena”.

Junto a ello, la denuncia también se interpone contra los “operarios o responsables” de las tareas de “desbroce mecánico e intencionado del solar y la destrucción de las instalaciones” que este conllevó. Y relata cómo “en la noche del día 4 de julio de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas, al acudir al citado solar para realizar las tareas diarias de alimentación, la denunciante constató la destrucción absoluta de toda la infraestructura de la colonia”, tras dicho desbroce.

Refiere, en ese sentido, que “arrasó el refugio de madera, los comederos y los bebederos, dejando los restos esparcidos y destrozados por la parcela. Esta acción privó de forma inmediata a los animales de agua, comida y cobijo en pleno mes de julio, exponiéndolos a temperaturas extremas (ola de calor) con riesgo inminente para su salud y sus vidas”. Y asimismo apunta a “la desaparición forzosa y presunta muerte por trituración de un gato lactante”.

Contra el auto de apertura de diligencias cabe la interposición de recurso.

Un colegio privado de La Carlota, en Córdoba, ha sido condenado a pagar una sanción de 6.251 euros por haber obstruido a la Inspección de Trabajo durante una visita en junio de 2020, en plena pandemia. Los inspectores acudieron al centro, donde apreciaron claros indicios de que había actividad docente presencial, prohibida por el estado de alarma debido al covid. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado así el recurso interpuesto por la empresa propietaria del centro después de que el Juzgado de lo Social numéro 4 de Córdoba ratificara la sanción impuesta por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de junio de 2020, cuando inspectoras de Trabajo acudieron al centro educativo. Según la sentencia, al llegar al colegio, los responsables impidieron inicialmente su acceso. Durante la espera a las puertas del colegio, las inspectoras vieron cómo una persona salía del colegio para recoger a unos niños, pasando todos al interior del centro.

Desde la planta de arriba, se asomó alguien del colegio, a quien las inspectoras le comunicaron que pretendían realizar una inspección de trabajo, por lo que pidieron la apertura d ela puerta. Tras esperar unos minutos, nadie respondió a este requerimiento. Mientras tanto, las inspectoras se percataron de que dos personas con niños, de muy corta edad, abandonaban el colegio por un callejón lateral, pese a las peticiones de las agentes para que detuvieran su salida. Además, vieron cómo un coche aparcó la puerta, se bajaron niños y, después, abandonó el lugar.

Según la sentencia, las inspectoras tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Tras personarse la pareja de agentes, las empleadas del colegio abrieron la verja del centro, accediendo todos al interior. Allí atendió a la Inspección una persona que se identificó como administradora de la empresa, a quien estos funcionarios de Trabajo exhibieron sus credenciales recordando que están facultados para “acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en todo centro de trabajo”, recordándole que cualquier acción u omisión destinada a impedir sus labores constituye una infracción. Una vez que pudieron acceder al recinto, las inspectoras preguntaron a esta trabajadora sobre la actitud de negar la entrada y sobre las personas adultas y niños vistos saliendo por el patio trasero, no obteniendo ninguna respuesta.

La Inspección dejó constancia de indicios claros de actividad presencial, como la existencia de carritos de bebé, material escolar, tablets, mascarillas quirúrgicas, botellas de agua, chaquetas colgadas de los respaldos de algunas sillas y fichas de actividades con fecha marcada lunes 15. Ante esto, las respuestas de la representante del colegio fueron que “todo se había quedado así al decretarse el cierre de los centros educativos en el mes de marzo por el estado de alarma y que las mascarillas eran por la alergia”. Por su parte, una celadora del centro declaró como testigo en el juzgado que una inspectora tenía la temperatura alta y se la hizo esperar, negando que hubiese timbre de entrada y asegurando que, una vez superadas las medidas sanitarias, se facilitó el acceso a todo.

En el análisis del recurso del colegio, el TSJA no ha entrado a discutir el fondo de la obstrucción, que quedó probado en instancia, sino que ha recordado que en sanciones ajenas a la materia de Seguridad Social (como en este caso, que fue la vulneración del artículo 50.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socia), el acceso al recurso de suplicación exige que el importe de la sanción exceda de la suma de 18.000 euros. Al tratarse de una multa de 6.251 euros, la sentencia no puede ser recurrida ante el TSJA. Por último, el colegio ha sido condenado al pago de las costas, cuantificadas en 400 euros más IVA.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un vendedor a indemnizar con 3.000 euros al comprador de un coche de segunda mano porque el vehículo presentaba una avería grave oculta -una fisura en la bancada del motor- que provocó que el automóvil quedara inutilizado en el mismo viaje de regreso una vez que fue comprado.

Los hechos se remontan a agosto de 2023, fecha en la que el demandante se desplazó desde Cabra hasta el domicilio del vendedor, en la provincia de Cáceres, para recoger un modelo Chrysler anunciado a través de una red social por 7.000 euros. El vehículo contaba con una primera matriculación de febrero de 2008 y marcaba 346.000 kilómetros en su cuentakilómetros. Al llegar a la altura de Aguilar de la Frontera, en pleno trayecto de vuelta a su domicilio, el motor sufrió una parada brusca e irreversible. Un informe pericial acreditó que el bloque motor presentaba una fisura previa que generaba una pérdida constante de aceite, lo que sumado a daños estructurales anteriores en la parte delantera izquierda, derivó en el gripado total del motor.

En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cabra estimó íntegramente la demanda y condenó al vendedor -que se había mantenido inicialmente en rebeldía procesal- al pago de 7.450,21 euros. Tras comparecer en el procedimiento y recurrir la sentencia, el vendedor alegó diversos defectos procesales y cuestionó la realidad de los hechos. La Sección Primera de la Audiencia Provincial desestimó los motivos de nulidad, pero estimó parcialmente el recurso en lo referente al importe de la condena.

De este modo, los magistrados recuerdan que el comprador optó por mantener el coche y solicitar una rebaja del precio en lugar de rescindir el contrato. En este sentido, la Sala ha considerado que obligar al vendedor a sufragar una reparación íntegra con piezas totalmente nuevas supondría un enriquecimiento injusto para el demandante. Al haber adquirido un motor usado que ya funcionaba satisfactoriamente y revalorizaba el estado inicial del turismo, la cuantía indemnizatoria se ha fijado definitivamente en 3.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a una estudiante cordobesa a reintegrar a la Junta de Andalucía un total de 2.337,05 euros (que corresponden a 2.008,21 euros de principal de una ayuda al estudio y 328,84 euros de intereses de demora) después de no aprobar la mitad de las asignaturas, uno de los requisitos indispensables para mantener la beca. La joven aseguró que había tenido problemas de salud que le habían imposibilitado estudiar, pero no los llegó a notificar.

El caso se remonta al curso académico 2016-2017, periodo en el que esta alumna estudiaba un grado medio de Formación Profesional en el instituto IES Alto Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo. Tras no aprobar el 50% de las asignaturas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrió un expediente de reintegro de la beca. Para intentar frenar la devolución del dinero, la alumna lo recurrió, alegando que tanto ella como su madre sufrieron graves problemas de salud durante aquel curso escolar.

Por un lado, detalló episodios clínicos graves de su progenitora que requirieron reiteradas hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, lo que obligó a la joven a volcarse en su cuidado continuo. Por otro lado, argumentó que ella misma arrastró afecciones físicas, como una dolencia de tiroides que le acarreó graves inconvenientes y que terminó derivando en una intervención quirúrgica en 2018. Asimismo, la recurrente alegó que el expediente de reintegro prescribió y afirmó que había sufrido un perjuicio económico añadido al habérsele denegado becas en convocatorias posteriores debido a arrastrar esta ayuda pendiente de devolución.

Sin embargo, el TSJA ha zanjado la cuestión señalando que la estudiante no comunicó debidamente dicha situación a través de los canales administrativos previstos en su momento. Y es que la convocatoria de la beca establecía mecanismos específicos, como los modelos de renuncia o la comunicación formal de incidencias, para que los beneficiarios avisaran de la imposibilidad de cumplir con los fines de la ayuda y procedieran a su devolución voluntaria. Al no haber utilizado estos cauces reglamentarios y limitarse a suspender las asignaturas sin dar el aviso formal oportuno a la Administración, la obligación de reintegro se mantiene firme.

Sobre la prescripción de la acción de reintegro, el tribunal ha recordado que el plazo de cuatro años no comenzó a contar con la mera solicitud o el inicio del curso, sino a partir de la fecha de la resolución definitiva de concesión de la beca, dictada el 31 de octubre de 2017. Dado que el acuerdo de inicio del expediente se notificó en marzo de 2021, la Administración actuó dentro del plazo legalmente establecido. Por último, la estudiante deberá pagar las costas procesales hasta un máximo de 300 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a seis años de prisión y multa de casi 90.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con notoria importancia. El hombre alquiló un coche en Lucena, que no devolvió cuando venció el contrato y que fue encontrado en Valencia. Cuando el turismo regreso al municipio cordobés, la sorpresa de la empresa lucentina fue mayúscula: en el maletero había casi un kilo de cocaína.

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado venía utilizando para sus desplazamientos un turismo propiedad de una empresa de alquiler de vehículos de Lucena. En junio de 2025 venció el contrato de arrendamiento sin que el procesado lo renovara, por lo que fue avisado de que el coche le sería retirado durante la primera semana de agosto. Sin embargo, el vehículo no fue entregado a la empresa.

Mediante el análisis del dispositivo GPS del coche, la investigación judicial acreditó que el 6 de agosto de 2025 el turismo efectuó diversos desplazamientos entre las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por los enclaves murcianos de Sangonera La Seca y Cañada Hermosa. En uno de estos trayectos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína (con una pureza media del 80,92%), valorados 29.065 euros.

El 7 de agosto, sobre la 1:25, el representante de la empresa propietaria localizó el turismo en una calle de Valencia gracias al sistema de geolocalización. El coche fue recuperado gracias a una segunda llave y trasladado a Lucena. Días después, el 11 de agosto, el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo el 5 de agosto en la entrada de Mercamurcia y que este le había comunicado la existencia de un kilo de cocaína en el interior. Tras personarse un dispositivo de la Brigada de Policía Judicial de Lucena en las instalaciones de la empresa, los agentes hallaron el paquete de droga en el maletero, bajo la bandeja y en el compartimento de la rueda de repuesto, procediendo a su aprehensión y al posterior decomiso y destrucción.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Murcial lo condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 87.195 euros, fallo que el condenado recurrió ante el TSJM. En su escrito de apelación, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba testifical y una supuesta denegación indebida de diligencias esenciales, como el acceso a grabaciones de cámaras y la geolocalización del teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la Sala ha determinado que esta última nunca fue propuesta en el escrito de defensa ni al inicio de la vista oral, y ha calificado la solicitud sobre las cámaras de seguridad como una diligencia puramente exploratoria e inadmisible por extemporánea. Asimismo, el tribunal ha dado solidez a la prueba indiciaria, concluyendo que la versión exculpatoria ofrecida por el acusado era falsa e incompatible con los datos del GPS y los testimonios practicados en el juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de seis meses de prisión para un hombre por las lesiones causadas a un hostelero en Puente Genil. Su hermano también ha sido condenado, aunque en su caso la pena se limita a una multa por la agresión cometida contra el hijo del propietario durante la misma trifulca, originada cuando el principal condenado intentó llevarse un vaso de cristal del establecimiento.

Los hechos se remontan a la noche del 21 de septiembre de 2023. Según recoge la sentencia, los acusados se encontraban en el local cuando, al cierre, uno de ellos decidió llevarse un vaso de cristal. El hijo del propietario se dirigió a él de manera educada para pedirle que lo devolviera, ofreciéndole incluso un vaso de plástico a cambio.

La respuesta de este acusado, lejos de ser conciliadora, fue desafiante, espetándole “tienes razón, bien dicho, pero si quiero me lo llevo”. A continuación, apretó el vaso hasta romperlo con su propia mano. En ese momento, el segundo acusado intervino propinando un puñetazo en la cara al hijo del dueño, haciéndolo caer al suelo. Cuando la víctima advirtió que llamaría a la policía, ambos hermanos se abalanzaron sobre él: mientras uno lo golpeaba, el otro lo retenía para impedir que pudiera defenderse.

Al ver la agresión, el propietario del bar se acercó para intentar proteger a su hijo. Fue entonces cuando el acusado condenado a prisión le propinó un fuerte empujón que desplazó al hostelero violentamente contra un vehículo, cayendo posteriormente al suelo y golpeándose la muñeca contra el pavimento. Como resultado de esta paliza, el hijo del dueño del bar sufrió contusiones que sanaron en una semana, pero su padre sufrió la rotura del radio de una muñeca que requirió intervención quirúrgica, inmovilización con férula, fisioterapia y un periodo de recuperación de más de dos meses. Además, al ser el único trabajador de su negocio, el hostelero se vio obligado a cerrar el bar durante todo el tiempo que duró su baja.

Tras la condena de la plaza número 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, la defensa de los hermanos recurrió, sosteniendo que todo fue un “choque fortuito” o una caída accidental, y pidió que los hechos fueran calificados como una imprudencia. Sin embargo, la Audiencia ha dado plena credibilidad a los testimonios de las víctimas y de los clientes presentes, que coincidieron en describir una agresión “depredadora” y deliberada.

De este modo, el tribunal ha confirmado, para uno, la pena de prisión de seis meses de prisión por un delito de lesiones y una multa de 180 por un delito leve de lesiones, además de pagar una indemnización de 14.976 euros al hostelero (incluyendo el lucro cesante por el cierre del bar) y 249 euros al hijo. Por otro lado, el segundo procesado ha sido condenado a una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y al pago solidario de la indemnización al hijo. Ambos tienen prohibido acercarse al hostelero y a su bar, a menos de 200 metros, durante tres años. Esta misma medida se aplica sobre el hijo de la víctima, pero durante un periodo de seis meses.

Por último, la Audiencia ha ratificado la absolución de los procesados en relación con el delito de amenazas por el que también estaban acusados.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de suplicación presentado por un trabajador de Córdoba después de que un juzgado de la capital considerara que el empresario para el que trabajaba en una finca no debía indemnizarle por el accidente laboral que sufrió. Para esta decisión, el alto tribunal andaluz ha aplicado la “concurrencia de culpas”, por lo que el empresario deberá indemnizarle con 85.598,89 euros dado que en el accidente fueron determinantes las faltas de seguridad.

La caída tuvo lugar hace más de diez años, en enero de 2016, mientras el empleado se encontraba realizando labores de poda de encinas en una finca de la provincia de Córdoba. En un momento dado, el trabajador, con una experiencia de unos ocho años en el sector, accedió a la cruz de un árbol utilizando una escalera de mano. Tras subir, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía podar, llevando consigo una motosierra de unos 3,5 kilos de su propiedad.

Mientras realizaba el corte, escuchó un crujido seco. La rama en la que se encontraba apoyado, que aparentemente parecía estar en buen estado, cedió al estar podrida en su interior. El operario estaba anclado con un arnés precisamente a esa misma rama, pero cayó al vacío desde una altura aproximada de 3,5 metros, impactando contra el suelo. Tras la caída, perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.

Las investigaciones posteriores, tanto de la Inspección de Trabajo como del Centro Provincial de Riesgos Laborales, revelaron una falta de seguridad que ha llevado al TSJA a revocar la sentencia del Juzgado de lo Social número 4. Así las cosas, la empresa carecía de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, no se había evaluado el riesgo de trabajar en altura ni se habían determinado métodos seguros de poda (como el uso de plataformas elevadoras). Tampoco se había acreditado que el trabajador recibiera información sobre los riesgos de su actividad ni formación sobre el uso correcto de los equipos de protección individual (EPIs). Además, se detectó una falta de vigilancia efectiva sobre el método de trabajo utilizado, permitiéndose una práctica de riesgo.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda del trabajador. El juez consideró que, aunque el empresario facilitó arnés y escalera, el empleado actuó con negligencia al no cerciorarse del estado de la rama antes de apoyarse en ella, señalando incluso la existencia de “culpa exclusiva de la víctima”.

Sin embargo, el TSJA ha aplicado la doctrina de la “concurrencia de culpas” al admitir que el trabajador fue imprudente al anclarse a la rama que estaba podando, pero esa imprudencia fue, en gran medida, fruto de la ausencia de formación y evaluación de riesgos por parte del empresario. De este modo, el explotador de la finca, como “garante” de la seguridad, no puede eludir su responsabilidad cuando ha fallado en sus obligaciones básicas.

Por ello, el tribunal ha establecido un reparto de responsabilidad del 70% para la empresa y del 30% para el trabajador. Como resultado, la indemnización total solicitada de 122.284,13 euros -que cubría lesiones temporales, 26 puntos por perjuicio fisiológico, diez por estética y daños morales por la pérdida de calidad de vida- ha sido ajustada a la cifra final de 85.598,89 euros, que el empresario deberá abonar con los intereses legales correspondientes.