La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), retirando la prestación que un juzgado de Córdoba había concedido inicialmente a un banderillero, quien la solicitó durante la pandemia del covid.

Según la sentencia, el demandante, alegando que era banderillero, solicitó esta ayuda en junio de 2020 al amparo del Real Decreto-ley 17/2020. Esta norma fue la primera en establecer medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico de la pandemia.

Sin embargo, el SEPE denegó la solicitud alegando que los profesionales taurinos no estaban incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley. Tras un largo proceso judicial, el Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba dio la razón al trabajador en diciembre de 2023, reconociéndole el derecho a cobrar la ayuda desde mayo de 2020.

Frente a este fallo, el SEPE ha interpuesto un recurso que ha sido estimado por el TSJA, que ha señalado que el primer decreto de mayo de 2020, al que se refiere el banderillero, estaba dirigido exclusivamente a las artes escénicas, la música y la cinematografía, y no a los profesionales taurinos.

No fue hasta la aprobación de un segundo paquete de medidas, el Real Decreto-ley 32/2020 en noviembre de ese año, cuando se habilitó específicamente el “acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos”. Junto a ello, el TSJA ha subrayado que este derecho no tiene carácter retroactivo y nació el 5 de noviembre de 2020, por lo que no es posible reclamar las ayudas correspondientes a los meses anteriores.

Con este fallo, el TSJA ha absuelto al SEPE de pagar al banderillo las cantidades reclamadas.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha acordado incluir en la causa el escrito emitido por el secretario del Área Técnica del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) de 8 de agosto de 2025 dirigido a Adif y en el se comunicaba “la preocupación por el estado general de las líneas”, y en particular de la red de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, junto a otras.

Así lo recoge la jueza en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de haberlo solicitado el día 2 de junio una de las partes personadas en el procedimiento. Dicho escrito lo dirigió el Semaf en agosto de 2025 al director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al director corporativo de Seguridad en la circulación de Adif y al subdirector de Circulación AV Adif.

Al respecto, los maquinistas advirtieron hace un año de la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que estaban produciendo “una falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. Asimismo, se dejaba constancia de que los maquinistas reportaban estas incidencias “diariamente a los responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.

Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, en la misma comunicación, Semaf solicitó expresamente la adopción de “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.

En este caso, la Asociación Liberum también presentó una denuncia en el Juzgado de Montoro dos días después del siniestro por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores” contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.

En la referida denuncia incluyeron el escrito del Semaf, subrayando que “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, al tiempo que apostillaron que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.

Así, señalaron que “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, a lo que añadieron que “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.

Análisis de carriles fracturados

Por otra parte, la jueza ha acordado unir al caso un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil por el que se remite expediente de contratación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) requerido por el juzgado mediante providencia del día 2 de junio, a la vez que se da traslado al Ministerio Fiscal para que informe a los efectos oportunos.

En concreto, la CIAF ya ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el siniestro ferroviario.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Benemérita, al que ha tenido acceso Europa Press, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

Dos laboratorios independientes

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de la pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y por lo tanto alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

El jurado del crimen de Sagunto ha declarado culpables de asesinato con alevosía a Ramón y Jesús. El jurado ha dado a conocer este viernes el resultado de las votaciones que han llevado a considerar que los dos primeros son culpables de haber asesinado a Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes, mientras que Manuela ha sido considerada culpable de cómplice de asesinato.

El jurado ha considerado probado que Ramón y Jesús son autores de un delito de asesinato. Según el relato de los hechos que el jurado ha dado por válido, los tres acusados conocieron a Rafael en un comedor social y se fueron a vivir al piso de este. El día 2 de abril, por causas que no han quedado esclarecidas, Ramón y Jesús agredieron a la víctima en el salón de su domicilio para luego trasladarla a la fuerza a un dormitorio de reducidas dimensiones al fondo del piso. En dicha habitación, Rafael fue golpeado con puñetazos, patadas y un travesaño de hierro, siendo finalmente estrangulado con un cinturón, muriendo asfixiado.

El veredicto ha introducido la existencia de alevosía, pues los atacantes buscaron mermar las facultades de defensa de la víctima y evitar su huida al confinarlo en una habitación pequeña, aprovechando además que eran dos. Asimismo, se ha declarado probado que, durante la agresión, los tres acusados subieron el volumen de la música para que los vecinos no escucharan los gritos ni los golpes.

Respecto a la tercera acusada, Manuela, el jurado la ha declarado culpable de complicidad en el asesinato. Así, han considerado probado que esta mujer, pareja sentimental de Ramón, estuvo presente durante la agresión y, a pesar de ser consciente de lo que sucedía debido a las reducidas dimensiones de la vivienda, no hizo nada para impedir el ataque, auxiliar a la víctima ni pedir ayuda. En ese sentido, el jurado no ha considerado probado que el retraso leve que tiene la procesada influyó negativamente en el conocimiento de estos hechos. Además, según el jurado, Manuela abandonó el domicilio al día siguiente junto a los otros dos acusados sin denunciar los hechos.

Tras acabar con la vida de Rafael, los tres acusados permanecieron en la vivienda antes de marcharse con diversas pertenencias del fallecido, incluyendo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas. Por estos hechos, han sido declarados culpables de un delito leve de hurto. Adicionalmente, Jesús ha sido hallado culpable de un delito de robo con fuerza por regresar a la vivienda horas después utilizando las llaves de la víctima para sustraer un televisor.

El jurado no ha considerado probado que Ramón agrediera a Rafael por un arrebato por una supuesta agresión sexual que la víctima habría cometido sobre Manuela. Además, ha rechazado por unanimidad que Jesús tuviera afectadas sus facultades volitivas e intelectivas debido a su trastorno por consumo de cannabis y cocaína

Penas de prisión y rechazo a conceder indultos

Tras la lectura del veredicto, las acusaciones han formulado sus peticiones de pena. Por el delito de asesinato, la Fiscalía pide 20 años de prisión y la acusación particular, 25 años, además de una multa de 1.080 euros por el delito leve de hurto y, para Jesús, una pena adicional de tres años de prisión por el robo del televisor.

Para Manuela, las dos acusaciones han coincidido en solicitar diez años de prisión por la complicidad en el asesinato, así como una multa de 1.080 euros por el hurto.

Por su parte, la defensa de Ramón pide 15 años por el asesinato y una multa por el hurto, mientras que para Manuela ha solicitado la pena mínima para un cómplice de asesinato y otra multa por el hurto. La letrada de Jesús, por otro lado, ha interesado 15 años de prisión por el asesinato, una multa por el hurto y un año de prisión por el robo del televisor.

Por último, el jurado se ha mostrado desfavorable a la concesión de cualquier beneficio de suspensión de la ejecución de las penas o a la propuesta de indulto para ninguno de los tres condenados. La acusación particular ha solicitado también una indemnización de más de 112.000 euros para la hija del fallecido por el daño moral sufrido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dado así por finalizado este juicio, que comenzó el pasado lunes. En la lectura del veredicto han estado presentes tanto los tres acusados como familiares y vecinos de la víctima. Todas las preguntas han sido resueltas por unanimidad salvo dos. Así, se ha aprobado por mayoría de siete votos a favor y dos en contra que Ramón y Jesús eligieron un lugar reducido (la habitación al fondo) para que la víctima tuviera mermadas sus facultades de defensa y no pudiera huir.

La segunda y última pregunta que ha salido adelante por mayoría ha sido la relacionada con la intención de matar que tenía Ramón. En este caso, el jurado ha considerado probado este hecho por ocho votos a favor y uno en contra.

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.

La Letrada de la Administración de Justicia de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha pedido a los peritos designados para elaborar informes en el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, que procedan, en el plazo de cinco días, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos.

Así lo recoge una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía haya emitido un escrito en respuesta al librado en su día por el juzgado en relación a la aprobación del presupuesto pericial presentado.

En dicho escrito, consultado por Europa Press, se apunta que en el presupuesto enviado por los peritos hay un apartado denominado propuesta económica, “con una estimación de gastos a la que la Delegación Territorial no muestra oposición”. No obstante, en el mismo apartado figura la solicitud de los peritos designados de que “se constituya una provisión de fondos de un 30% del importe de honorarios y de un 50% del importe de gastos”.

Al respecto, precisa que conforme a las normas que regulan los pagos que han de realizarse por la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, “la comprobación material del gasto consiste en verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiadas con fondos públicos”.

Además, agrega que el Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes, en su artículo 10.1 señala que “la Administración de la Junta abonará el importe de los informes periciales y de las traducciones e interpretaciones a las entidades adjudicatarias de los contratos y a los profesionales privados a la conclusión de los trabajos”, por lo que “no cabría la provisión de fondos solicitada en la propuesta económica”.

En este sentido, se resalta que “se observa en el presupuesto elaborado por los peritos, a efectos de la justificación de la inclusión de la provisión de fondos, el argumento, en relación con el procedimiento iniciado, de que 'resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento'”.

Ante ello, desde la Junta aclaran que “para la realización del pago no es preciso esperar a que se dicte una sentencia que incluya pronunciamiento sobre las costas, sino que, una vez realizado el servicio y certificado por el órgano judicial, se procederá a ordenar el pago del gasto aprobado”.

Por tanto, “y tal como se advertía en el oficio de fecha 20 de febrero, por el que esta Delegación Territorial comunicaba a esa plaza judicial del Tribunal de Instancia de Montoro que una vez emitido el presupuesto por los peritos designados se enviara para su aprobación, no resulta posible la provisión de fondos”, por lo que se ruega a la jueza que “ponga tal circunstancia en conocimiento de los peritos para que procedan, en su caso, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos”.

Unos 250.000 euros

Los tres peritos designados estiman tener dictamen sobre el caso en un plazo de nueve meses, con una provisión de fondos inicial para el trabajo valorada en unos 250.000 euros.

Según recoge el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen inicial en “un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento”. No obstante, aseguran que “dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado”.

En cuanto a la propuesta económica, teniendo en cuenta “la extensión y complejidad de los trabajos periciales necesarios para la emisión del informe solicitado, y la dedicación en términos de tiempo y recursos que implicará el desarrollo de dichos trabajos, y considerando, por otro lado, que, habida cuenta de la naturaleza de este procedimiento, resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento”, ven “necesaria una provisión de fondos para llevar a cabo los trabajos solicitados, a efectos de evitar que el desarrollo de los mismos suponga un perjuicio económico relevante a los peritos como consecuencia de las circunstancias”.

Habida cuenta del “volumen y complejidad” de los antecedentes a examinar, “la dedicación intensiva requerida por el trabajo durante los seis meses en los que se estima que el mismo tendrá que desarrollarse, dado el tiempo disponible, y la naturaleza del dictamen a emitir”, estiman una dedicación de unas 1.500 horas de trabajo, con un coste de 125 euros/hora, lo que totaliza unos honorarios inicialmente previstos de 187.500 euros más IVA.

Igualmente, una estimación de gastos para viajes, desplazamiento y asistencia a pruebas, ensayos y diligencias varias del 10% de los honorarios estimados por 18.750 euros más IVA. Y la intervención o participación de otros técnicos necesarios para la confección de la pericial definitiva serán propuestos al juzgado para su consideración, no incluyéndolos en el coste del dictamen.

Honorarios y gastos iniciales

En cualquier caso, los peritos expresan que, “en este momento, es imposible determinar con exactitud --por la ingente cantidad de documentación puesta a su disposición y la previsible nueva que se generará en forma de pruebas, ensayos, dictámenes complementarios y estudios de terceros-- la cuantía exacta de la dedicación a necesitar”.

Por tanto, subrayan que estos honorarios y gastos son “iniciales, tentativos y susceptibles de que, conforme se realice el trabajo, deban ser ampliados para la terminación satisfactoria de la pericia”. Asimismo, y “habida cuenta de la dedicación, gastos y duración que requerirá la pericia”, creen “necesario que se reconsidere la previsión inicial de no hacer una provisión de fondos al comienzo de los trabajos”.

Así, estiman “de justicia solicitar el abono de una provisión de fondos por un importe igual a dicha cuantía”, de forma que en el momento del inicio de los trabajos esté un 30% del importe de honorarios, 56.250 euros más IVA, y un 50% del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 65.625 euros más IVA, 79.406,25 euros con IVA incluido.

Y a la entrega del dictamen, la restante cantidad, el 70% restante del importe de honorarios, 131.250 euros más IVA, y el 50% restante del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 140.625 euros más IVA, siendo 170.156,25 euros con IVA incluido.

En el importe solicitado en el escrito queda incluida “la dedicación necesaria para la comparecencia ante el juzgado o posteriores instancias para la ratificación del dictamen y la respuesta a las preguntas que fueran formuladas por las distintas partes intervinientes”.

Tras tres intensas jornadas de testimonios, pruebas periciales y alegatos finales en el juicio por el crimen de Sagunto, los nueve miembros del jurado han recibido este jueves el cuestionario con el objeto del veredicto -compuesto por 17 preguntas- y se han retirado a deliberar. En caso de que no se alcance un acuerdo a lo largo de la jornada de hoy, los miembros del jurado deberán pernoctar conjuntamente en un hotel de la capital cordobesa, incomunicados, hasta que logren emitir un veredicto, siempre motivado, sobre la culpabilidad o inocencia de R., J. y M.

El juicio, que se ha desarrollado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, ha dejado tras de sí un relato de extrema violencia, contradicciones y estrategias de defensa contrapuestas. El juicio arrancó el pasado lunes con la lectura de las calificaciones. Según el Ministerio Público y la acusación particular, los procesados R. y J., tras una fiesta en el piso de la víctima, le propinaron una paliza brutal y le asfixiaron.

En esta sesión, los familiares y vecinos de Rafael coincidieron en que no era habitual que él metiera a gente en su casa. Una vecina relató cómo aquella noche escuchó risas y música alta, seguida de un “golpe seco”, tras el cual no volvió a oír a la víctima. Horas después del crimen, y tras ser avisado telefónicamente de que algo pasaba, un hermano de Rafael fue al piso y allí halló el cadáver “totalmente reventado” bajo un colchón.

La segunda jornada estuvo marcada por las pruebas forenses, que revelaron que Rafael sufrió una “agresión muy brutal” y una agonía prolongada, presentando múltiples fracturas en costillas y lesiones en todo el cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia por oclusión de nariz y boca combinada con estrangulación manual. Los forenses también han sido determinantes al afirmar que la víctima intentó defenderse y que en los hechos intervinieron, como mínimo, dos personas. Además, la Policía Científica confirmó el hallazgo de ADN de J. bajo una uña de la víctima y huellas de R. en el travesaño de hierro de la cama utilizado como arma.

En la última sesión, dos de los acusados rompieron su silencio, aunque solo respondieron a sus defensas. R. confesó haber golpeado a Rafael, pero alegó un “arrebato” tras supuestamente encontrar a la víctima intentando agredir sexualmente a su novia, M. Por su parte, esta afirmó haberse quedado “bloqueada” y no haber escuchado nada del ataque. El tercer procesado, J., se negó a declarar.

La fiscal, en su informe final, calificó la versión de la agresión sexual como un “traje a medida” y una excusa “perversa” para eludir la responsabilidad penal, señalando que la hora de la muerte no coincide con el relato de los acusados. No obstante, la fiscal retiró el delito de robo con violencia, manteniendo únicamente el de asesinato y un robo con fuerza menor. Así, R. y J. se enfrentan a 20 años de prisión por el delito de asesinato y tres años adicionales por robo para todos los procesados. En el caso de M. además de este último delito, considera que M. es cómplice de asesinato, por lo que solicita diez años de cárcel.

Por su parte, la defensa de R. y M. solicita calificar los hechos como homicidio doloso con atenuante de arrebato para él y la libre absolución, para ella. La defensa de J. pide que su cliente sea absuelto o, subsidiariamente interesado cinco años de prisión por un delito de homicidio y una multa de 180 euros por un delito leve de hurto.

Ahora, el jurado debe decidir si la muerte de Rafael fue un asesinato o fruto de una reacción impulsiva, y determinar el grado de implicación de cada uno de los tres procesados.

El Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite el recurso de casación de una vecina de Córdoba contra la sentencia que absolvía al cirujano plástico que la operó del pecho. El alto tribunal español ha considerado que la demanda de esta mujer tiene interés casacional y tendrá que determinar si hubo una vulneración del deber de información médica tras un tratamiento postoperatorio que provocó una atrofia cutánea permanente en uno de sus senos.

Los hechos se remontan a junio de 2014, cuando la demandante se sometió a una intervención que combinaba la cirugía estética con la médica para paliar dolores de espalda por hipertrofia mamaria. Tras la operación, sufrió una apertura de las suturas que derivó en cicatrices hipertróficas. Para corregirlas, casi un año después, el cirujano aplicó infiltraciones de corticoides.

Según la denuncia, estas inyecciones provocaron que la piel del pecho quedara “extremadamente fina”, de aspecto “nacarado” y con una coloración “rojizo-vinosa” irreversible. Por este perjuicio estético y el trastorno afectivo derivado, con síntomas depresivos, la mujer reclama una indemnización de 150.000 euros.

La clave que ha llevado al Supremo a reabrir el caso es la ausencia de un consentimiento informado específico para las infiltraciones. Durante el proceso, el cirujano reconoció que no informó a la paciente sobre el riesgo de que los corticoides pudieran provocar atrofia cutánea. Hasta esta resolución del máximo órgano jurisdiccional de España, la Audiencia Provincial de Córdoba había exculpado al facultativo alegando que el tratamiento fue adecuado a la normativa médica, que la infiltración era un “procedimiento menor” que no requería consentimiento por escrito y que el documento firmado antes de la cirugía ya mencionaba genéricamente la posibilidad de “tratamientos adicionales” para la cicatrización.

Sin embargo, el Supremo no ha visto tan claro que la paciente tuviera toda la información a la hora de someterse a esas infiltraciones. De esta forma, examinará si la información genérica inicial era suficiente o si, ante el riesgo de una secuela tan grave como la atrofia irreversible, el médico estaba obligado a advertir específicamente a la paciente antes de proceder con las inyecciones.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número dos de Córdoba ha declarado nulo el cambio de puesto de trabajo de un empleado de Hitachi Energy, “al que la empresa tendrá que indemnizar por una vulneración de derechos fundamentales, al haber modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El trabajador, que viene prestando servicios en Hitachi Energy desde 2004, desempeñaba la función de verificador de juntas dentro de la sección de terminación, en turno de mañana y de lunes a viernes. Este puesto, con funciones de recepción, inspección y de fabricación, era ocupado solo por este trabajador al presentar una limitación física reconocida.

El empleado fue uno de los 76 sancionados por la empresa en diciembre de 2025 con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha sido impugnada judicialmente y que se encuentra pendiente de juicio, según el comunicado de CCOO. Al hacerse efectivas las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre dicha sanción, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo, pero la empresa le informó verbalmente que, desde ese momento, pasaba a ocupar el puesto de montador dentro de la citada sección de terminación, puesto que tiene dificultades para desempeñar por sus limitaciones físicas.

Ahora, el juzgado afirma en la sentencia que “se entiende que existe una modificación sustancial que se evidencia ante las nuevas funciones dentro de la misma sección de terminación vinculada a las reclamaciones legítimas ejercidas por el trabajador y a su estado de salud” y que dicha modificación sustancial de las condiciones de trabajo es consecuencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del trabajador. En concreto, el fallo judicial indica que el cambio de puesto “solo puede obedecer desde el sentido común a la represalia y a la vulneración del derecho a la salud en su vertiente de no discriminación e igualdad”.

Por todo ello, el juzgado estima la demanda interpuesta por el trabajador declarando nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo producidas y, en consecuencia, que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo con todos los efectos que deriven en Derecho condenando a la demandada al abono de una indemnización al trabajador de 10.000 euros.

El 18 de diciembre de 2025, CCOO y la empresa llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a abrir un proceso de negociación entre el 22 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 con al menos cuatro reuniones. Durante ese espacio de tiempo, según establecía el acuerdo, Hitachi suspendía la ejecución de las sanciones que había impuesto a 76 trabajadores que no debían incorporarse a sus puestos de trabajo por decisión de la empresa, que adujo “circunstancias organizativas y productivas”. Sin embargo, la empresa remitió un comunicado a los trabajadores afectados para indicarles que los días en los que no se estaba aplicando la sanción serían compensados con vacaciones, días de libre elección y horas a compensar, en total 11 días.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número cuatro de Córdoba entiende que los esos días no tienen que ser compensados. “La no incorporación efectiva de los trabajadores a sus puestos obedeció a una causa no imputable a la voluntad de estos sino a las necesidades de organización de la empresa lo que nos remite a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de los trabajadores a cuyo tenor si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador este conservará el derecho a su salario sin que pueda hacerse recompensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo”, indica el fallo del juzgado.

De esta forma, los trabajadores afectados podrán disfrutar de los días de vacaciones, días de libre elección y horas que les hayan sido denegados para compensar los días que no trabajaron por decisión de la empresa. 

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, se congratula de los últimos fallos judiciales, que “vienen a corroborar los abusos que Hitachi ha venido llevando a cabo desde que se convocó la huelga en noviembre de 2025, una huelga que, cabe recordar, sigue convocada, dada la falta de avance en las negociaciones sobre el convenio colectivo”. No obstante, el responsable sindical lamentó que “la empresa nos obligue a judicializar cada una de sus decisiones”.

Este miércoles se ha celebrado un Sercla por el calendario laboral del 2026, “al que no se ha personado la empresa, por lo que CCOO y USO tendrán que volver a los juzgados para reclamar su nulidad, ya que no ha sido válidamente acordado con la representación legal de las personas trabajadoras”. “Otro ejemplo más de la continua vulneración de derechos laborales que viene soportando la plantilla de Hitachi”, remarcó Jiménez, quien hace un llamamiento a la empresa para “reconducir su actitud y dejar de tomar decisiones que sabe que van a tener consecuencias judiciales y económicas”.

“Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que la paz social vuelva a la fábrica pero, desde luego, mientras se sigan vulnerando los derechos laborales de la plantilla CCOO seguirá defendiendo a los trabajadores y trabajadoras”, apostilló el responsable de Industria.

La juez de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro ha desestimado la recusación promovida por una de las partes contra dos de los peritos designados judicialmente. En un auto fechado este miércoles, 10 de junio, la instructora de la causa señala que la recusación de peritos en el procedimiento penal exige la concurrencia de interés concreto, objetivable y jurídicamente relevante, según han informado fuentes jurídicas.

En este sentido, indica que uno de los peritos fue recusado por ser socio de una mercantil dedicada, entre otras labores, a la ejecución de trabajos de peritaje y certificados de calidad de diferentes proyectos, siendo uno de ellos las obras de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, reforma que en su día resultó adjudicada a la mercantiles Ferrovial y Azvi. Pero la jueza indica que finalmente realizó trabajos para una empresa que no fue adjudicataria de dicho proyecto.

Pese a ello, explica que “no se puede entender en ningún caso que una intervención y/o relación eventual o puntual del perito, a través de empresas de las que ostenta su representación legal o resulta accionista, con empresas vinculadas a las obras llevadas a cabo en la vía férrea afectada por el siniestro, puede conllevar la certeza en la afirmación de la existencia de su interés directo o indirecto que pueda afectar a su imparcialidad como técnico especialista en una materia”. Así, incide en que no consta acreditada relación de subordinación laboral o de dependencia económica respecto de tales empresas.

También recuerda que una de las exigencias impuestas para la formación de las listas de peritos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para su posterior insaculación, fue exigir a los peritos más de 15 años de ejercicio profesional y conocimientos específicos en el ámbito ferroviario, “resultando, por propia lógica, extremadamente complicado que tales peritos a lo largo de su carrera profesional no hayan mantenido algún tipo de relación puntual con las empresas que normalmente intervienen en la realización de este tipo de obras y proyectos de gran envergadura”.

Por lo que respecta al segundo perito, “la pretensión de la recusante se basa exclusivamente en lo manifestado por el perito el día que se llevó a cabo la aceptación del cargo, sin que, al igual que en el caso anterior, resulte acreditado por la recusante la existencia de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta o interés directo o indirecto del perito”.

El perito manifestó que es funcionario de la Junta de Castilla la Mancha y en su relación de prestación de servicios como funcionario público y como jefe de la sección de explotación de carreteras ejerce labores de coordinación en la reparación de un puente de la Consejería de Fomento sobre un ferrocarril de ADIF, ello deja claro que “no ostenta relación de dependencia o subordinación económica, estatutaria, profesional o laboral alguna respecto de esta empresa pública como se sostiene por la recusante”.

La jueza concluye que “no toda relación puntual, eventual y absolutamente tangencial con entidades que intervinieron en la reforma del tramo afectado por el accidente determina por sí la existencia de un interés directo o indirecto que puede suponer una pérdida de imparcialidad objetiva”.

El juicio del crimen de Sagunto en el que perdió la vida Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes ha quedado visto para veredicto del jurado. La Fiscalía ha modificado levemente su escrito de conclusiones provisionales, eliminando el delito de robo con violencia para los acusados. De esta forma, el autor confeso del crimen, R., y J. se enfrentan a 20 años de prisión por un delito de asesinato y tres años por uno de robo con violencia, mientras que la fiscal ha pedido para M. diez años por asesinato y tres por el delito de robo con violencia.

En la tercera y última sesión del juicio por este crimen, el jurado solo ha escuchado a los procesados R. y M., que han respondido exclusivamente a las preguntas de su abogada, mientras que J. se ha negado a declarar. Además, R. y M. han hecho uso de la última palabra. El procesado ha pedido perdón a la familia de Rafael y ha vuelto a insistir en que no era su “intención” acabar con su vida, sino que se “estresó y se bloqueó” ante lo que supuestamente vio: que Rafael estaba agrediendo sexualmente a su novia. Por su parte, la procesada también ha pedido disculpas a la familia, reiterando que ella no escuchó “nada” durante la agresión que acabó con la vida de este vecino de la zona de Sagunto.

Previo a que los procesados pudieran ejercer su derecho a la última palabra, las acusaciones y las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones. Como ya se ha mencionado anteriormente, la Fiscalía ha modificado las suyas, aunque muy levemente, mientras que la acusación particular ha mantenido sus penas de prisión. Por otro lado, la defensa de R. ha insistido en que los hechos responden a un delito de homicidio doloso y ha introducido el arrebato u obcecación intensa. Además, esta misma letrada ha pedido la libre absolución para M.

En último lugar, la defensa de J. ha pedido que su cliente sea absuelto de los dos delitos que solicita la Fiscalía, pero ha introducido una modificación. En el caso de que quede demostrada su participación como cómplice en los hechos, ha interesado cinco años de prisión por un delito de homicidio y una multa de 180 euros por un delito leve de hurto. Además, ha pedido que se aplique la atenuante de drogadicción.

La Fiscalía tilda de “perversa” la muerte de Rafael y la acusación particular, de “barbaridad”

En la exposición de su informe final, la fiscal ha sido tajante al calificar el crimen de Rafael como “un asesinato con alevosía”, siendo autores de los mismos los procesados R. y J. según las pruebas encontradas en la habitación donde murió la víctima. La Fiscalía ha rechazado de pleno la versión de la defensa del primero, cuya estrategia ha sido justicar la violencia alegando que Rafael estaba abusando de Manuela. Para la fiscal, los acusados “se hacen un traje a medida” y “se inventan” este relato aprovechando que “Rafael no puede dar su versión de los hechos porque lo han matado”.

El informe forense ha sido clave para desmontar esta coartada, según el Ministerio Público. La hora de la muerte se situaría de madrugada y no en la tarde-noche como sostienen los procesados. Si la agresión hubiera ocurrido por un arrebato al llegar a casa, la fiscal ha manifestado que “Rafael habría muerto mucho antes”, por lo que considera que la supuesta agresión sexual es “solamente una excusa para intentar quitar la responsabilidad penal”.

Respecto a M., la Fiscalía mantiene su acusación como cómplice. Mientras se producía el asesinato, ella “estaba con música en el salón” para ocultar lo que ocurría en la habitación contigua, de “muy reducidas dimensiones”. La fiscal ha hecho especial hincapié en la actitud de la acusada cuando una vecina llamó a la puerta alertada por el ruido: “Ella simula que no está pasando nada, que están de fiesta, con lo cual está dando una cobertura”. Con esta acción, según la fiscal, M. impidió que Rafael pudiera ser auxiliado, permitiendo que los otros dos acusados “puedan matar sin que hubiera interferencia por parte de nadie”.

Por otro lado, la acusación particular ha calificado los hechos como un asesinato cometido con una “brutalidad” y “agresividad” extrema. Para esta letrada, la intención de matar era “evidente”, ya que Rafael se encontró “indefenso”. Además, ha solicitado que no se apliquen atenuantes de drogadicción o colaboración en los casos de R. y J. Sobre M., la acusación ha destacado que, a pesar de su “retraso leve”, mantiene una vida normal y tuvo capacidad suficiente para no auxiliar a la víctima ni pedir ayuda a los vecinos.

La defensa de R. y M. invoca la ley del “solo sí es sí” para justificar la reacción de los acusados

En la lectura de su informe, la abogada de R. y M. ha recurrido a los principios de la ley del “solo sí es sí” para exigir que se otorgue credibilidad al testimonio de M. en relación a la supuesta agresión sexual que habría sufrido por parte de Rafael, desencadenante de la agresión. En un intento por que el jurado otorgue credibilidad a esa afirmación, la letrada ha dicho que mientras “en la televisión” se repite constantemente el lema de que “hay que creer a la víctima” y se defiende la protección de la mujer, en este proceso se ha ignorado sistemáticamente el relato de la procesada.

Este argumento es, para esta defensa, la pieza central para explicar el móvil de los hechos, algo que, según la abogada, las acusaciones no han podido acreditar de forma lógica. Así, sostiene que R., al ver a Rafael supuestamente abusando de M. sufrió un “cortocircuito” o ataque de locura que desencadenó la agresión física. Asimismo, ha insistido en que no hubo una intención premeditada de matar, señalando que la barra de hierro no fue llevada al piso con ese fin.

La defensa de Jesús solicita la libre absolución y rechaza la calificación de asesinato

Por último, la defensa de J. se ha acogido a la autoinculpación de R. y ha insistido al jurado en que “esta es la declaración válida que debe valorar” y no la que hizo en la fase de instrucción, cuando R. incluyó a J. en el fallecimiento de la víctima. Al igual que la otra defensa, ha rehazado que los hechos sean constitutivos de asesinato porque “no ha quedado probada la existencia de un plan premeditado ni hubo ensañamiento”, dado que la muerte se produjo por asfixia y no por las anteriores agresiones que sufrió Rafael.

Lo que no ha negado esta defensa, apoyándose en las pruebas de ADN, es que su cliente estuviera en la habitación donde fue hallado el cadáver de la víctima. Sin embargo, sí ha cuesitonado cuál fue su rol real en los hechos. Para la abogada, J. podría ser considerado, “a lo sumo, cómplice por no haber evitado la agresión o por haber participado en una pelea previa” con puñetazos y patadas que no fueron la causa de la muerte. Como prueba de su falta de autoría material, se ha referido a la ausencia de huellas de J. en la barra de hierro utilizada durante la agresión, donde sí había restos de la víctima y de Ramón.

Lo que motivó los golpes a Rafael en el crimen de Sagunto fue una supuesta agresión sexual que él habría cometido sobre la única mujer procesada en la causa. La letrada tanto de esta acusada como de R., su pareja y autor confeso del crimen, ya adelantó el pasado lunes que su línea de defensa iría en torno a ese intento de agresión sexual. Este miércoles, durante la tercera sesión del juicio, tanto R. como M. han afirmado que dicha agresión se produjo y que la intención no era acabar con la vida de Rafael.

El acusado R., quien solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha relatado que llegó a Córdoba a principios de 2024 en busca de trabajo como albañil y terminó viviendo en la casa de la víctima tras conocerlo en un comedor social. En este mismo centro también conoció a J., el otro procesado, y que Rafael le alquiló tanto una habitación para él y su novia, como el salón, para J. Pese a que R. acababa de conocer a este procesado, decidió pagarle su alquiler, según ha dicho. El día de los hechos, al llegar del trabajo junto a J., R. habría encontrado a Rafael encima de la procesada, intentando arrancarle la ropa.

Tras supuestamente presenciar esto, R. ha confesado que golpeó a la víctima con los puños y lo empujó a una habitación donde, según su letrada, se produjo “una pelea”. No obstante, los forenses declararon este martes que las heridas que tenía la víctima eran de intentar protegerse y no de atacar. Además, ha admitido haberle puesto el cinturón de un batín en el cuello, ha asegurado que no era consciente de haberlo ahogado y ha señalado que se siente “bastante arrepentido”, afirmando que su intención nunca fue acabar con la vida de Rafael.

En contra de lo que declaró la vecina cuyo piso colinda con el de la víctima, R. ha negado que tras el crimen hubiera “fiesta o risas”, preguntando retóricamente si alguien tendría ganas de celebración tras un suceso así. “No soy ningún asesino y nunca había tenido ningún problema”, ha concluido.

Por su parte, M. ha manifestado que la tarde del 2 de abril -el día de los hechos- se quedó “sola” con Rafael mientras los otros hombres trabajaban. Ha dicho que la víctima tenía una actitud y mirada “extrañas” justo antes de abalanzarse sobre ella, y que, posteriormente, ella se quedó “bloqueada”. Según su relato, R. y J. lo pillaron in fraganti. Entonces, R. lo tiró contra la pared y lo golpeó. Después, lo llevó a un dormitorio, donde continuó la agresión, para la cual usó el travesaño de la cama que halló la Policía. Pese a los golpes y al ruido que se debió generar durante el ataque, M., que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha dicho que “no escuchó nada”. J., el último procesado, se ha negado declarar.

Dado que ni el Ministerio Público ni la acusación particular han podido interrogar a los procesados, la fiscal ha pedido a la magistrada que el jurado tenga acceso a la declaración que R. hizo en la fase de instrucción para que tengan en cuenta las contradicciones entre las dos testificales. Según la Fiscalía, en su declaración inicial, R. fue “más detallado” e implicó directamente a J., afirmando que ambos golpearon a la víctima. Además, en ese testimonio inicial, R. sostuvo que fue J. quien llevó a Rafael a la habitación y que, incluso, fue quien le tapó la boca mientras R. le agredía.

Aunque la magistrada ha declinado en un primer momento esta petición, una vez puestas en evidencia dichas contradicciones, la jueza ha aceptado finalmente que el jurado tenga acceso a la primera declaración que hizo R.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar el próximo 22 de junio a un hombre acusado de agredir brutalmente a un compañero de trabajo y para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Según el escrito provisional de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 tras una discusión entre el acusado y la víctima. En un momento dado, el procesado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el acusado aprovechó que se encontraba en el suelo para atacarlo por la espalda. El escrito de conclusiones provisionales detalla que el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba.La agresión no cesó ahí, ya que, según la Fiscalía, el acusado continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente sobre el suelo.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, haciendo especial hincapié en la deformidad que la víctima sufre como consecuencia del ataque. Por ello, pide cuatro años de prisión y el pago de las costas.

Rafael sufrió hasta la muerte e intentó defenderse. Esa es la principal conclusión a la que se llega después de la segunda sesión del juicio a tres personas acusadas de su asesinato en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Este martes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido las declaraciones de hasta 13 testigos, todo ellos peritos, entre médicos forenses y policías que intervinieron de una forma u otra en el caso por el que se piden 23 años de prisión para R. y J., y 17 para M.

En líneas generales, la forense que analizó la escena del crimen y los que hicieron la autopsia al cadáver de Rafael han apuntado a una “agresión muy brutal” y a una resistencia desesperada por parte de la víctima. Estos expertos no solo han confirmado que Rafael sufrió una prolongada “agonía”, sino que han desmontado las tesis de “arrebato” u obcecación al revelar una frialdad incompatible con un estado de shock pasional. Según sus declaraciones, la víctima no recibió un único golpe, sino una “gran cantidad” de impactos repartidos por el costado, el cuello y la cabeza. Como posible arma que se usó en el crimen, se han referido a un travesaño metálico de una cama de 1,90 metros que presentaba manchas de sangre. Casi al término de la sesión, la Policía Científica ha revelado que en dicho travesaño se hallaron únicamente huellas de R., el acusado que ha reconocido que mató a Rafael, aunque “movido” por una presunta agresión sexual que la víctima habría cometido sobre M., que era su pareja.

Por otro lado, los dos forenses que realizaron la autopsia al cadáver han señalado que la causa de la muerte fue la asfixia, ejecutada mediante un doble mecanismo: la oclusión de nariz y boca, y la estrangulación manual. Ambos mecanismos se habrían llevado a cabo a la vez, según uno de los forenses, dado que la víctima tenía la nariz rota y había muy poca sangre para este tipo de lesiones. Es decir, si tras la fractura de nariz hubiera estado mucho tiempo con vida, la sangre presente en la escena del crimen habría sido muchísimo mayor a la encontrada. Además, tenía un dedo meñique y varias costillas rotos porque uno de los acusados se subió a horcajadas. Ante estas evidencias, estos expertos han rechazado que la agresión la cometiera una única persona, sino, como mínimo, dos. Asimismo, durante la sesión ha quedado reflejado que Rafael intentó defenderse debido a las lesiones que presentaba en antebrazos, manos, pies y rodillas.

Estas muestras de autodefensa también se constatan en el desgarro del frenillo superior de la boca; indicio típico, según los peritos, de que hizo movimientos laterales desesperados para sobrevivir mientras le comprimían la cara. Finalmente, la víctima murió asfixiada. Por todo ello, los forenses han afirmado, sin ningún género de dudas, que Rafael tuvo que sentir “agonía y sufrimiento psíquico de saber que su vida se iba a terminar”. Los informes toxicológicos realizados a la víctima han revelado la presencia de un fármaco, pero en dosis no tóxicas, y una ausencia total e alcohol. En cuanto al análisis de orina, los peritos han detectado restos de cinco fármacos distintos que pudieron ser ingeridos días o, incluso, semanas antes de los hechos.

En la casa había restos biológicos de los tres acusados

El análisis de las huellas y restos biológicos recogidos en el piso de Rafael sitúan a los tres procesados en la escena del crimen, aunque en la habitación donde presumiblemente fue asesinado, solo se han hallado restos de R. y J. La defensa de este último afirmó este lunes que su cliente no participó en la agresión y que, incluso, no sabía que la víctima estaba muerta cuando horas más tarde de la muerte entró al piso para robar una televisión.

En concreto, la Policía Científica halló el perfil genético de J. tanto la uña del dedo meñique de Rafael, precisamente el dedo que tenía roto, como en una mancha de sangre encontrada en la habitación. Asimismo, el ADN de R. no solo se encontró en el travesaño metálico de la cama, sino también en el cinturón de un batín de la víctima, en manchas de sangre y en otros objetos que se encontraron en el salón. De la procesada, por otro lado, también se hallaron huellas en una botella de cerveza, en un cigarro y una taza de café. Por último, la Policía halló otras huellas que no han podido identificarse.

En cuanto al momento de la muerte, aunque inicialmente se barajó la franja entre las 9:00 y las 11:00 del 3 de abril basándose en el humor vítreo de los ojos de la víctima, los forenses que hicieron la autopsia han situado el fallecimiento “varias horas antes de las 9:00 del 3 de abril”. No obstante, lo que sí han confirmado es que ese intervalo de tiempo no sería superior a las 12 horas por los síntomas de inicio de descomposición que tenía el hígado de Rafael.

Los acusados sabían lo que estaba pasando

En esta segunda sesión también ha quedado patente el grado de conocimiento de la realidad que tenían los acusados. En cuanto a R., los médicos forenses han explicado que no padece ningún tipo de adicción ni trastorno psicopatológico o de personalidad. De hecho, él mismo negó un consumo abusivo de sustancias, lo cual fue corroborado por los análisis clínicos. Además, los expertos han rechazado la tesis de la defensa sobre un posible “arrebato” al observar a la víctima con su pareja, argumentando que conductas posteriores que sostiene la Fiscalía -como ducharse, acostarse o quedarse fumando y bebiendo- son incompatibles con un estado de shock o una reacción impulsiva, la cual suele durar “pocos minutos”.

Respecto a J., el informe forense ha revelado que padece trastorno de conduta por consumo de sustancias (específicamente cocaína y cannabis) y un trastorno de conducta, aunque los forenses han concluido que dicho trastorno no influyó “en su inteligencia ni en su voluntad al momento de los hechos”. Finalmente, el informe sobre la procesada, la forense han indicado que padece un retraso mental leve y madurativo. Aunque esto hace que la mujer sea “una persona influenciable y fácil de manipular en sus relaciones sociales”, la mujer sí tiene una “capacidad básica” para conocer la realidad y entender que una persona ha sido dañada o ha muerto. Además, ha afirmado que es “una persona funcional porque ha trabajado, ha sido mamá y sabe distinguir entre el bien y el mal”. El juicio continuará este miércoles.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho personas a 32 años y medio de prisión, y a casi 22 millones de euros en multas por formar una red de narcotráfico que utilizaba transportes legales de mercancías para distribuir droga desde Andalucía hacia el norte de España. La sentencia, a la que ha accedido este periódico, pone fin a un proceso iniciado en 2020 tras la interceptación en la provincia de Córdoba de un camión que transportaba una ingente cantidad de hachís oculta en un cargamento de aceite de oliva.

Fue en junio de 2020 cuando agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un camión a la entrada de la localidad de Belmez, momento en el que se percataron del “alto estado de nerviosismo” en el conductor. Tras una inspección de la carga, que oficialmente consistía en palés de aceite de oliva de una empresa de Jaén con destino a Francia, los guardias civiles hallaron dos grandes cajones de plástico que contenían 665.820 gramos de resina de hachís. La droga, distribuida en 171 bolsas transparentes, tenía un valor de mercado estimado en 3.748.566,60 euros. El conductor intentó engañar a los agentes afirmando que creía transportar piezas de coche, pero el tribunal ha considerado inverosímil su versión, ya que los fardos eran visibles al abrir los cajones de plástico.

Según los hechos probados, el operativo fue el resultado de un acuerdo previo iniciado en abril de 2020 entre otros dos acusados, A. e I. El primero se encargaba de conseguir la sustancia a través de Desiderio y de preparar la logística en una nave de un polígono de Antequera. Por su parte, el segundo aportaba la infraestructura de transporte mediante su empresa con sede en Galicia, dando instrucciones directas al conductor sobre dónde recoger la carga.

El día del transporte, J. -otro acusado-, utilizando una carretilla elevadora, cargó los cajones con el hachís en el remolque del camión bajo la supervisión directa de A. Tras la carga, este tapó los paquetes con un cartón antes de que el vehículo emprendiera rumbo hacia el norte atravesando Córdoba.

Dos personas murieron en un accidente de helicóptero vinculado a la red

La investigación policial, liderada por la Unidad Central Operativa de Málaga, permitió descubrir que la red pretendía usar un helicóptero para introducir hachís. La aeronave se estrelló el 27 de julio de 2020 en Pedrera (Sevilla), falleciendo sus dos ocupantes, entre ellos, un hombre que había participado en la carga del camión en Antequera. Antes del siniestro, A. había intentado comprar un visor nocturno en una armería de Toledo para “volar con un helicóptero por la noche”.

La operación continuó hasta marzo de 2021, cuando se logró desmantelar una importante infraestructura de transporte marítimo. En registros realizados en naves industriales de Colmenar y Alhaurín el Grande, se intervinieron dos embarcaciones semirrígidas consideradas género prohibido. En estas instalaciones también se hallaron más de 2.000 litros de gasolina en garrafas, máquinas de envasado al vacío y dispositivos GPS.

Rebaja significativa de las penas y las multas

El fallo de la Audiencia Nacional ha supuesto una reducción significativa respecto a las peticiones del Ministerio Fiscal, que solicitaba un total de 92 años de prisión y más de 62 millones de euros en multas. Los motivos de esta reducción penal han sido dos. En primer lugar, la Audiencia Nacional ha determinado que los condenados no constituían una organización criminal, sino que eran codelincuentes. En segundo lugar, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque el proceso se ha prolongado durante seis años.

De esta forma, la Sala ha condenado a ocho personas. A los cinco principales responsables del transporte de los 665 kilos de hachís les ha impuesto una pena individual de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 4.000.000 de euros. Por la posesión de embarcaciones semirrígidas de alta potencia, la Audiencia Nacional ha condenado a otras tres personas a una pena de tres años y un día de prisión. Esta misma pena también se le ha impuesto a dos de los principales responsables del transporte de hachís. En relación con este delito, las multas varían según el valor de la embarcación y van desde los 280.001 euros hasta los 455.001.

Por último, el tribunal ha absuelto a dos procesados por haber sido investigados a sus espaldas sin ser informados de su condición hasta que se les notificó el auto de procesamiento, lo que ha vulnerado su derecho a la defensa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por jurado que juzgará a tres personas, R., J. y M., por la muerte de Rafael, un vecino de Sagunto, que perdió la vida en su propia casa en la calle Reina Mercedes, y por dos delitos de robo. El juicio, previsto para las 9:30, ha comenzado pasadas las 12:00 ante la complejidad que supone constituir un tribunal de jurado. La sesión se ha alargado hasta la tarde y ha cogido la declaración de más de diez personas. Los acusados testificarán después de que lo hayan hecho todos los testigos, aunque sus defensas ya han adelantado que la muerte de Rafael se produjo como respuesta a un supuesto intento de violación que la víctima habría intentado ejecutar con la mujer que también está procesada.

La sesión ha arrancado con la lectura de los escritos de calificación de la Fiscalía y de la acusación particular, representada por la hija de la víctima. Ambas acusaciones coinciden en responsabilizar de los hechos a los tres acusados, en mayor o menor medida, solicitando para los dos hombres 20 años de prisión por el delito de asesinato más cuatro años por el robo con violencia y otros tres años por el robo con fuerza. Para la mujer han pedido una pena de diez años por asesinato más las penas por los robos, sumando 17 años de prisión. Los procesados habrían conocido a la víctima en un centro social del barrio. Según el Ministerio Público, la noche del 2 de abril, mientras las cuatro personas se encontraban en la vivienda en un ambiente festivo, se produjo una discusión por causas aún no esclarecidas. En un momento dado, los dos hombres acusados llevaron a la víctima por la fuerza a un pequeño dormitorio junto al salón. Allí, lo arrojaron sobre un colchón y, aprovechando su estado de indefensión, le propinaron una brutal paliza con puñetazos y patadas. La agresión escaló cuando utilizaron un travesaño de hierro para golpearle repetidamente en la cabeza y el cuerpo. Finalmente, le taparon la nariz y la boca para evitar que gritara, lo que le provocó la muerte. A pesar de la extrema violencia ejercida, los tres acusados permanecieron en el piso continuando con la fiesta y donde llegaron a dormir.

Al día siguiente, continúa la Fiscalía, cuando se aseguraron de no ser vistos, abandonaron el inmueble llevándose consigo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas de deporte, efectos tasados en 193 euros. Además, uno de los acusados regresó posteriormente con las llaves de la víctima para sustraer un televisor de grandes dimensiones valorado en 200 euros. Fue precisamente este movimiento el que alertó a una vecina, quien avisó a los familiares de la víctima al sospechar de la situación.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados, R., y de su pareja, M., ha reconocido que su cliente es el autor de la muerte de Rafael, pero ha rechazado la acusación de asesinato. Según su versión, R. sorprendió a la víctima intentando abusar de M., lo que le provocó un estado de “ofuscación y cerrazón”, ha apuntado su abogada, que ha asegurado que su cliente “no tenía intención de matar, sino de darle una lección”. “Cualquier persona, en un momento así, podría perder la cabeza”, ha seguido apuntando esta letrada, quien ha afirmado que el acusado “confesó los hechos, ayudó a la Policía a esclarecer lo sucedido y se encontraba bajo la influencia del alcohol en el momento del ataque”. Por ello, ha solicitado que sea juzgado por un delito de homicidio doloso, al no apreciarse alevosía ni ensañamiento. A lo largo de esta semana se esclarecerá si esta confesión y ayuda fueron tales.

Para M., la misma defensa ha solicitado la libre absolución y ha señalado que tiene discapacidad intelectual y que en el momento de los hechos estaba embarazada de dos meses. Según su abogada, la acusada no participó en la agresión y los otros dos acusados le ocultaron la muerte de Rafael, de la cual no tuvo conocimiento hasta que fue informada por la Policía.

Por su parte, la defensa de J. ha negado cualquier participación en la muerte de Rafael y sostiene que, en un momento dado de la noche del 2 de abril, la víctima habría intento agredir sexualmente a la procesada. Tras esto, según su versión, la mujer y él se fueron “a otro piso” mientras que R. se quedó con Rafael en su piso y reconoce que volvió después de los hechos, ya el día 3, para sustraer diversos objetos de la casa. Además, asegura que no sabía que la víctima había muerto. Por tanto, ha pedido que se le juzgue únicamente por un delito de hurto -dado que él, asegura, tenía las llaves del piso de la víctima- y se le aplique la atenuante de drogadicción y un trastorno de personalidad. Los tres fueron detenidos el 5 de abril en una nave de Chinales con algunos de los objetos que eran propiedad de la víctima.

Vecinas y familiares aseguran que “no era normal” que la víctima metiera a nadie en su casa

La ronda de declaraciones la ha iniciado una vecina de la víctima, quien, como el resto de conocidas y familiares de Rafael, ha explicado que “no era normal” que este hombre acogiera a nadie en su casa y que, ni mucho menos, hiciera fiestas o pusiera música, tal y como ocurrió tanto la noche del crimen como el día previo. En primer lugar ha declarado la única vecina que, el día de la muerte de Rafael, llamó a la casa para pedirles que bajaran la música. Ha relatado que aquella noche del 2 de abril escuchó “risas de hombres y de una mujer, y música muy alta”. Antes de llamarles la atención, logró escuchar a Rafael, aunque no muy bien. Cuando llamó a la puerta, le abrieron los procesados R. y M., que le aseguraron que eran pareja, que ella estaba embarazada, que venían de Madrid y que Rafael les había alquilado una habitación, algo que a esta vecina le extrañó sobremanera.

Sin embargo, poco después de que esta vecina se quejara del ruido, los acusados volvieron a subir la música mucho más y, tras esto, oyó un golpe seco en la pared. Después, nunca más volvió a escuchar a su vecino. Esta vecina ha apuntado que la noche del 2 de abril no fue la única en la que hubo problemas por el volumen de la música, sino que también se produjeron el día anterior, aunque ha reconocido que no les llamó la atención porque entendía que podía ser ocasional.

Otra vecina ha declarado que el día después del crimen, el 3 de abril, se cruzó con R. y vio que llevaba pertenencias de Rafael, como “sus zapatillas de deporte, su teléfono móvil y sus cadenas de oro”. En el momento en que esta vecina vio a este procesado, aún no se había descubierto el hallazgo del cuerpo de la víctima. Una tercera vecina ha afirmado que también el 3 de abril vio a otro procesado -según su descripción, J.- salir de la vivienda de Rafael cargando con el televisor a plena luz del día.

Dada que la situación era, para todas las vecinas, “muy extraña”, una de ellas decidió avisar a uno de los hermanos de la víctima. En cuanto este pudo, se presentó en el piso de Rafael. Nada más entrar, según ha declarado ante la magistrada, se encontró “las paredes manchadas de sangre y un salón” con claros indicios de haber acogido una fiesta. Decidió entonces ir hacia la habitación de su hermano. Allí halló su cadáver, “debajo de un colchón y de ropa, totalmente reventado, con golpes por todos lados y ensangrentado”. Este testigo ha insistido en que su hermano era una persona vulnerable -al parecer, sufría depresión-, que tomaba mucha medicación y que, debido a su bondad, “confiaba con facilidad” en desconocidos.

En esta primera sesión también han declarado un amigo de la víctima, quien le advirtió que “tuviera cuidado” con las personas con las que iba cuando lo vio con los procesados; así como otros dos hermanos de la víctima y su hija, quien, emocionada, se ha referido a la buena relación que tenían, pese a no convivir juntos, y a los proyectos futuros de vida que tenían. Todos los testigos han señalado que la víctima era “muy buena persona” y “siempre ayudaba”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha declarado la nulidad parcial de un fallo absolutorio previo, obligando a un magistrado de instancia a redactar una nueva resolución. El tribunal superior considera que la decisión de absolver a un hombre acusado de maltrato incurrió en una valoración de la prueba “irracional” y “extravagante”, dejando en la indefensión a la víctima al ignorar pruebas documentales y testificales determinantes.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba absolvió a un hombre de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El magistrado de instancia fundamentó su decisión en un argumento que la Audiencia ha calificado ahora de absurdo: como la víctima presentaba una herida de dos milímetros en el lado izquierdo de la nariz y los testigos hablaban de manotazos en el pómulo, no podía existir conexión entre el golpe y la lesión.

Para el juez de instancia, el hecho de que la mujer no mencionara específicamente la “zona nasal” al describir los manotazos era motivo suficiente para dictaminar que “no existe prueba alguna de que fue agredida por su pareja”. Frente a esta sentencia, la víctima recurrió a la Audiencia, que no ha ahorrado críticas hacia el razonamiento del Juzgado de lo Penal. Para el tribunal es “irracional” sostener que un manotazo en el rostro no puede causar una lesión en la nariz, dada la “extrema cercanía” entre ambas zonas en el mismo lado de la cara.

Además, la Audiencia ha subrayado que el juez de instancia incurrió en un “notable déficit motivacional” al omitir por completo pruebas clave que figuraban en la causa, entre ellas, que la víctima ha mantenido siempre la misma versión de la agresión. Asimismo, el juez ha obviado tanto la pericial médico-forense como el parte de lesiones que se expidió apenas unos instantes después de los hechos que corroboraba la versión de la mujer.

A todo esto hay que sumar que, tal y como señala la Audiencia, el magistrado de instancia tampoco valoró las declaraciones de los hijos de la pareja, quienes presenciaron los hechos y comparecieron en el plenario.

Por ello, la Audiencia ha considerado que la valoración fue “absolutamente arbitraria” y que se redactaron unos hechos probados en sentido negativo sin ni siquiera incluir la existencia de las lesiones, a pesar de que el propio juez las mencionaba en sus fundamentos jurídicos. En consecuencia, el tribunal ha ordenado la retroacción de las actuaciones, por lo que el magistrado de lo Penal número 6 deberá ahora redactar una nueva sentencia valorando todas las pruebas.

Las reacciones a la noticia publicada en la noche de ayer por parte de 'Cordópolis' no se han hecho esperar. Primero fue el Córdoba CF a través de un comunicado oficial y, durante la tarde, el Comité Olímpico Español ha desmentido la implicación de su presidente, Alejandro Blanco, en los hechos relacionados con la venta judicial del Córdoba CF que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba.

En un comunicado, el COE ha asegurado que su presidente no tuvo participación en la operación más allá de la “mera presentación de los intervinientes” y ha recalcado que no realizó actividad alguna ni percibió “retribución, estipendio o ventaja” como consecuencia de dicha presentación.

La reacción del organismo llega después de que se conocieran la apertura de diligencias tras una querella presentada por Hartmann & Morato Sports, acreedora del Córdoba CF. La denuncia cuestiona la legalidad de la operación por la que Unión Futbolística Cordobesa SAD adquirió la unidad productiva del club en 2019 y pasó a competir bajo la denominación de Córdoba CF.

Según se recoge en la querella a la que tuvo acceso este periódico, en las diligencias aparecen los nombres de Alejandro Blanco y de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No obstante, el COE ha subrayado que es “completamente ajeno” a las vicisitudes de las entidades deportivas y a sus procesos judiciales.

El organismo también ha señalado que la inscripción del Córdoba se produjo como consecuencia de una resolución dictada en septiembre de 2020 por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, encargado de tramitar el concurso de la entidad. Por ello, sostiene que los hechos señalados serían atribuibles a la actuación judicial y no a Blanco.

El COE ha defendido que la actuación de su presidente se enmarca en las relaciones institucionales y el conocimiento de distintos agentes acumulados durante años de representación del deporte español.

El Córdoba CF ha reaccionado oficialmente a la información publicada en la jornada de ayer por parte de ‘Cordópolis’ en la que detallaba la querella interpuesta por Hartmann & Morato Sports S.L. El motivo: la operación de venta de la unidad productiva del antiguo Córdoba CF SAD y la posterior inscripción de Unión Futbolística Cordobesa SAD como Córdoba CF.

En este sentido, la entidad blanquiverde ha emitido un comunicado en su página web oficial en el que asegura que, “a fecha de hoy no ha recibido notificación alguna en relación con la querella a la que se referían dichas informaciones”. El club subraya, además, que “no existe pronunciamiento judicial alguno contra Unión Futbolística Cordobesa SAD, sus accionistas, administradores o representantes”.

La respuesta del Córdoba CF llega después de que este periódico publicara que el juzgado ha iniciado diligencias previas tras la querella presentada por Hartmann & Morato Sports S.L., antigua Bitton Sport, contra varios de los protagonistas de aquella operación societaria y federativa. En esa querella se señalan, entre otros, al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales; al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; al ex CEO del Córdoba CF, Javier González Calvo; al administrador concursal Francisco Estepa; a sociedades vinculadas a Infinity y a parte del Consejo de Administración de la actual entidad blanquiverde.

En su comunicado, el Córdoba CF evita entrar en el fondo de las acusaciones recogidas en la querella y se limita a remarcar que no ha sido formalmente notificado. La entidad expresa también su “plena confianza en el sistema judicial español” y afirma que “cooperará con cualquier autoridad competente en caso de ser requerido para ello”.

El club insiste, igualmente, en que continúa desarrollando su actividad “con normalidad” y que “mantiene su foco en sus objetivos deportivos, comerciales y sociales”. Con ello, la entidad trata de separar el frente judicial abierto de su día a día institucional y deportivo, en un momento especialmente sensible por la repercusión pública de la información.

La querella, tal y como recoge este periódico, sostiene que la operación que permitió a la nueva sociedad hacerse con la unidad productiva del Córdoba CF SAD habría separado los activos deportivos y comerciales del club de sus deudas, dejando en una posición perjudicada a los acreedores de la sociedad anterior. El escrito apunta también al cambio de criterio federativo que acabó permitiendo a UFC SAD competir como Córdoba CF.

Por ahora, el Córdoba CF se sitúa en un plano de cautela jurídica. La entidad afirma que, una vez reciba cualquier notificación formal y esta sea analizada por sus asesores legales, se reservará “todos los derechos que le asistan en defensa de su reputación e intereses legales”.

Más lío judicial en torno al Córdoba CF. Mientras la Audiencia Provincial celebra estos días la vista oral contra Carlos González, expresidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, otro frente se abre paso. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Córdoba ha iniciado las diligencias previas para investigar una querella presentada por Hartmann & Morato Sports S.L., antigua Bitton Sport, contra varios de los protagonistas de la operación que terminó con la venta de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol SAD y con la posterior inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa SAD como Córdoba CF.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Cordópolis, acuerda el inicio de diligencias al apreciar que los hechos descritos en la querella podrían presentar, al menos en esta fase inicial, “características constitutivas de alguna infracción penal”. De manera más concreta, se habla de presuntos delitos de administración desleal, cohecho, corrupción entre particulares, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los querellados figuran el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el ex CEO de la entidad cordobesista, Javier González Calvo; el administrador concursal Francisco Estepa, sociedades vinculadas a Infinity y parte del Consejo de Administración del actual Córdoba CF.

La querella sostiene que la operación que permitió a la nueva sociedad hacerse con la unidad productiva del Córdoba CF SAD fue, en realidad, una maniobra diseñada para separar los activos deportivos y comerciales del club de sus deudas, dejando a los acreedores en una posición gravemente perjudicada. Hartmann & Morato Sports S.L. (integrada por los hijos del malogrado Joaquín Zulategui, antiguo consejero del club) afirma en su escrito que era acreedora del club en el concurso de acreedores y que tenía reconocidos créditos por más de 3,1 millones de euros, además de otras cantidades superiores a los 30.000 euros. Según esta versión, la venta permitió que la nueva entidad conservara los elementos esenciales del proyecto deportivo (la plaza, la identidad, el nombre de competición y la continuidad federativa) mientras el viejo Córdoba CF SAD quedaba en concurso y con sus acreedores sometidos a una quita del 80% y una espera de 119 meses.

El escrito, de casi una treintena de páginas, reconstruye la operación desde la detención en noviembre de 2019 del entonces presidente del Córdoba CF SAD, Jesús León, hasta la venta de la unidad productiva y la posterior inscripción de la nueva sociedad en competición. “La operación CORDOBBA CF (sic) se ha señalado públicamente como el gran fraude del fútbol español y no sin razón”, dice. Tal y como recoge la querella, apenas unos días después de aquella intervención judicial se solicitó el concurso voluntario del club y se presentó una oferta para adquirir la unidad productiva, lo que levanta, por la rapidez de los acontecimientos, las suspicacias de la parte demandante. En el escrito, incluso, se pregunta cómo la solicitud entró un viernes por la tarde (20:23 horas) y el lunes siguiente el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba acordó el concurso, nombró administrador concursal a Francisco Estepa y autorizó la venta de la unidad productiva. Entienden que esa celeridad no fue casual, sino el síntoma de una operación preparada con antelación.

Uno de los ejes del texto es la supuesta falta de transparencia en el proceso de venta. La querellante afirma que hubo otros interesados en obtener información e incluso en formular ofertas superiores (alguna, según el documento, de hasta nueve millones de euros), pero que no se les habría facilitado una posibilidad real de competir. El documento llega a calificar la operación como una “expropiación en toda regla”, al entender que se produjo una venta a bajo coste, sin tasación suficiente y sin garantías de que el precio respondiera al valor real del club.

El giro de la RFEF y la “supuesta intervención” institucional

La querella, y aquí radica bastante de lo novedoso del asunto, dedica buena parte de su relato al papel de la RFEF. Según el escrito, el ente federativo, liderado en ese momento por Luis Rubiales, mantuvo en un primer momento una posición contraria a la inscripción de UFC SAD como Córdoba CF, al entender que los derechos federativos y de competición no podían transmitirse sin más dentro de una venta de unidad productiva. El documento cita el principio de mérito deportivo y las normas federativas, de FIFA y de UEFA, para sostener que la inscripción de la nueva sociedad no era jurídicamente viable. Sin embargo, la querellante afirma que la Federación cambió de criterio en el último momento y acabó inscribiendo a UFC SAD en Segunda B como “Córdoba CF”, pese a que, según su interpretación, el auto judicial no ordenaba esa inscripción, sino que remitía a la Federación la comprobación de dichos requisitos.

Es en ese cambio de criterio donde la querella sitúa la supuesta intervención de Alejandro Blanco y Luis Rubiales. El documento sostiene que el presidente del COE habría actuado como puente entre Javier González Calvo, los inversores bareiníes y el entonces presidente de la RFEF. La querella cita apariciones públicas de Alejandro Blanco en Córdoba junto a representantes de Baréin y dirigentes de la nueva sociedad, así como viajes posteriores al Golfo Pérsico para apuntalar la tesis de que su presencia no era meramente institucional. También alude a conversaciones publicadas por medios como El Confidencial y OK Diario, de las que, según la querellante, se desprendería que Alejandro Blanco habría solicitado a Rubiales su intervención para facilitar la inscripción federativa de la nueva entidad.

La parte querellante vincula esa actuación con posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, al entender que personas con cargos de relevancia institucional habrían podido actuar en beneficio de terceros. El escrito también apunta a un posible delito de administración desleal en la actuación del administrador concursal, Francisco Estepa, al que acusa de haber favorecido a la sociedad compradora en perjuicio de la concursada y de sus acreedores.

Dudas sobre la “trazabilidad” de los tres millones de euros

Otro de los puntos que la querella pide investigar es el origen del dinero empleado en la operación. El documento hace referencia a una transferencia SWIFT de tres millones de euros consignada en el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba y plantea dudas sobre su procedencia, la sociedad que la ordenó, la cuenta de origen y la trazabilidad de los fondos. Hartmann & Morato Sports S.L. sostiene que, en aquel momento, no estaba claro quién estaba realmente detrás de UFC SAD ni cuándo entraron en su capital las sociedades vinculadas a Infinity. Esa falta de claridad sirve al escrito para invocar, además, la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales, extremo que ahora el juzgado deberá valorar si procede investigar en profundidad.

La querella pide, además, un amplio paquete de diligencias: que la RFEF remita el expediente completo de su intervención en el concurso y en la inscripción de UFC SAD; que se identifique quién ordenó y firmó la inscripción; que se aporten informes jurídicos, actas de reuniones y comunicaciones internas; que se requiera documentación sobre la transferencia de tres millones; que medios de comunicación entreguen audios, mensajes y WhatsApps atribuidos a conversaciones de Rubiales con Blanco y González Calvo; y que declaren testigos como Javier Tebas, Gerardo González Otero, Miguel García Caba, Magdalena Entrenas o Daniel Pastor.

Este medio se ha puesto en contacto con el Comité Olímpico Español, Unión Futbolística Cordobesa, Javier González Calvo y Francisco Estepa, que han preferido no hacer declaraciones hasta conocer con exactitud la querella a la que Cordópolis ha podido tener acceso en exclusiva. No ha sido posible recabar la versión de Luis Rubiales.

El juzgado que investiga el asesinato de Tulia, ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio cordobés de La Fuensanta, ha cogido declaración esta semana a tres personas, entre ellas, una vecina de la víctima, quien ha dicho que el presunto asesino, F.L.A., bajó hacia la zona del bloque donde se encontraba Tulia y le asestó una puñalada en el pecho.

Según ha podido conocer este periódico, la comparecencia de esta vecina se ha realizado como prueba preconstituida debido a su avanzada edad, unos 80 años. Ante la jueza, esta mujer ha relatado que, el día de los hechos, se encontró con Tulia en el portal y ambas comenzaron a subir. Al llegar a la segunda planta, el presunto asesino -que vivía en la tercera- bajó de manera sorpresiva por las escaleras y le clavó un cuchillo directamente en el pecho. Según su testimonio, la víctima comenzó a sangrar de forma masiva de inmediato. Tras el ataque, el agresor mantuvo una actitud de extrema frialdad, dirigiéndose a la vecina para ordenarle: “Sube, sube y llama a la Policía”, mientras él permanecía en el lugar.

Durante este jueves también ha declarado Alejandro, el hijo de Tulia, quien ha introducido una cuestión muy relevante del día en el que ocurrieron los hechos. Según su declaración, su madre le llamó para decirle que había comprobado que su exmarido estaba en el piso, incumpliendo así la orden de alejamiento que tenía en vigor por la agresión que Tulia sufrió días antes y por la que F.L.A ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tulia llegó a esa conclusión usando unas llaves del piso de su exmarido con las que pudo comprobar que la vivienda estaba cerrada por dentro con un solo candado. Esta era la señal inequívoca, según Alejandro, que su padre utilizaba habitualmente para indicar que se encontraba dentro. Tras esta llamada, Tulia llamó a la Policía, que se personó en el lugar. Los agentes llamaron a la puerta del piso del hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir. Aproximadamente dos horas después de esta visita policial, se consumó el asesinato.

Junto a estas dos declaraciones, la jueza ha escuchado este jueves a la empleada del hogar de esta vecina. Ella ha manifestado que, al llegar al edificio, se encontró con el acusado en una ventana del rellano como en una “actitud de espera”. Al pasar junto a él, observó que ocultaba tras su espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después, la trabajadora se encontró con la escena del crimen y corrió a refugiarse en la casa de la vecina de Tulia.

Geolocalización de los móviles del presunto de asesino el día de los hechos

Previa a estas tres declaraciones, la jueza que investiga el asesinato ordenó el rastreo de los móviles del presunto asesino de Tulia para confirmar su presencia en la escena del crimen. Así, autorizó la geolocalización de sus dos terminales durante el fin de semana previo al crimen y el mismo día del asesinato tras hallar indicios de homicidio y quebrantamiento de condena.

La ejecución de este rastreo ha sido encomendada a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba. La magistrada a pedido a los agentes que cumplan la orden “a la mayor brevedad posible” dada la naturaleza de la causa y la condición de preso del investigado.