La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una octogenaria, titular de una explotación ganadera en Espiel, del delito continuado de maltrato animal por el que había sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 5 a 15 meses de prisión y a más de tres años de inhabilitación para la tenencia de animales. El tribunal ha considerado que la avanzada edad de la mujer -en el momento de los hechos tenía 74 años-, así como la depresión que padecía, impiden probar que hubiera una voluntad deliberada de maltratar a los animales

El caso se remonta a julio de 2019, cuando agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección en la finca, situada en el paraje Nava-Obejo. En el lugar, los agentes hallaron 25 cadáveres de reses en distintos estados de descomposición. Los animales que aún permanecían con vida presentaban un estado de desnutrición severa, heridas sin curar y falta de acceso a agua y comida suficiente, lo que obligó a las autoridades a acordar su incautación y posterior sacrificio.

Aunque la Audiencia no discute la muerte de los animales, el tribunal ha fundamentado la absolución en un “irremediable error técnico” en la redacción de la sentencia original. Según el tribunal, para que exista un delito de maltrato animal debe quedar acreditado el dolo, es decir, una decisión deliberada y voluntaria de causar daño o abandonar a los animales. En este caso, la Sala ha considerado que no se explicó suficientemente si el estado de las vacas se debió a una voluntad de maltratar o a una “gestión desacertada” e incapaz de la propietaria.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal ha tenido en cuenta varios factores determinantes. En primer lugar, el estado de salud de la dueña de la finca, ya que, en el momento de los hechos, la mujer tenía 74 años y padecía un síndrome depresivo de larga evolución, lo que dificultaba que pudiera realizar una gestión diligente de la finca. En segundo lugar, varios testigos señalaron en el juicio que la acusada no se desentendió totalmente de los animales, sino que los proveyó de paja y agua en la medida de sus posibilidades.

En tercer y último lugar, el tribunal también ha hecho mención la situación de un segundo investigado, el hijastro de la dueña, quien fue absuelto en primera instancia por no conocerse su grado de implicación, lo que deja dudas sobre quién asumía realmente la responsabilidad diaria de los animales. Por todo ello y ante la falta de pruebas de una intención criminal clara, la Audiencia ha absuelto a la mujer.

Los juzgados de la provincia de Córdoba necesitan quince nuevas plazas de jueces, destacando entre ellas cinco de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), según se recoge en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En concreto, en dicho documento, consultado por Europa Press, se detalla que hacen falta dos magistrados para la Sección Civil de la Audiencia Provincial; tres titulares para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba; un titular para la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Igualmente, un titular para la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba, después de que ha ingresado un total de 1.264 asuntos y existe un único juzgado exclusivo asumiendo una carga de 1.264 asuntos. La creación de una plaza nueva conforme criterio técnico, orientador e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es de 435 asuntos, determinaría un total de dos plazas, que supondría una carga individual por cada sección de 632 asuntos.

Por otra parte, se recoge un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena; un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, y un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas, junto a las cinco plazas de JAT.

Al respecto, se apunta que “la suma de todas las Plazas de Juez de Adscripción Territorial que se proponen para todas las provincias suponen un total de 30, que son las que faltarían a las 57 existentes para alcanzar el número de 87 que serían las que corresponderían a la Comunidad Autónoma, de conformidad a la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, BOE 9/4/2026, y a la población de Andalucía según estadística de 2025”.

Violencia sobre la mujer

En cuanto a la Violencia sobre la Mujer, se explica que en la provincia se han recibido 2.662 denuncias y 2.648 víctimas, de las cuales el 3% se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, por debajo de la media andaluza, que está en un 7%.

Las mujeres que se acogen a la dispensa de declarar son en su mayoría españolas (un 93%). Se han adoptado 382 órdenes de protección, que supone el 84% de las incoadas y se han dictado 76 sentencias penales condenatorias -el 74% del total de las sentencias-.

Igualmente, se señala que en la provincia se propone la modificación de la extensión de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, establecida en el Real Decreto 422/2025, y limitarla a los partidos judiciales de Córdoba y Pozoblanco, al tiempo que ampliarla a los partidos judiciales de Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo.

Asimismo, se propone la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena, que extienda su jurisdicción también a los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Montilla, Puente Genil y Priego de Córdoba.

Tribunales de instancia y sedes

Por otra parte, se precisa que la provincia cuenta con 21 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que se transformaron el día 1 de julio de 2025 en once Tribunales de Instancia, con Sección Única, Civil y de Instrucción. La situación que presentan es “desigual en cuanto a la carga de trabajo”.

Al respecto, se subraya que “destaca la sobrecarga de asuntos en los partidos judiciales de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, Montoro y Posadas, en materia civil, y Lucena en ambas jurisdicciones”.

En cuanto a las sedes, se detalla que “afortunadamente, la nueva sede judicial de Lucena está plenamente operativa, una vez finalizadas las obras de ejecución del nuevo Palacio de Justicia”, si bien “las sedes de Montilla y Aguilar de la Frontera mantienen carencias, necesidad de adaptación a las condiciones básicas de accesibilidad, rehabilitación energética, tratamiento de humedades, etc., que necesitan definitiva solución y para lo que existen obras en ejecución en la sede de Aguilar, al tiempo que redacción de proyecto de ejecución para la sede de Montilla”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado extinguiendo la pensión de alimentos que un padre cordobés abonaba a favor de su hija mayor de edad. El tribunal fundamenta su decisión en la “pasividad o desidia” mostrada por la joven para incorporarse al mercado laboral o continuar con una formación académica constante.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la obligación de pagar la pensión de alimentos se remontaba a abril de 2014, cuando se fijó una cuantía de 150 euros mensuales a cargo del padre. Al alcanzar la hija la mayoría de edad, el progenitor presentó una demanda solicitando la extinción de dicha pensión, argumentando dos motivos principales: la falta de relación afectiva con su hija y la escasa actividad de esta para buscar empleo.

En primera instancia, el juzgado estimó parcialmente la demanda, pero decidió mantener la pensión durante un periodo de prórroga de dos años bajo el argumento de que la situación del mercado laboral actual hacía difícil que una joven de veinte años sea económicamente independiente. Sin embargo, el padre recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, que le ha dado la razón.

Según las pruebas aportadas, la joven solo estuvo matriculada en una academia entre febrero y mayo de 2024, realizando tres cursos online (monitora de escuelas de verano, auxiliar para la dependencia y auxiliar en educación infantil) que sumaban un total de 400 horas lectivas. Además, la joven no había recibido ninguna otra formación antes ni después de ese periodo hasta la fecha de la sentencia, y tampoco había buscado empleo. Por ello, los magistrados han concluido que existe una conducta de abandono o falta de aprovechamiento que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, justifica el cese de la ayuda económica de los padres.

Aunque el padre también alegó la falta de relación con su hija como causa de extinción, el tribunal ha desestimado este motivo dado que la pensión solo podría eliminarse si el distanciamiento es imputable principal y exclusivamente a los hijos. En este, al no haber pruebas claras de quién era el responsable de la falta de relación, este argumento no fue suficiente por sí solo para retirar la pensión.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición realizada por un guardia civil de Cerro Muriano (Córdoba), quien reclamaba una cuantiosa indemnización tras haber sido sancionado en 2017. La Sala ha desestimado íntegramente su recurso, subrayando que la anulación de una sanción “no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización” por parte del Estado.

El conflicto se remonta a junio de 2017, cuando el agente -representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)- fue sancionado con ocho días de suspensión de funciones por una supuesta falta grave de “violación de secreto profesional”. En la sanción, se le acusaba de filtrar a la prensa detalles de una operación contra el tráfico de drogas.

Aunque el Ministerio del Interior mantuvo la sanción, el Tribunal Militar Central la anuló en 2019, dictaminando que se había vulnerado su presunción de inocencia. Con este aval, el guardia civil inició una reclamación de responsabilidad patrimonial exigiendo 64.268,59 euros por daños morales, económicos y físicos que le llevaron a estar 503 días de baja médica por estrés y ansiedad.

Sin embargo, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, para que exista responsabilidad del Estado, el daño debe ser “antijurídico”, es decir, algo que el ciudadano no tenga el deber de soportar. De ese modo, la sentencia señala que, si la Administración actúa de forma argumentada, desaparece el derecho a compensación. En este caso, el tribunal ha entendido que investigar al agente era lógico dado que él era el representante de la asociación que difundió la noticia. El Abogado del Estado también ha ido en esa línea, argumentando que “el expediente sancionador instado se siguió de forma no arbitraria”.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha rechazado indemnizar al guardia civil por las retribuciones de productividad perdidas durante el largo periodo de baja, ya que, al no haber una “prestación efectiva de la actividad”, no existe perjuicio reclamable por no percibirlos.

Respecto al sufrimiento psíquico alegado, la Audiencia Nacional ha considerado que no se ha acreditado una “finalidad torcida” por parte de sus superiores para presionarle profesionalmente. De hecho, los magistrados han afirmado que los daños morales deben considerarse “sanados mediante la anulación misma de la sanción impuesta”. Incluso, continúa la sentencia, este guardia civil recibió en 2019 la Cruz a la Constancia en el Servicio, lo que para el tribunal demuestra una “conducta intachable” que no se vio perjudicada por el expediente anulado.

Finalmente, la Sala también ha impuesto al guardia civil el pago de las costas, limitadas a un máximo de 500 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer, mediante una sentencia de conformidad, a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir a otra joven en el recinto ferial de Priego de Córdoba.

Según la sentencia, la agresión se produjo durante la madrugada del 9 de julio de 2023, cuando Omar Montes ofreció un concierto en la localidad cordobesa. La acusada se encontraba en un concierto cuando se dirigió a la víctima con una “actitud agresiva” tras una discusión previa. En el transcurso de un forcejeo, en el que la agresora agarró a la víctima por el pelo y el brazo, terminó propinándole un golpe en la boca con el teléfono móvil que llevaba.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas, la fractura de tres dientes, además de heridas en el interior de la bora, en el labio inferior y en su muñeca izquierda. Las heridas requirieron tratamiento médico-quirúrgico y tardaron 30 días en sanar.

Aunque la Fiscalía pedía para la procesada cuatro años y medio de prisión, la petición de cárcel por este delito de lesiones se ha reducido tras la aplicación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que la condenada consignó y abonó, de forma previa al juicio, la cantidad total de 2.086,5 euros en concepto de indemnización.

Por último, la Audiencia le ha suspendido la ejecución de la pena durante tres años siempre y cuando no delinca durante este periodo.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha registrado 3.161 asuntos penales, un 16% más, en 2025 y se han resuelto 2.996, un 9% más. Pese a ello, la pendencia ha aumentado un 38% por el aumento del número de ingresos. Y en la jurisdicción civil se contabilizaron 2.871 asuntos, un 70% más, y se resolvieron 2.091, un 18% más. La pendencia, debido al elevadísimo incremento de asuntos ingresados, ha aumentado un 57%. Ante ello, se considera “necesario” el incremento de la plantilla en dicha jurisdicción.

Según recoge la memoria de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a la Audiencia, consultada por Europa Press, en las tres secciones -una civil y dos penales- han ingresado un total de 6.032 asuntos, 3.161 penales y 2.871 civiles.

En relación a la situación en lo civil, se indica que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 200 asuntos por magistrado y año para las secciones civiles de audiencias provinciales, esa cifra es “superada ampliamente y es necesario incrementar la planta judicial, sin perjuicio de valorar medidas de apoyo mediante comisión de servicio con relevación de funciones, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta”.

La carga de trabajo civil fue de 4.241 asuntos --pendientes a principio de año más registrados-- y de ella se ha resuelto el 49% a lo largo del año. De los 2.683 recursos civiles iniciados, el 36% corresponde a recursos de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, el 23% corresponde a apelaciones de juicios ordinarios, el 16% a apelaciones de autos, el 12% a juicios verbales, el 9% apelaciones de Juzgados de familia y el 2% a resoluciones del Juzgado de lo Mercantil.

Se han dictado un total de 1.876 resoluciones civiles, que se distribuyen en 1.399 sentencias y 477 autos, todos ellos resolviendo recursos, clasificándose en 37% estimatorios, 61% desestimatorios y 2% anulatorios.

En el último año, se han ingresado un 70% más asuntos y se han resuelto un 18% más que la anualidad anterior, pero “el incremento de ingreso de asuntos ha sido tan elevado, que ha provocado que la pendencia también aumente de forma considerable”, en concreto un 57%, se expone.

El volumen de asuntos resueltos revela “laboriosidad” de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo civil se ha resuelto el 49%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, a partir de 12 meses, “plazo elevado”.

La jurisdicción penal

En la jurisdicción penal, se han resuelto durante 2025 un total de 138 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. De todos los asuntos penales iniciados, el 8% corresponde a procesos en única instancia. De los 242 procesos penales en única instancia registrados el 63% corresponde a procedimientos abreviados; el 36%, a sumarios, y el 1% restante, a procesos de la Ley del Jurado.

Por otro lado, los 2.781 recursos iniciados son en un 57% apelaciones de autos, en un 14% apelaciones en procedimientos por delito y en un 10% apelaciones de juicios rápidos y un 9% apelaciones de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Del total de la carga de trabajo penal -asuntos pendientes a principio de año más asuntos registrados- la Audiencia ha resuelto el 83%, algo que “permite hablar de un correcto esfuerzo resolutivo”. Se han dictado un total de 2.966 resoluciones penales, 1.062 sentencias y 1.904 autos finales.

Al respecto, la actividad penal de la Audiencia Provincial se ha incrementado en 2025. Han subido tanto los asuntos registrados como los resueltos. La pendencia ha aumentado, sobrepasando los 600 asuntos.

Así, el volumen de asuntos resueltos revela “laboriosidad” de los magistrados. De la carga total de trabajo se ha resuelto en la Sección Segunda el 93% y en la Tercera el 73%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, en torno a un mes en la Sección Segunda y cuatro meses en la tercera.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de audiencias provinciales, esa cifra es superada en las dos secciones.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a once años y tres meses de prisión a un hombre acusado de intentar asesinar a otro vecino tras una disputa relacionada con la compraventa de un vehículo. El tribunal considera probado que el procesado esperó a la víctima en la terraza de una cafetería de Pozoblanco y la atacó por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones, causándole heridas gravísimas que lo dejaron en estado crítico.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia, aprecia un delito de asesinato en grado de tentativa con la concurrencia de una atenuante analógica por alteración psíquica parcial. Además de la pena de prisión, impone al condenado la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante quince años, así como ocho años de libertad vigilada una vez cumpla la condena.

Según los hechos probados que constan en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ambos hombres habían formalizado a finales de junio de 2023 una operación de compraventa de un coche anunciado mediante un cartel colocado en el interior del vehículo. Posteriormente surgieron discrepancias por el estado mecánico del automóvil y por la devolución del dinero entregado a cuenta.

El condenado interpretó que había sido engañado y, según recoge la resolución judicial, desarrolló una fuerte animadversión hacia el vendedor al considerar que había recibido una grave ofensa por negarse a devolverle los 2.000 euros abonados.

Lo esperó armado en una cafetería

El 1 de julio de 2024, el acusado salió de su domicilio en Peñarroya-Pueblonuevo con la intención de desplazarse a Pozoblanco. Lo hizo armado con dos cuchillos, uno de ellos de cocina, de 30 centímetros de longitud y 20 de hoja.

Ya en la localidad vallesana, se sentó en la terraza de una cafetería situada en la esquina entre la avenida de Villanueva y la calle Mayor, donde sabía que podía encontrar al perjudicado. Sobre las 15:30 llegó la víctima acompañada de uno de sus hijos y se colocó junto a la barra del establecimiento, sin advertir la presencia del agresor, siempre según el relato de los hechos probados que consta en la sentencia.

Instantes después, el condenado se aproximó sigilosamente portando una bolsa de la compra. Sacó el cuchillo y, sin mediar palabra, asestó una puñalada por la espalda a la víctima. El tribunal relata que, sin extraer completamente la hoja, volvió a hundirla provocando dos trayectorias distintas.

Una de las cuchilladas perforó la pleura y provocó un neumotórax izquierdo. La otra causó la desvascularización del bazo, perforación gástrica y una laceración hepática con una grave hemorragia interna. Pese a la gravedad del ataque, el herido llegó a girarse e intentó defenderse. Entre ambos se produjo un forcejeo, momento en el que el agresor llegó a empuñar el segundo cuchillo, aunque finalmente fue convencido por otro cliente del local para que desistiera.

Ingresó en estado 'premortem'

Pocos segundos después, la víctima se desplomó y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Valle de los Pedroches, donde ingresó en estado premortem. La sentencia destaca que una cirujana de guardia logró salvarle la vida al contener manualmente la principal hemorragia hasta su entrada en quirófano. Allí fue sometido a una compleja intervención que incluyó la extirpación del bazo, una gastrectomía parcial, control de la lesión hepática, lavado abdominal y drenajes, además del tratamiento del neumotórax.

El lesionado tardó 218 días en curar. De ellos, cinco fueron considerados de perjuicio muy grave, cuatro grave y 209 moderado. Como secuelas arrastra un trastorno de estrés postraumático leve, las consecuencias derivadas de la pérdida del bazo y numerosas cicatrices abdominales y dorsales.

La Audiencia entiende que existió alevosía porque el ataque fue sorpresivo, premeditado y ejecutado por la espalda, en un lugar donde la víctima se encontraba confiada y sin posibilidad real de defensa.

Los magistrados subrayan también que el procesado realizó todos los actos necesarios para matar y que solo la rápida intervención médica evitó el fallecimiento, por lo que califican los hechos como tentativa acabada de asesinato.

Junto a la condena penal, el tribunal impone al acusado el pago de una indemnización de 67.000 euros por las lesiones, secuelas físicas, perjuicio estético y daño moral causado a la víctima. También deberá asumir las costas procesales.

El exmarido de Tulia, F.L.A, la asesinó el pasado 13 de abril, 48 horas después de que ella le denunciara por violencia de género. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguró entonces que esa era la primera denuncia que constaba, Cordópolis ha podido confirmar que el exmarido de Tulia fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, pero que esos antecedentes penales habían sido cancelados, tal y como contempla el Código Penal. Fuentes de Interior confirman que, una vez cancelados, los antecedentes penales no constan en el sistema Viogén de valoración del riesgo y vigilancia de los casos, por lo que los agentes que valoraron el riesgo de Tulia no contaron con la información judicial precisa. No obstante, según ha podido saber Cordópolis, Tulia comunicó que esa denuncia previa existía. El hombre tenía otros antecedentes por comportamientos violentos. A pesar de todo ello, los agentes declararon el caso de Tulia como de riesgo medio.

Fuentes de Interior subrayan que el sistema VioGén valora el contexto de cada caso y que, para ello, los agentes formulan a las mujeres preguntas específicas para conocer, por ejemplo, si hay episodios previos. Sobre los antecedentes penales, confirman que, una vez cancelados conforme a los plazos que contempla la ley, no aparecen en ningún contexto y, por tanto, tampoco pueden aparecer en VioGén. Sí figuran los antecedentes policiales, aunque también pueden borrarse si la persona lo solicita y el caso terminó sin condena. Entonces, tampoco figurarían en VioGén. Es decir, podría darse el caso de que una mujer señale comportamientos violentos previos de ese agresor con ella, pero que la condena con el relato judicial de hechos o los antecedentes policiales no figuren en el sistema. O que la víctima desconozca otros episodios violentos previos de los que tampoco quede ya registro.

En el caso de Tulia, la mujer comunicó a los agentes de la Policía Nacional que recogieron su denuncia el sábado previo al crimen que, en agosto de 2005, había denunciado a su expareja por malos tratos. Así consta en la información a la que ha tenido acceso este periódico, que también ha podido conocer que el hombre fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, aunque este antecedente penal había sido cancelado de acuerdo a la ley.

El sábado de la denuncia

Ese sábado, el hombre entró en el piso donde vivía la víctima, puesto que tenía llaves, y le reprochó una cuestión relacionada con uno de sus hijos. Según denuncio Tulia, su exmarido le manifestó su voluntad de echarla de la casa, marchándose este a continuación de la vivienda. Poco después, mientras Tulia escuchaba música, sintió un fuerte golpe detrás de ella: su exmarido había entrado en el piso sin su consentimiento y estaba golpeando el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El abogado de Tulia y sus hijos ha solicitado al juzgado que se investigue si consta alguna llamada realizada en la noche del domingo 12 al lunes 13 de abril desde el teléfono de la víctima al 091, así como el contenido y la actuación policial derivada de la misma. Con este requerimiento, el letrado busca determinar si existió una intervención policial en el domicilio para comprobar la presencia del investigado, quien vivía en la planta superior del mismo inmueble que su víctima. Hay que recordar que él tenía una orden de alejamiento tras la denuncia del sábado.

Durante la formulación de la misma, Tulia trasladó a la Policía que no era la primera vez que denunciaba a su exmarido y que lo hizo en 2005, antes de su separación. Además, manifestó que, durante el tiempo que llevaban separados, habían tenido discusiones en las que él se ponía agresivo.

Una vez que presentó la denuncia, Tulia -que rechazó recibir asistencia de un abogado- solicitó una orden de protección, para lo cual rellenó la documentación pertinente. En dicho escrito, ella volvió a dejar constancia de que había denunciado a su exmarido anteriormente. Los agentes de la Policía Nacional siguieron los pasos para valorar el riesgo del caso, que finalmente calificaron como medio.

Sí existían antecedentes

Entre esas gestiones está la de analizar los antecedentes policiales del agresor, que son diferentes a los penales. Según ha podido saber este medio, F.L.A. fue detenido en 2005 tras la denuncia por malos tratos el día en que se formuló la denuncia. Por tanto, si sus antecedentes policiales no fueron cancelados -procedimiento que, según fuentes jurídicas, no se suele solicitar-, seguirán apareciendo en su historial. Estas mismas fuentes han rechazado realizar cualquier tipo de declaración sobre si el acusado de asesinar a Tulia tenía otros antecedentes policiales relacionados con violencia de género.

El hombre sí tenía otros antecedentes. En 1998 fue detenido acusado de amenazas, incendio provocado, allanamiento de morada y agresión sexual, aunque se desconoce por el momento si hubo un procedimiento judicial o cuál fue su resultado. En 2016 fue denunciado por una trabajadora de telefonía móvil. Según la denuncia que formuló esta mujer, esta acudió al bloque -donde diez años después ha sido asesinada Tulia- para vender los servicios de la empresa para la que trabajaba. Cuando esta mujer llamó al porterillo de este hombre, le espetó que no quería saber nada de su oferta y que se fuera. Ella ignoró sus comentarios y subió para hablar con un vecino, quien sí había mostrado interés.

Cuando F.L.A. la vio en el rellano, le dijo de nuevo que se fuera y, acto seguido, comenzó a agredirla, empujándola contra la puerta de la propia casa del agresor, golpeándose en la espalda con el tirador de la puerta. En su denuncia, la mujer relató que estuvo 20 minutos retenida tras los cuales pudo llamar a la Policía, que se personó en el lugar. Finalmente, la víctima denunció los hechos en la comisaría, donde se volvió a encontrar con este hombre, quien acabó agrediendo a la pareja de la mujer. Agentes de la Policía tuvieron que intervenir para reducirlo.

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente señala que respetar el derecho constitucional a cancelar los antecedentes debe ser compatible con que los episodios violentos y decisiones judiciales consten en el sistema para hacer valoraciones del riesgo más adecuadas.

“Una cosa es que se cancelen y no se haga una utilización pública que pueda atentar contra la dignidad de esa persona y otra que se desprecie un factor de riesgo para la mujer como es tener antecedentes de violencia con actuación policial y jurídica. Los derechos del agresor deben ser respetados, pero teniendo en cuenta que la violencia se suele dar en un periodo de continuidad y no se pueden eliminar los factores que actúan sobre el riesgo. Ningún elemento para identificar el riesgo puede ser descartado”, explica Lorente, que cree que toda esta información debe constar, más allá de las preguntas que se hagan a la víctima, precisamente para que conocer el contexto no dependa de la información que ella tenga o decida comunicar.

La denuncia de 2005

Según denunció Tulia el 23 de agosto de 2005, cuando llegó al domicilio familiar vio sangre en un cuarto de baño y le preguntó a su entonces marido si había pasado algo con los niños. Tras esto, el hombre comenzó a insultarla. En un momento dado, los menores -que se encontraban bien- empezaron a pelearse y el padre acabó agrediendo a su hija porque esta había pegado a su hermano. Esto provocó otra pelea entre la pareja durante la cual Tulia fue agredida, recibiendo tres puñetazos en un costado.

Cuando la mujer denunció estos hechos también comunicó que, ni mucho menos, era la primera vez que había sido maltratada. Así, dejó reflejado que, desde que se casaron, venía sufriendo malos tratos físicos y psicológicos y que solo una vez decidió denunciar: cuando fue agredida estando embarazada de su hija. A punto de celebrar el juicio, relató Tulia, retiró la denuncia porque se “encontraba enamorada” de su marido y este le prometió “que no volvería a repetir la agresión”. No obstante, tras este episodio de septiembre de 2005, acordaron estar separados un tiempo.

Esos malos tratos que ella aseguró haber sufrido durante su matrimonio consistían en “puñetazos por todo el cuerpo y cabeza”, siempre en zonas “que él consideraba que no iban a reflejar las agresiones sufridas”. Además, afirmó que tras las agresiones físicas se producían insultos de todo tipo, y que la maltrataba siempre en presencia de los niños. Asimismo, en aquella denuncia manifestó que sus hijos eran víctimas de malos tratos por parte de su padre quien, incluso, les llegaba a decir que su madre era “una puta”.

En 2005, tras la detención de su entonces marido y dos días después de la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 7 acordó la libertad provisional para el agresor, a quien impuso una prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de su mujer y sus hijos, además de otras medidas civiles. La condena llegó días después y bajo la conformidad del acusado: ocho meses de prisión, dos años y un día de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y dos años de alejamiento respecto de Tulia, a la que debía indemnizar con 150 euros.

La Justicia busca nuevas fórmulas para responder a las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ante la imposibilidad de ejercer acciones penales en muchos casos, la Ley de Memoria Democrática introdujo una nueva herramienta muy valiosa: el expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de hechos pasados, al que ya ha recurrido varias familias de Córdoba.

Según explica a Cordópolis la fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, este procedimiento permite “declarar ante la jurisdicción civil que los hechos sucedieron de una determinada manera o bajo una determinada circunstancia”. Se trata de una vía que se activa cuando no hay un autor conocido vivo o los delitos han prescrito, ofreciendo una “garantía muy efectiva” para quienes buscan justicia décadas después.

Entre los usos más importantes de esta vía civil está la de la corrección de los archivos oficiales. La fiscal explica que, en ocasiones, en el Registro Civil “consta que el fallecimiento fue por muerte natural o no está bien inscrita la causa”. Con este nuevo trámite, se puede solicitar que se “anule esa inscripción y se proceda a la rectificación del asiento registral de acuerdo con la realidad”.

Además, estos expedientes tienen un “componente eminentemente reparador” al actuar sobre las sentencias de los tribunales militares y consejos de guerra. Aunque la ley ya declara esas condenas como nulas, las familias pueden acudir a esta vía para que un juez certifique oficialmente que “en ningún caso el familiar cometió los hechos que se recogen en la sentencia” o que lo ocurrido “no se corresponde con la realidad reflejada” en aquel momento.

En la provincia de Córdoba, aunque ya se han registrado solicitudes de familiares, la fiscal aclara que “todavía no se han incoado” formalmente los expedientes en el juzgado porque se encuentran en una etapa crucial de “investigación previa”. “Necesitamos conseguir pruebas que acrediten lo que están solicitando”, explica la fiscal, subrayando que es necesario “articular ese escrito en torno a una documentación y una prueba” sólida antes de presentar la demanda ante el juez.

Para la Fiscalía, esta “justicia restaurativa” se sustenta en los cuatro pilares internacionales de los derechos humanos: “Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, valores que, según la fiscal, son la base de la actual legislación de memoria en España. Se trata, en definitiva, de una vía que está resultando “muy satisfactoria” en otros puntos de España, como en Galicia, y que ahora empieza a caminar en los tribunales cordobeses.

La representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció junto a otras 45 personas más en el siniestro ferroviario de Adamuz el domingo 18 de enero, ha interpuesto ante el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) un recurso de reforma contra la providencia que obliga a las acusaciones particulares del caso a unificarse bajo una sola dirección letrada, de modo que defiende “la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta”.

El recurso, presentado por la procuradora Maria José Carralero Medina y dirigido por el letrado Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, impugna la resolución de 22 de abril de 2026 que requiere a las víctimas personadas como acusaciones particulares para que compartan un único abogado, bajo apercibimiento de imposición de oficio.

Según han explicado desde la dirección letrada, se produce “vulneración de derechos fundamentales”, dado que “la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado”.

En este sentido, han remarcado que “la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas”.

El escrito invoca además el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce el derecho a la libre designación de letrado, “proyectable también sobre las acusaciones particulares como titulares de la acción penal y civil”.

Asimismo, han cuestionado “la interpretación extensiva del artículo 113 de la LECrim, que permite unificar representaciones cuando lo exija la buena marcha del procedimiento”, de manera que han argumentado que “la resolución judicial no acredita la existencia de perturbación real del proceso, ni la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, convirtiendo una facultad excepcional en una regla general”.

“Falta de motivación y desproporcionalidad”

Igualmente, han manifestado que “entre los argumentos centrales figura la carencia de motivación suficiente, en contravención del artículo 120.3 de la Constitución, ya que la providencia se limita a invocar genéricamente la economía procesal sin concretar qué perjuicios procesales se están produciendo”.

Al hilo, consideran que “la medida es desproporcionada al no superar el juicio de proporcionalidad: existen alternativas menos restrictivas, puede generar conflictos de interés entre perjudicadas y el sacrificio del derecho de defensa es superior al beneficio organizativo”.

Ante ello, el recurso solicita que “se deje sin efecto el requerimiento de unificación obligatoria, con expresa declaración del derecho de las representadas a mantener los profesionales libremente designados”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que pone fin al recurso de apelación de un hombre condenado a nueve meses de prisión por un delito de abandono de familia por el impago de pensiones. El tribunal no solo ha ratificado la pena de cárcel, sino también la medida de acercarse a su exmujer y al hijo menor de edad que tienen en común.

Según el fallo, el acusado debía pagar 400 euros mensuales por sus tres hijos desde la sentencia de divorcio de 2013. Esta obligación se mantuvo íntegra hasta marzo de 2025, fecha en la que se dictó una sentencia de modificación de medidas por la cual, a partir de abril de aquel año, solo efectuaría una pensión de alimentos para su hijo menor de edad. En base a la sentencia, entre mayo de 2022 y octubre de 2025, el procesado dejó de pagar las mensualidades que le correspondían, acumulando una deuda de más de 14.500 euros. Además, era reincidente en este delito, ya que en enero de 2020 fue condenado por impagos acumulados entre 2014 y 2019 que ascendían a más de 19.400 euros.

En aquella primera sentencia, el juzgado le permitió fraccionar el pago de la deuda antigua en cuotas de 150 euros mensuales para que pudiera seguir atendiendo la pensión de 400 euros. Sin embargo, los hechos probados de esta última sentencia demuestran que el padre utilizó ese acuerdo de forma selectiva: pagó los 150 euros de la deuda pasada para evitar la cárcel en aquel proceso, pero desatendió casi totalmente las nuevas pensiones devengadas desde junio de 2022. En tres años, apenas aportó 894 euros mediante ingresos esporádicos, algunos de tan solo cuatro euros. Por ello, el Juzgado de lo Penal número 4 le impuso nueve meses de prisión, la prohibición de aproximación a su exesposa y a su hijo, a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos durante un periodo de 21 meses.

En su recurso ante la Audiencia Provincial, la defensa del padre alegó que sus ingresos eran insuficientes, argumentando que debía mantener a dos hijos de una nueva relación y afrontar deudas previas. Llegó a sostener que se vio obligado por “necesidad imperiosa” a priorizar a sus hijos menores frente a los mayores, quienes supuestamente podían trabajar.

No obstante, la Sala ha rechazado estos argumentos, recordándole que tiene un trabajo fijo desde mayo de 2022 y que percibe un salario superior al mínimo interprofesional. Según la sentencia, la obligación de alimentos a los hijos tiene “carácter preferente sobre cualquier otra deuda”. En consecuencia, el tribunal ha calificado su conducta como una “voluntad maliciosa” de dejar a sus hijos desatendidos, señalando que resulta “extremadamente difícil pensar” que no pudiera disponer de una cantidad mínima adicional para ellos en un periodo tan largo.

La Audiencia también ha rechazado eliminar la agravante de reincidencia. Los magistrados aclaran que el nuevo delito se cometió mientras los antecedentes de la condena de 2022 estaban plenamente vigentes. Además, subrayan que el impago de pensiones es un delito de tracto sucesivo que se perpetúa en el tiempo, lo que impide considerar cancelados sus antecedentes penales.

Además de la pena de prisión y las medidas de comunicación y alejamiento, el condenado deberá indemnizar a la madre con los más de 14.500 euros de las mensualidades impagadas.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora social contra el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la nulidad de su despido, por el que ya cobró indemnización.

Ahora, el tribunal ratifica la sentencia de instancia que declaró el cese como despido improcedente, pero rechaza las pretensiones de la demandante de calificarlo como nulo por vulneración de derechos fundamentales. La resolución analiza el caso de una empleada que prestaba servicios para el consistorio desde el año 2001 y ostentaba la condición de personal laboral indefinido no fijo desde 2012.

El cese se produjo el 31 de enero de 2023 , tras no superar la trabajadora un proceso selectivo de oposición por turno libre convocado en 2020 para cubrir 26 plazas de trabajador social. La recurrente solicitaba la nulidad del despido argumentando una vulneración de la garantía de indemnidad por represalias tras litigios previos y que la resolución fue dictada por un órgano incompetente.

Sin embargo, la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba. El TSJA concluye que no hubo represalias, ya que la medida afectó a otros 12 trabajadores en la misma situación que no superaron la oposición. La sentencia subraya que la trabajadora no impugnó en su momento la convocatoria de 2020 , la cual fue declarada conforme a derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Además, el tribunal aclara que el Ayuntamiento de Córdoba, al ser un municipio de gran población , tiene delegadas las competencias de despido en la Junta de Gobierno Local y sus miembros, por lo que el decreto de cese fue dictado por un órgano competente.

Así, aunque se descarta la nulidad —que habría implicado la readmisión inmediata—, se mantiene la declaración de improcedencia. Según consta en los hechos probados, a la trabajadora ya se le abonó una indemnización de 50.995,03 euros en su última nómina tras la extinción del contrato. Contra esta resolución del TSJA aún cabe la interposición de un recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.

La compañía aseguradora de la responsabilidad civil de Renfe ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, que se la tenga por comparecida y personada en los autos, entendiéndose con ella las sucesivas actuaciones y diligencias.

Según el escrito, consultado por Europa Press, se pone en conocimiento del tribunal que se ha presentado escrito de personación de la misma entidad en su condición de aseguradora de Adif. “Habida cuenta de que la existencia de dos pólizas diferentes, regidas por condiciones contractuales y con asegurados distintos, podría dar lugar a situaciones contradictorias en el presente procedimiento, cada personación se formaliza mediante escrito y dirección letrada distintos”, se precisa.

Al respecto, la poliza de responsabilidad general recoge un protocolo de actuación en caso de accidente ferroviario grave en relación con la asistencia a víctimas y sus familiares, de modo que el objeto del presente procedimiento es fijar las bases de actuación coordinada en caso de siniestro ferroviario grave, integrando los modos de operación en el marco del Plan de Contingencias de Adif.

Igualmente, para regular la gestión y organización de los servicios de transporte, alojamiento, manutención y asistencia psicológica, por parte de la aseguradora, para garantizar la asistencia a las víctimas de accidentes y sus familiares, conforme a las disposiciones recogidas en el Real Decreto 627/2014 y que obligan a Renfe, como prestadora del servicio de viajeros, de forma que amplíen o complementen las prestaciones cubiertas por la póliza del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV).

Todo ello con la finalidad de optimizar la atención a las personas afectadas por accidente ferroviario; coordinar las acciones y canales de comunicación; minorar los tiempos de atención; promover el conocimiento de todos los actores que intervienen en el plan de sus bases y convenios, y establecer las competencias e interlocutores.

Definiciones

En concreto, tendrán la consideración de accidente grave “cualquier colisión o descarrilamiento de trenes con el resultado de al menos una víctima mortal o de cinco o más heridos graves o grandes daños al material rodante, a la infraestructura o al medio ambiente, y cualquier otro accidente similar, con un efecto evidente en la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de la seguridad;” por grandes daños se entenderán “daños cuyo coste pueda evaluar inmediatamente el organismo de investigación en al menos un total de dos millones de euros”.

Se considerarán familiares su cónyuge o pareja de hecho, sus ascendientes y descendientes, por consanguinidad o afinidad, y sus parientes en línea colateral hasta el segundo grado. Se considerarán heridos graves aquellos beneficiarios heridos en un accidente de circulación y cuyo estado precise una hospitalización superior a 24 horas. Y tendrá la consideración de víctima toda persona que como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en el accidente ferroviario resulte herida o fallecida.

Beneficiarios

Por otra parte, los beneficiarios serán los viajeros de Renfe provistos del correspondiente título de transporte y menores de edad que estén exentos del pago del billete; personal adscrito a la plantilla del Grupo Renfe dedicado a los servicios requeridos para la utilización o funcionamiento de vehículos y el personal al servicio de las Administraciones Públicas, que se halle, durante el viaje, en ejercicio de sus funciones.

Las personas que perteneciendo o no a la plantilla laboral del Grupo Renfe realicen alguna función o cometido en tren --personal de Compañías de vigilancia y seguridad, encuestadores, personas en formación, control de intervención, etc.-- y durante el tiempo en que, por razón de su cometido, deban permanecer en el vehículo, durante, antes y después de efectuarse el viaje.

La aseguradora se compromete a garantizar y asumir los gastos de todas aquellas prestaciones que sean necesarias para facilitar la asistencia precisa a las víctimas y sus familiares, tanto las prestaciones no incluidas en la póliza del SOV, como los excesos de prestaciones recogidas en dicha póliza.

Las prestaciones que sean necesarias facilitar a las víctimas y familiares serán realizadas por la aseguradora del SOV, si bien, no será necesaria la autorización expresa en todas aquellas que se relacionan con el transporte y asistencia sanitaria de heridos graves y fallecidos.

Ante ello, facilitará el transporte de los familiares de fallecidos y heridos graves, si así lo requiere y no fuera posible realizarlo con medios propios de Renfe, hasta el lugar del accidente y su regreso, así como su alojamiento y manutención.

Para el caso de los familiares de fallecidos, se extenderá durante el tiempo necesario en función del curso de las labores de rescate e identificación y, en su caso, repatriación de las víctimas del accidente, con máximo de tres familiares por cada uno de los fallecidos. Para el caso de heridos graves, se extenderá en tanto sea necesaria la hospitalización del herido, con el límite máximo de 90 días desde el momento del accidente. El número máximo de familiares por cada uno de los heridos será de tres personas.

Se procurará, en la medida de lo posible, que se ofrezca alojamiento en lugar distinto a los familiares de fallecidos. Asimismo, se intentará alojar en lugares diferentes al personal de la empresa ferroviaria y sus familiares y a los demás viajeros y sus familiares. En todo caso, se procurará el alojamiento en lugares cercanos a centros hospitalarios donde se encuentren las víctimas.

Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención sin límite de número de familiares de las víctimas que hayan resultado fallecidos. Límite económico de 3.000 euros por víctima. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención sin límite de familiares de las víctimas que hayan resultado heridas. Límite económico de 3.000 euros por víctima.

También, facilitará la asistencia sanitaria que se precise, una vez superado los límites temporales y cuantitativos recogidos en la póliza del SOV, para todos aquellos lesionados en el accidente que no tuvieran sanidad a dicha fecha o estabilidad lesional. Facilitará y pondrá a disposición del accidentado la ayuda de una tercera persona, siempre que se establezca médicamente.

Facilitará y gestionará el ingreso de los accidentados en centros especiales de asistencia día/noche, siempre que se establezca medicamente. Asumirá los gastos de sepelio e inhumación --en exceso de los recogidos en la póliza del SOV--. Se incluye el transporte en ambulancia o taxi al juzgado para las visitas de los forenses. Gastos de traslado, repatriación y sepelio hasta 6.500 euros por víctima.

Los gastos para la adecuación de vivienda y ayuda de tercera persona, centros especiales de asistencia día/noche --siempre que médicamente así se establezca--, dado que este punto lo contempla el baremo y sí se tiene en cuenta en el cálculo de lesiones conforme a informe forense. Y facilitará las autorizaciones individuales en base a las circunstancias especiales del caso de otras prestaciones que no respondiesen a los criterios reseñados.

La prestación de asistencia psicológica se realizará a requerimiento de Renfe y en ella se facilitará el equipo de psicólogos que intervendrán en cada uno de los centros de atención a familiares. La asistencia psicológica posterior al accidente se proporcionará a criterio clínico del facultativo, a las víctimas y familiares que soliciten la misma. Dicha asistencia estará disponible en todas las capitales de provincia en las siguientes 24 horas tras la petición, entre otros aspectos.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba han formalizado su decisión de personarse en el procedimiento judicial que decidirá el futuro administrativo del núcleo de Villarrubia. La decisión responde al emplazamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de la capital, tras la demanda interpuesta por la Asociación de Vecinos por la Autonomía de Villarrubia.

El conflicto escaló a la vía judicial después de que el colectivo vecinal no obtuviera una respuesta formal a su solicitud de inicio de expediente para la constitución de una Entidad Local Autónoma (ELA) o ente territorial inferior al municipio. Ante esta falta de resolución, la asociación recurrió la desestimación por silencio administrativo de su proyecto de autogobierno para el núcleo poblacional.

La respuesta sí le había llegado informalmente desde el Pleno del Ayuntamiento. Fue en 2024, cuando el alcalde de Córdoba, José María Bellido, dijo ante los vecinos, presentes en la sesión, que “los servicios jurídicos trasladan que la actual ley ya impide la constitución de nuevas entidades locales autónomas” y remarcaba que no era una cuestión de voluntad política.

A pesar de ello, los vecinos de la barriada siguieron con su campaña: recogieron 2.501 firmas (alrededor del 65% del censo electoral de los habitantes) y, meses después, anunciaron que iban a judicializar sus pretensiones con la idea de obligar al consistorio a iniciar los trámites legales para otorgar a Villarrubia un estatus de independencia administrativa parcial respecto al ayuntamiento matriz.

Los fundamentos de la Asesoría Jurídica

En un documento remitido a la Junta de Gobierno Local, la Asesoría Jurídica subraya que la intervención es un imperativo legal para salvaguardar el ordenamiento vigente. Los letrados municipales basan su estrategia en la obligación de defensa -invocan el artículo 68 de la Ley de Régimen Local, que establece el deber ineludible de las entidades locales de defender sus bienes y derechos ante cualquier instancia-.

Así, salvo que se reciban instrucciones políticas de signo contrario en los próximos días, la Asesoría Jurídica procederá a la personación inmediata en el procedimiento. Este movimiento garantiza que el Ayuntamiento de Córdoba tenga voz y voto en el proceso judicial, donde defenderá la unidad administrativa del municipio frente a las aspiraciones segregacionistas del núcleo de Villarrubia.

Un tribunal contencioso administrativo de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital a indemnizar con más de 4.000 euros a una ciudadana que sufrió graves lesiones tras una caída provocada por el mal estado de un paso de peatones.

La sentencia estima el recurso de una residente que, el pasado 25 de octubre de 2024, sufrió una fractura de peroné y un esguince de tobillo al introducir el pie en un surco profundo entre el acerado y el asfalto en la calle Motril. El desperfecto, según informes periciales, presentaba una profundidad de 10 centímetros.

El magistrado ha anulado la pretensión inicial del Consistorio de reducir la indemnización al 50% por una supuesta falta de atención de la mujer. El fallo judicial subraya que una profundidad de 10 centímetros supera “lo tolerable” para el tránsito peatonal.

Además, el juez razona que el peatón tiene una “atención dividida” al inicio de un cruce, ya que debe vigilar la aproximación de vehículos, lo que difumina el acceso visual al bache. Como resultado, el Ayuntamiento deberá abonar a la afectada la cantidad de 4.793,50 euros más los intereses legales correspondientes.

La sentencia ha pasado este lunes por la Junta de Gobierno Local, que también ha recibido un caso similar, aunque con resultado distinto. Y es que la justicia ha desestimado íntegramente la demanda de un ciudadano que reclamaba más de 32.000 euros tras caer de su patinete eléctrico en la avenida del Gran Capitán.

En esta ocasión, el tribunal considera que no existe relación de causalidad entre el servicio público y el daño. Los argumentos clave para rechazar esta indemnización fueron que el informe municipal cifró la irregularidad en apenas 3 centímetros de profundidad -el juez calificó el bache como “nimio e intrascendente”, considerando que no rebasó los estándares de seguridad exigibles-, y que este tipo de vehículos requiere una conducción “controlada y dirigida”, siendo el obstáculo fácilmente sorteable.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a seis años de prisión a un varón de unos 34 años por un delito de agresión sexual sobre una menor de unos 14 años de edad, ocurrido en un municipio cordobés.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en mayo de 2018, la menor acudió a una zona de la localidad donde coincidió con el procesado y tuvo una conversación con él, tras la cual decidieron dirigirse a otro sitio donde él supuestamente cometió el delito, “a sabiendas de que la víctima era menor de 16 años”.

Al respecto, la víctima sufre sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, por lo que ha recibido terapia psicológica.

Además de la pena de prisión, el acusado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre ella durante siete años y seis meses; ocho años de libertad vigilada; once años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, y el pago de una indemnización a la afectada en la suma de mil euros.

El Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, ha decretado la libertad con cargos para el hombre acusado de apuñalar a otro en Córdoba este sábado, según ha podido confirmar este periódico

Los hechos ocurrieron durante la mañana de la pasada jornada en el polígono industrial de La Torrecilla, en la calle Ingeniero Juan de la Cierva, a la altura del número 6. En un momento dado se generó una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con éste apuñalando al primero en un brazo con un cuchillo.

Hasta el lugar del apuñalamiento se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y equipos sanitarios. Ya allí, los agentes detuvieron al agresor y la víctima fue evacuada al Hospital Universitario Reina Sofía.

Tras su detención, el agresor pasó a disposición judicial durante la pasada noche, decretando el juzgado su libertad con cargos.

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.

En la última sesión del juicio contra la jefa de Salud Mental del Reina Sofía, Carmen Prada, su defensa ha solicitado su libre absolución, rechazando de plano las acusaciones de homicidio por imprudencia y denegación de asistencia sanitaria. Además, ha apuntado que, aunque él lo desconoce, en este caso “puede existir un error del sistema”.

En la lectura de su informe, el letrado ha argumentado que el análisis de la Fiscalía y la acusación particular incurre en un “exceso” al juzgar la actuación de una jefa de servicio bajo principios generales de la Ley de Sanidad o la Constitución, obviando la realidad operativa y los límites de la responsabilidad profesional en un servicio que atiende a 28.000 nuevos pacientes y realiza más de 800 intervenciones anuales. La Fiscalía ha mantenido los tres años y medio de prisión por un delito de denegación de atención sanitaria y por otro de homicidio imprudente. Además, solicita un total de siete años de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros para la familia del fallecido.

La defensa ha centrado gran parte de su informe en la naturaleza “autónoma” del fallecido. Según el letrado, se trataba de un paciente que se encontraba “desvinculado del ámbito sanitario público” por voluntad propia desde 2014 hasta 2019, habiendo elegido libremente ser atendido por un psiquiatra privado. En este sentido, la defensa ha recordado que ni la familia ni la Fiscalía iniciaron en su momento un proceso legal de incapacitación, por lo que el paciente conservaba plenamente sus derechos. “No se puede poner un guardia a su lado porque no está detenido ni privado de libertad; doña Carmen no puede hacer eso”, ha enfatizado la defensa, subrayando que la medicina comunitaria busca la integración del enfermo y no su control coercitivo.

Respecto a las causas de la muerte del joven -quien quiso ingresar en una unidad contra las adicciones días antes de morir-, la defensa ha sido tajante al afirmar que “no existe ningún documento clínico donde se diga que existían ideas autolíticas”. Apoyándose en el informe de la autopsia, la defensa ha sostenido que el fallecimiento pudo ser un accidente y no un acto voluntario, ya que las sustancias halladas en el cuerpo estaban en “cantidades no letales”. Hay que recordar que en la segunda sesión del juicio, el perito Javier Gómez González explicó que el informe preliminar de la autopsia califica la muerte como una “reacción adversa de los abusos”, derivado de la combinación de metadona, anabolizantes, alcohol y otros fármacos -que fueron consumidos “en dosis que no eran letales”- en una persona con antecedentes cardíacos y que padecía asma. Según todo ello, para el abogado defensor no hay pruebas que sustenten que el paciente tuviera intención de suicidarse.

La imposibilidad de ejecutar el internamiento de 2014

Sobre el auto judicial de 2014 que autorizaba el internamiento en la Unidad de Salud Mental del Reina Sofía, la defensa ha alegado que dicho documento no aconsejaba el ingreso hospitalario de forma imperativa, sino “que señalaba que no se habían agotado los tratamientos a nivel comunitario”. Además, ha planteado una cuestión de imposibilidad logística: “¿A dónde van a buscarlo los servicios de emergencias si no hay dirección? Lo que no se puede es encontrarlo sin un domicilio”.

Finalmente, la defensa ha justificado la exclusión del paciente, “basada en criterios técnicos”, de la hoja interna de trabajo que regía en aquellos años. Por ello, ha recordado que ese documento estaba dirigido a trastornos mentales graves y excluía a quienes consumían tóxicos “para garantizar la eficacia del tratamiento para el resto de los enfermos”. “[El paciente] No estaba en el protocolo porque no podía estar; un paciente con consumo así se carga todos los programas que puedan ser de utilidad para el resto”, ha argumentado. Además, ha recordado que la entrada en esa hoja de trabajo no dependía exclusivamente de la acusada, sino de una comisión técnica en la que se abordaban los casos susceptibles de entrar en ese protocolo.

El letrado ha concluido admitiendo que, aunque la familia pueda sentir que las instituciones les han fallado, esto se debería a un posible “error del sistema” y no a una denegación de auxilio por parte de Prada, cuya petición de libertad, ha afirmado, no es formal, sino basada en una “realidad objetivable” en las pruebas y en los testimonios de quienes han testificado durante las dos sesiones anteriores. Por último, los abogados de las dos aseguradoras y el letrado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han pedido también la absolución de la procesada. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El juicio contra la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, ha quedado visto para sentencia tras la celebración de su última sesión. En esta jornada final, tanto las acusaciones como las defensas han elevado sus conclusiones a definitivas. En el caso del abogado de la familia del paciente, esta acusación se ha adherido al planteamiento del Ministerio Fiscal, calificando los hechos como un solo delito de homicidio imprudente y retirando la acusación respecto del asesinato de un joven el Paseo de la Victoria sobre el que paciente se declaró autor, pero fue absuelto por su trastorno mental. Por su parte, la Fiscalía ha ratificado su solicitud de cuatro años de prisión para la acusada, fundamentando su informe en una presunta negligencia profesional grave.

Durante la exposición de su informe final, la fiscal Carmen Romero Urrutia ha subrayado que la protección de la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y regulado por la Ley General de Sanidad, que establece que la atención a los problemas de salud mental debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario. Según el Ministerio Público, a pesar de que existían protocolos específicos en Córdoba para la atención domiciliaria y el seguimiento de pacientes con patologías graves o falta de adherencia al tratamiento, se produjo una “dejación en el cumplimiento de estas normas y directrices”.

El fiscal ha hecho referencia a documentación que pone de manifiesto esta situación, mencionando incluso un manifiesto de enfermos mentales que denunciaba el incumplimiento de la normativa vigente. En este marco de responsabilidad se encontraba la acusada, quien como directora de la unidad “tenía la obligación de velar por la correcta aplicación de estos instrumentos de actuación”. Durante el juicio, los diferentes testigos han asegurado que, en el momento de los hechos, existía una hoja interna de trabajo para dicha atención domiciliaria y otra intensiva, y que solo se aplicaba en enfermos con un Trastorno Mental Grave. Según la acusada, el paciente no estaba incluido porque, además consumía tóxicos.

“Total omisión de la demanda de asistencia médica”

El informe de la fiscal ha hecho un pormenorizado repaso por el historial clínico del paciente fallecido, destacando que ya en 2011 y 2013 se apreciaba un abuso de fármacos y episodios psicóticos. A pesar de los intentos de la familia por alertar sobre la situación, la Fiscalía sostiene que hubo una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Uno de los puntos clave del informe ha sido la existencia de un auto judicial de 2014 que autorizaba el internamiento involuntario del paciente debido a su agresividad y nula conciencia de enfermedad. La fiscal ha reprochado que, a pesar de la urgencia del requerimiento, no consta “el más mínimo intento de llevar a efecto el requerimiento” por parte de la acusada. Según el Ministerio Público, la atención se limitó a ocho ingresos puntuales, dejando el seguimiento posterior a la iniciativa de un paciente que carecía de adherencia al tratamiento.

Por otro lado, la Fiscalía ha rechazado la tesis de la defensa, que argumentaba que esa hoja interna de trabajo no era aplicable al paciente por su condición de drogodependiente. Para Romero, la sintomatología del enfermo obligaba a su inclusión en este protocolo. La responsabilidad penal nace, según la fiscal, de una “conducta negligente que crea un riesgo objetivo”, al haber “desoído las advertencias de la familia” y los informes médicos que alertaban sobre ideas autolíticas y agresividad.

Existencia de centros de media estancia

Por otro lado, la Fiscalía se ha referido a la disponibilidad de recursos que, a su juicio, fueron ignorados por la acusada. Según el testimonio del excoordinador autonómico de salud mental que declaró en la segunda sesión del juicio, en la época de los hechos, la red sanitaria contaba con “camas concertadas en la red de centros de media estancia” para drogodependientes.

Estos centros especializados no están diseñados para ingresos breves, sino para tratamientos de larga duración. El Ministerio Público ha explicado que, en estos dispositivos, los pacientes podían permanecer ingresados durante “seis meses y prorrogables”, lo que habría garantizado una estabilidad y un seguimiento que el enfermo no tuvo al quedar “su atención limitada a ingresos puntuales en la Unidad de Salud Mental”. Para Romero, la existencia de estos recursos convierte la falta de actuación en una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Por último, la Fiscalía ha hecho mención al historial de ideas autolíticas del fallecido, señalando que, a su juicio, existían advertencias claras y documentadas que fueron sistemáticamente ignoradas. El Ministerio Público destacó que ya en 2013 constaba un intento de autolisis mediante el consumo de medicamentos, además de diversos testimonios de la familia que alertaban sobre otros intentos previos de quitarse la vida. Sobre esto, la fiscal ha subrayado las contradicciones de la acusada, quien en el juicio ha sostenido que el paciente no tenía una verdadera intención de acabar con su vida. Sin embargo, la acusación pública ha recordado que, durante la fase de instrucción, la acusada admitió que el trastorno de personalidad del joven solía ir acompañado de “deseos de muerte”. Además, ha hecho hincapié en que, en 2019, el paciente manifestó cuadros de ansiedad con un temor explícito a realizar conductas autolesivas, lo que para la Fiscalía refuerza la tesis de que el riesgo era conocido y previsible para la unidad que ella dirigía.

Finalmente, el Ministerio Público ha argumentado que el “desprecio” por estas ideas autolíticas fue determinante en el desenlace fatal, concluyendo que, “si hubiera sido atendido, no se habría producido el consumo abusivo de tóxicos”, ya que el historial clínico obligaba a prever que la vida del enfermo corría un grave peligro sin una supervisión médica especializada y continua.

La acusación particular se adhiere al informe de la fiscal y describe el “infierno” familiar

La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, se ha adherido al informe del Ministerio Fiscal y ha puesto voz al sufrimiento de los padres, subrayando que durante años “vivieron un auténtico infierno” marcado por el miedo constante ante la agresividad y el deterioro de su hijo, una situación que, a su juicio, fue ignorada por la responsable de Salud Mental. Además, esta acusación ha calificado de “fallo clamoroso” de la sanidad pública el hecho de que su médico de cabecera no le recetara los fármacos inyectables que le recomendó su psiquiatra privado “porque eran muy costosos”.

El letrado se ha referido a la gestión de la orden de internamiento de 2014. Según la acusación, la familia tuvo que batallar durante ocho meses en el Juzgado de Familia para conseguir dicho requerimiento. Sin embargo, una vez que el oficio llegó a la unidad que dirigía la acusada, se produjo una dilación injustificable. Por ello, la acusación ha reprochado que la acusada alegara haber dado traslado de inmediato al servicio de Urgencias para una valoración solo cuando ya había pasado un año desde la recepción del mandato judicial. Al igual que la Fiscalía, ha hecho alusión a que se ignoraron recursos clave, como los centros de estancia media, donde el paciente podría haber permanecido “hasta seis meses” para estabilizar su patología, un traslado que nunca se llegó a tramitar.

Por último, la acusación particular también ha hecho alusión a la salida de prisión tras la absolución por el asesinato de 2015 y ha reclamado que, en aquel momento, no se adoptó “ninguna medida de seguridad para el seguimiento o evolución del paciente”.

El juicio ha quedado visto para sentencia. Hay que recordar que la Fiscalía pide para la acusada dos años de prisión por un delito de denegación de atención sanitaria y un año y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente. Además, solicita un total de siete años de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros para la familia del fallecido.