La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una mujer, confirmando la sentencia que la condena como autora de un delito leve de coacciones. Los hechos, que tuvieron su origen en desavenencias laborales, han sido calificados por el tribunal como un “injustificado chantaje”.

Según el relato de hechos probados, el incidente ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando la víctima -quien trabajaba como asistente administrativa en una empresa familiar- recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de la acusada. El mensaje incluía una fotografía de los glúteos semidesnudos de la víctima y el siguiente texto: “El subir fotos a las redes tiene sus consecuencias. Sigue acosando y grabando sin perjuicio de su familia y todas tus fotos serán enviadas a tus padres. Esta es la foto más flojita que tengo... no tientes a la suerte”. Por estos hechos, un juzgado de instancia condenó a la mujer a una multa de 640 euros, además del pago de las costas.

En su recurso ante la Audiencia, la procesada solicitó su absolución alegando que no existía una coerción clara. Sin embargo, el tribunal ha sostenido que el mensaje constituye una violencia psicológica de carácter intimidatorio. Según la sentencia, la acusada ejerció un “imperio ilegítimo” para cercenar la libertad de la víctima, atormentándola con la posibilidad de difundir imágenes comprometedoras ante sus padres.

La Audiencia también ha confirmado la proporcionalidad de la pena impuesta en primera instancia dada la gravedad del desasosiego causado a la víctima y la “consistencia suficiente” del comportamiento para afrentar seriamente su libertad de actuación. Contra esta sentencia no cabe recurso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la sentencia que condenaba a una paciente de la Unidad de Salud Mental del Hospital Provincial por agredir a una enfermera en junio de 2020. La resolución ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, confirmando íntegramente la pena de cuatro meses de prisión y la medida de seguridad de internamiento en un centro de salud mental.

El incidente tuvo lugar la tarde del 21 de junio de 2020. Según los hechos probados, la acusada se encontraba discutiendo con otro interno cuando la enfermera se acercó para intervenir en el conflicto. En ese momento, la acusada, plenamente consciente de la condición de enfermera de la víctima, comenzó a insultarla.

Cuando la sanitaria se giró, la agresora la agarró fuertemente del pelo y le propinó un fuerte puñetazo en la espalda. La enfermera tuvo que refugiarse en el despacho de enfermería mientras la acusada profería amenazas de muerte, realizando gestos amenazantes con el dedo en el cuello. Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones cervicales y arañazos que tardaron diez días en sanar, aunque no ha reclamado indemnización.

Tras la condena de la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, la defensa recurrió alejando una eximente completa de alteración mental dado que la acusada tiene un trastorno de personalidad límite, inestabilidad emocional, trastorno de conducta y consumo abusivo de sustancias con síntomas psicóticos.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta eximente porque, aun reconociendo que la voluntad de la mujer estaba parcialmente afectada por su trastorno, en el momento de los hechos tenía conservado su conocimiento. Además, los peritos ratificaron que, aunque el consumo de drogas agravaba su agresividad, los hechos ocurrieron en un hospital donde el acceso a sustancias tóxicas no estaba permitido, lo que limitaba la incidencia de este factor en su conducta delictiva.

Por todo ello, la Audiencia ha confirmado los cuatro meses de prisión por un delito de atentado y 180 euros de multa por otro de lesiones. Además, el tribunal ha mantenido la medida de seguridad de internamiento por cuatro meses en un centro adecuado a su patología. Contra esta resolución no cabe recurso.

El Tribunal Contencioso-Administrativo número 5 de Córdoba ha dictado una sentencia que clarifica los límites de la obligación ciudadana de identificarse ante la Policía. El magistrado de dicho tribunal ha desestimado el recurso de un vecino de Córdoba contra una sanción de 601 euros impuesta por el Ayuntamiento tras negarse a mostrar físicamente su DNI durante una intervención policial por ruidos.

Los hechos ocurrieron en 2025, cuando varios agentes se personaron en el domicilio del sancionado, una parcela, tras recibir quejas de un vecino por el ruido procedente de la vivienda. Al requerirle la documentación los agentes desde la vía pública (sin entrar en el domicilio), el hombre se mostró renuente, alegando que se encontraba en su propiedad privada y que, al vestir únicamente un traje de baño, no portaba el documento encima.

La prueba testimonial que recoge la sentencia coincide en que el denunciando “manifestó a los agentes que no había razón para identificarse en su propia casa y sin que llevaran los agentes aparatos medidores de decibelios para constatar la comisión de algún tipo de infracción”. Asimismo, confirman que el ciudadano ofreció identificarse de forma verbal y que finalmente acabó mostrándolo, si bien los agentes le abrieron expediente de sanción grave, en aplicación de la conocida popularmente como Ley Mordaza.

De hecho, el juez subraya en el fallo que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) obliga específicamente a la exhibición del DNI. La sentencia destaca que el interesado pudo haber entrado en su casa en cualquier momento para recoger el carné y mostrarlo a los agentes, quienes permanecían en la vía pública.

El tribunal argumenta que la potestad policial para identificar es legítima cuando existen indicios de una infracción administrativa, como es el caso de las molestias por ruido. Además, recalca que estar en el propio domicilio no otorga una “inmunidad” que exima de cumplir con un requerimiento proporcional y necesario de la autoridad.

La resolución ratifica la multa de 601 euros al considerarla ajustada al grado mínimo para una infracción grave de “negativa persistente” a identificarse. Además de abonar la sanción, el demandante ha sido condenado al pago de las costas judiciales del proceso.

José Carlos Ruiz, concejal de Hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba, ha iniciado acciones legales mediante la interposición de una demanda de conciliación el pasado 29 de junio. Este paso constituye un requisito previo antes continuar con las acciones penales por presuntos delitos de injurias y calumnias contra varios representantes y entidades que constituyen la Mesa por la Diversidad.

La acción legal se dirige hacia las asociaciones que forman parte de la Mesa de la Diversidad vinculada al Ayuntamiento de Córdoba, espacio desde el cual, según el demandante, se han orquestado ataques para socavar su honorabilidad profesional y personal.

El origen del conflicto jurídico se sitúa en una rueda de prensa conjunta celebrada el 11 de junio de 2026 en la que varios colectivos acusaron a Ruiz de actuar con intereses partidistas. Durante dicho acto, los portavoces de las asociaciones calificaron la gestión del concejal como una “pantomima con comportamientos fascistoides” y tildaron su actitud de “dictatorial, excluyente y sectaria”.

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, enfatiza que no se trata de un exceso verbal puntual, sino de una “campaña de hostigamiento” que se remontaría al año 2022. Ruiz ha alegado que los demandados han mantenido este ataque de forma persistente a lo largo del tiempo con un “inequívoco ánimus injuriandi”.

Por su parte, los colectivos demandados habían manifestado en una rueda de prensa previa que “la diversidad no pertenece a ninguna ideología”. En sus comparecencias públicas, han denunciado haber sufrido vetos y exclusiones por parte de la plataforma, la cual vinculan directamente a Ruiz, y criticaron la imposición de logotipos políticos en actos públicos.

Asimismo, José Carlos Ruiz exige que los colectivos se retracten pública y expresamente de sus acusaciones y reconozcan la falsedad de las mismas. El concejal solicita además que se cese en la difusión de estas afirmaciones en redes sociales y medios de comunicación; de lo contrario, ha advertido que procederá al ejercicio de las acciones penales correspondientes para restablecer su honor.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Córdoba ha dictado una sentencia que condena al Ayuntamiento de la ciudad por no abonar a tiempo los intereses derivados del retraso en el pago de facturas a la Sociedad Mercantil Estatal Correos y Telégrafos.

Según el auto, facilitado a los medios de comunicación, el conflicto se originó por tres facturas emitidas por Correos entre agosto y septiembre de 2025 en virtud de un contrato de servicios postales. Aunque el Ayuntamiento terminó pagando el principal de las facturas en noviembre de ese año, la empresa estatal, representada por la Abogacía del Estado, reclamó judicialmente los intereses de demora y los costes de cobro que el consistorio se negaba a reconocer.

El punto clave del litigio era determinar cuándo empieza a contar el plazo de 30 días para que la administración pague. Correos sostenía que el plazo empezaba desde la presentación de la factura, mientras que el Ayuntamiento defendía que el cómputo solo se inicia tras la aprobación de la conformidad del servicio.

El magistrado-juez ha dado la razón parcialmente al Ayuntamiento en este punto técnico, basándose en la “libertad de pactos” y en el pliego de condiciones del contrato, que establece un periodo previo para que la administración verifique que el servicio se ha prestado correctamente.

A pesar de aceptar el cálculo del tiempo del Ayuntamiento, la sentencia confirma que hubo una “inactividad” administrativa al no pagar los intereses que legalmente correspondían por el tiempo que excedió los límites pactados. En consecuencia, el fallo impone al consistorio el pago de 2.473,70 euros en concepto de intereses de demora por las facturas de abril y mayo de 2025, más una indemnización de 120 euros por costes de cobro, conforme a la Ley de lucha contra la morosidad.

La resolución es firme y no admite recurso ordinario, por lo que el Ayuntamiento deberá proceder al pago inmediato de estas cantidades.

La Audiencia Provincial de Córdoba encara un mes de julio marcado por una intensa actividad judicial, centrada especialmente en la resolución de delitos contra la libertad sexual. Con un total de diez juicios previstos, de los cuales siete corresponden a agresiones sexuales y tres a abusos sexuales, este periodo se consolida por el momento como el de mayor carga de trabajo en esta materia de todo el año.

Así, durante el próxio mes de julio, más de la mitad de los pleitos que se prevén celebrar en las dos secciones serán relativos a este tipo de delitos, ya que son diez de los 19 previstos. Los procedimientos presentan una antigüedad variada, con casos que se remontan hasta el año 2021, aunque la mayoría se concentran en sumarios iniciados en 2025.

El devenir de estos procedimientos a lo largo de 2026 muestra una evolución irregular que comenzó con un mes de enero sin ningún señalamiento por este tipo de delitos. La actividad se activó en febrero, con cinco juicios, y se intensificó notablemente en marzo, mes en el que se celebraron ocho vistas, todas ellas por agresiones sexuales. Al llegar abril, la cifra se mantuvo elevada con siete procesos, distribuidos en dos casos de abuso y cinco de agresión, mientras que mayo registró un descenso significativo con solo tres juicios por agresión sexual. El semestre se cerró en junio con un nuevo repunte de ocho juicios, tres de ellos por abuso sexual, antes de alcanzar el pico actual de diez causas en julio.

En la Sección Segunda, la actividad comenzará el 1 de julio con el enjuiciamiento de un abuso sexual cuya causa es de este mismo años. Posteriormente, el 7 de julio, esta sección verá dos casos de agresión sexual que se remontan al año 2025, y concluirá su agenda en esta materia el día 8 con otra agresión sexual, también iniciada en 2025.

Por su parte, la Sección Tercera gestionará el grueso de los expedientes más antiguos. El mes se inaugurará el día 1 con una agresión sexual de 2025, seguida el día 3 por la continuación de otro juicio de agresión sexual del mismo año. El 7 de julio se celebrará la vista del caso más longevo del mes: un abuso sexual que se arrastra desde 2021. La agenda continuará el día 8, con una agresión sexual de 2024; el día 9, con un abuso sexual de 2025 y finalizará el 14 de julio con una última causa de agresión sexual correspondiente también a 2025.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Córdoba a abonar más de 32.000 euros a una historiadora tras acreditarse que sufrió una discriminación salarial durante su etapa en la administración municipal.

La trabajadora prestó servicios para el Ayuntamiento entre junio de 2019 y abril de 2020 con la categoría de historiadora y técnico superior a jornada completa. Su contratación se realizó mediante un contrato de duración determinada para el “programa divulgativo molinos del río guadalquivir”, una iniciativa de cooperación local subvencionada por la Junta de Andalucía.

Durante ese periodo, percibió un salario mensual de 1.179,87 euros. Sin embargo, la justicia ha determinado que este régimen retributivo vulneraba la normativa europea y constitucional sobre igualdad. La sentencia ratifica que el Ayuntamiento pagó a la empleada una cuantía menor a la percibida por los trabajadores fijos que desempeñaban su misma labor, sin que el consistorio pudiera probar ninguna circunstancia objetiva que justificase ese trato diferenciado de manera “idónea, razonable y proporcionada”.

El fallo judicial desestima el recurso del Ayuntamiento de Córdoba y confirma la resolución del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, imponiendo las siguientes obligaciones económicas a la administración local: 31.312,81 euros por las diferencias salariales no abonadas durante la relación laboral, y 1.437,05 euros en concepto de indemnización por la finalización de su contrato temporal.

Además, le aplica un recargo por mora del 10% anual sobre la deuda salarial principal, 800 euros (más IVA) por los honorarios del abogado de la parte demandante tras el proceso de recurso.

En su recurso, el Ayuntamiento intentó evitar el pago del 10% de interés por retraso. No obstante, los magistrados han subrayado que este recargo debe operar de forma “objetiva” en las deudas salariales, con el fin de no primar a quien se retrasa en los pagos, independientemente de que la oposición inicial de la empresa pudiera parecer razonable.

Esta resolución judicial refuerza la doctrina de igualdad entre trabajadores temporales y fijos, estableciendo que los programas de fomento de empleo no pueden servir de base para aplicar condiciones salariales discriminatorias.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que pone fin a un proceso judicial iniciado contra un menor de edad por un delito leve de hurto. El tribunal provincial ha decidido absolver al joven, revocando la medida socioeducativa de cuatro meses que le había impuesto inicialmente la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2025. Mientras viajaba en un coche conducido por su padre, el menor vio un maletín olvidado bajo la marquesina de una parada de autobús. Siguiendo las instrucciones directas de su progenitor, el joven bajó del coche y lo recogió, conteniendo en su interior un portátil valorado en casi 400 euros. Cuando el dueño del dispositivo se percató del olvido y fue a buscarlo, presenció de lejos el momento en que el joven lo cogía y volvía al vehículo, haciéndole aspavientos, aunque no ha quedado probado que el acusado llegara a ver ni a oír nada.

Por otro lado, el menor -estudiante de Bachillerato- tenía esa tarde una cita médica, por lo que ni él ni su padre intentaron averiguar en ese momento de quién era el portátil. Según la sentencia de la Audiencia, el dispositivo no fue usado en ningún momento ni por el padre ni por el hijo y, dos días más tarde, fue entregado a su dueño después de que este denunciara los hechos, proporcionando la matrícula que pudo memorizar en un cuartel de la Guardia Civil.

Casi un año después de los hechos, la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Córdoba condenó al menor por un delito leve de hurto, imponiéndole cuatro meses de tareas socioeducativas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de la defensa dado que no ha quedado probado que el joven quisiera quedarse con el portátil. Además, fue el padre quien le dijo que recogiera el maletín. No obstante, el tribunal ha considerado que la familia tuvo una conducta “escasamente diligente” al no devolver el portátil de inmediato, pero esa pasividad no equivale automáticamente a un hurto.

Al existir dudas razonables sobre el verdadero propósito del estudiante y no quedar acreditada una intención definitiva de apropiación, la Audiencia de Córdoba lo ha absuelto, quedando anuladas las medidas educativas impuestas en primera instancia.

El proceso judicial contra la antigua directiva y el expresidente de la Comunidad de Regantes Salva García de Fuente Palmera entra en su recta final. Según la reciente providencia dictada el pasado 12 de junio de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Posadas y a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Este movimiento judicial se produce tras confirmarse la firmeza del auto dictado originalmente el 20 de febrero de 2025, que concluyó la fase de instrucción al hallar indicios racionales de criminalidad contra los investigados, entre los que están tres miembros de la antigua Junta Directiva, entre ellos el expresidente.

El auto judicial detalla una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Entre los hechos más graves detectados durante la investigación destaca el presunto desvío de más de 200.000 euros de los fondos de la comunidad hacia cuentas bancarias de una mercantil ajena a los regantes.

La investigación revela además un sistemático inflado de costes soportados por los comuneros. En 2017, por ejemplo, la directiva habría cobrado el agua de riego a un precio de 1,348 euros/m3, cuando el coste real era de apenas 0,13 euros/m3, obteniendo así un beneficio injustificado a costa de los agricultores. Asimismo, se detectó que la Comunidad pagó facturas eléctricas de más de 100.000 euros que en realidad correspondían a otra entidad y no al consumo propio de los regantes.

Lo mismo le imputa el juez en concepto de pago a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar. La investigación judicial ha revelado que la directiva incluyó en el balance de gastos de 2017 una partida por este concepto de 94.661,95 euros, una cifra que el auto califica como muy superior a la que realmente correspondía. Según los cálculos técnicos, teniendo en cuenta la superficie de 1.100 hectáreas y el canon aplicable, el importe real debería haber sido de aproximadamente 49.005 euros.

El magistrado señala que la directiva habría falseado datos y ocultado información a los socios con el objetivo de “maquillar” y abultar injustificadamente los gastos en los presupuestos. Esta maniobra permitía a los investigados obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento de la comunidad, causando un perjuicio económico directo al “bolsillo” de los comuneros regantes. Este hecho forma parte del conjunto de indicios de administración desleal y falsedad documental por los que la cúpula será juzgada

Para mantener este esquema de gestión, los investigados habrían manipulado presuntamente las juntas generales. El auto señala la inclusión de personas fallecidas y no socios en los listados de asistentes a las asambleas para garantizar el quórum necesario y aprobar así las cuentas y presupuestos ahora cuestionados.

Riesgo para la seguridad pública

Más allá de las irregularidades financieras, la instrucción ha puesto el foco en la seguridad de la balsa de la comunidad. Según el documento judicial, la infraestructura carece de un plan de emergencia y seguridad, lo que entraña un “riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas” como Silillos y Fuente Carreteros ante un posible desbordamiento o rotura.

Ahora, con el requerimiento de los escritos de acusación, el caso se encamina hacia un juicio oral donde los antiguos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García deberán responder por una gestión que, según los indicios, causó un grave perjuicio económico a cientos de agricultores de la zona.

Fe de erratas: en una versión anterior de esta noticia se decía que se ha citado al actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, lo cual no es cierto. Se ha citado al expresidente. El actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, no se encuentra ni se ha encontrado investigado, procesado, acusado o encausado en el procedimiento judicial mencionado en la publicación, ni ostenta la condición de responsable civil o parte afectada en el mismo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un joven que se enfrentaba a una petición de cinco años de prisión por un delito de agresión sexual después de que el tribunal haya albergado serias dudas sobre la versión de la denunciante, una joven de 22 años.

Según recoge el apartado de hechos probados de la sentencia, ambos jóvenes se habían conocido a través de la red social Tinder y mantenían una relación basada de forma exclusiva en encuentros sexuales. La madrugada del 25 de marzo de 2023, tras un intercambio de mensajes, acordaron verse. Así, el acusado se desplazó en taxi desde el centro de Córdoba hasta el piso de estudiantes que la chica compartía con otras personas.

Ya dentro de la vivienda, sobre las 4:58, él le propuso subir a la habitación alegando que “hacía frío”. Una vez en el dormitorio, y tras consumir hachís, la denunciante accedió a que el acusado le realizara un masaje, desprendiéndose voluntariamente de la prenda que cubría su torso e incluso yendo a buscar crema para el encuentro. Posteriormente, mantuvieron relaciones sexuales. Cuando el joven se fue sobre las 8:00, la chica le envió un mensaje con la dirección de una farmacia de 24 horas situada a escasos 200 metros del piso para que adquiriese de inmediato la píldora del día después, advirtiéndole minutos más tarde de que si no iba él, iría ella misma.

Sin embargo, el joven le respondió que no encontraba ninguna abierta y que no tenía dinero para comprar el método anticonceptivo. En ese instante, según la sentencia, la mujer se sintió humillada y le recriminó que le parecía “vergonzoso todo” lo que había hecho. Acto seguido, le ordenó que jamás volviera a hablarle y rompió a llorar por el pasillo, donde fue vista por una de sus compañeras de piso. Esta chica llamó al novio de la denunciante, a los padres de la misma y la acompañó a un centro sanitario donde denunció una supuesta agresión sexual.

Tras el juicio, los magistrados han concluido que los hechos no encajan en una violación y han apuntado a una “sospecha vehemente” de que el verdadero conflicto se originó cuando el acusado eyaculó en el interior de la vagina de la joven sin su consentimiento y, posteriormente, se desentendió de comprar la píldora del día después. Según la sentencia, el acusado, ya desde su declaración voluntaria en la comisaría, “puso de manifiesto que todo iba con normalidad hasta que la chica tuvo la sensación de que eyaculó en su interior.”

La Audiencia Provincial ha fundamentado la absolución en que el comportamiento de la denunciante tras la relación es “absolutamente incompatible” con el trauma y el impacto psicológico de una agresión sexual violenta, pero sí encaja perfectamente con un engaño en las condiciones del sexo. Además de la declaración del acusado, los jueces han argumentado que, de haberse producido la agresión sexual, no había “ninguna necesidad de prolongar el contacto con quien supuestamente la había agredido de forma absoluta, como hubiera sucedido de haberse cumplido aquel encargo [de comprar la píldora].”

Además, para la Sala, la frase “me parece vergonzoso todo lo que has hecho” no alude de forma directa a una violación, sino que ese “todo” cobra sentido bajo la hipótesis de haber traicionado los términos de la relación sexual, como pueden ser no usar protección o eyacular dentro, y negarse a pagar el medicamento después. Por todo ello, la Audiencia Provincial ha absuelto al joven de una pena de prisión de cinco años.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha difundido que ha conseguido una importante victoria judicial en defensa de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de la capital tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba, que estima íntegramente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por esta organización sindical frente a la empresa Atende Servicios Integrados SL y obliga a la empresa a corregir diversas prácticas contrarias al convenio colectivo, a la vez que reconoce derechos laborales fundamentales de la plantilla, compuesta por más de 2.000 personas.

La resolución judicial, ha señalado en una nota la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, “acredita diversos incumplimientos del convenio colectivo del sector de Ayuda a Domicilio de Andalucía y obliga a la empresa a modificar prácticas que perjudicaban las condiciones laborales de la plantilla, por lo que se trata de una sentencia de enorme trascendencia para el conjunto del sector, ya que reconoce derechos que afectan directamente a la organización de la jornada, los descansos, la conciliación de la vida familiar y laboral y las condiciones económicas de las personas trabajadoras”.

Según se desprende de la sentencia, entre las medidas que la empresa deberá adoptar “de manera inmediata” se encuentra la obligación de entregar a cada trabajadora un balance semestral de las horas efectivamente realizadas, en el que se reflejen los posibles excesos o defectos de jornada. Heredia ha destacado que “esta medida permitirá una mayor transparencia en el control horario y garantizará que la plantilla pueda conocer en todo momento la situación real de su jornada laboral y las regularizaciones que correspondan”.

Asímismo, reconoce que el tiempo invertido en la recogida de material y el empleado en las reuniones convocadas por la dirección constituyen tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, deben computarse dentro de la jornada laboral, algo con lo que, ha subrayado la secretaria ugetista, “el juzgado pone fin a una práctica que suponía una pérdida de tiempo de trabajo reconocido para las empleadas del servicio”.

Otro de los aspectos más relevantes del fallo judicial es la limitación de las interrupciones entre servicios. El Juzgado considera que “la fragmentación excesiva de las jornadas perjudica gravemente a las trabajadoras y establece que, cuando exista una interrupción entre personas usuarias de al menos una hora, la empresa no podrá imponer más de una interrupción durante la jornada”. “Con ello se evita que las personas trabajadoras permanezcan durante horas a disposición de la empresa sin que ese tiempo tenga una adecuada consideración laboral”, ha indicado.

“Respetar los tiempos de descanso”

Por otra parte, la sentencia obliga a la empresa a “respetar escrupulosamente los tiempos de descanso previstos en la normativa laboral y en el convenio colectivo”. En concreto, deberá “garantizar un mínimo de 12 horas de descanso entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, impedir que el descanso semanal se solape con el descanso diario y asegurar que las personas que no hayan sido contratadas específicamente para trabajar los fines de semana puedan disfrutar, al menos, de un fin de semana completo de descanso al mes”.

La resolución judicial también da la razón a UGT SP en relación con la contratación a tiempo parcial y establece que la empresa deberá completar las jornadas de las personas trabajadoras con contratos parciales antes de proceder a nuevas contrataciones. Para Heredia, “esta medida permitirá mejorar la estabilidad laboral y favorecerá que numerosas profesionales del servicio puedan ampliar su jornada y, en consecuencia, mejorar sus condiciones económicas”.

Igualmente, el juzgado reconoce el derecho al cobro del plus de domingos y festivos a todas aquellas personas que hayan prestado servicio en esos días, con independencia de que posteriormente hayan disfrutado de un descanso compensatorio con lo que, han remarcado desde UGT SP, “la sentencia deja claro que el derecho al descanso no elimina la obligación de la empresa de abonar el complemento económico previsto en el convenio colectivo”.

Así, UGT SP ha valorado esta resolución como “una gran victoria de la acción sindical y del trabajo desarrollado por los representantes de las personas trabajadoras, una sentencia que demuestra que la defensa colectiva de los derechos laborales es la mejor herramienta para garantizar el cumplimiento de la legalidad y mejorar las condiciones de quienes prestan un servicio esencial para la ciudadanía”.

“Desde UGT SP seguiremos vigilando el cumplimiento íntegro de esta sentencia y continuaremos trabajando para que todas las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio vean plenamente respetados sus derechos laborales y profesionales”, han declarado desde el sindicato.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este viernes el juicio contra un ciudadano alemán acusado de intentar provocar un incendio en el supermercado Lidl del polígono de Pedroches en septiembre de 2024, donde roció con gasolina a clientes y trabajadores. Aunque las acusaciones y la defensa han valorado una conformidad, el acusado se ha negado al acuerdo asegurando que busca “la libertad”. Tras la celebración del juicio, la Fiscalía ha acabado reduciendo la pena de prisión de nueve a cuatro años y 11 meses, debido a su estado psiquiátrico, y ha solicitado su posterior internamiento en un centro especializado.

Durante su declaración, asistida por una intérprete, el acusado ha mantenido un discurso incoherente y ha asegurado ante el tribunal que lleva desde 1987 intentando “impedir una tercera guerra mundial” que habría causado “20.000 millones de muertos”. Según su relato, ha justificado el ataque alegando que el supermercado Lidl vendía “salchichas alemanas prohibidas” y luego ha continuado con unas afirmaciones propias del trastorno que padece.

Respecto a los momentos previos al intento de incendio, el acusado ha admitido haber entrado en el local en varias ocasiones para causar destrozos. Así, ha confesado que primero rompió diez botellas de whisky y, tras salir y volver a entrar, rompió otras diez botellas de vino. El representante legal de la cadena reclama 65 euros por estos desperfectos.

En el juicio han declarado dos de los trabajadores del supermercado, que han manifestado que, sobre las 20:00 de aquel día, el acusado comenzó a rociar con gasolina la entrada del establecimiento y una zona del parking mientras se encendía cigarrillos y los lanzaba al combustible. No obstante, aunque el hombre llegaba a encender las colillas, cuando caían al suelo, no prendían junto a la gasolina. Además, también echó combustible sobre estos empleados.

El procesado cejó en sus intenciones cuando fue reducido por la espalda hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional. Entonces, el hombre fue detenido y ha estado desde entonces en prisión. Un mes después de los hechos fue analizado por forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que han confirmado este viernes que padece un trastorno de ideas delirantes y de perjuicio dirigido específicamente hacia instituciones como la Justicia, la Policía y empresas como Lidl.

Además, los peritos, tras analizar su historial médico remitido desde Alemania, han concluido que en el momento del ataque su capacidad cognitiva estaba comprometida debido a la naturaleza crónica de su enfermedad y al incumplimiento del tratamiento.

Dada la patología del procesado, el Ministerio Fiscal ha aplicado la eximente incompleta de anomalía psíquica. Además, ha retirado los cargos por atentado y lesiones contra un agente de policía, al considerar que la luxación que sufrió en un dedo durante el traslado pudo ser “fortuita”. Así, su petición se ha referido solo a un delito, el de incendio con grave riesgo para la vida, por el que ha pedido cuatro años y 11 meses de prisión e internamiento en un centro psiquiátrico adecuado, también durante el mismo tiempo. Además, ha solicitado la prohibición de acercarse al supermercado durante tres años. La acusación particular y la defensa, en manos del letrado Alejandro Castiñeira Castrillón, se han adherido al escrito fiscal.

Los dos acusados que se enfrentaban a ocho años de prisión por intentar quemar un piso en Córdoba finalmente no entrarán en la cárcel después de que las acusaciones y la defensa hayan llegado a un acuerdo de conformidad que ha reducido a una cuarta parte la condena, lo que ha permitido al tribunal conceder la ejecución de la pena durante cinco años.

Según la sentencia dictada in voce este jueves, los acusados se desplazaron en coche a una calle de Córdoba para localizar a una persona con la que tenían desavenencias por motivos familiares. En un primer momento, se equivocaron de domicilio y golpearon la puerta y partieron una maceta en una vivienda ajena, llegando a romper la cerradura antes de percatarse de su error.

Tras darse cuenta de que se habían equivocado, los dos acusados se trasladaron a la vivienda correcta en la misma calle. Allí, despertaron a la víctima y a su familia a base de golpes en la puerta y gritos amenazantes. Aunque abandonaron el lugar ante la llegada de la Policía, regresaron una vez que las patrullas se marcharon, armados con navajas. En este segundo ataque, los acusados no se limitaron a las amenazas verbales, ya que prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que asomaba por una ventana del salón, protegida únicamente por un cartón.

El incendio no llegó a mayores gracias a que una de las víctimas logró sofocar las llamas de inmediato. Poco después, una dotación policial interceptó a los sospechosos, quienes portaban en ese momento dos navajas de 16 y 10 centímetros de hoja.

Por estos hechos, que constituyen un delito de tentativa de incendio con peligro para la vida y la integridad de las personas, y otro de amenazas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a los jóvenes a dos años de prisión por el primer delito y a seis meses de cárcel, por el segundo. El tribunal ha aplicado las atenuantes de drogadicción, dilaciones indebidas y reparación del daño, ya que los condenados han abonado a la pareja afectada la cantidad de 2.000 euros.

No obstante, los procesados le deberán abonar solidariamente otros 14.000 euros de acuerdo a un calendario de pago fijado para los próximos cinco años, y tendrán que pagar las costas del juicio. La Audiencia les ha impuesto, también, una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la pareja durante dos años.

Tras declarar la firmeza de la sentencia, el tribunal les ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena durante cinco años, un beneficio que será revocado si vuelven a delinquir o si no abonan mensualmente la indemnización a las víctimas.

El entendimiento mutuo y la protección de los menores siguen abriéndose paso tras la ruptura de las parejas de hecho y uniones no matrimoniales en la provincia de Córdoba. Según los últimos datos del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre de 2026, los procesos para regular la guarda y custodia de los hijos han experimentado un giro radical, desterrando la tendencia de acudir a la vía del conflicto judicial.

Mientras que en los tres primeros meses de 2025 ir a juicio de forma hostil por la custodia de los hijos no matrimoniales era lo habitual (126 casos frente a solo 66 acuerdos), el arranque de 2026 ha invertido por completo la balanza. Los pactos de guarda y custodia consensuados entre progenitores no casados se han disparado un 69,70% en la provincia, escalando hasta los 112 procedimientos. En contra de esta caída tan abismal, a nivel nacional, los pactos de custodia en parejas de hecho están completamente estancados: en toda España apenas han caíod un 0,27% (pasando de 5.893 a 5.877 casos). De forma paralela, las demandas contenciosas (no consensuadas) por los hijos de estas parejas se han desplomado a la mitad (-49,21%), reduciéndose a apenas 64 litigios.

Esta corriente de acuerdo parejas de hecho y uniones no matrimoniales también se refleja en las estadísticas de las parejas casadas. En términos absolutos, el número total de disoluciones matrimoniales en la provincia (divorcios, separaciones y nulidades) se ha reducido un 8,93% en el primer trimestre de 2026, anotando 316 casos en el arranque del año frente a los 347 del ejercicio previo.

Al igual que ha ocurrido con las parejas de hecho, los matrimonios cordobeses rechazan cada vez más el conflicto en los tribunales. Así, los divorcios no consensuados han sufrido un hundimiento del 36,08%, bajando de 158 casos a solo 101, mientras que las disoluciones pactadas de forma cordial se elevaron un 18,02%, pasando de 172 a un total de 203 firmas. En este apartado, Córdoba vuelve a sobresalir a nivel nacional, ya que los divorcios de mutuo acuerdo en España han caído un -5,48% (de 13.951 a 13.186). Por otro lado, las separaciones matrimoniales contenciosas bajaron a la cuarta parte (de ocho a dos casos), manteniéndose estables las separaciones amistosas con nueve casos en ambos trimestres.

Por último, otro índice del informe es el relativo a las demandas presentadas para modificar medidas previas también se han reducido drásticamente un 45,8%, pasando de 181 a 98 casos.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por violar a una mujer y maltratarla apenas un mes y medio después de comenzar a vivir juntos.

Según la sentencia, acordada en una conformidad entre las acusaciones y la defensa, los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando el acusado y la víctima se conocieron a través de una aplicación de citas. Aunque inicialmente mantuvieron una relación de amistad a distancia, el agresor se trasladó a Córdoba para iniciar una convivencia como pareja en el domicilio de ella.

El 29 de mayo de 2022, apenas 40 días de comenzar dicha convivencia, aprovechando que la mujer se encontraba durmiendo de lado en su dormitorio, el procesado se tumbó a su lado y, movido por un ánimo libidinoso, intentó obligarla a ponerse boca arriba. Ante la negativa de la víctima, la volteó por la fuerza, se colocó encima de ella y la agarró fuertemente del cuello bajo la amenaza de “abre las piernas o te aprieto más fuerte”. Ante la sensación de asfixia y la imposibilidad de zafarse, la mujer cesó en su resistencia, momento en el que el individuo consumó la agresión sexual y la penetración vaginal de forma violenta.

Tras el ataque, y al ver que la víctima rompía a llorar, el procesado la agarró de nuevo del cuello para amedrentarla y le propinó un fuerte guantazo en la cara, advirtiéndole: “Ahora no vayas a ir a ningún sitio diciendo que te he violado, ¿lo entiendes?”. Acto seguido, la retuvo bajo la orden de “ahora vas a hacer todo lo que yo te diga”, si bien la víctima logró vestirse, salir a la calle y alertar de inmediato a los servicios policiales.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió erosiones físicas en la zona genital, el cuello y la mandíbula que requirieron asistencia médica, además de desarrollar un cuadro compatible con secuelas psicológicas (ansiedad y depresión) que ha precisado de tratamiento especializado.

Para la imposición de la pena, el tribunal ha aplicado dos atenuantes: la de reparación del daño, ya que el acusado ingresó 15.000 euros a la víctima antes del juicio, y la de trastorno mental, dado que los informes médicos ratificaron que el condenado sufría, en el momento de la comisión de los delitos, un trastorno de la personalidad no especificado, un trastorno del humor y un trastorno del control de los impulsos.

Además de los cinco años de prisión por la violación, el tribunal le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio o de su puesto de trabajo, así como comunicarse con ella por cualquier vía, durante un periodo total de 11 años. Una vez salga de la cárcel, el condenado quedará sometido a una medida de libertad vigilada durante siete años y estará inhabilitado durante una década para cualquier profesión que implique contacto directo con menores.

Por el delito de maltrato familiar, la Audiencia le ha impuesto 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad, un año de privación del derecho a portar armas y otra orden de alejamiento accesoria de un año y seis meses. La sentencia también le impone el pago total de las costas, incluidas las de la acusación particular.

El Sindicato Médico de Córdoba ha interpuesto demandas de conflicto colectivo frente a todas las gerencias sanitarias de la provincia por considerar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) incurre en incumplimientos sistemáticos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la provincia de Córdoba, afectando de forma directa a la seguridad y salud de los profesionales médicos. 

Las primeras demandas se han presentado durante el mes de junio ante la Sección Social del Tribunal de Instancia de Córdoba, marcando un hito en la defensa de los derechos laborales de los facultativos. 

Entre los incumplimientos detectados, el Sindicato Médico de Córdoba destaca la ausencia o deficiente implantación de protocolos de desconexión digital, cuestión ya objeto de actuación por parte de la Inspección de Trabajo tras denuncia del propio Sindicato Médico de Córdoba, que ha obligado a iniciar su desarrollo en los servicios centrales del SAS y evaluaciones de riesgos psicosociales incompletas o claramente insuficientes, especialmente en el colectivo médico, en varias gerencias. 

También han denunciado el incumplimiento de los descansos semanales obligatorios, con especial incidencia en profesionales sometidos a sistemas de guardias; la falta de una evaluación real y específica de la fatiga física y mental, derivada tanto del número de guardias mensuales como de la carga asistencial, así como a una excesiva exposición a fragmentación del sueño, altamente variable entre servicios y centros; y el incumplimiento sistemático del pacto de agendas para Atención Primaria · Cribado insuficiente síndrome de Burnout - Desgaste profesional  

Asimismo, el sindicato advierte que esta situación no es una cuestión menor. “La degradación de las condiciones laborales de los médicos repercute directamente en la calidad y seguridad de la atención sanitaria. No se puede sostener un sistema sanitario público sobre la precariedad y el desgaste continuo de sus profesionales”, señalan. 

Además, alerta de que el actual modelo organizativo está contribuyendo a una auténtica epidemia de burnout médico y otras patologías mentales, cuyas cifras resultan cada vez más preocupantes y evidencian un problema estructural. En este contexto, el sindicato hace un llamamiento al resto de organizaciones sindicales con representación en las juntas de personal para que se adhieran a los conflictos colectivos planteados, en defensa de un sistema sanitario digno, seguro y sostenible. 

“El sistema sanitario no puede seguir funcionando como una trituradora de médicos. Proteger a los profesionales es proteger a los pacientes”, concluyen.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a una pena de cuatro años y dos meses de prisión por diversos delitos de lesiones y amenazas graves contra su expareja y el hijo menor que tienen en común. El fallo muestra un escenario de violencia extrema ocurrido en febrero de 2024, en el que el acusado llegó a amordazar a la mujer y a colocarle una cuerda en el cuello mientras profería amenazas de muerte frente a sus hijos.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la pareja mantenía una relación de seis años y medio en el momento de los hechos, fruto de la cual nacieron dos hijos. Por entonces, estos tenían tres y cinco años. Los hechos que se han considerado probados comenzaron el 4 de febrero de 2024, cuando el acusado propinó dos guantazos a la mujer en su lugar de trabajo tras sospechar que un hombre llamaba a su móvil. Ese mismo día, durante el trayecto de regreso a casa y ante sus hijos, el condenado comenzó a golpearla con un destornillador, causándole heridas en las nalgas y el muslo, y llegó a clavarle una navaja en la ropa, perforando su chaqueta y pantalón.

El episodio más violento se produjo el 22 de febrero, después de que la víctima comunicara su intención firme de romper la relación. Durante el trayecto a la casa a la que vivían, el condenado le iba dando bofetadas y besos mientras le decía textualmente que “la quería ver chorreando sangre como un trofeo de venado”. Ya en la vivienda, la obligó a sentarse en la cocina y le puso un cuchillo de 16 centímetros en el cuello para exigirle ver sus conversaciones de WhatsApp.

Posteriormente, el acusado la ató de muñecas a una silla con una cuerda, le introdujo un trapo en la boca para que no gritara y anunció que se iba a suicidar colgándose de una lámpara o de la barandilla de la escalera para que ella lo presenciara. Al no conseguirlo, le colocó una cuerda alrededor del cuello a la víctima, tiró del nudo y la empujó, provocando que cayera al suelo boca arriba mientras la amenazaba con que “iba a matar a los niños delante de ella”. La víctima logró escapar tras pegarle una patada al cuchillo, zafarse de las cuerdas y refugiarse en casa de un vecino.

A pesar de la brutalidad de los hechos, el tribunal ha absuelto al procesado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, trato degradante, detención ilegal y maltrato habitual. A juicio del presidente y las dos magistradas, las agresiones y amenazas “estuvieron encaminadas a causar lesiones y no a terminar con la vida de la víctima”, ya que, además, las heridas sufridas “no son objetivamente suficientes” para causar la muerte .

Respecto al trato degradante por atarla y amordazarla, el tribunal ha aceptado que el acusado inmovilizó a la víctima para evitar que impidiera que este se suicidara. Por tanto, han considerado que “no hubo ánimo de lesionar la dignidad humana de la víctima”. Sobre la retención, han considerado que esta fue “meramente instrumental” para cometer los otros delitos, y sobre el maltrato habitual, el tribunal ha apelado a las versiones contradictorias sobre el clima diario de la pareja.

Agresión a su hijo menor

Además, el hombre ha sido condenado por agredir a uno de los hijos de la pareja. Según la sentencia, en una ocasión, el acusado agredió al menor dándole un fuerte guantazo en la cara. Aunque el acusado lo negó, un tío de la víctima testificó haber presenciado cómo el condenado le “reventó la boca” al niño y le “partió el labio” durante una celebración familiar. Este mismo testigo afirmó haber visto al acusado propinar “patadas en el suelo” al pequeño Ángel Jesús.

En la exploración judicial del niño, este relató que el año anterior su padre le pegó una “hostia” en la cara, aunque matizó que en esa ocasión “no le pasó nada”. También mencionó que su padre le pegaba palizas en la cara a su madre cuando ella no hacía las cosas bien

Con todo, el tribunal lo ha condenado cuatro años de prisión por tres delitos de lesiones de género, cuatro meses por la agresión a su hijo y 18 meses por amenazas graves. Además de la cárcel, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas y de comunicarse con ellas durante periodos de hasta dos años . En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 540 euros por las lesiones físicas .

Finalmente, la sentencia ha decretado la libertad provisional del procesado, hasta que la sentencia sea firme, al haber cumplido ya en prisión preventiva la mitad de la pena total impuesta.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba ha confirmado la adjudicación del contrato para la gestión del festival Cosmopoética 2026 a la empresa Verbo Producciones y desestima los argumentos esenciales del recurso especial de Tierra Creativa, que pretendía la exclusión de la empresa ganadora y la consiguiente anulación del acuerdo.

La firma recurrente alegaba la existencia de supuestas irregularidades e inveracidad en la documentación aportada por la adjudicataria para acreditar la disponibilidad de destacados autores internacionales en su propuesta técnica.

Según la resolución, al que ha tenido acceso este periódico, la impugnación se centraba de manera específica en el supuesto incumplimiento de la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Según la recurrente, la disponibilidad de los célebres escritores Siri Hustvedt y Leonardo Padura no se encontraba válidamente respaldada en la oferta de la adjudicataria, tachando de insuficientes las gestiones realizadas con intermediarios.

Frente a estas acusaciones, el Tribunal ha dictaminado que Verbo se ajustó estrictamente a la literalidad de las exigencias fijadas en el pliego al aportar correos institucionales de la directora de Conference Planeta, una estructura especializada perteneciente al Grupo Planeta que edita habitualmente a ambos autores.

La resolución fundamenta que los pliegos constituyen la ley del contrato y vinculan a las partes, por lo que no es jurídicamente viable exigir de manera sobrevenida formalismos adicionales o acreditaciones de representación civil que no estaban contempladas originalmente en la convocatoria.

El organismo concluye así que la conducta de la empresa ganadora operó bajo los estándares de la buena fe y la lealtad profesional, siendo plenamente razonable que confiara en dicha interlocutora sectorial para confirmar la mera disponibilidad exigida.

Con este dictamen, el Tribunal Administrativo da por concluido el procedimiento en la vía administrativa, adquiriendo la resolución un carácter definitivo. No obstante, el documento advierte a los interesados que, de mantener su disconformidad, disponen de un plazo legal de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En una versión anterior de esta noticia, la empresa recurrente anunciaba su intención de acudir a la vía Contencioso-Administrativa, algo que ha sido finalmente descartado.

Un hombre que fue nombrado único heredero en el testamento de su padre deberá pagar los 4.398,07 euros que costó el entierro, a pesar de que no se hablaba con él y de que intentó proteger sus propios ahorros alegando que la herencia no tenía fondos. La tía del condenado fue la que se encargó de abonar el funeral y, cuando le trasladó a su sobrino que debía pagárselo, este se negó. Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Córdoba la que ha obligado a este hombre a pagar dicha cantidad a su tía.

En un primer momento, la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baena le dio la razón al joven, pero la Audiencia de Córdoba ha revocado la sentencia, por lo que el hijo del fallecido deberá pagar a su tía lo que costó el funeral de su padre. El denunciado se negó a abonar las cantidades a su familiar porque aseguraba que esa factura no la tenía que pagar con sus bienes. Para ello, utilizó una figura legal llamada beneficio de inventario, que permite al heredero pagar las deudas del fallecido solo con el dinero que herede, sin tocar su patrimonio personal.

Sin embargo, los magistrados han constatado que aunque el hijo manifestó ante notario que quería ese beneficio, nunca llegó a hacer el inventario formal ni avisó a los acreedores (como su tía) para que estuvieran presentes. Por ley, si un heredero no cumple con estos pasos de transparencia, pierde la protección y pasa a responder de todas las deudas con su propio dinero de forma “pura y simple”.

Además de acogerse a esta figura legal, el hijo intentó librarse del pago alegando que tenía una pésima relación con su padre y que llevaban mucho tiempo sin hablarse por culpa del fallecido. Frente a este argumento, la Audiencia se ha referido al “deber de alimentos” de la legislación española, que afecta a padres e hijos, y que incluye obligatoriamente los gastos de sepelio. Según la sentencia, ni la enemistad ni la falta de contacto son motivos suficientes para que un hijo se desentienda del entierro de su padre, especialmente cuando es él quien se va a quedar con sus bienes.

Tras esta sentencia, el hijo deberá pagar los casi 4.400 euros del funeral, así como los intereses legales y las costas de la primera instancia. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

Los desahucios por el impago de la hipoteca se ha multiplicado casi un 3% en un año. Además, el tejido de autónomos en Córdoba sobrevivió en el primer trimestre de 2026 y los concursos de personas no empresarias, como pueden ser asalariados con deudas, se han disparado. Estos son los datos más relevantes del informe Efecto de la crisis en los órganos judiciales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado a conocer este lunes. Además,

Según el citado informe, de enero a marzo de este año, se han practicado 70 desahucios frente a los 52 del mismo periodo del año pasado. De esos 70, 40 fueron derivados por el impago de la hipoteca, por lo que Córdoba ha escalado hasta la octava posición nacional en esta categoría, empatada con Almería y solo superada por grandes núcleos como Barcelona, Madrid o Sevilla.

Este dato supone un cambio respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 16 desahucios de este tipo. Frente a ese incremento del 150% en la presión hipotecaria, los lanzamientos por impago de alquiler (LAU) han caído, pasando de los 32 casos en 2025 a los 25 actuales. De este modo, Córdoba rompe la tendencia nacional -donde el alquiler es la causa mayoritaria de desahucio- para situarse como la segunda provincia de Andalucía con más lanzamientos por hipoteca. Granada, con 50 lanzamientos hipotecarios, es la que lidera el ranking en la comunidad autónoma. El informe recoge otros cinco lanzamientos que nada tienen que ver con los impagos del alquiler o de la hipoteca.

Por otro lado, durante los tres primeros meses de 2026, se registraron en Córdoba 167 concursos de personas naturales no empresarios. La gravedad de la situación queda patente al observar que, de los concursos declarados en este periodo, 140 fueron sin masa. Es decir, casi en el 84% de los casos, el deudor no poseía bienes suficientes ni para cubrir los costes mínimos del proceso judicial. Ambos datos aumentan con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 131 concursos de personas naturales no empresarios, de los que 121 fueron sin masa.

Frente a estos datos, Córdoba cerró el primer trimestre del año con una ausencia total de concursos de acreedores entre los trabajadores autónomos (personas naturales empresarios), registrando cero casos. Asimismo, la insolvencia de empresas se mantiene en niveles mínimos, con solo cinco concursos de personas jurídicas presentados en toda la provincia. Este escenario de estabilidad empresarial se ve reforzado por una baja incidencia de la conflictividad por ocupación ilegal de viviendas, materia en la que solo se incoaron siete procedimientos verbales posesorios, una de las cifras más bajas de España.

Finalmente, el informe muestra que los juzgados de lo Social tramitaron 440 demandas por despido, pero esta cifra fue superada por las 553 reclamaciones de cantidad (impagos de salarios o deudas contractuales). Se trata de unos datos muy similares a los del mismo periodo de 2025. Por último, la cifra de procedimientos monitorios para recuperar deudas ha bajado casi un 62%, pasando de 7.177 a 2.738.