La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el cual ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por S.O. como responsable del asesinato con alevosía de un hombre el 11 de abril de 2024 en un piso de la calle Platero Pedro de Bares. En octubre de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 16 años de prisión, pena que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) el pasado mes de marzo. Ahora, el Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia, así como las indemnizaciones que deberá abonar a los familiares de las víctimas.

Los hechos ratificados por el Alto Tribunal se remontan a la noche del 10 y la madrugada del 11 de abril de 2024 en Córdoba. En el domicilio de la calle Platero Pedro Bares, propiedad de la expareja del agresor, estuvieron divirtiéndose y consumiendo alcohol y drogas el acusado junto a la víctima.

Sobre las 9:00 del 11 de abril se desencadenó una fuerte discusión en el interior de la vivienda entre la mujer y el condenado. Ante la situación, la víctima intervino para defender a la mujer, logrando expulsar al procesado del piso a empujones. Minutos más tarde, el agresor regresó a la casa y llamó a la puerta, que abrió la víctima. En ese instante, “de manera sorpresiva y sin mediar palabra”, S.O. apuñaló a la víctima en el cuello con una navaja de diez centímetros de hoja que portaba.

Mientras el acusado huía del edificio de inmediato, seguido de cerca por la mujer, la víctima intentó taponarse la herida en el interior de la casa antes de desplomarse en el descansillo de la escalera. La agresión le provocó un corte que le desagarró la aorta, causándole la muerte al poco tiempo. El acusado tenía diversos antecedentes penales, algunos de ellos por delitos violentos.

Frente a la condena inicial y su posterior respaldo ante el TSJA, la defensa de S.O. interpuso un recurso de casación alegando que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que no existió alevosía. Así, el condenado alegaba que se vio involucrado en una pelea en la que resultó agredido por la mujer y la víctima, viéndose obligado supuestamente a defenderse con “lo primero que encontró a mano”. Asimismo, argumentaba que aquella mañana tenía sus facultades cognitivas y volitivas alertadas por el consumo de alcohol y drogas.

El Alto Tribunal ha rechazado íntegramente el recurso, que ni siquiera lo ha admitido a trámite, respaldando así toda la argumentación de la Audiencia Provincial de Córdoba. Además, ha insistido en que la víctima no pudo defenderse porque la agresión se ejecutó de forma inopinada en cuanto se abrió la puerta.

El auto le impone al condenado el abono de las costas procesales del recurso y confirma también las indemnizaciones que deberá abonar a los familiares de la víctima: a los dos hijos menores, 111.193,73 euros a cada uno; a la hija mayor de edad, 15.000 euros; a los padres de la víctima, 40.000 euros a cada uno; a la hermana del fallecido, 10.000 euros; y a su expareja sentimental, 15.000 euros. Por último, el Supremo ratifica que S.O. estará sometido a libertad vigilada durante ocho años tras cumplir condena.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre ratificando íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital cordobesa. El tribunal le impone una pena de un año de prisión como autor de un delito de quebrantamiento de condena, además de una multa de 1.440 euros por haberse quitado la pulsera telemática.

Los hechos se enmarcan en la relación sentimental que el acusado y la víctima mantuvieron en el pasado. Con fecha de 23 de febrero de 2025, el Juzgado Mixto número 1 de Posadas dictó un auto en el marco de unas diligencias urgentes por el cual se acordó una orden de protección de carácter cautelar. Dicha resolución prohibía al hombre aproximarse a la mujer a menos de 500 metros de cualquier lugar donde se encontrara o de su domicilio, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Para garantizar el cumplimiento, se le impuso el uso de una pulsera de control.

A pesar de esta prohibición judicial que ya estaba vigente, consta en la sentencia que ambos habían retomado brevemente la relación de forma temporal en mayo de 2025. No obstante, dicha relación sentimental terminó de forma definitiva en julio de 2025, momento a partir del cual se produjeron los hechos que han motivado esta sentencia.

Según el fallo, un día en el que aún seguía vigente dicha prohibición, el procesado le escribió en tres ocasiones emplazándole a quedar en la zona del Vial Norte para entregarle sus cosas y para contarle una supuesta mala noticia. La víctima no le contestó a ninguno de los mensajes y se puso inmediatamente en contacto con su agente de custodia Viogen de la Policía Nacional, quien le indicó que permaneciera en su domicilio. Paralelamente, los agentes montaron un dispositivo policial en la zona supuestamente había quedado con el procesado, quien sí acudió a la cita. El acusado acudió a la cita prevista y fue sorprendido y detenido en el lugar, comprobándose además que no portaba el dispositivo telemático reglamentario.

A estos hechos se suma que, días después, el acusado se despojó voluntariamente de la pulsera telemática de control, que no ha podido ser localizado desde entonces. Fue la madre del propio procesado quien se puso en contacto con el Centro Cometa para notificar que su hijo se había quitado el aparato, a pesar de saber perfectamente que estaba apercibido de cometer un delito de quebrantamiento si lo hacía sin una resolución judicial previa que lo autorizara.

En su recurso de apelación, la defensa del hombre alegó un error en la valoración de la prueba y solicitó la aplicación de una atenuante, argumentando que padece una discapacidad intelectual leve y un trastorno mixto que le impedían comprender el alcance real de sus actos y de los mensajes enviados. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos recordando que el informe del médico forense determinó que, aunque presenta una diversidad funcional de carácter leve, conservaba intactas sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, comprendiendo perfectamente el alcance de una prohibición judicial.

Además, los magistrados recalcaron que el acusado no es un delincuente primario, ya que contaba con una condena previa por el mismo delito dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Córdoba, por lo que se le ha aplicado correctamente la agravante de reincidencia.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla ha acordado este martes la libertad provisional del conductor implicado en el accidente en el que el pasado viernes falleció un motorista y resultó herido grave su acompañante en el término municipal de Montalbán. El conductor está investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y de lesiones por imprudencia.

El conductor fue detenido el mismo día de los hechos y puesto en libertad por la Guardia Civil, a la espera de declarar este martes en el juzgado de Montilla, partido judicial al que pertenece el municipio en el que ocurrió el accidente. Ante la titular del órgano judicial, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar y ninguna de las partes ha solicitado su ingreso en prisión preventiva, por lo que no hubo que convocar la comparecencia de prisión. A petición del fiscal, la jueza ha acordado la doble medida cautelar de retirada del permiso de conducir y la prohibición de manejar vehículos.

Además del delito de homicidio y lesiones por imprudencia, el conductor también será investigado por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir bajo el efecto del alcohol y sustancias estupefacientes. También se está averiguando si cometió un segundo delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad

Tras el choque, el conductor de la moto -un joven de La Rambla- falleció, mientras que su acompañante se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Montilla. En el turismo que conducía el investigado viajaba otro hombre, de 32 años, que fue asistido por los servicios médicos en el lugar del siniestro, no precisando traslado hospitalario. El conductor también fue atendido por los servicios sanitarios y sometido a las pruebas de alcohol y drogas, siendo ambas positivas. Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de La Rambla decretó un día de luto oficial, suspendiéndose todos los actos desde las 12:00 del 7 de agosto a las 00:00 del día 8.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa a un conductor que fue interceptado en la A-4 en Córdoba mientras conducía un vehículo 144.665 euros camuflados en su interior. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el conductor, quien alegó que la multa impuesta -72.832 euros, la máxima permitida por ley- sobrepasaba el delito cometido.

Según la sentencia, los hechos se remontan a abril de 2022, cuando agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba desplegaron un control rutinario en el punto kilométrico 374 de la autovía A-4, a su paso por San Antonio, en El Carpio. Durante la inspección de un turismo, los agentes descubrieron los 144.665 euros en efectivo que no habían sido declarados previamente.

El dinero no iba a la vista, sino estratégicamente camuflado, ya que estaban fraccionados y envueltos en 15 paquetes de film transparente. Todo el dinero, además de un billete falso de 20 euros, estaban escondidos en el hueco destinado a la rueda de repuesto del automóvil. Ante este hallazgo, se dio traslado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), iniciándose un expediente sancionador por una infracción grave, ya que la ley establece la obligación de declarar los movimientos por territorio nacional de efectivo iguales o superiores a 100.000 euros.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso inicialmente una multa de 72.832 euros -equivalente al 50% del valor de los fondos incautados, el tope máximo estipulado por la ley- acompañada de una amonestación privada. Sin embargo, el infractor recurrió la decisión alegando falta de proporcionalidad y argumentando que no debió aplicarse el grado máximo de la sanción. Sin embargo, el TSJM ha desestimado su recurso debido a la cuantía hallado y que el uso tanto del hueco de la rueda de repuesto como el de los paquetes sellados con film transparente evidenciaban una clara intención de eludir la acción policial. Además, el conductor no aportó ningún tipo de dato ni documento que acreditara el origen lícito del dinero, ni demostró ejercer actividad económica alguna que respaldara una capacidad financiera semejante.

De este modo, el tribunal ha concluido que la presencia de estas agravantes justifica la aplicación de la multa máxima, desestimando el recurso y condenando al demandante al pago de las costas procesales con un límite de 3.000 euros.

CSIF ha informado de una sentencia ganada por sus servicios jurídicos que reconoce el derecho de un trabajador de Correos en Córdoba a cambiar su turno de trabajo para poder atender a su hijo menor de edad. El sindicato muestra su satisfacción por el hecho de que esta resolución judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba viene a reconocer el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del profesional de la empresa postal.

La central sindical detalla que la sentencia, contra la que no cabe recurso, viene a atender la demanda del trabajador realizada en varias ocasiones durante el pasado año para cambiar del turno de tarde al de mañana con el fin de poder cuidar de su hijo, una petición que fue rechazada sistemáticamente por Correos por unas supuestas causas organizativas.

A este respecto, el juez indica que el mismo Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34.8 que “las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y la distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

La resolución judicial deja claro que “el derecho constitucional del trabajador a ocuparse de sus hijos menores no puede ceder frente a las causas organizativas que la empresa alude”. En este sentido, en el texto se reconoce la potestad que tiene Correos a “optimizar sus recursos mediante la organización, pero el trabajador tiene un derecho que está especialmente protegido por la Constitución, puesto que los valores fundamentales que protege son muy superiores a los que se ven afectados por la organización empresarial”.

Del mismo modo, el juez afea la actitud de Correos en este asunto al señalar que “debe tenerse especialmente en cuenta que se trata de la administración pública, que debe velar por los derechos de conciliación familiar y laboral de sus trabajadores”. CSIF reclama a Correos que ejecute esta sentencia a la mayor brevedad posible y que atienda de una manera más adecuada todas aquellas demandas de su plantilla que posibiliten conciliar su actividad laboral con el cuidado de su familia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado 14 meses de prisión para un hombre que robó hasta 15 joyas de oro de la casa de una amiga después de que esta le prestara las llaves para, supuestamente, “recoger unas bebidas”. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, ratificando así la sentencia dictada el pasado mes de marzo por la plaza número tres de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Los hechos se remontan a la madrugada del 14 al 15 de agosto de 2023. Según el relato de hechos probados, el acusado mantenía una estrecha relación de amistad con el marido de la víctima e, incluso, se alojaba en una vivienda propiedad de la familia de esta. Aprovechando este vínculo, el procesado pidió a su amiga las llaves de su domicilio con la excusa de entrar a recoger unas bebidas. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, fue al dormitorio principal y sustrajo del joyero personal de la víctima un total de nueve pendientes, tres pulseras, dos anillos y una cadena, todas ellas piezas de oro. El valor pericial de los objetos robados asciende a 2.100 euros.

En su recurso, la defensa del acusado alegó que no existían pruebas directas del robo y que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque nadio lo veo llevarse las joyas. Sin embargo, la sentencia recoge que solo la víctima, su marido y el acusado tenían acceso a la llave de la casa en el momento de la desaparición de los objetos. Asimismo, la Audiencia ha confirmado la agravante de abuso de confianza y el pago de las costas de primera instancia.

El Tribunal Supremo ha absuelto a los siete integrantes del consejo rector de la cooperativa Nuestro Padre Jesús de las Penas, de Encinas Reales, al concluir que no actuaron con negligencia cuando decidieron invertir parte de los excedentes de tesorería de la sección de crédito en bonos subordinados de Banco Popular, una operación que acabó frustrándose tras la disolución de la entidad bancaria en 2017. Esto conllevó a que la mitad del pueblo, unas 1.500 personas, perdieran sus ahorros, que estaban depositados en dicha sección de crédito.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación presentado por los antiguos responsables de la cooperativa y ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 2021, que les había condenado a indemnizar a decenas de socios por el dinero que no pudieron recuperar de sus depósitos. Con esta decisión, el alto tribunal español confirma el fallo inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que en 2019 había desestimado la demanda de los cooperativistas y absolvió a los siete miembros del consejo rector.

El origen del litigio se remonta a octubre de 2015, cuando el consejo rector acordó invertir 2,49 millones de euros en 42 bonos subordinados emitidos por BPE Financiaciones y garantizados por Banco Popular, con una rentabilidad anual cercana al 6,9 %. Meses después también adquirió bonos de CaixaBank por 1,5 millones, una operación que sí resultó rentable. Sin embargo, la resolución de Banco Popular por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en junio de 2017 provocó que los bonos quedaran amortizados y la cooperativa perdiera la inversión. Como consecuencia, el consejo rector limitó temporalmente la retirada de fondos de los socios para evitar una fuga masiva de depósitos que comprometiera la viabilidad de la sección de crédito.

Decenas de cooperativistas reclamaron entonces más de 1,5 millones de euros, al considerar que los miembros del consejo rector habían actuado de forma imprudente al invertir el dinero de la cooperativa en un producto financiero de alto riesgo. Sin embargo, el juez de primera instancia absolvió a los directivos, que sí fueron condenados en apelación porque la Audiencia Provincial entendió que la inversión incumplía los criterios de seguridad exigidos para las secciones de crédito de las cooperativas y condenó solidariamente a los administradores.

No obstante, la causa ha dado un vuelco de 180 grados con el reciente fallo del Supremo, que ha manifestado que el consejo rector actuó con el asesoramiento de Santander Banca Privada, que la inversión estaba respaldada por Banco Popular -cuya solvencia no hacía prever en 2015 el desenlace ocurrido dos años después- y que, incluso, el auditor de la cooperativa entendió que la operación cumplía la normativa aplicable.

Para el alto tribunal, los responsables de la cooperativa no incumplieron sus deberes de diligencia porque no existía entonces una previsión razonable del colapso de Banco Popular y la inversión se adoptó siguiendo un procedimiento adecuado, con asesoramiento especializado y buscando una mayor rentabilidad para los excedentes de tesorería. En consecuencia, el Supremo ha concluido que no concurre la negligencia grave necesaria para exigir responsabilidad personal a los miembros del consejo rector y ha dejado sin efecto la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba.

La cooperativa superó el concurso de acreedores al que se enfrentó.

Hay que recordar que, ante las consecuencias de la quiebra del Banco Popular, la cooperativa se declaró en concurso de acreedores en agosto de 2019, superando este proceso legal en diciembre de 2020. Tras meses de trabajo, en octubre de aquel año, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba aprobó el convenio de acreedores presentado por la Cooperativa Nuestro Padre Jesús de las Penas, cesando desde ese momento los efectos propios del concurso.

En el convenio aprobado se dispuso que los créditos ordinarios serían abonados con una quita del 30% en un plazo máximo de tres meses desde la sentencia que aprobó el convenio. En tiempo récord, la cooperativa dio cumplimiento íntegro al convenio y puso a disposición de sus acreedores las cantidades convenidas.

Tres de los seis detenidos el pasado jueves en Alcolea tras un operativo contra el tráfico de drogas han quedado en libertad con cargos después de que hayan abonado cada uno 4.000 euros de fianza para salir de prisión. Se trata de los únicos arrestados que estaban en la cárcel de Córdoba vinculados a esta intervención policial.

Según fuentes cercanas a la investigación, la redada se inició a primera hora de la mañana del pasado jueves, con agentes de la Policía Nacional fuertemente armados, que registraron hasta cuatro viviendas en Alcolea.

Como resultado del operativo, seis personas fueron detenidas, de las que cinco pasaron al juzgado de guardia y una fue puesta en libertad en comisaría. De esos cinco arrestados, dos fueron puestos en libertad el pasado viernes, pero tres sí ingresaron en prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda organizada. Cerca de una semana después de su entrada en la cárcel, los arrestados -defendido por la letrada Mar Jiménez- han quedado en libertad provisional y con cargos.

Un joven ha sido condenado a seis meses de prisión y a una multa de 140 euros por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido distribuyendo sustancias estupefacientes en el recinto ferial de Santa María de Trásierra. La sentencia de apelación de la Audiendia Provincial de Córdoba ratifica que el intenso olor a marihuana que emanaba del acusado fue el indicio clave que permitió a los agentes de la Policía Nacional proceder a su registro y posterior detención.

Los hechos se remontan a la madrugada a agosto de 2024, aproximadamente a las 2:30. La intervención policial se inició tras el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la presencia de un joven vendiendo “porros” en la feria. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en el puesto de la Cruz Roja, donde se encontraba acompañando a un amigo que se sentía indispuesto. Al aproximarse, los policías no solo comprobaron que su descripción física coincidía con la facilitada, sino que detectaron que el individuo “desprendía un fuerte olor a marihuana”.

Tras realizarle un cacheo de seguridad, los agentes hallaron casi diez gramos de marihuana en cinco envoltorios de plástico, cerca de dos gramos de resina de hachís distribuidos en seis trozos independientes y 42,10 euros en efectivos fraccionados en billetes y numerosas monedas. El valor total de la droga en el mercado ilícito se calculó en algo más de 73 euros.

Según recoge la sentencia, el acusado admitió que “llevaba la droga así preparada para su venta porque no estaba su madre y necesitaba subsistir”. A pesar de que la defensa solicitó la absolución alegando que la pequeña cantidad era para autoconsumo, la Audiencia ha desestimado el recurso ante los indicios suficientes de tráfico de drogas, como son la presentación de la misma en monodosis, la posesión de dinero fraccionado de forma poco usual y la propia admisión del investigado.

El Juzgado de Instrucción número 2, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional para el autor material del atraco a una gasolinera de Palma del Río el pasado 29 de julio, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación.

Hay que recordar que, en el marco de la operación Azahar-Lanchon-26, la Guardia Civil detuvo a dos personas como presuntas autoras de este robo con violencia e intimidación. El segundo de los arrestados ha quedado en libertad con cargos ante los indicios de su colaboración en los hechos. Según informó este martes la Benemérita, un individuo accedió a la estación de servicio ocultando su rostro y portando un arma blanca de manera visible, requiriendo de forma intimidatoria al empleado la recaudación existente en la caja, abandonando posteriormente el lugar de forma precipitada.

Desde el primer momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de investigación encabezado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Palma del Río, dirigido al total esclarecimiento de los hechos y detención del presunto autor. Las gestiones practicadas por los investigadores, entre las que se incluyen el análisis de las imágenes de videovigilancia, la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos, así como la recogida y estudio de indicios, permitieron avanzar en la identificación del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas desarrolladas, la Guardia Civil logró identificar al supuesto autor material del atraco además de a otra persona por su presunta colaboración en la planificación y ejecución de los hechos. Una vez localizados los presuntos autores, se procedió a la explotación de la operación en la que, previa autorización de la autoridad judicial, se practicó una entrada y registro en un inmueble, donde además de las detenciones, fueron intervenidas varias prendas de ropa y complementos (peluca, gafas, etc) iguales a los usados en el hecho delictivo, así como algunos cuchillos de idénticas características al que portaba el autor, efectos que serán analizados e incorporados a las diligencias abiertas.

El dispositivo desarrollado para la práctica de las detenciones y del registro contó con la participación de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil de Córdoba, como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, así como varias patrullas de Seguridad Ciudadana tanto del Puesto de la Guardia Civil de Palma del Río como de unidades aledañas, cuya colaboración resultó fundamental para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actuación.

Un hombre deberá pagar 9.000 euros a su exmujer -a razón de 250 euros al mes durante un periodo de tres años- en concepto de pensión compensatoria tras divorciarse después de casi dos décadas de matrimonio. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en una resolución que rectifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, al reconocer el claro desequilibrio económico sufrido por la exesposa al haber aparcado su trayectoria laboral para volcarse en el cuidado de la familia y de los hijos comunes.

En la sentencia, a la que ha accedido este periódico, el tribunal recoge que aunque la mujer trabajó por cuenta ajena durante los primeros años de matrimonio -efectuado en 2005-, su actividad en el mercado laboral cesó prácticamente tras el nacimiento de su primera hija en 2007. A partir de ese momento, la esposa asumió de manera prioritaria el cuidado del hogar y la crianza de los dos hijos de la pareja.

Durante el proceso judicial, el exmarido -policía nacional en Córdoba con unos ingresos medios superiores a los 2.500 euros netos mensuales- argumentó que la mujer, desde 2022, obtenía ingresos adicionales (de entre 500 y 600 euros al mes) mediante tareas informales de etiquetado, empaquetado y venta de joyería dentro de la economía sumergida. Sin embargo, la Audiencia ha aclarado que la precariedad e inestabilidad de esos trabajos en b no eliminan el derecho a la pensión compensatoria y que la dedicación a la familia privó a la exmujer de cotizaciones y de expectativas de promoción laboral, beneficiando paralelamente al exmarido, que pudo desarrollar su carrera profesional con plena dedicación.

Aunque el tribunal ha reconocido la pensión compensatoria, ha rechazado elevar la pensión de alimentos de los hijos (una joven de 18 años que prepara oposiciones a Policía Nacional y un menor en edad escolar), por lo que ha quedado fijada en 325 euros mensuales por hijo, al estimar que es una cifra “ajustada, proporcionada y suficiente” para cubrir sus necesidades.

Por último, la Audiencia ha mantenido la petición de la Fiscalía, recogida en la sentencia de instancia, relativa a dar traslado a la Agencia Tributaria de los posibles fraudes en los que hubiera incurrido la expareja, ya que en los trabajos de joyería no declarados por la mujer también colaboró su exmarido.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena impuesta a un hombre por abordar y realizar tocamientos a una menor de edad en plena calle en enero de 2023. Aunque el tribunal ha reconocido la existencia de dilaciones indebidas debido a que el juzgado de instancia tardó más de ocho meses en dictar la sentencia original, ha decidido mantener íntegra la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2023, alrededor de las 20:45 en una calle de la capital cordobesa. El acusado comenzó a seguir a la víctima, una menor de 17 años, mientras le profería expresiones de alto contenido sexual y degradantes, tales como “vente conmigo a mi casa que te voy a follar”. En un momento del trayecto, el agresor se acercó y le tocó los glúteos de forma inopinada y sin consentimiento. La joven logró escapar y refugiarse en el domicilio de un familiar tras sufrir una crisis nerviosa, mientras que el acusado huyó del lugar ante los gritos de auxilio de la menor.

Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba le impuso un año de prisión por un delito de agresión sexual, tres años de inhabilitación para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto directo con menores; la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima durante dos años, y una indemnización de 500 euros por daños morales y la crisis nerviosa sufrida.

El condenado recurrió la sentencia alegando un error en la valoración de la prueba, cuestionando que la víctima no realizó una identificación directa en el juicio y argumentando que era “imposible” realizar el tocamiento mientras circulaba en patinete sin caerse. Sin embargo, la Audiencia ha desestimado estos argumentos. Los magistrados han subrayado que la víctima identificó fotográficamente al agresor con seguridad, ya que era una persona conocida de vista por ser repartidor de mensajería y residir a apenas 100 metros del lugar de los hechos. Respecto al patinete, el tribunal ha aclarado que “basta con circular a muy reducida velocidad” para que el tocamiento fuera perfectamente viable.

El único motivo que sí ha estimado la Audiencia es el relativo a la existencia de dilaciones indebidas dado que la condena de instancia tardó más de ocho meses pese a la “simplicidad” de los hechos. No obstante, esta atenuante solo ha tenido efectos “testimoniales”, puesto que la pena ya había sido impuesta en su mínimo legal y no se ha modificado la cuantía de la misma.

Por su parte, la acusación particular, representada por el padre de la menor, solicitó que se aplicara una agravante por considerar que el ataque se produjo en circunstancias de “tiempo y lugar” favorables al agresor al ser de noche. El tribunal ha rechazado esta petición, señalando que las 20:45 en un entorno urbano “normalmente poblado e iluminado” no constituyen una situación de aislamiento que facilite el delito o impida la defensa. De hecho, la sentencia ha destacado que la joven pudo recibir auxilio de su hermano casi de inmediato, lo que desvirtúa la idea de un lugar apartado. Así las cosas, la condena de instancia se mantiene de manera intacta.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de lesiones con instrumento peligroso tras agredir a otra persona con un vaso de cristal en el exterior de una discoteca de Adamuz. No obstante, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de tres años, de manera que el condenado evitará ingresar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización fijada a favor de la víctima.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, declara probado que los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en el exterior de la caseta-discoteca El Tozzo, en la localidad cordobesa de Adamuz. Según recoge la resolución judicial, el acusado, que carecía de antecedentes penales, se abalanzó sobre la víctima sin mediar palabra y sin que ambos se conocieran previamente. Acto seguido, la golpeó de forma repetida con un vaso de cristal en la cara, provocándole múltiples heridas incisas.

Las lesiones afectaron a distintas zonas del rostro, entre ellas la nariz, la frente, el párpado derecho, el mentón y la oreja derecha. La víctima tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico, incluyendo la limpieza y sutura de las heridas, valoración por cirugía plástica, seguimiento por el servicio de otorrinolaringología y tratamiento farmacológico con analgésicos, antiinflamatorios, protectores gástricos y antibióticos.

La sentencia señala que las lesiones ocasionaron inicialmente un perjuicio estético medio, valorado en 16 puntos de secuela, además de una pérdida moderada de calidad de vida durante 34 días. No obstante, tras el tratamiento recibido, las secuelas resultan actualmente imperceptibles.

Conformidad antes del juicio

El procedimiento concluyó mediante una sentencia de conformidad. Tras el inicio de la vista oral, el acusado reconoció los hechos y las acusaciones —el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la víctima— modificaron sus conclusiones, que fueron aceptadas por la defensa. Al no existir controversia sobre los hechos ni sobre la calificación jurídica, no fue necesario practicar más pruebas.

La Audiencia consideró que los hechos constituían un delito de lesiones, al haberse utilizado un instrumento peligroso como fue el vaso de cristal con el que se produjo la agresión. El tribunal condenó al acusado a dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 20.000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas por la víctima, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales, además de imponer al condenado el pago de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Aunque la pena de prisión quedó fijada en dos años, la Audiencia acordó suspender su ejecución durante tres años. Para mantener ese beneficio, el condenado deberá abstenerse de cometer cualquier nuevo delito durante ese periodo y cumplir con el pago de la responsabilidad civil.

La resolución establece expresamente que la indemnización deberá abonarse a razón de 400 euros mensuales. Asimismo, advierte de que el impago de dos mensualidades consecutivas o de tres no consecutivas supondrá la revocación de la suspensión de la pena, lo que conllevaría su ingreso en prisión.

Con una indemnización principal de 20.000 euros y una cuota de 400 euros al mes, el calendario de pagos se prolongaría aproximadamente durante cincuenta meses —algo más de cuatro años— si no se realizan abonos extraordinarios y sin perjuicio de los intereses legales fijados en la sentencia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento en un litigio frente a una empresa inmobiliaria, que pretendía recuperar en los tribunales el importe abonado por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía.

El conflicto judicial se ha centrado en una autoliquidación practicada sobre una finca, por la cual la empresa solicitaba la rectificación y la devolución de 1.467,51 euros por ingresos indebidos. La entidad presentó su solicitud inicial en septiembre de 2024, pero tras no obtener respuesta municipal y agotar la vía administrativa mediante el Consejo Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas, decidió llevar el caso a los tribunales.

Sin embargo, el magistrado ha fallado a favor del consistorio al considerar que el derecho de la inmobiliaria a reclamar había prescrito. La sentencia aclara que, en el momento en que se presentó la solicitud de rectificación, el plazo legal de cuatro años para solicitar la devolución ya había vencido.

En este sentido, el fallo subraya que las doctrinas fijadas por tribunales superiores o resoluciones económico-administrativas no interrumpen ni reinician el plazo de prescripción para un contribuyente si este no participó directamente en esos pleitos anteriores. Es decir, el silencio administrativo del demandante le impide ganar después el proceso ante la justicia.

Como consecuencia, el juez ha declarado que la actuación municipal es conforme a Derecho y ha condenado a la inmobiliaria al pago de las costas procesales. Al tratarse de una resolución firme, no cabe contra ella ningún recurso ordinario.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año y seis meses de prisión al cuidador de una mujer por apropiarse de 61.200 euros de su patrimonio mientras esta permanecía sedada durante los últimos días de su vida. El tribunal considera acreditado que el acusado aprovechó el estado de inconsciencia de la víctima para acceder a su banca electrónica y realizar cuatro transferencias de 15.000 euros cada una, además de tres operaciones mediante Bizum por importes de 500, 500 y 200 euros, que fueron ingresadas en una cuenta de su titularidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que la mujer ingresó el 16 de marzo de 2023 en el hospital debido a una grave dolencia que finalmente provocó su fallecimiento el 25 de marzo de ese mismo año. Durante los días previos a su muerte permaneció bajo sedación paliativa y, según los facultativos que la atendieron, había perdido la capacidad de conciencia y no podía manejar un teléfono móvil ni realizar operaciones bancarias.

El acusado llevaba trabajando desde 2009 como empleado doméstico y cuidador de la víctima. Esa relación de confianza hizo que dispusiera de las claves de acceso a la cuenta bancaria de la mujer, además de diversos poderes notariales para determinadas gestiones personales y patrimoniales. Sin embargo, la Audiencia concluye que utilizó esa posición de confianza para acceder a la banca 'online' de la víctima y transferir el dinero a su propia cuenta cuando ella ya no podía decidir por sí misma.

Los magistrados rechazan la versión ofrecida por el acusado, quien sostuvo durante el juicio que el dinero recibido era un “regalito” que la fallecida había querido hacerle antes de morir. La resolución considera esa explicación incompatible con el estado clínico de la mujer, ya que las pruebas médicas y los testimonios del personal sanitario acreditan que permanecía sedada y con la conciencia muy disminuida desde al menos 48 horas antes de su fallecimiento.

La sentencia también descarta que las operaciones pudieran haber sido realizadas por el hermano de la fallecida, como apuntó la defensa. La Audiencia recuerda que este había perdido meses antes los poderes sobre las cuentas bancarias de su hermana y que, además, fue quien presentó la denuncia una vez conocido el movimiento del dinero tras el fallecimiento.

En el momento de su muerte, la mujer había otorgado un testamento abierto, fechado el 2 de marzo de 2023, por el que designaba heredero universal a su hermano y establecía distintos legados en favor de Cáritas Diocesana de la Parroquia de Santas Margaritas y de Cruz Roja de Córdoba. Precisamente estas entidades y el hermano de la fallecida ejercieron la acusación particular durante el procedimiento.

Aunque las acusaciones solicitaron condenas por estafa y administración desleal, la Audiencia entiende que los hechos encajan en un delito de apropiación indebida agravada, al haberse producido una apropiación definitiva del dinero sin que existiera un engaño previo para obtener el desplazamiento patrimonial. Además, aprecia la agravante derivada de que el perjuicio económico superó los 50.000 euros.

Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año y seis meses de prisión, al pago de una multa de siete meses y a indemnizar a los herederos de la fallecida con 61.200 euros, cantidad que deberá incorporarse a la herencia para cumplir la última voluntad testamentaria de la mujer.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto administrativo entre un bombero que formó parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el Ayuntamiento de Córdoba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, anulando la resolución municipal que se la denegó inicialmente.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el demandante solicitó el reingreso en el Ayuntamiento de Alicante tras obtener una plaza en dicha administración. Para poder incorporarse a su nuevo destino sin perder su plaza de funcionario de carrera en Córdoba, solicitó la excedencia prevista para la prestación de servicios en otras administraciones. Sin embargo, el consistorio cordobés, entonces en manos de PSOE e IU, rechazó su petición.

Ante esta negativa y la inminente necesidad de trasladarse a Alicante, el bombero se vio obligado a utilizar una vía alternativa para no incurrir en el abandono de su puesto: solicitó una excedencia por cuidado de hijos, aprovechando que había sido padre recientemente para poder marcharse legalmente. A pesar de lograr el traslado mediante este “parche” administrativo, el trabajador decidió llevar el caso a los tribunales para que se le reconociera la situación administrativa correcta.

En su fundamentación jurídica, el TSJA aclara que, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el paso a la situación de servicio en otras administraciones es de aplicación obligatoria (ope legis) cuando un funcionario de carrera obtiene un destino en otra administración pública mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. El tribunal subraya que este tipo de movilidad es un derecho “estrictamente subjetivo y voluntario” que no está sometido a limitaciones temporales por parte de la administración de origen.

Finalmente, el fallo revoca la sentencia previa de un juzgado de Córdoba y reconoce formalmente el derecho del bombero a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2019.

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la vista oral por el trágico suceso ocurrido en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde fallecieron el soldado sevillano Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. Según adelantó Radio Córdoba Cadena SER y ha podido confirmar este periódico, el juicio comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá, inicialmente, durante veinte sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre.

El procedimiento se dirige contra cuatro mandos del Ejército de Tierra: el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido. El tribunal ha programado las sesiones en horario de mañana y tarde, comenzando a las 09:30.

La acusación particular, ejercida por el abogado Luis Romero Santos en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para cada uno de los cuatro oficiales encausados. Además de la privación de libertad, la acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

Los hechos que se juzgarán se remontan al suceso ocurrido en el ejercicio de paso de un lago artificial en la base de Cerro Muriano, una maniobra que, según la acusación, puso de manifiesto formas de proceder negligentes que deben ser erradicadas de la instrucción y formación del Ejército. Para la familia de las víctimas, este caso evidencia la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la ordinaria, limitando la primera a cuestiones meramente administrativas.

El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora. Se ha previsto la comparecencia de más de cien testigos y peritos. Antes del inicio formal de la vista en octubre, el tribunal ha señalado el próximo 31 de julio para llevar a cabo la insaculación del Vocal Militar que deberá juzgar y fallar el procedimiento.

La familia del soldado Carlos León ha reiterado su compromiso de trabajar para que se depuren todas las responsabilidades y el caso no caiga en el olvido. A pesar de los intentos previos por parte de algunas defensas de sancionar al portavoz de la familia por sus declaraciones ante los medios, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerarlas amparadas por el derecho a la libertad de expresión e información.

El fiscal que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, considera “perfectamente procedente” la participación de un especialista geólogo para llevar a cabo estudios de terreno, tal y como lo proponen los peritos, “dada la naturaleza de la pericia a practicar en la que determinar el estado del terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria”.

Así lo expone el representante del Ministerio Público en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ante la providencia de la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, para informar en relación al informe remitido por los peritos judiciales designados. El fiscal cree que dicha prueba “puede ser relevante si se conecta con lo que en este momento procesal es el objeto del procedimiento”.

En este caso, los tres peritos judiciales resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Estos trabajos, detallan, “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En todo caso, estas actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.

Ingeniero de telecomunicaciones

Respecto de la participación de un especialista ingeniero de telecomunicaciones, que piden los peritos para facilitar la comprensión de la no advertencia del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste, el fiscal expone que “la providencia de 29 de enero por la que se acuerda la práctica de la prueba pericial señala que 'a la vista de los solicitado, procédase a la práctica de la diligencia de informe pericial interesada sobre las causas del accidente ferroviario objeto de investigación'”.

En este sentido, apunta que “parece más bien que la intervención del especialista propuesto iría dirigida a valorar cuestiones correspondientes a estadios posteriores a los que son el objeto del presente procedimiento, tal y como está configurado y de acuerdo a la providencia anteriormente referida”.

Así, remarca que lo anterior lo expone “sin perjuicio de que por los peritos puedan proponer dicho especialista de una manera más enfocada a lo que efectivamente ha de ser el objeto de la pericia y en su caso pueda reconsiderarse la valoración en relación a la oportunidad de la participación de este técnico”.

Cajas negras

En cuanto a las pruebas metalúrgicas sobre evidencias de carril recogidas en el lugar del accidente, y a la vista de las recomendaciones dadas por los peritos, conectadas con la documental incorporada a las actuaciones, en particular la incorporada junto a las diligencias de la Guardia Civil en relación a los laboratorios propuestos para llevar a cabo las pruebas sobre dichas evidencias, el representante del Ministerio Público muestra su “conformidad a que por el Juzgado se dé prioridad en el uso de piezas de convicción afectas a un procedimiento judicial, al laboratorio de Cenim sobre el laboratorio Aimen en lo que se refiere al uso de los lotes 1 y 2 que deben ser objeto de pruebas en dichos laboratorios todo ello conforme a los argumentos dados por por los peritos”. La jueza ha resuelto a tal efecto.

Igualmente, el fiscal expresa su “conformidad a las propuestas de los peritos en lo que se refiere a la acreditación de calibración y homologación de procesos y maquinaria, inclusión de ensayos de hidrógeno, presencia de los peritos en dichas operaciones y dación de cuenta de los laboratorios con entrega de muestras a la autoridad judicial, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en la LECrim y la creación de la Autoridad para la Investigación de Accidentes Ferroviarios --en lo que se refiere a las relaciones CIAF/autoridad judicial--”.

En relación a la presencia de técnicos para la interpretación del contenido de los RJU --cajas negras-- de los trenes siniestrados, el fiscal muestra su “conformidad a la presencia de personal técnico responsable de fabricación o integración de cada una de las unidades de tren siniestradas, pareciendo necesaria su presencia para una adecuada interpretación de los datos contenidos en dichos RJU”.

Y en lo referente a la documentación reclamada por los peritos a aportar por Adif, el representante del Ministerio Público expresa su “conformidad” a que se haga el requerimiento a Adif, tal y como en la propia providencia de 12 de julio ya se hace y la jueza ha comunicado nuevamente.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, no ve “suficientemente determinado” que intervenga el experto en telecomunicaciones que le han solicitado los tres peritos judiciales para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge la providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, visto el escrito presentado por los peritos judicialmente designados, en el que interesan la intervención de un ingeniero de telecomunicaciones especialista en el ámbito ferroviario para la elaboración del dictamen pericial encomendado, así como el informe del Ministerio Fiscal obrante en las actuaciones, antes de resolver sobre dicha solicitud, requiere a los peritos para que dentro del plazo de 9 días procedan a “reevaluar la necesidad de intervención del citado profesional y amplíen en su caso la fundamentación de su petición”.

En este sentido, les pide que precisen “de forma concreta el objeto de actuación técnica interesada y su incidencia en el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario del que trae causa la presente instrucción”. Ello por cuanto, a la vista de las actuaciones practicadas y de la justificación ofrecida, “no resulta suficientemente determinado que la intervención interesada se proyecte sobre extremos directamente relacionados con las causas del accidente, pudiendo referirse, en principio a hechos posteriores que exceden del objeto de la pericia”, expone la jueza.

Asimismo, pide nuevamente a los peritos para que dentro del plazo anterior “manifiesten si estiman necesaria la intervención de cualesquiera otros profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su informe, indicando en cada caso la concreta finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción”.

Ante ello, da traslado a los peritos, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento. Contra dicha providencia cabe recurso de reforma mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días contados desde su notificación.

Petición de los peritos

Al respecto, los investigadores consideran “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Solicitud a ADIF

Por otra parte, en la misma providencia, la jueza informa de que ha recibido por la representación procesal de Adif un escrito del día 17 de julio por el que se aportan expedientes requeridos sobre la contratación de obras y suministros de renovación de la vía que aún no constaban en la causa, en virtud de la providencia del día 12 de julio, de modo que se une a las diligencias y se tiene “por cumplimentado parcialmente en plazo el requerimiento efectuado”.

En este caso, asegura que los “proyectos relativos a la ejecución y modificados, si los hubiere, del expediente de renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, de los kilómetros 315 a 470 no han resultado aportados a fecha de la presente por dificultades técnicas derivadas del peso de los archivos, habiéndolo puesto en conocimiento de la Sección la representación procesal de Adif”. Por ello, la jueza pide a Adif, mediante su representación procesal, que en el plazo de dos días ponga a su disposición, mediante USB, la documentación requerida y “no aportada por problemas técnicos”.

Igualmente, da traslado de los expedientes administrativos aportados a los peritos designados judicialmente para que dentro del plazo de 9 días informen a este órgano judicial, a la vista de la documentación aportada y el contenido de su informe del día 3 de julio, “si resulta necesaria la intervención de determinados profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su dictamen, indicando en cada caso la finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento”, todo ello, “sin perjuicio, de darle traslado del resto de documentación aportada por la representación procesal de Adif una vez haya sido formalmente presentada”.

En este sentido, la jueza solicitó la aportación del proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo Guadalmez-Córdoba, así como el expediente de suministro, transporte y premontaje de aparatos de vía. También, la documentación relativa al suministro, transporte y balasto para la renovación de desvíos; el proyecto de renovación de desvíos (fase 2) en la misma línea, y los proyectos relativos a la ejecución y modificados, si lo hubiera, de la renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la LAV Madrid-Sevilla entre los kilómetros 315 y 470.

La causa según un ingeniero

De igual modo, en la providencia se recoge que se une al caso el oficio remitido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de fecha del 3 de julio, por el que se remite al juzgado un informe y fotografías de las causas y lugar del accidente remitidos a la Policía Judicial por un especialista en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Al hilo, la Guardia Civil traslada que dicho ingeniero colegiado redacta “un informe acompañado de fotografías supuestamente del lugar del accidente de Adamuz, centrando su parecer técnico en una fractura de carril provocada, según su criterio, por una mala ejecución de la soldadura”.

Sobre el origen de las fotografías, indica que “las obtuvo a través de un grupo de WhatsApp de técnicos e ingenieros que las estaban difundiendo y comentándolas, pero que las mismas fueron realizadas por la Dirección de Seguridad y Autoprotección de la vía de ferrocarril de Sevilla de Adif o Renfe poco después de ocurrir el accidente”.

Con el fin de “profundizar en el origen y trazabilidad de esas fotografías”, el día 30 de junio, los agentes de la UOPJ se pusieron en contacto telefónico con el ingeniero, al objeto de obtener más datos, solicitándole que aportara datos de trazabilidad y de origen de las fotografías.

Sin embargo, tres días después esta persona aún no había aportado los datos solicitados, por lo que “continúan las gestiones tendentes a completar la información recibida sobre el origen de las fotografías, y poder así, determinar su interés o no de incorporarlas a las actuaciones”.