El juez titular de la plaza número seis de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó este pasado lunes la puesta en libertad provisional del conductor del vehículo detenido tras atropellar mortalmente a una persona en la capital cordobesa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, y como medida cautelar, el juzgado acordó la retirada del permiso de conducir del detenido. Inicialmente, se la atribuye un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, detallan las fuentes.

El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, según ha podido saber este periódico. El hombre fue puesto a disposición judicial en la noche de este lunes. El suceso tuvo lugar en la calle Madres Escolapias, junto al parque de La Asomadilla, cuando un vehículo se salió de la vía y terminó arrollando a un hombre que se encontraba haciendo ejercicio físico.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:31 de este lunes, después de que varios testigos alertaran a los servicios de emergencia de la salida de vía del automóvil. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061.

La víctima falleció en el lugar del accidente mientras practicaba deporte. El vehículo implicado quedó en la zona a la espera de ser retirado. La Policía Local detuvo al conductor por su presunta responsabilidad en un delito de imprudencia al volante.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta al sargento comandante del puesto de la Guardia Civil de Cerro Muriano como autor de una negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales. La resolución, a la que ha accedido este periódico, ratifica la sanción de pérdida de cinco días de empleo y sueldo tras no haber informado a la cadena de mando de la aparición del cuerpo sin vida de Amador Ortiz, un vecino que murió atropellado el 24 de abril de 2022.

Según consta en los hechos probados de la sentencia, una vez que se registraron las primeras llamadas vecinales que alertaban del atropello, se acercó hasta el lugar una patrulla del puesto de Almodóvar del Río. Al regresar a su base, estos agentes crearon un expediente relativo al hallazgo de un cadáver y remitieron un primer resumen de la intervención.

El sargento responsable del puesto de Cerro Muriano, que ese día se encontraba de servicio, asumió la instrucción de las diligencias del atestado. Sin embargo, al constatar que la entrada informática ya había sido dada de alta por la patrulla de Almodóvar y al no tener más de datos en ese instante, decidió no trasladar la novedad urgente a la cadena de mando. Esta omisión no se subsanó hasta el 27 de abril -tres días después del hallazgo del cuerpo de Ortiz-, cuando el teniente jefe accidental de la 3ª Compañía de Córdoba solicitó explicaciones al sargento al percatarse de que no se había recibido el aviso oficial correspondiente.

Fue en ese momento cuando el mando del puesto redactó una nueva notificación incorporando detalles relevantes, entre ellos que la inspección técnico-ocular había sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Palma del Río y que también había intervenido el equipo de atestados del Subsector de Tráfico de Córdoba. En el momento de los hechos, la víctima tenía 43 años y su cadáver fue localizado en la calle Media Luna de la barriada cordobesa. Desde entonces, la familia pide colaboración ciudadana para intentar localizar a posibles testigos o conductores que pudieran aportar datos sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal.

Por estos hechos, en diciembre de 2022, el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil acordó imponer al sargento la sanción de pérdida de cinco días de empleo y sueldo por una falta grave. Esta sanción fue confirmada en febrero de 2023 por la directora general de la Guardia Civil. Una vez agotada la vía administrativa, el agente recurrió a los tribunales. En una primera resolución judicial, el Tribunal Militar Central desestimó su demanda, por lo que al agente solo le quedaba recurrir en casación a la Sala de lo Militar del Supremo.

Sin embargo, este órgano tampoco le ha dado la razón. En su recurso, el guardia civil alegó que el aviso del hallazgo del cadáver de Ortiz correspondía a la patrulla de Almodóvar, pero el alto tribunal español ha considerado que este mando tenía la obligación reglamentaria directa e ineludible de comunicar de inmediato cualquier hecho de especial trascendencia a la superioridad de la Compañía. En consecuencia, concluye la Sala, demorar dicho parte durante tres días constituye un quebrantamiento de los deberes de cuidado más elementales exigibles a un mando policial.

Atento a tu nombre y apellidos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba ha publicado este martes la lista provisional de candidatos a jurado popular, un censo elaborado por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que determinará quiénes podrán ser citados para formar parte de los tribunales en los juicios con jurado que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2028.

La selección se ha realizado mediante sorteo público a partir del censo electoral, incluyendo a vecinos empadronados en municipios de toda la provincia, desde la capital hasta localidades como Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra o La Carlota, entre muchas otras.

Los ciudadanos interesados en comprobar si su nombre figura entre los seleccionados pueden acceder al documento oficial pinchando en este enlace. En la publicación aparece el listado ordenado por municipios, especificando nombre, apellidos y los últimos dígitos del DNI de cada persona seleccionada.

Estar incluido en este censo provisional no significa la citación inmediata para un juicio, sino que abre la posibilidad de ser designado como miembro de un Tribunal del Jurado durante los próximos dos años en aquellos procedimientos penales que requieran este tipo de tribunal. En caso de figurar en el listado, la legislación contempla determinados requisitos, incompatibilidades y causas legales de excusa que podrán alegarse en los plazos estipulados tras la notificación formal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado la suspensión del juicio fijado para esta semana contra los 16 integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo masivo, procesado, extracción de resina y exportación de mariahuana en la capital y la provincia. La vista oral ha tenido que ser aplazada antes del trámite de cuestiones previas debido a la renuncia de dos de los abogados de la defensa, circunstancia que ha obligado al tribunal a posponer el señalamiento.

Esta causa sienta en el banquillo a un grupo que operaba bajo la apariencia de una sociedad de agricultura y jardinería para abastecer y gestionar campos de cultivo e instalaciones indoor distribuidas por varios puntos de la provincia.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la red criminal se organizaba en un clan familiar dirigido por uno de los procesados -quien ostentaba el máximo poder económico y controlaba una empresa pantalla-, asistido por sus dos hermanos y un asesor agrícola.

El entramado articulaba sus funciones en tres escalones claramente delimitados. En el primer eslabón estaba este grupo dirigente, encargado de la financiación, dirección de la empresa instrumental y adquisición de materiales agrícolas. Uno de los hermanos del líder de la red actuaba como conector directo con el grupo extranjero, el otro hermano asumía la logística y coordinación del montaje de plantaciones, y el asesor agrícola aportaba sus conocimientos del sector para localizar fincas y supervisar el desarrollo de los cultivos.

En el medio de la pirámides se encontraba la rama albanesa, formada por otros cuatro procesados, que explotaba grandes extensiones agrícolas en Villalón (Fuente Palmera) bajo la falsa cobertura de un sembrado de cáñamo industrial, además de dedicarse al secado, tamizado, extracción de polen mediante prensado y envasado al vacío para enviar la droga a terceros países. En el equipo de logística y custodia de la droga había otros ocho procesados.

Casi 187 kilos de droga intervenidos en naves, fincas y chalés

La investigación que acabó con la detención de estas 16 personas comenzó en febrero de 2024, pero no fue hasta junio y julio cuando fueron arrestadas. Durante las entradas y registros de los inmuebles, las fuerzas de seguridad decomisaron un total de 170,85 kilos de marihuana, valorados en el mercado ilícito en 1.069.552 euros, así como 16,11 kilos de hachís (polvo y bloques de resina), con una valoración económica de 108.306 euros.

Las intervenciones se llevaron a cabo en chalés y casas de las urbanizaciones La Perla, Fontanar de Quintos, La Canchuela-Majaneque, calle El Trigal, la nave de la empresa en la carretera A-431, una finca en Villalón y una parcela ubicada en Almodóvar del Río.

Los agentes incautaron envasadoras al vacío, extractores rotativos de polen y prensas, al tiempo que constataron enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en las instalaciones indoor. Además, se intervinieron tres armas de fuego: una pistola corta, una carabina y un bolígrafo-pistola artesanal.

Por el delito contra la salud pública con las agravantes de cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, la Fiscalía pide diez años y dos meses de prisión para el líder de la red, sus dos hermanos, el asesor agrícola y uno de los procesados que se encargaba de la vigilancia. A esta pena hay que añadir una multa de dos millones de euros y otra de 1.200 euros por el delito de defraudación de fluido eléctrico. Esta última multa afecta también a otro procesado, quien, según la Fiscalía, fue utilizado como testaferro para la titularidad de los vehículos e inmuebles que usaba la red.

Para los otros 11 encausados, el Ministerio Público solicita seis años de prisión y una multa de un millón de euros por el delito contra la salud público, con las mismas agravantes que el resto de procesados. Además, la Fiscalía interesa dos años de prisión para el líder de la banda, quien habría arrojado la pistola y el bolígrafo-pistola durante la intervención policial, y nueve meses de cárcel para el hermano de este después de que las fuerzas de seguridad encontraran una carabina en su domicilio.

Tras la suspensión, la Audiencia deberá fijar nuevas fechas de juicio, ya que esta causa estaba previsto juzgarse durante cuatro días.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a A.N.M. y M.N.G., a quienes la Fiscalía y la acusación particular acusaban de provocar de forma intencionada un incendio forestal en el verano de 2016 en Hornachuelos. El fallo concluye que no hay pruebas que rompan la presunción de inocencia de los encausados ante los fallos que hubo en la recogida de pruebas, que terminaron por inutilizar el principal indicio incriminatorio de la causa.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de agosto de 2016 en la finca Atalaya de los Nublos. Según ha quedado probado, personas no identificadas prendieron fuego mediante un mechero o medio similar en cinco puntos distintos del terreno. Tres de los focos no progresaron, mientras que los otros dos quemaron apenas 0,15 hectáreas de matorral con arbolado bajo antes de extinguirse por sí solos a causa de las condiciones meteorológicas favorables de esa noche.

A la mañana siguiente, los guardas de la finca descubrieron los restos del fuego e identificaron pisadas recientes en los alrededores. Dos días más tarde, en la madrugada del 25 de agosto, ambos procesados fueron sorprendidos en el interior de la finca por los vigilantes privados, quienes llamaron a la Guardia Civil. Los agentes desplazados al lugar fotografiaron el calzado que vestían para comprobar si coincidía con el de los autores del conato.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión y 16 meses de multa para cada acusado por un delito de incendio por imprudencia. Por su parte, la acusación particular subía la petición hasta los tres años de cárcel y 18 meses de multa. Ambas defensas sostuvieron la libre absolución.

En la sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia ha recordado que, durante el juicio, el propio perito de la Guardia Civil adscrito al Departamento de Balística y Trazas admitió las insuperables limitaciones del material que los agentes le enviaron para cotejar las suelas de los sospechosos con las pisadas halladas en la finca.

Según detalló el especialista en la sala, las imágenes remitidas carecían de testigo o escala métrica para determinar las dimensiones reales, se enviaron en blanco y negro y, además, correspondían a pies cambiados (izquierdo por derecho). Con semejante déficit metodológico, el perito solo pudo certificar una “mera compatibilidad de diseño” de la suela, un patrón genérico compartido por infinidad de marcas y modelos del mercado, sin poder determinar siquiera si las huellas del terreno pertenecían a botas o a zapatillas deportivas.

Debido a estos errores, el tribunal ha fallado que el hecho de que los procesados fueran sorprendidos en la finca dos días después del suceso no tiene fuerza incriminatoria por sí solo. Además, ningún testigo los situó en la finca o sus proximidades la noche en que se prendieron las llamas, ni consta rencilla, enemistad o conflicto previo con la propiedad que sirviera como móvil para la comisión del delito. Por tanto, la Audiencia los ha absuelto de todos los cargos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió a finales de julio que la Junta de Andalucía fuera sancionada por la Inspección de Trabajo después de que judicialmente haya quedado probado que el Gobierno andaluz ha abusado de los contratos temporales en el yacimiento de Medina Azahara.

Así queda de manifiesto en la sentencia a la que ha accedido este periódico. A preguntas de este periódico, Cultura no ha confirmado si el expediente sancionador se ha efectuado ya y, de haberse realizado, a cuánto ha ascendido la sanción. Esta solicitud del TSJA llega después de que el alto tribunal andaluz haya confirmado que la Junta mantuvo de forma irregular y precaria a un trabajador en el conjunto arqueológico durante más de cuatro años y medio.

El trabajador en cuestión era el expendedor del Centro de Recepción de Medina Azahara, quien estuvo cubriendo este puesto desde noviembre de 2018 hasta junio de 2023, rebasando el límite máximo de tres años que fija la ley para las plazas vacantes sin que existiera justificación o causa excepcional alguna. De este modo, el empleado estuvo desempeñando sus labores en el yacimiento de forma ininterrumpida durante cuatro años y siete meses. Sin embargo, en junio de 2023, la Consejería le notificó la resolución del contrato tras la adjudicación definitiva del puesto a un trabajador fijo mediante un concurso de traslados.

Tras el cese, el trabajador recurrió a la vía judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba estimó la demanda en abril de 2024, declaró la improcedencia del despido y condenó a la Junta a elegir entre la readmisión del empleado o el abono de una indemnización superior a los 13.600 euros. Sin embargo, la Administración autonómica decidió recurrir en suplicación.

En su fallo, el TSJA ha abordado el recurso alineándose con recientes sentencias del Tribunal Supremo. En primer lugar, el tribunal ha aclarado que no es posible otorgar la condición de personal fijo ni declarar la improcedencia del despido a un trabajador que no ha superado un proceso selectivo de acceso al empleo público. Según ha remarcado la Sala, la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público exigen de forma imperativa cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, trámite por el que el demandante no había pasado.

Dado que la plaza fue cubierta de forma legal mediante un concurso de traslados entre personal fijo, la extinción del contrato no puede catalogarse como un despido improcedente. Por ello, la Sala ha revocado esa calificación y ha reajustado la compensación económica hasta situarse en poco más de 8.000 euros.

En segundo lugar, y a pesar de reducir esta cantidad, la sentencia no ha restado un ápice de gravedad al fallo dado que el mismo certifica que existió un abuso manifiesto en la contratación temporal al superar con creces los tres años de tope establecidos para la cobertura de vacantes en el sector público. Por esta razón, la sentencia decreta el envío de esta sentencia a la Inspección de Trabajo para que depure las responsabilidades administrativas de Cultura.

Además, el fallo deja una puerta abierta para el trabajador dado que este puede demandar de nuevo a la Junta para que lo indemnice por ese abuso de la contratación temporal.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, encargada de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha comunicado a las diferentes acusaciones populares representadas en el caso que deja en manos de los abogados de Vox la representación legal de todas.

Según ha confirmado a este periódico la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, y ha adelantado la Cadena SER Radio Córdoba, la jueza ha comunicado su decisión este viernes por la mañana. Este colectivo y el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf), también presente en la causa, han anunciado que van a recurrir esta decisión.

Este tipo de resoluciones judiciales son normales por “eficiencia procesal”. Normalmente, las diferentes acusaciones suelen ponerse de acuerdo y nombrar al abogado de una de las partes en concreto como representante. Pero ante la falta de acuerdo, la jueza de Montoro ha optado por seguir la doctrina del Tribunal Supremo, en un fallo judicial del año 2024, en el que señala que la representación se quedará en manos de la primera acusación que la haya pedido, en este caso Vox.

Además de Vox, en la causa están representados como acusación popular Hazte Oír y la Asociación Víctimas de los Políticos. La jueza dejó fuera de la causa a los ayuntamientos de Huelva o de Punta Umbría, que pretendían defender los intereses de las víctimas de sus municipios afectadas en el siniestro. Tampoco ha podido personarse la Junta de Andalucía, que igualmente mostró interés en conocer de este sumario.

Al respecto, Vox se opuso a la unificación, manifestó “la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos para la imposición de una unificación automática y la falta de motivación y/o fundamento”, a la vez que ha defendido que “la acción popular está configurada como un derecho fundamental por su reconocimiento constitucional en el artículo 125, lo que determina que queden afectos dos derechos a equilibrar, por un lado, la garantía de un derecho de defensa y la garantía de la tutela judicial efectiva”, y ha alegado “la inexistencia de riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, la inexistencia de intereses que converjan y la incompatibilidad de las acusaciones”.

Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opone a la unificación, alegando “la improcedencia en la imposición automática de la unificación, al ser una facultad excepcional y que debe se motivada por el órgano judicial, en la que deben concurrir identidad sustancial de intereses y ausencia de conflicto material entre las distintas posiciones procesales, existiendo en el supuesto de autos posiciones procesales diferenciadas, propias y con estrategias procesales diversas, imponiendo la defensa única una restricción en el derecho de acción que supeditaría a la parte su estrategia procesal a decisiones ajenas”.

Igualmente, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se opuso a la unificación, alegando “la falta de motivación de la unificación pretendida, deduciendo que la única razón en la imposición de la medida toma como base el número de acusaciones populares personadas, sin que ésto pueda justificar la unificación”, a la vez que ha manifestado “vulneración de los principios de proporcionalidad y falta de ponderación de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y defensa, los que ostentan un rango superior a los principios de economía procesal y buena ordenación del procedimiento”.

También, se ha opuesto a “la aplicación automática de la medida”, haciendo mención a “la especial cualificación y conocimiento técnico” del que dispone, “lo que redunda en beneficio del procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”. Además, ha expuesto que en la parte “concurren intereses específicos y diferenciados del resto de acusaciones populares, que se encuentran vinculados con la seguridad laboral y la protección de la vida e integridad de los trabajadores ferroviarios, ya que los hechos también pudieran ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, ejercitando acción no sólo en búsqueda de la verdad y por la acción de la Justicia, sino que ejercita acción desde la perspectiva de satisfacción de los intereses colectivos laborales de los trabajadores de conducción ferroviaria”.

La Fiscalía

Mientras, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha alegado “la falta de concurrencia de presupuestos materiales de acumulación, la lesión del derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva por generar indefensión”, remarcando que “los fines perseguidos por las distintas acusaciones populares son distintos”, y creen que “existe trato discriminatorio si se aplica el criterio de prioridad temporal en la personación”. Y han subrayado que sus fines son “la defensa de los intereses de las víctimas, búsqueda de la verdad y la justicia a diferencia de las restantes acusaciones populares que tienen otros motivaciones que trascienden de la defensa de las víctimas”.

Y tras ello, el Ministerio Fiscal ha informado “a favor a la unificación de las acusaciones populares bajo una misma representación y defensa”, al considerar “cumplidos en el caso de autos los requisitos que se exigen para hacerla efectiva”, manifestando que “el número elevado de acusaciones tanto particulares como populares afecta al buen orden del procedimiento o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas y existe identidad de intereses”. Así, ha pedido que “la unificación se haga efectiva dando prioridad a la defensa y representación de la primera de las personaciones como criterio objetivo seguido por el Tribunal Supremo (TS)”.

Por todo lo expuesto, y a la vista de “la fecha de los escritos de solicitud de personación, la falta de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de quién debe asumir la representación y defensa comunes según sus escritos de alegaciones y no existiendo oposición por el Ministerio Fiscal”, la jueza ha determinado que “corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas”.

El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

El Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba) ha modificado la placa conmemorativa en el monolito sobre una fosa de represaliados por el franquismo en el municipio, después de que fuera trasladada a la Fiscalía la queja de una asociación memorialista por el texto que se instaló inicialmente, que junto a las víctimas del franquismo incluía a las del terrorismo.

Hay que recordar que, en agosto pasado, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y Sur de Córdoba (Armhb) mostró su indignación por la inscripción colocada en el monolito situado sobre los terrenos donde fue localizada una fosa con once víctimas de la represión franquista. La asociación consideraba que el texto no rendía un homenaje específico a las personas represaliadas y reclamó su retirada y la colocación de una nueva inscripción consensuada con las familias. La polémica se centraba especialmente en la referencia que aparecía en la placa a las “víctimas del terrorismo”. El texto inicial del monolito señalaba: “Espacio dedicado al recuerdo, el honor y la dignidad de todas las personas que sufrieron la violencia y la sinrazón de la Guerra Civil y la posguerra, así como de las víctimas del terrorismo. Por la paz, la convivencia y la libertad. Encinas Reales, 2025. Gabriel Prieto Navarro. Alcalde”. La Armhb denuncia que en la inscripción no se identifica expresamente a las víctimas del franquismo ni a las personas cuyos restos fueron localizados en la fosa.

Esa denuncia pública fue puesta en conocimiento también ante la Fiscalía en representación del colectivo memorialista, al considerar que “se ha podido producir una vulneración de la Ley de Memoria Democrática”. “El texto supone un agravio para las víctimas y sus familiares dado que no fueron víctimas de la guerra civil, pues en Córdoba y toda su provincia hubo represión, no guerra. Además, argumenta que en el texto añade una referencia a víctimas del terrorismo”, indicaba la denuncia.

Fiscalía incoó expediente

Tras ello, la Fiscalía de Memoria Democrática acordó abrir expediente gubernativo para dar traslado de la denuncia sobre la presunta vulneración de la Ley de Memoria en la placa instalada, según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Cordópolis. En base a la normativa y legislación vigente en materia de Memoria Histórica, con fecha 31 de agosto de 2026 se procedió a la incoación del expediente gubernativo por parte de la Fiscalía que, recuerda podrá requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y sus agentes para el ejercicio de sus funciones.

Con ello, se acordó notificar la denuncia a los organismos de Memoria Democrática competentes, por un lado, a la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España y, por otro lado, al organismo competente de la Junta de Andalucía -Comisionado para la Concordia-.

Y tras este expediente y su tramitación, el Ayuntamiento ha procedido a modificar hace unos días la placa que se puede ver en el monolito, según ha confirmado a este periódico el alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto. El nuevo texto que ahora homenajea a los represaliados dice lo siguiente:

'Encinar de la memoria. En recuerdo de las víctimas del golpe de estado, la Guerra Civil y la posguerra de España. En reconocimiento y reparación del buen nombre y su dignidad humana. Descansen en paz'.

Así pues, se ha modificado el texto, eliminando la referencia a las víctimas del terrorismo, así como el nombre del alcalde que gobierna el municipio actualmente.

Lo que se perfilaba como el pilar económico para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra los supuestos cabecillas de la red de las 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado desvirtuado este jueves en la Audiencia Provincial de Córdoba. En el marco del juicio contra este entramado, la prueba pericial de la Guardia Civil sobre las dos empresas supuestamente utilizadas como pantalla ha quedado muy en entredicho tras destaparse graves errores contables relativos a una empresa en cuestión: la que está directamente relacionada con los tres supuestos líderes de la red.

La sesión, centrada en la toma de declaración a los dos guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Córdoba, ha derivado en un enfrentamiento dialéctico constante con las defensas que se ha prolongado durante más de una hora y media. La tensión ha alcanzado tal nivel que el juez se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para aplacar el tono del interrogatorio, advirtiendo a las partes de que la vista no era “un juego entre peritos o ver quién sabe más”, sino un interrogatorio formal dentro de una causa penal.

El análisis financiero del Instituto Armado se centró exclusivamente en dos sociedades mercantiles para intentar probar el supuesto blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Hay que recordar que la causa se inició con una investigación de la Policía Judicial de Córdoba y afectaba directamente a una organización asentada en la capital dedicada a la adquisición e introducción de hachís desde el norte de África. La red lo almacenaba y, tras ello, lo distribuía por Francia. En esta actividad delictiva, la Guardia Civil detectó dos empresas que habrían servido para blanquear el dinero conseguido con la droga.

Sin embargo, y pese a que las actuaciones policiales constataron la existencia de esa red -a quien se le aprehendió 20 toneladas de hachís ocultas en tomates-, la sesión de este jueves ha sembrado serias dudas de que una en concreto -dedicada al vinilado de vehículos- se hubiera usado para tal fin. La segunda analizada se habría utilizado como empresa pantalla de la organización para dar cobertura al transporte de la droga y para el arrendamiento de naves industriales usadas como puntos de almacenamiento del hachís. Los dos acusados que aparecen como administrador y testaferro de la entidad reconocieron los hechos el primer día de juicio.

La tesis de la Guardia Civil sobre la primera empresa -donde la Fiscalía situaba inicialmente un descuadre cercano a los 180.000 euros- ha comenzado a desmoronarse durante el interrogatorio ejercido por la letrada de la acusada M.D.F.P., administradora de la empresa. La defensa ha puesto sobre la mesa que los instructores han ignorado en su informe el saldo bancario con el que la sociedad inició 2022. Cuestionados por el juez sobre por qué en el análisis de otra sociedad de la causa sí se había computado el saldo de tesorería inicial y en el caso de ésta se había omitido, los agentes de la Guardia Civil han admitido la existencia de ese “error”, aunque se han mostrado incapaces de explicar la disparidad de estos criterios.

Ante esto, el fiscal ha tenido que intervenir en el plenario para recalcular a cuánto ascendería el blanqueo de capitales, cuestión clave para sustentar la acusación. En este momento, los agentes han echado cuentas de nuevo, reduciendo la cuantía de los 188.000 euros iniciales a 126.000 euros. Sin embargo, tampoco sería así. Un perito de la defensa, presente durante toda la declaración de los guardias civiles, ha desglosado los balances de la empresa, siendo “la diferencia entre ingresos y gastos igual a cero. La inyección de capital de procedencia desconocida no se desprende de ningún lugar, sino que es un fallo aritmético”, ha concluido.

Asimismo, el perito ha echado por tierra la sospecha sobre 4.460 euros en efectivo atribuidos por la investigación a posibles inyecciones del narcotráfico, aportando las facturas correlativas emitidas a clientes entre enero y febrero de 2023 que justificarían el cobro de dicho importe en metálico. Esa documentación, entre otra, no consta en el informe de la Guardia Civil. En consecuencia, para el perito, esta empresa “era la antítesis del blanqueo”, definiéndola como una pequeña empresa que “más que ganar, simplemente subsistía”. A ello se ha sumado el dato de que la Agencia Tributaria no ha incoado sanción ni expediente alguno contra esta empresa.

Los tres principales acusados niegan los hechos

La sesión también ha acogido las declaraciones de los tres acusados que se han negado a cualquier acuerdo: A.G.P, Rambito, acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de la mercantil protagonista de la sesión de este jueves; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad y sobrino de Rambito. Rambito se ha limitado a despachar su declaración con un “no he cometido ningún delito de tráfico de drogas ni he blanqueado”. Cuestionado por los balizamientos por GPS de la Policía que situaban de forma reiterada vehículos de la red en las inmediaciones de su domicilio, Rambito lo ha justificado en que “toda la urbanización aparca” en su calle porque está cerca de “un supermercado, una farmacia y bares”. Asimismo, ha asegurado que “nunca” se ha subido a un BMW, tal y como habría quedado demostrado en los seguimientos policiales.

Pro su parte, M.D.F.P. ha querido quitarse el rol de liderazgo que le atribuyen los investigadores asegurando que “nunca” ha dado instrucciones a nadie. Además, ha justificado la creación de la empresa porque “desde pequeña” le han gustado los coches. Sin embargo, al ser confrontada en relación con la contratación de la carretilla para la logística de la droga, la procesada ha echado balones fuera asegurando que se enteró de esta cuestión cuando la Policía Nacional la citó en comisaría y que “iba a ser detenida”. Según su versión, tras quedar en libertad llamó a R.P.s. y este se justificó diciendo que le había hecho un “favor” a un tercero, que se trata de uno de los procesados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno de declaración, R.P. ha rechazado cualquier implicación en los hechos, aunque sí ha reconocido que usó la empresa para el alquiler de la carretilla para hacer un “favor”. “Si me imagino que es para lo que fue, no lo habría hecho”, ha asegurado.

Tras esta sesión, la Sección Tercera de la Audiencia afrontará este viernes la cuarta y última del juicio en la que las protagonistas serán, sin duda, las conclusiones definitivas que eleve la Fiscalía.

La Fiscalía de Córdoba ha decidido no recurrir la sentencia del pasado mes de septiembre que absolvió a la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Carmen Prada, acusada de un delito de homicidio por imprudencia profesional tras el fallecimiento de un paciente en junio de 2020.

Una vez agotados los diez días hábiles para poder presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, el Ministerio Público da por bueno el criterio de la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba y renuncia a reabrir el debate judicial sobre la responsabilidad penal de la facultativa.

Durante el proceso, el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión y la inhabilitación profesional para la médica al considerar que pudo incurrir en una imprudencia al no dispensar los recursos asistenciales necesarios al paciente. Sin embargo, tras analizar de forma exhaustiva el desarrollo del juicio y el contenido de la resolución judicial dictada a finales de septiembre, la Fiscalía ha concluido que no concurren los presupuestos legales ni técnicos para sostener un recurso con garantías de prosperar ante la Audiencia Provincial.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 respaldó las tesis de la defensa al descartar la existencia de una negligencia o de un error de diagnóstico en la atención dispensada. La magistrada falló que la patología que presentaba el paciente y sus problemas de adicción asociados no se correspondían con los criterios establecidos para su ingreso en una comunidad terapéutica o en determinados recursos de mayor intensidad, descartando asimismo que la actuación de la psiquiatra guardase relación de causalidad con la muerte de este paciente.

Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Con la renuncia de la Fiscalía a recurrir, la absolución de la responsable sanitaria queda a un paso de ser plenamente firme, salvo que la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, decida formalizar un recurso.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha dictado una providencia de urgencia dentro del procedimiento instruido tras el asesinato de Tulia, cometido presuntamente por su exmarido el pasado mes de abril en La Fuensanta, para que se incorpore ya a la causa el informe de imputabilidad del procesado con el objeto de evitar más dilaciones.

Según la presente resolución, a la que ha accedido este periódico, el juzgado pide al Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén la emisión urgente del informe sobre la imputabilidad o inimputabilidad del investigado, solicitado por su defensa. La jueza fundamenta esta urgencia en la gravedad de los hechos investigados, el tiempo transcurrido y el carácter prioritario de la tramitación al tratarse de una causa con preso preventivo, la cual “no debe dilatarse en ningún caso”.

Con este documento, su defensa busca analizar si el único acusado en este crimen actuó con plenas capacidades mentales. Este dictamen del IML dará las claves su imputabilidad o no. Así, se podrá declarar una atenuante por trastorno mental, una eximente completa o incompleta. En el otro extremo, el dictamen vendrá a corroborar que el procesado era plenamente consciente de todo lo que hacía.

Junto con el requerimiento al IML, la providencia confirma la incorporación a la causa de nuevos vestigios remitidos la Policía Científica y hallados en la escena del crimen, como son un machete, dos sprays de gas pimienta, una sudadera y un juego de llaves, entre otros elementos.

José Bretón pasa sus días en una celda de la cárcel de Herrera de la Mancha (provincia de Ciudad Real). Este jueves se cumplen 15 años del día en el que Bretón acabó con la vida de sus dos hijos en una finca familiar de la ciudad de Córdoba. Ruth tenía seis años y José tres. Este crimen conmocionó a la sociedad española y puso sobre la mesa una vuelta de tuerca más de la violencia machista: la violencia vicaria. Es decir, aquella en la que para hacer daño a una pareja se actúa contra lo que más quiere: sus hijos.

Bretón mató a sus hijos el 8 de octubre de 2011. Esa misma tarde dijo que habían desaparecido mientras acudían a la Ciudad de los Niños de Córdoba, en el parque Cruz Conde. Aunque la Policía Nacional y el juez de instrucción, José Luis Rodríguez Laínz, y también su exmujer, Ruth Ortiz, nunca tuvieron dudas de que Bretón los había matado, durante meses se buscó a Ruth y José por todas partes. También por una mala identificación de los restos que se hallaron ya el primer día en una hoguera de la finca de Las Quemadas. Una forense de la Policía Nacional concluyó que los huesos eran de animal y no de los pequeños.

Sin embargo, Bretón fue detenido diez días después del crimen. El 18 de octubre, la Policía Nacional lo esposaba. Había estado en libertad, aunque vigilado las 24 horas del día, a la espera de que confesase el crimen, algo que hizo hace pocos años. Desde ese 18 de octubre, Bretón no ha vuelto a ser un hombre libre. Lo será en el año 2036, cuando se cumpla el máximo de años que con la condena que recibió por el asesinato de sus dos hijos pueda pasar en prisión.

Hace 15 años que Bretón mató a sus hijos y pasarán diez hasta que pueda salir de la cárcel. En octubre de 2036 tendrá 74 años y habría pasado 25 entre rejas. La Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 40 años de cárcel. En el año en el que cometió el doble asesinato, 2011, el Código Penal aún fijaba un máximo de 25 años de prisión para los delitos más graves que se podían cometer en España. En el año 2015 se modificó el Código Penal y se aprobó la prisión permanente revisable, ratificada en 2021 por el Tribunal Constitucional.

Bretón habría sido con total seguridad condenado a una especie de equivalente a la cadena perpetua y habría sido el primer cordobés en haber recibido tal castigo. Desde que se aprobó, en Córdoba no se ha condenado a nadie a esta pena máxima. La Fiscalía de Córdoba solo la ha pedido una vez, al falso cura acusado de asesinar a un hombre en La Chica Carlota. Pero finalmente este falso cura fue condenado a 18 años de cárcel.

La confesión que llegó 14 años después

Durante años, Bretón mantuvo públicamente una versión distinta de los hechos. Sin embargo, en marzo de 2025 se conoció que había reconocido por primera vez públicamente que había matado a sus hijos. La confesión apareció en El odio, un libro del escritor Luisgé Martín que iba a publicar la editorial Anagrama. Martín había mantenido correspondencia con Bretón desde 2021 y llegó a entrevistarse personalmente con él en la prisión de Herrera de la Mancha. El libro reconstruía el crimen desde la perspectiva del propio asesino y recogía su explicación sobre lo ocurrido.

Según el relato que Bretón ofreció al escritor, había planificado el asesinato y quería que los niños murieran sin sufrimiento antes de hacer desaparecer sus cuerpos. También reconocía que el móvil estaba relacionado con su ruptura con Ruth Ortiz y con su intención de causarle el mayor daño posible. El propio Bretón ya había realizado una confesión privada en 2017, durante un programa de justicia restaurativa en prisión, pero aquella revelación no se había conocido públicamente hasta la aparición de los extractos del libro. La publicación de El odio abrió, sin embargo, una nueva herida para Ruth Ortiz.

El libro estaba previsto para llegar a las librerías el 26 de marzo de 2025. Ruth Ortiz supo por los medios de comunicación que la obra iba a publicarse y se opuso públicamente a ella. Consideraba que el libro volvía a colocar a Bretón en el centro de la historia y que la publicación podía vulnerar los derechos y la intimidad de sus hijos, además de provocarle un nuevo daño psicológico. Su representación legal pidió amparo a la Fiscalía y advirtió a Anagrama de posibles acciones legales.

La Fiscalía de Menores de Barcelona solicitó entonces que se paralizara cautelarmente la publicación. Un juzgado de Barcelona rechazó inicialmente la petición el 24 de marzo. La Fiscalía recurrió y la cuestión llegó a la Audiencia Provincial de Barcelona.

El 9 de abril, la Audiencia de Barcelona confirmó que no procedía suspender cautelarmente la publicación. El tribunal consideró que no podía ordenarse esa paralización preventiva en esas circunstancias y advirtió del riesgo de convertir la medida en una forma de censura previa. La resolución señalaba al mismo tiempo la especial protección que merecían las víctimas y la sensibilidad del caso.

Anagrama decidió mantener voluntariamente la suspensión de su distribución pese a que los tribunales habían rechazado las medidas cautelares solicitadas para impedirla. Finalmente, el 16 de abril de 2025 la editorial dio un paso definitivo: anunció la extinción del contrato de edición y distribución de El odio y devolvió los derechos de la obra a Luisgé Martín. El libro, por tanto, no llegó a publicarse comercialmente por Anagrama.

La decisión abrió un intenso debate sobre los límites de la libertad de creación, el derecho a contar hechos criminales desde la perspectiva del asesino y, sobre todo, el lugar que deben ocupar las víctimas en ese tipo de relatos. Luisgé Martín reconoció posteriormente que había cometido un error al no avisar previamente a Ruth Ortiz de la publicación. El escritor defendió, al mismo tiempo, el derecho a publicar la obra y sostuvo que el libro pretendía situar la empatía en las víctimas, no justificar a Bretón.

El episodio tuvo además una consecuencia judicial añadida: Ruth Ortiz denunció a Bretón por un posible quebrantamiento de condena, al considerar que su participación en el libro podía vulnerar la prohibición que pesaba sobre él de comunicarse con ella. La sentencia que lo condenó había establecido una prohibición de comunicación durante 21 años por cada uno de los asesinatos.

Así, 15 años después de la desaparición y asesinato de Ruth y José, el caso Bretón continúa generando consecuencias. Primero cambió la manera de hablar en España de la violencia ejercida contra los hijos para dañar a una expareja. Después planteó un debate jurídico sobre los límites de las penas existentes antes de la prisión permanente revisable. Y, más recientemente, volvió a ocupar el centro del debate público por la confesión de Bretón y por un libro que, aunque llegó a ser autorizado judicialmente para su publicación, terminó sin llegar a las librerías.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado el cierre cautelar y temporal del club de Córdoba y otro de Cáceres en el marco de las diligencias abiertas a raíz de la investigación policial sobre la presunta trama acusada de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según sitúa la Policía Nacional en su atestado, la organización atraía a mujeres desde sus países de origen con falsas ofertas de empleo y, una vez en España, las sometía supuestamente a un estricto control de horarios y tarifas, forzándolas a trabajar sin descansos. El operativo policial se saldó con la detención de siete personas y el registro de tres viviendas y un club en Córdoba, además de otro local en la provincia de Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y diversa documentación. En la operación fueron detenidas siete personas, de las que solo cuatro pasaron a disposición judicial, aunque el juzgado decretó posteriormente la libertad provisional sin fianza para todos.

Una vez puestas en libertad, tal y como ha podido conocer Cordópolis, el Ministerio Fiscal ha solicitado la clausura temporal e inmediata de ambos locales con el fin de prevenir cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción judicial. Sin embargo, la defensa de dos de las detenidas -responsables del negocio- ha formulado un escrito de alegaciones, rechazando el cierre e insistido en que los hechos atribuidos por la Policía son meras “hipótesis” que aún deben investigarse y probarse.

De este modo, el letrado sostiene que, tras la intervención policial, no se ha acreditado un “peligro” que justifique una medida tan drástica como es el cierre temporal. Durante la entrada policial en este club, los agentes hallaron a 16 mujeres y dos clientes, sin que en el acta constara que “ninguna estuviera encerrada, retenida físicamente, privada de documentación ni pidiendo auxilio”. En las entrevistas posteriores, diversas trabajadoras manifestaron haber viajado de manera voluntaria, no mantener deudas, disponer libremente de sus pasaportes y cobrar directamente por sus servicios el mismo día.

Asimismo, el letrado de estas dos mujeres ha solicitado al juez instructor que verifique de forma reservada si alguno de los testigos protegidos en los que la Policía y la Fiscalía apoyan sus tesis coincide con una antigua trabajadora con la que una de sus defendidas mantiene un proceso penal previo por lesiones. De ser así, “la existencia” de este enfrentamiento “constituiría una circunstancia relevante a efectos de valorar el testimonio y la posible concurrencia de animadversión, enemistad previa o un eventual móvil espurio”, afirma el abogado.

Ahora será el juzgado de Violencia sobre la Mujer quien responda a esta petición de la Fiscalía a través de un auto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra la trama acusada de ocultar el alijo de 20 toneladas de hachís en el interior de falsos tomates. La jornada ha estado marcada por las lagunas de memoria de varios testigos y, sobre todo, por un importante giro en el calendario judicial: la renuncia de testificales por parte de las partes ha despejado la agenda y permitirá adelantar el final de un juicio que inicialmente estaba previsto que se prolongase hasta el 30 de octubre, fecha en la que ya con seguridad no habrá sesión.

Durante la mañana han comparecido cuatro de los testigos. Uno de ellos ha sido el representante de una inmobiliaria que ha admitido haber enseñado la nave donde se incautó el mayor alijo de la droga tras recibir la llamada de un intermediario, alegando que le indicaron que era “para almacenamiento”. Aunque ha afirmado no recordar nombres específicos ni el de la empresa pantalla usada por la red, ha acabado ratificando ante la sala el reconocimiento fotográfico que hizo en su día ante la Policía, donde identificó a dos de los implicados.

En la misma línea ha declarado el joven que habría alquilado a la red la carretilla elevadora usada para cargar la droga. Pese a responder reiteradamente que no se acordaba de los pormenores por el tiempo transcurrido, ha ratificado la identificación que hizo en sede policial. Por su parte, también ha declarado un corredor de seguros que conocía desde hacía años a Rambito, el líder de la trama, y al acusado J.A.R.M., que este martes reconoció haber ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de la nave donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

Después de estas declaraciones, la sesión ha avanzado drásticamente, ya que las partes han renunciado a la comparecencia de los otros cinco testigos agendados para este miércoles. De cara a este jueves, la Fiscalía ha renunciado a las declaraciones de dos médicos forenses, así como a los testimonios del Jefe de Sección del Área de Sanidad de Sevilla y del Jefe de Sección de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, al no haberse impugnado los análisis ni la custodia de la droga incautada.

Por tanto, este jueves comparecerán los dos agentes de la Guardia Civil del Equipo de Delitos Económicos de Córdoba para ratificar el informe económico-patrimonial, un perito de una de las defensas y los tres principales acusados: A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Aunque tras estas declaraciones se podría abordar la lectura de los informes de las partes, el juez José Francisco Yarza Sanz ha acordado que esta última fase se retrase al viernes. El motivo es que la Fiscalía aún no tiene los documentos que acreditarían la situación de drogodependencia de todos los acusados que este martes reconocieron los hechos. Sin estos escritos, el Ministerio Público no puede reducir las penas de prisión a las que, presumiblemente, ha llegado con las defensas.

Una vez que el viernes finalice la fase de lecturas de los informes y se dé la última palabra a los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.

Un total de 16 de los 20 acusados que formaron parte de la red que traficó con 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos -operación Califa- han reconocido los hechos en la primera sesión del juicio que ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Sin embargo, otros tres acusados -Rambito, su mujer y otro hombre, los líderes de la trama criminal- no han llegado a ningún acuerdo con el Ministerio Público, mientras que otro imputado no se ha presentado.

Estos procesados se enfrentaban inicialmente a penas de prisión que iban de los siete a los diez años, penas que se situarán por debajo de los cinco años. Además, sus abogados han presentado documentación que acreditaría la condición de drogodependientes de los acusados, lo que permitiría aplicarles la suspensión de la ejecución de la pena y no entrar en prisión. Junto a ello, la Fiscalía pide para todo más de 5.500 millones de euros en multas, cantidad que también se reducirá para los acusados que han confesado.

Salvo una única excepción, la tónica general entre los procesados que han optado por la conformidad ha sido responder de forma exclusiva a las preguntas formuladas por la representación de la Fiscalía, negándose a contestar a las defensas. En relación con el reconocimiento de los hechos y según la calificación del Ministerio Público, J.A.R.M. ha reconocido que ha ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de una nave en Mollina (Málaga) donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

A su lado, C.C.F. ha admitido que ha participado en la manipulación y traslado de la sustancia, en el alquiler de la nave de Málaga empleada para los trasvases de hachís, así como en la gestión del mantenimiento mecánico de los camiones y en el pago a los transportistas. Por su parte, M.A.H.P., familiar directo de los cabecillas, ha reconocido que ha supervisado a otros integrantes, ha participado en el arrendamiento de las instalaciones y ha manejado personalmente la carretilla elevadora para cargar los fardos de droga en los camiones.

La confesión se ha extendido al personal encargado del transporte pesado y la custodia en tierra. Así, B.R.M. ha admitido que ha ejercido como conductor profesional de camiones de gran tonelaje dedicados a ocultar y trasladar los cargamentos a lo largo de la península, habiendo aportado incluso su vehículo personal para los portes. En el área de seguridad y vigilancia, F.J.C.F. ha reconocido que se ha encargado de la custodia de las naves en el Polígono Las Viñas, de alquilar la maquinaria de carga y de actuar como vehículo lanzadera para avisar de la presencia policial al camión interceptado con 2.600 kilos de hachís.

Asimismo, el matrimonio formado por C.A.C.M. y E.C.F. ha asumido que ha gestionado la contratación y verificación técnica de las naves industriales empleadas en Málaga para estacionar las cabezas tractoras y ejecutar los trasvases a resguardo. En el plano puramente instrumental, J.A.C.C. ha reconocido que ha actuado como testaferro al figurar formalmente como administrador de la empresa pantalla y firmar contratos de arrendamiento de inmuebles clave para la banda.

Por otro lado, J.M.C.F. ha admitido que ha garantizado la presencia física, manipulación y seguridad durante los trasvases de droga, mientras que Y.E.H. ha reconocido que se ha encargado del acompañamiento, custodia y estiba del estupefaciente, recordando el momento en que fue sorprendido por la Policía oculto bajo el camión camuflado con tomates falsos. El transportista R.R.N. ha admitido que ha conducido la furgoneta cargada con 2.600 kilos de hachís interceptada tras salir de una finca, al tiempo que A.C.L. y D.B.M. han reconocido la realización de portes directos en vehículos de la organización. Por último, R.L.L. ha asumido que ha ejecutado tareas preparatorias en los traslados y en el mantenimiento de las instalaciones y S.O. ha reconocido que ha colaborado auxiliándole en esas labores de apoyo logístico. Junto a este grupo con nombre propio, un decimosexto procesado también ha reconocido los hechos.

Tras esto, el tribunal y las defensas han interrogado a los agentes de la Policía Nacional que dirigieron la operación, así como al guardia civil instructor, cuerpo que también participó. Uno de ellos ha manifestado que la investigación se inició en mayo de 2020 tras recibir una información de que Rambito había reactivado su red criminal. Este policía ha reconocido que este procesado era conocido entre los agentes por otras dos detenciones, por lo que decidieron vigilar una nave de la carretera de Palma del Río que era usada por la organización.

En el extremo opuesto, tres de los principales procesados se han negado a aceptar cualquier propuesta de conformidad con el Ministerio Público. Se trata de A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Para los dos primeros, la Fiscalía pide 16 años y medio de prisión (diez, por el delito contra la salud pública; cuatro, por organización criminal; y dos y medio, por blanqueo de capitales), mientras que para el tercero solicita dos años y medio por el blanqueo.

Uno de los procesados, en busca y captura

El arranque de la vista ha estado precedido por una intensa deliberación del tribunal debido a la incomparecencia del acusado J.A.A.LL., un transportista de la red que en octubre de 2022 protagonizó una fuga a gran velocidad a lo largo de 40 kilómetros cargado con 288 kilos de hachís, embistiendo a una patrulla de la Guardia Civil e hiriendo a dos agentes. Su letrado de oficio ha comunicado la imposibilidad de contactar con él, y los intentos de citación formal en Loja y Burgos han resultado infructuosos.

Pese a no estar citado formalmente, el fiscal ha solicitado celebrar la vista dada la presencia en la causa de un procesado en prisión provisional y el riesgo de que la macrocausa caduque o sea imposible de señalar de nuevo. Por tanto, el tribunal ha acordado dictar orden de busca, captura e ingreso en prisión para este procesado y desgajar su causa mediante un procedimiento separado por rebeldía, al constar que su familia sí tenía conocimiento del juicio y se le había intentado localizar por vía telefónica.

A esta incomparecencia se suman la extinción de responsabilidad penal de V.P.M. tras su fallecimiento en agosto de 2024, y la situación de rebeldía de M.A.R.C., presunto testaferro y lanzadera de la trama que se encuentra en paradero desconocido desde el inicio de las investigaciones policiales.

El juicio por las muertes de dos militares en Cerro Muriano se celebrará entre los meses de mayo y junio de 2027. Durante un ejercicio en el lago artificial de la base fallecieron, la mañana del 21 de diciembre de 2023, el soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz.

Según la providencia a la que ha accedido Cordópolis, y ha adelantado Cadena Ser, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la celebración de este juicio, que ocupará 20 jornadas. Así, la primera vista se celebrará el 18 de mayo y seguirá durante los días 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de ese mes, para continuar durante los días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24.

Hay que recordar que el juicio por estas muertes iba a celebrarse durante este mes de octubre y parte de noviembre. Sin embargo, en septiembre fue aplazado a 2027 después de que las partes pidieran un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. La acusación particular representada por Luis Romero, en defensa de los intereses del soldado Carlos León, se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para Zanfaño, el comandante Velasco, el capitán Zúñiga y el capitán Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de 1.000 interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad de preguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista.

Por su parte, los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Peticiones de la Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente. Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, con base en la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

La Fiscalía de Córdoba pide un año de prisión para un hombre al que acusa de haber engatusado a un comprador haciéndole creer que adquiría una propiedad plenamente calificada como coto de caza para la captura de jabalíes y muflones.

Según recogen las conclusiones provisionales del escrito del Ministerio Fiscal, el acusado actuó impulsado por un ánimo de ilícito beneficio económico. Durante las negociaciones, hizo creer al comprador que el objeto principal de la finca era su explotación como coto de caza y que se transmitiría con dicha titularidad, siendo la práctica de la caza la razón determinante por la que la víctima decidió emprender la compra.

Para cerrar el negocio, las partes acordaron tanto un precio por la finca como un importe adicional por los derechos a formar parte de la sociedad vinculada a la actividad cinegética. Bajo las indicaciones del vendedor y con la firme seguridad transmitida por este de que en la finca podría cazar jabalíes y muflones, el comprador procedió a firmar en primer lugar un contrato de arras, mediante el cual entregó una suma de dinero en concepto de reserva.

Posteriormente, y persistiendo en la misma creencia engañosa de que la finca era en efecto un coto cinegético operativo, el comprador suscribió un contrato de promesa de compraventa de participaciones sociales de la sociedad matriz, realizando una segunda entrega de dinero al acusado.

Sin embargo, tras desembolsar dichos importes, el comprador constató que la finca no reunía las condiciones y características prometidas en la venta y que se le habían ocultado graves deficiencias legales e infraestructurales. Además, la finca no contaba con las hectáreas mínimas requeridas para configurarse como coto de caza por sí misma, siendo indispensable disponer de la cesión de derechos de fincas colindantes.

Igualmente, comprobó que la propiedad adolecía del correspondiente Plan Técnico de Caza, documento administrativo obligatorio sin el cual no se permite ejercer actividad cinegética alguna. Dicho plan no pudo emitirse debido a irregularidades detectadas en la propia finca, entre las que destaca la presencia de un cercado con cable de acero. Debido a estas deficiencias estructurales y legales, resultaba imposible cazar jabalíes o muflones en el terreno.

En la actualidad, el comprador no se encuentra en posesión de la finca ni se le han devuelto los importes económicos entregados al acusado, motivo por el cual el perjudicado reclama la devolución íntegra del dinero abonado.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide un año y medio de prisión, el pago de las costas y la obligación de indemnizar a la víctima con todas las cantidades abonadas. El juicio prevé celebrarse la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Iryo ha asegurado que no existe ningún indicio que apunte a que el tren involucrado en el accidente ferroviario del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) tenga responsabilidad sobre el suceso, tras todas las comprobaciones realizadas desde ese momento.

Así lo ha trasladado su consejero delegado, Fabrizio Favara, durante su comparecencia este lunes en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado para debatir sobre el estado de la red ferroviaria en España y los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida (Barcelona) a principios de año.

El directivo ha afirmado que la investigación interna del estado del tren, así como del mantenimiento al que era sometido, no ha identificado ningún elemento que le otorgue responsabilidad sobre lo sucedido, algo que también corrobora la respuesta de los tripulantes, incluido el maquinista, que no detectaron ninguna anomalía durante la operación.

Favara ha detallado que el 15 de enero, tres días antes del accidente, el tren fue sometido a una revisión, y que el 31 de diciembre previo también se le realizó una perfilatura de ruedas. También ha descartado que el peso del tren tenga algo que ver con el accidente, al argumentar que ya había trenes de mayor peso operando en la red.

A preguntas de los senadores, el consejero delegado de Iryo ha confirmado que la investigación externa detectó tras el accidente varias muescas en las ruedas de dos trenes de la compañía que circularon inmediatamente antes del tren accidentado.

Sobre esto, ha señalado que el maquinista del último de esos dos trenes notó un golpe, pero no lo comunicó a Adif porque no lo vinculó a un problema grave en la infraestructura. Finalmente, los primeros cinco vagones del tren accidentado pudieron recorrer la vía, hasta que el sexto descarriló.

Falta de calidad pero no de seguridad

De igual forma que hicieron los representantes de Ouigo ante esta misma comisión, Favara ha insistido en que las advertencias que hizo la compañía a Adif antes del accidente se referían a la falta de calidad y confort de la infraestructura, pero en ningún caso a la seguridad.

En concreto, en marzo de 2025 Iryo advirtió del impacto del balasto en los trenes o de los problemas vinculados al arrollamiento de animales y, según Favara, Adif comenzó a tomar medidas y la incidencia de casos relacionados con esos temas se ha reducido.

Por último, el directivo ha indicado que el comité de investigación interna de la empresa, tras analizar todo lo ocurrido, no ha concluido por el momento que tenga que tomar medidas adicionales que puedan evitar accidentes como este.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena de un año, seis meses y un día de prisión impuesta a a un hombre en Córdoba como autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado por la Policía vendiendo 0,3 gramos de cocaína. El alto tribunal andaluz ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado contra la resolución previa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a las 2:00 del 14 de septiembre de 2022. Según recoge el fallo, facilitado a este periódico por el TSJA, el acusado se citó con un comprador en la avenida de los Almogávares para entregarle una papelina de cocaína a cambio de dinero. El procesado se aproximó a un vehículo estacionado y entregó la sustancia al ocupante del asiento del copiloto, momento en el que ambos fueron sorprendidos por una patrulla de agentes de la Policía de paisano.

La droga incautada, que pesaba 0,3 gramos y tenía una pureza media, ha sido valorada en el mercado ilícito en unos 14 euros. Asimismo, la Policía intervino un billete de cinco euros implicado en la transacción.

En su recurso de apelación, la defensa argumentó que el comprador se retractó durante el juicio oral al negar que el procesado le hubiera entregado la sustancia, lo que a su juicio destruía la principal prueba de cargo. Sin embargo, el magistrado ponente de la Sala del TSJA precisa que las manifestaciones del comprador en sede policial no se realizaron en fase de instrucción judicial con las debidas garantías ni posibilidad de contradicción por la defensa. Por ello, el tribunal centró su análisis en el testimonio de los agentes actuantes en el plenario.

Por ello, para el tribunal, la declaración presencial de los policías constituye “prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

Por otro lado, la defensa también cuestionó la proporcionalidad de la pena fijada en relación a la baja cantidad incautada, la falta de antecedentes penales y el arraigo social y laboral del procesado, quien acreditó un contrato de trabajo como taxista en Madrid. Sin embargo, el TSJA ha rechazado estas alegaciones al recordar que la Audiencia ya aplicó el tipo atenuado de menor entidad y rebajó la pena en un grado hasta su mínima extensión legal (un año, seis meses y un día de prisión), además de imponer una multa de siete euros. Asimismo, la sentencia ha ratificado el decomiso de la droga incautada y la devolución de los cinco euros intervenidos al comprador.

Contra esta resolución dictada por el TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.