La jueza de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto de todos los cargos a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, que había sido imputada por la muerte de un paciente en 2020. Según ha adelantado El País y ha podido confirmar este periódico, la magistrada no ha considerado probadas las tesis tanto de la acusación particular como de la Fiscalía.

No ha sido hasta la media mañana de este lunes cuando la fiscal Carmen Romero ha tenido en sus manos la sentencia. Una vez leída, valorará si el Ministerio Público recurrirá o no el fallo. Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

En la última sesión del juicio, la Fiscalía mantuvo una petición de dos años de cárcel e inhabilitación profesional por los delitos de homicidio imprudente y denegación de asistencia sanitaria. Por su parte, la acusación particular en representación de la familia reclamaba penas que alcanzaban los cuatro años de prisión, además de solicitar una indemnización de 755.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Habrá ampliación*

El juicio por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, realizado en la mañana del 21 de diciembre de 2023, que estaba previsto empezar el 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, se ha aplazado a 2027.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre del año, después de que las partes han pedido un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

Mientras, el abogado de la acusación particular de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha manifestado, tras la notificación inicial del señalamiento del juicio, que “es uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas”.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. “Por la gravedad de los hechos, por el resultado mortal y por la condición de los acusados, oficiales y jefes del Ejército, este procedimiento se sitúa entre los juicios penales militares más importantes de la historia contemporánea española”, ha resaltado.

Desde esta acusación particular se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para el teniente coronel José Luis Zanfaño, el comandante Luis Fernando Velasco, el capitán Ignacio Zúñiga y el capitán Jaime Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Este caso pone de manifiesto, a juicio de la acusación particular, “la existencia de formas de proceder negligentes que deben desaparecer del Ejército español, tanto en su instrucción como en su formación y en su cultura interna”. Del mismo modo, considera que “ha vuelto a evidenciar la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, reservando la jurisdicción militar para cuestiones estrictamente administrativas o disciplinarias de carácter interno”.

Denuncias y sanciones

También, el letrado ha destacado que, en el ejercicio de la acusación particular y como portavoz de la familia, “se promovieron denuncias e iniciativas sancionadoras por parte de algunas defensas, especialmente de los letrados del capitán Jaime Tato Garrido y del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, por las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación, las ruedas de prensa convocadas y las opiniones vertidas sobre el desarrollo de la causa”.

Sin embargo, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerar que “esa actuación estaba amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de información y de defensa”. Por otra parte, el Juzgado Togado Militar de Sevilla impuso una sanción de amonestación o advertencia, pero dicha resolución no es firme y, además, se encuentra prescrita.

En cuanto al desarrollo del juicio, Romero ha apuntado que “su complejidad es extraordinaria”, de modo que intervendrán diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la compañía aseguradora y cuatro defensas.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de mil interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad depreguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista. Si a ello se añade la duración de las cuestiones previas, la prueba documental, las conclusiones y los informes finales, “resulta razonable prever que la duración efectiva del juicio pueda extenderse incluso más allá de las 20 sesiones inicialmente fijadas”.

Al respecto, la familia de Carlos León pidió desde el primer día que “este caso no cayera en el olvido”, de modo que “ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades”, ha subrayado el abogado.

Padres del cabo

Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Según recoge la calificación de la acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga fue “el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio”, consistente en 'paso del río', “tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, teniente coronel Zanfaño, en comisión de servicio, o al comandante Velasco, nombrado en sustitución”.

“Pese a no comunicar estas decisiones por parte del capitán y el teniente a la Plana Mayor, la misma omitió el deber objetivo de cuidado que le está encomendado”, se indica, para apuntar que el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco no actuaron con la diligencia debida, no tuvieron en cuenta la obligación inherente al cargo de evitación de que el riesgo de una obligación se materializase en un resultado lesivo, y ello, porque la Plana Mayor no cumple su comitiva sólo con la recepción de la documentación de las maniobras, sino que ante esto, comienza su labor de diligenciar, custodiar y cuidar de las mismas“.

La Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente.

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

El Tribunal Contencioso-Administrativo de Córdoba ha rechazado la demanda interpuesta por una vecina que reclamaba al Ayuntamiento de la ciudad una indemnización de 19.733,83 euros tras sufrir una caída en la vía pública de la que culpaba al mal estado del pavimento.

Tal y como se detalla en el archivo judicial, los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2021, cuando la demandante transitaba por la calle Avellano sobre las 08:20 horas en dirección a su puesto de trabajo. Según la versión de la actora, la caída se produjo por el mal estado del pavimento, concretamente por unos adoquines descolocados en la calzada, lo que le ocasionó una fractura en el hombro izquierdo.

Sin embargo, en la sentencia emitida el 9 de septiembre de 2026, el juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Córdoba y a su aseguradora, desestimando la reclamación patrimonial. El magistrado fundamenta su decisión haciendo especial hincapié en la falta de pruebas objetivas, directas o indirectas, que acrediten cómo y por qué se produjo exactamente la caída.

La resolución detalla que la mujer no aportó ningún testigo que presenciara el accidente. Tampoco se presentó un certificado de asistencia sanitaria inmediata tras el suceso. A esto se suma que el atestado de la Policía Local no se realizó en el momento del percance; los agentes acudieron con posterioridad y se limitaron a recoger la versión referencial del marido de la accidentada, quien les señaló el lugar.

El fallo judicial también subraya la inexistencia de pruebas sobre el supuesto mal estado de la calle. La demandante no aportó ninguna fotografía del desperfecto tomada el mismo día de la caída. Según el juez, la única imagen gráfica aportada por la policía mostraba simplemente un adoquín en la calzada con un espacio habitual entre piezas, relleno de agua por las circunstancias del momento, pero que no evidenciaba ningún daño inusual o desperfecto real.

Además de esta ausencia probatoria, la resolución recuerda que la mujer caminaba por la calzada, una zona destinada al tráfico de vehículos, de forma voluntaria y existiendo aceras y pasos de peatones habilitados en las proximidades. La sentencia aclara que la exigencia municipal sobre el mantenimiento y la seguridad de una carretera destinada a coches es diferente a la que se requiere para las zonas destinadas al tránsito peatonal.

El fallo judicial concluye eximiendo de responsabilidad al consistorio al no probarse el mecanismo de la caída ni el nexo causal entre un mal funcionamiento de los servicios públicos y la lesión. Dada la naturaleza de las valoraciones de causa y efecto en el caso, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar con 2.231,92 euros a un conductor cuyo vehículo resultó dañado por la caída de una rama de grandes dimensiones mientras se encontraba estacionado en una calle perpendicular a la avenida de Rabanales. La sentencia, del Tribunal Contencioso-Administrativo, estima parcialmente el recurso presentado por el afectado contra la desestimación presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

El texto judicial indica que los hechos se produjeron el 9 de julio de 2025, cuando el automóvil estaba aparcado en las inmediaciones del gimnasio Aira. El propietario reclamó inicialmente 3.379,13 euros por los desperfectos ocasionados en el vehículo, aunque la cantidad objeto del procedimiento quedó reducida a 2.678,57 euros después de que su compañía aseguradora le abonara 700,56 euros por la sustitución de las lunas.

El tribunal considera acreditada la relación entre la caída de la rama y el funcionamiento del servicio público de mantenimiento del arbolado, a partir de los informes elaborados por la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

No obstante, la resolución limita la indemnización a los daños cuya relación con el siniestro ha quedado probada. El magistrado excluye los desperfectos situados en el lado izquierdo del vehículo y en las puertas traseras, al no aparecer reflejados en el parte del servicio de bomberos ni quedar acreditada su vinculación con la caída de la rama.

Por este motivo, la sentencia descuenta 446,65 euros, con el IVA incluido, de la cantidad reclamada y fija la indemnización en 2.231,92 euros. Para recibir el importe correspondiente al IVA, el conductor deberá presentar la factura oficial de reparación en el plazo de un mes desde la firmeza de la resolución. El fallo no establece una imposición especial de costas procesales.

El juzgado rechaza otra reclamación similar por estar el árbol en una parcela privada

Paralelamente, en otra resolución, la Plaza Judicial número 4 de la misma Sección de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente una reclamación contra el Ayuntamiento de Córdoba por los daños ocasionados por la caída de una rama sobre un vehículo estacionado en la calle Santa Colomba.

La sentencia, dictada el 9 de septiembre de 2026, responde a la demanda presentada por Mapfre España, que reclamaba 902,30 euros por vía de subrogación por los daños registrados el 19 de agosto de 2024 en un turismo aparcado en la citada calle. El siniestro estuvo provocado por el desplome de una rama de un ejemplar de Acer negundo.

En este caso, el tribunal concluye que el árbol no pertenecía al dominio público viario, sino que se encontraba en un parterre ubicado dentro de una parcela privada de uso público en la barriada de la Fuensanta. La decisión se apoya en los informes y planos urbanísticos aportados al procedimiento.

La resolución establece que la obligación de mantenimiento y conservación de estos espacios corresponde a los propietarios de las parcelas, por lo que no aprecia un título de imputación que permita atribuir la responsabilidad al Ayuntamiento. En consecuencia, rechaza la reclamación de la aseguradora.

El juzgado tampoco impone las costas procesales en este segundo procedimiento. Entre los motivos señalados figura la existencia de serias dudas jurídicas sobre el asunto, así como el hecho de que la Administración no hubiera resuelto expresamente la reclamación en la vía administrativa.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de las obras de arte que pertenecían a la persona con la que convivía en un piso de Córdoba y venderlas posteriormente en un anticuario. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, la acusada convivía con la víctima en una vivienda en la que se encontraban diversas obras pictóricas y piezas de arte procedentes de la herencia familiar de esta última. La víctima se marchó a vivir a otro lugar, dejando en el inmueble sus bienes y enseres.

Fue entonces, siempre según la Fiscalía, cuando la acusada, “guiada por el ánimo de enriquecimiento injusto”, se habría apoderado de las obras de arte, pese a conocer quién era su propietario, para posteriormente venderlas.

El escrito sostiene que la mujer acudió a un establecimiento de Córdoba dedicado a la compra de este tipo de bienes y manifestó que las obras eran de su propiedad. El responsable del negocio se desplazó hasta el domicilio para comprobar los objetos que pretendía vender y, tras acordar el precio, adquirió cinco lotes de obras de arte.

La Fiscalía sostiene que las piezas procedían de la herencia familiar de la víctima y que la persona que las adquirió conocía su procedencia. Por estos hechos, además de la acusada que habría realizado las ventas, hay otros tres acusados para los que el Ministerio Público solicita penas de tres años de prisión para cada uno por sendos delitos continuados de receptación.

Los hechos, según la calificación provisional, serían constitutivos para la principal acusada de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que para los otros tres procesados la Fiscalía aprecia tres delitos continuados de receptación, uno para cada acusado.

Para la mujer acusada de la apropiación, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para cada uno de los otros tres acusados, la petición fiscal asciende a tres años de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita dos años y seis meses de prisión para un hombre al que acusa de estafar a otra persona con la supuesta organización de un concierto en Córdoba. El juicio se celebrará el próximo 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido a la víctima la posibilidad de organizar un concierto en un teatro de Córdoba, con la participación de un cantante y otros artistas, y le habría planteado que ambos participarían al 50% de los beneficios del evento.

Para dar apariencia de realidad al proyecto, siempre según la Fiscalía, el acusado habría mostrado a la perjudicada documentación relativa a la contratación del cantante y otros artistas, así como información sobre las tarifas aplicables para la cesión de las instalaciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). También le habría presentado un pacto de socios destinado a crear una empresa de eventos.

La Fiscalía sostiene que el negocio ofrecido era ficticio y que, mediante esta supuesta operación, el acusado consiguió que la perjudicada le entregara un total de 14.531 euros en concepto de inversión para el proyecto.

Sin embargo, el concierto nunca llegó a celebrarse. Ante las dudas sobre la veracidad del negocio, la víctima reclamó al acusado la devolución del dinero aportado. De acuerdo con el escrito fiscal, únicamente consiguió recuperar 1.000 euros, además de que el acusado firmara un documento de reconocimiento de deuda.

El Ministerio Público sostiene que, hasta la fecha, el acusado no ha reintegrado el resto de la cantidad presuntamente defraudada y que tampoco habría tenido intención de llevar a cabo el negocio que había ofrecido.

La Fiscalía califica estos hechos, de forma provisional, como un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal. Considera al acusado responsable en concepto de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por estos hechos, solicita para él una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y el pago de las costas. La vista oral está señalada para el 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

19 años después, los 15 de Torilejos (como son conocidos en Posadas, Córdoba) han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. Los 15 de Torilejos formaban parte de un grupo ecologista que en el año 2007 protestaba cada semana ante la cancela instalada por la familia Sánchez Ramade en un camino público. Torilejos es hoy una vía abierta al público. Pero el 14 de septiembre del año 2007 un importante dispositivo de la Guardia Civil acudió a la cancela a custodiarla. Cuando la protesta llegó a su fin y mucha gente se había marchado, ya casi al anochecer, se produjo un encontronazo entre el dispositivo policial y los manifestantes.

Desde hace 19 años, estos 15 ecologistas (en su mayoría vecinos de Posadas) han permanecido en situación procesal de investigados o acusados. En todos estos años, la instrucción se ha ido alargando. Uno de los principales agentes de la Guardia Civil que los acusaba ha fallecido. Muchos de los agentes que prestaron testimonio en el juicio habían olvidado gran parte de lo sucedido o fueron muy imprecisos en sus interrogatorios.

En una extensa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza sostiene la inocencia de los acusados en la vaguedad de las pruebas aportadas y en la contrariedad de los testimonios de los agentes de la Guardia Civil. También descarta que los manifestantes acudiesen a la cancela con la intención de agredir a los guardias civiles, como se afirmaba, o incluso que ya portasen mochilas cargadas de piedras o adoquines. E incluso llega a sostener que a diferencia de las jornadas de protesta que se venían desarrollando en la zona en aquella jornada el dispositivo policial fue especialmente importante.

La familia Sánchez Ramade, unos empresarios cordobeses muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Cada viernes, entre 50 y 80 personas acudía a protestar para que se abriese el camino. Entre los manifestantes había personas mayores e incluso niños. Cada viernes, sostiene la sentencia, la Guardia Civil se presentaba en la zona y grababa la protesta. Los agentes se llegaban a despedir de los manifestantes cuando concluían hasta el viernes siguiente. Pero aquel viernes, la defensa de los ecologistas ha sostenido en el juicio que los guardias no les estaban grabando —no se ha aportado ninguna imagen en el juicio— sino esperando.

Una concentración que se repetía cada viernes

En las protestas anteriores, además, los manifestantes reclamaban el acceso al camino y, al menos de manera simbólica, terminaban entrando en él. La sentencia señala que esas concentraciones se venían desarrollando desde hacía aproximadamente dos meses y que las anteriores habían sido grabadas por los agentes, aunque esas imágenes no fueron incorporadas a la causa. Para la magistrada, disponer de ellas habría resultado especialmente útil para comprobar cómo se desarrollaban aquellas protestas.

La diferencia de aquella tarde estuvo, entre otras cuestiones, en el número de agentes desplegados. La resolución considera probado que se comisionó un dispositivo más numeroso que en las jornadas anteriores, con guardias civiles situados tanto fuera como dentro de la finca y varios vehículos policiales en su interior.

Sobre las 20:30, cuando ya estaba anocheciendo, permanecían en el lugar los acusados y aproximadamente otras cincuenta personas que no fueron identificadas. Algunos de los concentrados hablaron con el sargento que estaba al mando del dispositivo para reclamar que el camino era público y cuestionar que se impidiera el acceso. La sentencia recoge que estaban molestos, pero no da por acreditado qué ocurrió exactamente después, según consta en los hechos probados descritos por la jueza.

Lo que sí considera probado es que se produjo un altercado entre agentes y concentrados y que durante el mismo se lanzaron piedras de manera indiscriminada contra los guardias civiles. Algunos agentes resultaron lesionados y dos vehículos oficiales sufrieron desperfectos. Los agentes utilizaron material antidisturbios y terminaron refugiándose en el interior de la finca.

La magistrada concluye que no se ha acreditado que el altercado hubiera sido previamente concertado ni que respondiera a un plan preconcebido en el que participaran, en mayor o menor medida, los acusados. Tampoco considera probada la participación concreta de ninguno de ellos en el altercado.

La existencia de un enfrentamiento no implica, jurídicamente, que pueda atribuirse automáticamente su responsabilidad penal a todas las personas que estaban presentes. Y eso es precisamente lo que, después de analizar durante decenas de páginas las declaraciones de los agentes, las de los acusados y la documentación incorporada a la causa, concluye la magistrada.

Una de las hipótesis que manejaban las acusaciones era que los manifestantes habían acudido a la concentración preparados para atacar a los agentes. La supuesta prueba de esa planificación previa eran las piedras, ladrillos o adoquines que algunos agentes aseguraron haber visto en las mochilas de los concentrados. La sentencia no da por probado ese extremo.

La magistrada explica que una agente afirmó en el juicio que los manifestantes habían lanzado “adoquines”, pero que ese dato no había aparecido con esa precisión en su declaración durante la instrucción. Otros agentes aseguraron que no habían visto ni recordaban ladrillos. Y en la inspección ocular realizada al día siguiente las piedras aparecían ya amontonadas, cuando habían transcurrido horas tanto desde el incidente de la cancela como desde el episodio posterior ocurrido aquella madrugada en el bar Campo de Tiro. Por ello, la persona que realizó aquella inspección no podía determinar que esas piedras hubieran sido llevadas en las mochilas de los acusados.

La jueza también concede relevancia a que dos agentes afirmasen en el juicio haber visto recoger piedras, pero no hubieran trasladado ese dato en el atestado inicial. A su juicio, esa contradicción afecta directamente a la hipótesis de que hubiera una preparación previa.

Tampoco encaja, según la resolución, la supuesta planificación con el desarrollo habitual de las concentraciones. Los propios testimonios apuntaban a que las protestas anteriores tenían un carácter similar y que en ocasiones los asistentes habían podido acceder al camino por el lateral de una finca colindante. Incluso un agente de la Brigada de Información declaró que no esperaba lo que finalmente sucedió.

Las identificaciones, el otro gran problema de la acusación

La segunda gran dificultad que encuentra la sentencia está en identificar quién hizo qué. Los agentes sí situaron a los acusados en el lugar. Eso no se discute. La cuestión era determinar si alguno de ellos había participado en las agresiones, en el lanzamiento de piedras o en los daños por los que se pedía su condena. Y ahí, según la jueza, la prueba no alcanza el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria.

La resolución analiza de forma individualizada diferentes testimonios y encuentra contradicciones. Una de las agentes, por ejemplo, atribuyó a un acusado papeles diferentes en distintos momentos de la investigación: en una ocasión lo situó lanzando piedras y posteriormente afirmó que la había agredido. La magistrada también destaca que otros testigos lo situaban en la cabecera de la concentración, reclamando el acceso al camino.

La situación se complica todavía más porque uno de los principales agentes que aparecía como perjudicado había fallecido antes de la celebración del juicio y su declaración no fue incorporada al plenario por la vía procesal correspondiente. Además, la jueza considera acreditado que las lesiones que inicialmente se le atribuían como consecuencia del incidente de Torilejos correspondían en realidad a otro episodio ocurrido horas después, en el bar Campo de Tiro.

La sentencia recuerda que aquel segundo episodio ya había sido juzgado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba en 2017. Por aquellos hechos fueron condenados dos de los acusados. Las lesiones y determinados daños que se reclamaban ahora en el procedimiento de Torilejos habían quedado vinculados por la sentencia a aquel episodio posterior. La jueza aprecia, por ello, cosa juzgada respecto de esas lesiones y daños.

La resolución llega después de que, en la última sesión del juicio celebrada en diciembre de 2025, la propia Fiscalía mantuviera la acusación sobre los delitos pero reconociera una de las principales dificultades del caso: que los testigos hablaban del lanzamiento de piedras, pero no podían identificar quién las había lanzado ni quién había causado con ellas las lesiones.

La Fiscalía mantuvo entonces que los hechos podían ser constitutivos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños, pero admitió que no había quedado acreditada la participación concreta de los acusados. También retiró la acusación por las lesiones de uno de los agentes al concluir que se habían producido en el episodio posterior del bar Campo de Tiro y no durante la protesta de la cancela.

La acusación particular de los agentes defendió una interpretación muy distinta. Sus abogados sostuvieron que los hechos habían quedado probados y que la actuación de los acusados había estado organizada. Uno de los letrados llegó a describir la protesta como una estrategia preparada y comparó el episodio con una batalla. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución al considerar que no existía una identificación rigurosa de los autores y que no había prueba de cargo suficiente.

La sentencia acaba decantándose por esta última cuestión estrictamente jurídica: no por considerar que no hubiera ocurrido ningún altercado, sino porque no se ha probado que los acusados fueran quienes participaron en los actos delictivos que se les atribuían.

La jueza: los agentes pueden ser prueba, pero aquí existen contradicciones

La magistrada dedica una parte importante de la resolución a explicar el valor de las declaraciones de los agentes de la autoridad. La sentencia recuerda que las declaraciones de policías y guardias civiles pueden constituir prueba de cargo suficiente cuando los agentes son testigos de hechos que conocen directamente en el ejercicio de sus funciones. Pero introduce una precisión relevante para este caso: cuando los propios agentes son quienes han resultado involucrados en los hechos que están siendo juzgados, sus declaraciones deben valorarse como cualquier otra prueba testifical y no disfrutan automáticamente de un valor probatorio privilegiado.

A partir de ahí, la magistrada examina las diferentes versiones y concluye que las identificaciones no resultan suficientemente sólidas. En algunos casos, los propios agentes manifestaron no recordar haber realizado determinados reconocimientos fotográficos. En otros, las identificaciones se realizaron sobre personas que simplemente estaban presentes en el lugar. La sentencia destaca además que la visibilidad era reducida porque el altercado se produjo cuando estaba anocheciendo y que en la zona permanecían más de cincuenta personas. La conclusión de la jueza es tajante: “la prueba practicada ha resultado insuficiente para considerar acreditada la participación en los hechos de los acusados”.

La magistrada recuerda que la presunción de inocencia exige que exista una prueba de cargo suficiente para poder condenar. No basta con que exista una sospecha, una posibilidad o que una persona estuviera presente cuando se produjeron los hechos. La sentencia cita la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada mediante una actividad probatoria suficiente, practicada con las garantías procesales y de la que pueda deducirse racionalmente la culpabilidad del acusado.

Casi dos décadas de procedimiento

La sentencia llega después de una tramitación excepcionalmente larga. Las diligencias previas se incoaron en septiembre de 2007. El procedimiento abreviado no quedó encauzado hasta 2016 y la apertura del juicio oral se acordó en 2019. Después llegaron nuevos aplazamientos y suspensiones. La propia sentencia enumera varios de ellos: problemas técnicos para grabar el audio, cambios en los señalamientos, una recusación, una urgencia médica de uno de los abogados de la acusación particular, problemas relacionados con las defensas, recursos y nuevas designaciones de letrados.

Cuando finalmente se fijó el juicio, se necesitaron varias jornadas para practicar toda la prueba. La primera sesión incluso tuvo que suspenderse por la falta de citación de uno de los acusados. Finalmente, la vista se desarrolló en cinco sesiones antes de quedar vista para sentencia. La propia resolución reconoce expresamente que en la tramitación no se han respetado los plazos ordinarios, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, la complejidad de la causa, el número de acusados y la duración de las fases de instrucción y enjuiciamiento.

El paso del tiempo ha tenido además una consecuencia directa sobre la prueba: uno de los agentes que figuraba entre los perjudicados falleció antes del juicio y otros testigos tuvieron dificultades para recordar con precisión lo ocurrido aquella tarde de septiembre de 2007.

Un camino que ya está abierto

Mientras el procedimiento penal se prolongaba durante casi dos décadas, la disputa sobre el camino de Torilejos siguió su propio recorrido. La vía que motivó las protestas es un antiguo camino pecuario que une Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. La cancela ya no existe. El camino está abierto y continúa siendo utilizado, tanto por ganaderos como por senderistas y ciclistas. La apertura se produjo después de que la Junta de Andalucía obtuviera respaldo judicial a su carácter público.

El contraste temporal resulta especialmente llamativo: aquello que en 2007 movilizó durante semanas a vecinos, ganaderos y colectivos ecologistas y que acabó desembocando en un procedimiento penal de casi veinte años forma hoy parte de una vía pública abierta al tránsito.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de tres años de cárcel para dos acusados de provocar un pequeño incendio forestal en la provincia, según consta la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Los dos procesados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 24 de septiembre, donde serán juzgados.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se produjeron en una finca de la provincia, donde se originó un incendio forestal que llegó a afectar a una superficie de aproximadamente 0,15 hectáreas de terreno forestal.

La acusación sostiene que, en momentos anteriores al incendio, los dos acusados, “actuando de común acuerdo” y con la intención de causar un daño al medio natural, utilizaron un mechero o un medio similar, que no ha podido ser determinado, para prender fuego a la vegetación existente en cinco focos diferentes. El terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas.

Uno de los elementos determinantes para que el incendio no alcanzara mayores dimensiones fue, según recoge la Fiscalía, la rápida intervención derivada de la detección del fuego. En la finca, un guarda dio aviso de la existencia del incendio forestal, lo que permitió que la situación no evolucionara hacia un siniestro de mayor entidad.

A ello se sumaron las condiciones meteorológicas de aquella noche. El Ministerio Público señala que el fuego se extinguió sin que fuera necesaria una intervención de los servicios de extinción y atribuye la ausencia de una mayor propagación a las condiciones climatológicas, ya que el viento era “insignificante” y la probabilidad de ignición era baja. Precisamente estas circunstancias hicieron que el incendio quedara finalmente reducido a una extensión muy limitada. La Fiscalía señala expresamente que no se ocasionaron gastos de extinción.

Pese a la reducida superficie afectada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, previsto en el artículo 352.1 del Código Penal.

Regresaron a la finca con un rifle

La actuación que se atribuye a los acusados no habría terminado con la provocación de los cinco focos. Posteriormente, según la calificación provisional, ambos regresaron nuevamente a la finca portando un arma de fuego para cuya tenencia carecían de la licencia preceptiva. La Fiscalía sostiene que los acusados escondieron el arma entre los arbustos con la finalidad de evitar ser localizados con ella por los guardas de la finca.

El arma fue finalmente localizada y, según consta en el escrito del Ministerio Público, se trataba de un rifle monotiro de percusión central de la marca BRNO, de calibre 243 Winchester. El informe incorporado al procedimiento concluyó que el arma se encontraba en correcto estado de funcionamiento y que disparaba con normalidad utilizando la munición adecuada a sus características y calibre. Por este segundo hecho, la Fiscalía acusa a los dos procesados de un delito de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía considera que los dos acusados son responsables de ambos delitos en concepto de autores, al entender que actuaron conjuntamente. Asimismo, señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito de incendio forestal, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios.

La petición económica supone una multa de 4.800 euros para cada acusado, de acuerdo con la cuota diaria y la duración solicitadas por la Fiscalía. El escrito añade que, en caso de impago, procedería la responsabilidad personal subsidiaria de ocho meses de privación de libertad, conforme al artículo 53 del Código Penal.

A estas penas se suma, por el delito de tenencia ilícita de armas, una condena de un año de prisión para cada procesado, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha reducido de 2.7000 a 1.080 euros la multa impuesta a un hombre por un delito continuado de impago de pensiones tras acumular años de incumplimientos respecto a las pensiones para su hijo menor de edad y para su exmujer.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando un juzgado de familia de Córdoba estableció que el progenitor debía abonar 300 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hijo, así como una pensión compensatoria de 150 euros al mes para su exesposa. A pesar de tener conocimiento de esta obligación, el acusado dejó de abonar la prestación compensatoria en febrero de 2021 y la de alimentos, a partir de mayo de 2022.

A lo largo de los años siguientes, el impago se mantuvo de forma casi ininterrumpida. La ejecución forzosa promovida en la vía civil apenas permitió embargar 1.200 euros en enero de 2023, importe que resultó insuficiente para frenar la acumulación de la deuda. En total, el hombre llegó a acumular cinco años sin pagar la pensión compensatoria y cerca de tres años seguidos sin abonar la pensión de alimentos, realizándose únicamente abonos parciales y esporádicos a partir del año 2025.

Frente a las alegaciones de la defensa, que justificó los impagos por la falta de ingresos tras perder su empleo habitual en la ONCE en 2022 y por atravesar periodos de extrema vulnerabilidad, la Audiencia Provincial ha ratificado la existencia de un delito de abandono de familia porque la obligación de prestar alimentos a los hijos tiene un carácter prioritario frente a cualquier otra deuda o gasto.

Asimismo, los magistrados han señalado que el acusado perdió su empleo en la ONCE por una baja voluntaria, coincidiendo con la vía de embargo civil, y que en ningún momento instó un procedimiento de modificación de medidas para solicitar la reducción de las pensiones. Por ello, el tribunal ha concluido que existió una “voluntad maliciosa de dejar desatendido” a su hijo y a su exmujer.

No obstante, el tribunal ha estimado la petición subsidiaria de la defensa, que consistía en una reducción de la multa impuesta por el juzgado de instancia, por lo que el hombre deberá pagar una multa de 1.080 euros en lugar de 2.700 euros. La Audiencia ha justificado esta reducción señalando que el condenado percibe actualmente unos ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debe sufragar 300 euros mensuales de alquiler y tiene que hacer frente de forma simultánea a las futuras mensualidades y al pago de la deuda acumulada, la cual supera los 18.500 euros.

En lo relativo a las medidas de protección, la Sala ha mantenido la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su exmujer y de su hijo, de su domicilio o de sus lugares de estudio y trabajo durante un periodo de seis meses y un día. La resolución también ha confirmado las indemnizaciones por responsabilidad civil que el acusado deberá abonar a las víctimas, fijando la deuda por pensión de alimentos en 9.932,13 euros a favor del hijo y en 8.632,13 euros, para su exmujer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de un año de prisión para un hombre que se hizo pasar por reformista, cobró más de 2.200 euros por unos trabajos que nunca llegó a realizar y amenazó gravemente a la propietaria de la vivienda cuando esta le reclamó el dinero.

La resolución judicial ratifica así íntegramente el fallo dictado por la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba, que le impuso además dos meses de multa y la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad exacta estafada: 2.287,35 euros.

Los hechos se iniciaron tras anunciarse el acusado en el portal milanuncios.com ofreciendo servicios de reformas y arreglos del hogar. La víctima contactó con él para ejecutar diversos trabajos en su inmueble de la capital cordobesa, entre los que se incluían el alisado y la reparación de desperfectos en las paredes. A pesar de recibir de forma continuada distintos adelantos económicos -destinados teóricamente a la compra de materiales como cierres de aluminio-, el condenado acudía a la vivienda sin completar ninguna tarea, limitándose a dejar el piso en obras y a consumir tabaco y cerveza mientras pasaba el tiempo en la ventana, según relataron algunos testigos durante el juicio.

Ante esta situación, la víctima le recriminó por WhatsApp su actitud, a lo que el acusado, con ánimo de amedrentarla, le dijo en un contexto intimidatorio “voy a coser a tu hermano a tiros” y “voy a llamar a gitanos amigos míos”.

Tras la sentencia condenatoria de instancia, la defensa recurrió el fallo alegó que el caso era un “mero incumplimiento de contrato civil”. Sin embargo, la Audiencia ha subrayado que existió una maniobra engañosa y una “evidente voluntad incumplidora” desde el origen, utilizando la vivienda patas arriba como un mero pretexto para seguir sacando dinero a la víctima, quien finalmente tuvo que contratar a otras empresas para poder terminar la obra.

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Córdoba acumulan meses de espera para poder llevar a cabo las visitas entre menores e hijos acordadas en sentencias. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025 tras hacer suyas las manifestaciones realizadas por el ministerio público cordobés.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro PEFs ubicados en Córdoba capital, Lucena, Posadas y Pozoblanco. Se trata de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

Este recurso interviene cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Entre las modalidades que se llevan a cabo en estos puntos se encuentran la entrega y recogida, las visitas tuteladas, las visitas no tuteladas y los acompañamientos.

Según advierte el Ministerio Público, la sobrecarga del Punto de Encuentro Familiar en la provincia cordobesa está generando abultadas listas de espera. Esta falta de capacidad operativa impide, por tanto, aplicar de forma inmediata los regímenes de estancia y régimen de visitas acordados por los tribunales, demorando el inicio de las reuniones tuteladas hasta varios meses después de que los juzgados hayan dictado la correspondiente resolución.

Este escenario de colapso en los Puntos de Encuentro Familiar contrasta con la evolución experimentada por la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Córdoba, tal y como ha reflejado la Fiscalía General del Estado en su memoria. En su documento, el Ministerio Público ha situado este servicio cordobés como un modelo de referencia autonómico e itinerante gracias a una estructura dividida en dos equipos de trabajo (el de Córdoba capital y el equipo Itinerante), integrados cada uno por juristas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta labor itinerante permite desplazar la asistencia directa a los municipios de la provincia, evitando desplazamientos de riesgo y mejorando la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.

El caso por la muerte a tiros del propietario de un bar en la localidad cordobesa de Almedinilla a manos de un amigo el 27 agosto de 2025 continúa en fase de instrucción en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Priego de Córdoba, mientras que el investigado por estos hechos ha superado ya los 12 meses en prisión provisional.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) a Europa Press, después de que el juzgado de Priego acordara el pasado 29 de agosto de 2025, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido. Durante la fase de instrucción de la causa se determinará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato.

Cabe recordar que los agentes de la Guardia Civil detuvieron al acusado de matar a otro varón con un arma de fuego en el interior de un bar de Almedinilla, dándose la circunstancia de que ambos tenían una relación de amistad. A la zona se trasladaron las patrullas de la Benemérita, que detuvieron al varón, al tiempo que los facultativos sanitarios confirmaron confirmado el fallecimiento, tras lo cual se activó el protocolo judicial y procedió al levantamiento del cadáver.

El fallecido, un hombre de unos 65 años, tenía el bar abierto desde hace cerca de cuatro décadas, siendo el acusado del crimen un cliente habitual del mismo. En el momento de los hechos había otros dos clientes en el local, que, testigos de lo ocurrido, fueron los encargados de avisar a las autoridades y servicios médicos.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Por su parte, el Ayuntamiento de Almedinilla acordó declarar tres días de luto oficial por el trágico fallecimiento del dueño del bar.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que ha ratificado la prisión provisional, comunicada e incondicional para un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito cualificado de tráfico de drogas. La resolución judicial, a la que ha accedido este periódico, el perfil delictivo y la escurridiza trayectoria del investigado, que permanecía en paradero desconocido para la justicia española tras haber esquivado previamente dos requisitorias de detención dictadas por los juzgados de instrucción de Córdoba.

El fallo del tribunal de alzada ha desestimado de forma categórica el recurso de apelación presentado por la defensa del reclamado contra el auto del juzgado que acordó su ingreso cautelar en prisión en el marco del expediente de extradición.

Durante el recurso, la defensa del investigado solicitó su puesta en libertad alegando un arraigo acreditado en territorio español. Sin embargo, los magistrados han respaldado de manera unánime el criterio de la Fiscalía, que se opuso frontalmente a la excarcelación por el “elevado riesgo de fuga” que presenta el sospechoso.

Para la Sala de lo Penal, la gravedad de los delitos de narcotráfico imputados por las autoridades marroquíes -respaldados mediante una notificación roja de la Interpol basada en una orden de arresto internacional- justifica con creces su continuidad en prisión provisional hasta que se complete el expediente de extradición.

En el momento de su arresto, el prófugo tenía vigentes dos órdenes de búsqueda y captura emitidas por dos secciones de instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. Para el tribunal, este historial de requisitorias pendientes evidencia una clara y continuada conducta dirigida a eludir la acción de la justicia, lo que anula cualquier argumento basado en su arraigo personal o familiar en el país.

Si la Audiencia Nacional y el Gobierno -el último paso para la extradición depende de una resolución del Consejo de Ministros, que se basa en un fallo judicial previo- terminan acordando que el detenido debe ser extraditada, la entrega podrá aplazarse hasta que sea juzgado por las causas que tiene pendientes en Córdoba o hasta que cumpla las penas que se le imponga en las mismas en caso de ser condenado.

La itinerancia de los temporeros que trabajan en el campo cordobés dificulta sobremanera poder investigar la explotación laboral que se produce en este sector. Así lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía Provincial de Córdoba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, hecha pública este jueves. El documento dedica un apartado especial a las trabas que enfrentan los fiscales delegados en toda España, situando el caso de Córdoba como “paradigmático” en lo que respecta a la vulnerabilidad y la falta de protección efectiva de los jornaleros en el sector agrícola.

Según recoge el documento, el perfil de las víctimas de estos delitos sigue estando muy definido: trabajadores agrícolas extranjeros que participan durante campañas de recolección de muy corta duración en cultivos emblemáticos de la provincia, como la aceituna, la naranja o el trigo.

El gran obstáculo para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto no radica únicamente en la detección inicial de las posibles irregularidades, sino en la extrema itinerancia de los afectados. Buena parte de las diligencias son de “difícil tramitación”, señala la fiscalía cordobesa, debido a que los temporeros se desplazan constantemente entre distintos municipios o provincias siguiendo el calendario de las cosechas.

Esta alta movilidad hace que su localización posterior por parte de las fuerzas de seguridad resulte muy costosa o directamente imposible cuando los juzgados los citan para tomarles declaración. Al tratarse de cuadrillas integradas por numerosos perjudicados que desempeñan sus labores durante “escasos días” en un lugar concreto, los investigadores se ven incapaces de realizar a tiempo la preconstitución de la prueba, el mecanismo legal para blindar el testimonio antes de que la persona abandone la provincia.

La memoria del Ministerio Público pone también el foco en la estructura interna de estas cuadrillas agrícolas. Habitualmente, los grupos de jornaleros están comandados por la persona que les ofrece el trabajo y los dirige sobre el terreno, conocida popularmente en el campo andaluz como el manijero. Por ello, la Fiscalía de Córdoba ha advertido que esta figura “coopera necesariamente en la ejecución del delito” y actúa como un intermediario clave. En la mayoría de las ocasiones, el propio manijero es también de nacionalidad extranjera, lo que facilita un vínculo de dependencia directa con los trabajadores y dificulta aún más que estos se atrevan a señalar los abusos o a colaborar con la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Inspección de Trabajo.

Un mapa de dificultades en toda España

El diagnóstico que realiza la Fiscalía de Córdoba no es un caso aislado, sino que se encuadra en un contexto nacional caracterizado por la indefensión sistemática de las víctimas en los sectores más precarizados. Mientras que en Córdoba y Ciudad Real el principal obstáculo es la itinerancia de los temporeros agrícolas, en provincias como Lleida, la Policía Nacional ha detectado un notable incremento de la usurpación de estado civil mediante los denominados “contratos heredados”. Esta práctica consiste en utilizar la documentación (DNI, NIE o tarjeta roja) de personas en situación legal para trabajar en el campo o la hostelería, permitiendo que el titular real cotice a la Seguridad Social mientras el trabajador efectivo busca acreditar su posterior arraigo.

Por su parte, en grandes núcleos urbanos y sectores como la hostelería o el alterne -con especial incidencia en áreas como Madrid o Zaragoza-, el problema radica en la alineación involuntaria de la propia víctima con el investigado. Ya sea por temor a represalias directas de sus explotadores o por considerar al empleador como una persona que les ha prestado ayuda, es frecuente que los trabajadores irregulares o las mujeres en locales de nocturnidad se nieguen a denunciar e incluso afirmen ante los inspectores de trabajo o la Policía ser meros clientes del establecimiento.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha rebajado de forma sustancial la condena impuesta a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un peatón en la carretera A-431, a la altura de Villarrubia. La Sala ha fijado la pena final en cuatro meses de prisión por un delito de abandono del lugar del accidente, al estimar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los más de seis años de retraso acumulados en la tramitación judicial de la causa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de octubre de 2019, en el punto kilométrico 7,800 en la A-431. La víctima mortal había sufrido previamente una caída de ciclomotor y había dado positivo en alcohol (0,73 mg/l) y drogas. Pese a que agentes de la Guardia Civil y varios vecinos intentaron ayudarle a regresar a su domicilio, el hombre echó a correr de nuevo hacia la carretera. Poco después, se encontraba agazapado en mitad del carril derecho, vestido con ropas oscuras, en un tramo carente de iluminación artificial y con un nivel de alcoholemia que la autopsia situó en 2,40 g/l en sangre.

Mientras que la víctima se encontraba agachada, el conductor circulaba con su coche sentido Lora del Río cuando se topó con ella de manera imprevista. Según los peritajes, el margen de reacción de apenas 1,5 segundos hizo imposible evitar el impacto, que causó la muerte instantánea al peatón. Por este motivo, la Audiencia ha ratificado la absolución del conductor de los delitos de homicidio por imprudencia y conducción temeraria, rechazando el recurso planteado por la familia del fallecido.

Sin embargo, el tribunal ha mantenido la culpabilidad del conductor por desentenderse del siniestro. Y es que, tras la colisión, el acusado detuvo el coche a unos 50 metros y comprobó los daños materiales y los restos de sangre, pero solo miró debajo del turismo y continuó su marcha sin inspeccionar la cuneta ni cerciorarse del estado de la persona atropellada.

Aunque el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba le impuso inicialmente dos años y medio de cárcel por la fuga, la Audiencia ha atendido el recurso de la defensa respecto al tiempo transcurrido: más de seis años y medio. Para los magistrados, este retraso es injustificado para una causa de este calibre, ya que el juzgado tardó un año en dictar su sentencia. Por ello, ha reducido la pena en un grado hasta dejarla en cuatro meses de prisión.

Crecen en Córdoba los condenados por delitos contra la ordenación del territorio -edificar en zonas no urbanizables, protegidas o en suelos inundables- que se niegan a demoler las construcciones ilegales por las que fueron condenados. Según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025, en la provincia de Córdoba han aumentado de manera considerable los casos en los que el Ministerio Público ha informado negativamente sobre la suspensión de las condenas de prisión debido al incumplimiento reiterado de la obligación de demoler las viviendas o edificaciones construidas ilegalmente.

Esta tendencia evidencia una realidad preocupante en el mapa urbanístico cordobés: un número creciente de personas condenadas por edificar en suelo no urbanizable o protegido prefiere mantener en pie sus construcciones ilegales a pesar de exponerse al ingreso efectivo en prisión. Por norma general, en el sistema penal español, aquellas personas castigadas con penas de prisión inferiores a dos años y sin antecedentes penales pueden solicitar la suspensión de la pena para no entrar en un centro penitenciario. Sin embargo, este beneficio judicial no es automático y suele estar condicionado a la reparación del daño causado.

En la provincia de Córdoba, la Fiscalía ha endurecido drásticamente su postura: la demolición de la construcción ilegal se ha convertido en una condición indispensable. Si el condenado se niega a derribar la vivienda, el fiscal emite un informe contrario a perdonarle el ingreso en prisión. Esta postura obliga a los infractores a asumir el derribo o afrontar la ejecución efectiva del castigo entre rejas. La pena que suele imponerse a estos procesados suele ser un año de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y la obligación de demoler la construcción. Sobre esto último ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que en varias sentencias ya ha dejado claro que no demoler lo construido supone dar un “cheque en blanco” para futuras infracciones.

El documento presentado por la Fiscalía General pone de relieve las severas dificultades a las que se enfrentan las secciones de Medio Ambiente para lograr que las sentencias firmes se cumplan. A nivel nacional, durante el último ejercicio se registraron únicamente 82 demoliciones efectivamente ejecutadas —-contabilizando tanto las voluntarias como las forzosas-, si bien el propio órgano judicial admite que la cifra real podría ser superior dada la complejidad para rastrear el control de las ejecutorias en todo el país.

El análisis de la memoria expone además las fisuras administrativas que perpetúan la permanencia de viviendas ilegales durante años o incluso décadas en la comunidad autónoma. La Fiscalía Provincial de Málaga, por ejemplo, ha denunciado abiertamente la escasa colaboración de numerosos ayuntamientos, que dilatan los procesos aludiendo a la falta de medios o eternizando expedientes de posible regularización. Frente a esta pasividad municipal, la Fiscalía destaca la buena disposición de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para intervenir y colaborar en los derribos cuando la actuación de las corporaciones locales resulta imposible.

Ante este panorama de resistencia por parte de los infractores y trabas en la vía administrativa, la Fiscalía General del Estado considera “imprescindible” estrechar el cerco y ejercer un control directo sobre la fase de ejecución de las sentencias. Para ello, los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo asumirán de manera directa la supervisión de estas ejecutorias, anunciando que se reforzarán las secciones provinciales si fuera necesario con tal de garantizar que las órdenes de derribo se lleven a cabo y no queden archivadas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado a pena de tres años y medio de prisión para una abogada de Córdoba acusada de un delito de apropiación indebida agravado tras adueñarse de más de 156.000 euros procedentes de la liquidación de una herencia familiar en Córdoba. La resolución ha desestimado así el recurso de casación interpuesto por la letrada y avala íntegramente los pronunciamientos previos de la Audiencia Provincial de Córdoba y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos tienen su origen tras el fallecimiento de una tía de la acusada. Tras la correspondiente partición hereditaria, se adjudicó a las cuatro hermanas de la fallecida la suma de 208.840 euros, mientras que al viudo le correspondió el usufructo vitalicio de la vivienda habitual. Para hacer efectiva la herencia, las cuatro hermanas -dada la condición de letrada en ejercicio de la procesada, que era hija de Noemi y sobrina de las otras tres coherederas, “todas de edad avanzada y sin conocimientos precisos”- le encomendaron la liquidación de la herencia. A tal fin, la acusada las convenció para que, tras la firma de una hoja de encargo, le otorgaran un poder especial que le permitiera realizar todas las operaciones bancarias y liquidar los activos de la herencia.

Ya en condición de apoderada, la acusada acudió a una sucursal del Banco de Santander en Granada y, exhibiendo el poder, retiró un total de 156.630 euros depositados en la cuenta destinada al reparto entre su madre y dos de sus tías. No pudo extraer el importe correspondiente a la cuarta hermana al serle denegado por la entidad bancaria debido a que se encontraba judicialmente incapacitada. Según la sentencia, esa cantidad no la entregó a sus legítimas propietarias, sino que se apoderó de ella.

Estos hechos suponen tres delitos de apropiación indebida, pero solo se le ha impuesto una condena penal por los cometidos sobre sus tías dado que se le ha aplicado la excusa absolutoria por parentesco en el perpetró sobre su progenitora. Este precepto exime de responsabilidad penal (manteniendo la civil) por los delitos patrimoniales cometidos entre determinados familiares directos cuando no concurra violencia ni intimidación.

Además de la pena privativa de libertad, la condena conlleva la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante el tiempo de la condena, una multa de 5.400 euros, el abono de las costas del proceso (incluidas las de la acusación particular) y la obligación de indemnizar a sus tías y a su madre en el importe total de las sumas sustraídas.

El Ayuntamiento de Posadas deberá indemnizar al extécnico de Cultura que sufre una incapacidad absoluta después de haber sufrido acoso laboral en el Consistorio. Los hechos se remontan a junio de 2015, una década durante la cual se han producido diferentes resoluciones judiciales sobre la responsabilidad o no que el Ayuntamiento ha tenido en este caso. En una sentencia a la que ha accedido este periódico, la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio al pago de 241.102 euros tras quedar acreditado el grave acoso laboral y el incumplimiento reiterado de las normas de prevención de riesgos que derivaron en la incapacidad permanente absoluta del trabajador.

Según los hechos probados de la sentencia, la pesadilla del trabajador se remonta a junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando el Ayuntamiento le aplicó una modificación sustancial de sus condiciones laborales, lo que le llevó a darse de baja en abril de 2016 por un trastorno de adaptación con humor deprimido derivado de accidente de trabajo. A pesar de que en julio de 2017 un acuerdo judicial -ratificado por el Pleno del Ayuntamiento- obligaba a restituirle en sus condiciones laborales, salarios y funciones tras reconocerse esta modificación sustancial ilegal, la realidad tras su reincorporación en octubre de 2017 fue de total aislamiento.

De este modo, ha quedado acreditado que, a su regreso, el Consistorio no le proporcionó los medios de trabajo adecuados, negándole el acceso al equipo informático y dejándole sin mesa propia, teniendo que trabajar en la de reuniones. Su puesto carecía de rótulo de técnico en su puerta, sus compañeros le negaban la palabra y los superiores le remitían las instrucciones laborales mediante mensajes de WhatsApp. Según la sentencia, el Ayuntamiento ignoró de forma sistemática los requerimientos de la Inspección de Trabajo para subsanar las deficiencias de seguridad e higiene y tardó meses en realizarle un reconocimiento médico, pese a sus reiteradas protestas.

En mayo de 2018, la insostenible situación obligó al trabajador a solicitar nuevamente la baja. Las secuelas psicológicas sufridas -un cuadro severo de depresión mayor crónica, ansiedad generalizada, fobia específica y agorafobia que le impide salir de su domicilio y mantener interacción social- llevaron a la Justicia a declararle en incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Previamente, tanto el INSS como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya habían ratificado un recargo de prestaciones del 50% a cargo de las arcas municipales por falta de medidas de seguridad.

Con esta sentencia, el magistrado ha rechazado la excepción de prescripción planteada por la defensa del Consistorio y ha aplicado el baremo de accidentes para calcular la compensación económica total. De la cifra global, la aseguradora del Ayuntamiento ya ha consignado y abonado al demandante la suma de 90.000 euros. La cantidad restante deberá ser asumida por la corporación municipal, junto con los intereses legales devengados.

La Sección de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba juzgará el próximo mes de octubre a un hoombre denunciado por su expareja y madre de sus dos hijos menores por vejarla llamándola “travelo” y guardar así su contacto en los móviles de los hijos que tienen en común.

Según ha podido conocer este periódico, hombre y mujer se encuentran separados y mantienen un litigio en los juzgados respecto a las medidas reguladoras de los menores. Desde hace varios años, tal y como denuncia el letrado Jóse Palomino, el hombre ha desarrollado “una conducta continuada de menosprecio” hacia la mujer “en presencia de los hijos comunes, permitiendo e incluso fomentando que estos se refieran a su madre mediante el término despectivo y vejatorio ”travelo“, expresión utilizada con ánimo inequívoco de humillación, desprecio y ridiculización”.

Esta circunstancia quedó ya reflejada en el procedimiento de familia seguido entre las partes, donde se hizo constar expresamente que los menores se dirigían a su madre utilizando dicho calificativo tras convivir con el progenitor paterno.

La presunta situación de vejación se evidenció de forma directa cuando la madre intenta comunicarse por teléfono con sus hijos menores. Al efectuar las llamadas a los móviles que emplean los niños, la mujer descubrió que su número de contacto no figuraba registrado con su nombre, sino bajo el apelativo de “TRAVELO”.

En el escrito de denuncia, la mujer incide en que dicha denominación solo “puede obedecer a la intervención del denunciado o de su entorno”, coincidiendo con los periodos en los que los menores permanecen bajo el cuidado del padre. La representación de la víctima advierte de que el uso continuado de estos calificativos despectivos vulnera la dignidad de la mujer y supone una grave interferencia en la relación con sus hijos, al inducir en los menores un patrón de falta de respeto y descrédito hacia la figura materna.