El Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite el recurso de casación de una vecina de Córdoba contra la sentencia que absolvía al cirujano plástico que la operó del pecho. El alto tribunal español ha considerado que la demanda de esta mujer tiene interés casacional y tendrá que determinar si hubo una vulneración del deber de información médica tras un tratamiento postoperatorio que provocó una atrofia cutánea permanente en uno de sus senos.

Los hechos se remontan a junio de 2014, cuando la demandante se sometió a una intervención que combinaba la cirugía estética con la médica para paliar dolores de espalda por hipertrofia mamaria. Tras la operación, sufrió una apertura de las suturas que derivó en cicatrices hipertróficas. Para corregirlas, casi un año después, el cirujano aplicó infiltraciones de corticoides.

Según la denuncia, estas inyecciones provocaron que la piel del pecho quedara “extremadamente fina”, de aspecto “nacarado” y con una coloración “rojizo-vinosa” irreversible. Por este perjuicio estético y el trastorno afectivo derivado, con síntomas depresivos, la mujer reclama una indemnización de 150.000 euros.

La clave que ha llevado al Supremo a reabrir el caso es la ausencia de un consentimiento informado específico para las infiltraciones. Durante el proceso, el cirujano reconoció que no informó a la paciente sobre el riesgo de que los corticoides pudieran provocar atrofia cutánea. Hasta esta resolución del máximo órgano jurisdiccional de España, la Audiencia Provincial de Córdoba había exculpado al facultativo alegando que el tratamiento fue adecuado a la normativa médica, que la infiltración era un “procedimiento menor” que no requería consentimiento por escrito y que el documento firmado antes de la cirugía ya mencionaba genéricamente la posibilidad de “tratamientos adicionales” para la cicatrización.

Sin embargo, el Supremo no ha visto tan claro que la paciente tuviera toda la información a la hora de someterse a esas infiltraciones. De esta forma, examinará si la información genérica inicial era suficiente o si, ante el riesgo de una secuela tan grave como la atrofia irreversible, el médico estaba obligado a advertir específicamente a la paciente antes de proceder con las inyecciones.

El juicio del crimen de Sagunto en el que perdió la vida Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes ha quedado visto para veredicto del jurado. La Fiscalía ha modificado levemente su escrito de conclusiones provisionales, eliminando el delito de robo con violencia para los acusados. De esta forma, el autor confeso del crimen, R., y J. se enfrentan a 20 años de prisión por un delito de asesinato y tres años por uno de robo con violencia, mientras que la fiscal ha pedido para M. diez años por asesinato y tres por el delito de robo con violencia.

En la tercera y última sesión del juicio por este crimen, el jurado solo ha escuchado a los procesados R. y M., que han respondido exclusivamente a las preguntas de su abogada, mientras que J. se ha negado a declarar. Además, R. y M. han hecho uso de la última palabra. El procesado ha pedido perdón a la familia de Rafael y ha vuelto a insistir en que no era su “intención” acabar con su vida, sino que se “estresó y se bloqueó” ante lo que supuestamente vio: que Rafael estaba agrediendo sexualmente a su novia. Por su parte, la procesada también ha pedido disculpas a la familia, reiterando que ella no escuchó “nada” durante la agresión que acabó con la vida de este vecino de la zona de Sagunto.

Previo a que los procesados pudieran ejercer su derecho a la última palabra, las acusaciones y las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones. Como ya se ha mencionado anteriormente, la Fiscalía ha modificado las suyas, aunque muy levemente, mientras que la acusación particular ha mantenido sus penas de prisión. Por otro lado, la defensa de R. ha insistido en que los hechos responden a un delito de homicidio doloso y ha introducido el arrebato u obcecación intensa. Además, esta misma letrada ha pedido la libre absolución para M.

En último lugar, la defensa de J. ha pedido que su cliente sea absuelto de los dos delitos que solicita la Fiscalía, pero ha introducido una modificación. En el caso de que quede demostrada su participación como cómplice en los hechos, ha interesado cinco años de prisión por un delito de homicidio y una multa de 180 euros por un delito leve de hurto. Además, ha pedido que se aplique la atenuante de drogadicción.

La Fiscalía tilda de “perversa” la muerte de Rafael y la acusación particular, de “barbaridad”

En la exposición de su informe final, la fiscal ha sido tajante al calificar el crimen de Rafael como “un asesinato con alevosía”, siendo autores de los mismos los procesados R. y J. según las pruebas encontradas en la habitación donde murió la víctima. La Fiscalía ha rechazado de pleno la versión de la defensa del primero, cuya estrategia ha sido justicar la violencia alegando que Rafael estaba abusando de Manuela. Para la fiscal, los acusados “se hacen un traje a medida” y “se inventan” este relato aprovechando que “Rafael no puede dar su versión de los hechos porque lo han matado”.

El informe forense ha sido clave para desmontar esta coartada, según el Ministerio Público. La hora de la muerte se situaría de madrugada y no en la tarde-noche como sostienen los procesados. Si la agresión hubiera ocurrido por un arrebato al llegar a casa, la fiscal ha manifestado que “Rafael habría muerto mucho antes”, por lo que considera que la supuesta agresión sexual es “solamente una excusa para intentar quitar la responsabilidad penal”.

Respecto a M., la Fiscalía mantiene su acusación como cómplice. Mientras se producía el asesinato, ella “estaba con música en el salón” para ocultar lo que ocurría en la habitación contigua, de “muy reducidas dimensiones”. La fiscal ha hecho especial hincapié en la actitud de la acusada cuando una vecina llamó a la puerta alertada por el ruido: “Ella simula que no está pasando nada, que están de fiesta, con lo cual está dando una cobertura”. Con esta acción, según la fiscal, M. impidió que Rafael pudiera ser auxiliado, permitiendo que los otros dos acusados “puedan matar sin que hubiera interferencia por parte de nadie”.

Por otro lado, la acusación particular ha calificado los hechos como un asesinato cometido con una “brutalidad” y “agresividad” extrema. Para esta letrada, la intención de matar era “evidente”, ya que Rafael se encontró “indefenso”. Además, ha solicitado que no se apliquen atenuantes de drogadicción o colaboración en los casos de R. y J. Sobre M., la acusación ha destacado que, a pesar de su “retraso leve”, mantiene una vida normal y tuvo capacidad suficiente para no auxiliar a la víctima ni pedir ayuda a los vecinos.

La defensa de R. y M. invoca la ley del “solo sí es sí” para justificar la reacción de los acusados

En la lectura de su informe, la abogada de R. y M. ha recurrido a los principios de la ley del “solo sí es sí” para exigir que se otorgue credibilidad al testimonio de M. en relación a la supuesta agresión sexual que habría sufrido por parte de Rafael, desencadenante de la agresión. En un intento por que el jurado otorgue credibilidad a esa afirmación, la letrada ha dicho que mientras “en la televisión” se repite constantemente el lema de que “hay que creer a la víctima” y se defiende la protección de la mujer, en este proceso se ha ignorado sistemáticamente el relato de la procesada.

Este argumento es, para esta defensa, la pieza central para explicar el móvil de los hechos, algo que, según la abogada, las acusaciones no han podido acreditar de forma lógica. Así, sostiene que R., al ver a Rafael supuestamente abusando de M. sufrió un “cortocircuito” o ataque de locura que desencadenó la agresión física. Asimismo, ha insistido en que no hubo una intención premeditada de matar, señalando que la barra de hierro no fue llevada al piso con ese fin.

La defensa de Jesús solicita la libre absolución y rechaza la calificación de asesinato

Por último, la defensa de J. se ha acogido a la autoinculpación de R. y ha insistido al jurado en que “esta es la declaración válida que debe valorar” y no la que hizo en la fase de instrucción, cuando R. incluyó a J. en el fallecimiento de la víctima. Al igual que la otra defensa, ha rehazado que los hechos sean constitutivos de asesinato porque “no ha quedado probada la existencia de un plan premeditado ni hubo ensañamiento”, dado que la muerte se produjo por asfixia y no por las anteriores agresiones que sufrió Rafael.

Lo que no ha negado esta defensa, apoyándose en las pruebas de ADN, es que su cliente estuviera en la habitación donde fue hallado el cadáver de la víctima. Sin embargo, sí ha cuesitonado cuál fue su rol real en los hechos. Para la abogada, J. podría ser considerado, “a lo sumo, cómplice por no haber evitado la agresión o por haber participado en una pelea previa” con puñetazos y patadas que no fueron la causa de la muerte. Como prueba de su falta de autoría material, se ha referido a la ausencia de huellas de J. en la barra de hierro utilizada durante la agresión, donde sí había restos de la víctima y de Ramón.

Lo que motivó los golpes a Rafael en el crimen de Sagunto fue una supuesta agresión sexual que él habría cometido sobre la única mujer procesada en la causa. La letrada tanto de esta acusada como de R., su pareja y autor confeso del crimen, ya adelantó el pasado lunes que su línea de defensa iría en torno a ese intento de agresión sexual. Este miércoles, durante la tercera sesión del juicio, tanto R. como M. han afirmado que dicha agresión se produjo y que la intención no era acabar con la vida de Rafael.

El acusado R., quien solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha relatado que llegó a Córdoba a principios de 2024 en busca de trabajo como albañil y terminó viviendo en la casa de la víctima tras conocerlo en un comedor social. En este mismo centro también conoció a J., el otro procesado, y que Rafael le alquiló tanto una habitación para él y su novia, como el salón, para J. Pese a que R. acababa de conocer a este procesado, decidió pagarle su alquiler, según ha dicho. El día de los hechos, al llegar del trabajo junto a J., R. habría encontrado a Rafael encima de la procesada, intentando arrancarle la ropa.

Tras supuestamente presenciar esto, R. ha confesado que golpeó a la víctima con los puños y lo empujó a una habitación donde, según su letrada, se produjo “una pelea”. No obstante, los forenses declararon este martes que las heridas que tenía la víctima eran de intentar protegerse y no de atacar. Además, ha admitido haberle puesto el cinturón de un batín en el cuello, ha asegurado que no era consciente de haberlo ahogado y ha señalado que se siente “bastante arrepentido”, afirmando que su intención nunca fue acabar con la vida de Rafael.

En contra de lo que declaró la vecina cuyo piso colinda con el de la víctima, R. ha negado que tras el crimen hubiera “fiesta o risas”, preguntando retóricamente si alguien tendría ganas de celebración tras un suceso así. “No soy ningún asesino y nunca había tenido ningún problema”, ha concluido.

Por su parte, M. ha manifestado que la tarde del 2 de abril -el día de los hechos- se quedó “sola” con Rafael mientras los otros hombres trabajaban. Ha dicho que la víctima tenía una actitud y mirada “extrañas” justo antes de abalanzarse sobre ella, y que, posteriormente, ella se quedó “bloqueada”. Según su relato, R. y J. lo pillaron in fraganti. Entonces, R. lo tiró contra la pared y lo golpeó. Después, lo llevó a un dormitorio, donde continuó la agresión, para la cual usó el travesaño de la cama que halló la Policía. Pese a los golpes y al ruido que se debió generar durante el ataque, M., que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha dicho que “no escuchó nada”. J., el último procesado, se ha negado declarar.

Dado que ni el Ministerio Público ni la acusación particular han podido interrogar a los procesados, la fiscal ha pedido a la magistrada que el jurado tenga acceso a la declaración que R. hizo en la fase de instrucción para que tengan en cuenta las contradicciones entre las dos testificales. Según la Fiscalía, en su declaración inicial, R. fue “más detallado” e implicó directamente a J., afirmando que ambos golpearon a la víctima. Además, en ese testimonio inicial, R. sostuvo que fue J. quien llevó a Rafael a la habitación y que, incluso, fue quien le tapó la boca mientras R. le agredía.

Aunque la magistrada ha declinado en un primer momento esta petición, una vez puestas en evidencia dichas contradicciones, la jueza ha aceptado finalmente que el jurado tenga acceso a la primera declaración que hizo R.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar el próximo 22 de junio a un hombre acusado de agredir brutalmente a un compañero de trabajo y para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Según el escrito provisional de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 tras una discusión entre el acusado y la víctima. En un momento dado, el procesado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el acusado aprovechó que se encontraba en el suelo para atacarlo por la espalda. El escrito de conclusiones provisionales detalla que el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba.La agresión no cesó ahí, ya que, según la Fiscalía, el acusado continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente sobre el suelo.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, haciendo especial hincapié en la deformidad que la víctima sufre como consecuencia del ataque. Por ello, pide cuatro años de prisión y el pago de las costas.

Rafael sufrió hasta la muerte e intentó defenderse. Esa es la principal conclusión a la que se llega después de la segunda sesión del juicio a tres personas acusadas de su asesinato en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Este martes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido las declaraciones de hasta 13 testigos, todo ellos peritos, entre médicos forenses y policías que intervinieron de una forma u otra en el caso por el que se piden 23 años de prisión para R. y J., y 17 para M.

En líneas generales, la forense que analizó la escena del crimen y los que hicieron la autopsia al cadáver de Rafael han apuntado a una “agresión muy brutal” y a una resistencia desesperada por parte de la víctima. Estos expertos no solo han confirmado que Rafael sufrió una prolongada “agonía”, sino que han desmontado las tesis de “arrebato” u obcecación al revelar una frialdad incompatible con un estado de shock pasional. Según sus declaraciones, la víctima no recibió un único golpe, sino una “gran cantidad” de impactos repartidos por el costado, el cuello y la cabeza. Como posible arma que se usó en el crimen, se han referido a un travesaño metálico de una cama de 1,90 metros que presentaba manchas de sangre. Casi al término de la sesión, la Policía Científica ha revelado que en dicho travesaño se hallaron únicamente huellas de R., el acusado que ha reconocido que mató a Rafael, aunque “movido” por una presunta agresión sexual que la víctima habría cometido sobre M., que era su pareja.

Por otro lado, los dos forenses que realizaron la autopsia al cadáver han señalado que la causa de la muerte fue la asfixia, ejecutada mediante un doble mecanismo: la oclusión de nariz y boca, y la estrangulación manual. Ambos mecanismos se habrían llevado a cabo a la vez, según uno de los forenses, dado que la víctima tenía la nariz rota y había muy poca sangre para este tipo de lesiones. Es decir, si tras la fractura de nariz hubiera estado mucho tiempo con vida, la sangre presente en la escena del crimen habría sido muchísimo mayor a la encontrada. Además, tenía un dedo meñique y varias costillas rotos porque uno de los acusados se subió a horcajadas. Ante estas evidencias, estos expertos han rechazado que la agresión la cometiera una única persona, sino, como mínimo, dos. Asimismo, durante la sesión ha quedado reflejado que Rafael intentó defenderse debido a las lesiones que presentaba en antebrazos, manos, pies y rodillas.

Estas muestras de autodefensa también se constatan en el desgarro del frenillo superior de la boca; indicio típico, según los peritos, de que hizo movimientos laterales desesperados para sobrevivir mientras le comprimían la cara. Finalmente, la víctima murió asfixiada. Por todo ello, los forenses han afirmado, sin ningún género de dudas, que Rafael tuvo que sentir “agonía y sufrimiento psíquico de saber que su vida se iba a terminar”. Los informes toxicológicos realizados a la víctima han revelado la presencia de un fármaco, pero en dosis no tóxicas, y una ausencia total e alcohol. En cuanto al análisis de orina, los peritos han detectado restos de cinco fármacos distintos que pudieron ser ingeridos días o, incluso, semanas antes de los hechos.

En la casa había restos biológicos de los tres acusados

El análisis de las huellas y restos biológicos recogidos en el piso de Rafael sitúan a los tres procesados en la escena del crimen, aunque en la habitación donde presumiblemente fue asesinado, solo se han hallado restos de R. y J. La defensa de este último afirmó este lunes que su cliente no participó en la agresión y que, incluso, no sabía que la víctima estaba muerta cuando horas más tarde de la muerte entró al piso para robar una televisión.

En concreto, la Policía Científica halló el perfil genético de J. tanto la uña del dedo meñique de Rafael, precisamente el dedo que tenía roto, como en una mancha de sangre encontrada en la habitación. Asimismo, el ADN de R. no solo se encontró en el travesaño metálico de la cama, sino también en el cinturón de un batín de la víctima, en manchas de sangre y en otros objetos que se encontraron en el salón. De la procesada, por otro lado, también se hallaron huellas en una botella de cerveza, en un cigarro y una taza de café. Por último, la Policía halló otras huellas que no han podido identificarse.

En cuanto al momento de la muerte, aunque inicialmente se barajó la franja entre las 9:00 y las 11:00 del 3 de abril basándose en el humor vítreo de los ojos de la víctima, los forenses que hicieron la autopsia han situado el fallecimiento “varias horas antes de las 9:00 del 3 de abril”. No obstante, lo que sí han confirmado es que ese intervalo de tiempo no sería superior a las 12 horas por los síntomas de inicio de descomposición que tenía el hígado de Rafael.

Los acusados sabían lo que estaba pasando

En esta segunda sesión también ha quedado patente el grado de conocimiento de la realidad que tenían los acusados. En cuanto a R., los médicos forenses han explicado que no padece ningún tipo de adicción ni trastorno psicopatológico o de personalidad. De hecho, él mismo negó un consumo abusivo de sustancias, lo cual fue corroborado por los análisis clínicos. Además, los expertos han rechazado la tesis de la defensa sobre un posible “arrebato” al observar a la víctima con su pareja, argumentando que conductas posteriores que sostiene la Fiscalía -como ducharse, acostarse o quedarse fumando y bebiendo- son incompatibles con un estado de shock o una reacción impulsiva, la cual suele durar “pocos minutos”.

Respecto a J., el informe forense ha revelado que padece trastorno de conduta por consumo de sustancias (específicamente cocaína y cannabis) y un trastorno de conducta, aunque los forenses han concluido que dicho trastorno no influyó “en su inteligencia ni en su voluntad al momento de los hechos”. Finalmente, el informe sobre la procesada, la forense han indicado que padece un retraso mental leve y madurativo. Aunque esto hace que la mujer sea “una persona influenciable y fácil de manipular en sus relaciones sociales”, la mujer sí tiene una “capacidad básica” para conocer la realidad y entender que una persona ha sido dañada o ha muerto. Además, ha afirmado que es “una persona funcional porque ha trabajado, ha sido mamá y sabe distinguir entre el bien y el mal”. El juicio continuará este miércoles.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho personas a 32 años y medio de prisión, y a casi 22 millones de euros en multas por formar una red de narcotráfico que utilizaba transportes legales de mercancías para distribuir droga desde Andalucía hacia el norte de España. La sentencia, a la que ha accedido este periódico, pone fin a un proceso iniciado en 2020 tras la interceptación en la provincia de Córdoba de un camión que transportaba una ingente cantidad de hachís oculta en un cargamento de aceite de oliva.

Fue en junio de 2020 cuando agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un camión a la entrada de la localidad de Belmez, momento en el que se percataron del “alto estado de nerviosismo” en el conductor. Tras una inspección de la carga, que oficialmente consistía en palés de aceite de oliva de una empresa de Jaén con destino a Francia, los guardias civiles hallaron dos grandes cajones de plástico que contenían 665.820 gramos de resina de hachís. La droga, distribuida en 171 bolsas transparentes, tenía un valor de mercado estimado en 3.748.566,60 euros. El conductor intentó engañar a los agentes afirmando que creía transportar piezas de coche, pero el tribunal ha considerado inverosímil su versión, ya que los fardos eran visibles al abrir los cajones de plástico.

Según los hechos probados, el operativo fue el resultado de un acuerdo previo iniciado en abril de 2020 entre otros dos acusados, A. e I. El primero se encargaba de conseguir la sustancia a través de Desiderio y de preparar la logística en una nave de un polígono de Antequera. Por su parte, el segundo aportaba la infraestructura de transporte mediante su empresa con sede en Galicia, dando instrucciones directas al conductor sobre dónde recoger la carga.

El día del transporte, J. -otro acusado-, utilizando una carretilla elevadora, cargó los cajones con el hachís en el remolque del camión bajo la supervisión directa de A. Tras la carga, este tapó los paquetes con un cartón antes de que el vehículo emprendiera rumbo hacia el norte atravesando Córdoba.

Dos personas murieron en un accidente de helicóptero vinculado a la red

La investigación policial, liderada por la Unidad Central Operativa de Málaga, permitió descubrir que la red pretendía usar un helicóptero para introducir hachís. La aeronave se estrelló el 27 de julio de 2020 en Pedrera (Sevilla), falleciendo sus dos ocupantes, entre ellos, un hombre que había participado en la carga del camión en Antequera. Antes del siniestro, A. había intentado comprar un visor nocturno en una armería de Toledo para “volar con un helicóptero por la noche”.

La operación continuó hasta marzo de 2021, cuando se logró desmantelar una importante infraestructura de transporte marítimo. En registros realizados en naves industriales de Colmenar y Alhaurín el Grande, se intervinieron dos embarcaciones semirrígidas consideradas género prohibido. En estas instalaciones también se hallaron más de 2.000 litros de gasolina en garrafas, máquinas de envasado al vacío y dispositivos GPS.

Rebaja significativa de las penas y las multas

El fallo de la Audiencia Nacional ha supuesto una reducción significativa respecto a las peticiones del Ministerio Fiscal, que solicitaba un total de 92 años de prisión y más de 62 millones de euros en multas. Los motivos de esta reducción penal han sido dos. En primer lugar, la Audiencia Nacional ha determinado que los condenados no constituían una organización criminal, sino que eran codelincuentes. En segundo lugar, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque el proceso se ha prolongado durante seis años.

De esta forma, la Sala ha condenado a ocho personas. A los cinco principales responsables del transporte de los 665 kilos de hachís les ha impuesto una pena individual de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 4.000.000 de euros. Por la posesión de embarcaciones semirrígidas de alta potencia, la Audiencia Nacional ha condenado a otras tres personas a una pena de tres años y un día de prisión. Esta misma pena también se le ha impuesto a dos de los principales responsables del transporte de hachís. En relación con este delito, las multas varían según el valor de la embarcación y van desde los 280.001 euros hasta los 455.001.

Por último, el tribunal ha absuelto a dos procesados por haber sido investigados a sus espaldas sin ser informados de su condición hasta que se les notificó el auto de procesamiento, lo que ha vulnerado su derecho a la defensa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por jurado que juzgará a tres personas, R., J. y M., por la muerte de Rafael, un vecino de Sagunto, que perdió la vida en su propia casa en la calle Reina Mercedes, y por dos delitos de robo. El juicio, previsto para las 9:30, ha comenzado pasadas las 12:00 ante la complejidad que supone constituir un tribunal de jurado. La sesión se ha alargado hasta la tarde y ha cogido la declaración de más de diez personas. Los acusados testificarán después de que lo hayan hecho todos los testigos, aunque sus defensas ya han adelantado que la muerte de Rafael se produjo como respuesta a un supuesto intento de violación que la víctima habría intentado ejecutar con la mujer que también está procesada.

La sesión ha arrancado con la lectura de los escritos de calificación de la Fiscalía y de la acusación particular, representada por la hija de la víctima. Ambas acusaciones coinciden en responsabilizar de los hechos a los tres acusados, en mayor o menor medida, solicitando para los dos hombres 20 años de prisión por el delito de asesinato más cuatro años por el robo con violencia y otros tres años por el robo con fuerza. Para la mujer han pedido una pena de diez años por asesinato más las penas por los robos, sumando 17 años de prisión. Los procesados habrían conocido a la víctima en un centro social del barrio. Según el Ministerio Público, la noche del 2 de abril, mientras las cuatro personas se encontraban en la vivienda en un ambiente festivo, se produjo una discusión por causas aún no esclarecidas. En un momento dado, los dos hombres acusados llevaron a la víctima por la fuerza a un pequeño dormitorio junto al salón. Allí, lo arrojaron sobre un colchón y, aprovechando su estado de indefensión, le propinaron una brutal paliza con puñetazos y patadas. La agresión escaló cuando utilizaron un travesaño de hierro para golpearle repetidamente en la cabeza y el cuerpo. Finalmente, le taparon la nariz y la boca para evitar que gritara, lo que le provocó la muerte. A pesar de la extrema violencia ejercida, los tres acusados permanecieron en el piso continuando con la fiesta y donde llegaron a dormir.

Al día siguiente, continúa la Fiscalía, cuando se aseguraron de no ser vistos, abandonaron el inmueble llevándose consigo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas de deporte, efectos tasados en 193 euros. Además, uno de los acusados regresó posteriormente con las llaves de la víctima para sustraer un televisor de grandes dimensiones valorado en 200 euros. Fue precisamente este movimiento el que alertó a una vecina, quien avisó a los familiares de la víctima al sospechar de la situación.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados, R., y de su pareja, M., ha reconocido que su cliente es el autor de la muerte de Rafael, pero ha rechazado la acusación de asesinato. Según su versión, R. sorprendió a la víctima intentando abusar de M., lo que le provocó un estado de “ofuscación y cerrazón”, ha apuntado su abogada, que ha asegurado que su cliente “no tenía intención de matar, sino de darle una lección”. “Cualquier persona, en un momento así, podría perder la cabeza”, ha seguido apuntando esta letrada, quien ha afirmado que el acusado “confesó los hechos, ayudó a la Policía a esclarecer lo sucedido y se encontraba bajo la influencia del alcohol en el momento del ataque”. Por ello, ha solicitado que sea juzgado por un delito de homicidio doloso, al no apreciarse alevosía ni ensañamiento. A lo largo de esta semana se esclarecerá si esta confesión y ayuda fueron tales.

Para M., la misma defensa ha solicitado la libre absolución y ha señalado que tiene discapacidad intelectual y que en el momento de los hechos estaba embarazada de dos meses. Según su abogada, la acusada no participó en la agresión y los otros dos acusados le ocultaron la muerte de Rafael, de la cual no tuvo conocimiento hasta que fue informada por la Policía.

Por su parte, la defensa de J. ha negado cualquier participación en la muerte de Rafael y sostiene que, en un momento dado de la noche del 2 de abril, la víctima habría intento agredir sexualmente a la procesada. Tras esto, según su versión, la mujer y él se fueron “a otro piso” mientras que R. se quedó con Rafael en su piso y reconoce que volvió después de los hechos, ya el día 3, para sustraer diversos objetos de la casa. Además, asegura que no sabía que la víctima había muerto. Por tanto, ha pedido que se le juzgue únicamente por un delito de hurto -dado que él, asegura, tenía las llaves del piso de la víctima- y se le aplique la atenuante de drogadicción y un trastorno de personalidad. Los tres fueron detenidos el 5 de abril en una nave de Chinales con algunos de los objetos que eran propiedad de la víctima.

Vecinas y familiares aseguran que “no era normal” que la víctima metiera a nadie en su casa

La ronda de declaraciones la ha iniciado una vecina de la víctima, quien, como el resto de conocidas y familiares de Rafael, ha explicado que “no era normal” que este hombre acogiera a nadie en su casa y que, ni mucho menos, hiciera fiestas o pusiera música, tal y como ocurrió tanto la noche del crimen como el día previo. En primer lugar ha declarado la única vecina que, el día de la muerte de Rafael, llamó a la casa para pedirles que bajaran la música. Ha relatado que aquella noche del 2 de abril escuchó “risas de hombres y de una mujer, y música muy alta”. Antes de llamarles la atención, logró escuchar a Rafael, aunque no muy bien. Cuando llamó a la puerta, le abrieron los procesados R. y M., que le aseguraron que eran pareja, que ella estaba embarazada, que venían de Madrid y que Rafael les había alquilado una habitación, algo que a esta vecina le extrañó sobremanera.

Sin embargo, poco después de que esta vecina se quejara del ruido, los acusados volvieron a subir la música mucho más y, tras esto, oyó un golpe seco en la pared. Después, nunca más volvió a escuchar a su vecino. Esta vecina ha apuntado que la noche del 2 de abril no fue la única en la que hubo problemas por el volumen de la música, sino que también se produjeron el día anterior, aunque ha reconocido que no les llamó la atención porque entendía que podía ser ocasional.

Otra vecina ha declarado que el día después del crimen, el 3 de abril, se cruzó con R. y vio que llevaba pertenencias de Rafael, como “sus zapatillas de deporte, su teléfono móvil y sus cadenas de oro”. En el momento en que esta vecina vio a este procesado, aún no se había descubierto el hallazgo del cuerpo de la víctima. Una tercera vecina ha afirmado que también el 3 de abril vio a otro procesado -según su descripción, J.- salir de la vivienda de Rafael cargando con el televisor a plena luz del día.

Dada que la situación era, para todas las vecinas, “muy extraña”, una de ellas decidió avisar a uno de los hermanos de la víctima. En cuanto este pudo, se presentó en el piso de Rafael. Nada más entrar, según ha declarado ante la magistrada, se encontró “las paredes manchadas de sangre y un salón” con claros indicios de haber acogido una fiesta. Decidió entonces ir hacia la habitación de su hermano. Allí halló su cadáver, “debajo de un colchón y de ropa, totalmente reventado, con golpes por todos lados y ensangrentado”. Este testigo ha insistido en que su hermano era una persona vulnerable -al parecer, sufría depresión-, que tomaba mucha medicación y que, debido a su bondad, “confiaba con facilidad” en desconocidos.

En esta primera sesión también han declarado un amigo de la víctima, quien le advirtió que “tuviera cuidado” con las personas con las que iba cuando lo vio con los procesados; así como otros dos hermanos de la víctima y su hija, quien, emocionada, se ha referido a la buena relación que tenían, pese a no convivir juntos, y a los proyectos futuros de vida que tenían. Todos los testigos han señalado que la víctima era “muy buena persona” y “siempre ayudaba”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha declarado la nulidad parcial de un fallo absolutorio previo, obligando a un magistrado de instancia a redactar una nueva resolución. El tribunal superior considera que la decisión de absolver a un hombre acusado de maltrato incurrió en una valoración de la prueba “irracional” y “extravagante”, dejando en la indefensión a la víctima al ignorar pruebas documentales y testificales determinantes.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba absolvió a un hombre de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El magistrado de instancia fundamentó su decisión en un argumento que la Audiencia ha calificado ahora de absurdo: como la víctima presentaba una herida de dos milímetros en el lado izquierdo de la nariz y los testigos hablaban de manotazos en el pómulo, no podía existir conexión entre el golpe y la lesión.

Para el juez de instancia, el hecho de que la mujer no mencionara específicamente la “zona nasal” al describir los manotazos era motivo suficiente para dictaminar que “no existe prueba alguna de que fue agredida por su pareja”. Frente a esta sentencia, la víctima recurrió a la Audiencia, que no ha ahorrado críticas hacia el razonamiento del Juzgado de lo Penal. Para el tribunal es “irracional” sostener que un manotazo en el rostro no puede causar una lesión en la nariz, dada la “extrema cercanía” entre ambas zonas en el mismo lado de la cara.

Además, la Audiencia ha subrayado que el juez de instancia incurrió en un “notable déficit motivacional” al omitir por completo pruebas clave que figuraban en la causa, entre ellas, que la víctima ha mantenido siempre la misma versión de la agresión. Asimismo, el juez ha obviado tanto la pericial médico-forense como el parte de lesiones que se expidió apenas unos instantes después de los hechos que corroboraba la versión de la mujer.

A todo esto hay que sumar que, tal y como señala la Audiencia, el magistrado de instancia tampoco valoró las declaraciones de los hijos de la pareja, quienes presenciaron los hechos y comparecieron en el plenario.

Por ello, la Audiencia ha considerado que la valoración fue “absolutamente arbitraria” y que se redactaron unos hechos probados en sentido negativo sin ni siquiera incluir la existencia de las lesiones, a pesar de que el propio juez las mencionaba en sus fundamentos jurídicos. En consecuencia, el tribunal ha ordenado la retroacción de las actuaciones, por lo que el magistrado de lo Penal número 6 deberá ahora redactar una nueva sentencia valorando todas las pruebas.

La ONG Infancia Solidaria ha difundido un llamamiento mediante el que busca a una familia de acogida en Córdoba para Mariam, una niña de cuatro años, de Mali, que padece una patología cardíaca imposible de corregir en su país por falta de medios.

La pequeña vendrá acompañada de su madre hasta Córdoba y será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Reina Sofía, gracias al convenio que Infancia Solidaria tiene con este centro.

La llegada de Mali a Córdoba está prevista para la segunda quincena del próximo mes de julio y se calcula que la estancia en la ciudad será de unos 90 días, necesarios para el proceso de la operación que se le practicará.

Las personas o familias que estén interesadas en colaborar en la acogida de Alana pueden contactar con Infancia Solidaria en el correo electrónico araceli@infanciasolidaria.org o mediante mensaje de WhatsApp al número 656479060.

El juzgado que investiga el asesinato de Tulia, ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio cordobés de La Fuensanta, ha cogido declaración esta semana a tres personas, entre ellas, una vecina de la víctima, quien ha dicho que el presunto asesino, F.L.A., bajó hacia la zona del bloque donde se encontraba Tulia y le asestó una puñalada en el pecho.

Según ha podido conocer este periódico, la comparecencia de esta vecina se ha realizado como prueba preconstituida debido a su avanzada edad, unos 80 años. Ante la jueza, esta mujer ha relatado que, el día de los hechos, se encontró con Tulia en el portal y ambas comenzaron a subir. Al llegar a la segunda planta, el presunto asesino -que vivía en la tercera- bajó de manera sorpresiva por las escaleras y le clavó un cuchillo directamente en el pecho. Según su testimonio, la víctima comenzó a sangrar de forma masiva de inmediato. Tras el ataque, el agresor mantuvo una actitud de extrema frialdad, dirigiéndose a la vecina para ordenarle: “Sube, sube y llama a la Policía”, mientras él permanecía en el lugar.

Durante este jueves también ha declarado Alejandro, el hijo de Tulia, quien ha introducido una cuestión muy relevante del día en el que ocurrieron los hechos. Según su declaración, su madre le llamó para decirle que había comprobado que su exmarido estaba en el piso, incumpliendo así la orden de alejamiento que tenía en vigor por la agresión que Tulia sufrió días antes y por la que F.L.A ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tulia llegó a esa conclusión usando unas llaves del piso de su exmarido con las que pudo comprobar que la vivienda estaba cerrada por dentro con un solo candado. Esta era la señal inequívoca, según Alejandro, que su padre utilizaba habitualmente para indicar que se encontraba dentro. Tras esta llamada, Tulia llamó a la Policía, que se personó en el lugar. Los agentes llamaron a la puerta del piso del hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir. Aproximadamente dos horas después de esta visita policial, se consumó el asesinato.

Junto a estas dos declaraciones, la jueza ha escuchado este jueves a la empleada del hogar de esta vecina. Ella ha manifestado que, al llegar al edificio, se encontró con el acusado en una ventana del rellano como en una “actitud de espera”. Al pasar junto a él, observó que ocultaba tras su espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después, la trabajadora se encontró con la escena del crimen y corrió a refugiarse en la casa de la vecina de Tulia.

Geolocalización de los móviles del presunto de asesino el día de los hechos

Previa a estas tres declaraciones, la jueza que investiga el asesinato ordenó el rastreo de los móviles del presunto asesino de Tulia para confirmar su presencia en la escena del crimen. Así, autorizó la geolocalización de sus dos terminales durante el fin de semana previo al crimen y el mismo día del asesinato tras hallar indicios de homicidio y quebrantamiento de condena.

La ejecución de este rastreo ha sido encomendada a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba. La magistrada a pedido a los agentes que cumplan la orden “a la mayor brevedad posible” dada la naturaleza de la causa y la condición de preso del investigado.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha celebrado el nuevo juicio contra el hombre acusado de acoso y vejaciones hacia su exesposa tras llamarla 170 veces en un día e insultarla. El proceso se ha repetido con un magistrado diferente después de que la Audiencia Provincial revocara la sentencia absolutoria inicial, tachándola de “arbitraria” y señalando graves deficiencias, como la existencia de campos en blanco en los hechos probados donde debían constar el número y las horas de las llamadas.

Durante el juicio, según ha podido saber este periódico, el procesado reconoció haber realizado “numerosas” llamadas telefónicas, pero intentó justificarlas bajo el argumento de que “solo quería saber dónde se encontraba su hijo”. Sin embargo, la víctima ha desmentido esta versión de forma tajante ante el magistrado. Según ha declarado, el acusado sabía perfectamente que el menor estaba con sus abuelos al tratarse de un jueves, por lo que “no tenía ninguna razón” para realizar tal cantidad de comunicaciones.

La acusación particular ha aportado pruebas documentales, incluyendo un auto y diligencias de cotejo del juzgado de Montilla, que acreditan un hostigamiento masivo: 170 llamadas registradas únicamente el 10 de noviembre de 2022. Este aluvión de comunicaciones se produjo de forma ininterrumpida desde las 9:23 hasta las 19:53

Además del hostigamiento telefónico, el abogado de la víctima ha detallado que su representada sufrió vejaciones constantes. En varias de las llamadas, el hombre presuntamente le dirigió expresiones denigratorias como “puta” e “hija de puta”. En este punto, el magistrado le ha preguntado a la víctima “por qué no grabó las llamadas”, a lo que la mujer le ha respondido que “no sabía hacerlo”.

En su intervención, el letrado de la víctima ha insistido que este comportamiento no fue una mera molestia, sino que provocó “un cambio drástico en los hábitos de vida de la mujer”, requisito fundamental para que los hechos se califiquen como un delito de acoso según el Código Penal. La víctima ha relatado que vivía en un estado de “gran ansiedad”, viéndose obligada a mantener el móvil siempre sin volumen por el sonido incesante y a modificar sus horarios para ir a comprar o recoger al niño en el colegio.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

El juicio por el fraude a la Seguridad Social en Córdoba ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía haya reducido considerablemente las penas de prisión que inicialmente pedía para los cuatro acusados, así como las multas que deberán pagar.

En la segunda y última sesión del juicio, el Ministerio Público ha acordado esta rebaja por la inclusión de la atenuante de reparación del daño para los acusados que han hecho frente a parte de la responsabilidad civil. Aunque se mantienen los delitos contra la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal ha sustituido el tipo penal de los delitos de frustración de la ejecución, pasando del artículo 257 al 258.1.

Hay que recordar que la solicitud inicial de la Fiscalía sumaba un total de 23 años de cárcel para los cuatro procesados. Sin embargo, tras la modificación, el escenario penal es mucho más leve. Para el principal acusado, A.V.C.A, la pena de prisión pasa de diez a cuatro años de prisión (dos por un delito a la Seguridad Social, uno, por otro delito a la Tesorería; y otro año, por el delito de frustración de la ejecución) y la multa solicitada ya no es de 1,1 millones de euros, sino de 600.000 euros.

J.U.N inicialmente se enfrentaba a siete años de prisión y un millón de euros de multa, pero la nueva petición se sitúa en tres años de cárcel (dos años por un delito contra la Seguridad Social y uno, por el de frustración de la ejecución) y una multa de 300.000 euros. Por último, para A.C.S y C.L.C., la petición ha bajado de los tres años originales de prisión a tan solo uno para cada uno, al ser acusados únicamente del delito de sustracción de la ejecución.

Por su parte, la letrada de la Seguridad Social ha mantenido sus penas de prisión para todos, que van del año a los cuatro de prisión, mientras que la defensa del hostelero, su hija y J.U.N. se ha adherido a la calificación del Ministerio Público. No obstante, este abogado ha planteado una petición subsidiaria: ha solicitado que se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas para cualquier delito cuya pena impuesta por la Sala pudiera superar los dos años. Esta solicitud se fundamenta en un “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, argumentando que han transcurrido tres años desde el auto de transformación de 2023 hasta la celebración del juicio en 2026.

Además, de cara a evitar el cumplimiento efectivo de la condena, el abogado ha solicitado formalmente el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Para cumplir con los requisitos legales, ha presentado ante la Sala un calendario de pagos a la Seguridad Social suscrito por el principal acusado y J.U.N. Por último, la letrada de C.L.C., Magdalena Pericet, ha solicitado su absolución.

Una perito de la Seguridad Social describe el 'modus operandi' del principal acusado

Antes de las conclusiones definitivas y la lectura de los informes, la sesión ha comenzado con la declaración, en calidad de perito, de la jefa de la Unidad de Fraude de la Seguridad Social en Córdoba. Esta trabajadora ha ratificado su informe en donde describe una “confusión patrimonial” entre las sociedades investigadas, a excepción de la del acusado C.L.C. Según la experta, existió un ánimo defraudatorio evidente, fundamentado en que el hostelero jamás solicitó aplazamientos de pago ni realizó ingresos voluntarios, manteniendo una actitud “ajena al pago” mientras crecían las deudas.

La técnica ha descrito la trayectoria de A.V.C.A como un modus operandi habitual a lo largo de toda su vida empresarial: crear sociedades que acumulaban deudas millonarias para luego continuar la actividad con nuevas mercantiles. No obstante, ha matizado que la única empresa que no generó deuda fue la de la acusada A.C.S. y ha admitido que inicialmente su informe no vinculaba al procesado C.L.C. con la trama, a quien se le acusa de participar en el trasvase de trabajadores de las empresas quebradas a la suya propia.

Sin embargo, la perito no ha considerado que se produjera tal trasvase porque muchos de los empleados “llevaban un periodo de desempleo de entre uno y tres años”. “En la hostelería de Córdoba todo el mundo se conoce... Bajo ese prisma de periodos largos, no considero un trasvase de trabajadores”, ha afirmado, aunque ha precisado que su unidad no estudia específicamente esos flujos laborales

Alegato por la defensa por la Seguridad Social

Uno de los momentos destacados de la sesión ha sido cuando la abogada de la Tesorería General de la Seguridad Social, al término de su informe, ha hecho un alegato por la defensa acérrima de esta protección estatal.

La abogada ha subrayado que este tipo de conductas delictivas “dejan a miles de trabajadores desprotegidos a lo largo de sus vidas y, a largo plazo, ponen en serio peligro la sostenibilidad del Estado del Bienestar”. “Son todos los españoles los que usan un sistema de protección pública que nos hace diferentes a otras naciones donde no existe esta protección”, ha enfatizado la letrada.

En un tono personal y pedagógico, la letrada ha compartido con la Sala lo que suele transmitir a sus alumnos de prácticas: “Siempre les digo que no somos el tercer mundo porque existe la Seguridad Social”. Así, ha defendido que el sistema de protección público es un “logro importantísimo de las sociedades modernas” que garantiza que cualquier ciudadano, “ante situaciones de enfermedad, pobreza sobrevenida o falta de capacidad de trabajo, cuente con el apoyo estatal”.

Antoñito Molina, en La Axerquía

Con las entradas casi agotadas, Antoñito Molina llegará este viernes a La Axerquía con Mis últimos Me Prometo, una serie muy limitada de conciertos que está desarrollando durante este año. Se trata de un único para vivir un directo cercano, apasionado y lleno de verdad, en el que el artista se reencontrará con su público para abrir la puerta a una nueva etapa creativa.

Joaquín Reyes llega a Córdoba con 'La verdad'

El elenco de actores conformado por Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot darán vida a los personajes de La verdad, una obra de teatro de Florian Zeller, versionada por Rómulo Assereto y Juan Carlos Fisher. Esta historia presentará este sábado en el Gran Teatro a Miguel, un mentiroso compulsivo al que todos los demás mienten. Su amante, esposa de su mejor amigo Pablo, amenaza con revelar su relación, y Laura, esposa de Miguel, sospecha de la infidelidad de su marido.

Kalendas

Kalendas continuará este finde con actividades para divulgar, recrear y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y social de la Córdoba romana (la antigua Corduba), una de las capitales coloniales más importantes del Imperio. Todas las actividades programadas dentro de Kalendas suelen ser de carácter gratuito, aunque debido al aforo limitado de los espacios históricos, se requiere inscripción y reserva previa a través de la plataforma oficial cordobacuatroculturas.es

Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una gran fiesta en el Parque Cruz Conde

Este viernes, Córdoba se unirá a las celebraciones globales por el Día Mundial del Medio Ambiente con un evento especial dirigido a toda la ciudadanía. La cita tendrá lugar en el Parque Cruz Conde, específicamente en la zona situada frente a la Ciudad de los Niños. La jornada festiva contará con un variado programa de actividades -talleres de elaboración de velas y de macramé, mercadillo, teatro de títeres y trueque de libros- que se desarrollará entre las 19:00 y las 21:00. Según la planificación prevista, de 20:00 a 21:00 habrá una animación infantil y Los Tabernícolas finalizarán la jornada con una actuación a las 21:00.

El Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala llevarán ‘Un Réquiem Alemán’ al Teatro Góngora

El Teatro Góngora acogerá este viernes una de las obras más conmovedoras del repertorio clásico: Un Réquiem Alemán, de Johannes Brahms. Esta ambiciosa producción unirá las voces del Coro de Ópera de Córdoba con la maestría de la Camerata Gala. Bajo la dirección musical de Alejandro Muñoz, la interpretación contará además con la participación de solistas (soprano y barítono).

Encuentro para conocer los músicos callejeros de Córdoba

El Cine Fuenseca acogerá este domingo, a partir de las 12:00, I Encuentro de Músicos Callejeros para dar visibilidad a los artistas que actúan en espacios públicos de la ciudad. Con este objetivo, actuarán 22 artistas entre los que hay cantautores, violinistas, guitarristas, saxofonistas, teclistas y armonicistas.

Más música

Por otro lado, el Centro Cultural José Luis García Palacios celebrará este viernes un concierto del cuarteto de guitarras de Córdoba a beneficio de Daño cerebral de la ciudad. Además, Fausto Taranto actuará este sábado en la Sala Impala mientras que Samuel SLZR lo hará, también el sábado, pero en la Sala M100.

Flamenco

La Peña Flamenca Fosforito acogerá este viernes el recital del cantaor Bernardo Miranda y el tocaor David Caro. Además, este sábado comenzará un nuevo ciclo de Café Cantante en el Centro de Flamenco Fosforito. En esta sesión inaugural actuará la bailaora cordobesa María García. Tras participar a los 12 años en el programa Menuda Noche, formalizó su formación en el Conservatorio Profesional de Danza de Córdoba y actualmente finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Ha complementado su aprendizaje con grandes referentes del género y ha demostrado su fuerza y personalidad en destacados festivales como el Cordobán. A pesar de su juventud, ya se ha consolidado como una figura imprescindible en todos los tablaos de Córdoba.

Cine

La Filmoteca de Andalucía acogerá este viernes a las 18:00 la gala de entrega de premios del III Concurso de Cortometrajes CineCercano, una iniciativa que impulsa el talento emergente y la creación audiovisual en Andalucía. Durante la gala se proyectarán los cortometrajes ganadores de esta tercera edición y se anunciará el premio obtenido por cada uno de ellos. Además, a las 20:30 se podrá ver Iván & Hadoum.

Además, en las salas de cine de Córdoba podrás ver los estrenos que te reseñamos en este enlace.

La Junta de Andalucía ha confirmado a este periódico que llevará a cabo una revisión de los procedimientos en los que intervino el inspector condenado pro proponer sexo a cambio de ayudas públicas, después de la sentencia adelantada por este periódico.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Cordópolis que el trabajador ostentaba la categoría de personal laboral y no tenía la potestad de firmar las resoluciones finales de las ayudas. Como inspector de campo del Servicio de Control e Inspección de la Consejería de Agricultura, se encargaba de la verificación técnica y de auxiliar en la redacción de los informes de idoneidad que sí elaboraba un funcionario.

Hay que señalar que estos informes eran el paso previo y necesario para que después se adjudicaran o denegaran las subvenciones. En el caso que le ha valido la condena al procesado, se trataba de la petición de una ayuda de la PAC a la propietaria de un olivar a donde se trasladaron los dos inspectores para cerciorarse de si la finca en cuestión estaba en desuso.

Estas mismas fuentes han asegurado que el inspector “fue despedido” en cuanto se tuvo conocimiento de la denuncia. Ahora, con la sentencia firme tras la resolución del Tribunal Supremo, se pretende profundizar en su historial laboral para confirmar que el resto de los expedientes en los que trabajó cumplen con la legalidad.

Contexto de la condena

El alto tribunal español acaba de confirmar que este trabajador, que procedía de Sevilla, utilizó su cargo en 2018 para presionar a la hija de la propietaria de una finca de olivar. Tras una inspección de campo, el hombre obtuvo el teléfono de la víctima y le propuso, a través de mensajes de WhatsApp, “arreglar” el expediente de su madre a cambio de mantener relaciones sexuales.

El Supremo ha ratificado para él una pena de un año de prisión y seis años de inhabilitación para cualquier cargo público, rechazando los argumentos de la defensa que intentaban calificar su comportamiento como una “broma”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará, entre los días 8 y 12 de junio, el juicio con tribunal de jurado contra dos hombres y una mujer acusados de acabar con la vida de un vecino que les había ofrecido refugio en su vivienda. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en un piso situado en la calle Reina Mercedes, esquina con la calle Cinco Caballeros.

La víctima conoció a los tres procesados en un centro social y, tras entablar una relación de confianza, les permitió instalarse en su casa el día previo a los hechos. La noche del 2 de abril, mientras las cuatro personas se encontraban en la vivienda en un ambiente festivo, se produjo una discusión por causas aún no esclarecidas.

En un momento dado, los dos hombres acusados llevaron a la víctima por la fuerza a un pequeño dormitorio junto al salón. Allí, lo arrojaron sobre un colchón y, aprovechando su estado de indefensión, le propinaron una brutal paliza con puñetazos y patadas. La agresión escaló cuando utilizaron un travesaño de hierro para golpearle repetidamente en la cabeza y el cuerpo. Finalmente, le taparon la nariz y la boca para evitar que gritara, lo que le provocó la muerte. A pesar de la extrema violencia ejercida, los tres acusados permanecieron en el piso continuando con la fiesta y donde llegaron a dormir.

Al día siguiente, cuando se aseguraron de no ser vistos, abandonaron el inmueble llevándose consigo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas de deporte, efectos tasados en 193 euros. Además, uno de los acusados regresó posteriormente con las llaves de la víctima para sustraer un televisor de grandes dimensiones valorado en 200 euros. Fue precisamente este movimiento el que alertó a una vecina, quien avisó a los familiares de la víctima al sospechar de la situación.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de asesinato, otro de robo con violencia en casa habitada y un tercero de robo con fuerza. Por ello, para los hombres ha pedido 20 años de prisión por el delito de asesinato más cuatro años por el robo con violencia y otros tres años por el robo con fuerza. Es decir, un total de 27 años para cada uno. Para la mujer, que era pareja de uno de los acusados y se encontraba en avanzado estado de gestación en el momento de los hechos, ha solicitado una pena de diez años por asesinato más las penas por los robos, sumando 17 años de prisión.

Además, la Fiscalía interesa que se impongan diez años de libertad vigilada para los tres procesados una vez cumplan sus penas privativas de libertad.

El Túnel de los Omeyas ha sido escenario este miércoles de un simulacro de emergencia que ha servido para poner a prueba a todos los servicios que entran en juego en este tipo de siniestros, como son los bomberos, sanitarios, policías, Protección Civil, Emergencias y sociedad en general.

El simulacro ha arrancado pasadas las 23:00 y se ha alargado hasta las 00:30. El simulacro ha recreado una situación de extrema complejidad: una colisión por alcance entre dos vehículos ligeros en el punto kilométrico 3+450 en dirección norte. El impacto simulado ha desencadenado un incendio cuyo humo fue detectado por las cámaras del Centro de Control, activando de inmediato el Plan de Autoprotección.

Como consecuencia del siniestro, otros dos vehículos han quedadoatrapados en el interior del túnel. El balance ficticio ha sido de tres heridos, destacando el desafío de rescatar a una persona con movilidad reducida que, debido a sus lesiones, no podía desplazarse por sus propios medios.

Mínima afección al tráfico y coordinación total

Para garantizar el éxito del simulacro, todos los que han participado se reunieron previamente para definir los mecanismos de actuación. La jefa de servicio de carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, María José Ochoa, ha señalado que en ese encuenentro “se determinó el procedimiento a seguir para un correcto desarrollo de este simulacro, de manera que fuera lo más real posible, pero que también tuviera una mínima afección al usuario que habitualmente circula por la ronda”.

Durante el ejercicio, se ha cortado el tráfico en los dos carriles del tubo derecho, estableciendo la Policía Local rutas alternativas por la avenida Manolete y las calles Isla Gomera e Islas Chafarinas. En la intervención han participado de forma coordinada Policía Local, bomberos, Emergencias 112 Andalucía, el servicio 061, Protección Civil y el equipo de Conservación de Carreteras de la Junta.

Evaluación de resultados

El objetivo final va más allá del rescate inmediato. Según Ochoa, “se pretende evaluar distintos aspectos, como la detección del incidente, la respuesta, el correcto funcionamiento de las instalaciones del túnel, la coordinación entre todos los implicados y la recuperación al estado inicial una vez finalice la emergencia”.

Tras la conclusión del ejercicio, los responsables mantendrán una nueva reunión de análisis. “Una vez que se termine el simulacro, tendremos otra nueva reunión en la cual se analizarán los resultados y, en caso de que haya que tomar algún tipo de medida extraordinaria, se tomarán las medidas oportunas”, haconcluido la jefa de servicio.

Un año de prisión y seis de inhabilitación para ejercer como trabajador público para un inspector de la Junta de Andalucía, que ejercía en Córdoba, después de que el Tribunal Supremo ha confirmado que abusó de su trabajo con una joven, a quien propuso mantener relaciones sexuales a cambio de conceder a la madre de esta una ayuda pública.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, el hombre llevaba poco tiempo en su puesto, que era el de inspector de campo del Servicio de Control e Inspección de Campo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Una de sus funciones era inspeccionar las fincas para las que sus titulares habían pedido unas ayudas económicas. Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado acudió a la finca de la madre de la mujer para realizar una inspección necesaria para la concesión de ayudas agrarias solicitadas por la madre de la víctima.

Durante la jornada, la mujer fue la encargada de acompañar al inspector para facilitarle el trabajo. Esa misma noche, el trabajador, valiéndose de su condición profesional para obtener el contacto de la mujer, inició una conversación de WhatsApp en la que, alejándose de cualquier protocolo profesional, le pidió permiso para tomarse “ciertas confianzas” independientemente de lo laboral. Tras asegurarle que le había caído “superbién”, el acusado no tardó en interesarse por su vida privada, preguntándole directamente si el hombre que aparecía en su foto de perfil era su novio.

La víctima le dijo que sí, pero que, independientemente de eso, se podían tomar “unas cañas”, a lo que el inspector subió el tono preguntando si podía haber “algo más que eso”. La mujer le respondió con una negativa. En un momento de la conversación, el inspector utilizó la situación de necesidad de la familia y le recordó a la víctima que ella “había dicho que sería capaz de cualquier cosa con tal de arreglar” el expediente de las ayudas de su madre. Cuando ella intentó bromear de nuevo con la “barra libre de cañas”, el hombre fue tajante: “Con eso tan solo me quieres convencer... Necesito más”.

La presión continuó cuando el inspector le sugirió, bajo una promesa de absoluta discreción, que “hasta dónde sería capaz de llegar”, recalcando que el asunto quedaría exclusivamente entre los dos. Al recibir de nuevo la negativa de la víctima, quien alegó estar enamorada de su pareja, el acusado llegó a preguntarle si no había tenido “algún desliz” durante su relación y la instó a dejar de escribir para verse en persona.

Finalmente, ante las evasivas de la víctima, el inspector le dijo que “todavía” estaba “a tiempo” de arreglar el expediente y que si le mandaba la ubicación del hotel. La joven le volvió a dar evasivas, respondiéndole el inspector que “se hará lo que se pueda y algo más” y que le perdonara “la tabarra” que le había dado. Según el análisis del móvil, el acusado envió otros dos mensajes que borró rápidamente en los que volvía a insistirle que aún estaba “a tiempo” de acceder a sus pretensiones.

Por estos hechos, en marzo de 2022, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a un año de prisión y a seis de inhabilitación. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena, por lo que el hombre interpuso un recurso ante el Supremo

La Justicia rechaza la defensa de la “broma”

En la respuesta a su escrito, el alto tribunal español ha rechazado los argumentos de la defensa, que pretendía calificar los mensajes como una simple broma o con “propósito jocoso”. En esa línea, la Sala ha subrayado que el delito de abuso de funciones no protege únicamente la libertad sexual, sino fundamentalmente “la integridad y la apariencia de integridad de las funciones públicas”. Según el magistrado ponente, el delito es de “mera actividad”, lo que significa que se consuma con la simple solicitud del favor, sin necesidad de que el acto sexual se consume o de que el acusado cumpla su promesa de “arreglar” el expediente.

Asimismo, el tribunal ha confirmado que el inspector tenía una capacidad real de influencia en el caso, ya que su identificador personal aparecía en los informes de control que verificaban la admisibilidad de las parcelas para recibir las ayudas públicas. Con este fallo, el condenado ha quedado queda apartado de cualquier cargo público durante los próximos seis años, además de afrontar la pena de un año de cárcel y el pago de las costas del proceso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la primera sesión del juicio a cuatro acusados de defraudar a la Seguridad Social mediante el trasvase de trabajadores entre diferentes empresas. El principal acusado, el hostelero A.V.C.A., ha negado que tuviera intención de engañar a la Tesorería y ha asegurado que la quiebra sucesiva de sus empresas se habría producido por los “impagos” que la Administración tenía contraídos con sus mercantiles. La Fiscalía pide para los cuatro procesados 23 años de prisión y multas millonarias dado que la cuantía total del fraude, según el Ministerio Público, es de 606.615,31 euros para las arcas públicas.

Durante este miércoles han declarado todos los acusados, que son, además del hostelero, su hija -A.C.S.-, un amigo -J.U.N.- y otro empresario -C.L.C.-. Mientras la Fiscalía y la Policía Nacional han sostenido que hubo un plan orquestado para eludir el pago a la Seguridad Social mediante el trasvase de trabajadores, los implicados han rechazado estas tesis.

El primero en declarar ha sido a quien el Ministerio Público señala como el responsable de la trama, para el que pide diez años de prisión y una multa de 1.105.4000 euros. Según su declaración, las deudas de las tres empresas que dirigía no fueron fruto de un ánimo defraudatorio, sino de una situación de quiebra técnica derivada de que la Administración pública le adeudaba 2.189.000 euros. “Pasamos de facturar seis millones de euros a tener un pasivo de dos millones por no haber cobrado”, ha manifestado ante el tribunal. Sobre ello, la abogada de la Seguridad Social le ha recordado que en la fase de instrucción declaró que “no pagaba porque la Administración a cambio del dinero que le debía”. El procesado ha negado tajantemente esa declaración porque, de haberla dicho, estaría “mintiendo”. “Yo nunca he podido usar a la Administración como prestamista del negocio produciendo impagos”, ha insistido.

Además, ha asegurado que “nunca se ha intentado escurrir o evitar el pago siempre que se ha podido”, usando para ello tanto los bienes propios de las empresas como su patrimonio personal en régimen de gananciales. Respecto a la interconexión de sus empresas, ha admitido que los empleados pasaban de una sociedad a otra, pero lo ha justificado como una medida de “supervivencia comercial” para salvar lo que quedaba del negocio cuando las sociedades principales caían.

Por su parte, la hija del empresario, que se enfrenta a tres años de prisión y a una multa de 5.400 euros, se ha desvinculado de la gestión administrativa de las empresas, aunque ha reconocido que una de ellas la creó junto a su hermana “para gestionar herencias de mi abuelo y de mi familia”. Sin embargo, los informes de la Policía Nacional aportados en el juicio contradicen esta versión, ya que de los 24 trabajadores que tenía esta empresa, 22 procederían directamente de las mercantiles deudoras de su padre, suponiendo así un trasvase de más del 90% del personal.

El acusado J.U.N., es un amigo del empresario y se enfrenta a siete años de prisión y el pago de una multa de 1. 105.400 euros. Este hombre, sin tener experiencia en la gestión hostelera, se hizo con una de las empresas implicadas. La mercantil la habría puesto en marcha un sobrino del hostelero que se la acabó vendiendo tras un ofrecimiento del empresario. Justo el día en que el sobrino vendió su participación y J.U.N. se hizo cargo de la sociedad, este firmó un poder a favor de A.V.C.A. para que este último siguiera controlando y manejando la empresa como apoderado.

En su declaración, este hombre ha asegurado que no sabía que estaba en la trama “como testaferro”, aunque lo ha sabido “luego”. Además, ha afirmado que no sabía “nada” de las deudas con la Seguridad Social ni gestionaba la contratación de trabajadores.

Por último, el también empresario C.L.C. ha defendido la independencia de su sociedad, negando ser una empresa continuadora del fraude. No obstante, este acusado -que se enfrenta a la misma pena que la hija del empresario- ha tenido que justificar por qué su mercantil utilizaba el mismo número de teléfono que una de las deudoras, calificándolo como un “descuido” de su etapa anterior como asesor comercial de A.V.C.A. Aunque 32 de sus 45 trabajadores venían del entorno del principal acusado, ha sostenido que los contrató legalmente cuando ya estaban en el paro.

Este miércoles también ha declarado una de las trabajadoras que estuvo bajo las órdenes de A.V.C.A., revelando que solía recibir su sueldo en mano y que cuando la llamaba para trabajar, no sabía qué empresa la contrataba. Tras la quiebra de estas sociedades, pasó a trabajar en la del acusado C.L.C., donde sí firmaba contratos y cobraba por transferencia.

La Policía sostiene que “había una dirección unitaria y un ánimo defraudatorio evidente”

Frente a estas declaraciones, uno de los policías que lideraron la investigación tras la denuncia de la Tesorería ha ratificado que los acusados habrían diseñado un plan para eludir el pago a la Seguridad Social y que la dirección “unitaria” estaba en manos del principal acusado.

Para sustentar esta tesis, la Policía detectó varios indicadores de criminalidad. En primer lugar, “fue imposible localizar bienes embargables a nombre de las sociedades”. En segundo lugar, los acusados “ignoraron sistemáticamente los requerimientos de documentación y las citaciones de la Tesorería, llegando incluso a no facilitar una dirección exacta de su actividad”. Y, en tercer lugar, se detectaron trabajadores “prestando servicios sin haber sido dados de alta previamente en la Seguridad Social”, según constataron las inspecciones de trabajo.

Sobre la entidad matriz de la supuesta trama, el agente ha declarado que “en ningún momento se pidieron aplazamientos” de pago “ni el concurso de acreedores”. Así, en lugar de utilizar estos cauces legales para gestionar la insolvencia de esta empresa, se habría creado el resto de mercantilas con las que se fue haciendo el trasvase de trabajadores para continuar con la misma actividad, pero sin deudas.

El juicio continuará este jueves con las conclusiones definitivas de las partes y sus correspondientes informes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la convocatoria para proveer 18 plazas de Informador/a Gestor/a al Ayuntamiento de Córdoba mediante un proceso de oposición de turno libre.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, concretamente a la subescala Técnica y clase Auxiliar. El sistema elegido para la selección de los candidatos será el de concurso-oposición, lo que implica que se valorarán tanto los resultados de las pruebas de examen como los méritos de los aspirantes.

El proceso administrativo de esta convocatoria se remonta a julio de 2025, cuando se publicaron las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba, sufriendo una rectificación posterior en agosto de ese mismo año. También se ha publicado un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los interesados en participar en este proceso selectivo dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes a partir de este jueves.

El Movimiento Sumar Córdoba ha mostrado su “más absoluta indignación y condena” ante las imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa a tres jóvenes subidos a las columnas exteriores de la Mezquita-Catedral de Córdoba, “aparentemente orinando sobre una de las históricas puertas del monumento”. Los hechos habrían ocurrido durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud y “han generado una profunda alarma social y un amplio rechazo entre la ciudadanía cordobesa”. 

En un comunicado, Lola Alcaide, co-coordinadora de Movimiento Sumar Córdoba y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha manifestado que los hechos no constituyen “una simple gamberrada ni ante una anécdota propia de una noche de excesos”. “Estamos ante un acto de desprecio hacia uno de los monumentos más importantes del mundo, un bien que forma parte del patrimonio colectivo de toda la humanidad y de la identidad de Córdoba”, ha abundado. 

Explica que la Mezquita-Catedral constituye uno de los principales reconocimientos patrimoniales de la UNESCO y es símbolo universal de la convivencia de culturas que ha caracterizado históricamente a nuestra ciudad, y que Córdoba tiene además el honor de ser la única capital del mundo que cuenta con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un privilegio que conlleva también una enorme responsabilidad en la conservación y protección de ese legado. 

Por ello, desde Sumar Córdoba exigen que los hechos sean investigados con rigor y que se determine si pueden constituir un delito contra el patrimonio histórico. Asimismo, consideran imprescindible esclarecer todas las circunstancias que rodean el incidente y depurar las responsabilidades que correspondan. 

“Las imágenes muestran además gestos cuya interpretación ha generado preocupación social. Sin embargo, creemos que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar su significado y valorar si pudieran existir elementos que justificasen investigar otras posibles tipificaciones penales. Lo que sí resulta indiscutible es la gravedad del comportamiento exhibido y el daño causado a la imagen y dignidad de un monumento de valor universal”, lamenta Alcaide.

Asimismo, afirma que no se puede normalizar que nuestro patrimonio sea utilizado como escenario para actos de humillación, vandalismo o exhibicionismo“ e insiste en que ”Córdoba vive en gran medida de la riqueza histórica, cultural y artística que heredamos de generaciones anteriores y en que defender ese legado es una obligación cívica e institucional“ 

Movimiento Sumar Córdoba espera que las administraciones competentes, las fuerzas de seguridad y los organismos responsables de la protección del patrimonio actúen con la máxima diligencia para esclarecer los hechos y evitar que queden reducidos a una mera polémica pasajera en redes sociales. 

“La defensa del patrimonio histórico no admite indiferencia. Quien ataca o degrada un monumento de este valor no ofende únicamente a Córdoba: ofende a toda la ciudadanía y al legado cultural que pertenece a las generaciones presentes y futuras”, afirma la nota. 

Las autoridades no han iniciado investigación

Este periódico ya preguntó el pasado domingo por la imagen, después de que comenzara a circular por diversas redes sociales. En aquel momento, la Policía Local indicó que no conocía la imagen y que ninguna institución (ni el Cabildo, ni la Junta ni ningún particular) había denunciado los hechos. Desde la Junta de Andalucía también aclararon que “no actúa de oficio a no ser que haya daños en el patrimonio”.

Por su parte, en el Cabildo sí que conocía la imagen, si bien sus cámaras no enfocan a la calle y no podían determinar su veracidad. La institución eclesiástica afirmó que, por encima del presunto daño patrimonial que se pudiera haber causado al monumento, también está el riesgo que habrían sufrido los supuestos autores al subirse a las columnas.