La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) fue condenada el pasado mes de marzo por no contratar a un empleado en una plaza de oficial de oficios al considerar probado que se trató de una represalia directa por haber demandado previamente a la entidad. Así lo ha fallado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la que se informó muy brevemente en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del pasado mes de mayo, no abordando la sentencia en su integridad, que recoge que el director de Recursos Humanos le lelgó a decir al empleado que, con la demana, se le había “cerrado las puertas para el fijo”.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el empleado mantenía una relación laboral con Emacsa desde junio de 2017 a través de una concatenación de siete contratos temporales. En septiembre de 2023, su contrato fue extinguido, una decisión que el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba declaró como despido improcedente al determinar que los contratos vinculados a la atendían, en realidad, a necesidades permanentes de la empresa. Paralelamente a esta situación, este trabajador había participado en octubre de 2022 en un concurso-oposición interno para cubrir una plaza de oficial de oficios en la subárea de depuración. Tras superar las pruebas, el trabajador obtuvo la tercera posición en la lista definitiva de aprobados, la cual, según el convenio colectivo y las bases del concurso, tenía una vigencia de dos años para cubrir futuras vacantes.

El punto de inflexión del caso se produjo en abril de 2024, un mes antes de que la empresa debiera llamarlo para ocupar una vacante. En aquel mes, el trabajador mantuvo una conversación con el responsable de Recursos Humanos de Emacsa en la que este le recriminó haber demandado a la empresa por su despido previo. En la grabación de dicho encuentro, el directivo se mostró “sorprendido y decepcionado” por la reclamación judicial, calificándola de “desleal”. De forma explícita, el responsable de RRHH le advirtió que con esa conducta “se le cerraban las puertas para fijo” y que, al formar él mismo parte de los tribunales evaluadores, le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros concursos. El juzgado de instancia consideró que estas palabras eran un “desahogo”, pero para el TSJA, constituyeron una “amenaza”.

Poco después, en mayo de 2024, surgió una vacante de oficial de oficios. Según la sentencia, Emacsa, ignorando el orden de la lista donde el empleado era el siguiente candidato, decidió “saltarlo” y adjudicar la plaza al aspirante que ocupaba la quinta posición. En la respuesta a su demanda, Emacsa intentó justificar su actuación alegando que el trabajador no tenía un contrato vigente en el momento de la vacante y que, por tanto, no cumplía el requisito de ser “personal de la empresa”. Sin embargo, el TSJA rechazó esta tesis de forma tajante, calificándola de “interpretación restrictiva” y contraria a la finalidad del proceso selectivo.

De este modo, el tribunal dictaminó que el requisito de pertenecer a la plantilla debe cumplirse en el momento de concurrir al proceso, pero no es necesario mantener el contrato durante los dos años de vigencia de la lista de aprobados para ejercer el derecho a la plaza. Para los magistrados, el salto en la bolsa careció de justificación técnica y fue un “comportamiento antijurídico” conectado temporalmente con las amenazas del directivo.

La revocación

La sentencia del TSJA revocó el fallo inicial de instancia y condenó a Emacsa a otorgar al empleado la plaza de oficial y a abonarle los sueldos que dejó de percibir desde mayo de 2024, cuando su plaza fue ocupada indebidamente por otra persona. Además, a la empresa pública se le impuso una condena adicional de 7.501 euros por la vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador, que el TSJA calificó como una infracción muy grave.

Tras conocer la sentencia en su integridad, este periódico formulo una gran batería de preguntas al gabinete de comunicación de Emacsa que apenas han sido respondidas. Así, la empresa pública ha asegurado que se acató la sentencia, que el trabajador fue readmitido en su puesto y que al director de Recursos Humanos se le abrió un expediente disciplinario. Aunque en un primer momento Emacsa aseguró que el “responsable de Personal volvió a su puesto tras cumplir el expediente disciplinario”, en posteriores conversaciones con este medio, el gabinete de comunicación no ha querido volver a confirmar esto. Además, tampoco ha querido informar en qué ha consistido dicho expediente y durante cuánto tiempo se ha aplicado, tratándose además de una empresa pública.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, confirmando así la condena previa que obliga a la administración local a abonar una importante suma económica a un antiguo trabajador. El fallo ratifica que la institución pública, al actuar como empleadora, está plenamente sometida al derecho laboral y a sus consecuencias por demora en los pagos.

El ingeniero técnico en informática trabajó para el Consistorio entre octubre de 2019 y abril de 2020 mediante un contrato de duración determinada por obra y servicio, con el objetivo de crear y actualizar bases de datos para el Consorcio Orquesta de Córdoba. Dicha contratación se enmarcó en el programa Iniciativas de Cooperación Local, una colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el fomento del empleo. Sin embargo, tras la finalización de la relación laboral, el empleado reclamó diferencias salariales no percibidas conforme al convenio colectivo de aplicación, así como la indemnización correspondiente por la extinción de su contrato temporal.

A pesar de contar con la categoría profesional de ingeniero técnico en informática, el demandante percibía un salario mensual prorrateado de 1.162,50 euros. El empleado reclamó judicialmente las diferencias respecto a lo que legalmente le correspondía percibir según el convenio colectivo extraestatutario aplicable al personal del propio Ayuntamiento, cuantificadas en 14.631,38 euros, a los que sumó 483,49 euros en concepto de indemnización por finalización de contrato. La sentencia original del juzgado de lo Social, ahora confirmada, condena al Ayuntamiento de Córdoba al pago íntegro de dichas cantidades, que son tan elevadas debido al interés del 10% de demora que también ha ratificado el alto tribunal andaluz.

Además del pago de las cantidades adeudadas y los intereses acumulados, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado al abono de las costas del recurso, fijadas en 800 euros (más IVA) en concepto de honorarios para el letrado del demandante.

Ángel Parejo (Lucena, 1970) lleva tatuado en su brazo derecho el continente africano. Dentro, la imagen de Mudhat, de los primeros menores que acogió por primera vez -allá por 2012- para intentar que sobreviviera. Ella y su mamá llegaron de Kenia a Córdoba dentro del programa Sana Sana, de la ONG Infancia Solidaria. Desde entonces, este lucentino es el coordinador de la delegación que la asociación tiene en Andalucía. Aunque su trayectoria profesional estaba ligada al sector del mueble, una crisis económica personal en 2009 lo llevó a replantearse sus prioridades y a dedicar su vida a lo que él define como “salvar vidas” de niños que, en sus países de origen, no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir.

A lo largo de estos años, Parejo ha pasado de ser familia de acogida en siete ocasiones a liderar una red de ayuda que ha conseguido firmar convenios con hospitales públicos de referencia en Andalucía, convirtiendo a esta comunidad en la única de España con este tipo de acuerdos para cirugía pediátrica. Su trabajo no se limita a la logística de visados y vuelos; es un compromiso emocional profundo que le ha llevado a enfrentar la crudeza de la enfermedad, el duelo por la pérdida de algunos menores y la incomprensión de ciertos sectores de la sociedad.

Según datos de la organización, desde 2006 y hasta el inicio de este año, Infancia Solidaria ha operado a 700 menores, de los que 166 han sido en Andalucía. De estos casi dos centenares, 60 han llegado a Córdoba, la provincia que ha acogido a más menores. A la espera de cerrar el año, en este 2026 se han operado 23 niños, por lo que la cifra ya alcanza los 723. Con una visión crítica sobre la falta de apoyo institucional y la desinformación que alimenta la polarización social, Parejo defiende en la siguiente entrevista una “geografía del corazón” donde no importan las fronteras ni el origen y desvela los retos, las alegrías y las duras lecciones de humanidad que aprende cuando los menores ingresan.

PREGUNTA (P): En el vídeo mencionabas que “hay gente que no entiende o que no comparte lo que hacemos”. ¿A qué te referías exactamente?

RESPUESTA (R): Es algo que me ha pasado en mi pueblo. Me paró una mujer en la Plaza Nueva. Iba con mi mujer y con unos amigos. Me dice: “Oye, ¿tú eres el chaval que trae a los niños para operarlos y demás?”. Yo le dije que sí, pensando que me iba a decir: “¡Pues mira, qué cosa más bonita!”. Pero va y me dice: “Pues a ver cómo me apañas a mí una cita, porque me tengo que operar la rodilla, y tú no haces nada más que traer un niño, otro y otro de fuera, y yo aquí esperando una operación de rodilla”. Con mucha cortesía le respondí: “Señora, primero que este no es el sitio ni el lugar, ni yo tengo por qué darle explicaciones. Pero es que los médicos cirujanos cardiovasculares que operan a nuestros niños no operan rodillas”. Y es verdad que hay una lista de espera tremenda en cardiología de adultos, por ejemplo, pero en cirugía cardiovascular pediátrica no tienen corazones que operar. ¿Por qué? Porque hoy en día en España, cuando las mujeres están embarazadas, les diagnostican el caso a los bebés e, incluso, los operan dentro del útero. Además, y este dato no es mío, sino de los propios médicos: el 60% de las familias a las que les comunican que su hijo viene con una malformación en el corazón decide abortar, lo cual es algo lícito y cada uno hace lo que quiere. Los pocos que nacen aquí, recién nacidos, les hacen la transposición de vasos o les tapan el agujerito de la comunicación interventricular y salen adelante. En cambio, nosotros traemos casos de niños con 2, 3, 5 o hasta 9 años, donde el corazón ya se ha acostumbrado a trabajar de una manera deficiente y a lo mejor no traen ni arterias pulmonares. Para nuestros cirujanos cardiovasculares, operar estos casos es un reto. Ellos graban todas las intervenciones quirúrgicas y luego, en sus ponencias y reuniones médicas, exponen: “Mirad, hemos sacado adelante este ventrículo único en un niño de 7 años con esta técnica”. A la larga, todo ese aprendizaje es beneficioso para tus nietos, para los míos y para las siguientes generaciones. Eso es lo que la gente no entiende, y yo tampoco tengo por qué ir dándole explicaciones a todo el mundo por la calle.

En Infancia Solidaria somos todos voluntarios

P: ¿Cuántos niños hay ahora mismo en lista de espera?

R: Ahora mismo, 57 niños.

P: ¿Y todos por cardiopatías congénitas?

R: Sí, todos cardiópatas. El país del que nos llegan más solicitudes con diferencia es Venezuela. El sistema sanitario allí está totalmente desmantelado desde hace mucho tiempo. Como ya hemos traído a muchos niños de allí que han vuelto sanos, las propias madres hacen campaña en su país y nos ayudan a coordinar los casos nuevos: les ayudan con el papeleo, las autorizaciones de viaje y las citas en la embajada para los visados. Hemos creado una red de ayuda preciosa gracias a ellas.

P: ¿Consideras que la polarización social que impera desde hace años también la habéis notado en ese rechazo hacia vuestra labor?

R: Sí, por supuesto.

P: ¿Y cómo se ha materializado?

R: Se materializa sobre todo cuando hacemos alguna publicación en redes sociales. Nunca falta el comentario racista, de mal corazón y de mal gusto, quejándose de que estamos utilizando recursos públicos. Yo entiendo que en la mayoría de los casos es por pura desinformación. Pero claro, la desinformación es lo que hace que ese discurso prevalezca y siga adelante. Si la gente se informara de muchísimas cosas, la cosa cambiaría.

P: Sí, pero a día de hoy, quien quiere ser ignorante o estar desinformado es porque quiere, porque hay herramientas de sobra.

R: No, es que a muchos les va muy bien escuchar ese discurso que dice: “Claro, es que los extranjeros vienen a quitarte el trabajo y a quitarte lo tuyo”. Mira, yo tuve que hacer un llamamiento para buscar a alguien que cuidara de mi padre. De 200 mensajes y llamadas que tuve, solo tres eran de españoles. Los demás eran todos de fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se necesitan sí o sí, en ese ámbito y en el que me digas: en el campo, en un sector o en el otro. En todo. Es verdad que los recursos no son ilimitados y habrá que buscar un equilibrio. Ayer mismo escuchaba un programa en la radio y llevaban mucha razón en lo que decían: ya no es solo la gente pobre que viene a buscarse la vida. ¿Cuántos ingleses y cuánta gente de fuera viene aquí de vacaciones y se pega dos, tres o cuatro meses? Si se ponen malos, hay que atenderlos en urgencias, lógicamente. Siempre alardeamos de que cuanto mayor sea el número de turistas que vienen de vacaciones, mejor, pero también habrá que dotar de recursos a la sanidad para atender eso, ¿no? Porque no todo el mundo se pone malo, ¿pero, y si pasa? Esas cosas hay que mirarlas. Pero claro, tú le explicas esto al ignorante del que hablábamos y no lo entiende; así es como lo dominan y como suben tanto esos partidos políticos que ven sangre en el confrontamiento. Ahí es a donde van.

P: Actualmente, ¿cómo se articula la ayuda que se gestiona desde Infancia Solidaria en Andalucía?

R: Yo empecé siendo familia de acogida en mi casa, lo fuimos siete veces. Pepo Díaz, el presidente fundador que está en Madrid, vio cómo me movía y me propuso coordinar Andalucía. Cuando yo empecé, solo se operaba en Sevilla, Málaga y Córdoba. Ahora lo hacemos en Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz, que las hemos abierto nosotros. De hecho, la única comunidad autónoma en España que tiene convenios con hospitales públicos para esto es Andalucía, con estos cinco hospitales de referencia. Aparte de la cardiología, que es un tema de vida o muerte, hemos abierto convenios con la clínica La Arruzafa para temas de oftalmología y con San Juan de Dios para traumatología y quemados. Hay un alto índice de niños quemados en sus países porque calientan el agua y la comida con fuego en el suelo, y los niños chicos se arriman y ocurren desgracias. Estamos intentando llegar a más especialidades. ¿Y cómo se gestiona todo esto? Al principio lo hacíamos más con el corazón, pero he tenido que aprender a base de golpes. Yo no tenía ni idea de cómo expresarme en público, cómo hablar con un embajador, cómo gestionar un visado, un pasaporte o un convenio con un hospital. Lo he aprendido todo sobre la marcha. Los casos nos llegan por dos vías: en África, el 95% viene a través de ONG españolas o amigas que trabajan allí sobre el terreno. En Sudamérica (Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua...), son los mismos hospitales de allí los que, al ver que no pueden solucionar el problema del niño, le dicen a la madre: “Mira, llama a esta organización”, porque ya conocen a mamás que han venido con nosotros y han vuelto sanas.

P: ¿Y estas operaciones se llevan a cabo por un convenio marco general o cada hospital tiene el suyo propio?

R: Nosotros trabajamos con la Junta de Andalucía, bajo la autorización de la Consejería de Salud y el Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria.

P: ¿Temes que el acuerdo de Gobierno de PP y Vox eche por tierra dicha autorización?

R: ¿Qué te digo? El tema de la cooperación está difícil. Por ejemplo, aquí en Lucena gobierna el PP con el apoyo de una representante de Vox, y nos han tumbado absolutamente todo lo que hemos presentado. Todo. Yo había convencido al Ayuntamiento de Lucena de que, aunque tuvieran convenios con cofradías y otras asociaciones -lo cual respeto perfectamente-, una ciudad como esta debía tener un proyecto de cooperación internacional propio de una ONG lucentina, porque nosotros estamos registrados aquí y la delegación de Andalucía se gestiona y se financia desde Lucena. Teníamos un convenio firmado para cuatro años (un año prorrogable a tres más) por valor de 25.000 euros anuales. Lo firmamos cuando estaba el PSOE y el PP en su momento votó a favor. Pero en cuanto entraron a gobernar con Vox, al segundo año nos lo quitaron. Y me gustaría que se supiera que, aparte de nuestro proyecto Sana Sana (que consiste en traer a los niños a operar), ya tenemos tres proyectos propios de cooperación internacional que financiamos desde aquí: una guardería para 35 niños en Lamu (Kenia); un centro para niños con discapacidad y exclusión social en Guinea Bissau, donde trabajamos junto a la ONG AIDA; y una escuela que hemos construido en Mandamaweni, una isla muy remota de Kenia donde no hay agua potable ni luz ni nada, para que los niños tengan una iniciación a la educación.

En Lucena no tenemos el respaldo municipal que tiene cualquier cofradía

P: ¿Has hablado con el alcalde?

R: Con él y con todo el mundo. Lo que han hecho ha sido sumar nuestros 25.000 euros a otros 25.000 que tenían de cooperación y meterlo todo en una convocatoria de subvenciones abierta. Pero claro, ahí entramos a competir con Manos Unidas, con UNICEF... y esa gente son monstruos, son máquinas. En Infancia Solidaria tenemos la característica de que somos todos 100% voluntarios, nadie cobra un duro. Si necesito un abogado, tengo que pedir un favor; si hay que presentar un proyecto técnico para una subvención, hay que estar muy preparado y nosotros no tenemos esa estructura. Como esa gente tiene personal contratado para presentar los papeles perfectos en cuanto sale la convocatoria, nosotros nos hemos quedado fuera y hemos perdido los 25.000 euros. Así que nos ha tocado volver a lo de antes: a montar barras solidarias, a organizar eventos, a tirar de artistas para hacer obras de teatro o conciertos para intentar buscar la financiación por nuestra cuenta. No tenemos el respaldo que aquí tiene cualquier cofradía. Y volvemos a lo de antes: entiendo que no compartas lo que hacemos, pero pido el mismo respeto. Las cofradías están registradas como asociaciones sin ánimo de lucro y les dan dinero para hacer una vitrina donde poner un enser, que me parece muy bien por el patrimonio, pero es que lo que nosotros hacemos es salvar vidas de niños que se mueren irremediablemente. Poco a poco, cuando traemos a un niño y algunos políticos vienen a visitarlo y ven lo que hacemos de verdad, cambian de actitud. Pero llegar hasta ahí me ha costado la vida.

P: ¿Qué apoyo sentís por parte del tejido empresarial de la zona?

R: Del tejido empresarial sí que tenemos apoyo, lo que pasa es que hasta ahora he tirado mucho de conocidos y amigos personales. Hay muchas empresas que ayudan por detrás, sin hacer ruido. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo ya ha traído a tres niños. Tengo amigos muy cercanos que son dueños de empresas grandes como Infrico a los que todavía no he ido a pedirles ayuda directamente, pero sé que si tengo una emergencia y los llamo, me han dicho: “Tú ven, que te ayudamos sin problema”. Lo que estoy intentando ahora es no pedirles ayudas puntuales, sino firmar un compromiso anual con ellos. Porque hay mucha gente que dice: “No, es que yo mando 50 euros al año a no sé qué ONG” y con eso ya se sienten las mejores personas del mundo. Yo lo que busco, por ejemplo a través de la Asociación del Frío, donde yo trabajo, es arrancarles el compromiso de que nos traigan dos niños al año de manera fija. Estamos hablando de empresas que facturan 100 millones de euros al año, para ellos es viable.

P: ¿Qué coste económico supone traer a un niño con su familiar para ser intervenido?

R: El coste ronda los 3.000 o 3.500 euros por niño. Eso cubre los trámites de documentación en su país, visados y, sobre todo, los vuelos de ida y vuelta. Tenemos que traerlos con billetes cerrados a 90 días. Si la operación va bien, se vuelven en su fecha, pero si se complica y hay que cambiar los vuelos, las aerolíneas nos meten unos clavazos tremendos. Y luego está el tema de las familias de acogida. Ahora mismo nos hemos tenido que poner de acogida mi mujer y yo en Córdoba para un caso. Es algo a lo que tenemos que darle una vuelta para ver cómo llegar mejor a la gente, porque en Andalucía tenemos un hándicap: en Córdoba, cuando no son los Patios, es la Feria o el verano y no todo el mundo se compromete. Además, este es un acogimiento muy especial. No es como los niños saharauis, que es para el verano. Esto está sujeto a una situación sanitaria muy grave. Saliendo bien la operación, te llevas un paquete tremendo de sufrimiento y cuidados en el hospital; y si sale mal, ni te cuento. Por eso el voluntariado aquí es tan delicado. En cuanto pasamos un momento malo, como cuando fallece un niño, la gente huye despavorida porque se pasa muy mal y se preguntan: “Yo para qué me meto en esto”. Yo mismo he pensado muchas veces en dejarlo. Hemos tenido que buscar ayuda psicológica profesional para sobrellevar esto. A mí se me murió un bebé en casa, Elías. Antes de viajar, los padres nos tienen que firmar un documento donde aceptan que, si el niño fallece, o se entierra aquí o se incinera para que se lleven las cenizas. Una repatriación de un cuerpo cuesta entre 15.000 y 20.000 euros, y la asociación no tiene ese dinero, ni los seguros de viaje lo cubren porque los niños ya viajan enfermos de origen. Sé que firmar ese papel es durísimo para un padre, pero si yo estuviera en su situación y fuera la única oportunidad de salvar a mi hijo, también lo firmaría. Cuando Elías falleció, su madre habló con su marido en su país. Por sus creencias ellos no contemplaban la incineración, pero nos dijeron: “Queremos que se entierre ahí y que esté con vosotros, porque vosotros habéis sido las personas que le habéis dado la última oportunidad”. Y lo tenemos en el cementerio de aquí. Le pusimos su lápida y mi mujer y yo vamos a verle, le llevamos flores como si fuera nuestro propio hijo, les mandamos fotos a sus papás en su país y mi hija también va a verle cuando viene a casa. Para eso hay que estar muy preparado mentalmente, no es un acogimiento de vacaciones. Saliendo bien, se pasa una situación muy difícil, pero si sale mal, te rompe por completo.

P: Me hablabas de problemas con las familias de acogida. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A la falta de difusión o a que hay pocas familias dispuestas?

R: La verdad es que no lo sé muy bien. El problema principal es que no encontramos familias. Mucha gente se mueve por el corazón cuando escucha un llamamiento en la radio o lo ve en el periódico y nos llama. Pero cuando nos sentamos y les explico la realidad con total crudeza -porque yo lo explico todo de antemano para que nadie me diga luego que no sabía dónde se metía-, se echan para atrás. Ahora mismo en Córdoba tengo a Lourdes, una mujer jubilada que es un encanto. Está en la plataforma de voluntariado y enseña idiomas en Córdoba Acoge; tiene una implicación tremenda. A ella la he formado un poco y tenerla allí es una tranquilidad tremenda para mí. Antes, si surgía algo, tenía que desplazarme yo a Córdoba, Granada, Sevilla o Málaga. Imagínate el gasto de tiempo y de gasolina que salía de mi bolsillo, así que mi mujer me aconsejó darle una estructura a todo. Yo empecé con esto en 2012 y desde entonces vivo por y para la asociación. No hay un solo día en el que no tengamos que ir a ver a una familia o que, si vamos a Málaga a comer, aprovechemos para hacer una visita de gestión. No supe separar mi vida personal de la asociación, me afectó muchísimo y tuve que pedir ayuda psicológica. Ahora ya he aprendido que hago lo que puedo y lo que no, no. Antes nunca ponía el teléfono en silencio por las noches. Mi mujer se enfadaba, pero yo le decía: “Ponte en la situación de una madre que está en Santo Domingo, Honduras o Venezuela. Por la diferencia horaria, me escribe a las 3:00 o las 4:00a porque su hijo se está muriendo y está desesperada pidiendo ayuda. Si yo lo veo, le contesto. Aunque sea para decirle: ”No se preocupe, que mañana a primera hora de España me pongo con ello“. Esa respuesta ya es un alivio para esa madre. Pero he tenido que dejar de hacerlo. Me acostaba dándole vueltas a qué hospital podía llevar al niño, no dormía, perdí muchísimo peso, me dio ansiedad... Fue muy duro.

He tenido que aprender que nuestro papel llega hasta donde llega. Una vez que el niño aterriza y entra en el hospital, ya no depende de nosotros. De mí depende buscar el dinero de los vuelos, la familia de acogida, el hospital, coordinar el voluntariado y dar apoyo moral y económico a la madre. Pero la parte médica depende exclusivamente de los magníficos profesionales sanitarios que tenemos en este país, que muchas veces no valoramos lo que tenemos.

En la sala de espera de la UCI infantil se viven historias increíbles. Hay familias que llevan allí ocho meses o un año. Ahora mismo hay una niña esperando un corazón. Y hay otra chica de México, que se cayó de un caballo en Cádiz hace nueve meses, a la que le han trasplantado dos riñones y los ha rechazado. Su padre está allí metido día tras día. Lo que se vive en esa sala de espera es tan humano que yo siempre digo que, si eso se extrapolara fuera, el mundo sería maravilloso. Ahí dentro da igual el dinero que tengas, tu religión o tu color de piel; todo el mundo se muestra en su esencia más pura. A las 13:30 salen a dar el parte médico de los niños de la UCI. Si un día sales tú destrozado porque el caso de tu hijo se ha complicado, te sientas a llorar y el de al lado, aunque no te conozca de nada, se pone a llorar contigo porque sabe que mañana le puede tocar a él. Las alegrías y las tristezas son compartidas, y eso ayuda muchísimo.

P: Con respecto a las familias de acogida, me comentabas que les explicáis tanto lo bueno como lo malo en una reunión previa, y que algunas familias acaban rechazando el compromiso tras esa charla.

R: Sí, ocurre a menudo. No te lo dicen en la misma reunión; allí se muestran entusiasmados y te dicen que no hay problema, que les preparemos la visita a su casa. Pero al acabar la reunión te dicen: “Bueno, tengo que hablarlo con mi marido, con mi hijo...” Cuando escucho esa frase, la experiencia ya me dice que esa familia se va a caer de la acogida.

No encontramos familias de acogida para Infancia Solidaria

P: ¿Qué perfil buscáis en esas familias?

R: Ninguno en concreto. El mero hecho de que alguien nos llame tras escuchar un llamamiento en la radio ya dice mucho de su buen corazón y sus intenciones. Pero luego chocamos con la realidad. Además, hay mucha diferencia según el origen del niño. Una acogida de una familia sudamericana no tiene nada que ver con la de una familia africana. Con las sudamericanas compartimos idioma y las costumbres son parecidas. Con la comida no hay problema y poco a poco se van adaptando a lo que tú comes. A una madre sudamericana puedes dejarla en el hospital con más tranquilidad porque entiende perfectamente lo que le explica el médico, y nosotros o el equipo de voluntariado podemos estar pendientes de ella por teléfono. Por ejemplo, la madre que tenemos ahora de Honduras está alojada en un piso de Fepamic porque ella sola puede manejarse, cocinarse y hacer su vida. Sin embargo, acoger a una mamá africana es mucho más complejo. A una mamá que viene de una aldea de Mali no la puedo dejar sola en un piso de acogida porque no sabe lo que es una vitrocerámica, un horno o un microondas. No hay manera de que se maneje sola, por lo que esa acogida requiere un acompañamiento constante y es mucho más difícil.

P: ¿Y qué hacéis con las barreras idiomáticas?

R: Duolingo, señas y el idioma del corazón, que con ese todo el mundo se entiende si hay buena voluntad por ambas partes. Aun así, la experiencia nos ha hecho profesionalizarnos: ahora les enviamos unas normas de convivencia traducidas a su idioma antes de que viajen. Tienen que entender que vienen a una casa ajena que tiene sus rutinas, que hay que colaborar en las tareas del hogar y que lo prioritario es el cuidado de su hijo, pero que deben respetar los horarios de la familia que las acoge porque al día siguiente hay que madrugar para trabajar. Además, les hacemos rellenar una ficha social muy detallada donde nos explican qué come el niño, cuántos hermanos tiene, si los padres trabajan, cuánto cobran... Hacemos esto porque nuestros recursos deben ir destinados a la gente que de verdad lo necesita; el que tiene dinero se va a operar a su hijo a Estados Unidos sin problemas. También les preguntamos si tienen familiares en España, porque nos ha pasado de todo: niños que se han operado, han salido adelante y, de repente, ha aparecido un hermano que vivía en Barcelona o el marido que estaba residiendo en Asturias y se los han llevado sin decir nada. A raíz de un caso muy particular, tuvimos que poner normas muy estrictas en el hospital: a nuestros niños solo los pueden visitar los voluntarios acreditados de Infancia Solidaria con su carné.

P: Tú empezaste en esto en 2012 con Infancia Solidaria. ¿Qué fue lo que te llevó a dar el paso?

R: Yo tenía una empresa de muebles en Lucena que marchaba muy bien, llegamos a tener a 60 empleados. Pero en 2008 llegó la crisis, el sector se hundió y en 2009 tuve que cerrar la empresa con una deuda tremenda. Tuve que malvender mi casa para pagar lo que debía e irme de alquiler a un piso pequeño. Me quedé a cero: mi mujer en el paro, mis hijos muy pequeños y yo encontré trabajo en el sector del frío industrial. Un día, escuchando Canal Sur televisión por la tarde, salió Pepo Díaz haciendo un llamamiento desesperado: buscaban una familia de acogida en Córdoba para operar de urgencia del corazón en el Reina Sofía a una niña que venía de Kenia. Algo dentro de mí se removió y llamé, pero no me cogieron el teléfono. Llegué a casa y se lo planteé a mi mujer, y ella me miró como si estuviera loco: “¿Pero qué dices? Con la ruina que tenemos encima, sin casa y con los niños pequeños, ¿ahora quieres meter a alguien más?” Yo le dije que no se preocupara, que, total, no me habían cogido el teléfono.

Pero a los diez días volvieron a hacer el mismo llamamiento en la tele. Volví a llamar y esta vez me lo cogió Esther Menacho, que me pasó con Pepo. Me explicaron el caso y les dije que sí. En Córdoba no había ninguna infraestructura de la asociación por aquel entonces. Yo no tenía ni idea de cooperación internacional; había colaborado con Cáritas y con el comedor social de mi pueblo, pero nada más. Además, yo venía de una época muy convulsa: había estado viviendo un año y medio en Brasil por negocios y andaba muy estresado. Si me preguntas qué sentí para llamar en ese momento tan difícil de mi vida, no sabría decirte, pero mi padre siempre me inculcó una regla de oro: “Tú ponte siempre en el lugar del otro y verás cómo las cosas cambian”. Supongo que me apliqué eso.

Fuimos a recibir a la madre y a la niña a la estación de Córdoba. No se me olvidará en la vida. Era una madre masái, nómada, que no había tenido ningún contacto previo con la civilización occidental. El jefe de su tribu la obligó a viajar porque la niña tenía una cardiopatía gravísima. Meter a esa mujer en nuestro piso de 90 metros cuadrados fue un choque cultural brutal: se asustaba con la lavadora, con los electrodomésticos, con todo. Solo hablaban suajili y a mí me dieron un diccionario básico para intentar entenderme con ellas. Imagínate el panorama. Hoy en día viajo allí cada dos años y sigo sin hablar suajili más allá de cuatro palabras sueltas. Mi suegro, Pepe, fue secretario general de la UGT en Córdoba. Es invidente, está jubilado, es superinteligente y vive en Cabra, donde tiene un campo con cochinos, gallinas, cabras y un huerto. Es el hombre más feliz del mundo allí metido. Decidimos llevarnos a la madre allí a pasar el fin de semana. En cuanto esa mujer vio el campo, la tierra y los animales, se le transformó la cara: se lio a trabajar en el huerto con mi suegro y estaba en la gloria. Así que decidimos que ella se quedaba allí viviendo con mis suegros en el campo mientras nosotros nos encargábamos de cuidar a la niña en el hospital durante todo el proceso de la operación. Yo iba y venía del hospital como podía porque seguía trabajando.

P: ¿Entonces ya existía el acuerdo médico con el Hospital Reina Sofía?

R: Sí, ese acuerdo ya lo tenía cerrado la central de Madrid. Antes de que yo entrara, ya se operaba en Sevilla, Córdoba y Málaga. Pero el problema era que traían a los niños y no tenían familias de acogida locales para dejarlos. Cuando esta niña se operó y se marchó a su país, a las pocas semanas me llamó Pepo: “Oye, que viene un niño de Honduras y no tengo familia”. Y para mi casa que fue. Y luego otro, y otro... Al ver cómo me movía, Pepo me propuso coordinar toda Andalucía. Acepté, pero con la condición de que mi mujer y yo ya no podíamos ser familia de acogida en nuestra propia casa. Vivir en Lucena y tener que estar viajando constantemente a los hospitales de Córdoba o Málaga ante cualquier urgencia era inviable. Las primeras familias de acogida que busqué eran amigos míos, vecinos y familiares de aquí de Lucena, pero pronto nos dimos cuenta de que debíamos buscar familias que residieran en las capitales de provincia, al lado de los hospitales, por pura logística y para no quemar siempre a la misma gente.

P: Y cuando tú acogiste en Lucena por primera vez, ¿sabes si había antecedentes de alguien que lo hubiera hecho antes en el pueblo?

R: No, no había absolutamente nada de infraestructura ni nadie que hubiera hecho acogidas antes. Al tiempo, registramos la asociación legalmente aquí como Infancia Solidaria de Andalucía y empezamos a estructurarla de forma seria. Hoy tenemos una red tremenda en cada una de las provincias que te he dicho. En cada ciudad hay una persona de referencia que, al igual que yo, empezó siendo familia de acogida. Son bellísimas personas que se encargan de gestionar su zona, lo que a mí me ha quitado un peso enorme de encima. Yo me sigo encargando de la burocracia pesada, los visados y la compra de billetes de avión, pero de la logística diaria en cada hospital se encargan ellos.

P: Has sido familia de acogida siete veces directas, pero supongo que habrá algún niño de todos los que han pasado por la asociación que te habrá dejado una huella especial.

R: El niño que más me ha marcado en toda mi vida no lo acogí yo en mi casa. Se llamaba Lamaranah, aunque cariñosamente le llamábamos “el Pelón”. Venía de Guinea-Conakry y estuvo casi dos años en España. Lo acogieron Juan Romero y su mujer, Carmen. Juan era vecino mío de toda la vida, un hombre que iba en silla de ruedas y que era el presidente de la asociación Cota Cero. Él fue el que luchó para que Lucena fuera una de las ciudades más accesibles de toda Europa para personas con movilidad reducida; todo el mérito de eso fue suyo. Un día me dijo que quería ser familia de acogida y se quedó con Lamaranah. Ese niño tenía un magnetismo especial y pasó mucho tiempo conmigo. Se convirtió en nuestro buque insignia. Una Nochebuena se puso malísimo y tuvimos que salir corriendo al Reina Sofía. Nunca olvidaré que el cirujano, el doctor Jaime Casares, me llamó y me dijo: “Ángel, estaba metiendo el pavo en el horno para la cena familiar cuando me ha sonado el teléfono. Aquí estoy, vamos a ver si lo sacamos adelante”. Lamaranah tenía una anatomía cardíaca complicadísima que aquí no se ve casi nunca: tenía el corazón en el lado derecho del pecho y, además, invertido, con la aorta chocando directamente contra los ventrículos. Solo tenía un ventrículo funcional. Lo operaron, salió adelante y regresó a su país. Al tiempo tuvo que volver a España para que le cambiaran las válvulas del corazón, y aunque años más tarde acabó falleciendo en su país, logró vivir ocho o diez años más plenamente feliz. A todos nos marcó muchísimo su pérdida.

P: ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento?

R: Por su madre. Seguimos manteniendo el contacto con ella. De hecho, en uno de mis viajes a su país fui a visitar la tumba de Lamaranah y estuve acompañando a la madre.

Todo el mundo se entiende con el idioma del corazón

P: ¿Por qué siempre viajan las madres con los niños y no los padres?

R: Por varias razones. Primero, porque en estos países las madres son las que mejor entienden y cuidan de los niños. Y segundo, mirándolo de forma práctica para las familias de acogida de aquí, quienes suelen llevar el peso diario de la acogida en las casas suelen ser las mujeres, y es mucho más cómodo a nivel de convivencia alojar a otra mujer en casa que a un hombre desconocido. Aun así, hemos tenido casos de padres que han venido y han resultado ser hombres superimplicados, maravillosos. Pero siempre intentamos que sea la madre. Si la madre está embarazada o tiene un bebé lactante que no puede dejar allí, hemos llegado a traer a la madre con el bebé enfermo y también con el lactante en brazos. Se habla con la familia de acogida de aquí, si no les importa, se organiza el viaje de los tres y adelante.

P: ¿Cuál es la reacción de agradecimiento más emotiva que recuerdes de alguna familia?

R: Las reacciones más emotivas son las que menos te esperas. Cuando llega el momento de despedirse en el aeropuerto, el abrazo que te dan esas madres es de una honestidad y de una humanidad tan profundas que te desarman. Te miran a los ojos sabiendo perfectamente que le has salvado la vida a su hijo. Pero también nos pasa lo contrario por culpa del miedo. Una vez, con los billetes ya comprados para volar al día siguiente -que nos habían costado 4.000 euros-, la madre nos llamó para decirnos que no viajaba. La familia del marido no la dejaba venir porque no se creían que hubiera gente al otro lado del mundo dispuesta a pagarles un billete de avión, abrirles las puertas de su casa, darles de comer y ponerles un hospital de primer nivel gratis. En Honduras nos pasó que pensaban que era una trampa para traer a los niños a España y robarles los órganos. Literalmente pensaban eso. Al final, tras muchas llamadas de madrugada y poniendo a otra madre hondureña que ya había pasado por la experiencia al teléfono para convencerla de que todo era real, la mujer accedió a viajar.

Y hablando de donación de órganos, te voy a contar una historia real que te va a poner los pelos de punta y que demuestra a qué nivel de generosidad puede llegar el ser humano. Hace unos meses falleció una de nuestras niñas, Alana. Estábamos en la sala de espera del Reina Sofía de Córdoba, donde también había una familia esperando un corazón para su hijo. Nos hicieron entrar a hablar con la intensivista de la UCI y nos dijo: “Médicamente hemos hecho todo lo humanamente posible por Alana, pero su corazón no responde tras la cirugía. Lo único que podría salvarle la vida es un trasplante de corazón urgente. Pero la ley de trasplantes española establece que los órganos son prioritariamente para ciudadanos españoles o residentes legales en el país. Si llegara un corazón compatible y no hubiera absolutamente ningún receptor compatible en toda España, la ley permitiría ponérselo a ella, pero las posibilidades de que eso ocurra a tiempo son casi nulas. Así que tenemos que proceder a desconectarla. Les avisaremos cuando llegue el momento”. Salimos de allí rotos. La madre de Alana le preguntó a la doctora por qué su hija no podía recibir ese órgano. A las dos horas y media nos llamaron para que entráramos a despedirnos antes de proceder a la desconexión. En ese momento, la madre de Alana pidió hablar con los médicos y les ofreció donar todos los órganos de su hija para que otros niños pudieran salvarse. Es decir, a su hija le habían denegado un órgano por ley, pero ella, en su inmenso dolor, decidió donar los de su hija para salvar a niños de aquí. Yo miré a la doctora y pensé: “Esta mujer le acaba de dar la mayor lección de humanidad de la historia a todos los que estamos en esta sala, a la ley de trasplantes y al político que la redactó”. Desconectaron a la niña delante de nosotros y donaron todos sus órganos. Yo en su lugar me habría sentido encabronado con el sistema, pero ella ni me miró; simplemente dijo: “Aprovechen todo lo que puedan de mi hija”. A personas con esa grandeza moral, o las conoces en situaciones extremas como esa o no te las cruzas en la vida.

P: ¿Cómo se afronta la muerte de estos niños? Supongo que las primeras pérdidas son las más duras, pero ¿se llega a asimilar?

R: Yo cada vez lo llevo peor. Cada niño que fallece me duele más que el anterior porque tiendo a sentirme culpable, algo que he tenido que trabajar mucho en terapia. Me sentía culpable por proponerle a una familia de aquí que fuera acogedora y acabar llevándoles un dolor tan inmenso a sus casas. Ver sufrir a los hijos de la familia de acogida, a los voluntarios y a la madre biológica me hacía preguntarme: “¿Qué necesidad tengo yo de pasar por esto? Ya me tocará sufrir cuando le pase algo a mi propia familia, ¿por qué busco este dolor voluntariamente?” Mi mujer me lo advertía porque me conoce bien y sabía que me iba a acabar pasando factura médica. Y así fue: me puse enfermo, pero afortunadamente lo superé y ahora tengo herramientas psicológicas para gestionarlo. Sigue siendo dificilísimo porque me siento responsable de todos ellos. Lo que me ayuda mucho con las madres que vienen de Sudamérica es que son extremadamente creyentes. Yo no creo en nada, pero ver la fe tan inquebrantable que tienen es maravilloso: si el niño se salva, es porque Dios lo ha querido; y si el niño muere, es porque Dios ha decidido llevárselo a su lado. Ojalá yo tuviera esa fe para mitigar el dolor de esa manera. En muchas ocasiones han tenido que ser las propias madres las que, en mitad de su dolor, me han abrazado y me han consolado a mí en el hospital. Es increíble pero pasa.

P: ¿Hacia qué futuro va la asociación? ¿Qué mejoras os planteáis?

R: Hacia la búsqueda de financiación para poder traer más niños, aunque no siempre esto depende de nosotros. En el Ayuntamiento de Córdoba conseguimos un año una subvención que nos ayudó, pero nada más. También le he pedido ayuda a Irene Aguilera, la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba, pero nada. No me hacen ni caso y me da mucho coraje tener que andar mendigando detrás de los políticos todos los días. Tengo una desilusión tremenda con la clase política e institucional, que se mueve exclusivamente por lo que le da votos. ¿En este pueblo qué los dan? Las cofradías. A la asociación de hermandades le dan su convenio anual sin pestañear y le ponen todas las facilidades del mundo para cualquier evento que organice. Es inevitable y he tenido que aprender a aceptarlo; no lo comparto, pero lo respeto. Aun así, a base de darme a conocer, he conseguido que muchos artistas de renombre a los que yo admiraba me den su teléfono personal y estén totalmente dispuestos a venir a Lucena de forma altruista a hacer conciertos o eventos benéficos cuando yo se lo pida. Eso es lo que me llevo.

La desinformación hace que el discurso racista prevalezca

P: ¿Qué papel están jugando tus hijos en todo esto?

R: Cuando vino la primera niña a mi casa, ello lo interiorizaron tanto que, de forma natural, me dijeron: “Papá, yo me salgo de mi habitación y me voy a dormir con mi hermana para dejarle mi cuarto a la familia que viene”. Mi hija terminó el Bachillerato y no sabía qué carrera estudiar. Yo me iba a ir de viaje de cooperación a Kenia durante 22 días y le propuse que se viniera conmigo. Allí nos dedicamos a recorrer las aldeas más remotas junto a cardiólogos españoles y médicos locales para diagnosticar a niños enfermos y tramitar su traslado a España. Mi hija estuvo trabajando codo con codo con los trabajadores sociales, psicólogos y médicos de allí. Como ella habla inglés perfectamente -yo no tengo ni idea-, se encargó de toda la comunicación. Durante la escala del viaje de vuelta en Doha, me miró y me dijo: “Papá, ya sé qué quiero estudiar: Trabajo Social”. Allí vio su verdadera vocación. Estudió la carrera y hoy, con solo 26 años, trabaja como trabajadora social en el Ayuntamiento de A Coruña. Se fue allí hace cuatro años y hace poco consiguió su plaza fija. Estoy orgullosísimo. En sus vacaciones aprovecha para hacer cooperación internacional en Etiopía, Guinea-Bisáu, Kenia o Mali, aprovechando los contactos que tenemos allí.

P. ¿Es ese uno de tus mayores legados?

R. Sin duda. Ella está viviendo la vida que a mí me hubiera gustado tener de joven. Con solo 22 años ya era dueño de tres discotecas en Lucena junto a dos socios, ganábamos dinero a espuertas y nos lo gastábamos viajando a Tailandia o Brasil. No pensaba en nada más que en la fiesta. Mucha gente de mi pasado me ve ahora y se sorprende del cambio radical que he dado en mi vida. Pero cada uno decide a qué dedica su tiempo libre y yo no encuentro nada mejor en el mundo a lo que dedicar el mío que a salvar estas vidas. Aunque esta labor conlleva muchísimo sufrimiento, las alegrías que nos da son inmensas y compensan todo el dolor. Ayer mismo [la entrevista se realizó el pasado martes] estuve en Córdoba visitando a la niña que tenemos allí acogida. Hace tres semanas se estaba muriendo literalmente; su padre me llamaba llorando porque pensaban que no salía de esa. Ayer fui a verla, me reconoció y me regaló una sonrisa preciosa.. Pensar que yo, sin ser médico y siendo un absoluto mindundi, he podido facilitarle a esa niña la oportunidad de seguir viviendo, es increíble.

Hoy en día tenemos a niños que operamos hace años que ya son abogados, o que se operaron con 14 años y hoy ya son padres y tienen sus propias familias. Me mandan vídeos y fotos constantemente. Muchas de esas madres celebran el cumpleaños de sus hijos el día de la operación en el hospital de España, y no el día en que nacieron, y ponen el logo de Infancia Solidaria en la tarta. Conseguir eso... eso es lo que de verdad te llevas tú para siempre.

El 13 de febrero de 2017, un operativo de Vigilancia Aduanera en una nave de la carretera de Alba, en Córdoba capital, parecía haber asestado un golpe al mercado ilícito de tabaco. Los agentes intervinieron 2.713 kilos de tabaco en hoja y picadura pertenecientes a una empresa bajo la sospecha de que se trataba de un delito de contrabando al carecer de las licencias del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Sin embargo, aquel alijo, que la Justicia terminaría declarando totalmente legal años después, nunca pudo ser devuelto a su dueño: acabó convertido en cenizas mucho antes de que se dictara la primera sentencia. Su propietario tampoco ha sido

La destrucción del tabaco no fue una pena anticipada por el supuesto contrabando, sino una medida de urgencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. Apenas un mes después de la incautación, la empresa depositaria de la mercancía informó al juzgado sobre el “alarmante peligro” de que apareciera el insecto lasioderma, una plaga que se expande con extrema rapidez en el tabaco almacenado.

Debido al riesgo de que los bichos infectaran el resto del tabaco legal que la empresa custodiaba en sus instalaciones, el juez se vio “obligado” a autorizar la quema preventiva de la mercancía el 31 de mayo de 2017 para “evitar un mal mayor”. En aquel momento, la instrucción seguía considerando que el tabaco era fruto de una actividad ilícita. Dos años más tarde, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba absolvió al empresario, determinando que la mercancía era de curso legal y no constituía un delito de contrabando. En enero de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó la absolución como después hizo en marzo de 2022 el Tribunal Supremo. Todas las sentencias coincidieron en que el tabaco era de curso legal y que había sido “injustamente destruido” al ser tratado erróneamente como contrabando. El demandante se vio obligado a cerrar su empresa.

Ante ello, el propietario reclamó una indemnización de 416.464 euros al Estado por los daños sufridos que ahora ha rechazado la Audiencia Nacional. En su demanda, el empresario alegó un “funcionamiento anormal” de la Justicia, pero este órgano jurisdiccional ha aclarado que, al proceder el daño de una decisión tomada por un juez -el auto de destrucción-, debería haber reclamado por “error judicial”. Esta vía exige una declaración previa del Tribunal Supremo que certifique que el juez se equivocó, un paso que no se dio.

Además, y según informes periciales, la sentencia señala que el tabaco habría perdido todo su valor comercial “en apenas seis meses” dadas las condiciones de los almacenes donde se custodiaba. Por tanto, para cuando llegó la absolución definitiva años después, el producto ya no habría tenido valor alguno, independientemente de si se hubiera quemado o no. De este modo, para la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción que acordó la destrucción de las hojas de tabaco no actuó con falta de diligencia. Las costas procesales han sido impuestas al empresario.

La cantante Diana Navarro ofrecerá el 16 de agosto, a las 22:00, un concierto solidario en la plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz, en una actuación muy especial con la que la artista quiere rendir homenaje al municipio y mostrar su cariño y apoyo las víctimas de la tragedia..

El concierto tendrá además un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, contribuyendo así a una causa solidaria de gran significado para la localidad. La artista ha querido participar de manera totalmente desinteresada, poniendo su voz y su talento al servicio de esta iniciativa.

Desde el Ayuntamiento de Adamuz han agradecido públicamente el gesto de Navarro, destacando su generosidad, compromiso y sensibilidad al sumarse a este homenaje. Las entradas tendrán un precio simbólico y se pondrán a la venta en los próximos días en los puntos que el Consistorio dará a conocer próximamente.

Además de este evento, la plaza de las Artes -en La Antilla- acogerá el próximo 23 de jjulio una gala musical benéfica que contará con las actuaciones de DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Orti, entre otros. Las entradas tienen coste de diez euros, que se destinarán íntegramente a la asociación. Pueden adquirirse en el restaurante La Parada, buciado en la avenida de la Antilla. Además, se ha establecido una fila 0 para donaciones, cuyo IBAN es ES8021008688730200181410.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

El Centro Penitenciario de Córdoba ha abierto un proceso de selección para incorporar a dos cocineros o cocineras mediante un contrato temporal de tres meses. La oferta de empleo, publicada a través de los servicios públicos de empleo, contempla una retribución bruta mensual de 2.011 euros y una jornada completa en turnos de mañana o tarde.

Las personas seleccionadas se encargarán de la elaboración de los menús diarios del centro penitenciario, así como de la preparación, conservación y distribución de los alimentos, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. Entre sus funciones también figuran la organización del almacén y el control de las materias primas.

Para optar a una de las plazas es necesario estar en situación de desempleo y haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los tres meses anteriores a la preselección. Además, se exige contar con la titulación de Técnico en Cocina y Gastronomía. Los contratos tendrán una duración de 90 días.

La oferta permanecerá abierta hasta el 25 de julio de 2026, fecha límite para presentar las candidaturas a través del Servicio Andaluz de Empleo.

La provincia de Córdoba ha registrado un total de 1.180 personas de alta en la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros. Según los datos actualizados al 30 de junio de 2026 por la Subdelegación de Gobierno de Córdoba, esta cifra sitúa a la provincia con una representación del 0,7% sobre el total nacional de afiliados derivados de esta medida.

A nivel regional, Andalucía aporta 19.968 afiliados al sistema bajo este proceso, lo que supone el 12,6% del total de regularizados en alta en todo el país. En el conjunto de España, la cifra global de trabajadores que se han incorporado formalmente al mercado laboral a través de esta regularización asciende a 159.097 personas.

Dentro del contexto andaluz, Córdoba se posiciona como la séptima provincia en número de altas. El ranking autonómico lo lidera Málaga, con 5.451 afiliados, seguida de Sevilla (4.145) y Almería (3.218). Por detrás de Córdoba solo se sitúa la provincia de Jaén, que registra 703 nuevas altas en la Seguridad Social tras este proceso extraordinario.

Cabe recordar que por provincias, Málaga registró 39.899 solicitudes en este proceso de regularización, seguida de Sevilla, 33.690; Almería, 32.638; Granada, 16.629; Cádiz, 11.641; Huelva, 10.359; Córdoba, 9.951 y Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes presentó fue la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%, Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

La pobreza energética afecta tanto al frío como al calor. No entiende de estaciones del año. A ello se suma que el cambio climático ha provocado que el calor extremo se esté convirtiendo en un problema creciente que no solo dificulta descansar de noche, sino que complica el día a día de las familias a las que no les queda más remedio que sobrevivir en condiciones realmente vulnerables. Este es el caso de Noelia (nombre ficticio, porque prefiere conservar su anonimato), una mujer que vive con sus dos hijos pequeños en Córdoba en el barrio de La Fuensanta. Los tres están sobrellevando al verano en una vivienda de alquiler de Vimcorsa sin climatización y con apenas 400 euros al mes. Esta es una historia más de la pobreza energética y la precariedad económica.

Para muchos, el aire acondicionado es un alivio necesario durante los meses de estío. Para Noelia, es un lujo inalcanzable de más de 1.000 euros. Aunque la vivienda en la que reside con sus dos hijos -uno, de apenas dos años y otro, de nueve- cuenta con aire centralizado, el equipo está roto -se dio cuenta en junio, cuando fue a ponerlo por primera vez- y el coste de la reparación asciende a una cifra que, sencillamente, no tiene. Al solicitar ayuda a la empresa pública, cuenta que la respuesta fue que la reparación corre a cuenta del inquilino.

Sin capacidad para arreglar el aire acondicionado ni para comprar una consola, la familia se defiende únicamente con tres ventiladores. Sin embargo, el alivio es insuficiente. “Cuando nos acostamos, nos movemos para un lado. Cuando ese está empapado, nos vemos para el otro. Así toda la noche, continuamente sudando”, describe esta mujer. En una ocasión, llegó a pensar que su hijo pequeño se había orinado en la cama, para darse cuenta después de que la sábana estaba empapada únicamente por el sudor del menor. Durante el día, la rutina consiste en “encerrarse en casa” y recurrir a “duchas constantes” para intentar refrescarse ante un calor que sufren especialmente los más pequeños.

La situación de Noelia es de una vulnerabilidad extrema. Sus ingresos, procedentes de la limpieza de apartamentos turísticos, oscilan entre los 300 y los 400 euros mensuales, tal y como asegura a este periódico. Con ese presupuesto debe afrontar el alquiler, la luz, el agua y la alimentación de sus hijos. A esto se suma la ausencia de apoyo económico por parte del padre de los niños, quien “alega no tener recursos para pasar la pensión alimenticia”.

La red de seguridad institucional también parece fallar en este caso. Tal y como explica, llevaba más de un año esperando una respuesta sobre el Ingreso Mínimo Vital, pero recientemente ha recibido una carta denegándole la ayuda por no contar con un papel que asegura tener, por lo que desconoce dónde ha estado el fallo administrativo.

Incluso cuando llega la ayuda, esta se presenta con trabas burocráticas y limitaciones incomprensibles. Recientemente, Cruz Roja le otorgó una tarjeta de 250 euros para alimentos en una conocida cadena de supermercados. No obstante, la experiencia fue “vergonzosa” para ella: al llegar a la caja, tuvo que dejar la mitad de los productos porque la tarjeta no permitía pagar artículos básicos. “No me entraba la leche de la marca blanca... las toallitas que cogí, que eran de las baratas, tampoco entraban”, relata con frustración.

El caso de Noelia ilustra un problema del que todavía no hay datos oficiales cuando se trata del impacto del calor, ya que aún no existe un informe estatal anual con un indicador comparable al de invierno que realiza el Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No obstante, sí existe reconocimiento oficial del problema y un compromiso del Gobierno, en la Estrategia 2026-2030, para crear esos indicadores y medir la pobreza energética estival de forma sistemática. Ya en ese documento, el Ejecutivo habla de la “pobreza energética estival” para referirse “a la dificultad de mantener una temperatura interior adecuada durante los meses de calor y está profundamente relacionada con la pobreza energética en sentido amplio. Ambas comparten factores estructurales como viviendas mal acondicionadas, deficiencias en eficiencia energética y recursos económicos insuficientes”.

Pese a esta falta de cuantificación estatal, sí existen informes de organizaciones que intentan poner números a la pobreza energética en verano. Un ejemplo de ello es el que Greenpeace y Ecodes publicaron en 2025, documento en el que estimaron que el 33,6 % de las familias no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano. Este porcentaje supera el 50 % entre los hogares vulnerables. En el caso de Córdoba, Cruz Roja sí presta especial atención a las personas y familias que sufren pobreza energética. Según datos de la organización, dos de cada tres familias atendidas tienen dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada durante el verano. Desde comienzos de año, Cruz Roja ha ayudado en la provincia de Córdoba a cerca de medio centenar de familias a sufragar facturas de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, en el marco del proyecto Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad, financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta y fondos propios de la entidad.

La segunda adjudicación de plazas para acceder a la Universidad de Córdoba (UCO), publicada este jueves por el Distrito Único Andaluz tras la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (Pevau), confirma que casi la mitad de la oferta académica continúa sin completar todas sus plazas. En concreto, 26 de las 60 titulaciones e itinerarios ofertados para estudiar en Córdoba -23 de ellos en la UCO y tres en centros adscritos- mantienen la nota mínima de acceso (5), por lo que no cuentan con lista de espera, mientras que las 34 restantes siguen registrando una demanda superior a la oferta.

Las titulaciones más solicitadas vuelven a concentrarse en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Medicina, uno de los grados con lista de espera, continúa siendo el grado con la nota de corte más alta, con un 13,125, aunque baja con respecto a la calificación de la primera adjudicación, que se situó en un 13,204. Por el contrario, 16 grados mantienen la nota mínima de 5, por lo que no presentan lista de espera. Se trata de Ciencias Ambientales, Cine y Cultura, Cine y Cultura (no presencial), Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Gestión Cultural, Historia, Historia del Arte, Ingeniería Civil, Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Forestal, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Traducción e Interpretación (Francés), Traducción e Interpretación (Inglés) y Turismo. En el ámbito privado, tampoco hay lista de espera en Educación Infantil y Educación Primaria del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, ni en Fisioterapia del Centro Universitario Fisidec.

En cuanto a los itinerarios y dobles grados, tampoco presentan lista de espera Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales e Ingeniería Civil, Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales e Ingeniería Eléctrica, Traducción e Interpretación (Francés) y Filología Hispánica, Traducción e Interpretación (Inglés) y Filología Hispánica, Turismo y Traducción e Interpretación (Inglés), Turismo (itinerario bilingüe) y Turismo (itinerario bilingüe) y Administración y Dirección de Empresas.

Junto a Medicina, la UCO tiene casi la mitad de su oferta académica con lista de espera. A este grado le siguen el doble grado de Biotecnología y Bioquímica, que alcanza un 12,861; Fisioterapia, con un 12,838; Enfermería, con un 12,470; y Veterinaria, con un 12,264. Tras ellas aparecen Biotecnología (11,990), Psicología (11,411), Bioquímica (11,546), Matemáticas y Filosofía (10,564), Nutrición Humana y Dietética (10,420), Ingeniería Mecánica (10,172), Física (10,799) y Biología (9,920).

También mantienen lista de espera Ciencia y Tecnología de los Alimentos (9,419), Ingeniería Informática (9,109), el doble grado de Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas (9,000), Química (8,750), Administración y Dirección de Empresas (8,396), Educación Primaria (8,548), Educación Social (8,160), Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (8,127), Ingeniería Electrónica Industrial (8,071), Derecho (7,805), Educación Primaria en itinerario bilingüe (7,765), Educación Infantil (7,845), Enología (7,552), el doble grado de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (7,514), Ingeniería Civil (virtual) (7,410), el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho (7,344), el doble grado de Traducción e Interpretación (Inglés) y Estudios Ingleses (6,350), el doble grado de Enología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (5,210) y Trabajo Social (9,569).

Desde este jueves y hasta el próximo 20 de julio está abierto tanto el plazo de alegaciones como el de matrícula y confirmación de lista de espera.

Reggaetón y música noventera, en El Arenal

El festival Córdoba Live se despide este fin de semana con dos viajes al pasado. Por un lado, El Arenal acogerá este viernes, a partir de las 21:45, el festival I Love Reggaeton, que contará con las actuaciones Alexis & Fido, Cali & El Dandee, Ángel & Khriz, Wolfine, Dasoul, Fuego, Henry Méndez, Lorna y Xriz. A ellos se suman otros artistas y djs como Sergio Contreras, Dr. Bellido, Pilson, así como Dame y Gasolina DJs.

Por otro lado, este sábado se celebrará I Love 90s, a partir de las 21:45, pensado como un tributo a la música dance y eurodance que inundó las radiofórmulas en la última década del siglo XX.

Festival Planneo es Flama

La Plaza de la Juventud, en el barrio de La Fuensanta, será escenario este viernes de una nueva edición de Planneo es Flama, el festival de músicas urbanas y reguetón flamenco organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba. La cita comenzará a las 22:00 y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

El cartel estará encabezado por La Cebolla y El Negro Jari, dos de los nombres más destacados del urban flamenco, que compartirán escenario con Dhalia D, acompañada por Zona Neo Uno Urban 360, además de las actuaciones de Yael y La Sakrah.

Más música

Este viernes a las 21:30 arrancará el ciclo Noches en la Puerta del Puente, una programación de conciertos al aire libre que tendrá lugar en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la ribera del Guadalquivir. El primer concierto correrá a cargo del pianista Alberto de Paz, que contará con la colaboración de Nicolás Díaz, a la guitarra flamenca, y Patricio Cámara, a la percusión y voz.

Asimismo, el cantaor cordobés Manuel Párraga actuará este sábado, a partir de las 22:00 en la Posada del Potro junto al tocaor Javi Santiago.

Cine de verano

Por otro lado, el cine de verano gratuito de Valdeolleros proyectará este viernes Zootrópolis, a partir de las 22:00, mientras que en El Coliseo de San Andrés podrá verse, a partir de la misma hora, la nueva película de Vaiana. Esta misma cinta se proyectará desde este viernes hasta el próximo lunes.

Teatro

El Palacio de Viana continuará este viernes, a partir de las 22:00, con su ciclo de teatro. Será el turno de la compañía Contiguo Teatro, que traerá la obra Un cadáver inesperado. Lo que arranca como una cena normal en una finca alejada de la mano de Dios se torna rápidamente en un sálvese quien pueda cuando comienzan a sucederse misteriosas y extrañas circunstancias. Poco a poco, los personajes dejarán ver su verdadero rostro, pero para entonces ya será tarde: ya nadie conoce a nadie.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta este sábado el aviso amarillo por calor en Córdoba, jornada en la que se activará el naranja en la Campiña. Según los datos meteorológicos, el termómetro alcanzará su punto máximo en la capital, donde se esperan hasta 41°C para el sábado y 39 ºC para el viernes.

Para esta jornada, la Aemet ha establecido el aviso amarillo únicamente en la Campiña cordobesa, el cual permanecerá activo entre las 13:00 y las 21:00. El pronóstico para este día indica temperaturas de 39 ºC en esta zona de Córdoba, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde en la zona de la Subbética. Además, se espera la presencia de polvo en suspensión en el tercio sur de la provincia y vientos flojos variables.

La situación se intensificará el sábado, ya que los avisos se ampliarán a toda la provincia: mientras que en la Sierra, Pedroches y la Subbética cordobesa estará activo el aviso amarillo por temperaturas máximas de 39 ºC, en la Campiña se establecerá el naranja por máximas de 41 ºC. Mientras tanto, durante este jueves solo está activo el aviso amarillo por calor en la Campiña.

La Junta de Andalucía ha inaugurado este jueves el punto de información ubicado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en Tomás de Aquino, dirigido a facilitar todo tipo de información para quien desee trabajar en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Se estima que este proyecto requerirá unos 1.600 trabajadores, de los cuales aproximadamente 1.100 serán puestos de personal civil y el resto, militares.

Este nuevo servicio, que tiene un horario de 9:00 a 12:00, nace como una “ventanilla única” diseñada para evitar la “fatiga administrativa” de los ciudadanos, ofreciendo claridad sobre los perfiles profesionales demandados y las convocatorias de empleo activas. Según ha explicado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, este punto no es una “foto fija”, sino un “termómetro” dinámico que se irá acompasando a las necesidades reales que las empresas transmitan a medida que avance el proyecto. Los perfiles que serán necesarios para la BLET se dividen en las áreas técnicas de mantenimiento industrial, avanzada y administración, por lo que los puestos son muy diversos: desde mecánica, electricidad, soldadura, chapa y pintura, gestión logística e inteligencia artificial, hasta sanidad, carpintería, climatización y servicios comerciales, entre otros.

El subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega Olmedo , ha destacado que este nuevo punto del SAE estará “perfectamente coordinado” con la oficina informativa que la Subdelegación de Defensa mantiene operativa desde hace un año. Ortega ha animado a los cordobeses a aprovechar esta “oportunidad laboral de máximo interés” en un proyecto que es estratégico a nivel nacional. Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha incidido en que la BLET es un motor de industrialización que ya está ayudando a reducir la brecha de desempleo de Córdoba con la media nacional, que ha pasado de 10 a 4,8 puntos en siete años. Fuentes ha insistido en que “la mejor inversión es formación, formación y formación” para que los cordobeses accedan a empleos dignos tanto en la base como en la industria auxiliar y sectores como el hidrógeno verde.

Finalmente, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha puesto en valor el papel del Consistorio como “agente facilitador” para lograr que el talento local se quede en la ciudad. Torrent ha agradecido la “unidad de acción” entre administraciones, señalando que las empresas se sienten atraídas por Córdoba no solo por su patrimonio, sino por la calidad de su capital humano.

Junto a esta inauguración, Blanco se ha referido a la convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas dirigidas a cubrir las necesidades de empleo que generará. La convocatoria, que cuenta con una presupuesto de 4.888.264,42 euros para las anualidades 2026 y 2027, contempla tres líneas de actuación: formación en el trabajo para personas desempleadas, formación para personas ocupadas y ofertas de Formación Profesional de Grado C para desempleados. Todas las acciones deberán impartirse de forma presencial y estarán orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes y responder a la demanda de personal especializado que generará la Base Logística. La previsión es desarrollar 164 cursos que permitirán cualificar a 2.460 personas, desempleadas y ocupadas, en especialidades vinculadas a los perfiles que demandará la Base Logística y las empresas de su entorno. El plazo de solicitud para esta oferta formativa está abierto hasta el 24 de julio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el proceso para la investigación de yacimientos de minerales estratégicos en la Sierra Morena andaluza mediante la inscripción de una reserva provisional a favor del Estado que afecta a cuatro zonas situadas en las provincias de Jaén y Córdoba.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se enmarca en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 y tiene como objetivo evaluar el potencial de recursos considerados esenciales para la transición energética y la industria tecnológica, entre ellos antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc.

Según la resolución, la reserva comprende un total de 22 cuadrículas mineras distribuidas en cuatro áreas denominadas Santa Bárbara, Elena, Paquito la Manzana y Centenillo. Estas zonas han sido inscritas en el libro-registro de la Dirección General de Política Energética y Minas con el número 397 y quedan destinadas exclusivamente a labores de investigación de estos recursos minerales.

La actuación responde a la estrategia del Gobierno para reforzar el conocimiento de los recursos minerales disponibles en España y reducir la dependencia exterior de materias primas consideradas críticas para sectores como la fabricación de baterías, las energías renovables y la industria tecnológica.

La publicación del acuerdo no supone el inicio de actividades extractivas, sino la protección temporal de estas áreas para que el Estado pueda llevar a cabo los trabajos de exploración e investigación previstos antes de decidir sobre un eventual aprovechamiento minero.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) ha sofocado a primera hora de la mañana un incendio de pastos y arboleda en la A-45 a su paso por Córdoba, concretamente, en el kilómetro 7.

El aviso de las llamas llegó al parque de bomberos sobre las 6:30, activándose de inmediato el operativo. Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que el incendio había comenzado en la cuneta de la autovía y las llamas estaban muy próximas a una arboleda. Este incendio ha calcinado unos 30.000 metros cuadrados, según han apuntado desde el Speis.

Además de esta salida, sobre las 00:00, los bomberos acudieron de nuevo a la carretera del Aeropuerto para refrescar la zona en la que se declaró un incendio durante la tarde de este miércoles. En este caso, las hectáreas quemadas han sido cuatro -unos 40.000 metros cuadrados- y siete viviendas tuvieron que ser desalojadas de forma preventiva.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la Dirección General de la Policía a reconocer como accidente en acto de servicio la grave lesión sufrida por un agente de la Policía Nacional de Córdoba que se cayó con la bicicleta cuando regresaba a su domicilio al finalizar su jornada laboral. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz, estima íntegramente el recurso presentado por el funcionario y anula la resolución administrativa que había rechazado considerar el siniestro como un accidente in itinere, es decir, ocurrido durante el desplazamiento habitual entre el lugar de trabajo y la vivienda del trabajador.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2023. El agente había terminado su servicio de mañana a las 15:00 en la comisaría de Campo Madre de Dios y emprendió el trayecto de regreso a su domicilio, situado en la avenida Gran Vía Parque, utilizando la bicicleta. Según ha quedado acreditad, apenas diez minutos después, sufrió una caída en la avenida Campo Santo de los Mártires al resbalar la rueda delantera sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió un arrancamiento postraumático del bíceps del brazo izquierdo, lesión de la que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía archivó el expediente de averiguación de causas al entender que no existían pruebas suficientes para demostrar que la caída se hubiera producido realmente cuando el funcionario regresaba directamente a su domicilio. En ese sentido, sostenía que el único relato existente era el del propio agente, que no había testigos presenciales y que tampoco podía descartarse que hubiera mediado culpa por su parte. Pero el TSJA ha rechazado esos argumentos. En primer lugar, porque considera acreditado que el policía acudió al servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba poco más de una hora después de finalizar el servicio, desmontando así la tesis utilizada durante la tramitación administrativa de que habían transcurrido casi seis horas entre el accidente y la asistencia médica. Esa conclusión se apoyaba únicamente en un informe posterior de traumatología, mientras que el parte de Urgencias, incorporado posteriormente al expediente, demostraba la inmediatez temporal de la atención sanitaria.

Además, la Sala recuerda que la ausencia de testigos presenciales no basta por sí sola para negar la existencia de un accidente in itinere dado que este tipo de accidentes suelen producirse cuando el trabajador viaja solo y que la prueba puede construirse a partir de un conjunto de indicios suficientemente sólidos. En este caso, la sentencia destaca que no se discute que el agente terminara su jornada a las 15:00, que utilizara la bicicleta para regresar a casa ni que comunicara lo sucedido esa misma tarde tanto a la Sala del 091 como a varios mandos policiales. A ello se suma el informe elaborado por la Unidad Provincial de Sanidad, que apreciaba la relación de causalidad entre la caída y las lesiones sufridas. Todo ello ha llevado al tribunal a concluir que existe prueba suficiente para considerar acreditado que el accidente ocurrió durante el trayecto de regreso al domicilio.

En segundo lugar, la Administración había apuntado que la caída pudo deberse a una conducta negligente del propio policía, pero el TSJA ha recordado que la legislación únicamente excluye la consideración de accidente en acto de servicio cuando exista dolo o una negligencia grave o temeraria, circunstancias que no concurren en este caso.

Por tanto, el alto tribunal andaluz ha concluido que en este caso concurren todos los requisitos legales para reconocer que las lesiones fueron sufridas en acto de servicio, en su modalidad de accidente in itinere, por lo que ha estimado el recurso, ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía y ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, con un límite de 300 euros más IVA.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba rescató durante la tarde de este martes a una menor que se fracturó la cadera en el parque de atracciones para niños ubicado en la avenida Profesor Arnold J. Toynbee, en Chinales.

Según han informado a este periódico fuentes de Emergencias 112, se trata de una niña de ocho años que tuvo que ser trasladada al Hospital Reina Sofía. Por motivos que se desconocen, la menor estaba jugando en este parque y resultó herida. Dado el intenso dolor que tenía, no podía moverse por sí sola, por lo que se tuvo que recurrir a la pericia de los bomberos de Córdoba.

Ya en el lugar, según explican desde el Speis, en colaboración con el 061 se le suministró medicación a la menor debido al intenso dolor. Para poder ser rescatada de la atracción, que no ha trascendido cuál sería, los bomberos emplearon un colchón de vacío donde la colocaron, pudiéndola bajar mediante un juego de cuerdas.

Según el equipo de rescate, la menor sufrió una rotura de cadera y fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La Guardia Civil ha remitido a la jueza que investiga el accidente de Adamuz, Cristina Pastor Recover, una batería de 20 preguntas que considera “de interés” que sean respondidas por los peritos judiciales designados en la causa. El oficio, al que ha tenido acceso este periódico, recoge los interrogantes que los investigadores consideran fundamentales para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallos de mantenimiento, defectos en la infraestructura o carencias en los sistemas de seguridad.

El documento, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, explica que las cuestiones han sido formuladas a partir de los informes técnicos, actas de inspección y estudios de seguridad incorporados a la investigación. En él, solicita a la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil e Instrucción Tribunal de Instancia de Montoro que estas preguntas sean trasladadas a los peritos por considerar que sus respuestas pueden resultar determinantes para el avance de la instrucción.

La mayor parte de las preguntas se centra en el estado de la vía y en la evolución de los defectos detectados meses antes del accidente. Los investigadores quieren saber si un defecto geométrico localizado en octubre de 2025 en el mismo punto donde posteriormente se produjo la rotura del carril pudo acelerar la fractura de la soldadura aluminotérmica y si la falta de reparación de esa anomalía pudo influir de forma directa en el siniestro. También plantean si los defectos dinámicos registrados en las auscultaciones fueron aumentando hasta alcanzar niveles que hubieran requerido una intervención inmediata y si esa evolución pudo contribuir al descarrilamiento.

El oficio también pide a los peritos que analicen si la coincidencia de defectos geométricos y dinámicos en la misma zona pudo alterar las fuerzas que soportaba la infraestructura, si la antigüedad de los materiales -algunos con más de tres décadas de servicio- pudo favorecer la pérdida de geometría de la vía y si resulta normal que una infraestructura renovada pocos meses antes presentara ese tipo de anomalías.

Otro bloque de cuestiones está dedicado a las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la línea. La Guardia Civil pregunta si una soldadura que presentaba una planitud muy próxima al límite máximo permitido podía considerarse técnicamente óptima y cómo fue posible que una unión declarada apta tras superar los ensayos de ultrasonidos y líquidos penetrantes sufriera un fallo catastrófico en menos de un año. Los investigadores también cuestionan la fiabilidad de esos sistemas de inspección y el hecho de que los resultados de las auscultaciones por ultrasonidos no quedaran registrados.

Las preguntas alcanzan igualmente a los sistemas de seguridad implantados en la línea. En concreto, los agentes piden a los peritos que valoren si era adecuado que el nuevo sistema de señalización no contemplara la detección de roturas de carril como una funcionalidad exigible y si los registros del sistema de mantenimiento pudieron haber detectado indicios de una pérdida de continuidad del carril antes del accidente.

Por último, el oficio pone el foco en la documentación de seguridad del proyecto de renovación de la línea. Según recoge la Guardia Civil, uno de los estudios previos calificó como “catastrófico”, “ocasional” e “intolerable” el riesgo de que el sistema no detectara una rotura de carril, aunque posteriormente ese mismo riesgo apareciera como “no aplicable” o “cancelado”. Los investigadores quieren que los peritos determinen si esa decisión se ajusta al Reglamento europeo 402/2013 sobre evaluación y gestión de riesgos en el sistema ferroviario y si resulta técnicamente correcto considerar mitigado un riesgo simplemente cancelándolo. Estas cuestiones propuestas por la Guardia Civil deberán ser ahora valoradas por la jueza instructora, que decidirá si las trasladas o no a los peritos judiciales.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a una vecina que se cayó al suelo, junto con su hija menor, cuando ambas iban en moto por el Pasaje Pantoja. Según el fallo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba, el Consistorio deberá abonarle 2.590,62 euros, una cantidad sustancialmente inferior a los 5.339,22 euros inicialmente reclamados debido a una concurrencia de culpas y a la falta de acreditación de las facturas de reparación.

El siniestro se produjo cuando la demandante circulaba a escasa velocidad -apenas 10 km/h al estar saliendo de su garaje- a la altura del número 9 del Pasaje Pantoja de la capital cordobesa. En ese punto, la calzada presentaba una deformidad provocada por el empuje de las raíces de un árbol, lo que había levantado una placa de hormigón, generando un desnivel de unos cinco centímetros. Al pasar por encima, la conductora perdió el control del ciclomotor, yéndose al suelo junto a su hija menor.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la reclamación de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa, la afectada acudió a los tribunales para solicitar una indemnización. Aunque el magistrado le ha dado la razón, solo en parte, ya que ha considerado que la mujer conocía el lugar y debió haber sido más diligente. Así, la demandante residía a escasos metros de donde se ubicaba el resalte. Al ser un lugar de paso habitual de entrada y salida, el juez ha determinado que la conductora “debía conocer el mal estado de la calzada”. Además, dado que el accidente ocurrió a plena luz del día y circulando a velocidad reducida, el fallo ha concluido que la víctima “debió extremar las precauciones al circular por él o atravesarlo en su lugar de menor desnivel para así no perder el equilibrio”.

Pese a todo, el magistrado ha decretado una concurrencia de culpas al 50% entre el Consistorio y la conductora. En cuanto a la cuantificación económica, el tribunal ha validado íntegramente las indemnizaciones por las lesiones físicas de la madre (2.934,22 euros) y de su hija (1.285,56 euros), al estar respaldadas por informes de alta de Urgencias, así como los 36,30 euros correspondientes al coste de la elaboración del presupuesto del taller.

La controversia económica llegó con los daños materiales de la motocicleta. La demandante exigía el abono de la tasación pericial, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, el magistrado ha recordado que el IVA es un tributo intrínsecamente ligado a una transacción real y efectiva de bienes o servicios. Al haber aportado únicamente un presupuesto y ninguna factura que acreditase el desembolso y la reparación real del vehículo, el juez ha denegado la inclusión de dicho impuesto.

De este modo, la suma total de daños personales y materiales quedó fijada en 5.181,24 euros. Al aplicarse la reducción del 50% por la concurrencia de culpas, la condena final impuesta al Ayuntamiento se situó en 2.590,62 euros, cantidad a la que se añadirán los intereses legales pertinentes.