La Justicia busca nuevas fórmulas para responder a las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ante la imposibilidad de ejercer acciones penales en muchos casos, la Ley de Memoria Democrática introdujo una nueva herramienta muy valiosa: el expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de hechos pasados, al que ya ha recurrido varias familias de Córdoba.

Según explica a Cordópolis la fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, este procedimiento permite “declarar ante la jurisdicción civil que los hechos sucedieron de una determinada manera o bajo una determinada circunstancia”. Se trata de una vía que se activa cuando no hay un autor conocido vivo o los delitos han prescrito, ofreciendo una “garantía muy efectiva” para quienes buscan justicia décadas después.

Entre los usos más importantes de esta vía civil está la de la corrección de los archivos oficiales. La fiscal explica que, en ocasiones, en el Registro Civil “consta que el fallecimiento fue por muerte natural o no está bien inscrita la causa”. Con este nuevo trámite, se puede solicitar que se “anule esa inscripción y se proceda a la rectificación del asiento registral de acuerdo con la realidad”.

Además, estos expedientes tienen un “componente eminentemente reparador” al actuar sobre las sentencias de los tribunales militares y consejos de guerra. Aunque la ley ya declara esas condenas como nulas, las familias pueden acudir a esta vía para que un juez certifique oficialmente que “en ningún caso el familiar cometió los hechos que se recogen en la sentencia” o que lo ocurrido “no se corresponde con la realidad reflejada” en aquel momento.

En la provincia de Córdoba, aunque ya se han registrado solicitudes de familiares, la fiscal aclara que “todavía no se han incoado” formalmente los expedientes en el juzgado porque se encuentran en una etapa crucial de “investigación previa”. “Necesitamos conseguir pruebas que acrediten lo que están solicitando”, explica la fiscal, subrayando que es necesario “articular ese escrito en torno a una documentación y una prueba” sólida antes de presentar la demanda ante el juez.

Para la Fiscalía, esta “justicia restaurativa” se sustenta en los cuatro pilares internacionales de los derechos humanos: “Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, valores que, según la fiscal, son la base de la actual legislación de memoria en España. Se trata, en definitiva, de una vía que está resultando “muy satisfactoria” en otros puntos de España, como en Galicia, y que ahora empieza a caminar en los tribunales cordobeses.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que pone fin al recurso de apelación de un hombre condenado a nueve meses de prisión por un delito de abandono de familia por el impago de pensiones. El tribunal no solo ha ratificado la pena de cárcel, sino también la medida de acercarse a su exmujer y al hijo menor de edad que tienen en común.

Según el fallo, el acusado debía pagar 400 euros mensuales por sus tres hijos desde la sentencia de divorcio de 2013. Esta obligación se mantuvo íntegra hasta marzo de 2025, fecha en la que se dictó una sentencia de modificación de medidas por la cual, a partir de abril de aquel año, solo efectuaría una pensión de alimentos para su hijo menor de edad. En base a la sentencia, entre mayo de 2022 y octubre de 2025, el procesado dejó de pagar las mensualidades que le correspondían, acumulando una deuda de más de 14.500 euros. Además, era reincidente en este delito, ya que en enero de 2020 fue condenado por impagos acumulados entre 2014 y 2019 que ascendían a más de 19.400 euros.

En aquella primera sentencia, el juzgado le permitió fraccionar el pago de la deuda antigua en cuotas de 150 euros mensuales para que pudiera seguir atendiendo la pensión de 400 euros. Sin embargo, los hechos probados de esta última sentencia demuestran que el padre utilizó ese acuerdo de forma selectiva: pagó los 150 euros de la deuda pasada para evitar la cárcel en aquel proceso, pero desatendió casi totalmente las nuevas pensiones devengadas desde junio de 2022. En tres años, apenas aportó 894 euros mediante ingresos esporádicos, algunos de tan solo cuatro euros. Por ello, el Juzgado de lo Penal número 4 le impuso nueve meses de prisión, la prohibición de aproximación a su exesposa y a su hijo, a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos durante un periodo de 21 meses.

En su recurso ante la Audiencia Provincial, la defensa del padre alegó que sus ingresos eran insuficientes, argumentando que debía mantener a dos hijos de una nueva relación y afrontar deudas previas. Llegó a sostener que se vio obligado por “necesidad imperiosa” a priorizar a sus hijos menores frente a los mayores, quienes supuestamente podían trabajar.

No obstante, la Sala ha rechazado estos argumentos, recordándole que tiene un trabajo fijo desde mayo de 2022 y que percibe un salario superior al mínimo interprofesional. Según la sentencia, la obligación de alimentos a los hijos tiene “carácter preferente sobre cualquier otra deuda”. En consecuencia, el tribunal ha calificado su conducta como una “voluntad maliciosa” de dejar a sus hijos desatendidos, señalando que resulta “extremadamente difícil pensar” que no pudiera disponer de una cantidad mínima adicional para ellos en un periodo tan largo.

La Audiencia también ha rechazado eliminar la agravante de reincidencia. Los magistrados aclaran que el nuevo delito se cometió mientras los antecedentes de la condena de 2022 estaban plenamente vigentes. Además, subrayan que el impago de pensiones es un delito de tracto sucesivo que se perpetúa en el tiempo, lo que impide considerar cancelados sus antecedentes penales.

Además de la pena de prisión y las medidas de comunicación y alejamiento, el condenado deberá indemnizar a la madre con los más de 14.500 euros de las mensualidades impagadas.

Dos jóvenes han resultado heridos durante la tarde de este domingo en la presa de Casillas, junto al puente Ibn Firnás.

Tal y como ha podido conocer este periódico, el servicio de Emergencias 112 ha recibido un aviso sanitario sobre las 16:45 que alertaba de que dos adolescentes se habían caído en la zona por motivos que se desconocen.

Según las primeras informaciones, los dos chicos están lesionados: uno tenía heridas más superficiales pero el estado del otro joven era más preocupante, ya que no podía salir por una posible fractura del fémur.

Hasta el lugar se han desplazado los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba, y los servicios sanitarios. Los jóvenes han sido trasladados al Hospital Reina Sofía.

Los familiares del cordobés Javier Marañón Montero, uno de los dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025, ha logrado que la candidata socialista a la Junta de Andalucía y exvicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, se comprometa a mediar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir una reunión para tratar la situación de los detenidos.

Aprovechando la presencia del presidente Pedro Sánchez y de la dirección del partido en la capital cordobesa, los familiares de Marañón -preso desde enero de 2025 junto al granadino David Rodríguez Ballesta- acudieron al acto para visibilizar su desesperación. Tras las primeras palabras de Sánchez, la familia del cordobés intentaron llamar su atención, pero abandonaron el polideportivo donde ha tenido lugar el mitin con la promesa de la organización de ser atendidos por el presidente. Sin embargo, ha sido la exvicepresidenta del Gobierno quien se ha reunido brevemente con ellos.

Durante la conversación, la familia ha expuesto lo “injusto de la situación” que atraviesan los dos españoles, vinculados a un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Según ha relatado Aarón a este periódico, la respuesta ha sido una promesa de acción inmediata, ya que “a partir de mañana lunes, según nos ha dicho Montero, se va a intentar organizar una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores”, José Manuel Albares. Este compromiso institucional llega en un momento de extrema fragilidad para la familia dado que la madre de este cordobés, que tiene 83 años, ha iniciado esta semana una huelga de hambre y ha abandonado su medicación como medida de presión para conseguir la libertad de su hijo.

Supuesta desviación de fondos de la empresa para la que trabajaban

Cabe recordar que el pasado mes de enero, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales en la que señaló que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT habían establecido “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, aseguraba que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, recordaba que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

Con un grito de “¡Vamos Córdoba!”, Silvia Mellado, la cabeza de lista del PSOE cordobés a las próximas elecciones autonómicas, Silvia Mellado, ha abierto este domingo en Córdoba un acto de precampaña a los comicios andaluces del próximo 11 de mayo. La cabeza de lista socialista por Córdoba, que ha ostentado la alcaldía de Fuente Obejuna durante los últimos 11 años, ha presentado su salto a la política autonómica como un compromiso personal con su tierra: “Voy a dejarme la piel como lo he hecho como alcaldesa. No me asusta el reto porque vengo de donde se conocen los problemas de verdad”.

Mellado ha centrado gran parte de su discurso en la realidad que viven los municipios pequeños frente a lo que ha definido como un abandono por parte de la Junta de Andalucía. “Sé lo que es gestionar con pocos recursos”, ha afirmado, denunciando el recorte de rutas de transporte que deja a las aldeas incomunicadas. Uno de los puntos más críticos ha sido su referencia a la crisis hídrica en la zona norte de la provincia. “Sé lo que es pelear por infraestructuras dignas, ver un pantano secarse y abrir el grifo y que no tengamos agua”, ha recordado con relación a la situación vivida en el Guadiato y Los Pedroches entre abril de 2023 y ese mismo mes de 2024. En este sentido, ha enfatizado en que “la solución vino del Gobierno de España y no de la Junta de Andalucía”, criticando que el proyecto de La Colada que pretende el PP solo sirve para “abastecer con agua contaminada y duplicar actuaciones”. En esta parte de su intervención, la cordobesa ha agradecido especialmente la labor de Rafi Valenzuela durante el tiempo que estuvo al frente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Por otro lado, la candidata ha agradecido expresamente a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, su compromiso firme para que las necesidades energéticas del norte de la provincia estén incluidas en la planificación estratégica 2026-2030. Para Mellado, este punto es innegociable, ya que “sin energía y sin servicios no hay desarrollo posible y no se puede combatir la despoblación”.

Además, Mellado ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de dar la espalda al mundo rural en áreas críticas como las comunicaciones, la educación (con la eliminación de aulas en colegios) y la sanidad pública. “Frente a quienes recortan nosotros garantizamos y frente a quienes privatizan nosotros defendemos los derechos”, ha sentenciado. Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para la gestión de Pedro Sánchez, destacando especialmente la regularización de migrantes como un acto que representa fielmente los valores socialistas.

Tras recordar sus inicios en la agrupación local de Fuente Obejuna y el apoyo de sus compañeros del Guadiato, Mellado se ha mostrado optimista de cara al 17 de mayo: “En 2015, tras ocho años de gobierno del PP en Fuente Obejuna, los socialistas logramos la mayoría. En las próximas elecciones andaluzas, vamos a conseguir que María Jesús Montero sea nuestra futura presidenta”. Por último, Mellado también ha recordado a Maribel Flores, una histórica socialista que falleció el pasado 2 de abril y que fue senadora y diputada autonómica.

En un ambiente cargado de entusiasmo y con el respaldo de la plana mayor del partido, el PSOE de Córdoba ha dado el pistoletazo de salida a la pre campaña para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El acto, marcado por constantes gritos de “presidenta, presidenta”, ha servido para que María Jesús Montero, la candidata de los socialistas a la Junta de Andalucía, lance su compromiso más ambicioso: garantizar por ley que cualquier ciudadano sea atendido por su médico de cabecera en un plazo máximo de 24 a 48 horas si logra el gobierno de la Junta.

“La primera medida que voy a adoptar cuando sea presidenta es garantizar por ley la asistencia en 24-48 horas”, ha afirmado en el polideportivo del Colegio Mayor La Asunción, recordando que Andalucía fue pionera en el pasado en hitos como “la investigación con células madre o la segunda opinión médica”. Para la candidata, el voto del 17 de mayo es, en esencia, “un referéndum por la sanidad pública”.

En la semana en la que se ha iniciado el proceso extraordinario de regularización de los migrantes que viven en España, Montero ha defendido la medida no como algo administrativo, sino como un acto de humanidad y realismo económico. En sus propias palabras, se trata de “personas que viven con nosotros, que cuidan de nuestros mayores, personas que trabajan en el campo y que nos traen la comida a la mesa”. La líder socialista ha recordado que estos ciudadanos también son fundamentales en sectores como “la construcción y la hostelería” y que son perfiles “que necesitamos para seguir haciendo crecer a este país”.

Frente a los discursos de la derecha y la ultraderecha, Montero ha situado el debate en el plano ético, sentenciando que “por encima está la dignidad” de cada individuo. Para la candidata, esta política es un ejemplo de cómo el crecimiento económico puede y debe ser compatible con la justicia social. “El crecimiento económico se reparte porque no hay progreso si no somos capaces de socializar lo que producimos entre todos”, ha subrayado ante un auditorio que incluía a un pequeño grupo de migrantes, que ha roto en aplausos.

Finalmente, Montero ha expresado su deseo de trasladar este modelo de gestión a la comunidad autónoma tras las elecciones del 17 de mayo. “Quiero hacer lo que tú haces en España, pero en mi tierra”, le ha dicho a Sánchez, concluyendo que su objetivo es “trabajar para la mayoría y no frente al interés de unos pocos que defiende la derecha”.

Durante su intervención, además, Montero ha ratificado su compromiso con el norte de la provincia, garantizando que las necesidades energéticas de la zona estarán incluidas en la planificación 2026-2030, algo vital para combatir la despoblación. En materia de vivienda, ha denunciado que los precios en Andalucía suben por encima de la media nacional y ha afeado a la Junta que no utilice los millones de euros “destinados por el Gobierno de España” para la construcción de parque público de vivienda.

Montero responde a Moreno Bonilla: “El lío lo tienen las familias andaluzas con los recortes y la privatización”

Por otro lado, la candida socialista ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien justificó la falta de cambios en el Sistema Andaluza de Salud (SAS) alegando que “era un lío”. “El lío lo tenemos las familias, eso sí que es un lío”, le ha respondido Montero, que ha asegurado que los verdaderos “líos” son los que sufren los andaluces.

“Es un lío que nos metan copagos en el sistema sanitario y es un lío que quiten quirófanos para dárselos a las privadas. El lío lo tenemos las familias”, ha recriminado la líder socialista. En esa línea, ha extendido la crítica al ámbito educativo, señalando que “es un lío que cierren aulas”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha aprovechado un acto electoral este domingo en Córdoba para entrar de lleno en la disputa ideológica por el concepto de “prioridad nacional”, un principio incorporado en los pactos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. Durante su intervención para apoyar a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Sánchez ha asegurado que “estos días se habla mucho de prioridad nacional y es verdad: todos tenemos prioridades en nuestra vida y las naciones”.

Frente a la visión de la derecha y la ultraderecha, el presidente ha querido desglosar qué significa para su Ejecutivo este concepto para los próximos años: “La prioridad para este 2026, 2027 y más allá es tener una España que apueste por la paz y no a la guerra”. En este sentido, ha sido tajante al definir los ejes de su política: “La prioridad nacional es el empleo y no el paro, son los servicios públicos de calidad y blindados, y no sus recortes y privatizaciones”.

Ante un polideportivo del Colegio Mayor La Asunción lleno hasta la bandera -varias decenas de personas se han quedado a las puertas del edificio debido a la falta de espacio-, Sánchez ha insistido en que la verdadera prioridad nacional reside en lograr “un progreso justo y no un retroceso como el que plantean” PP y Vox. En el ámbito social, ha destacado que el objetivo es que “nuestros jubilados tengan una jubilación digna, que se revalorice conforme al IPC y no lo congelen como hicieron ellos”, defendiendo una nación que sea “justa, digna, que progrese y nadie atrás y defienda la paz en España, en Europa y en el mundo”.

Crítica a los pactos de PP y Vox

El jefe del Ejecutivo ha cargado duramente contra los acuerdos de la derecha, afirmando que lo acordado entre la derecha y la ultraderecha viola “lo sagrado de la Constitución, que es el principio de no discriminación”. Sánchez ha cuestionado la coherencia del Partido Popular al pactar con quienes, a su juicio, vulneran principios constitucionales: “PP, Vox y la Constitución: consejos vendo que para mí no tengo”.

Para Sánchez, la alternativa en Andalucía a estos “pactos de señoros” es un modelo donde los ciudadanos sean el centro: “Que cuando seas atendido en un hospital te atiendan como paciente y no como cliente”. Ha criticado, además, que aunque Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla usen “distintos tonos”, tocan la “misma melodía: recortar para aumentar la lista de espera en la sanidad pública y luego que la privada te trate como cliente”.

El contraste con la España de 2018

El presidente ha recordado la situación que heredó al llegar al Gobierno de España tras la moción de censura a Mariano Rajoy, describiendo una España “fracturada en lo social, lo territorial, estancada en la economía y desconfiada de sus instituciones”. Además, ha hecho alusión directa a la declaración de Rajoy como testigo en el caso Kitchen, que se ha producido esta semana: “La corrupción en el PP no desaparece, sino que se transforma como la energía”, ha dicho.

Frente a esa etapa de “contrareforma laboral”, “amnistías fiscales” y “congelación del salario mínimo”, Sánchez ha reivindicado que su gestión es un “éxito del país, de las familias y de las empresas”. Asimsimo, ha recordado que su Gobierno ha transferido a las comunidades “300.000 millones de euros más” que Rajoy, pero que el resultado depende de las prioridades: “No es una cuestión de dinero, sino de modelo social”.

María Jesús Montero como garantía

Sánchez ha presentado a María Jesús Montero como la líder capaz de ejecutar estas prioridades en Andalucía, destacando que es una “médica con experiencia de gestión” ideal para “blindar” la sanidad. “Si lo hemos conseguido en España, fijaos lo que podemos lograr en una comunicad tan importante como es Andlaucía

El presidente del Gobierno ha concluido su intervención llamando a la movilización ciudadana para demostrar que “defender lo público es hacer grande a su sociedad”, y preguntando qué papel quiere jugar Andalucía dentro de esas “prioridades nacionales” que buscan fortalecer el Estado del bienestar.

El Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, ha decretado la libertad con cargos para el hombre acusado de apuñalar a otro en Córdoba este sábado, según ha podido confirmar este periódico

Los hechos ocurrieron durante la mañana de la pasada jornada en el polígono industrial de La Torrecilla, en la calle Ingeniero Juan de la Cierva, a la altura del número 6. En un momento dado se generó una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con éste apuñalando al primero en un brazo con un cuchillo.

Hasta el lugar del apuñalamiento se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y equipos sanitarios. Ya allí, los agentes detuvieron al agresor y la víctima fue evacuada al Hospital Universitario Reina Sofía.

Tras su detención, el agresor pasó a disposición judicial durante la pasada noche, decretando el juzgado su libertad con cargos.

Hace seis años que Marta (nombre ficticio) se sentó con Cordópolis para contar su historia -gigante e incansable-, que no era otra que la de intentar que su hijo tuviera un presente y un futuro dignos. En aquel momento, Jesús (nombre ficticio) tenía 11 años y ella batallaba por un cuidado equitativo del menor entre ella y su expareja tras divorciarse. El menor sufre autismo severo con hiperactividad, discapacidad intelectual grave y problemas conductuales. Por aquel entonces, su madre temía que ingresara en una residencia; una profecía que se ha acabado cumpliendo pero en unas condiciones aún peores.

Desde el pasado mes de febrero, este menor -actualmente tiene 17 años- está ingresado en la residencia de mayores que Prode tiene en Pozoblanco, un recurso al que van personas gravemente afectadas y mayores de 55 años. Convencida de que no es un centro adecuado para él, ha recurrido a todas las vías posibles para que su hijo salga de un lugar en el que, afirma, vive “en una habitación sin puertas” y en un entorno “sin seguridad y sin personal cualificado para tratar a menores y menos, con autismo, y donde tampoco recibe atención educativa directa”.

Para entender la situación hay que retrotraerse a 2021, cuando el menor ingresó en Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, una escuela hogar donde residía y recibía atención íntegra. Según un informe psicosocial del centro, la adaptación de Jesús fue “positiva”, aunque todos los avances seguían dependiendo “de la presencia y la mediación constante de figuras de referencia”. Por ello, durante su estancia allí, el equipo priorizó “la anticipación de acontecimientos, la mediación emocional y la adaptación de las demandas a su nivel de competencia”, lo que contribuyó a “reducir la aparición de respuestas desajustadas y favorecer su integración en la vida cotidiana de la residencia”.

Sin embargo, lo que podía ser una estancia hasta alcanzar la mayoría de edad -para después pasar a los programas de transición a la vida adulta- se truncó el pasado 11 de diciembre. Pese a que el menor ni siquiera había cumplido los 17 años, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía le notificó que su nueva plaza estaba en la Residencia de Gravemente Afectados (RGA) de Prode Pozoblanco. Esta modificación de las prestaciones que recibe el menor se produjo tras la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), que se lleva a cabo cuando los demandantes de esta asistencia cumplen 16 años. Fuentes de la Delegación de Inclusión en Córdoba han apuntado que el cambio se ha realizado conforme a la normativa, “ya que, a partir de los 16 años, ya pueden ir a Residencias de Gravemente Afectados”. A las preguntas de si realmente la residencia de adultos de Pozoblanco responde a las necesidades de este chico, estas mismas fuentes enfatizan en que esa es la designación que ha realizado Dependencia. “¿De verdad que no hay más adultos en Córdoba que hubieran necesitado esa plaza y han sacado a mi hijo de un sitio donde estaba perfectamente atendido?”, se pregunta esta madre.

Según relata ella, la propia directora del centro de Pozoblanco le advirtió por teléfono que el lugar no era adecuado para un joven de su edad. Ante ello, Marta y su exmarido visitaron las instalaciones, pudiendo constatar la falta de idoneidad. “Vi que las ventanas se abrían sin problema, y mi hijo no puede estar en un entorno así”. Este medio ha contactado con la entidad pozoalbense, aunque sin éxito.

Tras esta visita, la progenitora remitió un correo a Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra comunicándole que renunciarían a la plaza en Pozoblanco hasta que saliera una vacante disponible en un centro cualificado de autismo. “De forma verbal me dijeron que iban a guardar su plaza hasta ver si el niño se adaptaba en Pozoblanco, pero no ha sido así. Lo que está claro es que alguien, el centro o Dependencia, canceló la plaza de Jesús sin que nos dijeran nada”, asegura la madre. Desde la Junta apuntan que la reserva de plaza a la espera de una posible adaptación “no se puede hacer” y que, en el momento en que el usuario abandona el centro, dicha plaza se libera para otro demandante. Cordópolis también ha contactado en varias ocasiones con Ciudad San Juan de Dios, pero no ha obtenido declaración alguna.

“Confinado” en la habitación durante las lluvias de febrero

Una vez que el menor salió del centro sevillano, Marta no tuvo más remedio que ingresarlo en esta residencia de Pozoblanco. El primer día, recuerda, “fue horrible”, así como la primera semana, “ya que, por las lluvias, estuvo en su habitación únicamente”. Una estancia que no tiene puertas y en la que hace sus comidas, afirma la madre, “evitando así que entre en contacto con personas mayores que están muy mal”.

“En un primer momento le pusieron una mesa en el salón con el resto de internos, pero al final está comiendo en el cuarto porque la situación debe ser insoportable para mi hijo, que ha desarrollado un rechazo absoluto a la comida y vive bajo una ansiedad constante que le lleva a pedir agua compulsivamente”, afirma. Para evitar que Jesús esté el mayor tiempo posible en el centro, su madre lo recoge los fines de semana y se lo lleva a casa, pese a la complejidad que supone la estancia del menor en la vivienda.

Sin asistencia educativa en el centro y con traslados agotadores

A diferencia de en Ciudad San Juan de Dios, donde la atención era integral, en esta residencia de adultos, Jesús no tenía inicialmente de asistencia educativa. Para subsanar esta carencia, la madre tuvo que movilizarse para que el menor fuera aceptado en el centro Futuro Singular de Peñarroya. Esto ha derivado en otra “burrada” logística: el joven debe realizar trayectos diarios de casi una hora de ida y otra de vuelta en autobús, levantándose muy temprano, lo que agrava su estado de agotamiento. Tal y como detalla la madre, su hijo todavía no ha conseguido adaptarse al aula, por lo que recibe atención educativa de forma particular y, los días en los que come en este centro, también lo hace sin compañía de otros usuarios.

La desesperación de Marta la ha llevado a pedir auxilio al fiscal delegado de la protección de mayores y personas con discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, quien trasladó el caso a la Delegación de Inclusión de la Junta de Andalucía. Esta instancia, a su vez, le ha comunicado a Marta que su hijo deberá quedarse en ese centro hasta que haya una plaza en otro disponible. “¿Mi hijo es el que tiene que cambiar el sistema? ¿Tiene que estar en un sitio que no está adaptado? Y, ¿hasta cuándo? Hay centros para él en otras provincias de Andalucía”. Además de a esta instancia, Marta también ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz.

La Unidad de Salud Mental del Reina Sofía considera “absolutamente inadecuado” el centro

Mientras tanto, la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía ha emitido un informe suscribiendo que el recurso de Prode es “absolutamente inadecuado” para este joven, quien tiene “graves problemas de conducta con comportamientos agresivos hacia otras personas y su entorno, autolesiones y conductas de riesgo hacia sí mismo”.

El psiquiatra y coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del hospital -Rafael de Burgos-, que es quien firma el informe, insiste, además, en que los cuidados y las actividades de la residencia de Pozoblanco están dirigidos, “lógicamente”, a sus usuarios, personas mayores de 55 años, y no a casos como el de Jesús. Por todo ello, desde esta unidad se ha solicitado que, a la mayor brevedad posible, el menor sea trasladado a otro centro adecuado para su edad y con experiencia en la atención a niños con autismo, discapacidad intelectual y trastornos de conducta.

Desde la Junta emplazan a la madre a solicitar una plaza de urgencia para lograr el cambio de centro. Mientras tanto, la única alternativa para Jesús pasa por seguir en esta residencia de adultos ante la dificultad que supone poder estar en su casa, con su madre.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) ha rescatado durante la tarde de este sábado a una perra que había sido arrojada al interior de una alcantarilla.

Según ha podido saber este periódico de fuentes del Speis, el rescate se ha producido en la carretera de Palma del Río, a la altura de Las Palmeras. El aviso lo ha dado un vecino, quien, al pasar por la alcantarilla, ha oído al animal, una perra de poca edad de raza pitbull.

Al llegar los bomberos al lugar, se percataron de que la alcantarilla se encontraba cerrada, por lo que han tenido que abrirla por completo para hacerse con el animal, que estaba asustado. Al ver que iba a ser rescatado, no ha puesto resistencia alguna.

Una vez fuera de la alcantarilla, los bomberos la han inspeccionado y han jugado con ella para que se relajara. Una clínica veterinaria que trabaja con Sadeco en el auxilio de animales encontrados en la vía pública se ha hecho cargo de esta perra, que no tenía chip ni correa.

La plaza de Hiroshima y Nagasaki se ha convertido este sábado en el escenario del rechazo ciudadano contra la violencia machista. En su cita mensual cada día 25, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha salido a la calle con un mensaje claro: Basta ya. En esta ocasión, el dolor ha sido especialmente profundo tras el asesinato machista el pasado 13 de abril de Tulia, vecina del barrio de la Fuensanta, un suceso que, en palabras de la portavoz de la plataforma, Carmen León Fernández, ha “encogido el corazón” de la ciudad.

En una atención a medios de comunicación, León ha destacado el impacto emocional que supone que la víctima sea alguien cercano. “Siempre que hay un asesinato machista duele, pero cuando encima es de alguien tan cercano y una vecina, pues notas que duele más”, ha expresado, recordando el lema que el movimiento feminista tiene interiorizado: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas»”.

A pesar de los avances legislativos y sociales, la portavoz ha sido crítica con la gestión actual de la violencia de género. Por ello, ja denunciado que, aunque se han conseguido logros, “las cosas siguen fallando” debido a que los recursos no son los necesarios. “De boquilla se apuntan todos, pero si no hay recursos, las políticas de igualdad no funcionan”, ha sentenciado la portavoz de la plataforma, instando a que la lucha contra la violencia hacia las mujeres se traduzca en una apuesta real y presupuestaria.

Tras la lectura de un manifiesto, los participantes de esta concentración se han unido manifestación en contra de la guerra que ha partido a las 19:30 desde esta misma plaza.

Un hombre ha sido detenido en la mañana de este sábado tras agredir con un arma blanca a otro en el polígono industrial de La Torrecilla. Según ha adelantado Cope Córdoba, la víctima sería un camarero de un establecimiento de la zona.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11:40 en la calle Ingeniero Juan de la Cierva a la altura del número 6. Según ha informado este periódico el servicio de Emergencias 112, la agresión con un arma blanca, posiblemente un cuchillo, se habría desencadenado tras una discusión previa entre detenido y víctima.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y equipos sanitarios. Ya allí, los agentes han detenido al agresor y la víctima ha sido evacuada al Hospital Universitario Reina Sofía, tal y como ha apuntado la Policía a este periódico. El herido presenta lesiones en un brazo, aunque las heridas no serían de gravedad.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presidido este sábado la 64ª reunión del Consejo de Administración de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) celebrada Dubrovnik, Croacia. Ante la ausencia del presidente de la organización y actual alcalde de Quebec, Córdoba ha asumido la responsabilidad de dirigir este encuentro internacional en su calidad de vicepresidenta del organismo.

Durante las sesiones de trabajo, en las que han participado representantes de ciudades de primer nivel como Quebec, San Antonio, Brujas o Angra do Heroísmo, Córdoba ha reafirmado su papel de guía en la elaboración de políticas para centros históricos protegidos. Bellido ha destacado que “Córdoba lidera en el mundo las políticas de gestión de cascos históricos protegidos”, pero que este liderazgo no es un éxito exclusivo de su gobierno, sino el resultado de un “compromiso sostenido de toda la sociedad cordobesa” durante décadas de evolución urbana.

La organización, según ha explicado el regidor, se encuentra inmersa en el desarrollo de un Nuevo Proceso Urbano. Este nuevo enfoque busca que la gestión patrimonial trascienda la mera conservación para centrarse en la “habitabilidad de los conjuntos históricos”. Según el alcalde, el objetivo es garantizar que estas zonas no sean solo museos, sino espacios donde la calidad de vida de los residentes sea la prioridad.

Retos comunes: turismo, movilidad y sostenibilidad

Esta reunión ha servido para poner en común retos globales como la “gestión del turismo, la movilidad y la sostenibilidad”. Bellido ha señalado la pluralidad de situaciones dentro de la red: mientras ciudades europeas como Córdoba o Dubrovnik buscan el “equilibrio y la convivencia” entre el turismo y la vida vecinal, otras ciudades del mundo se encuentran todavía en fases de crecimiento y expansión turística.

“Si no colaboramos entre nosotras para poner soluciones sobre la mesa, los problemas que unas vivimos hoy les llegarán a otras en el futuro”, ha advertido el regidor, subrayando la importancia de la hoja de ruta que se ratificará en el próximo “Congreso de Marrakech”.

Una de las principales novedades tratadas en Dubrovnik ha sido el impulso de una “red de apoyo técnico” y el uso de “datos objetivos para la toma de decisiones*”. Y es que la OCPM pretende posicionarse como una organización pionera en la medición de parámetros críticos como la situación de la vivienda, los flujos turísticos y la fluctuación de la población en los cascos históricos. Este sistema de medición permitirá a las ciudades adoptar las mejores soluciones basadas en evidencias y experiencias compartidas.

Un acertante en Doña Mencía se ha llevado este viernes 200.931,61 euros del sorteo de la Bonoloto. La suerte la ha repartido la administración de lotería ubicada en la calle Hospital, 2 de la localidad. Además, se trata del primer premio de la Bonoloto que da por primera vez esta administración, que solo ha dado premios de la Quiniela en 2023 y 204.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 35, 5, 47, 17, 42 y 3. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.428.027 euros.

De primera categoría (seis aciertos), además del boleto de Doña Mencía, hay otro validado en el despacho receptor número 5.480 de El Ejido (Almería), situado en San Isidro, 131. Por otro lado, de segunda categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 9 de Parla (Madrid), situada en Avda. de los Planetas, esquina con la calle Venus. Este premio está valorado en 146.132,08 euros.

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.

La titular del Juzgado de Instancia número 2 de Montoro, Cristina Pastor Recover, ha dictado una providencia con el objetivo de reorganizar la causa del accidente de Adamuz, exigiendo que las 142 acusaciones particulares y las seis acusaciones personadas se unifiquen bajo una sola representación y dirección letrada.

Según la resolución judicial emitida el pasado miércoles, y dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las partes disponían inicialmente de un plazo de 15 días para designar un procurador y un letrado comunes. La magistrada advirtió de forma expresa que, en caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes en el tiempo previsto, el órgano judicial procederá a realizar dicha unificación de oficio.

Sin embargo, en una providencia posterior fechada el 23 de abril, la jueza ha decidido abrir un paréntesis en este proceso para garantizar los derechos de los implicados. Con el fin de salvaguardar “el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento”, el juzgado ha concedido un plazo de diez días para que las acusaciones formulen las alegaciones que consideren oportunas sobre la procedencia y el alcance de esta unificación.

Esta nueva decisión conlleva la suspensión del cómputo de los 15días otorgados originalmente para la designación de defensa común. Dicho plazo se reanudará únicamente cuando recaiga una resolución definitiva tras el estudio de las alegaciones presentadas, lo que podría derivar en el mantenimiento, la modificación o incluso la anulación de la orden inicial de unificación.

A pesar de este nuevo trámite, la jueza ha ratificado que la providencia original del 22 de abril se mantiene vigente en todos aquellos puntos que no se vean afectados por esta reciente resolución de alegaciones.

Batalla de las Flores

El Mayo Festivo da el pistoletazo de salida este domingo con la Batalla de las Flores, que partirá a las 12:00 de República Argentina y dará dos vueltas al Paseo de la Victoria. Tras esto, las carrozas se dirigirán a la caseta que la federación ya tiene preparada en El Arena, donde celebrarán una jornada de convivencia. Está previsto que las carrozas lleguen al recinto ferial sobre las 14:00. Como viene siendo habitual, el desfile contará con 12 carrozas más la de la federación. Además, el cortejo lo abrirá un coche de caballo.

Estreno absoluto de 'Yo soy Yerma'

El estreno absoluto Yo soy Yerma, creado por la compañía AndanZas-TNT, llega al Teatro Góngora este viernes. En conmemoración del Día Internacional de la Danza, la directora Juana Casado sitúa a esta protagonista lorquiana en un psiquiátrico, al límite de la enfermedad mental por su obsesión por ser madre. Yerma, obsesionada por su deseo de ser madre, se presenta como una figura anómala y señalada por no encajar en los modelos formales de esposa o madre que impone la sociedad. Esta presión revela una fuerza atávica que sigue determinando el cometido de la mujer, cuestionando los roles impuestos tanto en épocas pasadas como en la actualidad. Esta adaptación explora las consecuencias extremas de la constante lucha entre la realidad y el deseo profundo.

Víctor Manuel, en concierto

Víctor Manuel regresa este sábado a Córdoba con su nueva gira, Solo a solas conmigo; una propuesta que invita a la reflexión sobre la realidad actual frente al conformismo y el aislamiento social. A través de este espectáculo, que tendrá lugar en el Gran Teatro, el artista asturiano entrelazará el estreno de temas inéditos con los grandes himnos que han definido sus seis décadas de trayectoria, tales como Asturias o Solo pienso en ti.

Planes con los más pequeños

El mismo día que Víctor Manuel actuará en el Gran Teatro, en La Axerquía se vivirá en directo el fenómeno Las guerreras K-pop, un espectáculo musical y coreográfico dirigido al público infantil y familiar, que se inspira en el fenómeno global del K-POP para ofrecer una experiencia escénica llena de ritmo, color y emoción.

Y este domingo, el escenario del Teatro Góngora se transformará en una selva vibrante con la llegada de ¡Soy Salvaje!, la última propuesta de la prestigiosa compañía La Maquiné. La función, programada para las 12:00, narra la conmovedora historia de Mona, una niña que ha crecido en libertad en la selva bajo la protección de Koko, un imponente gorila. Sin embargo, la tranquilidad de su mundo se ve truncada tras la destrucción de su hábitat, lo que provoca que ambos sean separados a la fuerza: mientras Koko es trasladado a un zoológico, Mona debe adaptarse a la civilización. Lejos de rendirse, la joven protagonista emprenderá un valiente viaje de rescate para reencontrarse con su fiel amigo.

Más allá del entretenimiento, ¡Soy Salvaje! se presenta como una invitación a la reflexión colectiva sobre la importancia de proteger nuestro planeta y la urgencia de preservar la biodiversidad

Humor con Antonio Molero, Pepe Viyuela y Antonio Rodríguez

Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias llegarán este viernes al Gran Teatro con El barbero de Picasso, una hilarante comedia basada en la amistad entre el pintor y su peluquero, Eugenio Arias, en la Francia de 1948. La obra retrata un trozo anárquico de España en el exilio donde, entre discusiones sobre toros y política, se reflexiona sobre nuestra historia.

En este microcosmos, ambos personajes construyen una patria inventada llena de nostalgia. Ya no son franceses ni españoles, sino ciudadanos de un refugio para el desterrado que solo existe entre tijeras y brochas, un lugar que no pueden habitar sin el otro.

Por otro lado, el cómico Antonio Rodríguez estará este sábado en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba con su monólogo ¿Nos damos un viaje?.

Cycle y Chica Sobresalto, en la Sala Impala

La Sala Impala ofrecerá este finde más propuestas musicales. Cycle, la banda liderada por Luke Donovan y La China Patino, celebrará este viernes en Córdoba los 20 años de su icónico álbum Weak on the Rocks. Será una noche cargada de sintetizadores, guitarras distorsionadas y sus hits inmortales como Confusion!!! o Apple Tree, además de presentar nuevos temas.

El viernes será el turno de Chica Sobresalto, que llega con su nueva gira con la que está presentando su último disco, Información Sísmica, que vio la luz el pasado mes de noviembre.

El prestigioso American String Quartet, en el Festival de Primavera de Córdoba

El Festival de Primavera de Córdoba traerá este viernes al American String Quartet a la Sala Orive. Reconocida como una de las formaciones de cámara más prestigiosas del mundo, el cuarteto está integrado actualmente por Peter Winograd (violín), Laurie Carney (violín), Matthias Buchholz (viola) y Wolfram Koessel (cello). Su presencia en la ciudad representa un hito dentro del ciclo que se desarrolla del 16 de abril al 16 de mayo.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

La 45ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión continuará este fin de semana en el Bulevar de Gran Capitán. Hasta el 7 de mayo, librerías de toda España estarán en Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras. Paralelamente, la feria celebrará este viernes una miniferia, a las 17:00, y este sábado habrá un cuentacuentos a partir de las 18:30.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde Gran Torino (este viernes a las 17:30), Zafari (este viernes y este sábado a las 20:30) y Little Amélie (este sábado a las 18:00). Además, en este enlace puedes conocer los estrenos de las salas de cine de Córdoba. Por otro lado, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras podrá verse este domingo la película La historia de Souleymane (a las 19:00).

En la última sesión del juicio contra la jefa de Salud Mental del Reina Sofía, Carmen Prada, su defensa ha solicitado su libre absolución, rechazando de plano las acusaciones de homicidio por imprudencia y denegación de asistencia sanitaria. Además, ha apuntado que, aunque él lo desconoce, en este caso “puede existir un error del sistema”.

En la lectura de su informe, el letrado ha argumentado que el análisis de la Fiscalía y la acusación particular incurre en un “exceso” al juzgar la actuación de una jefa de servicio bajo principios generales de la Ley de Sanidad o la Constitución, obviando la realidad operativa y los límites de la responsabilidad profesional en un servicio que atiende a 28.000 nuevos pacientes y realiza más de 800 intervenciones anuales. La Fiscalía ha mantenido los tres años y medio de prisión por un delito de denegación de atención sanitaria y por otro de homicidio imprudente. Además, solicita un total de siete años de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros para la familia del fallecido.

La defensa ha centrado gran parte de su informe en la naturaleza “autónoma” del fallecido. Según el letrado, se trataba de un paciente que se encontraba “desvinculado del ámbito sanitario público” por voluntad propia desde 2014 hasta 2019, habiendo elegido libremente ser atendido por un psiquiatra privado. En este sentido, la defensa ha recordado que ni la familia ni la Fiscalía iniciaron en su momento un proceso legal de incapacitación, por lo que el paciente conservaba plenamente sus derechos. “No se puede poner un guardia a su lado porque no está detenido ni privado de libertad; doña Carmen no puede hacer eso”, ha enfatizado la defensa, subrayando que la medicina comunitaria busca la integración del enfermo y no su control coercitivo.

Respecto a las causas de la muerte del joven -quien quiso ingresar en una unidad contra las adicciones días antes de morir-, la defensa ha sido tajante al afirmar que “no existe ningún documento clínico donde se diga que existían ideas autolíticas”. Apoyándose en el informe de la autopsia, la defensa ha sostenido que el fallecimiento pudo ser un accidente y no un acto voluntario, ya que las sustancias halladas en el cuerpo estaban en “cantidades no letales”. Hay que recordar que en la segunda sesión del juicio, el perito Javier Gómez González explicó que el informe preliminar de la autopsia califica la muerte como una “reacción adversa de los abusos”, derivado de la combinación de metadona, anabolizantes, alcohol y otros fármacos -que fueron consumidos “en dosis que no eran letales”- en una persona con antecedentes cardíacos y que padecía asma. Según todo ello, para el abogado defensor no hay pruebas que sustenten que el paciente tuviera intención de suicidarse.

La imposibilidad de ejecutar el internamiento de 2014

Sobre el auto judicial de 2014 que autorizaba el internamiento en la Unidad de Salud Mental del Reina Sofía, la defensa ha alegado que dicho documento no aconsejaba el ingreso hospitalario de forma imperativa, sino “que señalaba que no se habían agotado los tratamientos a nivel comunitario”. Además, ha planteado una cuestión de imposibilidad logística: “¿A dónde van a buscarlo los servicios de emergencias si no hay dirección? Lo que no se puede es encontrarlo sin un domicilio”.

Finalmente, la defensa ha justificado la exclusión del paciente, “basada en criterios técnicos”, de la hoja interna de trabajo que regía en aquellos años. Por ello, ha recordado que ese documento estaba dirigido a trastornos mentales graves y excluía a quienes consumían tóxicos “para garantizar la eficacia del tratamiento para el resto de los enfermos”. “[El paciente] No estaba en el protocolo porque no podía estar; un paciente con consumo así se carga todos los programas que puedan ser de utilidad para el resto”, ha argumentado. Además, ha recordado que la entrada en esa hoja de trabajo no dependía exclusivamente de la acusada, sino de una comisión técnica en la que se abordaban los casos susceptibles de entrar en ese protocolo.

El letrado ha concluido admitiendo que, aunque la familia pueda sentir que las instituciones les han fallado, esto se debería a un posible “error del sistema” y no a una denegación de auxilio por parte de Prada, cuya petición de libertad, ha afirmado, no es formal, sino basada en una “realidad objetivable” en las pruebas y en los testimonios de quienes han testificado durante las dos sesiones anteriores. Por último, los abogados de las dos aseguradoras y el letrado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han pedido también la absolución de la procesada. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El juicio contra la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, ha quedado visto para sentencia tras la celebración de su última sesión. En esta jornada final, tanto las acusaciones como las defensas han elevado sus conclusiones a definitivas. En el caso del abogado de la familia del paciente, esta acusación se ha adherido al planteamiento del Ministerio Fiscal, calificando los hechos como un solo delito de homicidio imprudente y retirando la acusación respecto del asesinato de un joven el Paseo de la Victoria sobre el que paciente se declaró autor, pero fue absuelto por su trastorno mental. Por su parte, la Fiscalía ha ratificado su solicitud de cuatro años de prisión para la acusada, fundamentando su informe en una presunta negligencia profesional grave.

Durante la exposición de su informe final, la fiscal Carmen Romero Urrutia ha subrayado que la protección de la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y regulado por la Ley General de Sanidad, que establece que la atención a los problemas de salud mental debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario. Según el Ministerio Público, a pesar de que existían protocolos específicos en Córdoba para la atención domiciliaria y el seguimiento de pacientes con patologías graves o falta de adherencia al tratamiento, se produjo una “dejación en el cumplimiento de estas normas y directrices”.

El fiscal ha hecho referencia a documentación que pone de manifiesto esta situación, mencionando incluso un manifiesto de enfermos mentales que denunciaba el incumplimiento de la normativa vigente. En este marco de responsabilidad se encontraba la acusada, quien como directora de la unidad “tenía la obligación de velar por la correcta aplicación de estos instrumentos de actuación”. Durante el juicio, los diferentes testigos han asegurado que, en el momento de los hechos, existía una hoja interna de trabajo para dicha atención domiciliaria y otra intensiva, y que solo se aplicaba en enfermos con un Trastorno Mental Grave. Según la acusada, el paciente no estaba incluido porque, además consumía tóxicos.

“Total omisión de la demanda de asistencia médica”

El informe de la fiscal ha hecho un pormenorizado repaso por el historial clínico del paciente fallecido, destacando que ya en 2011 y 2013 se apreciaba un abuso de fármacos y episodios psicóticos. A pesar de los intentos de la familia por alertar sobre la situación, la Fiscalía sostiene que hubo una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Uno de los puntos clave del informe ha sido la existencia de un auto judicial de 2014 que autorizaba el internamiento involuntario del paciente debido a su agresividad y nula conciencia de enfermedad. La fiscal ha reprochado que, a pesar de la urgencia del requerimiento, no consta “el más mínimo intento de llevar a efecto el requerimiento” por parte de la acusada. Según el Ministerio Público, la atención se limitó a ocho ingresos puntuales, dejando el seguimiento posterior a la iniciativa de un paciente que carecía de adherencia al tratamiento.

Por otro lado, la Fiscalía ha rechazado la tesis de la defensa, que argumentaba que esa hoja interna de trabajo no era aplicable al paciente por su condición de drogodependiente. Para Romero, la sintomatología del enfermo obligaba a su inclusión en este protocolo. La responsabilidad penal nace, según la fiscal, de una “conducta negligente que crea un riesgo objetivo”, al haber “desoído las advertencias de la familia” y los informes médicos que alertaban sobre ideas autolíticas y agresividad.

Existencia de centros de media estancia

Por otro lado, la Fiscalía se ha referido a la disponibilidad de recursos que, a su juicio, fueron ignorados por la acusada. Según el testimonio del excoordinador autonómico de salud mental que declaró en la segunda sesión del juicio, en la época de los hechos, la red sanitaria contaba con “camas concertadas en la red de centros de media estancia” para drogodependientes.

Estos centros especializados no están diseñados para ingresos breves, sino para tratamientos de larga duración. El Ministerio Público ha explicado que, en estos dispositivos, los pacientes podían permanecer ingresados durante “seis meses y prorrogables”, lo que habría garantizado una estabilidad y un seguimiento que el enfermo no tuvo al quedar “su atención limitada a ingresos puntuales en la Unidad de Salud Mental”. Para Romero, la existencia de estos recursos convierte la falta de actuación en una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Por último, la Fiscalía ha hecho mención al historial de ideas autolíticas del fallecido, señalando que, a su juicio, existían advertencias claras y documentadas que fueron sistemáticamente ignoradas. El Ministerio Público destacó que ya en 2013 constaba un intento de autolisis mediante el consumo de medicamentos, además de diversos testimonios de la familia que alertaban sobre otros intentos previos de quitarse la vida. Sobre esto, la fiscal ha subrayado las contradicciones de la acusada, quien en el juicio ha sostenido que el paciente no tenía una verdadera intención de acabar con su vida. Sin embargo, la acusación pública ha recordado que, durante la fase de instrucción, la acusada admitió que el trastorno de personalidad del joven solía ir acompañado de “deseos de muerte”. Además, ha hecho hincapié en que, en 2019, el paciente manifestó cuadros de ansiedad con un temor explícito a realizar conductas autolesivas, lo que para la Fiscalía refuerza la tesis de que el riesgo era conocido y previsible para la unidad que ella dirigía.

Finalmente, el Ministerio Público ha argumentado que el “desprecio” por estas ideas autolíticas fue determinante en el desenlace fatal, concluyendo que, “si hubiera sido atendido, no se habría producido el consumo abusivo de tóxicos”, ya que el historial clínico obligaba a prever que la vida del enfermo corría un grave peligro sin una supervisión médica especializada y continua.

La acusación particular se adhiere al informe de la fiscal y describe el “infierno” familiar

La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, se ha adherido al informe del Ministerio Fiscal y ha puesto voz al sufrimiento de los padres, subrayando que durante años “vivieron un auténtico infierno” marcado por el miedo constante ante la agresividad y el deterioro de su hijo, una situación que, a su juicio, fue ignorada por la responsable de Salud Mental. Además, esta acusación ha calificado de “fallo clamoroso” de la sanidad pública el hecho de que su médico de cabecera no le recetara los fármacos inyectables que le recomendó su psiquiatra privado “porque eran muy costosos”.

El letrado se ha referido a la gestión de la orden de internamiento de 2014. Según la acusación, la familia tuvo que batallar durante ocho meses en el Juzgado de Familia para conseguir dicho requerimiento. Sin embargo, una vez que el oficio llegó a la unidad que dirigía la acusada, se produjo una dilación injustificable. Por ello, la acusación ha reprochado que la acusada alegara haber dado traslado de inmediato al servicio de Urgencias para una valoración solo cuando ya había pasado un año desde la recepción del mandato judicial. Al igual que la Fiscalía, ha hecho alusión a que se ignoraron recursos clave, como los centros de estancia media, donde el paciente podría haber permanecido “hasta seis meses” para estabilizar su patología, un traslado que nunca se llegó a tramitar.

Por último, la acusación particular también ha hecho alusión a la salida de prisión tras la absolución por el asesinato de 2015 y ha reclamado que, en aquel momento, no se adoptó “ninguna medida de seguridad para el seguimiento o evolución del paciente”.

El juicio ha quedado visto para sentencia. Hay que recordar que la Fiscalía pide para la acusada dos años de prisión por un delito de denegación de atención sanitaria y un año y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente. Además, solicita un total de siete años de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros para la familia del fallecido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá el próximo mes de junio el juicio contra un hombre acusado de un grave intento de incendio en un establecimiento de la capital y de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el procesado se enfrenta a una petición total de nueve años de prisión por intentar prender fuego a un local mientras se encontraban en su interior tanto empleados como clientes.

Los hechos se remontan a 2024, cuando el acusado se dirigió a un establecimiento de Córdoba portando dos botellas de gasolina. Una vez en el lugar, comenzó a rociar con el combustible a las personas que estaban dentro. Acto seguido, derramó el contenido de una de las botellas en la entrada del local, tanto en la parte interior como en la exterior, y lanzó un cigarrillo encendido a la gasolina con la finalidad de prender fuego.

Lejos de deponer su actitud, el acusado se dirigió específicamente hacia personas que ya habían sido alertadas por los empleados y las roció de nuevo con la gasolina que le quedaba en la segunda botella. El escrito fiscal detalla cómo les lanzó varios cigarrillos encendidos para que el combustible prendiera fuego y, al no lograrlo, lo intentó de nuevo utilizando un mechero. La tragedia fue evitada gracias a la intervención de un cliente del establecimiento, que logró reducir al atacante. En el momento de su detención, se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros.

No obstante, el altercado no terminó con la reducción del procesado en el local. Según el Ministerio Público, durante su traslado a la comisaría, el acusado mostró una actitud violenta, negándose a bajar del vehículo policial y golpeando a un agente, causándole una herida.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos: incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, en grado de tentativa, por el que solicita siete años de prisión; y un atentado a la autoridad, por el que pide un año de cárcel, al igual que por el delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, el fiscal interesa que se imponga al acusado el pago de las costas y la prohibición de aproximarse al establecimiento a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con el local durante un periodo de tres años. El Ministerio Público señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.