El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió a finales de julio que la Junta de Andalucía fuera sancionada por la Inspección de Trabajo después de que judicialmente haya quedado probado que el Gobierno andaluz ha abusado de los contratos temporales en el yacimiento de Medina Azahara.

Así queda de manifiesto en la sentencia a la que ha accedido este periódico. A preguntas de este periódico, Cultura no ha confirmado si el expediente sancionador se ha efectuado ya y, de haberse realizado, a cuánto ha ascendido la sanción. Esta solicitud del TSJA llega después de que el alto tribunal andaluz haya confirmado que la Junta mantuvo de forma irregular y precaria a un trabajador en el conjunto arqueológico durante más de cuatro años y medio.

El trabajador en cuestión era el expendedor del Centro de Recepción de Medina Azahara, quien estuvo cubriendo este puesto desde noviembre de 2018 hasta junio de 2023, rebasando el límite máximo de tres años que fija la ley para las plazas vacantes sin que existiera justificación o causa excepcional alguna. De este modo, el empleado estuvo desempeñando sus labores en el yacimiento de forma ininterrumpida durante cuatro años y siete meses. Sin embargo, en junio de 2023, la Consejería le notificó la resolución del contrato tras la adjudicación definitiva del puesto a un trabajador fijo mediante un concurso de traslados.

Tras el cese, el trabajador recurrió a la vía judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba estimó la demanda en abril de 2024, declaró la improcedencia del despido y condenó a la Junta a elegir entre la readmisión del empleado o el abono de una indemnización superior a los 13.600 euros. Sin embargo, la Administración autonómica decidió recurrir en suplicación.

En su fallo, el TSJA ha abordado el recurso alineándose con recientes sentencias del Tribunal Supremo. En primer lugar, el tribunal ha aclarado que no es posible otorgar la condición de personal fijo ni declarar la improcedencia del despido a un trabajador que no ha superado un proceso selectivo de acceso al empleo público. Según ha remarcado la Sala, la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público exigen de forma imperativa cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, trámite por el que el demandante no había pasado.

Dado que la plaza fue cubierta de forma legal mediante un concurso de traslados entre personal fijo, la extinción del contrato no puede catalogarse como un despido improcedente. Por ello, la Sala ha revocado esa calificación y ha reajustado la compensación económica hasta situarse en poco más de 8.000 euros.

En segundo lugar, y a pesar de reducir esta cantidad, la sentencia no ha restado un ápice de gravedad al fallo dado que el mismo certifica que existió un abuso manifiesto en la contratación temporal al superar con creces los tres años de tope establecidos para la cobertura de vacantes en el sector público. Por esta razón, la sentencia decreta el envío de esta sentencia a la Inspección de Trabajo para que depure las responsabilidades administrativas de Cultura.

Además, el fallo deja una puerta abierta para el trabajador dado que este puede demandar de nuevo a la Junta para que lo indemnice por ese abuso de la contratación temporal.

El juicio celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra la supuesta organización criminal acusada de introducir 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado este viernes visto para sentencia. Como era previsible tras la declaración de la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación de blanqueo de capitales que pesaba contra tres acusados: lo dos supuestos cabecillas y el sobrino de la pareja.

Este juicio arrancó el martes con una petición de penas de prisión que superaba los 150 años de cárcel en su conjunto y que ha quedado muy reducida en su cuarta y última sesión hasta quedar abocada a solicitudes de cárcel muy bajas. Además, inicialmente se solicitaban multas que superaban los 5.500 millones de euros, pero también serán considerablemente menores y se conocerán en la sentencia que firmarán próximamente la Audiencia.

Así, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, pidiendo 11 años de prisión para M.D.F.P., mujer del principal acusado -A.G.P, alias Rambito- y a quien le imputa un delito de tráfico de drogas y organización delictiva. Estos mismos delitos imputa a A.G.P., con la salvedad de que para él contempla diez años de prisión tras reconocerle la atenuante de drogadicción. Para ambos procesados, la Fiscalía solicita, además, una multa de un millón de euros.

Esta atenuante también se ha tenido en cuenta para los 16 procesados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. No obstante, entre ellos hay varios escalafones y con penas diversas dado que, además, el Ministerio Público les ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal. Así las cosas, tras los dos supuestos cabecillas estarían C.C. y J.A.R, que han aceptado cuatro años y seis meses de prisión. A ellos les siguen 12 acusados que han aceptado una pena de tres años y medio de cárcel. En el último rango de la red se situarían dos mujeres juzgadas en calidad de cómplices, E.C.F. y S.O, para quienes la pena final se ha fijado en dos años de prisión. Debido a esa atenuante de drogadicción, el tribunal les suspenderá a todos estos acusados su entrada en la cárcle, aunque también están sujetos al pago de una multa.

La retirada de la acusación de blanqueo de capitales ha llevado consigo una absolución directa: la de R.P.S., representado por el letrado Manuel Fernández Poyatos, para quien la Fiscalía pedía cinco años de prisión y una multa de 400.000 euros.

¿Quiénes eran los líderes de la red?

Un aspecto procesal determinante de la vista es que ninguno de los 16 procesados que alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía señaló ni incriminó a los supuestos cabecillas durante el plenario dado que se negaron a responder a las partes. Sin estas confesiones, la Fiscalía ha tratado de sostener las peticiones de prisión para los dos principales acusados apoyándose en seguimientos en sus domicilios, escuchas y el esquema funcional trazado por la Guardia Civil.

Sin embargo, los letrados de la defensa han arremetido con dureza contra lo que sostiene el fiscal. El letrado Jacobo Teijelo, en defensa de A.G.P. ha tildado el escrito del Ministerio Público de “falacia”, afirmando que era “un corta y pega de los oficios policiales iniciales de 2020” que nada tendrían que ver con esta causa. A su vez, ha defendido que su cliente “ha tenido toda la vida antecedentes menores por consumo y una causa por la que está condenado ocho años en Italia, pero la Policía creía tener aquí a Pablo Escobar”, denunciando la indeterminación del escrito del Fiscal y errores de identificación, como atribuirle un viaje en coche con uno de los procesados que en realidad realizó otro acusado.

Uno de los que iban en ese coche es M.A.R.C. y no ha podido ser juzgado dado que no se ha dado con su paradero. En sala, el fiscal ha desvelado que este procesado formuló en la Guardia Civil una denuncia por un supuesto delito de amenazas en el que habría reconocido que estuvo trabajando para esta organización criminal. Desde entonces, nada se sabe de él.

Por otro lado, tanto esta defensa como la de M.D.F.P. han criticado que, pese a que más del 80% de la investigación y las vigilancias se realizaron en la provincia de Málaga, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ningún agente de esa demarcación ni los que hicieron los seguimientos en Córdoba. En su lugar, han continuado, han declarado instructores de Córdoba “que admitieron en sala no haber visto ni oído nada directamente y que ni recordaban los detalles operativos”.

La abogada ha remarcado que los inspectores admitieron que “jamás” vieron su defendido reunirse con ninguno de los acusados ni consta conversación alguna que la sitúe en la rama empresarial, criticando que se le exija la pena más alta del juicio únicamente por no constarle la atenuante de drogadicción. En este sentido hay que señalar que ninguna de las conversaciones que obran en la causa se han escuchado en el plenario.

Después de otra sesión que también ha sido tensa, el juez le ha dado a los acusados la posibilidad de ejercer la última palabra. Todos la han rechazado, salvo M.D.F.P., quien se ha dirigido directamente al fiscal en tono elevado para recriminarle que “lo que tenía que haber hecho era su trabajo”.

La intervención ha provocado la rápida interrupción del magistrado presidente, quien la apercibió de inmediato en sala por su actitud hacia el fiscal. Tras la llamada de atención del tribunal, la procesada ha pedido perdón, concluyendo así una vista oral tras la cual el tribunal deberá dictar sentencia.

El IES de Villarrubia pasará a denominarse oficialmente IES Manuel Varo. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha publicado este viernes la Orden por la que autoriza esta nueva denominación específica para el centro educativo, atendiendo a la petición cursada por el propio Consejo Escolar del instituto.

La medida da respuesta al expediente remitido a finales de septiembre por la Delegación Territorial de Educación en Córdoba. Con este paso administrativo, el centro -ubicado en la calle Turia de la barriada cordobesa- rinde un homenaje permanente a la memoria de Manuel Varo Arjona, quien fuera un emblemático e histórico párroco de la localidad tras su fallecimiento el 5 de octubre de 2025.

El párroco murió a los 78 años en el hospital debido a una neumonía. Su defensa y compromiso con la sociedad le llevó a, en sus últimos días, a participar en una manifestación convocada en Córdoba para denunciar el genocidio en Gaza y el asalto a la Flotilla. Nacido en Aguilar de la Frontera, fue ordenado cura durante la dictadura de Franco, en 1973, al igual que su compañero Manuel Gómez. Ha ejercido como párroco en Encinarejo, Veredón y Los Mochos, pero siempre se le recordará por su trayectoria en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villarrubia.

Este cambio de nombre supone, así, un reconocimiento explícito a la huella social, humana y comunitaria que la figura del sacerdote dejó entre los vecinos de Villarrubia a lo largo de más de medio siglo de labor pastoral e implicación vecinal.

Lo que se perfilaba como el pilar económico para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra los supuestos cabecillas de la red de las 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado desvirtuado este jueves en la Audiencia Provincial de Córdoba. En el marco del juicio contra este entramado, la prueba pericial de la Guardia Civil sobre las dos empresas supuestamente utilizadas como pantalla ha quedado muy en entredicho tras destaparse graves errores contables relativos a una empresa en cuestión: la que está directamente relacionada con los tres supuestos líderes de la red.

La sesión, centrada en la toma de declaración a los dos guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Córdoba, ha derivado en un enfrentamiento dialéctico constante con las defensas que se ha prolongado durante más de una hora y media. La tensión ha alcanzado tal nivel que el juez se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para aplacar el tono del interrogatorio, advirtiendo a las partes de que la vista no era “un juego entre peritos o ver quién sabe más”, sino un interrogatorio formal dentro de una causa penal.

El análisis financiero del Instituto Armado se centró exclusivamente en dos sociedades mercantiles para intentar probar el supuesto blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Hay que recordar que la causa se inició con una investigación de la Policía Judicial de Córdoba y afectaba directamente a una organización asentada en la capital dedicada a la adquisición e introducción de hachís desde el norte de África. La red lo almacenaba y, tras ello, lo distribuía por Francia. En esta actividad delictiva, la Guardia Civil detectó dos empresas que habrían servido para blanquear el dinero conseguido con la droga.

Sin embargo, y pese a que las actuaciones policiales constataron la existencia de esa red -a quien se le aprehendió 20 toneladas de hachís ocultas en tomates-, la sesión de este jueves ha sembrado serias dudas de que una en concreto -dedicada al vinilado de vehículos- se hubiera usado para tal fin. La segunda analizada se habría utilizado como empresa pantalla de la organización para dar cobertura al transporte de la droga y para el arrendamiento de naves industriales usadas como puntos de almacenamiento del hachís. Los dos acusados que aparecen como administrador y testaferro de la entidad reconocieron los hechos el primer día de juicio.

La tesis de la Guardia Civil sobre la primera empresa -donde la Fiscalía situaba inicialmente un descuadre cercano a los 180.000 euros- ha comenzado a desmoronarse durante el interrogatorio ejercido por la letrada de la acusada M.D.F.P., administradora de la empresa. La defensa ha puesto sobre la mesa que los instructores han ignorado en su informe el saldo bancario con el que la sociedad inició 2022. Cuestionados por el juez sobre por qué en el análisis de otra sociedad de la causa sí se había computado el saldo de tesorería inicial y en el caso de ésta se había omitido, los agentes de la Guardia Civil han admitido la existencia de ese “error”, aunque se han mostrado incapaces de explicar la disparidad de estos criterios.

Ante esto, el fiscal ha tenido que intervenir en el plenario para recalcular a cuánto ascendería el blanqueo de capitales, cuestión clave para sustentar la acusación. En este momento, los agentes han echado cuentas de nuevo, reduciendo la cuantía de los 188.000 euros iniciales a 126.000 euros. Sin embargo, tampoco sería así. Un perito de la defensa, presente durante toda la declaración de los guardias civiles, ha desglosado los balances de la empresa, siendo “la diferencia entre ingresos y gastos igual a cero. La inyección de capital de procedencia desconocida no se desprende de ningún lugar, sino que es un fallo aritmético”, ha concluido.

Asimismo, el perito ha echado por tierra la sospecha sobre 4.460 euros en efectivo atribuidos por la investigación a posibles inyecciones del narcotráfico, aportando las facturas correlativas emitidas a clientes entre enero y febrero de 2023 que justificarían el cobro de dicho importe en metálico. Esa documentación, entre otra, no consta en el informe de la Guardia Civil. En consecuencia, para el perito, esta empresa “era la antítesis del blanqueo”, definiéndola como una pequeña empresa que “más que ganar, simplemente subsistía”. A ello se ha sumado el dato de que la Agencia Tributaria no ha incoado sanción ni expediente alguno contra esta empresa.

Los tres principales acusados niegan los hechos

La sesión también ha acogido las declaraciones de los tres acusados que se han negado a cualquier acuerdo: A.G.P, Rambito, acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de la mercantil protagonista de la sesión de este jueves; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad y sobrino de Rambito. Rambito se ha limitado a despachar su declaración con un “no he cometido ningún delito de tráfico de drogas ni he blanqueado”. Cuestionado por los balizamientos por GPS de la Policía que situaban de forma reiterada vehículos de la red en las inmediaciones de su domicilio, Rambito lo ha justificado en que “toda la urbanización aparca” en su calle porque está cerca de “un supermercado, una farmacia y bares”. Asimismo, ha asegurado que “nunca” se ha subido a un BMW, tal y como habría quedado demostrado en los seguimientos policiales.

Pro su parte, M.D.F.P. ha querido quitarse el rol de liderazgo que le atribuyen los investigadores asegurando que “nunca” ha dado instrucciones a nadie. Además, ha justificado la creación de la empresa porque “desde pequeña” le han gustado los coches. Sin embargo, al ser confrontada en relación con la contratación de la carretilla para la logística de la droga, la procesada ha echado balones fuera asegurando que se enteró de esta cuestión cuando la Policía Nacional la citó en comisaría y que “iba a ser detenida”. Según su versión, tras quedar en libertad llamó a R.P.s. y este se justificó diciendo que le había hecho un “favor” a un tercero, que se trata de uno de los procesados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno de declaración, R.P. ha rechazado cualquier implicación en los hechos, aunque sí ha reconocido que usó la empresa para el alquiler de la carretilla para hacer un “favor”. “Si me imagino que es para lo que fue, no lo habría hecho”, ha asegurado.

Tras esta sesión, la Sección Tercera de la Audiencia afrontará este viernes la cuarta y última del juicio en la que las protagonistas serán, sin duda, las conclusiones definitivas que eleve la Fiscalía.

Camela y La Plazuela, en concierto

Camela actuará este fin de semana en Córdoba dentro de su gira conmemorativa + de 30. El concierto tendrá lugar este viernes en la plaza de toros. El dúo, máximo exponente de la tecno-rumba, celebra con este recorrido sus más de 30 años sobre los escenarios, una gira que llega justo después del éxito de su gira 30 Aniversario.

También en la plaza de toros actuará, aunque este sábado, el dúo granadino La Plazuela, que presentará su segundo álbum de estudio titulado Lugar Nº 0 [D.L.Y], un trabajo que marca una evolución hacia sonidos más complejos y una producción diseñada específicamente para el directo.

Los Caños, en acústico

El grupo de pop español Los Caños actuará este viernes en la sala Long Rock, donde la formación ofrecerá un show acústico e íntimo en el que presentará su nuevo EP tras dos décadas sin publicar material inédito, además de interpretar sus grandes éxitos.

Formado inicialmente por Kiko, Juande y Javi, el grupo se convirtió en un fenómeno musical a principios de los años 2000. Con más de un millón de copias vendidas y varios Discos de Oro y Platino, su discografía abarca títulos clave del pop nacional como su álbum debut homónimo Los Caños (2000), Agua de Luna (2002) y Los locos somos así (2003), cosechando grandes éxitos con temas como Niña piensa en ti, Bailar en tu boca, Ella es o Sin decirnos nada.

En esta nueva etapa artística iniciada este año, el proyecto continúa liderado por Kiko y Juande, quienes retoman los escenarios con una propuesta renovada que combina la esencia de sus comienzos con una mirada madura

Belén de Chocolate de Rute

Este finde queda inaugurada la Navidad gracias a Galleros Artesanos, que abrirá este sábado las puertas de su Belén de Chocolate. En esta ocasión, esta empresa ruteña ha volcado todos sus esfuerzos en hacer una verdadera obra de arte que, en esta ocasión, aborda las leyendas que circulan en torno al mar Mediterráneo. El belén podrá visitarse de lunes a domingo, en horario de mañana de 10:00 a 13:30, y por las tardes de 16:00 a 19:00. Este monumento de chocolate cierra únicamente el 24 y el 31 de diciembre por la tarde, el 25 de diciembre y el 1 de enero durante toda la jornada y el 5 de enero por la tarde.

El humor de Santi Rodríguez

El reconocido actor y humorista Santi Rodríguez presentará su espectáculo de comedia ¿Nos damos un viaje? este sábado a las 20:30 en el Teatro El Brillante. Durante los 90 minutos que dure la función, el cómico ofrecerá un recorrido lleno de humor por sus vivencias personales e imprevistos en viajes alrededor del mundo. La obra centra su propuesta argumental en el divertido contraste entre las elevadas expectativas vacacionales y las disparatadas anécdotas reales que surgen durante sus desplazamientos.

La obra 'Marina' para conmemorar el 40º aniversario del Coro de Ópera de Córdoba

El Gran Teatro acogerá la representación de la célebre obra lírica Marina este viernes a las 20:00 y este domingo a las 19:00. Esta puesta en escena reunirá sobre los escenarios al Coro de Ópera de Córdoba y a la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección musical de Alejandro Muñoz y la dirección de escena de Juan Carlos Villanueva. La cita reviste una relevancia especial para la agrupación coral de la ciudad, que celebra su 40º aniversario con este montaje como broche de oro a un año de intensa actividad que pone de manifiesto su versatilidad artística.

Compuesta por Emilio Arrieta, Marina vio la luz originalmente en 1855 como una zarzuela de dos actos estructurada sobre un libreto de Francisco Camprodón. A petición del tenor Enrico Tamberlick, la pieza fue reconvertida en una ópera en tres actos adaptada por Ramos Carrión. Su posterior estreno en el Teatro Real de Madrid en 1871 resultó en un éxito histórico, logrando que Arrieta fuera el primer compositor en estrenar una ópera escrita en español en dicho coliseo sin desligarse de la esencia de la lírica nacional.

Flamenco

En el apartado de flamenco, la peña Fosforito acogerá este viernes el recital de los cantaores Antonio Porcuna El Veneno y Gema Mariscal, que estarán acompañados de Alberto Lucena, al toque. Además, el guitarrista José María Lorite El Macareno se citará con su público este domingo en la Posada del Potro. En esta ocasión, se subirán con él al escenario los tocaores Ramón El Cherry y Amparo Navarro.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes Los santos inocentes (a las 18:00) y El guardián (a las 20:30). Además, en este enlace puedes conocer los estrenos en las salas de cine de Córdoba.

Jesús Pozo presenta 'La mala memoria'

En el antiguo Rectorado de la Universidad de Córdoba (calle Alfonso XIII), el Colectivo Prometeo junto a Europa Laica , presentan la obra La Mala Memoria: Pobreza, Iglesia y Represión en los colegios del Franquismo de Jesús Pozo Gómez.

Jesús Pozo es un periodista almeriense de dilatada trayectoria en prensa, radio y televisión, además de guionista y escritor ( con obras como “De cuerpo presente” o “Aquella España nuestra”). La Mala Memoria analiza las artimañas de la Iglesia durante el Franquismo y la Transición que le permitieron controlar la Educación.

El colectivo 15M Stop Desahucios Córdoba ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para concentrarse este jueves, 8 de octubre, a las 19:00, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. El acto, convocado en señal de duelo y rabia, rinde tributo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció tras ser desahuciada del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Madrid) en el que había vivido desde hacía más de 70 años.

El desahucio de Maricarmen -ejecutado el pasado 23 de septiembre entre protestas vecinales e intervenciones policiales- provocó su traslado en camilla e ingreso inmediato en el Hospital Gregorio Marañón, donde finalmente ha fallecido este miércoles. Su lucha contra el desalojo de su hogar se convirtió en un símbolo nacional del impacto de la crisis habitacional en la población vulnerable.

Desde 15M Stop Desahucios Córdoba señalan que el objetivo de la movilización frente al Consistorio no es únicamente recordar su figura, sino articular una protesta colectiva ante una problemática que afecta a diario a numerosas familias. “Con esta concentración queremos rendir homenaje a Maricarmen y, al mismo tiempo, denunciar una situación que no podemos aceptar: la vivienda es un derecho, no un negocio”, manifiestan en el comunicado emitido por el colectivo.

La plataforma ha invitado a los vecinos y a los movimientos sociales de la ciudad a sumarse a la protesta para exigir medidas urgentes que garanticen una alternativa habitacional digna y el cese de los lanzamientos a personas vulnerables.

La Fiscalía de Córdoba ha decidido no recurrir la sentencia del pasado mes de septiembre que absolvió a la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Carmen Prada, acusada de un delito de homicidio por imprudencia profesional tras el fallecimiento de un paciente en junio de 2020.

Una vez agotados los diez días hábiles para poder presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, el Ministerio Público da por bueno el criterio de la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba y renuncia a reabrir el debate judicial sobre la responsabilidad penal de la facultativa.

Durante el proceso, el Ministerio Fiscal solicitaba dos años de prisión y la inhabilitación profesional para la médica al considerar que pudo incurrir en una imprudencia al no dispensar los recursos asistenciales necesarios al paciente. Sin embargo, tras analizar de forma exhaustiva el desarrollo del juicio y el contenido de la resolución judicial dictada a finales de septiembre, la Fiscalía ha concluido que no concurren los presupuestos legales ni técnicos para sostener un recurso con garantías de prosperar ante la Audiencia Provincial.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 respaldó las tesis de la defensa al descartar la existencia de una negligencia o de un error de diagnóstico en la atención dispensada. La magistrada falló que la patología que presentaba el paciente y sus problemas de adicción asociados no se correspondían con los criterios establecidos para su ingreso en una comunidad terapéutica o en determinados recursos de mayor intensidad, descartando asimismo que la actuación de la psiquiatra guardase relación de causalidad con la muerte de este paciente.

Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Con la renuncia de la Fiscalía a recurrir, la absolución de la responsable sanitaria queda a un paso de ser plenamente firme, salvo que la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, decida formalizar un recurso.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha dictado una providencia de urgencia dentro del procedimiento instruido tras el asesinato de Tulia, cometido presuntamente por su exmarido el pasado mes de abril en La Fuensanta, para que se incorpore ya a la causa el informe de imputabilidad del procesado con el objeto de evitar más dilaciones.

Según la presente resolución, a la que ha accedido este periódico, el juzgado pide al Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén la emisión urgente del informe sobre la imputabilidad o inimputabilidad del investigado, solicitado por su defensa. La jueza fundamenta esta urgencia en la gravedad de los hechos investigados, el tiempo transcurrido y el carácter prioritario de la tramitación al tratarse de una causa con preso preventivo, la cual “no debe dilatarse en ningún caso”.

Con este documento, su defensa busca analizar si el único acusado en este crimen actuó con plenas capacidades mentales. Este dictamen del IML dará las claves su imputabilidad o no. Así, se podrá declarar una atenuante por trastorno mental, una eximente completa o incompleta. En el otro extremo, el dictamen vendrá a corroborar que el procesado era plenamente consciente de todo lo que hacía.

Junto con el requerimiento al IML, la providencia confirma la incorporación a la causa de nuevos vestigios remitidos la Policía Científica y hallados en la escena del crimen, como son un machete, dos sprays de gas pimienta, una sudadera y un juego de llaves, entre otros elementos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado el cierre cautelar y temporal del club de Córdoba y otro de Cáceres en el marco de las diligencias abiertas a raíz de la investigación policial sobre la presunta trama acusada de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según sitúa la Policía Nacional en su atestado, la organización atraía a mujeres desde sus países de origen con falsas ofertas de empleo y, una vez en España, las sometía supuestamente a un estricto control de horarios y tarifas, forzándolas a trabajar sin descansos. El operativo policial se saldó con la detención de siete personas y el registro de tres viviendas y un club en Córdoba, además de otro local en la provincia de Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y diversa documentación. En la operación fueron detenidas siete personas, de las que solo cuatro pasaron a disposición judicial, aunque el juzgado decretó posteriormente la libertad provisional sin fianza para todos.

Una vez puestas en libertad, tal y como ha podido conocer Cordópolis, el Ministerio Fiscal ha solicitado la clausura temporal e inmediata de ambos locales con el fin de prevenir cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción judicial. Sin embargo, la defensa de dos de las detenidas -responsables del negocio- ha formulado un escrito de alegaciones, rechazando el cierre e insistido en que los hechos atribuidos por la Policía son meras “hipótesis” que aún deben investigarse y probarse.

De este modo, el letrado sostiene que, tras la intervención policial, no se ha acreditado un “peligro” que justifique una medida tan drástica como es el cierre temporal. Durante la entrada policial en este club, los agentes hallaron a 16 mujeres y dos clientes, sin que en el acta constara que “ninguna estuviera encerrada, retenida físicamente, privada de documentación ni pidiendo auxilio”. En las entrevistas posteriores, diversas trabajadoras manifestaron haber viajado de manera voluntaria, no mantener deudas, disponer libremente de sus pasaportes y cobrar directamente por sus servicios el mismo día.

Asimismo, el letrado de estas dos mujeres ha solicitado al juez instructor que verifique de forma reservada si alguno de los testigos protegidos en los que la Policía y la Fiscalía apoyan sus tesis coincide con una antigua trabajadora con la que una de sus defendidas mantiene un proceso penal previo por lesiones. De ser así, “la existencia” de este enfrentamiento “constituiría una circunstancia relevante a efectos de valorar el testimonio y la posible concurrencia de animadversión, enemistad previa o un eventual móvil espurio”, afirma el abogado.

Ahora será el juzgado de Violencia sobre la Mujer quien responda a esta petición de la Fiscalía a través de un auto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra la trama acusada de ocultar el alijo de 20 toneladas de hachís en el interior de falsos tomates. La jornada ha estado marcada por las lagunas de memoria de varios testigos y, sobre todo, por un importante giro en el calendario judicial: la renuncia de testificales por parte de las partes ha despejado la agenda y permitirá adelantar el final de un juicio que inicialmente estaba previsto que se prolongase hasta el 30 de octubre, fecha en la que ya con seguridad no habrá sesión.

Durante la mañana han comparecido cuatro de los testigos. Uno de ellos ha sido el representante de una inmobiliaria que ha admitido haber enseñado la nave donde se incautó el mayor alijo de la droga tras recibir la llamada de un intermediario, alegando que le indicaron que era “para almacenamiento”. Aunque ha afirmado no recordar nombres específicos ni el de la empresa pantalla usada por la red, ha acabado ratificando ante la sala el reconocimiento fotográfico que hizo en su día ante la Policía, donde identificó a dos de los implicados.

En la misma línea ha declarado el joven que habría alquilado a la red la carretilla elevadora usada para cargar la droga. Pese a responder reiteradamente que no se acordaba de los pormenores por el tiempo transcurrido, ha ratificado la identificación que hizo en sede policial. Por su parte, también ha declarado un corredor de seguros que conocía desde hacía años a Rambito, el líder de la trama, y al acusado J.A.R.M., que este martes reconoció haber ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de la nave donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

Después de estas declaraciones, la sesión ha avanzado drásticamente, ya que las partes han renunciado a la comparecencia de los otros cinco testigos agendados para este miércoles. De cara a este jueves, la Fiscalía ha renunciado a las declaraciones de dos médicos forenses, así como a los testimonios del Jefe de Sección del Área de Sanidad de Sevilla y del Jefe de Sección de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, al no haberse impugnado los análisis ni la custodia de la droga incautada.

Por tanto, este jueves comparecerán los dos agentes de la Guardia Civil del Equipo de Delitos Económicos de Córdoba para ratificar el informe económico-patrimonial, un perito de una de las defensas y los tres principales acusados: A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Aunque tras estas declaraciones se podría abordar la lectura de los informes de las partes, el juez José Francisco Yarza Sanz ha acordado que esta última fase se retrase al viernes. El motivo es que la Fiscalía aún no tiene los documentos que acreditarían la situación de drogodependencia de todos los acusados que este martes reconocieron los hechos. Sin estos escritos, el Ministerio Público no puede reducir las penas de prisión a las que, presumiblemente, ha llegado con las defensas.

Una vez que el viernes finalice la fase de lecturas de los informes y se dé la última palabra a los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.

Un total de 16 de los 20 acusados que formaron parte de la red que traficó con 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos -operación Califa- han reconocido los hechos en la primera sesión del juicio que ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Sin embargo, otros tres acusados -Rambito, su mujer y otro hombre, los líderes de la trama criminal- no han llegado a ningún acuerdo con el Ministerio Público, mientras que otro imputado no se ha presentado.

Estos procesados se enfrentaban inicialmente a penas de prisión que iban de los siete a los diez años, penas que se situarán por debajo de los cinco años. Además, sus abogados han presentado documentación que acreditaría la condición de drogodependientes de los acusados, lo que permitiría aplicarles la suspensión de la ejecución de la pena y no entrar en prisión. Junto a ello, la Fiscalía pide para todo más de 5.500 millones de euros en multas, cantidad que también se reducirá para los acusados que han confesado.

Salvo una única excepción, la tónica general entre los procesados que han optado por la conformidad ha sido responder de forma exclusiva a las preguntas formuladas por la representación de la Fiscalía, negándose a contestar a las defensas. En relación con el reconocimiento de los hechos y según la calificación del Ministerio Público, J.A.R.M. ha reconocido que ha ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de una nave en Mollina (Málaga) donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

A su lado, C.C.F. ha admitido que ha participado en la manipulación y traslado de la sustancia, en el alquiler de la nave de Málaga empleada para los trasvases de hachís, así como en la gestión del mantenimiento mecánico de los camiones y en el pago a los transportistas. Por su parte, M.A.H.P., familiar directo de los cabecillas, ha reconocido que ha supervisado a otros integrantes, ha participado en el arrendamiento de las instalaciones y ha manejado personalmente la carretilla elevadora para cargar los fardos de droga en los camiones.

La confesión se ha extendido al personal encargado del transporte pesado y la custodia en tierra. Así, B.R.M. ha admitido que ha ejercido como conductor profesional de camiones de gran tonelaje dedicados a ocultar y trasladar los cargamentos a lo largo de la península, habiendo aportado incluso su vehículo personal para los portes. En el área de seguridad y vigilancia, F.J.C.F. ha reconocido que se ha encargado de la custodia de las naves en el Polígono Las Viñas, de alquilar la maquinaria de carga y de actuar como vehículo lanzadera para avisar de la presencia policial al camión interceptado con 2.600 kilos de hachís.

Asimismo, el matrimonio formado por C.A.C.M. y E.C.F. ha asumido que ha gestionado la contratación y verificación técnica de las naves industriales empleadas en Málaga para estacionar las cabezas tractoras y ejecutar los trasvases a resguardo. En el plano puramente instrumental, J.A.C.C. ha reconocido que ha actuado como testaferro al figurar formalmente como administrador de la empresa pantalla y firmar contratos de arrendamiento de inmuebles clave para la banda.

Por otro lado, J.M.C.F. ha admitido que ha garantizado la presencia física, manipulación y seguridad durante los trasvases de droga, mientras que Y.E.H. ha reconocido que se ha encargado del acompañamiento, custodia y estiba del estupefaciente, recordando el momento en que fue sorprendido por la Policía oculto bajo el camión camuflado con tomates falsos. El transportista R.R.N. ha admitido que ha conducido la furgoneta cargada con 2.600 kilos de hachís interceptada tras salir de una finca, al tiempo que A.C.L. y D.B.M. han reconocido la realización de portes directos en vehículos de la organización. Por último, R.L.L. ha asumido que ha ejecutado tareas preparatorias en los traslados y en el mantenimiento de las instalaciones y S.O. ha reconocido que ha colaborado auxiliándole en esas labores de apoyo logístico. Junto a este grupo con nombre propio, un decimosexto procesado también ha reconocido los hechos.

Tras esto, el tribunal y las defensas han interrogado a los agentes de la Policía Nacional que dirigieron la operación, así como al guardia civil instructor, cuerpo que también participó. Uno de ellos ha manifestado que la investigación se inició en mayo de 2020 tras recibir una información de que Rambito había reactivado su red criminal. Este policía ha reconocido que este procesado era conocido entre los agentes por otras dos detenciones, por lo que decidieron vigilar una nave de la carretera de Palma del Río que era usada por la organización.

En el extremo opuesto, tres de los principales procesados se han negado a aceptar cualquier propuesta de conformidad con el Ministerio Público. Se trata de A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Para los dos primeros, la Fiscalía pide 16 años y medio de prisión (diez, por el delito contra la salud pública; cuatro, por organización criminal; y dos y medio, por blanqueo de capitales), mientras que para el tercero solicita dos años y medio por el blanqueo.

Uno de los procesados, en busca y captura

El arranque de la vista ha estado precedido por una intensa deliberación del tribunal debido a la incomparecencia del acusado J.A.A.LL., un transportista de la red que en octubre de 2022 protagonizó una fuga a gran velocidad a lo largo de 40 kilómetros cargado con 288 kilos de hachís, embistiendo a una patrulla de la Guardia Civil e hiriendo a dos agentes. Su letrado de oficio ha comunicado la imposibilidad de contactar con él, y los intentos de citación formal en Loja y Burgos han resultado infructuosos.

Pese a no estar citado formalmente, el fiscal ha solicitado celebrar la vista dada la presencia en la causa de un procesado en prisión provisional y el riesgo de que la macrocausa caduque o sea imposible de señalar de nuevo. Por tanto, el tribunal ha acordado dictar orden de busca, captura e ingreso en prisión para este procesado y desgajar su causa mediante un procedimiento separado por rebeldía, al constar que su familia sí tenía conocimiento del juicio y se le había intentado localizar por vía telefónica.

A esta incomparecencia se suman la extinción de responsabilidad penal de V.P.M. tras su fallecimiento en agosto de 2024, y la situación de rebeldía de M.A.R.C., presunto testaferro y lanzadera de la trama que se encuentra en paradero desconocido desde el inicio de las investigaciones policiales.

El juicio por las muertes de dos militares en Cerro Muriano se celebrará entre los meses de mayo y junio de 2027. Durante un ejercicio en el lago artificial de la base fallecieron, la mañana del 21 de diciembre de 2023, el soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz.

Según la providencia a la que ha accedido Cordópolis, y ha adelantado Cadena Ser, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la celebración de este juicio, que ocupará 20 jornadas. Así, la primera vista se celebrará el 18 de mayo y seguirá durante los días 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de ese mes, para continuar durante los días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24.

Hay que recordar que el juicio por estas muertes iba a celebrarse durante este mes de octubre y parte de noviembre. Sin embargo, en septiembre fue aplazado a 2027 después de que las partes pidieran un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. La acusación particular representada por Luis Romero, en defensa de los intereses del soldado Carlos León, se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para Zanfaño, el comandante Velasco, el capitán Zúñiga y el capitán Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de 1.000 interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad de preguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista.

Por su parte, los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Peticiones de la Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente. Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, con base en la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

La Fiscalía de Córdoba pide un año de prisión para un hombre al que acusa de haber engatusado a un comprador haciéndole creer que adquiría una propiedad plenamente calificada como coto de caza para la captura de jabalíes y muflones.

Según recogen las conclusiones provisionales del escrito del Ministerio Fiscal, el acusado actuó impulsado por un ánimo de ilícito beneficio económico. Durante las negociaciones, hizo creer al comprador que el objeto principal de la finca era su explotación como coto de caza y que se transmitiría con dicha titularidad, siendo la práctica de la caza la razón determinante por la que la víctima decidió emprender la compra.

Para cerrar el negocio, las partes acordaron tanto un precio por la finca como un importe adicional por los derechos a formar parte de la sociedad vinculada a la actividad cinegética. Bajo las indicaciones del vendedor y con la firme seguridad transmitida por este de que en la finca podría cazar jabalíes y muflones, el comprador procedió a firmar en primer lugar un contrato de arras, mediante el cual entregó una suma de dinero en concepto de reserva.

Posteriormente, y persistiendo en la misma creencia engañosa de que la finca era en efecto un coto cinegético operativo, el comprador suscribió un contrato de promesa de compraventa de participaciones sociales de la sociedad matriz, realizando una segunda entrega de dinero al acusado.

Sin embargo, tras desembolsar dichos importes, el comprador constató que la finca no reunía las condiciones y características prometidas en la venta y que se le habían ocultado graves deficiencias legales e infraestructurales. Además, la finca no contaba con las hectáreas mínimas requeridas para configurarse como coto de caza por sí misma, siendo indispensable disponer de la cesión de derechos de fincas colindantes.

Igualmente, comprobó que la propiedad adolecía del correspondiente Plan Técnico de Caza, documento administrativo obligatorio sin el cual no se permite ejercer actividad cinegética alguna. Dicho plan no pudo emitirse debido a irregularidades detectadas en la propia finca, entre las que destaca la presencia de un cercado con cable de acero. Debido a estas deficiencias estructurales y legales, resultaba imposible cazar jabalíes o muflones en el terreno.

En la actualidad, el comprador no se encuentra en posesión de la finca ni se le han devuelto los importes económicos entregados al acusado, motivo por el cual el perjudicado reclama la devolución íntegra del dinero abonado.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide un año y medio de prisión, el pago de las costas y la obligación de indemnizar a la víctima con todas las cantidades abonadas. El juicio prevé celebrarse la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

El Ayuntamiento de Córdoba no ha conseguido que ninguna empresa se presente a la licitación promovida para ejecutar las obras de reparación del socavón en el aparcamiento de Valdeolleros. Ante la ausencia total de ofertas por parte del sector constructor, el procedimiento administrativo ha concluido sin adjudicación y el contrato ha quedado oficialmente desierto.

Esta actuación municipal estaba destinada a reparar el hundimiento registrado en la superficie de este aparcamiento, una incidencia que permanece abierta desde el pasado mes de noviembre. La licitación tenía un presupuesto estimado de 18.054,72 euros y se publicó a mediados de julio.

En junio del año pasado se abrió el aparcamiento ampliado de Valdeolleros después de varias demoras en las obras. A los pocos meses, el suelo se vino abajo en una zona concreta del parking y se abrió este gran socavón que, analizado después, descubrió que había un pozo oculto de varios metros de profundidad que era desconocido hasta entonces.

Tras quedar desierto el contrato, el Ayuntamiento deberá sacarlo de nuevo a licitación.

El gigante neerlandés del retail a bajo coste Action abrirá un local en Córdoba capital. Tras asentar su presencia en la provincia con la apertura de establecimientos en municipios como Palma del Río y Baena, la compañía de precios reducidos ha iniciado los trámites para poner en marcha su primer local dentro del casco urbano de la capital cordobesa.

La confirmación de este desembarco llega a través de Infojobs, donde la compañía ha publicado la oferta de trabajo para cubrir cuatro vacantes en el puesto de adjunto/responsables de tienda ante la nueva apertura en Córdoba. Según la información hecha pública por Action, la cadena ofrece un salario base bruto mínimo a jornada completa de 20.000 euros brutos anuales para las posiciones de responsabilidad, incrementándose según la experiencia previa.

Además, contempla contratos indefinidos tanto a jornada completa como a tiempo parcial (turnos rotativos) y un descuento del 15% para sus empleados en toda la gama de productos de la tienda. Entre las funciones fijadas para estos puestos destacan el control operativo del punto de venta, la gestión del equipo de la tienda, el seguimiento de ventas y la organización de los estantes.

Para optar a estas vacantes, la compañía exige contar como mínimo con la titulación de Educación Secundaria Obligatoria y acreditar al menos un año de experiencia laboral previa en el sector del comercio minorista o retail. Los aspirantes deben disponer de plena disponibilidad para trabajar a tiempo completo, en jornadas de 40 horas semanales distribuidas en cinco días y con turnos rotativos que incluyen el trabajo habitual durante los fines de semana.

Asimismo, los seleccionados deberán disponer de flexibilidad para completar un periodo previo de formación y capacitación organizativo de entre ocho y diez semanas diseñado por la propia empresa. Junto a la visión comercial y la capacidad para motivar y coordinar equipos, la multinacional valora de forma prioritaria la integración en la cultura corporativa de la marca, caracterizada por la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la disciplina, la sencillez y el rechazo a cualquier tipo de despilfarro operativo.

Fundada en los Países Bajos y con más de 2.700 tiendas distribuidas por Europa, Action es una cadena de no alimentación caracterizada por una agresiva rotación de producto y precios ajustados. Esta empresa comercializa más de 6.000 productos divididos en 14 categorías (desde bricolaje, decoración y papelería hasta juguetes, jardinería, hogar y productos de limpieza) e introduce alrededor de 150 productos nuevos cada semana para incentivar la rotación de clientes.

La Federación de Peñas Cordobesas ha dado a conocer el programa oficial de actos con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Rafael Arcángel, una cita en la que se ha anunciado la concesión del Potro de Oro Institucional a la Asociación Down Córdoba en reconocimiento a su labor social.

La entrega de esta distinción tendrá lugar el próximo 1 de noviembre a las 13:30 en la sede del Real Círculo de la Amistad. En este mismo acto, el colectivo peñístico entregará también los Potros de Bronce, Plata y Oro a aquellos peñistas con una trayectoria destacada, además de rendir homenaje a las peñas que cumplen 25 y 50 años de historia.

El calendario festivo arrancará previamente el 18 de octubre con la jornada de convivencia del Día de las Peñas en la zona de las Setas, y continuará el 23 de octubre con el pregón de San Rafael en el Centro de Recepción de Visitantes.

Durante la presentación de los actos, el presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, ha destacado que estas fiestas representan una oportunidad para reivindicar el papel histórico del movimiento peñístico dentro del tejido social cordobés y reforzar la convivencia entre los vecinos. Por su parte, el pregonero de esta edición, Andrés Lorite, ha expresado el honor que le supone esta responsabilidad y ha avanzado que su discurso homenajeará la labor cultural y asociativa que realizan las peñas diariamente en la ciudad.

Asimismo, la autora del cartel anunciador, Eva María Pavón, ha explicado que ha buscado romper con la tradición pictórica al apostar por una fotografía real del Triunfo de San Rafael del Puente Romano bajo la luz del atardecer. Finalmente, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han reafirmado el respaldo municipal a la federación y han subrayado la importancia de las peñas como motor de cohesión comunitaria en la capital.

El alcalde de Córdoba y portavoz del PP en la ciudad, José María Bellido, ha valorado este lunes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En sus declaraciones, Bellido ha expresado alivio y firmeza en nombre de su formación y de los militantes locales, asegurando que “por fin llega un día que estábamos esperando y reclamando desde hace mucho tiempo” para que la ciudadanía tome la palabra en las urnas.

Durante su intervención, el edil cordobés ha contrapuesto la crispación y división que achaca a la política estatal frente a la dinámica que, a su juicio, se vive en Andalucía. En este sentido, Bellido ha reclamado que en España se recupere la “estabilidad”, señalando que la ciudadanía necesita que “haya ese mismo clima de cambio y colaboración que hay en Andalucía”, aunque el alcalde ha evitado referirse a la coalición PP y Vox que gobierna la Junta de Andalucía.

Así, ha criticado la labor del Gobierno de PSOE y Sumar, tildándolo de “etapa sin rumbo” marcada por la falta de iniciativa y el desgaste de las instituciones. Según Bellido, la legislatura ha estado caracterizada por una “crónica continua de corrupción, fracasos legislativos y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años”. No obstante, las cuentas estatales se han ido prorrogando por la inestabilidad parlamentaria, por lo que España sí ha tenido presupuestos conforme establece la Constitución.

“Hay muchísima gente en nuestras calles que, por mucho que trabaja, se esfuerza y se deja el alma a diario, no consigue llegar a fin de mes. Vivimos con autónomos y pequeños empresarios asfixiados a impuestos sin recibir soluciones tangibles a cambio”, ha dicho el alcalde, a la vez que ha recriminado que en la agenda política “no se habla de vivienda hasta hace dos días”. No obstante, hay que recordar que las políticas de vivienda y el acceso al suelo son una competencia compartida y descentralizada, donde tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos tienen responsabilidades directas en la promoción de vivienda pública, la gestión del planeamiento urbanístico y la concesión de licencias.

A preguntas de los periodistas sobre cómo afronta el PP de Córdoba este nuevo reto electoral, Bellido ha mostrado un absoluto optimismo respaldado por los últimos precedentes electorales en la capital y la provincia. El regidor ha afirmado que el partido atraviesa un “momento dulce” tras el respaldo recibido en las urnas hace solo unos meses, donde la candidatura popular rozó el 46% de los votos en la capital y cosechó una contundente victoria en la provincia de Córdoba.

El alcalde ha destacado la solvencia organizativa y la solidez del proyecto provincial del partido, afirmando que en el PP de Córdoba hay “mucho banquillo” y personas “sobradamente preparadas” tanto en las futuras listas electorales al Congreso y al Senado como en eventuales responsabilidades de gobierno en España. Bellido ha insistido en que la maquinaria del PP cordobés está volcada en “conectar con esa ciudadanía desengañada” y exportar a todo el país la fórmula de “estabilidad, avance y gestión” que, en sus palabras, caracteriza al PP en Andalucía y Córdoba.

Pese a estos buenos resultados para el PP, el propio Bellido ha reconocido instantes después que “las elecciones son distintas y la ciudadanía vota con criterios diferentes” sean estas sean locales, autonómicas y generales.

Por último, e invocando versos del grupo musical cordobés Los Aslándticos -“hoy es el primer día y seguramente el del resto de nuestras vidas”-, el regidor ha augurado una victoria en las urnas que permita replicar a nivel nacional un clima de “convivencia, colaboración y progreso sin muros ni enfrentamientos”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena de un año, seis meses y un día de prisión impuesta a a un hombre en Córdoba como autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado por la Policía vendiendo 0,3 gramos de cocaína. El alto tribunal andaluz ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado contra la resolución previa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a las 2:00 del 14 de septiembre de 2022. Según recoge el fallo, facilitado a este periódico por el TSJA, el acusado se citó con un comprador en la avenida de los Almogávares para entregarle una papelina de cocaína a cambio de dinero. El procesado se aproximó a un vehículo estacionado y entregó la sustancia al ocupante del asiento del copiloto, momento en el que ambos fueron sorprendidos por una patrulla de agentes de la Policía de paisano.

La droga incautada, que pesaba 0,3 gramos y tenía una pureza media, ha sido valorada en el mercado ilícito en unos 14 euros. Asimismo, la Policía intervino un billete de cinco euros implicado en la transacción.

En su recurso de apelación, la defensa argumentó que el comprador se retractó durante el juicio oral al negar que el procesado le hubiera entregado la sustancia, lo que a su juicio destruía la principal prueba de cargo. Sin embargo, el magistrado ponente de la Sala del TSJA precisa que las manifestaciones del comprador en sede policial no se realizaron en fase de instrucción judicial con las debidas garantías ni posibilidad de contradicción por la defensa. Por ello, el tribunal centró su análisis en el testimonio de los agentes actuantes en el plenario.

Por ello, para el tribunal, la declaración presencial de los policías constituye “prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

Por otro lado, la defensa también cuestionó la proporcionalidad de la pena fijada en relación a la baja cantidad incautada, la falta de antecedentes penales y el arraigo social y laboral del procesado, quien acreditó un contrato de trabajo como taxista en Madrid. Sin embargo, el TSJA ha rechazado estas alegaciones al recordar que la Audiencia ya aplicó el tipo atenuado de menor entidad y rebajó la pena en un grado hasta su mínima extensión legal (un año, seis meses y un día de prisión), además de imponer una multa de siete euros. Asimismo, la sentencia ha ratificado el decomiso de la droga incautada y la devolución de los cinco euros intervenidos al comprador.

Contra esta resolución dictada por el TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El arranque de la programación musical de otoño en el Teatro de la Axerquía, que comenzó este fin de semana, ha sufrido cambios de última hora. Tres de los principales espectáculos previstos para la primera quincena de octubre en el emblemático espacio al aire libre del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) han sido suspendidos. Las tres citas compartían un elemento clave en común: estaban organizadas y comercializadas por la misma empresa promotora, la firma cordobesa Dinámica Iniciativas SL.

La suspensión afecta a una oferta variada que abarcaba desde el indie iberoamericano hasta la canción de autor, el pop y la música popular andaluza. Ninguno de los tres eventos -anunciados para los días 9, 10 y 11 de octubre- llegará finalmente a La Axerquía después de que la empresa los haya cancelado. Este periódico ha contactado con la promotora para conocer los motivos, aunque sin éxito.

El primero de los recitales cancelados estaba fijado para la noche del viernes 9 de octubre. Iba a reunir en un formato doble a dos voces consolidadas de la escena nacional: Xoel López y Marwán. El artista gallego, referente del sonido indie y la música de raíz iberoamericana, llegaba acompañado de su banda para repasar su dilatada trayectoria. Junto a él, el cantautor y poeta madrileño Marwán presentaba su propuesta más potente, en un formato de directo con el que buscaba reencontrarse con el público cordobés.

Apenas 24 horas después, la noche del sábado 10 de octubre, estaba prevista la parada en Córdoba de El legado de Sabina y Milanés. Comercializado como un viaje emocional por la obra de Joaquín Sabina y Pablo Milanés, el espectáculo contaba con un cartel de gran carga simbólica: la cantante cubana Haydée Milanés (hija del legendario cantautor fallecido en 2022) y La Banda Sabinera, la formación de músicos habituales que acompañó al genio de Úbeda durante sus grandes giras históricas.

La tercera y última suspensión afecta al concierto del Día de la Hispanidad, previsto para la víspera del festivo nacional, el domingo 11 de octubre. La cita estaba enfocada al gran público y la música festiva andaluza, con el grupo Raya Real -clave en el devenir de las sevillanas de feria desde los años 90- y la cantante catiteña Sonia Priego, La Húngara, como cabeza de cartel.

Ante estas cancelaciones, el proceso de devolución del importe de las localidades se activará a través de las vías oficiales del IMAE y los puntos de venta autorizados. Aquellos usuarios que adquirieron sus entradas por internet recibirán el reembolso automático en la misma tarjeta o cuenta bancaria utilizada en la compra, mientras que las adquiridas en la taquilla del Gran Teatro serán abonadas previa presentación de las entradas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al conductor de un coche fue que había sido condenado en primera instancia por un delito leve de lesiones por imprudencia a raíz de un accidente en el que resultó herido un motorista. El tribunal ha estimado el recurso del procesado al constatarse que el motorista adelantó al coche en una zona prohibido, por lo que lo ha absuelto de todos los cargos y de indemnizar con casi 14.000 euros al motorista implicado.

Los hechos se remontan a abril de 2025 en la avenida de los Almogávares. Según recoge el fallo, el conductor del turismo circulaba a una velocidad reducida en busca de aparcamiento. En un momento dado, al avistar una plaza libre a su izquierda, realizó un giro para estacionar en el carril contrario. Simultáneamente, el motorista inició una maniobra para adelantar al coche, produciéndose una fuerte colisión entre ambos automotores.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motorista sufrió heridas de consideración, entre ellas la fractura de cinco costillas, así como otras lesiones para las que necesitó más de 150 heridas en curar. Además, le han quedado secuelas persistentes.

En una primera resolución dictada en diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba atribuyó la responsabilidad penal al conductor del coche. La jueza de instancia dictaminó que este había incurrido en una imprudencia al efectuar un giro a la izquierda sin percatarse del adelantamiento ni señalizar adecuadamente con el intermitente, condenándolo a una pena de cuatro meses de multa y a pagar una indemnización de 13.915,97 euros por las lesiones y secuelas causadas.

Tanto el conductor condenado como su aseguradora decidieron después recurrir la condena ante la Audiencia Provincial, que ha modificado el relato de hechos probados al reexaminar de forma detallada el atestado de la Policía Local. En este documento, los agentes constataron que en el suelo se había quedado una huella de la frenada de la moto en el carril contrario y en paralelo a la línea continua. Por tanto, el motorista habría iniciado su adelantamiento en un tramo en el que estaba prohibido.

A juicio de la Audiencia, esta maniobra del motorista supuso una infracción grave de las normas de tráfico y seguridad vial, por lo que ha eximido al conductor del coche de cualquier responsabilidad penal. Y de existir alguna negligencia por parte del procesado, esta sería de carácter leve y únicamente abordable desde el ámbito civil, al que también podrá recurrir el motorista en busca de algún tipo de indemnización.