El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales “ante la situación política e institucional” que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para “recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras”.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de “extraordinaria debilidad política e institucional”, con un Gobierno que “no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno”.

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta “situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad”. Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su “preocupación” por las investigaciones en curso y ha defendido que “la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada”.

Para los populares, España se encuentra “ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo “carece de una mayoría parlamentaria de respaldo”.

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye “uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país”, aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese “una situación de deterioro sin precedentes”.

“Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable”, ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, “castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior”.

No obstante, Martín ha advertido de que el problema “ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia”. En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses “afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia”, evidenciando que el deterioro del servicio “no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión”.

“Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional”, ha concluido Martín.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

La defensa del futuro de los cines de verano de Córdoba volvió este jueves al Pleno municipal con un debate marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de preservar este patrimonio singular, aunque con profundas discrepancias sobre cómo hacerlo y, sobre todo, sobre la gestión que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.

El debate llegaba después de un nuevo giro de guion, conocido este mismos jueves, tras hacerse pública una carta del alcalde, José María Bellido, reclamando a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia. Aunque desde el PP han insistido en que esta acción no es un cambio de postura, todos los grupos políticos y también la ciudadanía presente en el Pleno, lo han interpretado de ese modo, y eso ha ayudado a que, por encima de las fórmulas, vuelva a quedar claro en que hay unanimidad en la necesidad de preservar y proteger los cines de verano.

El debate ha sido largo, pero menos bronco de lo esperado. La novedad, otro golpe de efecto no previsto, llegó al final, cuando el alcalde hizo uso de la palabra para lanzar una propuesta: crear una mesa o comisión de seguimiento integrada por los grupos políticos y la coordinadora SOS Cines de Verano con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y “reconstruir la confianza”.

Antropología y etnografía

La sesión comenzó con la intervención de la antropóloga Mónica Alonso, una de las impulsoras de la solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cuatro cines de verano de Córdoba. Alonso defendió que la propuesta municipal de convertir estos espacios en refugios climáticos con proyecciones culturales puede ser compatible con su protección patrimonial, aunque insistió en que resulta “imperativo” iniciar cuanto antes la declaración BIC.

Recordó que Córdoba es la única ciudad española que conserva cines de verano en su Casco Histórico y definió estos espacios como “patios culturales que prolongan el patio cordobés a escala de barrio”, además de constituir “una respuesta arquitectónica única al clima de nuestra ciudad”. A su juicio, la ciudad tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un referente europeo en la conservación del patrimonio etnológico. “Protegerlos no los frena, los dignifica y garantiza su valor social”, afirmó, antes de señalar que el actual Ayuntamiento puede pasar a la historia como el que salvó un patrimonio único.

Luego arrancó el debate político el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que atribuyó el cambio de posición del Gobierno municipal a la presión ejercida por la plataforma ciudadana SOS Cines de Verano. “Han conseguido doblar la cuchara de un Gobierno con mayoría absoluta”, afirmó, recordando que Bellido pasó de considerar el problema “irresoluble” a pedir ahora la intervención de la Junta de Andalucía.

Hidalgo reprochó además al Ejecutivo local que no haya desarrollado la moción aprobada por unanimidad en 2023 para instar a la Junta a iniciar la declaración BIC y acusó al alcalde de haber renunciado en dos ocasiones (y de forma “irregular”, a su juicio) al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los cines. A su juicio, el Ayuntamiento ha mantenido durante estos años una voluntad clara de abandonar estos espacios.

Frente a esas críticas, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró compartir “al cien por cien” la exposición realizada por Mónica Alonso y reconoció que el Gobierno municipal ha tenido “un déficit de explicación” sobre su hoja de ruta. Defendió que siempre se ha actuado conforme a la legalidad y sostuvo que la intención del Ejecutivo ha sido recuperar estos espacios como refugios climáticos que mantengan un uso cinematográfico de carácter cultural, pero no de exhibición comercial.

“No podemos proyectar Torrentes”, resumió Torrico para diferenciar el modelo planteado por el Ayuntamiento del funcionamiento tradicional de los cines comerciales. Asimismo, insistió en que corresponde a la Junta de Andalucía iniciar la declaración BIC y ejercer, si lo considera oportuno, el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio.

Desde el Grupo Socialista, Antonio Hurtado abrió su intervención recordando la figura de Martín Cañuelo y calificando de “quijotesca” su labor en defensa de los cines de verano. Después cargó contra Bellido, al que acusó de convertir el Casco Histórico en “un dormitorio para turistas y despedidas de soltero”, y aseguró no confiar en el Gobierno municipal tras las renuncias al derecho de tanteo y retracto, que considera carentes de justificación técnica y jurídica. El portavoz socialista defendió la expropiación como la vía más adecuada para garantizar la conservación de los cines y anunció que ha puesto la actuación municipal en manos de abogados para analizarla.

La portavoz de Vox, Marta León, coincidió en considerar los cines de verano parte de la identidad cultural de Córdoba y mostró su sorpresa porque la petición a la Junta para ejercer el derecho de tanteo y retracto no se hubiera realizado antes de este jueves. No obstante, otorgó al Gobierno municipal un “voto de confianza”, aunque advirtió de que su grupo permanecerá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo y tercer turno

El debate mantuvo la tensión durante los sucesivos turnos de palabra. Torrico pidió a la oposición mirar “más hacia adelante que hacia atrás” y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la moción aprobada. Hurtado replicó que el cambio de posición del PP responde únicamente al intento de apagar “el incendio que ustedes mismos han provocado” y reveló que ya en 2023, él mismo había trasladado al Ayuntamiento la disposición de los herederos de Martín Cañuelo a vender los cines al consistorio, que no dio entonces ningún paso hacia ello.

Por su parte, Hidalgo habló de “cinismo político” por parte del Gobierno municipal y sostuvo que el cambio de rumbo solo se ha producido gracias a la presión ciudadana. En su última intervención propuso además reconocer la figura de Martín Cañuelo incorporando su archivo personal al Archivo Municipal y honrando su nombre en algún espacio de la ciudad.

El encargado de cerrar el debate fue el alcalde, José María Bellido, que agradeció el trabajo desarrollado por Mónica Alonso e hizo un repaso cronológico del cumplimiento de la moción aprobada en 2023. Reiteró que la competencia principal para ejercer el derecho de tanteo y retracto corresponde a la Administración autonómica y justificó el cambio de escenario señalando que ahora concurren circunstancias nuevas, ya que el propietario ha dejado de ejercer la actividad y carece de licencia, lo que abre el plazo legal para que la Junta pueda ejercer el retracto. Posteriormente, añadió, será necesario modificar el planeamiento urbanístico vigente porque “no nos convence el actual”.

El alcalde rechazó además las acusaciones de haber favorecido la especulación urbanística y recordó que fue su Gobierno quien rechazó el proyecto de aparcamientos previsto para esos suelos. Finalmente, admitió que es necesario recuperar la confianza entre los distintos actores implicados y lanzó una propuesta que marcó el cierre del debate: impulsar una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales y de la coordinadora SOS Cines de Verano para supervisar el cumplimiento de la moción y acompañar el proceso de recuperación de estos espacios.

En las votaciones posteriores, la moción presentada por el PSOE fue rechazada con los votos en contra del PP, el apoyo del PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La iniciativa del PP salió adelante gracias a los votos favorables de populares y Vox, mientras PSOE y Hacemos Córdoba optaron por la abstención. Por último, la propuesta de Hacemos Córdoba fue rechazada al votar en contra el PP, con el apoyo de Hacemos y PSOE y la abstención de Vox.

La moción aprobada es la siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho examen este jueves 9 de julio al Mayo Festivo con la comparecencia del concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que ha presumido de éxito de las fiestas de la primavera cordobesa, mientras desde la bancada de enfrente la oposición le ha exigido medidas que resuelvan problemas históricos y que se apruebe una ordenanza municipal de Feria para establecer el modelo de esta fiesta.

Urbano ha desgranado las fiestas del calendario del Mayo Festivo, un mes que ha calificado de “éxito, participativo, sin perder su esencia” y en el que ha destacado que “se ha escuchado” a vecinos y colectivos. Sobre la Feria ha apuntado al entoldado como novedad y a la valoración de los ciudadanos de la Feria, con un 8, según ha dicho, además de conseguir llenar la Feria de casetas este año y no dejar huecos en El Arenal.

En cuanto a las Cruces, el concejal de gobierno se ha felicitado por las acciones contra el botellón, la modificación de horarios para evitar molestias a los vecinos y el despliegue de cruces por los barrios para descongestionar el casco histórico.

De la Cata ha aplaudido su ubicación en la avenida del Alcázar por segundo año consecutivo y “su nuevo modelo”, “desterrando concentraciones no deseadas de madrugada, donde primaba el consumo de alcohol frente a la degustación de vino”.

Y en cuanto a los Patios, ha valorado que se hayan aumentado los accésits por participación y “conseguido que todas nuestras rutas tengan protagonismo y se descongestionen las más famosas”. En su intervención ha valorado las aportaciones de colectivos, peñas y vecinos y ha asegurado que “este gobierno no va a parar de impulsar mejoras escuchando a los protagonistas”.

Pero, en el debate en el Pleno, ese éxito y triunfalismo ha sido criticado por la oposición y todos los partidos han reclamado que se establezca ya una ordenanza de Feria que defina el modelo de la misma y preserve la “feria abierta” que es identidad de Córdoba.

Desde el PSOE, la edil Alicia Moya ha pedido que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que el Mayo Festivo siga siendo un éxito en un futuro, “dentro de diez o veinte años”, por lo que ha pedido que “es necesario planificar a largo plazo, proteger los patios y equilibrar el turismo y la ciudadanía”. En ese sentido, ha apostado por la convivencia vecinal e integración en el entorno de las Cruces, por lo que ha pedido resolver problemas limpieza y de aseos en la calle, a la vez que ha afeado que “el botellón no se ha eliminado, lo han desplazado”.

Desde Vox, el concejal Rafael Saco también ha pedido una ordenanza de Feria y ha criticado que el PP “quiera vender una imagen de éxito pero no se puede confundir propaganda con gestión”. Ha pedido “poner las cosas más sencillas a los caseteros” y ha acusado al gobierno local de una “gestión con improvisación, falta de planificación y ausencia de autocrítica”. Y ha reclamado conocer “qué se va a hacer para resolver los problemas y las quejas de los colectivos y qué medidas se van a adoptar” para el futuro del Mayo Festivo.

Y, desde Hacemos Córdoba, el edil Iván Fernández ha afeado la “autocomplacencia” del gobierno del PP sobre las fiestas y ha pedido “analizar qué ha fallado y escuchar a quienes sostienen nuestras fiestas”. Ha criticado que no se controlen las micciones en la vía pública en Cruces, que el botellón se haya trasladado al Vial y que el gobierno local “no haga nada” para ayudar al relevo generacional en los Patios, donde los propietarios acusan el esfuerzo y tiempo necesarios para conservarlos y la burocracia que sufren.

Y, reiterando la petición de otros grupos, han pedido al gobierno municipal del PP que planifique y tome medidas para garantizar el buen desarrollo y la supervivencia del Mayo Festivo en las próximas décadas.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba se ha llenado este jueves en su sesión ordinaria del mes de julio con las protestas de varios colectivos que, con pancartas y mensajes, han hecho visibles varias reivindicaciones.

De un lado, han estado presentes integrantes de la plataforma por los cines de verano de Córdoba, conscientes de que hoy el Pleno va a abordar distintas mociones de los grupos municipales sobre la situación de estos recintos del casco histórico. Han hecho presentes sus reivindicaciones señalando el valor cultural de los cines de verano y pidiendo al alcalde que actúe para preservar dichos recintos que son seña de identidad de la vida cultural de la capital cordobesa en los meses del estío.

Por otra parte, vecinos del barrio de San Agustín han llevado también al Pleno sus protestas después de que el gobierno municipal del PP haya detraído una partida presupuestaria que estaba destinada a las obras de recuperación de la casa número 5 de la Plaza de San Agustín y la haya desviado al cerramiento de la fachada del estadio El Arcángel.

También con pancartas visibles en el Salón de Plenos han reclamado que el alcalde “devuelva” ese dinero para las obras en la casa número 5 de la Plaza de San Agustín y que se ponga en marcha esta inversión como se prometió a los vecinos.

Integrantes de entidades memorialistas también han acudido al Pleno, que tratará una moción sobre el proceso de las exhumaciones de represaliados de las fosas de los cementerios de Córdoba, paralizadas desde el mes de enero y aún sin un nuevo contrato para proseguir los trabajos. Tratarán de hacer visible su reivindicación ante el gobierno municipal para que agilice los trámites y las exhumaciones e identificaciones de represaliados puedan continuar.

Igualmente, los mensajes del Partido Animalista (Pacma) han estado presentes en el Pleno, en este caso, contra las calesas de caballos para el turismo que aún perviven en la ciudad.

Con alusiones a la crueldad y al maltrato animal, desde Pacma pretenden que Córdoba siga el ejemplo de Málaga y acabe con esta práctica, más aún cuando los caballos sufren las altas temperaturas del verano. Por eso, han pedido que el Ayuntamiento compre las licencias municipales de coches de caballos hasta eliminar progresivamente este servicio.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha oficializado la toma de posesión del nuevo concejal de Vox, Miguel Castellano Cañete, que sustituye en el grupo municipal a la anterior portavoz y ahora parlamentaria andaluza por Córdoba, Paula Badanelli.

Castellano, que ha jurado “por España” su cargo en el Pleno, ocupaba el número cinco en la lista de Vox de las elecciones municipales de 2023. Vox logró tres concejales y, ahora, tras la segunda renuncia en este mandato en el grupo, el nuevo concejal ha tomado posesión de su cargo en el Pleno ordinario del mes de julio.

En el anterior Pleno, a la vez que Badanelli se despedía del Consistorio, la Coroporación comunicaba el cese a la Junta Electoral Central para que expidiera la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del nuevo concejal.

Miguel Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, se introdujo en la política con Ciudadanos, partido del que fue diputado provincial y al que representó en la Diputación de Córdoba siendo concejal en Pedro Abad.

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha concluido que la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales anticipadas puede ser debatida y sometida a votación en la sesión plenaria prevista para el próximo 9 de julio, al tratarse de una declaración de carácter político que carece de efectos jurídicos directos.

El informe jurídico fue solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, quien pidió que la Secretaría General del Pleno se pronunciara sobre la legalidad de incluir en el orden del día una iniciativa cuyo contenido excede las competencias propias del Ayuntamiento.

En su escrito, Hurtado sostenía que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, conforme al artículo 115 de la Constitución, por lo que entendía que el Pleno municipal no debía debatir una moción ajena al ámbito competencial de la administración local. Asimismo, reclamaba que se aclarara si este tipo de iniciativas podían tramitarse reglamentariamente y cuáles serían las consecuencias jurídicas de que el Pleno adoptara acuerdos fuera de sus competencias.

La respuesta del secretario general del Pleno recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal define las mociones como iniciativas de impulso y orientación política destinadas a promover actuaciones o expresar el posicionamiento de la Corporación sobre asuntos de interés ciudadano, incluso cuando estos trascienden las competencias estrictamente municipales.

En este sentido, el informe señala que es frecuente que los plenos municipales debatan declaraciones institucionales o mociones de contenido político dirigidas a otras administraciones públicas, siempre que no produzcan efectos administrativos o jurídicos vinculantes.

Para fundamentar esta interpretación, el secretario cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2022, que fijó doctrina sobre la capacidad de los plenos municipales para pronunciarse sobre cuestiones políticas, sociales, culturales o incluso internacionales ajenas a sus competencias materiales. Según esa jurisprudencia, estos acuerdos son válidos cuando constituyen meras declaraciones políticas sin efectos prácticos directos y no vulneran derechos fundamentales ni de terceros.

Aplicando esa doctrina al caso concreto, el informe concluye que la moción registrada por el Grupo Popular cumple esos requisitos, ya que su propio texto precisa que se presenta “atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”. Por ello, el secretario considera que carece de eficacia administrativa, no genera obligaciones jurídicas y se agota en su propio contenido como manifestación de una posición política.

En consecuencia, el informe sostiene que la iniciativa “debe admitirse como lícita por no tener efecto jurídico directo”, al no vulnerar derechos fundamentales ni afectar a terceros, por lo que avala que pueda ser debatida durante el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El portavoz del Gobierno municipal y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este viernes la negativa de los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba a negociar una propuesta de declaración institucional sobre la situación de los suelos de los cines de verano, una actitud que, a su juicio, responde a una estrategia de “confrontación política” y no a la búsqueda de una solución.

Según ha explicado Torrico, la propuesta fue trasladada a ambas formaciones el pasado miércoles con el objetivo de alcanzar un acuerdo institucional, aunque, según ha asegurado, “ni siquiera han entrado a considerar, debatir o intentar llegar a un acuerdo” sobre el texto.

El portavoz del PP ha sostenido que esta respuesta demuestra que PSOE y Hacemos Córdoba “están usando a los cines de verano como un arma arrojadiza para dar una batalla política” y que no persiguen una solución “real” para la situación que afecta a estos espacios, cuya recuperación ha considerado “muy necesaria” para la ciudad.

Ante la falta de consenso, Torrico ha avanzado que el Grupo Popular transformará la propuesta en una moción para que pueda debatirse en el próximo Pleno municipal, previsto para el 9 de julio. No obstante, ha asegurado que el Gobierno local mantiene su disposición a negociar hasta el último momento con la oposición.

En este sentido, ha defendido que la iniciativa del PP pretende establecer “una hoja de ruta cierta, posible y viable” para resolver la situación de los suelos de los cines de verano, frente a las propuestas planteadas por PSOE y Hacemos Córdoba, que ha calificado de “demagógicas” e “irrealizables” tanto desde el punto de vista financiero como jurídico y administrativo.

Torrico ha afirmado que el Gobierno municipal continuará actuando con “rigor”, “seriedad”, “interés general de la ciudad” y voluntad de encontrar “soluciones reales”. Asimismo, ha advertido de que, si finalmente PSOE y Hacemos Córdoba mantienen su rechazo a negociar, será “su responsabilidad”, al considerar que ambas formaciones priorizan la confrontación política frente a la resolución del problema.

El salón de plenos de Hinojosa del Duque fue escenario el pasado jueves de una sesión extraordinaria que será recordada no por la aprobación de las cuentas municipales, sino por un cruce de insultos entre los representantes públicos. Lo que comenzó como un debate técnico sobre el Presupuesto General para el ejercicio 2026 derivó en una situación de descontrol verbal que obligó a intervenir a la secretaria municipal ante la pérdida del respeto institucional.

La tensión estalló cuando el portavoz del Partido Popular, José Fernández, cuestionó los remanentes de tesorería y el estado de mantenimiento de las calles del municipio. “Usted mismo en las procesiones, con los tacones que se coloca, y yo se lo agradezco porque me gusta que vista bien, no puede ni andar por el mal estado de la calle”, se refirió a Antonia Ramírez, responsable de Hacienda y Economía. El alcalde, Matías González, interrumpió el debate denunciando una supuesta falta de respeto y “risas” por parte de los ediles de la oposición mientras intervenía la portavoz socialista alegando que los concejales populares no tenían educación porque “no lo han mamado ni lo van a mamar”.

En ese momento, el regidor comenzó a referirse a uno de los ediles como “señor Risas” o “señor Risitas” de forma reiterada. González, por su parte, empleó el término “señor Risgüenza” -un acrónimo entre risa y sinvergüenza- y llamó directamente “sinvergüenza” a un miembro de la corporación, asegurando que “no vale para otra cosa nada más que para reír”.

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar, elevando la confrontación a niveles de máxima crispación. Entre el ruido que inundó la sala, se lanzaron descalificaciones dirigidas al alcalde como “señor putero”. El ambiente se volvió tan hostil que los propios participantes reconocieron que se estaba dando una “muy mala imagen ante el pueblo” en una cuestión tan seria como los presupuestos.

El enfrentamiento también incluyó duras alusiones personales sobre la crianza y los valores de los representantes. Mientras el alcalde insistía en la mala educación de la oposición, desde las filas populares se le replicó que el propio presidente del pleno “la educación ni la mamó ni nació con ella”. El portavoz de Izquierda Unida, Santiago Aranda, calificó lo sucedido como un “espectáculo absolutamente lamentable”, instando a cada uno a asumir sus responsabilidades.

Hacia el final de la sesión, el concejal del PP, Santos, tomó la palabra para pedir disculpas públicas a los ciudadanos y al alcalde por los insultos proferidos, reconociendo que “en un momento de enfado se pueden perder los papeles”. Por su parte, el alcalde Matías González afirmó que no retiraría de las actas sus palabras, manteniendo su postura sobre el apelativo de “señor Risita” utilizado durante la bronca.

La secretaria municipal cerró el turno de intervenciones con una advertencia, calificando la situación como “totalmente fuera de lugar” y anunciando que, de repetirse estos comportamientos, levantaría la sesión inmediatamente.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado recientemente el Plan Económico Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027, una maniobra obligada legalmente tras el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto durante el ejercicio 2025. Según el informe de Intervención que acompaña al decreto de liquidación, el Consistorio cerró el año anterior con una necesidad de financiación de 5,6 millones de euros y un exceso de gasto de 6,24 millones sobre el límite permitido. Este desajuste ha forzado un plan de choque que la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, define como “ajustes técnicos” para recuperar la estabilidad, aunque la oposición lo califica de “desaguisado” y critica los “recortes” en servicios e inversiones que conlleva.

Una de las medidas más contundentes del plan es la declaración de indisponibilidad de 13 millones de euros en créditos de inversión para 2026, reduciendo la partida inicial de 22 millones. El ajuste afecta de manera exhaustiva a casi todas las dependencias municipales. La Gerencia Municipal de Urbanismo lidera la lista con un recorte de 4,5 millones de euros en sus inversiones, seguida por la empresa pública Sadeco, que ve bloqueados dos millones de euros. El deporte también sufre una merma importante con 1,3 millones menos para las inversiones del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), mientras que el área de Inclusión y Accesibilidad experimentará una reducción de 1,17 millones de euros, de los cuales un millón correspondía a inversiones generales.

El goteo de fondos bloqueados se extiende al mantenimiento de edificios públicos y centros escolares, con una bajada de 721.086 euros, y al departamento de Presidencia, que pierde 508.000 euros de su presupuesto inversor. Por su parte, la seguridad ciudadana verá reducido su gasto en 351.000 euros, destinados mayoritariamente a la Policía Local. La cultura cordobesa también se ve afectada: el área general de Cultura pierde 300.000 euros, los Museos Municipales 250.000 euros y las Bibliotecas Municipales otros 166.000 euros. Áreas como el Alumbrado Público y el Zoológico Municipal también sufren un recorte de 300.000 euros cada una en sus planes de mejora.

La red de atención y servicios básicos no queda exenta del ajuste, con recortes de 250.000 euros en Servicios Sociales —centrados en la inversión en centros sociales— y de 192.300 euros en el área de Juventud. El fomento económico y el turismo aportan su parte con recortes de 103.274 euros en el Imdeec y de 17.000 euros en el Imtur. Además, se han declarado indisponibles 159.586 euros en Participación Ciudadana, 150.000 euros en el IMAE y 100.000 euros en Movilidad. Incluso las diez Juntas Municipales de Distrito (del Distrito 0 al 9) verán mermadas sus partidas para mobiliario, reparaciones e inversiones en una suma conjunta aproximada de 47.000 euros.

Otros ajustes detallados en el plan incluyen 20.000 euros menos para la televisión municipal (TVM), 15.000 euros en Comercio, 10.350 euros en Cooperación y Solidaridad, 9.000 euros en Educación y 6.600 euros en Vía Pública. Asimismo, se reducen fondos en Gestión (3.000 euros), Recursos Humanos (20.000 euros), Salud Laboral (24.000 euros) y la oficina de consumo OMIC (2.000 euros). A este escenario se suma la transferencia de liquidez desde las empresas y organismos municipales al Ayuntamiento para corregir sus ratios de ahorro: 6 millones de la Gerencia de Urbanismo, 1,38 millones del IMAE, 1,2 millones del Imgema, 820.000 euros del Imdeco y 500.000 euros del Imtur.

Finalmente, el gobierno municipal reducirá drásticamente su recurso al crédito bancario, pasando de los 22 millones de préstamos inicialmente presupuestados a solo 12,3 millones para el ejercicio 2026. Además, se ha prohibido el trasvase de ahorros en gastos de personal (capítulo uno) hacia otras partidas, lo que se espera que genere un ahorro de 5 millones de euros adicionales. Aunque Torrent insiste en que no se cancelan proyectos sino que se reprograman y se priorizan aquellos con financiación externa o ligados al programa Edilquivir, la oposición ha criticado duramente esta gestión que obliga a aplicar un plan de ajuste por haber incumplido la ley.

Tras tres preguntas de la oposición, fue al final cuando el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, concretó el motivo por el que el Consistorio no ejecutó ni el derecho de tanteo ni retracto para la adquisición de tres cines de verano de la ciudad. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento el 25 de mayo de la operación por la que el empresario Antonio Amil adquiría los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia tras llegar a un acuerdo de 300.000 euros con los herederos del empresario fallecido Martín Cañuelo. En el expediente constaba que el Ayuntamiento renunció a estos dos derechos.

Cuestionado primero por el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, y después por la concejala del PSOE Isabel Bernal y el portavoz socialista, Antonio Hurtado, Torrico acabó sosteniendo la imposibilidad de ejecutar esos derechos según un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El informe, detalló, sostenía que en la fase administrativa el Ayuntamiento no podía ejercer el derecho de tanteo o retracto. No obstante, Torrico sí que aseguró que ya en “la fase civil” la puerta está abierta a que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de hacerse con esos espacios. “A partir de este momento entraremos en ese ámbito”, concluyó.

Los tres concejales de la oposición trataron de que el equipo de gobierno respondiera el motivo por el que no se consideró igualar una oferta de adquisición de los tres espacios por un precio de 300.000 euros, cuando en mandatos anteriores tan solo el cine Fuenseca se llegó a valorar en 1,2 millones de euros como precio de expropiación. En la primera respuesta, a Juan Hidalgo, Torrico sostuvo la imposibilidad “si la adquisición implica el mantenimiento de la actividad de manera directa”. “No podemos comprar una zapatería”, comparó. “Si las circunstancias mañana cambiasen y se abriese la posibilidad a otros usos, lo estudiaríamos. Pero solo a cine de verano, no lo consideramos ajustado a las necesidades del Ayuntamiento”, explicó.

La concejala Isabel Bernal preguntó a la delegada de Cultura, Isabel Albás, por “la puesta en marcha de una línea de ayudas destinada a compensar la falta de rentabilidad” de los cines de verano. Y llegó a sugerir si la cantidad iba a ser similar a la del precio de la compra de los espacios. Albás respondió que de momento se está trabajando en sacar adelante esa línea de subvenciones, sin dar más detalles.

Un millón de euros de valor catastral

La transmisión conjunta de estos tres emblemáticos espacios culturales y de ocio se ha cerrado finalmente por un precio global pactado de 300.000 euros Sin embargo, los documentos de la Dirección General del Catastro arrojan una realidad económica muy distinta: la suma de sus valores catastrales para el año 2026 supera holgadamente el millón de euros.

Un análisis detallado de las certificaciones oficiales revela la magnitud en superficie y tasación de cada recinto: el Cine Fuenseca, ubicado en el número 1 de la plazuela de la Fuenseca, es el recinto con la mayor tasación catastral, alcanzando los 437.529,27 euros. Todo ello en una extensa parcela que abarca 1.777,16 metros cuadrados según el registro.

Le sigue en valoración el Cine Delicias, situado en la calle Frailes, que cuenta con un valor catastral de 368.287,02 euros y una superficie registral de 1.670 metros cuadrados. Finalmente, el Cine Olimpia, que está en estado semirruinoso, se ubica en la calle del Zarco número 10, y presenta la tasación más ajustada de los tres inmuebles, cifrándose su valor en 206.815,16 euros para un espacio que tiene dentro de sus muros 1.040,33 metros cuadrados.

En conjunto, el valor oficial fijado por el Catastro para estos tres recintos, que suman cerca de 4.500 metros cuadrados de suelo urbano, triplica con creces la inversión económica declarada por la parte compradora, que se ha comprometido expresamente a mantener la actividad actual de cine de verano, aunque puede vender los inmuebles cuando así lo decida.

El proyecto para instalar una sede del Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) en las Caballerizas Reales de Córdoba evidenció este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba que el PP, que goza de una mayoría absoluta holgada, está solo en esta iniciativa. Los populares fueron los únicos en respaldar la iniciativa durante el debate de una moción presentada por el PSOE para paralizar la firma del protocolo de intenciones suscrito esa misma mañana entre el Consistorio y la fundación catalana promotora del museo.

La propuesta socialista, que reclamaba suspender la tramitación hasta contar con una valoración de expertos y un mayor consenso con el sector cultural, fue rechazada con los votos en contra del PP. PSOE y Hacemos Córdoba votaron a favor de la iniciativa, mientras que Vox optó por la abstención, para no vincularse tampoco a este proyecto.

La concejala socialista Isabel Bernal comenzó reconociendo la disposición mostrada por sus responsables durante una reunión mantenida esta mañana a primera hora con representantes municipales. Sin embargo, cuestionó que la cesión de un espacio público a una entidad privada sea la respuesta adecuada a las necesidades culturales de la ciudad.

“No lo vamos a responder nosotros, sino más de 250 artistas que han dicho que no lo es”, afirmó, en referencia a la carta abierta suscrita por creadores, comisarios y gestores culturales contrarios al proyecto. Bernal defendió que Córdoba necesita una programación propia y diversa para las artes contemporáneas y lamentó que la ciudad no haya sido capaz de convertir el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en el gran referente andaluz del sector.

La edil sostuvo además que el contenido de la carta remitida por el colectivo artístico debería haber llevado al Ayuntamiento a aplazar la firma del protocolo. También reclamó que las decisiones culturales de este calado estén respaldadas por un comité de expertos y se inserten dentro de una planificación estratégica para la cultura.

Vox no quiere vincular su voto al proyecto y Hacemos critica las formas

Desde Vox, Marta León reconoció que la propuesta le parece “interesante”, aunque reprochó al gobierno local haber vuelto a actuar “a golpe de maza” gracias a su mayoría absoluta. Su grupo justificó la abstención al considerar que las Caballerizas Reales deberían destinarse exclusivamente al mundo del caballo y aludiendo a informes técnicos que alertan de deficiencias en el inmueble.

Más contundente fue el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, quien acusó al PP de convertir un bien público en una sucesión de concesiones administrativas. “No contento con darle la mayoría del edificio a Córdoba Ecuestre, ahora la sala de arte para una entidad de Barcelona”, criticó. Hidalgo cuestionó que el proyecto se haya impulsado sin informes de expertos ni consultas previas a la ciudadanía, gestores culturales o profesionales del sector. A su juicio, la operación responde a una visión de la cultura vinculada al turismo y al rendimiento económico. También cargó contra la reunión convocada por el Ayuntamiento horas antes de la firma del protocolo. “Nos sientan y a los diez minutos han firmado el protocolo. Eso son lentejas”, afirmó.

Tras este reproche, el alcalde ha llegado a intervenir diciendo: “No se preocupe, no les convocaremos más a este tipo de reuniones”. El comentario parecía haber pasado desapercibido hasta que Antonio Hurtado ha tomado la palabra y ha criticado la actitud poco democrática del alcalde.

No obstante, el intercambio más tenso se produjo entre Hidalgo y el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. El dirigente del PP reprochó a Hacemos Córdoba su gestión cuando formó parte del gobierno municipal y defendió la legitimidad del actual ejecutivo para impulsar el proyecto gracias a la mayoría absoluta obtenida en las urnas.

Torrico a los críticos: “¿Sabe qué va a pasar? Que van a tener ese espacio”

Torrico reservó también parte de su intervención para responder a las críticas del colectivo artístico. Tras expresar su respeto hacia los firmantes de la carta abierta, aseguró que le sorprendía que la reivindicación de un espacio expositivo municipal se hubiera hecho visible únicamente tras conocerse la llegada del MEAM.

“Han tenido seis años y no lo han expresado”, afirmó. El portavoz popular sostuvo además que el gobierno municipal está dispuesto a atender sus demandas y avanzó que probablemente podrán disponer de un espacio propio antes incluso de que el museo abra sus puertas en Caballerizas. La referencia apuntaba al Convento Regina, inmueble que el alcalde ya había puesto sobre la mesa esta mañana como posible sede para un proyecto alternativo impulsado por los artistas críticos.

No obstante, a eso también ha contestado Antonio Hurtado, que le ha sugerido al alcalde que haga un cambio y ceda el convento Regina a la Fundación Les Arts i els Artistes y, para la sala de Caballerizas Reales, abra un proceso participativo que, esta vez, se impulse “de la forma correcta”. A ello, el regidor le ha recordado que un protocolo de intenciones no genera obligaciones jurídicas y que la futura concesión demanial será competencia de la Junta de Gobierno Local. “Nosotros las cuestiones las hacemos conforme a derecho”, aseguraba.

Todo el debate plenario se ha producido unas horas después de la firma de la declaración de intenciones entre el Ayuntamiento y la Fundación Les Arts i els Artistes, un acuerdo que abre el camino para la llegada del MEAM a Córdoba y que seguirá ahora su desarrollo administrativo y político en medio de una creciente controversia dentro del sector cultural de la ciudad.

En el Pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Córdoba, donde el gobierno municipal del PP ha aprobado el solitario la tercera subida del recibo de la basura en este mandato, la gestión de la empresa Sadeco y la limpieza de la ciudad ha protagonizado otro de los debates de la sesión. A cuenta de una moción sobre el servicio de la empresa municipal, el PP ha defendido su gestión y la inversión en Sadeco, frente a las críticas de toda la oposición sobre los contenedores, la recogida de la basura y la suciedad en la ciudad.

El asunto ha llegado al Pleno con la presentación de una moción por parte de Hacemos Córdoba que ha sido sustituida por una enmienda a la totalidad por el PP. Eso no ha hecho, sin embargo, que se dejara de debatir y confrontar las posturas del gobierno local y de la oposición sobre la limpieza de la ciudad y la gestión en Sadeco. Porque, más allá de lo aprobado finalmente, ha servido para dejar constancia de las distintas visiones de unos y otros.

Y, antes que los grupos municipales, ha expuesto su visión un vecino, Rafael Ordóñez, por parte del consejo de distrito Levante, que ha expuesto en el Pleno demandas como el baldeo y la limpieza en toda la ciudad o el cambio de los nuevos contenedores de basura que “dejan mucho que desear en diseño y mecánica de uso”, ha dicho sobre las dificultades que presentan para poder depositar la basura para muchos vecinos.

En el debate, de un lado, el gobierno municipal, por boca del presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido la gestión en la empresa municipal a golpe de datos de inversión y de encuestas de satisfacción. “Los gobiernos de Bellido son los que más han invertido en Sadeco en la historia de Córdoba”, ha repetido en un par de ocasiones para fijar el “compromiso firme con la empresa” que ha defendido por parte del PP. Y, además, ha señalado que los 75 millones de euros de presupuesto de la empresa municipal en este año 2026 significan 18 más en cuatro años, poniendo ejemplos de su uso en proyectos como Sadeco 5.0 y la modernización de la empresa.

Asimismo, ha mostrado algunos datos de las encuestas de satisfacción que realiza Sadeco entre los usuarios, señalando que “aprueban nuestra gestión”, que la recogida de basura y el estado de los contenedores tiene un 7,2 de notas y que también aprueban las papeleras. Eso sí, ha reconocido como “puntos débiles” los contenedores actuales y la limpieza de los grupos de estos, la dificultad para introducir las bolsas de basura y que se necesitan más papeleras y mejor limpieza de estas, además de mayor frecuencia de limpieza en la ciudad en general.

Pero contra esas notas positivas se ha visto a toda la oposición. El PSOE se ha hecho eco del “malestar de los empleados y la insatisfacción sobre la limpieza de la ciudad y la recogida de basura”, en boca de su portavoz, Antonio Hurtado, que también ha hecho referencia a la fata de personal y a los vehículos obsoletos. Y ha advertido que el PP “quiere privatizar” la empresa municipal, con “una crisis intencionada, subiendo las tarifas y generando una mayor insatisfacción en la ciudadanía” respecto al servicio que presta Sadeco.

Desde Hacemos Córdoba, el edil José Carlos Ruiz ha criticado la gestión actual de la empresa municipal y los contenedores “que no sirven” y que dificultan el depósito de basura y, con ello, que esta quede alrededor. “Hoy Sadeco se encuentra en la UCI”, ha llegado a decir, “por la tremenda falta de gestión” y la realidad de contenedores llenos que no se recogen o el plan especial de limpieza “que no ha llegado”.

Además, ha denunciado el estado de los vehículos de Sadeco y, sobre los camiones de recogida de basura, que la empresa haya alquilado dos y uno “esté parado”, mientras de otros seis de renting “solo está funcionando uno”, con lo que la recogida de los residuos no se está haciendo como debiera.

También Vox se ha sumado a las críticas a la limpieza de la ciudad: “A los vecinos no le importa la inversión” -le ha dicho a Ruiz Madruga-, “lo que ven es se ha subido el recibo de la basura y que hay ratas, que hay basura que se sale de los contenedores y que las papeleras huelen”. Ha reclamado una mayor eficacia en la gestión de la empresa y que el gobierno local “escuche” a vecinos y a la oposición.

Acuerdos adoptados con el voto del PP y la oposición en contra

Con todo y tras el debate, se ha votado la propuesta que el PP ha presentado, sustituyendo a la inicial de Hacemos Córdoba. Con el voto de los populares y el voto negativo de la oposición, estos son los acuerdos que se han tomado en el Pleno:

- Elaborar y presentar ante el Consejo de Administración de Sadeco y los grupos municipales un informe detallado sobre el estado actual de la flota de vehículos de recogida de residuos, incluyendo antigüedad, averías registradas, tiempo medio de reparación de las averías disponibilidad operativa y necesidades de reposición.

- Una vez adquiridos los 20 camiones de carga lateral compactadores y los 30 camiones recolectores, impulsar el procedimiento de contratación para la renovación de los camiones de carga trasera compactadores y de las barredoras de limpieza viaria.

- Establecer que las futuras incorporaciones de vehículos de recogida y maquinaria pesada se orienten a las tecnologías que generen menos emisiones contaminantes, pero siempre garantizando la calidad, la fiabilidad tecnológica y la viabilidad económica y la garantía de la operatividad de la recogida de los residuos.

Desarrollar las estrategias que permitan aumentar la frecuencia de la limpieza del entorno de los contenedores, aumentar las zonas de la ciudad a baldear utilizando entre otros medios camiones baldeadores y aumentar la frecuencia de la recogida de las papeleras en aquellas zonas donde se saturen más.

- Impulsar la auditoría prevista del taller mecánico que nos aporte la información necesaria para tomar las medidas que mejoren su operatividad y el mejor mantenimiento de nuestra flota.

- Impulsar el plan de inversiones de Sadeco que garantice la modernización de sus instalaciones, maquinaria y vehículos así como los procesos estratégicos que está poniendo en marcha la empresa como Sadeco 5.0 y de digitalización de sus procesos.

- Poner en marcha la oferta pública de empleo que cubra las vacantes que se vayan produciendo y las nuevas necesidades derivadas del servicio.

- Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Córdoba con el fortalecimiento de Sadeco como empresa pública de referencia, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios alcanzar los niveles de excelencia que demandan los vecinos y vecinas de Córdoba.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este miércoles a la aprobación inicial de la subida de las tasas de las empresas municipales Sadeco y Emacsa para 2026, lo que supone la tercera subida de los recibos de la basura y del agua en este mandato. El gobierno local del PP se ha quedado solo para aprobar estas subidas, al sumar en contra los votos de toda la oposición: PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, tanto en el punto sobre Emacsa como en el de Sadeco.

Así, de un lado la subida en la tasa de basuras que ya aprobó el consejo de administración de Sadeco y la Junta de Gobierno Local será de un 2,2%, después de que en el año 2023 se subiera un 35% y en 2024 un 10%. Con el incremento para este año 2026, la previsión de la empresa municipal es que cada vecino pague una media de 0,63 euros más al mes y 7,56 euros al año en el recibo de la basura. Con las subidas en este mandado, desde 2023 el recibo medio se habráencarecido en 55,03 euros al año, unos 4.58 euros cada mes.

Por su parte, el incremento en la tarifa de Emacsa será del 2,1%, lo que supone unos treinta céntimos al mes por usuario medio. Anteriormente, el recibo del agua subió un 5% en 2024 y un 10% en 2025. Sí se mantiene la gratuidad para las personas que se beneficien del bono social por su situación de vulnerabilidad.

En la sesión plenaria, el presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha defendido que el servicio público de agua lo sostienen todos los ciudadanos y ha aludido al principio de retorno de costes para argumentar las tarifas. En ese sentido, ha señalado que la modificación de la ordenanza aprobada es una “actualización por debajo del IPC, el 2,1%, en función del equilibrio financiero de la empresa”. Ha señalado al mantenimiento de las infraestructuras que necesita y se va haciendo en la red de Emacsa. Y ha reiterado que no se busca “el beneficio sino el equilibrio financiero, empatar prestando el mejor servicio”.

Por su parte, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, se ha referido a la subida del 2,2% minimizando el impacto de dicha subida en el recibo. “Es una obligación legal” -ha dicho-, “disponer la tasa que permita financiar el coste real del servicio”. Ha añadido que se hace para “financiar adecuadamente” el coste, los medios materiales y humanos de la empresa, así como la tasa de residuos. Y para contraatacar a la oposición, se ha referido a los impuestos del Gobierno central para hablar en términos de “tuneladora fiscal” y no de “escudo social”.

Toda la oposición, en contra: “Es un atraco a nuestros bolsillos”

Desde el PSOE, el concejal José Antonio Romero, ha criticado las sucesivas subidas del recibo del agua ejecutadas por el gobierno del PP, mientras que “en la oposición decían todo lo contrario”. Ha apuntado, además, que la subida de Emacsa “no es entendible” porque se produce tras un cierre de ejercicio con 1,1 millones de euros de beneficios de la empresa, teniendo en cuenta además que “es un servicio vital y esencial”, mientras que la subida del recibo “está asfixiando a familias y autónomos”. Sobre Sadeco, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha criticado las subidas del recibo de la basura que han sumado un 52% en total y ha señalado cómo “ha empeorado sustancialmente” el servicio de recogida de residuos. Con todo, el PSOE ha pedido la retirada de la subida de la tarifa de Emacsa y de la de Sadeco, algo que no ha prosperado.

Por parte de Hacemos Córdoba, la edil Irene Ruiz ha afeado la subida de ambos servicios públicos y ha ironizado sobre la “prioridad nacional” del gobierno del PP que, en su opinión, “es hacer temblar los bolsillos de los cordobeses en un continuo atraco”. “Esta es la tercera subida, el tercer atraco a nuestros bolsillos”, ha dicho, para denunciar que “estamos pagando más caro y no estamos recibiendo un mejor servicio”. En su turno, el edil José Carlos Ruiz ha añadido que “los cordobeses van a pagar más por el peor servicio de la historia” de Sadeco, con “una tasa injusta” y ha pedido “respeto por el dinero público y de los cordobeses”. Y ha apuntado que “un recibo medio de una familia ha subido de 80 a 156 euros desde que gobierna el señor Bellido”.

Desde Vox, la portavoz Paula Badanelli, ha criticado tanto la subida de la basura como la del agua por “la falta de gestión y la falta de respeto por el dinero de la gente”. Y ha señalado que estas subidas las aprueba el PP en mayoría absoluta, recordando que en el anterior mandato “Vox condicionó su apoyo para no subir la basura y el agua”. Por eso, ha acusado al gobierno municipal del PP de “machacar a las clases medias y seguir exigiendo un esfuerzo a los cordobeses” con estas subidas de los recibos de ambas empresas municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en su sesión de este miércoles el Plan Económico Financiero para el período 2026-2027, elaborado por el gobierno municipal obligado tras el informe de Intervención que alertaba del incumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera y la regla de gasto, con el objetivo de recuperar esa senda marcada por ley. El documento ha salido adelante con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Hacemos Córdoba.

El decreto de liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025 incorporaba el informe de Intervención que recogía que el Ayuntamiento no alcanzó en ese ejercicio los objetivos de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto, por lo que se da la necesidad de financiación de 5,6 millones de euros, a la vez que sobre la regla de gasto había un exceso de 6,24 millones respecto al límite establecido.

Así, el gobierno municipal ha tenido que elaborar este Plan Económico Financiero para el período 2026-2027 y, como medidas de este plan de ajuste, de un lado, las empresas municipales y organismos autónomos transferirán liquidez al Ayuntamiento y, de otro lado, se reducirá la deuda de préstamos bancarios.

En ese sentido, se va a dotar de liquidez al Ayuntamiento a través de transferencias de organismos y empresas municipales: el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) transferirá 1,3 millones de euros, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) hará lo propio con 6 millones, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) 500.000 euros, el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental otros 1,2 millones y el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) 820.000 euros más. Además, se autorizará a estos organismos municipales a usar sus remanentes.

Como segunda medida, el plan de ajuste de Economía y Hacienda para volver a la senda de estabilidad plantea reducir el pasivo financiero, la deuda, pidiendo menos dinero en préstamos de bancos. Los préstamos previstos por un montante total de 22 millones presupuestados se van a reducir hasta los 12,3 millones. Actualmente, el Ayuntamiento tiene un endeudamiento por debajo del 45%.

Debate en el Pleno: “Son un desastre como gestores”

En el debate en el Pleno, la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido la gestión y acción del gobierno municipal al frente del Ayuntamiento, pese a que haya dado lugar al incumplimiento de la senda de estabilidad y la regla de gasto. Ha exigido “certidumbre en la financiación local” a cuenta de otras administraciones y ha defendido que en el Ayuntamiento “no hay problemas de tesorería ni falta de liquidez ni problemas para prestar servicios”, sino que se requieren “determinados ajustes técnicos (...) en base a unos criterios de contabilidad nacional”.

Torrent ha asegurado que ahora con el plan de ajuste “se incorporan las medidas oportunas y los recursos existentes. Reducimos la previsión de endeudamiento y reprogramamos actuaciones financieras, no renunciamos ni cancelamos” proyectos. En ese sentido, ha afirmado que el plan de ajuste prevé “preservar los servicios públicos y mantiene la capacidad inversora” del Ayuntamiento. Y ha reiterado que no se van a producir recortes, en contra de las críticas de toda la oposición.

Tanto PSOE como Hacemos Córdoba y Vox han mostrado su disconformidad con la gestión económica del PP que ha obligado a elaborar este plan de ajuste financiero. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha desgranado las causas de los incumplimientos que Intervención señala y ha criticado la “reducción de inversiones” que establece ahora el plan de ajuste económico financiero. En ese sentido, ha indicado que “todo lo que le está haciendo de ahorro tributario a las grandes empresas están reduciendo la capacidad de gasto del Ayuntamiento”. Y ha propuesto que se recuperen esas reducciones tributarias. Sobre la regla de gasto, en vez de reducir inversiones, Hurtado ha propuesto reducir el gasto en subvenciones a eventos privados “lucrativos”.

Por su parte, desde Hacemos Córdoba, han afeado que el gobierno local presente el Plan Económico Financiero como un logro cuando están obligados a hacerlo al incumplir la normativa, por lo que ha criticado ese “juego de trileros”. “Con este plan de ajuste lo que van a hacer es recortar en servicios e inversiones”, ha advertido su portavoz, Juan Hidalgo. Ha calificado de “desaguisado” la gestión económica del Ayuntamiento y cómo con este plan se va a “recortar servicios en lo público”.

Y finalmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha puesto el foco en que “han tenido que hacer el plan económico financiero porque han incumplido la ley”. Y ha criticado al gobierno municipal por ello: “Son un desastre como gestores”, ha dicho, además de acusarles de incumplir el pago a proveedores “que está asfixiando a autónomos y pymes”. Ante el incumplimiento de la senda de estabilidad y la regla de gasto, ha reclamado que “pida perdón, reconozca el error e intente mejorar”.

Tras la aprobación en el Pleno, el documento del Plan Económico Financiero se remitirá al órgano de tutela financiera de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.

La concejala de Vox Marta León será la próxima portavoz del grupo municipal de este partido en el Ayuntamiento de Córdoba, tras la renuncia a su acta de edil de la actual portavoz, Paula Badanelli, que se dedicará a partir de ahora a su cargo como parlamentaria andaluza obtenido en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En el Pleno de este miércoles se ha tomado conocimiento de la renuncia a su acta de Badanelli.

Marta León, que fue número 4 en las elecciones municipales, llegó a Capitulares como concejala en octubre de 2024, después de que renunciara la que fuera cabeza de lista, Yolanda Almagro. León era ya desde 2023 asesora del grupo municipal y, en su trayectoria profesional anterior se había dedicado a la gestión de comunidades de propietarios.

Con la marcha de Badanelli, que es presidenta de Vox en la provincia de Córdoba, el grupo municipal se reestructura con una nueva portavoz y la entrada de un nuevo edil. El Pleno ha solicitado hoy el aval de la Junta Electoral para el nuevo concejal de Vox, que será Miguel Ángel Castellano, que iba de número 5 en la lista electoral de la formación en las pasadas elecciones municipales y es asesor municipal del partido.

Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, fue diputado provincial por Ciudadanos, partido al que representó en la Diputación Provincial de Córdoba, siendo concejal en Pedro Abad.

Despedida de Badanelli en el Pleno

Durante el Pleno, Paula Badanelli se ha despedido dando las gracias a su partido por confiar en mí, a los votantes, a los compañeros del grupo, a los trabajadores del Ayuntamiento y a la Corporación. “De todos y cada uno me llevo algo bueno”, ha dicho. “Ser concejal es lo más bonito”.

Asimismo, ha pedidos “disculpas también si alguna vez he ofendido a alguien y no he sido digna del cargo”. Y ha asegurado “estar a disposición del partido (Vox) y en estos momentos se me requiere en otro sitio”, como es el Parlamento de Andalucía, donde ha asegurado que va a “seguir peleando por Córdoba”.

El alcalde, José María Bellido, ha tomado la palabra para agradecer el trabajo de Badanelli en este tiempo y para desearle buena suerte para su próxima dedicación.

El Grupo Municipal de Vox llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo 10 de junio una moción para estudiar la implantación de un programa piloto de agentes cívicos nocturnos, inspirados en la histórica figura del sereno, una iniciativa que la formación considera “necesaria para reforzar la convivencia y la atención vecinal en distintos barrios de la ciudad”.

Según ha indicado Vox en una nota, la portavoz municipal, Paula Badanelli, ha explicado que la propuesta plantea que la Delegación de Seguridad “elabore un estudio técnico y económico sobre la viabilidad del proyecto, así como las funciones que desarrollarían estos agentes en coordinación con la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia”.

Badanelli ha detallado que “esta medida responde a una realidad que trasladan numerosos vecinos de Córdoba, especialmente en barrios donde existe una creciente sensación de inseguridad, problemas de convivencia o una población cada vez más envejecida”.

Así, ha afirmado que la formación vuelve a traer esta propuesta porque “sigue siendo una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, pues “no podemos resignarnos a que nuestros mayores se sientan solos o a que muchos vecinos perciban que sus barrios están abandonados durante la noche”, ha señalado.

La iniciativa toma como referencia experiencias desarrolladas en otras ciudades españolas, como Sevilla, donde el programa de agentes cívicos nocturnos comenzó como una prueba piloto y posteriormente fue ampliado a más barrios debido a los resultados obtenidos.

Badanelli ha remarcado que “estos agentes no tendrían funciones policiales, sino labores preventivas, de mediación y asistencia”, es decir, no es “sustituir a la Policía Local ni a ningún cuerpo de seguridad”, sino “recuperar la cercanía de contar con personas que puedan orientar a un vecino, acompañar a una persona mayor, detectar incidencias o alertar rápidamente a los servicios de emergencia cuando sea necesario”.

La moción también contempla que el programa pueda convertirse en “una oportunidad laboral para personas desempleadas con especiales dificultades de inserción, especialmente mayores de 55 años, aplicando además criterios de prioridad nacional en la contratación”. Desde Vox quieren que “esta iniciativa sirva también para generar empleo entre quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral”, de modo que es “una propuesta que combina seguridad, cohesión social y oportunidades para los españoles que llevan años sosteniendo nuestro sistema”.

Vox considera que la puesta en marcha de un programa piloto “permitiría evaluar su funcionamiento con una inversión limitada antes de estudiar una posible implantación definitiva en distintos barrios de la ciudad”.

“Si otras ciudades están obteniendo buenos resultados, Córdoba tiene la obligación de estudiar esta posibilidad” con el objetivo de tener “una ciudad más segura, más cercana y más humana”, por lo que “recuperar la figura del sereno adaptada al siglo XXI puede ayudar a conseguirlo”, ha concluido la portavoz municipal, que ha adelantado que la moción será debatida durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio.

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, ha aprobado este miércoles, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox) el Plan Provincial contra el Virus del Nilo, destinado a municipios menores de 50.000 habitantes y que para 2026 contará con una dotación de 300.000 euros.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas previas al Pleno el portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Martín, quien, además, ha asegurado que “la Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad endémica en España desde 2003, pero la situación vivida en 2024 fue especialmente crítica en Andalucía, con un total de 87 casos y diez fallecidos”.

Córdoba, según ha continuado Martín, “por su clima y su riqueza ecológica, especialmente en las zonas cercanas al río Guadalquivir y humedales, es un territorio sensible a la circulación de este virus transmitido por mosquitos”.

Por ello, Martín, que ha estado acompañado por la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, ha manifestado que la provincia, “según los criterios establecidos por la Junta de Andalucía”, tiene “13 municipios en nivel de riego alto (Alcaracejos, Montalbán, Peñarroya-Pueblonuevo, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, La Rambla, Lucena, Palma del Río, Puente Genil, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, Iznájar y Guadalcázar), 39 municipios en nivel de riesgo medio y 25 municipios restantes en nivel de riesgo bajo”.

En este sentido, el objetivo principal de la Diputación “es minimizar el impacto del virus tanto en la población humana como animal destinando una partida de 5.000 euros para cada uno de los 13 municipios de riesgo alto y 3.730 euros para cada uno de los 63 municipios restantes”.

“Es fundamental seguir actuando desde la coordinación institucional y facilitando recursos a los ayuntamientos para que puedan desarrollar medidas de vigilancia, prevención y control y, en esta línea, la Diputación contribuye a sufragar los gastos relacionados con el monitoreo y trampeo de larvas y mosquitos adultos”, ha afirmado.

Igualmente, la institución colabora en el “el cartografiado de focos, jornadas de desinsectación, campañas de comunicación y sensibilización o la elaboración y actualización de los propios planes municipales, todo ello trabajando conjuntamente gracias a un convenio con la Unidad de investigación competitiva en zoonosis y enfermedades emergentes, Enzoem, de la Universidad de Córdoba y con la Junta de Andalucía”, ha añadido el portavoz.

En definitiva, Martín ha relatado que se trata de “una actuación que permitirá anticiparse, colaborar con los municipios y poner recursos encima de la mesa para afrontar con responsabilidad cuestiones que afectan directamente a la salud y a la tranquilidad de los vecinos”.

Martín ha recordado una serie de medidas de autoprotección “para protegerse del Virus del Nilo Occidental, centradas tanto en la eliminación de focos de cría en el ámbito doméstico como en la protección personal frente a las picaduras”.

Entre las medidas de prevención, se encuentran las tenidas en cuenta en el hogar ya que “muchos mosquitos se crían en espacios privados, por lo que se aconseja realizar una búsqueda activa y eliminación de acumulaciones de agua, la gestión de recipientes, el mantenimiento de infraestructuras, el tratamiento de aguas estancadas o los depósitos de agua, entre otros”, ha añadido.

Del mismo modo, para evitar las picaduras, especialmente en zonas de riesgo, se deben de tener en cuenta una serie de medidas como “barreras físicas, vestimenta adecuada, uso de repelentes, crear hábitos preventivos y el uso de insecticidas, entre otros. Además, se aconseja evitar zonas críticas y jardines, ya que los setos y arbustos bien regados sirven de refugio a los mosquitos durante las horas de calor”, ha concluido.

Convenio de puntos Vuela

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha anunciado “la aprobación de un convenio junto con al Consorcio Puntos Vuela por valor de 104.000 euros, con el objetivo de garantizar el funcionamiento, el equipamiento y el sostenimiento de la red de dichos puntos en toda la provincia”.

Alguacil ha recalcado que “son más de 73 los puntos instalados en toda la provincia”, por lo que se vela “no solamente por el equipamiento y la seguridad de la red, sino también se ha destinado con una aportación de cerca de 500.000 euros para los contratos de los dinamizadores que cada punto vuela tiene en su municipio”.

Finalmente, Alguacil ha concluido asegurando que “son 724.000 euros los aportados a los Puntos Vuela y seguiremos trabajando porque la dinamización de dichos puntos y el acercamiento de los ciudadanos a la tecnología sea cada vez más sencilla y más segura de la mano de la Diputación de Córdoba”.

Además, el Pleno también ha tomado conocimiento de la renuncia del hasta ahora diputado socialista Esteban Morales tras su elección como diputado en el Parlamento de Andalucía.

El portavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y responsable de Presidencia y Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, se ha referido al protocolo para ceder un espacio en Caballerizas Reales al Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) -una entidad privada con sede en Barcelona, centrada en el arte figurativo español del siglo XXI-, y ha señalado que esto ayudará a “completar un panorama cultural alejado de estándares y cánones heredados”.

Torrico ha respondido así en el Pleno a preguntas de Hacemos Córdoba que, en boca del concejal Iván Fernández, ha pedido que se paralice ese acuerdo para “regalar espacio público” al museo barcelonés y que el gobierno municipal se siente con los creadores de la ciudad. La comunidad artística de Córdoba expresó sus dudas tras el anuncio del Ayuntamiento de la cesión del espacio de Caballerizas al MEAM y más de 200 artistas y creadores firmaron una carta en la que piden al Consistorio que se replantee esa decisión.

Desde el gobierno municipal, Torrico ha señalado como “una gran noticia recuperar Caballerizas y contar con nuevo museo que traiga artistas y obras de primer nivel nacional e internacional” a Córdoba, además de añadir que este espacio “se destinará a algunos de los usos que esos firmantes reclaman en su carta”.

Ha asegurado que, “con proyectos como el del MEAM se superan anhelos históricos que no cuajaron”, poniendo como ejemplo que en Córdoba se exhibiese la colección de arte de Pilar Citoler. Y ha defendido la cesión de este espacio al museo catalán para “completar un panorama cultural alejado de estándares y cánones heredados”.

Desde el punto de vista administrativo, sobre el acuerdo entre el Ayuntamiento y el MEAM, Torrico ha dicho que “todo va a ser legal, adecuado, transparente” y con la supervisión de la asesoría jurídica municipal. Y ha añadido que “no es un museo comercial” para venta de obras sino que “solo las exhibe” al estar detrás “una fundación sin ánimo de lucro”. “No hay nada regalado”, ha concluido para apuntar que la entidad deberá pagar un canon al Ayuntamiento por la cesión del espacio en Caballerizas.

La Junta de Gobierno Local del pasado 4 de mayo aprobó el protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y el Museo Europeo de Arte Moderno para que Córdoba albergue una subsede de dicho museo. El gobierno municipal prevé que la sede cordobesa se ubique en Caballerizas Reales, donde se cederán varias salas que se rehabilitarán para este fin. Se cederá el nivel cero y el nivel uno del ala este de Caballerizas, donde se ubicarán distintos servicios del museo, además de una sala principal de sala de exposiciones museística y una segunda sala complementaria, además de un área de recepción de visitantes. La sala museística principal estará dividida en dos partes.

El presidente de la empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha admitido “problemas” en la recogida de basura en la ciudad, “derivado porque de buenas a primeras hemos tenido camiones no operativos y problemas que devienen de camiones comprados en 2018, que han empezado a dar problemas graves”.

Ruiz Madruga ha hecho esta afirmación en respuesta a una pregunta en el Pleno del Ayuntamiento realizada por el edil de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz, donde se ponía de manifiesto los problemas del servicio y condiciones de medios y trabajadores en Sadeco, cuyos trabajadores han estado presentes en el Salón de Plenos haciendo visibles sus reivindicaciones.

El presidente de Sadeco ha avanzado el “compromiso” del gobierno municipal de que “mañana (por este viernes) vienen dos camiones”, se ha habilitado el alquiler de estos vehículos por parte de la empresa y, según ha anunciado, “vienen 20 camiones”, sin que haya precisado más detalles sobre el modo y las fechas en las que se hará realidad.

Ruiz Madruga ha negado las acusaciones de “descapitalizar” la empresa que le han hecho desde Hacemos Córdoba y ha echado mano de los datos del presupuesto y plantilla de Sadeco: “Desde 2018 el presupuesto de la empresa ha aumentado en 26 millones y hemos ampliado la plantilla en 94 trabajadores”, además de un incremento del gasto en personal.

Asimismo, ha dado cuenta de que el pasado lunes se reunió con el comité de empresa de Sadeco -la primera vez desde que está al frente de la empresa municipal-, y “tratamos los asuntos que quisieron respecto al problema puntual de la recogida de basura”, argumentando los “compromisos adquiridos” ante esta situación.

Desde Hacemos Córdoba, el concejal José Carlos Ruiz ha recordado que actualmente hay siete de los 18 camiones de recogida nocturna que están inoperativos, que la basura del contenedor de inerte se acumula en el suelo por no recogerla, que los trabajadores están recogiendo residuos manualmente, que el circuito de recogida de la orgánica se realiza a la mitad y que los camiones son antiguos “porque no han comprado camiones en siete años”.