El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado este miércoles, con el voto a favor de todos los grupos (PP, PSOE, IU y Vox), el proyecto provisional de sendas intervenciones en materia hidráulica que contarán con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, “unas obras que permitirán acometer dos grandes proyectos de mejora que redundarán en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía”.

Así lo ha afirmado en declaraciones previas a los periodistas el portavoz del Grupo del Partido Popular en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha detallado que, en primer lugar, se ha procedido a la aprobación provisional del proyecto y de la relación de bienes y derechos afectados por la obra de mejora y adecuación de la captación de Fuente Alhama, “intervención que contará con una inversión de 1.025.000 euros y que supondrá una mejora fundamental en el abastecimiento de agua en la zona sur”, ha remarcado.

Según ha señalado Martín, “se procederá así a la renovación de una conducción que presenta numerosas averías debido a su antigüedad y que abastece a los municipios de Baena, Doña Mencía, Espejo, Luque, Nueva Carteya y Zuheros, además de Albendín y la estación de Luque”.

Esta actuación, ha continuado, “permitirá reducir las averías, así como las constantes pérdidas de agua y proceder a la modernización de las instalaciones y reforzar la seguridad de un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua potable”.

“Del mismo modo, se ha procedido a la aprobación provisional del proyecto y de la relación de bienes y derechos afectados por la obra de renovación de ramales de abastecimiento de la zona norte, una primera fase que contará con una inversión de 450.000 euros y que supondrá la mejora de las conducciones que abastecen a Fuente La Lancha y Santa Eufemia, sustituyéndose tramos antiguos que vienen sufriendo roturas y problemas de abastecimiento”, ha remarcado Martín.

El portavoz del Grupo del PP en la Diputación ha remarcado también que se ha procedido a la aprobación, igualmente por unanimidad, “de un convenio de encomienda de gestión con el Ayuntamiento de Bujalance, que permitirá a Emproacsa, ejecutar las obras de reparación de la red municipal de saneamiento, una obra de 310.000 euros que actuará en las calles Ancha de Palomino y Poeta García Lorca, afectadas por el temporal”.

En otro orden de asuntos, Martín ha señalado que se ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos, “el convenio de colaboración con los ayuntamientos de Cabra, Castro del Río y Montilla con el objetivo de mejorar el pavimentado del Camino del Término, una intervención a la que la institución provincial destinará 25.000 euros que mejorará un camino importante para la comunicación entre estos términos municipales que además facilita el acceso a la aldea de Llanos del Espinar y a explotaciones agrícolas”.

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha informado de que “el Pleno ha aprobado, además, la incorporación de 430.000 euros a la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos y funcionales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia”.

Tal y como ha explicado Aguilera, “alcanzamos así los 630.000 euros para esta línea de ayudas que incorpora también a personas con diagnóstico oncológico, un colectivo que consideramos necesario incluir y que podrá beneficiarse de esta convocatoria que ha recibido un total de 513 solicitudes, siendo más de 30 de pacientes oncológicos”.

La convocatoria establece ayudas para adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares, asientos elevadores, extensores de patas para elevar muebles; ayudas a la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mandos anatómicos, tablas de cortas antideslizantes; y otras para la higiene personal, como sillas de duchas con ruedas, asideros en duchas, sistemas de lavado tipo bidé. También serán subvencionables dispositivos de comunicación para personas con movilidad reducida y prótesis capilar adaptada o peluca oncológica.

Durante el Pleno, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, después de que la portavoz de IU, Irene Ruiz, haya criticado que el programa para inversiones financieramente sostenibles en los municipios “sigue pendiente pese a contar con recursos económicos y habilitación legal”, ha expresado su intención de hablar con los grupos de la institución para llevar al próximo Pleno de noviembre dicho programa, que cuenta con un presupuesto “muy dinámico” en el que hay que “ajustar partidas”, con el objetivo de que “pueda entrar en carga este año”.

Igualmente, el máximo representante de la Corporación provincial ha puesto de manifiesto su voluntad de hablar próximamente con PSOE, IU y Vox para comenzar a “adelantar algo” el “borrador de presupuesto” para el próximo ejercicio 2027 y ver “hasta dónde podemos llegar”, todo ello después de que los portavoces del PSOE, Pepe Álvarez, y de Vox, Rafael Saco, hayan reclamado que abra la negociación de las cuentas para “tener la oportunidad de participar en una negociación real sobre las inversiones y las prioridades de la provincia” y no convocar a los grupos “cuando las cuentas ya estén cerradas”.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Cuatro mociones sobre distintas infraestructuras para Córdoba que dependen del Gobierno central y cuatro acuerdos aprobados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento este jueves, con la vista puesta en que estas reivindicaciones se le hacen ahora al Ejecutivo actual pero se trata de asuntos que tendrá que ver el próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre.

Los cuatro asuntos los había planteado inicialmente el grupo del PP pero, finalmente, se han aprobado cuatro mociones conjuntas firmadas por de PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, que atañen a la autovía A-4, a la Variante Oeste, a los apeaderos de tren en la capital y a los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Aunque el grupo de Hacemos no se encontraba en el Pleno para este punto del orden del día al haber abandonado la sesión en protesta por el desalojo vivido al inicio de la mañana, la moción ya contaba con su respaldo y firma.

Así, sobre la Autovía del Sur A-4, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España a impulsar, sin más demoras, la redacción de los correspondientes proyectos de construcción de las actuaciones contempladas en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la A-4 que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos de la capital, especialmente las comprendidas entre los puntos kilométricos 383 y 407. Y solicitar al Gobierno que remita un calendario concreto y detallado de las actuaciones que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos a la capital, indicando para cada una de ellas su situación administrativa, previsión para la redacción y aprobación del proyecto de construcción, fecha prevista de licitación y calendario estimado de ejecución de las obras, de manera que la aprobación del anteproyecto de 2025 se traduzca en compromisos concretos y verificables.

Mientras tanto, sobre los apeaderos del tren de cercanías, se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y a Adif a formalizar, con carácter prioritario, el correspondiente convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, recogiendo el compromiso de prestación del servicio ferroviario con parada en el futuro apeadero del Parque Joyero una vez esté ejecutada la infraestructura por parte del Ayuntamiento.

Y, junto a ello, se solicita al Gobierno y a Adif que concreten y comuniquen al Ayuntamiento de Córdoba la ubicación definitiva del futuro apeadero del Este de la ciudad, así como las condiciones de prestación del servicio ferroviario y un calendario cierto para la redacción, aprobación y ejecución de la actuación.

En cuanto a los terrenos de la antigua prisión en el barrio de Fátima, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a agilizar los trámites para ejecutar la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, ya que es un paso previo y necesario para que Vimcorsa pueda acometer la posterior promoción municipal de viviendas. Y se insta también al Ejecutivo central a remitir al Ayuntamiento, en un plazo de tres meses, el estado de cada expediente, presupuesto actualizado, financiación por anualidades y calendario de licitación, inicio y terminación, con información trimestral de cumplimiento.

Por último, sobre la Variante Oeste, todos los grupos políticos han dado luz verde a instar al Gobierno de España a que establezca un calendario cierto para la ejecución de la Variante Oeste y un compromiso firme de llevarlo a efecto. Y a que fije la financiación necesaria para el desarrollo de esta infraestructura viaria, de manera que no haya incertidumbre en el plano económico. Asimismo, le piden al Ejecutivo que agilice la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para cerrar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Variante Oeste.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado hoy con el voto unánime de todos los grupos políticos presentes -PP, PSOE y Vox-, la consideración como personajes ilustres de la ciudad de Córdoba para el pintor y escritor Ginés Liébana Velasco -fallecido en 2022-, y al compositor Lorenzo Martínez Palomo, fallecido en 2024. Esta distinción se realiza de conformidad al Reglamento de los Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba.

Liébana murió a los 101 años el último día de 2022, dejando su legado como artista, el que fuera último superviviente del Grupo Cántico, un creador total, que estuvo hasta el último día pintando y escribiendo en su estudio de Madrid donde residía. Llegó a Córdoba siendo un niño, ciudad en la que se formó y comenzó a estudiar Bellas Artes. Tras conocer a Pablo García Baena (compañero de colegio en La Asunción), Juan Bernier, Ricardo Molina y el resto de poetas cordobeses, se convirtió en el ilustrador de la revista Cántico, una publicación literaria esencial en la historia de la poesía española, desde la que se iluminó una ciudad gris por la posguerra y el franquismo.

Liébana fue, además, un viajero empedernido. En los 50 se marchó a vivir a París como “un exiliado alegre” y allí comenzó a organizar sus primeras exposiciones. En esta época, gracias a un trabajo en el Instituto de Cultura, también logró viajar a Brasil y Portugal, y recorrió Italia, donde llega a abrir un estudio en Venecia. De todo el grupo, Liébana siempre destacó como el bon vivant, un artista total entregado a la vida, el arte y sus placeres, a partir de una filosofía en la que el humor, la fina ironía y la alegría impregnaban todo lo que acometía.

En los años 60 se instaló en Madrid, comienza a destacar por su pintura elaborada, miniaturista, mágica, simbólica y donde se refleja su sensibilidad andaluza y sensual. Pasados los sesenta años, ya en los años 90, Liébana comienza a publicar libros de poemas y teatro. Con la llegada del nuevo siglo, Ginés Liébana comenzó a recoger premios y reconocimientos. En 2005 fue galardonado con la Medalla de Oro de Bellas Artes por su magna trayectoria creativa. El 24 de octubre de 2010 fue elegido Hijo Adoptivo de Córdoba y el 28 de Febrero de 2011 recibió la medalla de Andalucía.

Lorenzo Martínez Palomo

Por su parte, Lorenzo Martínez Palomo, fallecido en 2024 a los 86 años, fue uno de los compositores españoles contemporáneos de mayor proyección internacional, creó composiciones que han interpretado desde Montserrat Caballé a Ainhoa Arteta y las mejores orquestas en escenarios de todo el mundo.

Lorenzo Martínez Palomo se trasladó a Córdoba siendo muy joven y estudió piano y armonía en el Conservatorio. A los veinte años ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, donde estudió composición con Joaquín Zamacois y piano con Sofía Puche de Mendlewicz. Más tarde, becado por la Fundación Juan March, estudió dirección de orquesta con Boris Goldovsky en Nueva York.

En 1973 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Valencia, compaginándolo con el cargo de principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Manila, Filipinas. En esta época dirigió tanto conciertos como representaciones de ópera. En 1976 fue invitado a dirigir el concierto conmemorativo del Centenario de Manuel de Falla en Ginebra con la Orquesta de la Suisse Romande.

Su música ha sido interpretada en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, entre ellas Carnegie Hall (Nueva York), Symphony Hall (Boston), Verizon Hall (Kimmel Center, Filadelfia), Covent Garden (Londres), Suntory Hall (Tokio), Auditorium Tschaikowsky (Moscú), Philharmonie (Berlín), Konzerthaus (Berlín), Victoria Hall (Ginebra), Auditorio Nacional (Madrid), L’Auditori (Barcelona), Palau de la Música (Valencia), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Palacio Euskalduna (Bilbao), Auditorio Manuel de Falla (Granada) y muchas otras.

Así mismo sus composiciones han sido interpretadas por muchas de las orquestas más importantes del mundo, entre ellas las Orquestas Sinfónicas de Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Cincinnati, Sinfónica de Londres, Sinfónica de la Radio de Berlín, Ópera de Berlín, Filarmónica de Dresde, Sinfónica y Filarmónica de Hamburgo, Yomiuri Nippon de Tokio, Suisse Romande de Ginebra, Accademia Santa Cecilia de Roma, Filarmónicas de Bergen y Oslo, Sinfónica de la Nueva Rusia de Moscú, Nacional de España y Sinfónicas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Euskadi, Sevilla, Castilla y León etc.

El Rey Juan Carlos I condecoró a Lorenzo Palomo con la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica por llevar con su música el nombre de España por el mundo. Después de vivir 38 años en Berlín, donde fue miembro estable de la Ópera de la capital alemana (Deutsche Oper Berlin) desde 1981 a 2004, Lorenzo Palomo residió en Madrid desde 2019 hasta su fallecimiento.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde definitiva este jueves a la aprobación de la subida de las tasas de las empresas municipales Sadeco y Emacsa para el presente ejercicio, lo que supone la tercera subida de los recibos de la basura y del agua en este mandato del gobierno municipal del Partido Popular. En el Pleno, el gobierno local del PP se ha quedado solo para aprobar estas subidas, al sumar en contra los votos de la oposición: PSOE y Vox -Hacemos Córdoba ha abandonado la sesión plenaria en protesta por el desalojo del salón de Plenos-, tanto en el punto sobre Emacsa como en el de Sadeco.

Así, de un lado la subida en la tasa de basuras que ya aprobó el consejo de administración de Sadeco y la Junta de Gobierno Local será de un 2,2%, después de que en el año 2023 se subiera un 35% y en 2024 un 10%. Con el incremento para este año 2026, la previsión de la empresa municipal es que cada vecino pague una media de 0,63 euros más al mes y 7,56 euros al año en el recibo de la basura. Con las subidas en este mandato, desde 2023 el recibo medio se habrá encarecido en 55,03 euros al año, unos 4,58 euros cada mes.

Por su parte, el incremento en la tarifa de Emacsa será del 2,1%, lo que supone unos treinta céntimos al mes por usuario medio. Anteriormente, el recibo del agua subió un 5% en 2024 y un 10% en 2025. Sí se mantiene la gratuidad para las personas que se beneficien del bono social por su situación de vulnerabilidad.

Debate en el Pleno sobre las subidas en Emacsa y Sadeco

En la sesión plenaria, la presidenta de Emacsa, Cintia Bustos, ha defendido que la actualización de las tasas buscan mantener el servicio esencial del suministro del agua para que sea “seguro y sostenible garantizando el equilibrio financiero de la entidad”. Así, las cuentas previstas para la empresa prevén la “continuidad del servicio, el mantenimiento y mejora de las instalaciones -12,7 millones en inversiones- y el servicio para la ciudadanía”.

Bustos ha destacado las bonificaciones sociales y para personas con discapacidad reconocida que recogen las tarifas, así como las inversiones en obras en redes y colectores, la transformación digital de Emacsa y la obra del tanque de tormenta. Asimismo, ha dicho que se trata de “una tasa bastante ajustada” que busca el equilibrio financiero de la empresa municipal. Finalmente, ha defendido las inversiones para ofrecer “un servicio de calidad” en la actualización de la ordenanza “pensando en el correcto servicio que hay que prestarles a los ciudadanos de Córdoba”.

El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha afeado la subida de las tarifas “casi un 20% en los últimos tres años” y ha criticado que el gobierno municipal “justifique la subida de la tarifa por las inversiones: nada tiene que ver con eso” y ha señalado que Emacsa vuelva a “tocar el bolsillo de los cordobeses”.

Vox, en boca de su edil Marta León, ha trasladado su oposición a que “las familias, los comerciantes y los autónomos paguen más aunque mantengan el mismo consumo”. “Aumenta el precio del agua consumida pero también la parte fija por la parte del servicio”, ha criticado y ha destacado que la ordenanza “encarece el servicio”.

Mientras, en cuanto a la subida de la tasa de Sadeco, su presidente, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “esta subida sirve para financiar mejoras” en medios materiales como la compra de nuevos camiones e instalaciones de la empresa municipal y, en medios humanos, para las contrataciones realizadas para refuerzo de servicios o cubrir vacaciones. El edil ha señalado que la subida de la tarifa busca “darle el músculo financiero que la empresa necesita”.

Desde el PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha criticado que el gobierno municipal justifique la subida de la tarifa en las inversiones y ha recordado que esta es el tercer incremento en el mandato del gobierno del PP. También ha afeado que no se haya establecido un sistema para que “pague más quien más contamine” y ha señalado que la gestión financiera de Sadeco no se puede basar en “un sistema incrementalista” en cuanto a sus tasas.

Por parte de Vox, la concejala Marta León ha cuestionado “¿por qué pagamos cada vez más cuando la ciudad está cada vez más sucia?”, y ha señalado cómo “los cordobeses juzgan lo que ven: la suciedad, la basura acumulada en los acerados y los malos olores”. Por eso, ha criticado la gestión de la empresa municipal -“la responsabilidad política”- y ha pedido resolver las incidencias que se detectan.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2027 que contemplan la congelación del paquete de impuestos municipales para ese año, el último del actual mandato antes de las elecciones locales en mayo. El gobierno municipal del PP en solitario ha dado luz verde al documento, con el voto en contra de PSOE y Vox, mientras Hacemos no ha estado presente tras abandonar la sesión por el desalojo del salón de Plenos ordenado por el alcalde por las protestas de trabajadores.

La votación en el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de las ordenanzas presentadas por el PSOE y también por Hacemos Córdoba, así como a las 21 enmiendas parciales del PSOE y las cinco de Vox. El expediente ha salido adelante tal y como lo traía al Pleno el PP, solo con sus votos a favor.

El documento aprobado prevé congelar los tributos municipales, aunque aplicará nuevas bonificaciones y reducciones de cuotas. En conjunto, supondrán una reducción real ponderada del 0,12% de la fiscalidad municipal, afecta a 19 ordenanzas fiscales, además de la Ordenanza Fiscal General, e incorpora modificaciones de carácter técnico, adaptaciones normativas y cambios tarifarios, junto a nuevas medidas de gasto.

El cálculo de la reducción global del 0,12% procede de la suma del efecto de las distintas medidas fiscales incorporadas al proyecto, entre ellas las relacionadas con el ICIO y la vivienda protegida, las licencias de determinados locales comerciales y las bonificaciones vinculadas a los vehículos menos contaminantes. Así, entre las principales novedades se encuentra el refuerzo de las medidas relacionadas con la vivienda protegida. El proyecto contempla una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de viviendas protegidas, tanto destinadas al alquiler como a la compra, además de mantener las reducciones asociadas a los programas de rehabilitación.

La propuesta también mantiene las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, que pueden alcanzar el 90%, así como diferentes beneficios fiscales relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y determinadas actuaciones dirigidas a personas con discapacidad.

En materia de actividad económica y empleo, el Ayuntamiento mantiene las bonificaciones existentes en los diferentes tributos y tasas municipales, que pueden llegar hasta el 95% en función de la creación de empleo indefinido y de la declaración de especial interés o utilidad municipal. Otra de las medidas destacadas afecta a la movilidad. El documento de ordenanzas fiscales mantiene una reducción del 50% de la tasa de autorización anual para carga y descarga cuando se trate de vehículos con distintivo ambiental Cero o Eco.

Debate en el Pleno

La aprobación provisional de las ordenanzas ha sido debatida en el Pleno por los grupos políticos presentes, que han mantenido su posición ya expuesta en la aprobación inicial del documento. El PP ha expuesto las bonificaciones que se incluyen en el documento, así como la congelación de impuestos, mientras que PSOE y Vox han criticado -cada uno según su punto de vista-, la política fiscal de los populares.

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha defendido que el documento presentado mantiene el rumbo marcado en estos años por el gobierno local y que la fiscalidad propuesta beneficia al tejido empresarial, comercial y a la ciudadanía en general. “La fiscalidad municipal tiene que ser responsable con las cuentas del Ayuntamiento y sensible con los ciudadanos”, ha dicho, tras enumerar los porcentajes de impuestos y bonificaciones. Y ha dicho que “se continúa una política construida desde hace años para generar más empleo y oportunidades”.

Desde el PSOE, el concejal José Antonio Romero, ha tachado de “mentira” la “política del relato” del PP sobre bajada de impuestos en estos años de mandato que “solo beneficia a quien más tiene”, mientras “sube las tasas de basura y agua a todos los mortales”. “¿Cuál es la bajada real de impuestos? ¿En qué va a redundar en los vecinos?”, ha preguntado.

Y finalmente, desde Vox, la concejala Marta León ha tachado de “poco valiente” al gobierno del PP: “Se podría hacer mucho más por el bolsillo de los cordobeses” ha dicho para cuestionar si “de verdad creen que los cordobeses necesitan pagar más para recibir servicios que dejan mucho que desear”.

Tras la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales en el Pleno, se abrirá el periodo legal de exposición pública y presentación de alegaciones. Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento deberá analizar y resolver las reclamaciones antes de llevar de nuevo el expediente al Pleno para su aprobación definitiva, que el equipo de gobierno espera esté listo antes de que arranque el 2027 para su aplicación a partir de entonces.

“¿Quién se fía de José María?”. Este ha sido el grito coreado por las personas que llenaban el Salón de Plenos al inicio de la sesión de este jueves 15 de octubre en el Ayuntamiento de Córdoba, en referencia al alcalde, José María Bellido.

El salón municipal se ha llenado de las reivindicaciones de policías locales, delegados sindicales, personal municipal, funcionarios jubilados y otras protestas que, antes de que se iniciara el Pleno, han gritado contra el alcalde. “Paga tus deudas si no quieres guerra”, le han espetado, por los retrasos en los pagos.

Las interrupciones de los manifestantes han jalonado la primera parte del Pleno, entre gritos dirigidos al alcalde, que ha llamado en dos ocasiones al orden para requerir silencio, advirtiendo de que la siguiente vez desalojaría el Salón y, asimismo, que el reglamento contempla sanciones económicas. Finalmente, sobre las 11:25 y ante nuevas protestas que hacían imposible seguir con el debate, Bellido ha ordenado a la Policía Local que desalojara el Salón de Plenos. La sesión ha quedado interrumpida mientras tanto.

Antes, ante los gritos y pitos de los asistentes, el alcalde había recordado que el artículo 56 del Reglamento de Pleno prohíbe las interrupciones y ha requerido que dejaran continuar la sesión. Tras varios minutos de gritos, de nuevo se había reanudado el orden del día, aunque poco después han vuelto a interrumpir: “Bellido, alcalde, esto está que arde”.

Poco después, se ha vuelto a seguir el ritmo de la sesión con el debate de los grupos políticos, aunque el salón de Plenos permanece lleno con las reivindicaciones, que han ido interrumpiendo las intervenciones. “Moroso, moroso”, ha sido otro de los calificativos dedicados a Bellido.

De hecho, el testigo de las protestas lo han recogido en sus intervenciones los concejales de Hacemos Córdoba y el PSOE. Desde Hacemos, la edil Irene Ruiz ha señalado que los trabajadores presentes en el Salón de Plenos lo hacían “en defensa de sus derechos” y ha criticado el “despliegue de seguridad” ordenado por el gobierno municipal ante estas protestas.

Ruiz ha afeado “las promesas continuas, que no cumplen” con el personal municipal al que se les debe la actualización de los salarios, los premios por jubilación o las horas extras en el caso de los agentes de la Policía Local. “Se han cansado de promesas vacías. Escúchelos y atiéndalos”, ha pedido al alcalde.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado ha afirmado que el clima de protestas de este Pleno es “consecuencia de las sucesivas mentiras del gobierno municipal” y “consecuencia de su populismo, que le ha estallado en las narices”. Ha reclamado la actualización de los salarios -que en otras administraciones se ha hecho a inicios de año- para los trabajadores del Ayuntamiento, así como que se paguen los atrasos por horas extras en servicios especiales a la Policía Local.

Por parte del gobierno municipal, la responsable de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha tomado la palabra para tratar precisamente el punto del orden del día que abordaba un suplemento de crédito por importe de 1.452.571,99 euros para el abono de retribuciones y costes asociados al personal del Ayuntamiento de Córdoba. Y ha argumentado que se hacía uso de un mecanismo legal para afrontar esos pagos pendientes. Todos los grupos municipales han votado a favor de este punto, a excepción de la abstención del PSOE.

Reanudación del Pleno: Hacemos abandona la sesión en protesta

El Pleno se ha reanudado tras el desalojo de los manifestantes, si bien los grupos políticos han participado en una Junta de Portavoces previa y han tomado la palabra sobre lo sucedido. Por parte de Hacemos Córdoba, han explicado que abandonaban la sesión “por coherencia” con la defensa de los derechos de los trabajadores que habían protestado y ante lo que consideraban “criminalización de la actividad sindical” y “coacciones” por mencionar el alcalde que se podía identificar a los responsables de la alteración del Pleno.

Ante ello, Bellido ha repetido que en la orden de desalojo leyó el reglamento textualmente citando que “cuando legalmente proceda se identifique a los responsables” de la protesta, pero aclarando que, finalmente, “no se ha identificado a nadie, porque no procedía legalmente”. Asimismo, ha querido señalar su “respeto máximo a la actividad sindical, protesta, discrepancia, pero en los espacios donde corresponde, según el reglamento y la ley”. Ha recordado que las sesiones del Pleno son abiertas al público, si bien este no puede interrumpir el normal desarrollo de la sesión. “Ha habido margen de tolerancia y bastante”.

Por parte del PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha explicado que su grupo se quedaba en el Pleno por la importancia de los debates que iba a haber, si bien criticaba al alcalde por no tener “un gesto de empatía con los trabajadores y sus reivindicaicones”. “La respuesta no puede ser una amenaza”. Asimismo, ha creído que no procedía “la identificación” de nadie “porque no ha pasado nada especial”, en referencia a las protestas y a la interrupción del Pleno.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, defenderá este jueves que la ciudad ha resistido mejor la crisis de la vivienda que el conjunto de España durante el pleno extraordinario y monográfico dedicado a este problema, convocado para las 18:00. El regidor sostiene que las políticas municipales han permitido amortiguar una situación que considera cada vez más preocupante y que, a su juicio, se ha agravado en todo el país desde 2018.

Bellido ha avanzado que el gobierno municipal aprovechará la sesión para poner sobre la mesa datos sobre la evolución del precio de la vivienda, los alquileres, la oferta disponible y el número de inmuebles construidos en Córdoba, en comparación con el conjunto nacional. El objetivo, según ha explicado, es abordar el debate con cifras y transparencia, sin dejar de lado las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda.

El alcalde ha defendido que la crisis requiere responsabilidad por parte de todas las administraciones y empatía con quienes tienen problemas para comprar o alquilar una casa. Sin embargo, ha atribuido el agravamiento de la situación a las políticas del Gobierno central y ha reclamado un cambio de planteamiento para evitar que el problema siga creciendo.

“Dentro del mal momento que vive la vivienda en toda España, en Córdoba hemos sabido resistir mejor”, ha asegurado Bellido, que ha vinculado esta evolución a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y a su distanciamiento de las políticas estatales y de anteriores gobiernos locales.

El regidor ha situado el origen del problema en la evolución registrada desde 2018 y ha recordado que la vivienda ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los españoles, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Bellido ha cuestionado las medidas impulsadas por el Ejecutivo central y ha advertido de que, pese a las iniciativas legislativas aprobadas, los precios y las dificultades de acceso a una vivienda continúan siendo motivo de preocupación. También ha señalado que algunos propietarios tienen cada vez más reticencias a poner sus inmuebles en el mercado del alquiler, una circunstancia que, en su opinión, reduce la oferta disponible.

“Las cosas se han hecho rematadamente mal y, sobre todo, se han hecho con mucha demagogia”, ha afirmado el alcalde, que considera que determinadas políticas han tenido efectos contrarios a los que pretendían conseguir.

En el ámbito local, Bellido ha recordado que, cuando llegó al gobierno municipal, existían planteamientos para desclasificar suelo y limitar el desarrollo urbanístico de la ciudad. A su juicio, esa estrategia habría dificultado la construcción de nuevos barrios y la generación de más viviendas.

Más vivienda protegida y agilización de las licencias

Más allá de las críticas, el alcalde ha adelantado que el pleno servirá también para exponer las medidas municipales en marcha y las actuaciones previstas para los próximos años. Entre ellas, ha destacado la aceleración del crecimiento urbanístico de Córdoba, el aumento de la vivienda de protección oficial (VPO), la regeneración de los barrios mediante las normas urbanísticas aprobadas y la agilización de los procedimientos para conceder licencias.

Sobre este último punto, Bellido ha asegurado que el sistema implantado por el Ayuntamiento está despertando el interés de otras ciudades, que se han puesto en contacto tanto con la Administración local como con el Colegio de Arquitectos para conocer su funcionamiento.

El alcalde considera que facilitar los procedimientos administrativos y promover nuevos desarrollos residenciales son herramientas fundamentales para aumentar la oferta y responder a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, ha advertido de que las actuaciones de los gobiernos locales y autonómicos no serán suficientes si no se produce un cambio en la política estatal de vivienda.

“Si no hay un cambio en España, por mucho que hagamos los gobiernos locales y autonómicos, el problema de la vivienda va a seguir siendo un problema que se va a agravar en el futuro”, ha señalado.

El grupo municipal Hacemos Córdoba denuncia que el Partido Popular pretende impedir que el Pleno del Ayuntamiento debata la moción contra las violencias machistas que la coalición quiere llevar a la sesión del próximo jueves. La concejala Irene Ruiz ha explicado en rueda de prensa que, tras registrarse la iniciativa con cuatro minutos de retraso por problemas con la plataforma, el PP ha comunicado que “no apoyará su tramitación por vía de urgencia, lo que impediría abordar su contenido”.

Ruiz ha criticado que el gobierno municipal se escude en una cuestión formal para bloquear una iniciativa que considera necesaria. “Estamos hablando de una moción para combatir la violencia machista, no de un asunto menor que pueda dejarse pasar por un problema técnico”, ha señalado.

La propuesta, impulsada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista y asumida por Hacemos Córdoba, se presenta habitualmente en octubre para que el Ayuntamiento pueda participar en las actividades organizadas durante noviembre y preparar los compromisos vinculados al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala ha recordado que, desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, han sido asesinadas 1.383 mujeres en España. En lo que va de 2026, según los datos expuestos por Ruiz, son 42 las víctimas, 12 de ellas en Andalucía. Además, desde 2003 han sido asesinados 68 menores en casos de violencia vicaria, tres de ellos durante este año. “Detrás de estas cifras hay mujeres y menores cuyas vidas han sido arrebatadas. Las instituciones tienen la obligación de actuar y de alcanzar acuerdos para combatir esta violencia”, ha defendido.

Ruiz también ha cuestionado el argumento del PP sobre el retraso en el registro de la moción y ha recordado que en otras ocasiones se han llevado al Pleno asuntos por vía de urgencia, incluso con importantes consecuencias económicas y documentación pendiente, que la oposición ha respaldado por responsabilidad. “No se puede utilizar el reglamento como excusa cuando se trata de debatir medidas contra la violencia machista y actuar con responsabilidad ante las víctimas”, ha señalado.

La concejala ha relacionado esta postura con el acuerdo del PP y Vox en Andalucía y ha criticado el papel que, según ha denunciado, se está otorgando a una formación que niega la violencia machista en ámbitos relacionados con la atención y protección de las víctimas. “El PP quiere hacerse fotos y presumir de acuerdos contra la violencia machista, pero después impide que se debatan iniciativas que buscan reforzarlos”, ha afirmado.

Hacemos Córdoba advierte de que, si el PP mantiene su rechazo a la urgencia, la moción quedará sin debate en el Pleno del jueves. En ese caso, la coalición volverá a presentarla en noviembre para que el Ayuntamiento pueda abordar las propuestas de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar cuatro mociones en el Pleno ordinario del próximo jueves sobre cuatro infraestructuras que reivindica al Gobierno central y que, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas, dirige al Ejecutivo actual y -asegura- también al nuevo que surja de las urnas.

El portavoz del PP y del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que se trata de cuatro infraestructuras “pendientes” por parte del Gobierno de España en Córdoba y que pretende “tanto reivindicarlas hasta el último minuto” al actual Ejecutivo como “seguir apostando por las mismas en el caso de que haya un cambio en el Gobierno” tras las elecciones del 29N.

La primera moción se refiere a dar un impulso a las actuaciones de adecuación integral en la autovía del Sur A4 a su paso por Córdoba, una vía que “se está convirtiendo en ronda urbana y necesita unas condiciones de mantenimiento para el uso que tiene”. Como complemento, la segunda moción pide la ejecución de la Variante Oeste, “de tal forma que tengamos la autovía y se mejoren las condiciones de conservación en el tramo actual de la A-4 para que sirva como la ronda urbana que es a día de hoy”.

Como tercera moción se solicita la puesta en servicio de los apeaderos de tren en el Parque Joyero -el PP sostiene que es necesario para la cantidad de personas que acuden al Centro de Convenciones y ofrece la colaboración del Ayuntamiento-, así como el de la zona de Levante en Fátima,

Y, por último, el PP insta al Gobierno a culminar las obras de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde Vimcorsa tiene comprometida la adquisición de una parte para la construcción de 90 viviendas y los populares critican que lleve “tres años de retrasos” la actuación del Ejecutivo.

El próximo jueves apunta a ser intenso en Capitulares. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha convocado dos plenos en un mismo día. Por la mañana, y a partir de las 10:00, se celebrará la sesión ordinaria de octubre. Por la tarde, y a partir de las 18:00, la extraordinaria sobre vivienda que ha solicitado la oposición.

El regidor retiró la convocatoria que había hecho de un pleno extraordinario sobre vivienda atendiendo una petición aún no formal del PSOE. Los socialistas y Hacemos Córdoba retieraron de la necesidad de un pleno monográfico, que finalmente se va a hacer coincidir con la sesión ordinaria.

En circunstancias normales, los plenos del Ayuntamiento que arrancan a las 10:00 acaban después del mediodía e incluso avanzada la tarde. La sesión de este jueves contempla las mociones de todos los grupos municipales, además de diferentes asuntos ordinarios que generarán debate, como modificaciones presupuestarias. Para el final está el turno de ruegos y preguntas, que se extiende durante más de dos horas.

A buen seguro, la sesión ordinaria llegue a las 18:00, por lo que lo probable es que las dos se solapen. En la convocatoria de la sesión extraordinaria no se establece el límite de tiempo ni la organización del debate sobre la vivienda en Córdoba. El único límite, más allá de las fuerzas, que existe es que la sesión debe concluir antes de las 00:00. No puede solaparse a otro día.

PSOE y Hacemos acusan al alcalde de “trilerismo político”

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, y el portavoz municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, Juan Hidalgo, han denunciado conjuntamente las maniobras del Gobierno municipal de José María Bellido para evitar que el Pleno del Ayuntamiento debata y vote medidas concretas frente a la crisis de la vivienda.

Ambos representantes han tenido un recuerdo para los familiares de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio ha desencadenado la mayor protesta por la falta de vivienda en España, en una rueda de prensa conjunta en la que han criticado que el PP convocara un Pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad en lugar de abordar la iniciativa de la oposición y que, posteriormente, lo haya desconvocado, una decisión que consideran un intento de eludir compromisos efectivos en materia de vivienda.

Romero ha acusado al Partido Popular de practicar el “trilerismo político” y de utilizar las instituciones municipales para impedir que prosperen propuestas dirigidas a responder a una situación que considera de máxima urgencia. “El objetivo no es debatir sobre el estado de la vivienda, sino aprobar medidas concretas que puedan solucionar la situación urgente que tiene esta ciudad”, ha afirmado.

El candidato socialista ha lamentado que, mientras numerosas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda o afrontar el alquiler, Córdoba siga sin contar con nuevas promociones de vivienda pública impulsadas por Vimcorsa y ha reclamado también a la Junta de Andalucía que recupere la construcción de vivienda social.

“Ellos convocan para no votar, convocan para bloquear y porque no quieren que veamos que van a votar en contra de todos y cada uno de los puntos de acuerdo”, ha señalado Romero, quien ha insistido en que las administraciones deben dar respuestas a las personas que están perdiendo sus hogares o destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler.

El dirigente socialista ha subrayado que las consecuencias de la crisis habitacional afectan especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y familias con menores, por lo que ha reclamado que el Ayuntamiento abandone las maniobras políticas y asuma su responsabilidad. “La vivienda es un tema muy serio, no es un juego. Este Ayuntamiento está para dar soluciones, no para el trilerismo político al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y el señor Bellido”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz municipal de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha comenzado trasladando su solidaridad a los familiares, amistades y vecinos de Maricarmen, así como a las personas indignadas por la situación de la vivienda. Hidalgo ha vinculado este caso con las dificultades que sufren muchas familias para mantener un hogar y ha reclamado a las administraciones públicas que actúen para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

“La mala conciencia del Partido Popular no se lava convocando y desconvocando plenos; se lava aplicando y haciendo políticas de vivienda para la gente”, ha manifestado Hidalgo, quien ha acusado al PP de priorizar el negocio frente al derecho a la vivienda. El portavoz de Hacemos Córdoba ha defendido la necesidad de abordar de manera integral los problemas de acceso a la vivienda en la capital, desde la regulación de los apartamentos turísticos hasta la recuperación de instrumentos públicos de protección para las familias vulnerables.

Entre las medidas planteadas, ha destacado la recuperación de la Oficina de Defensa de la Vivienda, que prestaba apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad; la recuperación de convenios con entidades bancarias para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público; y la aplicación de la Ley de Vivienda en Córdoba para estudiar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas de contención de precios.

Hidalgo también ha reclamado que se priorice el uso residencial del patrimonio público frente a nuevos proyectos turísticos. En este sentido, ha citado el inmueble de la calle Manríquez, cuya posible transformación en un complejo hostelero o de apartamentos turísticos ha cuestionado por considerar que la ciudad necesita ampliar su oferta de vivienda residencial, especialmente en el casco histórico.

Asimismo, ha pedido que Vimcorsa aproveche el suelo y los recursos disponibles para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y protegida, y que se garantice que estas viviendas mantengan su función social a largo plazo, evitando que se incorporen al mercado libre tras unos años.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha reclamado este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario sobre vivienda ante el agravamiento de la situación en la ciudad, con un aumento tanto de la demanda de alquiler como de compra y una ralentización de la construcción privada.

En su primera comparecencia pública tras imponerse en las primarias del PSOE de Córdoba, Romero ha señalado que, según una respuesta del Gobierno local a una pregunta formulada por su grupo municipal, actualmente existen 4.448 demandantes de vivienda en alquiler y 4.334 de vivienda en propiedad, cifras que, según ha apuntado, continúan aumentando.

Frente a esta situación, el candidato socialista ha criticado que el Ayuntamiento no esté poniendo en marcha políticas destinadas a contener el incremento de los precios y a aumentar la oferta de vivienda. “La demanda está ahí”, ha señalado Romero, que ha relacionado esta situación con la movilización celebrada el pasado domingo en Córdoba, en la que participaron más de 6.000 personas.

Romero ha advertido además de que el problema no se limita al acceso a la vivienda, sino que afecta también a la transformación del Casco Histórico. En este sentido, ha denunciado la existencia de “multitud de metros cuadrados” abandonados mientras el centro de la ciudad “se está turistificando” sin que, a su juicio, se estén adoptando medidas para poner freno a este proceso.

El candidato socialista ha avanzado que el PSOE promoverá, si llega al Gobierno municipal, la construcción de viviendas destinadas tanto a la compra como al alquiler en el Casco Histórico, con el objetivo de mantener población residente y evitar una mayor turistificación de esta zona de la ciudad. Romero ha explicado que en el pleno extraordinario que reclama su grupo los socialistas presentarán sus propuestas en materia de vivienda para “dar respuesta a las necesidades que tienen los cordobeses”. Entre ellas, ha situado la ampliación de la oferta de vivienda asequible y la intervención sobre espacios y edificios actualmente infrautilizados.

El dirigente socialista también ha situado el problema de la vivienda en el ámbito de la política autonómica y nacional y ha criticado el papel de PP y Vox, a los que ha responsabilizado de bloquear medidas impulsadas desde el Gobierno central mediante sus votos en contra de los distintos decretos. Ha recordado, además, que buena parte de las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, y ha señalado que en la mayoría de ellas gobierna el PP.

En el caso concreto de Córdoba, Romero ha apuntado también a las dificultades existentes para facilitar alojamientos destinados a personas mayores, debido a la complejidad que presenta el proceso para acceder a este tipo de vivienda.

El candidato socialista ha resumido la política del PP en materia de vivienda como una situación en la que “el que pueda, que compre y el que no, que se quede sin vivienda”, y ha contrapuesto este planteamiento con la necesidad, a su juicio, de impulsar políticas públicas que permitan ampliar la oferta y facilitar el acceso a quienes no pueden afrontar los precios actuales del mercado.

Romero ha reclamado finalmente al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que no rechace la convocatoria del pleno extraordinario. “Espero que el alcalde no se niegue a convocar el pleno, porque si no tienen nada que esconder de su gestión, lo convocará”, ha afirmado. El PSOE ha registrado la petición y, según ha recordado Romero, el alcalde dispone de un plazo máximo de 15 días para convocar la sesión. El candidato socialista ha confiado en que el Gobierno local no agote ese plazo y convoque el pleno extraordinario para abordar la situación de la vivienda en la ciudad.

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, ha aprobado una declaración institucional unánime para apoyar a Montilla en su candidatura para ser elegida Ciudad Española del Vino 2027.

En cuando al apoyo a la candidatura de Montilla como ‘Ciudad del Vino 2027’, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha insistido en que “lo hacemos poniendo en valor la cultura vitivinícola de la provincia y el marco Montilla-Moriles. Y es que el vino es historia, es cultura pero también representa una actividad económica y fuente de empleo esencial para muchos de nuestros pueblos”.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado los marcos de ejecución y desarrollo de las actuaciones correspondientes a los dos Planes de Actuación Integrados (PAI) concedidos a la institución provincial en el marco del programa plurirregional de España con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027“.

A estos proyectos se ha referido la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, quien ha detallado que “se trata del ‘PAI Pozoblanco-Los Pedroches’ y del ‘PAI Sierra Morena Cordobesa’, proyectos que cuentan con un presupuesto aprobado de 7 millones de euros cada uno y que contará con unas ayudas de 5,9 millones euros”.

Para Ruz, “hoy damos un paso importante en la ejecución de estos PAI porque aprobamos los marcos de actuación y la Diputación asume el 15% de la financiación de esos proyectos que podrán desarrollarse hasta finales de 2030. La institución provincial establecerá así la planificación en el desarrollo de ambas iniciativas”.

En cuanto al PAI Pozoblanco-Los Pedroches, ha continuado, “contempla la realización de un total 31 actuaciones, que repercutirán en 17 municipios y beneficiarán a 51.206 cordobeses y cordobesas. Se trata pues de la puesta en marcha de acciones que buscan la revitalización demográfica de esta comarca”.

“Se incorporan en el proyecto actuaciones para la dinamización económica en Villanueva de Córdoba, Dos Torres, Pozoblanco, Pedroche, El Viso, El Guijo y Torrecampo. Así como propuestas de mejora de infraestructuras y servicios en las localidades de Villaralto, Añora, Alcaracejos, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Villanueva del Duque, Belalcázar y Pedroche”, ha remarcado Ruz.

La responsable de Fondos Europeos de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que “este PAI se completa iniciativas que persiguen facilitar el acceso a una vivienda asequible en Cardeña y Villaralto o la gestión eficiente del agua en Conquista o Dos Torres”.

En relación al ‘PAI Sierra Morena’, Ruz ha insistido en que “es un proyecto en el que están trabajando los municipios de esta mancomunidad, además de Bujalance, Villafranca y Villa del Río, beneficiando a un total de 45.761 vecinos y vecinas y 17 actuaciones concretas”.

“En este Plan de Actuación Integrado se contemplan propuestas de equipamiento para fomento del turismo y adaptación de espacios públicos para fomentar la iniciativa de nuevas actividades en Villaviciosa, Hornachuelos, Obejo, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Espiel y la Mancomunidad de Sierra Morena, por ejemplo”, ha apostillado Ruz.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos ha hecho hincapié en que “también se incorpora la adaptación de espacios públicos a efectos de clima y planes de sostenibilidad para la mejora del entorno y la eficiencia energética en Adamuz, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba, Villa de Río, Villafranca y Bujalance; y por último, la creación y mejora de centros de apoyo a la juventud y a la ciudadanía en Villaharta y Montoro”.

En definitiva, ha concluido Ruz, “hoy avanzamos y lo hacemos dando un paso más en la ejecución de los PAI, y asumiendo el 15% de la financiación de unos proyectos que redundarán en la mejora de la calidad de vida de los cordobeses y las cordobesas”.

Otras seclaraciones institucionales

Por su parte, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha explicado las tres declaraciones institucionales que han sido aprobadas por unanimidad en la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, “tres declaraciones que atienden al compromiso con nuestras tradiciones, con un sector como el del vino esencial para nuestra tierra y con aquellas cuestiones importantes para la ciudadanía”.

De este modo se ha expresado Martín quien, además del apoyo a Montilla como Ciudad del Vino, se ha referido al texto de apoyo a la declaración de la Batalla de las Flores como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, “una cita que viene realizándose de manera ininterrumpida desde 1988 y se sirve de anuncio de nuestro mayo festivo”. “Nuestro apoyo se fundamenta en que nos encontramos ante una fiesta que forma parte de nuestra identidad y que tiene proyección más allá de nuestras fronteras”, ha insistido.

Finalmente, la declaración vinculada al Día Mundial de la Salud Mental, fechado el 10 de octubre, “persigue dar visibilidad y reconocer al conjunto del tejido asociativo cordobés, los profesionales de los servicios sociales y sanitarios, y la comunidad educativa, todos ellos pilares fundamentales para las familias”, ha concluido Martín.

Un “fallo en el sistema informático municipal” obligará al Ayuntamiento de Córdoba a convocar una Comisión de Hacienda y un Pleno extraordinario de urgencia este mismo miércoles 23 de septiembre. El objetivo de la sesión es aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de una factura por un importe de 98.808,29 euros antes del 30 de septiembre, para garantizar que el gasto pueda abonarse a tiempo y ser subvencionado con fondos europeos NextGeneration.

Se trata de una factura que llega, además, con un informe de disconformidad (un reparo) planteado por la Intervención General tras detectar incumplimientos técnicos e incompatibilidades en la plataforma de gestión turística inteligente, si bien la justificación del Pleno de Urgencia está en que hubo un problema técnico en el portafirmas digital de la Alcaldía accidental justo cuando se iba a levantar el reparo del organismo fiscalizador.

Todo para un proyecto para crear una plataforma turística inteligente que se adjudicó en el año 2024, y cuya empresa emitió factura por los trabajos en junio de este año. Sin embargo, al recibir la certificación el 10 de agosto de 2026, la Intervención General municipal frenó el abono al emitir un informe de disconformidad con reparo suspensivo debido a graves fallos técnicos en la red de sensores y a la ausencia de documentación requerida en los pliegos.

Según el informe de disconformidad, la recepción del proyecto —enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Córdoba, Destino de Excelencia”, valorado en 2,92 millones de euros— puso al descubierto serias divergencias entre lo exigido en los pliegos y lo efectivamente ejecutado. Así, Intervención detectó que la empresa cometió fallos técnicos insubsanables y rehusó arreglarlos: instaló 60 sensores que funcionan con conexión móvil 4G (no permitida en el pliego para sensores) en vez de la red inalámbrica propia LoRaWAN exigida, dejando inservibles a las 8 antenas concentradoras montadas. Además, los 10 sensores de contaminación no son eléctricamente autosuficientes como pedía el pliego.

Por otro lado, faltó mucha documentación y acreditación obligatoria: la adjudicataria no demostró que el programa fuera de código abierto (open-source), entregó un certificado de calidad caducado y correspondiente a otra plataforma, y omitió papeles clave como el plan de continuidad del servicio, la accesibilidad para personas con discapacidad o las pruebas de seguridad, copias de respaldo y el motor de inteligencia artificial prometido.

Levanto fallido del reparo de intervención

Ante el reparo de la Intervención General por estos incumplimientos técnicos, la Delegación de Turismo preparó el 7 de septiembre de 2026 el borrador del decreto para que la Alcaldía resolviera la discrepancia y autorizase el levantamiento del reparo. Fue en ese punto donde se produjo el problema técnico: un fallo informático en el portafirmas electrónico impidió que el borrador apareciera en la bandeja digital de la Teniente de Alcalde que ejercía como alcaldesa accidental. La incidencia no pudo solucionarse hasta el 15 de septiembre, fecha en la que finalmente se firmó la resolución.

El expediente completo no estuvo concluido y fiscalizado hasta el 17 de septiembre, el mismo día de la sesión plenaria ordinaria, lo que impidió su inclusión en el orden del día del pasado jueves, con el plazo límite a punto de expirar.

Y es que, debido a que la normativa de la Junta de Andalucía y los fondos europeos exige que las actuaciones estén efectivamente pagadas antes del 30 de septiembre de 2026 para no perder la subvención, el Ayuntamiento se ha visto abocado a convocar el Pleno extraordinario de urgencia este mismo miércoles. De lo contrario, la ciudad perdería el derecho a percibir la ayuda pública asignada a esta actuación.

El futuro de los cines de verano de Córdoba ha vuelto de nuevo este jueves al debate en el Pleno municipal, donde se abordaba una petición de declarar de utilidad pública a estos singulares recintos del patrimonio cultural cordobés, algo que el gobierno local del PP ha tumbado con su mayoría absoluta al aprobarse una enmienda de los populares que mantiene la hoja de ruta ya aprobada para estos inmuebles y desecha esta declaración.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la Junta de Andalucía ya ha abierto un procedimiento para ejercer el derecho de retracto para la compra de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia por parte del Ayuntamiento, que en su momento renunció a hacerlo. Abierta esa vía, Torrico ha asegurado que la declaración de utilidad pública que solicitaba la oposición y la plataforma en defensa de los cines de verano “no es necesaria”.

En ese sentido, ha apostado por “culminar la vía de adquisición pública que ya está en marcha” a través de la Junta y que posibilitaría que el Ayuntamiento comprara los cines por 300.000 euros. Ante ello, Torrico ha asegurado que “la declaración de utilidad pública no es necesaria para su adquisición”. “No es la mejor manera de proteger los cines. La vía abierta puede culminar con éxito y creemos que va a culminar con éxito”, ha reiterado, a la vez que ha dicho que la declaración de utilidad pública que se pedía “complicaría la vía establecida ahora mismo para la adquisición de los cines de verano. No es necesaria”.

El gobierno local se remite así, tal y como aparece en la enmienda aprobada, a que “el Ayuntamiento de Córdoba sigue comprometiéndose a desarrollar la hoja de ruta prevista en la moción aprobada en el pleno del día 9 de julio de 2026 sobre los cines de verano”. Y ha asegurado que “estamos haciendo todo lo posible para conservar los cines de verano con su actividad”.

Oposición en contra

En el debate en el Pleno, toda la oposición ha criticado que el PP no incluya en la propuesta para su aprobación la tramitación de la declaración de utilidad pública de los cines de verano y ha defendido el consenso social para preservar la actividad de proyección de películas en estos recintos. Desde el PSOE han recordado que el gobierno municipal tuvo anteriormente la oportunidad de adquirir los cines, pero que finalmente “al darse cuenta de su error”, han pedido que la Junta les “rescate de este lío”. Y ha defendido que se siga manteniendo la actividad de proyección de películas en estos recintos, conservando así parte de la historia de la ciudad.

También Vox ha afeado que el PP no haya querido incluir la declaración de utilidad pública de los cines y ha dicho “no entender su negativa” para ello, a la vez que ha apostado por “apoyar todo lo que sirva para garantizar el futuro de los cines de verano” y ha advertido al gobierno del PP que “o hacen algo ya o pasarán a la historia por haber dejado morir los cines de verano” de Córdoba.

Por su parte, Hacemos Córdoba ha recordado que desde 2023 que falleció el anterior propietario de los cines, Martín Cañuelo, esta formación propuso proteger los cines de verano y mantener su actividad. Asimismo, ha criticado que el gobierno renunciara por dos veces a comprar los cines, algo que ahora sí dice que hará cuando la Junta de Andalucía actúe con el derecho de retracto para su adquisición. Y han defendido el sentido cultural y social de los cines de verano en Córdoba, criticando que el PP no apoye su declaración de utilidad pública.

La coordinadora SOS Cines de Verano ha intervenido en el Pleno para trasladar su petición ciudadana en defensa del patrimonio histórico, material e inmaterial que representan estos recintos. El colectivo reclama la adquisición pública de los inmuebles, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y la garantía de que los cuatro cines históricos (Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés) abran sus puertas en la temporada de 2027.

La portavocía de la plataforma —que ya cuenta con el respaldo formal de 35 asociaciones y colectivos sectoriales y vecinales— ha sido quien ha presentado una solicitud formal para iniciar los trámites de declaración de utilidad pública e interés social de estos recintos.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano ha llamado este jueves “mierda” y “repugnante” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Pleno municipal. El edil ha utilizado la expresión durante el debate de una moción en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, mientras se dirigía a los concejales del Grupo Municipal Socialista.

“Iba a decir el 'mierda', pero no diré eso por decoro, diré el repugnante presidente del Gobierno de España”, ha afirmado Castellano durante su intervención. Sus palabras han provocado la reacción inmediata de las bancadas socialista y de Hacemos Córdoba, que han protestado por el término empleado por el concejal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha intervenido también para advertir al Grupo Socialista de que podía solicitar formalmente la retirada de la expresión de las actas. Así ha ocurrido: el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha reclamado entonces que Castellano retirase sus palabras. “Pediría que retirase la barbaridad que ha dicho. Lo está diciendo de una institución, que es la Presidencia del Gobierno”, ha recordado Hurtado, que le ha pedido al edil de Vox “respeto a las instituciones” y a la democracia.

Sin embargo, tras la petición, Castellano se ha negado a hacerlo y ha defendido el uso que había hecho del término “mierda”. El concejal de Vox ha argumentado que había utilizado una de las acepciones recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, en referencia a la que emplea el término para “ponderar el mal estado moral de alguien”. “¿Cómo voy a retirar eso?”, ha respondido Castellano ante la petición de la bancada socialista.

Ante la negativa del edil, el alcalde ha acabado aplicando el artículo 66 del Reglamento Orgánico Municipal, relativo a la llamada al orden por parte de la Presidencia del Pleno. Bellido ha advertido de que, al no retirar Castellano la expresión, esta quedaría recogida en el acta de la sesión.

El incidente se ha producido en pleno debate de la moción relativa a Ceuta, en un momento en el que Castellano se dirigía a los concejales socialistas. La protesta de la oposición ha interrumpido momentáneamente el desarrollo normal de la sesión, aunque finalmente el Pleno ha continuado sin que el concejal de Vox retirase sus palabras.

Debate sobre Ceuta en el Pleno

Los partidos políticos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba han debatido acerca de la situación de Ceuta tras la entrada masiva de personas inmigrantes al presentar tanto el PP como Vox sendas mociones sobre este asunto.

Desde el PP, se ha defendido la soberanía de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y han criticado la “respuesta insuficiente del Gobierno” central ante la entrada masiva de inmigrantes, así como la “tardanza” en dar respuesta a la crisis, en palabras del portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. Y ha exigido “protección permanente de la frontera con personal, material y medios. No podemos consentir que esto pase una segunda vez”. Por lo que ha defendido las medidas que reclama su partido al respecto para “proteger a los ceutíes, recuperar la normalidad y evitar que se repita lo ocurrido”.

Desde Vox, el concejal Miguel Ángel Castellano ha abundado en defender que “Ceuta y Melilla son ciudades españolas, españolísimas”, dentro de lo que considera “la sagrada unidad indisoluble” de la nación. Y ha definido lo ocurrido en Ceuta como “una cadena de atropellos contra su pueblo y su integridad”. Ha acusado a la izquierda de utilizar “eufemismos” porque “eso no es una crisis migratoria ni humanitaria ni administrativa. Esto es una invasión, que ha impuesto a los ceutíes una nueva normalidad con saqueos, violencia, continuas violaciones, infecciones sanitarias...”, ha desgranado. Y ha criticado al Gobierno de España por su acción ante esta situación en Ceuta, momento en el que ha empleado las palabras de “mierda” y “repugnante” para referirse al presidente Pedro Sánchez.

Desde el PSOE, el portavoz Antonio Hurtado ha querido obviar contestar a las manifestaciones de Vox pero sí ha entrado a señalar que “nadie cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla” y que son la frontera de la UE con Marruecos. Pero ha criticado “cuestiones que se le olvida al PP”, como “el drama humanitario de 141 muertos, 10.000 personas que ahora siguen en Ceuta, los mil menores que siguen en las calles con una desprotección enorme”. Y ha afeado que las comunidades autónomas con gobiernos del PP “se están negando a que lleguen a la Península” a centros de menores aplicando la ley.

Por parte de Hacemos Córdoba, su portavoz, Juan Hidalgo ha mostrado su indignación con las palabras de Vox y ha criticado el “seguidismo” del PP en esta materia. Desde su grupo de izquierda ha mostrado su “solidaridad con el pueblo de Ceuta, que no está reñida con los derechos humanos, no está reñida con el ordenamiento legal y con la protección internacional”. En ese sentido, ha puesto el foco en los menores “desprotegidos” que están en Ceuta y que, en su opinión, “el PP utiliza como rehenes políticos para sus intereses”. “Ustedes están agravando la situación, porque podrían estar 500 menores en centros en la Península, pero no les interesa solucionarlo”.

Moción aprobada

Tras el debate, la moción de Vox ha decaído y no ha salido adelante y, finalmente, la que sí ha sido aprobada ha sido la presentada por el PP, con sus votos a favor, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Hacemos Córdoba.

El texto de la moción recoge los siguientes acuerdos:

“El Ayuntamiento de Córdoba manifiesta su firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades.

Reconocer y reafirmar solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia el Derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos; y rechazar de forma rotunda cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España, proclamando que Ceuta y Melilla son parte inseparable de Nación española y que su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende.

Instar al Gobierno de España a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes.

Instar al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente a territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y promover y ejecutar, con carácter inmediato, el retorno efectivo a Marruecos, aplicando de manera ágil los procedimientos individualizados legalmente establecidos y utilizando todos los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para hacer efectivos dichos retornos.

Manifestar el reconocimiento y agradecimiento del Ayuntamiento de Córdoba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y todos los empleados públicos que están trabajando en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

Instar al Gobierno de España a ejercer plenamente las competencias que constitucional y legalmente le corresponden en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta responsabilidades que corresponden al Estado.

Instar al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales.

Instar al Gobierno de España a reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente nuestras fronteras.

El Ayuntamiento de Córdoba declara solemnemente la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ciudades que constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial y de nuestro proyecto común como Nación, cuya defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado“.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una declaración institucional unánime de todos los grupos políticos para solicitar a la Junta de Andalucía que la histórica tradición de la Batalla de las Flores sea declarada fiesta de interés turístico en toda la región. 

La Batalla de las Flores cumple ya más de un siglo desde su primera edición en 1915 y en ella miles de claveles se convierten en munición en una fiesta que es el preludio para dar la bienvenida a mayo, mes festivo por excelencia de Córdoba.

Esta particular 'guerra' se lidia a ‘clavelazo’ limpio. Agolpados tras las vallas divisorias de un circuito establecido en pleno centro de la ciudad, miles de cordobeses se dan cita cada año, con las manos llenas de claveles, a la espera del inicio de la batalla. Y la guerra comienza, lanzando claveles al público que pasea en el desfile de carrozas adornadas para la ocasión, y recibe los clavelazos que los espectadores lanzan a su vez. Una suerte de lluvia de miles de flores a uno y otro lado, que van y vienen, que apuntan a sus objetivos en una batalla de color y alegría por las fiestas que se avecinan en el mes de mayo.

Lo que hoy es un desfile de una quincena de carrozas creadas y ornamentadas con motivos florales cada año, hunde sus raíces en la cultura popular de los antiguos juegos florales, donde se tiraban flores y donde se fraguó el dicho de “echarse flores”. Aunque la primera edición como tal Batalla de las Flores que se conoce en Córdoba, se remonta al año 1915.

Las imágenes que se conservan en el Archivo Municipal de aquella primera Batalla de las Flores trasladan al espectador un siglo atrás, a una zona aledaña al Paseo de la Victoria donde actualmente se celebra este evento, espacio donde en aquellas fechas se vivían los festejos y ferias de la ciudad. Entonces, lo que se adornaban con flores eran los vehículos de la época, que aparecen ornamentados con guirnaldas de flores, en la bienvenida al mes de la primavera por excelencia en Córdoba que hoy se sigue saludando con esta batalla.

Desde aquella primera edición de 1915, hay que pasar luego a la década de los años 30 del pasado siglo para volver a ver la repetición de la Batalla de las Flores, y más tarde en los años 40 y 50. Porque la continuidad anual de esta fiesta no se fijó hasta hace tres décadas, cuando de la mano de la Federación de Peñas Cordobesas, se viene celebrando puntual a su cita con el Mayo Festivo desde 1988. Precisamente el actual presidente de las peñas, Juan Serrano, ha tomado la palabra en el Pleno para defender la petición de esta distinción para esta fiesta.

Declaración institucional aprobada

Ahora el Pleno ha dado luz verde a una declaración para pedir a la Junta la distinción de fiesta de interés público para la Batalla de las Flores. Este es el texto aprobado:

“La Batalla de Flores de Córdoba es un festejo tradicional organizado con continuidad desde el año 1988 por el Ayuntamiento de Córdoba y la Federación de Peñas Cordobesas que consiste en un desfile de carrozas decoradas con miles de flores y ocupadas por mujeres cordobesas vestidas con trajes de flamenca que van arrojando al público asistente claveles, y éste se los devuelve, entablándose una simbólica batalla. Desde entonces a ahora se ha celebrado cada año, con la excepción de los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del COVID-19, asentándose en su perfil actual de cabalgata anunciadora del mayo festivo cordobés que la dotaba de una relevancia propia y específica. Esta fiesta se reconoce a nivel municipal como un pilar del patrimonio cultural y un reclamo festivo-cultural de alto impacto turístico.

Su propósito institucional es doble:

• Preludio festivo: Actúa como el pistoletazo de salida para el mes de mayo en Córdoba, sirviendo de enlace entre las Cruces de Mayo y el famoso Concurso de Patios.

• Identidad local: Se promueve institucionalmente como una manifestación de la idiosincrasia cordobesa, proyectando los rasgos de vistosidad, alegría y colorido de su ciudadanía hacia el exterior. La fiesta que, como se ha dicho, da la bienvenida a la primavera cordobesa, celebrándose el último domingo de abril o primeros días de mayo, potencia el turismo cultural en la capital, no en vano son numerosas las agencias de viajes extranjeras y españolas que la señalan como uno de los reclamos festivo-culturales de gran interés turístico, una muestra inequívoca de la idiosincrasia cordobesa, que goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En Córdoba, con anterioridad al año 1988, la fiesta contaba ya con una amplia tradición que evolucionó en sus caracteres hasta la conformación de rasgos actual. Así se celebró en los siguientes años: 1915, 1930,1931,1932, 1933, 1935, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1964, 1965 y 1984. Recientemente, su historia remota ha sido estudiada y publicada.

Los criterios que se exigen son el cumplimiento estricto de varios factores indispensables:

• Antigüedad y continuidad: Origen histórico demostrado y que no transcurran más de 5 años entre celebraciones.

• Valor cultural: Originalidad, arraigo popular y diversidad de las actividades.

• Capacidad de atracción: Repercusión real en la llegada de visitantes y un plan sólido de difusión turística en medios.

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía la concesión de Fiesta de Interés Turístico la Batalla de las Flores, ya que consideramos que la misma supone un desarrollo de los valores propios y de tradición popular y se caracteriza por su singularidad y repercusión turística en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía“.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves la modificación de las normas reguladoras del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de Vimcorsa por el que se recupera el sorteo para la adjudicación de inmuebles y, asimismo, se cambian criterios para dicha adjudicación.

Las nuevas normas reguladoras sustituyen el actual método del baremo de méritos por el del sorteo por cupos, a través de un número aleatorio asignado al demandante. Diez días hábiles antes del sorteo se publicará la relación de participantes inscritos, el acto se hará con un fedatario público y después se publicará la lista completa en el orden resultante.

Además, se mantendrán criterios socioeconómicos pero no el de llevar más años inscrito como demandante de vivienda para tenerlo en cuenta en el orden de las personas que requieren una VPO.

Actualmente, Córdoba ha superado ya las 7.000 inscripciones como demandantes de vivienda protegida -ya sea de alquiler o compra-, según los últimos datos facilitados por Vimcorsa, muestra de la presión que existe sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.

Tras la aprobación del Pleno, se abre un periodo de información pública, después del cual está prevista la aprobación ya definitiva de las nuevas normas. En la votación, la modificación del reglamento ha contado con el voto a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba.

Suelo para 600 futuras viviendas

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la asignación del uso de vivienda o alojamiento dotacional a suelos calificados como equipamiento comunitario público. Con esta acción, que ya había sido aprobada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el gobierno local prevé que se puedan construir unas 600 viviendas tipo apartamento para jóvenes en distintos barrios donde ya se planifica la edificación de inmuebles.

Según ha explicado el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, estas 600 viviendas se distribuirían en los barrios de Chinales -de 51 a 60-, Parque Azahara -de 110 a 138-, El Tablero -102-, Santuario -de 98 a 119-, Carlos III -de 74 a 89-, otras 65 en el Pretorio y casi 70 en Miraflores. Sobre estas proyecciones se tendrán que concretar los proyectos para saber el número exacto en cada una de las zonas.

Se trata de una iniciativa que contempla el Plan Vives, que prevé cambiar el uso de solares públicos sin edificar para que pase de equipamiento comunitario público a vivienda o alojamiento dotacional, en base a lo que permita la ley Lista autonómica.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este jueves la toma de posesión de la nueva concejala del Partido Popular (PP), Marien Pozanco López, que sustituye al exedil Daniel García Ibarrola, tras su salida para ser delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba.

María Encarnación Pozanco López, que ha jurado su cargo, hasta ahora era consejera en Mercacórdoba. Iba de número 16 en la lista electoral del PP a las elecciones municipales de 2023. Ahora, asumirá la delegación de Medio Ambiente y la presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), que ostentaba García Ibarrola.

Pozanco es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. Cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. Y, de igual forma, ha trabajado en dos cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el Marketing o la dirección de entidades deportivas.

El Ayuntamiento de Córdoba solicitará a la Junta de Andalucía el próximo pleno que la Batalla de las Flores sea declarada fiesta de interés turístico en toda la región. La cita tendrá lugar este mismo jueves a partir de las 10:00 y así aparece en el orden del día al que ha podido acceder este periódico. Esta iniciativa se enmarca dentro del bloque de declaraciones institucionales fijado en la convocatoria oficial emitida por resolución de la Alcaldía en funciones el pasado 14 de septiembre.

En el ámbito institucional, el Pleno debatirá también el inicio del expediente para el hermanamiento de Córdoba con la ciudad de Carrión de los Condes. Por otro lado, se someterá a votación la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria del Instituto Municipal de Turismo por un importe de 850.000 euros.

La sesión de este jueves incluirá, dentro del bloque económico y de personal, suplementos de crédito destinados a la Delegación de Inclusión y Accesibilidad (829.848,14 euros) y al Centro Cívico Noroeste (468.093,61 euros), junto a un crédito extraordinario de 440.000 euros para inversiones en infraestructuras de la vía pública.

En cuanto a las mociones se refiere, el PSOE planteará la declaración de utilidad pública e interés social de los cines de verano y la adhesión al pacto frente a la emergencia climática. Por su parte, Hacemos Córdoba defenderá una propuesta sobre movilidad sostenible, mientras que PP y VOX presentarán iniciativas centradas en la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Además, el inicio de la jornada estará marcado por el trámite de toma de posesión de María Encarnación Pozanco como nueva concejala del Ayuntamiento, tras la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de julio y septiembre.