El futuro de los cines de verano de Córdoba ha vuelto de nuevo este jueves al debate en el Pleno municipal, donde se abordaba una petición de declarar de utilidad pública a estos singulares recintos del patrimonio cultural cordobés, algo que el gobierno local del PP ha tumbado con su mayoría absoluta al aprobarse una enmienda de los populares que mantiene la hoja de ruta ya aprobada para estos inmuebles y desecha esta declaración.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la Junta de Andalucía ya ha abierto un procedimiento para ejercer el derecho de retracto para la compra de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia por parte del Ayuntamiento, que en su momento renunció a hacerlo. Abierta esa vía, Torrico ha asegurado que la declaración de utilidad pública que solicitaba la oposición y la plataforma en defensa de los cines de verano “no es necesaria”.

En ese sentido, ha apostado por “culminar la vía de adquisición pública que ya está en marcha” a través de la Junta y que posibilitaría que el Ayuntamiento comprara los cines por 300.000 euros. Ante ello, Torrico ha asegurado que “la declaración de utilidad pública no es necesaria para su adquisición”. “No es la mejor manera de proteger los cines. La vía abierta puede culminar con éxito y creemos que va a culminar con éxito”, ha reiterado, a la vez que ha dicho que la declaración de utilidad pública que se pedía “complicaría la vía establecida ahora mismo para la adquisición de los cines de verano. No es necesaria”.

El gobierno local se remite así, tal y como aparece en la enmienda aprobada, a que “el Ayuntamiento de Córdoba sigue comprometiéndose a desarrollar la hoja de ruta prevista en la moción aprobada en el pleno del día 9 de julio de 2026 sobre los cines de verano”. Y ha asegurado que “estamos haciendo todo lo posible para conservar los cines de verano con su actividad”.

Oposición en contra

En el debate en el Pleno, toda la oposición ha criticado que el PP no incluya en la propuesta para su aprobación la tramitación de la declaración de utilidad pública de los cines de verano y ha defendido el consenso social para preservar la actividad de proyección de películas en estos recintos. Desde el PSOE han recordado que el gobierno municipal tuvo anteriormente la oportunidad de adquirir los cines, pero que finalmente “al darse cuenta de su error”, han pedido que la Junta les “rescate de este lío”. Y ha defendido que se siga manteniendo la actividad de proyección de películas en estos recintos, conservando así parte de la historia de la ciudad.

También Vox ha afeado que el PP no haya querido incluir la declaración de utilidad pública de los cines y ha dicho “no entender su negativa” para ello, a la vez que ha apostado por “apoyar todo lo que sirva para garantizar el futuro de los cines de verano” y ha advertido al gobierno del PP que “o hacen algo ya o pasarán a la historia por haber dejado morir los cines de verano” de Córdoba.

Por su parte, Hacemos Córdoba ha recordado que desde 2023 que falleció el anterior propietario de los cines, Martín Cañuelo, esta formación propuso proteger los cines de verano y mantener su actividad. Asimismo, ha criticado que el gobierno renunciara por dos veces a comprar los cines, algo que ahora sí dice que hará cuando la Junta de Andalucía actúe con el derecho de retracto para su adquisición. Y han defendido el sentido cultural y social de los cines de verano en Córdoba, criticando que el PP no apoye su declaración de utilidad pública.

La coordinadora SOS Cines de Verano ha intervenido en el Pleno para trasladar su petición ciudadana en defensa del patrimonio histórico, material e inmaterial que representan estos recintos. El colectivo reclama la adquisición pública de los inmuebles, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y la garantía de que los cuatro cines históricos (Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés) abran sus puertas en la temporada de 2027.

La portavocía de la plataforma —que ya cuenta con el respaldo formal de 35 asociaciones y colectivos sectoriales y vecinales— ha sido quien ha presentado una solicitud formal para iniciar los trámites de declaración de utilidad pública e interés social de estos recintos.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano ha llamado este jueves “mierda” y “repugnante” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Pleno municipal. El edil ha utilizado la expresión durante el debate de una moción en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, mientras se dirigía a los concejales del Grupo Municipal Socialista.

“Iba a decir el 'mierda', pero no diré eso por decoro, diré el repugnante presidente del Gobierno de España”, ha afirmado Castellano durante su intervención. Sus palabras han provocado la reacción inmediata de las bancadas socialista y de Hacemos Córdoba, que han protestado por el término empleado por el concejal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha intervenido también para advertir al Grupo Socialista de que podía solicitar formalmente la retirada de la expresión de las actas. Así ha ocurrido: el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha reclamado entonces que Castellano retirase sus palabras. “Pediría que retirase la barbaridad que ha dicho. Lo está diciendo de una institución, que es la Presidencia del Gobierno”, ha recordado Hurtado, que le ha pedido al edil de Vox “respeto a las instituciones” y a la democracia.

Sin embargo, tras la petición, Castellano se ha negado a hacerlo y ha defendido el uso que había hecho del término “mierda”. El concejal de Vox ha argumentado que había utilizado una de las acepciones recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, en referencia a la que emplea el término para “ponderar el mal estado moral de alguien”. “¿Cómo voy a retirar eso?”, ha respondido Castellano ante la petición de la bancada socialista.

Ante la negativa del edil, el alcalde ha acabado aplicando el artículo 66 del Reglamento Orgánico Municipal, relativo a la llamada al orden por parte de la Presidencia del Pleno. Bellido ha advertido de que, al no retirar Castellano la expresión, esta quedaría recogida en el acta de la sesión.

El incidente se ha producido en pleno debate de la moción relativa a Ceuta, en un momento en el que Castellano se dirigía a los concejales socialistas. La protesta de la oposición ha interrumpido momentáneamente el desarrollo normal de la sesión, aunque finalmente el Pleno ha continuado sin que el concejal de Vox retirase sus palabras.

Debate sobre Ceuta en el Pleno

Los partidos políticos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba han debatido acerca de la situación de Ceuta tras la entrada masiva de personas inmigrantes al presentar tanto el PP como Vox sendas mociones sobre este asunto.

Desde el PP, se ha defendido la soberanía de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y han criticado la “respuesta insuficiente del Gobierno” central ante la entrada masiva de inmigrantes, así como la “tardanza” en dar respuesta a la crisis, en palabras del portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. Y ha exigido “protección permanente de la frontera con personal, material y medios. No podemos consentir que esto pase una segunda vez”. Por lo que ha defendido las medidas que reclama su partido al respecto para “proteger a los ceutíes, recuperar la normalidad y evitar que se repita lo ocurrido”.

Desde Vox, el concejal Miguel Ángel Castellano ha abundado en defender que “Ceuta y Melilla son ciudades españolas, españolísimas”, dentro de lo que considera “la sagrada unidad indisoluble” de la nación. Y ha definido lo ocurrido en Ceuta como “una cadena de atropellos contra su pueblo y su integridad”. Ha acusado a la izquierda de utilizar “eufemismos” porque “eso no es una crisis migratoria ni humanitaria ni administrativa. Esto es una invasión, que ha impuesto a los ceutíes una nueva normalidad con saqueos, violencia, continuas violaciones, infecciones sanitarias...”, ha desgranado. Y ha criticado al Gobierno de España por su acción ante esta situación en Ceuta, momento en el que ha empleado las palabras de “mierda” y “repugnante” para referirse al presidente Pedro Sánchez.

Desde el PSOE, el portavoz Antonio Hurtado ha querido obviar contestar a las manifestaciones de Vox pero sí ha entrado a señalar que “nadie cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla” y que son la frontera de la UE con Marruecos. Pero ha criticado “cuestiones que se le olvida al PP”, como “el drama humanitario de 141 muertos, 10.000 personas que ahora siguen en Ceuta, los mil menores que siguen en las calles con una desprotección enorme”. Y ha afeado que las comunidades autónomas con gobiernos del PP “se están negando a que lleguen a la Península” a centros de menores aplicando la ley.

Por parte de Hacemos Córdoba, su portavoz, Juan Hidalgo ha mostrado su indignación con las palabras de Vox y ha criticado el “seguidismo” del PP en esta materia. Desde su grupo de izquierda ha mostrado su “solidaridad con el pueblo de Ceuta, que no está reñida con los derechos humanos, no está reñida con el ordenamiento legal y con la protección internacional”. En ese sentido, ha puesto el foco en los menores “desprotegidos” que están en Ceuta y que, en su opinión, “el PP utiliza como rehenes políticos para sus intereses”. “Ustedes están agravando la situación, porque podrían estar 500 menores en centros en la Península, pero no les interesa solucionarlo”.

Moción aprobada

Tras el debate, la moción de Vox ha decaído y no ha salido adelante y, finalmente, la que sí ha sido aprobada ha sido la presentada por el PP, con sus votos a favor, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Hacemos Córdoba.

El texto de la moción recoge los siguientes acuerdos:

“El Ayuntamiento de Córdoba manifiesta su firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades.

Reconocer y reafirmar solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia el Derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos; y rechazar de forma rotunda cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España, proclamando que Ceuta y Melilla son parte inseparable de Nación española y que su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende.

Instar al Gobierno de España a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes.

Instar al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente a territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y promover y ejecutar, con carácter inmediato, el retorno efectivo a Marruecos, aplicando de manera ágil los procedimientos individualizados legalmente establecidos y utilizando todos los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para hacer efectivos dichos retornos.

Manifestar el reconocimiento y agradecimiento del Ayuntamiento de Córdoba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y todos los empleados públicos que están trabajando en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

Instar al Gobierno de España a ejercer plenamente las competencias que constitucional y legalmente le corresponden en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta responsabilidades que corresponden al Estado.

Instar al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales.

Instar al Gobierno de España a reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente nuestras fronteras.

El Ayuntamiento de Córdoba declara solemnemente la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ciudades que constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial y de nuestro proyecto común como Nación, cuya defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado“.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una declaración institucional unánime de todos los grupos políticos para solicitar a la Junta de Andalucía que la histórica tradición de la Batalla de las Flores sea declarada fiesta de interés turístico en toda la región. 

La Batalla de las Flores cumple ya más de un siglo desde su primera edición en 1915 y en ella miles de claveles se convierten en munición en una fiesta que es el preludio para dar la bienvenida a mayo, mes festivo por excelencia de Córdoba.

Esta particular 'guerra' se lidia a ‘clavelazo’ limpio. Agolpados tras las vallas divisorias de un circuito establecido en pleno centro de la ciudad, miles de cordobeses se dan cita cada año, con las manos llenas de claveles, a la espera del inicio de la batalla. Y la guerra comienza, lanzando claveles al público que pasea en el desfile de carrozas adornadas para la ocasión, y recibe los clavelazos que los espectadores lanzan a su vez. Una suerte de lluvia de miles de flores a uno y otro lado, que van y vienen, que apuntan a sus objetivos en una batalla de color y alegría por las fiestas que se avecinan en el mes de mayo.

Lo que hoy es un desfile de una quincena de carrozas creadas y ornamentadas con motivos florales cada año, hunde sus raíces en la cultura popular de los antiguos juegos florales, donde se tiraban flores y donde se fraguó el dicho de “echarse flores”. Aunque la primera edición como tal Batalla de las Flores que se conoce en Córdoba, se remonta al año 1915.

Las imágenes que se conservan en el Archivo Municipal de aquella primera Batalla de las Flores trasladan al espectador un siglo atrás, a una zona aledaña al Paseo de la Victoria donde actualmente se celebra este evento, espacio donde en aquellas fechas se vivían los festejos y ferias de la ciudad. Entonces, lo que se adornaban con flores eran los vehículos de la época, que aparecen ornamentados con guirnaldas de flores, en la bienvenida al mes de la primavera por excelencia en Córdoba que hoy se sigue saludando con esta batalla.

Desde aquella primera edición de 1915, hay que pasar luego a la década de los años 30 del pasado siglo para volver a ver la repetición de la Batalla de las Flores, y más tarde en los años 40 y 50. Porque la continuidad anual de esta fiesta no se fijó hasta hace tres décadas, cuando de la mano de la Federación de Peñas Cordobesas, se viene celebrando puntual a su cita con el Mayo Festivo desde 1988. Precisamente el actual presidente de las peñas, Juan Serrano, ha tomado la palabra en el Pleno para defender la petición de esta distinción para esta fiesta.

Declaración institucional aprobada

Ahora el Pleno ha dado luz verde a una declaración para pedir a la Junta la distinción de fiesta de interés público para la Batalla de las Flores. Este es el texto aprobado:

“La Batalla de Flores de Córdoba es un festejo tradicional organizado con continuidad desde el año 1988 por el Ayuntamiento de Córdoba y la Federación de Peñas Cordobesas que consiste en un desfile de carrozas decoradas con miles de flores y ocupadas por mujeres cordobesas vestidas con trajes de flamenca que van arrojando al público asistente claveles, y éste se los devuelve, entablándose una simbólica batalla. Desde entonces a ahora se ha celebrado cada año, con la excepción de los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del COVID-19, asentándose en su perfil actual de cabalgata anunciadora del mayo festivo cordobés que la dotaba de una relevancia propia y específica. Esta fiesta se reconoce a nivel municipal como un pilar del patrimonio cultural y un reclamo festivo-cultural de alto impacto turístico.

Su propósito institucional es doble:

• Preludio festivo: Actúa como el pistoletazo de salida para el mes de mayo en Córdoba, sirviendo de enlace entre las Cruces de Mayo y el famoso Concurso de Patios.

• Identidad local: Se promueve institucionalmente como una manifestación de la idiosincrasia cordobesa, proyectando los rasgos de vistosidad, alegría y colorido de su ciudadanía hacia el exterior. La fiesta que, como se ha dicho, da la bienvenida a la primavera cordobesa, celebrándose el último domingo de abril o primeros días de mayo, potencia el turismo cultural en la capital, no en vano son numerosas las agencias de viajes extranjeras y españolas que la señalan como uno de los reclamos festivo-culturales de gran interés turístico, una muestra inequívoca de la idiosincrasia cordobesa, que goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En Córdoba, con anterioridad al año 1988, la fiesta contaba ya con una amplia tradición que evolucionó en sus caracteres hasta la conformación de rasgos actual. Así se celebró en los siguientes años: 1915, 1930,1931,1932, 1933, 1935, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1964, 1965 y 1984. Recientemente, su historia remota ha sido estudiada y publicada.

Los criterios que se exigen son el cumplimiento estricto de varios factores indispensables:

• Antigüedad y continuidad: Origen histórico demostrado y que no transcurran más de 5 años entre celebraciones.

• Valor cultural: Originalidad, arraigo popular y diversidad de las actividades.

• Capacidad de atracción: Repercusión real en la llegada de visitantes y un plan sólido de difusión turística en medios.

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía la concesión de Fiesta de Interés Turístico la Batalla de las Flores, ya que consideramos que la misma supone un desarrollo de los valores propios y de tradición popular y se caracteriza por su singularidad y repercusión turística en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía“.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves la modificación de las normas reguladoras del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de Vimcorsa por el que se recupera el sorteo para la adjudicación de inmuebles y, asimismo, se cambian criterios para dicha adjudicación.

Las nuevas normas reguladoras sustituyen el actual método del baremo de méritos por el del sorteo por cupos, a través de un número aleatorio asignado al demandante. Diez días hábiles antes del sorteo se publicará la relación de participantes inscritos, el acto se hará con un fedatario público y después se publicará la lista completa en el orden resultante.

Además, se mantendrán criterios socioeconómicos pero no el de llevar más años inscrito como demandante de vivienda para tenerlo en cuenta en el orden de las personas que requieren una VPO.

Actualmente, Córdoba ha superado ya las 7.000 inscripciones como demandantes de vivienda protegida -ya sea de alquiler o compra-, según los últimos datos facilitados por Vimcorsa, muestra de la presión que existe sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.

Tras la aprobación del Pleno, se abre un periodo de información pública, después del cual está prevista la aprobación ya definitiva de las nuevas normas. En la votación, la modificación del reglamento ha contado con el voto a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba.

Suelo para 600 futuras viviendas

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la asignación del uso de vivienda o alojamiento dotacional a suelos calificados como equipamiento comunitario público. Con esta acción, que ya había sido aprobada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el gobierno local prevé que se puedan construir unas 600 viviendas tipo apartamento para jóvenes en distintos barrios donde ya se planifica la edificación de inmuebles.

Según ha explicado el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, estas 600 viviendas se distribuirían en los barrios de Chinales -de 51 a 60-, Parque Azahara -de 110 a 138-, El Tablero -102-, Santuario -de 98 a 119-, Carlos III -de 74 a 89-, otras 65 en el Pretorio y casi 70 en Miraflores. Sobre estas proyecciones se tendrán que concretar los proyectos para saber el número exacto en cada una de las zonas.

Se trata de una iniciativa que contempla el Plan Vives, que prevé cambiar el uso de solares públicos sin edificar para que pase de equipamiento comunitario público a vivienda o alojamiento dotacional, en base a lo que permita la ley Lista autonómica.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este jueves la toma de posesión de la nueva concejala del Partido Popular (PP), Marien Pozanco López, que sustituye al exedil Daniel García Ibarrola, tras su salida para ser delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba.

María Encarnación Pozanco López, que ha jurado su cargo, hasta ahora era consejera en Mercacórdoba. Iba de número 16 en la lista electoral del PP a las elecciones municipales de 2023. Ahora, asumirá la delegación de Medio Ambiente y la presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), que ostentaba García Ibarrola.

Pozanco es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. Cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. Y, de igual forma, ha trabajado en dos cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el Marketing o la dirección de entidades deportivas.

El Ayuntamiento de Córdoba solicitará a la Junta de Andalucía el próximo pleno que la Batalla de las Flores sea declarada fiesta de interés turístico en toda la región. La cita tendrá lugar este mismo jueves a partir de las 10:00 y así aparece en el orden del día al que ha podido acceder este periódico. Esta iniciativa se enmarca dentro del bloque de declaraciones institucionales fijado en la convocatoria oficial emitida por resolución de la Alcaldía en funciones el pasado 14 de septiembre.

En el ámbito institucional, el Pleno debatirá también el inicio del expediente para el hermanamiento de Córdoba con la ciudad de Carrión de los Condes. Por otro lado, se someterá a votación la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria del Instituto Municipal de Turismo por un importe de 850.000 euros.

La sesión de este jueves incluirá, dentro del bloque económico y de personal, suplementos de crédito destinados a la Delegación de Inclusión y Accesibilidad (829.848,14 euros) y al Centro Cívico Noroeste (468.093,61 euros), junto a un crédito extraordinario de 440.000 euros para inversiones en infraestructuras de la vía pública.

En cuanto a las mociones se refiere, el PSOE planteará la declaración de utilidad pública e interés social de los cines de verano y la adhesión al pacto frente a la emergencia climática. Por su parte, Hacemos Córdoba defenderá una propuesta sobre movilidad sostenible, mientras que PP y VOX presentarán iniciativas centradas en la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Además, el inicio de la jornada estará marcado por el trámite de toma de posesión de María Encarnación Pozanco como nueva concejala del Ayuntamiento, tras la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de julio y septiembre.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, celebrado este miércoles en sesión extraordinaria, ha formalizado la renuncia de Daniel García-Ibarrola a su acta de concejal tras haber sido nombrado delegado territorial en la provincia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y que será sustituido por María Encarnación Pozanco.

García-Ibarrola era el noveno teniente de alcalde, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) y del Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema).

El espacio que deja la salida de Daniel García-Ibarrola será ocupado por María Encarnación Pozanco, quien tomará el relevo tanto en la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad como en la Presidencia del Imgema. Su toma de posesión queda fijada para la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de septiembre. Por ello, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga asumirá las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejal.

Por su parte, la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) ha pasado a ser responsabilidad de la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud, Cintia Bustos.

Pozanco, número 16 de las listas del PP en las elecciones municipales del año 2023, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA y cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. De igual forma, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el marketing y la dirección de entidades deportivas.

Los concejales de los grupos de la oposición, PSOE y Hacemos Córdoba, han registrado este martes, 18 de agosto de 2026, una solicitud formal dirigida a la Secretaría General del Pleno. Los ediles reclaman la emisión de un informe jurídico complementario que determine con exactitud qué órgano municipal —si el Pleno, la Junta de Gobierno Local o la Alcaldía— ostenta la competencia legal para renunciar a los derechos de tanteo y retracto, así como para declarar la inadmisión de los mismos en relación con los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias. Esta petición de la oposición se suma a la presión jurídica iniciada apenas un día antes por la plataforma ciudadana Coordinadora SOS Cines de Verano, que este lunes presentó un recurso de reposición contra el decreto de la Alcaldía que frenó la adquisición de estos espacios.

La iniciativa de los grupos de la oposición se fundamenta en la existencia de “dudas jurídicas fundadas” sobre la tramitación de los expedientes y la competencia orgánica para dictar los actos de renuncia. Los concejales denuncian una falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, señalando que el pasado 19 de junio ya se solicitó un informe jurídico y el expediente técnico que motivó la renuncia al derecho de retracto por un importe de 300.000 euros, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha documentación.

Según el escrito presentado, esta situación se agrava ante la acumulación de informaciones contradictorias y las declaraciones públicas realizadas por el alcalde, José María Bellido, sobre la viabilidad de la operación. El documento también menciona los antecedentes de 2025, cuando se rechazó un primer ofrecimiento por 400.000 euros, y el reciente decreto de julio de 2026 que inadmitió una nueva comunicación de transmisión alegando supuestos defectos formales.

La argumentación de los concejales de PSOE y Hacemos Córdoba refuerza las tesis de la Coordinadora SOS Cines de Verano, que en su recurso de reposición califica la actuación del alcalde como “nula de pleno derecho”. La plataforma sostiene que, al ser Córdoba un municipio de gran población, la competencia para la adquisición de bienes inmuebles y la gestión patrimonial recae exclusivamente en la Junta de Gobierno Local, por lo que el alcalde carecería de atribución legal para decidir unilateralmente la renuncia a estos espacios. Además, el colectivo ciudadano ha puesto el foco en la ausencia total de informes periciales previos para la valoración de los bienes, un trámite que consideran esencial para formar la voluntad administrativa y que habría sido omitido en favor de invocaciones genéricas a la “rentabilidad social”.

Un aspecto crítico que une la petición de los concejales con el recurso de la plataforma es la posible vulneración del principio de eficiencia en la gestión del gasto público. Actualmente, el Ayuntamiento satisface un canon de 99.220 euros por el alquiler de estos tres cines para el periodo 2024-2026. La coordinadora subraya que, dado que el precio de venta ofrecido era de 300.000 euros, la compra habría equivalido a tan solo tres anualidades de alquiler, por lo que mantener el arrendamiento a largo plazo supondría un desembolso superior al coste de propiedad sin que los inmuebles lleguen a integrarse nunca en el patrimonio municipal. Ante estos hechos, la plataforma ha solicitado formalmente la apertura de un expediente informativo para determinar si estas decisiones han podido ocasionar un perjuicio real y efectivo a la Hacienda municipal, una preocupación que ahora comparten los grupos de la oposición al exigir que la Secretaría General aclare si el procedimiento seguido se ha ajustado a derecho.

El Ayuntamiento de Córdoba pagó durante el ejercicio de 2024 un total de 1.288.800,86 euros a los miembros de la corporación municipal entre retribuciones, asistencias e indemnizaciones. Sin embargo, el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de estas percepciones económicas concluye que, pese a que con carácter general los pagos se ajustaron a la normativa, persisten importantes deficiencias en materia de control interno, transparencia, publicidad de los acuerdos e incompatibilidades que obligan al Consistorio a introducir cambios.

El informe, aprobado dentro de una fiscalización realizada sobre seis grandes ayuntamientos españoles, sitúa a Córdoba entre las administraciones locales que presentan “amplios márgenes de mejora” tanto en la regulación como en el control de las percepciones económicas de sus cargos electos. Entre las incidencias detectadas figura desde la celebración de dos plenos extraordinarios separados únicamente por cinco minutos, cuyos asistentes cobraron dos indemnizaciones distintas, hasta la falta de publicación de declaraciones de bienes de varios concejales o la ausencia de autorización expresa para la acumulación de cargos en empresas municipales.

El órgano fiscalizador recuerda que el Ayuntamiento de Córdoba está integrado por 29 concejales. Al cierre del ejercicio había 16 ediles con dedicación exclusiva, cinco con dedicación parcial y ocho sin régimen de dedicación, estos últimos remunerados mediante el sistema de asistencias a órganos colegiados.

Casi 1,3 millones de euros en un año

La mayor parte del gasto correspondió a las retribuciones fijas de alcalde y concejales con dedicación exclusiva o parcial, que ascendieron a 1.161.247,25 euros. A ello se sumaron 102.036,18 euros por asistencias a órganos colegiados y 25.517,43 euros en indemnizaciones por desplazamientos, manutención y otros gastos de servicio, que el Tribunal considera, en términos generales, correctamente justificados.

El Pleno municipal aprobó en 2024 un incremento retributivo del 8%, elevando el salario anual del alcalde hasta 69.578,46 euros. Además, las empresas y entidades municipales —entre ellas Aucorsa, Sadeco o Emacsa— abonaron otros 84.510,96 euros en concepto de asistencias a los consejos de administración en los que participaban distintos concejales. A ello se añade que siete miembros de la corporación percibieron igualmente retribuciones de la Diputación de Córdoba al ejercer simultáneamente como diputados provinciales.

Una de las incidencias más llamativas recogidas por el informe se produjo el 3 de octubre de 2024. Ese día el Ayuntamiento celebró dos sesiones plenarias extraordinarias consecutivas separadas únicamente por cinco minutos. Al tratarse de dos convocatorias diferentes, los concejales sin dedicación percibieron dos asistencias independientes, de 407,57 euros cada una, por lo que cobraron 815,14 euros entre ambas sesiones. Aunque el Tribunal no cuestiona la legalidad formal del pago, sí destaca este hecho como una incidencia dentro de su análisis de las asistencias económicas percibidas por los miembros de la corporación.

Dedicaciones que incumplían el reglamento

El informe también detecta varias irregularidades relacionadas con el régimen de dedicación de los concejales. Así, el Ayuntamiento concedió una dedicación parcial del 80% a dos tenientes de alcalde y a un concejal delegado, cuando el Reglamento Orgánico del Pleno vigente entonces establecía un límite máximo equivalente a dos tercios de la jornada, es decir, aproximadamente el 67%.

Asimismo, cuatro concejales que fueron nombrados diputados provinciales con dedicación exclusiva pasaron a figurar oficialmente sin dedicación en el Ayuntamiento, pese a mantener responsabilidades de gobierno como concejales delegados, una situación que el Tribunal considera que no estaba prevista en la regulación municipal.

A ello se suma otro incumplimiento de carácter formal: el decreto de Alcaldía que asignaba nominativamente los distintos regímenes de dedicación no fue publicado ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la página web municipal, como exige la legislación.

Errores contables y datos incompletos

El Tribunal aprecia además diversas deficiencias en la gestión administrativa y contable. Entre ellas figura la contabilización de determinados trienios en partidas presupuestarias destinadas a altos cargos en lugar de imputarlos al concepto correspondiente de antigüedad. También detectó que algunos pagos por asistencias fueron registrados en un grupo funcional presupuestario incorrecto.

Otra incidencia afecta a la información remitida al sistema estatal ISPA, utilizado para elaborar estadísticas sobre salarios públicos. El Ayuntamiento omitió comunicar el importe correspondiente a las pagas extraordinarias de los concejales, dejando fuera de la información oficial más de 150.000 euros percibidos durante el ejercicio. Otro de los aspectos cuestionados afecta a la participación de los concejales en los consejos de administración de empresas y organismos dependientes del Ayuntamiento.

El Tribunal señala que 14 concejales con dedicación exclusiva y dos con dedicación parcial fueron designados para formar parte de más de dos consejos de administración, una circunstancia para la que la normativa exige una autorización expresa del Pleno. Sin embargo, el órgano municipal se limitó a tomar conocimiento de esos nombramientos sin aprobar formalmente la autorización excepcional prevista por la ley.

Declaraciones de bienes con importantes lagunas

La fiscalización también pone el foco sobre el control de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos. Según el Tribunal, el Ayuntamiento realiza únicamente un control formal, sin desarrollar comprobaciones materiales sobre el contenido de las declaraciones. Entre las incidencias detectadas figura que tres concejales sustitutos incorporados durante el mandato no vieron publicadas sus declaraciones en el Portal de Transparencia ni en el BOP. Además, una concejala que abandonó la corporación no presentó la declaración final de bienes pese a haber sido requerida para ello.

El informe añade otro caso concreto: una concejala con dedicación parcial, consejera delegada de una empresa agrícola familiar, omitió inicialmente esa actividad en su declaración de incompatibilidades, aunque posteriormente procedió a su subsanación.

El Tribunal considera igualmente insuficiente la información ofrecida por el Portal de Transparencia municipal. Entre otras cuestiones, señala que no existe un apartado específico donde consultar las retribuciones anuales de los cargos electos, remitiéndose simplemente al presupuesto municipal, y que la información relativa a los ceses de concejales no se encontraba correctamente actualizada.

Paridad en el Pleno, pero no en las empresas municipales

En materia de igualdad, el informe ofrece una valoración más positiva respecto a la composición de los órganos políticos municipales.

El Pleno estaba integrado por 13 mujeres (45%) y 16 hombres (55%), mientras que la Junta de Gobierno Local presentaba incluso una mayoría femenina, con seis mujeres y cuatro hombres. También entre las tenencias de Alcaldía predominaban las mujeres, con seis frente a tres hombres.

No obstante, la situación cambia al analizar las entidades dependientes del Ayuntamiento.

De las 13 empresas y organismos municipales, nueve incumplían el principio de presencia equilibrada, bien por exceso de representación masculina o femenina. Además, ocho estaban presididas por hombres y cinco por mujeres.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas concluye que los ayuntamientos fiscalizados, entre ellos Córdoba, deben reforzar los mecanismos de control interno, mejorar la publicidad activa de la información, revisar la regulación de incompatibilidades y establecer procedimientos más rigurosos para supervisar las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos.

El organismo considera que estas medidas permitirán incrementar la transparencia y reforzar las garantías sobre el uso de recursos públicos destinados a retribuir a los representantes municipales.

El gobierno municipal ha insistido en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en que es la Junta de Andalucía a quien le compete estudiar la compra de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia y, sobre ello, ha asegurado que las conversaciones con la administración autonómica “van por buen camino” y la administración autonómica ya está estudiando la posible compra.

En el Pleno, a preguntas del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha segurado que se sigue con “la hoja de ruta” prevista y que el derecho de tanteo sobre la oferta de compra de los cines de verano corresponde a la Junta de Andalucía por la vía patrimonial. Según ha explicado en declaraciones a los medios, la Junta ya estudia la fórmula jurídica que le permita adquirir estos recintos de manera subsidiaria.

Asimismo, el alcalde, José María Bellido, ha corroborado estas conversaciones con la Junta de Andalucía -“se está trabajando muy seriamente por parte de las dos administraciones”, ha dicho-, y ha avanzado que en el mes de septiembre se conocerán novedades al respecto. Precisamente en la sesión plenaria han estado presentes algunos miembros de la plataforma SOS Cine de Verano que reclaman que el Ayuntamiento compre y preserve estos recintos.

Estas manifestaciones se producen después de conocerse este jueves que un decreto firmado por el alcalde ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

Informe sobre las competencias

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos políticos -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- una declaración institucional para felicitar a la Selección Española de Fútbol masculina por la consecución del Mundial.

En el texto de la declaración aprobada, la Corporación Municipal “desea poner en valor el comportamiento ejemplar y los valores humanos encarnados por este equipo, que sirven como modelo e inspiración para los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad”.

“Córdoba traslada con esta declaración su reconocimiento y gratitud a una Selección que ha vuelto a hacer historia y de la que nos sentimos profundamente orgullosos”.

Recuerda que el deporte tiene la capacidad de unir a los pueblos, traspasar fronteras y transmitir valores universales como el esfuerzo, la disciplina, la deportividad y el trabajo en equipo. En los grandes hitos deportivos, el éxito trasciende los terrenos de juego para convertirse en un motivo de orgullo colectivo y en un referente imprescindible para las futuras generaciones.

La victoria de la Selección Española de Fútbol en el Campeonato del Mundo representa una gesta histórica grabada ya en la memoria deportiva y sentimental de nuestro país. Con un juego brillante, una entrega incansable y una ejemplar cohesión de grupo, la Selección ha demostrado que la humildad, el talento y la perseverancia son el camino para alcanzar el éxito.

La ciudad de Córdoba ha vivido este triunfo con extraordinaria emoción. Nuestras calles y plazas han sido reflejo de la ilusión compartida y de la alegría de un logro que une a todos los españoles y españolas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, expresa su felicitación a los jugadores, al cuerpo técnico y a la Real Federación Española de Fútbol por este histórico título de Campeones del Mundo.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que muestra su pésame por la muerte del exrector y consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, e impulsa los trámites para que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, el primer centro de estas características que se pone en marcha en España, lleve su nombre.

De este acuerdo dará traslado a la Junta de Andalucía, administración de la que depende este centro de investigación sanitaria. Se trata del primer centro de estas características que se ha puesto en marcha en España y nació con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en investigación aplicada al control y prevención de enfermedades emergentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad de Córdoba a José Carlos Gómez Villamandos por su extraordinaria contribución al sistema universitario del conjunto de España.

El Pleno ha trasladado las condolencias de la Corporación Municipal a su familia, amistades, compañeros y compañeras, así como a toda la comunidad universitaria. “El Ayuntamiento de Córdoba expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, quien fuera catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas”, afirma el texto.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español, donde ha dejado una profunda huella. En julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñó hasta su muerte, si bien su trayectoria ha sido larga y prolífica, marcada por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba.

Trayectoria

Nacido en Córdoba en 1963, era licenciado en Veterinaria por la UCO, con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, y obtuvo el grado de doctor en 1988. Desarrolló una destacada labor investigadora en el ámbito de la anatomía patológica veterinaria, la patogenia de enfermedades víricas, la respuesta inmune e inflamatoria y la sanidad animal.

Autor de más de 125 artículos científicos y director de 17 tesis doctorales, participó y lideró numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su vinculación con la gestión universitaria comenzó a finales de los años noventa y fue en mayo de 2014 cuando fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose en el primer rector formado íntegramente en la propia institución.

Reelegido para un segundo mandato, permaneció al frente de la UCO hasta julio de 2022. Durante esos ocho años impulsó el relevo generacional del profesorado, reforzó la inversión en investigación y transferencia del conocimiento, la internacionalización y el papel de la Universidad de Córdoba como agente de desarrollo social, cultural y territorial.

Su proyección en el ámbito universitario español se consolidó con su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2019, cargo para el que fue reelegido en 2021. Su presidencia coincidió con la pandemia de Covid-19, etapa en la que desempeñó un papel destacado en la coordinación del sistema universitario español y en la adaptación de la enseñanza superior a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

A lo largo de su carrera ocupó numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas la presidencia del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, y en julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Su trayectoria científica y académica le valió el reconocimiento de numerosas instituciones. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Su muerte ha supuesto la pérdida de una de las figuras más influyentes de la universidad cordobesa, andaluza y española de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por la docencia, la investigación, la gestión académica y el servicio público.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente este jueves -con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y la abstención de Hacemos Córdoba-, el proyecto de actuación para la implantación de una explotación de recursos mineros en La Rinconada, que tiene como principal objetivo abastecer las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y la urbanización de la zona.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya aprobó esta actuación extraordinaria de interés público y social para la implantación de una explotación de recursos mineros en suelo rústico en el paraje de La Rinconada. Esta autorización, promovida por la Comunidad de Bienes Eloy Martínez Sagrera e Hijos CB, tiene como objetivo principal abastecer de materiales áridos a las obras de la futura Base Logística Militar y la urbanización del sector, ambos colindantes con la zona de explotación.

La explotación minera se localizará en el paraje de La Rinconada. La superficie total de los terrenos vinculados a esta actuación de interés público es de 84,95 hectáreas. La cantera asegura la disponibilidad de materiales básicos como zahorras naturales para obras públicas y la fabricación de otros productos. Se prevé la generación de empleo, tanto directo (un mínimo de 4 trabajadores fijos) como indirecto, y el impulso del desarrollo económico local al atraer inversiones y mejorar infraestructuras y servicios.

La cantera implementará un método de explotación por fases y un sistema de “transferencia” que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar la recuperación del terreno. Este proceso simultáneo implica la extracción del material útil (gravas, gravillas y arenas) y la reposición inmediata del terreno con la capa de recubrimiento extraída, transformando la actividad extractiva en una actividad agrícola posterior.

La geometría del yacimiento presenta una capa de recubrimiento de materiales estériles de una potencia media de 2-3 metros y un paquete de material explotable de gravas y arenas de tamaño medio con un espesor medio comercializable de 4 metros. La explotación se realizará en cuatro fases sucesivas. Está prevista la obtención de más de 3,3 millones de metros cúbicos de material útil.

Se estima un plazo total de explotación de 33 años, que podría extenderse a 35 años considerando los trámites de licencias y autorizaciones. La viabilidad económico-financiera está garantizada, con costes de producción inferiores al precio de venta actual, y una recuperación de la inversión en menos de 6 años.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves levantar el reparo formulado por la Intervención General y continuar con la tramitación de la convocatoria de subvenciones impulsada por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para destinar 1,2 millones de euros de dinero público a grandes festivales privados. La propuesta ha salido adelante únicamente con los votos del PP, mientras que PSOE, Hacemos Córdoba y Vox han votado en contra.

La aprobación supone desoír el cuarto informe de disconformidad emitido por la Intervención sobre este expediente y permite al IMAE continuar la tramitación de una convocatoria que el órgano fiscalizador considera que puede convertirse en “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al incluir actividades desarrolladas desde enero de 2025.

Durante el debate, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, defendió que el apoyo público a los grandes festivales está plenamente justificado por el impacto económico y turístico que generan. Según sostuvo, estos eventos sitúan a Córdoba en el circuito nacional de la música en directo, atraen visitantes, generan ingresos para la hostelería y contribuyen a desestacionalizar la actividad turística.

Albás rechazó que el modelo elegido sea una excepción y aseguró que numerosos ayuntamientos españoles respaldan festivales privados mediante convocatorias similares. En este sentido, citó los casos de Madrid, Bilbao, Zaragoza o Sevilla y se preguntó si eso significaba que todas esas administraciones actuaban “al margen de la legalidad”. “Evidentemente, no”, respondió la concejala, que defendió que la convocatoria cordobesa será “abierta, objetiva y fiscalizable” y recordó que el expediente ha sido elaborado por funcionarios municipales. En su intervención de cierre, también reivindicó el éxito de la última edición del Festival de la Guitarra, frente a las críticas que dicen que algunas de las nuevas citas musicales le hacen la competencia.

Una convocatoria “tan objetiva” que ya tiene destinatarios, según Hacemos

La oposición centró sus críticas en el procedimiento utilizado por el gobierno municipal. El concejal de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha ironizado con que la concurrencia competitiva “va a ser tan objetiva” que, en su opinión, las ayudas ya tienen destinatarios: el Córdoba Live y el Califas Fest, organizados por Riff Music y Grupo Mundo, dos de las principales promotoras musicales del país.

A su juicio, el equipo de gobierno ha intentado sacar adelante estas ayudas mediante distintas fórmulas desde el año pasado y ahora pretende hacerlo apoyándose en “un contrainforme” encargado para rebatir el criterio de la Intervención. Fernández, que insistió en que levantar un reparo de Intervención no es una práctica política habitual, calificó de “preocupante” que se destinen 1,2 millones de euros a estos festivales y reprochó al gobierno municipal que intente justificar la decisión escudándose en “contrainformes” elaborados por el propio organismo.

“No se escude usted en los trabajadores del IMAE, que ya bastante tienen con una carga laboral excesiva. Sea valiente, diga que ustedes van a usar todas las artimañas posibles para dar estos millones y ya está”, afirmó. También pidió retirar el expediente y destinar esos fondos a reforzar la programación propia y el personal del IMAE.

Un debate sobre el procedimiento, según el PSOE

En la misma línea, el concejal del PSOE Ángel Ortiz lamentó que el gobierno hubiera intentado trasladar el debate al impacto económico de los festivales. “El debate de hoy no es sobre el objetivo, sino sobre el procedimiento”, afirmó. Ortiz recordó que el expediente ha ido cambiando de fórmula jurídica desde 2025 y planteó una pregunta al equipo de gobierno: “Si todo está tan claro, ¿por qué han dado tantas vueltas?”.

El edil socialista sostuvo que la Intervención ha sido “muy clara” al cuestionar la tramitación y acusó al gobierno municipal de haber buscado el procedimiento adecuado para beneficiar a “dos operadores seleccionados a dedo”, incluso financiando actividades ya realizadas. También criticó que los festivales subvencionados hayan coincidido en fechas con el Festival de la Guitarra y recordó que, cuando hace una año se propuso a Albás trasladarlos al mes de agosto para evitar esa competencia, el gobierno respondió que los cordobeses se iban de vacaciones durante ese mes.

Tras el debate, se ha aprobado dejar sin efecto el reparo formulado por la Intervención General, lo que permite que el IMAE continúe la tramitación de la convocatoria de subvenciones para grandes festivales culturales. No obstante, antes del inicio de la sesión plenaria, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, fue un paso más allá y advirtió de que su grupo estudiará exigir “responsabilidades contables” por este expediente e incluso acudir al Tribunal de Cuentas.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves el proyecto de Reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del municipio, un órgano para fomentar la participación activa de este sector de población en la vida de la capital cordobesa. Esta aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba, con críticas de los grupos de la izquierda a la representatividad y la participación real que se vaya a llevar a cabo y que no se cree el órgano “para cubrir el expediente”. El gobierno municipal ha defendido que el modelo servirá “para escuchar a su infancia”, como “ciudadanos del hoy”.

Según el borrador del reglamento, el Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia del Ayuntamiento de Córdoba es un órgano de participación de estos sectores de la población cordobesa, compuesto por niños, niñas y adolescentes, como espacio específico de participación activa tanto del colectivo infantil como adolescente en la vida del municipio.

Este Consejo Local tiene como finalidad promover la participación de la infancia y la adolescencia del municipio de Córdoba en este órgano de participación ciudadana. Los objetivos pasan por favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba en las actuaciones de la vida municipal, considerando su plena capacidad de opinión y expresión, involucrándolos en la toma de decisiones que les afecten y haciéndolos partícipes de éstas; propiciar el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, así como los deberes de las familias y ciudadanía.

Asimismo, este órgano persigue promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la ciudadanía.

Y también contribuir a la divulgación de los valores democráticos y constitucionales, en especial de la libertad y de la igualdad; y canalizar quejas, sugerencias y recomendaciones de la infancia y adolescencia a la que representan.

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por el presidente que será el alcalde o podrá en la persona concejal a la que se adscriba el Consejo; y habrá hasta 60 vocales, integrados por niños, niñas y adolescentes, que quieran participar en el mismo y que sean democráticamente elegidos: hasta 30 serán niños y niñas que cursen 1º a 6º curso de estudios de Educación Primaria y otros 30 vocales serán adolescentes que cursen los estudios de educación secundaria obligatoria. Habrá también una persona titular de la Secretaría del consejo, funcionaria del Ayuntamiento.

Funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

Según se establece en el reglamento, serán funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia las de promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia; y ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños, niñas y adolescentes y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los problemas específicos de la infancia y de la adolescencia.

También ofrecerá a los menores un cauce de participación institucional, donde se reciban y escuchen todas las demandas, propuestas y quejas que les hagan llegar los niños, niñas y adolescentes a través de sus representantes en el Consejo; promoverá el interés y la participación comunitarios en los aspectos generales de atención a la infancia y adolescencia fomentando el asociacionismo; y propondrá a la Administración Municipal las medidas que considere oportunas para lograr el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad, en especial, la elaboración de planes locales de la infancia y adolescencia.

Finalmente, tendrá las funciones que, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, atribuya a los Consejos Sectoriales y cualquiera otras acciones participativas relacionadas con la infancia y adolescencia tendentes a conseguir una mayor atención y promoción de su bienestar.

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto y adelantada a este miércoles, ha dado luz verde, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), a la aprobación provisional del Plan Diputación Invierte 2026, un plan “dotado con 20,6 millones de euros que permitirá poner en marcha 784 actuaciones en 76 municipios, cuatro entidades locales autónomas (Ela) y diez mancomunidades”.

Así lo ha destacado en declaraciones previas a los periodistas el portavoz del Grupo del PP en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha afirmado que este es “uno de los planes más importantes de la Diputación porque supone llevar inversiones directas a los pueblos y dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos”.

Martín ha remarcado que no se puede olvidar que “este plan ha tenido que tramitarse en un tiempo muy reducido”, por lo que ha puesto “en valor el enorme esfuerzo realizado por los alcaldes de la provincia y, de manera muy especial, por los técnicos de la casa”.

En este ejercicio, ha añadido, “se debe señalar, además, el esfuerzo realizado para incrementar la capacidad inversora en el marco de este plan. Así, desde 2024, el gasto destinado a inversiones ha aumentado en 12 puntos porcentuales, y si lo comparamos con el ejercicio 2023, el presupuesto ha crecido un 26,4%, pasando de 16,3 a 20,6 millones de euros”.

Así las cosas, ha recalcado que son inversiones que “permitirán mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos municipales, impulsar instalaciones deportivas y culturales, actuar sobre caminos, abastecimiento, alumbrado, patrimonio, turismo o desarrollo económico. En definitiva, actuaciones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia”, ha apostillado Martín.

El portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación ha hecho referencia también a que “este plan incorpora financiación para que los ayuntamientos puedan afrontar la reparación de infraestructuras que resultaron dañadas por el tren de borrascas que afectó a la provincia durante el pasado invierno, dando respuesta así a una necesidad que muchos municipios venían planteando”.

Según Martín, este miércoles se aprueba provisionalmente este plan “que mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones. Si no se presenta ninguna, la aprobación pasará a ser definitiva y, el próximo 31 de julio se firmarán los convenios específicos para que se pueda disponer de estos recursos lo antes posible”.

En definitiva, ha concluido, “el Diputación Invierte vuelve a poner de manifiesto la apuesta por el municipalismo, la cooperación con los ayuntamientos y una inversión útil que llega a todos los municipios independientemente de su tamaño, contribuyendo a generar oportunidades, mejorar los servicios públicos y seguir transformando el territorio”.

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha informado de que “la aprobación de una modificación presupuestaria, dotada con 220.000 euros, permitirá la realización de las obras en el conjunto Vergara de Doña Mencía, una actuación que supondrá dotar a esa localidad de unas instalaciones de servicios sociales que garanticen un servicio de calidad a la ciudadanía y un ámbito laboral acorde a las necesidades de sus trabajadores”.

Aguilera ha subrayado que también se ha procedido a la aprobación, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y la abstención de Vox, de “una modificación parcial de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Instituto Provincial Social (IPBS), una demanda histórica de nuestros trabajadores que supondrá una revisión de sus condiciones laborales de manera que se ajusten a la nueva realidad”.

Sin duda, ha apostillado, “dos puntos esenciales para seguir mejorando las instalaciones y las condiciones en las que se trabaja desde el IPBS, lo que redundará en la prestación de unos servicios sociales de calidad”.

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales “ante la situación política e institucional” que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para “recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras”.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de “extraordinaria debilidad política e institucional”, con un Gobierno que “no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno”.

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta “situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad”. Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su “preocupación” por las investigaciones en curso y ha defendido que “la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada”.

Para los populares, España se encuentra “ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo “carece de una mayoría parlamentaria de respaldo”.

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye “uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país”, aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese “una situación de deterioro sin precedentes”.

“Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable”, ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, “castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior”.

No obstante, Martín ha advertido de que el problema “ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia”. En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses “afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia”, evidenciando que el deterioro del servicio “no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión”.

“Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional”, ha concluido Martín.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

La defensa del futuro de los cines de verano de Córdoba volvió este jueves al Pleno municipal con un debate marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de preservar este patrimonio singular, aunque con profundas discrepancias sobre cómo hacerlo y, sobre todo, sobre la gestión que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.

El debate llegaba después de un nuevo giro de guion, conocido este mismos jueves, tras hacerse pública una carta del alcalde, José María Bellido, reclamando a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia. Aunque desde el PP han insistido en que esta acción no es un cambio de postura, todos los grupos políticos y también la ciudadanía presente en el Pleno, lo han interpretado de ese modo, y eso ha ayudado a que, por encima de las fórmulas, vuelva a quedar claro en que hay unanimidad en la necesidad de preservar y proteger los cines de verano.

El debate ha sido largo, pero menos bronco de lo esperado. La novedad, otro golpe de efecto no previsto, llegó al final, cuando el alcalde hizo uso de la palabra para lanzar una propuesta: crear una mesa o comisión de seguimiento integrada por los grupos políticos y la coordinadora SOS Cines de Verano con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y “reconstruir la confianza”.

Antropología y etnografía

La sesión comenzó con la intervención de la antropóloga Mónica Alonso, una de las impulsoras de la solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cuatro cines de verano de Córdoba. Alonso defendió que la propuesta municipal de convertir estos espacios en refugios climáticos con proyecciones culturales puede ser compatible con su protección patrimonial, aunque insistió en que resulta “imperativo” iniciar cuanto antes la declaración BIC.

Recordó que Córdoba es la única ciudad española que conserva cines de verano en su Casco Histórico y definió estos espacios como “patios culturales que prolongan el patio cordobés a escala de barrio”, además de constituir “una respuesta arquitectónica única al clima de nuestra ciudad”. A su juicio, la ciudad tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un referente europeo en la conservación del patrimonio etnológico. “Protegerlos no los frena, los dignifica y garantiza su valor social”, afirmó, antes de señalar que el actual Ayuntamiento puede pasar a la historia como el que salvó un patrimonio único.

Luego arrancó el debate político el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que atribuyó el cambio de posición del Gobierno municipal a la presión ejercida por la plataforma ciudadana SOS Cines de Verano. “Han conseguido doblar la cuchara de un Gobierno con mayoría absoluta”, afirmó, recordando que Bellido pasó de considerar el problema “irresoluble” a pedir ahora la intervención de la Junta de Andalucía.

Hidalgo reprochó además al Ejecutivo local que no haya desarrollado la moción aprobada por unanimidad en 2023 para instar a la Junta a iniciar la declaración BIC y acusó al alcalde de haber renunciado en dos ocasiones (y de forma “irregular”, a su juicio) al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los cines. A su juicio, el Ayuntamiento ha mantenido durante estos años una voluntad clara de abandonar estos espacios.

Frente a esas críticas, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró compartir “al cien por cien” la exposición realizada por Mónica Alonso y reconoció que el Gobierno municipal ha tenido “un déficit de explicación” sobre su hoja de ruta. Defendió que siempre se ha actuado conforme a la legalidad y sostuvo que la intención del Ejecutivo ha sido recuperar estos espacios como refugios climáticos que mantengan un uso cinematográfico de carácter cultural, pero no de exhibición comercial.

“No podemos proyectar Torrentes”, resumió Torrico para diferenciar el modelo planteado por el Ayuntamiento del funcionamiento tradicional de los cines comerciales. Asimismo, insistió en que corresponde a la Junta de Andalucía iniciar la declaración BIC y ejercer, si lo considera oportuno, el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio.

Desde el Grupo Socialista, Antonio Hurtado abrió su intervención recordando la figura de Martín Cañuelo y calificando de “quijotesca” su labor en defensa de los cines de verano. Después cargó contra Bellido, al que acusó de convertir el Casco Histórico en “un dormitorio para turistas y despedidas de soltero”, y aseguró no confiar en el Gobierno municipal tras las renuncias al derecho de tanteo y retracto, que considera carentes de justificación técnica y jurídica. El portavoz socialista defendió la expropiación como la vía más adecuada para garantizar la conservación de los cines y anunció que ha puesto la actuación municipal en manos de abogados para analizarla.

La portavoz de Vox, Marta León, coincidió en considerar los cines de verano parte de la identidad cultural de Córdoba y mostró su sorpresa porque la petición a la Junta para ejercer el derecho de tanteo y retracto no se hubiera realizado antes de este jueves. No obstante, otorgó al Gobierno municipal un “voto de confianza”, aunque advirtió de que su grupo permanecerá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo y tercer turno

El debate mantuvo la tensión durante los sucesivos turnos de palabra. Torrico pidió a la oposición mirar “más hacia adelante que hacia atrás” y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la moción aprobada. Hurtado replicó que el cambio de posición del PP responde únicamente al intento de apagar “el incendio que ustedes mismos han provocado” y reveló que ya en 2023, él mismo había trasladado al Ayuntamiento la disposición de los herederos de Martín Cañuelo a vender los cines al consistorio, que no dio entonces ningún paso hacia ello.

Por su parte, Hidalgo habló de “cinismo político” por parte del Gobierno municipal y sostuvo que el cambio de rumbo solo se ha producido gracias a la presión ciudadana. En su última intervención propuso además reconocer la figura de Martín Cañuelo incorporando su archivo personal al Archivo Municipal y honrando su nombre en algún espacio de la ciudad.

El encargado de cerrar el debate fue el alcalde, José María Bellido, que agradeció el trabajo desarrollado por Mónica Alonso e hizo un repaso cronológico del cumplimiento de la moción aprobada en 2023. Reiteró que la competencia principal para ejercer el derecho de tanteo y retracto corresponde a la Administración autonómica y justificó el cambio de escenario señalando que ahora concurren circunstancias nuevas, ya que el propietario ha dejado de ejercer la actividad y carece de licencia, lo que abre el plazo legal para que la Junta pueda ejercer el retracto. Posteriormente, añadió, será necesario modificar el planeamiento urbanístico vigente porque “no nos convence el actual”.

El alcalde rechazó además las acusaciones de haber favorecido la especulación urbanística y recordó que fue su Gobierno quien rechazó el proyecto de aparcamientos previsto para esos suelos. Finalmente, admitió que es necesario recuperar la confianza entre los distintos actores implicados y lanzó una propuesta que marcó el cierre del debate: impulsar una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales y de la coordinadora SOS Cines de Verano para supervisar el cumplimiento de la moción y acompañar el proceso de recuperación de estos espacios.

En las votaciones posteriores, la moción presentada por el PSOE fue rechazada con los votos en contra del PP, el apoyo del PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La iniciativa del PP salió adelante gracias a los votos favorables de populares y Vox, mientras PSOE y Hacemos Córdoba optaron por la abstención. Por último, la propuesta de Hacemos Córdoba fue rechazada al votar en contra el PP, con el apoyo de Hacemos y PSOE y la abstención de Vox.

La moción aprobada es la siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho examen este jueves 9 de julio al Mayo Festivo con la comparecencia del concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que ha presumido de éxito de las fiestas de la primavera cordobesa, mientras desde la bancada de enfrente la oposición le ha exigido medidas que resuelvan problemas históricos y que se apruebe una ordenanza municipal de Feria para establecer el modelo de esta fiesta.

Urbano ha desgranado las fiestas del calendario del Mayo Festivo, un mes que ha calificado de “éxito, participativo, sin perder su esencia” y en el que ha destacado que “se ha escuchado” a vecinos y colectivos. Sobre la Feria ha apuntado al entoldado como novedad y a la valoración de los ciudadanos de la Feria, con un 8, según ha dicho, además de conseguir llenar la Feria de casetas este año y no dejar huecos en El Arenal.

En cuanto a las Cruces, el concejal de gobierno se ha felicitado por las acciones contra el botellón, la modificación de horarios para evitar molestias a los vecinos y el despliegue de cruces por los barrios para descongestionar el casco histórico.

De la Cata ha aplaudido su ubicación en la avenida del Alcázar por segundo año consecutivo y “su nuevo modelo”, “desterrando concentraciones no deseadas de madrugada, donde primaba el consumo de alcohol frente a la degustación de vino”.

Y en cuanto a los Patios, ha valorado que se hayan aumentado los accésits por participación y “conseguido que todas nuestras rutas tengan protagonismo y se descongestionen las más famosas”. En su intervención ha valorado las aportaciones de colectivos, peñas y vecinos y ha asegurado que “este gobierno no va a parar de impulsar mejoras escuchando a los protagonistas”.

Pero, en el debate en el Pleno, ese éxito y triunfalismo ha sido criticado por la oposición y todos los partidos han reclamado que se establezca ya una ordenanza de Feria que defina el modelo de la misma y preserve la “feria abierta” que es identidad de Córdoba.

Desde el PSOE, la edil Alicia Moya ha pedido que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que el Mayo Festivo siga siendo un éxito en un futuro, “dentro de diez o veinte años”, por lo que ha pedido que “es necesario planificar a largo plazo, proteger los patios y equilibrar el turismo y la ciudadanía”. En ese sentido, ha apostado por la convivencia vecinal e integración en el entorno de las Cruces, por lo que ha pedido resolver problemas limpieza y de aseos en la calle, a la vez que ha afeado que “el botellón no se ha eliminado, lo han desplazado”.

Desde Vox, el concejal Rafael Saco también ha pedido una ordenanza de Feria y ha criticado que el PP “quiera vender una imagen de éxito pero no se puede confundir propaganda con gestión”. Ha pedido “poner las cosas más sencillas a los caseteros” y ha acusado al gobierno local de una “gestión con improvisación, falta de planificación y ausencia de autocrítica”. Y ha reclamado conocer “qué se va a hacer para resolver los problemas y las quejas de los colectivos y qué medidas se van a adoptar” para el futuro del Mayo Festivo.

Y, desde Hacemos Córdoba, el edil Iván Fernández ha afeado la “autocomplacencia” del gobierno del PP sobre las fiestas y ha pedido “analizar qué ha fallado y escuchar a quienes sostienen nuestras fiestas”. Ha criticado que no se controlen las micciones en la vía pública en Cruces, que el botellón se haya trasladado al Vial y que el gobierno local “no haga nada” para ayudar al relevo generacional en los Patios, donde los propietarios acusan el esfuerzo y tiempo necesarios para conservarlos y la burocracia que sufren.

Y, reiterando la petición de otros grupos, han pedido al gobierno municipal del PP que planifique y tome medidas para garantizar el buen desarrollo y la supervivencia del Mayo Festivo en las próximas décadas.