El Ayuntamiento de Córdoba pagó durante el ejercicio de 2024 un total de 1.288.800,86 euros a los miembros de la corporación municipal entre retribuciones, asistencias e indemnizaciones. Sin embargo, el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de estas percepciones económicas concluye que, pese a que con carácter general los pagos se ajustaron a la normativa, persisten importantes deficiencias en materia de control interno, transparencia, publicidad de los acuerdos e incompatibilidades que obligan al Consistorio a introducir cambios.

El informe, aprobado dentro de una fiscalización realizada sobre seis grandes ayuntamientos españoles, sitúa a Córdoba entre las administraciones locales que presentan “amplios márgenes de mejora” tanto en la regulación como en el control de las percepciones económicas de sus cargos electos. Entre las incidencias detectadas figura desde la celebración de dos plenos extraordinarios separados únicamente por cinco minutos, cuyos asistentes cobraron dos indemnizaciones distintas, hasta la falta de publicación de declaraciones de bienes de varios concejales o la ausencia de autorización expresa para la acumulación de cargos en empresas municipales.

El órgano fiscalizador recuerda que el Ayuntamiento de Córdoba está integrado por 29 concejales. Al cierre del ejercicio había 16 ediles con dedicación exclusiva, cinco con dedicación parcial y ocho sin régimen de dedicación, estos últimos remunerados mediante el sistema de asistencias a órganos colegiados.

Casi 1,3 millones de euros en un año

La mayor parte del gasto correspondió a las retribuciones fijas de alcalde y concejales con dedicación exclusiva o parcial, que ascendieron a 1.161.247,25 euros. A ello se sumaron 102.036,18 euros por asistencias a órganos colegiados y 25.517,43 euros en indemnizaciones por desplazamientos, manutención y otros gastos de servicio, que el Tribunal considera, en términos generales, correctamente justificados.

El Pleno municipal aprobó en 2024 un incremento retributivo del 8%, elevando el salario anual del alcalde hasta 69.578,46 euros. Además, las empresas y entidades municipales —entre ellas Aucorsa, Sadeco o Emacsa— abonaron otros 84.510,96 euros en concepto de asistencias a los consejos de administración en los que participaban distintos concejales. A ello se añade que siete miembros de la corporación percibieron igualmente retribuciones de la Diputación de Córdoba al ejercer simultáneamente como diputados provinciales.

Una de las incidencias más llamativas recogidas por el informe se produjo el 3 de octubre de 2024. Ese día el Ayuntamiento celebró dos sesiones plenarias extraordinarias consecutivas separadas únicamente por cinco minutos. Al tratarse de dos convocatorias diferentes, los concejales sin dedicación percibieron dos asistencias independientes, de 407,57 euros cada una, por lo que cobraron 815,14 euros entre ambas sesiones. Aunque el Tribunal no cuestiona la legalidad formal del pago, sí destaca este hecho como una incidencia dentro de su análisis de las asistencias económicas percibidas por los miembros de la corporación.

Dedicaciones que incumplían el reglamento

El informe también detecta varias irregularidades relacionadas con el régimen de dedicación de los concejales. Así, el Ayuntamiento concedió una dedicación parcial del 80% a dos tenientes de alcalde y a un concejal delegado, cuando el Reglamento Orgánico del Pleno vigente entonces establecía un límite máximo equivalente a dos tercios de la jornada, es decir, aproximadamente el 67%.

Asimismo, cuatro concejales que fueron nombrados diputados provinciales con dedicación exclusiva pasaron a figurar oficialmente sin dedicación en el Ayuntamiento, pese a mantener responsabilidades de gobierno como concejales delegados, una situación que el Tribunal considera que no estaba prevista en la regulación municipal.

A ello se suma otro incumplimiento de carácter formal: el decreto de Alcaldía que asignaba nominativamente los distintos regímenes de dedicación no fue publicado ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la página web municipal, como exige la legislación.

Errores contables y datos incompletos

El Tribunal aprecia además diversas deficiencias en la gestión administrativa y contable. Entre ellas figura la contabilización de determinados trienios en partidas presupuestarias destinadas a altos cargos en lugar de imputarlos al concepto correspondiente de antigüedad. También detectó que algunos pagos por asistencias fueron registrados en un grupo funcional presupuestario incorrecto.

Otra incidencia afecta a la información remitida al sistema estatal ISPA, utilizado para elaborar estadísticas sobre salarios públicos. El Ayuntamiento omitió comunicar el importe correspondiente a las pagas extraordinarias de los concejales, dejando fuera de la información oficial más de 150.000 euros percibidos durante el ejercicio. Otro de los aspectos cuestionados afecta a la participación de los concejales en los consejos de administración de empresas y organismos dependientes del Ayuntamiento.

El Tribunal señala que 14 concejales con dedicación exclusiva y dos con dedicación parcial fueron designados para formar parte de más de dos consejos de administración, una circunstancia para la que la normativa exige una autorización expresa del Pleno. Sin embargo, el órgano municipal se limitó a tomar conocimiento de esos nombramientos sin aprobar formalmente la autorización excepcional prevista por la ley.

Declaraciones de bienes con importantes lagunas

La fiscalización también pone el foco sobre el control de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos. Según el Tribunal, el Ayuntamiento realiza únicamente un control formal, sin desarrollar comprobaciones materiales sobre el contenido de las declaraciones. Entre las incidencias detectadas figura que tres concejales sustitutos incorporados durante el mandato no vieron publicadas sus declaraciones en el Portal de Transparencia ni en el BOP. Además, una concejala que abandonó la corporación no presentó la declaración final de bienes pese a haber sido requerida para ello.

El informe añade otro caso concreto: una concejala con dedicación parcial, consejera delegada de una empresa agrícola familiar, omitió inicialmente esa actividad en su declaración de incompatibilidades, aunque posteriormente procedió a su subsanación.

El Tribunal considera igualmente insuficiente la información ofrecida por el Portal de Transparencia municipal. Entre otras cuestiones, señala que no existe un apartado específico donde consultar las retribuciones anuales de los cargos electos, remitiéndose simplemente al presupuesto municipal, y que la información relativa a los ceses de concejales no se encontraba correctamente actualizada.

Paridad en el Pleno, pero no en las empresas municipales

En materia de igualdad, el informe ofrece una valoración más positiva respecto a la composición de los órganos políticos municipales.

El Pleno estaba integrado por 13 mujeres (45%) y 16 hombres (55%), mientras que la Junta de Gobierno Local presentaba incluso una mayoría femenina, con seis mujeres y cuatro hombres. También entre las tenencias de Alcaldía predominaban las mujeres, con seis frente a tres hombres.

No obstante, la situación cambia al analizar las entidades dependientes del Ayuntamiento.

De las 13 empresas y organismos municipales, nueve incumplían el principio de presencia equilibrada, bien por exceso de representación masculina o femenina. Además, ocho estaban presididas por hombres y cinco por mujeres.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas concluye que los ayuntamientos fiscalizados, entre ellos Córdoba, deben reforzar los mecanismos de control interno, mejorar la publicidad activa de la información, revisar la regulación de incompatibilidades y establecer procedimientos más rigurosos para supervisar las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos.

El organismo considera que estas medidas permitirán incrementar la transparencia y reforzar las garantías sobre el uso de recursos públicos destinados a retribuir a los representantes municipales.

El gobierno municipal ha insistido en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en que es la Junta de Andalucía a quien le compete estudiar la compra de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia y, sobre ello, ha asegurado que las conversaciones con la administración autonómica “van por buen camino” y la administración autonómica ya está estudiando la posible compra.

En el Pleno, a preguntas del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha segurado que se sigue con “la hoja de ruta” prevista y que el derecho de tanteo sobre la oferta de compra de los cines de verano corresponde a la Junta de Andalucía por la vía patrimonial. Según ha explicado en declaraciones a los medios, la Junta ya estudia la fórmula jurídica que le permita adquirir estos recintos de manera subsidiaria.

Asimismo, el alcalde, José María Bellido, ha corroborado estas conversaciones con la Junta de Andalucía -“se está trabajando muy seriamente por parte de las dos administraciones”, ha dicho-, y ha avanzado que en el mes de septiembre se conocerán novedades al respecto. Precisamente en la sesión plenaria han estado presentes algunos miembros de la plataforma SOS Cine de Verano que reclaman que el Ayuntamiento compre y preserve estos recintos.

Estas manifestaciones se producen después de conocerse este jueves que un decreto firmado por el alcalde ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

Informe sobre las competencias

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos políticos -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- una declaración institucional para felicitar a la Selección Española de Fútbol masculina por la consecución del Mundial.

En el texto de la declaración aprobada, la Corporación Municipal “desea poner en valor el comportamiento ejemplar y los valores humanos encarnados por este equipo, que sirven como modelo e inspiración para los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad”.

“Córdoba traslada con esta declaración su reconocimiento y gratitud a una Selección que ha vuelto a hacer historia y de la que nos sentimos profundamente orgullosos”.

Recuerda que el deporte tiene la capacidad de unir a los pueblos, traspasar fronteras y transmitir valores universales como el esfuerzo, la disciplina, la deportividad y el trabajo en equipo. En los grandes hitos deportivos, el éxito trasciende los terrenos de juego para convertirse en un motivo de orgullo colectivo y en un referente imprescindible para las futuras generaciones.

La victoria de la Selección Española de Fútbol en el Campeonato del Mundo representa una gesta histórica grabada ya en la memoria deportiva y sentimental de nuestro país. Con un juego brillante, una entrega incansable y una ejemplar cohesión de grupo, la Selección ha demostrado que la humildad, el talento y la perseverancia son el camino para alcanzar el éxito.

La ciudad de Córdoba ha vivido este triunfo con extraordinaria emoción. Nuestras calles y plazas han sido reflejo de la ilusión compartida y de la alegría de un logro que une a todos los españoles y españolas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, expresa su felicitación a los jugadores, al cuerpo técnico y a la Real Federación Española de Fútbol por este histórico título de Campeones del Mundo.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que muestra su pésame por la muerte del exrector y consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, e impulsa los trámites para que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, el primer centro de estas características que se pone en marcha en España, lleve su nombre.

De este acuerdo dará traslado a la Junta de Andalucía, administración de la que depende este centro de investigación sanitaria. Se trata del primer centro de estas características que se ha puesto en marcha en España y nació con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en investigación aplicada al control y prevención de enfermedades emergentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad de Córdoba a José Carlos Gómez Villamandos por su extraordinaria contribución al sistema universitario del conjunto de España.

El Pleno ha trasladado las condolencias de la Corporación Municipal a su familia, amistades, compañeros y compañeras, así como a toda la comunidad universitaria. “El Ayuntamiento de Córdoba expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, quien fuera catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas”, afirma el texto.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español, donde ha dejado una profunda huella. En julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñó hasta su muerte, si bien su trayectoria ha sido larga y prolífica, marcada por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba.

Trayectoria

Nacido en Córdoba en 1963, era licenciado en Veterinaria por la UCO, con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, y obtuvo el grado de doctor en 1988. Desarrolló una destacada labor investigadora en el ámbito de la anatomía patológica veterinaria, la patogenia de enfermedades víricas, la respuesta inmune e inflamatoria y la sanidad animal.

Autor de más de 125 artículos científicos y director de 17 tesis doctorales, participó y lideró numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su vinculación con la gestión universitaria comenzó a finales de los años noventa y fue en mayo de 2014 cuando fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose en el primer rector formado íntegramente en la propia institución.

Reelegido para un segundo mandato, permaneció al frente de la UCO hasta julio de 2022. Durante esos ocho años impulsó el relevo generacional del profesorado, reforzó la inversión en investigación y transferencia del conocimiento, la internacionalización y el papel de la Universidad de Córdoba como agente de desarrollo social, cultural y territorial.

Su proyección en el ámbito universitario español se consolidó con su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2019, cargo para el que fue reelegido en 2021. Su presidencia coincidió con la pandemia de Covid-19, etapa en la que desempeñó un papel destacado en la coordinación del sistema universitario español y en la adaptación de la enseñanza superior a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

A lo largo de su carrera ocupó numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas la presidencia del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, y en julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Su trayectoria científica y académica le valió el reconocimiento de numerosas instituciones. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Su muerte ha supuesto la pérdida de una de las figuras más influyentes de la universidad cordobesa, andaluza y española de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por la docencia, la investigación, la gestión académica y el servicio público.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente este jueves -con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y la abstención de Hacemos Córdoba-, el proyecto de actuación para la implantación de una explotación de recursos mineros en La Rinconada, que tiene como principal objetivo abastecer las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y la urbanización de la zona.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya aprobó esta actuación extraordinaria de interés público y social para la implantación de una explotación de recursos mineros en suelo rústico en el paraje de La Rinconada. Esta autorización, promovida por la Comunidad de Bienes Eloy Martínez Sagrera e Hijos CB, tiene como objetivo principal abastecer de materiales áridos a las obras de la futura Base Logística Militar y la urbanización del sector, ambos colindantes con la zona de explotación.

La explotación minera se localizará en el paraje de La Rinconada. La superficie total de los terrenos vinculados a esta actuación de interés público es de 84,95 hectáreas. La cantera asegura la disponibilidad de materiales básicos como zahorras naturales para obras públicas y la fabricación de otros productos. Se prevé la generación de empleo, tanto directo (un mínimo de 4 trabajadores fijos) como indirecto, y el impulso del desarrollo económico local al atraer inversiones y mejorar infraestructuras y servicios.

La cantera implementará un método de explotación por fases y un sistema de “transferencia” que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar la recuperación del terreno. Este proceso simultáneo implica la extracción del material útil (gravas, gravillas y arenas) y la reposición inmediata del terreno con la capa de recubrimiento extraída, transformando la actividad extractiva en una actividad agrícola posterior.

La geometría del yacimiento presenta una capa de recubrimiento de materiales estériles de una potencia media de 2-3 metros y un paquete de material explotable de gravas y arenas de tamaño medio con un espesor medio comercializable de 4 metros. La explotación se realizará en cuatro fases sucesivas. Está prevista la obtención de más de 3,3 millones de metros cúbicos de material útil.

Se estima un plazo total de explotación de 33 años, que podría extenderse a 35 años considerando los trámites de licencias y autorizaciones. La viabilidad económico-financiera está garantizada, con costes de producción inferiores al precio de venta actual, y una recuperación de la inversión en menos de 6 años.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves levantar el reparo formulado por la Intervención General y continuar con la tramitación de la convocatoria de subvenciones impulsada por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para destinar 1,2 millones de euros de dinero público a grandes festivales privados. La propuesta ha salido adelante únicamente con los votos del PP, mientras que PSOE, Hacemos Córdoba y Vox han votado en contra.

La aprobación supone desoír el cuarto informe de disconformidad emitido por la Intervención sobre este expediente y permite al IMAE continuar la tramitación de una convocatoria que el órgano fiscalizador considera que puede convertirse en “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al incluir actividades desarrolladas desde enero de 2025.

Durante el debate, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, defendió que el apoyo público a los grandes festivales está plenamente justificado por el impacto económico y turístico que generan. Según sostuvo, estos eventos sitúan a Córdoba en el circuito nacional de la música en directo, atraen visitantes, generan ingresos para la hostelería y contribuyen a desestacionalizar la actividad turística.

Albás rechazó que el modelo elegido sea una excepción y aseguró que numerosos ayuntamientos españoles respaldan festivales privados mediante convocatorias similares. En este sentido, citó los casos de Madrid, Bilbao, Zaragoza o Sevilla y se preguntó si eso significaba que todas esas administraciones actuaban “al margen de la legalidad”. “Evidentemente, no”, respondió la concejala, que defendió que la convocatoria cordobesa será “abierta, objetiva y fiscalizable” y recordó que el expediente ha sido elaborado por funcionarios municipales. En su intervención de cierre, también reivindicó el éxito de la última edición del Festival de la Guitarra, frente a las críticas que dicen que algunas de las nuevas citas musicales le hacen la competencia.

Una convocatoria “tan objetiva” que ya tiene destinatarios, según Hacemos

La oposición centró sus críticas en el procedimiento utilizado por el gobierno municipal. El concejal de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha ironizado con que la concurrencia competitiva “va a ser tan objetiva” que, en su opinión, las ayudas ya tienen destinatarios: el Córdoba Live y el Califas Fest, organizados por Riff Music y Grupo Mundo, dos de las principales promotoras musicales del país.

A su juicio, el equipo de gobierno ha intentado sacar adelante estas ayudas mediante distintas fórmulas desde el año pasado y ahora pretende hacerlo apoyándose en “un contrainforme” encargado para rebatir el criterio de la Intervención. Fernández, que insistió en que levantar un reparo de Intervención no es una práctica política habitual, calificó de “preocupante” que se destinen 1,2 millones de euros a estos festivales y reprochó al gobierno municipal que intente justificar la decisión escudándose en “contrainformes” elaborados por el propio organismo.

“No se escude usted en los trabajadores del IMAE, que ya bastante tienen con una carga laboral excesiva. Sea valiente, diga que ustedes van a usar todas las artimañas posibles para dar estos millones y ya está”, afirmó. También pidió retirar el expediente y destinar esos fondos a reforzar la programación propia y el personal del IMAE.

Un debate sobre el procedimiento, según el PSOE

En la misma línea, el concejal del PSOE Ángel Ortiz lamentó que el gobierno hubiera intentado trasladar el debate al impacto económico de los festivales. “El debate de hoy no es sobre el objetivo, sino sobre el procedimiento”, afirmó. Ortiz recordó que el expediente ha ido cambiando de fórmula jurídica desde 2025 y planteó una pregunta al equipo de gobierno: “Si todo está tan claro, ¿por qué han dado tantas vueltas?”.

El edil socialista sostuvo que la Intervención ha sido “muy clara” al cuestionar la tramitación y acusó al gobierno municipal de haber buscado el procedimiento adecuado para beneficiar a “dos operadores seleccionados a dedo”, incluso financiando actividades ya realizadas. También criticó que los festivales subvencionados hayan coincidido en fechas con el Festival de la Guitarra y recordó que, cuando hace una año se propuso a Albás trasladarlos al mes de agosto para evitar esa competencia, el gobierno respondió que los cordobeses se iban de vacaciones durante ese mes.

Tras el debate, se ha aprobado dejar sin efecto el reparo formulado por la Intervención General, lo que permite que el IMAE continúe la tramitación de la convocatoria de subvenciones para grandes festivales culturales. No obstante, antes del inicio de la sesión plenaria, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, fue un paso más allá y advirtió de que su grupo estudiará exigir “responsabilidades contables” por este expediente e incluso acudir al Tribunal de Cuentas.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves el proyecto de Reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del municipio, un órgano para fomentar la participación activa de este sector de población en la vida de la capital cordobesa. Esta aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba, con críticas de los grupos de la izquierda a la representatividad y la participación real que se vaya a llevar a cabo y que no se cree el órgano “para cubrir el expediente”. El gobierno municipal ha defendido que el modelo servirá “para escuchar a su infancia”, como “ciudadanos del hoy”.

Según el borrador del reglamento, el Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia del Ayuntamiento de Córdoba es un órgano de participación de estos sectores de la población cordobesa, compuesto por niños, niñas y adolescentes, como espacio específico de participación activa tanto del colectivo infantil como adolescente en la vida del municipio.

Este Consejo Local tiene como finalidad promover la participación de la infancia y la adolescencia del municipio de Córdoba en este órgano de participación ciudadana. Los objetivos pasan por favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba en las actuaciones de la vida municipal, considerando su plena capacidad de opinión y expresión, involucrándolos en la toma de decisiones que les afecten y haciéndolos partícipes de éstas; propiciar el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, así como los deberes de las familias y ciudadanía.

Asimismo, este órgano persigue promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la ciudadanía.

Y también contribuir a la divulgación de los valores democráticos y constitucionales, en especial de la libertad y de la igualdad; y canalizar quejas, sugerencias y recomendaciones de la infancia y adolescencia a la que representan.

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por el presidente que será el alcalde o podrá en la persona concejal a la que se adscriba el Consejo; y habrá hasta 60 vocales, integrados por niños, niñas y adolescentes, que quieran participar en el mismo y que sean democráticamente elegidos: hasta 30 serán niños y niñas que cursen 1º a 6º curso de estudios de Educación Primaria y otros 30 vocales serán adolescentes que cursen los estudios de educación secundaria obligatoria. Habrá también una persona titular de la Secretaría del consejo, funcionaria del Ayuntamiento.

Funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

Según se establece en el reglamento, serán funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia las de promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia; y ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños, niñas y adolescentes y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los problemas específicos de la infancia y de la adolescencia.

También ofrecerá a los menores un cauce de participación institucional, donde se reciban y escuchen todas las demandas, propuestas y quejas que les hagan llegar los niños, niñas y adolescentes a través de sus representantes en el Consejo; promoverá el interés y la participación comunitarios en los aspectos generales de atención a la infancia y adolescencia fomentando el asociacionismo; y propondrá a la Administración Municipal las medidas que considere oportunas para lograr el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad, en especial, la elaboración de planes locales de la infancia y adolescencia.

Finalmente, tendrá las funciones que, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, atribuya a los Consejos Sectoriales y cualquiera otras acciones participativas relacionadas con la infancia y adolescencia tendentes a conseguir una mayor atención y promoción de su bienestar.

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto y adelantada a este miércoles, ha dado luz verde, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), a la aprobación provisional del Plan Diputación Invierte 2026, un plan “dotado con 20,6 millones de euros que permitirá poner en marcha 784 actuaciones en 76 municipios, cuatro entidades locales autónomas (Ela) y diez mancomunidades”.

Así lo ha destacado en declaraciones previas a los periodistas el portavoz del Grupo del PP en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha afirmado que este es “uno de los planes más importantes de la Diputación porque supone llevar inversiones directas a los pueblos y dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos”.

Martín ha remarcado que no se puede olvidar que “este plan ha tenido que tramitarse en un tiempo muy reducido”, por lo que ha puesto “en valor el enorme esfuerzo realizado por los alcaldes de la provincia y, de manera muy especial, por los técnicos de la casa”.

En este ejercicio, ha añadido, “se debe señalar, además, el esfuerzo realizado para incrementar la capacidad inversora en el marco de este plan. Así, desde 2024, el gasto destinado a inversiones ha aumentado en 12 puntos porcentuales, y si lo comparamos con el ejercicio 2023, el presupuesto ha crecido un 26,4%, pasando de 16,3 a 20,6 millones de euros”.

Así las cosas, ha recalcado que son inversiones que “permitirán mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos municipales, impulsar instalaciones deportivas y culturales, actuar sobre caminos, abastecimiento, alumbrado, patrimonio, turismo o desarrollo económico. En definitiva, actuaciones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia”, ha apostillado Martín.

El portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación ha hecho referencia también a que “este plan incorpora financiación para que los ayuntamientos puedan afrontar la reparación de infraestructuras que resultaron dañadas por el tren de borrascas que afectó a la provincia durante el pasado invierno, dando respuesta así a una necesidad que muchos municipios venían planteando”.

Según Martín, este miércoles se aprueba provisionalmente este plan “que mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones. Si no se presenta ninguna, la aprobación pasará a ser definitiva y, el próximo 31 de julio se firmarán los convenios específicos para que se pueda disponer de estos recursos lo antes posible”.

En definitiva, ha concluido, “el Diputación Invierte vuelve a poner de manifiesto la apuesta por el municipalismo, la cooperación con los ayuntamientos y una inversión útil que llega a todos los municipios independientemente de su tamaño, contribuyendo a generar oportunidades, mejorar los servicios públicos y seguir transformando el territorio”.

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha informado de que “la aprobación de una modificación presupuestaria, dotada con 220.000 euros, permitirá la realización de las obras en el conjunto Vergara de Doña Mencía, una actuación que supondrá dotar a esa localidad de unas instalaciones de servicios sociales que garanticen un servicio de calidad a la ciudadanía y un ámbito laboral acorde a las necesidades de sus trabajadores”.

Aguilera ha subrayado que también se ha procedido a la aprobación, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y la abstención de Vox, de “una modificación parcial de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Instituto Provincial Social (IPBS), una demanda histórica de nuestros trabajadores que supondrá una revisión de sus condiciones laborales de manera que se ajusten a la nueva realidad”.

Sin duda, ha apostillado, “dos puntos esenciales para seguir mejorando las instalaciones y las condiciones en las que se trabaja desde el IPBS, lo que redundará en la prestación de unos servicios sociales de calidad”.

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales “ante la situación política e institucional” que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para “recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras”.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de “extraordinaria debilidad política e institucional”, con un Gobierno que “no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno”.

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta “situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad”. Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su “preocupación” por las investigaciones en curso y ha defendido que “la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada”.

Para los populares, España se encuentra “ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo “carece de una mayoría parlamentaria de respaldo”.

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye “uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país”, aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese “una situación de deterioro sin precedentes”.

“Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable”, ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, “castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior”.

No obstante, Martín ha advertido de que el problema “ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia”. En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses “afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia”, evidenciando que el deterioro del servicio “no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión”.

“Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional”, ha concluido Martín.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

La defensa del futuro de los cines de verano de Córdoba volvió este jueves al Pleno municipal con un debate marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de preservar este patrimonio singular, aunque con profundas discrepancias sobre cómo hacerlo y, sobre todo, sobre la gestión que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.

El debate llegaba después de un nuevo giro de guion, conocido este mismos jueves, tras hacerse pública una carta del alcalde, José María Bellido, reclamando a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia. Aunque desde el PP han insistido en que esta acción no es un cambio de postura, todos los grupos políticos y también la ciudadanía presente en el Pleno, lo han interpretado de ese modo, y eso ha ayudado a que, por encima de las fórmulas, vuelva a quedar claro en que hay unanimidad en la necesidad de preservar y proteger los cines de verano.

El debate ha sido largo, pero menos bronco de lo esperado. La novedad, otro golpe de efecto no previsto, llegó al final, cuando el alcalde hizo uso de la palabra para lanzar una propuesta: crear una mesa o comisión de seguimiento integrada por los grupos políticos y la coordinadora SOS Cines de Verano con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y “reconstruir la confianza”.

Antropología y etnografía

La sesión comenzó con la intervención de la antropóloga Mónica Alonso, una de las impulsoras de la solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cuatro cines de verano de Córdoba. Alonso defendió que la propuesta municipal de convertir estos espacios en refugios climáticos con proyecciones culturales puede ser compatible con su protección patrimonial, aunque insistió en que resulta “imperativo” iniciar cuanto antes la declaración BIC.

Recordó que Córdoba es la única ciudad española que conserva cines de verano en su Casco Histórico y definió estos espacios como “patios culturales que prolongan el patio cordobés a escala de barrio”, además de constituir “una respuesta arquitectónica única al clima de nuestra ciudad”. A su juicio, la ciudad tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un referente europeo en la conservación del patrimonio etnológico. “Protegerlos no los frena, los dignifica y garantiza su valor social”, afirmó, antes de señalar que el actual Ayuntamiento puede pasar a la historia como el que salvó un patrimonio único.

Luego arrancó el debate político el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que atribuyó el cambio de posición del Gobierno municipal a la presión ejercida por la plataforma ciudadana SOS Cines de Verano. “Han conseguido doblar la cuchara de un Gobierno con mayoría absoluta”, afirmó, recordando que Bellido pasó de considerar el problema “irresoluble” a pedir ahora la intervención de la Junta de Andalucía.

Hidalgo reprochó además al Ejecutivo local que no haya desarrollado la moción aprobada por unanimidad en 2023 para instar a la Junta a iniciar la declaración BIC y acusó al alcalde de haber renunciado en dos ocasiones (y de forma “irregular”, a su juicio) al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los cines. A su juicio, el Ayuntamiento ha mantenido durante estos años una voluntad clara de abandonar estos espacios.

Frente a esas críticas, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró compartir “al cien por cien” la exposición realizada por Mónica Alonso y reconoció que el Gobierno municipal ha tenido “un déficit de explicación” sobre su hoja de ruta. Defendió que siempre se ha actuado conforme a la legalidad y sostuvo que la intención del Ejecutivo ha sido recuperar estos espacios como refugios climáticos que mantengan un uso cinematográfico de carácter cultural, pero no de exhibición comercial.

“No podemos proyectar Torrentes”, resumió Torrico para diferenciar el modelo planteado por el Ayuntamiento del funcionamiento tradicional de los cines comerciales. Asimismo, insistió en que corresponde a la Junta de Andalucía iniciar la declaración BIC y ejercer, si lo considera oportuno, el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio.

Desde el Grupo Socialista, Antonio Hurtado abrió su intervención recordando la figura de Martín Cañuelo y calificando de “quijotesca” su labor en defensa de los cines de verano. Después cargó contra Bellido, al que acusó de convertir el Casco Histórico en “un dormitorio para turistas y despedidas de soltero”, y aseguró no confiar en el Gobierno municipal tras las renuncias al derecho de tanteo y retracto, que considera carentes de justificación técnica y jurídica. El portavoz socialista defendió la expropiación como la vía más adecuada para garantizar la conservación de los cines y anunció que ha puesto la actuación municipal en manos de abogados para analizarla.

La portavoz de Vox, Marta León, coincidió en considerar los cines de verano parte de la identidad cultural de Córdoba y mostró su sorpresa porque la petición a la Junta para ejercer el derecho de tanteo y retracto no se hubiera realizado antes de este jueves. No obstante, otorgó al Gobierno municipal un “voto de confianza”, aunque advirtió de que su grupo permanecerá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo y tercer turno

El debate mantuvo la tensión durante los sucesivos turnos de palabra. Torrico pidió a la oposición mirar “más hacia adelante que hacia atrás” y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la moción aprobada. Hurtado replicó que el cambio de posición del PP responde únicamente al intento de apagar “el incendio que ustedes mismos han provocado” y reveló que ya en 2023, él mismo había trasladado al Ayuntamiento la disposición de los herederos de Martín Cañuelo a vender los cines al consistorio, que no dio entonces ningún paso hacia ello.

Por su parte, Hidalgo habló de “cinismo político” por parte del Gobierno municipal y sostuvo que el cambio de rumbo solo se ha producido gracias a la presión ciudadana. En su última intervención propuso además reconocer la figura de Martín Cañuelo incorporando su archivo personal al Archivo Municipal y honrando su nombre en algún espacio de la ciudad.

El encargado de cerrar el debate fue el alcalde, José María Bellido, que agradeció el trabajo desarrollado por Mónica Alonso e hizo un repaso cronológico del cumplimiento de la moción aprobada en 2023. Reiteró que la competencia principal para ejercer el derecho de tanteo y retracto corresponde a la Administración autonómica y justificó el cambio de escenario señalando que ahora concurren circunstancias nuevas, ya que el propietario ha dejado de ejercer la actividad y carece de licencia, lo que abre el plazo legal para que la Junta pueda ejercer el retracto. Posteriormente, añadió, será necesario modificar el planeamiento urbanístico vigente porque “no nos convence el actual”.

El alcalde rechazó además las acusaciones de haber favorecido la especulación urbanística y recordó que fue su Gobierno quien rechazó el proyecto de aparcamientos previsto para esos suelos. Finalmente, admitió que es necesario recuperar la confianza entre los distintos actores implicados y lanzó una propuesta que marcó el cierre del debate: impulsar una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales y de la coordinadora SOS Cines de Verano para supervisar el cumplimiento de la moción y acompañar el proceso de recuperación de estos espacios.

En las votaciones posteriores, la moción presentada por el PSOE fue rechazada con los votos en contra del PP, el apoyo del PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La iniciativa del PP salió adelante gracias a los votos favorables de populares y Vox, mientras PSOE y Hacemos Córdoba optaron por la abstención. Por último, la propuesta de Hacemos Córdoba fue rechazada al votar en contra el PP, con el apoyo de Hacemos y PSOE y la abstención de Vox.

La moción aprobada es la siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho examen este jueves 9 de julio al Mayo Festivo con la comparecencia del concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que ha presumido de éxito de las fiestas de la primavera cordobesa, mientras desde la bancada de enfrente la oposición le ha exigido medidas que resuelvan problemas históricos y que se apruebe una ordenanza municipal de Feria para establecer el modelo de esta fiesta.

Urbano ha desgranado las fiestas del calendario del Mayo Festivo, un mes que ha calificado de “éxito, participativo, sin perder su esencia” y en el que ha destacado que “se ha escuchado” a vecinos y colectivos. Sobre la Feria ha apuntado al entoldado como novedad y a la valoración de los ciudadanos de la Feria, con un 8, según ha dicho, además de conseguir llenar la Feria de casetas este año y no dejar huecos en El Arenal.

En cuanto a las Cruces, el concejal de gobierno se ha felicitado por las acciones contra el botellón, la modificación de horarios para evitar molestias a los vecinos y el despliegue de cruces por los barrios para descongestionar el casco histórico.

De la Cata ha aplaudido su ubicación en la avenida del Alcázar por segundo año consecutivo y “su nuevo modelo”, “desterrando concentraciones no deseadas de madrugada, donde primaba el consumo de alcohol frente a la degustación de vino”.

Y en cuanto a los Patios, ha valorado que se hayan aumentado los accésits por participación y “conseguido que todas nuestras rutas tengan protagonismo y se descongestionen las más famosas”. En su intervención ha valorado las aportaciones de colectivos, peñas y vecinos y ha asegurado que “este gobierno no va a parar de impulsar mejoras escuchando a los protagonistas”.

Pero, en el debate en el Pleno, ese éxito y triunfalismo ha sido criticado por la oposición y todos los partidos han reclamado que se establezca ya una ordenanza de Feria que defina el modelo de la misma y preserve la “feria abierta” que es identidad de Córdoba.

Desde el PSOE, la edil Alicia Moya ha pedido que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que el Mayo Festivo siga siendo un éxito en un futuro, “dentro de diez o veinte años”, por lo que ha pedido que “es necesario planificar a largo plazo, proteger los patios y equilibrar el turismo y la ciudadanía”. En ese sentido, ha apostado por la convivencia vecinal e integración en el entorno de las Cruces, por lo que ha pedido resolver problemas limpieza y de aseos en la calle, a la vez que ha afeado que “el botellón no se ha eliminado, lo han desplazado”.

Desde Vox, el concejal Rafael Saco también ha pedido una ordenanza de Feria y ha criticado que el PP “quiera vender una imagen de éxito pero no se puede confundir propaganda con gestión”. Ha pedido “poner las cosas más sencillas a los caseteros” y ha acusado al gobierno local de una “gestión con improvisación, falta de planificación y ausencia de autocrítica”. Y ha reclamado conocer “qué se va a hacer para resolver los problemas y las quejas de los colectivos y qué medidas se van a adoptar” para el futuro del Mayo Festivo.

Y, desde Hacemos Córdoba, el edil Iván Fernández ha afeado la “autocomplacencia” del gobierno del PP sobre las fiestas y ha pedido “analizar qué ha fallado y escuchar a quienes sostienen nuestras fiestas”. Ha criticado que no se controlen las micciones en la vía pública en Cruces, que el botellón se haya trasladado al Vial y que el gobierno local “no haga nada” para ayudar al relevo generacional en los Patios, donde los propietarios acusan el esfuerzo y tiempo necesarios para conservarlos y la burocracia que sufren.

Y, reiterando la petición de otros grupos, han pedido al gobierno municipal del PP que planifique y tome medidas para garantizar el buen desarrollo y la supervivencia del Mayo Festivo en las próximas décadas.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba se ha llenado este jueves en su sesión ordinaria del mes de julio con las protestas de varios colectivos que, con pancartas y mensajes, han hecho visibles varias reivindicaciones.

De un lado, han estado presentes integrantes de la plataforma por los cines de verano de Córdoba, conscientes de que hoy el Pleno va a abordar distintas mociones de los grupos municipales sobre la situación de estos recintos del casco histórico. Han hecho presentes sus reivindicaciones señalando el valor cultural de los cines de verano y pidiendo al alcalde que actúe para preservar dichos recintos que son seña de identidad de la vida cultural de la capital cordobesa en los meses del estío.

Por otra parte, vecinos del barrio de San Agustín han llevado también al Pleno sus protestas después de que el gobierno municipal del PP haya detraído una partida presupuestaria que estaba destinada a las obras de recuperación de la casa número 5 de la Plaza de San Agustín y la haya desviado al cerramiento de la fachada del estadio El Arcángel.

También con pancartas visibles en el Salón de Plenos han reclamado que el alcalde “devuelva” ese dinero para las obras en la casa número 5 de la Plaza de San Agustín y que se ponga en marcha esta inversión como se prometió a los vecinos.

Integrantes de entidades memorialistas también han acudido al Pleno, que tratará una moción sobre el proceso de las exhumaciones de represaliados de las fosas de los cementerios de Córdoba, paralizadas desde el mes de enero y aún sin un nuevo contrato para proseguir los trabajos. Tratarán de hacer visible su reivindicación ante el gobierno municipal para que agilice los trámites y las exhumaciones e identificaciones de represaliados puedan continuar.

Igualmente, los mensajes del Partido Animalista (Pacma) han estado presentes en el Pleno, en este caso, contra las calesas de caballos para el turismo que aún perviven en la ciudad.

Con alusiones a la crueldad y al maltrato animal, desde Pacma pretenden que Córdoba siga el ejemplo de Málaga y acabe con esta práctica, más aún cuando los caballos sufren las altas temperaturas del verano. Por eso, han pedido que el Ayuntamiento compre las licencias municipales de coches de caballos hasta eliminar progresivamente este servicio.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha oficializado la toma de posesión del nuevo concejal de Vox, Miguel Castellano Cañete, que sustituye en el grupo municipal a la anterior portavoz y ahora parlamentaria andaluza por Córdoba, Paula Badanelli.

Castellano, que ha jurado “por España” su cargo en el Pleno, ocupaba el número cinco en la lista de Vox de las elecciones municipales de 2023. Vox logró tres concejales y, ahora, tras la segunda renuncia en este mandato en el grupo, el nuevo concejal ha tomado posesión de su cargo en el Pleno ordinario del mes de julio.

En el anterior Pleno, a la vez que Badanelli se despedía del Consistorio, la Coroporación comunicaba el cese a la Junta Electoral Central para que expidiera la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del nuevo concejal.

Miguel Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, se introdujo en la política con Ciudadanos, partido del que fue diputado provincial y al que representó en la Diputación de Córdoba siendo concejal en Pedro Abad.

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha concluido que la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales anticipadas puede ser debatida y sometida a votación en la sesión plenaria prevista para el próximo 9 de julio, al tratarse de una declaración de carácter político que carece de efectos jurídicos directos.

El informe jurídico fue solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, quien pidió que la Secretaría General del Pleno se pronunciara sobre la legalidad de incluir en el orden del día una iniciativa cuyo contenido excede las competencias propias del Ayuntamiento.

En su escrito, Hurtado sostenía que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, conforme al artículo 115 de la Constitución, por lo que entendía que el Pleno municipal no debía debatir una moción ajena al ámbito competencial de la administración local. Asimismo, reclamaba que se aclarara si este tipo de iniciativas podían tramitarse reglamentariamente y cuáles serían las consecuencias jurídicas de que el Pleno adoptara acuerdos fuera de sus competencias.

La respuesta del secretario general del Pleno recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal define las mociones como iniciativas de impulso y orientación política destinadas a promover actuaciones o expresar el posicionamiento de la Corporación sobre asuntos de interés ciudadano, incluso cuando estos trascienden las competencias estrictamente municipales.

En este sentido, el informe señala que es frecuente que los plenos municipales debatan declaraciones institucionales o mociones de contenido político dirigidas a otras administraciones públicas, siempre que no produzcan efectos administrativos o jurídicos vinculantes.

Para fundamentar esta interpretación, el secretario cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2022, que fijó doctrina sobre la capacidad de los plenos municipales para pronunciarse sobre cuestiones políticas, sociales, culturales o incluso internacionales ajenas a sus competencias materiales. Según esa jurisprudencia, estos acuerdos son válidos cuando constituyen meras declaraciones políticas sin efectos prácticos directos y no vulneran derechos fundamentales ni de terceros.

Aplicando esa doctrina al caso concreto, el informe concluye que la moción registrada por el Grupo Popular cumple esos requisitos, ya que su propio texto precisa que se presenta “atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”. Por ello, el secretario considera que carece de eficacia administrativa, no genera obligaciones jurídicas y se agota en su propio contenido como manifestación de una posición política.

En consecuencia, el informe sostiene que la iniciativa “debe admitirse como lícita por no tener efecto jurídico directo”, al no vulnerar derechos fundamentales ni afectar a terceros, por lo que avala que pueda ser debatida durante el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El portavoz del Gobierno municipal y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este viernes la negativa de los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba a negociar una propuesta de declaración institucional sobre la situación de los suelos de los cines de verano, una actitud que, a su juicio, responde a una estrategia de “confrontación política” y no a la búsqueda de una solución.

Según ha explicado Torrico, la propuesta fue trasladada a ambas formaciones el pasado miércoles con el objetivo de alcanzar un acuerdo institucional, aunque, según ha asegurado, “ni siquiera han entrado a considerar, debatir o intentar llegar a un acuerdo” sobre el texto.

El portavoz del PP ha sostenido que esta respuesta demuestra que PSOE y Hacemos Córdoba “están usando a los cines de verano como un arma arrojadiza para dar una batalla política” y que no persiguen una solución “real” para la situación que afecta a estos espacios, cuya recuperación ha considerado “muy necesaria” para la ciudad.

Ante la falta de consenso, Torrico ha avanzado que el Grupo Popular transformará la propuesta en una moción para que pueda debatirse en el próximo Pleno municipal, previsto para el 9 de julio. No obstante, ha asegurado que el Gobierno local mantiene su disposición a negociar hasta el último momento con la oposición.

En este sentido, ha defendido que la iniciativa del PP pretende establecer “una hoja de ruta cierta, posible y viable” para resolver la situación de los suelos de los cines de verano, frente a las propuestas planteadas por PSOE y Hacemos Córdoba, que ha calificado de “demagógicas” e “irrealizables” tanto desde el punto de vista financiero como jurídico y administrativo.

Torrico ha afirmado que el Gobierno municipal continuará actuando con “rigor”, “seriedad”, “interés general de la ciudad” y voluntad de encontrar “soluciones reales”. Asimismo, ha advertido de que, si finalmente PSOE y Hacemos Córdoba mantienen su rechazo a negociar, será “su responsabilidad”, al considerar que ambas formaciones priorizan la confrontación política frente a la resolución del problema.

El salón de plenos de Hinojosa del Duque fue escenario el pasado jueves de una sesión extraordinaria que será recordada no por la aprobación de las cuentas municipales, sino por un cruce de insultos entre los representantes públicos. Lo que comenzó como un debate técnico sobre el Presupuesto General para el ejercicio 2026 derivó en una situación de descontrol verbal que obligó a intervenir a la secretaria municipal ante la pérdida del respeto institucional.

La tensión estalló cuando el portavoz del Partido Popular, José Fernández, cuestionó los remanentes de tesorería y el estado de mantenimiento de las calles del municipio. “Usted mismo en las procesiones, con los tacones que se coloca, y yo se lo agradezco porque me gusta que vista bien, no puede ni andar por el mal estado de la calle”, se refirió a Antonia Ramírez, responsable de Hacienda y Economía. El alcalde, Matías González, interrumpió el debate denunciando una supuesta falta de respeto y “risas” por parte de los ediles de la oposición mientras intervenía la portavoz socialista alegando que los concejales populares no tenían educación porque “no lo han mamado ni lo van a mamar”.

En ese momento, el regidor comenzó a referirse a uno de los ediles como “señor Risas” o “señor Risitas” de forma reiterada. González, por su parte, empleó el término “señor Risgüenza” -un acrónimo entre risa y sinvergüenza- y llamó directamente “sinvergüenza” a un miembro de la corporación, asegurando que “no vale para otra cosa nada más que para reír”.

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar, elevando la confrontación a niveles de máxima crispación. Entre el ruido que inundó la sala, se lanzaron descalificaciones dirigidas al alcalde como “señor putero”. El ambiente se volvió tan hostil que los propios participantes reconocieron que se estaba dando una “muy mala imagen ante el pueblo” en una cuestión tan seria como los presupuestos.

El enfrentamiento también incluyó duras alusiones personales sobre la crianza y los valores de los representantes. Mientras el alcalde insistía en la mala educación de la oposición, desde las filas populares se le replicó que el propio presidente del pleno “la educación ni la mamó ni nació con ella”. El portavoz de Izquierda Unida, Santiago Aranda, calificó lo sucedido como un “espectáculo absolutamente lamentable”, instando a cada uno a asumir sus responsabilidades.

Hacia el final de la sesión, el concejal del PP, Santos, tomó la palabra para pedir disculpas públicas a los ciudadanos y al alcalde por los insultos proferidos, reconociendo que “en un momento de enfado se pueden perder los papeles”. Por su parte, el alcalde Matías González afirmó que no retiraría de las actas sus palabras, manteniendo su postura sobre el apelativo de “señor Risita” utilizado durante la bronca.

La secretaria municipal cerró el turno de intervenciones con una advertencia, calificando la situación como “totalmente fuera de lugar” y anunciando que, de repetirse estos comportamientos, levantaría la sesión inmediatamente.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado recientemente el Plan Económico Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027, una maniobra obligada legalmente tras el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto durante el ejercicio 2025. Según el informe de Intervención que acompaña al decreto de liquidación, el Consistorio cerró el año anterior con una necesidad de financiación de 5,6 millones de euros y un exceso de gasto de 6,24 millones sobre el límite permitido. Este desajuste ha forzado un plan de choque que la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, define como “ajustes técnicos” para recuperar la estabilidad, aunque la oposición lo califica de “desaguisado” y critica los “recortes” en servicios e inversiones que conlleva.

Una de las medidas más contundentes del plan es la declaración de indisponibilidad de 13 millones de euros en créditos de inversión para 2026, reduciendo la partida inicial de 22 millones. El ajuste afecta de manera exhaustiva a casi todas las dependencias municipales. La Gerencia Municipal de Urbanismo lidera la lista con un recorte de 4,5 millones de euros en sus inversiones, seguida por la empresa pública Sadeco, que ve bloqueados dos millones de euros. El deporte también sufre una merma importante con 1,3 millones menos para las inversiones del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), mientras que el área de Inclusión y Accesibilidad experimentará una reducción de 1,17 millones de euros, de los cuales un millón correspondía a inversiones generales.

El goteo de fondos bloqueados se extiende al mantenimiento de edificios públicos y centros escolares, con una bajada de 721.086 euros, y al departamento de Presidencia, que pierde 508.000 euros de su presupuesto inversor. Por su parte, la seguridad ciudadana verá reducido su gasto en 351.000 euros, destinados mayoritariamente a la Policía Local. La cultura cordobesa también se ve afectada: el área general de Cultura pierde 300.000 euros, los Museos Municipales 250.000 euros y las Bibliotecas Municipales otros 166.000 euros. Áreas como el Alumbrado Público y el Zoológico Municipal también sufren un recorte de 300.000 euros cada una en sus planes de mejora.

La red de atención y servicios básicos no queda exenta del ajuste, con recortes de 250.000 euros en Servicios Sociales —centrados en la inversión en centros sociales— y de 192.300 euros en el área de Juventud. El fomento económico y el turismo aportan su parte con recortes de 103.274 euros en el Imdeec y de 17.000 euros en el Imtur. Además, se han declarado indisponibles 159.586 euros en Participación Ciudadana, 150.000 euros en el IMAE y 100.000 euros en Movilidad. Incluso las diez Juntas Municipales de Distrito (del Distrito 0 al 9) verán mermadas sus partidas para mobiliario, reparaciones e inversiones en una suma conjunta aproximada de 47.000 euros.

Otros ajustes detallados en el plan incluyen 20.000 euros menos para la televisión municipal (TVM), 15.000 euros en Comercio, 10.350 euros en Cooperación y Solidaridad, 9.000 euros en Educación y 6.600 euros en Vía Pública. Asimismo, se reducen fondos en Gestión (3.000 euros), Recursos Humanos (20.000 euros), Salud Laboral (24.000 euros) y la oficina de consumo OMIC (2.000 euros). A este escenario se suma la transferencia de liquidez desde las empresas y organismos municipales al Ayuntamiento para corregir sus ratios de ahorro: 6 millones de la Gerencia de Urbanismo, 1,38 millones del IMAE, 1,2 millones del Imgema, 820.000 euros del Imdeco y 500.000 euros del Imtur.

Finalmente, el gobierno municipal reducirá drásticamente su recurso al crédito bancario, pasando de los 22 millones de préstamos inicialmente presupuestados a solo 12,3 millones para el ejercicio 2026. Además, se ha prohibido el trasvase de ahorros en gastos de personal (capítulo uno) hacia otras partidas, lo que se espera que genere un ahorro de 5 millones de euros adicionales. Aunque Torrent insiste en que no se cancelan proyectos sino que se reprograman y se priorizan aquellos con financiación externa o ligados al programa Edilquivir, la oposición ha criticado duramente esta gestión que obliga a aplicar un plan de ajuste por haber incumplido la ley.

Tras tres preguntas de la oposición, fue al final cuando el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, concretó el motivo por el que el Consistorio no ejecutó ni el derecho de tanteo ni retracto para la adquisición de tres cines de verano de la ciudad. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento el 25 de mayo de la operación por la que el empresario Antonio Amil adquiría los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia tras llegar a un acuerdo de 300.000 euros con los herederos del empresario fallecido Martín Cañuelo. En el expediente constaba que el Ayuntamiento renunció a estos dos derechos.

Cuestionado primero por el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, y después por la concejala del PSOE Isabel Bernal y el portavoz socialista, Antonio Hurtado, Torrico acabó sosteniendo la imposibilidad de ejecutar esos derechos según un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El informe, detalló, sostenía que en la fase administrativa el Ayuntamiento no podía ejercer el derecho de tanteo o retracto. No obstante, Torrico sí que aseguró que ya en “la fase civil” la puerta está abierta a que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de hacerse con esos espacios. “A partir de este momento entraremos en ese ámbito”, concluyó.

Los tres concejales de la oposición trataron de que el equipo de gobierno respondiera el motivo por el que no se consideró igualar una oferta de adquisición de los tres espacios por un precio de 300.000 euros, cuando en mandatos anteriores tan solo el cine Fuenseca se llegó a valorar en 1,2 millones de euros como precio de expropiación. En la primera respuesta, a Juan Hidalgo, Torrico sostuvo la imposibilidad “si la adquisición implica el mantenimiento de la actividad de manera directa”. “No podemos comprar una zapatería”, comparó. “Si las circunstancias mañana cambiasen y se abriese la posibilidad a otros usos, lo estudiaríamos. Pero solo a cine de verano, no lo consideramos ajustado a las necesidades del Ayuntamiento”, explicó.

La concejala Isabel Bernal preguntó a la delegada de Cultura, Isabel Albás, por “la puesta en marcha de una línea de ayudas destinada a compensar la falta de rentabilidad” de los cines de verano. Y llegó a sugerir si la cantidad iba a ser similar a la del precio de la compra de los espacios. Albás respondió que de momento se está trabajando en sacar adelante esa línea de subvenciones, sin dar más detalles.

Un millón de euros de valor catastral

La transmisión conjunta de estos tres emblemáticos espacios culturales y de ocio se ha cerrado finalmente por un precio global pactado de 300.000 euros Sin embargo, los documentos de la Dirección General del Catastro arrojan una realidad económica muy distinta: la suma de sus valores catastrales para el año 2026 supera holgadamente el millón de euros.

Un análisis detallado de las certificaciones oficiales revela la magnitud en superficie y tasación de cada recinto: el Cine Fuenseca, ubicado en el número 1 de la plazuela de la Fuenseca, es el recinto con la mayor tasación catastral, alcanzando los 437.529,27 euros. Todo ello en una extensa parcela que abarca 1.777,16 metros cuadrados según el registro.

Le sigue en valoración el Cine Delicias, situado en la calle Frailes, que cuenta con un valor catastral de 368.287,02 euros y una superficie registral de 1.670 metros cuadrados. Finalmente, el Cine Olimpia, que está en estado semirruinoso, se ubica en la calle del Zarco número 10, y presenta la tasación más ajustada de los tres inmuebles, cifrándose su valor en 206.815,16 euros para un espacio que tiene dentro de sus muros 1.040,33 metros cuadrados.

En conjunto, el valor oficial fijado por el Catastro para estos tres recintos, que suman cerca de 4.500 metros cuadrados de suelo urbano, triplica con creces la inversión económica declarada por la parte compradora, que se ha comprometido expresamente a mantener la actividad actual de cine de verano, aunque puede vender los inmuebles cuando así lo decida.

El proyecto para instalar una sede del Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) en las Caballerizas Reales de Córdoba evidenció este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba que el PP, que goza de una mayoría absoluta holgada, está solo en esta iniciativa. Los populares fueron los únicos en respaldar la iniciativa durante el debate de una moción presentada por el PSOE para paralizar la firma del protocolo de intenciones suscrito esa misma mañana entre el Consistorio y la fundación catalana promotora del museo.

La propuesta socialista, que reclamaba suspender la tramitación hasta contar con una valoración de expertos y un mayor consenso con el sector cultural, fue rechazada con los votos en contra del PP. PSOE y Hacemos Córdoba votaron a favor de la iniciativa, mientras que Vox optó por la abstención, para no vincularse tampoco a este proyecto.

La concejala socialista Isabel Bernal comenzó reconociendo la disposición mostrada por sus responsables durante una reunión mantenida esta mañana a primera hora con representantes municipales. Sin embargo, cuestionó que la cesión de un espacio público a una entidad privada sea la respuesta adecuada a las necesidades culturales de la ciudad.

“No lo vamos a responder nosotros, sino más de 250 artistas que han dicho que no lo es”, afirmó, en referencia a la carta abierta suscrita por creadores, comisarios y gestores culturales contrarios al proyecto. Bernal defendió que Córdoba necesita una programación propia y diversa para las artes contemporáneas y lamentó que la ciudad no haya sido capaz de convertir el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en el gran referente andaluz del sector.

La edil sostuvo además que el contenido de la carta remitida por el colectivo artístico debería haber llevado al Ayuntamiento a aplazar la firma del protocolo. También reclamó que las decisiones culturales de este calado estén respaldadas por un comité de expertos y se inserten dentro de una planificación estratégica para la cultura.

Vox no quiere vincular su voto al proyecto y Hacemos critica las formas

Desde Vox, Marta León reconoció que la propuesta le parece “interesante”, aunque reprochó al gobierno local haber vuelto a actuar “a golpe de maza” gracias a su mayoría absoluta. Su grupo justificó la abstención al considerar que las Caballerizas Reales deberían destinarse exclusivamente al mundo del caballo y aludiendo a informes técnicos que alertan de deficiencias en el inmueble.

Más contundente fue el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, quien acusó al PP de convertir un bien público en una sucesión de concesiones administrativas. “No contento con darle la mayoría del edificio a Córdoba Ecuestre, ahora la sala de arte para una entidad de Barcelona”, criticó. Hidalgo cuestionó que el proyecto se haya impulsado sin informes de expertos ni consultas previas a la ciudadanía, gestores culturales o profesionales del sector. A su juicio, la operación responde a una visión de la cultura vinculada al turismo y al rendimiento económico. También cargó contra la reunión convocada por el Ayuntamiento horas antes de la firma del protocolo. “Nos sientan y a los diez minutos han firmado el protocolo. Eso son lentejas”, afirmó.

Tras este reproche, el alcalde ha llegado a intervenir diciendo: “No se preocupe, no les convocaremos más a este tipo de reuniones”. El comentario parecía haber pasado desapercibido hasta que Antonio Hurtado ha tomado la palabra y ha criticado la actitud poco democrática del alcalde.

No obstante, el intercambio más tenso se produjo entre Hidalgo y el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. El dirigente del PP reprochó a Hacemos Córdoba su gestión cuando formó parte del gobierno municipal y defendió la legitimidad del actual ejecutivo para impulsar el proyecto gracias a la mayoría absoluta obtenida en las urnas.

Torrico a los críticos: “¿Sabe qué va a pasar? Que van a tener ese espacio”

Torrico reservó también parte de su intervención para responder a las críticas del colectivo artístico. Tras expresar su respeto hacia los firmantes de la carta abierta, aseguró que le sorprendía que la reivindicación de un espacio expositivo municipal se hubiera hecho visible únicamente tras conocerse la llegada del MEAM.

“Han tenido seis años y no lo han expresado”, afirmó. El portavoz popular sostuvo además que el gobierno municipal está dispuesto a atender sus demandas y avanzó que probablemente podrán disponer de un espacio propio antes incluso de que el museo abra sus puertas en Caballerizas. La referencia apuntaba al Convento Regina, inmueble que el alcalde ya había puesto sobre la mesa esta mañana como posible sede para un proyecto alternativo impulsado por los artistas críticos.

No obstante, a eso también ha contestado Antonio Hurtado, que le ha sugerido al alcalde que haga un cambio y ceda el convento Regina a la Fundación Les Arts i els Artistes y, para la sala de Caballerizas Reales, abra un proceso participativo que, esta vez, se impulse “de la forma correcta”. A ello, el regidor le ha recordado que un protocolo de intenciones no genera obligaciones jurídicas y que la futura concesión demanial será competencia de la Junta de Gobierno Local. “Nosotros las cuestiones las hacemos conforme a derecho”, aseguraba.

Todo el debate plenario se ha producido unas horas después de la firma de la declaración de intenciones entre el Ayuntamiento y la Fundación Les Arts i els Artistes, un acuerdo que abre el camino para la llegada del MEAM a Córdoba y que seguirá ahora su desarrollo administrativo y político en medio de una creciente controversia dentro del sector cultural de la ciudad.