Todos los grupos municipales del Pleno del Ayuntamiento, PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, han sumado sus votos para aprobar una moción que insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a ejecutar, con carácter prioritario, las actuaciones previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2022-2027 en la provincia de Córdoba, especialmente aquellas destinadas a la prevención de inundaciones y mejora hidráulica de cauces.

Asimismo, el acuerdo tomado por todos los partidos en el Pleno solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la dotación presupuestaria necesaria para garantizar la redacción, licitación y ejecución urgente de las actuaciones pendientes, incluyendo los siguientes proyectos en la capital:

-Puesta en valor e integración paisajística del Río Guadalquivir.

-Mejora hidráulica y ambiental del arroyo Pedroches, El Alamillo y Jarilla de Villarrubia.

-Restauración hidrológico ambiental en el rio Guadajoz a su paso por Santa Cruz.

-Restauración ambiental del arroyo Guadalbarbo a su paso por Alcolea.

-Estudio de las actuaciones necesarias para mejorar de las condiciones hidromorfológicas de las masas categóricas en la cuenca del Guadalquivir en Córdoba.

De otro lado, el acuerdo del Pleno también reclama a la Confederación distintas actuaciones en la provincia de Córdoba para terminar su ejecución. Se trata del proyecto de restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla en Priego de Córdoba; la restauración en los arroyos Salado y Masegoso, en los términos municipales de Santaella, Montalbán y Montilla; y la restauración hidrológico ambiental del arroyo Guadalbaida y helecho en el paraje de la Sierrezuela de Posadas.

También se pide la restauración ambiental e integración paisajística del tramo alto del Río Cabra y la restauración hidrológico ambiental del arroyo Salado de Porcuna y las Cañas a su paso por el término municipal de Villa del Río.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha debatido este jueves una moción sobre el 'No a la guerra', dados los conflictos actuales en el ámbito internacional. La propuesta inicial que presentaba el PSOE -cuyos concejales han acudido con camisetas con el mensaje de 'No a la guerra'-, ha sido enmendada por el PP que ha presentado su propia propuesta y esto ha generado un debate en el Salón de Plenos que, sin embargo, finalmente ha acabado con un acercamiento de posturas y el voto positivo de PP, PSOE y Hacemos Córdoba por los acuerdos que defienden la paz. Vox ha votado en contra y ha criticado que este asunto se tratara en el Ayuntamiento.

El gobierno del PP ha defendido el compromiso con la paz de Córdoba, que ha plasmado en su enmienda aprobada, que ha leído literalmente te el portavoz del grupo, Miguel Ángel Torrico, en su intervención. Mientras, desde PSOE y Hacemos Córdoba afeaban al Partido Popular que haya enmendado la propuesta inicial y que mantenga posturas a nivel estatal que no critican los ataques de EEUU e Israel en Irán y los países del entorno, ni apoyan a la posición del Gobierno central en contra de la guerra. Pero en el debate, en un tono nada exaltado, al final se han acercado posturas y, partiendo de la voluntad de una sociedad en paz y en contra de la guerra, PP, PSOE y Hacemos han votado a favor de los mismos acuerdos, que han salido adelante solo con el voto en contra de Vox.

La enmienda transnacional apoyada ha incluido en un último acercamiento para lograr el voto común las actuaciones para declarar a Córdoba como Municipio por la Paz. Aparte, el texto aprobado señala cómo “el Ayuntamiento de Córdoba manifiesta su compromiso con la paz, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, y expresa su rechazo a toda agresión armada, a todo acto terrorista y a cualquier ataque contra la población civil” y que “apoya que la resolución de los conflictos internacionales se lleve a cabo por vías diplomáticas, en el marco del Derecho Internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y en coordinación con la Unión Europea y nuestros aliados democráticos”.

También se ha incluido que “el Ayuntamiento de Córdoba expresa su solidaridad con todas las víctimas civiles de los conflictos armados, con las personas desplazadas y con quienes sufren sus consecuencias humanitarias, sociales y económicas”. Y lanza un mensaje al Gobierno de España para “actuar con responsabilidad, unidad con nuestros socios europeos, transparencia institucional y respeto al Parlamento en cuantas decisiones adopte ante las consecuencias internacionales, energéticas, económicas y de seguridad derivadas de los conflictos bélicos”.

“El Ayuntamiento de Córdoba, en el ámbito de sus competencias, elaborará y, en su caso, reforzará medidas de seguimiento y prevención ante posibles afecciones económicas y sociales derivadas de crisis internacionales, especialmente en materia de servicios sociales, apoyo al comercio y sectores productivos locales. El Pleno insta a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba y al Gobierno de España a mantener mecanismos de coordinación institucional para atender con eficacia cualquier impacto social o económico que pudiera recaer sobre las familias, autónomos y empresas cordobesas”. Y concluye diciendo que “el Ayuntamiento de Córdoba reafirma su compromiso como ciudad de convivencia, diálogo y solidaridad, evitando el uso partidista de los conflictos internacionales en el ámbito institucional municipal”.

Debate en el Pleno

Desde la oposición, solo han tomado la palabra sobre este asunto el PSOE y Hacemos Córdoba. Vox no ha querido entrar en el debate de fondo, señalando que se trataban temas que son “cortinas de humo de otros asuntos que afectan al Gobierno” central, aunque posteriormente la portavoz, Paula Badanelli, ha dicho que “no creo que haya nadie que no pueda estar en contra de la guerra”, si bien ha afeado que este asunto se tratase en el Pleno: “Creemos que este tema no se debe debatir en un Salón de Plenos municipal”.

Antonio Hurtado, por el PSOE, ha defendido el 'No a la guerra' y el posicionamiento del Gobierno central en este asunto rechazando las acciones de EEUU e Israel a nivel internacional. Ha llamado al PP a consensuar el mensaje del 'No a la guerra' en un asunto que, ha dicho, “debía haber sido una declaración institucional” del Ayuntamiento, es decir, contar con el apoyo de todos los partidos políticos.

Por Hacemos Córdoba, el portavoz, Juan Hidalgo, ha criticado que Vox se “pone de perfil” en este asunto como “consulado de Trump” ante la guerra, mientras que ha acusado al PP a nivel nacional por sus mensajes sobre una guerra, que “nos afecta a todos” y “se sitúan fuera del derecho internacional y de los derechos humanos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos políticos llevar a cabo un plan específico para la plaza de La Corredera que incluye actuaciones sobre seguridad, limpieza, patrimonio y usos de este espacio.

Así, el acuerdo de PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox incluye instar al Equipo de Gobierno a elaborar un Plan Específico de Gestión Integral de la Plaza de la Corredera que contemple aspectos como mantenimiento, limpieza, seguridad, conservación del Patrimonio, regulación del espacio público y convivencia vecinal.

Asimismo, pide cumplir el Plan de Usos aprobado por Pleno para la Plaza de la Corredera e insta a reforzar las medidas de control, seguimiento y cumplimiento de las ordenanzas municipales que afectan a La Corredera.

De igual manera el plan promoverá actuaciones de puesta en valor cultural y patrimonial de la Plaza de la Corredera, priorizando actividades compatibles con su carácter histórico y con la vida cotidiana del barrio. Asimismo, impulsar nuevos usos comerciales, poniendo especial interés en el desarrollo de oficios artesanales y tradicionales con el fin de recuperar el sentido histórico de la Plaza de la Corredera, así como al estudio de líneas de apoyo e incentivos.

Recuperar las farolas de Juan Cuenca

Otro de los acuerdos llevará a proceder en el menor tiempo posible a la licitación del proyecto redactado por la GMU de restitución de las farolas diseñadas por Juan Cuenca y retiradas por el Ayuntamiento de 2021. Asimismo, insta a potenciar el uso del mercado, dando valor al comercio de proximidad y promoviendo, junto a los comerciantes, nuevos alicientes como el reparto a domicilio.

Junto a ello, una vez cursada por el gobierno municipal solicitud de subvención a los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Cultura y Transportes y Movilidad Sostenible del 2% Cultural, destinado a la rehabilitación y conservación del Pósito Municipal, instar al Equipo de Gobierno a estudiar entre sus futuros usos la posibilidad de ampliación del Centro Cívico de la Corredera.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado aplicar la subida salarial del 2,5% a los concejales en línea con los incrementos establecidos por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025 para los funcionarios.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, y el voto en contra de Hacemos Córdoba y Vox, que han votado de la misma manera respecto a la subida que corresponde a los órganos directivos.

Esta misma subida se aplicará también al personal eventual, punto en el que Hacemos Córdoba sí ha votado a favor. Esta propuesta ha sido uno de los primeros puntos del orden del día de la sesión ordinaria de abril del Pleno municipal.

Las subidas de estos sueldos incluyen los salarios del alcalde, los concejales, los coordinadores generales de las distintas áreas del Ayuntamiento, directores generales, jefes de gabinete y también los asesores en el Consistorio, con un montante global de más de 240.000 euros.

La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido de nuevo este jueves en el Ayuntamiento, que celebra su sesión ordinaria de abril, hasta donde los trabajadores que operan con torres grúa han llevado la huelga que mantienen y las reivindicaciones laborales ante la patronal del sector.

A las puertas del Consistorio primero y, después en el Salón de Plenos, los gruistas han exhibido su protesta, con la que ya llevan 55 días de huelga por mejoras laborales, lo que está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

Asimismo, los representantes sindicales de los gruistas vienen denunciando que las empresas están utilizando medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, como camiones grúa, lo que supone una vulneración del derecho a huelga y puede poner en riesgo a las personas que trabajan en las obras.

Los grupos del PSOE y de Hacemos Córdoba han mostrado en sus intervenciones en el Pleno su apoyo a estos trabajadores en su defensa de sus derechos laborales.

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha informado este martes sobre la moción que llevará al Pleno ordinario del jueves, centrada en el refuerzo de la Formación Profesional (FP) pública en la ciudad y en la necesidad de garantizar una oferta “suficiente y accesible” para la ciudadanía.

Según ha informado la formación en una nota, en relación con la moción, desde el grupo municipal se ha explicado que esta iniciativa busca “poner luz al refuerzo de la formación profesional pública en nuestra ciudad” y garantizar la existencia de profesionales cualificados que respondan a las necesidades del tejido productivo. En este sentido, han advertido de que la FP “tiene una creciente demanda por parte de la ciudadanía” y se ha consolidado como “una opción de salida profesional importante”.

Según han señalado, la Junta de Andalucía “prevé para el siguiente curso cerrar 36 líneas de ciclo formativo”, al tiempo que “la oferta privada ha subido un 66% frente a la pública, que solo ha crecido un 29%”. A juicio del grupo, esta situación evidencia una “privatización encubierta de este servicio”, puesto que el acceso a la formación privada puede suponer un coste aproximado de 4.000 euros para el alumnado.

Además, en la moción también pone el foco en casos concretos de la provincia, como el IES Puente de Alcolea, donde “se están solicitando ciclos formativos que cuentan con demanda empresarial y no se están concediendo”, o el caso de Lucena, donde “se pretende suprimir el ciclo de Formación Profesional básica específica en cocina y restauración para personas con discapacidad”. Para Hacemos Córdoba, estos ejemplos reflejan que “el Partido Popular no quiere invertir en la formación pública y menos en la que más lo necesita”.

Asimismo, han recriminado dificultades en el desarrollo de la Formación Profesional Dual. En concreto, han apuntado que “muchos institutos públicos tienen serias dificultades para ofrecer prácticas”, lo que obliga al alumnado a “buscarlas por su cuenta”, una situación que se agrava en el caso de personas con necesidades especiales, que encuentran “una doble dificultad”.

Por ello, según Hacemos Córdoba, la moción plantea exigir al Gobierno andaluz que amplíe la inversión en recursos y ciclos formativos públicos, incluyendo la implantación de al menos 31 nuevos ciclos vinculados a la futura base logística del Ejército, en especialidades como electromecánica, mantenimiento electrónico, soldadura, transporte y logística o análisis y control de calidad.

En segundo lugar, el grupo municipal ha criticado el incumplimiento del pago medio a proveedores del Consistorio de Córdoba, que consideran un reflejo de la gestión del actual equipo de gobierno. Según han expuesto, “es algo que venimos denunciando recurrentemente en numerosos plenos”, señalando que existe una “falta de gestión y de organización”.

Asimismo, desde Hacemos Córdoba han criticado que esta situación se produce pese a que el Consistorio cuenta con “los gastos más altos prácticamente de toda la historia en personal directivo y personal de confianza”, lo que, a su juicio, contrasta con el incumplimiento de indicadores como el periodo medio de pago o la estabilidad presupuestaria.

En este sentido, han afirmado que “lo que viene a poner blanco sobre negro es que la gestión del Partido Popular en este Ayuntamiento es nefasta”, señalando también la recurrencia de modificaciones presupuestarias y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Por último, el grupo municipal ha querido trasladar su condena por el asesinato de una mujer en el barrio de la Fuensanta, ocurrido en la jornada anterior. Desde Hacemos Córdoba han calificado el suceso como “lamentable” y “execrable”, mostrando su “más amplia repulsa” ante lo ocurrido.

Asimismo, han señalado que se trata de “un asesinato sin paliativos, vil y cruel”, al tiempo que lo han definido como “terrorismo patriarcal que ha tenido lugar en nuestra ciudad”. El grupo ha expresado su solidaridad “con la familia, con los hijos de Tully y con los vecinos del barrio de la Fuensanta”.

Finalmente, han reclamado a todas las Administraciones públicas, Junta de Andalucía, Gobierno central y Ayuntamiento, la implementación de medidas “que contribuyan a evitar que hechos como este vuelvan a producirse”, insistiendo en la necesidad de “decir las cosas claras” ante este tipo de violencia.

Un acuerdo entre PP y Vox en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Córdoba prohibirá la exhibición de carteles con mensajes políticos durante la celebración de los plenos municipales.

El portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la decisión se ha adoptado tras la polémica surgida en el último pleno de marzo, cuando los concejales del PSOE mostraron carteles con el mensaje ‘No a la guerra’ desde sus escaños durante toda la sesión, algo que fue criticado por Vox. El alcalde llegó entonces a pedir un informe para acabar aclarando que el reglamento no incluye expresamente nada “ni a favor ni en contra de que se exhiban” pancartas o mensajes ideológicos, sino que solo se expresa que en el Salón de Plenos deben ondear las banderas oficiales.

Ahora, según ha indicado Torrico, se ha trasladado a los portavoces de todos los grupos políticos que este tipo de prácticas de forma continuada podría derivar en “una escalada innecesaria” . En este sentido, advirtió de que, de no establecer límites, se corría el riesgo de “desvirtuar el contenido de respeto” que debe caracterizar al Salón de Plenos.

“Entendemos que los grupos políticos tienen suficiente capacidad de manifestación de sus posicionamientos políticos e ideológicos, no sólo en el pleno, sino a través de toda su labor que desarrollan y que, evidentemente, el Salón de Plenos, si entrábamos en esa escalada de quién ponía el cartel más grande, pues íbamos a desvirtuar el contenido”, ha afirmado el portavoz.

No obstante, el acuerdo contempla excepciones puntuales. Así, se permitirá la exhibición de imágenes o materiales de apoyo de forma temporal durante intervenciones concretas, como puede ser la presentación de fotografías relacionadas con incidencias en la ciudad. Lo que se restringe, precisó Torrico, es la presencia continuada de mensajes políticos visibles durante toda la sesión plenaria.

La medida salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y Vox, en un intento, según el gobierno municipal, de preservar el orden y la naturaleza institucional de los plenos.

El grupo municipal Hacemos Córdoba exigirá al equipo de gobierno en el próximo Pleno del Ayuntamiento que adopte “medidas concretas y eficaces” para garantizar el apoyo real a las personas propietarias de patios participantes en el Concurso, evitando así situaciones como la reciente renuncia del “histórico” patio de la calle Maese Luis 22.

La coalición de izquierdas llevará esta cuestión al debate plenario tras la decisión de Luisa García, responsable de este “emblemático” patio, de abandonar el Concurso después de 27 años de participación ininterrumpida.

Desde Hacemos Córdoba señalan que este caso “no es aislado”, sino que refleja la situación que atraviesan muchas personas que sostienen, con “esfuerzo personal y económico”, una de las principales señas de identidad de Córdoba. “Los patios no son únicamente un atractivo turístico, sino una ‘expresión viva de convivencia vecinal, cuidado colectivo y transmisión cultural intergeneracional’”, subrayan.

En este sentido, recuerdan que la Fiesta de los Patios de Córdoba fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco precisamente por ese “carácter comunitario”. Sin embargo, advierten de que esa esencia “está en riesgo” si no se garantiza un “respaldo institucional suficiente”.

Hacemos Córdoba alerta de que la pérdida de referentes históricos dentro del Concurso supone no solo un “golpe emocional” para la ciudad, sino también un “deterioro progresivo del modelo tradicional” que ha sido reconocido internacionalmente.

Asimismo, el grupo municipal vincula esta situación con las denuncias que ya realizó hace semanas sobre el modelo que está impulsando el gobierno del PP. Entonces, advirtieron de que se está “desvirtuando la esencia del Festival de los Patios”, dando cada vez más protagonismo a “otros modelos de patios alejados del tradicional”, como los patios conventuales, “donde no existe esa implicación vecinal ni ese cuidado cotidiano que define a los patios particulares”, y priorizando “la cantidad y la explotación turística” frente al “papel central de los patios familiares y tradicionales”.

En esa línea, insisten en que el Ayuntamiento continúa destinando “recursos insuficientes” y carece de “medidas de apoyo reales” para garantizar la continuidad de estos espacios, lo que está generando un “creciente malestar” entre quienes los mantienen durante todo el año.

Por todo ello, Hacemos Córdoba reclamará un “cambio urgente” en la política municipal, con “más recursos”, “apoyo efectivo a los patios tradicionales” y un “compromiso firme” para proteger el “patrimonio vivo” de la ciudad, evitando que se siga “debilitando el modelo” que ha dado sentido y reconocimiento internacional a la Fiesta de los Patios.

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado de forma definitiva el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) con los únicos votos a favor del Partido Popular, en un Pleno extraordinario celebrado este martes marcado por un fuerte enfrentamiento político. La oposición en bloque —Vox, PSOE y Hacemos Córdoba— rechazó el documento y acusó al equipo de gobierno de utilizar fondos públicos para beneficiar a empresas privadas afines (concretamente, los responsables de los festivales Córdoba Live y Califa Fest), llegando a hablar de “amiguetes”, “trato de favor” e incluso “indecencia”.

El plan, que el equipo de Gobierno defiende como un instrumento previo necesario para poder convocar ayudas públicas en materia cultural, incluye una línea de subvenciones para festivales y grandes eventos que ha centrado la polémica. Según denunciaron los grupos de la oposición, en ella se encuadrarían ayudas por valor de hasta 1,2 millones de euros —600.000 euros para cada uno— destinadas a dos festivales ya celebrados el pasado año, una circunstancia que consideran una muestra de planificación “a posteriori” para cubrir compromisos adquiridos previamente.

La concejala de Cultura y presidenta del IMAE, Isabel Albás, defendió el documento insistiendo en su carácter técnico y programático. “Es una herramienta de planificación que no comporta por sí misma ni la concesión de subvenciones ni la aprobación del gasto”, subrayó, tratando de despejar las críticas sobre un supuesto reparto directo de fondos. En este sentido, explicó que cualquier ayuda deberá materializarse posteriormente mediante convocatorias públicas con sus correspondientes bases reguladoras.

Albás defiende que existe “interés público”

Albás también justificó la desestimación de las cuatro alegaciones presentadas por el PSOE. Entre otros aspectos, argumentó que las ayudas a festivales culturales se acogen a la normativa europea sobre apoyo a la cultura —en concreto al reglamento 651/2014—, por lo que quedan fuera del régimen de mínimos. Asimismo, defendió que la legislación permite subvencionar actividades promovidas por empresas privadas si existe un interés público, y recalcó que no es obligatorio vincular estas ayudas a una reducción del precio de las entradas.

En relación con las críticas sobre la falta de control, la edil aseguró que el plan sí incorpora indicadores de evaluación como el número de asistentes, el impacto económico, la repercusión mediática o la participación de artistas locales. “Es imprescindible contar con este plan para poder convocar subvenciones con garantías”, insistió.

Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la oposición. Desde Vox, Paula Badanelli ha denunciado una “falta de respeto al dinero público” y se acusó al gobierno municipal de “despilfarrar” recursos en beneficio de intereses particulares. Su portavoz llegó a afirmar que el plan no es una herramienta de planificación, sino “la forma de tapar sus vergüenzas”, y cuestionó tanto la gestión del IMAE como la supuesta utilización de recursos públicos en espacios VIP de eventos.

Por su parte, Hacemos Córdoba aseguró que el documento responde a una estrategia de “cultura de escaparate” basada en grandes eventos privados financiados con dinero público. Su portavoz, Iván Fernández, sostuvo que los 1,2 millones previstos “ya tienen nombre y apellidos” y criticó que estas ayudas no repercuten en una mejora real de la programación cultural ni en el empleo de calidad, además de denunciar que suponen competencia directa a iniciativas municipales como el Festival de la Guitarra.

Especialmente duro fue el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que ha calificado el expediente como el “de la urgencia, la indecencia y la inmoralidad”. Los socialistas acusaron directamente al gobierno de querer “meter en el bolsillo de sus amiguetes” 1,2 millones de euros y compararon esa cantidad con el presupuesto anual destinado a emergencia social en la ciudad. También cuestionaron el interés público de los eventos subvencionados, al tratarse de actividades con entradas de pago que, a su juicio, no son accesibles para la mayoría de la ciudadanía.

“Quien no tenga dinero para pagar la entrada, se come un mojón”, ha dicho Hurtado, quien, de hecho, ha criticado la ausencia de contraprestaciones al “regalo” del dinero público, como la bajada de precios: “Esto es tirar el dinero por tirar el dinero”. Hurtado ya les ha advertido de que el PSOE va a seguir recurriendo el expediente, que incluye unas ayudas que ya han motivado dos informes de Intervención en contra.

En su turno de réplica, Albás trató de contrarrestar las críticas apoyándose en datos del Instituto Nacional de Estadística. Según expuso, la celebración de grandes eventos musicales ha contribuido a aumentar el número de visitantes y pernoctaciones en la ciudad. En concreto, cifró en un 5,59% el incremento total de turistas en junio y destacó subidas del 29,58% en visitantes nacionales durante el mes de julio, así como un aumento en las pernoctaciones.

La responsable de Cultura defendió también el impacto económico indirecto de estos festivales, señalando que generan empleo —con alrededor de 400 trabajadores contratados el pasado año— y dinamizan sectores como el comercio o el transporte. “Los datos matan el relato”, afirmó, reivindicando la apuesta del gobierno municipal por este modelo de grandes eventos como motor cultural y económico.

El Pleno Extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento ha estado marcado por las críticas de los grupos de la oposición, especialmente PSOE y Hacemos Córdoba, que han cuestionado la falta de explicaciones sobre el carácter urgente de la convocatoria, cuando la próxima semana se celebra la sesión ordinaria mensual.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha denunciado que su grupo desconoce los motivos que han llevado a convocar esta sesión extraordinaria apenas unos días antes del Pleno Ordinario previsto para la próxima semana. “No sabemos por qué tenemos este Pleno extraordinario y nadie nos lo ha explicado”, ha afirmado, subrayando además que no se ha celebrado Junta de Portavoces previa.

Hurtado ha insistido en que ninguno de los seis puntos incluidos en el orden del día ha sido justificado como urgente, pese al coste de dinero público que supone la celebración de un pleno de estas características. “Tenemos derecho a saber qué punto es tan urgente que no puede esperar una semana”, ha señalado, calificando la situación como “una falta de respeto” tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía.

Durante su intervención, también ha cargado contra la gestión económica del equipo de gobierno, acusándolo de recurrir de forma habitual al levantamiento de reparos de la Intervención municipal. En este sentido, ha defendido el criterio técnico de este órgano y ha advertido sobre partidas como la destinada a eventos como Córdoba Live o Califa Fest, que, según ha señalado, seguirán generando problemas administrativos.

En la misma línea, la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha criticado lo que considera una práctica reiterada del gobierno local: modificar los presupuestos por “falta de planificación” y conceder subvenciones directas pese a informes contrarios de Intervención. “La gestión del PP es reiteradamente deficiente y lo dicen todos los informes”, ha afirmado, cuestionando además el uso “a conveniencia” del argumento de la seguridad jurídica.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha mostrado el rechazo de su grupo a la política de subvenciones, al considerar que no garantizan un uso adecuado del dinero público ni un seguimiento de su impacto real.

Frente a estas críticas, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido la legalidad y necesidad de las modificaciones presupuestarias, recordando que el presupuesto es una previsión que debe adaptarse a las circunstancias. “No hacerlo sería lo irresponsable”, ha asegurado, planteando el debate entre una administración “rápida” o “rígida”.

Torrent también ha reprochado a la oposición su postura, afirmando que las explicaciones sobre la convocatoria ya se ofrecieron en comisión y que todos los puntos abordados son relevantes. “No son actos improvisados, son gastos reglados”, ha defendido, aunque sin concretar por qué no podían haberse incluido en el próximo Pleno Ordinario.

Pese a la controversia, la mayoría absoluta del PP le ha permitido aprobar los seis puntos previstos en el orden del día: la resolución de discrepancia en el expediente de abono de diferencias salariales por funciones de superior categoría del S.P.E.I.S.; un suplemento de crédito para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y el convenio con Cruz Roja Española; un crédito extraordinario para la transferencia de capital a Aucorsa destinada a la adquisición de once autobuses; un suplemento de crédito para la prórroga del contrato de servicios de evolución, mantenimiento y soporte avanzado del parque de aplicaciones del Ayuntamiento de Córdoba; otro suplemento de crédito para la ejecución de inversiones en obras de accesibilidad; y la aprobación definitiva de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del IMAE.

La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido este martes en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, generando un intenso debate político y social en torno a un conflicto laboral que ya está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha confirmado durante su intervención que ya mantuvo un encuentro previo con representantes del colectivo y que tiene prevista una nueva reunión a las 12:45 horas con la patronal del sector de la construcción. Este anuncio ha sido recibido con aplausos por parte de los gruistas presentes en el salón de plenos.

Desde la oposición, el concejal socialista Antonio Hurtado ha instado al alcalde a implicarse de manera más directa en la resolución del conflicto, subrayando el impacto que la huelga está teniendo en la paralización de promociones de vivienda. “Esto afecta a muchas obras que están paradas”, ha señalado, al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha rechazado cualquier tipo de presión o amenaza hacia los trabajadores.

Hurtado ha abogado por una negociación prolongada si es necesario, en la que ambas partes cedan para alcanzar un acuerdo. “Estas familias están sufriendo porque no les llega el sueldo a sus casas, y también los propios empresarios”, ha añadido, en una intervención que también ha sido respaldada con aplausos por los gruístas asistentes.

El edil ha ido más allá al pedir al alcalde que, de forma inmediata tras la finalización del pleno, se siente a dialogar con los trabajadores. “Con nuestro apoyo va a contar y, seguro, con el del resto de los representantes de Córdoba”, ha afirmado.

En la misma línea, Irene Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba, ha aprovechado su turno de palabra para solicitar al regidor que actúe como mediador en este conflicto laboral, tal y como ha hecho en otras situaciones similares. Su intervención también ha sido recibida con el respaldo del colectivo presente.

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria y con el voto a favor de PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox, el proyecto de Presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2026, unas cuentas que aumentan 50 millones de euros (un 14,92%) con respecto al año pasado, alcanzando los 385,4 millones de euros. Además, al incluir a las empresas y organismos provinciales, el consolidado se sitúa en 522,9 millones, un 21,31% más que en 2025.

Durante su intervención en el Pleno, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha resaltado que se trata de un “presupuesto histórico en las cifras”, ha detallado que en el capítulo de Ingresos se registra “una subida del 14,92%”, misma cifra que en el total de gastos, mientras que “el Gasto Corriente sube un 12,22%”, lo que “refleja que la maquinaria está funcionando y se está gestionando bien”.

Igualmente, Salvador Fuentes ha resaltado que en el Presupuesto de 2026 las inversiones reales alcanzan casi los 60 millones de euros, pues se pasa de los 42,7 millones de euros del pasado año 2025 a los 59,8 millones en el presente ejercicio, lo que supone un aumento de cerca de 17 millones y una subida del 39,9%.

El presidente también ha destacado la vocación social de las cuentas, que destinan “120 millones para la cuestión social”, suponiendo un incremento del 28,43%, es decir, 26,6 millones de euros más. Se encuadran en materia social todas las políticas del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y los programas para mayores, dependencia y ayudas familiares, entre otras.

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha anunciado que se abstendrá en el próximo Pleno de presupuestos tras lograr incorporar un total de 25 millones de euros, entre presupuesto y remanentes, destinados a los municipios de la provincia, lo que supone un incremento de 8 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Con su abstención, el gobierno del PP podrá aprobar los presupuestos que ha elaborado para este año.

La portavoz del grupo provincial, Irene Ruiz, ha explicado que esta decisión es fruto de “un intenso trabajo, un trabajo de hormiguita, un trabajo siempre pensando y poniendo en primer lugar las necesidades del territorio, las necesidades de los municipios, las necesidades al fin y al cabo, de los vecinos y de las vecinas”. Ruiz ha señalado que Izquierda Unida ha situado como eje central de su negociación “el refuerzo del municipalismo, priorizando que los ayuntamientos cuenten con recursos suficientes para atender tanto sus necesidades ordinarias como las extraordinarias derivadas de los daños provocados por las borrascas”.

“Vamos a adelantar que en el próximo Pleno nos vamos a abstener en los presupuestos”, ha indicado, subrayando que esta posición responde a la voluntad de ser una fuerza política útil: “Izquierda Unida es un espacio político y social que está y estará siempre al servicio de las personas y del territorio, al servicio del municipalismo, que es al fin y al cabo lo que permite mejorar la vida de las personas”.

El acuerdo alcanzado permitirá que los municipios dispongan de 25 millones de euros para desarrollar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía. “Un acuerdo en el que vamos a llevar a los municipios 25 millones de euros para que puedan tener autonomía y capacidad de gestión”, ha destacado Ruiz, recordando que en 2025 esta cifra fue de 17 millones.

Asimismo, Izquierda Unida ha logrado incorporar medidas para fortalecer las empresas públicas que prestan servicios esenciales como el agua y la recogida de residuos, Emproacsa y Epremasa, así como reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos, dotándolo de más recursos “para mejorar tanto sus condiciones laborales como su capacidad operativa”. En materia de Memoria Democrática, el acuerdo incluye partidas destinadas a continuar con las exhumaciones, apoyar el trabajo de la Cátedra de la Universidad de Córdoba y respaldar a los colectivos memorialistas de la provincia.

Ruiz ha reconocido que su formación “no comparte” gran parte del presupuesto, pero ha defendido la abstención como una decisión “responsable” desde la oposición: “No estamos de acuerdo con muchas cosas de las que irán en ese presupuesto, pero desde la oposición tenemos que ser lo más útiles posible para dar las respuestas que los vecinos y las vecinas necesitan”.

En este sentido, ha puesto en valor la “altura de miras” de Izquierda Unida, que ha priorizado las “necesidades de los municipios y de la ciudadanía frente a posiciones de bloqueo, como la del PP en otras administraciones, apostando por el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar la vida de las personas”. Finalmente, la portavoz ha señalado que el próximo Pleno evidenciará la “capacidad política” para alcanzar acuerdos útiles: Izquierda Unida “es el espacio responsable, útil, que da respuesta y es garantía para la vida de las personas”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha estrenado este jueves en su sesión ordinaria del mes de marzo un nuevo sistema digital que permite controlar los micrófonos y cortarlos cuando alguien se excede en el tiempo de uso de la palabra, así como recontar las votaciones que se llevan a cabo en la sesión.

Y el resultado en su estreno ha estado protagonizado por el equilibrio de los intervinientes en ajustarse al tiempo autorizado para hablar, pero también por el corte de micrófono automático que han sufrido algunos concejales y también personas de distintos colectivos que han tomado la palabra en el Pleno.

Los micrófonos se apagan una vez transcurrido el tiempo que tiene cada interviniente para hablar y eso le ha ocurrido, en primer lugar, a representantes vecinales cuando se debatía sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la Ronda Oeste que una con la ciudad los barrios de Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel.

Pero también ha ocurrido cuando el fragor del debate ha hecho que los concejales no atendieran al tiempo y este se superara. Les ha ocurrido, por ejemplo, a las ediles de Hacemos Córdoba Irene Ruiz y del PSOE Alicia Moya, en el debate sobre la moción para regular el uso de prendas que cubren el rostro como el burka y el niqab en el acceso a edificios municipales. En ese momento, la primera ha optado por seguir hablando para que le escucharan el resto de concejales, pero no la audiencia a través del micrófono ni que quede reflejado en acta, mientras que la segunda ha concluido su intervención sin más.

También el alcalde, José María Bellido, ha hecho uso del botón que en su puesto de presidencia del Pleno le posibilita apagar el resto de micrófonos para hablar él. Lo ha utilizado cuando había varios concejales hablando, para llamar a “no entrar en debates cruzados”.

Funcionalidades del nuevo sistema

El nuevo sistema proporciona cuatro funciones principales para facilitar el progreso de las conferencias. De un lado, tiene funcionalidades completas para la gestión del sonido, incluyendo las aportaciones de palabra de los concejales, el presidente y otros participantes, así como la amplificación y transmisión del discurso a todos los participantes, bajo el control del presidente de la conferencia y/o del operador del sistema.

También tiene una funcionalidad multimedia completa para cada participante individual de la Mesa de Presidencia: acceso a internet, recuperación de documentos, presentación y streamings de vídeo. Además, hay funciones para el control de cámaras HD., con las salidas de las cámaras a los dispositivos de conferencia multimedia, dispositivos de interpretación, pantallas de sala o monitores.

Control de micrófonos

El sistema de conferencias permite controlar los micrófonos de los participantes: será posible el control automático o el control manual por parte del presidente y/o del operador del sistema. Asimismo, registra la petición de palabra de un participante y manejar automáticamente la lista de espera por medio de un procedimiento de cola. Los participantes que hablen y los participantes en la lista de espera se muestran en pantallas táctiles personales, monitores y en una pantalla de sala.

Para la gestión del debate en el Pleno, el sistema tiene encendido y apagado de los micrófonos del sistema de conferencias, tanto de forma manual como automática y temporizada. Y regula el número de micrófonos activos simultáneamente y cuánto tiempo se le permite a un participante intervenir.

Botón para silenciar al resto

La unidad o puesto de presidencia (que ocupa el alcalde) dispone de funcionalidades y privilegios especiales para la moderación del debate y la gestión de la sesión. El dispositivo incluye un botón de prioridad que, al ser accionado, silencia temporalmente el resto de micrófonos de los participantes para permitir la intervención prioritaria del presidente.

Asimismo, puede gestionar la lista de peticiones de palabra, dar y quitar el turno, y supervisar los tiempos de intervención. El sistema permite controlar la asistencia y revisar las votaciones.

Junto a ello, el sistema identifica y muestra los participantes al presidente o al operador del sistema por su nombre o identificación de asiento. También permite, entre otras funciones, configurar y controlar un sistema de conmutación de cámara para mostrar a los participantes hablando. Y sirve para facilitar la votación en el Pleno: durante una sesión de votación, los participantes con derecho a voto pueden usar el dispositivo de conferencias para votar, pudiendo seleccionar idiomas en el caso de que sea necesario.

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y el grupo de Vox han aprobado una moción para “regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro (niqab, burka u otras prendas equivalentes)”, según señala el encabezamiento de la moción conjunta de ambos grupos.

Inicialmente, Vox había presentado una moción al respecto, si bien el PP ha acordado un texto conjunto de enmienda donde no aparecen en el escrito las palabras burka o niqab, pero sí se exponen en el encabezamiento como ejemplos de las prendas cuyo uso quieren regular en instalaciones municipales. El PP ha argumentado esta moción conjunta en la seguridad para el acceso a edificios municipales. El PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra de la propuesta.

Entre los acuerdos adoptados se insta al gobierno municipal a regular “el uso de prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en dependencias y espacios municipales o de acceso público, cuando ello impida o dificulte la identificación de la persona, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales”.

Asimismo, señala que la regulación será aplicable en las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o abiertos al público, incluyendo en particular: las dependencias administrativas municipales; los centros y servicios públicos de carácter educativo, social, cultural o asistencial gestionados por el Ayuntamiento; cualesquiera otros espacios de titularidad municipal abiertos al público.

También acuerda establecer la prohibición de acceso o permanencia en los espacios descritos en el acuerdo anterior utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas.

Excepciones

Y se exceptúa de lo dispuesto en el acuerdo anterior los supuestos en los que la ocultación del rostro sea necesaria por razones médicas, sanitarias o higiénicas de conformidad con las recomendaciones o prescripciones de las autoridades competentes; responda a exigencias laborales, profesionales o de protección individual debidamente justificadas; se produzca de forma temporal en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas; venga motivada por condiciones meteorológicas adversas; esté expresamente prevista por una norma con rango de ley.

Los acuerdos de PP y Vox también prevén encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración de las normas internas necesarias para la correcta aplicación de esta regulación en las dependencias municipales, garantizando su proporcionalidad, publicidad y respeto a los derechos fundamentales así como un informe que determine cuáles medidas son necesarias para garantizar la seguridad en los espacios municipales. E insta al gobierno municipal a disponer la adecuada información al público mediante señalización en los accesos a las dependencias municipales y a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Debate en el Pleno: islamofobia y seguridad

Antes de la intervención de los grupos políticos en el Pleno, ha tomado la palabra la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, que ha criticado la presentación de esta propuesta inicialmente por Vox y que el PP haya acordado una moción conjunta al respecto. “Han decidido refundirlo en un blanqueo que no comprendemos, es un trampantojo. El PP se podía haber abstenido como en Murcia, pero han decidido ir conjuntamente con Vox”.

Romero ha expuesto que el burka y el niqab tienen un uso minoritario en nuestro país y ha cuestionado “por qué se están promoviendo mociones de este tipo en las instituciones (...) Quizás quieren señalar a una parte de población como sospechosa. Eso es islamofobia y su uso político fomenta el odio y la discriminación”.

“Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”

Por parte de Vox, que ha exhibido en el Pleno carteles en contra del uso del burka, la portavoz, Paula Badanelli, ha argumentado su posición en el ámbito de “la seguridad y la igualdad. Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”, ha preguntado. Y ha reiterado en que esta medida “va de garantizar la seguridad y de que se nos trate todo por igual. No va de religión, no va de ideología”.

Desde el PP, el delegado de Seguridad ha señalado que la oposición “está desenfocando el objeto de la moción”, asegurando que se trata de la regulación de los espacios de todos. “Aquí no se ha venido a hablar de ningún tipo de señalización religiosa”, ha dicho, si bien en una segunda intervención ha afirmado que “los espacios públicos no pueden ser segregadores por ninguna religión”.

“Nadie puede entrar en una dependencia pública con la cara oculta” -ha seguido Coca- y ha afeado a la izquierda que es “anacrónico lo que ustedes defienden”. “Solo es que quien esté en una dependencia municipal pueda ser identificado”, ha argumentado: “Nadie puede entrar con un casco o con un pasamontañas”.

Desde la izquierda, Hacemos Córdoba ha pedido que Vox retirar los carteles que exhibían por “atentar contra derechos y libertades religiosas, estigmatizando y criminalizando a una minoría por su libertad religiosa”, en palabras de la edil Irene Ruiz. En su intervención, ha recordado que Badanelli “está investigada por declaraciones contra una identidad cultural y religiosa” al oponerse al rezo del Ramadán que se hizo en Las Setas.

“La enmienda del PP pactada con Vox nos parece un atropello para blanquear lo que realmente están acordando”. Y ha expuesto la defensa de los principios democráticos de la libertad religiosa y personal, “las instituciones públicas deben garantizar que las personas puedan expresarlas sin ser discriminadas”.

El PSOE ha criticado que Vox presentara una moción para “verter su odio hacia todo lo relacionado con el islam”. “A ustedes les mueve el odio y la xenofobia”, les ha dicho la concejala Alicia Moya. Han pedido al PP la retirada de la enmienda y que votara en contra de la de Vox, asegurando que los populares han “limpiado” el texto de las palabras burka y niqab, si bien eso no elimina la intención de la iniciativa presentada.

Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Córdoba -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, han aprobado conjuntamente reclamar al Gobierno de España que dote al Aeropuerto de la capital cordobesa de un servicio de control de pasaportes para posibles futuros vuelos internacionales.

El acuerdo firmado por todos los grupos políticos insta al Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, a activar los procedimientos correspondientes para la habilitación del servicio de control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba que permita su operatividad como frontera exterior del espacio Schengen.

Asimismo, la moción aprobada recoge que la habilitación de este control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba incluya los recursos materiales y humanos de Policía Nacional necesarios para su plena operatividad.

De todo ello se acuerda dar traslado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Ministerio del Interior, para que tengan conocimiento de la reclamación unánime del Ayuntamiento de Córdoba.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad con el apoyo de todos los grupos políticos -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, una propuesta para crear una pasarela peatonal que una los nuevos barrios de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el resto de la ciudad, pasando sobre la Ronda Oeste.

Con presencia e intervención en el Pleno de vecinos representantes de estos barrios y de las familias con alumnos que cada día deben pasar la Ronda para acudir a sus centros escolares, los grupos políticos han acordado un texto conjunto sobre este proyecto.

Así, se insta al gobierno municipal a la redacción y ejecución de la construcción de una pasarela peatonal que conecte estos barrios desde la calle Donante de Órganos con el barrio Figueroa.

Asimismo se insta a ejecutivo local a reconocer el plan de barrio elaborado por la asociación vecinal Aqua Vetus como documento de diagnóstico sobre estas nuevas zonas de Córdoba, de manera que ayude a dotar de los servicios necesarios a estas.

Junto a ello, los grupos políticos han acordado instar a las administraciones competentes y a empresas suministradoras a planificar el soterramiento de la línea de alta tensión y el canal del Guadalmellato por el barrio, además de elaborar acciones que fomente el comercio de barrio, itinerarios ciclistas seguros y un espacio de participación continuada con el Ayuntamiento.

Los vecinos habían convocado una nueva protesta para este fin de semana para reclamar esta pasarela peatonal que han suspendido al haberse tomado este acuerdo aprobado en el Pleno.

Siete acuerdos

Los acuerdos concretos que se han tomado en el Pleno son los siguientes:

-Instar al Gobierno Municipal a la redacción y ejecución, con carácter prioritario, de la construcción de una pasarela peatonal en la Glorieta Donantes de Órganos que la conecte con el Parque del Figueroa, que garantice el derecho a la movilidad segura, accesible y sostenible de los vecinos y vecinas de Turruñuelos y Huerta Santa Isabel.

-Instar al Gobierno Municipal a reconocer el I Plan de Barrio Aqua Vetus Poniente 2025-2035 elaborado por la Asociación Vecinal como documento de diagnóstico y planificación vecinal para los barrios de Camino de Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este y Huerta de Santa Isabel Oeste.

-Instar al Gobierno Municipal a estudiar e incorporar las propuestas recogidas en dicho plan dentro de la planificación municipal de inversiones, equipamientos y servicios públicos en el Distrito Poniente Norte.

-Instar a las administraciones competentes y empresas suministradoras a estudiar y planificar el soterramiento de líneas de alta tensión y del canal del Guadalmellato a su paso por el barrio.

-Impulsar medidas que favorezcan la implantación de comercio de proximidad y servicios de barrio, especialmente en los ejes previstos para actividad comercial.

-Mejorar las infraestructuras peatonales y ciclistas, garantizando itinerarios seguros, accesibles y conectados con los barrios colindantes.

-Establecer un espacio estable de participación y seguimiento entre el Ayuntamiento y los órganos de participación ciudadana para evaluar el cumplimiento de las medidas del Plan de Barrio.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba se ha llenado este jueves de las reivindicaciones de distintos colectivos, que han acudido al Consistorio y han estado presente en distintos momentos de la sesión plenaria, que hasta el momento ha discurrido con normalidad y sin alteraciones.

Así, han acudido con sus pancartas los gruistas que en estas jornadas llevan a cabo distintos días de huelga para que la patronal de la construcción acuerde un plus de dedicación y mejoras de sus condiciones laborales.

De otro lado, representantes sindicales de la Policía Local han exhibido una gran pancarta y han pedido al gobierno local renovar los uniformes, entre los que advierten que en junio caducan un centenar de chalecos antibalas, además de pedir el pago pendiente de horas extras.

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio también han acudido, como viene siendo habitual, para reivindicar ante el Pleno que se intervenga para que la empresa adjudicataria del servicio mejores las condiciones laborales de las empleadas.

Vecinos de la zona de Turruñuelos también han estado presentes para respaldar la petición de la construcción de una pasarela que conecte este nuevo barrio con la ciudad, sorteando la Ronda Oeste, para mayor seguridad de los peatones.

Junto a ellos, familiares de personas desaparecidas han acudido a la lectura y aprobación de una declaración institucional que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, con motivo del día de las personas desaparecidas sin causa aparente.

El Ayuntamiento se ha comprometido a apoyarles y a realizar acciones de sensibilización entre la población para que la búsqueda de sus familiares tenga respaldo de la ciudad, entre otras cuestiones.

Córdoba cuenta ya con una ordenanza municipal de convivencia ciudadana para regular distintas actividades en la vía pública, como despedidas de soltero o botellón y otras que inciden en el descanso de los vecinos, así como la protección del mobiliario urbano, incluyendo sanciones que van de los 750 a los 3.000 euros por incumplimientos de la norma.

La ordenanza ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local del PP y los del grupo de Vox, además de la abstención del PSOE y de Hacemos Córdoba. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que “entrará definitivamente en vigor” después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se iniciará con un período de acciones informativas por parte de la Policía Local, tras el cual se sancionará.

Así, la nueva norma, dependiente de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, culmina con esta aprobación definitiva su trámite administrativo y pretende dar respuesta a problemas creados sobre todo en el casco histórico con la presencia continua de congregaciones de personas en despedidas de soltero y otros grupos turísticos que acaban produciendo molestias a vecinos e incidiendo en el espacio público.

El objetivo general de la ordenanza pasa por p“reservar el espacio público como lugar de convivencia en el que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus actividades de encuentro, trabajo, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de otras personas”, tal y como recoge su título primero. El gobierno local defiende que esta nueva norma busca así preservar el espacio público de Córdoba como lugar de convivencia; garantizar a todos los ciudadanos el derecho de utilización de ese espacio público, y además, fomentar la sensibilización ciudadana como herramienta principal para erradicar esas conductas incívicas y antisociales.

Las sanciones más graves previstas serán para las actividades de ocio prohibidas en el espacio público como el consumo de alcohol entre menores y la celebración de botellones. Pero también contempla multas para el uso de petardos o caminar por la vía pública sin ropa, en ropa interior o con prendas que simulen genitales, en alusión a disfraces y vestimentas que a veces se usan en las despedidas de soltero.

Igualmente, contempla multas por daños y vandalismo contra el mobiliario urbano, incluidas paradas de autobuses, monumentos, daños a árboles o alumbrado público. Se establecen sanciones por orinar en la calle o utilizar las fuentes públicas para bañarse o lavar ropa.

Posiciones en el Pleno

Desde el equipo de gobierno, el delegado de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca, ha defendido el texto aprobado para regular y frenar distintas actividades que entran en colisión con el descanso de los vecinos, el decoro y el mantenimiento de espacios de la ciudad.

Desde la oposición, por el PSOE ha tomado la palabra el edil Joaquín Dobladez para argumentar la abstención de su grupo en que consideran que se trata de una ordenanza que “se queda muy corta” y que incluye aspectos “que tienen que ver más con el decoro”, aunque admite que sí hay aspectos que había que regular, si bien ha criticado que no introduzcan alegaciones propuestas por el grupo socialista.

Desde Hacemos Córdoba, que también se ha abstenido, su portavoz Juan Hidalgo ha afeado también que se apruebe normativa sobre “buenas costumbres” y ha señalado que ya existen varias ordenanzas para regular las actividades de convivencia en la vía pública.

Vox no ha tomado la palabra en este debate.

El 'No a la guerra' se ha colado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba. Los concejales del PSOE han exhibido carteles con este mensaje ante su bancada en la sesión plenaria de este jueves, reproduciendo el mensaje dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los ataques de EEUU e Israel a Irán. Al final de la sesión, también Hacemos Córdoba se ha sumado a ese mensaje, haciendo un ruego para que el Ayuntamiento exhiba una lona con el 'No a la guerra' en el edificio de Capitulares.

Antes, al inicio de la sesión, la portavoz de Voz, Paula Badanelli, ha solicitado al alcalde que ordenara la retirada de los carteles con el 'No a la guerra' argumentando que “no debe exhibirse nada que sea ideológico ni discriminatorio entre unos grupos y otros”. “Planteo que deben ser retirados por respeto a la institución y al Pleno”, ha dicho.

Ante ello, el alcalde, José María Bellido (PP), ha solicitado informe verbal en ese momento a la secretaria del Pleno, que ha constatado que el reglamento no incluye expresamente nada “ni a favor ni en contra de que se exhiban” pancartas o mensajes ideológicos, sino que solo se expresa que en el Salón de Plenos deben ondear las banderas oficiales. No obstante, la secretaria ha expresado su “opinión” que sería la de que para “mantener el respeto y el decoro, no debería ondear ninguna pancarta, banderola o elemento de cualquier tipo”. Sin embargo, ha recordado, el reglamento no lo prohíbe.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha expuesto que el 'No a la guerra' “es un sentimiento que manifestamos y que no atenta contra nadie”, por lo que ha querido mantener esa expresión con los carteles y “hacerla visible en el Pleno” porque “no hay nada que lo prohíba”.

Atendiendo a todo ello, el alcalde ha señalado que, efectivamente, al no haber prohibición, no podía ordenar la retirada de los carteles, si bien si lo ha solicitado y, al no hacerse, ha pedido que en la Junta de Portavoces se aborde asuntos como este entre todos los partidos políticos para regular estas situaciones.

Vox contra el burka

Tras esta situación, el grupo de Vox ha exhibido ante sus puestos en el Pleno carteles relacionados con la moción que presenta este grupo en la sesión y que quiere prohibir que se entre a espacios municipales con burka, nikab o prendas que oculten el rostro.

“No es religión, no es ideología, es seguridad, derechos y sentido común”, reza el cartel de Vox, ante imágenes de un encapuchado y una mujer con burka: “Si así no, así tampoco”, compara.