El grupo municipal Hacemos Córdoba exigirá al equipo de gobierno en el próximo Pleno del Ayuntamiento que adopte “medidas concretas y eficaces” para garantizar el apoyo real a las personas propietarias de patios participantes en el Concurso, evitando así situaciones como la reciente renuncia del “histórico” patio de la calle Maese Luis 22.

La coalición de izquierdas llevará esta cuestión al debate plenario tras la decisión de Luisa García, responsable de este “emblemático” patio, de abandonar el Concurso después de 27 años de participación ininterrumpida.

Desde Hacemos Córdoba señalan que este caso “no es aislado”, sino que refleja la situación que atraviesan muchas personas que sostienen, con “esfuerzo personal y económico”, una de las principales señas de identidad de Córdoba. “Los patios no son únicamente un atractivo turístico, sino una ‘expresión viva de convivencia vecinal, cuidado colectivo y transmisión cultural intergeneracional’”, subrayan.

En este sentido, recuerdan que la Fiesta de los Patios de Córdoba fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco precisamente por ese “carácter comunitario”. Sin embargo, advierten de que esa esencia “está en riesgo” si no se garantiza un “respaldo institucional suficiente”.

Hacemos Córdoba alerta de que la pérdida de referentes históricos dentro del Concurso supone no solo un “golpe emocional” para la ciudad, sino también un “deterioro progresivo del modelo tradicional” que ha sido reconocido internacionalmente.

Asimismo, el grupo municipal vincula esta situación con las denuncias que ya realizó hace semanas sobre el modelo que está impulsando el gobierno del PP. Entonces, advirtieron de que se está “desvirtuando la esencia del Festival de los Patios”, dando cada vez más protagonismo a “otros modelos de patios alejados del tradicional”, como los patios conventuales, “donde no existe esa implicación vecinal ni ese cuidado cotidiano que define a los patios particulares”, y priorizando “la cantidad y la explotación turística” frente al “papel central de los patios familiares y tradicionales”.

En esa línea, insisten en que el Ayuntamiento continúa destinando “recursos insuficientes” y carece de “medidas de apoyo reales” para garantizar la continuidad de estos espacios, lo que está generando un “creciente malestar” entre quienes los mantienen durante todo el año.

Por todo ello, Hacemos Córdoba reclamará un “cambio urgente” en la política municipal, con “más recursos”, “apoyo efectivo a los patios tradicionales” y un “compromiso firme” para proteger el “patrimonio vivo” de la ciudad, evitando que se siga “debilitando el modelo” que ha dado sentido y reconocimiento internacional a la Fiesta de los Patios.

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado de forma definitiva el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) con los únicos votos a favor del Partido Popular, en un Pleno extraordinario celebrado este martes marcado por un fuerte enfrentamiento político. La oposición en bloque —Vox, PSOE y Hacemos Córdoba— rechazó el documento y acusó al equipo de gobierno de utilizar fondos públicos para beneficiar a empresas privadas afines (concretamente, los responsables de los festivales Córdoba Live y Califa Fest), llegando a hablar de “amiguetes”, “trato de favor” e incluso “indecencia”.

El plan, que el equipo de Gobierno defiende como un instrumento previo necesario para poder convocar ayudas públicas en materia cultural, incluye una línea de subvenciones para festivales y grandes eventos que ha centrado la polémica. Según denunciaron los grupos de la oposición, en ella se encuadrarían ayudas por valor de hasta 1,2 millones de euros —600.000 euros para cada uno— destinadas a dos festivales ya celebrados el pasado año, una circunstancia que consideran una muestra de planificación “a posteriori” para cubrir compromisos adquiridos previamente.

La concejala de Cultura y presidenta del IMAE, Isabel Albás, defendió el documento insistiendo en su carácter técnico y programático. “Es una herramienta de planificación que no comporta por sí misma ni la concesión de subvenciones ni la aprobación del gasto”, subrayó, tratando de despejar las críticas sobre un supuesto reparto directo de fondos. En este sentido, explicó que cualquier ayuda deberá materializarse posteriormente mediante convocatorias públicas con sus correspondientes bases reguladoras.

Albás defiende que existe “interés público”

Albás también justificó la desestimación de las cuatro alegaciones presentadas por el PSOE. Entre otros aspectos, argumentó que las ayudas a festivales culturales se acogen a la normativa europea sobre apoyo a la cultura —en concreto al reglamento 651/2014—, por lo que quedan fuera del régimen de mínimos. Asimismo, defendió que la legislación permite subvencionar actividades promovidas por empresas privadas si existe un interés público, y recalcó que no es obligatorio vincular estas ayudas a una reducción del precio de las entradas.

En relación con las críticas sobre la falta de control, la edil aseguró que el plan sí incorpora indicadores de evaluación como el número de asistentes, el impacto económico, la repercusión mediática o la participación de artistas locales. “Es imprescindible contar con este plan para poder convocar subvenciones con garantías”, insistió.

Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la oposición. Desde Vox, Paula Badanelli ha denunciado una “falta de respeto al dinero público” y se acusó al gobierno municipal de “despilfarrar” recursos en beneficio de intereses particulares. Su portavoz llegó a afirmar que el plan no es una herramienta de planificación, sino “la forma de tapar sus vergüenzas”, y cuestionó tanto la gestión del IMAE como la supuesta utilización de recursos públicos en espacios VIP de eventos.

Por su parte, Hacemos Córdoba aseguró que el documento responde a una estrategia de “cultura de escaparate” basada en grandes eventos privados financiados con dinero público. Su portavoz, Iván Fernández, sostuvo que los 1,2 millones previstos “ya tienen nombre y apellidos” y criticó que estas ayudas no repercuten en una mejora real de la programación cultural ni en el empleo de calidad, además de denunciar que suponen competencia directa a iniciativas municipales como el Festival de la Guitarra.

Especialmente duro fue el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que ha calificado el expediente como el “de la urgencia, la indecencia y la inmoralidad”. Los socialistas acusaron directamente al gobierno de querer “meter en el bolsillo de sus amiguetes” 1,2 millones de euros y compararon esa cantidad con el presupuesto anual destinado a emergencia social en la ciudad. También cuestionaron el interés público de los eventos subvencionados, al tratarse de actividades con entradas de pago que, a su juicio, no son accesibles para la mayoría de la ciudadanía.

“Quien no tenga dinero para pagar la entrada, se come un mojón”, ha dicho Hurtado, quien, de hecho, ha criticado la ausencia de contraprestaciones al “regalo” del dinero público, como la bajada de precios: “Esto es tirar el dinero por tirar el dinero”. Hurtado ya les ha advertido de que el PSOE va a seguir recurriendo el expediente, que incluye unas ayudas que ya han motivado dos informes de Intervención en contra.

En su turno de réplica, Albás trató de contrarrestar las críticas apoyándose en datos del Instituto Nacional de Estadística. Según expuso, la celebración de grandes eventos musicales ha contribuido a aumentar el número de visitantes y pernoctaciones en la ciudad. En concreto, cifró en un 5,59% el incremento total de turistas en junio y destacó subidas del 29,58% en visitantes nacionales durante el mes de julio, así como un aumento en las pernoctaciones.

La responsable de Cultura defendió también el impacto económico indirecto de estos festivales, señalando que generan empleo —con alrededor de 400 trabajadores contratados el pasado año— y dinamizan sectores como el comercio o el transporte. “Los datos matan el relato”, afirmó, reivindicando la apuesta del gobierno municipal por este modelo de grandes eventos como motor cultural y económico.

El Pleno Extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento ha estado marcado por las críticas de los grupos de la oposición, especialmente PSOE y Hacemos Córdoba, que han cuestionado la falta de explicaciones sobre el carácter urgente de la convocatoria, cuando la próxima semana se celebra la sesión ordinaria mensual.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha denunciado que su grupo desconoce los motivos que han llevado a convocar esta sesión extraordinaria apenas unos días antes del Pleno Ordinario previsto para la próxima semana. “No sabemos por qué tenemos este Pleno extraordinario y nadie nos lo ha explicado”, ha afirmado, subrayando además que no se ha celebrado Junta de Portavoces previa.

Hurtado ha insistido en que ninguno de los seis puntos incluidos en el orden del día ha sido justificado como urgente, pese al coste de dinero público que supone la celebración de un pleno de estas características. “Tenemos derecho a saber qué punto es tan urgente que no puede esperar una semana”, ha señalado, calificando la situación como “una falta de respeto” tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía.

Durante su intervención, también ha cargado contra la gestión económica del equipo de gobierno, acusándolo de recurrir de forma habitual al levantamiento de reparos de la Intervención municipal. En este sentido, ha defendido el criterio técnico de este órgano y ha advertido sobre partidas como la destinada a eventos como Córdoba Live o Califa Fest, que, según ha señalado, seguirán generando problemas administrativos.

En la misma línea, la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha criticado lo que considera una práctica reiterada del gobierno local: modificar los presupuestos por “falta de planificación” y conceder subvenciones directas pese a informes contrarios de Intervención. “La gestión del PP es reiteradamente deficiente y lo dicen todos los informes”, ha afirmado, cuestionando además el uso “a conveniencia” del argumento de la seguridad jurídica.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha mostrado el rechazo de su grupo a la política de subvenciones, al considerar que no garantizan un uso adecuado del dinero público ni un seguimiento de su impacto real.

Frente a estas críticas, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido la legalidad y necesidad de las modificaciones presupuestarias, recordando que el presupuesto es una previsión que debe adaptarse a las circunstancias. “No hacerlo sería lo irresponsable”, ha asegurado, planteando el debate entre una administración “rápida” o “rígida”.

Torrent también ha reprochado a la oposición su postura, afirmando que las explicaciones sobre la convocatoria ya se ofrecieron en comisión y que todos los puntos abordados son relevantes. “No son actos improvisados, son gastos reglados”, ha defendido, aunque sin concretar por qué no podían haberse incluido en el próximo Pleno Ordinario.

Pese a la controversia, la mayoría absoluta del PP le ha permitido aprobar los seis puntos previstos en el orden del día: la resolución de discrepancia en el expediente de abono de diferencias salariales por funciones de superior categoría del S.P.E.I.S.; un suplemento de crédito para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y el convenio con Cruz Roja Española; un crédito extraordinario para la transferencia de capital a Aucorsa destinada a la adquisición de once autobuses; un suplemento de crédito para la prórroga del contrato de servicios de evolución, mantenimiento y soporte avanzado del parque de aplicaciones del Ayuntamiento de Córdoba; otro suplemento de crédito para la ejecución de inversiones en obras de accesibilidad; y la aprobación definitiva de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del IMAE.

La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido este martes en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, generando un intenso debate político y social en torno a un conflicto laboral que ya está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha confirmado durante su intervención que ya mantuvo un encuentro previo con representantes del colectivo y que tiene prevista una nueva reunión a las 12:45 horas con la patronal del sector de la construcción. Este anuncio ha sido recibido con aplausos por parte de los gruistas presentes en el salón de plenos.

Desde la oposición, el concejal socialista Antonio Hurtado ha instado al alcalde a implicarse de manera más directa en la resolución del conflicto, subrayando el impacto que la huelga está teniendo en la paralización de promociones de vivienda. “Esto afecta a muchas obras que están paradas”, ha señalado, al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha rechazado cualquier tipo de presión o amenaza hacia los trabajadores.

Hurtado ha abogado por una negociación prolongada si es necesario, en la que ambas partes cedan para alcanzar un acuerdo. “Estas familias están sufriendo porque no les llega el sueldo a sus casas, y también los propios empresarios”, ha añadido, en una intervención que también ha sido respaldada con aplausos por los gruístas asistentes.

El edil ha ido más allá al pedir al alcalde que, de forma inmediata tras la finalización del pleno, se siente a dialogar con los trabajadores. “Con nuestro apoyo va a contar y, seguro, con el del resto de los representantes de Córdoba”, ha afirmado.

En la misma línea, Irene Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba, ha aprovechado su turno de palabra para solicitar al regidor que actúe como mediador en este conflicto laboral, tal y como ha hecho en otras situaciones similares. Su intervención también ha sido recibida con el respaldo del colectivo presente.

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria y con el voto a favor de PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox, el proyecto de Presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2026, unas cuentas que aumentan 50 millones de euros (un 14,92%) con respecto al año pasado, alcanzando los 385,4 millones de euros. Además, al incluir a las empresas y organismos provinciales, el consolidado se sitúa en 522,9 millones, un 21,31% más que en 2025.

Durante su intervención en el Pleno, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha resaltado que se trata de un “presupuesto histórico en las cifras”, ha detallado que en el capítulo de Ingresos se registra “una subida del 14,92%”, misma cifra que en el total de gastos, mientras que “el Gasto Corriente sube un 12,22%”, lo que “refleja que la maquinaria está funcionando y se está gestionando bien”.

Igualmente, Salvador Fuentes ha resaltado que en el Presupuesto de 2026 las inversiones reales alcanzan casi los 60 millones de euros, pues se pasa de los 42,7 millones de euros del pasado año 2025 a los 59,8 millones en el presente ejercicio, lo que supone un aumento de cerca de 17 millones y una subida del 39,9%.

El presidente también ha destacado la vocación social de las cuentas, que destinan “120 millones para la cuestión social”, suponiendo un incremento del 28,43%, es decir, 26,6 millones de euros más. Se encuadran en materia social todas las políticas del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y los programas para mayores, dependencia y ayudas familiares, entre otras.

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha anunciado que se abstendrá en el próximo Pleno de presupuestos tras lograr incorporar un total de 25 millones de euros, entre presupuesto y remanentes, destinados a los municipios de la provincia, lo que supone un incremento de 8 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Con su abstención, el gobierno del PP podrá aprobar los presupuestos que ha elaborado para este año.

La portavoz del grupo provincial, Irene Ruiz, ha explicado que esta decisión es fruto de “un intenso trabajo, un trabajo de hormiguita, un trabajo siempre pensando y poniendo en primer lugar las necesidades del territorio, las necesidades de los municipios, las necesidades al fin y al cabo, de los vecinos y de las vecinas”. Ruiz ha señalado que Izquierda Unida ha situado como eje central de su negociación “el refuerzo del municipalismo, priorizando que los ayuntamientos cuenten con recursos suficientes para atender tanto sus necesidades ordinarias como las extraordinarias derivadas de los daños provocados por las borrascas”.

“Vamos a adelantar que en el próximo Pleno nos vamos a abstener en los presupuestos”, ha indicado, subrayando que esta posición responde a la voluntad de ser una fuerza política útil: “Izquierda Unida es un espacio político y social que está y estará siempre al servicio de las personas y del territorio, al servicio del municipalismo, que es al fin y al cabo lo que permite mejorar la vida de las personas”.

El acuerdo alcanzado permitirá que los municipios dispongan de 25 millones de euros para desarrollar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía. “Un acuerdo en el que vamos a llevar a los municipios 25 millones de euros para que puedan tener autonomía y capacidad de gestión”, ha destacado Ruiz, recordando que en 2025 esta cifra fue de 17 millones.

Asimismo, Izquierda Unida ha logrado incorporar medidas para fortalecer las empresas públicas que prestan servicios esenciales como el agua y la recogida de residuos, Emproacsa y Epremasa, así como reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos, dotándolo de más recursos “para mejorar tanto sus condiciones laborales como su capacidad operativa”. En materia de Memoria Democrática, el acuerdo incluye partidas destinadas a continuar con las exhumaciones, apoyar el trabajo de la Cátedra de la Universidad de Córdoba y respaldar a los colectivos memorialistas de la provincia.

Ruiz ha reconocido que su formación “no comparte” gran parte del presupuesto, pero ha defendido la abstención como una decisión “responsable” desde la oposición: “No estamos de acuerdo con muchas cosas de las que irán en ese presupuesto, pero desde la oposición tenemos que ser lo más útiles posible para dar las respuestas que los vecinos y las vecinas necesitan”.

En este sentido, ha puesto en valor la “altura de miras” de Izquierda Unida, que ha priorizado las “necesidades de los municipios y de la ciudadanía frente a posiciones de bloqueo, como la del PP en otras administraciones, apostando por el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar la vida de las personas”. Finalmente, la portavoz ha señalado que el próximo Pleno evidenciará la “capacidad política” para alcanzar acuerdos útiles: Izquierda Unida “es el espacio responsable, útil, que da respuesta y es garantía para la vida de las personas”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha estrenado este jueves en su sesión ordinaria del mes de marzo un nuevo sistema digital que permite controlar los micrófonos y cortarlos cuando alguien se excede en el tiempo de uso de la palabra, así como recontar las votaciones que se llevan a cabo en la sesión.

Y el resultado en su estreno ha estado protagonizado por el equilibrio de los intervinientes en ajustarse al tiempo autorizado para hablar, pero también por el corte de micrófono automático que han sufrido algunos concejales y también personas de distintos colectivos que han tomado la palabra en el Pleno.

Los micrófonos se apagan una vez transcurrido el tiempo que tiene cada interviniente para hablar y eso le ha ocurrido, en primer lugar, a representantes vecinales cuando se debatía sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la Ronda Oeste que una con la ciudad los barrios de Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel.

Pero también ha ocurrido cuando el fragor del debate ha hecho que los concejales no atendieran al tiempo y este se superara. Les ha ocurrido, por ejemplo, a las ediles de Hacemos Córdoba Irene Ruiz y del PSOE Alicia Moya, en el debate sobre la moción para regular el uso de prendas que cubren el rostro como el burka y el niqab en el acceso a edificios municipales. En ese momento, la primera ha optado por seguir hablando para que le escucharan el resto de concejales, pero no la audiencia a través del micrófono ni que quede reflejado en acta, mientras que la segunda ha concluido su intervención sin más.

También el alcalde, José María Bellido, ha hecho uso del botón que en su puesto de presidencia del Pleno le posibilita apagar el resto de micrófonos para hablar él. Lo ha utilizado cuando había varios concejales hablando, para llamar a “no entrar en debates cruzados”.

Funcionalidades del nuevo sistema

El nuevo sistema proporciona cuatro funciones principales para facilitar el progreso de las conferencias. De un lado, tiene funcionalidades completas para la gestión del sonido, incluyendo las aportaciones de palabra de los concejales, el presidente y otros participantes, así como la amplificación y transmisión del discurso a todos los participantes, bajo el control del presidente de la conferencia y/o del operador del sistema.

También tiene una funcionalidad multimedia completa para cada participante individual de la Mesa de Presidencia: acceso a internet, recuperación de documentos, presentación y streamings de vídeo. Además, hay funciones para el control de cámaras HD., con las salidas de las cámaras a los dispositivos de conferencia multimedia, dispositivos de interpretación, pantallas de sala o monitores.

Control de micrófonos

El sistema de conferencias permite controlar los micrófonos de los participantes: será posible el control automático o el control manual por parte del presidente y/o del operador del sistema. Asimismo, registra la petición de palabra de un participante y manejar automáticamente la lista de espera por medio de un procedimiento de cola. Los participantes que hablen y los participantes en la lista de espera se muestran en pantallas táctiles personales, monitores y en una pantalla de sala.

Para la gestión del debate en el Pleno, el sistema tiene encendido y apagado de los micrófonos del sistema de conferencias, tanto de forma manual como automática y temporizada. Y regula el número de micrófonos activos simultáneamente y cuánto tiempo se le permite a un participante intervenir.

Botón para silenciar al resto

La unidad o puesto de presidencia (que ocupa el alcalde) dispone de funcionalidades y privilegios especiales para la moderación del debate y la gestión de la sesión. El dispositivo incluye un botón de prioridad que, al ser accionado, silencia temporalmente el resto de micrófonos de los participantes para permitir la intervención prioritaria del presidente.

Asimismo, puede gestionar la lista de peticiones de palabra, dar y quitar el turno, y supervisar los tiempos de intervención. El sistema permite controlar la asistencia y revisar las votaciones.

Junto a ello, el sistema identifica y muestra los participantes al presidente o al operador del sistema por su nombre o identificación de asiento. También permite, entre otras funciones, configurar y controlar un sistema de conmutación de cámara para mostrar a los participantes hablando. Y sirve para facilitar la votación en el Pleno: durante una sesión de votación, los participantes con derecho a voto pueden usar el dispositivo de conferencias para votar, pudiendo seleccionar idiomas en el caso de que sea necesario.

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y el grupo de Vox han aprobado una moción para “regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro (niqab, burka u otras prendas equivalentes)”, según señala el encabezamiento de la moción conjunta de ambos grupos.

Inicialmente, Vox había presentado una moción al respecto, si bien el PP ha acordado un texto conjunto de enmienda donde no aparecen en el escrito las palabras burka o niqab, pero sí se exponen en el encabezamiento como ejemplos de las prendas cuyo uso quieren regular en instalaciones municipales. El PP ha argumentado esta moción conjunta en la seguridad para el acceso a edificios municipales. El PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra de la propuesta.

Entre los acuerdos adoptados se insta al gobierno municipal a regular “el uso de prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en dependencias y espacios municipales o de acceso público, cuando ello impida o dificulte la identificación de la persona, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales”.

Asimismo, señala que la regulación será aplicable en las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o abiertos al público, incluyendo en particular: las dependencias administrativas municipales; los centros y servicios públicos de carácter educativo, social, cultural o asistencial gestionados por el Ayuntamiento; cualesquiera otros espacios de titularidad municipal abiertos al público.

También acuerda establecer la prohibición de acceso o permanencia en los espacios descritos en el acuerdo anterior utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas.

Excepciones

Y se exceptúa de lo dispuesto en el acuerdo anterior los supuestos en los que la ocultación del rostro sea necesaria por razones médicas, sanitarias o higiénicas de conformidad con las recomendaciones o prescripciones de las autoridades competentes; responda a exigencias laborales, profesionales o de protección individual debidamente justificadas; se produzca de forma temporal en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas; venga motivada por condiciones meteorológicas adversas; esté expresamente prevista por una norma con rango de ley.

Los acuerdos de PP y Vox también prevén encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración de las normas internas necesarias para la correcta aplicación de esta regulación en las dependencias municipales, garantizando su proporcionalidad, publicidad y respeto a los derechos fundamentales así como un informe que determine cuáles medidas son necesarias para garantizar la seguridad en los espacios municipales. E insta al gobierno municipal a disponer la adecuada información al público mediante señalización en los accesos a las dependencias municipales y a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Debate en el Pleno: islamofobia y seguridad

Antes de la intervención de los grupos políticos en el Pleno, ha tomado la palabra la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, que ha criticado la presentación de esta propuesta inicialmente por Vox y que el PP haya acordado una moción conjunta al respecto. “Han decidido refundirlo en un blanqueo que no comprendemos, es un trampantojo. El PP se podía haber abstenido como en Murcia, pero han decidido ir conjuntamente con Vox”.

Romero ha expuesto que el burka y el niqab tienen un uso minoritario en nuestro país y ha cuestionado “por qué se están promoviendo mociones de este tipo en las instituciones (...) Quizás quieren señalar a una parte de población como sospechosa. Eso es islamofobia y su uso político fomenta el odio y la discriminación”.

“Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”

Por parte de Vox, que ha exhibido en el Pleno carteles en contra del uso del burka, la portavoz, Paula Badanelli, ha argumentado su posición en el ámbito de “la seguridad y la igualdad. Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”, ha preguntado. Y ha reiterado en que esta medida “va de garantizar la seguridad y de que se nos trate todo por igual. No va de religión, no va de ideología”.

Desde el PP, el delegado de Seguridad ha señalado que la oposición “está desenfocando el objeto de la moción”, asegurando que se trata de la regulación de los espacios de todos. “Aquí no se ha venido a hablar de ningún tipo de señalización religiosa”, ha dicho, si bien en una segunda intervención ha afirmado que “los espacios públicos no pueden ser segregadores por ninguna religión”.

“Nadie puede entrar en una dependencia pública con la cara oculta” -ha seguido Coca- y ha afeado a la izquierda que es “anacrónico lo que ustedes defienden”. “Solo es que quien esté en una dependencia municipal pueda ser identificado”, ha argumentado: “Nadie puede entrar con un casco o con un pasamontañas”.

Desde la izquierda, Hacemos Córdoba ha pedido que Vox retirar los carteles que exhibían por “atentar contra derechos y libertades religiosas, estigmatizando y criminalizando a una minoría por su libertad religiosa”, en palabras de la edil Irene Ruiz. En su intervención, ha recordado que Badanelli “está investigada por declaraciones contra una identidad cultural y religiosa” al oponerse al rezo del Ramadán que se hizo en Las Setas.

“La enmienda del PP pactada con Vox nos parece un atropello para blanquear lo que realmente están acordando”. Y ha expuesto la defensa de los principios democráticos de la libertad religiosa y personal, “las instituciones públicas deben garantizar que las personas puedan expresarlas sin ser discriminadas”.

El PSOE ha criticado que Vox presentara una moción para “verter su odio hacia todo lo relacionado con el islam”. “A ustedes les mueve el odio y la xenofobia”, les ha dicho la concejala Alicia Moya. Han pedido al PP la retirada de la enmienda y que votara en contra de la de Vox, asegurando que los populares han “limpiado” el texto de las palabras burka y niqab, si bien eso no elimina la intención de la iniciativa presentada.

Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Córdoba -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, han aprobado conjuntamente reclamar al Gobierno de España que dote al Aeropuerto de la capital cordobesa de un servicio de control de pasaportes para posibles futuros vuelos internacionales.

El acuerdo firmado por todos los grupos políticos insta al Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, a activar los procedimientos correspondientes para la habilitación del servicio de control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba que permita su operatividad como frontera exterior del espacio Schengen.

Asimismo, la moción aprobada recoge que la habilitación de este control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba incluya los recursos materiales y humanos de Policía Nacional necesarios para su plena operatividad.

De todo ello se acuerda dar traslado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Ministerio del Interior, para que tengan conocimiento de la reclamación unánime del Ayuntamiento de Córdoba.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad con el apoyo de todos los grupos políticos -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, una propuesta para crear una pasarela peatonal que una los nuevos barrios de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el resto de la ciudad, pasando sobre la Ronda Oeste.

Con presencia e intervención en el Pleno de vecinos representantes de estos barrios y de las familias con alumnos que cada día deben pasar la Ronda para acudir a sus centros escolares, los grupos políticos han acordado un texto conjunto sobre este proyecto.

Así, se insta al gobierno municipal a la redacción y ejecución de la construcción de una pasarela peatonal que conecte estos barrios desde la calle Donante de Órganos con el barrio Figueroa.

Asimismo se insta a ejecutivo local a reconocer el plan de barrio elaborado por la asociación vecinal Aqua Vetus como documento de diagnóstico sobre estas nuevas zonas de Córdoba, de manera que ayude a dotar de los servicios necesarios a estas.

Junto a ello, los grupos políticos han acordado instar a las administraciones competentes y a empresas suministradoras a planificar el soterramiento de la línea de alta tensión y el canal del Guadalmellato por el barrio, además de elaborar acciones que fomente el comercio de barrio, itinerarios ciclistas seguros y un espacio de participación continuada con el Ayuntamiento.

Los vecinos habían convocado una nueva protesta para este fin de semana para reclamar esta pasarela peatonal que han suspendido al haberse tomado este acuerdo aprobado en el Pleno.

Siete acuerdos

Los acuerdos concretos que se han tomado en el Pleno son los siguientes:

-Instar al Gobierno Municipal a la redacción y ejecución, con carácter prioritario, de la construcción de una pasarela peatonal en la Glorieta Donantes de Órganos que la conecte con el Parque del Figueroa, que garantice el derecho a la movilidad segura, accesible y sostenible de los vecinos y vecinas de Turruñuelos y Huerta Santa Isabel.

-Instar al Gobierno Municipal a reconocer el I Plan de Barrio Aqua Vetus Poniente 2025-2035 elaborado por la Asociación Vecinal como documento de diagnóstico y planificación vecinal para los barrios de Camino de Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este y Huerta de Santa Isabel Oeste.

-Instar al Gobierno Municipal a estudiar e incorporar las propuestas recogidas en dicho plan dentro de la planificación municipal de inversiones, equipamientos y servicios públicos en el Distrito Poniente Norte.

-Instar a las administraciones competentes y empresas suministradoras a estudiar y planificar el soterramiento de líneas de alta tensión y del canal del Guadalmellato a su paso por el barrio.

-Impulsar medidas que favorezcan la implantación de comercio de proximidad y servicios de barrio, especialmente en los ejes previstos para actividad comercial.

-Mejorar las infraestructuras peatonales y ciclistas, garantizando itinerarios seguros, accesibles y conectados con los barrios colindantes.

-Establecer un espacio estable de participación y seguimiento entre el Ayuntamiento y los órganos de participación ciudadana para evaluar el cumplimiento de las medidas del Plan de Barrio.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba se ha llenado este jueves de las reivindicaciones de distintos colectivos, que han acudido al Consistorio y han estado presente en distintos momentos de la sesión plenaria, que hasta el momento ha discurrido con normalidad y sin alteraciones.

Así, han acudido con sus pancartas los gruistas que en estas jornadas llevan a cabo distintos días de huelga para que la patronal de la construcción acuerde un plus de dedicación y mejoras de sus condiciones laborales.

De otro lado, representantes sindicales de la Policía Local han exhibido una gran pancarta y han pedido al gobierno local renovar los uniformes, entre los que advierten que en junio caducan un centenar de chalecos antibalas, además de pedir el pago pendiente de horas extras.

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio también han acudido, como viene siendo habitual, para reivindicar ante el Pleno que se intervenga para que la empresa adjudicataria del servicio mejores las condiciones laborales de las empleadas.

Vecinos de la zona de Turruñuelos también han estado presentes para respaldar la petición de la construcción de una pasarela que conecte este nuevo barrio con la ciudad, sorteando la Ronda Oeste, para mayor seguridad de los peatones.

Junto a ellos, familiares de personas desaparecidas han acudido a la lectura y aprobación de una declaración institucional que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, con motivo del día de las personas desaparecidas sin causa aparente.

El Ayuntamiento se ha comprometido a apoyarles y a realizar acciones de sensibilización entre la población para que la búsqueda de sus familiares tenga respaldo de la ciudad, entre otras cuestiones.

Córdoba cuenta ya con una ordenanza municipal de convivencia ciudadana para regular distintas actividades en la vía pública, como despedidas de soltero o botellón y otras que inciden en el descanso de los vecinos, así como la protección del mobiliario urbano, incluyendo sanciones que van de los 750 a los 3.000 euros por incumplimientos de la norma.

La ordenanza ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local del PP y los del grupo de Vox, además de la abstención del PSOE y de Hacemos Córdoba. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que “entrará definitivamente en vigor” después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se iniciará con un período de acciones informativas por parte de la Policía Local, tras el cual se sancionará.

Así, la nueva norma, dependiente de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, culmina con esta aprobación definitiva su trámite administrativo y pretende dar respuesta a problemas creados sobre todo en el casco histórico con la presencia continua de congregaciones de personas en despedidas de soltero y otros grupos turísticos que acaban produciendo molestias a vecinos e incidiendo en el espacio público.

El objetivo general de la ordenanza pasa por p“reservar el espacio público como lugar de convivencia en el que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus actividades de encuentro, trabajo, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de otras personas”, tal y como recoge su título primero. El gobierno local defiende que esta nueva norma busca así preservar el espacio público de Córdoba como lugar de convivencia; garantizar a todos los ciudadanos el derecho de utilización de ese espacio público, y además, fomentar la sensibilización ciudadana como herramienta principal para erradicar esas conductas incívicas y antisociales.

Las sanciones más graves previstas serán para las actividades de ocio prohibidas en el espacio público como el consumo de alcohol entre menores y la celebración de botellones. Pero también contempla multas para el uso de petardos o caminar por la vía pública sin ropa, en ropa interior o con prendas que simulen genitales, en alusión a disfraces y vestimentas que a veces se usan en las despedidas de soltero.

Igualmente, contempla multas por daños y vandalismo contra el mobiliario urbano, incluidas paradas de autobuses, monumentos, daños a árboles o alumbrado público. Se establecen sanciones por orinar en la calle o utilizar las fuentes públicas para bañarse o lavar ropa.

Posiciones en el Pleno

Desde el equipo de gobierno, el delegado de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca, ha defendido el texto aprobado para regular y frenar distintas actividades que entran en colisión con el descanso de los vecinos, el decoro y el mantenimiento de espacios de la ciudad.

Desde la oposición, por el PSOE ha tomado la palabra el edil Joaquín Dobladez para argumentar la abstención de su grupo en que consideran que se trata de una ordenanza que “se queda muy corta” y que incluye aspectos “que tienen que ver más con el decoro”, aunque admite que sí hay aspectos que había que regular, si bien ha criticado que no introduzcan alegaciones propuestas por el grupo socialista.

Desde Hacemos Córdoba, que también se ha abstenido, su portavoz Juan Hidalgo ha afeado también que se apruebe normativa sobre “buenas costumbres” y ha señalado que ya existen varias ordenanzas para regular las actividades de convivencia en la vía pública.

Vox no ha tomado la palabra en este debate.

El 'No a la guerra' se ha colado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba. Los concejales del PSOE han exhibido carteles con este mensaje ante su bancada en la sesión plenaria de este jueves, reproduciendo el mensaje dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los ataques de EEUU e Israel a Irán. Al final de la sesión, también Hacemos Córdoba se ha sumado a ese mensaje, haciendo un ruego para que el Ayuntamiento exhiba una lona con el 'No a la guerra' en el edificio de Capitulares.

Antes, al inicio de la sesión, la portavoz de Voz, Paula Badanelli, ha solicitado al alcalde que ordenara la retirada de los carteles con el 'No a la guerra' argumentando que “no debe exhibirse nada que sea ideológico ni discriminatorio entre unos grupos y otros”. “Planteo que deben ser retirados por respeto a la institución y al Pleno”, ha dicho.

Ante ello, el alcalde, José María Bellido (PP), ha solicitado informe verbal en ese momento a la secretaria del Pleno, que ha constatado que el reglamento no incluye expresamente nada “ni a favor ni en contra de que se exhiban” pancartas o mensajes ideológicos, sino que solo se expresa que en el Salón de Plenos deben ondear las banderas oficiales. No obstante, la secretaria ha expresado su “opinión” que sería la de que para “mantener el respeto y el decoro, no debería ondear ninguna pancarta, banderola o elemento de cualquier tipo”. Sin embargo, ha recordado, el reglamento no lo prohíbe.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha expuesto que el 'No a la guerra' “es un sentimiento que manifestamos y que no atenta contra nadie”, por lo que ha querido mantener esa expresión con los carteles y “hacerla visible en el Pleno” porque “no hay nada que lo prohíba”.

Atendiendo a todo ello, el alcalde ha señalado que, efectivamente, al no haber prohibición, no podía ordenar la retirada de los carteles, si bien si lo ha solicitado y, al no hacerse, ha pedido que en la Junta de Portavoces se aborde asuntos como este entre todos los partidos políticos para regular estas situaciones.

Vox contra el burka

Tras esta situación, el grupo de Vox ha exhibido ante sus puestos en el Pleno carteles relacionados con la moción que presenta este grupo en la sesión y que quiere prohibir que se entre a espacios municipales con burka, nikab o prendas que oculten el rostro.

“No es religión, no es ideología, es seguridad, derechos y sentido común”, reza el cartel de Vox, ante imágenes de un encapuchado y una mujer con burka: “Si así no, así tampoco”, compara.

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto estrenar en el Pleno de este jueves 12 de marzo el nuevo sistema digital instalado que permitirá controlar los micrófonos y cortarlos cuando alguien se exceda en el tiempo de uso de la palabra, así como recontar las votaciones que se lleven a cabo en la sesión.

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado esta novedad tras la reunión de la Junta de Portavoces que aborda los asuntos del próximo Pleno. Torrico ha señalado que se trata de “implementar ya el control automático de tiempos, como se hace en el Parlamento o el Congreso, de tal forma que cuando acaben los tiempos estipulados, el micrófono se va a cortar automáticamente”. Así, el alcalde desde su puesto de presidencia del Pleno, “no tendrá que requerir a nadie cuando haya excedido su tiempo”.

El nuevo sistema, según figuraba en el contrato del mismo, proporcionará cuatro funciones principales para facilitar el progreso de las conferencias. De un lado, tendrá funcionalidades completas para la gestión del sonido, incluyendo las aportaciones de palabra de los concejales, el presidente y otros participantes, así como la amplificación y transmisión del discurso a todos los participantes, bajo el control del presidente de la conferencia y/o del operador del sistema.

También tendrá una funcionalidad multimedia completa para cada participante individual de la Mesa de Presidencia: acceso a Internet, recuperación de documentos, presentación y streamings de vídeo. Además, habrá funciones para el control de cámaras HD., con las salidas de las cámaras a los dispositivos de conferencia multimedia, dispositivos de interpretación, pantallas de sala o monitores.

Control de micrófonos

El sistema de conferencias permitirá controlar los micrófonos de los participantes: será posible el control automático o el control manual por parte del presidente y/o del operador del sistema. Asimismo, registrará la petición de palabra de un participante y manejar automáticamente la lista de espera por medio de un procedimiento de cola. Los participantes que hablen y los participantes en la lista de espera se mostrarán en pantallas táctiles personales, monitores y en una pantalla de sala.

Para la gestión del debate en el Pleno, el sistema tendrá encendido y apagado de los micrófonos del sistema de conferencias, tanto de forma manual como automática y temporizada. Regulará el número de micrófonos activos simultáneamente y cuánto tiempo se le permite a un participante intervenir.

Botón para silenciar al resto

La unidad o puesto de presidencia (que ocupa el alcalde) dispondrá de funcionalidades y privilegios especiales para la moderación del debate y la gestión de la sesión. El dispositivo incluirá un botón de prioridad que, al ser accionado, silenciará temporalmente el resto de micrófonos de los participantes para permitir la intervención prioritaria del presidente.

Asimismo, podrá gestionar la lista de peticiones de palabra, dar y quitar el turno, y supervisar los tiempos de intervención. El sistema permitirá controlar la asistencia y revisar las votaciones.

Junto a ello, el sistema identificará y mostrará los participantes al presidente o al operador del sistema por su nombre o identificación de asiento. También permitirá, entre otras funciones, configurar y controlar un sistema de conmutación de cámara para mostrar a los participantes hablando.

También servirá para facilitar la votación en el Pleno: durante una sesión de votación, los participantes con derecho a voto podrán usar el dispositivo de conferencias para votar. Y los participantes podrán seleccionar idiomas en el caso de que sea necesario.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar varias mociones al Pleno del próximo jueves 12 de marzo para requerir al Gobierno central actuaciones en la red de carreteras, la red ferroviaria y también ayudas al sector turístico, tras los daños sufridos en estos distintos ámbitos por el temporal que azotó a la ciudad y la provincia cordobesa.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha expuesto que la primera de las mociones se refiere a la reparación y mantenimiento urgente de la red Básica de Carreteras del Estado a su paso por el término municipal de Córdoba y por la provincia de Córdoba. Y se especifica que, especialmente, las autovías deben repararse tras los daños sufridos con “baches” que aumentan la peligrosidad para los vehículos y conductores, en referencia a la A-4 y la A-45, citando también que se actúe en la N432.

De otro lado, una segunda moción reclama a Adif la intervención integral en la red ferroviaria de la provincia de Córdoba, “de tal forma que se habiliten los servicios de antes del temporal y vuelvan a cumplirse los horarios a los cuales se comprometen los distintos operadores que usan la red de Adif”, ha dicho Torrico.

La tercera moción se refiere a habilitar ayudas para el sector turísticos por “las pérdidas por las borrascas y como consecuencia del corte de trenes por el accidente de Adamuz, de tal forma que esa pérdida pueda compensarse a los operadores turísticos”. En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en disponer ayudas para autónomos, pymes y operadores del sector, por lo que el PP pide que el Gobierno apoye al sector “bien con ayudas directas o con campañas de promoción de Córdoba como destino”. Asimismo, solicita que Turespaña elija a Córdoba como sede de su convención anual en 2027.

Control de pasaportes en el Aeropuerto

El grupo del PP también presentará una cuarta moción en el Pleno que vuelve a pedir que el Aeropuerto de Córdoba cuente con control de pasaportes para que en un futuro pueda acoger vuelos exteriores como, por ejemplo, de Londres que, al estar fuera de la UE, necesitaría este servicio.

Torrico ha señalado que, recientemente, se ha conocido en una respuesta parlamentaria que el Gobierno ha dado una negativa tajante a esta posibilidad“, por lo que lleva el debate al Pleno para reclamar este servicio de control de pasaportes para el aeródromo cordobés, de manera que ”se reconsidere porque es una necesidad y una reclamación justa que Córdoba tenga ese servicio para vuelos internacionales“.

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y el voto en contra de Vox, la activación de una modificación de crédito por valor de 1.100.000 euros “para la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el temporal”.

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que esta medida “permite atajar las situaciones más graves que, a consecuencia del temporal, se dan en equipamientos e infraestructuras municipales”.

Según ha detallado Fuentes, “los municipios que podrán acogerse a estas ayudas serán, Puente Genil, por el talud que afecta a ocho viviendas y cuyos vecinos están desalojados; el talud de Iznájar, Castro del Río, a consecuencia de daños en un muro; Luque o la grieta de Benamejí”.

Del mismo modo, también ha hecho referencia a la localidad de Espejo y un muro que se desmorona; Valenzuela, Doña Mencía, o Villaharta, “todos ellos con escenarios bastantes urgentes en sus términos municipales” como han comprobado“.

En definitiva, Fuentes ha agregado que se trata de “asuntos que no admiten demora porque suponen invertir en situaciones extremadamente graves, hablamos aquí de situaciones de peligrosidad, de garantizar la seguridad de la ciudanía”.

“En estos cálculos también se prevé la posibilidad de poder asistir a caminos estratégicos y que se encuentran gravemente dañados, de manera muy especial en la zona norte, con problemas de acceso a fincas ganaderas; en la zona de la ribera del río y en la zona de Priego de Córdoba, Iznájar y Rute”, ha matizado Fuentes.

Por su parte y en declaraciones a los periodistas previas al Pleno, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha querido agradecer la “agilidad demostrada por los distintos departamentos y organismos provinciales para dar respuestas a las situaciones emergidas a consecuencia del temporal”.

Además, Martín ha recordado que se cumple un mes del trágico accidente ferroviario acaecido en Adamuz y ha trasladado nuevamente el “ más sincero respeto y cercanía a las víctimas y a los vecinos y vecinas de esta localidad, así como volver a poner en valor el trabajo realizado por los distintos operativos que se actuaron aquellos días”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción para ampliar la red de refugios climáticos en la capital ante episodios de temperaturas extremas. En el debate entre los grupos políticos, Vox ha criticado la “terminología de fanatismo climático” utilizada en la propuesta, que llevaba inicialmente sobre este asunto el PSOE al Pleno y se ha votado después con una enmienda del PP, para ampliar la red de refugios climáticos y que esté lista para afrontar el verano de este año 2026.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha tomado la palabra por su grupo político y ha calificado como “terminología de fanatismo climático” y “terminología woke” la utilizada en la propuesta que se debatía. “Toda la vida de Dios en Córdoba ha hecho calor y lo va a seguir haciendo”, ha sentenciado.

“¿Cómo se combate? Con el sentido común, se pone uno al fresco, busca una zona verde, lo ideal es una piscinita o un pantano, si no un manguerazo...y el que pueda, un aire acondicionado”, ha afirmado ante el Pleno municipal.

Badanelli ha afeado que “ahora se hable de refugio climático”. Y ha criticado cómo “el mapa de España (en la previsión del tiempo) que antes era normal y ponía un solecito, ahora es un rojo bermellón que parpadea y te va a comer. La temperatura es la misma. Se creen que la gente es tonta y no lo es”.

Como propuesta, Vox ha recordado que en su programa electoral incluía la necesidad de construir una piscina pública en cada barrio, para “disfrutar de un tiempo extraordinario” durante muchos meses en Córdoba “y dos meses de calor”. Y ha criticado la propuesta de refugios climáticos, “encerrados en una habitación con aire acondicionado”.

Ampliación de la red de refugios climáticos

Por parte del resto de grupos políticos -PP, PSOE y Hacemos Córdoba- se ha manifestado el acuerdo sobre las consecuencias del cambio climático y se ha debatido sobre el alcance de los refugios climáticos que puedan ofrecerse en la ciudad. Finalmente, se ha aprobado con la mayoría del PP, la abstención de PSOE y Hacemos, y el voto en contra de Vox, una enmienda de los populares que insta a “continuar con la ampliación de la Red de Refugios Climáticos accesible para toda la población, centrándose en personas mayores que son especialmente vulnerables”.

Dicha red se compondrá de espacios públicos y contará con una programación que dinamice la estancia en los mismos. Los refugios tanto interiores como exteriores deben ofrecer confort, incluyendo agua potable y zonas de descanso. Deben ser fácilmente accesibles. El mapa de refugios climáticos deberá publicitarse adecuadamente y dicha información se podrá acceder desde la web del ayuntamiento.

Se establecerá un protocolo para la activación de dicha red en episodios de temperaturas extremas. Dicha red deberá estar constituida y publicitada en la Web del Ayuntamiento para el segundo semestre de 2026.

El bloqueo con posiciones encontradas de la bancada de la derecha y la de la izquierda en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba respecto a políticas de igualdad ha hecho que, de nuevo, no se apruebe conjuntamente una moción en apoyo a las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Los grupos de PSOE y Hacemos Córdoba han presentado una moción en el Pleno de este jueves con las propuestas del movimiento feminista local, propuestas que en anteriores mandatos se aprobaban como una declaración institucional con el apoyo unánime de todos los partidos. Dese la irrupción de Vox en el Pleno, se ha roto ese apoyo unánime y la propuesta tiene que debatirse en el Pleno.

La propuesta de la izquierda llevaba al Pleno las consideraciones y peticiones de la Asamblea 8M de Córdoba, que ha intervenido antes del debate, para poner el foco en que “la igualdad no se proclama, se garantiza con derechos”, para lo que ha pedido la intervención del Ayuntamiento dentro de sus competencias en distintas medidas a favor de dicha igualdad.

Sin embargo, con la mayoría absoluta del PP -la abstención del PSOE y el voto en contra de Hacemos y Vox-, se ha aprobado la enmienda que este grupo ha presentado, con acuerdos que pasan por instar al Ayuntamiento de Córdoba a que manifieste su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, reconociendo el carácter reivindicativo del 8 de marzo como jornada de defensa de los derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres, en el marco del respeto a los valores constitucionales y a la convivencia democrática.

Asimismo, propone exigir al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía el reforzamiento de las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las mujeres, garantizando planes de empleo que faciliten el acceso a las mujeres; medidas reales y eficaces de conciliación corresponsable; velar por una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, así como por la erradicación de cualquier forma de discriminación por razón de género; dotar de recursos humanos y materiales en las administraciones publicas para garantizar la puesta en marcha de la normativa vigente que recoge la ley de igualdad.

También se insta al Ayuntamiento de Córdoba a la puesta en práctica en función de sus competencias las medidas con perspectiva de género en materia de empleo, contratación pública, servicios sociales y presupuestos, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se pide al Consitorio su implicación y compromiso para solucionar la situación que vienen sufriendo las mujeres empleadas en el servicio de ayuda a domicilio.

Y, junto a ello, reclama la elaboración de campañas de sensibilización con motivo del 8 de marzo y apoyar la logística necesario para el desarrollo de las actividades del 8 de marzo dentro del marco legal vigente y la colaboración en actividades que promuevan la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Debate en el Pleno

Las posiciones encontradas respecto a las políticas de igualdad se han mostrado en el debate de los grupos políticos en el Salón de Plenos. Mientras PSOE y Hacemos han desgranado la realidad de la precariedad laboral de las mujeres, la brecha de género en los salarios, las cortapisas para llevar a cabo el derecho al aborto o la tutela patriarcal sobre ellas para que el 8M vuelva a ser un día para trabajar por el reto de la igualdad real entre mujeres y hombres.

Mientras, desde el PP la delegada de Igualdad ha expuesto el “compromiso de este partido” para seguir trabajando y avanzando hacia una igualdad real. Ha mostrado su apoyo a la manifestación del 8M, con una campaña específica del Consistorio para conmemorar este día, destacando acciones por la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar. Ha apostado por “apoyar a la maternidad”, aludiendo a los cheques bebé pos nacimiento o adopción, sin mencionar el derecho al aborto.

Y por parte de Vox, el edil Rafael Saco, ha criticado la propuesta de la izquierda “cargada de ideología y propaganda” y ha señalado que se use el 8M “como excusa para imponer su agenda sectaria”. Ha mostrado la idea de Vox de “apostar por la vida” y en contra de la “eliminación” con la que se ha referido al derecho de las mujeres al aborto, además de afear que los partidos de izquierda “usean a la mujer como arama política”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves solo con los votos a favor del PP una transferencia de crédito para el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de este organismo para 2026, con las críticas de los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba al entender que ambas decisiones vienen a elevar las subvenciones directas del IMAE para los festivales de música privados Córdoba Live y Califa Fest.

Tras agotar el cierre contable para poder abonar directamente los 600.000 euros prometidos el año pasado al Córdoba Live (celebrado en junio y julio en El Arenal) y el Califa Fest (celebrado en la plaza de toros), ahora, el organismo público abre esta vía para poder pagar estas cantidades. Además, el nuevo Plan Estratégico para 2026 incluye una disposición que permite otorgar apoyo económico a festivales realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, lo que abriría la vía para atender dichas previsiones, ahora por la vía competitiva.

La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para 2026 duplica las cuantías destinadas a la concurrencia competitiva respecto a los 600.000 euros del plan anterior, llegando a 1,2 millones. Coincidentemente, el incremento propuesto en la dotación económica para 2026 refleja exactamente 600.000 euros: la misma cuantía que no se pudo abonar a los dos festivales privados el año pasado.

En el Pleno, el PP ha sacado adelante con su mayoría absoluta ambos acuerdos, con el voto en contra de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. El PSOE y Hacemos Córdoba han criticado la operación para “regalar” las subvenciones a estos festivales. El PSOE ha avanzado que recurrirá estas decisiones que otorgan “a dos empresas que son agrupaciones de interés lucrativo, dándole la máxima subvención permitida”. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha anunciado que estudiarán llevar el tema a los tribunales.

Por parte de Hacemos Córdoba, el edil Iván Fernández ha denunciado que el gobierno municipal del PP trata de “regalar a dos promotoras privadas que, en nada o poco, repercute en esta ciudad, mientras tienen abandonados los teatros municipales y la programación cultural de la ciudad”. Vox no ha tomado la palabra.

Desde el PP, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha defendido el plan de subvenciones de este organismo, en el que se incluyen también eventos de pequeño formato y a organizaciones sin ánimo de lucro. Ha apostado por que Córdoba siga entrando en las grandes giras musicales y ha señalado que su gestión la refuerzan “el superávit” y los datos de público asistente.

Plan de Subvenciones

El documento técnico del Plan de Subvenciones del IMAE, al que ha tenido acceso Cordópolis, contempla una dotación específica para eventos de escala relevante en el municipio. Así, se pasa de 600.000 a 1.200.000 euros las ayudas destinadas desde el organismo público a empresas privadas para la organización de festivales y ferias culturales de gran formato, con independencia de si ya se han celebrado.

Además, se incorpora una línea de 200.000 euros dirigida a asociaciones y entidades culturales sin ánimo de lucro que promuevan este tipo de eventos, opción que no existía en el plan inicial, y que convive con otros 50.000 euros destinados específicamente a salas de música de pequeño aforo “como medio para sostener el tejido cultural independiente y dar visibilidad a artistas locales”. A diferencia de los festivales de gran formato, a las salas de música no se les ha dado la posibilidad de optar por su actividad en el año 2025.

La justicia ha comenzado a forzar la reincorporación de trabajadores sancionados en la planta de Hitachi en Córdoba, en el marco del conflicto laboral que la plantilla mantiene con la dirección desde hace meses. Las primeras medidas cautelares favorables están permitiendo el regreso progresivo de empleados a sus puestos por orden judicial.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, las resoluciones están llegando de forma escalonada, ya que las denuncias interpuestas son tanto individuales como colectivas. El comité considera estas decisiones judiciales un “respiro” para las familias afectadas, algunas de las cuales acumulaban hasta dos meses sin percibir salario, con casos que alcanzan incluso los 120 días sin cobrar.

El conflicto afecta a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. Desde la representación sindical sostienen que la exclusión de este número de trabajadores está teniendo un impacto directo en la productividad de la fábrica. “Si no estamos casi ochenta personas dentro de fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha señalado García Leiva.

Además de las medidas cautelares, el comité ha destacado otra resolución judicial relevante: el archivo de la causa abierta por el encierro celebrado el pasado 19 de diciembre en las instalaciones de la planta. El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba no apreció ilegalidad, daños ni alteraciones del proceso productivo, descartando que se produjera el “motín” al que aludía la empresa.

Una manifestación que llega al Pleno del Ayuntamiento 

García Leiva ha hecho estas declaraciones tras una nueva movilización de la plantilla ante la negativa de la compañía a mantener las reuniones previstas en el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CAR) en la Subdelegación del Gobierno. Así, tras una marcha por las calles del centro, decenas de trabajadores han desembocado en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, donde se celebra este jueves el Pleno Ordinario de Febrero.

Ya en el interior, los trabajadores han interrumpido la sesión para pedir al Ayuntamiento que presione a la empresa para que atienda a la plantilla, recordando a los concejales que hay empleados que llevan meses sin poder cobrar la nómina. De hecho, uno de los lemas coreados, era “inversión de primera, condiciones de tercera”, en referencia al hecho de que Hitachi ha recibido 3,2 millones de la Junta para ampliar su capacidad productiva en Córdoba, mientras que la Gerencia de Urbanismo bonificará a la empresas Hitachi el 95% del ICIO de la obra.

Y todo ello mientras que, según contaba el portavoz, Hitachi no quiere avanzar en la negociación y comunicó la cancelación de los encuentros el día anterior a su celebración, alegando que no se cumplían las condiciones necesarias para avanzar en una “desescalada” del conflicto. En este ámbito, desde el comité sostienen que en ningún momento han incumplido los acuerdos alcanzados en el CAR y recuerdan que habían mostrado su disposición a no secundar la huelga si se producían avances reales en la mesa negociadora.

“Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa. Si no hemos visto avances es porque no se nos ha dado la oportunidad”, ha afirmado el presidente del comité, quien considera que la compañía ha dejado “tirado al CAR y a los trabajadores”, ha manifestado, acompañado de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego.

El conflicto laboral, que se prolonga desde hace meses, ha derivado en sanciones que afectan a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. García Leiva ha denunciado además que algunos trabajadores no han podido secundar la huelga tras un acuerdo firmado entre la empresa y el sindicato UGT, que —según el comité— limita la participación en los paros y vulnera un derecho constitucional.

Respecto al ambiente dentro de la planta, García Leiva ha reconocido que el clima es complejo. Aunque parte de la plantilla continúa trabajando, la ausencia de casi 80 empleados sancionados está teniendo impacto en la productividad.

“Si no estamos casi ochenta personas dentro de la fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha afirmado.

Desde el comité insisten en que siguen abiertos al diálogo y reiteran su voluntad de retomar las negociaciones para poner fin a un conflicto que afecta a una de las industrias de referencia en la ciudad de Córdoba.

Hitachi destaca el “escaso seguimiento” del paro parcial

Por su parte, la empresa ha informado de los datos de seguimiento del paro parcial de cinco horas convocado para este jueves en la planta. Según sus cuentas, de las 440 personas trabajadoras del centro, 50 han secundado el paro. Además, aseguran que del personal de taller, el seguimiento ha sido inferior al 50% de su personal y que el seguimiento del personal de oficina ha sido prácticamente inexistente.

A juicio de la empresa, este escaso seguimiento refleja que la mayoría de las personas trabajadoras no han respaldado la posición de confrontación mantenida por CCOO ni la convocatoria de huelga. “Según ha podido saber la empresa, UGT y sus afiliados tampoco han secundado la huelga”, afirma Hitachi, que considera que esta huelga, “además de no estar justificada, presenta importantes quiebras de legalidad al tratarse de una huelga de carácter novatorio -pretende cambiar el contenido del convenio vigente- y por llevarse a cabo practicando acciones ilegales, como la ocupación por la fuerza del centro de trabajo”.

Por ello, la empresa ha presentado una demanda legal para que sea desconvocada por CCOO o, en su defecto, declarada ilegal por los tribunales. A tal efecto, afirma que se realizará una reunión de mediación con los sindicatos el próximo día 20 de febrero en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía). Hitachi Energy reitera su llamamiento a avanzar dentro del marco legal y a priorizar el diálogo como vía para encontrar soluciones negociadas.