El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este martes a Adolfo Molina como delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Córdoba, de manera que continuará al frente de la máxima representación institucional de la Administración autonómica en el territorio, cargo que desempeña desde septiembre de 2022. La decisión forma parte de la configuración del nuevo Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno tras el inicio de la nueva legislatura.

Con este nombramiento, el dirigente popular nacido en Cabra mantiene la responsabilidad de coordinar la acción de todas las delegaciones territoriales de la Junta en la provincia y de ejercer como principal representante del Gobierno andaluz en Córdoba. Entre sus funciones figuran la coordinación de las políticas autonómicas, el seguimiento de los proyectos estratégicos impulsados por la Junta y las relaciones institucionales con el resto de administraciones y agentes sociales y económicos de la provincia.

Tras conocerse su continuidad en el cargo, Molina agradeció la confianza depositada por el presidente de la Junta y por el conjunto del Ejecutivo autonómico. “Gracias al presidente por la confianza depositada en mí, a todo el Gobierno y vamos a seguir trabajando por Córdoba. Que esta tierra siga creciendo”, manifestó en sus primeras declaraciones tras la ratificación.

Adolfo Molina afronta así un nuevo mandato al frente de la Delegación del Gobierno después de casi cuatro años desempeñando esta responsabilidad. Fue designado por primera vez en agosto de 2022, sustituyendo a Antonio Repullo, quien pasó a ocupar la Secretaría General del Partido Popular de Andalucía. Desde entonces ha ejercido como máximo representante del Ejecutivo andaluz en Córdoba, coordinando la actividad de las distintas consejerías en la provincia y defendiendo proyectos como las inversiones sanitarias, educativas, patrimoniales, hidráulicas e industriales impulsadas por la Junta.

Antes de acceder a la Delegación del Gobierno, Molina desarrolló una amplia trayectoria política en el Partido Popular. Fue diputado en el Parlamento de Andalucía entre 2012 y 2022, secretario general del PP de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento de Cabra, municipio del que es natural.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía tiene abierta la convocatoria de una nueva línea de ayudas destinadas al desarrollo de programas formativos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) con compromiso de contratación. Publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) ('https://lajunta.es/6etpi'), cuenta con presupuesto inicial de dos millones de euros en la región, con la posibilidad de ampliarse en hasta un millón adicional, que podrá activarse sin necesidad de una nueva convocatoria si se declara la disponibilidad de crédito. Para la provincia se han destinado 150.000 euros.

Según informa la Junta en una nota, esta iniciativa prevé beneficiar aproximadamente a 200 alumnos y tiene como objetivo facilitar a las personas desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas.

Para ello, se ofrece la posibilidad de participar a empresas que asuman en sus plantillas el compromiso mínimo del 40% de contratación de los alumnos que hayan finalizado la acción formativa, o a entidades de formación que o bien acuerden o convenien con empresas para el cumplimiento de dicho compromiso, o lo asuman ellas mismas. En concreto, podrán acceder a estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia no competitiva, las empresas que cuenten, o prevean contar, con centros de trabajo en Andalucía, así como las entidades de formación inscritas.

La formación será presencial y deberá impartirse en especialidades recogidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, garantizando así su calidad y adecuación a las necesidades reales del mercado de trabajo. Los programas podrán estructurarse en una única especialidad, en varias concatenadas de la misma familia profesional, o en varias ediciones de una misma especialidad formativa.

La principal característica de estos programas formativos es la obligatoriedad de vincular la formación impartida a un compromiso mínimo de contratación del 40% del alumnado, en condiciones laborales que garanticen la calidad del empleo generado. Dicha contratación deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses desde la finalización del programa. Para ello, los contratos deberán tener una duración mínima de seis meses a jornada completa, o de nueve meses si la jornada es a tiempo parcial. También se considerará cumplido el compromiso en caso de incorporación del alumnado como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo prevé la formación de unos 200 alumnos, a través de aproximadamente diez entidades beneficiarias, algo que podría traducirse en la contratación de, al menos, 80 de ellos. Las ayudas se determinarán en función del número de alumnado participante, las horas del programa formativo y los módulos económicos establecidos por especialidad y modalidad formativa, cubriendo tanto costes directos como indirectos del programa.

Financiación

Entre los costes subvencionables se incluyen, entre otros conceptos, las retribuciones de personal especializado para el apoyo a personas con discapacidad o adaptación de medios didácticos; los gastos de gestión y personal de apoyo necesario para la ejecución del programa, así como otros costes necesarios para el correcto desarrollo de la acción formativa. Por el contrario, no serán subvencionables los gastos derivados del acceso a profesiones reguladas, tales como inscripciones o pruebas de habilitación.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito disponible. Estas solicitudes se tramitarán a través de la plataforma electrónica 'Profeus-A' mediante firma digital y deberán ajustarse a los modelos normalizados disponibles en la sede electrónica de la Junta de Andalucía, que, con esta convocatoria, consolida su apuesta por un modelo de formación vinculado al empleo real, que mejore la empleabilidad de las personas desempleadas y responde a las necesidades del tejido productivo andaluz.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Junta iniciará en agosto la construcción de la nueva unidad mixta de Terapias CAR-T del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Durante una visita al nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil, Sanz ha destacado el papel del Reina Sofía como referente sanitario y ha puesto en valor que con esta unidad “Andalucia sumará una nueva infraestructura dedicada a investigación en terapias CAR-T en la que trabajarán 37 profesionales” gracias al incremento de plantilla aprobado por el Consejo de Gobierno a final del pasado año.

Tal y como ha recordado el responsable de la sanidad en Andalucía, el Hospital Reina Sofía “tiene un papel esencial en innovación e investigación sanitaria y también en las terapias CAR-T, que permiten modificar los linfocitos T del propio paciente, un tipo de glóbulo blanco fundamental en la respuesta inmunitaria, para que reconozcan y destruyan de manera específica sus células cancerosas”. Tanto las terapias avanzadas como la medicina personalizada de precisión son grandes apuestas de este Gobierno, ha destacado, “porque queremos que el conocimiento que se genera en Andalucía se convierta en mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida”.

Ahora, el Reina Sofía contará con una nueva unidad mixta dedicada a las terapias CAR-T tras unas obras que, ha dicho Antonio Sanz, “cuentan con financiación de la Diputación de Córdoba y se espera puedan estar finalizadas antes de que acabe el año para que entre en funcionamiento en 2027”. La unidad, ha detallado, contará con 11 habitaciones individuales y se ubicará en el Hospital General, cerca de la UCI y de Hematología. En ella se atenderá a los pacientes procedentes de ensayos clínicos.

Una “gran noticia”, ha destacado el vicepresidente primero, que ha anunciado además el último hito alcanzado por el Servicio de Hematología del Reina Sofía, “que ha completado con éxito el primer tratamiento con células CAR-T para Mieloma Múltiple en modalidad 100 % ambulatoria en toda Andalucía”. Antonio Sanz, que ha felicitado a todos los profesionales que lo han hecho posible, ha asegurado que “estamos ante un paso decisivo que representa también un hito en la optimización y humanización de las terapias avanzadas”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado 18 “verdad, transparencia y justicia” para las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según ha concretado el presidente a través de su perfil oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, “aquellos dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva” de la comunidad andaluza.

“Fue desgarrador y la herida sigue abierta”, ha abundado Moreno, al tiempo de pedir justicia para familiares y allegados de las víctimas ante tal suceso.

En contexto, los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

La firma italiana Bulgari ha seleccionado a ocho alumnos de la Escuela de Joyería y Centro de Referencia Nacional del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba para completar su formación e incorporarse posteriormente a sus instalaciones de Roma (Italia).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este proceso de selección durante una visita al centro, donde ha conocido al alumnado y los trabajos que se desarrollan en sus instalaciones.

Blanco ha señalado que la elección de estos ocho alumnos por parte de una firma internacional de referencia como Bulgari “confirma la excelencia de la formación que se imparte en la escuela y la capacidad de sus estudiantes para responder a las exigencias de las empresas más prestigiosas del sector”.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de un centro que se ha consolidado como referente nacional en formación especializada en joyería, tanto por la calidad de su oferta formativa como por su estrecha vinculación con el tejido empresarial, una colaboración que permite adaptar la preparación del alumnado a las necesidades reales de la industria y su incorporación al mercado laboral.

La proyección internacional del centro también se ha visto reforzada recientemente con la visita de responsables de Vicenzaoro, una de las ferias de joyería más prestigiosas del mundo, que han conocido de primera mano sus instalaciones y su modelo formativo. Este interés de firmas y entidades internacionales consolida a la Escuela de Joyería de Córdoba como modelo de formación especializada para la cualificación profesional, la innovación y el futuro del sector joyero.

El alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, ha exigido al Gobierno andaluz que “saque del cajón del olvido” el desdoblamiento de la A-431, ya que se trata de “una vía con una alta densidad de vehículos durante todo el día, rondando los 25.000 vehículos diarios, cuyos conductores sufren el paso por la travesía de Villarrubia como un cuello de botella insufrible”.

En este sentido y en una nota, el alcalde carbulense ha insistido en la necesidad de incluir recursos económicos para esta vía, ya que “aliviaría la falta de movilidad” que lleva “años sufriendo”, pues se necesita “un aumento de horarios y frecuencias de los buses interurbanos y, cómo no, una parada del tren de proximidad del Valle del Guadalquivir”.

El primer edil considera que el desdoblamiento de la A-431 “convertiría a Almodóvar del Río en un municipio más atractivo para la implantación de nuevas empresas en el término municipal al acortarse considerablemente el trayecto en carretera hacia la capital cordobesa”.

En este contexto, Hernández ha resaltado que “el BOJA de 21 de septiembre de 2007 publicó un anunció de Gestión de Infraestructuras de Andalucía para la licitación del proyecto y opción a dirección de obra de la duplicación de calzada de la A-431 entre Villarrubia y Almodóvar del Río y variante de Villarrubia”.

“Posteriormente, se reservó en los presupuestos de 2010 un montante de 6,6 millones de euros para este proyecto, que incluía la variante de Villarrubia, pero nada más se sabe al respecto”, ha lamentado Ramón Hernández.

Los municipios andaluces que cuenten con núcleos de población de más de 500 habitantes sin oficinas bancarias ni cajeros automáticos podrán solicitar desde este jueves, 16 de julio, ayudas de la Junta de Andalucía para sufragar los gastos derivados de la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de estos dispositivos.

Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, estas subvenciones están gestionadas por Andalucía Trade, que cuentan con una dotación presupuestaria de 300.000 euros y se concederán en régimen de concurrencia no competitiva.

Podrán optar a los incentivos las entidades locales andaluzas consideradas en riesgo de exclusión financiera, es decir, aquellas que dispongan de núcleos con una población superior a los 500 habitantes que no cuenten con oficinas bancarias abiertas al público ni con cajeros automáticos diferentes de aquellos para los que se solicita la ayuda.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará este jueves, día siguiente a la publicación de la convocatoria, y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026, salvo que el presupuesto disponible se agote antes. En ese caso, la Agencia Trade publicará en el BOJA una resolución comunicando el cierre anticipado del plazo.

Las ayudas permitirán financiar los gastos de obra civil necesarios para adaptar el inmueble, así como la instalación y puesta en funcionamiento de uno o varios cajeros. Estos desembolsos deberán haberse realizado o, al menos, presupuestado entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de presentación de la solicitud.

También serán subvencionables los costes de mantenimiento y funcionamiento de los cajeros correspondientes al ejercicio 2026. Cuando los gastos se encuentren únicamente presupuestados en el momento de pedir la ayuda, deberán ejecutarse dentro del plazo que establezca la resolución de concesión.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de la Agencia Trade y presentarse exclusivamente de manera electrónica a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Dirección de Financiación Empresarial de Trade se encargará de instruir los procedimientos, mientras que la resolución de las ayudas corresponderá a la Dirección General de la agencia. En caso de que se produzca una ampliación posterior del presupuesto, podrán concederse subvenciones a entidades que cumplan los requisitos pero hayan quedado fuera inicialmente por falta de crédito, respetando el orden de presentación de las solicitudes y sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y representantes del Ejército de Tierra vinculados a la oficina de apoyo a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) han mantenido una reunión de coordinación estratégica con directores y responsables de centros de Educación Secundaria y Formación Profesional de Córdoba y su provincia.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el objetivo prioritario del encuentro ha sido coordinar la difusión y el acceso a la última Oferta Pública de Empleo (OPE) lanzada por el Ministerio de Defensa, la cual incluye perfiles directamente relacionados con las futuras necesidades de personal de la BLET.

Del conjunto global de esta convocatoria, 330 plazas están directamente vinculadas con puestos específicos para la Base Logística de Córdoba, lo que supone un hito clave para el empleo en la capital y la provincia. Asimismo, durante el encuentro se ha avanzado que la previsión es que el proceso selectivo se inicie de forma efectiva este próximo otoño.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto la “excelente sintonía” entre la oferta formativa actual de la provincia y las necesidades de la Base Logística. Los análisis técnicos demuestran que los institutos de enseñanzas secundarias (IES) y centros de Formación Profesional cubren el 98% de las especialidades y perfiles profesionales demandados en esta convocatoria de empleo público.

A este respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha querido destacar el compromiso firme del organismo municipal para asegurar que esta oportunidad se traduzca en empleo local, señalando que la obsesión de las instituciones es que no existan yacimientos de empleo con vacantes sin cubrir por falta de personal cualificado.

Torrent ha insistido en que “no se puede permitir que el talento se busque fuera de las fronteras cordobesas por no haber hecho los deberes”, subrayando el papel del instituto municipal como puente que conecte las grandes infraestructuras con las pymes y los profesionales de Córdoba.

Esta alta compatibilidad sitúa a los estudiantes de Córdoba y provincia en una posición inmejorable para acceder a estos puestos estables y de alta cualificación técnica. Por ello, las administraciones implicadas han hecho un llamamiento directo a los centros educativos para que actúen como altavoces de esta convocatoria en sus comunidades.

Por su parte, el delegado territorial de Educación de la Junta, Diego Copé, ha recalcado que “encuentros como este son fundamentales para afianzar la coordinación entre administraciones y centros educativos de cara a potenciar las oportunidades de empleo”.

En lo que respecta al catálogo formativo vinculado con la Base Logística del Ejército de Tierra, Copé ha indicado que “la Junta apuesta firmemente por la Formación Profesional orientada a la BLET, consolidándola y haciéndola crecer año tras año. De cara al próximo curso, por ejemplo, se han autorizado los grados superiores de Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla) o el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta (Montoro)”.

Acompañamiento y tutelaje

Además de la difusión de la convocatoria, los asistentes han coincidido en que el verdadero reto radica en que los candidatos completen con éxito todas las fases del proceso selectivo. En este sentido, se ha expuesto la necesidad crítica de realizar una labor de acompañamiento y tutelaje por parte del profesorado de los institutos.

Esta tarea de mentorización por parte de los docentes resultará fundamental para guiar a los egresados y estudiantes en los trámites de inscripción y en la preparación de la oposición, manteniendo un seguimiento continuo que evite el abandono prematuro a lo largo de las fases y asegurando que el talento cordobés no quede fuera por trabas administrativas o falta de apoyo técnico.

Una vez abierto el plazo, las solicitudes se podrán realizar a través del portal de defensa. También, para consultas y dudas, en la Subdelegación de Defensa de Córdoba, ubicada en la Plaza Ramón y Cajal, existe un punto de información donde no es necesario tener cita previa para ser atendido.

Los seis Premios Extraordinarios de Bachillerato de la provincia de Córdoba correspondientes al curso 2025-2026 han recaído en alumnado de centros educativos de la capital, según recoge el acta definitiva publicada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En total, 107 estudiantes participaron en las pruebas convocadas para optar a estos reconocimientos, que distinguen la excelencia académica del alumnado que ha finalizado el Bachillerato. Los seis mejores resultados han sido los que han obteniod el premio, con puntuaciones comprendidas entre los 34,90 y los 37,90 puntos. Así, los galardones han correspondido a dos estudiantes del CDP Zalima, uno, del CDP Sagrado Corazón; otro, del IES Maimónides; y dos, del IES Medina Azahara, todos ellos institutos ubicados en Córdoba capital. La mejor calificación ha sido de 37,90 puntos, seguida de otras puntuaciones de 37,00, 36,80, 35,25, 35,15 y 34,90.

Por sexo, de los seis premos, cinco han sido para mujeres, y sus nombres son: Estrella Moreno López, Carmen Lara Díaz, Carmen García Callado, Sergio Atienza Ávila, Candela León Pinilla y Emilia Sánchez-Carrasco Ayúcar. Asimismo, Irene Pozo Velasco, David Cruz Espejo y Sergio Atienza Ávila han sido distinguidos por obtener las mejores calificaciones de la PAU en la provincia, recibiendo este último un doble reconocimiento por ambos méritos.

La resolución de este año de los Premio Extraordinarios de Bachillerato supone un cambio de tendencia respecto a las últimas convocatorias, ya que los seis Premios Extraordinarios han ido recayendo en estudiantes de institutos de la capital y de la provincia, con presencia de estudiantes de municipios como Montilla, Puente Genil, Bujalance, Lucena, Priego de Córdoba o La Rambla.

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato reconocen el esfuerzo, el mérito y el rendimiento académico del alumnado andaluz. Para participar inscribirse en etos premios, los estudiantes deben haber superado esta fase educativa con una nota media igual o superior a 8,75 en lso dos cursos. Tras esto, deben examinarse de Filosofía, Historia, una lengua extranjera y una materia troncal de modalidad. Los ganadores recibirán una dotación económica de 500 euros, la anotación del premio en su expediente académico, la exención del pago de la matrícula del primer curso en las universidades públicas de Andalucía y podrán concurrir, si así lo desean, a los Premios Nacionales de Bachillerato.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Rafael Martínez, acompañado de la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema González, y el alcalde de Hornachuelos, Julián López, ha clausurado la VII Escuela de Corcheros, una iniciativa formativa que se enmarca en las actuaciones previstas en el Programa de Mejoras y Aprovechamientos del Plan de Gestión Integral (PGI) de los montes públicos de Córdoba para el año 2026 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que se ha desarrollado durante julio.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, en esta edición, las prácticas se han llevado a cabo en los montes públicos de Huerta del Rey y El Fragosal, situados en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. En este espacio natural protegido se extrajeron 49.000 quintales de corcho en 2025, lo que supone más 1.800 toneladas de corcho de excelente calidad, un 62% de la producción total de la provincia.

Este aprovechamiento forestal es uno de los principales recursos del que disponen estos montes como fuente de riqueza y generadora de empleo en el medio rural.

La Escuela de Descorche ha contado con la participación de seis alumnos procedentes de los municipios de Hornachuelos y Villaviciosa de Córdoba, quienes durante dos semanas han recibido una formación integral que combina contenidos teóricos y prácticos.

El programa ha abordado aspectos relacionados con el alcornoque y los ecosistemas donde se desarrolla, el uso y mantenimiento de las herramientas específicas, la prevención de riesgos laborales aplicada al descorche, las normas de calidad y buenas prácticas, así como el funcionamiento de la industria y del sector corchero.

La formación práctica ha permitido al alumnado conocer y participar en todas las fases del aprovechamiento del corcho, desde el descorche y el desembosque hasta el pesaje en cabria, el apilado en patio y la carga del mismo. Como novedad, esta edición ha incorporado un taller especializado de refugado y clasificación del corcho, impartido por personal técnico experto de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

La Escuela de Descorche responde a la necesidad de garantizar el relevo generacional en un oficio especializado, cuya formación resulta compleja debido a las exigencias de productividad de las campañas y a la dificultad de incorporar personal sin experiencia al trabajo diario de las empresas del sector. Gracias a este modelo formativo, los participantes pueden adquirir los conocimientos y la destreza necesarios en un entorno adecuado, facilitando posteriormente su incorporación al mercado laboral sin repercutir en la actividad de las empresas.

Antonio Amil, propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, ha registrado oficialmente ante el Ayuntamiento de Córdoba el aviso de derecho de tanteo sobre estos tres inmuebles. Este trámite administrativo se produce tras alcanzar un preacuerdo de compraventa con una entidad privada por un importe global de 850.000 euros. Con esta notificación, el propietario cumple con su aviso que ya aclaró hace unos días para que el Consistorio decida si desea igualar las condiciones económicas y hacerse con la propiedad de los espacios.

La entidad interesada en la adquisición es la Asociación Cultural Espacio Artístico Protegido, una organización vinculada a las artes escénicas que desarrolla su actividad en la ciudad desde hace años. El proyecto presentado por este colectivo contempla compatibilizar la conservación de los cines de verano con una programación estable de actividades culturales y artes escénicas para los barrios. Amil destacó hace unos días que ha priorizado esta oferta sobre otras debido a que garantiza la continuidad del uso cultural de los recintos, asegurando que él mismo seguiría vinculado a la iniciativa como colaborador.

La operación propuesta implica la transmisión conjunta y unitaria de las tres fincas: el Cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca), el Cine Delicias (calle los Frailes) y el Cine Olimpia (calle del Zarco). El propietario sostiene que esta vía administrativa ofrece al Ayuntamiento una oportunidad clara para municipalizar los inmuebles si realmente existe voluntad política para proteger este patrimonio.

El registro de esta oferta busca clarificar el debate jurídico sobre qué administración tiene la competencia para ejercer el derecho de adquisición preferente. Mientras el equipo de gobierno municipal había señalado anteriormente que dicha facultad correspondía a la Junta de Andalucía, Amil defiende que, al no estar los cines declarados individualmente como bienes protegidos en el Catálogo regional, el derecho recae exclusivamente en el Ayuntamiento. De hecho, el Consistorio mantiene actualmente contratos de alquiler vigentes sobre dos de los tres espacios hasta el próximo mes de octubre.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, se ha puesto el reto de hacer que la IA “transforme” la Administración andaluza y “la vida en general”, de forma que se pueda “pasar de la prestación de servicios al acompañamiento; de recibir peticiones a avisar a los andaluces de los derechos que pueden solicitar”.

En una atención a medios en Córdoba con motivo de un homenaje del PP a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, el que fuera consejero de Justicia en la última legislatura ha señalado que “un Gobierno reformista como el de Juanma Moreno, tiene que estar en una mejora permanente, y eso es imposible sin la IA”. Para ello, la nueva Consejería impulsará un nuevo ecosistema digital en la Junta de Andalucía y en el tejido productivo de manera que sean “un revulsivo” para mantener el liderazgo de Andalucía.

Para Nieto, se trata de “hacer que Andalucía sea un espacio en el que ese desarrollo llegue con su máxima expresión y con el mayor dinamismo posible”. Así, al igual que se dio el salto de la máquina de escribir al ordenador, “ahora se tiene que implementar con un ritmo mucho más alto el paso del ordenador al ordenador con IA” y extender experiencias que ya se han desarrollado en la gestión de la Administración autonómica --caso de la Consejería de Empleo-- al resto de los departamentos del Gobierno.

Catorce alumnos. Un profesor. Tres colegios. Esa es la dimensión real que tiene en Córdoba el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa educativa que desaparecerá de los centros andaluces a partir del curso 2027/2028, si se cumple este punto del acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox para Andalucía. La decisión pone fecha de caducidad a una iniciativa nacida hace más de cuatro décadas y que, al menos en Córdoba, mantiene una presencia testimonial: apenas 14 escolares repartidos entre tres centros educativos y atendidos por un único docente.

La fotografía provincial contrasta con la dimensión política que ha adquirido el asunto en los últimos meses. Este programa se ha convertido en uno de los símbolos del acuerdo entre PP y Vox en materia educativa pese a que, sobre el terreno, su implantación es mínima y su funcionamiento ha transcurrido durante años prácticamente fuera del foco público. En Córdoba capital, la iniciativa ha estado presente tradicionalmente en colegios como el CEIP Hernán Ruiz y el CEIP Mediterráneo, además de un tercer centro de la provincia, como es el CEIP San José de Calasanz, en Lucena. Según la información trasladada a este periódico por la Delegación de Educación en Córdoba, las clases no forman parte del horario lectivo ordinario, no son evaluables y la participación del alumnado es completamente voluntaria.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no nació de una decisión de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Educación. Su origen se remonta al convenio de cooperación cultural firmado entre España y el Reino de Marruecos el 14 de octubre de 1980, desarrollado posteriormente mediante distintos acuerdos administrativos entre ambos países. Su finalidad, según recoge la guía oficial de funcionamiento correspondiente al curso que acaba de finalizar, es facilitar que el alumnado marroquí u originario de este país pueda mantener el conocimiento de su lengua y su cultura al tiempo que favorece su integración en el sistema educativo español. Entre los objetivos del programa figuran preservar la identidad cultural del alumnado respetando la cultura del país de acogida, favorecer la inclusión escolar y social, promover valores de convivencia y fomentar la educación intercultural dentro de los centros educativos.

En Córdoba, el programa se desarrolla mediante la denominada Modalidad A. Es decir, que las clases se imparten fuera del horario lectivo, como actividad extraescolar; no forman parte del currículo oficial de la Junta, no cuentan para la evaluación académica del alumnado y la asistencia de los menores depende exclusivamente de la voluntad de las familias. Lejos de la imagen de una asignatura integrada en el sistema educativo ordinario, el PLACM funciona como una actividad complementaria destinada exclusivamente al alumnado que solicita participar. Pese a que el programa no ha supuesto problemas de convivencia, en este punto del acuerdo del PP junto a la extrema derecha se insiste en que la Junta “velará por la convivencia en los centros educativos” y rechazará “cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas, injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

En el caso de que finalmente la Junta no renueve este programa, dicha decisión no supondrá un ahorro para las arcas andaluzas en materia de personal. El profesorado no pertenece a la administración educativa española. Los docentes son funcionarios enviados por el Reino de Marruecos y sus retribuciones corren íntegramente a cargo del Gobierno marroquí. La participación de la Junta se limita a facilitar los espacios donde se desarrollan las actividades y coordinar su implantación dentro de los centros educativos que participan en el programa.

Frente a este pacto autonómico, en mayo de 2025, el grupo del PP del Ayuntamiento de Córdoba votó en contra de una moción de Vox que exigía la paralización de este programa. Durante aquel debate, el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, defendió expresamente la continuidad del programa al asegurar que en Córdoba “no supone ningún problema en la sociedad cordobesa” y que tampoco existía “ninguna tensión social” derivada de su funcionamiento. Vox se quedó solo en la defensa de esta moción tras el voto en contra de todas las formaciones.

Hay que señalar que esta exigencia de Vox para dar al PP los gobiernos de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla y León -en este caso, el pacto habla de mantener la no aplicación de este programa dado que no se realiza- coincide con un proceso de reducción progresiva del mismo en España. Los datos correspondientes al curso 2025-2026 muestran un descenso tanto del número de centros participantes como del profesorado destinado al PLACM. Si durante el curso anterior el programa estaba presente en 396 centros educativos, actualmente permanece en 298. El número de docentes también ha disminuido, pasando de 120 a 98.

Aun así, Andalucía sigue siendo uno de los principales territorios donde se desarrollaba esta iniciativa, con 91 centros y 34 profesores, solo por detrás de Cataluña, que cuenta con 110 centros y 31 docentes.

La decisión del Ayuntamiento de Córdoba de solicitar a la Junta de Andalucía que estudie el ejercicio del derecho de retracto sobre los antiguos cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia ha reabierto un nuevo debate jurídico sobre el alcance real de esa figura prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, remitió este miércoles un escrito a la Consejería de Cultura en el que sostiene que la Administración autonómica podría subrogarse en la compraventa de los tres inmuebles al considerar que se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba y que la transmisión se habría producido sin la comunicación previa prevista en el artículo 17 de la Ley 14/2007.

En el posterior Pleno, Bellido insistió varias veces en que es la Junta la que tenía ese derecho preferente a adquirir los tres cines sobre el Ayuntamiento, a pesar de que él mismo, como alcalde, renunció dos veces a ejercerlo sin mencionar dicha preferencia en ningún momento del proceso (ni en 2025, ni en 2026, cuando finalmente el empresario Antonio Amil compró los cines).

Este viernes, fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura y Turismo han confirmado a este periódico que ninguno de los cuatro cines de verano de Córdoba —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— figura inscrito individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni forma parte de manera individual del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ese dato resulta relevante porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico limita expresamente el derecho de tanteo y retracto a los bienes inscritos en el Catálogo General. En el caso concreto de los Conjuntos Históricos, como ocurre con el casco histórico de Córdoba, la norma restringe además esa posibilidad a tres supuestos: inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General, aquellos expresamente señalados en las instrucciones particulares o los que, además de encontrarse dentro del Conjunto Histórico, estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La confirmación de la Junta implica que los antiguos cines no cumplen, al menos, dos de esos requisitos esenciales, al no estar inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico. Queda por dilucidar si, por el hecho de que formen parte del Conjunto Histórico de Córdoba y que éste sí goce de protección patrimonail, le otorga al Gobierno Andaluz la capacidad de ejercer el derecho de retracto. Desde el Gobierno Andaluz, por el momento, solo han dicho que ésta es “una cuestión interpretable” que aún no se ha valorado.

Una cuestión ya planteada tras la compraventa

La posibilidad de que la Junta pudiera intervenir en la operación ya fue analizada por este periódico cuando se supo que se había formalizado la venta de los inmuebles el pasado mes de mayo. En aquel momento, Cordópolis consultó tanto con el Gobierno Andaluz como con expertos jurídicos que participaron en la operación.

Estos últimos transmitieron entonces que la notificación remitida a la Administración autonómica tuvo un carácter exclusivamente formal, al entender que la Junta carecía de herramientas legales para ejercer un derecho de adquisición preferente sobre unos inmuebles que no cuentan con protección patrimonial autonómica específica.

Esas mismas fuentes sostenían que la protección de los cines es exclusivamente urbanística. Los tres recintos aparecen recogidos en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”, una figura que preserva el destino general de los espacios, pero que no equivale a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos.

Esa protección urbanística impide determinadas transformaciones urbanísticas, pero no activa por sí sola el régimen de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Ayuntamiento, sin embargo, ahora sostiene que la Junta debería, como mínimo, estudiar si esto es así.

La interpretación del Ayuntamiento y la del propietario

El Ayuntamiento sostiene que concurren las circunstancias necesarias para que la Junta estudie el ejercicio del derecho de retracto y ha pedido formalmente a la Consejería que analice la operación. El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido desde que trascendió la compraventa que el Consistorio no podía intervenir directamente, en base a dos informes.

Esos dos informes son uno de 2024 del secretario del Pleno centrado en si el Consistorio podría llevar a cabo la actividad de cines de verano y otro de este año 2026 centrado en los efectos que tenía el cambio de propietario en el alquiler para eventos municipales de los cines que mantiene desde hace años el Gobierno Local. La realidad es que ninguno de esos dos informes mencionan en ninguna parte que es la Junta de Andalucía la que tiene preferencia en el derecho de tanteo y retracto.

Por su parte, el actual propietario insiste en que toda esta cuestión se estudió desde el principio y que la Junta de Andalucía no tiene el derecho de tanteo y retracto, que corresponde al Ayuntamiento por tener alquilados los cines hasta octubre (de hecho, Amil ha avanzado que en los próximos días volverá a ofrecerles el derecho de tanteo, ya que ha recibido una nueva oferta de 850.000 euros por los cines y entiende que el Consistorio tiene preferencia sobre el posible comprador).

En cualquier caso, el Ayuntamiento lo que ha pedido es que sea la Administración autonómica la que deba pronunciarse sobre esa interpretación jurídica y determinar si concurren o no los presupuestos legales para ejercer el retracto solicitado por el Ayuntamiento. Si la Junta dice que sí, técnicamente estaría dentro del plazo de seis meses para adquirirlos por 300.000 euros (ese fue el precio por los que los compró Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo). Si dice que no, el capítulo se tendrá que dar por cerrado.

La Junta pide tiempo

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este periódico evitan adelantar cuál será el criterio jurídico definitivo sobre la petición remitida por el alcalde y recuerdan que el departamento acaba de iniciar una nueva etapa tras los recientes cambios en el Gobierno andaluz.

“Es un tema que se va a estudiar y que queremos ver con todas las garantías, pero es que aún no ha dado tiempo”, señalan las mismas fuentes, que piden paciencia hasta que el nuevo equipo de la Consejería de Cultura tome posesión y pueda analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento antes de adoptar una decisión.

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un “cambio que estaba previsto y pactado”. Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Sustituyó a Diego Vargas. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

La ya ex directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, han comparecido como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado “con abogado propio” para “defenderse” de la querella presentada por los diputados del grupo socialista en el Parlamento andaluz por “posibles irregularidades” en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Los cordobeses José Antonio Nieto y Rocío Blanco formarán parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas que venció el Partido Popular y que ha necesitado a Vox para estar al frente del Parlamento de Andalucía. Por un lado, el político pasa de ser consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública para ser el representante de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, mientras que Blanco se mantiene al frente de la de Empleo.

Una formación que ha tenido muchas novedades tras la comparecencia de Juanma Moreno. El Gobierno autonómico tendrá tres vicepresidencias que estarán encargadas por Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España. Además, ha formado dos nuevas consejerías que son la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, liderada por Rocío Díaz, además de la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ocupará como ya se ha mencionado anteriormente José Antonio Nieto.

José Antonio Nieto deja Justicia, en manos de Vox, para pasar a Inteligencia Artificial

José Antonio Nieto nació el 10 de abril de 1970 en Guadalcázar y actualmente era el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para estas elecciones, estaba dentro de la lista de Córdoba como número cinco y finalmente proseguirá bajo el equipo de gobierno de Juanma Moreno, quien será el presidente de la Junta de Andalucía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sido portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico durante la pasada legislatura. Empezó en política en su pueblo natal, pero muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011.

Fue coordinador electoral regional del PP andaluz, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017. En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados, siendo designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Rocío Blanco continuará en Empleo y Empresa

Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años.

En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.

El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado formalmente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que valore el ejercicio del derecho de retracto sobre la compraventa de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, situados en el Casco Histórico de la ciudad, al considerar que podrían concurrir las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía para proteger este patrimonio.

En un nuevo giro de guion, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha remitido este miércoles un escrito a la Consejería en el que pone en conocimiento de la Administración autonómica la transmisión de estos tres inmuebles, que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Entiende el regidor que al estar ubicados en el Conjunto Histórico de Córdoba, están incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico y del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que faculta a la Consejería para adquirirlos por el precio al que se vendieron (300.000 euros).

El Ayuntamiento entiende que, según la información que venía en la escritura de compraventa, la transacción se habría formalizado sin que se hubiera realizado la notificación previa a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, un trámite exigido por el artículo 17 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía cuando se transmiten inmuebles protegidos.

Ante esta situación, el Consistorio ha solicitado a la Junta que lleve a cabo las actuaciones de comprobación e instrucción que considere oportunas y que valore, en su caso, el ejercicio del derecho de retracto previsto en la legislación autonómica. Este mecanismo permite a la Administración subrogarse en la posición del comprador cuando no se ha cumplido con la obligación legal de comunicación previa o cuando la transmisión se ha producido en condiciones distintas de las notificadas.

Sin embargo, este periódico ya abordó este asunto en los días posteriores a la toma de conocimiento de la compraventa de los inmuebles. En aquel entonces, fuentes jurídicas implicadas en la operación, aseguraron que esa parte de la escritura y la posterior notificación de la transacción al Gobierno Andaluz tuvo un carácter meramente formal o de cortesía, ya que la Junta no tendría herramientas legales para intervenir de forma preferente en la transmisión de los inmuebles, al no estar los cines incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Torrico recuerda los informes jurídicos que impidieron al Ayuntamiento ejercer el retracto

El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la iniciativa remitida a la Junta confirma la posición que el equipo de gobierno ha mantenido desde el inicio del debate sobre los antiguos cines de verano. Torrico ha reiterado que el Ayuntamiento “no podía” ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los inmuebles, ya que, según los informes jurídicos de los que dispone el Consistorio, la competencia corresponde a la Junta de Andalucía en aplicación del artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En este sentido, ha explicado que el escrito enviado por el alcalde persigue que sea la Administración autonómica la que estudie la posibilidad de ejercer ese derecho dentro del plazo legal de seis meses desde que tuvo conocimiento de la transmisión de los inmuebles.

El portavoz municipal ha señalado que la Junta ya ha trasladado verbalmente al Ayuntamiento su disposición a analizar esta posibilidad, aunque deberá completar previamente todos los informes jurídicos, administrativos y económicos que resulten necesarios antes de adoptar una decisión.

Asimismo, Torrico ha vuelto a apelar a los informes jurídicos para justificar que el Ayuntamiento tampoco podía acogerse al derecho de tanteo previsto en la legislación de arrendamientos, al tratarse de una explotación temporal de los cines de verano y no de un arrendamiento permanente. Según ha recordado, la única vía que el Consistorio podía explorar era una eventual adquisición por derecho privado, posibilidad que fue planteada al empresario en una reunión mantenida a principios del pasado mes de junio.

Finalmente, ha defendido que el objetivo del Gobierno municipal pasa por recuperar estos espacios para usos ciudadanos compatibles con su protección patrimonial, como refugios climáticos, actividades vecinales y culturales y, siempre dentro de los límites que permita la legislación vigente, la celebración de proyecciones cinematográficas durante la temporada estival.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía pondrá en marcha en Córdoba dos nuevos cursos gratuitos del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G, que se desarrollarán tras el verano, especializados en 'Inteligencia Artificial y Big Data' e 'Internet de las Cosas (IoT) y Smart Cities', dirigidos a personas que quieran reforzar su preparación en ámbitos con una demanda profesional en plena expansión.

Estos cursos, según ha informado la Junta en una nota, se suman a las acciones formativas que ya están en marcha en la provincia, pues, el pasado mes de mayo comenzó un primer curso de 'Programación de soluciones IoT y Smart Cities' y, a primeros del presente julio, se inicia el de 'Desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual'. De este modo, el curso de IoT que ahora se oferta corresponde a una segunda edición, mientras que el de Inteligencia Artificial se incorpora a la programación provincial.

En conjunto, estas cuatro acciones formativas permitirán que un total de 180 personas puedan acceder a esta formación especializada en tecnologías 5G. En esta nueva convocatoria, la provincia dispondrá de 90 plazas, repartidas entre las dos acciones formativas previstas, la de Internet de las Cosas y la de IA.

Toda la información relativa al calendario, los contenidos, los requisitos de acceso y el procedimiento de matriculación puede consultarse en el portal 'www.formacionen5g.es', así como en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo, dependiente de la propia Consejería.

Formación flexible y gratuita

Los itinerarios se imparten en grupos de 45 participantes y se estructuran en 150 horas lectivas que se desarrollan a lo largo de ocho semanas. El modelo pedagógico es mayoritariamente telemático, ya que el 80% de la carga se cursa 'on line', y se complementa con un 20% de sesiones presenciales de acompañamiento, concebidas para el trabajo práctico sobre los contenidos y el desarrollo de proyectos. Estas clases se impartirán en el centro de formación Forsulting.

Los cursos están destinados preferentemente a personas en situación de desempleo, si bien un 30% de las plazas no cubiertas serán para profesionales en activo que deseen actualizar o ampliar su cualificación en el ámbito digital.

No se exige experiencia técnica previa, pero sí acreditar una titulación mínima, e Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o equivalente. Una vez superada la formación, cada participante obtiene un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con la colaboración de Vodafone e Integra Conocimiento, acerca a los participantes a competencias y herramientas digitales emergentes con las que reforzar su posición ante un mercado de trabajo en constante evolución, en el que la formación permanente se ha consolidado como un factor decisivo de empleabilidad.

El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha inaugurado este miércoles la exposición temporal 'Tesoros en el Museo: Almadenes y Torredonjimeno', con la asistencia del delegado territorial, Eduardo Lucena.

Esta propuesta pretende acercar al público dos de los hallazgos arqueológicos más singulares descubiertos hace ahora un siglo y constituye una muestra excepcional de la riqueza patrimonial de Andalucía.

La exposición, que podrá visitarse en la institución museística hasta el próximo 25 de octubre, reúne por primera vez en un mismo discurso expositivo dos conjuntos considerados por los expertos como tesoros, por su extraordinario valor histórico, arqueológico y artístico, aunque pertenecientes a épocas y realidades culturales muy diferentes.

Tesoro de los Almadenes

Por un lado, se presenta el denominado tesoro de los Almadenes, hallado en 1926 en las proximidades de la mina homónima, en el término municipal de Alcaracejos (Córdoba). Este conjunto, vinculado al ámbito cultural céltico de la Península Ibérica, está integrado por diversas piezas de plata, entre las que destacan vasos, fíbulas, torques, brácteas y fragmentos de cadenas, además de cerca de un centenar de denarios romanos acuñados entre mediados del siglo II y mediados del siglo I antes de nuestra era.

La ocultación de este conjunto se produjo con posterioridad a esta última fecha, en unas circunstancias que continúan siendo objeto de estudio e investigación. Su composición constituye un valioso testimonio de las dinámicas sociales, económicas y culturales desarrolladas en el Sur peninsular durante la Antigüedad.

Tesoro de Torredonjimeno

Junto a él, la muestra exhibe una selección del tesoro de Torredonjimeno (Jaén), uno de los conjuntos más relevantes de la orfebrería visigoda peninsular. Datado en torno al siglo VII d.C., que está formado por piezas de carácter litúrgico entre las que destacan cruces lisas, repujadas y decoradas con piedras preciosas, además de fragmentos de láminas epigráficas, perlas y colgantes.

Estas obras mantienen una estrecha relación tipológica y artística con otros hallazgos emblemáticos de la época visigoda, especialmente con el célebre Tesoro de Guarrazar, considerado una de las principales referencias de la orfebrería altomedieval europea.

El recorrido expositivo también aborda las circunstancias del descubrimiento del tesoro de Torredonjimeno y los distintos avatares que determinaron su dispersión. Como consecuencia de estos hechos, parte de las piezas se perdió y el conjunto quedó repartido entre diversas instituciones.

En la actualidad, el mayor número de elementos se conserva en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, mientras que otros grupos forman parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y del propio Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Los especialistas vinculan la ocultación de este tesoro a los episodios de inestabilidad generados por la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica a comienzos del siglo VIII d.C., circunstancia que otorga a estas piezas un singular valor histórico como testimonio material de un momento de profunda transformación política y cultural.

La Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha anunciado este martes que hará verificar el cumplimiento del contrato de transporte sanitario en la provincia, por parte de la adjudicataria de dicho servicio, después de que este mismo martes el Sindicato Médico de Córdoba su “profunda preocupación por la situación que vienen sufriendo distintos dispositivos de transporte sanitario de la provincia y, de manera especialmente grave, la UVI móvil de Montoro”, que ha llegado a transportar a pacientes con una temperatura interior en la ambulancia de 36º.

Ante esto, fuentes de la referida Delegación Territorial han dicho a Europa Press, que en Sanidad comparten “la consideración de que una UVI móvil constituye un entorno asistencial en el que las condiciones ambientales resultan relevantes, tanto para la seguridad de los pacientes como para el desempeño de los profesionales”.

Por ello, según han avanzado desde Sanidad, “se ha remitido la situación a la persona responsable del seguimiento del contrato de transporte sanitario urgente vigente en la provincia de Córdoba” ya que “las deficiencias descritas podrían suponer un incumplimiento de las condiciones pactadas en dicho contrato”.

En consecuencia, “corresponde a esa figura contractual analizar los hechos denunciados, verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria y adoptar, en su caso, las medidas correctoras o sancionadoras que procedan, con arreglo al pliego de condiciones y a la normativa de contratación del sector público”.