La batalla legal por el agua en el norte de la provincia abre un nuevo capítulo. La Diputación de Córdoba ha anunciado formalmente la interposición de un recurso de reposición contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que deniega la concesión de aguas superficiales y la infraestructura necesaria para conectar los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha sido tajante al calificar la situación de “sinsentido” que mantiene “hipotecada” la seguridad hídrica de 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. Fuentes ha advertido que, si la vía administrativa no prospera -la respuesta la espera en el plazo de un mes-, la institución acudirá a la justicia mediante un recurso contencioso-administrativo.

El núcleo de la indignación provincial reside en una presunta contradicción técnica de la propia Confederación. Según consta en el expediente, el organismo de cuenca reconoce en su resolución del 31 de marzo de 2026 que el sistema de captación propuesto —que incluye una torre de toma que ya está habilitada y, de hecho, se usa para dotar de suministro al embalse de Quejigo Gordo en Almadén— supone una mejora operativa y una garantía adicional para el servicio, llegándolo a calificar como la “solución óptima”.

“Reconocen que es lo mejor, pero igualmente lo deniegan”, ha denunciado Fuentes. La Confederación basa su negativa en que ya existe una toma flotante instalada durante las obras de emergencia, considerando que la nueva torre de toma es una “redundancia” y una “ineficiencia económica”. Sin embargo, desde la Diputación se subraya que la torre de toma es vital para garantizar el proceso de potabilización, ya que la toma flotante actual solo recoge aguas de la superficie, cuya calidad es muy negativa.

Injerencia en la autonomía provincial

Uno de los puntos más críticos del recurso es la presunta vulneración de la autonomía provincial. Fuentes sostiene que la Confederación está excediendo sus competencias al dictar qué obras son oportunas o redundantes para el abastecimiento local de una provincia (Córdoba) y una Comunidad Autónoma (Andalucía), sobre las que no tiene potestad de intervenir.

“Hay una clara injerencia. Nos quieren decir qué obras debemos hacer cuando nosotros tenemos las competencias. Dicen que no son oportunas sin un informe que lo sustancie”, ha afirmado el presidente provincial.

Además, el recurso señala una serie de irregularidades procesales, incluyendo la “indefensión” al no haberse remitido el expediente completo al Abogado del Estado y la supuesta incompetencia territorial de la Confederación sobre el embalse de Sierra Boyera.

El conflicto de las “obras definitivas”

La Diputación también critica el cambio de criterio temporal de la CHG. No fue hasta el 30 de julio de 2025 —más de un año después de la solicitud inicial— cuando el organismo empezó a utilizar el concepto de que las obras de emergencia -que finalizaron en 2023- “se han convertido en definitivas” para justificar su rechazo, un argumento que la institución provincial considera arbitrario y falto de soporte documental.

Para la Diputación, esta actuación vulnera el principio de proporcionalidad, al elegir la vía más gravosa para los intereses de la provincia, lo que podría derivar en la nulidad de todo el procedimiento.

Según la información que viene recogida en el Plan Hidrológico Nacional, la presa de La Colada se creó para garantizar “el abastecimiento a la Comarca de Los Pedroches con recursos procedentes de la Cuenca del Guadiana”. Fue una inversión de 18 millones de euros declarada de interés general, diseñada para suministrar hasta 14 hectómetros cúbicos anuales. El convenio original establecía que la Diputación asumiría el 15% de la inversión a cambio de un suministro de hasta 8,4 hectómetros cúblicos al año.

“Si hay tres pantanos en la provincia, vamos a pelear por conectar los tres”, concluyó Fuentes, vinculando esta lucha con la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera. El objetivo final es que la red de abastecimiento esté plenamente garantizada antes de que golpee la próxima sequía.

La reunión técnica celebrada este miércoles en Ciudad Real entre representantes de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la empresa provincial Emproacsa ha concluido sin avances significativos en torno al proyecto de la conducción definitiva entre el embalse de La Colada y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera.

El encuentro, solicitado por la Junta de Andalucía, tenía como objetivo presentar las propuestas técnicas del modificado del proyecto, actualmente en fase de redacción por parte de la empresa adjudicataria de la dirección de obra. Sin embargo, según ha señalado el delegado territorial de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, el resultado ha sido “desilusionante”.

“La Confederación se ha limitado a reiterar lo ya expresado en ocasiones anteriores: consideran la obra ejecutada por emergencia como definitiva y emplazan a la Junta a presentar el modificado cuando lo estime oportuno, para resolverlo en el trámite administrativo correspondiente”, explicó Acosta tras la reunión.

Desde la Junta, esta actitud se interpreta como un freno al diálogo técnico. “Nuestro único propósito era abrir un espacio de consenso que permitiera a la Confederación realizar aportaciones antes de la finalización del modificado, para avanzar con mayor seguridad y agilidad. Por desgracia, no ha sido posible”, lamentó el delegado.

“La actitud de la Confederación se aleja del espíritu de diálogo y de búsqueda de puntos de encuentro que deberían presidir la relación entre administraciones, especialmente en un asunto tan sensible como es el agua”, añadió Acosta.

Pese al desencuentro, la Junta insiste en que seguirá trabajando “con firmeza” para que la obra se ejecute “con todas las garantías y en el menor plazo posible”. “El agua no entiende de trámites administrativos ni de diferencias institucionales. Estamos hablando de un recurso vital y de la seguridad hídrica de nuestros pueblos, y no vamos a desistir en nuestro compromiso con la ciudadanía”, concluyó el delegado.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este martes que la Confedeación Hidrográfica del Guadiana (CHG) “no tiene buena fe” en el trámite que se sigue respecto al proyecto de conexión definitiva de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de la provincia, cuya ejecución ya adjudicó la Junta de Andalucía por 9,3 millones de euros, pero que tiene un informe negativo de la CHG.

A este respecto y en rueda de prensa, Fuentes, después de que la CHG rechazara las alegaciones a dicho informe presentadas por la Junta y la Diputación, y después de que, además, acudiera a la Abogacía del Estado para que determinase si se ha extralimitado o no en sus competencias, como afirman Junta y Diputación, ha señalado que la Confederación del Guadiana, en “otra jugada más”, ha dicho que el informe de la Abogacía del Estado le es “favorable”, pero la cuestión, según ha subrayado Fuentes, es que la Diputación no tiene ese informe.

Ello coloca a la institución provincial en una situación de “indefensión” y, por tanto, de “inseguridad jurídica”, respecto al rechazo a un proyecto que implica que “el Gobierno de España está maltratando a la zona Norte” de Córdoba, en cuanto a asegurar el suministro de agua potable a la población en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

Todo ello es lo que ha llevado al presidente de la Diputación a la conclusión de que lo referido al citado informe de la Abogacía del Estado “es otra jugada más de la Confederación, que no tiene buena fe, porque estas cosas se podían haber resuelto en seis meses, según la Ley, y llevamos ya dos años y medio”, y a ello se suma que él se haya tenido que “enterar de un relato a través de un medio de comunicación aislado”, en lugar de “que me manden el escrito a mí, como Dios manda, con número de registro” y, a partir de ahí, “ya veré yo cómo me defiendo”.

Pero es que, según ha lamentado, no ha recibido al respecto “ni una llamada de teléfono”, sino solo “un relato a través de un medio de comunicación aislado”, y sin facilitar el informe de la Abogacía del Estado, asegurando la CHG que les “da la razón”, que “el informe es favorable” a la Confederación, y lo que ha pedido Fuentes es que se le facilite el informe, para que “los servicios jurídicos de la Diputación y de la Junta de Andalucía valoren lo que dice” la Abogacía del Estado “en un conflicto de competencias como el que nos ocupa”.

También quiere saber Fuentes si la Abogacía del Estado “ha leído” los “recursos” de la institución provincial, “que los realizaron técnicos y abogados e ingenieros de la Diputación. A ver qué opina de lo que yo le he dicho ahí”, pues puso “en conocimiento” de la Abogacía del Estado “tácticas poco aconsejables por parte de la Confederación”.

Sin embargo, hasta ahora lo único que tiene la Diputación es “indefensión, inseguridad jurídica y malestar por el trato que le están dando a una provincia que no se lo merece, y se lo está dando el Gobierno de España, y llevamos dos años y medio”, cuando “esto se podía haber solucionado en seis meses, en 2022”, pero “no se hizo”, y mientras tanto continúan “con los mismos argumentos y con las mismas tácticas”.

Como consecuencia, Fuentes se siente “maltratado como presidente de la Diputación, y lo más grave no es que me maltraten a mí, lo más grave es que el Gobierno de España está maltratando a la zona Norte”, y esto “no es baladí”, sino “muy grave”, porque tiene que ver con el agua, “y como no tengamos agua en dos años”, en ese caso, se ha preguntado, “con qué cara vamos a ir allí a decir que no hemos resuelto el problema del agua por un problema procedimental del artículo 114 de la Ley del Domino del Agua. Nos corren a gorrazos”, ha concluido.