El Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido la lápida bajo la que está enterrado el general Cascajo en el cementerio de La Salud. El Consistorio culmina así un largo proceso administrativo iniciado por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar (Aremehisa), para que se retiraran los honores a los que aludía la lápida, en la que se ensalzaba a Cascajo y se le nominaba como hijo predilecto de la ciudad de Córdoba.

El pasado mes de julio, el Comité Técnico de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía emitió un informe en el que recomendaba al Ayuntamiento retirar la lápida. Fue el propio Consistorio el que solicitó el documento e instrucciones para actuar.

De hecho, la inscripción de la lápida ha quedado exactamente igual a como proponía el informe: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. D. Ciriaco Cascajo y Ruiz, general de División N. 1878, F. 1953 RIP”. Anteriormente, la lápida decía lo siguiente: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”.

El informe aludía en su exposición que, “el por entonces aún entonces coronel (durante el inicio de la Guerra Civil) Ciríaco Cascajo Ruiz fue un destacado dirigente de la sublevación en Córdoba y tuvo como objetivo el control de la misma capital, lo que, en una situación de violencia generalizada por parte de ambos bandos contendientes, pasaba por la represión del enemigo y por la neutralización de las posibles amenazas a la victoria final de la sublevación. Las cifras de represaliados en la capital se estiman, según diversas fuentes -que no están sostenidas en una contabilización exhaustiva caso a caso-, entre las 9.000 y las 30.000 víctimas. De ahí hacemos notar en el presente informe la conveniencia y necesidad de conocer con más exactitud el número de víctimas de la región”.

Diez años para retirar una lápida

El 30 de noviembre del año 2015, este periódico informó que había cuatro militares franquistas que seguían disponiendo de los mayores honores en el Ayuntamiento de Córdoba. Según consta en los archivos del Ayuntamiento de Córdoba, desde 1936 son hijos predilectos o adoptivos de Córdoba los generales Gonzalo Queipo de Llano (comandante del Ejército franquista en Andalucía) y José Varela, junto a los coroneles Ciriaco Cascajo (este nombrado hijo predilecto) y Eduardo Sáenz de Buruaga. Además, en 1944 también fue nombrado hijo adoptivo el coronel Manuel Aguilar Galindo y Aguilar Galindo, y en 1957 el ministro de Obras Públicas de Franco Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano.

Al día siguiente, el cogobierno de PSOE e IU, que apoyaba entonces Ganemos Córdoba, se comprometió a hacer “todo lo posible” para retirar esos honores a estos cuatro militares. Pasó el tiempo y todo el mandato, y finalmente los cuatro militares siguieron gozando de los máximos honores que un ayuntamiento puede entregar.

Hace seis años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), con su presidente a la cabeza, Rafael Espino, decidió denunciarlo. Lo hizo ante el Defensor del Pueblo, que durante todo este tipo ha requerido al Ayuntamiento de Córdoba a revisar su cuadro de honores.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este viernes su apoyo a la retirada de reconocimientos al general franquista Ciriaco Cascajo Ruiz, tras presentar el concejal del PSOE Joaquín Dobladez los documentos de las actas de las sesiones plenarias que otorgaban los mismos y el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, estimar que “sería de obligada actuación” que se “adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones” conforme a la Ley de Memoria Democrática de 2022.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha asegurado que “se va a hacer por justicia y por ética, aparte de por legalidad”, por lo que ha dado “la bienvenida a toda la información que han aportado, porque permite culminar el expediente”.

Así, el primer edil ha valorado la labor del concejal socialista para buscar los nombramientos en los archivos históricos y que el secretario del Pleno informe, de manera que el expediente lo impulsará la Delegación de Presidencia “con absoluta normalidad, porque es una cuestión no solo legal, sino que va más allá de la legalidad, al tener un componente ético y de compromiso que es indudable”.

En este sentido, el alcalde ha comentado que “Presidencia tendrá que hacer los informes correspondientes al respecto y en el tiempo más breve posible” se aprobará el citado expediente.

El secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, estima que “sería de obligada actuación” que por parte de la Delegación de Presidencia, y previa la tramitación e instrucción del correspondiente expediente al que habrán de incluirse los oportunos y correspondientes informes técnicos y jurídicos, se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022, que establece, “de forma taxativa e imperativa”, que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, “adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley”.

En este caso que “resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”, según expone Lavela después de que el concejal del PSOE Joaquín Dobladez ha anunciado el registro de los documentos de las actas de las sesiones plenarias que otorgaban reconocimientos al general franquista Ciriaco Cascajo Ruiz para, “de una vez por todas, culminar con el proceso de retirada de honores a uno de los personajes más siniestros de la historia de Córdoba y que en el próximo Pleno se apruebe definitivamente”.

Igualmente, el secretario del Pleno cree que debe darse cumplimiento por el Consistorio, previa tramitación e instrucción del correspondiente expediente, conforme a lo previsto en los apartados 1 al 5 del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, en materia de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que declara que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar y la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, subraya que son considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”, remarca Lavela.

Además, señala que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación, debiendo de carecer de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura, por lo que, a tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.

Y especifica que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el referido artículo.

Antecedentes históricos y documentales

Entretanto, y sobre el citado general y la petición del PSOE, el secretario del Pleno apunta a “los diversos antecedentes históricos y documentales existentes, incluidas las actas de la denominada Comisión Gestora del Ayuntamiento de Córdoba, de fechas, respectivamente, 7 de septiembre de 1936, 14 de septiembre de 1936 y 14 de octubre de 1936, así como en base a los razonamientos, fundamentos y consideraciones jurídicas”.

Al respecto, el edil socialista Joaquín Dobladez ha presentado este miércoles la solicitud de retirada de la lápida conmemorativa a favor del general Ciriaco Cascajo, así como la cancelación y/o extinción de los reconocimientos que, en su día, le concedió el Consistorio.

En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado un expediente administrativo para determinar la adecuación de la inscripción en la lápida de Ciriaco Cascajo Ruiz, ubicada en el cementerio municipal de La Salud. Este procedimiento responde a una queja presentada por la entidad Aremehisa y está en consonancia con la normativa vigente que busca retirar elementos contrarios a la memoria democrática.

La inscripción objeto de revisión reza: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”. La legislación establece que las administraciones públicas deben retirar estos elementos cuando se encuentren en espacios públicos o de uso público, salvo que se trate de menciones de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados.

El Defensor del Pueblo Andaluz había solicitado información sobre el estado de tramitación de este expediente, que ahora será reiniciado debido a la caducidad del proceso anterior. El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, ha firmado el decreto correspondiente, que incluye la designación de un instructor para el procedimiento y la notificación la decisión al Defensor del Pueblo Andaluz.

La tramitación del expediente incluirá la fase de instrucción, la remisión del caso a la Comisión Municipal de la Memoria Histórica y un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses.

Siendo entonces coronel Cascajo, el 18 de julio de 1936, proclamó el estado de guerra en Córdoba y durante los años de la guerra fue la máxima autoridad militar en Córdoba, cuando fueron fusiladas miles de personas defensoras de la República.