Diego camina seis mañanas por semana por la calle Lucano, atraviesa San Pedro, llega a la Ribera y sube hasta las Tendillas. Conoce cada baldosa, cada esquina, porque lleva ocho años vendiendo cupones por esa ruta, la más turística de Córdoba. Los que le compran lo saludan como al cuponero de siempre, pero algunos compradores ocasionales lo miran dos veces, con sorpresa. Se les enciende un recuerdo.

“Oye… ¿tú no eres Petas y Birras?”. “Sí señor, aquí estamos, dando suerte”, responde Diego, que está acostumbrado a posar para los teléfonos con el chaleco reflectante de la ONCE. El turista se marcha feliz y él vuelve a su ruta.

Estas cositas las cuenta Diego con una cerveza por delante, todavía sorprendido de que un periodista de un medio mainstream le llamara con la intención de contar su historia. O sus historias. Porque Diego, el alma del proyecto de Petas y Birras, uno de los grupos punks más inclasificables de Córdoba, tiene unas cuantas batallitas que contar. La más notoria, probablemente, también está enterrada en el olvido.

Es la de aquella vez que subió a Madrid a sentarse en el despacho de un famoso juez en el que colgaba un crucifijo. Según sus recuerdos, era el juez Ismael Moreno, “el mismo que, años después, encarceló varios días a dos titiriteros”. En esos años, Moreno era titular del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Ya era un juez mediático, pero todavía pasarían algunos años antes de que llenara portadas por acusar de enaltecer el terrorismo en una obra infantil.

El tren hacia Madrid

El caso de aquel cantautor cordobés, sin embargo, no ocupó una sola portada de prensa. Todavía hoy, resulta casi imposible encontrar datos. Sobre todo, porque, aunque los cargos eran similares, para Diego todo quedó en un susto. También porque eran otros tiempos: el año 2011, antes de la fuga de Valtonic, del encarcelamiento de Pablo Hasel o de la aprobación de una Ley Mordaza con la que, probablemente, Diego hoy no habría salido tan indemne.

Hace 14 años, un lunes por la mañana, un punk cordobés canijo y adormilado se subió a un tren con un nudo en el estómago y una carpeta en la mano. No llevaba guitarra, ni cuadernos de canciones, sino papeles judiciales. El tren se deslizaba hacia el norte mientras él repasaba en su cabeza una y otra vez lo que había escrito, lo que había cantado, lo que creía que podían preguntarle. La citación había llegado 72 horas antes. Un viernes. No había tenido tiempo para digerir que lo estaban llamando a declarar por sus letras. Oficialmente, dice él, por “reírse de la Reina Sofía”. Extraoficialmente, resume, “por agitar demasiado” con su música “anarcogrosera”. Sí que había podido -por mediación de la CNT- conseguir un abogado, un letrado que hizo el mismo viaje a Madrid, pero desde Vigo. El señor lo esperaba en Atocha y, en el camino hacia los juzgados, le dio una indicación clara: “Tú contesta, que si no lo haces, te llevan parriba”.

La Audiencia Nacional lo recibió con su arquitectura fría y gris. El juez, un antiguo expolicía durante la dictadura, lo esperaba en un despacho lleno de muebles oscuros, un crucifijo en la pared y una fotografía en la que besaba la mano del Papa Juan Pablo II. La escena parecía sacada de otra época. Diego recuerda el tufo a “franquismo” que inundaba aquel escenario.

Arrancó directo el magistrado, con una fiscal al lado (y de su lado). “¿Usted canta esto?”, “¿Usted lo compuso?”, “¿Y esas frases, que usted canta, de dónde salen y con qué fin las canta?”. Diego hoy recuerda que contestó sin miedo, con dignidad. No negó nada. No pidió clemencia. Sí que se sorprendió de que, al contrario de lo que pensaba, la letra en la que decía “Ley de Extranjería pa la puta Reina Sofía” -incluída en la canción Sofía, Sofea-, no solo le parecía al juez un caso de injurias a la Corona, sino que, cuando salió del despacho, también llevaba aparejado un cargo de enaltecimiento del terrorismo.

En el limbo

“Era una encerrona en toda regla”, reflexiona Diego ahora sobre aquella citación. Él defendió ante el juez -el mismo que ahora investiga el 'Caso Koldo'- que esas frases se decían en cualquier manifestación y que él solo les había puesto música. Su franqueza, asume, desconcertó en cierta medida al juez y a la fiscal. Probablemente, no se esperaban que aquel punk flaco y andaluz no bajara la cabeza.

Tras declarar, salió de la Audiencia y tomó el tren de regreso. El vagón estaba lleno de gente somnolienta, funcionarios que ojeaban periódicos, estudiantes que repasaban apuntes. Nadie sabía que a su lado viajaba un cantante imputado por terrorismo. Lo habían mandado de vuelta a Córdoba con “medidas cautelares”.

“Tenía que estar un año yendo a firmar periódicamente a la Comisaría. No podía salir de Córdoba sin avisarles. Si quería ir a Málaga, tenía que presentarme en la Comisaría de Málaga. Así me tuvieron un año y pico, yo creo que con el fin de asustarme”, relata sobre un asunto que, quince años después, está en una especie de limbo administrativo, ya que el caso nunca se juzgó, pero tampoco recibió notificación de sobreseimiento. Sencillamente, se quedó en un cajón, como un expediente dormido que, en cualquier momento, podía despertar.

“Un día me dijeron que ya podía dejar de ir a firmar. No me han vuelto a llamar, no me han citado ni nada. Supongo que se han olvidado de mí”, dice Petas y Birras, que ha seguido cantando esas mismas canciones durante todos estos años.

Un grupo nacido en los botellones

El juez Moreno y aquella fiscal no tenían ni la más mínima idea de quién era aquel tipo de que tenían delante. Es desternillante imaginarlos cogiendo un expediente sobre cuya carpeta estuviera escrito “Petas y Birras”, antes de llamarlo a declarar. Y, para entender de dónde salió Petas y Birras, hay que viajar a otra época: a los parques de Córdoba a principios de los 90, donde los grupos de chavales se sentaban en bancos de hierro y madera, entre viajes de idea y vuelta de litronas de cerveza y porros, mientras un radiocasete a pilas escupía voces rabiosas: La Polla Records, Eskorbuto, Kortatu.

Entre canción y canción, la charla fluía bajo una nube de humo denso. “Nosotros hacíamos otro tipo de botellón más guapo que los de ahora. Se hablaba de política, de poesía, de música, de desahucios, de la revolución. Nos llevábamos un radiocasete y ahí sonaba de todo. Mucho rock, pero también Los Chichos y Los Chunguitos... Los heavys, los roqueros, los punks… todos nos conocíamos. Eso se está perdiendo”, recuerda ahora el artista, que cuenta que, en ese contexto, se alió con su amigo Antonio 'Jevi Chico', y juntos lanzaron aquel grupo bajo el alias Petas y Birras.

Un nombre provocador, festivo, pero también reivindicativo. Hoy, cuando el humo del cannabis ya no entra en sus pulmones, mantiene que el nombre que escogieron era una reivindicación en un tiempo en el que el Estado perseguía con fiereza el consumo, mientras, hipócritamente, fumaba porros una buena parte de la sociedad.

Primeros tumbos (y pérdidas)

Desde el principio, su música fue una especie de folk punketa, con una actitud cañera y humorística, pero con contenido social. Su sonido era mucho más duro que el Toreros Muertos, con los que compartía una mirada humorística, y menos bruto que el de Evaristo o Eskorbuto. Siempre fue una rara avis en el ecosistema musical de Córdoba, donde no han abundado los punks, pero donde, no obstante, compartía algunos rasgos con el insigne Juan Antonio Canta, líder de Pabellón Psiquiátrico.

“Los pocos punks y heavys que habíamos, eso sí, nos conocíamos todos”, apostilla sobre los inicios de una banda que sufrió vaivenes, como todas. El más grave, la muerte de su amigo Antonio 'Jevi Chico'. Con algunos cambios, logró que siguiera adelante. Su popularidad no se limitó a Córdoba. Dio el salto a otras provincias, donde algunas de estas minorías respetaban su enfoque singular y su compromiso social.

Todo aquello, sin embargo, quedó en barbecho cuando Diego fue llamado a la Audiencia Nacional. Cuando la justicia se le echó encima, Diego miró alrededor: ningún partido político lo apoyó. Ni siquiera el Partido Comunista (IU), que gobernaba Córdoba en aquellos años. Lo sostuvo la CNT y la gente común.

El triunfo es molestar y aguantar el malestar

Esto lo lleva con orgullo. Al igual que su imputación. “Mi sensación es que, si mis letras molestan, es que algo estoy haciendo bien”, confiesa, al igual que reconoce que los años que siguieron a su paso por la Audiencia Nacional fueron duros, agravados por la enfermedad que padece, la espondilitis anquilosante, una dolencia reumática que afecta principalmente a la columna vertebral y que le ha provocado “dolores horrorosos”.

Se ríe Diego al contar que fue una doctora del Hospital “Reina Sofea” la que calmó esos dolores. Desde hace años recibe un tratamiento biológico mensual que le ayuda a controlar el dolor. Y se deshace en elogios hacia la sanidad pública “a la que están matando los políticos”: “El Hospital Reina Sofía es probablemente el mejor de España en espondilitis y uno de los mejores en artritis reumatoide”, afirma con convicción.

Esa enfermedad, sumada a una discapacidad previa en el brazo, producto de un accidente de moto hace 30 años -otra vida-, fueron también clave para que la ONCE le contratara como vendedor de cupones. Desde hace ocho años, Diego hace su ruta y, cuando termina, escribe canciones y vive con su familia y amigos una vida relajada en su ciudad, dando algunos cuantos conciertos al año.

A veces, a él mismo se le olvida aquel despacho de Madrid. A veces, también, algunos de sus clientes le recuerdan que Diego es Petas y Birras, un cantautor punk que encontró en el humor una manera de enfrentarse a los poderosos y que, tan mal no lo hizo, si algunos de ellos le quisieron amedrentar.

“Yo de lo que estoy orgulloso es de que no bajé la cabeza entonces ni lo hago ahora”, sostiene. La victoria para Diego, el de Petas y Birras, por tanto, no está en llenar estadios, sino en no torcer el gesto cuando desde arriba te intentan someter con la mirada.

La Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número cuatro y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha detenido en Córdoba a una persona por la presunta comisión de delitos de terrorismo, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

Gracias a la estrecha colaboración en materia antiterrorista mantenida entre la Guardia Civil y la DGST (Direction Générale de la Surveillance du Territoire) marroquí, se pudo identificar a una persona que llevaba a cabo una intensa actividad en el plano virtual, a través de la cual contribuía a la actual estrategia mediática de la organización terrorista DAESH, centrada fundamentalmente en la participación activa de manera descentralizada de sus acólitos a nivel global.

El perfil del detenido se correspondía con el de un destacado consumidor habitual de contenido yihadista particularmente violento, por lo que ante la existencia de suficientes evidencias e indicios se le detuvo para neutralizar la amenaza que podría representar para la seguridad pública.

Tras el periodo de custodia policial, así como después de analizar las evidencias incautadas, se puso a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión. 

Mohamed Houli Chemlal, actualmente condenado a 43 años de prisión por su implicación con la célula yihadista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, ha sido trasladado este jueves desde la prisión de Córdoba para comparecer de manera presencial en la comisión parlamentaria que investiga los ataques.

Según avanza El País y ha confirmado este periódico, el recluso acudirá presencialmente a su cita con la comisión a las 15:00. El protocolo de seguridad establecido para la sesión del jueves contempla que Houli permanezca con grilletes durante toda la comparecencia y que esté custodiado por un equipo de cuatro policías armados, dos de ellos de paisano, que se sentarán cerca de él, y otros dos de uniforme, apostados al fondo de la sala. Esta medida excepcional, que incluye la presencia de agentes armados en una sala parlamentaria, fue aprobada por la Mesa del Congreso.

Otra de las particularidades de esta comparecencia será la ubicación de Houli, que no se sentará junto al presidente de la comisión ni con los demás miembros de la Mesa, sino en una mesa aparte, dando la espalda a la comisión y frente a los portavoces. También se ha solicitado que se deje libre la primera fila de la sala para facilitar la presencia de los agentes de paisano. La comparecencia está prevista para durar aproximadamente una hora, aunque es probable que se extienda.

Inicialmente, se había previsto que Houli compareciera de manera telemática desde la cárcel, pero se solicitó autorización a la Audiencia Nacional para que lo haga en persona, un procedimiento que requerirá un importante dispositivo policial, ya que nunca antes un recluso ha sido trasladado desde una prisión al Congreso para testificar.

La petición para que Houli testificara en la comisión fue realizada por Junts, el partido que ha alimentado teorías de conspiración en torno a los atentados, sugiriendo en su versión más radical que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) permitieron el ataque para socavar el proceso independentista.

Reconocimiento de su implicación

Los atentados de Cataluña costaron la vida a 16 personas e hirieron a más de un centenar. Aunque Houli no estuvo directamente involucrado en los atentados de La Rambla y Cambrils, ya que en el momento de los hechos estaba hospitalizado por las heridas sufridas en la explosión accidental de explosivos en un chalé de Alcanar, su rol en la célula yihadista fue clave.

En ese ataque fallido, murieron varias personas, entre ellas el imán Abdelbaki es Satty, líder de la célula. Durante su juicio, Houli reconoció parcialmente su implicación, alegando que fue arrastrado por los demás miembros, y mostró arrepentimiento.

Finalmente, fue condenado por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista, aunque no se le imputaron las muertes ni los heridos del 17-A debido a que no había pruebas suficientes de su participación en esos actos.

El Rectorado de la Universidad de Cördoba (UCO) ha acogido durante este lunes y este martes el seminario Análisis del terrorismo: experiencias e impactos de la prevención del proyecto INTERRAD, organizado por la UCO y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en colaboración con el Consejo Social de la UCO, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Grupo de investigación Conflict and Human Security.

El objetivo de este encuentro ha sido profundizar en el conocimiento los factores de riesgo y de los contextos en los que actualmente se producen el terrorismo y los procesos de radicalización, tanto en la Unión Europea como en el arco mediterráneo/Oriente Medio. También se ha facilitado una mayor comprensión de las variables psicosociales involucradas en los procesos de radicalización y el reclutamiento, y se han dado a conocer las medidas normativas, legales, judiciales, policiales y políticas adoptadas por la UE y los Estados miembros.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, ha inaugurado el seminario junto a Antonio Sánchez Ortega, secretario ejecutivo de la Fundación Euroárabe; Inmaculada Marrero Rocha, vicerrectora de la Universidad de Granada e investigadora principal del proyecto INTERRAD; Gaizka Fernández-Soldevilla, del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo; y Manuel Moyano Pacheco, profesor del Departamento de Psicología de la UCO. Tras el acto inaugural, se ha procedido a la apertura de la exposición ROLANDO 2:15-2:45. Cincuenta años de la primera masacre de ETA, que podrá visitarse en el Rectorado hasta el día 6 de diciembre.

Durante este martes se han celebrado diferentes sesiones en las que se han abordado los contextos del terrorismo y la radicalización, la teoría, diseño y la práctica de la prevención. Por la tarde, jóvenes investigadores hna profundizado en las ideologías, identidades y extremismos violentos, así como en la salud mental, inteligencia y cooperación para la prevención. Los expertos han aborado temas variados: desde la evolución de la amenaza de ISIS y Al Qaeda hasta el monitoreo en tiempo real de discursos de odio en España mediante una Shiny App interactiva en X, pasando por el fenómeno Incels, su radicalización y amenaza o la radicalización en el entorno penitenciario, entre otros.

Sobre INTERRAD

El seminario Análisis del Terrorismo: Experiencias e Impactos de la Prevención se realiza en el marco del proyecto de investigación INTERRAD sobre la internacionalización de la prevención del fenómeno de la radicalización violenta de corte yihadista, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y coordinado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

El proyecto de investigación INTERRAD pretende contribuir al reto de la seguridad, la protección y la defensa abordando la cooperación en materia de prevención de la radicalización violenta de corte yihadista en el marco de la Unión Europea (UE) mediante una perspectiva interdisciplinar. Busca ser un punto de referencia para los actores involucrados, proporcionando indicadores y herramientas innovadoras que faciliten la toma de decisiones y refuercen la cooperación.

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 arrancará sus interrogatorios el próximo 19 de noviembre con el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y una semana después comparecerán el excomisario de policía José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado del Ministerio del Interior y actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, así lo han acordado este martes la Mesa y los portavoces de la comisión en una reunión a puerta cerrada.

El plan de trabajo acordado por esta comisión establece que si se cita a personas relacionadas con el CNI deberá convocarse para acoger su comparecencia la Comisión de Gastos Reservados, que es la única autorizada para tratar de sobre información reservada. Eso sí, si el Gobierno desclasifica los documentos que pueda tener en su haber el CNI sobre estos atentados, los comparecientes podrán ser interrogados por la propia comisión de investigación.

El Ejecutivo ya ha adelantado su disposición a desclasificar esa documentación y tiene casi un mes por delante para hacerlo permitiendo así que la comparecencia de Sanz Roldán fuera en abierto ante la propia comisión.

Además, para el día 19 se va a citar también, al exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera Serrano, y ya el 26 será el turno del excomisario José Manuel Villarejo, quien ya ha acudido en el pasado a otras comisiones de investigación del Congreso.

Villarejo fue el excomisario que alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un “susto” al Govern, dado que el espionaje español había mantenido contactos con el imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, mientras había estado en prisión.

Según la tesis de Villarejo, esos atentados habrían sido un “error” de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible “comando ficticio” para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll la víspera de los atentados por la explosión que tuvo lugar en Alcanar (Tarragona).

Y el mismo día que Villarejo va a ser convocado el primer político que comparecerá ante este órgano. Se trata de José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Ya en diciembre, la previsión es que se cite a comparecer al exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y al propio Zoido.

En el listado de comparecientes aprobado por la comisión también figuran, entre otros, el expresidente del Gobierno Marian Rajoy, la que fuera su vicepresidenta y responsable del CNI Soraya Sáenz de Santamaría, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que aún tiene una orden de detención del Tribunal Supremo por el procés.

Los cordobeses que lo vivieron recuerdan perfectamente qué estaban haciendo el 11 de marzo del año 2004. Aquella mañana, el corazón se les quedó helado cuando escucharon las noticias. “Atentado terrorista en Madrid”. Los algo más mayores también saben qué estaban haciendo en la mañana del 20 de mayo de 1996. E incluso por la noche. Aquel día la banda terrorista ETA detonó un coche bomba al paso de un convoy militar. La única víctima fue el sargento de artillería Miguel Ángel Ayllón.

El nombre de Ayllón sigue, y seguirá, sonando en Córdoba. El Ayuntamiento decidió ponerle su nombre a la conocida como rotonda de Chinales: sargento de artillería Miguel Ángel Ayllón. El lugar elegido es próximo al que murió el soldado, en la avenida Carlos III. Los propios militares suelen recordar al sargento Ayllón.

Este lunes se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista que ha sufrido España en su historia. Aquella fría mañana de marzo, el yihadismo segó la vida de 193 personas. Tres eran cordobeses. Sus nombres son poco conocidos. Solo uno de ellos tiene el nombre de una calle en su pueblo, Guadalcázar. El Pleno de este Ayuntamiento decidió homenajear así a su vecino Juan Muñoz Lara, que viajaba con su pareja en uno de los trenes que explotó en El Pozo del Tío Raimundo y que perdió la vida con tan solo 32 años. Las otras dos víctimas vivían y trabajaban en Madrid, aunque eran oriundas de Córdoba. Francisco José Narváez de la Rosa, de La Carlota. María Victoria León Moyano, de Encinas Reales.

Sus nombres apenas son conocidos más allá de los reportajes periodísticos que se publicaron en los días sucesivos al 11M y al trabajo de documentación de las asociaciones de víctimas del terrorismo. A su honor está dedicado también el monumento a las víctimas del 11M que se levantó en Atocha, y que ahora se estudia sustituir. Pero 20 años después son muchos los cordobeses que apenas recuerdan el nombre de las víctimas de la provincia.

Juan Muñoz Lara

Los tres vivían y trabajaban en Madrid. Pero los tres tenían una estrecha relación con Córdoba a través de sus pueblos de origen. El único que está enterrado en suelo cordobés es Juan Muñoz Lara, en oficio que se produjo unos días después del 11M y que fue masivo. A su funeral acudió uno de sus amigos de la infancia, hoy consejero de Justicia y que llegó años después a ser alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. Su pueblo sí que saldó una deuda con su memoria, cuando decidió nombrar una calle en su honor.

Covite señala en una pequeña biografía que Juan Muñoz no solía coger el tren, pero la mañana del 11 de marzo hizo una excepción para acompañar a su novia. Su relación había comenzado pocos meses atrás y ambos estaban muy ilusionados. De 32 años, trabajaba en Adatel, una de las empresas de comunicaciones del grupo Jazztel, y llevaba varios meses de baja debido a un accidente de moto que le obligaba a caminar con muletas. Acababa de comprarse una casa en San Agustín de Guadalix, un pueblo de la sierra madrileña, y dedicaba gran parte de su tiempo a prepararla. Las bombas que estallaron en la estación de El Pozo acabaron con su vida y la de su novia.

Francisco José Narváez de la Rosa

Francisco José Narváez, natural de La Carlota (Córdoba), residía en Madrid, donde trabajaba como agente de seguros. Perdió la vida a los 28 años en los atentados del 11 de marzo en Madrid, donde residía junto a sus padres. Se había marchado siendo muy pequeño a la capital de España.

En La Carlota aún viven familiares de esta víctima del 11M, que se marcharon a Madrid en cuanto se enteraron de lo que había pasado con Francisco José. Este cordobés fue enterrado allí, en Madrid.

María Victoria León Moyano

María Victoria León Moyano, de 31 años, se iba a casar el 31 de julio en Encinas Reales, el pueblo natal de su madre, en Córdoba. El vestido de novia ya estaba en su casa y en dos semanas llegaría el coche que se había comprado y los muebles para su nueva casa. Estaba también emocionada con el nacimiento de su sobrino, del que iba a ser la madrina.

María Victoria iba a casarse en Encinas Reales, en su ermita, en el pueblo de su madre. Su padre era de Cuevas Bajas, en la provincia de Málaga pero a un puñado de kilómetros de Encinas Reales. Trabajaba en el departamento de auditoría interna del banco Santander, tras licenciarse con unas de las mejores notas. Se doctoró e hizo un curso de dirección de empresas. La contrataron en cuanto hizo prácticas.

Este domingo, la Comunidad de Madrid inauguró un nuevo espacio de recogimiento y homenaje a las víctimas en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en superficie. Precisamente en esta zona, el Gobierno regional encendió un haz de luz azul que se proyectó hacia el cielo para honrar a los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos de aquel suceso que conmocionó al mundo.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha creado para ello un gran vestíbulo de cerca de 2.000 metros cuadrados, cuadruplicando la superficie anterior de 440. Las paredes de azul cobalto, color que eligieron las propias Asociaciones, llevan grabados los nombres de las víctimas mortales y algunas de las frases que se podían leer en el monumento, ahora desmontado. Además, se han instalado 193 puntos de iluminación en el techo que representan a cada una de las personas que perdieron la vida

Entre ellas se puede leer no a la violencia; todos íbamos en ese tren; nunca os iréis del todo; no hay camino para la paz, la paz es el camino; o por todos vosotros seremos mejores. También se recogen mensajes en euskera, catalán inglés, francés, portugués, árabe, ucraniano, rumano, polaco, búlgaro y georgiano.

El objetivo de este nuevo espacio de homenaje en la estación de Atocha es ofrecer un lugar de recogimiento y recuerdo en memoria de todos los fallecidos y heridos, aprovechando un punto de la capital por el que anualmente transitan 15 millones de viajeros.  

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha acusado a los gobiernos del PP, especialmente al de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, de “intentar adoctrinar con el terrorismo a los alumnos y alumnas en los colegios de la comunidad al tiempo que veta y esconde la memoria democrática” porque “hace un uso partidista para instrumentalizar la educación”.

El socialista ha afirmado que “mucho hablar de concordia, pero a la mínima Moreno Bonilla asoma la patita ultra”, como se ha referido al plan andaluz para concienciar a través de charlas en colegios e institutos sobre el terrorismo de ETA y que en realidad “no es más que un uso partidista de la educación porque esconde el adoctrinamiento, todo al servicio de los postulados de Feijóo, que hay que recordar que dijo que derogaría la ley de Memoria, y, lo peor de todo, desviando fondos públicos de todos los andaluces a fundaciones vinculadas con la ultraderecha para impartir esas charlas en los colegios e institutos”. Romero ha afeado que, frente a ello, el Gobierno andaluz “esconde y veta” el compromiso de llevar la verdad, la justicia y la reparación de la Memoria Democrática a las aulas.

En un acto celebrado en la sede provincial socialista junto al secretario de Memoria de la CEP, Pedro de la Fuente, y representantes de agrupaciones de distrito y municipales, Romero ha incidido en que el PP “se pone de perfil en políticas de Memoria Democrática, como lo demuestran los continuos recortes presupuestarios y la nula ejecución de los mismos”, y ha puesto como ejemplo la formulación del II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027 aprobado por la Junta sobre el que “siguen sin rendir cuentas para ocultar los datos que demuestran una encubierta derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática”.

El socialista se ha hecho eco de las denuncias de las entidades memorialistas, que reprochan a Moreno Bonilla que está paralizada la eliminación de más de un centenar de elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, así como la resistencia del Gobierno andaluz para que la memoria llegue a las aulas, ya que sólo el 0,13% del profesorado recibió formación específica en 2022.

El portavoz socialista ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en Andalucía un número de actuaciones en materia de exhumaciones sin precedentes. Solo en los dos primeros años, el Gobierno de España invirtió más que el PP en toda la legislatura pasada: más de cinco millones de euros que han permitido 195 actuaciones y más de 3.000 cuerpos exhumados hasta el momento. 

“Gracias al PSOE tenemos una Ley de Memoria Democrática en España porque las administraciones del PP, en este caso tanto Moreno Bonilla en la Junta, como Bellido en el Ayuntamiento y Fuentes en la Diputación, intentan recortar su presupuesto para no aplicarla”, ha concluido.

Exhumaciones en fosas comunes

Por su parte, el secretario provincial socialista de Memoria Histórica y Democrática, Pedro de la Fuente, ha explicado los pormenores de los trabajos que se están desarrollando actualmente en la exhumación de represaliados del franquismo de las fosas existentes en los cementerios de La Salud y San Rafael, de Córdoba, donde se estima que hay 4.000 víctimas enterradas. Sólo en la fosa donde se está trabajando ahora mismo, en La Salud, hay entre 500 y 800 personas asesinadas.

“Por fin se está llevando a cabo esta exhumación tras un convenio que fue firmado en 2021 entre Ayuntamiento, Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación, tras muchas trabas puestas allá donde gobierna el Partido Popular”, ha afirmado el socialista, que ha defendido que “nuestra obligación es estar al lado de todas aquellas familias que desean localizar a sus padres o abuelos, a los que asesinaron y a los que no pudieron llorar en una tumba”. 

En este sentido, ha apostado por la creación lo antes posible de una “oficina de las víctimas” donde, a través del ADN, se puedan identificar y relacionar a las víctimas con sus familiares, y así puedan ser enterrados en un lugar donde puedan ser recordados con orgullo y dignidad.

“En estas fosas hay víctimas de, prácticamente, todos los pueblos de la provincia de Córdoba, así que nosotros, desde nuestras agrupaciones, debemos servir de apoyo a los familiares para informarles cómo deben actuar, qué pasos deben seguir, si así lo desean”, ha insistido.

Para concluir, De la Fuente ha criticado que “el PP demuestra continuamente que está en contra de la memoria y a favor del olvido”, algo que “no podemos permitir porque no nos cansamos de repetir que no se abren heridas, puesto que aquellas heridas aún no están cerradas”.

Los atentados de Las Ramblas de Barcelona, en la Cataluña del año 2017, marcaron un antes y un después en la investigación y en la prevención del terrorismo yihadista en España. Los Mossos d'Esquadra se encargaron de la investigación, pero no se centraron en los hechos sino que buscaron las causas. Y para ello han usado la ciencia. En el camino se han encontrado a la Universidad de Córdoba y a su profesor de Psicología Social, Manuel Moyano. Este miércoles, David Sánchez, uno de los mossos que más se implicó en la investigación de las causas que llevaron al atentado para prevenir futuros ataques, participó en Córdoba en la IV sesión del Foro Social de Criminología, que reunió a alumnos pero también a profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

“La prevención debe ser la primera línea de ataque y de lucha contra el terrorismo o contra cualquier tipo de extremismo violento”, señaló David Sánchez, que ha estado trabajando codo con codo en los últimos años con el profesor Manuel Moyano y su equipo. “Para que estos procedimientos de prevención de la radicalización sean exitosos deben fundamentarse en conocimiento empírico”, detalló.

Estos atentados yihadistas fueron perpetrados por una célula que contó con diez miembros: un líder, que impulsó el reclutamiento y radicalización, y nueve jóvenes entre los que había cuatro parejas de hermanos. La edad de los miembros osciló entre los 17-28 en el momento de los atentados; cuatro no superaban los 20 años y uno era menor de 18 años. Tanto la edad, como el hecho de ser inmigrantes de segunda generación, criados y educados en España, hacen a esta célula un caso paradigmático.

Aunque la célula pretendía llevar a cabo atentados de mayor envergadura en puntos neurálgicos con gran afluencia, tuvo que improvisar después de que su base operativa explotara, matando a dos miembros (entre ellos el propio líder). Tras este error operativo, el grupo, sin una figura clara, pasó de planificar a improvisar emprendiendo las siguientes acciones: el 17 de agosto de 2017, marcó como objetivo la ciudad de Barcelona. Una vez allí, uno de los miembros condujo un vehículo hasta las Ramblas, matando a 14 personas e hiriendo a una multitud. Durante la huida, esta misma persona mató a un joven con un cuchillo. La madrugada del día siguiente, en el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona), cinco miembros del grupo armados con armas blancas y chalecos bomba simulados embistieron con un vehículo a un control policial y agredieron a los peatones que se encontraban en la vía pública. Una persona murió y varias resultaron heridas antes de que los terroristas fueran abatidos por la policía.

Mesa redonda

Partiendo de estos acontecimientos, en la mesa redonda se presentaron diferentes proyectos de investigación, finalizados o actualmente en curso, desde una perspectiva psicosocial y criminológica.

En primer lugar, el profesor Moyano, caracterizó los procesos de radicalización violenta y los mecanismos implicados. Asimismo, presentó algunas de las investigaciones y acciones de transferencia que este grupo está desarrollando.

En segundo lugar, David Sánchez, intendente de la Comisaría General de Información de Mossos d’Esquadra, realizó una aproximación policial al proceso de radicalización de los miembros de la célula y a la investigación de los atentados, prestando especial atención a las lecciones aprendidas. También presentó algunos resultados preliminares y el plan de trabajo del proyecto CAMINS, liderado por la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra y en el que la Universidad de Córdoba colabora prestando asesoramiento técnico-científico. Este proyecto está orientado a mejorar los protocolos de detección temprana y prevención de la radicalización.

En tercer lugar, Irene González Jiménez, investigadora y doctoranda de la Universidad de Córdoba, presentó un estudio monográfico del proceso de radicalización de los miembros de la célula, partiendo de evidencias empíricas policiales, jurídicas y entrevistas. En su investigación se basa en modelos psicosociales y criminológicos de la radicalización para analizar la manipulación psicológica que se produjo en el seno de la célula durante el proceso de captación y adoctrinamiento de sus miembros.

Posteriormente, Encarna Hidalgo Tenorio, catedrática de lengua y lingüística inglesas de la Universidad de Granada, explicó diferentes acciones de investigación que su equipo está desarrollando sobre el análisis del discurso y la lingüística de corpus. La profesora también mostró algunas aproximaciones metodológicas en el ámbito de la radicalización violenta (utilizando para ello herramientas avanzadas e inteligencia artificial), así como algunos resultados de los proyectos Nutcraker y CAMINS.

Finalmente, Daniel Mateu, miembro del grupo de investigación de SPEY (Sport for Prevention of Extremism in Youth), proyecto europeo liderado por la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) y financiado por la Unión Europea, explicó los resultados y recursos que se han generado tras tres años de trabajo. Este proyecto ha contado con la participación de la Universidad de Córdoba, que ha asumido la coordinación científica del mismo. Esta última experiencia sirvió para ejemplificar y visibilizar acciones de carácter preventivo en jóvenes, en este caso a través del deporte, que son fundamentales para incidir en los factores de riesgo y protección de la radicalización.

En la mesa redonda estuvieron presentes el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, y el presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano. A la misma, asistió un nutrido grupo de autoridades de diferentes ámbitos, así como académicos, profesionales, estudiantado y ciudadanía en general.

 Este ciclo de conferencias, coordinado por el catedrático de Derecho Penal José Manuel Palma e impulsada por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, pretende difundir la criminología en el tejido social y profesional de Córdoba y provincia, y ser un foro de encuentro, debate y análisis.