La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de lesiones con instrumento peligroso tras agredir a otra persona con un vaso de cristal en el exterior de una discoteca de Adamuz. No obstante, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de tres años, de manera que el condenado evitará ingresar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización fijada a favor de la víctima.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, declara probado que los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en el exterior de la caseta-discoteca El Tozzo, en la localidad cordobesa de Adamuz. Según recoge la resolución judicial, el acusado, que carecía de antecedentes penales, se abalanzó sobre la víctima sin mediar palabra y sin que ambos se conocieran previamente. Acto seguido, la golpeó de forma repetida con un vaso de cristal en la cara, provocándole múltiples heridas incisas.

Las lesiones afectaron a distintas zonas del rostro, entre ellas la nariz, la frente, el párpado derecho, el mentón y la oreja derecha. La víctima tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico, incluyendo la limpieza y sutura de las heridas, valoración por cirugía plástica, seguimiento por el servicio de otorrinolaringología y tratamiento farmacológico con analgésicos, antiinflamatorios, protectores gástricos y antibióticos.

La sentencia señala que las lesiones ocasionaron inicialmente un perjuicio estético medio, valorado en 16 puntos de secuela, además de una pérdida moderada de calidad de vida durante 34 días. No obstante, tras el tratamiento recibido, las secuelas resultan actualmente imperceptibles.

Conformidad antes del juicio

El procedimiento concluyó mediante una sentencia de conformidad. Tras el inicio de la vista oral, el acusado reconoció los hechos y las acusaciones —el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la víctima— modificaron sus conclusiones, que fueron aceptadas por la defensa. Al no existir controversia sobre los hechos ni sobre la calificación jurídica, no fue necesario practicar más pruebas.

La Audiencia consideró que los hechos constituían un delito de lesiones, al haberse utilizado un instrumento peligroso como fue el vaso de cristal con el que se produjo la agresión. El tribunal condenó al acusado a dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 20.000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas por la víctima, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales, además de imponer al condenado el pago de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Aunque la pena de prisión quedó fijada en dos años, la Audiencia acordó suspender su ejecución durante tres años. Para mantener ese beneficio, el condenado deberá abstenerse de cometer cualquier nuevo delito durante ese periodo y cumplir con el pago de la responsabilidad civil.

La resolución establece expresamente que la indemnización deberá abonarse a razón de 400 euros mensuales. Asimismo, advierte de que el impago de dos mensualidades consecutivas o de tres no consecutivas supondrá la revocación de la suspensión de la pena, lo que conllevaría su ingreso en prisión.

Con una indemnización principal de 20.000 euros y una cuota de 400 euros al mes, el calendario de pagos se prolongaría aproximadamente durante cincuenta meses —algo más de cuatro años— si no se realizan abonos extraordinarios y sin perjuicio de los intereses legales fijados en la sentencia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Carlos González a dos años de prisión como autor de un delito continuado de administración desleal cometido durante su etapa como presidente y máximo accionista del Córdoba CF SAD. La sentencia, la número 261/2026, le impone además una multa de siete meses con una cuota diaria de veinte euros, aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas y le absuelve del delito societario del que también venía acusado. La resolución, firmada por el presidente del tribunal, José María Morillo-Velarde Pérez, y los magistrados Juan Luis Rascón Ortega y María Dolores Márquez López -ponente de la causa-, no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La condena queda muy lejos de lo que reclamaba el Ministerio Fiscal, que en sus conclusiones definitivas pedía seis años de prisión por el delito principal y otro año y medio por el delito societario del que ahora resulta absuelto. Y es que el recorte no se limita a la pena: en materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclamaba indemnizaciones al club que sumaban en torno a 2,4 millones de euros y el tribunal las reduce a 77.828,55 euros, la cantidad que González deberá abonar al Córdoba CF SAD, más los intereses legales. A ello se añade la anulación contable de una factura de Azaveco por importe de 242.000 euros y el pago de la treintaiseisava parte de las costas del proceso, declarándose de oficio el resto.

El fallo deja libres de toda pena a los otros cinco acusados. Alejandro González Muñoz, hijo del expresidente y su sucesor en el cargo, queda absuelto del delito de falsedad en documento mercantil. Salvador Sánchez Díaz, agente FIFA y administrador de Football Management Sánchez, lo hace del delito societario y de la apropiación indebida continuada, sin declaración de responsabilidad civil para sus sociedades. Francisco Javier Jiménez Sacristán, exconsejero delegado, es absuelto de la administración desleal, la apropiación indebida y la falsedad documental. Y Andrés Delgado Doncel y Álex Gómez Comes habían quedado absueltos ya en la última sesión del juicio, cuando la Fiscalía retiró la acusación contra ellos y el tribunal lo anunció en el acto.

Tres operaciones clave

El tribunal se centra en tres operaciones muy concretas, todas ellas ligadas al beneficio personal del expresidente. La primera es una factura emitida el 31 de diciembre de 2017 por Azaveco, la sociedad de la que González es administrador único, con cargo al club y por importe de 200.000 euros más IVA, bajo el concepto de servicios de apoyo a la gestión durante el segundo semestre de aquel año. Los magistrados concluyen que esa factura no respondía a ningún servicio identificado ni contratado y que se emitió, en sus palabras, “ex profeso” para compensar contablemente un saldo de 206.219,55 euros que su sociedad debía al Córdoba. La operación se produjo apenas tres semanas antes de que las acciones se vendieran a Jesús León, y la sentencia sitúa ahí la clave: la maniobra buscaba salir limpio ante una venta que ya estaba decidida.

Las otras dos conductas son ciertamente menos cuantiosas. Por un lado, los 49.541,15 euros que el club pagó a la empresa ELA Servicios Globales por servicios de portería en la vivienda particular de González en La Moraleja, en Alcobendas, entre agosto de 2016 y diciembre de 2017. El expresidente alegó que se encontraba en una situación límite por las amenazas recibidas, pero el tribunal no acoge la explicación: el servicio se prestó en su domicilio de Madrid, que ya contaba con control de acceso propio y con la seguridad de la urbanización.

Por otro, los 28.287,4 euros de cargos personales en las tarjetas de La Caixa y Cajasur que el club le facilitó para gastos de representación. El detalle que recoge la sentencia es minucioso: plataformas de videojuegos online durante meses, compras en una joyería y en dos zapaterías de Madrid, una tienda de decoración de Majadahonda, bazares próximos a su domicilio, un establecimiento de maquetas y trenes eléctricos, El Corte Inglés, Media Markt y un seguro médico privado. La defensa justificó una de las compras de videojuegos como regalo a un jugador de la plantilla, argumento que los magistrados descartan al comprobar que los cargos se repitieron a lo largo de meses.

Dos años de prisión

Ante todo eso, el tribunal concluye que González realizó actos dispositivos en perjuicio de la SAD y en su exclusivo beneficio prevaliéndose de la presidencia, y descarta el error de prohibición (desconocimiento de la ilegalidad) que alegó su defensa: tratándose de un “empresario experimentado”, resulta imposible encajar bajo esa pretendida ignorancia la emisión de una factura falsa o el pago de servicios privados con fondos del club. Ninguna de las tres operaciones llega por sí sola a 50.000 euros, pero juntas suman 113.609 y es esa suma la que agrava el delito. Al superar esa cifra, la horquilla penal oscila entre uno y seis años de cárcel, pero el retraso del proceso hace que se rebaje el máximo posible a tres años y medio. Dentro de ese abanico, los magistrados no se van al mínimo, justificado en que los hechos se cometieron administrando un club de fútbol, algo que va más allá de un simple negocio, y con pequeños accionistas que reclamaban transparencia.

El resto de la acusación, que era además su parte más voluminosa, se cae por completo. El tribunal declara reales los servicios que Ecco Documática prestó al club desde Madrid, avala los dos préstamos de Football Management Sánchez -que la pericial de KPMG definió como una salida habitual para una empresa en concurso y sin acceso al crédito bancario-, no ve irregularidad en los contratos de secretaría técnica y scouting ni en las comisiones por los fichajes de Ryder Matos y Deivid, y respalda el reparto de dividendos de 1,5 millones de 2016 que la Fiscalía consideraba un maquillaje contable.

Seis años de instrucción

La sentencia resuelve también las dudas de procedimiento que el tribunal dejó aparcadas en la primera sesión, y lo hace en contra de las defensas en los dos asuntos de fondo. El abogado de González, Javier García Fernández, pedía anular parte de la acusación porque incluía tres hechos sobre los que su cliente nunca había declarado durante la investigación. El tribunal lo rechaza: en un caso tan complejo, dice, la acusación se va concretando con el tiempo y no tiene por qué coincidir palabra por palabra con lo que se investigó al principio, siempre que los acusados supieran de qué se les acusaba. Y aquí lo sabían desde el inicio.

El segundo argumento tampoco ha sido aceptado. Las defensas sostenían que el fiscal no podía reclamar dinero para un club que en 2021 había renunciado por escrito a cobrarlo. La respuesta del tribunal es que el Córdoba CF SAD no son solo sus dueños: los pequeños accionistas nunca renunciaron a nada y nadie les avisó de que podían sumarse a la causa. Lo confirmó en la vista José María Córdoba, presidente del sindicato de accionistas minoritarios, que declaró que a él no le llamó nadie y que mantenía la reclamación. Sí sale adelante la atenuante por el retraso del proceso, aunque en su versión suave y no en la reforzada que pedía la defensa: la investigación duró seis años y dos meses, y hubo que esperar otros siete hasta el juicio. El tribunal también descarta el segundo atenuante que reclamaba González, basado en que los hechos estaban ya cerca de prescribir.

El procedimiento arrancó con la denuncia que presentó el propio Córdoba CF SAD en septiembre de 2019, ya bajo la presidencia de Jesús León, y ha desembocado en un juicio de diez sesiones celebradas durante la primera quincena de junio. Contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de diez días desde su notificación. La sentencia ordena además que se ponga en conocimiento del club, único perjudicado reconocido en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto administrativo entre un bombero que formó parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el Ayuntamiento de Córdoba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, anulando la resolución municipal que se la denegó inicialmente.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el demandante solicitó el reingreso en el Ayuntamiento de Alicante tras obtener una plaza en dicha administración. Para poder incorporarse a su nuevo destino sin perder su plaza de funcionario de carrera en Córdoba, solicitó la excedencia prevista para la prestación de servicios en otras administraciones. Sin embargo, el consistorio cordobés, entonces en manos de PSOE e IU, rechazó su petición.

Ante esta negativa y la inminente necesidad de trasladarse a Alicante, el bombero se vio obligado a utilizar una vía alternativa para no incurrir en el abandono de su puesto: solicitó una excedencia por cuidado de hijos, aprovechando que había sido padre recientemente para poder marcharse legalmente. A pesar de lograr el traslado mediante este “parche” administrativo, el trabajador decidió llevar el caso a los tribunales para que se le reconociera la situación administrativa correcta.

En su fundamentación jurídica, el TSJA aclara que, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el paso a la situación de servicio en otras administraciones es de aplicación obligatoria (ope legis) cuando un funcionario de carrera obtiene un destino en otra administración pública mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. El tribunal subraya que este tipo de movilidad es un derecho “estrictamente subjetivo y voluntario” que no está sometido a limitaciones temporales por parte de la administración de origen.

Finalmente, el fallo revoca la sentencia previa de un juzgado de Córdoba y reconoce formalmente el derecho del bombero a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2019.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Córdoba a abonar más de 32.000 euros a una historiadora tras acreditarse que sufrió una discriminación salarial durante su etapa en la administración municipal.

La trabajadora prestó servicios para el Ayuntamiento entre junio de 2019 y abril de 2020 con la categoría de historiadora y técnico superior a jornada completa. Su contratación se realizó mediante un contrato de duración determinada para el “programa divulgativo molinos del río guadalquivir”, una iniciativa de cooperación local subvencionada por la Junta de Andalucía.

Durante ese periodo, percibió un salario mensual de 1.179,87 euros. Sin embargo, la justicia ha determinado que este régimen retributivo vulneraba la normativa europea y constitucional sobre igualdad. La sentencia ratifica que el Ayuntamiento pagó a la empleada una cuantía menor a la percibida por los trabajadores fijos que desempeñaban su misma labor, sin que el consistorio pudiera probar ninguna circunstancia objetiva que justificase ese trato diferenciado de manera “idónea, razonable y proporcionada”.

El fallo judicial desestima el recurso del Ayuntamiento de Córdoba y confirma la resolución del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, imponiendo las siguientes obligaciones económicas a la administración local: 31.312,81 euros por las diferencias salariales no abonadas durante la relación laboral, y 1.437,05 euros en concepto de indemnización por la finalización de su contrato temporal.

Además, le aplica un recargo por mora del 10% anual sobre la deuda salarial principal, 800 euros (más IVA) por los honorarios del abogado de la parte demandante tras el proceso de recurso.

En su recurso, el Ayuntamiento intentó evitar el pago del 10% de interés por retraso. No obstante, los magistrados han subrayado que este recargo debe operar de forma “objetiva” en las deudas salariales, con el fin de no primar a quien se retrasa en los pagos, independientemente de que la oposición inicial de la empresa pudiera parecer razonable.

Esta resolución judicial refuerza la doctrina de igualdad entre trabajadores temporales y fijos, estableciendo que los programas de fomento de empleo no pueden servir de base para aplicar condiciones salariales discriminatorias.

El Partido Animalista Pacma ha celebrado la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Córdoba que condena a un ganadero de Dos Torres (Córdoba) por un delito continuado de maltrato animal tras la muerte de 36 vacas por deshidratación y falta de alimento en una explotación ganadera extensiva.

La resolución judicial considera probado que el acusado, responsable de una finca con cerca de un centenar de reses, permaneció varios días sin supervisar a los animales ni garantizar su acceso a agua y pasto, pese a conocer el estado de agotamiento del cercado en el que se encontraban. Como consecuencia, los animales quedaron atrapados en una parcela sin recursos suficientes, provocando la muerte de 36 vacas entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

Durante el procedimiento, el Partido Animalista Pacma ejerció la acusación particular y defendió que los hechos debían ser considerados un delito continuado de maltrato animal; una tesis finalmente respaldada por el juzgado. La sentencia recoge expresamente la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la consideración de los animales como seres sintientes y la necesidad de proteger individualmente su bienestar.

El fallo condena al acusado a 13 meses de prisión, además de 38 meses de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia. También deberá asumir las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular ejercida por Pacma.

Desde Pacma, que consideran la condena “insuficiente” debido a que el acusado no entrará en prisión a pesar de la consecuencia de muerte de un elevado número de animales, entienden que esta sentencia supone “un pequeño avance en la persecución penal de los casos de abandono y negligencia en explotaciones ganaderas, especialmente en sistemas extensivos donde el control sobre los animales suele relajarse bajo la falsa premisa de una supuesta autosuficiencia del ganado”, concluye la formación política.

Un hombre ha aceptado cuatro años de prisión por haber apuñalado a otro hombre en la avenida Compositor Rafael Castro. La Fiscalía pedía para él siete años de cárcel, pero la pena ha quedado reducida tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, lo que ha evitado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba haya celebrado el juicio programado para este lunes

Los hechos ocurrieron el 18 de enero del pasado año, cuando el ya condenado y la víctima comenzaron una discusión en un descampado cercano al centro comercial El Arcángel, donde ambos eran aparcacoches. En el transcurso de la misma, el procesado extrajo una navaja y, con la intención de acabar con la vida del otro hombre, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar de los hechos. No obstante, el agresor fue detenido ese mismo día.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. La víctima tuvo que ser ingresada y sometida a una operación quirúrgica de urgencia debido a una intensa hemorragia causada por la perforación irregular de la vena yugular interna.

Por estos hechos, que han sido catalogados como un delito de homicidio en grado de tentativa, la Audiencia de Córdoba ha condenado al hombre a cuatro años de prisión y a la inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena. Además, le ha impuesto la prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima durante cinco años y el pago de una indemnización de 15.000 euros. Asimismo, deberá abonar las costas del juicio y las de la acusación particular.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora social contra el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la nulidad de su despido, por el que ya cobró indemnización.

Ahora, el tribunal ratifica la sentencia de instancia que declaró el cese como despido improcedente, pero rechaza las pretensiones de la demandante de calificarlo como nulo por vulneración de derechos fundamentales. La resolución analiza el caso de una empleada que prestaba servicios para el consistorio desde el año 2001 y ostentaba la condición de personal laboral indefinido no fijo desde 2012.

El cese se produjo el 31 de enero de 2023 , tras no superar la trabajadora un proceso selectivo de oposición por turno libre convocado en 2020 para cubrir 26 plazas de trabajador social. La recurrente solicitaba la nulidad del despido argumentando una vulneración de la garantía de indemnidad por represalias tras litigios previos y que la resolución fue dictada por un órgano incompetente.

Sin embargo, la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba. El TSJA concluye que no hubo represalias, ya que la medida afectó a otros 12 trabajadores en la misma situación que no superaron la oposición. La sentencia subraya que la trabajadora no impugnó en su momento la convocatoria de 2020 , la cual fue declarada conforme a derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Además, el tribunal aclara que el Ayuntamiento de Córdoba, al ser un municipio de gran población , tiene delegadas las competencias de despido en la Junta de Gobierno Local y sus miembros, por lo que el decreto de cese fue dictado por un órgano competente.

Así, aunque se descarta la nulidad —que habría implicado la readmisión inmediata—, se mantiene la declaración de improcedencia. Según consta en los hechos probados, a la trabajadora ya se le abonó una indemnización de 50.995,03 euros en su última nómina tras la extinción del contrato. Contra esta resolución del TSJA aún cabe la interposición de un recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.

Un tribunal contencioso administrativo de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital a indemnizar con más de 4.000 euros a una ciudadana que sufrió graves lesiones tras una caída provocada por el mal estado de un paso de peatones.

La sentencia estima el recurso de una residente que, el pasado 25 de octubre de 2024, sufrió una fractura de peroné y un esguince de tobillo al introducir el pie en un surco profundo entre el acerado y el asfalto en la calle Motril. El desperfecto, según informes periciales, presentaba una profundidad de 10 centímetros.

El magistrado ha anulado la pretensión inicial del Consistorio de reducir la indemnización al 50% por una supuesta falta de atención de la mujer. El fallo judicial subraya que una profundidad de 10 centímetros supera “lo tolerable” para el tránsito peatonal.

Además, el juez razona que el peatón tiene una “atención dividida” al inicio de un cruce, ya que debe vigilar la aproximación de vehículos, lo que difumina el acceso visual al bache. Como resultado, el Ayuntamiento deberá abonar a la afectada la cantidad de 4.793,50 euros más los intereses legales correspondientes.

La sentencia ha pasado este lunes por la Junta de Gobierno Local, que también ha recibido un caso similar, aunque con resultado distinto. Y es que la justicia ha desestimado íntegramente la demanda de un ciudadano que reclamaba más de 32.000 euros tras caer de su patinete eléctrico en la avenida del Gran Capitán.

En esta ocasión, el tribunal considera que no existe relación de causalidad entre el servicio público y el daño. Los argumentos clave para rechazar esta indemnización fueron que el informe municipal cifró la irregularidad en apenas 3 centímetros de profundidad -el juez calificó el bache como “nimio e intrascendente”, considerando que no rebasó los estándares de seguridad exigibles-, y que este tipo de vehículos requiere una conducción “controlada y dirigida”, siendo el obstáculo fácilmente sorteable.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso tras acuchillar a un hombre que previamente había insultado a su pareja. El fallo, alcanzado tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, modifica sustancialmente la calificación inicial de los hechos, que la fiscal consideraba en principio un homicidio en grado de tentativa.

Los hechos que han dado lugar a esta condena se remontan a un conflicto previo entre un hombre y la mujer. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, este hombre llamó por teléfono a la mujer y, en el transcurso de una discusión, la insultó, lo que provocó que la mujer colgara el teléfono. No obstante, el individuo se presentó poco después en el domicilio de la mujer para proferir expresiones intimidatorias contra ella y su pareja, el ahora condenado.

Tras conocer lo sucedido, la mujer informó al procesado, quien decidió telefonear al hombre para reprocharle su comportamiento. La tensión entre ambos culminó cuando este hombre localizó al condenado en la calle. En ese momento, el acusado portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja y, tras iniciarse una fuerte discusión y una agresión mutua, este propinó varios golpes con el arma blanca a la víctima.

Aunque inicialmente la fiscal sostenía que las heridas causaron un “riesgo vital” para el agredido, este extremo ha sido eliminado del escrito final como parte del acuerdo. Asimismo, se ha retirado la circunstancia mixta de parentesco y la prohibición de alejamiento que se pedía originalmente.

Finalmente, al ser la pena impuesta de dos años y carecer el acusado de antecedentes penales, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Además, la víctima no ha solicitado indemnización. De esta forma, el condenado no entrará en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en ese plazo. La sentencia ya es firme al haber renunciado todas las partes a interponer recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un año y tres meses de prisión a un varón por un delito de abuso sexual, otro de resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, cometido el primero sobre la hija menor de su pareja, de unos 13 años, y los otros sobre guardias civiles en el cuartel de una localidad cordobesa tras ser detenido.

No obstante, la única salvedad es la sustitución de una pena de tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de resistencia por seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, un total de 1.080 euros, según se recoge en la resolución del Alto Tribunal andaluz, que ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusado en el citado sentido. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la relación, desde su inicio a finales del año 2020, y, al menos, durante todo el año 2021, era “bastante compleja, ya que la joven no aceptaba de buen grado la nueva relación de su madre ni la convivencia con él, estimando que la actitud hacia ella de éste era demasiado cariñosa para intentar ganársela, insistiendo en solicitudes para que lo abrazara y con acercamientos que a la joven no le gustaban, llegando, incluso, a darle dinero, en diversas ocasiones con intención de que la relación mejorara”.

“Estas situaciones se prolongaron en el tiempo a pesar de que la joven manifestó a su madre que no le gustaban y que no quería recibir dinero de él”, se añade. Sin embargo, “el acusado, a pesar de ser consciente de la problemática existente, siguió manteniendo la misma actitud”.

En este contexto, el día 8 de noviembre de 2021, la menor volvió del colegio y se metió en su dormitorio, sin que en casa hubiera más personas porque su madre estaba trabajando. Pasados unos minutos el procesado accedió a la habitación en que se encontraba la menor comenzando a hablar con la joven, “intentando, como en otras ocasiones, ganarse su confianza, acercándose a ella e intentando contacto con la misma que ella le negaba hasta que, en un momento indeterminado, se acercó a la misma metiéndole la mano por debajo de la sudadera y de la camiseta térmica que vestía llegando hasta los senos de la niña, que tocó, depositando un billete de 50 euros, en la parte interior del sujetador”, según se relata.

Al respecto, se apunta que “inmediatamente, tras realizar el referido tocamiento y dejar el dinero, el acusado se separó de la menor ante su reacción de oposición por lo ocurrido”. En ese momento, él le dijo que “le devolviera el dinero o le diera un abrazo, y, como la joven, por los nervios, no encontraba el billete, le dio un abrazo y se marchó a casa de su amiga, a quien contó los hechos, como también los narró, de forma casi inmediata, a su madre que interpuso la correspondiente denuncia”.

La denuncia referida determinó la detención del acusado en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, siendo conducido el varón a dependencias del puesto de la Guardia Civil, donde “comenzó a dar golpes, patadas y puñetazos en la puerta de la celda, llegando a causarse lesiones en las manos”.

Ante ello los agentes de la Benemérita, “de servicio y debidamente uniformados, dieron aviso a un equipo médico que se desplazó hasta las dependencias policiales y atendió al detenido que presentaba heridas en las manos, verborrea, nerviosismo y agitación”. “Al marcharse los sanitarios se le indicó que debía de ingresar de nuevo en la celda a lo que él se opuso de forma violenta, forcejeando y lanzando golpes a los agentes que intentaban reducirlo, que fueron hasta cinco, debiendo emplearse a fondo los mismos para lograr que cesara en su actitud, lo que al fin consiguieron”, según se indica en la sentencia.

En este caso, un agente resultó levemente lesionado, “precisando sólo una asistencia médica para su curación, a los tres días de perjuicio personal básico, no constando que haya renunciado a la indemnización correspondiente”; mientras que otro agente también resultó lesionado con contusión y erosión en región temporal izquierda, eritema en cara lateral izquierda de cuello y erosión en mano izquierda, “requiriendo para su curación de la primera asistencia médica y sanando con tres días de perjuicio personal básico y sin secuelas”.

Además de las penas de cárcel y multa ya citadas, el procesado ha sido condenado a multa de 480 euros, orden de alejamiento de la víctima por tiempo de cuatro años y que indemnice a la menor en la cantidad de 600 euros y al agente de la Guardia Civil afectado en 90 euros.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena impuesta a un hombre por delitos de lesiones psíquicas y vejaciones tras colocar varios carteles en el Hospital Universitario Reina Sofía en los que se insinuaba que su expareja mantenía una relación sentimental y sexual con un trabajador del centro sanitario.

La sentencia, dictada la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el condenado y ratifica íntegramente la resolución dictada previamente por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba. En el juicio, el acusado reconoció que puso los carteles, pero aseguró que los mismos no tenían intención de hacer daño.

Según los hechos probados, el acusado había mantenido con la mujer “una relación sentimental similar a la matrimonial” que finalizó en octubre de 2019. Meses después, en julio y agosto de 2020, colocó varios carteles en las puertas de acceso al taller del servicio de mantenimiento del hospital Reina Sofía. En los primeros se hacía referencia a una supuesta relación sentimental entre ambos trabajadores, incluyendo sus nombres dentro de un corazón y el lema Vivan los novios. Días más tarde, volvió a poner otros carteles en los que, según la sentencia, se insinuaban de forma metafórica relaciones sexuales entre ambos dentro del hospital y durante la jornada laboral.

Prisión, días de localización permanente e indemnización a la mujer

Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió un deterioro psíquico y ansiedad, al igual que el trabajador, todo ello acreditado en informes forenses. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal condenó al acusado a nueve meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, otros nueve por el mismo delito, pero sobre el empleado, y 25 días de localización permanente por un delito leve de vejaciones.

Además, el juzgado le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con la mujer durante dos años, así como a su domicilio y lugar de trabajo; la prohibición de aproximación y comunicación durante cinco meses por el delito leve de vejaciones sobre el empleado; y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

Por último, la Audiencia ha confirmado la indemnización de 2.000 euros que el condenado deberá abonar a la mujer por los daños morales y trastornos psicológicos causados.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una vecina contra el Ayuntamiento de Córdoba por un accidente sufrido en la vía pública en la barriada de Villarrubia y ha reconocido su derecho a percibir una indemnización de 7.998,84 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

La sentencia anula la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación presentada el 7 de mayo de 2024, relacionada con una caída ocurrida el 8 de mayo de 2023 en la acera de la plaza de la Unión de la barriada, en la confluencia con las calles de la Parroquia y de la Pedanía, junto a un paso de peatones.

Según recoge la resolución, el accidente se produjo al tropezar por una deficiencia en el acerado. Un informe de la Policía Local incorporado al procedimiento señala que, “por recrecimiento de las raíces de un árbol existente se han levantado en desigual altura las losas de ladrillo amarillo, creando una suerte de desnivel”, que fue considerado “valorables como cierta la deficiencia y el riesgo de caída”.

El magistrado ha considerado acreditado el accidente y ha destacado que las fotografías aportadas “evidencian, junto a alcorque circular de árbol, varios adoquines levantados respecto a los demás, por efecto presumible de las raíces de ese árbol”. Ha añadido, además, que, “considerando la uniformidad y cromatismo del pavimento, se puede colegir que es de no fácil percepción”. No obstante, la sentencia limita la responsabilidad municipal al 50%. En ese sentido, el juzgado ha fallado que el defecto era “bastante leve y derivado de la causa natural señalada” y ha subrayado que la actuación municipal no puede valorarse “con exigencia de la perfección en la prestación del servicio (sino de un estándar razonable)”.

En cuanto a las consecuencias del accidente, la resolución detalla que la caída provocó una fractura de muñeca izquierda que requirió intervención quirúrgica y dejó secuelas. Tras valorar los informes periciales, el juez ha considerado “más convincente” el elaborado para la aseguradora, por ser “más reciente” y contar con “mayor actualización y elementos valorativos disponibles”.

La indemnización total se fija en 15.997,68 euros, pero el Ayuntamiento deberá abonar únicamente el 50%, es decir, 7.998,84 euros. El fallo no impone costas y establece que la indemnización devengará intereses legales desde la fecha de la sentencia. Contra la resolución no cabe recurso.

En una serie de resoluciones dictadas este lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha desestimado íntegramente los recursos presentados por tres comunidades de propietarios que reclamaban una responsabilidad patrimonial millonaria al Consistorio. Las demandas surgieron a raíz de la anulación judicial, en noviembre de 2022, del Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Municipales (PERNRS) de 2005, el cual obligó durante 17 años a los promotores y vecinos a costear infraestructuras que nunca llegaron a entrar en servicio.

En concreto, las reclamaciones económicas ascendían a 408.172,05 euros en el caso de la comunidad de propietarios Residencial Mezquitas de Poniente, 148.124,40 euros para Las Ermitas y 159.552,58 euros solicitados por Habitat Zahira.

El magistrado fundamentó su decisión en que la anulación de una disposición general, como es un plan urbanístico, no presupone por sí misma un derecho automático a la indemnización. Según los fallos, para que la Administración deba compensar a los ciudadanos, su actuación tendría que haber sido irracional o arbitraria, algo que no se aprecia en este conflicto. El juez sostiene que el Ayuntamiento se mantuvo dentro de un margen de apreciación razonable al interpretar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para localizar las centrales de recogida, incluso si esa interpretación técnica fue corregida años después por los tribunales.

Un aspecto clave para la desestimación fue la dilatada vigencia del plan, que estuvo en vigor desde 2005 hasta 2017 sin recibir ninguna impugnación directa, lo que a juicio del tribunal debilita el argumento de que la ilegalidad fuera “palmaria” o evidente desde el principio. Asimismo, las sentencias aclaran que, aunque las comunidades calificaron la gestión municipal como un “desastre” y un ejemplo de mala praxis, la posible infracción del principio de buena administración no genera por sí sola el derecho a cobrar una indemnización si no se prueba que el daño fue causado por una decisión administrativa carente de toda lógica legal.

A pesar de que el Ayuntamiento intentó bloquear los juicios alegando que las comunidades de vecinos no estaban legitimadas para reclamar —al entender que el perjuicio económico lo sufrió cada comprador de piso individualmente—, el magistrado rechazó este obstáculo procesal. El juez reconoció que, al ser las instalaciones de recogida elementos comunes de los edificios, las comunidades tienen pleno derecho a litigar en defensa de los intereses de los copropietarios.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha dictado una sentencia absolutoria para los seis acusados de un delito contra la salud pública relacionado con una macroplantación de marihuana en una nave industrial de Luque (Córdoba). La magistrada María Revuelta Merino ha determinado que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados, tras detectar graves irregularidades en el proceso de investigación y la custodia de las sustancias intervenidas.

El éxito de la defensa ha sido liderado por un equipo jurídico compuesto por los letrados Luis Francisco Palomo Domínguez, Carlos Fernández-Martos Gayá, Luis Marcos Santiago Cortés, Miguel Antonio Gómez de la Rosa, José María Cañete Martínez e Isabel Prados Berzosa, quienes lograron demostrar las carencias del atestado policial, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Uno de los puntos clave para la absolución general fue la ruptura de la cadena de custodia de las muestras. Según los hechos probados, la Guardia Civil intervino 1.572 plantas en octubre de 2018. El instituto armado calificó el hallazgo como el desmantelamiento de la mayor plantación de marihuana de la historia de Córdoba. En total, se arrestó a 12 personas, con edades entonces que iban de los 25 a los 45 años. Pero finalmente solo seis llegaron a juicio oral. Los seis procesados se enfrentaban a penas que iban de uno a cuatro años y medio de cárcel.

Sin embargo, y siempre según consta en la sentencia, se produjo una contradicción numérica insalvable: mientras que las actas policiales indicaban que el 2 de noviembre se cortaron 30 plantas al azar como muestra, el oficio remitido posteriormente al laboratorio y la recepción en Sevilla hacían referencia a un sobre con 35 plantas.

Esta discrepancia llevó al tribunal a concluir que no se puede garantizar que la sustancia analizada fuera realmente la extraída de la nave, lo que invalida el resultado del análisis químico como prueba de cargo.

Una entrada sin orden judicial y acusaciones por “huellas antiguas”

La sentencia también aborda la polémica entrada en la nave industrial. Aunque la magistrada consideró que, técnicamente, al ser un recinto mercantil no destinado a vivienda, no era estrictamente necesaria una orden judicial (la cual había sido denegada previamente por el Juzgado Instructor), la falta de intervención del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) durante la aprehensión y el pesaje inicial aumentó las dudas sobre el rigor del procedimiento.

El enfoque de la acusación resultó especialmente cuestionable en el caso de los instaladores de aires acondicionados. Dos de los acusados fueron procesados únicamente porque se hallaron sus huellas en un cuadro eléctrico y en una botella. Ambos demostraron que estuvieron trabajando en la nave instalando equipos de refrigeración durante el verano de 2018, meses antes de que se detectara la plantación y cuando el local estaba vacío. El tribunal aceptó esta explicación como “plausible”, al no existir otros indicios que los vincularan con el cultivo posterior.

Falta de vinculación individualizada

No son los únicos absueltos. En cuanto a otro de los procesados, la magistrada entiende que su papel se limitó al de un “corredor” o intermediario que puso en contacto al dueño de la nave con los inquilinos, sin que se probara su participación en el tráfico de drogas.

Otro procesado figuraba como arrendatario de la nave industria. No obstante, alegó haber firmado el contrato como un favor personal. Sus huellas en ventiladores fueron justificadas por su presencia frecuente en un club colindante, y el tribunal consideró que no se acreditó que supiera del uso ilícito de la nave.

En el caso también se acusó al primer arrendatario, que desistió del contrato a los pocos días por falta de fondos, sin llegar a ocupar el inmueble, por lo que ha sido absuelto. Y en cuanto a uno de los principales sospechosos, fue absuelto al no existir ningún vestigio físico (huellas o ADN) que lo situara en el lugar, basándose la acusación en testimonios de terceros que ni siquiera declararon en el juicio.

Ante este escenario de “duda razonable” y falta de pruebas concluyentes, la sentencia impone la libre absolución de todos los implicados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a una mujer a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tras supuestamente traficar con drogas en una calle de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, si bien determina que la pena conjunta de multa será de 14,42 euros con la misma responsabilidad personal subsidiaria establecida. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la mujer sobre las 12,35 horas del día 7 de noviembre de 2022, la procesada fue sorprendida por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía mientras entregaba por dinero cinco pastillas de sustancia estupefaciente a D.R.M.J., cuando ambos se encontraban en una calle de la capital.

Una vez realizado el oportuno análisis, las pastillas resultaron ser 0,9 gramos de metadona. La referida sustancia tiene un valor en el mercado ilícito de 28,85 euros.

Con motivo de dicho avistamiento, los funcionarios de la Policía Nacional interceptaron a la acusada y localizaron entre sus pertenencias, en el interior del vehículo donde residía, una caja con un total de 60 comprimidos de Lexatin.

Dichos comprimidos tras el oportuno análisis resultaron ser bromazepam, con un peso total de 12 gramos y cuyo contenido de principio activo, según Vademecum, es de 1,5 miligramos/comprimido.

Al respecto, los jueces apuntan que no consta que tales comprimidos fuesen poseídos por la acusada con vocación de venta o entrega a terceras personas.

Además de la pena de cárcel, la procesada fue condenada al pago de una multa de 28,85 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad, en caso de impago, así como al pago de las costas causadas, si bien el TSJA ha rebajado la multa a 14,42 euros.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba (Sentencia Núm. 422/2025) ha ordenado la suspensión del desahucio previsto para el próximo 27 de enero de 2026, contra una madre, D.ª Montserrat, con dos hijos que viven en situación de vulnerabilidad social,. El lanzamiento y el proceso judicial ha sido instado por una sociedad que se subrogó en la posición inicial de un banco, descrita como un “fondo buitre”. La vivienda fue arrendada por la mujer el 15 de febrero de 2018, a través de un alquiler social tras la firma de un convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y una entidad financiera,, en un programa que luchaba contra los desahucios y la crisis inmobiliaria, destinado a facilitar alquileres a personas especialmente vulnerables,.

La mujer, defendida por la abogada Natalia Pérez Gálvez, ha logrado demostrar ante la jueza la inexistencia de los impagos del alquiler que les reclamaba el fondo buitre y que en total alcanzaba la cifra de 725,47 euros,. Por ese débito, esta madre y sus dos hijos, menores de edad, tenían fecha para abandonar la vivienda.

Tras la subrogación del fondo buitre, la inquilina acreditó que había continuado realizando pagos de la renta mediante transferencia bancaria. El contrato original establecía una renta de 90 euros mensuales.

La clave de la absolución se centró en la prueba del pago. La arrendataria acreditó documentalmente que había realizado transferencias desde agosto de 2022 hasta junio de 2023, y posteriormente, pagos desde julio de 2023 hasta febrero de 2024. La arrendataria actuó siempre con la intención de realizar los ingresos de las rentas e indicó el concepto debido, correspondiente a la mensualidad corriente.

La jueza determinó que, del examen de los documentos, no consta ningún recibo de rentas devuelto por impago durante el periodo en que la arrendataria domicilió el pago. La magistrada ha concluido en su fallo que los 725,47 euros reclamados por el fondo buitre no se correspondían con los meses reflejados en su liquidación, ya que los ingresos realizados por la demandada debieron ser descontados, aplicando el principio de favor debitoris.

Un aspecto adicional que desestimó la jueza fue la reclamación por las diferencias de rentas resultantes de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), que ascendían a 101,40 euros mensuales en ciertos periodos. El tribunal declaró la improcedencia de la reclamación de estas actualizaciones porque la arrendadora no había acreditado la notificación previa y fehaciente de la actualización de la renta a la inquilina. La ausencia de esta notificación fehaciente de la subida del IPC invalidó las reclamaciones por las diferencias de rentas correspondientes a los meses de julio de 2023 a febrero de 2024 y agosto de 2024.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado por varios delitos de violencia de género, ratificando una pena total de 52 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y cuatro meses.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal, confirma la resolución del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que declaró al acusado culpable de varios delitos de amenazas en el ámbito de la pareja y de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ahora, el tribunal ratifica las penas individuales impuestas por el juzgado: tres condenas de diez meses de prisión y dos condenas de once meses, que suman un total de 52 meses de cárcel.

Además, se mantienen las medidas de protección acordadas a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 500 metros durante tres años, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo. Estas medidas se controlarán mediante dispositivos telemáticos, salvo oposición expresa de la denunciante. Asimismo, se confirma la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años por el delito de malos tratos.

“Te voy a matar”

Según los hechos probados en la sentencia, facilitada a este periódico, la relación sentimental entre el acusado y la víctima, que se prolongó durante seis años, estuvo marcada por episodios continuados de violencia física y psicológica. La sentencia detalla varios incidentes de especial gravedad. Entre ellas que, durante una discusión en un parque y en presencia de la hija menor de la pareja, el hombre profirió insultos y amenazas de muerte hacia la mujer, con expresiones como “te voy a matar” o “entiendo por qué asesinan a las mujeres”. La menor, al presenciar la escena, suplicó “papá, no mates al abuelo”, tras escuchar al acusado amenazar con matar al padre de la víctima.

También que, durante otra discusión motivada por los celos, el condenado insultó a su pareja, la golpeó en el costado y la empujó contra un mueble, todo ello en presencia de su hija; que rompió con unas “tijeras un bikini de la víctima para impedirle volver a usarlo; que lanzó un cuchillo que impactó contra el frigorífico o que empuñó una navaja mientras mostraba una fotografía del padre fallecido de la mujer, diciéndole ”vamos a jugar a un juego“, en un claro gesto de intimidación, entre otros episodios recogidos por el auto judicial.

La Audiencia Provincial rechaza los motivos de apelación planteados por la defensa. En primer lugar, desestima la alegación de error en la valoración de la prueba y considera que la jueza de instancia actuó con plena corrección, sin incurrir en razonamientos ilógicos ni arbitrarios. El tribunal avala la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por declaraciones testificales, informes periciales y documentación que desvirtúan la presunción de inocencia.

En segundo lugar, descarta la aplicación de circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas, la adicción a sustancias o el arrebato u obcecación. Sobre este último punto, la Sala recuerda que los celos o las emociones violentas derivadas de ellos no pueden considerarse estímulos suficientes para atenuar la responsabilidad en casos de violencia de género, al ser comportamientos rechazados por las normas sociales y jurídicas.

Por último, la Audiencia rechaza aplicar el delito continuado al entender que los episodios de violencia fueron independientes entre sí y se produjeron con un distanciamiento temporal apreciable, lo que impide considerarlos como una sola acción prolongada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha ratificado la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Córdoba a un empleado municipal procesado por y condenado por dos delitos contra la intimidad, desestimando íntegramente el recurso interpuesto por el éste y confirmando la suspensión de funciones durante dos años por la comisión de una falta grave.

Según recoge el fallo judicial, el funcionario —que desempeñaba labores de conserje en el CEIP Mirasierra de Córdoba— fue condenado penalmente por dos delitos contra la intimidad. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando el empleado instaló una minicámara de videograbación en el aseo de uso exclusivo para profesoras, situado en la planta baja del centro educativo, con el objetivo de vulnerar la intimidad de las afectadas.

Las investigaciones determinaron que el conserje colocó el dispositivo el 22 de febrero de 2021, grabando a una docente, y que posteriormente lo trasladó a otro aseo para realizar una segunda grabación ese mismo día. Repitió la conducta el 23 de febrero, hasta que una de las profesoras descubrió la cámara. Como consecuencia de los hechos, una de las víctimas sufrió un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad que requirió tratamiento médico durante 126 días.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba dictó el 27 de diciembre de 2024 el acuerdo sancionador que calificó la conducta como falta grave, al constituir un delito doloso directamente vinculado con el servicio público.

El magistrado avala la decisión municipal, destacando el “evidente grado de intencionalidad” del funcionario, así como el “daño al interés público” derivado del descrédito causado tanto al centro educativo como a la imagen institucional del Ayuntamiento, citando las repercusiones mediáticas del caso.

La sanción de dos años de suspensión se ajusta al límite legal previsto para las faltas graves, que no puede superar los tres años. Además, la resolución municipal impuso al empleado una sanción económica de 60.260 euros.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba han obtenido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se reconoce el derecho de una cabo primera destinada en el Puesto de El Carpio, que además es la vocal de Cabos de AUGC en la provincia de Córdoba, a que se le paguen los complementos retributivos correspondientes a varios periodos entre los años 2020 y 2023 durante los que tuvo que ejercer como Comandante de Puesto de El Carpio en ausencia del titular de ese cargo.

Según informa la AUGC, la dirección general de la Guardia Civil desestimó la solicitud tramitada por la cabo. Y ,asesorada por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, el cual establece en su fallo que se le abonen las cuantías de los complementos de destino y específico singular que debería haber percibido durante diferentes periodos de sucesión en el mando que suman casi dos años, cantidades a las que se han añadido los intereses legales generados desde que se reclamó en vía administrativa, por lo que la recurrente ya ha recibido 2.010 euros en concepto de liquidación de la sentencia.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que los guardias civiles que desempeñen las funciones de un puesto superior tienen derecho a percibir las retribuciones asignadas al mismo, y quienes realicen funciones de mando durante más de un mes pueden reclamar las diferencias retributivas en los complementos de destino y específico singular”, añadiendo que “es injustificable que la dirección general de la Guardia Civil siga denegando sistemáticamente este derecho, obligando a los afectados a recurrir, cuando el propio Tribunal Supremo fijó hace años este criterio”.

Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos en esta provincia, ha expuesto que “a diferencia de otras asociaciones, AUGC es una organización transversal que defiende los intereses de todos los guardias civiles, independientemente de su escala, situación o especialidad, como ha hecho en este caso con una cabo primera, y por ello un elevado porcentaje de los cabos destinados en la provincia de Córdoba están afiliados a nuestra asociación. Desde AUGC vamos a seguir intentando poner coto a las injusticias relacionadas con todo lo relativo a las sustituciones y sucesiones en el mando que tienen que afrontar los cabos y guardias civiles en peores condiciones que los titulares de esos puestos de trabajo, y sin recibir las compensaciones que les corresponden”.