El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso tras acuchillar a un hombre que previamente había insultado a su pareja. El fallo, alcanzado tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, modifica sustancialmente la calificación inicial de los hechos, que la fiscal consideraba en principio un homicidio en grado de tentativa.

Los hechos que han dado lugar a esta condena se remontan a un conflicto previo entre un hombre y la mujer. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, este hombre llamó por teléfono a la mujer y, en el transcurso de una discusión, la insultó, lo que provocó que la mujer colgara el teléfono. No obstante, el individuo se presentó poco después en el domicilio de la mujer para proferir expresiones intimidatorias contra ella y su pareja, el ahora condenado.

Tras conocer lo sucedido, la mujer informó al procesado, quien decidió telefonear al hombre para reprocharle su comportamiento. La tensión entre ambos culminó cuando este hombre localizó al condenado en la calle. En ese momento, el acusado portaba un cuchillo de diez centímetros de hoja y, tras iniciarse una fuerte discusión y una agresión mutua, este propinó varios golpes con el arma blanca a la víctima.

Aunque inicialmente la fiscal sostenía que las heridas causaron un “riesgo vital” para el agredido, este extremo ha sido eliminado del escrito final como parte del acuerdo. Asimismo, se ha retirado la circunstancia mixta de parentesco y la prohibición de alejamiento que se pedía originalmente.

Finalmente, al ser la pena impuesta de dos años y carecer el acusado de antecedentes penales, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Además, la víctima no ha solicitado indemnización. De esta forma, el condenado no entrará en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en ese plazo. La sentencia ya es firme al haber renunciado todas las partes a interponer recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un año y tres meses de prisión a un varón por un delito de abuso sexual, otro de resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, cometido el primero sobre la hija menor de su pareja, de unos 13 años, y los otros sobre guardias civiles en el cuartel de una localidad cordobesa tras ser detenido.

No obstante, la única salvedad es la sustitución de una pena de tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de resistencia por seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, un total de 1.080 euros, según se recoge en la resolución del Alto Tribunal andaluz, que ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusado en el citado sentido. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la relación, desde su inicio a finales del año 2020, y, al menos, durante todo el año 2021, era “bastante compleja, ya que la joven no aceptaba de buen grado la nueva relación de su madre ni la convivencia con él, estimando que la actitud hacia ella de éste era demasiado cariñosa para intentar ganársela, insistiendo en solicitudes para que lo abrazara y con acercamientos que a la joven no le gustaban, llegando, incluso, a darle dinero, en diversas ocasiones con intención de que la relación mejorara”.

“Estas situaciones se prolongaron en el tiempo a pesar de que la joven manifestó a su madre que no le gustaban y que no quería recibir dinero de él”, se añade. Sin embargo, “el acusado, a pesar de ser consciente de la problemática existente, siguió manteniendo la misma actitud”.

En este contexto, el día 8 de noviembre de 2021, la menor volvió del colegio y se metió en su dormitorio, sin que en casa hubiera más personas porque su madre estaba trabajando. Pasados unos minutos el procesado accedió a la habitación en que se encontraba la menor comenzando a hablar con la joven, “intentando, como en otras ocasiones, ganarse su confianza, acercándose a ella e intentando contacto con la misma que ella le negaba hasta que, en un momento indeterminado, se acercó a la misma metiéndole la mano por debajo de la sudadera y de la camiseta térmica que vestía llegando hasta los senos de la niña, que tocó, depositando un billete de 50 euros, en la parte interior del sujetador”, según se relata.

Al respecto, se apunta que “inmediatamente, tras realizar el referido tocamiento y dejar el dinero, el acusado se separó de la menor ante su reacción de oposición por lo ocurrido”. En ese momento, él le dijo que “le devolviera el dinero o le diera un abrazo, y, como la joven, por los nervios, no encontraba el billete, le dio un abrazo y se marchó a casa de su amiga, a quien contó los hechos, como también los narró, de forma casi inmediata, a su madre que interpuso la correspondiente denuncia”.

La denuncia referida determinó la detención del acusado en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, siendo conducido el varón a dependencias del puesto de la Guardia Civil, donde “comenzó a dar golpes, patadas y puñetazos en la puerta de la celda, llegando a causarse lesiones en las manos”.

Ante ello los agentes de la Benemérita, “de servicio y debidamente uniformados, dieron aviso a un equipo médico que se desplazó hasta las dependencias policiales y atendió al detenido que presentaba heridas en las manos, verborrea, nerviosismo y agitación”. “Al marcharse los sanitarios se le indicó que debía de ingresar de nuevo en la celda a lo que él se opuso de forma violenta, forcejeando y lanzando golpes a los agentes que intentaban reducirlo, que fueron hasta cinco, debiendo emplearse a fondo los mismos para lograr que cesara en su actitud, lo que al fin consiguieron”, según se indica en la sentencia.

En este caso, un agente resultó levemente lesionado, “precisando sólo una asistencia médica para su curación, a los tres días de perjuicio personal básico, no constando que haya renunciado a la indemnización correspondiente”; mientras que otro agente también resultó lesionado con contusión y erosión en región temporal izquierda, eritema en cara lateral izquierda de cuello y erosión en mano izquierda, “requiriendo para su curación de la primera asistencia médica y sanando con tres días de perjuicio personal básico y sin secuelas”.

Además de las penas de cárcel y multa ya citadas, el procesado ha sido condenado a multa de 480 euros, orden de alejamiento de la víctima por tiempo de cuatro años y que indemnice a la menor en la cantidad de 600 euros y al agente de la Guardia Civil afectado en 90 euros.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena impuesta a un hombre por delitos de lesiones psíquicas y vejaciones tras colocar varios carteles en el Hospital Universitario Reina Sofía en los que se insinuaba que su expareja mantenía una relación sentimental y sexual con un trabajador del centro sanitario.

La sentencia, dictada la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el condenado y ratifica íntegramente la resolución dictada previamente por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba. En el juicio, el acusado reconoció que puso los carteles, pero aseguró que los mismos no tenían intención de hacer daño.

Según los hechos probados, el acusado había mantenido con la mujer “una relación sentimental similar a la matrimonial” que finalizó en octubre de 2019. Meses después, en julio y agosto de 2020, colocó varios carteles en las puertas de acceso al taller del servicio de mantenimiento del hospital Reina Sofía. En los primeros se hacía referencia a una supuesta relación sentimental entre ambos trabajadores, incluyendo sus nombres dentro de un corazón y el lema Vivan los novios. Días más tarde, volvió a poner otros carteles en los que, según la sentencia, se insinuaban de forma metafórica relaciones sexuales entre ambos dentro del hospital y durante la jornada laboral.

Prisión, días de localización permanente e indemnización a la mujer

Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió un deterioro psíquico y ansiedad, al igual que el trabajador, todo ello acreditado en informes forenses. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal condenó al acusado a nueve meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, otros nueve por el mismo delito, pero sobre el empleado, y 25 días de localización permanente por un delito leve de vejaciones.

Además, el juzgado le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con la mujer durante dos años, así como a su domicilio y lugar de trabajo; la prohibición de aproximación y comunicación durante cinco meses por el delito leve de vejaciones sobre el empleado; y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

Por último, la Audiencia ha confirmado la indemnización de 2.000 euros que el condenado deberá abonar a la mujer por los daños morales y trastornos psicológicos causados.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una vecina contra el Ayuntamiento de Córdoba por un accidente sufrido en la vía pública en la barriada de Villarrubia y ha reconocido su derecho a percibir una indemnización de 7.998,84 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

La sentencia anula la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación presentada el 7 de mayo de 2024, relacionada con una caída ocurrida el 8 de mayo de 2023 en la acera de la plaza de la Unión de la barriada, en la confluencia con las calles de la Parroquia y de la Pedanía, junto a un paso de peatones.

Según recoge la resolución, el accidente se produjo al tropezar por una deficiencia en el acerado. Un informe de la Policía Local incorporado al procedimiento señala que, “por recrecimiento de las raíces de un árbol existente se han levantado en desigual altura las losas de ladrillo amarillo, creando una suerte de desnivel”, que fue considerado “valorables como cierta la deficiencia y el riesgo de caída”.

El magistrado ha considerado acreditado el accidente y ha destacado que las fotografías aportadas “evidencian, junto a alcorque circular de árbol, varios adoquines levantados respecto a los demás, por efecto presumible de las raíces de ese árbol”. Ha añadido, además, que, “considerando la uniformidad y cromatismo del pavimento, se puede colegir que es de no fácil percepción”. No obstante, la sentencia limita la responsabilidad municipal al 50%. En ese sentido, el juzgado ha fallado que el defecto era “bastante leve y derivado de la causa natural señalada” y ha subrayado que la actuación municipal no puede valorarse “con exigencia de la perfección en la prestación del servicio (sino de un estándar razonable)”.

En cuanto a las consecuencias del accidente, la resolución detalla que la caída provocó una fractura de muñeca izquierda que requirió intervención quirúrgica y dejó secuelas. Tras valorar los informes periciales, el juez ha considerado “más convincente” el elaborado para la aseguradora, por ser “más reciente” y contar con “mayor actualización y elementos valorativos disponibles”.

La indemnización total se fija en 15.997,68 euros, pero el Ayuntamiento deberá abonar únicamente el 50%, es decir, 7.998,84 euros. El fallo no impone costas y establece que la indemnización devengará intereses legales desde la fecha de la sentencia. Contra la resolución no cabe recurso.

En una serie de resoluciones dictadas este lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha desestimado íntegramente los recursos presentados por tres comunidades de propietarios que reclamaban una responsabilidad patrimonial millonaria al Consistorio. Las demandas surgieron a raíz de la anulación judicial, en noviembre de 2022, del Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Municipales (PERNRS) de 2005, el cual obligó durante 17 años a los promotores y vecinos a costear infraestructuras que nunca llegaron a entrar en servicio.

En concreto, las reclamaciones económicas ascendían a 408.172,05 euros en el caso de la comunidad de propietarios Residencial Mezquitas de Poniente, 148.124,40 euros para Las Ermitas y 159.552,58 euros solicitados por Habitat Zahira.

El magistrado fundamentó su decisión en que la anulación de una disposición general, como es un plan urbanístico, no presupone por sí misma un derecho automático a la indemnización. Según los fallos, para que la Administración deba compensar a los ciudadanos, su actuación tendría que haber sido irracional o arbitraria, algo que no se aprecia en este conflicto. El juez sostiene que el Ayuntamiento se mantuvo dentro de un margen de apreciación razonable al interpretar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para localizar las centrales de recogida, incluso si esa interpretación técnica fue corregida años después por los tribunales.

Un aspecto clave para la desestimación fue la dilatada vigencia del plan, que estuvo en vigor desde 2005 hasta 2017 sin recibir ninguna impugnación directa, lo que a juicio del tribunal debilita el argumento de que la ilegalidad fuera “palmaria” o evidente desde el principio. Asimismo, las sentencias aclaran que, aunque las comunidades calificaron la gestión municipal como un “desastre” y un ejemplo de mala praxis, la posible infracción del principio de buena administración no genera por sí sola el derecho a cobrar una indemnización si no se prueba que el daño fue causado por una decisión administrativa carente de toda lógica legal.

A pesar de que el Ayuntamiento intentó bloquear los juicios alegando que las comunidades de vecinos no estaban legitimadas para reclamar —al entender que el perjuicio económico lo sufrió cada comprador de piso individualmente—, el magistrado rechazó este obstáculo procesal. El juez reconoció que, al ser las instalaciones de recogida elementos comunes de los edificios, las comunidades tienen pleno derecho a litigar en defensa de los intereses de los copropietarios.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha dictado una sentencia absolutoria para los seis acusados de un delito contra la salud pública relacionado con una macroplantación de marihuana en una nave industrial de Luque (Córdoba). La magistrada María Revuelta Merino ha determinado que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados, tras detectar graves irregularidades en el proceso de investigación y la custodia de las sustancias intervenidas.

El éxito de la defensa ha sido liderado por un equipo jurídico compuesto por los letrados Luis Francisco Palomo Domínguez, Carlos Fernández-Martos Gayá, Luis Marcos Santiago Cortés, Miguel Antonio Gómez de la Rosa, José María Cañete Martínez e Isabel Prados Berzosa, quienes lograron demostrar las carencias del atestado policial, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Uno de los puntos clave para la absolución general fue la ruptura de la cadena de custodia de las muestras. Según los hechos probados, la Guardia Civil intervino 1.572 plantas en octubre de 2018. El instituto armado calificó el hallazgo como el desmantelamiento de la mayor plantación de marihuana de la historia de Córdoba. En total, se arrestó a 12 personas, con edades entonces que iban de los 25 a los 45 años. Pero finalmente solo seis llegaron a juicio oral. Los seis procesados se enfrentaban a penas que iban de uno a cuatro años y medio de cárcel.

Sin embargo, y siempre según consta en la sentencia, se produjo una contradicción numérica insalvable: mientras que las actas policiales indicaban que el 2 de noviembre se cortaron 30 plantas al azar como muestra, el oficio remitido posteriormente al laboratorio y la recepción en Sevilla hacían referencia a un sobre con 35 plantas.

Esta discrepancia llevó al tribunal a concluir que no se puede garantizar que la sustancia analizada fuera realmente la extraída de la nave, lo que invalida el resultado del análisis químico como prueba de cargo.

Una entrada sin orden judicial y acusaciones por “huellas antiguas”

La sentencia también aborda la polémica entrada en la nave industrial. Aunque la magistrada consideró que, técnicamente, al ser un recinto mercantil no destinado a vivienda, no era estrictamente necesaria una orden judicial (la cual había sido denegada previamente por el Juzgado Instructor), la falta de intervención del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) durante la aprehensión y el pesaje inicial aumentó las dudas sobre el rigor del procedimiento.

El enfoque de la acusación resultó especialmente cuestionable en el caso de los instaladores de aires acondicionados. Dos de los acusados fueron procesados únicamente porque se hallaron sus huellas en un cuadro eléctrico y en una botella. Ambos demostraron que estuvieron trabajando en la nave instalando equipos de refrigeración durante el verano de 2018, meses antes de que se detectara la plantación y cuando el local estaba vacío. El tribunal aceptó esta explicación como “plausible”, al no existir otros indicios que los vincularan con el cultivo posterior.

Falta de vinculación individualizada

No son los únicos absueltos. En cuanto a otro de los procesados, la magistrada entiende que su papel se limitó al de un “corredor” o intermediario que puso en contacto al dueño de la nave con los inquilinos, sin que se probara su participación en el tráfico de drogas.

Otro procesado figuraba como arrendatario de la nave industria. No obstante, alegó haber firmado el contrato como un favor personal. Sus huellas en ventiladores fueron justificadas por su presencia frecuente en un club colindante, y el tribunal consideró que no se acreditó que supiera del uso ilícito de la nave.

En el caso también se acusó al primer arrendatario, que desistió del contrato a los pocos días por falta de fondos, sin llegar a ocupar el inmueble, por lo que ha sido absuelto. Y en cuanto a uno de los principales sospechosos, fue absuelto al no existir ningún vestigio físico (huellas o ADN) que lo situara en el lugar, basándose la acusación en testimonios de terceros que ni siquiera declararon en el juicio.

Ante este escenario de “duda razonable” y falta de pruebas concluyentes, la sentencia impone la libre absolución de todos los implicados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a una mujer a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tras supuestamente traficar con drogas en una calle de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, si bien determina que la pena conjunta de multa será de 14,42 euros con la misma responsabilidad personal subsidiaria establecida. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la mujer sobre las 12,35 horas del día 7 de noviembre de 2022, la procesada fue sorprendida por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía mientras entregaba por dinero cinco pastillas de sustancia estupefaciente a D.R.M.J., cuando ambos se encontraban en una calle de la capital.

Una vez realizado el oportuno análisis, las pastillas resultaron ser 0,9 gramos de metadona. La referida sustancia tiene un valor en el mercado ilícito de 28,85 euros.

Con motivo de dicho avistamiento, los funcionarios de la Policía Nacional interceptaron a la acusada y localizaron entre sus pertenencias, en el interior del vehículo donde residía, una caja con un total de 60 comprimidos de Lexatin.

Dichos comprimidos tras el oportuno análisis resultaron ser bromazepam, con un peso total de 12 gramos y cuyo contenido de principio activo, según Vademecum, es de 1,5 miligramos/comprimido.

Al respecto, los jueces apuntan que no consta que tales comprimidos fuesen poseídos por la acusada con vocación de venta o entrega a terceras personas.

Además de la pena de cárcel, la procesada fue condenada al pago de una multa de 28,85 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad, en caso de impago, así como al pago de las costas causadas, si bien el TSJA ha rebajado la multa a 14,42 euros.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba (Sentencia Núm. 422/2025) ha ordenado la suspensión del desahucio previsto para el próximo 27 de enero de 2026, contra una madre, D.ª Montserrat, con dos hijos que viven en situación de vulnerabilidad social,. El lanzamiento y el proceso judicial ha sido instado por una sociedad que se subrogó en la posición inicial de un banco, descrita como un “fondo buitre”. La vivienda fue arrendada por la mujer el 15 de febrero de 2018, a través de un alquiler social tras la firma de un convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y una entidad financiera,, en un programa que luchaba contra los desahucios y la crisis inmobiliaria, destinado a facilitar alquileres a personas especialmente vulnerables,.

La mujer, defendida por la abogada Natalia Pérez Gálvez, ha logrado demostrar ante la jueza la inexistencia de los impagos del alquiler que les reclamaba el fondo buitre y que en total alcanzaba la cifra de 725,47 euros,. Por ese débito, esta madre y sus dos hijos, menores de edad, tenían fecha para abandonar la vivienda.

Tras la subrogación del fondo buitre, la inquilina acreditó que había continuado realizando pagos de la renta mediante transferencia bancaria. El contrato original establecía una renta de 90 euros mensuales.

La clave de la absolución se centró en la prueba del pago. La arrendataria acreditó documentalmente que había realizado transferencias desde agosto de 2022 hasta junio de 2023, y posteriormente, pagos desde julio de 2023 hasta febrero de 2024. La arrendataria actuó siempre con la intención de realizar los ingresos de las rentas e indicó el concepto debido, correspondiente a la mensualidad corriente.

La jueza determinó que, del examen de los documentos, no consta ningún recibo de rentas devuelto por impago durante el periodo en que la arrendataria domicilió el pago. La magistrada ha concluido en su fallo que los 725,47 euros reclamados por el fondo buitre no se correspondían con los meses reflejados en su liquidación, ya que los ingresos realizados por la demandada debieron ser descontados, aplicando el principio de favor debitoris.

Un aspecto adicional que desestimó la jueza fue la reclamación por las diferencias de rentas resultantes de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), que ascendían a 101,40 euros mensuales en ciertos periodos. El tribunal declaró la improcedencia de la reclamación de estas actualizaciones porque la arrendadora no había acreditado la notificación previa y fehaciente de la actualización de la renta a la inquilina. La ausencia de esta notificación fehaciente de la subida del IPC invalidó las reclamaciones por las diferencias de rentas correspondientes a los meses de julio de 2023 a febrero de 2024 y agosto de 2024.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado por varios delitos de violencia de género, ratificando una pena total de 52 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y cuatro meses.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal, confirma la resolución del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que declaró al acusado culpable de varios delitos de amenazas en el ámbito de la pareja y de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ahora, el tribunal ratifica las penas individuales impuestas por el juzgado: tres condenas de diez meses de prisión y dos condenas de once meses, que suman un total de 52 meses de cárcel.

Además, se mantienen las medidas de protección acordadas a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 500 metros durante tres años, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo. Estas medidas se controlarán mediante dispositivos telemáticos, salvo oposición expresa de la denunciante. Asimismo, se confirma la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años por el delito de malos tratos.

“Te voy a matar”

Según los hechos probados en la sentencia, facilitada a este periódico, la relación sentimental entre el acusado y la víctima, que se prolongó durante seis años, estuvo marcada por episodios continuados de violencia física y psicológica. La sentencia detalla varios incidentes de especial gravedad. Entre ellas que, durante una discusión en un parque y en presencia de la hija menor de la pareja, el hombre profirió insultos y amenazas de muerte hacia la mujer, con expresiones como “te voy a matar” o “entiendo por qué asesinan a las mujeres”. La menor, al presenciar la escena, suplicó “papá, no mates al abuelo”, tras escuchar al acusado amenazar con matar al padre de la víctima.

También que, durante otra discusión motivada por los celos, el condenado insultó a su pareja, la golpeó en el costado y la empujó contra un mueble, todo ello en presencia de su hija; que rompió con unas “tijeras un bikini de la víctima para impedirle volver a usarlo; que lanzó un cuchillo que impactó contra el frigorífico o que empuñó una navaja mientras mostraba una fotografía del padre fallecido de la mujer, diciéndole ”vamos a jugar a un juego“, en un claro gesto de intimidación, entre otros episodios recogidos por el auto judicial.

La Audiencia Provincial rechaza los motivos de apelación planteados por la defensa. En primer lugar, desestima la alegación de error en la valoración de la prueba y considera que la jueza de instancia actuó con plena corrección, sin incurrir en razonamientos ilógicos ni arbitrarios. El tribunal avala la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por declaraciones testificales, informes periciales y documentación que desvirtúan la presunción de inocencia.

En segundo lugar, descarta la aplicación de circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas, la adicción a sustancias o el arrebato u obcecación. Sobre este último punto, la Sala recuerda que los celos o las emociones violentas derivadas de ellos no pueden considerarse estímulos suficientes para atenuar la responsabilidad en casos de violencia de género, al ser comportamientos rechazados por las normas sociales y jurídicas.

Por último, la Audiencia rechaza aplicar el delito continuado al entender que los episodios de violencia fueron independientes entre sí y se produjeron con un distanciamiento temporal apreciable, lo que impide considerarlos como una sola acción prolongada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha ratificado la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Córdoba a un empleado municipal procesado por y condenado por dos delitos contra la intimidad, desestimando íntegramente el recurso interpuesto por el éste y confirmando la suspensión de funciones durante dos años por la comisión de una falta grave.

Según recoge el fallo judicial, el funcionario —que desempeñaba labores de conserje en el CEIP Mirasierra de Córdoba— fue condenado penalmente por dos delitos contra la intimidad. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando el empleado instaló una minicámara de videograbación en el aseo de uso exclusivo para profesoras, situado en la planta baja del centro educativo, con el objetivo de vulnerar la intimidad de las afectadas.

Las investigaciones determinaron que el conserje colocó el dispositivo el 22 de febrero de 2021, grabando a una docente, y que posteriormente lo trasladó a otro aseo para realizar una segunda grabación ese mismo día. Repitió la conducta el 23 de febrero, hasta que una de las profesoras descubrió la cámara. Como consecuencia de los hechos, una de las víctimas sufrió un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad que requirió tratamiento médico durante 126 días.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba dictó el 27 de diciembre de 2024 el acuerdo sancionador que calificó la conducta como falta grave, al constituir un delito doloso directamente vinculado con el servicio público.

El magistrado avala la decisión municipal, destacando el “evidente grado de intencionalidad” del funcionario, así como el “daño al interés público” derivado del descrédito causado tanto al centro educativo como a la imagen institucional del Ayuntamiento, citando las repercusiones mediáticas del caso.

La sanción de dos años de suspensión se ajusta al límite legal previsto para las faltas graves, que no puede superar los tres años. Además, la resolución municipal impuso al empleado una sanción económica de 60.260 euros.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba han obtenido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se reconoce el derecho de una cabo primera destinada en el Puesto de El Carpio, que además es la vocal de Cabos de AUGC en la provincia de Córdoba, a que se le paguen los complementos retributivos correspondientes a varios periodos entre los años 2020 y 2023 durante los que tuvo que ejercer como Comandante de Puesto de El Carpio en ausencia del titular de ese cargo.

Según informa la AUGC, la dirección general de la Guardia Civil desestimó la solicitud tramitada por la cabo. Y ,asesorada por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, el cual establece en su fallo que se le abonen las cuantías de los complementos de destino y específico singular que debería haber percibido durante diferentes periodos de sucesión en el mando que suman casi dos años, cantidades a las que se han añadido los intereses legales generados desde que se reclamó en vía administrativa, por lo que la recurrente ya ha recibido 2.010 euros en concepto de liquidación de la sentencia.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que los guardias civiles que desempeñen las funciones de un puesto superior tienen derecho a percibir las retribuciones asignadas al mismo, y quienes realicen funciones de mando durante más de un mes pueden reclamar las diferencias retributivas en los complementos de destino y específico singular”, añadiendo que “es injustificable que la dirección general de la Guardia Civil siga denegando sistemáticamente este derecho, obligando a los afectados a recurrir, cuando el propio Tribunal Supremo fijó hace años este criterio”.

Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos en esta provincia, ha expuesto que “a diferencia de otras asociaciones, AUGC es una organización transversal que defiende los intereses de todos los guardias civiles, independientemente de su escala, situación o especialidad, como ha hecho en este caso con una cabo primera, y por ello un elevado porcentaje de los cabos destinados en la provincia de Córdoba están afiliados a nuestra asociación. Desde AUGC vamos a seguir intentando poner coto a las injusticias relacionadas con todo lo relativo a las sustituciones y sucesiones en el mando que tienen que afrontar los cabos y guardias civiles en peores condiciones que los titulares de esos puestos de trabajo, y sin recibir las compensaciones que les corresponden”.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a dos guardias civiles destinados en Posadas y Palma del Río -municipios de la provincia de Córdoba-, uno de ellos el secretario general de esta asociación en la provincia, Gustavo Pérez, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba mediante la que se condena a un hombre como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y otros dos de lesiones, imponiéndole penas que suman dieciséis meses de prisión, así como a indemnizar a los agentes con cuantías que suman 3.770 euros.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2023, cuando dos patrullas de los Puestos de Palma del Río y de Posadas se personaron en el domicilio del condenado, ubicado en la localidad de La Ventilla, en el término municipal de Fuente Palmera, requiriéndole que reingresara voluntariamente en el centro penitenciario de Córdoba tras haber finalizado su permiso, o que les acompañara en el vehículo oficial.

Ante su negativa reiterada, los agentes procedieron a su detención, pero se revolvió contra ellos forcejeando, por lo que tuvo que ser reducido aplicando la fuerza mínima indispensable, y lo trasladaron al centro penitenciario, donde quedó ingresado. Como consecuencia del forcejeo, dos de los guardias civiles sufrieron diversos daños en manos, rodilla y cadera, lesiones por las que el agresor ha sido condenado a indemnizarles.

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los agentes agredidos, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, y además de las indemnizaciones a mis representados, se le ha condenado a pagar las costas procesales. El agresor tiene numerosos antecedentes, y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha recordado que “durante el periodo de 2020 a 2024 se registraron en Andalucía 1.455 agresiones a guardias civiles y 1.536 agentes lesionados por ese motivo, y parece que 2025 no va a ser un año mejor en ese aspecto”.

Y ha añadido que “las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales en nuestra provincia, pero Interior y el gobierno siguen sin reconocernos a nosotros y a los policías nacionales como profesión de riesgo. Además, es necesario que se agraven las penas por este tipo de hechos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, y que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales”.

El PSOE de Pozoblanco (Córdoba) ha lamentado este lunes que, “una vez más, la mala gestión instalada en el Ayuntamiento” de la localidad, con el gobierno municipal del PP, “lleve a la merma de las arcas públicas tras una sentencia firme que condena al Consistorio al pago de 158.826 euros a una empresa que realizó servicios para el Ayuntamiento”.

De hecho, según ha señalado en una nota el portavoz del PSOE en el Consistorio pozoalbense, Rafael Villarreal, “no es la primera sentencia condenatoria a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento, por lo que esperemos que los responsables políticos asuman su error y no dirijan su mirada hacia otro lado o culpen a terceros, algo a lo que están acostumbrados”.

La sentencia ha sido emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba y resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Monsecor, mediente el que reclama al Ayuntamiento una indemnización por la prórroga forzosa del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

Se trata de “un contrato firmado en 2016 y que la empresa prestó en régimen de prórroga forzosa desde 2021 hasta 2023, sin que el Ayuntamiento fuese capaz en ese espacio de tiempo de sacar los pliegos correspondientes para no incurrir en este hecho y poder licitar y adjudicar un nuevo contrato”. Como recoge la sentencia, “la empresa estuvo prestando el servicio siete años después de que el contrato quedase resuelto y más de tres desde la oposición a cualquier prórroga por parte de la empresa”.

Villarreal ha asegurado que “no es un caso nuevo, en reiteradas ocasiones se le viene pidiendo a los equipos de gobierno liderados por Santiago Cabello (PP) que agilicen los trámites para que no se llegue a estos extremos y las empresas puedan demandar al Ayuntamiento y la respuesta siempre es la misma, la gestión es eficiente. Aquí tenemos una muestra más de que de eficiencia andan limitados y lo peor es que los desmanes de esa mala gestión los paga la ciudadanía de Pozoblanco”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia en una pieza separada del macrocaso ERE, conocida como de “pólizas individuales”, que ha resultado en la condena de un cordobés y la absolución de otra cordobesa. Esta pieza del caso se centró en el desvío arbitrario de fondos públicos para favorecer a personas del entorno personal del entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

R. R. G., originario de Santaella (Córdoba), ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. La sentencia le impone una pena de un año y tres meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación, además de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Según los hechos probados, R. R. G. trabajó ininterrumpidamente en la mercantil Chamorro y Moreno desde enero de 1975 hasta su cierre en 2005. Posteriormente, fue beneficiario de una prestación contributiva y de un subsidio para mayores de 52 años en la provincia de Córdoba. Prevaliéndose de su amistad de muchos años con Francisco Javier Guerrero, le solicitó una ayuda económica. Guerrero accedió, promoviendo su inclusión como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia.

Según el fallo judicialo, este cordobés era plenamente consciente de que carecía de un motivo o derecho legal que justificara la obtención de esta ayuda pública y que la única razón para percibirla era su relación personal con el director general de Trabajo. A través de esta póliza, recibió un total de 91.196,76 euros. El tribunal destaca que su conducta estuvo orientada a lucrarse a costa de fondos públicos sin más mérito que el favor de su amigo.

Como circunstancias atenuantes, se le han reconocido la reparación del daño y las dilaciones indebidas. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 91.196,76 euros, de los cuales se detraerá la cantidad ya consignada.

Por otro lado, la sentencia ha absuelto libremente a otra mujer cordobesa que estuvo procesada en el caso. Esta mujer era gerente de la asociación Promi y se relacionó con Francisco Javier Guerrero por motivos ajenos al caso. Aunque envió un fax a Guerrero en noviembre de 2005 expresándole gratitud por la “ayuda que te ofreces a dar a mi padre”, el tribunal consideró que no se ha constatado que solicitara la ayuda económica para su padre ni que se prevaliera de su amistad como factor determinante para la concesión. Tampoco se probó que protagonizara actos necesarios e imprescindibles para que las ayudas fueran otorgadas. En consecuencia, se impone su libre absolución al no haberse demostrado su participación penalmente relevante.

La trama delictiva se articuló a través del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, quien aprovechó los fondos públicos de la Junta de Andalucía para beneficiar a personas de su entorno personal mediante pólizas de seguro de rentas temporales y/o de capital diferido. Estas pólizas, denominadas “individuales”, eran gestionadas al margen de cualquier procedimiento legal y sin fin público, sirviendo únicamente para enriquecer a particulares con los que mantenía relaciones de amistad o vecindad. El dinero público desviado ascendió a una suma considerable, perturbando gravemente el servicio público al que estaban adscritos los fondos.

Una de las principales operativas utilizadas fue el sistema de “pagos cruzados”. Este mecanismo consistía en destinar parte del importe de las primas de pólizas de empresa –originalmente destinadas a ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por ERE– a pagar las primas de las pólizas individuales de los beneficiarios del círculo de Guerrero. Los pagos eran realizados directamente por las aseguradoras a los particulares, eludiendo cualquier control administrativo, financiero y presupuestario. Los beneficiarios eran conscientes de que la única causa de estas percepciones económicas era su relación personal con el director de Trabajo.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un hombre y una mujer, ambos naturales de Lucena, de los delitos de robo con violencia y lesiones por los que fueron juzgados tras pasar un año en prisión provisional. La sentencia concluye que no se ha podido probar que fueran los autores ni de la agresión sufrida por la denunciante ni del supuesto robo de una riñonera con dinero y un teléfono móvil.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de marzo de 2024, cuando los acusados y la denunciante coincidieron en un conocido “fumadero” del barrio de la Lata de Lucena. Allí se produjo una discusión cuyo origen no ha podido determinarse con claridad. La denunciante fue atendida en un centro sanitario por una herida incisa en la cabeza, contusiones y un traumatismo craneoencefálico leve, y denunció haber sido golpeada por ambos acusados y despojada de sus pertenencias.

Sin embargo, la sentencia —emitida por la Sección Tercera de la Audiencia— desmonta esta versión por completo. Durante el juicio, la denunciante modificó sustancialmente su relato inicial: aseguró que no recordaba bien lo sucedido y que en realidad sólo fue uno de los acusados quien la habría agredido, mientras que otra acusada habría intentado separarles. Incluso llegó a afirmar que fue un tercero quien le dijo después que la mujer no la golpeó.

Los jueces destacan que la testigo incurrió en múltiples contradicciones, tanto entre sus declaraciones como frente al único testigo presencial, cuya versión tampoco fue concluyente. El testigo, además de admitir su adicción a las drogas y problemas de salud mental, ofreció un relato incoherente y cambiante sobre lo ocurrido.

“El mayor de los obstáculos que impiden que prospere la pretensión acusatoria estriba en lo declarado por una testigo en el juicio”, recoge la resolución, que subraya que sus distintas versiones hacen inviable atribuir responsabilidad penal alguna a los acusados.

También los propios acusados ofrecieron versiones divergentes, lo que, sumado al contexto de marginalidad y consumo de sustancias en el que se produjo el suceso, ha llevado al tribunal a considerar que no existen pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia. De hecho, el propio informe médico forense deja abierta la posibilidad de que las lesiones pudieran haber sido provocadas por una caída accidental, y no necesariamente por una agresión.

Durante todo este tiempo, los dos acusados permanecieron en prisión provisional, medida que fue levantada solo al finalizar el juicio oral. La resolución absuelve a ambos de todos los cargos y declara de oficio las costas del proceso. A pesar de que la Fiscalía planteó iniciar un procedimiento por posible falso testimonio, la sala descarta deducir testimonio contra la denunciante por la confusión y falta de fiabilidad general de todos los implicados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una sentencia previa que condenaba por acoso laboral a la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En su nuevo fallo, facilitado a este periódico por la letrada Magdalena Entrenas -representante de Baena-, el TSJA absuelve a todos los implicados en el caso, incluido el personal directivo también demandado.

El origen del caso fue una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por una trabajadora del museo. En diciembre de 2024, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba dio la razón a la demandante, reconociendo la existencia de acoso laboral y condenando a la exdirectora y a la Consejería a pagar una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

Sin embargo, ambas partes recurrieron esta decisión y ahora, el TSJA ha desestimado la denuncia original, argumentando que no se h podido demostrar que la exdirectora ni otras personas implicadas intentaran dañar la dignidad de la empleada. Por el contrario, el auto señala que la exdirectora intentó resolver los conflictos de forma activa.

A la hora de desestimar la denuncia, se defiende, además, que la secuencia temporal de los hechos hace inviable que se produjera un acoso continuo. Así, indica la sentencia que la trabajadora estuvo fuera del museo durante largos periodos por traslados y bajas médicas, y que no mencionó a la exdirectora en sus denuncias hasta varios meses después.

El fallo también apunta que la Consejería sí cumplió con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Se realizaron formaciones, evaluaciones y se ofrecieron medidas como cursos para mejorar el clima laboral.

Por todo ello, el TSJA reconoce que hubo tensiones entre la trabajadora y algunos compañeros, pero aclara que un mal ambiente o un conflicto interpersonal no equivale, por sí solo, a acoso laboral. Asimismo, reconocen que, aunque la Inspección de Trabajo observó retrasos en la respuesta al caso y problemas de convivencia, el tribunal concluye que esto no basta para hablar de acoso y considera que la Consejería actuó dentro de sus responsabilidades.

Así, el TSJA concluye que no hay pruebas suficientes para afirmar que existió una conducta sistemática de acoso laboral. Por ello, ha revocado la sentencia inicial y ha absuelto a todos los demandados. Contra el fallo, no obstante, cabe recurso.

Cabe recordar que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) aprobó por unanimidad una sentencia en junio de 2024 que desestimaba otra demanda contra Baena presentada por una empleada con contrato temporal de interinidad en el Museo Arqueológico de Córdoba, tras no apreciar que la extinción de la relación laboral tuviera como origen la discriminación por razón de identidad de género.

Un proceso que se ha hecho esperar, y mucho, aunque ya hay sentencia. El expresidente del Córdoba CF, Jesús León, ha sido condenado a seis años y nueve meses de cárcel por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. El montoreño estaba siendo juzgado por el conocido como 'Caso Saqueo', mediante el que se investigaba la sustracción de parte del patrimonio del Córdoba CF durante la etapa de este como presidente del club, y el cual estaba acusado por delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. De este modo, la sentencia, que ha sido adelantada por Cadena SER Córdoba y a la que ha tenido acceso igualmente Cordópolis, determina que sean casi siete años de prisión para el empresario cordobés.

En el texto, firmado por el juez Juan Luis Rascón, se determina que León sea finalmente juzgado como autor de un delito continuado de apropiación indebida que reviste especial gravedad por su cuantía y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y privado en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Así, la pena, como se ha dicho, es de seis años y nueve meses de prisión, además de una multa de 18 meses con cuota diaria de 40 euros y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. Igualmente, se especifica que al penado se le abonarán cinco meses para el cumplimiento de la pena privativa de libertad, por el tiempo que estuvo sometido a medidas cautelares en esta causa.

Con todo, además, en materia de responsabilidad civil, la sentencia establece que Jesús León deberá abonar a la sociedad anónima deportiva Córdoba CF -por los daños y perjuicios causados- la cuantía de 2.088.835,77 euros. De igual manera, tanto León como su hermano Idelfonso abonarán al club las siguientes cantidades: 269.000 euros por las transferencias recibidas por la sociedad “Mencía Proyects” de la mercantil deportiva y que no se devolvieron, así como 92.426 euros, a razón de las transferencias recibidas por la sociedad “Tecnoglobal Aplicaciones” de la mercantil deportiva y que no se devolvieron.

En otro orden de cosas, se ha decidido absolver tanto a Francisco de Paula López como a José María León, uno de los hermanos de Jesús y quien ya fue retirado en su día de la acusión. Por su parte, el otro de los hermanos acusados, Ildefonso León, ha sido condenado como “cómplice de un delito de apropiación indebida que reviste especial gravedad por su cuantía y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento privado en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”. La pena en su caso es de dos años de prisión, una multa de seis meses con la cuota diaria de 20 euros y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena privativa de libertad. Tanto Jesús León como su esposa, Isabel Madueño, han sido absueltos por el delito de blanqueo de capitales.

Con todo, hay que decir que dicha sentencia es susceptible de recurso de apelación, a interponer ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía en término de diez días.

Intentaron huir y cuando la persecución policial se complicó, embistieron contras los coches de los agentes. Ocurrió en octubre de 2021, en la A-45 en Córdoba. Varios coches lanzadera escoltaban a una furgoneta cargada con más de un kilo de hachís que se dirigía hacia el norte. Entre ellos viajaba uno de los implicados en una red dedicada al tráfico de drogas desde la Costa del Sol hasta Francia. Al verse acorralado por dos vehículos policiales, embistió a los agentes a más de 160 kilómetros por hora. El Tribunal Supremo le ha confirmado ahora la pena de prisión cuatro años y cuatro meses de prisión.

La Sala de lo Penal ha inadmitido el recurso de casación presentado por su defensa, que alegaba trato discriminatorio frente a otros dos acusados que se conformaron con las penas mínimas. El Supremo, sin embargo, considera que la diferencia de penas está plenamente justificada, y mantiene firme la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga y posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En primer momento fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión pro los delitos de atentado con vehículo a motor contra agentes de la autoridad, homicidio en grado de tentativa, delito leve de lesiones, tráfico de drogas, integración en grupo criminal y falsedad. No obstante, el Alto Tribunal andaluz lo absolvió de los tres primeros delitos, reduciendo su condena a cuatro años y cuatro meses de prisión. De los tres procesados, fue el único que llegó a juicio dado que los otros dos reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.

El choque se produjo a la altura de Monturque

Según la sentencia, la organización, formada por al menos seis personas —tres de ellas no han sido juzgadas por estar en situación de rebeldía—, operaba desde una vivienda el municipio malagueño de Arroyo de la Miel. Allí almacenaba la droga y preparaba el transporte, para el que usaba varios vehículos con matrículas falsas.

El 18 de octubre de 2021, la furgoneta cargada con la droga salió rumbo a Francia, escoltada por otros tres coches. Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) habían montado ya un dispositivo de vigilancia y, al detectar la salida de la furgoneta, decidieron interceptarla a la altura del peaje de la AP-7. Pero el conductor aceleró, rompió la barrera del peaje y huyó a toda velocidad por la A-45 en dirección a Córdoba.

Los coches policiales camuflados, con luces y sirenas, siguieron a la furgoneta. Pero entre ellos y su objetivo se interpuso otro vehículo en el que viajaba este procesado y otro acusado. El coche se colocó detrás de los policías y comenzó a cerrarles el paso, frenando, acelerando, bloqueando cualquier maniobra de adelantamiento durante más de 40 kilómetros. Finalmente, a la altura de Monturque, el conductor embistió a los dos vehículos policiales.

Uno de los agentes logró mantener el control. El otro, no. Su coche volcó varias veces y acabó fuera de la carretera. El funcionario sufrió lesiones de extrema gravedad: traumatismo craneoencefálico, fracturas, heridas abiertas y daños físicos permanentes. El otro agente también resultó herido, aunque de forma más leve.

El coche usado en la huida fue abandonado en Montemayor, donde fue localizado días después con signos del choque. Mientras tanto, los miembros de la organización que actuaban como lanzadera se reunieron en este municipio para auxiliar a los huidos y dificultar su localización, aunque finalmente fueron detenidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el desahucio de un agente de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Córdoba a quien la Dirección General del Cuerpo (DGGC) había ordenado cesar en el uso del pabellón oficial que ocupaba desde 2016, tras dos incidentes protagonizados por su perro.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM -y a la que ha tenido acceso este medio-, estima el recurso presentado por el guardia civil y revoca la resolución administrativa al considerar que la medida fue “desproporcionada” y basada en hechos “de escasa entidad”.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el perro del agente, un pastor belga malinois entonces cachorro, estuvo involucrado en dos episodios de mordeduras dentro del acuartelamiento de Córdoba. El primero se produjo en marzo, cuando el animal mordió y causó lesiones a un alumno- trabajador del programa TándEM en la Comandancia. Posteriormente, en el mes de septiembre de ese año, se informó de un segundo incidente en el que el mismo perro mordió a un menor de edad en el patio del acuartelamiento.

El informe de la Asesoría Jurídica de la DGGC indicaba que la Orden General número 5 prohíbe a los adjudicatarios “realizar, o tolerar en el pabellón o en zonas comunes, actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, o que perturben la ordenada convivencia”. Además, la misma orden establece el cese del derecho de uso por “incumplimiento reiterado de las obligaciones”, considerando reiteración cuando se aprecie por segunda vez el incumplimiento.

La Administración defendía que la conducta del perro, independientemente de si estaba catalogado como peligroso, sí lo era y que la Ordenanza Municipal de control de animales de Córdoba exige llevar a los perros sujetos y con bozal si su peligrosidad lo aconseja. Por ello, la Guardia Civil consideró que estos hechos suponían un incumplimiento reiterado de las normas de régimen interno, por lo que decidió desalojar al agente y a su familia del pabellón.

La defensa del recurrente -que es adiestrador canino profesional, miembro de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales y Perito Judicial Cinológico-, argumentó que se trataba de situaciones excepcionales sin intencionalidad, que el animal ya ha fallecido, y que la medida suponía un perjuicio grave para su hijo adoptado, con especiales necesidades emocionales. Además, señaló que en ninguno de los incidentes se formuló denuncia alguna.

Ante ello, el tribunal ha señalado que los hechos no alcanzan la gravedad exigida por la norma para justificar el cese del uso de vivienda oficial, y subraya la ausencia de un perjuicio grave y actual a la convivencia del acuartelamiento. Además, concluye que no existió dolo ni negligencia reiterada por parte del agente y enfatiza la gravedad de las consecuencias personales y familiares que le puede suponer al agente y a su familia el desalojo de la vivienda.