Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha anunciado su participación en los Días Globales de Acción por la Vivienda, una serie de acciones coordinadas internacionalmente del 23 al 29 de marzo de 2026, que exige justicia habitacional en un planeta habitable, plantea resistencia a los desplazamientos impulsados por intereses corporativos, promueve el derecho a la vivienda como un derecho humano, y reclama justicia climática y el no a la guerra.

“La crisis global de la vivienda se agrava mientras las ganancias de unos pocos se disparan. Millones de personas luchan por encontrar y mantener un hogar. Durante los Días de Acción por la Vivienda, nos movilizaremos con aliadas y aliados más allá de las fronteras para exigir un cambio fundamental”, afirma Stop Desahucios. “En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz.”

Lucha global y manifestación desde Las Tendillas

Recuerdan que el año pasado hubo acciones en numerosas ciudades alrededor del mundo. “En 2026, del 23 al 29 de marzo, volvemos a unirnos para confrontar las causas sistémicas de la crisis de la vivienda y del clima. Marcharemos, nos organizaremos, ocuparemos, haremos huelga, protestaremos y construiremos resistencia liderada por las comunidades frente a políticas que priorizan las ganancias por encima de la vida humana”, dicen en un comunicado.

Sobre ello, Stop Desahucios indica que en todo el mundo, la crisis de la vivienda está alimentada por el aumento de los alquileres, la especulación, los desahucios, la extracción de tierras y recursos, y la represión de activistas. Millones de personas afrontan viviendas inadecuadas, inaccesibles o inseguras, mientras los propietarios corporativos y los mercados inmobiliarios financiarizados crecen sin control.

Durante los Días de Acción por la Vivienda 2026, los movimientos locales y globales se movilizan contra los desahucios, la represión de activistas, la venta de nuestras ciudades mediante la turistificación y la especulación, el saqueo de nuestras tierras, el aumento del costo de vida, sus aviones de guerra y la destrucción de nuestro planeta. “Impulsamos una visión de un mundo centrado en una vida digna para todas las personas”.

Stop Desahucios condena además la reciente caída de la moratoria antidesahucios y es crítica con las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía sobre vivienda, que demuestra la nula intención de ejercer una de las principales competencias autonómicas y abordar uno de los mayores problemas del pueblo andaluz, razones por la que anima a sumar fuerzas y salir a la calle en defensa del derecho a la vivienda.

En Córdoba, además, la plataforma viene denunciando reiteradamente el nefasto efecto de los llamados fondos buitre, que de la mano de bancos y gestoras están forrándose y son los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadoras sin alternativa habitacional, e impulsan las subidas de alquileres, a la vez que hacen inviable la emancipación de miles de jóvenes.

Estas dificultades de acceso a la vivienda se ven además agravadas en el caso de las personas racializadas o inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género o familias monomarentales, y otros colectivos particularmente vulnerables.

Por último, se condena la escalada militarista a nivel mundial y se exige radicalidad y firmeza en el 'No a la guerra' y el destino de recursos a políticas sociales, como las de vivienda, y no a bombas, más aún en previsión de la nueva crisis que sin duda provocarán las acciones de guerra absolutamente fuera del derecho internacional.

Lucía (nombre ficticio) y sus tres hijos no tendrán que abandonar la vivienda en la que viven, en el barrio de Huerta de la Reina, después de que el propietario del inmueble, Cajasur, haya remitido al juzgado un documento en el que aplaza el desahucio hasta el final del curso escolar.

Según ha podido saber este periódico, la joven y los menores podrán seguir en la casa, cumpliendo así con la petición de la progenitora, quien, en caso de no lograr un alquiler social, pidió que el aplazamiento del desahucio hasta final de curso para no interferir sobremanera en los menores.

Hay que recordar que el desahucio estaba programado para el pasado miércoles 4 de febrero. Con presencia de Stop Desahucios, que ha ayudado a esta familia, la comisión judicial decidió suspender el desahucio debido al temporal, aplazando el desalojo para este viernes. In extremis, el desahucio se ha vuelto a suspender hasta final de curso. “Ahora respiro, y me gustaría encontrar otra vivienda en el barrio porque no quiero cambiar a los niños de colegio”, ha declarado a este medio la madre.

Según la plataforma Stop Desahucios, la única alternativa que ofrecían los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba era un alojamiento temporal de emergencia, algo que no solucionaba a largo plazo la situación de esta familia.

Con la tranquilidad de saber que no tendrán que abandonar su hogar de inmediato, la madre ya proyecta los próximos pasos: que su hijo menor pueda asistir a la escuela infantil y, mientras tanto, encontrar un trabajo que le permita asegurar un futuro estable para la familia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.

La plataforma 15M-Stop Desahucios Córdoba alerta de que la moratoria antidesahucios para familias vulnerables que expira el próximo 31 de diciembre puede acabar dejando a miles de hogares en una situación de riesgo extremo. La organización recuerda que, a nivel estatal, la moratoria ha evitado casi 60.000 lanzamientos durante los últimos años, convirtiéndose en la última protección efectiva para quienes se encuentran en vulnerabilidad económica y residencial. 

Así, desde 15M-Stop Desahucios estiman que la finalización de la moratoria podría afectar en Córdoba a entre 3.000 y 5.000 familias, atendiendo a la situación habitacional de la provincia y a los datos disponibles sobre desahucios y vulnerabilidad residencial. “Esto significa que, si la moratoria cae el 31 de diciembre, miles de familias vulnerables en Córdoba (muchas con menores, mujeres monomarentales, personas mayores o dependientes) quedarán expuestas a un desalojo inmediato sin alternativa habitacional”, advierten.

Desde 15M-Stop Desahucios Córdoba han señalado desde hace años las limitaciones de la moratoria, que, a su juicio, “no cubre a todas las familias que deberían estar protegidas, no garantiza alternativas habitacionales reales y depende de prórrogas temporales y no de un marco estable de derechos”.

Sin embargo, reconocen que, pese a sus insuficiencias, la moratoria ha evitado decenas de miles de desahucios y es hoy el último dique de contención frente a una emergencia habitacional que sigue creciendo. 

Por ello, la plataforma exige al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios una prórroga urgente antes del 31 de diciembre, así como que amplíen su cobertura para que ningún hogar vulnerable quede excluido, se garanticen alternativas habitacionales dignas y no soluciones temporales inestables y transformen esta medida excepcional en un mecanismo permanente de protección, que impida desahuciar a familias vulnerables sin realojo seguro. 

“Recordamos que la vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía al servicio de fondos buitre, grandes tenedores o intereses especulativos”, insisten, antes de advertir de que “si la moratoria no se prorroga, volveremos a estar en las calles, en los juzgados y en las puertas de las viviendas, defendiendo a las familias como llevamos más de una década haciendo”.

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que la falta de políticas municipales de vivienda está dejando sin apoyo a familias vulnerables en Córdoba y han puesto sobre alerta un posible nuevo caso con una vecina del Sector Sur. Los socialistas consideran que esta situación vuelve a evidenciar la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno local del Partido Popular para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha subrayado que “la política de vivienda del Partido Popular en Córdoba es un fracaso absoluto”, y ha lamentado que el Ayuntamiento continúe sin desplegar mecanismos de mediación y protección que deberían activarse ante cualquier riesgo de pérdida de vivienda. “La ciudadanía no puede afrontar sola procedimientos judiciales complejos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha criticado.

Ortiz ha recordado que la Oficina Municipal de la Vivienda es precisamente el instrumento que debería estar funcionando para asistir, informar, proteger y defender a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda frente a fondos buitre y especuladores que sólo buscan rentabilizar la vivienda como un activo económico. “Es un compromiso incumplido mientras crecen los casos de vulnerabilidad habitacional”, ha señalado.

Ortiz ha reclamado la puesta en marcha inmediata de dicha Oficina, dotada de personal especializado capaz de ofrecer asesoramiento jurídico, mediar con grandes tenedores y activar recursos de emergencia antes de que las familias lleguen a situaciones límite. Asimismo, el grupo socialista exige reactivar un protocolo municipal antidesahucios que integre a Servicios Sociales, Policía Local y Vimcorsa, con capacidad real de actuación preventiva.

En este sentido, el edil ha lamentado que Vimcorsa se desentienda de las dificultades que tienen las familias cordobesas para acceder a una vivienda digna y ha defendido que la empresa pública debe recuperar su papel como operador de vivienda social. Entre las medidas urgentes que propone destacan el impulso de alquileres sociales puente, la compra pública de viviendas afectadas por ejecuciones abusivas, la mediación activa con grandes tenedores y la creación de una bolsa municipal de viviendas asequibles, especialmente dirigida a personas mayores con ingresos reducidos. “Vimcorsa debe volver a ser una herramienta útil para quien más lo necesita y no una oficina paralizada sin políticas reales”, ha dicho.

El concejal socialista ha concluido que la situación que viven muchas familias del Sector Sur “no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática creciente ante la que el Ayuntamiento no puede seguir sin reaccionar”. Para Ortiz, la responsabilidad institucional es clara: “Cuando una familia cordobesa se ve amenazada por perder su vivienda, la respuesta no puede ser el silencio. Exigimos al alcalde que actúe ya y que garantice que ninguna persona en Córdoba vuelva a enfrentarse sola a una situación tan injusta”.

Toñi Morales, una vecina del Sector Sur de Córdoba de 67 años, se enfrentará el próximo lunes a un juicio contra el fondo buitre Promontoria Lezama, que podría culminar en su desahucio, pese a haber vivido toda su vida en la misma vivienda. La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba ha anunciado que la acompañará y apoyará durante el proceso.

Según ha comunicado la asociación, el fondo buitre compró la deuda que originalmente estaba en manos de CajaSur y ahora reclama la ejecución de la vivienda. Toñi, jubilada y con ingresos limitados, no dispone de alternativas habitacionales, por lo que un posible desalojo supondría un grave riesgo para su situación económica y personal.

Según la plataforma, Toñi sufre esta amenaza desde 2008 y el acoso se intensificó en 2009 con llamadas diarias, cartas y amenazas directas. “Le llegaron a decir —literalmente— que ”se tirara por el balcón. Hasta diez llamadas al día formaron parte de un acoso sistemático para expulsarla de su hogar“, ha asegurado la asociación. Aunque las llamadas cesaron en diciembre del año pasado, el fondo presentó ahora la denuncia judicial para ejecutar el desahucio.

El préstamo hipotecario que el fondo buitre pretende ejecutar ya fue declarado abusivo por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que anuló la cláusula suelo y otras condiciones, lo que impide reabrir un caso ya resuelto. La plataforma denuncia que este intento constituye un “ataque directo a la seguridad jurídica y a los derechos de la ciudadanía”.

La asociación asegura que este no es un caso aislado y exige el archivo de la ejecución hipotecaria y el fin del acoso.

La de Paca Blanco es la historia de la España en blanco y negro. Su biografía está plagada de reformatorios, fugas, palizas y coraje. Mucho coraje. Es dueña de una vida trepidante. Agreste. Indómita. Fue una de las miles de mujeres secuestradas por el régimen de Franco para ahormarlas como buenas católicas. Sumisas y obedientes. Pero sobrevivió a la persecución y el sometimiento. Y emergió como ecologista comprometida, activista antinuclear y okupa ingobernable.

Acaba de publicar sus memorias. Pura dinamita para acomodaticios. Y ha hecho escala en Córdoba para presentarlas en el Rey Heredia. Aparece en los Jardines de Orive apoyada en un andador junto a Pepa Bonilla. Cabello violeta, camiseta de Stop Desahucios y, cómo no, pañuelo palestino. Es pura energía. “Nací en 1949 en la Calle de la Paloma en Madrid. Tiraron casi todo el barrio para hacer una avenida y me mandaron a San Cristóbal de los Ángeles. Allí pasé mi adolescencia problemática”.

PREGUNTA. ¿Problemática por qué?

RESPUESTA. Porque era un barrio periférico y soy una barriobajera. Me he criado ahí. ¿Y qué quiere que le diga? Me ha marcado el barrio.

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P. ¿Qué es ser una barriobajera?

R. Ser una barriobajera es vivir en la calle. Tener amigos de todo tipo. No juzgar a la gente ni por su condición, ni por su dinero, ni por nada. Era un barrio pobre, obrero, trabajador, con mucha delincuencia. Y tratas a todo el mundo igual.

P. ¿Qué se aprende en un barrio pobre?

R. A vivir. Es una universidad. Yo no pude ir a la universidad, pero tengo la universidad de la calle. Por eso digo que soy barriobajera y con mucho orgullo.

P. Su padre era preso político republicano.

R. Era rojo.

P. Ya empezamos torcidos.

R. Claro. A ver, ¿qué quiere?

P. ¿Y cuál era la historia de su padre?

R. Tenía la pena de muerte en Cuelgamuros. Y le conmutaron la pena por varias razones. Una es que mi madre trabajaba en una sastrería de fascistas. Y como estaba en la sastrería horas interminables y además limpiaba, fregaba y le cuidaba al niño, pues le tenían mucho cariño a la pobre mujer. Y entonces deciden ayudarla con un novio rojo al que van a matar. Mi padre era ebanista y barnizador. Y entonces había que restaurar Madrid. Lo sacan de Cuelgamuros y lo llevan a un campo de trabajo en el centro donde tiene que trabajar ocho horas para el Estado y otras ocho para su casa.

P. O sea: cuando usted abre los ojos ya estaba en una familia de perdedores.

R. Yo vivo en una buhardilla del Madrid antiguo. En una habitación duermen mis abuelos, en otra mis padres y en una cama mueble del comedor duermo yo. Ahí me crié. En una corrala del Madrid castizo. Eso sí: no me ha faltado de nada. Yo era la hija de un señor que estaba preso y sus hermanas lo tenían en palmitas.

P. Y la llevaron a Alemania.

R. Me voy a Alemania porque mi madre dice que no puede conmigo y me manda con unos tíos que estaban allí de emigrantes.

P. ¿Con cuántos años?

R. Con 16. Tuve mucha suerte porque era pelirroja con pecas. Los alemanes no me tenían por española. Iba a la discoteca y donde me daba la gana. Y daba el pego hasta que abría la boca. Me fue muy bien. Tengo un carácter abierto y he sido muy libertaria de siempre. Para mí, Alemania estaba mucho más avanzada que Madrid.

P. Volvió de Alemania y la metieron en el Patronato de Protección a la Mujer.

R. Volví y estuve unos meses en casa. A mí me pilla una Transición política sangrienta, una revolución musical de la hostia y todas las hormonas revueltas. Y pretendían hacer de las chicas de aquella época mujeres como Dios manda: sumisas y católicas. Y no éramos así ya. En los sesenta, la mayoría estábamos viviendo algo que estaba por llegar.

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P. ¿Y quién la mete en el reformatorio?

R. Mi familia. Fallece mi padre y empiezo con la adolescencia. Vivo en San Cristóbal de los Ángeles y acudo a las huelgas, las manifestaciones y todo lo que se empieza a mover políticamente. Ya tenía unas ideas que me venían de antiguo. Esperaba en la carretera de Andalucía a los obreros de Marconi, de Telefunken, de la Standard y armábamos unas huelgas cojonudas reclamando derechos. Entonces, las mujeres de mi familia consideraron que yendo a manifestaciones por el día y a bailar con minifalda por las tardes yo no tengo solución. Me tienen que reformar no vaya a ser que termine en la cárcel como mi padre. Y casi me meten porque acabé con la Ley de Vagos y Maleantes.

P. Y entra en el año 67 en el reformatorio.

R. Sí. Me pilló todo de sorpresa. Yo soy atea, como mi padre, y cuando vi lo que había allí dentro, miré por todos los sitios a ver por dónde me podía marchar. Era mi obsesión. De todos los sitios donde me han metido me he escapado.

P. La llevaron a las Adoratrices.

R. Adoratrices fue después. Primero me llevaron a un reformatorio que hay en Collado Villalba en Madrid. Después descubrí que era un reformatorio de castigo con unas monjas italianas. Nos sometían a castigos físicos enormes. Nos cortaban el pelo, nos metían en celdas de castigo, nos dejaban sin cartas, sin visitas y sin comer a chicas de 16 años que no habíamos cometido ningún delito. Estábamos presas solo porque había que hacer de nosotras mujeres del régimen y devotas.

P. Buenas católicas.

R. Exactamente.

P. Y se fugó.

R. Yo me he fugado de todos los sitios donde he estado. De todos. No he parado en ninguno. Luego estuve en las Adoratrices, que no eran tan violentas como las de Villalba, pero eran sibilinas. Una lavada de cerebro desde que amanecía el día hasta que te acostabas. Y por la noche hacías guardia en la capilla con un angelote que tenían allí con una antorcha. Adoratrices significaba adoración. Y teníamos que adorar a quien fuera de día y de noche.

Me llevaron a las Adoratrices de Zamora, donde hacía un frío que pelaba. Nos levantaban rezando y nos acostaban rezando. Te encontrabas con una amiga por el pasillo y no le podías decir “hola, Mari Pili”. Le tenías que decir “bendito sea el santísimo sacramento del altar”. Y te contestaba: “Bendito sea por siempre y adorado”. Eso es todo lo que podíamos hablar entre nosotras. Así que cuando todas las monjas estaban dormidas nos íbamos a las pilas de lavar y allí, heladitas de frío, hablábamos. Te podían castigar sin desayunar, sin comer o sin lo que fuera por estar allí hablando. O te podían considerar lesbiana y te llevaban a Ciempozuelos.

P. Que era peor.

R. Era el Psiquiátrico. Y allí te daban electroshock porque a las lesbianas había que curarlas.

P. A usted no la llevaron allí.

R. No. No me llevaron allí porque me escapé. Yo me he escapado de todos los sitios donde he estado.

P. Pero, ¿en cuántos reformatorios ha estado?

R. No va por reformatorios. Va por congregaciones. Están las Adoratrices, las Trinitarias, las Coeli de Villalba, las del Buen Pastor, las Esclavas de no sé qué. En Collado Villalba me he llevado 24 chicas en una fuga. No me querían en ninguna congregación y querían aplicarme la Ley de Vagos y Maleantes.

Me he fugado de todos los reformatorios donde me han metido

P. Usted se quedó embarazada.

R. Hombre, claro. De tantas fugas. ¿Qué quiere que le diga? Llega un día y el novio que te ayuda o el chico que te gusta te lleva al huerto. Cuando entramos nos clasifican entre enteras y no enteras. Yo entré entera, pero con el paso de todo este follón, pues ya no estaba entera. Y como estaba viviendo en un sistema donde no había ni condones me quedé embarazada. Una de las veces que me cogieron me llevaron a la maternidad y de ahí me fugué también embarazada de ocho meses. Me dijo la superiora: “Si te vas de aquí ya no vuelves a ningún convento. Vas directamente a la cárcel por vaga y maleante.

P. Y, si no estabas entera, estabas en pecado,

R. Claro. La maternidad de Peñagrande era el horror de los horrores. Las chicas de 14, 15, 16 años embarazadas cuando tenían los dolores de parto las metían en una habitación que solo cabía una cama con un cristo de una dimensión de toda la pared. Y a ese tenías que estar todo el rato diciéndole: “Soy una pecadora y una golfa”. Según las monjas, tenías que pedir perdón para que tu niño viniera bien.

El terror continuaba porque yo escuchaba a las adolescentes madres el miedo que tenían de que los niños se pusieran malitos. Subían a la enfermería y ya no bajaban. A las monjas los niños se le morían. Y yo no me he visto nunca el cadáver de ningún niño. O sea: los daban en adopción, los vendían o trapicheaban con ellos. Y eso era lo que había en Peñagrande. Era el terror de los terrores. Ya no eras tú sola. Eras tú y otra vida que traías. Y había que defender eso con uñas y dientes.

P. Y usted parió en fuga.

R. Sí. Yo parí en fuga. Me fui al equipo quirúrgico, a la calle Montesa de Madrid, donde se paría gratis. Y ahí tuve la niña. También me la intentaron quitar las monjas. Intentaron convencerme de que yo era una fulana. Que la vida que llevaba no se la podía dar a mi hija y que lo mejor era dársela a una buena familia. Pero yo me quedé con mi hija. Y seguí luchando por ella hasta el punto de que la única manera de salir del Patronato era meterte a monja o casarte.

P. No la volvieron a ingresar.

R. No. Tengo un tío que era del Partido Comunista y dio un puñetazo a la mesa. Dijo: “Hasta aquí hemos llegado. A ver si por querer reformarla la vais a meter vosotras en la cárcel. O le damos una oportunidad o la echamos a la calle, pero se acabó reformatorios y todo este rollo”. Y me fui a mi casa con mi madre.

P. ¿Cuántos años tenía?

R. Dieciocho. ¿Qué pasó? Pues que la policía del Patronato no dejaba de atosigarme y de estar todos los días en mi casa con la única intención de llevarse a la niña. Hice lo que hacíamos la mayoría de nosotras: buscar un marido rápidamente y casarnos porque era la forma de salir de ese infierno.

P. El padre de la niña desapareció.

R. Desapareció en combate. Era un novio que estaba haciendo la mili en Alcalá de Henares. Con él me quedé preñada y punto. Yo no me quería nada con él y creo que él tampoco conmigo. Y entonces me buscaron un marido en el barrio, donde había mucho delincuente. El hombre que buscaron acababa de salir del penal de Ocaña. Era un atracador de bancos. Yo dije: “A este le viene bien casarse y a mí también”. Y llegamos a un acuerdo. Lo que no contaba yo es que el tío se enamorara.

P. Era un matrimonio de conveniencia.

R. Sí, pero luego no salió así.

P. Le gustaste.

R. Le gusté.

El capitalismo es el que nos está jodiendo la vida

P. ¿Y qué pasó?

R. Pues como todos los tíos: te gusta una mujer por lo libre y lo valiente e intentas cambiarla. ¿Y cómo la cambio? Pues le hago otras dos niñas, le ato la pata a la cama y le meto una paliza de vez en cuando.

P. ¿Qué me dice?

R. Pues sí. Me casé con un maltratador. Tuve con él dos niñas seguidas y luego un niño.

P. Y se libró del Patronato.

R. No me libré de él, pero me libré del Patronato. Hay que recordar que la presidenta del Patronato era la mujer de Franco. Y la secretaria Pilar Primo de Rivera.

P. Una buena junta directiva.

R. Una junta directiva buena. Sí.

P. Y usted se separó.

R. No. Hice como en los reformatorios. Cogí a mis hijos y desaparecí.

P. Se fugó otra vez.

R. Me he fugado siempre.

P. ¿Y se fue con sus hijos?

R. Eso sí. Mis hijos conmigo. Son míos.

P. ¿Y qué le dijo el marido?

R. No estaba en ese momento. Sí sé que estuvo buscándome. Tuve que cambiar de ciudad a menudo porque venía a matarme. Era un delincuente común y una persona violenta. Lo decía a boca llena. Si me cogía me metía seis tiros en la cabeza. Él era más bruto, pero yo era más lista. Me he tenido que cambiar muchas veces de sitio hasta que se murió.

Hay 10.000 toneladas de residuos radiactivos que dejamos a las futuras generaciones

P. ¿No tenía miedo?

R. Miedo siempre tengo. Pero no puedes vivir con miedo. Tienes que afrontarlo. Si te quedas en casa con la cabeza tapada no vives.

P. Ha tenido usted una vida de película.

R. Pues que venga Netflix y me haga una serie.

P. Decenas de miles de mujeres como usted fueron secuestradas en el Patronato para reeducarlas conforme a la moral católica. ¿Tenemos una deuda con todas esas mujeres?

R. Tenemos una deuda con todas nosotras. Ha estado oculto. Y el Patronato ha estado funcionando hasta el año 85. O sea, con dos partidos en democracia, uno de ellos el PSOE. Y eso hay que saberlo. Por eso ahora el PSOE nos va a reconocer como víctimas de la dictadura franquista y nos va a meter en la memoria histórica.

P. Paca Blanco La Brava. ¿Se reconoce en este apodo?

R. Me lo llamaban en el barrio de jovencilla. Yo me meto en la asociación de vecinos, me tomo cañas con los delincuentes y pego carteles. O sea, estoy en la calle todo el día. Y me llamaban La Brava porque parecía que tenía menos miedo que las demás. Y si lo tenía, no se me notaba.

P. Usted ha sido una superviviente.

R. Soy una superviviente.

P. Lo sigue siendo.

R. Lo sigo siendo.

P. He leído sobre usted: “Se ha metido en todos los charcos”.

R. En todos los que puedo.

P. ¿Y qué busca en los charcos?

R. Justicia. Yo llamo los charcos a que tú vas andando por la vida y, de repente, no tienes un techo. Soy okupa.

P. Ha sido okupa también.

R. Me han puesto el título de okupa y lo llevo con mucho orgullo.

Pepe Larios ha sido un referente que ha sabido explicarnos las cosas

P. ¿Y qué ha ocupado?

R. Pues no he ocupado nada. La verdad es que me han puesto un título que no me lo merezco, pero lo llevo con orgullo. Yo viví en un pueblo de Extremadura y, por defender lo que es de todos y denunciar una urbanización en un espacio protegido, me tiran hasta cócteles molotov dentro de mi vivienda. Casi muero como Juana de Arco.

P. Los charcos la han ido persiguiendo.

R. Me han ido persiguiendo. Pues mire: cada vez que intento ser como Dios manda, meto la pata.

P. ¿Y usted quiere ser como Dios manda?

R. En ese pueblo yo fui a vivir con gente sana del campo y a envejecer feliz con mi marido. Y fíjese la que me busqué.

P. No la dejaron.

R. No me dejaron.

P. ¿Quien no se mancha de barro no tiene corazón?

R. Exacto. Como dicen en Madrid, para coger peces hay que mojarse el culo.

P. Usted ha sido y sigue siendo militante de base. ¿El verdadero compromiso empieza por la base?

R. Claro. Yo siempre he tenido unas ideas y las defiendo a muerte. Y he querido vivir de acuerdo a como yo pienso. Eso me ha traído muy malas consecuencias y también muy buenas. Ser como soy me ha traído muchos problemas, pero también estoy rodeada de una gente maravillosa que no te la encuentras por la calle. Te la encuentras en los charcos donde me meto.

P. ¿Cómo descubrió el ecologismo?

R. Yo descubro el ecologismo en un ateneo libertario en Madrid y gracias a Ladislao Martínez, que ya no está entre nosotros. Y creía que yo era un diamante en bruto y que limándome un poco podía hacer un buen papel dentro del medio ambiente. Y me voy dando cuenta de que en ese mundillo hacen falta intelectuales y también esa base de la calle. Todavía sigo luchando con eso. Y les digo a mis compañeros: “Ese lenguaje que tenéis no es para la calle”. Y a los de la calle les digo: “Así no vamos a ningún sitio”. Si queremos una casa, hay que salvar primero la común, el planeta, y luego reclamar.

P. O sea: usted es un eslabón entre los intelectuales y la gente de la calle.

R. Lo intento por lo menos.

P. Fue fundadora de Ecologistas de Acción.

R. En Extremadura. Y con más gente. No sola.

P. ¿La lucha obrera está antes que la lucha verde?

R. Está en el mismo nivel. Yo soy ecologista y anticapitalista. Antes de ayer tuve una bronca con uno de Ecologistas en Acción que hablaba mal de las placas solares. Y yo le dije: “¿Qué coño te han hecho a ti las placas? Cuando hables mal de las placas solares, lo primero que tienes que hacer es hablar mal del que las pone. Cuando hables mal del oligopolio eléctrico y de los capitalistas y de los fondos de inversión, dices lo que quieras, pero no puedes hablar mal de las placas sin hablar mal de estos antes”. Las placas no se meten con nadie. No hay derecho a que se sacrifiquen unos territorios para alumbrar a otros. Por ejemplo, Madrid. Que la alumbra tres reactores nucleares. No hay derecho. Madrid puede tener comunidades energéticas y placas en los tejados. Puede tener mogollón de historias que los fachas de la Comunidad y del Ayuntamiento no van a hacer.

El hombre que buscaron para casarme era un atracador de bancos

P. ¿Por qué hay que acabar con el capitalismo?

R. Porque es el que nos está jodiendo la vida. Así de claro. El capitalismo explota tanto en la agricultura como en la ganadería. Son explotaciones para ganar dinero. Es un negocio. No miran la tierra, ni el agua, ni el aire. Le importa una mierda todo. Solo quieren dinero, dinero, dinero.

P. ¿Usted sigue siendo un diamante en bruto o ya está pulida?

R. Yo creo que me he pulido mucho, pero me apetece seguir siendo yo.

P. ¿Nuclear. No, gracias?

R. Nuclear no. Ni con gracias ni sin ella. Con la nuclear ahora mismo hay una propaganda para confundir a la gente. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo: el oligopolio eléctrico, que son las propietarias de las centrales nucleares, generan una basura. Tú y yo para sacar la basura a la calle tenemos que pagar un impuesto al Ayuntamiento. En las centrales nucleares no. Las centrales nucleares van acumulando en la puerta residuos radioactivos de alta que duran activos miles de años. Y no hay ningún camión que se lleve la basura. De momento hay 10.000 toneladas de residuos que dejamos a las futuras generaciones y no sabemos qué hacer con ella.

P. La Unión Europea ha declarado la energía nuclear verde.

R. Como si la pinta de rosa. Los gobiernos europeos han invertido un dinero en centrales nucleares. Sobre todo Francia, que tiene 56. España las tiene amortizadas y Francia no. Vamos a ver qué hacen con los residuos, porque si tenemos 10.000 toneladas en España, ¿qué tiene Francia?

P. ¿Y qué vamos a hacer con esos residuos?

R. Eso pregunto yo: ¿qué vamos a hacer con los residuos? Yo tengo una propuesta.

P. ¿Cuál?

R. La mía es agresiva y con muy mala leche. Yo quiero que el cementerio nuclear en profundidad, donde se alojen todos los residuos de alta radiactividad, vaya a Madrid.

P. ¿Por qué?

R. Pues porque Madrid está generando esos residuos y no está atendiendo a poner renovables para evitarlo. Por lo tanto, como no está haciendo los deberes, por lo menos que se lleve lo que ha generado.

P. ¿Las energía renovables han ganado la partida?

R. Por supuesto. Es el futuro. De momento, no tenemos otro. No sé si con el tiempo se inventará otra cosa.

P. Donald Trump quiere volver al carbón y al petróleo.

R. Pero es que Donald Trump es un psicópata. Nos están gobernando viejos seniles psicópatas. ¿No se ha dado cuenta? Si hacemos caso a las tonterías de estos viejos seniles psicópatas estamos perdidos. No saben ni lo que dicen. No sé cómo les han votado.

P. ¿Qué le debemos a Pepe Larios?

R. Yo le debo mucho. Y el medio ambiente también. Nos ha enseñado muchísimo. He estado con Pepe Larios en muchos charcos. Y en todos los charcos ha sido un referente que ha sabido explicarnos las cosas. Nos ha dado una conferencia, una charla, un taller y nos ha explicado los pros y los contras de todo. Todos estos grandes que ya no tenemos han sido mis maestros y los echo muchísimo de menos.

He sido una barriobajera y con mucho orgullo

P. ¿Hay relevo para ellos?

R. Sí. Yo estoy en la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción en Madrid. Y ha entrado una cantidad de gente joven que estoy flipando. Son chicos que vienen preparadísimos. Quizás no tengan esa base anticapitalista y rebelde de la calle, pero yo se la estoy metiendo. Los meto en todos los charcos conmigo.

P. ¿De qué es símbolo el Algarrobico?

R. Del capitalismo. De una depredación total que se ha cargado el litoral y que ahora viene a por el interior. Esto no se puede consentir. El Algarrobico había que derruirlo y al Marina de Valdecañas también.

P. ¿La batalla de Valdecañas está ganada?

R. Acaba de salir una sentencia del Constitucional que dice por unanimidad que hay que derribar Valdecañas.

P. También hay una sentencia pidiendo el derribo del Algarrobico y ahí está.

R. Vamos ganando sentencias. A mí me va a pillar muy mayor para ir con un pico y una pala. Y lo mismo que estamos saliendo a la calle por Palestina, un día habrá que salir con pico y pala para tirar aunque sea un cacho.

P. ¿No siempre ganan los poderosos?

R. No siempre ganan. A veces pierden. En Extremadura tenemos una batalla ganada que siempre la pongo como ejemplo. Querían ponernos una refinería de petróleo y la tumbamos con lucha todos los días en la puñetera calle.

P. Usted sigue siendo optimista.

R. ¿No se me nota?

P. ¿Qué batalla le queda por dar?

R. Esta del Patronato no contaba con ella. La asociación Las Desterradas Hijas de Eva me llamaron: “Oye, que tenemos una asociación de supervivientes. ¿Te quieres meter?”. Y dije: “Venga, otro charco”.

P. ¿La vida de Paca Blanco cabe en un libro?

R. No. Se murió mi marido de cáncer y me fui a una caravana que tengo debajo de un árbol en Extremadura a lamerme mis heridas. Y empecé a escribir. Llevaba escritos tres libros de batallas y una amiga y compañera que sabe lo que se hace, Yayo Herrero, me dijo: “¿Dónde vas con la pelea, pelea, pelea?”. Que esto no es un libro de peleas. Es una autobiografía. Y tienes que contar más cosas tuyas“. Entonces me fue quitando peleas del libro, aunque algunas salen.

Me mudé de ciudad a menudo porque mi ex marido venía a matarme

P. ¿Y se ha curado ya de las heridas?

R. He conseguido superarlo. Llevábamos 40 años de novios y nos casamos porque se moría. Me hicieron los ecologistas hasta pancartas que decían: “Vuestro amor dura más que el permiso de Almaraz”. Y lo pasamos muy bien. La cuestión era hacerlo feliz y creo que lo he intentado.

P. O sea: al final ha sentado la cabeza.

R. No. No he sentado la cabeza. He sentado el culo. La cabeza no se sienta hasta que no se mueren los pájaros. Y mis pájaros yo los oigo todavía.

Durante el primer trimestre de 2025, que comprende los días transcurridos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la provincia de Córdoba registró 52 desahucios o lanzamientos. Este dato la sitúa como la segunda provincia de Andalucía con un número menor de lanzamientos en ese periodo.

Así, en la lista que recoge todos los desahucios producidos en Andalucía durante el primer trimestre del año, Málaga se sitúa a la cabeza con un total de 340 desahucios, seguida por Sevilla (225), Almería (153), Cádiz, (137), Granada (114), Huelva (62), Córdoba (52) y Jaén (42).

Málaga también lidera la cifra de lanzamientos derivados de la LAU, con un total de 282. Le sigue Sevilla, con 152, Almería con 103, Cádiz con 102, Granada con 70, Huelva con 40, Córdoba con 32 y, por último, Jaén con 26. Estas cifras demuestran un crecimiento del 16,8% de los desahucios provocados por la LAU en Andalucía con respecto al primer trimestre del 2024.

En relación a los lanzamientos debidos a las ejecuciones hipotecarias, Sevilla se coloca en el primer puesto con 46 desahucios, seguida por Málaga con 44, Almería con 42, Granada con 31, Cádiz con 27, Huelva con 19, Córdoba con 16 y Jaén con 15. Comparando estos datos con los del primer cuatrimestre de 2024, esta clase de desahucios han descendido un 15,5%.

En cuanto a los desahucios producidos por otras causas, Sevilla vuele a capitanear la lista con un total de 27, sucedida por Málaga con catorce, Granada con trece, Almería y Cádiz con ocho cada una, Córdoba con cuatro, Huelva con tres y Jaén con uno.

En el conjunto de Andalucía se registraron un total de 1.125 desahucios o lanzamientos, lo que sitúa a la comunidad en el segundo puesto del ranking nacional. Cataluña lidera la clasificación, con una cifra que alcanza los 2.069 desalojos, mientras que el tercer puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 794.

Según los datos consultados por Europa Press en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayor parte de los lanzamientos producidos en la comunidad fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 807. Otros 240 derivaron directamente de las ejecuciones hipotecarias, y los 78 restantes se debieron a otras causas.

De este modo, se comprueba que Andalucía ha visto incrementada su cifra de desahucios en un 4,6% con respecto al primer trimestre de 2024. De otra manera, este primer trimestre de 2025 se han practicado 12,8 lanzamientos por cada 100.000 habitantes.

Andalucía es la comunidad que más solicitudes registra

En el primer trimestre de 2025 Andalucía recibió un total de 1.463 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, tan solo cinco más que durante el mismo periodo del año anterior.

La provincia de Sevilla ha sido la que más solicitudes ha presentado, 287, seguida de Málaga con 272, Cádiz con 207, Almería con 193, Granada con 172, Córdoba con 129, Huelva con 113 y Jaén con 90. Estas cifras señalan un aumento de las solicitudes presentadas del 0,3% en cuanto al primer trimestre del 2024.

Además, la comunidad alcanza el primer puesto del ranking, con las 1.463 solicitudes ya mencionadas. Cataluña se sitúa en la segunda posición con 1.226 peticiones, y le sucede la Comunidad Valenciana con un total de 762.

De este manera, el CGPJ ha señalado que se han producido 16,6 solicitudes de desahucios por cada 100.000 habitantes en la comunidad andaluza.

“No tenemos descanso”. Estas sencillas palabras ilustran bien la situación que vivían en estos días Nerea y David que, junto a sus dos hijos de 9 y 4 años, se enfrentaban a una orden de desahucio en menos 24 horas -fechada para este 9 de julio-, del piso de un banco en el que viven desde 2018 pagando un alquiler social.

Este martes, acompañados por la Plataforma Stop Desahucios, intentaban gastar el último cartucho ante la sede central del banco -Cajasur- en Córdoba y, mientras David y un portavoz de la plataforma han acudido al interior de la oficina para pedir una vía de diálogo y que el lanzamiento se paralice, a las puertas Nerea ha recibido el apoyo de otros miembros de la plataforma en una protesta para visibilizar la situación que viven.

Y lo han conseguido. Tras la negociación en la oficina bancaria, han obtenido la notificación del procurador en su caso de que el desahucio de mañana miércoles está paralizado. Y, a la vez, el banco se ha comprometido a renovar por un año más el contrato de alquiler social que venía abonando la pareja desde 2018. La familia ha podido respirar, al fin, tranquila.

“Derecho a techo” ha sido el simple, pero directo y repetido lema que han utilizado en la protesta durante la mañana a las puertas del banco, mientras en el interior se intentaba abrir esa esperanza de que Cajasur echara marcha atrás en su decisión de desahuciar a esta familia de su piso. Sin trabajo actualmente y con el Ingreso Mínimo Vital como sustento, no cuentan con otra alternativa de techo.

Mientras ha durado la negociación con el banco, explicaban cómo querían “abrir esa negociación para que se renueve el contrato de alquiler. Porque esa es la solución para esta familia, que no han dejado de pagar. Estamos aquí hasta que se consiga negociar y se asegure que no los van a echar a la calle”, explicaba también a este periódico otra de las portavoces de la plataforma, Emma Lancha.

Recuerdan cómo, en este proceso, Nerea, David y sus dos hijos cuentan con un informe de los Servicios Sociales municipales que señalan su vulnerabilidad, pero este ha sido desestimado hasta el momento por el juez que lleva el caso, aunque la decisión está recurrida por el abogado de la familia.

Además, según anunció Cajasur el viernes a última hora, la entidad había presentado un escrito para solicitar la paralización del desahucio hasta que se resolviera los términos de la vulnerabilidad de la familia. Y esa notificación de paralización es la que finalmente les ha llegado esta mañana, a la vez que el compromiso del banco para renovar el contrato de alquiler.

Entretanto, durante la mañana, ha sido visible la protesta de Stop Desahucios en apoyo a la familia mientras, en el interior, se abría la esperanza de que la entidad aceptara mantener el alquiler para que la pareja y sus hijos puedan seguir viviendo bajo el techo de su piso.

Cuando hace casi catorce años estalló el movimiento social del 15M, Rafa Blázquez estuvo en la gestación del grupo que iba a trabajar sobre el derecho a la vivienda y, desde entonces, ha sido parte activa y visible de la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba. La experiencia en estos años le ha servido para conocer de primera mano cómo el drama de los desahucios llegaba a las puertas de hasta 3.000 familias atendidas por la plataforma en este tiempo, pero también para comprobar cómo ha evolucionado la situación de la vivienda en la ciudad, virando hacia convertirse en un problema acceder a ella.

Con un curriculum que ocupa casi toda su vida como parte de movimientos sociales, ecologistas y vecinales, entre otros, radiografía en esta charla con Cordópolis cómo el acceso a una vivienda se ha convertido en un muro infranqueable para muchos jóvenes y familias en la actualidad. Y apunta directamente a las causas que han generado un problema en lo que la Constitución establece como un derecho: una vivienda digna.

Blázquez abunda en esta entrevista sobre el mercado inmobiliario, los precios del alquiler, los fondos buitre y la especulación, pero también sobre las viviendas turísticas en una ciudad como Córdoba, sobre el papel de las administraciones y su falta de políticas de vivienda, y de quiénes tienen realmente el poder sobre ellas. Y, junto a ello, sobre cómo ese escenario, en el que acceder a una vivienda de alquiler o compra por un precio adecuado es una utopía para gran parte de la población, está desgarrando a varias generaciones.

PREGUNTA. De un tiempo a esta parte, en cualquier conversación familiar o con amigos surge el problema del acceso a la vivienda y los precios… ¿Cuál es su radiografía general de la situación actual?

RESPUESTA. Yo puedo hablar, sobre todo, de la situación de Córdoba, que se parece mucho a lo que pasa en el resto del país. Básicamente, lo que pasa es que la vivienda ha dejado de ser un derecho y, ahora mismo, es un objeto de especulación. Justamente, la Constitución en el artículo 47 dice que es un derecho y que no se puede especular y que los poderes públicos tienen que hacer todo lo posible para que no se haga especulación con el suelo y con la vivienda. Pero eso es justamente lo que más se ha hecho con la vivienda.

Ese es el marco. Y dentro de ese marco, una cosa de las que pasa es que tenemos un parque público de viviendas absolutamente insuficiente. En España estamos hablando de un 2% de parque público de vivienda y eso es cinco veces menos de lo que ocurre en Europa. Y, junto a eso, resulta que vivimos en una ciudad -como pasa en otras ciudades, pero más que en esta en muy pocas-, que tenemos 3.000 viviendas turísticas, que ahora mismo tienen capacidad de alojar a más de 15.000 turistas, de tal manera que las viviendas turísticas se han convertido ya en el principal alojamiento por encima de los establecimientos hoteleros.

Ese fenómeno ha ido creciendo a razón de que cada día se perdían dos viviendas y pasaban a ser turísticas. Dos viviendas al día. Hace un año, el responsable municipal de Turismo del Ayuntamiento decía que eso era un ‘crecimiento sostenible’. Esa es la idea de sostenibilidad que hay en el Ayuntamiento de Córdoba. Evidentemente, esto no es sostenible; es absolutamente insostenible. Si tenemos un problema de vivienda y hay una parte de viviendas que se van perdiendo, eso es algo muy grave.

Junto a eso, hay otra que es que hay una parte muy importante de las viviendas que están vacías. En Córdoba se estima que pueden ser hasta 30.000 viviendas; eso es el 20% de las 152.000 que tenemos.

Luego, pasa otra cosa también, y es que miles de viviendas -en Córdoba se sabe que son más de 20.000 viviendas-, están en manos de grandes tenedores, es decir, de personas físicas o jurídicas que tienen más de cinco viviendas. En España son más de un millón de viviendas las que están en manos de grandes tenedores.

P. Además se suma el poder adquisitivo medio que hay en Córdoba para acceder a una vivienda.

R. Claro, todo eso va configurando el escenario. Y en Córdoba nos encontramos también que esta provincia tiene la cuarta tasa de paro más alta del país, un 18%. Ese es otro factor. Y pasa también que en Andalucía, la vivienda tanto en compra como en alquiler ha subido este año pasado un 10%, que es el doble de la inflación, y el alquiler en Córdoba ha subido un 15%, el triple de la inflación.

Todo eso hace un cóctel que genera muchos problemas. Uno de ellos es que tenemos 7.000 personas registradas como solicitantes de vivienda, que no son 7.000 personas solo las que quieran una vivienda, hay muchas más, pero esas son las que se han registrado.

Y tenemos un grupo de población importante que está amenazada de desahucio. Son gente trabajadora, trabajadores precarios, autónomos o en paro, y que están amenazados de desahucio o van a estarlo. Es una situación angustiosa.

Luego, tenemos un sector de la población que no van a desahuciar porque no tienen vivienda, pero que quiere acceder a una vivienda, como por ejemplo pasa con la gente joven. Una persona joven que quiera independizarse y que quiera acceder a un piso de alquiler, pues tiene un problema muy serio.

Todo ese cóctel es una situación tremendamente dura. Para el alcalde de Córdoba, en las declaraciones que hizo hablando del estado de la ciudad, su frase respecto a la vivienda era que ‘la vivienda iba bien’. A continuación, decía: ‘Pero bueno, vamos a hacer esto, lo otro y lo de más allá’. Pero la parte primera del análisis es decir que va bien. Bueno, pues si pensamos que va bien, va a ser muy difícil que las medidas sean realmente valientes y realmente cambien la situación.

El 50% de los inquilinos está en riesgo de pobreza

P. Usted conoce bien la situación de la vivienda en Córdoba, ha sido cara visible de Stop Desahucios desde su fundación. ¿Qué le motivó a hacer algo para que no haya gente que no tenga vivienda?

R. Bueno, uno estaba ya en los movimientos sociales desde siempre. Desde niño estaba en asociaciones juveniles, con gente conocida en Córdoba como el amigo Juan Andrés de Gracia (el actual presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano) y luego en movimientos de objeción de conciencia, movimientos ecologistas, movimientos vecinales… Cuando se acercó el 15M, yo donde más estaba era en el movimiento vecinal con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, con la que sigo colaborando de alguna u otra forma. Y, entonces, pasó lo que pasó, que era una convocatoria cuando veníamos de esa crisis financiera por la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. Se hizo una convocatoria que tenía que ver con eso y con otras cosas, pero que fue el detonante para que pasara algo, para que por fin pasara algo, en una situación en la que se estaba rescatando a la banca y desahuciando al obrero, que es lo que dicen nuestras camisetas: ‘Rescatan al banquero, desahucian al obrero’.

Entonces, surge ese movimiento de movilización que, incluso desde nuestro país contagia a otros países también y, en el seno del 15M, pues se mantiene un pulso para decir: Aquí hay que iniciar un cambio de rumbo, como sea. Y dentro de todas las luchas que se llevaban, un grupo de personas que estábamos en la comisión de acciones pensábamos que era justamente la lucha por el derecho a la vivienda una de las luchas clave que tenía que marcar todo el movimiento. Pensamos que tenía que haber un grupo de trabajo específico dentro del 15M que trabajase eso. Pues bueno, lo pusimos en marcha y salió como grupo de trabajo y, a lo largo del tiempo, vemos que es de lo que más ha perdurado de aquel 15M, concretamente la Plataforma 15M Stop Desahucios y los Yayoflautas son las cosas que más han perdurado.

Y pensamos que era importante porque, al tiempo que defendíamos a la gente que peor lo estaba pasando, estábamos haciendo frente a los que estaban saliendo ganando con todo lo que estaba ocurriendo. O sea, hacíamos frente al poder financiero, al tiempo que le echábamos un cable a la gente. Y provocábamos un proceso de empoderamiento, que era una vocación que tenía el 15M.

Tengo que recordar que, lo que pasó a partir de esa crisis, fueron centenares de miles de familias que fueron desahuciadas por los bancos y que se quedaron con una deuda de por vida. Eso fue lo que ocurrió en este país, con la legislación hipotecaria que teníamos. Tremendo. Y esa gente se iba a la calle y se comía sus lágrimas solita y no se enteraba nadie.

Nuestro trabajo ha sido que se visibilizara todo eso y hacerle frente. Nos pareció que eso era una clave, que esa era una lucha clave, y lo seguimos pensando.

P. ¿Hemos aprendido algo de aquella crisis inmobiliaria del ladrillazo?

R. Pues muy poco, muy poco. Primero, yo creo que hay personas que no van a poder aprender nada, porque tienen una óptica que es una pseudorreligión neoliberal y negacionista de intervenir por parte de las administraciones, y que entienden que lo hay que hacer es que no hay que hacer nada, que la administración no tiene que intervenir en el mercado; que el mercado es quien tiene que regularlo todo.

Había una persona, que yo le he escuchado muchas veces decir esta frase, Federico Mayor Zaragoza, una persona nada sospechosa de radicalidad, y él decía en algunas charlas que le he escuchado: ‘Los que sabemos algo de economía, sabemos que el mercado como tal no existe, es un ente. Lo que existen son los mercaderes’. Pues eso. Cuando tú dices que no quieres intervenir, lo que estás diciendo es que intervengan los mercaderes, que intervengan los financieros, la gente que hace negocio con esto.

Entonces, si no se interviene -que es lo que dice la Constitución que hay que hacer, intervenir-, si no se pone freno y coto a los precios de los alquileres, si no se hace vivienda pública, si no se pone freno a la turistificación y que de una vez no haya más viviendas turísticas… Si no se hace todo eso, pues realmente ocurre lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en 2008.

Y, bueno, no es que hayamos aprendido, es que los avances que ha habido en cuanto a legislación, moratorias, códigos de buenas prácticas y todo eso, han sido a base de hacer acciones tras acciones, estar toda la semana en la calle las plataformas y presionando a bancos, a gobiernos y a administración. Entonces, ha habido algunos avances, pero seguimos sin entrar en el meollo de la cuestión.

Y la gente que tiene esa óptica neoliberal, es que no lo va a ver en la vida. Porque entiende que cuanto más negocio se haga, así será. Y eso es lo que está planteando, por ejemplo, en Andalucía, Juanma Moreno. En el planteamiento respecto a vivienda dice: ‘Ya sé lo que vamos a hacer, bajar los impuestos’. Pero bueno, bajar los impuestos para que se puedan hacer mejor las compras, las ventas y demás. Eso no puede ser la clave. Pero ellos no pueden ver que se intervenga, porque parece que va en contra de esa pseudorreligión que tienen.

La moratoria para no tener más viviendas turísticas hay que hacerla en toda la ciudad

P. La realidad que se encuentran muchos jóvenes y familias es que tienen un muro para acceder a una vivienda…

R. Lo tienen muy crudo. Realmente, en Córdoba está la cosa francamente mal. Con la situación de paro que hay, con los salarios que hay establecidos y el precio que están adquiriendo los alquileres, potenciados fundamentalmente por la especulación y porque parte de las viviendas se están perdiendo, la verdad es que está francamente mal. Y, entonces, la gente jo, pues se agrupa y dice: 'Sé que solo no voy a vivir nunca o no sé cuándo, pero nos juntamos unos cuantos'. Pero hasta para unos cuantos la cosa está complicada.

Luego, hay otra tipología de gente, que no son jóvenes, son familias que por la razón que sea tienen que cambiar de vivienda. Y está la cosa muy difícil, francamente mal. Aquí lo vivimos eso cada vez que tenemos asamblea de Stop Desahucios: todas las personas que tienen un problema con la vivienda y que tienen una amenaza de desahucio, pues muchas de ellas querrían cambiar de vivienda, pero no pueden cambiar, no tienen alternativa. Ahora mismo, a plazo corto no se ve un cambio.

P. Lo que parece claro es que el precio de la vivienda y los salarios no están acompasados. Es complicado que una persona pueda vivir sola…

R. Sí, sí. Yo creo que la mayoría de la gente joven ya eso lo tiene casi, casi perdido.

P. ¿Qué futuro tiene esa generación?

R. El 50% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. Eso es así y es un problema tremendo. Y cada día hay menos gente que tiene una vivienda en propiedad. En los dos últimos años, ha disminuido la gente que tenía casa en propiedad un 10%, a favor del alquiler. Pero claro, la mitad de los inquilinos está justamente en esta situación, en riesgo de pobreza.

Eso no va a cambiar mientras no se intervenga y se pongan medidas que acoten precios, se impulsen nuevas viviendas sociales y una serie de cuestiones. Y que no se hagan moratorias respecto a viviendas turísticas para una zona de la ciudad, no; hay que hacerlo para toda la ciudad. Porque, si no, el problema se va a ir a otra parte.

Esto que se venía diciendo que era un ‘crecimiento sostenible’ de viviendas turísticas y no había ningún problema, pero ahora resulta que después de encargar un estudio dicen: ‘Ah pues sí, tenemos 24 barrios que están saturados’, es decir todo el centro y parte de sur. Pues si ahora decimos que se pueden hacer en otro sitio, va a seguir existiendo el problema. Porque la presión para el alquiler -y eso está estudiado por ejemplo por la Universidad de Málaga-, la presión que tiene todo este fenómeno de la vivienda turística en la inflación del precio de los alquileres tiene un papel importantísimo.

Es muy fácil. Hay que decir: ya más no. Vamos a ver cómo nos quedamos con lo que hay, si acaso, pero desde luego, más viviendas turísticas no, ninguna.

Si no se interviene el mercado, los fondos buitre se quedarán con todo

P. De hecho ya se están haciendo en otros barrios.

R. Claro, si ahora se dice 'En la parte saturada no se permiten, pero en el resto de la ciudad sí', pues la presión al precio del alquiler va a continuar igual. Se va a trasladar y va a ser imposible. Y hay barrios como, por ejemplo, Valdeolleros que está clamando para que se declare aquello zona tensionada porque, no está en el mismo centro ni tiene tanta vivienda turística, pero esa gente joven quiere quedarse a vivir en su barrio y resulta que no puede.

P. ¿La conclusión es que la especulación inmobiliaria ha ganado la batalla?

R. La está ganando, la está ganando absolutamente. Pero lo que está pasando es solo una pequeña parte. Porque, nosotros, desde la plataforma 15M Stop Desahucios hemos visto muy claramente un fenómeno que conviene que la población tenga bien clarito lo que está ocurriendo. Está habiendo una concentración de capital a nivel brutal. Si tuviéramos que elegir solo una frase para decir qué es lo que está pasando ahora en el mundo, es esa la que habría que poner, eso es lo que está ocurriendo.

Y, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos a contemplarlo y miramos o hacemos algo al respecto? Los negacionistas de la intervención dirán que eso hay que dejarlo hasta que todo sea de uno y ya está. Desde la plataforma, en todos estos años desde 2011, en estos casi catorce años de lucha en Córdoba, ¿qué hemos visto? Pues que, al principio, los agentes desahuciadores eran los bancos. Bancos que eran conocidos, tenían una marca, una oficina, sabíamos dónde estaban… De tal manera que aprendimos cómo presionarles y esos bancos que no querían negociar, tuvieron que negociar, tuvieron que llegar a acuerdos con familias y, la verdad, es que contamos nuestras batallas por victorias. Aquí en Córdoba prácticamente todas las batallas las hemos ganado.

Esos bancos -sobre los que tenemos que recordar que al sistema financiero los rescatamos con un importe de en torno a los 100.000 millones de euros, que destinamos a rescatar al poder financiero, a la estructura financiera-, pues esos bancos se fueron quitando los activos (viviendas) de encima y lo han ido vendiendo a fondos buitre. Fondos buitre que, algunos de ellos tienen como capital seis veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España. Seis Españas.

Ahora, a las familias que hoy llegan a la plataforma o a las que han tenido un proceso muy largo y antes era un banco ¿ahora quiénes los quieren desahuciar? Tanto en un caso como en otro, nos encontramos con fondos buitre. Eso que llamamos fondos buitre, con perdón de los buitres, que son un elemento fundamental del ecosistema, pero estos fondos desde luego que no lo son porque no aportan nada, solo especulación.

¿Y quiénes son estos fondos? Pues nos encontramos con nombres como Solvia, Global Pantelaria, Claysburg, Promontoria Lezama, Finsolutia…Toda una maraña entre fondos buitre, gestoras, inmobiliarias, que trabajan entre sí. Una maraña que es absolutamente demencial cuando tú ves cómo están conectados esos distintos fondos, cómo hay personas que están en los distintos consejos de administración de cada una de estas gestoras y demás. Y todo esto tiene una particularidad: es más difícil hacerles presión.

Hemos aprendido muy poco de la crisis inmobiliaria del ladrillazo

P. Porque no los encuentras o es muy difícil encontrarlos para plantearles esa negociación como se hacía con los bancos.

R. Claro. A los bancos ya les teníamos cogida la medida, sabíamos dónde estaban, nos funcionaba muy bien entrar a hacer ruido y obligarlos a negociar. Pero claro, los fondos buitre, como tienen la sede en un paraíso fiscal o tienen aquí la gestora pero en realidad no es el fondo…

Nosotros, desde Córdoba hemos hecho algo que todavía no lo había hecho nadie. Viendo esta situación, buscamos y dijimos: lo que tengan aquí, vamos a ir a por ello. En abril, montamos un microbús y nos fuimos a Madrid para hacer una ruta, hacer una presión en distintas oficinas, similar a lo que habíamos hecho con los bancos.

Es decir, entrar y cuando estábamos dentro, ponernos las camisetas (de Stop Desahucios) y decir: Aquí venimos a esto. Y venimos a negociar, para que con esta persona que queréis echar a la calle, se abra un proceso de negociación. Y contarle a los vecinos que tenían en sus bloques -esos bloques tan lujosos en la calle Serrano o la Castellana allí en Madrid-, pues que tenían a gente que se dedicaban a eso, que hacían negocio con la tragedia de las familias. Y señalarlos.

Es muy difícil, quisimos hacerlo para decir: vamos a empezar a hacerlo, porque tenemos que abrir una brecha, ya que las autoridades no le hacen frente, pues vamos a ir abriendo brecha con esta gente.

Estos fondos buitre, a nivel mundial y a nivel de Córdoba, que tenga claro la gente que si no se interviene se quedarán con todo. Y con todo es con todo. No es solo ya con nuestros cascos históricos, que son la parte más preciada de la ciudad, sino que se quedarán también con nuestros mejores campos de cultivo, que ya está ocurriendo. Las fincas buenas de cultivo tienen detrás fondos de inversión. Y, al final, se quedarán con todo. Si no intervenimos, cuando queramos hacer algo, ya no habrá nada que hacer.

P. Repasemos el papel de las administraciones en la política de vivienda. En lo local, está el Ayuntamiento con sus competencias, con la empresa municipal de vivienda y la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. ¿Qué diagnóstico hace del papel que juega?

R. De todo lo que no está haciendo el Ayuntamiento, que es todo, lo de la Oficina Municipal de la Vivienda para nuestra plataforma es particularmente doloroso. Y se lo hemos explicado al alcalde. El papel que jugaba la Oficina Municipal de la Vivienda es el único recurso que ponía el Ayuntamiento para echar un cable a las familias que estaban amenazadas de desahucio. ¿Para qué? Para ayudar en una acción en la que había un diálogo entre familias, plataforma y oficina para poder abrir canales de negociación (con los bancos) y conseguir acuerdos en condiciones. Y lo único que hacía el Ayuntamiento era poner ese recurso. Y ese recurso lo está dejando morir, porque lo está dejando sin personal y, cuando la última persona que quede se jubile, pues no quedará nada.

Y se lo estamos reclamando y exigiendo, porque cumplía un papel muy importante y, ya que no hacía otra cosa, pues eso desde luego era crucial, tener allí a un trabajador público pendiente, que hiciera llamadas, que atendiera y que colaborase en abrir procesos de negociación con las entidades. Eso era clave. Y eso nos duele terriblemente.

Mira, en la ciudad de Córdoba, a la plataforma Stop Desahucios nos han dado todos los premios que había. Nos ha dado la Junta de Andalucía un premio, la Fiambrera de Plata nos lo dieron también, el premio de la Asociación pro Derechos Humanos…. Y nos dieron la Medalla de Oro de la ciudad, que es el premio más importante que puede recibir en Córdoba una organización como la nuestra. Pues mire usted, no me dé premios, lo que queremos es que nos echen un cable. O sea, me da un premio porque estamos ayudando a familias a hacer frente a unos colosos, bancos y fondos buitre... pues póngame gente ahí que nos eche un cable, que si hay negociaciones es mejor hacerlo desde lo institucional y podemos hablar, encontrar soluciones, recursos… Y lo están dejando morir. Eso no tiene perdón.

A nivel local, eso nos duele especialmente. Luego, por ejemplo, sobre Vimcorsa, una cosa son las viviendas que habitualmente hace Vimcorsa y otra son las viviendas públicas de alquiler social. Hay todo un abanico y tienen unas posibilidades. Y luego está el tema de las ayudas a los alquileres. Nosotros siempre lo hemos valorado, incluso participando en la comisión de Vimcorsa respecto a esto cuando hemos podido. Y lo que hemos pedido respecto a las ayudas para el alquiler es que tengan estabilidad en el tiempo y sean ágiles.

Pero, ojo, por mucha ayuda al alquiler, si la familia en cuestión no encuentra vivienda, no se puede ejecutar esa ayuda. No es poner una medida solo, es que tiene que ir acompañada de todas las demás cuestiones.

Para abordar el problema de la vivienda, primero a la gente que tiene vivienda y la quieren echar, vamos a intentar que no la echen. Luego, a la gente que quiera acceder, vamos a intentar que acceda. Tú puedes poner ayudas, eso puede ser una parte. Pero si esas familias no encuentran vivienda, lo tienen muy complicado.

Hay otra cosa que se dejó de hacer y que recientemente, por ejemplo, en Cataluña se ha hecho: llegar a acuerdos con esos pisos que estaban en manos de bancos o de fondos buitre. Aquí en Córdoba se hizo durante un tiempo, llegar a acuerdos y que esos pisos que ya tenían personas viviendo en ellos, pues hubiera un convenio para alquiler social.

Pero para todo eso hay que tener vocación de intervenir. Si tú dices no, yo no voy a intervenir, esto nos va a salir mal. A nivel local, son muchas cosas las que echamos en falta y la perla de la Oficina Municipal de la Vivienda la verdad es que nos duele particularmente.

En Córdoba hay en torno a un desahucio cada día laborable

P. Nombraba antes también al Gobierno de la Junta de Andalucía, que además tiene la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), para que la construcción de más vivienda social fuera posible…

R. Bueno, en este país, la administración con más competencias en vivienda es la autonómica. No sé si fue un acierto o no, pero así lo hicimos, se le dio a las comunidades. Quiere decir, que en todo lo que hablemos de vivienda, la Junta es la principal administración que tendría que estar aquí haciendo algo. Y el Ayuntamiento exigirle a la Junta que lo haga, que no siempre lo hace.

La Junta de Andalucía, en lo que va de siglo, pues prácticamente no ha hecho nada en vivienda social. Todas las viviendas sociales que tenemos en Córdoba fundamentalmente son del siglo XX, no del siglo XXI que ya estamos acabando el primer cuarto.

El año pasado, hicimos una acción (desde Stop Desahucios) en AVRA por varios motivos, por cómo lo están gestionando, lo poco que están haciendo, cómo está el parque público de vivienda en Córdoba... Y a raíz de esa acción, accedieron a que tuviéramos una reunión, a la que se sumó la delegada de la Consejería y estuvimos hablando de todo esto. Una de las cosas que, no es que te sorprenda porque ya sabes que no está en sus planes hacer más vivienda pública destinada a alquiler social, pero cuando en una mesa de trabajo sale esta cuestión, efectivamente te ponen sobre la mesa que no, que lo que hay son planes para hacer vivienda protegida. Pero vivienda protegida es otra cosa; está bien que haya vivienda protegida, pero vivienda pública en alquiler social es otra historia.

En aquella reunión, el compromiso fue estudiar a ver qué parte de todas esas viviendas se podría poner en alquiler social. Sin esa herramienta, esto no se arregla. Aquí hay que hacer muchas cosas, pero una de ellas es que hay que hacer vivienda pública en alquiler social, que no llegamos al 2% y en Europa están en torno al 10%. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, prácticamente nada.

Pero lo peor son los planes, que están preparando una ley, vamos a ver qué sacan, pero de lo que sabemos, hay dos pilares: bajar impuestos para que se pueda comprar y hacer negocios más fácilmente con las viviendas -que es lo que creen y su religión, que así todo va a ir fantástico-; y criminalizar a los inquilinos, que es en lo que están trabajando diciendo ‘Si a la gente con nada que no pagan los echamos a la calle, pues se alquilaría más fácilmente’. Ese es su razonamiento.

P. Es esa palabra de ‘inquiokupación’.

R. ‘Inquiokupación’, sí, sí, sí. En eso es en lo que están. Pero es porque lo miran todo desde esa perspectiva. Pero, hombre, ábrete un poco, piensa que hay un mandato constitucional de que tenemos que intervenir, que sí que hay que hacer cosas, poner medidas… No es solo bajar impuestos, que puede tener sentido en algunos casos, pero vaya a ser que lo que estés haciendo sea solo para beneficiar a la gente que ya venía haciendo negocios y siga haciendo más negocio todavía.

P. Y en el escalón del Gobierno central, existe el Ministerio de Vivienda, ¿pero qué se ve sobre el terreno?

R. Al Gobierno central, lo que le hemos pedido siempre son cambios jurídicos y que impulse la vivienda pública, esos dos pilares, independientemente del papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero que desde allí se hiciera eso, sobre todo los cambios jurídicos que desde ahí es desde donde se tienen que promover.

En la historia con los gobiernos centrales tuvimos nuestro momento álgido en 2013, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios que firmaron un millón y medio de personas. Para poder presentar una Iniciativa Legislativa Popular necesitas, además de un montón de requisitos, tienes que presentar al menos medio millón de firmas, o sea, está hecho para que no lo puedas hacer. Pues nosotros (la plataforma 15M Stop Desahucios) presentamos un millón y medio de firmas. Fue un momento muy intenso, el PP se cerró a que eso tirase hacia adelante, pretendía que se llevara de una forma muy descafeinada y, al final, lo que se hizo fue retirarla.

Lo que salió de allí pues fue un Código de Buenas Prácticas al que las entidades bancarias podían sumarse si querían…. No era lo que queríamos, pero bueno, algo arrancamos.

Y, ahora, ha habido algunos cambios, pero que no son los que queremos, para que sean definitivos. En estos años, a raíz de la pandemia, ha habido una moratoria que en cuatro años ha servido para parar 58.000 desahucios. Algo ha servido. Hombre, en una situación en el marco de la pandemia, que ya era terrible y la gente no podía salir a la calle, y tú echando a la gente a la calle, era ya el remate.

Como la situación, aunque ya no estemos en pandemia, realmente no se ha arreglado, esa moratoria se ha ido prorrogando año tras año. Pero la verdad es que es una angustia, porque las familias están cada año, cada vez que se acercan las navidades…. Y este año hemos tenido que se han juntado PP, Vox y Junts, que se supone que no se iban a juntar jamás, pues sí se juntaron para tumbar el decreto y que eso no saliera adelante. Al final, ha salido, pero los argumentos que se han dado han sido patéticos, porque por parte de algunos no han reivindicado en ningún momento que, efectivamente, había que parar los desahucios a familias como las que tenemos en Córdoba, situaciones, concretas, mujeres concretas con niños a cargo, y que esa moratoria le sirve para que no los echen a la calle y se siga negociando con el fondo buitre o con quien sea.

Entonces, moratorias sí, qué mínimo mientras, pero necesitamos algo mucho más valiente, porque la contención que hay que hacer a los precios del alquiler y la intervención que hay que hacer tiene que ser mucho mayor.

Y, a lo largo de todos estos años, nuestra presión al Gobierno central ha ido en ese sentido. Ahora se anuncian cosas, como se anuncian también aquí desde lo local. Bueno, a ver qué vemos. Porque a estas alturas no te queda mucha fe.

El parque público de viviendas es absolutamente insuficiente

P. Al final, no sé si le queda la sensación de que las administraciones, en materia de vivienda, hacen dejación de funciones.

R. Sí claro, claro que la hacen. Algunos hay que piensan que realmente la administración no tiene que intervenir, que el mercado vaya por donde tiene que ir. Y luego los que se supone que piensan que sí que habría que intervenir, a la hora de la verdad no son valientes. Yo entiendo, a veces, los equilibrios de coaliciones, de votos y demás. Pero ha habido oportunidades de decir: Ahora es el momento de tirar hacia adelante y hacer algo valiente, y no se han atrevido. Y dices, bueno, pues tendrán también sus compromisos por el poder financiero. Nadie estará tan libre de culpa.

Entonces, ¿dejación de funciones? Sí, dejación de funciones general.

P. Entonces, el poder sobre las políticas de vivienda, ¿quién lo tiene si no lo ejerce la administración?

R. Los que las han estado marcando han sido los mercaderes. Y los únicos cambios que se han introducido han sido a base de sangre, sudor y lágrimas, en la parte que se ha cambiado del ordenamiento jurídico, de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarias, de la brecha para negociar, de las moratorias que se consiguen… Todo eso ha sido por el esfuerzo inmenso de cantidad de gente que ha estado, día sí y día también, en la calle presionando.

Pero claro, esto podría ser de otra forma también: A ver señores, pónganse las pilas y vamos a hacerles frente a esto. Porque, el final si no hacemos nada, es que se lo quedan todo.

P. Porque construir se sigue construyendo vivienda, no hay más que mirar el horizonte de grúas en algunas zonas de Córdoba. Entonces, ¿se construye más vivienda, hay también viviendas vacías, pero la vivienda no es accesible por los precios?

R. Claro, por eso, aunque tú pongas facilidades para que se construya vivienda, eso no significa que se vaya a solucionar el problema. Eso es evidente y lo vimos en la burbuja inmobiliaria. Este país gastaba más cemento que Francia, Alemania e Italia juntas, prácticamente que el resto de la Unión Europea junta. Nosotros gastábamos aquí cemento de manera bestial, no solo en vivienda, también en aeropuertos en mitad de un llano que no lo iba a usar nadie. Y había quien sacaba pecho de que eso iba fantásticamente bien porque gastábamos una cantidad de cemento brutal.

Bueno, pues da igual, porque si las viviendas son de grandes tenedores o se utilizan para especular, pues va a seguir habiendo una cantidad enorme de gente que va a tener problemas de vivienda.

Hay un dato curioso en una encuesta reciente: solamente un tercio de la población piensa que no hay que poner coto a la cantidad de viviendas que puede tener una persona física o jurídica. Solo un tercio. Los dos tercios restantes piensan que sí habría que ponerlo. La mitad de la población piensa que tendrían que ser una o dos viviendas como máximo. Incluso los caseros piensan que habría que tener un límite, aunque ellos dicen que hasta cinco viviendas. Bueno, pues esto es una cosa elemental: tendrá que limitarse ¿no?

Porque si no, aquí un día va a llegar un fondo potente a Córdoba y nos va a dejar… nos tendremos que ir todos y todas, y dejar esto para quien quiera venir a verlo.

Las viviendas turísticas son ya el principal alojamiento por encima de los establecimientos hoteleros

P. Hablaba precisamente sobre esa necesidad de frenar el número de viviendas para uso turístico. ¿Quién le tiene que poner el cascabel a ese gato?

R. Yo creo que el Ayuntamiento tiene herramientas suficientes como para ponerlo y decir: ‘Ya. Hasta aquí, ni una más. Punto. No nos caben’. Pero si el Ayuntamiento no lo hace, lo podría hacer la Junta de Andalucía. Y si la Junta no lo hace, pues que se haga a nivel estatal, porque esa realidad está en distintos sitios. A cualquiera de esos niveles tendría sentido. O sea, que la dejación puede ser general.

Pero, desde luego, hablando de un lugar concreto y a pie de calle, como es la ciudad de Córdoba, creo que ahí quien tendría que dar un paso al frente tendría que ser el Ayuntamiento. No plantear una moratoria en una zona concreta, sino plantear una moratoria general, porque si no la presión al precio del alquiler va a seguir igual. Porque si ahora solo se puede hacer viviendas turísticas en los barrios que no son los de centro y el sur que están saturados, pues si lo dejamos que vayan a otros sitios, va a seguir el mismo problema. Y eso lo puede hacer el Ayuntamiento, sin más. ¿Que lo podría hacer la Junta también? Sí, pero si el Ayuntamiento no quiere hacerlo, la Junta no va a mover ni un dedo. ¿Y a nivel estatal se podría hacer? También sería una opción.

P. La sensación es que desde la administración se va muy por detrás del problema. Su actuación da tiempo a que se colmate y que se genere otro problema o de otra forma.

R. Absolutamente. Esto es un tema que se viene denunciando desde hace mucho tiempo por parte de asociaciones vecinales, de nuestra plataforma y otros. En enero de 2024 seguimos con la cantinela de que esto era “crecimiento sostenible”. Luego para final de año se encarga un estudio, vamos a ver… Ese estudio ya les dice: Señores, tienen 24 barrios saturados de viviendas turísticas. Luego dicen, a ver, una moratoria en sitios saturados…. Pero bueno, ya está. Ya hay 3.000 viviendas turísticas, ya hay más plazas que en establecimientos hoteleros. Pues pongamos coto a esto y hagamos una moratoria general en todos los barrios. Ya más no. Porque tenemos un problema con la vivienda.

P. La rehabilitación de vivienda en una ciudad como Córdoba con un gran casco histórico… ¿es una herramienta de la que echar mano para disponer de más viviendas?

R. Hay una parte de todo ese parque de 152.000 viviendas de la ciudad, que son una cantidad enorme, que tienen más de 50 años. Unas necesitan más rehabilitación y otras menos, pero eso tendría que ser un plan. Antes de hacer más vivienda nueva, habría que pensar por ecología, por paisaje y por todo, que las que tenemos hechas ya no se nos caigan en lo alto de las familias que las habitan. Eso es un problema serio y debe ser un pilar.

En Córdoba más de 20.000 viviendas están en manos de grandes tenedores

P. ¿La realidad es que hoy en día en Córdoba sigue habiendo desahucios?

R. Claro que hay desahucios. Prácticamente, todos los días, hay desahucios. Las cifras las da el Consejo General del Poder Judicial y, ahora mismo, no estamos como en 2014 que fue el pico de la ola, por toda la presión que se ha hecho, por la moratoria que tenemos ahora, pero ahora mismo los datos dicen que en nuestra ciudad hay en torno a un desahucio por día laborable, porque en festivo no te desahucian. Y de todos esos desahucios del año, dos tercios son por alquiler y un tercio por un procedimiento de ejecución hipotecaria.

P. ¿Se ha dado la vuelta, no? Hay ya más de alquiler que de hipoteca.

R. Sí. Es una cosa que ha ido creciendo, cada vez hay menos gente con hipoteca. Y hay gente que ha tenido una hipoteca y se llegó a un acuerdo con el banco para un alquiler, pero la vivienda ahora es de un fondo buitre y el fondo quiere hacer con ese piso una vivienda turística, y entonces la quieren desahuciar. Esto no son casos ficticios, esto son casos reales de gente de la plataforma que tiene justo esta situación.

P. ¿La acción social sirve?

R. Sirve. En nuestra plataforma, casi la totalidad de todos los casos a los que nos hemos enfrentado, se han contabilizado como victorias. Con procesos largos y demás, hemos tenido un par de desahucios que fueron sin avisar y no pudimos hacer nada, y algún caso de alguna familia que ha dicho 'Ya no puedo más con esta pelea' y se ha apartado. El resto, 14 años de enfrentarnos a esto y sacarlo adelante. Pero necesitamos que se nos arrime gente porque, efectivamente, son muchos daños y es duro.

Había un compañero que a estas batallas las llamaba 'las batallas de las lágrimas', porque es una constante, se da, la gente habla, cuenta su caso y está bien llorar, pero siempre decimos que lloremos juntos. Pero también, junto con eso, hay una cuestión clave que hemos defendido que es que nos tenemos que reír, porque como no nos riamos, esto no lo aguanta nadie. La alegría también es un arma cargada de futuro, como la poesía. Tenemos que hacerlo con alegría, por saber que juntos y juntas sí se puede. 

El Ayuntamiento está dejando morir la Oficina Municipal de la Vivienda

El Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Córdoba ha sido interrumpido brevemente este jueves, cuando activistas de Stop Desahucios han entregado carbón al alcalde, José María Bellido, en señal de protesta por “su inacción” ante esta problemática y el cierre de la oficina municipal de la vivienda.

La sesión no ha llegado a interrumpirse, a pesar de que el alcalde ha espetado a la activista que no podía paralizar el Pleno. A pesar de la advertencia, la mujer ha depositado carbón en una de las bancadas, en señal de protesta y, a continuación, los miembros de la plataforma han abandonado el Salón de Plenos deseando “feliz Navidad”.

Una hora antes, a las puertas del Ayuntamiento, los trabajadores de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, se han concentrado para exigir mejoras laborales y desbloquear la negociación de su nuevo convenio colectivo. El comité de empresa, liderado por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba, ha planteado tres demandas clave: la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la ampliación de días de asuntos propios de dos a tres y mayor flexibilidad para tomarlos, así como la posibilidad de que más trabajadores disfruten de 15 días de vacaciones en verano, ya que actualmente solo un tercio puede hacerlo.

Además, los trabajadores han denunciado la creciente inseguridad que enfrentan en su día a día, tras recientes agresiones sufridas por conductores, incluyendo un incidente con disparos de carabina de aire comprimido. UGT ha solicitado que los conductores de autobús sean reconocidos como agentes de autoridad, una medida que ya han reivindicado otros sectores como el del taxi, también víctima de ataques recientes.

No obstante, antes del inicio del Pleno, miembros del comité de empresa mantuvieron una breve reunión con el alcalde, José María Bellido, y el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, para trasladar sus preocupaciones, de manera que, durante la sesión, las protestas no han llegado a interrumpir el Pleno, a pesar de que, durante el turno de Ruegos y Preguntas, sí han reclamado en voz alta una solución a sus peticiones.

En este sentido, el alcalde ha señalado que sus reclamaciones son “razonables”, si bien “no son un tema nuevo, sino que viene arrastrado desde hace años”.

La plataforma 15M STOP Desahucios ha lamentado este martes “la insuficiente acción” de las administraciones ante “la emergencia habitacional”, como “por ejemplo del Ayuntamiento de Córdoba”, al que le ha achacado “estar dejando morir a la Oficina Municipal de la Vivienda, un recurso municipal creado específicamente para ayudar a las familias amenazadas de desahucio”.

En una nota, el colectivo ha recordado que “en sus casi 14 años de lucha el único respaldo municipal que han tenido familias amenazadas de fuera y dentro de la plataforma fue a través de esta oficina, que realizó una labor muchas veces complementaria a la de la propia plataforma, especialmente en la negociación frente a bancos”.

Mientras, la plataforma ha celebrado “las promesas de viviendas para jóvenes o de frenar por fin la conversión de viviendas en alojamientos turísticos”, de modo que “ya era hora y a ver si lo vemos”, porque, según STOP Desahucios, “de momento se contempla la nada y cosas como dejar sin medios ni personal a la Oficina Municipal de la Vivienda”.

Por todo esto, y dado las fechas navideñas, la plataforma ha comunicado su decisión unánime de “regalar simbólicamente al alcalde, José María Bellido, un buen trozo de carbón, como premio a su inacción y su mal hacer en materia de vivienda en general y por lo que se hace con la Oficina Municipal de la Vivienda”.

Entretanto, el colectivo ha valorado la participación en la campaña 'Viviendas para vivir, no para especular', especialmente en la manifestación del día 10 de diciembre, y ha dado las gracias a “todas las personas y organizaciones que se sumaron a esta acción”.

Cerca de un millar de personas se ha manifestado en la tarde de este martes por las calles del centro de Córdoba para protestar contra la especulación inmobiliaria. La marcha, que ha recorrido algunas de las vías más céntricas de la ciudad, ha sido convocada por la Plataforma Stop Desahucios Córdoba y ha contado con la participación de vecinos de diferentes barrios, entre ellos Valdeolleros.

Los manifestantes han coreado consignas como “viviendas para vivir, no para especular”, que era el lema principal de la protesta, y han portado pancartas con mensajes como “Stop desahucios” y “No a la turistificación”. Los vecinos de Valdeolleros han reclamado que se declare a su barrio zona saturada de viviendas turísticas.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el aumento del precio de la vivienda en Córdoba, tanto en alquiler como en compra. Según datos de Stop Desahucios, el precio de la vivienda ha subido un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios solo han aumentado un 3,4%. Esta situación está dificultando el acceso a la vivienda a una gran parte de la población, especialmente a los jóvenes y a las familias trabajadoras.

Además, los desahucios por impago del alquiler ya duplican a los hipotecarios en Córdoba. En 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47, mientras que los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84. Stop Desahucios denuncia la “inacción de las administraciones” ante esta problemática y exige medidas para frenar la especulación, aumentar el parque público de vivienda social y garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la población. La manifestación ha transcurrido sin incidentes y ha finalizado en la Plaza de Capitulares, donde se ha leído un manifiesto.

Sonia, su marido y dos hijos viven desde hace diez años en una vivienda de alquiler social en Córdoba. Ella guarda celosamente todos los recibos pagados durante ese tiempo por el piso propiedad del fondo inmobiliario Building Center, participado por CaixaBank, que ahora le ha remitido un escrito anunciando un desahucio por un supuesto impago. Una situación similar arrastra Margarita, su hija y su nieto, que viven desde hace casi una década en un piso que pertenece al fondo buitre Global Pantelaria, por el que consiguieron un contrato de alquiler social. Pagaron siempre cada mes y lo demostraron así ante el juez cuando el fondo buitre les llevó a juicio para echarlos. Pero hace un año que el fondo no quiere renovar el contrato para que puedan seguir viviendo allí y una amenaza de desahucio pende sobre ellos para 2025.

Son las historias de dos familias, de dos alquileres sociales pagados, de dos pisos en manos de fondos buitre y de dos amenazas de desahucio, en la batalla en la que para gran parte de la población se ha convertido poder tener una vivienda.

La historia de Sonia, su marido y sus hijos de 21 y 15 años se remonta a hace diez años, desde cuando viven en alquiler social en un piso del distrito Sur de Córdoba. El fondo dueño del inmueble les ha subido en varias ocasiones el alquiler: primero pagaban 102 euros, luego 175. En agosto de este año el incremento llegó a 410 euros, explica Sonia a Cordópolis. Con el bono social pudieron rebajar esa cifra hasta 240 euros. Y una nueva subida hace un par de meses ha dejado la cuota en los 247 euros que pagan actualmente.

“Todo está pagado”

“Siempre he ido pagando. Y guardo todos mis recibos”, dice sobre tantos años de “sustos y miedo” porque pudieran echarla a ella y a su familia del piso. Explica que el pago del alquiler cada mes se convierte en una odisea: “Ellos (el fondo propietario de la vivienda) tienen mi número de cuenta, pero no se lo cobran. Tengo que reclamar yo el pago cada mes, esperar que me manden un correo con un enlace para poder hacer la transferencia. Ahora, aún estoy esperando que me envíen el del mes de noviembre”.

Pese a haber pagado sus mensualidades, a Sonia le ha llegado un escrito de inicios de los trámites para desahuciarla, denuncia. “Dicen que debo dos cantidades -mil y pico euros una y dos mil y pico otra-, pero yo he pagado todo”, asegura. “Todo está pagado y tengo guardados todos los recibos”, reitera.

Sonia trabaja como auxiliar del servicio de Ayuda a Domicilio y, con sus ingresos, sostiene a su familia y el pago del alquiler. “En diez años he tenido muchos sustos, siempre te quieren echar”, cuenta. En esa batalla está asesorada por Stop Desahucios, para hacer frente a la amenaza de desahucio y poder permanecer en la que es su vivienda desde hace una década. “Lo que quiero es tener tranquilidad y seguir pagando el alquiler”, pide.

Alquiler social, un juicio y una orden de desahucio

En el caso de Margarita, ella vive con su hija y un nieto en el piso del fondo buitre Global Pantelaria desde hace casi una década. La llevaron a juicio denunciando que había dejado de pagar y que debía un año del alquiler, pero ante el juez demostró con sus facturas que “nunca había dejado de pagar”, recuerda.

Pagó durante todo ese tiempo el alquiler con sus escasos ingresos de la pensión de viudedad. Pero al caducar el contrato, Margarita se tuvo que sentar en enero pasado en el banquillo de los acusados después de que iniciaran contra ella un procedimiento de desahucio. Tuvo orden de lanzamiento, pero el juez la paralizó al no contar con el informe de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad. 

De la pensión de viudedad de 613 euros que cobra Margarita y de lo que saca de vez en cuando limpiando casas cuando la llaman, viven ella, su hija y su nieto. Con ello pagó el alquiler hasta que el fondo se ha negado a renovarlo y de nuevo la amenaza del desahucio se cierne sobre Margarita y su familia.

“El 3 de febrero a las 11:30 tenemos orden de lanzamiento”, dice, afligida, aunque de nuevo también intentarán parar este desahucio y que pueda seguir pagando el alquiler social para mantenerse con su familia en la vivienda.

Si llega a producirse ese desahucio, engrosará las cifras de lanzamientos por alquiler, que ya duplican en Córdoba a las cifras de desahucio por impago de hipotecas. En Córdoba ciudad, en 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47. Mientras, los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84.

La Plataforma Stop Desahucios Córdoba ha convocado una manifestación en defensa del derecho a la vivienda para el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en la que reclamará “viviendas para vivir, no para especular” y llaman a participar a toda la ciudadanía contra los precios desorbitados del alquiler y la vivienda en propiedad, contra la especulación y la turistificación, además de contra los desahucios que se producen por no poder pagar el alquiler o la hipoteca.

La manifestación partirá el 10 de diciembre a las 19:00 desde el Paseo de la Victoria para ir hacia la calle Concepción, la plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y acabar en Capitulares, y en ella también se exigirá que las administraciones tomen medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda para la población general.

“El precio de la vivienda ha subido un 40% en los últimos cinco años y los salarios solo un 3,4%. ¿Cómo se equipara una cosa y la otra? Los precios están desconectados de los salarios”, ha señalado la portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Rocío López. “Es un reto casi imposible conseguir una vivienda para la mayoría de la población, ya sea de alquiler o en propiedad”.

Por eso, llaman al conjunto de la población y otros colectivos a sumarse a la manifestación por el derecho a la vivienda, que se hará en Córdoba de manera similar a como ya se vienen haciendo acciones reivindicativas similares en otras ciudades del país.

Desahucios en Córdoba: el doble de alquiler que de propiedad

Sobre datos de lanzamientos de personas de sus viviendas por impagos, los datos señalan que, en Córdoba ciudad, los desahucios por alquiler ya doblan a los de hipotecas. En 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47, mientras que los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84.

Desde Stop Desahucios denuncian “la inacción de las administraciones, de todas ellas aunque algunas más que otras”, en cuanto a políticas que faciliten el acceso a una vivienda a la población. Señalan las “ayudas insuficientes al alquiler” desde el Ayuntamiento de Córdoba y la falta de medidas para frenar la turistificación. Mientras, señalan que la Junta de Andalucía “no crea las viviendas sociales necesarias”, y las políticas a nivel estatal “no garantizan el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución”, el del derecho a la vivienda.

Reivindican medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y por un mejor y mayor parque público de vivienda social, así como alquileres asequibles para jóvenes y familias trabajadoras y contra la turistificación y la pérdida de viviendas que se convierten en alojamientos turísticos “a beneficio sobre todo de grandes tenedores y fondos buitre”.

Por todo ello, hacen un llamamiento a sumarse a la manifestación del día 10 de diciembre en defensa de la vivienda en Córdoba y por “unas leyes que protejan de forma efectiva el derecho a la vivienda”.

La Plataforma Stop Desahucios Córdoba está preparando una campaña en defensa del derecho a la vivienda que incluye una manifestación, prevista para el próximo 10 de diciembre, en la que reclamará “viviendas para vivir, no para especular”.

Bajo ese lema, la organización de esta acción de protesta quiere reivindicar con ella el acceso a la vivienda para la población general, con medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y por un mejor y mayor parque público de vivienda social.

Pero, además, también se amplían las reivindicaciones a alquileres asequibles para jóvenes y familias trabajadoras y contra la turistificación y la pérdida de viviendas que se convierten en alojamientos turísticos “a beneficio sobre todo de grandes tenedores y fondos buitre”, según expone Stop Desahucios.

Asimismo, la manifestación pondrá el foco en “la inacción de la administración local y autonómica” en el ámbito de la vivienda y pedirá “unas leyes que protejan de forma efectiva el derecho a la vivienda”, entre otras medidas.

Margarita Cortés, su hija y su nieto viven desde hace casi nueve años en un piso que pertenece a un fondo buitre, en Córdoba. Allí, tras enviudar y sin ingresos, se realojaron como única alternativa para tener un techo cuando la vivienda pertenecía al Banco Santander, con quien después logró suscribir un contrato de alquiler social durante tres años.

Pagó durante todo ese tiempo el alquiler con sus escasos ingresos de la pensión de viudedad. Pero al caducar el contrato y con el piso ya en manos del fondo buitre Global Pantelaria, Margarita se tuvo que sentar en enero pasado en el banquillo de los acusados después de que iniciaran contra ella un procedimiento de desahucio. Tuvo orden de lanzamiento, pero el juez la paralizó al no contar con el informe de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad. Y, ahora, en esa espera, la esperanza de Margarita y su familia es la moratoria del Gobierno para prohibir lanzamientos en casos de familias en exclusión.

De la pensión de viudedad de 613 euros que cobra Margarita y de lo que saca de vez en cuando limpiando casas cuando la llaman, viven ella, su hija y su nieto de 12 años. Durante años pagó el alquiler social por su vivienda -“había meses que me quedaban 50 euros para comer”-, recuerda al contar a este periódico la situación vivida. “Aquí se han pagado siempre todas las facturas de una casa, de luz, de agua, de internet...”, explica.

No dejó de pagar el alquiler

Recuerda que, cuando el contrato de alquiler de tres años caducó, “ya no lo quisieron renovar. Se negaron”. No obstante, no dejó de pagar cada mes el alquiler, incluso durante el último año. Pero acabó yendo a juicio el 22 de enero de 2024, con el respaldo y el asesoramiento de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. El fondo buitre que ya había pasado a ser propietario de la vivienda en 2020 pedía su lanzamiento y el de su familia. Y ella solicitaba seguir pagando un alquiler social y no irse de la que considera su casa, su barrio y su entorno, después de casi nueve años. “No me niego a pagar”, reitera.

Entonces, el juez dio en un primer momento la razón al fondo buitre y Margarita y su familia tuvieron fecha de lanzamiento el pasado 22 de marzo. Pero lograron pararlo. “El juez determinó que se paralizara el desahucio porque no daba tiempo a que llegara el informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales sobre su caso”, explican desde Stop Desahucios. Un informe que debía constatar la situación en la que esta mujer de 54 años, su hija y su nieto viven con escasos ingresos, con los que solo podría afrontar un alquiler social para tener un techo.

Esa paralización ha dado un respiro a Margarita y su familia. Ella y Stop Desahucios confían en que, ahora, “ya se le aplique la moratoria para lanzamientos en casos de familias en exclusión o con vulnerabilidad”, cuenta la portavoz de la plataforma, Rocío López.

La norma aprobada por el Gobierno dice que la suspensión de los desahucios no es algo inmediato, ya que debe contar con respaldo judicial, y afecta a personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Es el caso que exponen como argumento sobre su situación Margarita, su familia y Stop Desahucios. Y con esa esperanza mantienen su vida bajo el techo de su piso.