El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de prisión de siete años y medio impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre por supuestamente agredir sexualmente con penetración a una mujer en estado de embriaguez en casa de un amigo.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

En concreto, se da por probado que los hechos ocurrieron en Córdoba entre la noche del 6 y el 7 de septiembre de 2019, cuando, tras coincidir en un pub de Córdoba capital, la víctima “comenzó a sentirse mal”, siendo acompañada por otra persona “a los servicios del establecimiento, donde vomitó, empeorando su estado hasta el punto de no poder mantenerse erguida”, lo que motivó su traslado al exterior del establecimiento.

“Ya fuera y tras negarse esta última a que los amigos avisaran a una ambulancia por miedo a la reacción de sus padres, decidieron trasladarla al domicilio” de uno de los amigos. Una vez en el referido domicilio, tras introducir a la víctima “en la bañera y mojarla para intentar reanimarla, la llevaron a uno de los dormitorios del piso, quitándole la ropa mojada” y dejándola “tendida en la cama” para descansar.

Según la resolución, una vez allí, el acusado entró en el dormitorio, “desnudándose e introduciéndose en la cama donde estaba tendida, penetrándola con el pene por la vía anal, bucal y vaginal, al tiempo que la agarraba para obligarla, pese a que ella intentaba apartarlo, si bien no lo consiguió debido al estado de aturdimiento y desorientación que seguía sufriendo por su estado de embriaguez”, llegando el acusado a “eyacular en su vagina”.

A consecuencia de los hechos relatados, la víctima sufrió “tres erosiones tipo arañazo en región escapular derecha, leve equimosis transversa en el dorso del brazo derecho, erosión superficial filiforme en región axilar derecha y pequeña solución de continuidad epidérmica tipo grieta localizada en borde externo a las seis horas y pocos milímetros en región anal, lesiones que han precisado para su sanidad una primera asistencia facultativa, habiendo sufrido cinco días perjuicio personal básico, sin ningún día de pérdida temporal de calidad de vida”.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre la víctima de 500 metros y de comunicación con ella durante nueve años, libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de siete años y el pago de una indemnización de 200 euros por las lesiones sufridas y de 7.800 euros por el daño moral causado. Por otro lado, se ha absuelto al acusado de otro delito cometido sobre una de las acompañantes.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado esta semana a un hombre a una pena de cuatro años y seis meses de prisión después de que abusara, al menos en una ocasión, de la hija de su entonces pareja cuando la menor tenía entre seis y ocho años.

La pareja sostuvo una relación sentimental durante dos años hasta 2016, conviviendo en un piso de la capital cordobesa junto a los dos hijos menores de la mujer. El hombre, que en marzo de 2016 fue condenado a prisión por agredir a esta mujer, aprovechó la relación de afectividad y confianza que mantenía con la hija de su pareja -quien entonces tenía entre seis y ocho años- y le pidió un día que fuera a su dormitorio. Cuando la niña llegó a la estancia, el condenado le practicó sexo oral aprovechando que la madre dormía en el salón debido al deterioro de la relación. El tribunal ha considerado probado que este abuso constituyó una “manifestación perversa de la sexualidad” y un ataque grave a la indemnidad sexual de la niña.

La menor no fue consciente del significado de lo que había vivido hasta que, estando en Primaria, recibió formación en educación sexual en el colegio. A pesar de comprender entonces la gravedad de los hechos, decidió guardarlos en silencio durante casi una década para evitar aumentar el sufrimiento de su madre porque la ruptura con el acusado fue realmente traumática. Finalmente, la confesión se produjo de manera involuntaria en febrero de 2023, cuando la menor, ya siendo adolescente, reveló los abusos en un estado de embriaguez. Esta confesión motivó la denuncia inmediata ante la Policía.

El tribunal ha fundamentado la condena principalmente en el testimonio de la víctima, el cual considera “sereno, contundente y exento de cualquier estridencia”. Los magistrados destacan la sinceridad de la joven, quien no dudó en admitir sus dudas sobre si los hechos ocurrieron en más de una ocasión, lo que reforzó su credibilidad ante el tribunal al alejarse de un relato “ideado o inducido”. Sin embargo, para la defensa, la denuncia de este abuso sexual respondía a un resentimiento económico de la madre, argumento que la Audiencia ha desestimado por considerarlo inverosímil, señalando que no tiene sentido esperar siete años tras la ruptura para interponer una denuncia falsa utilizando a su hija. Además, peritos psicológicos confirmaron que la víctima presentaba síntomas compatibles con el trauma vivido, como asco, vergüenza y rechazo a la figura masculina.

Junto a la pena de cárcel, el fallo ha impuesto al condenado dos años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años; y el pago de la mitad de las costas procesales. Por último, la Audiencia lo ha absuelto del carácter continuado del delito que solicitaban las acusaciones al existir dudas razonables sobre si los hechos se repitieron en el tiempo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado íntegramente la condena de ocho años de prisión impuesta a un hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal cometido contra su expareja en Córdoba. La sentencia, facilitada por el TSJA, desestima así el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que cuestionaba la credibilidad de la víctima, y confirma la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos ocurrieron en junio 2019. Aquella noche, el hombre acudió a casa de su expareja para cenar con ella y con el niño. Una vez que el menor se durmió, comenzó a tocar a la mujer sin su consentimiento. Pese a que ella le pidió que parara, él insistió en mantener relaciones sexuales. Según el tribunal, la llevó al baño, donde le ató las manos a la espalda con una brida plástica, le colocó un cinturón de albornoz al cuello y, mediante fuerza e intimidación, la obligó a arrodillarse y a realizarle sexo oral.

Acto seguido, la llevó al salón, donde la penetró analmente, a pesar de que la víctima suplicaba que se detuviera. Finalmente, la violó también vaginalmente. Durante todo el episodio, el condenado la amenazó con frases como “si no te dejas, voy a ir a la habitación y se lo voy a hacer a tu hijo”, lo que provocó un estado de bloqueo y sumisión total en la víctima, según el fallo. La mujer logró escapar mientras él se duchaba, liberándose de las bridas, y acudió con el niño a casa de una vecina para pedir ayuda. Desde allí se avisó a la Policía Nacional, que detuvo al acusado en el mismo domicilio.

La Audiencia otorgó plena credibilidad al relato de la víctima, destacando su claridad, persistencia y coherencia, así como su respaldo por informes médicos, policiales y forenses. Por el contrario, la versión del acusado -que negó las penetraciones y alegó consentimiento- fue considerada “sesgada” y “carente de verosimilitud”. Además, afirmó que la víctima actuó movida por el resentimiento derivado del proceso de divorcio, argumento que el tribunal ha descartado por falta de base.

Además de los ocho años de prisión, el TSJA ha ratificado el resto de medidas: el condenado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con su exnovia durante nueve años, y estará sometido a libertad vigilada durante cinco años tras cumplir su condena. Asimismo, deberá indemnizarla con 10.000 euros por daños morales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de tres años de prisión impuesta a un quiromasajista de Córdoba como autor de un delito continuado de abusos sexuales. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por el acusado, confirmando la resolución previa de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a la tarde del 14 de septiembre de 2020 en el gabinete del acusado. Según el relato de hechos probados, la víctima, que tenía entonces 20 años, acudió a una sesión de quiromasaje para tratar una dolencia de espalda. El procesado, aprovechando que la paciente se encontraba tumbada boca arriba, comenzó a bajar la toalla que cubría su cuerpo hasta dejar sus pechos al descubierto.

Posteriormente, el acusado bajó las mallas de la joven y le introdujo dos dedos en la vagina varias veces con cierta profundidad. El episodio finalizó cuando el hombre sacó su miembro viril de los pantalones e intentó que la víctima lo tocara con su mano, momento en el que ella la retiró de forma apresurada. La víctima se encontraba en un estado de bloqueo mental e incredulidad, ya que conocía al acusado por ser el tío de su cuñado y ya la había tratado en ocasiones anteriores sin incidentes. En la determinación de la pena, la Audiencia Provincial tuvo en cuenta dos circunstancias atenuantes: la de reparación del daño, porque el acusado abonó los 5.000 euros de indemnización solicitados antes del juicio, y la de dilaciones indebidas con carácter muy cualificado, dado que la causa tardó más de cuatro años en enjuiciarse a pesar de no ser una investigación compleja.

Pese a la reducción de pena al aplicar estas atenuantes, la defensa recurrió el fallo basando su apelación en la supuesta falta de validez del testimonio de la denunciante y la vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, el TSJA ha avalado la valoración de la prueba realizada inicialmente, destacando que el testimonio de la víctima cumple con los requisitos de credibilidad subjetiva, objetiva y persistencia en la incriminación. En esa línea, el tribunal ha subrayado que no existía ningún móvil de resentimiento o venganza por parte de la joven, cuyo relato fue corroborado por su madre y su hermana, a quienes contó lo sucedido inmediatamente después de los hechos. La hermana llegó a declarar en el juicio que vio manchas de aceite en el cuerpo de la víctima, concretamente en las ingles y el pecho, zonas que no guardaban relación con el masaje de espalda solicitado.

Además de la pena de prisión, el TSJA ha ratificado la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante seis años y otros cinco de libertad vigilada. Contra esta resolución aún cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Córdoba encara un mes de julio marcado por una intensa actividad judicial, centrada especialmente en la resolución de delitos contra la libertad sexual. Con un total de diez juicios previstos, de los cuales siete corresponden a agresiones sexuales y tres a abusos sexuales, este periodo se consolida por el momento como el de mayor carga de trabajo en esta materia de todo el año.

Así, durante el próxio mes de julio, más de la mitad de los pleitos que se prevén celebrar en las dos secciones serán relativos a este tipo de delitos, ya que son diez de los 19 previstos. Los procedimientos presentan una antigüedad variada, con casos que se remontan hasta el año 2021, aunque la mayoría se concentran en sumarios iniciados en 2025.

El devenir de estos procedimientos a lo largo de 2026 muestra una evolución irregular que comenzó con un mes de enero sin ningún señalamiento por este tipo de delitos. La actividad se activó en febrero, con cinco juicios, y se intensificó notablemente en marzo, mes en el que se celebraron ocho vistas, todas ellas por agresiones sexuales. Al llegar abril, la cifra se mantuvo elevada con siete procesos, distribuidos en dos casos de abuso y cinco de agresión, mientras que mayo registró un descenso significativo con solo tres juicios por agresión sexual. El semestre se cerró en junio con un nuevo repunte de ocho juicios, tres de ellos por abuso sexual, antes de alcanzar el pico actual de diez causas en julio.

En la Sección Segunda, la actividad comenzará el 1 de julio con el enjuiciamiento de un abuso sexual cuya causa es de este mismo años. Posteriormente, el 7 de julio, esta sección verá dos casos de agresión sexual que se remontan al año 2025, y concluirá su agenda en esta materia el día 8 con otra agresión sexual, también iniciada en 2025.

Por su parte, la Sección Tercera gestionará el grueso de los expedientes más antiguos. El mes se inaugurará el día 1 con una agresión sexual de 2025, seguida el día 3 por la continuación de otro juicio de agresión sexual del mismo año. El 7 de julio se celebrará la vista del caso más longevo del mes: un abuso sexual que se arrastra desde 2021. La agenda continuará el día 8, con una agresión sexual de 2024; el día 9, con un abuso sexual de 2025 y finalizará el 14 de julio con una última causa de agresión sexual correspondiente también a 2025.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la absolución de dos menores que fueron juzgados por presuntos delitos de agresión sexual denunciados por una compañera de instituto. La resolución desestima tanto el recurso presentado por la acusación particular como el formulado por el Ministerio Fiscal y ratifica íntegramente la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado de Menores número 1 de Córdoba.

Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2023. Según la denuncia, la menor habría sido víctima de agresiones sexuales en dos episodios distintos protagonizados por los dos acusados, ambos de 16 años en el momento de los hechos. Sin embargo, el juzgado consideró que no existían pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia de los investigados y acordó su absolución, además de dejar sin efecto las medidas cautelares que les impedían acercarse o comunicarse con la denunciante.

Según recoge la sentencia, el primer episodio se produjo durante la tarde del 27 de febrero de 2023, víspera de festivo, cuando los dos menores se reunieron con la denunciante y una amiga de esta en el domicilio de uno de ellos. Durante el encuentro, la joven y uno de los menores se fueron a una habitación donde mantuvieron contactos de carácter sexual que el juzgado, y ahora la Audiencia Provincial, ha considerado que fueron consentidos.

Tras abandonar la vivienda junto a su amiga, la menor regresó poco después para recoger una bolsa que se había olvidado. La sentencia apunta que no ha quedado acreditado que el segundo acusado participara entonces en ninguna actividad sexual conjunta. Dos días después, el 1 de marzo, los jóvenes volvieron a verse, esta vez, en la casa de la denunciante. Según han considerado probados ambas instancias judiciales, los acusados fueron a la vivienda después de contactar con la menor y mantuvieron relaciones sexuales consentidas con ella. La denuncia fue presentada el 2 de marzo y ampliada semanas después para incluir el segundo de los supuestos ataques sexuales.

La resolución de la Audiencia pone en evidencia, respecto al primer episodio denunciado, que hay elementos que impiden alcanzar una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, entre ellos el contexto previo de relaciones consentidas entre la menor y uno de los acusados, así como determinados mensajes intercambiados posteriormente. Asimismo, en relación con el segundo episodio, la Audiencia ha hecho referencia a la existencia de versiones contradictorias y la ausencia de elementos objetivos que permitieran corroborar de forma concluyente la acusación.

Por último, el tribunal también ha analizado los informes periciales incorporados a la causa y ha concluido que ninguno de ellos permitía acreditar con certeza la veracidad del relato denunciado. En particular, ha señalado que no llegó a emitirse un informe pericial de credibilidad del testimonio y que las lesiones descritas por los forenses admitían distintas interpretaciones compatibles.

Con la confirmación de esta absolución, se mantiene el levantamiento de las medidas cautelares que prohibían a los acusados acercarse o comunicarse con la denunciante.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un octogenario a cuatro años y tres meses de prisión por un delito de abusos sexuales cometido sobre su nieta, que tenía cinco años cuando ocurrieron los hechos. La sentencia concluye que el acusado aprovechó momentos en los que se encontraba a solas con la menor para realizarle tocamientos de carácter sexual, prevaliéndose de la relación de confianza derivada de su condición de abuelo y de la convivencia habitual con la niña.

Los hechos se produjeron en agosto de 2022. Según considera probado el tribunal, el acusado acarició los genitales de la menor por encima de la ropa interior mientras ambos se encontraban en el salón de una vivienda familiar. La niña convivía de manera intermitente con sus abuelos durante los periodos en los que su padre tenía la custodia. La denuncia se formuló después de que la niña estuviera de vacaciones con su madre en la playa. De forma espontánea, la menor relató a su progenitora y a una amiga de esta los “masajes” que le hacía su abuelo en sus partes íntimas. Ante la gravedad de las manifestaciones, la madre decidió grabar una conversación en vídeo en la que la niña volvió a describir lo sucedido con sus propias palabras.

Para la Audiencia, esta grabación ha sido determinante debido a la naturalidad del relato, la ausencia de preguntas sugestivas y la capacidad de la menor para describir detalles concretos sobre los tocamientos. Por ello, el tribunal entiende que la conversación refleja un testimonio espontáneo y compatible con una experiencia realmente vivida. Además, los jueces han señalado cómo la menor, en la grabación, corrige en varias ocasiones a su madre para precisar cómo se producían los hechos, y señala que las explicaciones dadas por la niña no proceden de una invención de una menor de tan corta edad.

Pese a esta grabación, la menor modificó su versión en las posteriores declaraciones debido, según el tribunal, a los siguientes aspectos. En primer lugar, se le comunicó que su madre había denunciado a su abuelo, que la Policía había entrado en la casa de este, que el procesado rompió a llorar y que se le impuso una orden cautelar de alejamiento respecto de su nieta. En segundo lugar, la menor reveló que su abuela le dijo que, ante preguntas, “se hiciera de nuevas”. Según los magistrados, la niña llegó a sentirse responsable del daño ocasionado a su familia, circunstancia que explicaría su retractación posterior.

Junto a la pena de prisión, agravada por el parentesco y la situación de convivencia, la Audiencia ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su nieta, de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. Asimismo, ha quedado inhabilitado durante nueve años y tres meses para desempeñar profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su nieta con 3.000 euros.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a cuatro años y un día de prisión por abusar sexualmente de una niña de diez años, nieta de su entonces pareja, durante el confinamiento decretado por la pandemia en 2020. La sentencia también le impone multas por exhibicionismo y provocación sexual, una indemnización de 10.000 euros para la víctima y libertad vigilada.

Según recoge el fallo, los hechos ocurrieron en una vivienda de la capital cordobesa en la que convivían el acusado, su pareja, la hija de esta y sus dos hijos menores de edad, y un tío de la víctima. La niña, que mantenía una relación de confianza con el procesado y llegó a llamarle “abuelo”, tenía diez años cuando comenzaron los abusos. El tribunal ha considerado acreditado que el condenado, un sexagenario, aprovechó momentos de relativa intimidad en la vivienda, fundamentalmente por la noche, para mostrar a la menor vídeos pornográficos almacenados en su móvil.

Asimismo, en una ocasión le exhibió sus genitales y le pidió que los tocara, aunque no ha quedado acreditado que la niña llegara a hacerlo dado que la niña no lo recordaba. A pesar de que la vivienda no era de grandes dimensiones, estos hechos ocurrían sentados ambos en el sofá del salón y semiocultos por una columna cuando el resto de habitantes de la casa se iban a dormir o hacían otros quehaceres.

Una noche calurosa del verano de 2020, la víctima, el acusado y su abuela durmieron en el salón, en un mismo colchón, dado que era la estancia que tenía aire acondicionado. Cuando la abuela se encontraba profundamente dormida, el acusado aprovechó para hacer tocamientos a la menor. Esas actitudes, todavía no valoradas adecuadamente por la niña, ya propiciaron un cierto rechazo hacia el procesado, hasta el punto de que cuando volvía los fines de semana a casa después de trabajar fuera, intentaba no coincidir con él, quedándose en su dormitorio.

La sentencia deja constancia de que la violencia sexual a la que fue sometida la niña dejó impacto psicológico que se manifestó en su propia autoestima, con sensación de culpa, asco o vergüenza. Años más tarde, cuando la menor inició su adolescencia y comenzó a tener relaciones afectivas y sexuales, fue consciente de lo que había sufrido en su infancia. A ese conocimiento contribuyó la formación recibida en materia de educación sexual en su instituto.

Tras el juicio, la Audiencia ha condenado a este hombre a cuatro años y un día de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 16 años con la agravante de aprovechamiento de una situación de convivencia. Asimismo, le ha impuesto una multa de 4.328 euros por un delito continuado de provocación sexual y otra de 1.440 euros por un delito de exhibicionismo. A esto se suman las prohibiciones de comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior a 300 metros respecto de la menor, de su domicilio, lugar de estudios o cualquiera en que se encuentre por plazo de cinco años y un día.

Por último, se le ha impuesto cinco años de libertad vigilada, inhabilitación para trabajar con menores durante nueve años, una indemnización a la víctima de 10.000 euros y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a dos años de prisión a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de unos 15 años de edad en un centro comercial de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la menor, que cesó en la fecha en la que ocurren los presentes hechos, si bien ella, sobre el mes de marzo del año 2022, ya había anunciado al acusado que la relación debía cesar.

No obstante, el procesado “no aceptó dicha ruptura” y desde mayo de ese año intentó retomar la misma e influir en sus decisiones y, sobre todo, “para darle pena por haber dejado la relación sentimental, le comentó a la menor en varias ocasiones que se iba a quitar la vida”.

“Presionada de esa forma, accedió a tener algún que otro contacto con él, si bien expresando su voluntad de no seguir, dado que había iniciado una nueva relación sentimental”, se precisa en la sentencia, que apunta que “de esta forma, en la tarde del 4 de julio de 2022, el procesado consiguió convencerla para tener un breve encuentro asegurándole, que tras el mismo, la dejaría en paz y aceptaría la ruptura de la relación”.

Ambos se citaron en una zona de un callejón junto a un centro comercial de la capital cordobesa. Una vez allí, entraron en los aseos reservados a personas con movilidad reducida de dicho establecimiento, donde el procesado supuestamente cometió el delito por el que ha sido condenado.

A consecuencia de los hechos descritos, tras la valoración del estado emocional de ella en informe de evaluación y diagnóstico, del día 29 de marzo de 2023, se derivó a la menor al Programa de Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual a fin de “minimizar consecuencias de lo ocurrido e intervenir en las consecuencias psicológicas de la experiencia sufrida”.

Los padres de la joven, en representación de la misma, han denunciado los hechos y reclamado lo que en derecho convenga en vía de responsabilidad civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los dos condenados en Córdoba, E.M.A.C., por emborrachar a una menor de 14 años y abusar de ellas en febrero de 2019 en un pueblo de la provincia. Así, el tribunal ha confirmado su condena de cuatro años de prisión y la pena a dos años de cárcel para el segundo condenado, J.L.O.R.

Según los hechos probados en la sentencia, el 1 de febrero de 2019, los dos acusados quedaron con las víctimas en un parque de una localidad cordobesa. Los hombres compraron bebidas alcohólicas y se las proporcionaron a las menores con un objetivo claro: lograr que se desinhibieran para poder abusar de ellas más fácilmente, integrando el consumo de sustancias como parte de un “juego de seducción y disfrute sexual” proyectado por los procesados. Una vez las menores estuvieron bajo los efectos del alcohol, los agresores se separaron con cada una de las víctimas.

Así, E.M.A.C. llevó a una de las víctimas su propio domicilio. Aprovechando que la niña estaba incapacitada por la embriaguez, la desnudó de cintura para abajo mientras ella yacía boca abajo en la cama y abusó de ella. Por otro lado. J.L.O.R. convenció a la otra menor para ir a dar una vuelta en su coche. Pese a las negativas reiteradas de la joven, el agresor detuvo el vehículo cerca de una piscina municipal y abusó de ella.

Tras los abusos cometidos en el domicilio de E.M.A.C., la víctima fue hallada inicialmente por su amiga “semidesnuda, envuelta en una manta medio inconsciente”. Tras ayudarla a vestirse, su amiga la acompañó hasta el portal de su vivienda alrededor de la medianoche. Fue en ese lugar donde sus padres la encontraron en condiciones deplorables: la menor tenía la “ropa a medio poner”, se encontraba completamente desorientada y era “incapaz de mantenerse en pie y articular palabra” debido a la severa intoxicación etílica.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por E.M.A.C., quien alegó que se tuvieran en cuenta como atenuante el consumo de alcohol y cannabis. Sin embargo, el TSJA ha rechazado íntegramente el recurso, donde se alegó, también, una “desigualdad de trato” respecto al otro condenado. No obstante, el tribunal ha manifestado que la pena es mayor para E.M.A.C. porque doblaba la edad de la menor (él tenía entonces 28 años) y porque se aprovechó de una embriaguez “cercana a la inconsciencia”.

Además de la pena de prisión, E.M.A.C. deberá abonar a la víctima 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y el tribunal ha ratificado los siete años de libertad vigilada y los cinco de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado el ingreso en prisión provisional del fotógrafo condenado por abusar de su hijastra, al desestimar el recurso de súplica interpuesto por su defensa. Hay que recordar que el tribunal impuso a este hombre 12 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra y otros dos años de prisión por distribuir material de explotación infantil.

De esta forma, el procesado continuará en prisión provisional hasta que la sentencia adquiera firmeza; un fallo que también ha recurrido. El hombre fue condenado el 17 de marzo y el 7 de abril se dictó el auto que acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Contra este auto, su defensa interpuso un recurso de súplica solicitado que dicha entrada en la cárcel fuera sustituida por medidas cautelares menos gravosas, según han confirmado a este periódico la letrada de la víctima, María del Carmen Garrido Montiel.

Sin embargo, el tribunal ha sido unánime en su decisión al considerar que es pertinente el ingreso en prisión provisional. Así, la Sala ha determinado que “la carencia de arraigo laboral y familiar del condenado claramente acrecienta el riesgo de fuga inherente a la gravedad de las penas impuestas”. Además, la falta de trabajo por cuenta ajena estable “facilita que pueda no solamente huir al extranjero, sino también que pueda colocarse en situación de ilocalización” en España, “con la dificultad que ello supondría para llevar a cabo la ejecución de la pena, en caso de ser confirmada la sentencia condenatoria”.

Sobre el recurso de apelación contra la sentencia presentado por la defensa del condenado, el mismo está en tramitación y ha sido impugnado por la acusación particular y el Ministerio Fiscal.

La sentencia

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

Además, de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la Justicia ordenó el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suspendido de empleo y sueldo de manera cautelar a la maestra de un colegio público de la capital cordobesa a la que se investiga por un supuesto maltrato a 18 alumnos de Educación Infantil.

Así lo ha confirmado a preguntas de los medios en Vícar (Almería) la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, quien ha explicado que la decisión se ha adoptado a propuesta del servicio de inspección educativa de Córdoba tras estudiar el caso.

Castillo ha detallado que la decisión llega tras la intervención de la autoridad judicial, si bien ha afirmado que la Junta tuvo cierto conocimiento previo de los hechos “por las familias” de los menores supuestamente involucrados en los maltratos.

Fue la Policía Nacional la que detuvo el pasado 12 de marzo a la maestra, acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años de edad, de un colegio público de la capital cordobesa, tras ser denunciada por las familias de los menores, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos.

El Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que es el que se ha hecho cargo del caso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado el ingreso provisional en la cárcel del fotógrafo condenado a 14 años de prisión por abusar de su hijastra y distribuir vídeos de explotación infantil.

Esta decisión judicial llega después de que la acusación particular y el Ministerio Público la solicitaran a la Audiencia. Tras una deliberación, el tribunal ha acordado esta medida hasta que la sentencia adquiera firmeza. Según fuentes judiciales, el condenado puede ahora recurrir el auto de prisión, al igual que la sentencia condenatoria. Si se interponen estos recursos por parte de la defensa, la acusación particular, representada por la abogada María del Carmen Garrido Montiel, prevé impugnarlos.

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

En consecuencia, el tribunal le impuso 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con penetración y dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil que pudo ser descubierto gracias a un disco duro que tenía el condenado. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la justicia ordenó el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por abusar sexualmente de una mujer al tocarle sus partes íntimas mientras paseaba por su novio por La Corredera. El tribunal ha ratificado la multa de 3.600 euros tras desestimar los argumentos de la defensa que cuestionaban la presunción de inocencia y el estado mental del acusado.

El incidente tuvo lugar sobre las 23:50 del 6 de agosto de 2022. Según los hechos probados, la víctima paseaba por La Corredera cuando el condenado la abordó por detrás. Con ánimo libidinoso, el hombre le levantó la falda y le tocó tanto los glúteos como la zona vaginal, llegando a realizar los tocamientos por debajo de la ropa interior.

Ante la agresión, la mujer reaccionó propinándole un empujón para apartarlo, lo que derivó en un forcejeo. El acusado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por la propia víctima hasta que su marido logró interceptarlo y retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional, que lo detuvo. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 lo condenó a 20 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La magistrada de instancia optó por esta pena pecuniaria en lugar de la prisión atendiendo a la “entidad de los hechos” y a las circunstancias personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

Aunque la condena por abusos se mantiene “por la gravedad de la conducta”, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha dejado sin efecto la pena de tres años de inhabilitación especial para trabajar con menores que se había impuesto inicialmente. Los magistrados explican que, según el actual Código Penal, esta inhabilitación solo puede imponerse cuando la pena principal es de privación de libertad y no cuando se impone únicamente una multa.

Por último, la Sala también ha rechazado aplicar eximentes por trastorno psíquico. Aunque el acusado presentó un diagnóstico de trastorno psicótico de un año después de los hechos, el reconocimiento médico realizado justo tras su detención determinó que no presentaba alteraciones y que actuó “sin pérdida de noción de la realidad”.

La poeta cordobesa María Sotomayor da el salto a la narrativa con Los cauces (Espasa), su primera novela, que llega a las librerías este mes de marzo. Se trata de un texto intenso y profundamente personal en el que aborda el abuso infantil (sufrido por ella misma), la pérdida y los procesos de reconstrucción personal, con la literatura como fuente de sanación.

La obra nace de una experiencia vital marcada por el trauma. Sotomayor sufrió abusos durante su infancia en un entorno familiar, un espacio que debería haber sido seguro y que, sin embargo, no lo fue. Este hecho atraviesa la novela, que explora las huellas invisibles que deja la violencia en la vida adulta.

Según destaca la editorial, Los cauces es “un texto estremecedor” que se adentra en “el impacto duradero del abuso infantil y el complejo camino hacia la sanación”. A través de recuerdos fragmentados, sesiones de terapia y encuentros con otras personas heridas, la protagonista reconstruye su historia en un relato íntimo que va más allá del dolor para abordar también la resistencia y la búsqueda de una voz propia.

La novela, a caballo entre la autoficción y la poesía de la que viene Sotomayor, supone un punto y aparte en la trayectoria de la escritora, más vinculada al ámbito poético. Con un lenguaje cuidado y una mirada profundamente personal, la autora traslada a la narrativa la intensidad emocional que caracteriza su poesía.

De raíces cordobesas, aunque nacida en Madrid en 1982, María Sotomayor es filóloga, poeta y escritora. A lo largo de su carrera ha trabajado como editora y ha estado vinculada al ámbito cultural y artístico. Fue fundadora de la librería La Semillera en Madrid y actualmente impulsa La Romántica en Córdoba.

Como poeta, ha publicado títulos como Estoy gritando, me conocí de esta manera (2013), La paciencia de los árboles (2015, ampliado en 2018), Misericordia (2020), Fiera (2021) y La Furia (2023). En 2016 obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena por Nieve antigua.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a R.C.C. a 14 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja y distribuir material de explotación infantil. La Fiscalía y la acusación particular pedían 24 años y diez meses de prisión por, además, los delitos de exhibición de pornografía y elaboración de material de explotación infantil, que han quedado subsumidos en el delito continuado de abuso sexual sobre un menor de 16 años.

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado -que ejercía como fotógrafo- acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

En consecuencia, el tribunal le ha impuesto 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con penetración y dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil que pudo ser descubierto gracias a un disco duro que tenía el condenado. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la justicia ha ordenado el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado por abusar sexualmente de la hermana de su pareja, una menor que tenía 12 años en el momento de los hechos. La nueva resolución reduce la pena de prisión de cuatro años y un día a tres años, al eliminar la circunstancia agravante de prevalimiento.

Los hechos ocurrieron en una noche de invierno del año 2020, en un piso de la capital cordobesa. El acusado se encontraba en un sofá junto a la menor mientras la madre y la hermana de esta (novia del procesado) dormían en la misma estancia. Aprovechando esta situación, el hombre realizó tocamientos a la niña y, tras un breve intervalo, la obligó a masturbarlo hasta que “eyaculó en la mano de la menor”.

Días después, el agresor interceptó a la víctima en el parque de Los Teletubbies y la amenazó diciéndole: “si le cuentas a alguien lo que ocurrió el otro día te vas a enterar”. Estos hechos provocaron en la menor graves trastornos de conducta y sufrimientos psíquicos que requirieron asistencia especializada y que incluso derivaron en conatos de suicidio.

La defensa del acusado impugnó la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Córdoba cuestionando la credibilidad del testimonio de la víctima. Sin embargo, el TSJA ha rechazado de pleno este argumento, señalando que la declaración de la menor fue “perfectamente razonable, concreta y suficientemente motivada”, contando además con el respaldo de informes periciales que calificaron su relato como “creíble”.

Por otro lado, el tribunal de apelación ha considerado que, aunque existía una relación de confianza por ser el novio de la hermana, la sentencia original no detalló suficientemente en los hechos probados cómo esa situación de superioridad fue utilizada específicamente para doblegar la voluntad de la niña. Al no estar debidamente descrita esta agravante de “prevalimiento” según las exigencias jurisprudenciales, la Sala ha optado por fijar la pena en la mitad inferior del tipo penal, resultando en los citados tres años de cárcel.

Además de la pena de prisión, se mantienen el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia, que incluyen la prohibición de aproximarse a la víctima durante ocho años, una medida de libertad vigilada por siete años y el pago de una indemnización de 5.000 euros a la menor por los daños causados.

Contra esta resolución del TSJA aún cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Claudia (nombre ficticio) quiere contar su testimonio. Necesita que el miedo cambie de bando, que las víctimas de cualquier tipo de abuso verbalicen lo que han sufrido para que la sociedad vea y sea consciente de una realidad que puede afectar a cualquiera. Este jueves, esta chica, de 20 años, estudiante universitaria y de una enorme madurez, ha declarado ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba para narrar los presuntos abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro desde que tenía seis años y hasta que cumplió los 12. Reconoce que se ha roto en parte de su declaración, pero ha insistido en la importancia de visibilizar casos como el suyo por el que la Fiscalía pide 24 años y diez meses de prisión.

El camino hasta llegar a hoy ha sido “durísimo”, afirma. Años de terapia y de superación personal que le han llevado a reafirmarse en su idea: no quería una sentencia de conformidad con su supuesto agresor. “Quiero justicia por mí, porque me ha robado la infancia, y para que no haya más víctimas”.

Según el relato de la joven, el acusado mantenía una imagen pública de “padre ejemplar”. Mientras de puertas para fuera se le veía como un padre atento que la recogía o cocinaba para ella, aprovechaba la situación laboral de la madre -que trabajaba largas jornadas en el sector de la hostelería- para cometer los abusos. El hombre, fotógrafo de profesión, pasaba gran parte del día en la casa, convirtiendo el hogar en un lugar de inseguridad para la niña: “Yo estaba en mi cuarto y me preguntaba: ¿Vendrá hoy?”.

La joven recordó cómo, en 5º de Primaria, tuvo un “momento de inflexión” al observar a otras niñas de su clase y darse cuenta de que lo que ella vivía no era normal. A esa temprana edad de diez años ya sufría de pensamientos suicidas y planeaba “poner las cartas” sobre la mesa y acabar con la situación que vivía. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre habría abusado de la víctima, haciendo que ella le masturbara, y grababa los actos con su iPad. La convencía asegurándole que todo era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Aunque no consta que lo grabado lo compartiera con más personas, los policías le incautaron un disco duro en el que tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

La joven decidió contárselo a su madre cuando tenía 18 años

El camino hacia la denuncia fue largo y doloroso. La víctima guardó el secreto sola durante años, temiendo a que la estabilidad familiar se desmoronara. Después, llegó el covid y tanto él como su madre se quedaron sin trabajo. A los 15 años se lo confió a su mejor amigo, y no fue hasta después de realizar la Selectividad, ya con 18 años, cuando fue capaz de contárselo a su madre, quien hacía años que había dejado la relación con este hombre.

Incluso después de que cesara el noviazgo, el calvario para esta chica no paró. El hombre, que no tiene potestad legal sobre ella al no ser su padre biológico, le suplicó a la madre seguir viendo a la joven. A partir de ese momento, el presunto agresor inició una etapa de hostigamiento constante: “Era como un novio tóxico; me hablaba tres veces al día, me quería ver todos los domingos y quería recogerme de donde estuviera”.

La joven ha admitido que se vio obligada a mantener esa “tapadera” y seguir viéndolo porque no se sentía con fuerzas para denunciar todavía: “Yo sabía que la única forma de cortarlo era contárselo a mi madre y yo no estaba lista. Así que dije: Tendré que aguantar”. No fue hasta los 17 años cuando, tras contárselo a su mejor amigo -que este jueves le ha acompañado al juicio-, encontró el valor para romper el silencio.

La reacción de su progenitora fue de apoyo total e inmediato. “Mi madre dijo desde un primer momento que había que denunciar'”, relata la joven, describiéndola como una mujer luchadora que llegó desde su lugar de origen a España cuando ella era apenas un bebé para darle una vida mejor. Antes de iniciar el proceso legal, la chica llegó a preguntar al acusado por qué lo había hecho, a lo que él, según su testimonio, respondió simplemente que “no lo sabía”. La denuncia fue interpuesta finalmente en septiembre de 2023.

El paso por el juzgado de instrucción ha sido, en su opinión, una etapa dura al sentirse juzgada “por no haber hablado antes”. Sin embargo, sí se ha sentido “muy arropada” por el juez que este jueves ha presidido el juicio en la Audiencia Provincial, quien ha detenido la sesión cuando la joven se ha roto a llorar.

Actualmente, la joven estudia una carrera universitaria fuera de Córdoba. Siempre quiso vivir esa experiencia y, tras lo vivido, aún más. Es por ello por lo que volver a la ciudad los fines de semana sigue siendo un peso emocional para ella. Aunque cuenta con el apoyo de una pareja “paciente”, admite que las secuelas del trauma persisten y que continúa asistiendo a terapia tras haber sufrido autolesiones y recaídas psicológicas severas debido a la proximidad del juicio.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este jueves a un hombre acusado de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, así como de elaborar y distribuir material de pornografía infantil a través de internet. La Fiscalía pide para él 24 años y diez meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el procesado realizó varios actos de índole sexual sobre una niña en diferentes momentos y le obligó a que ella se los hiciera a él, convenciéndola de que era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Además, en varias ocasiones, el acusado grabó estos actos con su ipad, aunque no consta que esos archivos fueran compartidos por el procesado. Sin embargo, una investigación realizada sobre el disco duro encontrado en la vivienda del acusado reveló que este tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

Los hechos han sido calificados por el fiscal como constitutivos de cuatro delitos graves: abuso sexual continuado con penetración a una menor de 16 años, elaboración y distribución de material de explotación infantil, y exhibición de pornografía. Por el primero, la Fiscalía le pide 12 años de prisión; por el segundo, ocho años de cárcel; por el tercero, cuatro años de prisión; y por la exhibición de pornografía, diez meses de cárcel.

Además de estas penas, el Ministerio Público solicita una orden de alejamiento y de comunicación con la menor durante 30 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular con menores de edad durante un periodo de 45 años.

Finalmente, la Fiscalía interesa que se imponga al acusado una medida de diez años de libertad vigilada que se ejecutaría tras el cumplimiento de las penas de prisión, además del pago de las costas procesales del juicio.