La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado el ingreso provisional en la cárcel del fotógrafo condenado a 14 años de prisión por abusar de su hijastra y distribuir vídeos de explotación infantil.

Esta decisión judicial llega después de que la acusación particular y el Ministerio Público la solicitaran a la Audiencia. Tras una deliberación, el tribunal ha acordado esta medida hasta que la sentencia adquiera firmeza. Según fuentes judiciales, el condenado puede ahora recurrir el auto de prisión, al igual que la sentencia condenatoria. Si se interponen estos recursos por parte de la defensa, la acusación particular, representada por la abogada María del Carmen Garrido Montiel, prevé impugnarlos.

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

En consecuencia, el tribunal le impuso 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con penetración y dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil que pudo ser descubierto gracias a un disco duro que tenía el condenado. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la justicia ordenó el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por abusar sexualmente de una mujer al tocarle sus partes íntimas mientras paseaba por su novio por La Corredera. El tribunal ha ratificado la multa de 3.600 euros tras desestimar los argumentos de la defensa que cuestionaban la presunción de inocencia y el estado mental del acusado.

El incidente tuvo lugar sobre las 23:50 del 6 de agosto de 2022. Según los hechos probados, la víctima paseaba por La Corredera cuando el condenado la abordó por detrás. Con ánimo libidinoso, el hombre le levantó la falda y le tocó tanto los glúteos como la zona vaginal, llegando a realizar los tocamientos por debajo de la ropa interior.

Ante la agresión, la mujer reaccionó propinándole un empujón para apartarlo, lo que derivó en un forcejeo. El acusado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por la propia víctima hasta que su marido logró interceptarlo y retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional, que lo detuvo. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 lo condenó a 20 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La magistrada de instancia optó por esta pena pecuniaria en lugar de la prisión atendiendo a la “entidad de los hechos” y a las circunstancias personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

Aunque la condena por abusos se mantiene “por la gravedad de la conducta”, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha dejado sin efecto la pena de tres años de inhabilitación especial para trabajar con menores que se había impuesto inicialmente. Los magistrados explican que, según el actual Código Penal, esta inhabilitación solo puede imponerse cuando la pena principal es de privación de libertad y no cuando se impone únicamente una multa.

Por último, la Sala también ha rechazado aplicar eximentes por trastorno psíquico. Aunque el acusado presentó un diagnóstico de trastorno psicótico de un año después de los hechos, el reconocimiento médico realizado justo tras su detención determinó que no presentaba alteraciones y que actuó “sin pérdida de noción de la realidad”.

La poeta cordobesa María Sotomayor da el salto a la narrativa con Los cauces (Espasa), su primera novela, que llega a las librerías este mes de marzo. Se trata de un texto intenso y profundamente personal en el que aborda el abuso infantil (sufrido por ella misma), la pérdida y los procesos de reconstrucción personal, con la literatura como fuente de sanación.

La obra nace de una experiencia vital marcada por el trauma. Sotomayor sufrió abusos durante su infancia en un entorno familiar, un espacio que debería haber sido seguro y que, sin embargo, no lo fue. Este hecho atraviesa la novela, que explora las huellas invisibles que deja la violencia en la vida adulta.

Según destaca la editorial, Los cauces es “un texto estremecedor” que se adentra en “el impacto duradero del abuso infantil y el complejo camino hacia la sanación”. A través de recuerdos fragmentados, sesiones de terapia y encuentros con otras personas heridas, la protagonista reconstruye su historia en un relato íntimo que va más allá del dolor para abordar también la resistencia y la búsqueda de una voz propia.

La novela, a caballo entre la autoficción y la poesía de la que viene Sotomayor, supone un punto y aparte en la trayectoria de la escritora, más vinculada al ámbito poético. Con un lenguaje cuidado y una mirada profundamente personal, la autora traslada a la narrativa la intensidad emocional que caracteriza su poesía.

De raíces cordobesas, aunque nacida en Madrid en 1982, María Sotomayor es filóloga, poeta y escritora. A lo largo de su carrera ha trabajado como editora y ha estado vinculada al ámbito cultural y artístico. Fue fundadora de la librería La Semillera en Madrid y actualmente impulsa La Romántica en Córdoba.

Como poeta, ha publicado títulos como Estoy gritando, me conocí de esta manera (2013), La paciencia de los árboles (2015, ampliado en 2018), Misericordia (2020), Fiera (2021) y La Furia (2023). En 2016 obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena por Nieve antigua.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a R.C.C. a 14 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja y distribuir material de explotación infantil. La Fiscalía y la acusación particular pedían 24 años y diez meses de prisión por, además, los delitos de exhibición de pornografía y elaboración de material de explotación infantil, que han quedado subsumidos en el delito continuado de abuso sexual sobre un menor de 16 años.

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado -que ejercía como fotógrafo- acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

En consecuencia, el tribunal le ha impuesto 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con penetración y dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil que pudo ser descubierto gracias a un disco duro que tenía el condenado. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la justicia ha ordenado el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado por abusar sexualmente de la hermana de su pareja, una menor que tenía 12 años en el momento de los hechos. La nueva resolución reduce la pena de prisión de cuatro años y un día a tres años, al eliminar la circunstancia agravante de prevalimiento.

Los hechos ocurrieron en una noche de invierno del año 2020, en un piso de la capital cordobesa. El acusado se encontraba en un sofá junto a la menor mientras la madre y la hermana de esta (novia del procesado) dormían en la misma estancia. Aprovechando esta situación, el hombre realizó tocamientos a la niña y, tras un breve intervalo, la obligó a masturbarlo hasta que “eyaculó en la mano de la menor”.

Días después, el agresor interceptó a la víctima en el parque de Los Teletubbies y la amenazó diciéndole: “si le cuentas a alguien lo que ocurrió el otro día te vas a enterar”. Estos hechos provocaron en la menor graves trastornos de conducta y sufrimientos psíquicos que requirieron asistencia especializada y que incluso derivaron en conatos de suicidio.

La defensa del acusado impugnó la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Córdoba cuestionando la credibilidad del testimonio de la víctima. Sin embargo, el TSJA ha rechazado de pleno este argumento, señalando que la declaración de la menor fue “perfectamente razonable, concreta y suficientemente motivada”, contando además con el respaldo de informes periciales que calificaron su relato como “creíble”.

Por otro lado, el tribunal de apelación ha considerado que, aunque existía una relación de confianza por ser el novio de la hermana, la sentencia original no detalló suficientemente en los hechos probados cómo esa situación de superioridad fue utilizada específicamente para doblegar la voluntad de la niña. Al no estar debidamente descrita esta agravante de “prevalimiento” según las exigencias jurisprudenciales, la Sala ha optado por fijar la pena en la mitad inferior del tipo penal, resultando en los citados tres años de cárcel.

Además de la pena de prisión, se mantienen el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia, que incluyen la prohibición de aproximarse a la víctima durante ocho años, una medida de libertad vigilada por siete años y el pago de una indemnización de 5.000 euros a la menor por los daños causados.

Contra esta resolución del TSJA aún cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Claudia (nombre ficticio) quiere contar su testimonio. Necesita que el miedo cambie de bando, que las víctimas de cualquier tipo de abuso verbalicen lo que han sufrido para que la sociedad vea y sea consciente de una realidad que puede afectar a cualquiera. Este jueves, esta chica, de 20 años, estudiante universitaria y de una enorme madurez, ha declarado ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba para narrar los presuntos abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro desde que tenía seis años y hasta que cumplió los 12. Reconoce que se ha roto en parte de su declaración, pero ha insistido en la importancia de visibilizar casos como el suyo por el que la Fiscalía pide 24 años y diez meses de prisión.

El camino hasta llegar a hoy ha sido “durísimo”, afirma. Años de terapia y de superación personal que le han llevado a reafirmarse en su idea: no quería una sentencia de conformidad con su supuesto agresor. “Quiero justicia por mí, porque me ha robado la infancia, y para que no haya más víctimas”.

Según el relato de la joven, el acusado mantenía una imagen pública de “padre ejemplar”. Mientras de puertas para fuera se le veía como un padre atento que la recogía o cocinaba para ella, aprovechaba la situación laboral de la madre -que trabajaba largas jornadas en el sector de la hostelería- para cometer los abusos. El hombre, fotógrafo de profesión, pasaba gran parte del día en la casa, convirtiendo el hogar en un lugar de inseguridad para la niña: “Yo estaba en mi cuarto y me preguntaba: ¿Vendrá hoy?”.

La joven recordó cómo, en 5º de Primaria, tuvo un “momento de inflexión” al observar a otras niñas de su clase y darse cuenta de que lo que ella vivía no era normal. A esa temprana edad de diez años ya sufría de pensamientos suicidas y planeaba “poner las cartas” sobre la mesa y acabar con la situación que vivía. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre habría abusado de la víctima, haciendo que ella le masturbara, y grababa los actos con su iPad. La convencía asegurándole que todo era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Aunque no consta que lo grabado lo compartiera con más personas, los policías le incautaron un disco duro en el que tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

La joven decidió contárselo a su madre cuando tenía 18 años

El camino hacia la denuncia fue largo y doloroso. La víctima guardó el secreto sola durante años, temiendo a que la estabilidad familiar se desmoronara. Después, llegó el covid y tanto él como su madre se quedaron sin trabajo. A los 15 años se lo confió a su mejor amigo, y no fue hasta después de realizar la Selectividad, ya con 18 años, cuando fue capaz de contárselo a su madre, quien hacía años que había dejado la relación con este hombre.

Incluso después de que cesara el noviazgo, el calvario para esta chica no paró. El hombre, que no tiene potestad legal sobre ella al no ser su padre biológico, le suplicó a la madre seguir viendo a la joven. A partir de ese momento, el presunto agresor inició una etapa de hostigamiento constante: “Era como un novio tóxico; me hablaba tres veces al día, me quería ver todos los domingos y quería recogerme de donde estuviera”.

La joven ha admitido que se vio obligada a mantener esa “tapadera” y seguir viéndolo porque no se sentía con fuerzas para denunciar todavía: “Yo sabía que la única forma de cortarlo era contárselo a mi madre y yo no estaba lista. Así que dije: Tendré que aguantar”. No fue hasta los 17 años cuando, tras contárselo a su mejor amigo -que este jueves le ha acompañado al juicio-, encontró el valor para romper el silencio.

La reacción de su progenitora fue de apoyo total e inmediato. “Mi madre dijo desde un primer momento que había que denunciar'”, relata la joven, describiéndola como una mujer luchadora que llegó desde su lugar de origen a España cuando ella era apenas un bebé para darle una vida mejor. Antes de iniciar el proceso legal, la chica llegó a preguntar al acusado por qué lo había hecho, a lo que él, según su testimonio, respondió simplemente que “no lo sabía”. La denuncia fue interpuesta finalmente en septiembre de 2023.

El paso por el juzgado de instrucción ha sido, en su opinión, una etapa dura al sentirse juzgada “por no haber hablado antes”. Sin embargo, sí se ha sentido “muy arropada” por el juez que este jueves ha presidido el juicio en la Audiencia Provincial, quien ha detenido la sesión cuando la joven se ha roto a llorar.

Actualmente, la joven estudia una carrera universitaria fuera de Córdoba. Siempre quiso vivir esa experiencia y, tras lo vivido, aún más. Es por ello por lo que volver a la ciudad los fines de semana sigue siendo un peso emocional para ella. Aunque cuenta con el apoyo de una pareja “paciente”, admite que las secuelas del trauma persisten y que continúa asistiendo a terapia tras haber sufrido autolesiones y recaídas psicológicas severas debido a la proximidad del juicio.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este jueves a un hombre acusado de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, así como de elaborar y distribuir material de pornografía infantil a través de internet. La Fiscalía pide para él 24 años y diez meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el procesado realizó varios actos de índole sexual sobre una niña en diferentes momentos y le obligó a que ella se los hiciera a él, convenciéndola de que era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Además, en varias ocasiones, el acusado grabó estos actos con su ipad, aunque no consta que esos archivos fueran compartidos por el procesado. Sin embargo, una investigación realizada sobre el disco duro encontrado en la vivienda del acusado reveló que este tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

Los hechos han sido calificados por el fiscal como constitutivos de cuatro delitos graves: abuso sexual continuado con penetración a una menor de 16 años, elaboración y distribución de material de explotación infantil, y exhibición de pornografía. Por el primero, la Fiscalía le pide 12 años de prisión; por el segundo, ocho años de cárcel; por el tercero, cuatro años de prisión; y por la exhibición de pornografía, diez meses de cárcel.

Además de estas penas, el Ministerio Público solicita una orden de alejamiento y de comunicación con la menor durante 30 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular con menores de edad durante un periodo de 45 años.

Finalmente, la Fiscalía interesa que se imponga al acusado una medida de diez años de libertad vigilada que se ejecutaría tras el cumplimiento de las penas de prisión, además del pago de las costas procesales del juicio.

Sometían a sus hijos menores a un entorno de violencia sistemática, humillación y abandono extremo en su casa. Los golpeaban y los obligaban a vivir entre basura y animales como ratas y serpientes, cuyas heces y orines llegaban a cubrir los colchones donde dormían. Ha ocurrido en Córdoba y la Audiencia Provincial ha condenado a unos padres a cuatro años y medios de prisión por estos hechos y, además, por abusar sexualmente de los dos menores. No obstante, los condenados no entrarán en prisión porque el tribunal les ha concedido la suspensión de la ejecución de las penas.

Para evitar la cárcel, los condenados deberán cumplir durante cinco años una serie de requisitos estrictos: abonar la indemnización fijada -4.500 euros a cada hijo- mediante un primer pago de 1.000 euros y cuotas mensuales de 200 euros; no cometer ningún nuevo delito en ese periodo; cumplir las medidas de resocialización que se determinen en la fase de ejecución y respetar la prohibición de comunicación y de aproximarse a menos de 500 metros. La legislación permite esta suspensión cuando las penas individuales no superan los dos años.

Según los hechos probados, los condenados mantuvieron de forma sistemática y reiterativa una conducta agresiva y humillante hacia sus hijos, nacidos en 2008 y 2009, hasta 2019. Los padres golpeaban de manera reiterada a los niños con correas y chanclas, llegándoles a provocar marcas en la piel sin que nunca fueran llevados a un centro de salud para ser atendidos. Además, proferían a sus hijos expresiones como “eres un diablo de Tasmania”, “cobra”, “inútil”, “hijo de puta” u “ojalá no te hubiera tenido”, llegando incluso a amenazarlos frecuentemente con darlos en adopción.

Además de este relato de terror, la familia convivía con multitud de animales, incluyendo ratas, serpientes, perros, gatos y conejos, sin que existiera higiene alguna. La falta de limpieza era tal que las heces y orines de los animales ocupaban los colchones donde dormían los menores. Esta negligencia tuvo graves consecuencias para la salud y vida social de los niños. En primer lugar, los menores sufrían de forma constante picaduras de insectos, erupciones cutáneas y ronchas, pero los padres solo acudían al médico cuando las heridas ya presentaban infección.

Otra consecuencia para los niños es que eran sufridos por compañeros en el colegio debido a la higiene pésima y al mal olor que desprendían. Asimismo, los condenados aislaban a los menores de otros niños y descuidaban su asistencia escolar. Además, en ocasiones dejaban a los menores completamente solos en la casa cuando estos solo tenían seis y siete años. Este comportamiento provocó en los hijos una “anulación como personas”, una afectación grave en todas sus áreas de desarrollo y una baja autoestima.

Abusos sexuales continuados ante la pasividad materna

El duro relato de la sentencia hace referencia, también, a abusos sexuales. Entre 2014 y 2019, el padre realizó de forma reiterada tocamientos en los genitales de su hijo, cuando tenía solo seis años, y en los genitales y pechos de su hija, tanto por encima como por debajo de la ropa. Estos actos ocurrían habitualmente en el salón de la vivienda en presencia de la madre, quien, a pesar de presenciarlos, “no hizo nada para impedirlos” ni para evitar que se repitieran, incumpliendo su posición de garante como progenitora

Tras el reconocimiento de los hechos, los padres han sido condenados a cuatro años de prisión por los delitos continuados contra la libertad sexual y a seis meses por maltrato habitual. Además, se les ha impuesto una multa de 450 euros, una indemnización de 4.500 euros para cada uno de los menores por daños morales, una orden de alejamiento y de comunicación durante ocho años y medio; y libertad vigilada durante cuatro años y cuatro meses. Por último, el tribunal les ha privado de la patria potestad de sus hijos durante 15 meses y 15 días. En la sentencia se ha aplicado a una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que el caso se instruyó en 2019.

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso del menor condenado en Córdoba -ya es mayor de edad- por abusar y agredir sexualmente de dos primos cuando estos también eran menores. En un auto del pasado 29 de enero, la Sala de lo Penal confirman los dos años de internamiento que el Juzgado de Menores número 1 de la capital le impuso al joven y que el pasado mes de noviembre ratificó la Audiencia Provincial.

Hay que recordar que los hechos salieron a la luz después de que la víctima principal, una menor, intentara suicidarse en abril de 2021, hecho que permitió a sus padres conocer lo ocurrido. En su auto, el Supremo ha confirmado la pena por un delito de agresión sexual continuado sobre su prima, menor de 13 años, y un delito de abuso sexual continuado sobre su primo, menor de 16 años.

Además de los dos años de internamiento en régimen cerrado, se confirman también los dos años de libertad vigilada y la prohibición, durante cinco años, de acercarse o comunicarse con las víctimas. Asimismo, deberá indemnizar a su prima con 20.000 euros y a su primo, con 2.000 euros.

Agredía sexualmente a su primo si quería jugar con la consola

Los hechos, según la sentencia, se produjeron entre 2013 y 2015. La menor tenía entre siete y nueve años cuando comenzó a ser víctima de su primo en el domicilio de este y en la vivienda de la menor. La sentencia detalla que el acusado aprovechaba la cercanía familiar y la confianza entre hogares para cometer tocamientos, penetraciones y felaciones, realizados en contra de la voluntad de la menor y bajo intimidación, manipulación emocional y, en ocasiones, violencia física.

La sentencia destaca que el agresor, incluso, la amenazaba con que la familia no le creería y que se rompería la relación familiar si contaba lo sucedido. Estas agresiones continuadas crearon en la niña un clima de miedo, culpa y confusión, que la llevaron a normalizar la conducta abusiva y ocultarla a sus padres.

Por otro lado, el hermano de la menor también fue objeto de agresiones sexuales por parte del acusado: le obligó en, al menos, cinco ocasiones a tocar sus genitales, generalmente a cambio de jugar a la consola. En este caso, el procesado no empleó violencia ni amenazas, y la víctima no presenta secuelas psicológicas.

El intento de suicidio de la menor, cuando ya tenía 15 años, fue el desencadenante y lo que motivó que se denunciaran los hechos. Tras su ingreso hospitalario, la menor reveló a sus padres la magnitud de los abusos sexuales sufridos durante años.

Según la sentencia, desde que comenzaron los abusos, la menor había presentado síntomas graves de estrés postraumático, incluyendo insomnio, ansiedad, dolores de cabeza y dependencia excesiva a adultos. Fue atendida por distintos especialistas desde los siete años, incluyendo psicólogas y psiquiatras infantiles, que constataron la veracidad de los relatos y la ausencia de fabulación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un año y tres meses de prisión a un varón por un delito de abuso sexual, otro de resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, cometido el primero sobre la hija menor de su pareja, de unos 13 años, y los otros sobre guardias civiles en el cuartel de una localidad cordobesa tras ser detenido.

No obstante, la única salvedad es la sustitución de una pena de tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de resistencia por seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, un total de 1.080 euros, según se recoge en la resolución del Alto Tribunal andaluz, que ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusado en el citado sentido. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la relación, desde su inicio a finales del año 2020, y, al menos, durante todo el año 2021, era “bastante compleja, ya que la joven no aceptaba de buen grado la nueva relación de su madre ni la convivencia con él, estimando que la actitud hacia ella de éste era demasiado cariñosa para intentar ganársela, insistiendo en solicitudes para que lo abrazara y con acercamientos que a la joven no le gustaban, llegando, incluso, a darle dinero, en diversas ocasiones con intención de que la relación mejorara”.

“Estas situaciones se prolongaron en el tiempo a pesar de que la joven manifestó a su madre que no le gustaban y que no quería recibir dinero de él”, se añade. Sin embargo, “el acusado, a pesar de ser consciente de la problemática existente, siguió manteniendo la misma actitud”.

En este contexto, el día 8 de noviembre de 2021, la menor volvió del colegio y se metió en su dormitorio, sin que en casa hubiera más personas porque su madre estaba trabajando. Pasados unos minutos el procesado accedió a la habitación en que se encontraba la menor comenzando a hablar con la joven, “intentando, como en otras ocasiones, ganarse su confianza, acercándose a ella e intentando contacto con la misma que ella le negaba hasta que, en un momento indeterminado, se acercó a la misma metiéndole la mano por debajo de la sudadera y de la camiseta térmica que vestía llegando hasta los senos de la niña, que tocó, depositando un billete de 50 euros, en la parte interior del sujetador”, según se relata.

Al respecto, se apunta que “inmediatamente, tras realizar el referido tocamiento y dejar el dinero, el acusado se separó de la menor ante su reacción de oposición por lo ocurrido”. En ese momento, él le dijo que “le devolviera el dinero o le diera un abrazo, y, como la joven, por los nervios, no encontraba el billete, le dio un abrazo y se marchó a casa de su amiga, a quien contó los hechos, como también los narró, de forma casi inmediata, a su madre que interpuso la correspondiente denuncia”.

La denuncia referida determinó la detención del acusado en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, siendo conducido el varón a dependencias del puesto de la Guardia Civil, donde “comenzó a dar golpes, patadas y puñetazos en la puerta de la celda, llegando a causarse lesiones en las manos”.

Ante ello los agentes de la Benemérita, “de servicio y debidamente uniformados, dieron aviso a un equipo médico que se desplazó hasta las dependencias policiales y atendió al detenido que presentaba heridas en las manos, verborrea, nerviosismo y agitación”. “Al marcharse los sanitarios se le indicó que debía de ingresar de nuevo en la celda a lo que él se opuso de forma violenta, forcejeando y lanzando golpes a los agentes que intentaban reducirlo, que fueron hasta cinco, debiendo emplearse a fondo los mismos para lograr que cesara en su actitud, lo que al fin consiguieron”, según se indica en la sentencia.

En este caso, un agente resultó levemente lesionado, “precisando sólo una asistencia médica para su curación, a los tres días de perjuicio personal básico, no constando que haya renunciado a la indemnización correspondiente”; mientras que otro agente también resultó lesionado con contusión y erosión en región temporal izquierda, eritema en cara lateral izquierda de cuello y erosión en mano izquierda, “requiriendo para su curación de la primera asistencia médica y sanando con tres días de perjuicio personal básico y sin secuelas”.

Además de las penas de cárcel y multa ya citadas, el procesado ha sido condenado a multa de 480 euros, orden de alejamiento de la víctima por tiempo de cuatro años y que indemnice a la menor en la cantidad de 600 euros y al agente de la Guardia Civil afectado en 90 euros.

Tras el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de la pederastia, vuelve a ponerse el foco en cómo quienes sufrieron estas agresiones pueden verse escuchados, atendidos, reparados e indemnizados por ello. Cordópolis ha accedido a conocer cómo funciona la Oficina de Atención a las Víctimas de estos abusos en la Diócesis de Córdoba que, desde 2019, aborda desde el ámbito de la Iglesia los casos detectados en su seno.

Esta oficina se creó el 21 de mayo de 2019 y, junto a ello, se estableció un protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables, con un código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia. “La Iglesia ha reconocido sus errores, hay cosas que no se han hecho bien, pero nos ponemos al servicio de esas víctimas para intentar sanarlas”, explica a este periódico la directora de la Oficina, María Yered Rodríguez. “El objetivo es acompañar a las víctimas y prevenir”, resume sobre la acción de este organismo.

Desde su apertura en 2019, la Diócesis de Córdoba ha registrado 25 casos de abusos en su ámbito, si bien ha llegado a atender a 35 víctimas. Esa diferencia se debe a que la oficina comunica los casos producidos estrictamente en su ámbito diocesano, si bien ha atendido en un primer momento otros casos que se han dirigido a ella pero que han ocurrido dentro de instituciones o congregaciones en la provincia cordobesa que tienen sus propios órganos de tramitación. En esos casos, la oficina ha actuado como intermediaria, atendiendo, recogiendo documentación de las víctimas y trasladando las denuncias a las instancias correspondientes. 

En todos esos casos, quienes sufrieron los abusos por miembros de la Iglesia en la provincia de Córdoba eran menores cuando ocurrieron, los vivieron durante su infancia, la mayoría en los años de la década de los 70. Las víctimas que han puesto sus casos en conocimiento de esta oficina lo han hecho desde su apertura en 2019, después de que el Papa Francisco celebrara en el Vaticano una cumbre sobre los abusos y la protección de los menores, estableciendo a partir de entonces unas normas vinculantes para actuar en estos casos.

El documento fundamental fue la carta apostólica 'Vos estis lux mundi', publicada el 9 de mayo de 2019, que crea las oficinas de protección de las víctimas y sus protocolos de actuación. La Diócesis de Córdoba “fue vanguardista” al poner la oficina en funcionamiento apenas unos días después de dicha publicación, recuerda su directora. El último de los casos de abusos que ha tratado llegó a esta oficina hace unos dos años, aunque la mayoría lo hicieron al principio de su puesta en marcha.

Escucha, reconocimiento y reparación

Con el protocolo establecido, el trabajo en estas dependencias de la Diócesis se ha basado “en primer lugar, en las víctimas, ayudándolas en su proceso de sanación y reparación”. En todos estos casos, han podido ver cómo a quienes sufrieron estos abusos “les cuesta mucho sacarlo a la luz y cada víctima tiene su tiempo”. Por ello, es relevante que el sistema acordado ahora entre el Gobierno y la Iglesia permite que casos ya prescritos o donde el victimario ha fallecido reciban reconocimiento y reparación.

Cuando una víctima ha llegado a estas dependencias, lo primero ha sido escucharla, para que la persona “se exprese tranquilamente y pueda contar todo lo que nos tenga que contar”, describe María Yered Rodríguez. Se le ofrece un acompañamiento integral -espiritual, psicológico y legal-, asesorándola en las vías canónica y civil. “Le decimos: estamos aquí para acompañarte, nosotros no juzgamos, es decir, la oficina no es la encargada de juzgar ni de investigar absolutamente nada, de eso se encarga la Vicaría Judicial (...) Nosotros estamos para acompañar a la víctima, escucharla y estar con ella. Los acompañamos durante todo el proceso, incluso más allá, porque el compromiso que tenemos es la sanación completa”.

En este tiempo, Rodríguez ha visto la realidad de las víctimas de abusos en la Iglesia en Córdoba: “Son gente que llega muy dañada, en muchos sentidos, porque un abuso afecta a todas las esferas de tu vida”, constata. Pero de sus respuestas, destaca que “lo que más les ayuda a sanar es que les escuches”. Cuenta que en los testimonios de quienes sufrieron los abusos, aunque se hable de indemnizaciones económicas, destaca que “el acompañamiento humano es lo que realmente las sana”. “Ellos se van muy a gusto con el hecho de que les hayas escuchado y les hayas dado una respuesta, que vean que su problema te importa y les des ese acompañamiento. Es lo que más llena, que puedan salir de aquí con esa luz y esa tranquilidad, por lo menos que le hayamos ayudado a paliar el dolor que han tenido, aunque sea un poco”.

En este sentido, asegura que la Iglesia mantiene el compromiso de poner a la víctima en el centro. Algo que se constata también en el reciente acuerdo con el Gobierno para la reparación de las víctimas de abusos. Se crea una nueva vía de denuncia con un mediador para quienes no quieran acudir directamente a la Iglesia, incluye un acompañamiento que va más allá de lo económico y permite reparar casos prescritos o de victimarios fallecidos. El fin, dice Rodríguez, es “erradicar esta lacra de toda la sociedad”. “El acuerdo con el Gobierno es un paso positivo para seguir contribuyendo a la sanación y a erradicar los abusos en la sociedad”, reitera.

Prevenir casos, detección precoz y apartar a los autores

La Oficina también atiende a otro ámbito de actuación, que se refiere a la prevención para que no vuelvan a ocurrir casos de abusos o estos se detecten cuanto antes. “Se realiza una labor para que la Iglesia sea un espacio sano y seguro para menores y personas vulnerables”. Y eso incluye formación para detectar esos abusos precozmente. “Estamos haciendo mucha labor para que se sepa qué es un abuso, las consecuencias que tiene y que sepamos detectarlo y pararlo”.

En la práctica, en la Diócesis de Córdoba se han formado a más de 150 agentes de pastoral, como catequistas, profesores y cualquier persona que dentro de la Iglesia tiene contacto con menores. “Tratamos de formarlos para que sepan qué es un abuso, qué es lo que se debe hacer o evitar y, vamos más allá, también se le da formación a menores con un programa para que sepan qué está bien y qué no está bien, y sepan a quién acudir y cómo protegerse”.

Y, junto a ello, la Diócesis también trabaja con los autores de los abusos. “Por supuesto, van a estar en un lugar de la Iglesia donde no tengan ningún contacto con menores o personas vulnerables. Ni van a volver al sitio donde estaban y se han cometido los abusos, ni tampoco van a estar en contacto con menores o personas vulnerables”, asegura la directora de la Oficina sobre la acción de la Iglesia con estas personas.

Pero, desde otra perspectiva, también se trabaja en la “rehabilitación de los victimarios para su reinserción social, que es el fin del ordenamiento jurídico del estado español. Y, también, en la salvación de su alma que sería el fin del ordenamiento jurídico canónico, para que no se vuelvan a producir nuevas situaciones de abuso”. Dentro de la Iglesia, “se considera que también son hijos de Dios y se les invita a seguir un camino de redención”.

Un camino que pasa por reconocer sus abusos, comprometiéndose a cumplir sus responsabilidades jurídicas tanto en el ámbito civil como canónico. En este punto, la Diócesis sigue pactos institucionales de la Conferencia Episcopal Española que incluyen tratamientos psicológicos o psiquiátricos personalizados, que se ofrecen a los abusadores y estos siguen, siempre que presten su consentimiento, comprometiéndose a ello. 

Con todo, desde la Oficina de Atención a Víctimas de la Iglesia reiteran su intención de acabar con los abusos en su seno y lanzan un mensaje dirigido también a otros ámbitos: “Que se erradiquen los abusos en toda la sociedad, porque esto es algo que nos afecta a todos, no solamente a la Iglesia”.

El fugitivo y vecino de Puente Genil Juan Herrera Guerrero, incluido en la campaña difundida por la Policía Nacional Los diez más buscados, ha sido localizado y detenido en Managua (Nicaragua). El prófugo estaba buscado por presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión por los que se enfrenta a una pena de diez años de prisión.

El ahora detenido inició su trayectoria delictiva en el año 2003 acumulando, desde entonces, un amplio historial de antecedentes por diversos delitos. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad. Así mismo, a Herrera se le atribuye el presunto liderazgo de una red de sextorsión relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Tras diversas gestiones, los agentes determinaron que el prófugo había abandonado España y había diseñado un itinerario por distintos países con el objetivo de dificultar la trazabilidad de su huida. La cooperación internacional volvió a resultar determinante, contando inicialmente con el apoyo de las autoridades estadounidenses, concretamente de la Agregaduría del FBI en España, que permitió situarlo en una primera fase en Guatemala.

Posteriormente, a través de la intermediación de la Consejería de Interior de España para Centroamérica, y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras, se realizaron controles fronterizos que permitieron ubicar finalmente al objetivo en Nicaragua. La operación culminó con la localización y detención del fugitivo, por parte de las autoridades nicaragüenses, con base a su situación irregular en el país.

Actualmente, el detenido se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años y un día de cárcel a una mujer acusada de abusar sexualmente de un menor de doce años de edad en una vivienda de la capital en la que convivía junto con el joven y la madre de este.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena a la acusada por un delito continuado de abuso sexual a menor con introducción de miembro corporal por vía vaginal y bucal, según la legislación vigente cuando los hechos ocurrieron, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y le impone tres años y un día de prisión, la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros del menor durante cuatro años y un día, cinco años de libertad vigilada y seis años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, la encausada deberá indemnizar al joven en la cantidad de 9.000 euros por los daños morales causados, rechazando en este sentido la petición de la acusación particular para que indemnizara también a los padres del menor, ya que “no se ha acreditado en modo alguno que los progenitores hayan sufrido perjuicio moral o psicológico”. En el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron para la investigada la imposición de una pena de doce años de prisión.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran probado que, aproximadamente desde marzo de 2020, la acusada residía en una vivienda de la capital cordobesa junto con el menor y la madre de este, de manera que, “aprovechando esta circunstancia y la minoría de edad” del perjudicado, “así como la intimidad del domicilio, con ánimo libidinoso mantuvo relaciones sexuales completas con penetración con el menor varias veces durante ese periodo”.

 En la primera ocasión, ambos se encontraban durmiendo en sendos colchones en el salón de la vivienda y la acusada “aprovechó” esta situación para “comenzar a tocarle con ánimo libidinoso (...) y decirle al niño que no se preocupase, que no pasaba nada”, por lo que el joven “se sentía incómodo e intentó apartarse, pero ella le indicó que se relajase” y abusó de él.

La acusada aprovechó que la madre del menor trabajaba de noche

 Con posterioridad, y según considera probado la Audiencia de Córdoba en esta sentencia dictada el día 15 de diciembre de 2025, la acusada “aprovechó que la madre del menor trabajaba en horario nocturno” y “comenzó a desnudarse en presencia del mismo, así como a introducirse con él en la cama”, manteniendo “relaciones sexuales completas con introducción de miembro corporal por vía vaginal y bucal reiteradamente al menos durante seis meses”. Por auto de 15 de septiembre de 2020, se acordó medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación respecto del menor.

 La Sección Tercera de la Audiencia argumenta que, en este caso, la declaración de la víctima “reúne los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para que, incluso por sí sola, enerve el derecho fundamental a la presunción de inocencia, reforzada por la corroboración que, de modo parcial, le proporciona el parecer de las psicólogas especializadas que le exploraron para el informe recabado de la asociación Adima”.

 Así, los magistrados estiman que el testimonio del joven “está dotado de lógica interna y refiere hechos que coinciden con la estancia” de la acusada en su domicilio “en circunstancias que hacían especialmente fácil que se produjeran, pues la acusada se quedaba sola durante la noche con el menor, que quedaba a su merced”, a lo que se suma que “lo descrito por el menor resulta además verosímil” y que “no existe” por parte de la víctima “interés espurio alguno”, entre otros aspectos.

 Tras recordar que la acusada negó la autoría de los hechos, la Audiencia subrayara que “la madre del menor estaba ausente durante las horas en que los hechos acaecieron, lo que colocaba” a la víctima “en una tesitura que le hacía especialmente vulnerable y susceptible de ser víctima de hechos como los que nos ocupan”.

 “De sobra sabía la acusada, por su intensa relación, casi familiar, con él, que el menor solo tenía doce años (...)”, asevera la Sección Tercera de la Audiencia, que considera que “notorio es el desequilibrio entre uno y otro, por razón de dicha diferencia, pese a la cual la encausada mantenía unas relaciones sexuales con quien, con tan solo doce años, no podía abarcar la trascendencia de las mismas porque, desde la inocencia propia de su edad y situación, se hallaba en una situación de clara inferioridad respecto de quien”, como la acusada, “gozaba de toda su confianza”.

El Tribunal Supremo acaba de poner fin a una causa abierta contra un anciano de la provincia de Córdoba que fue condenado a 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre su sobrina-nieta. En 2024, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó tras considerar probados unos hechos que se extendieron desde que la menor tenía 13 años hasta que cumplió los 16. El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia y el Supremo ha rechazado este mes de diciembre el recurso presentado por el condenado.

Los hechos probados de la sentencia afirman que dada la extraordinaria relación familiar existente entre víctima y agresor, aproximadamente desde que la menor tenía 13 años, solía pasar los findes y algunos días de la semana en el domicilio del procesado, puesto que sus padres residían en otra localidad, lo que permitía salir a la menor con sus amigas y acudir al instituto con mayor facilidad. La hermana mayor de la menor ya había pasado periodos de estancia en el domicilio de sus tíos y la familia acudía habitualmente al mismo con una muy buena relación familiar.

En todo este periodo de tiempo, la relación entre la víctima y su tío-abuelo era muy cercana, ya que, incluso, le hacía aportaciones dinerarias y le compraba algunos efectos materiales. Durante la convivencia de la niña con el procesado, con la excusa de jugar con la menor y aprovechándose de su ascendiente sobre la misma, el hombre comenzó a realizarle tocamientos en sus senos y en la zona genital, unas veces por encima y otras por debajo de la ropa. Tales hechos ocurrieron en muy diversas ocasiones, a veces en la cama y otras en el sofá del salón de la casa, en el período de tiempo que va desde los 13 hasta los 16 años de la menor y, progresivamente, fueron ganando en intensidad. Incluso, en algunas ocasiones, el procesado llegó a introducir los dedos en la vagina de la menor, llegando a lamer sus pechos y genitales con su lengua.

En este contexto reiterado en el tiempo, a pesar de que la menor había advertido al procesado poco tiempo antes de que si continuaba con su actitud no acudiría a su vivienda, un nuevo episodio se produjo sobre las 14:30 del 20 de octubre de 2019. En esta ocasión la menor, que ya había cumplido 16 años de edad, se encontraba sentada en el sofá del domicilio en el que también se sentó el procesado. En un momento indeterminado, este la cogió de las piernas, poniéndolas encima de él, comenzando a acariciarla primero por las piernas para continuar tocándole en su zona genital. En esta ocasión, al contrario que en otras, la menor se opuso a tales hechos, apartándolo de un empujón, cayendo este al suelo. El procesado se levantó y reaccionó violentamente inmovilizando a la menor sobre el sofá y, tras quitarse él el pantalón y retirarle a ella las bragas, la penetró vaginalmente, al menos parcialmente, eyaculando sobre ella, a pesar de la oposición mostrada por la niña que le decía que no continuara.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 12 años de prisión y a siete de libertad vigilada, lo inhabilitó para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de 15 años, art. 192.3, le impuso la prohibición de aproximarse a la víctima o a su domicilio y comunicarse con ella durante 15 años, y una indemnización a la víctima de 20.000 euros.

El TSJA confirmó íntegramente la sentencia y el Supremo ha seguido la estela del Alto Tribunal Andaluz. En su recurso ante esta última superior, el condenado puso en duda la credibilidad de la víctima y afirmó que no estaba claro si los actos sexuales fueron consentidos y si existió realmente violencia. Además, defendió que no se había acreditado que ejerciera fuerza sobre la niña porque no constaban lesiones físicas, y que la menor pudo empujarlo y hacerlo caer, lo que —a su juicio— evidenciaría capacidad de defensa y excluiría la violencia exigida por el tipo penal. El Supremo ha rechazado todos los argumentos del condenado, por lo que deberá ingresar en prisión.

Los delitos contra la libertad sexual registrados en la provincia de Córdoba descendieron levemente en 2024, aunque continúan en cifras altas. Según el informe anual correspondiente al pasado año, se contabilizaron 258 hechos conocidos, once menos que en 2023, cuando se alcanzó el máximo de la serie con 269 casos. Pese a esta bajada, la cifra sigue por encima de los 241 delitos registrados en 2022.

La tasa de criminalidad sexual se situó en 3,3 delitos por cada 10.000 habitantes, una ligera reducción respecto a la tasa de 3,5 de 2023, aunque superior a la de 2022, que fue de 3,1. Esta tendencia a la baja contrasta con la tendencia a nivel nacional, donde el total de delitos sexuales conocidos aumentó en un 4,68 % de 2023 a 2024.

Más agresiones sexuales sin penetración y la pornografía infantil

Por tipología, los datos reflejan una evolución desigual. Las agresiones sexuales sin penetración son los casos más frecuentes (y engloban lo que, hasta 2022 estaba tipificado como abuso sexual). En 2024 continuaron al alza hasta alcanzar los 169 casos en 2024, frente a los 166 del año anterior y los 152 de 2022.

En cambio, las agresiones sexuales con penetración (las violaciones) descendieron. Se registraron 43 casos, nueve menos que en 2023, aunque la cifra sigue siendo superior a la de 2022, cuando se contabilizaron 39. Especialmente significativo es el aumento de los delitos de pornografía infantil, que se duplicaron en un solo año: pasaron de cinco casos en 2023 a once en 2024, frente a los cuatro registrados en 2022.

Por el contrario, varias tipologías vinculadas a la ciberdelincuencia y a los delitos de exhibición sexual mostraron una tendencia a la baja. Los casos de grooming (contacto con menores de 16 años mediante tecnología y con fines sexuales) se redujeron a cinco, la mitad que en 2023 y muy por debajo de los doce registrados en 2022.

El exhibicionismo también continuó descendiendo, con diez hechos conocidos, frente a los trece del año anterior y los dieciocho de 2022. La corrupción de menores dio lugar a nueve investigaciones, una cifra similar a la de 2023.

Alta eficacia policial

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantuvo una elevada tasa de resolución. En 2024 se esclarecieron 217 de los 258 delitos registrados, lo que supone un porcentaje de esclarecimiento del 84,1 %, cercano al máximo alcanzado en 2023.

En total, 156 personas fueron detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, aunque claramente superior a la de 2022. El número de victimizaciones también descendió levemente, con 263 casos registrados en 2024, frente a los 276 de 2023. Las agresiones sexuales sin penetración concentraron el mayor número de víctimas (177), seguidas por las agresiones sexuales con penetración, con 43 victimizaciones.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha afirmado que el PSOE mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier comportamiento machista o acosador, tras el caso ocurrido con el alcalde de Belalcázar que ha provocado su dimisión.

López ha asegurado que este tipo de conductas “van totalmente en contra de los valores socialistas y feministas” y ha subrayado que “no se va a permitir el más mínimo caso dentro del partido”. En este sentido, ha defendido la rapidez en la actuación de la organización, señalando que la noticia se conoció el viernes por la tarde y que ese mismo día se produjo la dimisión, solicitada desde la dirección provincial.

La subdelegada ha reconocido que el caso fue una “sorpresa” y ha explicado que no existía ninguna denuncia previa ni se había detectado a través de los canales internos del partido. “No había ninguna señal ni ninguna denuncia”, ha reiterado, añadiendo que se trató de una situación inesperada para muchas personas.

No obstante, López ha asegurado que “cualquier acosador que pueda salir va a ser puesto de patitas en la calle dentro del Partido Socialista”.

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, dimitió el pasado viernes tras ser eñalado por conducta inapropiada por una supuesta extrabajadora municipal a la que, según una información del diario ABC, le habría enviado una serie de mensajes de carácter explícito y reiterado.

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha sido señalado por conducta inapropiada por una supuesta extrabajadora municipal a la que, según una información exclusiva del diario ABC, le habría enviado una serie de mensajes de carácter explícito y reiterado. Según el contenido al que ha tenido acceso dicho medio, los contactos se habrían iniciado en marzo de 2023 y se habrían prolongado durante los primeros meses de 2024.

Ante ello, en la tarde de este viernes, el PSOE de Córdoba, ha emitido un comunicado en el que indica que el alcalde de Belalcázar “ha comunicado a la Dirección Provincial, ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual”.

En los mensajes difundidos, el regidor dirigía a la mujer presuntos comentarios de tono personal y alusiones de contenido sexual, a los que sumaba expresiones sobre su aspecto físico y peticiones de verse en persona. Cuando no obtenía respuesta inmediata, el alcalde insistía mediante nuevos mensajes en los que reclamaba atención o preguntaba por su paradero, según las mismas fuentes.

Las comunicaciones recogidas incluyen, además, propuestas de carácter explícito y referencias de índole sexual, ante las cuales la destinataria llegó a rechazar sus insinuaciones y a sugerirle que se dirigiera a otra mujer. El alcalde, siempre según los mensajes citados, respondió con nuevas insinuaciones a pesar de la negativa de la trabajadora.

Baja como militante del PSOE y explicaciones

Tras estas informaciones, el PSOE de Córdoba ha difundido un escrito firmado por el propio alcalde, en el que solicita la baja como militante del partido. “Quiero comunicar públicamente mi decisión de presentar mi dimisión irrevocable como alcalde de este municipio, así como de solicitar mi baja como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”.

Admite que esta decisión “viene motivada por la reciente publicación de conversaciones y de imágenes en diversos medios de comunicación. Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento”.

“Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio. Es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento. Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello”.

“No he estado a la altura”

Asimismo, el alcalde asegura que quiere “pedir disculpas sinceramente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos y vecinas de Belalcázar. Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde”.

En ese sentido, el regidor dice que, con este paso atrás, pretende permitir que el municipio de Belalcázar “continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento. Mi compromiso con la comunidad de Belalcázar sigue siendo fuerte, pero considero que esta es la mejor decisión para preservar la confianza y el respeto que siempre he tratado de fomentar”, concluye, además de agradecer la confianza depositada en él en este mandato. “Lamento profundamente los posibles daños que este incidente haya podido causar y pido disculpas de todo corazón”.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide para un hombre cinco años de prisión por un delito de abuso sexual tras tocar las partes íntimas de una menor de 16 años durante un evento familiar

Según el escrito de calificación, la víctima y el procesado se encontraban en un evento familiar en un pueblo de la provincia de Córdoba cuando, en un momento dato, el hombre introdujo su mano por la parte superior del bikini y le agarró un pecho, mientras profería una frase intimidatoria.

Después, con la otra mano, tocó el trasero de la menor, tanto por fuera como por dentro del bikini.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide cinco años de cárcel y una orden de prohibición de comunicación y acercamiento respecto de la menor de 500 metros durante diez años. Solicita, además, cinco años de libertad vigilada El juicio se celebrará la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de Menores número 1 de Córdoba a un joven -que ya es mayor de edad- por agredir sexualmente a dos primos suyos. Los hechos salieron a la luz después de que la víctima principal, una menor, intentara suicidarse en abril de 2021, hecho que permitió a sus padres conocer lo ocurrido.

El acusado tenía menos de 14 años durante la mayor parte de los abusos, aunque en 2015 cumplió los 14 años, edad penal mínima para rendir cuentas ante la Justicia. La resolución desestima el recurso de apelación presentado por el acusado, quien cuestionaba la valoración de las pruebas y alegaba vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia Provincial ratifica así el fallo de primera instancia, considerando sólida y creíble la evidencia presentada por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y los especialistas en Psicología Infantil y Psiquiatría.

Los hechos, según la sentencia, se produjeron entre 2013 y 2015. La menor tenía entre siete y nueve años cuando comenzó a ser víctima de su primo en el domicilio de este y en la vivienda de la menor. La sentencia detalla que el acusado aprovechaba la cercanía familiar y la confianza entre hogares para cometer tocamientos, penetraciones y felaciones, realizados en contra de la voluntad de la menor y bajo intimidación, manipulación emocional y, en ocasiones, violencia física.

Agredía sexualmente a su primo si quería jugar con la consola

La sentencia destaca que el agresor, incluso, la amenazaba con que la familia no le creería y que se rompería la relación familiar si contaba lo sucedido. Estas agresiones continuadas crearon en la niña un clima de miedo, culpa y confusión, que la llevaron a normalizar la conducta abusiva y ocultarla a sus padres.

Por otro lado, el hermano de la menor también fue objeto de agresiones sexuales por parte del acusado: le obligó en, al menos, cinco ocasiones a tocar sus genitales, generalmente a cambio de jugar a la consola. En este caso, el procesado no empleó violencia ni amenazas, y la víctima no presenta secuelas psicológicas.

El intento de suicidio de la menor, cuando ya tenía 15 años, fue el desencadenante y lo que motivó que se denunciaran los hechos. Tras su ingreso hospitalario, la menor reveló a sus padres la magnitud de los abusos sexuales sufridos durante años.

Según la sentencia, desde que comenzaron los abusos, la menor había presentado síntomas graves de estrés postraumático, incluyendo insomnio, ansiedad, dolores de cabeza y dependencia excesiva a adultos. Fue atendida por distintos especialistas desde los siete años, incluyendo psicólogas y psiquiatras infantiles, que constataron la veracidad de los relatos y la ausencia de fabulación.

En su sentencia, la Audiencia Provincial ha confirmado íntegramente el fallo de primera instancia. Además de los dos años de internamiento en régimen cerrado, se le impone al condenado otros dos años de libertad vigilada y la prohibición, durante cinco años, de acercarse o comunicarse con las víctimas. Asimismo, deberá indemnizar a su prima con 20.000 euros y a su primo, con 2.000 euros.